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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 425, de 07/10/2013
cve: DSCD-10-CO-425
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 425
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 22
celebrada el lunes,
7 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (número de expediente 121/000069):

- Del señor secretario de Estado de Justicia (Román García). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001213); Socialista (número de expediente 212/001235) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/001118) ... (Página2)

- Del señor subsecretario de Justicia (Bravo Rivera). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001214) y Socialista (número de expediente 212/001236) ... (Página16)

- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Silguero Estagnan). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001215) ... (Página27)


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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014 (número de expediente 121/000069):

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ROMÁN GARCÍA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001213), SOCIALISTA (número de expediente 212/001235) Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (nú mero de expediente 212/001118).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Justicia. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román García, al que le acompañan el subsecretario del Ministerio de Justicia, don Juan Bravo Rivera, y el secretario general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero. A todos ellos y a sus colaboradores les damos la bienvenida a esta Comisión, que tiene como orden del día la comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. El Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, así como el Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural han solicitado la comparecencia del señor secretario de Estado. Como suele ser habitual en este tipo de comparecencias para informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso con relación a los presupuestos del Ministerio de Justicia, los grupos que han solicitado la comparecencia tienen un tiempo de diez minutos y los que no han solicitado la comparecencia tienen un tiempo de cinco minutos, en un turno de menor a mayor. Las autoridades que comparecen no tienen límite de tiempo.

Fijado el esquema de estas comparecencias, le reiteramos la bienvenida al señor secretario de Estado, que tiene la palabra, como he dicho, sin límite de tiempo.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Muchas gracias, señor presidente. Es de nuevo un honor estar aquí entre ustedes, acudir a esta Cámara, en esta ocasión para informarles acerca de las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia para 2014. Es la tercera vez que tengo la oportunidad de exponerles cómo quedan configurados los presupuestos de este departamento, en este caso de cara a 2014, y de nuevo he de comenzar enmarcando estos presupuestos dentro del actual contexto económico. Como han dicho la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, las cuentas públicas de 2014 se enmarcan ya dentro de la senda de la recuperación y el crecimiento económico y, precisamente por ello, han de seguir siendo austeras, realistas, tendentes a consolidar el proceso de reducción del déficit y la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, tan necesarios para la salida de la crisis. Por ello, una vez más vengo a darles cuenta de unos presupuestos para el Ministerio de Justicia que se reducen respecto de los del ejercicio anterior. Es verdad que en menor medida, un 2,31 % de reducción frente al 4,21 % del año pasado y un 6,34 % del anterior, pero de nuevo son unos presupuestos que nos van a exigir a quienes tenemos la responsabilidad de gestionarlos un esfuerzo de racionalización, de eficacia y de máximo aprovechamientos de los recursos. Como les dije el año pasado, y así ha sido, estoy convencido de que contamos con el espíritu constructivo de los distintos grupos parlamentarios y de que sus señorías aportarán ideas que nos ayuden a reorganizar los recursos disponibles a fin de poder no solo mantener la carta de servicios que los ciudadanos reciben de la Administración de Justicia, sino también estimular el crecimiento económico y devolver la confianza que nuestro país necesita para acabar con el desempleo y la inestabilidad financiera. Para darles debida cuenta del desglose presupuestario de la política de justicia, comparecerán también el señor subsecretario del departamento, don Juan Bravo, y el secretario general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero. Sin duda, ellos podrán facilitarles información más detallada, por un lado, de las partidas concretas en las que se desglosa el presupuesto y, por otro, de la asignación de los recursos a los proyectos de modernización.

Por mi parte les quiero presentar las grandes líneas de estos presupuestos y los objetivos generales que nos proponemos alcanzar. Así, el total de créditos destinados al Ministerio de Justicia, sin incluir los organismos adscritos, es de 1.472,9 millones de euros, lo que representa, según les he adelantado, un


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descenso del 2,31 %. El presupuesto para los organismos adscritos al departamento, esto es, Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial y Agencia Española de Protección de Datos, asciende en conjunto a 121,2 millones de euros, un 2 % menos que para 2013. Considerando ambos parámetros, ministerio más organismos, la cifra para 2014 se sitúa en 1.594,1 millones de euros, con un descenso global del 2,29 %. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, que como saben dispone de presupuesto propio, pero participa de la política de gasto en Justicia, contará en 2014 con una dotación de 57,95 millones de euros, disminuyendo así en un 7,69 % respecto de 2013. En este punto es necesario destacar el esfuerzo continuado de contención del gasto que ha realizado el propio consejo, que en 2011 disminuyó su presupuesto en un 4,98 %, en 2012 en un 3,86 %, en 2013 un 12,02 % y ahora en 2014 un 7,69 %. Por tanto, la reducción acumulada desde 2010 se sitúa en un 25,8 %, pasando de los 78,11 millones presupuestados en 2010, a los 57,95 millones previstos para 2014. Volviendo a las grandes cifras para 2014, quiero señalar que, en lo que es estrictamente hablando la política de gasto en Justicia, es decir, computando solo los programas del ministerio incluidos en dicha política y añadiendo lo correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, nos situamos en una cifra global de 1.500,75 millones de euros, lo que representa una reducción del 2,73 %. Por tanto, es evidente que, con independencia de cómo hagamos las comparaciones, las reducciones están ahí, moviéndose en torno a un 2 %. Aunque inferiores a la media de los Presupuestos Generales del Estado, son reducciones importantes y tendremos que seguir priorizando los proyectos a realizar, siguiendo para ello las directrices ya marcadas en los presupuestos para 2013. Lo que sí quiero recalcar es que las líneas esenciales de nuestro proyecto de reforma de la justicia se mantienen también con estos presupuestos, que garantizan una vez más que el ajuste exigido por la actual coyuntura económica no supone una merma en el servicio público ofrecido.

Como he dicho en anteriores ocasiones, nos proponemos resolver los principales problemas del servicio público de la justicia, y seguimos empeñados en ello, porque tenemos un servicio público que se ha basado en un modelo agotado y caracterizado por un índice de litigiosidad superior al de la mayoría de los países de nuestro entorno. Para ello debemos realizar, como ya les he dicho en otras ocasiones, una profunda revisión de nuestro ordenamiento jurídico, dotando asimismo a la Administración de Justicia de un sistema de resolución de conflictos ágil y efectivo. El año pasado por estas fechas les hablé de algunos compromisos. Permítanme ahora darles cuenta de algunos avances, de previsiones que ya se han hecho realidad y, cómo no, de otros grandes proyectos en los que seguimos trabajando. Les hablé de nuestro compromiso por la profesionalización de la justicia como elemento clave para alcanzar los necesarios niveles de calidad que repercutan finalmente en una mayor confianza de los ciudadanos y de las empresas en nuestro sistema judicial. Por aquel entonces estábamos ya tramitando la que hoy es la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, sentar las bases de una justicia plenamente profesional, minimizando la justicia interina y procurando que las sustituciones y refuerzos sean realizados por personal con formación, preparación y experiencia contrastadas. Como les anticipé, la idea era también reducir el actual coste desmesurado de la justicia interina, un coste que en las actuales circunstancias no nos podíamos permitir, teniendo en cuenta además que no nos permite avanzar hacia la necesaria calidad de la justicia. Pues bien, lo que en aquel momento era un deseo, hoy es ya una realidad. Gracias a la aprobación de la citada ley y también -tengo que decirlo- gracias a la profunda implicación, al grado de colaboración importante de los distintos tribunales superiores de Justicia, cuando cerremos el actual ejercicio presupuestario de 2013 podremos constatar una reducción del gasto por sustituciones superior al 40 % respecto del año anterior. Si en 2012 se gastaron poco más de 25 millones de euros, acabaremos 2013 con un gasto de aproximadamente 14,7 millones, y esto teniendo en cuenta además que no ha sido hasta fechas muy recientes, en concreto en el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre, cuando se ha aprobado el real decreto que, modificando la anterior regulación, del año 2004, permite culminar este proceso de reforma, haciendo plenamente efectivo un sistema de sustituciones profesionales para jueces y fiscales que esté debidamente retribuido. Por tanto, racionalización en el gasto y mayor calidad en el servicio. Esa es la clave: eficacia y eficiencia. Ese es el camino para que los ajustes presupuestarios nos den incluso una oportunidad para mejorar ciertas cosas. A todo ello responden las dotaciones del capítulo 1, gastos de personal, que hoy les presento, unas dotaciones sobre las que luego hablaré con más detalle, pero que -les anticipo- nos permiten, manteniendo las retribuciones, racionalizar el gasto, profundizar en la profesionalización y seguir convocando oposiciones de jueces y fiscales.


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Volviendo a los compromisos, también les anuncié el año pasado que en materia de dotación de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente en una cuestión de tanta trascendencia estratégica como es la modernización tecnológica de la justicia, íbamos a realizar una profunda reordenación de los recursos existentes para, tratando de aprovechar el indudable esfuerzo inversor realizado en años anteriores, ser capaces de incidir de verdad en lo más elemental, en la interoperabilidad, en el esfuerzo conjunto, en el máximo aprovechamiento de los recursos, para dirigir los proyectos hacia los objetivos que realmente generan un valor añadido y un beneficio tangible para los ciudadanos. Así nació el Plan de acción de la Administración de Justicia 2012-2014, del que a continuación el secretario general de la Administración de Justicia les dará amplio detalle, explicándoles el grado de avance del mismo, las actuaciones ya realizadas, los proyectos de futuro y la asignación de recursos a cada uno de ellos. Ahora solo quiero dejar apuntada la importancia de este plan de acción, que cuenta para 2014 con una dotación global de casi 36 millones de euros, en concreto 35,97 millones. En un presupuesto como el del Ministerio de Justicia, en el que los gastos de personal absorben el 82,7 % del total de los 1.472 millones disponibles, la cifra de 35,7 millones de euros para inversiones en modernización tecnológica de la justicia no deja de ser significativa, y lo es más aún si, como les he indicado, las actuaciones se priorizan adecuadamente y se concentran en lo que es verdaderamente importante, sobre todo y muy especialmente si se cumplen, como así está ocurriendo. Muestra de ello es la reciente constitución del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, elemento clave para avanzar en la interoperabilidad que les acabo de mencionar. Este comité técnico estatal ya está operativo, ya está funcionando, y cabe esperar que, gracias al esfuerzo y colaboración de todos -Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, comunidades autónomas y también Ministerio de Justicia-, pronto podamos ver resultados tangibles. Como tangible es otra de las importantes reformas que anuncié hace un año en esta misma Comisión y que ya ha visto la luz, es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, orientada a garantizar su independencia y autonomía, pero también a lograr la necesaria racionalización de sus estructuras, la simplificación de su funcionamiento y la agilidad y eficacia en la toma de decisiones. Y en cuanto al resto de grandes proyectos en los que seguimos trabajando podemos decir que ninguno de ellos está aparcado ni paralizado. Ya se encuentran en tramitación, tras un primer paso por el Consejo de Ministros, anteproyectos de leyes tan importantes como la de asistencia jurídica gratuita o la de custodia compartida. Pronto pasarán por ese mismo trámite de la primera vuelta del Consejo de Ministros otros proyectos destacados, como la ley de jurisdicción voluntaria o el estatuto de la víctima. Y la ambiciosa reforma del Código Penal, en la que venimos trabajando durante este tiempo, ya es un proyecto de ley, presentado en esta Cámara el pasado día 24 de septiembre.

Por lo que se refiere a las leyes troncales, es decir, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el año pasado les dije que estábamos a la espera de recibir las propuestas elaboradas por las comisiones institucionales de expertos, creadas por el Gobierno en marzo de 2012. Como saben, ya tenemos esas propuestas, se han hecho públicas y desde hace unos meses están incorporadas a la página web del ministerio para que puedan ser estudiadas y analizadas por todos. Hemos recibido y estamos recibiendo múltiples aportaciones, opiniones, sugerencias y también críticas, y todo ello nos está sirviendo para pulir -si me permiten la expresión- los textos que nos han presentado los expertos y en su momento hacerlos nuestros, analizar su viabilidad y la forma de llevarlos a la práctica de una manera realista. En esta tarea estamos ahora totalmente volcados, con el objetivo de tener antes de que finalice 2013 los correspondientes anteproyectos de ley para presentar al Consejo de Ministros y dar comienzo a su tramitación. Espero, por tanto, que en mi próxima comparecencia ante esta Comisión pueda compartir ya con sus señorías reflexiones y planteamientos sobre el modelo concreto de nueva organización judicial y de nuevo proceso penal que el Consejo de Ministros, que el Gobierno presente como punto de partida para el debate.

Para finalizar, me gustaría volver a centrarme en estos presupuestos de 2014 y, al objeto de facilitar la labor de análisis de los mismos, hacer una exposición general de las grandes cifras por capítulos presupuestarios. Les recuerdo que las partidas del Ministerio de Justicia, sin organismos adscritos, para el año 2014 suponen un total de 1.472,9 millones y, adelantándome a la exposición del señor subsecretario, que será mucho más precisa y detallada que la mía, permítanme presentarles solo un panorama global de cada capítulo. Los gastos de personal, capítulo 1, sufren una reducción global de un 2 % en aplicación de los criterios generales marcados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que no impedirá la incorporación de los 204 nuevos jueces procedentes de la Escuela Judicial en 2014 gracias a la creación de 281 nuevas plazas, que no supondrán incremento de coste pues se traducirán en 103


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nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados y en 178 nuevas plazas de jueces de adscripción territorial, los llamados JAT. Con estas plazas para la carrera judicial se absorberá el exceso producido en 2013 y se permitirá la incorporación de esos nuevos jueces que están ahora completando su proceso de formación. Esta reducción tampoco va a impedir que se incorporen en 2014, como es lógico, los quince nuevos fiscales, que terminarán su formación en el Centro de Estudios Jurídicos, ni que tomen posesión los dieciséis nuevos abogados del Estado procedentes de las ofertas de empleo público de los años 2012 y 2013. Por lo demás, en la oferta de empleo público para el próximo año el sector Justicia vuelve a ser una de las excepciones previstas para la cobertura de vacantes. Como les he dicho, queremos una justicia profesional y queremos acabar con el elevado nivel de interinidad, que incide negativamente en la calidad del servicio. Por eso, en 2014 se podrá ofertar empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia, con un límite del 10 % de la tasa de reposición, y nuevamente se convocarán cincuenta plazas para jueces y fiscales, a pesar de las restricciones existentes en materia de oferta de empleo público.

El capítulo 2, gastos corrientes, aumenta globalmente en un 3,32 %, incremento que no tiene otra explicación que la necesidad, por un lado, de atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores, por importe de 3,6 millones de euros, y, por otro, de aumentar en 0,9 millones la partida destinada a los gastos de energía eléctrica del departamento, pero en cuanto al resto de partidas siguen la misma línea de contención y racionalización del gasto de funcionamiento de las administraciones, de la que obviamente no nos podemos apartar.

En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, disminuye un 1,92 %, algo más de 800.000 euros, lo que se traduce fundamentalmente en una reducción del 8 % en las aportaciones al Centro de Estudios Jurídicos, a los ayuntamientos por los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz y a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Ello permite mantener sin decremento alguno partidas para nosotros tan importantes como la justicia gratuita, la lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas.

En el capítulo 6, inversiones, recaen una vez más la mayor parte de los ajustes. Sufre una reducción global del 17,87 %, pero aún así la cantidad global se sitúa en 61,55 millones de euros. A nuevas tecnologías se destinarán 43,29 millones de euros, mientras que se dedican 18,25 millones a infraestructuras y equipamientos, con una reducción del 19,9 % respecto al pasado ejercicio. El grueso de estas infraestructuras se destinará a las obras de la Audiencia Nacional y la mayor parte de las inversiones en nuevas tecnologías irá al Plan de acción de la Administración de Justicia, 2012-2014, sobre el que a continuación podrá informarles más amplia y detalladamente el secretario general de la Administración de Justicia.

Simplemente permítanme avanzarles que las cuatro líneas de trabajo en las que se estructura dicho plan seguirán en marcha y que el reto de llevarlas a cabo se basa a su vez en cuatro ejes de actuación: los ahorros derivados de una gestión más eficiente de los proyectos, los avances en la reorganización interna de la justicia, el impulso de la cooperación entre las administraciones y la interoperabilidad de los sistemas informáticos -ya les hablé antes del valioso instrumento que para ello supone la reciente creación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica- y, finalmente, la colaboración en materia de nuevas tecnologías con los profesionales de la justicia.

Para finalizar, debo darles también unas pinceladas sobre cómo quedan configuradas las cuentas de los tres organismos adscritos al ministerio. Puede llamar la atención el notable decremento que se produce en el presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos, que sufre una reducción del 24,32 %, pero ello tiene fácil explicación: es solo debido a un descenso en el capítulo de gastos de personal -el resto permanecen inalterados-, ya que con él se abonan las retribuciones de los funcionarios en prácticas y en 2014 va a disminuir el número de estos como consecuencia de las reducciones que ha habido en la oferta de empleo público. En consecuencia, no es más que un ajuste de las dotaciones a las necesidades reales del gasto, manteniendo el Centro de Estudios Jurídicos su plena normalidad en la actividad. La cuantía global para la Mutualidad General Judicial se mantiene prácticamente igual que en 2013, con un ligero incremento del 0,41 % que responde a un presupuesto más ajustado en los gastos de personal y a un aumento de las dotaciones para la cobertura de las prestaciones de carácter reglado -y, por lo tanto, de obligado pago-, que han de ajustarse al incremento previsto de beneficiarios. Por último, la Agencia Española de Protección de Datos sufre un ligero decremento del 0,42 % que solo afecta al capítulo de inversiones.

En conclusión, como ya dije el año pasado, les presentamos de nuevo unos presupuestos que son un claro ejercicio de responsabilidad en el gasto y de respeto por la utilización del dinero público. Por supuesto, quedo a su disposición para aclarar cuantas cuestiones consideren necesarias. Trataré de darles respuesta


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en este momento o, si la información así lo requiere por su nivel de detalle o concreción, la respuesta les será enviada en el plazo reglamentario.

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a dar un turno a los grupos que han solicitado la comparecencia. Como les señalaba, son tres grupos: Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el diputado señor Llamazares en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado y discrepar desde un principio con él con respecto a la situación del ministerio y la propuesta presupuestaria. Tengo la impresión de que estamos asistiendo a lo que podríamos denominar, en términos de mi profesión, una hibernación del Ministerio de Justicia, en la que se mantienen las constantes vitales, se mantiene una vida vegetativa, pero la realidad va por otro lado. La realidad es que los ciudadanos tienen una enorme preocupación -legítima, además- por el funcionamiento de la justicia; no solamente por el funcionamiento de los órganos de gobierno de la justicia, que ha sido objeto de polémica, probablemente más en el año anterior que este año, sino por los procedimientos y las sentencias judiciales que en muchos casos -es verdad que no siempre llueve a gusto de todos- producen insatisfacción a los ciudadanos. Es decir, tenemos un país que necesita la ejemplaridad y la justicia de manera imprescindible y, al mismo tiempo, tenemos una justicia que muestra enormes carencias y, en este caso concreto, una voluntad política por parte del Gobierno muy escasa, por no decir nula. Por un lado va el discurso del Gobierno sobre la necesidad de luchar contra la corrupción y ser ejemplares, ser justos en las sentencias judiciales -ni sentencias mediáticas ni tampoco dilaciones que terminan en una justicia que no es tal-, pero lo que finalmente se produce es un importante volumen de frustración entre los ciudadanos. Y este presupuesto, en nuestra opinión, no satisface en absoluto las expectativas. Es el enésimo presupuesto -lo ha reconocido el propio secretario de Estado- con recorte. El único consuelo es que se recorta menos que el año anterior o que en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, pero sigue siendo un presupuesto de recorte. Por tanto, la hibernación continúa, las insuficiencias continúan y la frustración y la exigencia ciudadana se acentúan. Es esa sensación que nosotros tenemos. Pero además de la hibernación presupuestaria, tenemos la impresión de estar asistiendo a una deconstrucción de la política judicial del Gobierno sin más alternativa que, por un lado, la propaganda que a veces raya en la mentira -mencionaré alguna cuestión hoy que muestra la mentira del Gobierno en materia de justicia- y, por otro lado, el debate del poder, que parece ser lo único que le interesa al Gobierno, mucho más que el servicio público de la justicia.

Vayamos a la propaganda. Esperaba que secretario de Estado explicase hoy cómo es posible que el discurso fundamental del Gobierno en uno de los temas más polémicos, las tasas judiciales, haya sido que las tasas eran para financiar la justicia gratuita y nos encontremos que de ingresos de tasas hay 365 millones de euros y de justicia gratuita menos del 10 % de lo ingresado. Por tanto, si como ha dicho al principio me pide usted alternativas, ya le doy una: la utilización de los ingresos de las tasas para la financiación de la justicia; por supuesto, no únicamente la financiación de la justicia central, sino también de las comunidades autónomas pero, en definitiva, para la financiación de la justicia. No es así, señor secretario de Estado; por tanto, no había tal finalidad en las tasas judiciales, sino una finalidad elitista y disuasoria que ha terminado siendo discriminatoria porque niega el acceso de los ciudadanos a la justicia, la protección judicial de los ciudadanos. El Gobierno tampoco ha sido capaz de presentar aquí ni de hacer con anterioridad -en algunos sitios la hay- una evaluación del impacto de las tasas sobre el acceso de los ciudadanos a la justicia en nuestro país. Seguramente el impacto es muy importante y va mucho más allá de aquello que es compensado por la justicia gratuita. Evidentemente en términos de ingresos y gastos presupuestarios no hay color. Tendrán que explicar ustedes a qué se dedica el resto de lo ingresado a través de las tasas judiciales porque desde luego a justicia, a modernización de la justicia, a organización de la justicia o a justicia gratuita, nada de nada, menos del 10 % de lo ingresado. Por lo tanto, propaganda que raya en la mentira.

Por otro lado, estamos muy preocupados con respecto a lo que podríamos denominar la deconstrucción o el desmontaje de la justicia. Vemos con claridad una orientación muy definida, una orientación privatizadora del servicio público de la justicia. Según esta orientación los responsables públicos, en vez de gestionar aquello que les es encomendado por parte de los ciudadanos, lo que hacen es externalizar aquello que les encomiendan. ¡Bonita solución! Al final podríamos externalizar hasta al conjunto del Gobierno; por esa huída hacia adelante el conjunto del Gobierno es prescindible. En materia de registros


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esa dinámica de privatización nos preocupa y forma parte de las señas de identidad del Gobierno, pero luego no se compadece con el presupuesto y entonces no sé muy bien de qué sirve. Si el argumento es el de la eficiencia, ¿cómo se compadece la privatización en materia de registros con el conjunto del presupuesto que nos presenta hoy el secretario de Estado, que en esa materia tiene muy escasa moderación del gasto? Y sin embargo, como digo, crea incertidumbres en el personal bastantes justificadas. Y deconstrucción también con relación a la oficina judicial, con relación a la accesibilidad de la justicia para los ciudadanos. Da la impresión de que el Gobierno ha apostado por una organización provincial y centralizada del servicio público. En nuestra opinión, a las barreras que ya significan las tasas desde el punto de vista económico, estamos a punto de añadir una nueva barrera, que es la barrera de la accesibilidad geográfica, que está siendo contestada por muchos municipios y comunidades autónomas y que el Gobierno no acaba de definir de manera clara. Esas son nuestras valoraciones con respecto a los grandes rasgos de los presupuestos. Desde luego muy pocas cosas de este presupuesto permiten albergar esperanzas sobre la modernización de la justicia, sobre la eficiencia de la justicia; solo hay recortes y los recortes no son eficiencia, los recortes son recortes, no mejoran la calidad de la atención con menos recursos, sino que son recortes. En este momento el Gobierno no ha puesto nada encima de la mesa que demuestre que su Ley de eficiencia presupuestaria, que no es otra cosa que la supresión de las interinidades y sustituciones, tenga su correlación en materia de calidad de la justicia. El Gobierno no ha demostrado nada en esa materia; por tanto, estamos asistiendo más a recortes que a otra cosa.

Por otra parte, señor secretario de Estado, hay una serie de incertidumbres muy importantes. Yo he visto en el presupuesto con mucha preocupación no ya un recorte, ni siquiera un hachazo, sino que han utilizado la motosierra con respecto a la formación, formación de jueces, formación de fiscales, etcétera. Desde su primer presupuesto hasta hoy los recortes son superiores al 50 %, en algunos casos en este presupuesto aparecen recortes del 10 % o del 30 %, pero en materia de formación hay un recorte brutal. ¿Es esa la eficiencia y la profesionalización en la justicia que ustedes reclaman? A mi grupo desde luego le resulta paradójica esa declaración con la política presupuestaria. Con relación al personal, y atendiendo a las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, nosotros pensábamos que iba a haber otra oferta de empleo público, otra oferta de jueces, magistrados, fiscales, secretarios, pero no es así, hay cincuenta, es una oferta pírrica que en nuestra opinión no soluciona los grandes problemas que tiene en estos momentos la justicia española. Por lo tanto, presupuesto de hibernación, presupuesto de deconstrucción y privatización de la justicia en la mejor filosofía de su ministerio y, por otra parte, un presupuesto que muestra mucha propaganda y algunas mentiras, como es lo que tiene que ver con las tasas judiciales, tan denostadas y confrontadas por parte de mucha gente, no solo de los profesionales sino también de los ciudadanos, que ahora se convierten verdaderamente en lo que eran, un mecanismo recaudatorio sin más voluntad de mejora de la justicia en nuestro país.

Por último, señor secretario de Estado, no deja de ser curioso lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. Habla usted del recorte del Consejo General del Poder Judicial, pero para este viaje no necesitábamos alforjas. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial y su reforma, que también ha provocado la confrontación y no el diálogo, es más una cuestión de poder para el Gobierno que realmente una cuestión de eficiencia. Se ve claramente cómo con una permanente mínima del Consejo General del Poder Judicial el ahorro es mínimo. Con lo cual, en el Consejo General del Poder Judicial ocurre lo mismo que con las tasas; es evidente que el objetivo no era la eficiencia sino que era otro muy distinto, el objetivo era la acumulación del poder por parte del Gobierno y el control del Consejo General del Poder Judicial. Ese era el objetivo, y ya veremos cómo termina esta historia, que todavía tiene curso en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero nos parece que no va a acabar nada bien.

Señor secretario de Estado, agradezco su comparecencia. Desde luego no comparto en absoluto el presupuesto que ustedes presentan ni las idean que lo animan.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Señor secretario de Estado de Justicia, quiero agradecerle su intervención y darle la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Justicia en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. He escuchado su intervención con cierto afecto y simpatía, como a continuación le voy a explicar. Yo sé que usted es un hombre que conoce muy bien el mundo de la justicia, no en vano en su pasada comparecencia ante esta Comisión hizo referencia a que conoce perfectamente el mundo judicial, también desde el punto de vista del ministerio fiscal e incluso del ejercicio de la abogacía, es decir, es


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indiscutible su conocimiento de este mundo, y además creo que usted ama la justicia, no podía ser de otra manera por el cargo que desempeña. Así pues, como le decía, ese afecto viene determinado por el hecho de que haya tenido que hacer una intervención como la suya, en la que se citan unos números y se dan unas cifras que usted sabe con toda seguridad que no van a permitir que se cumplan los objetivos que tienen previstos. Eso no tiene que resultar ciertamente agradable, ¿verdad? Además estoy completamente seguro de que si de usted dependiera, sin duda alguna los números de los que hoy estamos hablando serían sensiblemente superiores. En consecuencia, no es fácil tener que defender unos presupuestos, unas cifras en las que uno probablemente no cree; de ahí ese afecto y simpatía por su intervención. No obstante, ese sentimiento que le acabo de mencionar no va a impedir que haga una valoración crítica de estos presupuestos, valoración que va destinada, más que a su persona, sobre todo a su Gobierno, que es el responsable principal de que estos sean los números que hoy estemos debatiendo aquí.

Creo que vale la pena hacer una aproximación a estas cifras o a estas cuantías desde diversos ángulos o diversas ópticas, y el primero de ellos es fundamentalmente matemático; es decir, los números concretamente. Como usted ha mencionado, se trata de 1.500,75 millones de euros. Si el ejercicio presupuestario de 2013 comportaba en materia de la Administración de Justicia una caída del 4,2 %, ahora debemos sumarle una nueva caída del 2,7 %, y en cierto modo esto hace que me venga un símil a la cabeza. Cuando el señor Llamazares hablaba de hibernación me ha resultado gracioso porque me ha recordado esta idea que ahora le voy a mencionar, y es que en cierto modo parece que con los Gobiernos del Partido Popular sucede con la justicia como con el cuerpo humano a partir de determinada edad, que los objetivos siguen siendo los mismos o incluso queremos fijarnos metas más elevadas, pero las capacidad disminuyen cada año. Debo decirle que con ustedes -lo sabe perfectamente- el presupuesto de Justicia no deja de menguar en cada ejercicio y sin embargo los objetivos permanecen inalterables o incluso se tornan más ambiciosos con cada ejercicio presupuestario. Le he hecho mención a los ejercicios que ustedes han aprobado desde que están en el Gobierno, 2012 y 2013, y creo que ni siquiera será necesario mencionar las partidas destinadas con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2010 o en 2011 porque evidentemente sus números todavía quedan más retratados. Creo que de algún modo el hecho de que el Gobierno del Partido Popular destine una partida semejante a la Administración de Justicia denota una despreocupación y un desprecio por la materia que no merece en absoluto por su importancia estrategia como cuestión de Estado. Además, como le decía, esto viene a reflejar una vez más que se plantean unos objetivos absolutamente irrealizables.

El segundo ángulo desde el que quería hacer una reflexión en voz alta sobre estos Presupuestos Generales del Estado, concretamente en materia de justicia, viene de una comparativa con las cifras o partidas de otros ministerios. Concretamente vale la pena mencionar que por ejemplo en estos Presupuestos Generales del Estado hay una partida destinada a seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias de 5.654,45 millones de euros, es decir, gastamos casi cuatro veces más en controlar y castigar a nuestros ciudadanos que en garantizar sus derechos a través de la Administración de Justicia. Si además relacionamos estos números con una bajada total desde que gobierna el Partido Popular de 5.200 millones de euros en el ámbito de la educación, a uno le viene a la cabeza esa conocida frase de Pitágoras, que decía: educad a vuestros niños y no tendréis que castigar a vuestros hombres, porque de algún modo parece que ustedes están haciendo justamente lo contrario. Es decir, con las formas acometidas en el Código Penal hasta la fecha, más el texto que ustedes han hecho llegar la Cámara recientemente, así como con la introducción de figuras como la cadena perpetua revisable, no es de extrañar que se tengan que aumentar o que sean sensiblemente superiores las partidas destinadas al control y al castigo de los ciudadanos. Parece ser que ustedes no quieren educar o no quieren que los ciudadanos puedan tener un acceso a una justicia que pueda ser denominada como tal, en función de las partidas que distribuyen entre unos y otros ministerios.

Por otra parte -con este comentario cierro ya el capítulo de menciones a partidas de otros ministerios relacionadas con el Ministerio de Justicia-, ustedes están haciendo un proyecto de ley, concretamente de colegios y servicios profesionales, que afecta de manera directa a colectivos relacionados muy estrechamente con el colectivo de la Administración de Justicia, como son los abogados y procuradores. Concretamente, hay una normativa que introduce toda una serie de contradicciones entre lo que es la figura del procurador y la de los abogados, que vale la pena detenerse y que, ustedes, desde el Ministerio de Justicia traten de enmendar esta situación con el Ministerio de Economía y Competitividad, porque estamos hablando de dos colectivos que, ya que hablamos de eficiencia y de tratar de que los números de la justicia sean mejores, por ejemplo, en el caso de los procuradores, según cifras del Consejo General


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de Procuradores de España, pueden suponer un ahorro de 180 millones de euros anuales a las arcas del Estado y, concretamente, de la Administración de Justicia. Vale la pena que ustedes entren en contacto y hablen con el Ministerio de Economía y Competitividad para solucionar esta cuestión.

En cuanto a la partida destinada de 1.500,75 millones de euros, usted mismo ha dicho que 1.227 millones corresponden a gastos de personal. Si tenemos en cuenta, además, que en cuanto a gastos corrientes de bienes y servicios hay 143,56 millones, en transferencias corrientes 44,83, acaba resultando una cifra para inversiones reales de 61, 55 millones de euros. Llegados a esta cifra, señor secretario de Estado de Justicia, es de obligado cumplimiento preguntarle si cree posible que con esas cuantías vayamos a cumplir los objetivos perseguidos. ¿Usted cree que es posible acometer la modernización tecnológica de la Administración de Justicia con las partidas destinadas a la misma?, ¿cree posible que podamos modernizar la planta judicial con una partida de 18,25 millones de euros? Son cifras más propias de la Administración local que del Ministerio de Justicia. ¿Cree posible la modernización institucional y orgánica de la Administración de Justicia proveyendo solamente cincuenta nuevas plazas, de las cuales treinta son para jueces y veinte para fiscales? Eso nos retrotrae o nos hace recordar las palabras del señor Trillo cuando hacía suyo el informe de la Fundación Wolters Kluwer, en el que solicitaba para 2011 ni más ni menos que 423 plazas entre jueces y fiscales. Es algo llamativo el contraste entre unas cifras y otras, especialmente porque el señor Trillo, cuando mencionaba esas cifras, era ya cuando llevábamos tres años inmersos en la crisis, con lo cual no se corresponde en absoluto lo que ustedes solicitaban desde esa oposición en la que se encontraban en aquel entonces y lo que ahora proveen. Estamos de acuerdo, por supuesto, en los objetivos de modernización de la justicia. Estamos de acuerdo en que ésta debe garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y que debe dotarse de eficacia para -según las palabras que citan ustedes en el informe- dotarla de un poderoso elemento de competitividad socioeconómica. Todos estos objetivos, la constitución de la nueva oficina judicial y fiscal, la implantación de las nuevas leyes es de imposible cumplimiento con las partidas destinadas, tal y como le había dicho con anterioridad.

Quiero hacer dos incisos breves -porque el tiempo se me está agotando- en referencia a algo que ya ha apuntado el señor Llamazares como es, por ejemplo, el dinero recaudado con la implantación de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Ustedes hicieron especial hincapié -además, lo recuerdo porque este diputado se dirigió en una sesión de control al ministro de Justicia, precisamente, preguntando sobre esta cuestión- en que fundamentalmente la recaudación de la tasa iba destinada a sufragar el beneficio de la justicia gratuita. Cuando luego uno comprueba que la partida destinada a la justicia gratuita permanece prácticamente inalterable y que, sin embargo, el incremento o la recaudación de la tasa es cuantiosa, cabe preguntarse dónde está ese objetivo. ¿Por qué han incumplido algo que, además, decían que era un objetivo fundamental de la implantación de esa tasa? Probablemente la cuestión aquí constituye un problema de reconocimiento real de objetivos. Porque si el objetivo, era sufragar ese beneficio de la justicia gratuita tendría que haberse derivado una cuantía muy significativa de la misma, de la recaudación de la tasa, a ese beneficio. Sin embargo, si el objetivo inconfesable era otro, como el de introducir elementos de privatización en el servicio público de la justicia, entonces uno quizá puede comprender más cuál era el objetivo de esa tasa. Eso me lleva también a hacer una mención con la Ley de Demarcación y Planta en cuanto al distanciamiento que cada vez se está produciendo más entre la Administración de Justicia y los ciudadanos. Con la supresión de las audiencias provinciales, por ejemplo, le puedo decir que en mi comunidad autónoma, con la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de algunas de las competencias de las audiencias provinciales, en una comunidad insular como la mía, las Illes Balears, le puedo garantizar que eso supone un problema de accesibilidad para los ciudadanos enorme. Con la supresión de los partidos judiciales se crea una problemática para los ciudadanos a la hora de acceder a un servicio público esencial, como es el de la Administración de Justicia, que es sencillamente inaceptable. Tienen ustedes que realizar una revisión profunda de esa propuesta que hacen de Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque van a vulnerar derechos constitucionales de los ciudadanos.

Así pues -ya para finalizar-, estamos de acuerdo en que con la actual coyuntura económica, en la que cada vez se producen las desigualdades y se vulnera más la igualdad de oportunidades, un servicio como el servicio de la Administración de Justicia es absolutamente esencial, porque la justicia es la que puede otorgar la confianza a los ciudadanos de que se van a cumplir las leyes y que los tribunales y juzgados van a garantizar esos derechos. Pero desde el instante en el que el mensaje que se les hace llegar a los ciudadanos es que su accesibilidad a la justicia no va depender de sus derechos, sino de la


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capacidad de sus cuentas corrientes, en muchos casos; cuando se está implantando un doble modelo de justicia, una justicia para aquellos que tienen la capacidad adquisitiva para permitírsela y otro modelo para los que no pueden, sencillamente nos preguntamos si es posible cumplir esos objetivos que ustedes enuncian de manera genérica y con los que le decía que estamos de acuerdo. En consecuencia, tanto con los objetivos materiales en función de la partida que ustedes destinan, como con los objetivos legislativos con las sucesivas reformas que ustedes están implantando, nos tememos que ninguno de sus objetivos globales con los que decíamos que podíamos estar de acuerdo va a poder cumplirse.

Espero que pueda responderme a algunas de las preguntas que le ha formulado y, como le decía al principio de mi intervención, le agradezco también la suya en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado, señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor secretario de Estado, le reitero la bienvenida nuevamente a nuestra Comisión de Justicia, así como a los miembros de su equipo que nos acompañan, en esta segunda comparecencia que realiza en esta Comisión en menos de dos semanas. Por ello, le agradezco especialmente el esfuerzo que ha realizado una vez más para trasladarnos información precisa y detallada, en esta ocasión sobre las previsiones presupuestarias de su departamento para el año 2014.

En primer lugar, quiero anunciarle que tanto los objetivos marcados como la política presupuestaria del ministerio son compartidos plenamente por el Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a que permiten con realismo compatibilizar el objetivo de reducción del déficit público con el buen funcionamiento y modernización de nuestra Administración de Justicia. Llegados a este punto, creo necesario recordar brevemente cuál es el contexto extraordinario de la economía española en el que debemos encuadrar el gran esfuerzo de ajuste presupuestario que se realizó para el ámbito de la justicia en el año 2013 y que, necesariamente, tiene que tener continuidad para el próximo año si queremos hacer las cosas bien, y es un contexto de recesión que, gracias a la política austera y equilibrada y comprometida con la reducción del déficit público del Gobierno, está empezando a superarse. Las mejoras de los datos del sector exterior y de las condiciones de financiación de nuestra economía, la previsión de crecimiento y la reducción del déficit del Estado son factores que apuntan al cercano fin de la recesión. En todo caso, estos datos nos deben hacer reflexionar. Los esfuerzos requeridos a los ciudadanos y las reformas puestas en marcha por este Gobierno, que cada uno de ustedes, señores socialistas y de La Izquierda Plural, tanto criticaron, eran el único camino posible para sanear nuestra economía y entrar en la senda de la recuperación. Así que, cuando España está conociendo datos positivos gracias a los ajustes y a las reformas económicas del Gobierno y al importante esfuerzo de la sociedad española, resulta indudable que no podemos apartarnos del camino marcado pues pese a todo todavía queda mucho por recorrer.

Por ello, como bien ha señalado, señor secretario, los presupuestos del año 2014 son rigurosos y austeros, unas cuentas públicas austeras pero compatibles con el crecimiento; en definitiva, las cuentas de un país en crisis que empieza a recuperarse. Por ello, a pesar del ajustado plan de austeridad que ha obligado a introducir una ligera reducción respecto del ejercicio anterior, hoy podemos hablar de unos presupuestos también coherentes. Unos presupuestos que, por un lado, mantienen las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para los ciudadanos y permiten mantener el compromiso firme y decidido con las prioridades marcadas y con las políticas asumidas por el ministerio en materia de Justicia, pero que además compatibilizan el ineludible objetivo de la reducción del déficit público con el buen funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. En todo caso, le indicaré, señor secretario, que únicamente comparto con el resto de portavoces el deseo de que estos presupuestos hubieran contemplado una mayor dotación. Me hubiera gustado, y mucho, que para el año 2014 se hubiera incrementado notablemente el gasto que se destina a justicia; que los recursos y medios materiales y también personales destinados a nuestra Administración de Justicia hubieran experimentado un enorme crecimiento. Es evidente que de esta manera todo parecería más fácil y todos los portavoces estaríamos muy contentos, pero entiendo que esto no podía ser, al menos para el año 2014, pues no habría sido responsable ni lo que se esperaba de este Gobierno. La prueba más evidente la tenemos si comparamos los resultados de la actual gestión popular con la política del derroche socialista, una política que nos dejó una justicia con un sistema organizativo insostenible, con los derivados perjuicios personales y económicos para los ciudadanos y justiciables, y ello a pesar de las ingentes cantidades destinadas infructuosamente a este empeño.


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Sus señorías saben perfectamente la responsabilidad que supone dar respuesta a las necesidades de una justicia que presenta tales patologías, especialmente en un escenario macroeconómico tan complicado como el que todavía vivimos, como también saben que estas son las razones por las que el Gobierno se ve obligado a continuar adoptando medidas excepcionales de contención del gasto público priorizando y optimizando los recursos disponibles. Así lo ha hecho el Gobierno y a la vista de los resultados así lo tendrá que hacer un año más aunque no nos guste. Como digo, sus señorías conocen perfectamente cuál es el camino adecuado y que inyectar más y más recursos año tras año incrementando el gasto público no es la solución, aunque esta haya sido la única aportación que hemos podido escuchar esta mañana. No les hablo de utopías ni de buenas intenciones, les hablo de realidades acreditadas a día de hoy, cuando aún ni siquiera se han cumplido dos años de legislatura; realidades que demuestran cómo el Gobierno popular ha sabido hacer más con menos, en contraste con un Gobierno socialista que solo supo hacer menos con más.

El despliegue de la nueva oficina judicial y del nuevo modelo de oficina fiscal contemplado en el Plan de acción 2012-2014 para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la distribución y gestión del trabajo, en el órgano judicial y en la fiscalía, así como las actuaciones tecnológicas llevadas a cabo durante el año 2013 para su implantación, son ejemplos claros que demuestran que el avance en el despliegue tecnológico no es incompatible con la austeridad impuesta en una época de crisis. La prueba es más que evidente con un presupuesto suficiente como el que nos presenta para el año 2014 el Gobierno popular en el que sabe plantear respuestas integrales y eficaces para responder a los graves problemas de todo orden -institucionales, normativos y organizativos- que presenta nuestro sistema judicial. No voy a extenderme más en estas reflexiones, pues no quiero agotar mi tiempo, y las cifras y datos de las previsiones presupuestarias para el próximo año ya han sido suficiente y extensamente desarrolladas por el señor secretario de Estado. Así que abandonando estas referencias macroeconómicas que era obligado reseñar, queremos entender el contexto que justifican las decisiones en materia presupuestaria, y sin ahondar más en el debate extrapresupuestario me centraré en las propuestas que su departamento nos hace para el año 2014.

Ahora me va a permitir plantearle una serie de cuestiones en materia de política de justicia y sobre el proyecto de presupuestos que ha presentado su departamento. Quiero comenzar refiriéndome, siquiera brevemente, a las grandes reformas anunciadas orientadas a transformar el actual modelo de justicia. Resulta evidente que tendrán un efecto directo en la eficacia de la justicia y previsiblemente en su mayor dinamismo, así que en este punto me gustaría que nos ampliara su valoración sobre las repercusiones presupuestarias de estas reformas. Otro punto sobre el que me gustaría tener información es que nos ha hablado usted de cómo la apuesta por la profesionalización de la justicia, elemento clave para alcanzar los necesarios niveles de calidad, ha pasado de compromiso del Gobierno a realidad, una realidad plenamente efectiva gracias al sistema de sustituciones profesionales para jueces y fiscales. También nos ha referido el ahorro que ha supuesto este nuevo sistema de sustituciones profesionales ya calculado para este año 2013, así que me gustaría que con relación a las previsiones para el próximo ejercicio también nos anticipe cuál será la cifra de ahorro prevista para el año 2014. En relación con la anterior pregunta le pediría que me indicara cómo se ha diseñado este nuevo sistema de sustituciones para que la eliminación de la interinidad en la carrera judicial no suponga una sobrecarga de trabajo para los actuales jueces. Por otro lado, se reducen las dotaciones para 2014 en materia de infraestructuras y edificios judiciales destinándose el grueso de esos fondos a la nueva sede de la Audiencia Nacional. Con esta previsión de gasto, ¿se ha tenido en cuenta la implantación de la nueva Ley de Demarcación y de Planta Judicial? También nos ha hablado de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y a este respecto me gustaría que me precisara en qué medida afecta la nueva configuración del órgano de Gobierno de los jueces a la previsión presupuestaria que se destinará al mismo. Me gustaría igualmente oír sus reflexiones acerca de si estos presupuestos garantizan que se siga prestando la atención necesaria a las víctimas y si se pueden mantener o mejorar las medidas del Ministerio de Justicia en materia de violencia de género. Una pregunta más concreta, que posiblemente podrá ser contestada por el señor subsecretario, es si la partida de gastos jurídicos contenciosos decrece casi un 50 %, ¿a qué se debe tan importante reducción? Otra cuestión técnica, y aunque entiendo que no se disponga ahora mismo de los datos en este momento, supongo que nos podrán ilustrar bien usted o el señor subsecretario o ampliarla en los próximos días, es que en el capítulo 6 del programa de la Dirección General de los Registros y del Notariado, las dotaciones para inversión se acercan a los 9 millones de euros. ¿Nos puede explicar las


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actuaciones que se financian con dicho importe y sus efectos sobre el nuevo sistema de registro civil que se va a desarrollar en aplicación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil?

Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra también han hablado de las tasas y de su vinculación a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Nos parece fundamental que en un momento de crisis económica, en un momento de ajustes presupuestarios, el Ministerio de Justicia mantenga la inversión destinada a la justicia gratuita en nuestro país, pero como el servicio de asistencia jurídica gratuita se presta tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas con competencias transferidas, ¿con relación a las tasas podría indicarnos usted o el señor subsecretario si se va a abrir algún proceso de negociación con estas comunidades autónomas?

Termino. Señor presidente, señorías, no parece que este sea el año para pedir más sino para completar el camino iniciado con tanto acierto al principio de la presente legislatura. Es el momento de ofrecer soluciones para conseguir una justicia ágil y de calidad como las que nos proponen desde el Gobierno, soluciones que espero que a lo largo de la tramitación de estos presupuestos también tengamos ocasión de conocer por parte de la oposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Como quiera que no están en la sala ninguno de los portavoces de los grupos que no han solicitado las comparecencias, volvemos a dar la palabra al señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): En primer lugar, quiero agradecer a los señores portavoces tanto el tono de sus críticas como el contenido de las mismas y trataré de dar cumplida explicación a esas críticas o a esas preocupaciones que ustedes han expresado, sin perjuicio de adelantarles que los detalles técnicos de algunas de las preguntas van a ser satisfechos sin duda alguna con la amplitud que ustedes necesitan tanto por el señor subsecretario como por el señor secretario general de la Administración de Justicia.

En primer lugar, quería decir que han expresado su preocupación por los números de este presupuesto, su deseo de que fueran mayores, y en ello han coincido los tres portavoces. Naturalmente que yo estaría encantado de que fueran mayores; lo que ocurre es que no debemos perder de vista el actual contexto económico en el que nos movemos y que esto es una acción de Gobierno que tiene múltiples perspectivas tantas, en principio, como departamentos ministeriales. Por lo tanto, nada de extraño tiene que se ponga el acento en unas cuestiones o en otras después de una valoración de conjunto. Ahora, si ustedes me preguntan si es suficiente para llevar a cabo esta política en materia de justicia, les tengo que decir que sí, pero no por obligación, como parece que el señor portavoz socialista cree que estoy obligado a hacer. No, más allá de la obligación le hablo desde la convicción. Es posible, sin tener encima de la mesa una imponente cantidad de dinero, llevar a cabo cosas útiles y ofrecer resultados, y le pongo un ejemplo. Durante la etapa del anterior Gobierno socialista -lo he reconocido en otras ocasiones- se ha hecho un enorme esfuerzo inversor. ¿Cuál ha sido el problema? Que no ha venido acompañado de los resultados. Es decir, en el periodo 2004-2010 -si no me falla la memoria- son aproximadamente unas ochocientas nuevas unidades judiciales las que se han puesto en funcionamiento. ¿Eso ha venido a resolver el problema de la justicia en España? Desgraciadamente no. Eso no quiere decir que no reconozcamos el esfuerzo que se ha llevado a cabo por otros Gobiernos, lo que quiere decir es que algo no estaba del todo bien planificado porque, en definitiva, tenemos que pensar que no todo se soluciona solo con dinero, sino que hace falta una adecuada organización de nuestra justicia. En eso estamos, en una profunda reordenación de la justicia. De aquí que, cuando reclaman que haya más dinero y critican que no haya más dinero para justicia no deja de ser expresión de un deseo de que podamos contar en el futuro con más dinero -deseo que por supuesto comparto y ojalá pudiera ser así para el futuro-, pero creo que los objetivos que nos habíamos trazado están a salvo.

Por otra parte, también han expresado algunas críticas -coincidentes por parte de los portavoces señor Llamazares y señor Martín- relativas a la privatización de la justicia; incluso el señor Llamazares hacía referencia a los registros -entiendo que se referiría al Registro Civil-. Tengo que volver a decir lo mismo que expresé también en esta Cámara el otro día. No existe todavía un proyecto, un anteproyecto encima de la mesa que haya sido adoptado como tal, como postura oficial por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas críticas son precipitadas en el sentido de que no han sido puestas formalmente en tramitación. Otra cosa es que haya estudios internos en los que se barajan distintas posibilidades, cosa que es normal en cualquier ministerio, pero no ha habido como tal una formulación de un anteproyecto y, por lo tanto, esas críticas son precipitadas.


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Me hablaban también de hibernación de los presupuestos. Les digo que de hibernación como expresión de una paralización de la justicia no podemos hablar en absoluto, y vuelvo a retomar el mismo argumento que les exponía antes. El Gobierno anterior, el Gobierno socialista, llegó a poner encima de la mesa cerca de 400 millones de euros para el expediente judicial electrónico, para la modernización tecnológica. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues desgraciadamente no los deseados por todos, no solo por el Gobierno socialista; y ha tenido que ser el Gobierno del Partido Popular el que retome aquella situación y, con un presupuesto desde luego mucho más limitado porque el contexto económico es bien diferente, haya conseguido reconducir esa situación hasta el punto de que, como les explicará seguramente el secretario general de la Administración de Justicia, a día de hoy ese expediente judicial electrónico empieza ya a funcionar, empieza a ver la luz. En la Audiencia Nacional existe tranquilidad en cuanto a que el sistema ya no hace aguas y se ve con optimismo el futuro. Naturalmente será el sustrato de lo que un poquito más adelante permita extender a toda España esa modernización, y me refiero concretamente al expediente judicial electrónico, que es sin duda una de las piezas clave para que la nueva oficina judicial termine por implantarse con éxito. Llevamos diez años y no se ha conseguido implantar con éxito, sin duda en gran medida por falta del adecuado desarrollo tecnológico. De ello les dará cumplida cuenta el secretario general de la Administración de Justicia, del mismo modo que del tema de tasas judiciales les dará cuenta el señor subsecretario a continuación, pero sí les anticipo que es obvio que la vinculación que tantas veces hemos anunciado de las tasas a la asistencia jurídica gratuita es un objetivo irrenunciable por parte del Gobierno.

Por otro lado, también han hecho referencia a la dificultad que creen deducir sus señorías de estos presupuestos, desde el punto de vista geográfico, para el acceso a la justicia. Una vez más creo que se precipitan en sus críticas. Nosotros hemos abierto desde el pasado mes de enero o febrero un amplio proceso de debate sobre esos textos que las comisiones de expertos, que nombró el Gobierno en marzo de 2012, nos entregaron. Hemos dicho con claridad que los remitíamos a todos los colectivos profesionales -corporaciones, colegios profesionales, comunidades autónomas, universidades-, incluso están colgados en la página web; estamos admitiendo todo tipo de sugerencias, críticas, análisis hasta terminar la reflexión -lo anunciaba en mi intervención inicial- y estamos intentando pulir de alguna manera ese trabajo previo, lo cual no significa que haya una conclusión alcanzada ya con carácter definitivo por el Gobierno sobre si el texto que nos han propuesto los expertos lo vamos a asumir en un 20 %, en un 15 % o en 99 %. Es obvio que hay algunos aspectos de ese texto que tienen toda la lógica y que probablemente puedan ser asumidos, pero les hablo de mi impresión personal, de la del secretario de Estado; en ningún caso les estoy dando una versión oficial, que solo corresponderá al Consejo de Ministros cuando haga suyo o no ese texto. Pero también es indudable que en ese texto hay aspectos coincidentes con lo que el Gobierno anterior también ha hecho en otras ocasiones. El avance de esos tribunales de instancia se produce en la legislatura anterior. Esta comisión de expertos lo que ha hecho ha sido mejorar, completar ese texto que no que llegó a ver la luz. -Sin duda creo que no llegó a ver la luz por falta de tiempo en la legislatura, no por otro tipo de dificultades-.

Me consta que existe preocupación en los ayuntamientos, entre diputados y senadores; he recibido a múltiples personalidades de distintos territorios preocupadas con la desaparición de los partidos judiciales, pues pensaban que de alguna manera se trastocaba todo el esquema tradicional de la justicia. Al respecto quiero decirles, primero, que no hay ninguna decisión tomada; segundo, que lo que sí hemos declarado por activa y por pasiva es que no está la situación económica como para permitirnos el lujo de prescindir de ningún desarrollo material que se haya podido producir en estos años, de manera que ni los ministerios precedentes ni las comunidades autónomas tienen por qué ver cómo se prescinde de unos medios que ya están, sin previsión de que haya dinero suficiente como para sustituirlos por otros. Aun en el hipotético caso de que finalmente la Ley de Planta y Demarcación se ajustara en gran medida a lo que ha previsto la comisión de expertos, no duden de que tendría que haber un periodo transitorio necesariamente largo para que se pudiera adaptar toda la estructura que hay hoy en día, y que es el resultado de muchas décadas, de ciento y pico de años de tradición en España en el ámbito judicial, a la nueva situación. Nueva situación que, por otra parte, tiene también una gran dosis de lógica, y es que cuando se colegian los jueces es mucho más probable que se pueda llevar a cabo una adecuada especialización, y eso se traduce en un mejor servicio a los ciudadanos, en un servicio de mayor calidad. Esto es, si ustedes me permiten el símil -el señor Llamazares me entenderá perfectamente- es muy similar a lo que ocurre en la medicina, no se puede pretender tener un gran hospital con todas las especialidades en cada pueblo de España. ¿Cuál es la tendencia natural? Concentrarlo en las capitales de provincia o en aquellas otras


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ciudades que cuenten con determinadas peculiaridades. ¿Eso significa hacer desaparecer por completo todo tipo de servicio de la Administración de Justicia de los actuales partidos judiciales? Es una cuestión que todavía no está resuelta, no está resuelta porque estamos en periodo de reflexión, analizando las múltiples críticas, sugerencias, análisis que nos están llegando.

Les rogaría, por supuesto, que el día en que esto tome cuerpo en forma de anteproyecto podamos tener todas las reflexiones compartidas que sean precisas, pero antes de que ese momento se produzca, antes de que el Gobierno se pronuncie, no traslademos alarma hacia la población, porque está por ver que eso, incluso en ese caso, pudiera ser perjudicial. Piensen ustedes en la estadística relativa a la frecuencia con la que un ciudadano va a la Administración de Justicia a lo largo de su vida, ciertamente escasa. De manera que son temas importantes, temas en los que la planificación, el diseño, el sosiego a la hora de reflexionar sobre las soluciones son importantes, por supuesto intentando consensuar todo lo posible. De ahí que no hubiéramos cogido directamente el texto de los expertos y lo hubiéramos transformado en un anteproyecto; hemos preferido abrir un amplio proceso de debate para que quepan todas las reflexiones al respecto, sin excluir a nadie y a ninguna de las posibles ideas que se puedan poner encima de la mesa.

Me hablaban también de la escasa dotación en materia de oposición de jueces, incluso de la formación. En cuanto a la formación, me sorprende un poco porque la formación de los jueces no es responsabilidad del ministerio, sino del Consejo General del Poder Judicial; sí lo es la de fiscales, secretarios y resto de funcionarios que, por cierto, se mantiene inalterada en cuanto a su dotación presupuestaria, de manera que ahí no tenemos ningún decremento que pudiera justificar una sola crítica. En cuanto al hecho de que haya cincuenta plazas solamente, le repito lo que antes le comentaba, señor Martín. Durante un buen número de años, 2004-2010, ustedes han hecho un gran esfuerzo y han creado más plazas, y eso no ha servido para solucionar el tema. Ahora que estamos en una situación económica en la que hay que racionalizar el gasto es prioritario que no decaiga el cuerpo de opositores, que no sufra merma el cuerpo de opositores, que no decaigan las vocaciones para ser juez o ser fiscal como consecuencia de la dificultad en la escasez de convocatorias o en la no convocatoria de plazas. De esta manera, si se garantizan al menos cincuenta plazas de jueces y fiscales por año en un momento crítico como el que estamos atravesando -del que afortunadamente empezamos a ver luz para salir-, podemos conseguir que ese cuerpo de opositores se mantenga y, simultáneamente, lo que podemos hacer y estamos haciendo es reorganizar los efectivos. No todo en este país lo tiene que resolver un juez, de ahí que se haya dado entrada a otros profesionales para ayudar a resolver los conflictos sociales. Esa es la idea. Lo cual no significa privatizar que es muy diferente, significa que habiendo profesionales cualificados puedan tener la intervención en la Administración de Justicia que sea necesaria. Enlazo aquí con lo que decía el señor Martín de los abogados y procuradores. Naturalmente que estamos en conversaciones, en diálogo permanente con el Ministerio de Economía, se está tramitando ese proyecto de la ley de servicios y colegios profesionales, y con los abogados y con los procuradores. Los abogados y los procuradores son colectivos importantísimos en la Administración de Justicia. Sobre los procuradores, a los que usted hacía especial referencia, no cabe ninguna duda de que prestan un enorme servicio a los ciudadanos. Los trámites ante la Administración de Justicia, ante los tribunales, algunas veces son complejos, los plazos suelen ser fatales si no se cumplen, con lo cual hacer descansar en cada ciudadano la responsabilidad de tener que cumplir esos plazos y además cumplirlos con la complejidad técnica que en determinadas ocasiones supone, es un problema para los ciudadanos. Por eso, cuando hace pocas fechas estuve en esta Cámara y alguien suscitaba la conveniencia poco menos que de hacer desaparecer a los abogados y procuradores en cuanto a que eso beneficiaría la competencia, pienso radicalmente lo contrario; es decir, abogados y procuradores tienen su espacio en una Administración de Justicia que pretende dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Cómo se concrete finalmente la intervención de cada uno, lo veremos en el proyecto de ley de servicios profesionales que está, por otra parte, siendo ampliamente discutida, y que lo será sin duda en esta Cámara.

Se me había olvidado comentarle al señor Martín que cuando me hablaba de mi Gobierno, mi Gobierno también es el suyo, es el Gobierno de todos. (El señor Bedera Bravo: Por desgracia). Además es bueno que lo sintamos así, porque estamos haciendo un esfuerzo conjunto y no se nos podrá achacar que esas leyes troncales que tenemos encima de la mesa estamos intentando que sean con el consenso de todos. Hemos dado un plazo amplísimo y nos gustaría, por supuesto, recibir sus sugerencias al respecto, no solo sobre la Ley de Planta sobre la que se han manifestado hoy, sino también sobre la ley orgánica, sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


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Finalmente, también quería hacer referencia a las sustituciones por las que el señor Castillo me preguntaba. No cabe ninguna duda de que nuestro objetivo es lograr una profesionalización de la justicia en el grado máximo en que se pueda, porque eso es lo que beneficia a los ciudadanos. Con esto no quiero establecer una descalificación para los jueces sustitutos o magistrados suplentes, en absoluto; han prestado un enorme servicio, muchos durante muchos años, pero eso no quiere decir que el concepto no deba dejarse establecido con claridad. Cuando hay unos procesos de selección, sean oposiciones o concursos de méritos, si uno los supera el primer filtro está ahí, si además va uno a la Escuela Judicial ese filtro continúa funcionando. Eso quiere decir que al final el ciudadano tiene un mejor servicio. Pues bien, en esa línea, lo que era ciertamente imposible de sostener es que hubiera mil cuatrocientos y pico, casi mil quinientos, jueces sustitutos operando en España todos los años, no solo por ese concepto de mejor prestación con profesionales de la justicia, sino también porque desde el punto de vista económico es insostenible. (El señor Llamazares Trigo: Era un chollo). No se puede estar, como en el año 2012 quedó establecido, con 25 millones de euros destinados a satisfacer las sustituciones por los jueces interinos o no profesionales. De ahí, señor Castillo, que se pusiera en marcha y finalmente viera la luz esa Ley Orgánica 8/2012, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de medidas de eficiencia presupuestaria. ¿Qué hemos conseguido con eso? Hemos conseguido un ahorro importante, de entre 10 y 11 millones de euros en este año -es lo que tenemos previsto-, y ello sin contar con el hecho de que el Real Decreto de retribuciones ha visto la luz el 20 de septiembre pasado. Esto quiere decir que en los nueve primeros meses ha habido una enorme implicación de los presidentes de tribunales superiores de justicia, que se han ajustado estrictamente a esa nueva Ley 8/2012 y han hecho una importante contención de gasto. Sin duda, el Real Decreto de retribuciones va a estimular a los jueces a apuntarse a estas nuevas sustituciones profesionales. ¿Por qué? Porque desde el año 2003-2004 esa previsión de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal y el Real Decreto de 2004 que establecían la necesidad de una actualización anual por vía de la Ley de presupuestos no se había cumplido. Por ello, con esto no solo se da cumplimiento a una previsión legal sino que además permite que aquellas sustituciones que estaban siendo satisfechas a razón de entre 400 y 600 euros brutos al mes, aproximadamente, por sustituir completamente en otro juzgado hayan podido ser actualizadas de manera razonable.

¿Cuál es el sistema -me preguntaba- para que no haya una sobrecarga de trabajo? El nuevo sistema se basa, en primer lugar, en la voluntariedad. Eso no significa que todo se agote con la voluntariedad, por supuesto que no. Como estamos hablando de un servicio público tan esencial -como decía el señor Llamazares o usted mismo, señor Martín-, por supuesto que si no hay posibilidad de prestar el servicio más que con voluntariedad, al final tenemos que cerrar el círculo con obligatoriedad, es decir, con una previsión de un orden de prelación legal en virtud del cual se van a producir las sustituciones entre jueces. Como digo, se establece voluntariedad, se establece un orden de prelación que, grosso modo, consiste en que primero sustituirán los del mismo orden jurisdiccional y luego los de otro orden antes de acudir al llamamiento verdaderamente excepcional que será el de los jueces no profesionales, cosa que, por otra parte, ya existía anteriormente. Lo único que pasa es que ahora se ha dado una más precisa regulación a ese orden de prelación que, como digo, antes también establecía la excepcionalidad del llamamiento a los jueces sustitutos. También es importante destacar que aquí se introduce el factor de la carga de trabajo. Cuando hay juzgados con escasa carga de trabajo es uno de los factores primordiales para determinar ese orden de prelación.

Por otra parte, es importante destacar en este nuevo sistema que no se trata de un sistema impuesto desde el Ministerio de Justicia, en absoluto. Lo que se hace aquí es garantizar que el sistema flexible se alimente precisamente con la intervención de los miembros del Poder Judicial. Es decir, son los miembros del Poder Judicial, empezando por las juntas de jueces, los que establecen un cuadro de señalamiento de juicios. Es un cuadro de sustituciones entre sí en el que se apuntan aquellos jueces que deseen intervenir en el nuevo sistema, de manera que se hace posible que el llamamiento a los no profesionales sea verdaderamente excepcional. Les pongo un ejemplo. Si en un partido judicial hay cinco jueces y todos señalan en el mismo día juicios, es evidente que cuando uno de ellos se ponga enfermo, o ese día se suspenden los juicios, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que han dejado de asistir a sus trabajos para acudir a esos juicios, o hay que llamar a un juez sustituto; juez sustituto que va a cobrar el cien por cien de lo que cobra ese juez que se ha puesto enfermo, con lo cual, en vez de pagar a cinco jueces el resultado práctico es que el Estado pagará a seis. Con el nuevo sistema se permite que todos sepan con antelación cuáles son los señalamientos del de al lado; que se puedan establecer de manera racional los señalamientos para que entre sí se puedan sustituir los jueces, además primero de manera


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voluntaria, con lo que será prácticamente imposible el que haya necesidad de llamar a estos jueces sustitutos no profesionales. Como digo, esto se articula de abajo a arriba: en los partidos judiciales, las juntas de jueces; la sala de gobierno lo aprueba, siempre previa audiencia del ministerio fiscal porque también es importante coordinar esta organización de los jueces con la de los fiscales, que en gran medida tienen que acudir a esos juicios; y finalmente es aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que el Consejo tenía paralizada desde mayo la aprobación del plan general de sustituciones que había sido elaborado de esta forma que les digo a la espera de comprobar que efectivamente salía adelante el Real Decreto de retribuciones. Hasta ese punto era importante el Decreto de retribuciones que llevaba sin hacerse realidad desde el año 2004. Pero, como les digo, entendemos que esto va a permitir llegar a 2014 y proyectar sobre 2014 un ahorro de aproximadamente 16,5 millones de euros. Es decir, estaremos hablando de una cifra de ahorro muy importante con respecto a la que teníamos en 2012, hace dos años, que era de 25 millones de euros.

Finalmente, quería referirme también a esa manifestación que ha hecho el señor Martín diciendo que el Gobierno no pretendía educar y que de esa manera tendríamos luego que gastar más en castigar. Resulta curioso, corríjanme si no es así, pero creo que el jueves se aprueba aquí precisamente el proyecto de ley relativo a la educación. Creo que eso es manifestación de que naturalmente que buscamos educar y que se invierte en educación. Invertir en las nuevas generaciones de españoles evidentemente siempre es una apuesta segura, lo cual no quiere decir que no haya que gastar en justicia. También. Como también en el Ministerio del Interior porque significa garantizar el orden público. En definitiva, la acción de Gobierno se compone, como decía antes, de un conjunto de muchas cosas que hay que equilibrar, y eso es lo que hemos pretendido hacer.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado del Ministerio de Justicia, don Fernando Román García, por sus palabras u por su intervención. En nombre de todos los miembros de la Comisión, le agradecemos -como ha señalado el portavoz del Grupo Popular- que en el escaso plazo de dos semanas haya comparecido en dos ocasiones en esta Comisión. Esperamos seguir viéndole con asiduidad en la misma.

Sin más, despedimos al señor secretario de Estado y damos paso a la comparecencia del señor subsecretario de Estado de Justicia sin suspender la Comisión.

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (BRAVO RIVERA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001214) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/001236).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el día previsto para hoy con la comparecencia del señor subsecretario de Estado del Ministerio de Justicia, don Juan Bravo Rivera. Como hemos dicho al principio de la Comisión, el compareciente podrá exponer sin límite de tiempo las líneas de su departamento en relación con la Ley de Presupuestos del año 2014.

El señor Bravo tiene la palabra.

El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bravo Rivera): En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión la posibilidad que me brinda de dar cuenta y explicar algunos de los aspectos que, como he visto en la intervención anterior, les han suscitado dudas derivadas del presupuesto del Ministerio de Justicia para el año 2014.

El año pasado no tuve ocasión de comparecer, toda vez que fueron suficientes las explicaciones que dio el secretario de Estado, pero sí lo hice en abril del año 2012 para explicar y plantear el esquema general al que respondía el primer presupuesto de la legislatura para el Ministerio de Justicia. En aquel momento hice una reflexión sobre la necesidad de romper una dinámica tradicional de acudir al incremento presupuestario como medida paliativa para tratar de mejorar, con toda la mejor voluntad del mundo, la situación de justicia en nuestro país, y abordé la necesidad de plantear una reforma estructural rompiendo esa dinámica de crecimientos presupuestarios como elemento que se ha vinculado -en la sesión de hoy lo estamos comprobando- al principio de mayor eficiencia, mayor presupuesto, más incremento, más eficiencia presupuestaria, más eficiencia en la prestación del servicio público que está detrás del presupuesto. En aquel momento ya dije que eso no era necesariamente así y a lo largo de estos tres presupuestos de la legislatura -el de 2014 es el tercero de la legislatura- lo podemos comprobar. Me van a permitir que aproveche esta primera intervención para hacer una reflexión sobre este aspecto y para


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contestar algunas de las cuestiones que han quedado sobre la mesa en función de las remisiones que ha hecho el secretario de Estado a mi intervención.

En primer lugar, es verdad, se ha hablado de hibernación del presupuesto, de disminución. Es el cuarto año consecutivo que el presupuesto del Ministerio de Justicia disminuye. El primer año lo hizo el Partido Socialista en el año 2011, con una bajada del 6,97 %. Por tanto, no hay una necesaria equivalencia entre reducción presupuestaria y justicia, como se ha querido poner sobre la mesa por parte del portavoz del Grupo Socialista, sino que en cada momento se responde a las prioridades presupuestarias, y el año 2011 fue un año complicado, como lo han sido los años siguientes, y en aquel momento ya el propio Partido Socialista tuvo que abordar una disminución muy importante del 7 % pero que permitía consolidar, como lo hace el presupuesto actual, una dinámica de incrementos consolidados a lo largo de los últimos años y los anteriores, de tal manera que pasamos de un presupuesto de en torno a 2.000 millones de euros en el año 2004 a 1.664 en el año 2011 y a los 1.472 con el que abordaremos el presupuesto para el año 2014. Por lo tanto, queda consolidado con el presupuesto del año 2014 gran parte del esfuerzo presupuestario que a lo largo de los últimos diez años se ha hecho en materia de justicia. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento -y vuelvo a esa reflexión inicial que hacía-, la percepción de los ciudadanos del servicio público justicia no se ha visto incrementada o mejorada en la misma proporción. Eso es nada más que un indicador, pero destacable, de que un incremento presupuestario, si no se gestiona bien ese incremento o la estructura que lo tiene que soportar y gestionar después no actúa correctamente, en este caso el conjunto de los servicios de la Administración de Justicia, no conlleva siempre ni necesariamente una mejora en el mismo.

Creo que con el presupuesto del 2014 se produce el ajuste definitivo del ámbito de la Administración de justicia, toda vez que se ha ido acompañando a lo largo de los dos últimos años de la puesta en marcha de una serie de reformas estructurales que durante los años 2014 y 2015 se materializarán. Por lo tanto, de producirse algún incremento a partir del año 2015, ya les anuncio que ese incremento no irá destinado a mejorar los gastos corrientes del ministerio, que no es necesario, sino los presupuestos destinados a inversión, que, como el conjunto de departamentos, a lo largo de los últimos años ha tenido que ajustarse como consecuencia de las sendas de estabilidad presupuestaria.

También se ponía sobre la mesa una reflexión en relación con la correlación entre disminución de presupuesto e imposibilidad de cumplir los objetivos presupuestarios que en el documento se recogen para el año 2014. Y tengo que ponerles algún ejemplo -voy a centrarme en tres- para demostrarles que no hay una necesaria correlación entre ambos conceptos. Es verdad que el presupuesto del programa de registros se ha visto reducido a lo largo de los dos últimos años, pero también es verdad que hemos sido capaces sin incremento presupuestario, antes bien, con un recorte importante, de hacer frente a una asignatura pendiente que nos encontramos cuando llegamos al ministerio: abordar un problema endémico que era el retraso de más de tres y cuatro años en la resolución de los expedientes de concesión de nacionalidad; algo que es muy importante para muchas familias que llevan muchos años en nuestro país. En este momento puedo constatar que durante el último año hemos concedido 312.000 expedientes de nacionalidad y que se está procediendo ya a la jura ante los notarios y ante los servicios del registro civil, en función de la decisión que tome cada uno de los beneficiarios de la concesión de nacionalidad, de esas 312.000 personas a las que se les ha otorgado la nacionalidad española.

Sobre la justicia gratuita -luego volveré más en detalle sobre ella en relación con las tasas porque ha sido objeto de preocupación-, mantenemos el presupuesto por tercer año consecutivo, pero es cierto que como consecuencia del adelanto a través del real decreto-ley del mes de febrero de gran parte de las medidas que están recogidas en el anteproyecto de ley de justicia gratuita, en este momento en trámite del dictamen en el Consejo de Estado, esa elevación de umbrales y de concesión del beneficio, con independencia del nivel de renta de determinadas personas en función de unas ciertas situaciones -víctimas de violencia, etcétera-, hemos mejorado el servicio. Hay más personas que pueden ser beneficiarios del sistema de justicia gratuita, tanto en las comunidades autónomas que gestionamos como Ministerio de Justicia, como en el conjunto de España por parte de las comunidades autónomas que tienen el servicio transferido. Por lo tanto, se ha mejorado ejercicio. Luego analizaremos cuál es la situación en relación con las tasas.

Salarios de tramitación. Se mantiene el mismo presupuesto, es verdad, que en años anteriores porque entendemos que es un servicio esencial cubierto por el capítulo 2 del presupuesto del Ministerio de Justicia, es una obligación a la que tiene que hacer frente el Ministerio de Justicia, pero este año les llamo la atención sobre que se ha declarado el crédito como crédito ampliable, de tal manera que la modificación


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del procedimiento en la que estamos trabajando en este momento, que nos permitirá -igual que en otros procedimientos del ministerio- la agilización en la resolución de los mismos, nos posibilitará hacer frente al cien por cien de las obligaciones que se reconozcan a lo largo del ejercicio, con independencia del crédito consignado en el programa. Por tanto, son tres ejemplos que ponen de manifiesto que no solo con medidas de incremento del gasto se consigue el cumplimiento de los objetivos, que sí -y lo ha reconocido el propio portavoz del Grupo Socialista- son más ambiciosos que en otros ejercicios.

En relación con las tasas y la vinculación, que no afectación, a la justicia gratuita, tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Grupo Socialista han manifestado su preocupación; preocupación que se transforma prácticamente en acusación de incumplimiento al Gobierno de la previsión recogida en el artículo 11 de la Ley de Tasas en este momento en vigor. El artículo 11 -creo que es conveniente recordarlo- dice literalmente que la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. Llamo la atención sobre la diferencia entre vinculación y afectación. La afectación de un ingreso a un gasto es la obligación presupuestaria de aplicar toda la recaudación por ese concepto a un gasto determinado y solo a ese gasto. Son excepcionalísimos los supuestos de afectación. En el artículo 11 se habla de vinculación, y la diferencia no es gratuita porque lo que pretendíamos era, en un momento de crisis de muchos servicios públicos, garantizar un servicio esencial para nosotros que era la justicia gratuita y que, con independencia de cuál fuera la dinámica o la presión de gasto que recibieran las comunidades autónomas y el propio Estado en el territorio no transferido como consecuencia de la modificación de la Ley de Justicia Gratuita, ese incremento de gasto estuviera garantizado por la recaudación de las tasas judiciales. Por eso hablamos de vinculación. Y es verdad que cuando aprobamos la Ley de Tasas estábamos trabajando en una reforma parcial de la ley de 1996; reforma parcial que luego se ha visto superada por la realidad y hemos convertido en un nuevo proyecto de ley en su conjunto, total, global, de la justicia gratuita en España. Ese anteproyecto en este momento, como decía antes, está siendo objeto de informe por parte del Consejo de Estado, pero en buena medida ya ha sido adelantado a través del real decreto-ley del mes de febrero que modifica la Ley de Tasas, disminuyendo la cuantía de las mismas para las personas físicas y anticipando las medidas más positivas que se recogían en el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, como era la elevación de los umbrales y el otorgamiento del beneficio de justicia gratuita para las personas, con independencia del nivel de renta, que se encontraran en determinadas situaciones.

En paralelo a ese proceso de tramitación parlamentaria, lo que hicimos fue abrir una mesa de diálogo con las comunidades autónomas para estudiar posibles mecanismos en los que se concretara esa vinculación, y el ministerio puso sobre la mesa -hay un documento por escrito entregado a todas las comunidades autónomas- la posibilidad de que dicho documento fuera objeto de negociación y aceptación, en su caso, por las comunidades autónomas, que pasaba por modificar el sistema de financiación de la justicia gratuita en España. Para las comunidades autónomas que tienen el servicio de justicia transferido se evaluó la justicia gratuita en un coste en el momento de la transferencia de traspaso, coste que ha ido evolucionando en aplicación de las variables del modelo de financiación autonómica. Lo que les planteamos es: comoquiera que ese servicio ya está financiado en el modelo de financiación, hay que hacer una modificación del mismo que pase por una devolución equivalente al gasto en el que han incurrido las comunidades autónomas en el último año liquidado y, a cambio, el Ministerio de Justicia, a través de la vinculación de la recaudación de las tasas, se compromete, en función de las certificaciones remitidas por las comunidades autónomas, a abonar directamente esas certificaciones a los diferentes colegios de abogados. De tal manera que el coste efectivo real de la justicia gratuita en España, con independencia del territorio donde fuera gestionado, quedara garantizado y cubierto. Eso no fue aceptado por muchas comunidades autónomas. Lo que hicimos entonces fue estar abiertos a cualquier otro mecanismo que se pusiera sobre la mesa. A fecha de hoy no se ha puesto ninguno, pero también es verdad -y lo pongo sobre la mesa, no debemos de ocultar nada a esta Comisión- que la recaudación de las tasas en los tan solo nueve meses que lleva en vigor la Ley de Tasas -porque parece que llevamos con las nuevas tasas judiciales mucho tiempo y no llevamos nada más que nueve meses- ha caído en unas cifras muy inferiores con las que previsiblemente trabajábamos cuando elaborábamos el anteproyecto. Todos conocemos y todos sabemos que las estadísticas judiciales es algo en lo que hay que trabajar porque son tardías y no tienen un nivel de detalle que nos permitan en muchas ocasiones tomar decisiones precisas. Por eso estamos trabajando en una modificación y en una profundización de las estadísticas judiciales en colaboración con el Consejo. Pero es cierto que con las previsiones de litigiosidad de los


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años 2010 y 2011 con las que trabajábamos la recaudación de esos primeros nueve meses nos indica que al final del ejercicio va a quedar por debajo de las previsiones iniciales. Eso se debe, entre otras cosas, a una caída de la litigiosidad sobre todo en el orden contencioso-administrativo que podemos cifrar, trabajando con el primer trimestre del año 2013 en relación con el primer trimestre de 2012, en torno al 23 %. Claro, desde algunas instancias ya se ha sacado una conclusión -conclusión muy precipitada, tengo que decir- de que esa caída de la litigiosidad en el orden contencioso-administrativo se debe precisamente a la entrada en vigor de la Ley de Tasas el 17 de diciembre del año pasado. Y esa es una conclusión claramente errónea porque la caída de la litigiosidad se produce a lo largo de todo el ejercicio de 2012, en la comparativa con el ejercicio anterior, como consecuencia de la entrada en vigor de otra ley, que no es una ley del Partido Popular, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Esa ley, que cambiaba el criterio de costas, lo que ha hecho ha sido provocar a lo largo de 2012 -y recuerdo que la Ley de Tasas entra en vigor el 17 de diciembre, por tanto, no podemos imputarle este efecto- una caída de la litigiosidad importante que ni siquiera nosotros al llegar al ministerio fuimos capaces de evaluar o de prever. Esa caída de litigiosidad no tiene por qué conllevar la conclusión de que aquella reforma, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, aprobada por el Gobierno anterior, generaba una dificultad en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Se está identificando tasas judiciales con un mecanismo que puede conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia de que hay ciudadanos que deciden no acudir a la justicia. Sin embargo, el mismo efecto está provocando esta Ley 37/2011 como consecuencia de que se asume un mayor riesgo, un riesgo real de que al final del procedimiento seamos condenados en costas como recurrentes si no hemos obtenido satisfacción a nuestra pretensión.

¿Adónde quiero llegar? Pues a que en este momento la vinculación prevista en el artículo 11 de la Ley de Tasas está supeditada a conocer cuál es la recaudación efectiva que con la nueva Ley de Tasas, a lo largo del año 2013 y una vez cerrado el ejercicio, tengamos sobre la mesa y a alcanzar un acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas transferidas y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Ministerio de Justicia para ver en qué términos podemos establecer esa vinculación. Con el objetivo que anunciábamos en un primer momento, que es garantizar en cualquier caso y en cualquier circunstancia, sea cual sea la legislación que da cobertura al beneficio de justicia gratuita, que ese servicio público queda plenamente cubierto, con independencia de cuáles sean los problemas presupuestarios de cada Administración pública. Y ese es el objetivo que mantenemos y que esperamos alcanzar a lo largo del primer semestre del año 2014 en el objetivo de que aplicando las previsiones del artículo 11, si no se modificaran, la ley de presupuestos para el 2015 ya articule el procedimiento de forma pormenorizada.

Tengo que recordar también en relación con esto, y se ha hecho una referencia en las intervenciones anteriores, que el anteproyecto de ley de justicia gratuita prevé en una disposición adicional la creación de una comisión que estudie el impacto de las tasas y la justicia gratuita una vez que esta entre en vigor. Es una comisión en la que participarán una representación de las comunidades autónomas, el propio ministerio, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores, además de expertos en la materia, de tal manera que hemos previsto ya un mecanismo para ir evaluando cuál es la relación y cómo van impactando en el servicio público de justicia los dos mecanismos que hemos vinculado: tasas y beneficio de justicia gratuita.

Creo que esa es la mayor preocupación que he visto en la intervención anterior y por eso quería abordarla en mi primera presentación del presupuesto en esta Comisión. Sin perjuicio, como ha dicho el secretario de Estado, de que pueda referirme con mayor detalle a la asignación por capítulos de gasto, creo que es preferible que destinemos el tiempo a contestar a aquellas preguntas relacionadas con el presupuesto en su conjunto o con aquellos servicios que dentro del ministerio le corresponden directamente a la subsecretaría. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Esta comparecencia fue solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular. En consecuencia, por tiempo de diez minutos damos en primer lugar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, si bien le había dicho antes de que comenzáramos esta sesión de la Comisión de Justicia que en un principio este diputado no tenía intención de preguntar al subsecretario de Estado, en función de las incógnitas que ha dejado abiertas el señor secretario de Estado, así como de algunas que se me han planteado a raíz de la intervención del señor subsecretario, sí utilizaré el tiempo que se me destina.


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El señor PRESIDENTE: Está su señoría en su pleno derecho.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista le doy la bienvenida, señor subsecretario de Estado, a esta Comisión y también le agradezco su intervención, por supuesto. Creo que ha estado presente durante la comparecencia del señor secretario de Estado y no sé si ha escuchado que yo profesaba palabras cariñosas o elogiosas al principio porque le reconocía que tenía una difícil tarea a la hora de defender estos presupuestos. Pues permítame que le diga que en cierto modo me ha sucedido lo mismo con usted puesto que la intervención del señor secretario de Estado de Justicia le ha dejado unos cuantos caramelos envenenados que le toca a usted responder y que espero que, en función de las preguntas que le vaya formulando, pueda ir usted respondiendo.

La primera de ellas hace especial hincapié en una serie de cuestiones que el señor secretario de Estado ha mencionado y que usted también ha hecho suyas, es incluso una argumentación en la que ha abundado. Si bien reconocían que en ejercicios presupuestarios anteriores correspondientes a los Gobiernos socialistas las partidas eran sensiblemente superiores, usted ha hecho mención, por cierto, a que la primera bajada se produjo en el ejercicio de 2011 correspondiente a un Gobierno socialista, es cierto, pero creo que también es necesario mencionar que estábamos hablando también de una dotación de 1.680 millones de euros y, por ejemplo, también de una provisión de 150 plazas para jueces y fiscales, lo cual, comparando esos números con los de ahora, también debe mencionarse.

Usted decía que no es necesaria per se una mayor dotación presupuestaria para realizar una mejor gestión. Eso podría ser cierto, pero entra en contradicción después con una serie de afirmaciones que ustedes han realizado y, sin ir más lejos, por ejemplo, el señor secretario de Estado ha hecho especial hincapié en que la implantación de la vieja/nueva oficina judicial no había sido posible precisamente por una falta de desarrollo tecnológico que tiene la propia Administración de Justicia. Si eso es cierto, y ustedes creen que ese es uno de los principales motivos, ¿por qué entonces reducen las partidas destinadas a desarrollo tecnológico en el Ministerio de Justicia? Si ustedes creen que el motivo por el que no se habían cumplido todos los objetivos previstos durante los Gobiernos socialistas era fundamentalmente por una falta de capacidad tecnológica, no es comprensible ni es razonable que ustedes disminuyan esas partidas. Esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría que me explicara.

En cuanto a la justicia gratuita, usted ha hecho una prolija intervención con respecto a la misma y hay algo que tampoco acabo de entender. Usted dice que el Gobierno del Partido Popular ha mejorado el servicio de justicia gratuita porque ahora mismo hay más personas que pueden acceder al mismo, es decir, se han facilitado las posibilidades de acceso al mismo. Sin embargo, en su propia intervención ha reconocido, y además así consta en los documentos, que el presupuesto sigue siendo el mismo en los últimos tres ejercicios. Entonces, ¿cómo puede ser que una partida económica destinada a cumplir un servicio que ahora mismo tiene como destinatarias a más personas haya mejorado su función? Desde luego solo se me ocurre una posibilidad y es que, dentro de la plusvalía que no acabamos de encontrar aquí -para utilizar una termología marxista en materia económica-, esa carga se haya llevado a cabo precisamente sobre el trabajo de los abogados que llevan a cabo el ejercicio del beneficio de la justicia gratuita, si no, no acaba de entenderse cómo, habiendo bastante más destinatarios, con la misma partida presupuestaria se haya mejorado. También nos gustaría, si es posible, que nos explicara esta incógnita.

En cuanto a la dicotomía que usted ha establecido entre vinculación y afectación de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y de la partida destinada precisamente a sufragar el beneficio de la justicia gratuita, creo que políticamente ha sido hábil por su parte establecer esa dicotomía y esa distracción, pero también debo decirle que, como usted mismo ha reconocido, son los Presupuestos Generales del Estado los que determinan cuál es la partida que irá destinada al beneficio de la justicia gratuita de la parte que viene recaudada de las tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Luego es una cuestión de voluntad política que ustedes hayan destinado solamente el 10 % de lo recaudado con la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la sufragación del ejercicio de justicia gratuita. Permítame que le diga que si eso no es traicionar lo que es la finalidad o el espíritu de la ley, estamos de nuevo ante otra contradicción. Me gustaría también que aclarara exactamente en qué consiste.

Ante el temor que nosotros mostrábamos en nuestras intervenciones de que la implantación de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional hubiera supuesto una limitación del acceso de los ciudadanos a la tutela judicial, creo que usted ha dicho que todavía no se dispone de los datos suficientes como para determinar, por el poco tiempo que lleva implantándose esta norma, si eso ha sucedido así o no. Sí ha


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hecho especial mención a que la ley aprobada por el Gobierno socialista que afectaba a la imposición de costas en el orden contencioso-administrativo sí ha supuesto una caída del 23 % de la litigiosidad en ese orden jurisdiccional y que, en consecuencia, sí podría ser que esa ley hubiera producido una limitación del acceso de los ciudadanos en este caso al orden de lo contencioso-administrativo. Podría ser. Si eso fuera así o ustedes consideran que es así, porque de algún modo me ha parecido que había cierta insinuación en que pudiera ser que esta ley sí realizara esa limitación, si esa fuera la conclusión a la que ustedes llegan, quisiera preguntarles entonces si van a cambiar esa ley porque consideran que existe una ley que no permite el acceso de los ciudadanos a un orden jurisdiccional concreto. Estas son algunas de las cuestiones principales que me gustaría que nos respondiera.

Para finalizar mi intervención sí debo hacer una mención al hecho de que si, como le decía al señor secretario de Estado, los objetivos, que también podemos compartir nosotros, son agilizar o dotar de mayor eficiencia a la Administración de Justicia, si ya con los datos ofrecidos por el señor secretario de Estado me parecía que esos objetivos eran de imposible cumplimiento, con las concreciones que usted ha realizado más las contradicciones a las que he aludido, creo que será todavía más imposible de alcanzar ese objetivo. Le agradezco de nuevo su intervención y quedo a la espera de que pueda contestar a las cuestiones que le he planteado.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que también solicitó la comparecencia del señor subsecretario, tiene la palabra su portavoz, el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor subsecretario, quiero reiterarle la bienvenida a esta Comisión de Justicia reconociendo que su intervención en este segundo trámite de evaluación del presupuesto nos ha sabido ilustrar de manera adecuada y que además lo ha hecho, a pesar de las dificultades que entraña, de una forma bien coordinada con la comparecencia de don Fernando Román. Así que, después de su excelente exposición completando con precisión las exhaustivas reflexiones sobre los presupuestos en su conjunto y sobre la justicia en particular realizadas con anterioridad por el secretario de Estado, poco más me queda que decir salvo agradecerle las aclaraciones y respuestas pormenorizadas a aquellas cuestiones que habían quedado sobre la mesa.

Destaco de su intervención dos hechos que considero especialmente relevantes. En primer lugar, que el compromiso del Gobierno con el presupuesto para el año 2014, en línea con los profundos cambios organizativos y estructurales en los que el ministerio ha empeñado todo su esfuerzo, responde al objetivo de mejorar la eficacia de nuestro sistema de justicia y, en segundo lugar, que las cuentas que nos han presentado dan cumplimiento al programa estabilidad 2012-2015 y a la nueva senda acordada en la Comisión Europea, lo que sin duda supone un esfuerzo que resulta especialmente relevante porque se produce en un momento particularmente grave por el déficit excesivo en que se encuentra España desde el año 2009.

Hecha esta reflexión inicial, y como las líneas maestras del presupuesto ya han sido previamente tratadas en ambas comparecencias y las reflexiones del debate político, al menos por mi parte, ya han tenido momento y espacio suficiente, quedando aún pendiente la interesante comparecencia del secretario general de la Administración de Justicia, voy a procurar ser muy breve en la petición de la información.

Voy en todo caso a plantearle una cuestión sobre el presupuesto que ha presentado el Gobierno en materia de política de justicia entrando, en primer lugar, en el fondo de los números que nos ha traído en esta Comisión. Me gustaría hacer algunas observaciones, en concreto, que de forma destacada podemos ver que los inevitables ajustes presupuestarios han afectado a todos los misterios y si bien el proyecto de presupuestos de justicia es uno de los que más se ha reducido en términos comparativos, vemos que también sufre una reducción global. Como nuestra preocupación para el presente ejercicio es que podamos contar con dotaciones presupuestarias suficientes para poder acometer en profundidad las ambiciosas políticas de su departamento, ¿se ha tenido en cuenta, en la distribución interna del ajuste, la necesidad de garantizar en su integridad la cobertura de la cartera de servicios y el adecuado funcionamiento del sistema público de la justicia?

Para finalizar, voy a reiterarle aquellas cuestiones que le fueron formuladas con anterioridad al señor secretario de Estado pero que se han quedado sin tratar, sin duda por tratarse de materias de técnica presupuestaria. Concretamente son dos. En primer lugar, con respecto a la partida de gastos jurídicos contenciosos, que decrece un 50 %, ¿nos podría explicar a qué se debe esta reducción? La segunda cuestión es también técnica y se refiere al capítulo 6, al programa Dirección General del Registro del


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Notariado. ¿Nos puede explicar las actuaciones que se financian con el importe cercano a los 9 millones de euros que está previsto y su efecto sobre el nuevo sistema del Registro Civil?

Termino, señor presidente. Había dicho que sería breve y lo he sido. Señor subsecretario, quiero reiterarle mi agradecimiento por sus oportunas aclaraciones y agradecerle a usted y a todo el equipo del ministerio que, a pesar de la coyuntura de crisis económica en la que nos encontramos en tiempos complicados como el presente -que también lo son para la Administración de Justicia-, hayan podido presentar unos presupuestos coherentes y responsables que, aunque algunos no lo crean, es lo que demanda la ciudadanía. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Intervienen ahora los grupos que no han solicitado la comparecencia. Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

El señor LLAMAZARES TRIGO: No había pedido la comparecencia pero, toda vez que se ha producido una suerte de réplica en vez de una presentación de las previsiones de la subsecretaría, me voy a permitir hacer una contrarréplica. Parece que la cosa no está tan hibernada como parece y, desde el punto de vista político, el Gobierno tiene interés en fundamentar sus posiciones. La oposición también, así como mi grupo parlamentario.

La primera reflexión que hace el señor subsecretario tiene que ver con una suerte de antinomia entre subincrementalismo y eficiencia. Eso podría ser si aceptáramos de partida que el nivel de recursos tanto humanos como materiales de la Administración de Justicia -o mejor dicho, del servicio público de la justicia- es el adecuado y, por tanto, que el margen que nos queda es mejorar la eficiencia de esos recursos. No parece que esto sea así si hacemos una valoración comparada con países de nuestro entorno, que tienen un nivel muy superior de recursos -al menos de recursos humanos y de calidad de los mismos- con respecto al nuestro. Me refiero a jueces, fiscales, secretarios y resto de personal de la Administración de Justicia. Por tanto, esa discusión tendría razón de ser a partir de un determinado momento, pero no en la situación actual. En términos internos, la reflexión, en mi opinión, tendría que traer consigo un elemento más a tener en cuenta, que es el proceso de reformas que está realizando el Gobierno. Algunas de ellas tienen un impacto muy importante en materia de recursos humanos. Por ejemplo, en materia procesal, ¿cree el Gobierno que el actual nivel de recursos -jueces, fiscales, secretarios- es el adecuado en términos comparativos con nuestro entorno y en términos de respuesta a las principales amenazas que existen para nuestro sistema democrático? Por ejemplo, la corrupción es una amenaza directa a nuestro sistema democrático ¿cree el Gobierno que es suficiente esa previsión para desarrollar un nuevo proceso penal, dando más atribuciones a los fiscales o creando los tribunales de garantías? Mi grupo cree que no, y también cree que eso no se puede equilibrar con la famosa profesionalización. Da la impresión de que los anteriores no eran profesionales, aunque algunos de ellos tuvieran muy buenas valoraciones por parte del Consejo General del Poder Judicial; no he visto grandes diferencias entre unos y otros en cuanto a su instrucción. Pero aceptando que es un problema de profesionalidad, ¿las peonadas -en mi sector se llaman así- son la alternativa de profesionalización? Tengo mis dudas. La reflexión debería ser más profunda y si tuviéramos mejores condiciones económicas no solo merecería la pena aumentar la inversión en tecnología o en infraestructuras, sino que en opinión de mi grupo habría que mejorar la formación, los procesos de cualificación y equilibrar el personal que está en la Administración de Justicia. Esta es la primera reflexión que quería hacer.

En relación con los registros, tras la primera respuesta del secretario de Estado y la reflexión del subsecretario, tengo la impresión de que estamos en tierra de nadie en materia de registros. Hemos tenido una situación de colapso a lo largo del año que parece que se ha resuelto, pero en estos momentos no sabemos muy bien si el objetivo que tenía el Gobierno de poner en manos de los registradores de la propiedad una parte de los registros se va cumplir. Parece ser que no están de acuerdo y que hay un rechazo de esa gestión. Da la impresión de que estamos en tierra de nadie y, en nuestra opinión, presupuestariamente también lo estamos.

Por último, con respecto a tasas y justicia gratuita, resulta interesante la reflexión, pero yo no lo he dicho en ningún momento en términos de imposición legal, lo he dicho en términos de reflexión política. Si el planteamiento es la disuasión de la litigiosidad, debería haber una reflexión por parte del Gobierno en esa materia. ¿Atribuye ahora la disuasión, e incluso una disuasión perversa en litigiosidad, al Gobierno anterior? Vale. ¿Pero el Gobierno tiene hecha alguna valoración de lo que ha significado o puede significar? No creo que la última valoración del Gobierno sea la de 2012; me da la impresión de que algunos datos


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serán más actuales. Por otra parte, en relación con los ingresos y gastos, si hay ingresos por 360 millones de euros no es sostenible que los gastos se mantengan en materia de justicia gratuita. Al menos la previsión debería ser al alza, porque se deduce del planteamiento del Gobierno que una parte de esa disuasión tiene que canalizarse a través de la justicia gratuita y, por tanto, la justicia gratuita va a aumentar. En ese sentido, llama la atención que el Gobierno no tenga datos, porque las comunidades autónomas parece que sí los tienen. Las comunidades autónomas están empezando a denunciar los efectos de la Ley de tasas y la necesidad de dotar -imagino que porque tienen un interés económico en ello- de manera más voluminosa -aunque esto sea una redundancia, porque en realidad es un recurso escaso- la justicia gratuita.

Estas son las dudas que se me han planteado como consecuencia de la intervención del señor subsecretario. En todo caso, mi grupo parlamentario sigue teniendo dudas razonables con respecto a que la creación del comité para el desarrollo del plan de acción sea el gran paso que deberíamos dar en materia de interoperabilidad y modernización del sistema judicial. Temo mucho que esa modernización va a correr el mismo riesgo que en mi sector, el sector sanitario. Llevamos hablando diez años de modernización, anunciamos una tarjeta y decimos que todavía necesitaremos otros tres o cuatro años para ponerla en marcha. A veces estamos utilizando el método en vez de los objetivos y los valores, y no es lo mismo objetivos y valores que método.

El señor PRESIDENTE: No habiendo en la sala ningún miembro más de los grupos parlamentarios que no solicitaron la comparecencia, procede dar la palabra nuevamente al señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bravo Rivera): Permítanme que empiece por la última reflexión del señor Llamazares para hilvanarla con la primera del Grupo Parlamentario Socialista. Acaba de decir el señor Llamazares que después de diez años de modernización seguimos teniendo problemas y seguimos hablando de la necesidad de articular la interoperabilidad de los distintos sistemas que soportan parte de los servicios de la Administración de Justicia en las diferentes comunidades autónomas y en el territorio del ministerio. Lleva toda la razón, y cuando alguien tiene la razón hay que dársela. Eso ocurre después de haber realizado en este mismo periodo de tiempo -diez años- el máximo esfuerzo inversor por parte del Gobierno anterior en materia tecnológica. Gran parte del incremento presupuestario se aplicó precisamente al capítulo 6, no a infraestructuras sino a modernización. Sin embargo, como luego tendrá ocasión de explicar de manera pormenorizada el secretario general, el balance es el que es. Buena parte del trabajo está ahí pendiente de ponerlo en producción y de articularlo previa revisión -que es lo que estamos haciendo- para poder ponerlo en valor. Otra parte, lamentablemente, no creo que haya servido de mucho porque, como decía el señor Llamazares, seguimos hablando de la necesidad de garantizar la interoperabilidad después de diez años de trabajo.

El señor portavoz del Grupo Socialista me preguntaba cómo podemos plantear la oficina judicial en el futuro si el desarrollo tecnológico se ha visto reducido, presupuestariamente hablando, en el presupuesto de 2013 y 2014. Los problemas para implantar la oficina judicial en toda España, más allá de los proyectos piloto que de forma más o menos óptima se han puesto en marcha, no es solo un problema de presupuesto, es un problema de coordinar el modelo de oficina judicial con la estructura del sistema judicial español. Por eso creemos que en este momento lo que hay que hacer es trabajar internamente -lo está haciendo la Secretaría General del ministerio- para que, una vez que se pongan en marcha los tribunales de instancia, que es el modelo judicial completamente nuevo que va a inaugurar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de planta, nos permita generalizar a una velocidad mucho más intensa la oficina judicial, porque es difícil casar un trabajo como el diseñado en la oficina judicial con compartimentos estancos, que es como estaba articulado el sistema judicial español, la planta judicial. Con los tribunales de instancia rompemos esa tradición, ese panorama de la Administración de Justicia española, y hablamos el mismo lenguaje en la parte de la oficina que da soporte al juez con la propia estructura judicial. De todas formas, sobre esto tendrá ocasión de hablar pormenorizadamente el secretario general, que es el responsable directo en el ministerio de la oficina judicial y del programa de modernización tecnológica de la Administración de Justicia.

Entrando otra vez en la justicia gratuita, se habla de posibles contradicciones. Dice que hemos adelantado, a través del real decreto-ley del mes de febrero, la elevación de umbrales y la extensión del beneficio de justicia gratuita con independencia de la renta de determinadas personas en función de su situación por haber sido víctimas de determinados delitos y que cómo puede ser que el presupuesto sea el mismo que el del año anterior. Dice que eso parece una contradicción, que parece que se nos ha


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olvidado presupuestarlo o que ha entrado en vigor de forma adelantada esa parte de la Ley de justicia gratuita. Tengo que decirle que, según los datos a 30 septiembre de que dispone el Ministerio de Justicia, por tanto después de seis meses de la entrada en vigor de los nuevos umbrales, el gasto es básicamente el mismo del año anterior, incluso estéticamente -digo estéticamente porque las otras son prácticamente los mismos- ligeramente a la baja. Se han elevado los umbrales, pero también hay otros factores que no somos capaces de identificar cualitativa y cuantitativamente que se están produciendo en la sociedad española. Reconozcámoslo, hay una caída de rentas importante que presiona al alza; igual que la elevación de umbrales, la caída de rentas hace que potencialmente muchas más personas puedan ser susceptibles beneficiarios del sistema de justicia gratuita. Pero también es verdad que se produce una caída de la litigiosidad como consecuencia de la caída de la actividad económica a lo largo de los últimos cinco años de forma sostenida en el tiempo. Es verdad que algunas comunidades autónomas -algunas, no todas- nos están trasladando que esa situación no se está produciendo en su territorio igual que estamos detectando nosotros que está evolucionando la justicia gratuita en el territorio del ministerio. Gestionamos cinco comunidades autónomas que yo creo que son bastante comunidades tipo, superando las diferencias que pueda tener Madrid o la Comunidad Autónoma catalana, sobre todo por los grandes núcleos urbanos. Pero, en principio, a pesar del nuevo marco que amplía objetivamente -no es cuestionable- los umbrales, y a pesar de que se produce una caída de rentas -desde el ministerio asumimos el compromiso de financiar todos los servicios de justicia gratuita que se tramiten por parte de los diferentes colegios de abogados y en modo alguno se está trasladando la presión a los propios colegiados-, no ha habido ninguna modificación ni se ha planteado por parte del ministerio, ni siquiera se ha insinuado una disminución, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, de las retribuciones que perciben los abogados del turno de oficio. No se ha planteado, por lo menos, en territorio del ministerio. Por tanto, el hecho de que se mantenga en unas tasas de gasto similares, a pesar de haber modificado la ley de la forma más beneficiosa para el ciudadano, corresponde a la dinámica de la propia actividad judicial, la propia actividad litigiosa que, como consecuencia de la crisis económica, tenemos en este momento. También le digo que es difícil de evaluar porque se ha roto la tendencia incrementalista, es verdad, pero desconocemos las razones por las que eso se ha producido, no disponemos de datos empíricos suficientes para poder llegar a conclusiones ciertas y solventes.

Cuando hacía referencia al impacto de la Ley de medidas de agilización procesal en cuanto causa de la caída de la litigiosidad, creemos que es el motivo, pero esa limitación no tiene ningún carácter peyorativo por mi parte, ni siquiera acusatorio. Creo recordar -no lo puedo atestiguar- que esa ley contó con el voto favorable del Grupo Popular. No estamos cuestionando la Ley de medidas de agilización procesal del año 2011. Sí parece que nos permite, una vez que lleva año y medio en vigor, constatar que puede ser la causante de la caída de la litigiosidad, pero no quiero identificar -lo que hacía era precisamente lo contrario- caída de la litigiosidad con la limitación del derecho a la tutela judicial efectiva para los ciudadanos. Los ciudadanos deciden acudir a la justicia en función de una serie de factores difíciles de evaluar por parte nuestra. Hay muchos factores que inciden en esa decisión, pero no las tasas, por cuanto se ha modificado el beneficio de justicia gratuita posibilitando acudir a la Administración de Justicia a aquellas familias que menos recursos económicos tienen por encima de la situación anterior. Por tanto, entendemos que ese tampoco es un motivo disuasorio. Sí puede ser un elemento que se tenga en cuenta a la hora de tomar la decisión de acudir a los tribunales para defender un potencial derecho, como lo es la Ley de medidas de agilización procesal. Caída de la litigiosidad no es equivalente a que se estén articulando o poniendo en marcha medidas que limiten el acceso a la justicia. Eso es lo que yo quería neutralizar, lejos de identificar, como se ha entendido por parte del portavoz del Grupo Socialista.

Se dice que se aplica al presupuesto de gastos del ministerio en concepto de justicia gratuita 34.151.000 euros, que es prácticamente un 10 % de la previsión de ingresos en concepto de tasas judiciales, y que eso parece poco cuando había una vinculación en el artículo 11. Vamos a ver, el artículo 11 prevé la vinculación al conjunto del sistema, incluidas todas las comunidades autónomas, y los 34 millones solo cubren el presupuesto de justicia gratuita en el ámbito de las cinco comunidades autónomas, Ministerio de Justicia. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es necesario que presupuestemos más por lo que he dicho antes. En el caso de que a lo largo del año 2014 viéramos que se produce un efecto rebote y que hay más beneficiarios de justicia gratuita y, por tanto, las certificaciones nos obligan a incrementar el presupuesto, lo haremos, como lo hemos hecho en años anteriores. Pero la situación a 30 septiembre nos indica que con este presupuesto tenemos suficiente, y no debemos hacer un análisis o una correlación entre la previsión de ingresos y lo que presupuestamos en el territorio del ministerio.


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He contestado ya al portavoz del Grupo de La Izquierda Plural en relación con esos potenciales problemas que es verdad que están anunciando algunas comunidades autónomas, y Galicia es una de ellas. Es verdad que cada una puede tener unas peculiaridades que pueden incidir, no sé si muy relevantemente o no, en el número de beneficiarios de justicia gratuita, como puede ser el tema de las preferencias en Galicia concretamente, pero la situación tipo que estamos evaluando en el territorio del ministerio con cinco comunidades autónomas es que eso no se está produciendo. De todas formas, hemos trasladado ya a las comunidades autónomas la necesidad de tener un encuentro para analizar la situación de los primeros seis meses, después de la reforma vía real decreto-ley, del anticipo de la Ley de justicia gratuita para ver cuál es la situación en los diferentes territorios y empezar a hablar de los términos en los que podemos articular esa vinculación a la que antes hacía referencia.

El portavoz del Grupo Popular me preguntaba si la cartera de servicios está cubierta. La cartera de servicios está plenamente cubierta; esa cartera de servicios está recogida en los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto del ministerio. Se han producido algunos ajustes internos entre las diferentes partidas de gastos dentro del capítulo 2; partidas como la de jurídicos y contenciosos, a las que ha hecho referencia, se mantienen, pero con potencial ampliación a lo largo del ejercicio 2014; se han hecho ajustes en partidas de gastos de funcionamiento, como los gastos de alquiler. Desde que llegamos al Gobierno hemos conseguido un ahorro de 3 millones la partida de arrendamientos de edificios en el Ministerio de Justicia. Se produce una tensión al alza en otros conceptos como el de energía eléctrica como consecuencia de la puesta en funcionamiento o la terminación de algunas obras en servicios centrales y, por tanto, hay que presupuestar la puesta en funcionamiento de ese edificio con el correspondiente gasto en energía eléctrica, pero básicamente todos los servicios que tienen cobertura en los capítulos 1, 2 y 4 están plenamente cubiertos. Por eso decía que, en el caso de que tengamos margen presupuestario a lo largo de 2015, cuando confeccionemos el presupuesto de ese año, en principio nuestra intención es aplicarlo al capitulo 6, que es donde se ha ajustado más, porque ahí podemos graduar las decisiones de gasto sin perjudicar esa cartera de servicios.

En relación con un tema técnicamente muy concreto por el que se interesaba, que era por qué decrece casi en un 50 % la partida de gastos jurídicos y contenciosos, he de decirle que es porque se ha desdoblado la partida. Con cargo a esta partida tradicionalmente se imputaban no solo los gastos derivados de salarios de tramitación -a los que he hecho referencia anteriormente- sino también los gastos de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por dilaciones indebidas, por resoluciones dictadas fuera de plazo o por error judicial propiamente dicho. Lo que hemos hecho a partir del año 2014 es separar ambos conceptos; la suma de los dos es la misma cuantía pero con una diferencia muy importante, y es que el concepto que da cobertura a los salarios de tramitación queda calificado como ampliable, de tal manera que a lo largo del ejercicio -si conseguimos agilizar esos gastos de tramitación- podremos incrementar la ejecución del gasto por encima de la previsión inicial recogida.

En relación con los conceptos a los que destinaremos a lo largo del año 2014 el presupuesto de gastos del programa de fe pública, de registros y del notariado, tengo que decirles -enlazo en esta respuesta con una reflexión del señor Llamazares- que no es cierto que el Registro Civil en este momento esté en tierra de nadie. Es verdad que en el año 2011 se adopta una decisión acertada en cuanto al fondo, que es la desjudicialización del Registro Civil. Es el servicio público dentro de la Administración de Justicia que, conforme a las memorias del Consejo General del Poder Judicial y a las valoraciones que en cualquier encuesta podemos analizar, peor valoración tiene por parte del ciudadano. Seguramente, al no formar parte de la función jurisdiccional, históricamente no han sido abordados con el suficiente rigor, no solo desde el punto de vista de la cobertura presupuestaria sino también desde un planteamiento de modernización. Es verdad que la ley de 2011 acierta en cuanto a la desjudicialización de los registros civiles, acierta en cuanto a la configuración del Registro Civil que se supera en cuanto registro de actos para pasar a ser un registro de personas donde se recoja cualquier incidencia de una persona desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pero aquella ley adolecía de un problema. Es una ley que se aprueba y publica en el Boletín Oficial del Estado en plena crisis económica, pero el legislador no resuelve la otra cara de la moneda de la decisión de desjudicializar, que es a quién encomendamos el Registro Civil. La ley del Registro Civil de 2011 soluciona aquel problema aprobando la ley en ese momento, pero diciendo que entrará en vigor a los tres años de su publicación, es decir en junio del año 2014. Eso es una forma de lanzar la pelota hacia delante para buscar una solución. Cuando llegamos al ministerio nos encontramos con que teníamos una espada de Damocles, una fecha de entrada en vigor a la que había que dar


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respuesta implementando una serie de recursos humanos y físicos desde el punto de vista de la infraestructura, de los locales donde se van a abrir esas oficinas del nuevo Registro Civil. Se preveía la colaboración de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y no digo que esa puerta esté cerrada en estos momentos, pero sí que es muy difícil pedir más sacrificios a los ayuntamientos y comunidades autónomas en el sentido de pedirles que pongan a disposición de la Administración General del Estado recursos físicos que tendrán que alquilar o construir. Desde el punto de vista del personal, no hay ninguna decisión tomada en la ley, y en eso estamos trabajando. Pusimos sobre la mesa una opción que ha tenido alguna valoración negativa, pero ninguna opción queda descartada en este momento. El colegio de registradores está actualmente inmerso en un proceso de elección de su junta rectora para los próximos años, y con el nuevo interlocutor y con otras posibilidades en las que estamos trabajando a lo largo del próximo trimestre estaremos en condiciones de poner sobre la mesa el modelo sobre el cual implementaremos o articularemos las previsiones de la ley de 2011, que es una buena ley en términos generales aun cuando requiere algunas modificaciones, alguna de las cuales ya hemos anticipado en el último Consejo de Ministros, estableciendo un mecanismo de comunicación electrónica entre los diferentes hospitales y el registro, de tal manera que no sea necesaria la presencia física para inscribir los nacimientos y las defunciones con todas las garantías jurídicas. Mientras tanto -en lo que llevamos de ejercicio 2013 y también a lo largo de 2014-, en previsión de la entrada en vigor de esa ley del año 2011, estamos trabajando desde la Dirección General de los Registros y el Notariado para establecer los pilares sobre los cuales debería configurarse ese nuevo modelo, un modelo orientado, como decía, a las personas y no a los actos o hechos que acontecen a las personas a lo largo su trayectoria vital.

Estamos trabajando en los cauces de comunicación electrónica entre el Registro Civil y la Dirección General de la Policía, toda vez que se preveía en el artículo 6 de la citada ley la conexión para asignar un documento nacional de identidad en el momento del nacimiento. Estamos también trabajando en los análisis y diseño de los sistemas de seguridad aplicables al nuevo Registro Civil, sus sistemas de respaldo, la alta disponibilidad y planes de contingencia -toda vez que pasamos a un Registro Civil de soporte únicamente electrónico-, así como los procesos necesarios para consolidar en ese nuevo Registro Civil los actuales registros de contratos de seguros con cobertura de fallecimiento y de actos de última voluntad, que en este momento son registros administrativos dentro del ministerio. Por tanto, no están en tierra de nadie aun cuando es verdad que el legislador de 2011 incurrió en un olvido -si queremos calificarlo así- o simplemente en una decisión de aprobar una ley sin los recursos necesarios para poder articularla y ponerla en funcionamiento.

Acabo ya con una reflexión también del señor Llamazares, que me preguntaba si, acudiendo a una valoración comparada, el nivel de recursos de que dispone la Administración de Justicia es el adecuado. Seguramente no, pero también es verdad que para abordar una política de incremento de recursos previamente -vuelvo a la intervención que hice en esta Comisión hace año y medio, con el primer presupuesto teníamos que abordar una serie de reformas estructurales- no sirve de nada inyectar más recursos. Hemos consolidado el presupuesto y las decisiones de Gobiernos anteriores y del nuevo Gobierno con la incorporación de nuevos jueces y fiscales al sistema. Eso está ahí y se ha consolidado. Quizá no sean los suficientes pero, antes de seguir incrementando, la experiencia nos demuestra que lo que hay que cambiar es el modelo. Ese modelo esta ya en ciernes, toda vez que está presentada una propuesta y el Gobierno elevará al Consejo de Ministros en breve un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial y de nueva planta que articula el sistema sobre unas bases completamente distintas. Sobre esas bases estaremos en condiciones en el futuro de ir adecuando el nivel de recursos a las necesidades reales, porque también se van a modificar los procedimientos -hago referencia, como lo ha hecho el señor Llamazares- a la nueva ley procesal penal o a la nueva ley de enjuiciamiento criminal.

¿Hace falta tener jueces y fiscales bien formados y bien cualificados? Evidentemente. Eso es compatible con esa disminución a la que se hacía referencia antes del presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos. La causa de la disminución del Centro de Estudios Jurídicos de este año -lo ha dicho el secretario de Estado- es consecuencia de la disminución del número de efectivos de alumnos en formación, pero los programas destinados al perfeccionamiento o la cualificación de la plantilla existente siguen celebrándose y la intención del Gobierno en el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial y ley de enjuiciamiento criminal es profundizar precisamente en la cualificación y la especialización de los jueces y de los fiscales. Por tanto, entiendo que supone romper con una serie de principios asentados tradicionalmente, pero de verdad creo -y como responsables del Ministerio de Justicia no de lo dejamos de ser del Gobierno en su conjunto- que cuando se toman decisiones de priorizar presupuestariamente


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unas políticas sobre otras, cuando se presenta un documento presupuestario, hay que garantizar esa cartera de servicios a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular. En Justicia creo que están cubiertas y es razonable; desde el Ministerio de Justicia apoyamos otras prioridades de gasto que están en otros ministerios, como puede ser Educación, donde la política crece un 10 % o la I+D+i que, en términos financieros, crece en torno al 6 %. Creo que en estos momentos el país necesita dotar e incrementar presupuestariamente esas prioridades para que la cartera de servicios quede lo más nivelada posible, toda vez que otras, como la de Justicia, está garantizada, sin perjuicio de que esos ajustes nos han obligado a aplazar determinadas decisiones de inversión. Que la actividad judicial se desarrolle en un centro, en una infraestructura judicial más o menos obsoleta, no empece para que la calidad del trabajo de los jueces sea la adecuada. En el futuro espero que podamos traer a esta Cámara unos presupuestos en los que el presupuesto de infraestructuras y el incremento de recursos del capítulo 1, con el nuevo modelo de justicia ya funcionando, sean los óptimos y nos acerquemos a los estándares comparados a nivel de otros países, pero sobre todo, y lo que es más importante, que se dé plena satisfacción a la demanda o a la esperanza que tiene el ciudadano en la Administración de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo por su comparecencia. En nombre de toda la Comisión también le agradecemos su intervención y su presencia una vez más en esta Comisión. Al igual que hicimos con el señor secretario de Estado, despedimos con todo el afecto al señor subsecretario e invitamos al secretario general de la Administración de Justicia a que se incorpore a esta mesa. (Pausa).

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SILGUERO ESTAGNAN). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001215).

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a esta Comisión al secretario general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero, que, como han hecho los anteriores comparecientes, intervendrá en primer lugar sin límite de tiempo. En consecuencia, sin más dilación, tiene la palabra el señor secretario general de la Administración de Justicia.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): Señorías, nos encontramos -lo quiero señalar desde este primer momento de la intervención- ante unos presupuestos que se basan en un importante esfuerzo de contención y racionalización del gasto, por lo tanto, continuamos con una senda que ya fue iniciada en los presupuestos del año pasado. Sin embargo, quiero destacar que desde el Ministerio de Justicia y desde luego desde la secretaría general, pese a las limitaciones que se derivan de la crisis económica, seguimos con el compromiso de continuar contribuyendo a la modificación estructural de la Administración de Justicia. La reducción de los presupuestos de este año nos sitúa -voy a referirme sobre todo al capítulo 6 y a las nuevas tecnologías; el capítulo 6 tiene también alguna implicación en el 2- en un menos 16,70 %. Por lo tanto, nos sitúa en una dotación inferior a la de ejercicios pasados, y concretamente en el capítulo 6, inversiones, que es el que nos importa especialmente, estamos hablando de 35.967.150 euros. Ante esta situación, ante este reto hay que acudir a cuatro tipos de soluciones, que son: la primera, la gestión eficiente de los proyectos y la propia relación con las empresas suministradoras. Este es un ámbito en el que siempre todos los que gestionamos dinero público tenemos que trabajar, y ahora todavía si cabe los esfuerzos están siendo mayores. En segundo lugar, estamos avanzando en la reorganización interior de la justicia. Se han hecho ya referencias a la oficina fiscal, judicial, y ahora me extenderé más sobre este punto. En tercer lugar, otra cuestión que también parece que tenía que ser lógica, pero en estos momentos de crisis todavía cobra mayor protagonismo, es la cooperación entre las administraciones públicas y la interoperatividad de los sistemas informáticos. Esta idea de que cada uno invierte o desarrolla lo suyo tiene un mal retorno cara a los ciudadanos de toda España. Por último, la colaboración con los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales) también es clave. Por lo tanto, son unos presupuestos con menor dotación, pero que buscan tener una extrapolación y una utilización conjunta de otros recursos también ajenos.

En cuanto al primer punto, la gestión eficiente de los proyectos, me remito al plan de acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2014. Pensamos, cuando lo impulsamos, que iba a tener un importante valor como herramienta para aglutinar y priorizar proyectos; es decir, no solamente como un ejercicio de transparencia para que todos ustedes sepan qué estamos haciendo, cuál


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es la priorización de los proyectos, sino también a efectos internos llevar un mayor control de en qué se estaba invirtiendo el dinero público. En este sentido, debemos decir con satisfacción que la gestión de proveedores ha dado unos grandes resultados. Me voy a referir concretamente a un ahorro que vamos a poder trasladar al año 2014, por lo tanto hemos demostrado que ese dinero no era imprescindible; estamos hablando de 4.769.900 euros. Esto precisamente nos va a permitir no tener que gastar esas cantidades en nuevas tecnologías. Si ustedes después lo desean puedo darles cualquier información sobre los proyectos concretos en los que se han efectuado los ahorros. Destacaría que el 93 % de ese ahorro corresponde a aquellos servicios que se llaman estructurales, de mantenimiento. Estamos hablando de una optimización de programas tales como la gestión de recursos humanos. En este ejercicio se ha hecho un importantísimo esfuerzo y ahora el personal de Justicia accede a sus nóminas de forma electrónica. También el CAU, la atención al usuario, es importante, así como la formación, ya que el ámbito de nuevas tecnologías para nosotros es clave, porque si no hay formación uno puede desarrollar aplicaciones pero luego su utilidad quedará menoscabada. Por último, la existencia de la comisión de reforma de las administraciones públicas, la iniciativa CORA, también nos está permitiendo beneficiarnos en este ámbito de una mejor eficiencia. Quisiera señalar aquí sobre todo que esta idea de ahorro, esta definición de los recortes, de la que se suele hablar a veces con cierta animosidad, sin embargo, si la llevamos al campo de la eficiencia, significa que estos ahorros no están afectando a los niveles de servicio.

Les voy a poner unos ejemplos. En el CAU, la atención al usuario, hemos llegado este año a 50.000 intervenciones in situ, es decir presenciales. Esto supone, por ejemplo, frente a las cifras de 2011, un 28 %, y si quieren puedo decirles las del año anterior, que también fueron superiores. Por lo tanto, subimos el control de las incidencias a nivel presencial. Por otro lado, cuando hablamos de formación no estamos hablando de una formación secundaria, estamos hablando de una formación de 17.000 usuarios; es decir 17.000 usuarios de Justicia este año 2013 han recibido formación. Esto supone un 31 % más de formación que la que se efectuó durante 2011. Por lo tanto, no hibernamos -como se ha dicho antes-, no retrocedemos sino que, por el contrario, avanzamos en determinadas cosas. En aplicaciones hemos pasado de 20 en 2008 a 138. No les quiero aburrir con datos, pero así comprenderán; solamente en el número de servidores que tenemos, hemos pasado de 462 a 1.839. Todos estos elementos (servidores, parque informático) suponen su lógica traslación a los importes que tenemos que destinar a licencias. Todos recordamos que la política de apoyo a la justicia se ha basado muchas veces en los datos del parque informático, pero hay un dato que normalmente no se suele dar y que para mí es clave, la utilización de las redes de comunicaciones en materia judicial. Ese dato es el que nos da la utilización real de los sistemas. El caudal total de la red judicial ha alcanzado la importante cifra de 15.360 megabytes por segundo, lo cual significa que en este año estamos utilizando las aplicaciones de justicia un 21 % más que en el año 2011; por lo tanto, este esfuerzo de ahorro -quiero trasladárselo y destacarlo- no significa que el servicio prestado a los usuarios de la Administración de Justicia vaya a quedar comprometido.

Además de ese primer eje, sobre el que estamos actuando, existe el segundo, la reorganización interna de la justicia. Sin duda esta cuestión está absolutamente unida a toda la reforma de los tribunales de instancia, que se ha señalado aquí, en la que la Oficina judicial, dirigida por los secretarios judiciales, no pretende ser sino un absoluto completo para una mejor defensa de la función jurisdiccional. Es cierto que la Oficina judicial se comenzó a implantar ya hace años, pero se ha visto que por no estar dotada de las correspondientes medidas tecnológicas su ritmo no ha sido el correcto. Por lo tanto, estamos trabajando en ello; estamos, por cierto, trabajando en todas aquellas ciudades en las cuales ya existía Oficina judicial, y los primeros datos son ciertamente alentadores. Todavía esta semana pasada estuve en la ciudad de Burgos, que fue conocida en su momento, junto con la de León, porque en ellas había grandes críticas al desarrollo del nuevo sistema, y ahora en este momento me transmiten tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, como los secretarios judiciales que trabajan allá como -no lo olvidemos- los profesionales de la justicia, que son el verdadero termómetro de lo que hacemos, que ya se ha producido una mejoría clara en cuanto a la resolución de asuntos, y seguiremos trabajando en ello.

Este Gobierno no ha dejado de lado la Oficina judicial, y la prueba es que después de llevar a cabo todo el proceso de implantación les anuncio que el 28 de octubre se va a inaugurar la Oficina judicial de Ceuta, que se verá seguida por la de Melilla, Ponferrada, Palma de Mallorca y por la extensión de oficina judicial al orden jurisdiccional civil en Murcia. También queremos impulsar la nueva oficina fiscal, que la vemos como un complemento de la oficina judicial, y lo importante es destacar que rompe con el modelo actual, en donde cada fiscalía es autónoma para la organización y distribución del trabajo entre sus miembros. Precisamente, quizás la idea más importante que tienen la oficina judicial y la oficina fiscal es


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buscar la especialización y la utilización de sinergias entre los diversos departamentos que actúan en un juzgado. Por lo tanto, la nueva oficina fiscal, al estar basada en esa estructura jerarquizada, va a permitir contar con un coordinador de la oficina fiscal, que va a facilitar el control y supervisión de la actividad y va a prestar el soporte requerido para la organización y gestión de los recursos de la fiscalía estructurándola en tres áreas: de apoyo a la jefatura, de soporte general y de apoyo procesal y a la investigación. Por supuesto, todo este proyecto también ha dado lugar ya a un desarrollo de los manuales de puestos, de procedimientos, de optimización y de calidad, en definitiva de todo ese material que luego convenientemente explicado a los funcionarios permite que pasen de un funcionamiento basado en una organización tradicional y abocada ya a la extinción a una organización plenamente novedosa. En este caso, vamos a comenzar por Murcia y la vamos a extender a las ciudades de Cáceres y Cuenca en un primer momento; al mismo tiempo, con estos presupuestos, con este capítulo 6, seguiremos en los sistemas informáticos del ministerio fiscal, que también nos corresponde realizar desde la propia secretaría general.

En tercer lugar, el tercer ámbito de medidas o de actuación que señalaba sería la cooperación con otras administraciones en materia de justicia e interoperabilidad. Este ámbito de la Administración de Justicia quizá sea uno en el que muchas veces la distribución competencial que hay en los juzgados ha olvidado el verdadero sentido de todo el ejercicio de las competencias, que es todo al servicio de los ciudadanos que se acercan a demandar justicia. Ahí era fundamental contar con un órgano -incluso el Partido Popular en su programa hablaba de la creación de una agencia, que simplemente por restricciones legales y presupuestarias no pudo crearse- que aspira a tener y desarrollar las mismas funciones, que es el Comité técnico estatal de la administración judicial electrónica. En ese órgano -ya se ha constituido y hemos tenido las primeras reuniones, también en el ámbito que llevó a la propia creación de la comisión para la reforma de las administraciones públicas- estamos buscando el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Sinceramente, señorías, no es eficiente que cada administración con competencias en la materia haya desarrollado las mismas aplicaciones informáticas para hacer las mismas cosas. Este órgano que en otro ámbito sería deseable aquí es imprescindible; si no, no llegaremos nunca a la interoperabilidad. Es la primera plasmación real de un órgano en el cual vamos a trabajar todos unidos, haciendo honor a que es comité técnico. Les pido a todos los grupos parlamentarios que hagan un especial esfuerzo en no trasladar otras cuestiones políticas a este órgano porque aquí de lo que estamos hablando, por ejemplo -una de las cosas que salió en las primeras reuniones-, es por qué cada una de las administraciones va a hacer sus propios modelos procesales. En cuanto a esos modelos que se aplican en los juzgados, para qué estar todos haciendo los correspondientes a todos los órdenes jurisdiccionales. Pues bien, repartámonos el trabajo, porque esos modelos pueden ser perfectamente incorporados a todos los sistemas. La Comunidad de Navarra ha ofrecido directamente todo su trabajo en modelos de documentos procesales; Aragón asume el protagonismo en la grabación de salas de vistas; la propia Cataluña también se ha mostrado dispuesta a colaborar como el País Vasco, introduciendo la figura de Lexnet, que también sería muy positivo en el País Vasco; y Andalucía también ha colaborado en este órgano. Por lo tanto, es un órgano técnico y que puede perfectamente empujar para que la consecución de un objetivo como la interoperabilidad, que ha llevado demasiado tiempo, se alcance.

En este órgano además se ha efectuado una hoja de ruta, en la cual se van a ver todos los proyectos en los que estamos trabajando todos. Eso es muy importante porque no se trata tanto de hacer ocho sistemas de gestión procesal sino de dotar de nuevas herramientas que permitan, por ejemplo, el seguimiento de los asuntos desde los despachos de los profesionales jurídicos; o que podamos, por ejemplo, cosa también novedosa en nuestro país, por desgracia, detectar las paralizaciones de los procesos y las cuantías que están juego en los diferentes proyectos. En eso tenemos que trabajar y seguro que en eso estamos todos de acuerdo en que esa estrategia debe ser común. Además este comité impulsa una idea básica, la reutilización de componente de software. Todos sabemos que hay algunos programas que están más o mejor desarrollados que otros, pero todos los programas necesitan a su vez de nuevas actualizaciones, de nuevas versiones con cargo al dinero público. Pues bien, lo que queremos es elegir respecto de cada uno de los módulos cuál es el que está en una mejor situación, compartirlo entre todos y, por lo tanto, que nuestros esfuerzos inversores sean menores. Eso justificaría también que el presupuesto de este año pueda ser inferior.

En cuanto a los proyectos, dentro también de este tercer campo de la interoperabilidad, proyectos que ya estamos haciendo y para los que necesitamos este apoyo presupuestario, tenemos en primer lugar la evolución del expediente judicial electrónico. Es un proyecto en el que ya se trabajó e incluso se inauguró


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al final de la anterior legislatura; pero ahí sin duda las mejoras han sido evidentes, porque hemos desarrollado un cargador de expedientes administrativos para que no haga falta digitalizar tanto. Anteriormente el modelo estaba basado en la digitalización y nosotros intentamos que la digitalización se vaya reduciendo. Además ese cargador, que hace que la información pase de forma electrónica de un ministerio a los tribunales de justicia, ahorra mucho dinero público; por otro lado, la digitalización no tiene mejor rendimiento.

Tengo la satisfacción de señalarles que, después de haber estado estabilizando durante este tiempo y con estos presupuestos inferiores en cuantía pero no en eficiencia; después de haber estado estabilizando el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional, ahora ya estamos en disposición de ir completando -concretamente en la sala de lo contencioso-administrativo- para el mes de marzo. Les voy a dar unos datos. Si en el año 2011 se incoaron de forma electrónica 13.708 expedientes judiciales, únicamente fueron terminados 8.683; era muy inferior el número de lo que se podía terminar o tramitar que el original. Me podrían decir ustedes que es porque era al principio. En este momento, de 10.946 que están entrando en el año 2013, hemos terminado 17.029 definitivamente. Les voy a dar otra cifra, el número de trámites que se podían hacer electrónicamente fueron 55.000 en el año 2011 frente a los 188.220 que llevamos este año. Para entendernos y resumiendo, cuanta más tramitación electrónica haya, más electrónico es el expediente. No basta un expediente en el que simplemente recibamos la información de forma electrónica y luego no dictemos la sentencia en plazo.

Otro tercer supuesto en el que hemos entrado -sigo también en este ámbito de la necesidad de cooperar- es lo que hemos llamado sistema integrado de justicia, SIJ. Es muy importante que vean claro sus señorías que no estamos hablando de hacer un sistema de gestión procesal más, porque estaríamos cayendo en el mismo problema que queremos combatir; no, lo que pretende este SIJ, precisamente con esa I de integrado, es complementar los diferentes sistemas de gestión procesal. Tenemos ya un antecedente interesante; el programa Lexnet, que ha sido suministrado por el Ministerio de Justicia, se utiliza en otras comunidades autónomas sin ningún problema. Si estamos utilizando productos muchas veces sometidos a licencia y que están en manos privadas, cómo no vamos a ser capaces de reutilizar lo que se ha pagado con el dinero de los impuestos de los españoles. Podemos, debemos y estamos además queriendo impulsarlo al máximo. Así, estamos trabajando totalmente e integrando todos los módulos y, eso sí, respetando el esquema nacional de interoperabilidad y el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia, es decir, cumpliendo esos requerimientos. Por supuesto, todas las comunidades autónomas que forman parte del Comité técnico estatal están llamadas a verse beneficiadas de todo esto; por lo tanto, con menos dinero, pero con un mayor número de beneficiarios del servicio público. Por otro lado, como estamos ya trabajando en ello -estas son realidades que se están llevando a cabo; incluso hemos escogido trabajar no en un gran tribunal sino en tribunales más pequeños, donde verdaderamente hace falta intervenir-, una vez que veamos que ese sistema funciona, la exportación al resto de los tribunales será más sencilla. Hay que hablar de realidades funcionando, no de realidades publicitadas y que no podían funcionar. Este tema del SIJ es importante en lo relativo al registro y al reparto. En España en este momento no hay una forma homogénea de registrar y clasificar los asuntos. Ahí está el cáncer de la estadística judicial que se da en nuestro país. Si se habla de situaciones distintas, difícilmente se va a poder dar parámetros homogéneos.

Por otro lado, el gestor de plantillas, el editor documental, la propia interoperabilidad judicial basada tanto desde el punto de vista sintáctico como semántico, todo eso es lo que va a permitir que la interoperabilidad sea una realidad ya y comienza a tener las primeras aplicaciones. Concretamente, una de las claves para reducir la digitalización es la presentación telemática de escritos. Ya, en este momento, en Cáceres, tenemos operativa la presentación de escritos, entre los que debemos distinguir entre escritos iniciadores y de trámite. Los escritos de trámite están plenamente operativos y en los iniciadores tenemos un plazo estimado de tres meses para que comience. Esa es otra de las claves, todo lo que nos llegue de los profesionales al entrar en forma electrónica ya no exige la transformación y el gasto que se hace de dinero público, como ocurría con el anterior sistema.

Por último, haré una breve referencia a la interoperabilidad y el papel que España tiene que tener, debido a que hay tantas aplicaciones en nuestro país. Nos hemos posicionado también en proyectos internacionales de interoperabilidad, donde nos reconocen, por cierto, un papel preponderante. En este sentido destacaría el proyecto iCodex, no solo porque además se ha convertido en una fuente de financiación -no aparece en ese caso en el presupuesto como tal-, sino porque además nos ha permitido liderar, junto con Austria, la capa de transporte que permitirá la transmisión de datos y documentos entre


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autoridades judiciales para cada uno de los pilotos del proyecto. Así estamos funcionando ya España, Austria Italia, Estonia y Alemania. Ser, por lo tanto, partícipes impulsores de la interoperabilidad en Europa va a ser nuestra mejor carta de presentación para hacer eso mismo también en nuestro país.

Quisiera destacar la colaboración con los profesionales del derecho (abogados, procuradores y graduados sociales). En este sentido estamos impulsando un acuerdo marco de colaboración que ya tiene previsto tanto la presentación de escritos y notificaciones telemáticas como las notificaciones. El sistema Lexnet en este momento -hemos de ser conscientes de que se están haciendo avances importantes en esta materia- tiene ya 45.000 usuarios y -una buena noticia- estamos llegando ya en torno a las 200.000 notificaciones electrónicas al día; por lo tanto, estamos hablando de 40 millones de notificaciones al año. A este respecto quiero destacar dos cosas. La primera, que solo en el año 2012, a través de los cambios que hubo que efectuar a este programa, conseguimos que se disparara en un 81 % el número de notificaciones; no fue un crecimiento normal, estoy hablando de un 81 %. La buena noticia es que la semana pasada ya hemos conseguido efectuar todas las del año pasado ya incrementado. Es decir, estamos hablando de notificaciones electrónicas, de personas que no se tienen que acercar a nuestros tribunales de justicia, y además pueden conciliar mejor forma de vida familiar con su desarrollo y actividad profesional y supone un ahorro indudable en material de correo. Si tenemos en cuenta que el envío medio en material de correo de los escritos judiciales ronda los 2,05 euros, en definitiva con este sistema estamos contribuyendo a un ahorro de unos 110 millones de euros. En algún momento se nos dice que son presupuestos escuálidos, sí, pero muy eficientes; deberíamos reconocerlo todos. Además de los abogados, de los procuradores, estamos entrando, por supuesto con los propios graduados sociales, porque no tenemos que olvidarnos de ninguno de los profesionales de Justicia, ni siquiera de otras profesiones que a veces son un poco menos internas a los tribunales, como sucede con los notarios y con los registradores de la propiedad. Los notarios se han incorporado ya al registro de apostillas electrónicas, lo cual significa que nuestro país se ha convertido por parte de la Conferencia de La Haya en un referente, incluso nos ayuda mucho en materia de internacionalización; significa que ciudadanos de otros países, simplemente utilizando el programa que se ha desarrollado en España -que ya llevaba equis tiempo funcionando, pero que a través de integración de nuevas autoridades hemos unificado-, sustituyan las antiguas legalizaciones por las apostillas, y además por las apostillas electrónicas. Si estamos hablando de un convenio como este, que tiene más de 104 países que lo han ratificado, significa que España está liderando un proceso fundamental de seguridad jurídica a nivel internacional.

Por otro lado, se ha hablado mucho a lo largo del año del Plan intensivo de la nacionalidad española, que ha sido llevado además en colaboración con los registradores de la propiedad. Evidentemente, desde el punto de vista público, nos alegramos mucho de que haya existido esa colaboración y, sobre todo, de los resultados obtenidos. Quiero poner en valor que no se hubiera podido hacer sin un trabajo de la secretaría general, por ejemplo en cuanto a los antecedentes penales. Los antecedentes penales han sido consultados de forma masiva a través de unos desarrollos que hemos tenido que hacer. A 4 de octubre tenemos ya 438.389 antecedentes penales que se han podido consultar. Lo digo porque en estos proyectos en los que intervenimos diferentes instancias es fundamental que no perdamos la idea de que no es cuestión de que seamos eficientes solo un paso, sino que todo, hasta la jura, funcione bien y a tiempo. Por lo tanto, creo que aquí la colaboración público-semipúblico ha sido positiva.

Otro proyecto del que les quería hablar es el portal de la Administración de Justicia, porque no se nos tiene que olvidar la cercanía de los ciudadanos. Desde febrero, hemos impulsado un portal en el que queremos que todas las administraciones competentes, más allá de cual sea el ámbito de su competencia, puedan poner a disposición de los ciudadanos los servicios a través de ese portal. Por ese portal precisamente los ciudadanos acceden a sus nóminas, también los secretarios judiciales acceden a las bases de datos, concretamente la de decretos, que hemos impulsado también con los presupuestos. Después de estas más de 600.000 visitas que lleva desde su inauguración, el 25 febrero 2013, y de más de 3.100.000 páginas vistas, tenemos una aplicación a la que queremos dar un especial protagonismo -hablo desde el punto de vista de la sensibilidad social que entraña-: la aplicación de víctimas del terrorismo. Aquella reivindicación histórica de las víctimas del terrorismo que tenían que conocer qué es lo que había pasado en los casos en los que se vieron envueltos. Ya en este momento les puedo decir que estamos hablando de más de 194 expedientes que afectan a víctimas del terrorismo, que han permitido algo que era simbólico -y lo hemos hecho con ellas y no nos vamos a quedar ahí-, que es que puedan acceder a las máquinas de justicia, que vean lo que pasa en las máquinas de justicia. Pues bien, el mismo programa, como comprenderán, lo vamos a reorientar no solo para sustracción de bebés robados, en los


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que ya está funcionando, sino también para que se convierta en ese escritorio de los abogados y de los profesionales de justicia para que puedan hacer seguimiento de sus procesos.

Quería también, señorías, aprovechando esta intervención, ya que hoy estamos hablando de presupuestos y por lo tanto de importes económicos, referirme a la influencia que tiene la justicia en el crecimiento económico. Somos conscientes todos nosotros de que estamos hablando de un servicio público esencial, pero también es verdad que estamos hablando de cifras y, por tanto, cifras con cifras se justifican. Aquí les quiero recordar en primer lugar que desde Justicia se gestiona la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, que tiene un saldo medio -concretamente tengo el dato de 30 septiembre- de 3.314 millones de euros, 3.314 millones de euros incluso después del paréntesis vacacional, es decir, estamos hablando de unas oscilaciones de entre 3.300, 3.600, gestionados por los secretarios judiciales, y esa cuenta nada más y nada menos que ha generado, solamente durante 2012, al Tesoro unos intereses de 110.789.550 euros, eso se ha generado como ingreso al Tesoro. Además, en los dos primeros trimestres de este año ya llevamos casi 80 millones de euros. De esos intereses y de la posible generación de crédito derivada de los mismos probablemente igual tengamos que hablar, si no en estos presupuestos, en los próximos.

Quería destacar también el tema de las subastas electrónicas, porque somos conscientes de que hace falta. Ha sido precisamente publicado ya y el otro día lo anunciaba la vicepresidenta, se quiere extender a las subastas electrónicas. Por supuesto que es un proyecto muy interesante porque además se va a hacer conforme al espíritu de la CORA y se va a proceder a su celebración en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Quiero señalar aquí que desde los propios sistemas de justicia tenemos que hacer que esa plataforma no aparezca como algo desagregado del propio funcionamiento del sistema de gestión procesal y ahí les digo que desde julio también hemos invertido parte del presupuesto en que haya anuncios de subastas en el portal de la Administración de Justicia. Cuanta más transparencia en materia de subastas, los valores de adjudicación serán más reales y evitaremos algunas prácticas que se han dado en el pasado. De conformidad con lo que ha aprobado el Consejo de Ministros el 4 octubre 2013, anticipo que ya estamos en disposición desde el Ministerio de Justicia de cumplir con esa indicación.

Por otro lado, para poder hablar de estas cifras económicas hay que destacar que en España no se ha efectuado un estudio de los importes que figuraban en los pleitos y queremos trabajar sobre ellos, porque todos tenemos la intuición de que estábamos hablando de cifras importantes -la cuenta de consignaciones a la que he aludido así lo demuestra-, pero no se había hecho un estudio amplio de cuáles eran esos datos. Pues bien, hemos realizado diferentes técnicas estadísticas, hemos partido de algunos juzgados de muestra, lo hemos hecho hasta de tres formas distintas y les puedo decir que efectivamente estamos hablando de entre unos 19.000 y 21.000 millones solamente en la jurisdicción civil; en la contencioso-administrativa, por el propio funcionamiento de la jurisdicción, que saben que la ejecución la lleva la propia Administración, las cuantías que aparecen son más pequeñas y estaríamos hablando de 2.100 millones, y en social también estamos hablando de una cantidad similar. Es importante destacar las cuantías que están en los pleitos, porque aparejado al circulante, a la velocidad de circulación del dinero, estarán conmigo en que cuanto más adelantemos las ejecuciones judiciales, mejor. En un 64 % lleva más de un año conseguir el cobro. Los legítimos destinatarios de ese dinero son los ciudadanos y ciudadanas de este país. En consecuencia, todas las medidas que vayan en la vía de agilizar esas ejecuciones van a permitir inyectar unas cuantías importantes al sistema económico, por lo que es otra cuestión clave.

Otra cuestión que quería señalar para conseguir esa eficiencia de los presupuestos es la propia vía de los fondos europeos, la de los convenios Feder, que ya han existido tradicionalmente, y de hecho hay un convenio marco que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. Es un convenio que se hace con la entidad Ius+red como garantizadora de los fondos, y ese convenio marco, además de convenios específicos, ha servido para que el Estado tradicionalmente haya llegado a acuerdos con las comunidades autónomas y haya ayudado. Pues bien, nosotros ahora ya no ayudamos en dinero, primero porque no lo tenemos y, segundo, porque cuando se ayudó en dinero -también hay que decirlo- a veces fue para pagar los contenidos incompatibles. Por lo tanto pensamos que la vía correcta de hacerlo es a través de aplicaciones que estén gestionadas y controladas por lo público, que es muy importante, y ya ha habido alguna dificultad a veces con algunas compañías privadas que han querido intervenir por ejemplo en materia de salas de vistas, etcétera. Nosotros queremos tener todos los códigos fuente en lo público y eso abrirlo a todas las comunidades que deseen participar.


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Además de ese convenio que ya existía y del que les puedo dar los datos: fondos Feder lograba el 40 % del total del convenio y desde el ministerio se han ido poniendo 6,96 millones, a los que las comunidades autónomas han añadido otro tanto, tenemos ahora un nuevo escenario más positivo y que hemos comenzado a explorar con la Comunidad Autónoma de Galicia. Concretamente el 26 de abril de 2013 firmamos un convenio para la coordinación estratégica y desarrollo de servicios avanzados en el ámbito de las tecnologías de la información y aquí pasamos a unos fondos Feder del 80 %. Es decir, la eficiencia en la gestión de los recursos que nos llegan de fuera también es una de las causas por las cuales podemos minorar los presupuestos, por razón de la responsabilidad que nos corresponde dada la situación del país. Por lo tanto, esos 5 millones de euros que entran vía 80 % de fondos Feder y 20 % de la aportación de la Xunta de Galicia se han podido conseguir gracias a que el Ministerio de Justicia y el de Industria han avalado esa operación con la condición de que lo que se desarrolle en Galicia sirva en todos los demás lugares de España.

En estos presupuestos nos gustaría seguir con esa misma tónica y verán que hay una pequeña partida, 230.000 euros, que el año 2015 se convertirán en 898.000. Seamos conscientes de que ahí existe un factor de multiplicación como consecuencia de esos fondos Feder. Por ello hemos querido tener una cuantía ahí, porque eso, más el 80 % que nos llegue de Europa, nos va a permitir conseguir 2,6 millones de euros que van a ser utilizados para Extremadura y Castilla-La Mancha, pero con la misma idea de que lo que se haga ahí sirva para todos. Así pues, es una buena noticia para todas las comunidades autónomas de España.

Ya concluyo, señorías, no quiero extenderme más. Somos conscientes de que la inversión y la modernización tecnológica es fundamental. Sin un esfuerzo en esta materia la modernización de la justicia no puede avanzar. Somos conscientes, porque así son las circunstancias del país, de que la dotación es la que es, pero estamos haciendo un ímprobo esfuerzo para conseguir una ampliación de las partidas, y en este sentido verán que con todo esto que les he dicho, que son medidas concretas medidas y medidas que ya hemos puesto en marcha, se pueden conseguir esos mejores resultados.

Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien plantearme. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Esta comparecencia, como decíamos, ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y en consecuencia le corresponde a este grupo la intervención en primer lugar. En su nombre, su portavoz la señora Escudero tiene la palabra.

La señora ESCUDERO BERZAL: Le agradezco al secretario general para la Administración de Justicia que esté aquí compareciendo a petición del Grupo Parlamentario Popular. Un año más parece que somos el único grupo interesado en conocer de primera mano el presupuesto de la sección 13 y en concreto el capítulo 6, que, como bien saben, desarrolla un ambicioso programa para la modernización de la justicia. Hemos salido de la recesión pero no de la crisis, como dijo el presidente del Gobierno; por ello y con el objetivo de conseguir la recuperación económica y la creación de empleo, es necesaria, entre otras medidas, como muy bien ha dicho usted, la contención del gasto público y gestionar de manera más racional y eficiente los recursos públicos. Por ello, a nadie puede extrañarle, salvo por pura demagogia, que el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia también haya disminuido este año, pero con menos recursos no nos cabe ninguna duda, señorías, que se hará más, y nos cabe duda porque este año -en el anterior ejercicio- ya lo han hecho.

Es de destacar la apuesta de este Gobierno, aun en época de escasos recursos, por la modernización de la justicia. La Administración de Justicia del siglo XXI demanda agilidad y rapidez y el Gobierno demuestra que lo tiene como objetivo cuando destina recursos económicos -no todos los que nos gustaría- un año más a este fin. Una justicia ágil y rápida contribuye en gran medida a solucionar también, como muy bien ha dicho, la crisis en la que estamos. La seguridad jurídica será mayor y esto siempre da estabilidad y confianza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Señorías, tras la intervención del secretario general, poco más podría añadirse, salvo felicitarle a usted y a todo su departamento por el trabajo realizado. Ya he dicho antes -creo que es digno de volver a mencionarlo- que cuando se quiere se puede y usted nos ha demostrado que con menos recursos están haciendo más, mucho más, en la realización y ejecución del Plan de acción de la Administración de Justicia 2012-2014. Nos ha quedado muy claro que no se trata de un plan más, sino del plan necesario para que la justicia supere los problemas de anquilosamiento que venía arrastrando. Con los resultados que ha ido desgranando en su intervención demuestra que la elaboración de cada uno de los objetivos contenidos en ese plan responde a un trabajo riguroso y responsable y a una absoluta coordinación entre


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la secretaría general y el resto de subdirecciones y que realmente se analizaron con profundidad y rigor todos y cada uno de los proyectos que se plantearon.

Todos los indicadores que nos ha relatado dan como resultado que se están dando pasos muy firmes en la modernización de la Administración de Justicia. En la evolución del parque informático, en la evolución del servicio de producción, en la evolución del servicio de comunicación y en la evolución del servicio de calidad y del servicio de información, los resultados son tan abrumadores en cuanto no solo a su implantación sino -si me lo permiten- en cuanto a su excelente implantación que nos sentimos realmente obligados a felicitarles y a animarles a que sigan con este nivel de eficiencia en los resultados. Solo una muestra como ejemplo -usted ya lo ha resaltado, pero creo que hay que recordarlo-. En cuanto al programa Lexnet, cuyo desarrollo anunció el año pasado, programa clave en la agilidad y modernización del servicio público de la justicia, hay que destacar que el número de notificaciones entre 2008 y 2013 se ha incrementado en un 2.116 %, que el número de certificados expedidos por el ciudadano desde el portal de justicia se ha incrementado en 200.000 más y que el número de certificados expedidos a otras administraciones públicas, esto es, la muestra de la tan necesitada interoperabilidad entre administraciones, se ha incrementado en 1.408.015 más, pasando de cero a esta cifra. Es una muestra clara del trabajo realizado por este departamento y de que la modernización tecnológica de los sistemas de información y comunicación de la Administración de Justicia empieza a ser una realidad. Este plan ha sido diseñado no como un parche a un problema, sino como una de las piezas claves dentro de la estrategia de racionalización de estructuras, procedimientos y recursos del programa de reformas del Gobierno de España.

Después de su detallada información, no son muchas las cuestiones o dudas que nos pueden surgir; no obstante, nos gustaría que nos explicara con más detenimiento lo siguiente. Qué valor añadido tiene el sistema integrado de la justicia para la Administración de Justicia en comparación con los tradicionales sistemas de gestión procesal y qué representa -aunque ya nos ha hecho una breve referencia sobre ello- el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y cómo se enmarca en la estrategia de cooperación con los operadores judiciales y administraciones públicas con competencia en materia de justicia, y en especial -creemos que hoy es muy importante- cómo se está materializando la colaboración con las comunidades autónomas.

Ya ha hecho el balance del registro de víctimas del terrorismo que se puso en funcionamiento el pasado mes de enero y por eso no voy a preguntarle sobre lo mismo, pero creo que hay que destacar uno de los temas estrella de este plan, el de la nueva oficina judicial y la nueva oficina fiscal y la reoptimización de las oficinas judiciales, que tiene como objetivo la definición e implantación del modelo de nueva oficina judicial para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la distribución y gestión del trabajo en los órganos judiciales, igual que el análisis del funcionamiento de las oficinas judiciales desplegadas con el objeto de identificar carencias y limitaciones para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las mismas. Estamos, señorías, como ustedes bien saben, en el X aniversario de la primera regulación de la nueva oficina judicial, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003. ¿Podría decirnos qué datos tiene ahora que nos puedan hacer pensar que por fin la nueva oficina judicial va a ser una realidad?

Quiero acabar, señorías, haciendo un llamamiento a todos los que estamos aquí. Si bien es cierto que la principal carga de responsabilidad la tiene el secretario general y su departamento en lo que a modernización se refiere, también es necesario que entre todos colaboremos para llegar a acuerdos y tender puentes para dotar a España de una justicia moderna.

Muchas gracias por su presencia aquí hoy, señor secretario general. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno a los grupos que no han solicitado la comparecencia. En nombre de La Izquierda Plural, el señor Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Solamente quiero agradecer la comparecencia.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Señor Silguero, bienvenido a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Socialista e igualmente le agradezco su intervención, como a las personas que le han precedido en el uso de la palabra. Quiero comenzar diciéndole que me ha llamado gratamente la atención que se haya referido a la oficina judicial como oficina judicial y no como nueva oficina judicial, porque llega un momento en que el apelativo de nueva a una oficina judicial que lleva diez años tratando de implantarse chirría un poco. Aprovecho para sugerir que, ya que hablamos de la nueva oficina fiscal, a lo mejor sería


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semánticamente más correcto hablar de la futura oficina fiscal, porque lo de nueva suena más bien a cuando algo está implantado y es reciente, y creo que en este caso no se corresponde con la oficina fiscal. Más allá de esto, que es una mera anécdota, quería mencionar que me ha resultado chocante que en su intervención, dentro de la responsabilidad que usted tiene, en que es fundamental en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia la modernización tecnológica de la misma, que es una de las grandes lacras y preocupaciones que asolan a la misma desde hace mucho tiempo, y sin duda alguna es una tarea complicada la suya, como le decía, me ha llamado la atención que no haya hecho mención a la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia, una ley que, como usted sabe, lleva ya un tiempo vigente. La primera pregunta que le planteo es cuáles son las previsiones de su área concretamente en cuanto a la implantación de la citada ley, por cuanto la misma hace referencia a muchas de las cuestiones que hoy aquí se han suscitado; como dice su propio título, al uso de las TIC o de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y especialmente también a la cuestión de la interoperabilidad, otro de los grandes problemas o uno de los problemas concretos dentro de esa modernización.

Otra pregunta que quería plantearle se refiere a si usted podría facilitarnos los datos de los recursos asignados precisamente a la implantación de la oficina judicial y de las unidades administrativas y especialmente del proceso de evaluación y en particular del apoyo técnico a la comisión de implantación de la oficina judicial. Me gustaría saber cuáles son los recursos con los que cuenta su área y si tiene datos comparativos con respecto a otros ejercicios pasados.

También me gustaría saber si tiene datos relativos a los recursos en materia de gestión del registro central de penados, del registro de rebeldes civiles, del registro de sentencias firmes de menores, así como también del registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica. Soy plenamente consciente de que a lo mejor algunos de los datos que le estoy solicitando son muy concretos y que quizás ahora, por una cuestión de tiempo, no puede acceder a los mismos. En cualquier caso, le agradecería que nos los pudiera hacer llegar a la Cámara, sin perjuicio de que este diputado lo solicitará de manera formal para que su departamento pueda cumplir con esta cuestión.

Usted ha citado la puesta en marcha de la comisión permanente del Comité estatal para evitar las duplicidades en los sistemas informáticos y quiero decirle que me parece una buena iniciativa sin duda alguna, porque todo lo que constituya eliminar duplicidades solamente puede ir en beneficio de esa eficacia deseada por todos. Ahora bien, también quiero mencionarle que la nota de prensa que facilitó el Ministerio de Justicia al respecto hacía referencia a que la misma no supone ningún coste económico, lo cual también es una buena noticia sin duda, pero se basa fundamentalmente en la voluntad de cooperar entre todas las administraciones públicas utilizando sus propios recursos. La pregunta obligada que le tengo que hacer en este aspecto es si cree que bastará solamente con la buena voluntad para garantizar el funcionamiento de la interoperabilidad o si por el contrario hará falta finalmente alguna dotación presupuestaria para su cumplimiento.

Ha hecho menciones repetidas a la eficiencia que persiguen estos Presupuestos Generales del Estado, haciendo también hincapié en que la misma es posible con menos gasto. Creo que, como sucede con todos los ejercicios presupuestarios, tendremos que esperar a ver si, efectivamente, con esa reducción en las partidas que ya hemos mencionado de manera profusa a todos los intervinientes hay una mejora de la gestión y en consecuencia de la eficiencia, o, por el contrario, como muchos nos tememos y sospechamos, va a ir en detrimento de la misma.

Para finalizar mi intervención, porque le he pedido bastantes cosas y también se está agotando mi tiempo, en relación con la referencia que usted ha hecho a que el portal de la Administración de Justicia permitía una cercanía de la Administración de Justicia a los ciudadanos, algo que me parece absolutamente loable, aprovecho para decirle -ya que no se lo he podido manifestar por cuestiones de tiempo al señor secretario de Estado ni al señor subsecretario- que, si ese es el objetivo que perseguimos, si lo que perseguimos es la cercanía de la Administración de Justicia a los ciudadanos, ya que ustedes han dicho que respecto a la Ley de demarcación y planta judicial no tienen todavía tomadas decisiones concretas sobre la supresión de los partidos judiciales y de las audiencias provinciales, no habría un mejor acercamiento de la Administración de Justicia a la ciudadanía que la no supresión de los órganos a los que me he referido.

Finalizo agradeciéndole los datos que nos ha facilitado, así como su intervención, y pidiéndole que, si puede, nos informe sobre las cuestiones que le he planteado.


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El señor PRESIDENTE: No habiendo más portavoces de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia, le damos la palabra nuevamente al señor Silguero.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a todos los intervinientes la cortesía que tienen hacia mi persona de aceptar estas explicaciones que les estoy dando, porque, en definitiva, el ánimo que a ustedes y a nosotros nos anima a seguir trabajando es precisamente ponerlas en conocimiento de los ciudadanos, y nada mejor que a través de sus representantes en esta Cámara.

Entro a las preguntas que se han hecho, varias y de diverso grado de concreción. En primer lugar, respecto al propio sistema integrado de justicia, pensamos que es la vía, sobre todo en un momento en que al Ministerio de Justicia le sucede lo mismo que les tiene que estar sucediendo a todas las administraciones. Si algún sentido tiene el capítulo 6, de inversiones, es precisamente invertir en algo que sea nuevo y que tenga retorno para el ciudadano, y si los diferentes actores que tenemos que gestionar el capítulo 6 no hablamos entre nosotros, difícilmente vamos a alcanzar ese resultado apetecido. El SIJ por tanto pretende ser eso, pero como es un planteamiento modular, y esto es importante señalarlo, soy consciente de que el tiempo va transcurriendo y, en definitiva, habrá unos módulos que sean más fáciles de implementar y otros que tarden más tiempo, pero todos los que gestionamos lo público nos podremos dar por satisfechos si conseguimos que algo que ha salido del pago de dinero público pueda revertir no solo a la población que constituye la base poblacional de esa entidad pública, sino a toda España, y algún día a toda Europa, porque por ejemplo Lexnet ya fue objeto de un premio por parte de la Unión Europea, que nos concedió la Balanza de Cristal el año pasado, y hay países que se han interesado también por él. Por tanto, el SIJ pretende conseguir toda esa cooperación.

El comité técnico estatal tiene importancia sin duda desde el punto de vista del principio de eficiencia. Tiene una relación directa en este sentido, como decía el portavoz del Grupo Socialista. En definitiva, la Ley 18/2011 marca nuestro camino. La propia existencia y creación del comité estaba prevista en esa ley. Por tanto, esa hoja de ruta a la que me refería lo que pretende es marcar cuáles son los proyectos que se van a hacer para que, en el plazo de cinco años que tiene dispuesto esa ley, podamos llegar al apetecido sistema único, donde el expediente judicial electrónico no sea algo ajeno a la gestión procesal, sino que esté incorporado a la misma. Por tanto, plena presencia de esa ley y esperamos cumplir los plazos debidos.

En cuanto a los recursos destinados a la oficina judicial, le podré dar muchos datos concretos. En este momento, para esas implantaciones de las ciudades concretas de las que estábamos hablando estamos en 1.104.425 euros, pero, a la hora de establecer comparaciones con momentos anteriores, también les debo decir una cosa. Los propios procesos de implantación muchas veces se hacían ex novo, manuales, se hacía desde una formación que no partía de una experiencia ya acumulada. También aquí reutilizamos muchísimo, por tanto no le extrañe que las cifras sean mucho más pequeñas. Le voy a poner un ejemplo. Antes se hacían videos divulgativos de explicación, se hacían hasta tebeos para acercar la realidad de la oficina judicial a los niños. Como nos encontramos con que muchos de ellos estaban sin repartir, ahora nos dedicamos a reutilizarlos. Entonces es difícilmente comparable. La cifra de ahora, créame, sí es suficiente para poder avanzar en oficina judicial en las ciudades que estamos diciendo que la vamos a implantar, porque precisamente se ha hecho el cálculo desde esa realidad, desde las necesidades reales.

En cuanto a los recursos que se han destinado al Siraj, la cantidad prevista es de 1.482.711 euros. Podríamos decir que supone una rebaja importante, pero es verdad que muchas de las aplicaciones o de las conexiones que Siraj requiere para poder trabajar son las mismas que las que se han aplicado para otros ámbitos. Por ejemplo, una de las posibilidades que tenemos en este momento a través de la colaboración con el Ministerio del Interior -y por tanto evitando repercutir en Justicia cosas en que ya ha trabajado otro ministerio- es tener conexiones directas. Estamos trabajando en ese tipo de cosas. Es decir, Siraj también ha sido un sitio donde se pueden efectuar recortes importantes sin penalización de los proyectos. Me remito de todas formas a que en el plan que tienen a su disposición y sobre el que ya hemos hablado verán incluso las variaciones que vamos efectuando y los temas concretos. Estamos trabajando ahora en materia de requisitorias, y en las órdenes de busca y captura queremos proceder a una digitalización que lleve a saber quiénes están en cualquiera de los juzgados pendientes de una orden de esas características. Dentro de este ámbito, también se puede hacer más con menos.

¿Bastará la voluntad de cooperar? No, pero frente a la voluntad está la responsabilidad de no hacerlo. En este comité técnico, desde la primera reunión, nos hemos encontrado socios, por así decirlo, que


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tienen muchas ganas de colaborar y algunos otros que están un poco más pendientes de ver qué es lo que sucede. Cada uno sabrá, en el ámbito de sus competencias, cómo actúa. Creo que tiene muy mala venta ante los ciudadanos de una comunidad autónoma que se diga que no se quiere recibir gratis del Estado una aplicación informática que va a evitarle tenerla que desarrollar con sus propios presupuestos. Confiamos en que sea no sé si todos o parte, pero cada uno de esos ámbitos que se vayan sumando al esfuerzo -he citado unos cuantos antes-, esas administraciones estarán ahorrando dinero y, por tanto, también serán más eficaces, y las que no lo hagan tendrán que responder ante sus propias Cámaras.

En cuanto a si es suficiente o no, ojalá nunca caiga en el pecado de la complacencia. Es decir, lo público es como una lucha permanente, tener que trabajar muchas veces con unos medios más escasos de lo que debieran, pero, frente a eso, lo hacemos con una vocación de servicio al ciudadano mucho más amplia. Lo que sí les puedo decir es que los pasos que se están dando son correctos y estoy dispuesto a venir cuantas veces sea necesario a explicarles cualquier proyecto concreto. Detrás de esto está el trabajo de muchos hombres y muchas mujeres, que son del Ministerio de Justicia y de otras administraciones públicas, que desde luego no están sujetos a los vaivenes políticos y electorales. Ahí hay un trabajo que es de nuestro país y que el país tiene que seguir haciendo.

Por último, en cuanto a la cercanía al ciudadano, me voy a quedar con la parte de que desde el portal de la Administración de Justicia nos acercamos al ciudadano. Es más, la idea sería que, en vez de ser un portal más, ni siquiera del Ministerio de Justicia, que sea una especie de portal de portales, porque muchas veces el ciudadano, con el reparto que existe de competencias en justicia, no sabe dónde debe acudir. Por tanto, ofrecemos que esa plataforma pueda ser, incluso, una federación, tipo la que existe en el portal e-Justice, de la Unión Europea, o en el Justice.gov. de los Estados Unidos, para que todas las administraciones podamos poner ahí los servicios que entendamos son útiles para la ciudadanía. Pero como bien dice la Ley 18/2011, tenemos que garantizar el acceso y tenemos además que hacerlo de cara a gente que tenga más medios electrónicos y a personas que no los tengan. No podemos permitir una brecha cuando de eso derive la calidad del servicio público que se presta.

Termino agradeciéndoles sus ideas, lo que me han dicho, que son un acicate para seguir trabajando en esta vía. (El señor Martín Peré pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: El señor Martín Peré tiene la palabra.

El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, disculpe la interrupción. Tan solo quería decir que en mi intervención había olvidado hacer una pregunta al señor secretario general en referencia a los secretarios judiciales y que la formulación de la misma solamente comportaría treinta segundos o un minuto, conocida la generosidad del presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra brevemente.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias.

Señor secretario general, como forma parte de sus competencias la coordinación y dirección del cuerpo de secretarios judiciales del Estado, quería preguntarle también ya que ha hecho referencia a otros colectivos como el de registradores, notarios y demás, si tenían previsto seguir adelante con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que de algún modo sustrae algunas de las competencias no solo en materia de ejecución de sentencia sino en otras cuestiones más propias de los secretarios judiciales hacia esos colectivos, o si, por el contrario, no van ir encaminados en esa dirección.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, le volvemos a hacer intervenir.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): Me alegra mucho que me haga una pregunta sobre los secretarios judiciales porque sabe que, como superior jerárquico del cuerpo, lo considero un elemento clave de la modernización de la justicia.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quiero destacar que realmente en la redacción en la que ha quedado no se produce una sustitución de las potestades públicas, porque no hay que olvidar además que el modelo de ejecución que tenemos en España -a diferencia del francés, con el que a veces hacemos referencias- es un modelo garantista donde la propia posibilidad de que se sustancien diferentes cuestiones incidentales a lo largo de la misma, hace que tenga que estar en manos de los secretarios judiciales, como defendemos. Otra cosa -y es lo que dice la reforma- es que se pueda acudir a la figura del procurador como mandatario del secretario judicial para realizar algunos actos, pero


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esta situación sucede no solamente en la fase de ejecución sino que incluso en otros países está plenamente admitida. Me remito, por ejemplo, a las recientes reformas de Francia sobre los modelos de documentos que son intermedios, y que los llevan los abogados, entre los públicos y los privados. Nos hemos acostumbrado a que en justicia hasta para cotejar una letra, para alterar una factura se acude al tribunal. Sinceramente podríamos hablar de la responsabilidad de determinados profesionales ayudando en ese tipo de actos. Por tanto, creo que ha sido un cambio de tendencia. Desde el ministerio todo lo que sea colaboración extrajudicial, y no suplantando en ningún caso personal de justicia, creemos que es un complemento y que se ha encontrado un equilibrio al final. En definitiva, la posibilidad de lo que me está señalando en cuanto al coste, quedará en su momento con el vencimiento correspondiente. De todas formas le señalo que no hay para nada que olvidar que determinadas cuestiones que se desjudicializan, es decir que salen del ámbito del juez, lo cual es progresivo, no quiere decir que deban salir del ámbito de justicia, porque ahí es donde está la tutela de los derechos de las partes y hay una serie de garantías que no tienen otras cuestiones de otro tipo que pueda haber en otros sectores.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario general de la Administración de Justicia, así como a todos los demás comparecientes del Ministerio de Justicia que a lo largo de la mañana nos han acompañado.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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