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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 406, de 25/09/2013
cve: DSCD-10-CO-406
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 406
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles,
25 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

- De la diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez, en sustitución de doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca del cobro de precios públicos de los puntos de encuentro familiar (PEF). (Número de expediente 181/000686) ... (Página3)

- De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, sobre la fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. (Número de expediente 181/000930) ... (Página5)

De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Lugo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. (Número de expediente 181/000993) ... (Página7)

- Opinión del Gobierno acerca de si es adecuado a la defensa del interés de los ciudadanos el proceso de privatización de los servicios públicos del Registro Civil. (Número de expediente 181/000994) ... (Página7)

- Previsiones acerca de suprimir los Juzgados de Paz. (Número de expediente 181/000995) ... (Página7)

- Juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de A Coruña tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. (Número de expediente 181/000996) ... (Página7)


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- Juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Pontevedra tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. (Número de expediente 181/000997) ... (Página8)

- Juzgados de Paz que dejarían de existir en la provincia de Ourense tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. (Número de expediente 181/000998) ... (Página8)

- Juzgados de Paz que dejarían de existir en Galicia tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. (Número de expediente 181/000999) ... (Página8)

- De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre previsiones acerca de introducir alguna de las modificaciones exigidas por la Comisión Nacional de la Competencia en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/001040) ... (Página12)

Proposiciones no de ley:

- Sobre suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000780) ... (Página14)

- Sobre la necesidad de refuerzos de medios, en el ámbito de la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad de Almería. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001669) ... (Página18)

- Relativa a la modificación de la adscripción registral del Valle de Mena, provincia de Burgos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001810) ... (Página21)

- Sobre la reforma de la demarcación y planta judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001881) ... (Página24)

- Sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a "discursos del odio". Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001824) ... (Página28)

- Sobre medidas contra los actos de apología de la dictadura franquista y el fascismo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001929) ... (Página28)

- Sobre regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001834) ... (Página36)


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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL COBRO DE PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF). (Número de expediente 181/000686).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, agradecemos la presencia del secretario de Estado de Justicia, don Fernando Román García, que comparece una vez más en esta Comisión para responder las distintas preguntas formuladas por diputados de distintos grupos parlamentarios. Quiero recordar a sus señorías que ya en la última Comisión en la que compareció el secretario de Estado de Justicia para contestar preguntas orales la Mesa, oída la Junta de Portavoces, había establecido un criterio de similitud al criterio que se utiliza para la contestación de preguntas en el Pleno de la Cámara -evidentemente con una mayor generosidad porque estamos acortando por acuerdo los tiempos reglamentarios-, para no estar en cada pregunta media hora. Vamos a dar un primer turno de entre dos minutos y medio y tres minutos para el diputado que pregunta y de igual tiempo para el secretario de Estado que contestará las preguntas. Por solicitud de esta Presidencia -y habiendo accedido la diputada del Grupo Socialista- las preguntas 3, 5, 6, 7, 8 y 9 han sido agrupadas en una sola dado que había coincidencia en la materia que va a ser objeto de respuesta por parte del secretario de Estado. Reitero el agradecimiento a don Fernando Román por tenerle presente esta tarde en la Comisión de Justicia.

Sin más dilación, señorías, comenzamos con el orden del día preestablecido. En primer lugar, la pregunta que formula la diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca del cobro de precios públicos de los puntos de encuentro familiar. La sustituye la señora diputada Álvarez para su formulación.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: De los puntos de encuentro cabe recordar que son un recurso demandado por los jueces para salvaguardar derechos en el cumplimiento en el régimen de visitas cuando existe conflicto. Estos espacios garantizan en muchas ocasiones la seguridad de los menores y no pocas la de las mujeres víctimas de violencia. Fíjese que solo en la Comunidad de Madrid el 30% de los casos están relacionados con violencia de género.

Nos gustaría que usted conozca -supongo que ya lo conoce, pero en todo caso recordarlo- que se están produciendo situaciones que son las siguientes: un desmantelamiento de un gran número de puntos de encuentro, en Madrid hemos pasado de ocho a tres; que hay listas de espera que demoran el inicio del cumplimiento de las resoluciones judiciales del régimen de visitas y, como colofón, el fin de la gratuidad. En concreto, en Madrid la entrega de menores cuesta 5 euros, cada recogida 5 euros y las visitas tuteladas 10 euros. La situación creo que reclama la atención del Ministerio de Justicia y, por supuesto, del ministerio de la señora Mato, ya que se está sobrecargando aquellos puntos de encuentro que quedan abiertos, se está perjudicando a los menores con desplazamientos de hasta 50 kilómetros en la Comunidad de Madrid y se hace pagar por dar cumplimiento a una resolución judicial. Está claro que las personas que se separan con situación de litigio no son delincuentes y, por tanto, no necesitan ningún tipo de sanción penal ni pecuniaria. Si las tasas judiciales han sido la puntilla para el acceso a la justicia de las clases medias, el cobro de precio público en los puntos de encuentro familiar es un castigo a quienes están viviendo situaciones de conflictividad como consecuencia -si me permite usted la broma- de un error de cálculo en la elección de pareja.

La ley exige que sean los beneficiarios quienes asuman el pago del servicio prestado o de la actividad realizada y aquí me gustaría hacer una reflexión con el señor Román. Creemos que es el Estado el beneficiario ya que es el Estado el que exige por resolución judicial el uso de los puntos de encuentro familiar como un elemento de inversión en paz social. Coincidirá conmigo en que además en muchos casos se convertiría en un elemento de sanción para las víctimas de violencia de género y para miles de menores que se verían obligados a asumir el pago de una protección y una seguridad que el Estado no les garantiza. Por tanto, consideramos que el Gobierno debe profundizar en un modelo de mínimos para los puntos de encuentro que están gestionando las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que debe apoyar su presencia en el territorio, profesionalizarlos y evitar que se produzca el pago de precio


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público, ya que no solo es un obstáculo, sino que en muchos casos -como le he dicho- pasaría a ser un castigo institucional a las víctimas. Esperamos que coincida en el diagnóstico.

El señor PRESIDENTE: A continuación para contestar la pregunta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señora Álvarez, lo primero que tengo que decirle es que en general la preocupación que usted expresa sobre la conveniencia y la necesidad de mantener puntos de encuentro es compartida, solo hay una discrepancia que no es de matiz; la discrepancia está no tanto en la necesidad o conveniencia de mantenerlos, sino en que usted reclama directamente la intervención del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Servicios Sociales. A este respecto quiero recordarle que esta no es una competencia de la Administración del Estado, es una competencia de las comunidades autónomas y, en su caso, de los ayuntamientos. Algunas comunidades autónomas han hecho una regulación en su normativa autonómica y algunas de ellas, en virtud de esa normativa, han derivado esa responsabilidad a los ayuntamientos. En todo caso no es una competencia en la que deba entrar, desde el punto de vista del marco normativo, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Servicios Sociales.

Dicho esto en cuanto al puro marco competencial, sí le tengo que decir que, por supuesto, comparto con usted la preocupación por que estos servicios sociales, que prestan un enorme servicio público a los ciudadanos especialmente a personas que están en situaciones complicadas -menores y víctimas de violencia de género-, naturalmente que es bueno que continúen para que puedan acceder a esos servicios. Usted liga esto a las tasas o al coste. Obviamente esto no tiene nada que ver con las tasas judiciales. Si usted me pregunta una opinión sobre el coste del servicio público, le diría que como reflexión general -si me apura a título individual de este modesto secretario de Estado, sin que tenga que representar una opinión del Gobierno porque la Administración del Estado no tiene competencias en esto- claro que comparto que en ningún caso el coste de servicio suponga que se impida a personas que lo necesitan acceder a estos servicios. Eso lo liga usted a la Comunidad de Madrid. Al respecto, como es natural, partiendo de que no es competencia de este ministerio ni del Gobierno, sino en su caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, ante la preocupación por la existencia de esos hipotéticos precios públicos en la Comunidad de Madrid debería ser la Comunidad de Madrid la que respondiera al respecto. Le puedo decir como información que, según los datos de que dispongo, no me consta que esos precios públicos hayan entrado en vigor en la Comunidad de Madrid, en la medida en que dependían de un acuerdo de desarrollo del consejero de este ramo en la Comunidad de Madrid y, según mis informaciones, no me consta que se haya producido y, por lo tanto, se hayan hecho efectiva en la práctica la exigencia de esos precios públicos.

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid -también a mero título informativo- según me consta la Comunidad de Madrid sigue manteniendo esos servicios pese a que, en algunos casos, determinados ayuntamientos hayan reducido los puntos de encuentro. ¿Que en general la reflexión puede ser que en una época de racionalización de recursos por la crisis económica deba o no, en función de las necesidades, cobrarse un mínimo imprescindible para poder mantener el coste de ese servicio? En general, en abstracto, entraría dentro de la lógica, pero siempre debería encontrar el límite de que no impida la prestación de un servicio tan importante a las personas más desfavorecidas o más necesitadas.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: En la medida en que estamos hablando de resoluciones judiciales, parece evidente que el Ministerio de Justicia al menos debe interesarse por el problema, que es lo que le estábamos demandando. Somos plenamente conscientes de quién tiene las competencias en esta materia y creo que en la intervención que he hecho incluso lo he dejado claro.

Está claro que es la justicia y, por tanto, el Ministerio de Justicia, quien tiene que garantizar que existan unos servicios y es la propia justicia quien los está demandando. Por tanto, sí que compete al Estado, por ejemplo, garantizar unos mínimos de calidad y unos mínimos de profesionalización de esos servicios y sí le compete en ciertas medidas relacionadas con cuestiones de formación, por ejemplo, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Por tanto, sí es preocupación del Estado hacer que todo el territorio tenga cubierto unos mínimos en esta materia y en ese sentido le hacíamos esta


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pregunta y le reclamábamos que se interesara por conocer cuál es la situación en todo el territorio del Estado.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Por supuesto, no le quepa duda de que sí es preocupación del Estado, aunque no sea responsabilidad competencial del Estado. Tan es preocupación del Estado que el Ministerio de Servicios Sociales naturalmente ha participado consensuadamente con las comunidades autónomas en la elaboración de un protocolo en el que se establece con carácter mínimo la calidad en que tienen que prestarse los servicios sociales. Usted conoce perfectamente ese catálogo de referencia de servicios sociales que se aprobó en enero de 2013, que incluye los puntos de encuentro familiar entre las prestaciones sociales y, como digo, ha establecido, previo consenso con todas las comunidades autónomas, una serie de principios y criterios comunes de calidad de los servicios entre los que se encuentra, y cito prácticamente de manera literal, que los servicios sociales deban ser asequibles, lo que implica bien la gratuidad o bien que se ofrezcan a un precio asequible para el individuo. Como digo, no hay mayor evidencia del interés del Estado que el que el propio Ministerio de Asuntos Sociales se preocupe directamente de consensuar con las comunidades autónomas una cuestión que no deja de ser competencia de las comunidades autónomas o, en su caso, de los ayuntamientos.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LO DISPUESTO EN LA LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 181/000930).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la siguiente pregunta que formula la diputada doña Rosa María Díez González del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia sobre la fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Tiene la palabra la diputada señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente nuestro grupo parlamentario el 22 de abril de 2013 hizo una pregunta en este sentido con respuesta por escrito y una pregunta también para respuesta oral en Comisión. En ese momento este reglamento al que el presidente ha hecho mención a la hora de leer la pregunta estaba sin aprobar, no solamente estaba sin aprobar, sino que llevaba un retraso sobre el tiempo previsto considerable. De hecho, el Gobierno en su respuesta por escrito nos dijo que iba a estar aprobado el 23 de marzo del año 2013, ese es el compromiso al que se comprometió, valga la redundancia, el Gobierno en su respuesta por escrito. Ya eso era un incumplimiento de lo establecido en la propia ley, pero tampoco cumplieron esa segunda fecha. Ciertamente en el momento presente el reglamento ya está aprobado, como el secretario de Estado sabe perfectamente, el pasado 6 de septiembre se aprobó y a nuestro juicio, y según el propio reglamento y las cuestiones que de él dependen todavía desarrollarse, hay muchas cuestiones pendientes de ser a su vez desarrolladas y, por tanto, de que el reglamento pueda cumplir efectivamente sus objetivos.

Quiero aprovechar esta comparecencia del secretario de Estado no para entrar excesivamente en el pasado, sino en por qué se retrasó, aunque sí me gustaría que nos dijera a qué se ha debido este retraso tan considerable que ha dejado en el aire el cumplimiento efectivo de una ley que fue muy querida, muy buscada y muy comprometida por todas las fuerzas parlamentarias y que durante un tiempo inexplicable desde nuestro punto de vista, más allá de la complejidad que tiene siempre desarrollar leyes, cuando había un consenso tan amplio y se había estudiado tanto previamente, sí me gustaría que me dijera a qué se ha debido tantísimo retraso. Más allá de eso, quiero plantearle algunas cuestiones sobre todo de cara al futuro. Me gustaría conocer cuándo se publicarán los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista que están establecidas en la ley y que debieran estar listos hace un año porque eso tampoco lo recoge el reglamento.

También quisiera saber qué personas o cuerpos de seguridad están interviniendo en la elaboración de dichos protocolos. El propio reglamento reconoce que esa es una tarea pendiente y que hay personas que están trabajando en la elaboración de esos protocolos. Quisiera conocer quiénes son las personas o


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cuerpos de seguridad que están estableciendo esos protocolos y, como le digo, para cuándo creen que esos protocolos de actuación estarán publicados y, por tanto, serán efectivos.

También, señor secretario de Estado, ¿cuántas personas se han acogido a las ayudas de las víctimas del terrorismo desde que se publicó el reglamento, como digo, a principios del mes de septiembre?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la contestación de la pregunta el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Paso a contestarle rápidamente. Es evidente que ha habido un retraso y yo le puedo explicar algunos de los motivos del retraso, retraso que felizmente ha terminado y creo que todos nos debemos felicitar por que ya tengamos ese reglamento.

En concreto, en primer lugar, como usted sabe, la Ley de 2011 ve la luz inmediatamente antes de que entre el nuevo Gobierno. Eso conlleva un cambio en los equipos ministeriales y lógicamente ahí se produce un primer factor de retraso. Se establecía un plazo de seis meses para el desarrollo reglamentario en la propia ley, plazo que además debo decirle que el propio Consejo de Estado ya nos ha dicho en alguna ocasión que es un plazo excesivamente breve para dar desarrollo reglamentario a los textos legislativos. Esa es una primera causa objetiva.

También le diré que después, y como usted sabe, pese a que había un enorme consenso sobre el particular, se detectaron una serie de lagunas y de alguna manera defectos en la ley que impedían que tuviera una adecuada aplicación práctica y se intentaron solucionar en la Ley de Presupuestos de 2012, se adicionó un nuevo artículo 3 bis en el que se determinaban los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas y resarcimientos y se modificó el artículo 5 para precisar la definición de amenazado, cubriéndose diversas lagunas y errores de técnica normativa. Después, mediante la Ley de Presupuestos para 2013, aprobada en diciembre de 2012, se incluyó un nuevo apartado segundo en el artículo 3 bis con el fin de precisar que la concesión de las ayudas y prestaciones reguladas en la ley se sujetará a los principios del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas de delitos violentos.

Finalmente, la Ley de Medidas urgentes para la reforma laboral de julio de 2012 introdujo modificaciones también para mejorar el texto, es decir, al objeto de asegurar a las víctimas del terrorismo, a los amenazados y a sus familiares, la mejora de sus derechos laborales, así como su acceso y permanencia en el mercado de trabajo.

Estas modificaciones que usted conoce completaron el marco normativo previo a ese desarrollo reglamentario. Esto no quiere decir que hasta entonces no se acometieran trabajos de desarrollo reglamentario. Los trabajos de preparación del real decreto de desarrollo de la ley comenzaron en el Ministerio del Interior en febrero de 2012 y se constituyó un grupo de trabajo que pudo disponer de un primer texto a finales de septiembre, que fue remitido, como usted sabe, en la mecánica normal al resto de los ministerios el 4 de octubre de ese año.

El 7 de noviembre se inició el trámite de audiencia mediante la publicación del proyecto en la página web del Ministerio del Interior y le puedo decir que se han recibido numerosas observaciones, asociación de víctimas del terrorismo, asociación de víctimas del terrorismo de la comunidad gallega, asociación canaria de víctimas del terrorismo, asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado víctimas del terrorismo, asociación de víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana, la fundación Luis Portero y las distintas víctimas a título individual.

Analizadas todas las observaciones recibidas e incorporadas, las que se entendieron que eran procedentes, el nuevo texto se remitió el 23 de mayo de este año al Consejo de Estado, que emitió su dictamen el día 4 de julio. A la vista de ese dictamen, que contenía quince observaciones de carácter esencial, se elaboró un nuevo texto que fue nuevamente circulado entre los distintos ministerios el pasado 12 de julio.

Tras los últimos trámites en la Comisión General de secretarios y subsecretarios el reglamento ha sido finalmente aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 6 y, como sabe, publicado en el "BOE" del 18. Es decir, ha sido, desde luego, un camino largo que nos hubiera gustado a todos, y creo que eso lo compartimos sin ninguna duda, que hubiera sido más corto, pero, desde luego, creo que ha merecido la pena que un tema de tanta trascendencia haya sido mejorado con las sucesivas modificaciones.

Con la aprobación de este marco reglamentario se posibilita una mejor aplicación de esa atención integral a las víctimas del terrorismo que preveía la ley de 2011.

Además, estamos intentando coordinar y complementar a través del reglamento las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas de las distintas administraciones, que no deja de ser uno de los


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objetivos prioritarios del informe Cora aprobado en junio de 2013. Es decir, estamos intentando dar un trato equitativo a las víctimas del terrorismo y de esta manera además estamos consolidando el liderazgo que España tiene en el ámbito europeo mundial en materia de atención a las víctimas del terrorismo. España es modelo y referente en este aspecto, como usted conoce, y ha sido destacado entre otros por el señor Emmerson, relator especial de la Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en la Conferencia de Ginebra del pasado mes de junio. Incluso el año pasado aquí en Madrid en la Declaración de Madrid se estableció el modelo español como modelo de referencia para esa guía de buenas prácticas en asistencia a víctimas del terrorismo tras un atentado y en cuanto a tratamiento penal. Con todo esto le quiero decir que naturalmente que ha habido retraso -ya nos gustaría que no lo hubiera habido-, pero entendemos que todos los que han colaborado en las distintas mejoras legislativas -todos los grupos parlamentarios que las han apoyado; el Ministerio del Interior, que ha impulsado esta reforma reglamentaria; el resto de los ministerios; en definitiva, todos- nos debemos sentir orgullosos, aunque no satisfechos, porque tratándose de víctimas del terrorismo debemos estar permanentemente insatisfechos para seguir mejorando cada día en la atención integral a las víctimas. Un ejemplo de esa preocupación que va más allá del mero reglamento -con todo lo importante que es- lo constituye el propio Ministerio de Justicia. Usted sabe que hemos desarrollado recientemente este año un complemento a la oficina física de atención a las victimas que existe en la Audiencia Nacional. Hemos establecido una oficina electrónica para permitir que las víctimas puedan saber por vía telemática en tiempo real cómo están sus procedimientos. Es otra manifestación más del interés permanente por no quedar nunca satisfechos y dar siempre la mejor protección a las víctimas.

En cuanto a lo que preguntaba concretamente sobre qué grupos están interviniendo, cuántas son las personas que han recibido la indemnización y qué protocolos de actuación se están siguiendo, le diré que estos datos no los tengo aquí. Sin duda alguna le puedo facilitar esos datos por escrito. Ya le digo que el impulso de este reglamento ha sido principalmente -aunque no exclusivamente- del Ministerio del Interior.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez. Muy brevemente, si es posible.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo simplemente para solicitar y agradecer su voluntad de enviarnos por escrito estas tres cuestiones: cómo están los protocolos de actuación -en qué nivel están y cuándo se publicarán-, quiénes están participando y cuántas víctimas han recibido hasta el momento presente ayudas en función de este reglamento.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Se lo agradezco a la señora Díez y, por supuesto, pero tendrá a su disposición esos datos.

DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- JUZGADOS DE PAZ QUE DEJARÍAN DE EXISTIR EN LA PROVINCIA DE LUGO TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA. (Número de expediente 181/000993).

- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI ES ADECUADO A LA DEFENSA DEL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 181/000994).

- PREVISIONES ACERCA DE SUPRIMIR LOS JUZGADOS DE PAZ. (Número de expediente 181/000995).

- JUZGADOS DE PAZ QUE DEJARÍAN DE EXISTIR EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA. (Número de expediente 181/000996).


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- JUZGADOS DE PAZ QUE DEJARÍAN DE EXISTIR EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA. (Número de expediente 181/000997).

- JUZGADOS DE PAZ QUE DEJARÍAN DE EXISTIR EN LA PROVINCIA DE OURENSE TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA. (Número de expediente 181/000998).

- JUZGADOS DE PAZ QUE DEJARÍAN DE EXISTIR EN GALICIA TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA. (Número de expediente 181/000999).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la pregunta número 3 que se ha acumula con la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Las formula agrupadas la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado del Grupo Parlamentario Socialista sobre los juzgados de paz que dejarían de existir en la provincia de Lugo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, sobre las previsiones acerca de suprimir los juzgados de paz, sobre los juzgados de paz que dejarían de existir en la provincia de A Coruña tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, sobre los juzgados de paz que dejarían de existir en la provincia de Pontevedra tras la reforma de la referida ley, sobre los juzgados de paz que dejarían de existir en la provincia de Ourense tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta y, por último, sobre los juzgados de paz que dejarían de existir en Galicia tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. Para la formulación de estas preguntas, la señora Seara tiene la palabra.

La señora SEARA SOBRADO: Señor presidente, voy a ser muy breve. Como ha habido una persona que se puso en contacto conmigo para preguntarme sobre mi disposición a acumular todas las preguntas, sugiero a la Presidencia y también al secretario de Estado si tienen a bien incluir también la pregunta que hace referencia a los registros civiles, porque va todo en la misma línea. No tengo ningún inconveniente -así lo he hecho- en hacerlas juntas para abreviar el debate. Además, desde el primer momento lo entendí así.

El señor PRESIDENTE: Señoría, la Mesa acepta su propuesta, aunque evidentemente la contestación del secretario de Estado tendrá dos partes. Entonces también formula su señoría la pregunta 4 sobre la opinión del Gobierno acerca de si es adecuado para la defensa del interés de los ciudadanos el proceso de privatización de los servicios públicos del Registro Civil. Las hacemos todas juntas en una única formulación. Su señoría tiene la palabra.

La señora SEARA SOBRADO: El secretario de Estado sabe que el asunto que hoy tratamos lo hemos venido denunciando desde que fue anunciado por el actual ministro de Justicia. Hemos dicho muchísimas veces desde el Grupo Parlamentario Socialista que con sus reformas van a alejar, a encarecer y a hacer muchísimo más difícil el acceso a la justicia de miles de personas, tanto por razones económicas -y me puedo referir a la subida de las tasas- como por razones territoriales por la supresión de juzgados y los gastos de desplazamiento que esto va a ocasionar a muchísimas personas. En el caso de mi comunidad autónoma, a la que se refieren las preguntas que formuló en esta Comisión, todavía más, como en Castilla-León o en otras donde hay una importante dispersión poblacional y además un déficit importante en lo que a red de transporte público se refiere. Quizá por ello han tenido ustedes una inauguración del año judicial de las más tensas que se recuerdan y probablemente todo esto les tendrá que hacer reflexionar al equipo del Ministerio de Justicia. Decía esta mañana una compañera mía en el Pleno que cuando una persona se mete con el coche en dirección contraria y llama a la policía para decir que todos los coches de frente, quizá debiera pensar que la que va en dirección contraria es ella. Eso parece que le está pasando al Ministerio de Justicia, que parece que va en la dirección contraria a todos los agentes que intervienen en el mundo de la justicia. Su modelo solo viene a eliminar sedes judiciales -algunas con infraestructuras de menos de diez años de antigüedad- y a agrupar y a concentrar en las capitales provinciales a los juzgados sin ofrecer modelo alternativo. Este alejamiento y esta concentración que la Administración de Justicia es contraria a los intereses ciudadanos. Además, tanto nosotros como los profesionales y las profesionales entienden que va a colapsar sin duda alguna los tribunales superiores de justicia y los


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tribunales de instancia, ya que el número de jueces y de juezas de la propuesta que ustedes hacen es exactamente el mismo que el número de jueces y de jueces que hay en la actualidad.

En la propuesta objeto de mis preguntas se recoge también que los juzgados de paz desaparecerán progresivamente y que sus competencias en materia civil y penal pasarán a los tribunales de instancia. Permítame que me le diga que esto llama la atención en una comunidad autónoma como la mía, ya que esas competencias suponen menos del 15% del trabajo que tienen en este momento los juzgados de paz. El restante 85% del trabajo viene determinado por el Registro Civil, que es un tercio, y por la cumplimentación de exhortos y auxilio judicial, que son dos tercios. Por ese motivo existe alarma social; porque existe de verdad, señor secretario de Estado. No crea que vengo aquí a alarmarle a usted; no, vengo a trasladarle lo que muchos actores del mundo de la justicia me trasladan y trasladan diariamente a través de los medios de comunicación e imagino que también a través de la interlocución diaria que tienen con su ministerio. Por lo tanto, le pregunto por las previsiones respecto a estos juzgados de paz y al número que desaparecería en el conjunto de mi comunidad autónoma y en cada una de las provincias, teniendo cuenta además que está en la eliminación -lo comentaba ahora con mi compañero el señor Villarrubia- no viene acompañada de ninguna alternativa.

La otra pregunta sobre los registros civiles enlaza con este tema perfectamente. Ustedes prevén que la nueva ley del registro civil esté en julio del año 2014, tal y como anunció el señor Gallardón. Por lo tanto, desaparecerá parte de esta competencia de los juzgados de paz. Si se ignora completamente la oficina judicial y su modernización y estos juzgados van a seguir cumplimentando exhortos, pregunto de nuevo cómo pretenden que desaparezcan estos juzgados y con qué ritmo. Ustedes hablan de que desaparecerán paulatinamente, pero este problema se lo pongo encima de la mesa. Creo que nos quieren hacer creer que lo privado funciona mejor que lo público; nada más lejos de la realidad y nada más injusto que plantear esta posición política en el ámbito de la justicia. Esta reforma modifica quién es el responsable del registro. Ahora está en manos de los jueces y juezas apoyados por los secretarios judiciales, pero tras el cambio estará en manos de los registradores. Por lo tanto, se pagará por inscribir en el Registro Civil una boda, un divorcio, el cambio de nombre o por censarse. Se cobrará por eso tal y como está hoy planteado.

Creo esto que no mejora el servicio a los ciudadanos y ciudadanas, pero sí -en esto estará de acuerdo conmigo- le da el monopolio a los registradores de la propiedad que tanto quiere el señor presidente del Gobierno, que verán aumentado sus ingresos en un 1.500 %. Los 800 registradores de la propiedad que hay en este país verán aumentados un 1.500 %, porque solo hay en torno a 800 registradores de la propiedad en nuestro país.

Por tanto esas son las siete preguntas. Creo que he sido lo suficiente breve, lo he intentado condensar. Unas preguntas estaban relacionadas con otras, desde luego esa era mi intención. Espero con mucha atención su respuesta.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): Señora Seara, si le parece voy a contestar primero a las referencias que ha hecho al tema de los juzgados de Paz y luego al del Registro Civil.

En primer lugar, parece que no queda claro y por eso yo estoy dispuesto a aclararlo suficientemente. No estamos hablando en ninguno de los dos casos, ni cuando hablamos del Registro Civil ni cuando hablamos de esta teórica o posible modificación de los juzgados de Paz, de textos sobre los que se haya pronunciado este Gobierno. En el tema de los juzgados de Paz usted está trasladando una alarma, una preocupación que existe en la Comunidad Autónoma de Galicia por la posible desaparición de juzgados de Paz que figuraría en el texto que la comisión de expertos que designó el Gobierno en marzo de 2012 ha puesto encima de la mesa. Reiteradamente desde el Ministerio de Justicia se ha dicho, pero no solo en los medios de comunicación sino en todo tipo de intervenciones, que ese texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Planta como el que también se ha elaborado por expertos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal no son textos emanados del Gobierno ni siquiera del Ministerio de Justicia; son textos que ha realizado dos comisiones de expertos independientes que se sometían al análisis y al debate público y que esperábamos recibir todo tipo de sugerencias, críticas, informaciones y análisis en un sentido o en otro, en el que fuera, con el fin de enriquecerlo lo más posible, con el objetivo de que probablemente a finales de este año el Gobierno pudiera tomar una decisión en forma de anteproyecto. De manera que las críticas que se puedan hacer a ese texto no lo son a un texto ni del Ministerio de


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Justicia ni del Gobierno, por tanto difícilmente podré yo decirle cuáles son las previsiones, si no ha tomado postura el Gobierno al respecto.

Por otra parte, sí le debo decir que ese texto de la Ley de Planta que está directamente relacionado con la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a los textos de la comisión de expertos no son ajenos para nada a algunos textos que se han manejado en la legislatura anterior y que fueron impulsados, aunque no llegaron a ver la luz, por el Gobierno socialista. El proyecto de los juzgados de Primera Instancia no es un proyecto que surja originalmente de este equipo ministerial, sino que se han aprovechado también los trabajos que se hicieron en la etapa del Gobierno anterior. Como he dicho otras veces que he venido aquí cuando hay ideas que se ponen encima de la mesa, con independencia de quien las ponga si son positivas, claro que hay que aprovecharlas. ¿Que la hemos mejorado? Creo que el texto -es opinión personal- de la comisión de expertos quizás mejore el texto que no llegó a ver la luz, pero que se elaboró en la etapa anterior. En cualquier caso ni la ley orgánica ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la Ley de Planta, que todavía están en esa fase, verán la luz si no hay un acuerdo expreso del Consejo de Ministros en forma de anteproyecto. De manera que quiero tranquilizarla y quiero que tranquilice a la comunidad de Galicia en el sentido de que todavía no hay ningún temor, no hay ningún motivo de alarma.

Por otra parte, ha hecho algunas referencias a la apertura del año judicial, a las protestas que se pudieron allí expresar fuera del edificio y a la alarma social que provoca toda esta reforma de la organización judicial. Usted ha dicho que nos deben inducir a la reflexión. Nos induce a la reflexión no solo esas propuestas -por supuesto que las tenemos en cuenta naturalmente-, lo que nos induce a la reflexión son las sugerencias, las críticas y los análisis que se nos hagan desde otros colectivos profesionales, desde los grupos parlamentarios. En fin, cualquiera que tenga una idea positiva que aportar la recibiremos gustosamente y nuestra reflexión por supuesto que la provoca cualquier sugerencia que se nos haga.

Con respecto a los registros civiles creo que está -discúlpeme, señoría- en un error. Cuando señala que el ministro de Justicia ha hablado de una ley que atribuirá a los registradores en 2014 -he creído entender que eso era lo que me decía- la llevanza de los registros, se están mezclando dos cosas. Hay una ley aprobada en 2011 con el consenso mayoritario de esta Cámara, incluido el Partido Socialista, con una vacatio legis de tres años, que entraría en vigor en 2014. Esto se está confundiendo con el hecho de que haya tenido algún eco mediático, algún borrador objeto de estudio que ni siquiera ha llegado a ser texto de anteproyecto circulado internamente entre los ministerios en el que se pudiera o no contemplar la figura de los registradores como encargados de la llevanza del registro. Le quiero recordar que en esa ley de 2011, que fue formalmente aprobada y que entrará en vigor el año próximo, se atribuye la llevanza de esos registros a funcionarios, sin especificar quiénes; es decir, se pretende la desjudicialización de una serie de funciones que no son genuinas del Poder Judicial, pero en modo alguno se especifica si serán los registradores u otro tipo de funcionarios los que lleven a cabo esas funciones de encargados del registro. Por tanto, cualquier suposición que al respecto se haga para fundamentar sobre ella una privatización de la justicia, un encarecimiento o cualquier otra conclusión a ese respecto y mucho más si de lo que se trata es de decir que esto de alguna manera es interés del presidente del Gobierno que es registrador, me parece que con todo mis respeto que está fuera de contexto y de lugar, no tiene razón de ser alguna.

El señor PRESIDENTE: Señora Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Seré breve, señor presidente.

No es que a mí no me haya tranquilizado, son ustedes quienes desde el ministerio tienen que tranquilizar a toda la comunidad del ámbito judicial que en este momento está preocupada. Yo estoy trasladando una preocupación que existe en mi comunidad y que existe con los agentes sociales y profesionales de mi ámbito -soy abogada colegiada- que me trasladan habitualmente. Por tanto, quien tiene que tranquilizar a la opinión pública y a la sociedad debe ser el Gobierno. Yo puedo hacer mi trabajo pero ustedes, como ministerio, deberían dejar de hacer mutis por el foro y empezar a hablar con más claridad.

Gallardón presentó ese informe de la comisión de expertos y además utiliza lo que es positivo de ese informe cuando le interesa en los debates parlamentarios o en otro tipo de comparecencia públicas y cuando, como es este caso, hay asuntos que son más controvertidos utiliza lo mismo que usted utiliza hoy aquí, que es un informe, que es una idea y que todo está por aportar y todo está por debatir. A mí me encantaría que usted como secretario de Estado pudiera hoy aquí decir con claridad, si está usted en todo caso en condiciones de hacerlo, que no van a desaparecer los juzgados de Paz en nuestro país. Si usted hoy aquí en esta Comisión me dice: señora diputada, señoras y señores diputados de la Comisión de


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Justicia, le garantizo que no van a desaparecer los juzgados de Paz en nuestro país. Yo me iría desde luego tranquila, pero como estoy viendo que la intención es otra, aunque usted no me lo quiera decir, y además no veo tampoco ni en ese informe ni en otros de su ministerio ningún tipo de alternativa a estos juzgados evidentemente yo lo tengo poner sobre la mesa.

Por otro lado, sí se privatizan los registros civiles. Por cierto la ley que entraría en vigor en el año 2014 -me lo recordaba el señor Villarrubia- sí apostaba por el servicio público, no confunda. Por tanto, son pequeños matices que deberíamos también dejar claros.

Le quiero hacer otra pregunta y que además me dejaría tremendamente tranquila. Si finalmente se privatizan el servicio de los registros, si sucede tal cosa y al final serían los registradores de la propiedad los que se hicieran cargo de estos servicios, se tendrían que pagar -¿sí o no?- para levantar una partida de matrimonio, entre 20 y 30 euros.

Sabe usted que las aplicaciones informáticas del registro civil costaron unos 130 millones de euros a todos los españoles y españolas. Por tanto, la pregunta es: en caso de que así fuera, ¿se pondrían estas instalaciones a disposición de los registradores de la propiedad? Los funcionarios que llevan los registros civiles en este momento en nuestro país continuarían en los juzgados por lo que la medida no supondría ningún ahorro. Le pregunto a usted -por si sus cuentas son otras- respecto al ahorro que podría suponer, insisto, siempre en base a ese informe que ustedes utilizan en función de las conclusiones -en algunos casos les interesa y ponen en valor las medidas que en él vienen o algunas acciones que en él se destacan y cuando no les interesa dicen que es solo un borrador-. Respecto al número de registradores -ya se lo he dicho antes- no llega a 800 y a ver cómo se haría para cubrir en este país todo este servicio -insisto, 800-. Prestan un servicio público los registradores y registradoras en régimen de monopolio y perciben sus retribuciones directamente de los usuarios privados y públicos. El beneficio industrial de los registradores y registradoras en cada uno de sus registros es del 60% y con la asunción del registro civil las ganancias estimadas, a repartir entre 800 registradores de la propiedad que hay en España, se acercaría a los 180 millones de euros más al año; 180 millones de euros que pagaríamos los ciudadanos y ciudadanas en forma de arancel registral.

Son preguntas. Yo le estoy preguntando sobre estas cuestiones. Usted me ha dicho que todo son informes, que no está nada decidido, que el ministro de Justicia no ha dicho nada a este respecto, pero es verdad -y usted lo sabe mejor que yo- que todo el mundo en el ámbito judicial está en este momento trabajando con calendarios y con perspectivas similares a las que yo le estoy diciendo aquí. Si usted -y me acojo a la primera parte de su intervención- está en disposición de negar que vaya a ir en esta línea la reforma y la supresión en este caso de los juzgados de Paz, dígamelo: no se van a suprimir los juzgados de Paz, no se van a eliminar. Si me lo puede decir -ojalá- dígamelo. En lo referente a la privatización de los servicios de los registros civiles, si me equivoco y todo lo que he dicho es falso me gustaría también que me lo dijera; si todo lo que he dicho y lo que está planteado en el informe no lo van a llevar ustedes a la práctica, como comprenderá mi grupo estará encantado, pero si es verdad me gustaría que me lo dijera y si es mentira dígalo también porque a veces el que calla otorga, señor secretario de Estado.

El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Morán García): No se me ocurriría decir que usted miente o que usted engaña, no, aunque sí creo que está usted en un error y se lo debo decir con toda claridad. Por un lado, lamento enormemente no poder tranquilizarla si la tranquilidad solo le llega a usted por la vía de que yo anticipe una decisión del Consejo de Ministros. Sería un tremendo imprudente si yo suplantara una decisión que el Consejo de Ministros tendrá que tomar en el futuro. No puedo hacerlo. Comprenderá usted que la posición del Gobierno se plasma en un anteproyecto y, por tanto, yo puedo tener una impresión personal, favorable o desfavorable, de ese informe a título de persona que conoce ese mundo porque, como usted bien sabe, yo soy de origen judicial, también he trabajado como fiscal y como abogado y, por tanto, conozco este mundo, como otras personas, y tengo mi opinión. Ahora bien, lo que sí le puedo decir al respecto es que esa decisión, cuando haya que tomarla, la tomará el Gobierno después de haber escuchado todas las preocupaciones de todas las personas y colectivos implicados. Eso por lo que se refiere a la Ley Orgánica de Planta. En cuanto a la Ley del Registro Civil, me insiste usted en que se trata de un servicio público y yo no lo niego, yo lo que he estado diciendo es que en la Ley de 2011 se habla de desjudicializar pero encomendar la llevanza a funcionario público; no estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que la ley no especificaba qué funcionario sería el encargado; nada más, no he dicho más. No puedo decir más porque eso es lo que dice la ley. Lo que digo es que el


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Gobierno no ha tomado ninguna decisión todavía sobre qué funcionario ha de ser y esas afirmaciones de que será un registrador y sobre esa premisa montar una serie de conclusiones que lleven a un enriquecimiento abultadísimo de los registradores a costa de los ciudadanos a los que se privatiza y se les encarece el servicio, todo eso son conclusiones que ustedes han extraído de una premisa que desgraciadamente es inexistente. (Rumores). Eso es lo único que le digo y, por tanto, creo que está usted en un error. Eso es lo único que le puedo decir.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS PREVISIONES ACERCA DE INTRODUCIR ALGUNA DE LAS MODIFICACIONES EXIGIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/001040).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la pregunta que formula la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las previsiones acerca de introducir algunas de las modificaciones exigidas por la Comisión Nacional de la Competencia en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para su formulación, la señora Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como está formulado en la propia pregunta, esta está motivada por el informe que emitió la Comisión Nacional de la Competencia a principios de este año sobre el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un informe que, a nuestro juicio y al de cualquiera que lo haya leído, establece pegas profundas y hace profundas reflexiones y muy negativas sobre el texto del anteproyecto. La Comisión Nacional de la Competencia considera gravemente perjudicial para la competencia este anteproyecto y a su juicio genera un inusual daño a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad, de forma innecesaria y desproporcionada, a un único colectivo profesional que además ya se encuentra en estos momentos sometido a importantes restricciones en su acceso y ejercicio. He hecho lectura textual de uno de los párrafos; podría recoger algunos más, pero con esto se sintetiza bastante la preocupación que emana de este informe y la preocupación que tiene el grupo parlamentario que le hace la pregunta sobre esta cuestión.

Quiero preguntarle al secretario de Estado qué recomendaciones de las que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia ha incorporado el Gobierno en el anteproyecto de ley, si piensa el Gobierno liberalizar el servicio de procura, tal y como exige la Comisión Nacional de la Competencia, si el Gobierno piensa que las dificultades de nuestro sistema judicial para que los ciudadanos se relacionen con él -desde las tasas a la exigencia de abogados y procurador- son beneficiosas para el propio sistema judicial y para que los ciudadanos tengan derecho efectivo a la justicia y cómo piensa el Gobierno encajar la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio a este proyecto de ley; y, por último, qué justificación esgrime el Gobierno para la atribución exclusiva de estas actividades a los procuradores. Todo ello en función de este informe que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia y en función también de nuestra propia lectura de este anteproyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Morán García): Efectivamente, el 3 de mayo pasado el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de reforma del enjuiciamiento civil. Desde entonces ha habido diversos informes, como usted sabe -del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, abogados, procuradores y Comisión Nacional de la Competencia-, y me pregunta específicamente por uno solo de esos informes. Permítame que le diga al respecto que es importante tener en cuenta que ha habido cinco informes porque el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que desde luego tiene siempre un importante valor referencial, presenta siempre un estudio necesariamente parcial de la problemática que aborda todo este anteproyecto de ley. Es decir, cada uno de los informes, tanto el que emite la Comisión Nacional de la Competencia como el del Consejo o el del Consejo Fiscal, se emiten desde ópticas diferentes: uno estudia el problema de la competencia, al Consejo del Poder Judicial lo que le preocupa es que la actuación de los procuradores contribuya a la agilidad de los procesos, que no repercuta desfavorablemente en la tutela de los ciudadanos y lo mismo al Consejo Fiscal; en el caso de los colectivos de procuradores y abogados, lógicamente son otros intereses de tipo cooperativo, sin duda legítimos pero que, igual que ocurre con los otros, puede coincidir en todo o en parte


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con el interés general. En cualquier caso, todos estos órganos son, a estos efectos, consultivos y el Gobierno lo que tiene que hacer es extraer las conclusiones a la vista del puzzle completo, a la vista de la totalidad de los informes.

Quería precisar eso, en primer lugar, para enmarcar la contestación a su pregunta concreta. Es cierto además, y usted no lo ignora, que no es el primer informe de la Comisión Nacional de la Competencia a este respecto; en años anteriores ha habido otros que no repasaré porque se centra usted principalmente en este informe.

Y por ser necesariamente breve, si le parece, podría hacer referencia a algunos aspectos que me parecen más destacables de este informe de la Comisión Nacional de la Competencia al efecto de poder darle con mayor precisión la opinión que usted me solicita. En primer lugar, uno de los aspectos principales es el de la proposición que hace a la comisión de eliminar la obligatoriedad de la representación procesal por parte de un tercero, es decir, que las partes puedan en todo momento comparecer por sí mismas ante los tribunales sin necesidad de un procurador. Yo creo que, con todo el respeto a la comisión -que desde su óptica entiende que esto sería ideal para la competencia-, esto no sería quizás igualmente bueno para los ciudadanos. Usted no ignora que los procesos judiciales tienen una serie de complejidades, una serie de plazos que hay que cumplir; las consecuencias derivadas del incumplimiento de esos plazos pueden ser fatales si el ciudadano no presta la diligencia debida, no está pendiente o no tiene la posibilidad de estarlo; las dilaciones en las notificaciones, cuando no interviene un procurador, si tuvieran que realizarse personalmente por cada uno de los ciudadanos, harían que se multiplicaran en el conjunto de los pleitos del territorio nacional. Todas esas razones nos hacen llegar a la conclusión de que no es aconsejable eliminar la figura de la representación en nuestro ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, el informe de la comisión también hace referencia a que no existe a su juicio una justificación del mantenimiento de la colegiación obligatoria de los procuradores. A este respecto, quería precisarle que no es exactamente este un tema de la Ley de Enjuiciamiento Civil sino más bien un tema de ese otro anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, que está en tramitación, que ha pasado por Consejo de Ministros en primera vuelta el 2 de agosto de 2013 y que está ahora mismo en fase de informes. Es decir, no hay, igual que en el otro texto, una postura definitiva del Consejo de Ministros previa a su trámite parlamentario, pero, como digo, ya hay una primera aproximación. En este sentido, lo único que puedo anticipar, porque es público y está en fase de informes, es que la colegiación obligatoria de los procuradores se mantiene en la medida en que se hace necesaria para tutelar los derechos de los ciudadanos en su representación ante los tribunales.

La Comisión Nacional de la Competencia recomienda también que se faciliten los mecanismos de acceso académico-formativo a la profesión de procurador. Estamos también ante una cuestión que no es propiamente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como usted sabe, como consecuencia de las exigencias de Bolonia, en la Ley de 2006 ya se estableció una obligatoriedad de cursar un máster para aquellos alumnos que hubieran culminado los estudios de Derecho y que no alcanzaron la licenciatura sino el grado, y en eso estamos ahora mismo. Hemos creado un grupo de trabajo en el que se integran abogados, procuradores, los rectores y decanos de facultades y también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, y estamos trabajando con vista a que en torno al primer trimestre, quizás en abril del próximo año, pudiera haber ya una primera convocatoria de ese examen al que obliga la Ley de 2006, que, como sabe, fue objeto de una modificación legal en 2012 para adaptar ese periodo transitorio. Estamos, como digo, intentando poner en pie esa primera convocatoria de examen que culminaría la formación del máster. Hay sesenta y cinco universidades que tienen máster, cuyo contenido de calidad, contenido mínimo -que también es objeto de la preocupación de la comisión- está asegurado por vía de la homologación del control que lleva a cabo el Ministerio de Educación; y también hay una escuela de práctica jurídica en Vitoria. En conjunto, hay sesenta y seis. Se trata de establecer los mecanismos para esa primera convocatoria, sin perjuicio de que este grupo de trabajo pueda seguir sus funciones, pueda seguir trabajando por si se producen en la primera convocatoria, como sería normal en cualquier actividad, los posibles desajustes que se pudieran advertir; la idea es que se pudieran corregir de cara al futuro para ya dotar de estabilidad a ese desarrollo necesario de aplicación práctica de la ley que exige y garantiza el acceso formativo antes de acceder a la condición de procurador.

Otra recomendación de la comisión se centra en posibilitar el ejercicio simultáneo entre las profesiones de abogado y procurador. También este tema está siendo estudiado en ese anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. Lo que se nos ha trasladado por algún sector es la idea de que en el ámbito europeo se quiere converger en la profesión entre abogados y procuradores; eliminar, en definitiva,


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la incompatibilidad entre una y otra profesión. Lo cierto es que en el anteproyecto se establece esa compatibilidad, salvo en el caso de que el procurador estuviera desempeñando funciones de comunicación o ejecución con carácter de agente de la autoridad, porque en este caso estaría coadyuvando con la Administración de Justicia en un aspecto público diferente del derecho a la defensa y, por lo tanto, habría una cierta contradicción, o riesgo de haberlo, entre el interés público y el interés privado. En cuanto al resto, la posición del anteproyecto, que, como digo, todavía es provisional porque está en fase de primera vuelta, se orienta en esa línea.

Finalmente, otra cuestión, que también aborda la Comisión Nacional de la Competencia, es el mantenimiento del arancel por los procuradores. La idea que tenemos en este momento plasmada en ese anteproyecto, sujeto a la aprobación definitiva por parte del Gobierno a la hora de trasladarlo como proyecto de ley al Parlamento, es que en ningún caso los aranceles que pudieran establecerse puedan impedir u obstaculizar gravemente el acceso a la tutela que necesita el ciudadano de un abogado o de un procurador. Se trata de que de manera unilateral no se puedan establecer condiciones que dificulten el acceso al conjunto de la tutela judicial efectiva y en este caso a la prestación por parte de los procuradores o de los abogados de estos servicios.

Estas son, en definitiva, algunas de las cuestiones más relevantes de ese informe de la comisión nacional que le quería destacar, sin perjuicio de que, a medida que vayamos avanzando en la tramitación de estas leyes, lógicamente estaremos a su disposición para darle mayor información.

El señor PRESIDENTE: ¿Señora Díez? (Denegación).

Finalizamos el turno de preguntas que se han realizado al señor secretario de Estado de Justicia, al que agradecemos una vez más su comparecencia en la Comisión, al igual que al resto de miembros de su equipo, que han tenido la amabilidad de estar con nosotros, y despedimos en este punto al señor secretario de Estado y continuamos inmediatamente con las proposiciones no de ley. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE SUSPENSIÓN DEL MAPA DE DEMARCACIÓN JUDICIAL E IMPULSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA JUSTICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000780).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a las proposiciones no de ley; en primer lugar, la primera proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Mixto sobre la suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia. Para su formulación, por tiempo de diez minutos -también señalo que no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley-, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado una propuesta de modificación de la demarcación judicial. Sobre dicha propuesta está trabajando la comisión institucional creada para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de demarcación y de planta judicial. De hecho, ya puede consultarse en la página web del Ministerio de Justicia el proyecto para la nueva Ley de demarcación y planta judicial. fin

La reforma propuesta supone, a nuestro entender, una provincialización aún mayor de la Administración de Justicia y pretende reducir, nada más y nada menos, de 431 a 200 los partidos judiciales existentes. La propuesta de modificación de la ley de demarcación a la ciudadanía supone deteriorar el acceso geográfico a la justicia. Solo en los países catalanes eliminan más de 30 partidos judiciales, lo que ya ha suscitado, como no podía ser de otra manera, las críticas del territorio. El proyecto que prepara el Ministerio de Justicia no prevé ningún tipo de medida frente a la insularidad, lo que deja a las Illes Balears en este caso en el más absoluto abandono. Mientras se dividen en sedes judiciales los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Castilla y León, se prevé eliminar la Audiencia Provincial y los actuales partidos judiciales, excepto los de Palma. Ello nos demuestra que existe un trato discriminatorio hacia las Illes Balears que son tratadas como una simple colonia. Si el Ministerio de Justicia desarticula el Estado, la única salida que les queda a las Illes Balears es construir su estado propio. De no modificarse el proyecto que prepara el Gobierno, se atentará contra la igualdad entre los ciudadanos, ya que para poder ejercer sus derechos los ciudadanos de las islas menores deberán pagar los desplazamientos que harán costosísimo cualquier proceso. Permítanme que les ponga un ejemplo que es especialmente llamativo. Es el caso de Formentera, cuyos ciudadanos se verán obligados a desplazarse en barco hasta Ibiza para luego ir en avión o barco


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hasta Mallorca. Se trata de un absoluto despropósito la constatación de que los ciudadanos de las Illes Balears son tratados como ciudadanos de segunda. Voy más allá, incluso podríamos decir ciudadanos de tercera. Supone una evidente vulneración del derecho de acceso a la justicia, y desde la humilde posición de Esquerra Republicana de Cataluña esto no vamos a permitirlo, dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Por otro lado, Cataluña cuenta con competencias en materia de justicia. Sin embargo, el ministerio se empeña en imponer un modelo de demarcación y de planta judicial totalmente alejado de sus necesidades y peculiaridades. Nuevamente, ustedes, y no es ni mucho menos la primera vez, aprovechan para centralizar y para homogeneizar en este caso provincializando la Administración de Justicia. Agrupan los juzgados de Girona, de Santa Coloma de Farners, de San Feliu de Guixols y de La Bisbal de L'Ampordà en comarcas gironinas; los del Vilafranca del Panedés y Vilanova de la Geltru, el Panedés, los de Manresa, Berga e Igualada en la Cataluña central; los de Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Cornellá de LLobregat, Prat de Llobregat, Sant Boi Y Gavà, y así un largo etcétera porque podríamos seguir enumerando los partidos judiciales que pretenden hacer desaparecer. Luego nos dirán que todo ello contribuye a acercar la justicia a la ciudadanía. Nosotros no lo creemos así. Esta es una moto que, señorías del Partido Popular, no vamos a comprar.

Lo que deben hacer desde nuestra modesta posición, si de verdad apuestan por una mejor Administración de Justicia, una administración más cercana al ciudadano y más arraigada a la realidad de cada uno de los territorios, es transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias en demarcación y en planta judicial. Es, y tampoco se lo voy a descubrir, la administración más cercana la que mejor conoce la realidad del territorio y la que mejor dará una mejor, valga la redundancia, respuesta a ella. Pero esto seguramente choca, una vez más, con su realidad, que ya he explicado también aquí siempre que tenemos oportunidad, nacionalista y centralista que intenta homogeneizar el Estado.

Voy acabando. Ciertamente, la justicia necesita mejoras y cualquier proyecto de mejora de la justicia debe ser, a nuestro entender también, una prioridad. Pero su proyecto no es aceptable pues supone un deterioro del acceso geográfico a la justicia. Con modificar solo la estructura de la planta judicial no se va a conseguir nada y mucho menos si trata de alejar la justicia de los ciudadanos. Hay que ir mucho más allá, sobre todo invirtiendo en medios humanos y en nuevas tecnologías, diseñando aplicaciones que sean eficaces que permitan el expediente digital completo, que permitan la automatización de tareas y un largo etcétera. El elemento clave para la mejora de la justicia en este país y en el momento en que vivimos, en pleno siglo XXI, argumento que ya aparece en el documento del Consejo General del Poder Judicial, es la aplicación de las nuevas tecnologías y la predisposición y capacitación de los empleados de la justicia y los jueces para hacer uso de estas en el funcionamiento diario de los estamentos judiciales y entre estos y los usuarios de la justicia. De implementarse, ello hace innecesaria su nueva propuesta de demarcación y planta judicial.

Para finalizar, después de todo lo que acabo de exponer, no les queda otro remedio que interpretar que ustedes no pretenden mejorar la justicia. Lo que pretenden mediante este proyecto no es otra cosa que centralizar y homogenizar. Este es un modelo de Estado y un modelo de justicia. Nosotros vamos a intentar no permitírselo y si no somos nosotros va a ser el propio territorio quien no se lo va a permitir.

El señor PRESIDENTE: Como les indicaba no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Pasamos a fijación de posiciones por el resto de grupos por un tiempo de cinco minutos.

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa). No está presente.

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sí está presente pero no hace uso de este turno.

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural está presente también pero no hace de este turno.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, desde Convergència i Unió nos acercamos a esta iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña haciendo dos matizaciones iniciales. Una sería que lo que se propone en el punto primero de la parte dispositiva de la iniciativa, que hace referencia a un documento del Consejo General del Poder Judicial, entendemos que ha sido ya desbordado por el documento que ha realizado la comisión de expertos a la que encargó el Ministerio de Justicia hacer un trabajo sobre la demarcación y planta judicial. Una segunda matización sería que aunque la proponente en la presentación de la iniciativa ha hecho especial referencia a las dificultades que supondrá el que este estudio pudiera llevarse a la práctica en lo que hace referencia a las Illes Balears, esto no es más que un


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ejemplo de cómo en la práctica supondría un claro alejamiento de la Administración de Justicia del ciudadano. Dicho esto, compartimos absolutamente la preocupación que se traslada desde esta iniciativa puesto que hago referencia ya al último documento de la comisión de expertos. Si se lleva a cabo y se traduce por el Consejo de Ministros lo que aquí se propone en una ley de demarcación y planta, compartimos la visión de la proponente de que se va a dificultar muchísimo el acceso del ciudadano a la Administración de Justicia que es un servicio público, al mismo tiempo que se va producir una clara desvertebración del territorio.

Esto no solo porque los ciudadanos y las ciudadanas tengan que trasladarse a esos nuevos juzgados de instancia cuyas sedes están previstas que estén únicamente en la capital de provincia, sino también porque va a producir toda una serie de dificultades en un montón de hechos de la vida de las personas que constituyen materia de inscripción registral como, por ejemplo, los levantamientos de cadáveres y todas aquellas materias que hoy en día están resueltas por una justicia de paz que está previsto que desaparezca también y que, al respecto, el secretario de Estado de Justicia, respondiendo a preguntas de una diputada socialista, tampoco nos ha dado la garantía de que se mantenga. Por lo tanto, como compartimos esta preocupación daremos nuestro apoyo al punto primero, no tanto por la literalidad de lo que se dispone en el mismo, sino por la preocupación que trasluce. Estamos de acuerdo con esto porque los informes elaborados suponen una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, a las cuales les corresponde elaborar las propuestas de demarcaciones judiciales en sus ámbitos territoriales respectivos, tal y como reza el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En Cataluña esta competencia la recoge también el artículo 107 de su Estatuto de Autonomía.

Por lo que respecta al punto número 2 vamos a darle también nuestro apoyo puesto que estamos de acuerdo en que el Gobierno del Estado prepare un plan de inversiones en nuevas tecnologías con la dotación económica correspondiente y que transfiera a las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia los importes que han de servir para llevar a término ese plan de inversiones, en el bien entendido de que la configuración, la implantación y el mantenimiento de los sistemas informáticos y las nuevas tecnologías ha de corresponder a quien tiene la competencia, que, en este caso, en lo que respecta a Cataluña, la tiene la comunidad autónoma, a tenor de lo que reza el artículo 104 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar la iniciativa que hoy nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Señora Jordà, ha hecho usted una defensa tan encendida de los intereses de mi comunidad autónoma que le tengo que decir que, a título personal, casi me dan ganas de votar a favor de su iniciativa. No obstante, como a continuación le explicaré, en su momento solicitaremos la votación de los dos puntos separados, con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista respecto al primer punto y votando a favor del segundo punto.

El motivo de nuestra abstención respecto al primer punto -se lo estaba diciendo también ahora la señora Pigem, sin perjuicio de que el Grupo Catalán vaya a votar a favor- es que, debido a la dinámica de tramitación parlamentaria, ustedes registraron esta propuesta, si no me equivoco, en el mes de julio de 2012 y, evidentemente, desde entonces se han producido una serie de cambios y modificaciones tanto en el texto como en las circunstancias que han hecho que el Grupo Socialista haya presentado nuestra proposición no de ley -registrada en el mes de julio de 2013- con objeto de que se debata en el Pleno todo lo que respecta a la Ley de demarcación y planta judicial, así como también hemos registrado sendas proposiciones no de ley -estas ya más territorializadas- entre las que se encuentra la proposición no de ley que hoy se debatirá sobre el territorio de Castilla y León -que defenderá mi compañero Luis Tudanca- y la proposición no de ley relativa a mi comunidad autónoma -Illes Balears- que yo mismo registré y que cuando sea el momento oportuno se debatirá en esta Comisión. (El señor vicepresidente, Camacho Vizcaíno, ocupa la Presidencia). En consecuencia, consideramos que procede, ya que tenemos nuestra propia propuesta más actualizada que hoy se debatirá en esta Comisión, la abstención respecto al primer punto. Además, aprovecho para invitarle a que se una a la votación a favor de nuestras propuestas al considerar que quizás se adecuan más a la situación temporal en la que nos encontramos.

En cuanto al segundo punto de su propuesta, tengo que decirle que votaremos a favor no solo porque estamos completamente de acuerdo con el contenido del mismo, sino porque, además, cabe recordar que por parte del Gobierno socialista en la pasada legislatura se aprobó la Ley reguladora del uso de las


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tecnologías de la información y la comunicación para la Administración de Justicia. Es evidente que esta ley, si no se dota de un contenido económico no tiene ninguna travesía que recorrer. Por lo tanto, consideramos que la propuesta que usted realiza es necesaria y acorde con los objetivos de la ley que le he mencionado. Por ese motivo votaremos a favor del segundo punto.

El señor VICEPRESIDENTE (Camacho Vizcaíno): Por el grupo parlamentario tiene la palabra el señor Barreda.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Intervendré brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta iniciativa en la que quedarán dos datos, uno de ellos la curiosidad de las muchas efemérides a las que se refiere su tramitación, porque es una iniciativa nacida un 4 de julio, publicada un 18 de julio, referida a un informe encargado por esta Cámara un 15 de diciembre -aniversario del referéndum para la reforma política de 1976~_. Al margen de estas curiosidades destacará más el torno de la señora Jordà, un tono a mi parecer para defender esta iniciativa que es innecesaria y desfasada -como ya han destacado otros portavoces- extremadamente conservador e inmovilista en relación con la justicia en España. Quiero recordar que el informe al que se refiere la iniciativa es un informe encargado por esta Cámara en la pasada legislatura al Consejo General del Poder Judicial. Ese informe no tiene carácter definitivo, todavía está circulando en los tribunales superiores para recibir sus aportaciones y, en todo caso, cuando sea definitivo no tendrá carácter vinculante para el Gobierno. Es consecuencia de una iniciativa del Grupo Socialista y no va a tener carácter vinculante para el Gobierno de la nación. El objetivo del Gobierno es otro, el objetivo prioritario de este Gobierno es lograr una completa transformación de la Administración de Justicia -muy lejos de ese planteamiento ultraconservador que hacía la señora Jordà-, una justicia adaptada a las necesidades actuales y que, utilizando sobre todo las nuevas tecnologías, atienda en un plazo de tiempo razonable a los ciudadanos. Desde esa visión, como ya se ha recordado, el 2 de marzo del año 2012 se creó una comisión institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de demarcación y planta judicial. El planteamiento es adaptar el mapa judicial a la realidad demográfica, económica y social presente; lograr una estructura organizativa y territorial basada en criterios de flexibilidad y eficiencia y que supere el modelo de partido judicial, que sea capaz de evitar la excesiva acumulación de litigios en determinados territorios. No estamos hablando de suprimir 50 o 100, no, esa no es la propuesta, esa no es la hoja de ruta que se ha planteado el Gobierno, sino que el planteamiento es superar el modelo de partido judicial. Así lo manifestó el señor ministro de Justicia en la comparecencia ante esta Comisión el pasado 7 de mayo, cuando se dieron a conocer las principales líneas. En relación con la Ley de demarcación y planta lo que quedó claro es que se destacaba un planteamiento de supresión de los partidos judiciales para la implantación de los tribunales de instancia. Un planteamiento que es el que hace la comisión institucional -todavía no hay proyecto de ley-, pero que el ministro en esa comparecencia consideró más adecuado que el que venía reflejado en el informe del Consejo General del Poder Judicial. Es un sistema que permite la concentración, la flexibilización y la especialización como principios que inspiren la actuación de los tribunales en el futuro. Conocemos los problemas que se han padecido en los últimos años por la fragmentación en partidos judiciales, como la falta de especialización, las dificultades para fijar los servicios de guardia en cada juzgado, la condición interina muchas veces en las sustituciones y la falta de flexibilidad en las cuestiones de reparto. De lo que se trata es de suprimir el juzgado como órgano unipersonal e ir a la creación de un órgano colegiado, un tribunal de instancia que creemos que, en primer lugar, va a conseguir una mayor calidad en las resoluciones, fruto de esa especialización y que, evidentemente, no tiene por qué llevar aparejado -insisto- la desaparición de las sedes judiciales. Una cosa es la provincialización de los tribunales de instancia y otra cosa es que no puedan existir varias sedes judiciales en una única provincia. Por tanto, sería un único tribunal pero con varias sedes judiciales. El mantenimiento de las actuales sedes judiciales no impediría conseguir ya efectos positivos de la propia implantación de los tribunales de instancia. En primer lugar, permitiría una redistribución de efectivos y de la carga de trabajo y, en segundo lugar, permitiría contar con órganos especializados en todas las provincias. Por tanto, estamos avanzando en una dirección que, por cierto, es en la que avanza la justicia española desde hace ya muchos años, porque en el orden contencioso o en el orden social existe esa provincialización desde hace ya mucho tiempo sin que nadie haya apreciado por ello perjuicios en el funcionamiento de la justicia.

Por tanto, se trata desde ese planteamiento de igualar la carga de trabajo de todos los jueces del Tribunal de instancia y de conseguir también una mayor calidad en las resoluciones judiciales. Insisto, no


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hay un planteamiento de supresión a priori de sedes judiciales, hay un planteamiento de provincialización de los tribunales de instancia que pueden tener varias sedes en cada provincia.

Hoy tenemos el debate abierto. Hay una propuesta de la comisión institucional, no hay una propuesta del Gobierno. Está el debate abierto a los distintos operadores jurídicos y se trata de conseguir consenso y de afrontar situaciones o planteamientos y circunstancias específicas como las que pueden derivarse de la insularidad que se ponen aquí de manifiesto y que evidentemente están por definir. Hasta finales de año no contaremos con una propuesta del Gobierno y estamos con informes, insisto, de una comisión institucional que evidentemente tampoco vincula al Gobierno. Es probable que se conozca la propuesta del Gobierno a finales de año.

Termino, señor presidente. En relación con el plan de inversiones ustedes saben que el esfuerzo en las nuevas tecnologías ha sido muy importante, también había que hacer un esfuerzo de contención del gasto y, por tanto, de priorizar en unas materias frente a otras. Hay un plan de acción económicamente viable, el plan de acción de la estrategia general de la Administración de Justicia 2012-2014 y conformada en torno a cuatro grandes programas de reformas jurídicas, técnicas y organizativas para la mejora de la actividad judicial, insistiendo mucho en la calidad y, sobre todo, en la cooperación entre administraciones. El planteamiento de modernización que lleva aparejado grandes cambios en lo organizativo y en lo jurídico, nuevas formas de trabajo, tiene que dirigirse a un modelo basado en expediente judicial, en la interoperabilidad de los diferentes sistemas informáticos e, insisto, en la cooperación entre administraciones.

Por todo ello vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, insisto, innecesaria, desfasada, superada por el tiempo, por el año y pico transcurrido desde su registro y, sobre todo, defendida desde un planteamiento ultraconservador que es lo último que le conviene en este momento a la justicia española.

- SOBRE LA NECESIDAD DE REFUERZOS DE MEDIOS, EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001669).

El señor VICEPRESIDENTE (Camacho Vizcaíno): Pasamos a la segunda proposición no de ley sobre la necesidad de refuerzos de medios en el ámbito de la jurisdicción del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Almería.

Tiene la palabra por diez minutos por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: Señorías, el municipio de El Ejido se encuentra situado en la comarca del Poniente de Almería con un incremento vertiginoso en su población. Ahora en la actualidad tiene 83.104 habitantes.

El Ejido es un pueblo acogedor, integrador, innovador y motor de la economía con la agricultura intensiva al igual que el resto de la comarca. Ha sido el lugar de acogida de miles de personas provenientes principalmente de las comarcas limítrofes de La Alpujarra, de otras zonas de España, del norte de África y del resto de Europa.

La población extranjera es de 27.350 habitantes, lo que supone el 33% de la población. Como decía Rey Calero, necesitábamos mano de obra y nos vinieron personas, personas que se han ido integrando y conviven en la actualidad más de cien nacionalidades distintas.

En este municipio en 2009, y tras una amplia labor de investigación ya de varios años, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la fiscalía del Estado y la autoridad judicial, se procedió al registro del ayuntamiento y de la oficina de la empresa mixta de servicios municipales El Sur. Fueron detenidas en ese acto por la Policía Nacional veinte personas, entre ellas el entonces alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del partido por Almería, partido segregado del Partido Popular. También el interventor municipal por su presunta implicación en una trama de corrupción empresarial entre varias subcontratas y la empresa mixta de servicios dentro de lo que fue la llamada operación Poniente, operación que generó, lógicamente, una gran alarma social. Se le imputó los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

La operación, de gran complejidad, con decenas de miles de folios en el sumario, está dirigida en la actualidad por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Almería a instancia de la fiscalía de anticorrupción y desarrollada no solo en Almería, no solo en El Ejido, no solo en Andalucía, sino también en Madrid.


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Dichos hechos están generando una ardua tramitación procesal ante el juzgado de instrucción que actualmente se ocupa de este caso a la par que a la vez atiende lógicamente los asuntos que de manera ordinaria le son asignados, lo que supone una carga de trabajo muy considerable para la persona titular de este juzgado. Genera retraso en todos los procedimientos y en el caso Poniente acumula ya un retraso de cuatro años.

Según el sumario, durante más de diez años se detrajo dinero -el sumario ya es público- de las arcas municipales a través de subcontrataciones con la empresa de servicios El Sur. Los resultados de esta trama de corrupción han sido y están siendo muy perjudiciales para todos los vecinos y vecinas de El Ejido por la malversación de un dinero público aportado por todos, por la ruina en la que se quedó el ayuntamiento, situación que aún continúa, y especialmente perjudicial para los trabajadores de la empresa El Sur que aún están sufriendo impagos y despidos sin que ahora en la actualidad se le esté solucionando su problema.

Las parlamentarias y parlamentarios nacionales y andaluces del Partido Socialista en Almería al observar que estamos ante un caso que lleva en fase de instrucción cuatro años, dirigimos una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se adopten todas las medidas que se estimen necesarias para garantizar que la citada investigación pueda realizarse en las mejores condiciones y en el mejor tiempo posible. El juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ya también alertó en febrero de la gran carga de trabajo que soporta este juzgado al que investiga la operación Poniente. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, muy recientemente mostró también su preocupación por la falta de recursos en los órganos judiciales para la investigación de grandes asuntos de corrupción, haciendo referencia explícita a este caso Poniente.

Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2012, señala que una de las principales causas de corrupción de Almería es la operación Poniente que investiga el juzgado de instrucción número 2. Con más de treinta personas imputadas y más de 60.000 folios de sumario, el juez lleva ya tres años investigando el mayor caso de corrupción política y empresarial de la provincia pendiente de detalladas y extensas pruebas periciales. Y muy recientemente los vocales territoriales para Andalucía del Consejo del Poder Judicial han trasladado que urgirán a la Agencia Tributaria para que concluya los informes periciales que mantienen abierta la instrucción del caso Poniente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, toda la ciudadanía exige que ante los casos de presunta corrupción se depuren las responsabilidades cuanto antes para que las sentencias sirvan de ejemplo para una ciudadanía que reclama que todos sus representantes tengan comportamientos éticos, ejemplares y que se castiguen aquellas conductas que pongan de manifiesto cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, sumándose también a esta exigencia, ha presentado la siguiente proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Congreso en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias a acordar las medidas necesarias para dotar al juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Almería que tramita la operación Poniente, de todos los medios que precise de acuerdo con lo previsto legalmente, incluido, si es necesario, el nombramiento de un juez de refuerzo.

Esperamos que esta propuesta sea aceptada y votada por todos los grupos por el bien de la justicia, pero, sobre todo, porque tiene que beneficiar también a la población del municipio ejidense.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Navarro.

La señora NAVARRO CRUZ: En primer lugar, por supuesto que quiero sumarme y estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha hecho la señora Fernández Moya con respecto a la valoración del municipio de El Ejido y, por supuesto, también quiero sumarme a ese carácter acogedor que tiene no solo el municipio de El Ejido, sino toda la provincia de Almería.

Verdaderamente hemos sido receptores de muchísimas personas que han venido a trabajar y creo que hemos sido también ejemplo de todo eso. Fin.

No podemos estar más de acuerdo con la necesidad de depurar responsabilidades en presuntos casos de corrupción y con que caiga sobre los hallados culpables todo el peso de la ley. Esta es la única forma de reestablecer la dignidad en la tarea pública. Además de las manifestaciones hechas por el


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presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a las que hace referencia la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y en las que pone de manifiesto la necesidad de recursos en los órganos judiciales para la investigación de grandes casos de corrupción, también hemos conocido que el presidente del Consejo General del Poder Judicial encargó un informe sobre este mismo tipo de casos que se tramitan en los juzgados y tribunales de España. El estudio ha concluido provisionalmente que 782 órganos judiciales tramitan 2.173 procedimientos de especial complejidad de nuestro país. De esas 2.173 causas de especial complejidad, 1.661 corresponden a aquellas que investigan conductas tipificadas en el título XVIII de nuestro Código Penal vigente -delitos contra el orden socioeconómico- y lamentablemente conductas tipificadas en el título XIX, delitos contra la Administración pública. En Andalucía 100 órganos judiciales siguen 656 causas de especial complejidad; más de un tercio del total nacional se da en Andalucía. Somos desgraciadamente la comunidad autónoma donde más causas de este tipo se están tramitando por los órganos judiciales. Nos sigue muy de lejos la Comunidad Valenciana con 200 causas y 81 juzgados afectados, Madrid con 153, Canarias con 149 y Cataluña con 128. En el Grupo Parlamentario Popular también pensamos que Andalucía tiene que dejar la cabeza de este ranquin y entre todos tenemos que conseguir que la operación Poniente, el caso Malaya o los ERE fraudulentos sean un mal recuerdo. Para eso tenemos mucho trabajo por delante y, sobre todo, debemos dar pasos en la buena dirección. Esa buena dirección implica solicitar los medios necesarios a los organismos con competencia para ello. El contenido del artículo 216 bis apartados 1 y 5 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dice: Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la oficina judicial o la extensión temporal del reparto prevista en el artículo 166.1, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio. Por lo tanto, en el Ministerio de Justicia cuando se recibe la solicitud correspondiente del Consejo General del Poder Judicial para la autorización económica dirigida al disfrute de planes de actuación por objetivos, se procede a realizar la correspondiente y habitual tramitación. A día de hoy, señorías, no se ha recibido -según tenemos nosotros conocimiento- ningún acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en el que se comunique al ministerio la necesidad de establecer medidas de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería. Debo decir también que el caso Poniente en concreto se ha contado con un juez de refuerzo desde el primer minuto hasta que el momento procesal lo ha requerido. En este momento no es requerido ese juez; por eso no está allí y se ha enviado a otro lugar. No se puede tampoco poner en duda el interés de mi partido por resolver este caso, ya que fue el propio Partido Popular el que interpuso la denuncia para que se investigara. Aún siendo un alcalde que anteriormente había pertenecido al Partido Popular, como ha dicho la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, he de decir que en el momento en que estas cosas ocurrieron estaba apoyado por el Partido Socialista tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Almería. Por otra parte, en lo que se refiere a la competencia sobre medios personales y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, esta se encuentra transferida a la Junta de Andalucía mediante los reales decretos 141 y 142 del año 1997 por los que se llevó a efecto el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Estamos convencidos de que hay que velar por el buen funcionamiento de todos los órganos judiciales y de forma especial por los cien de orden penal afectados por estas causas en Andalucía. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente enmienda de sustitución a la proposición no de ley. Leo la enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro de sus competencias y de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 216 bis de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial atienda a las medidas de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 2 que sean solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial. También insta a la Junta de Andalucía a que dentro de las competencias que tiene asumidas en materia de Administración de Justicia ponga a disposición de los juzgados y tribunales de su territorio los medios materiales precisos para un correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Entiendo que nuestra enmienda es una propuesta bastante razonable y dirigida fundamentalmente a aquellos organismos que tienen competencias para hacerlo, por lo que supongo que podemos llegar a un acuerdo. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a fijar posiciones por los grupos que no han presentado enmiendas. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem, cinco minutos.

La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos las argumentaciones que se han dado tanto por parte del grupo proponente como por parte de la diputada del Grupo Parlamentario Popular que ha intervenido acerca de la necesidad de dar una rápida respuesta a los asuntos sometidos a una decisión judicial; máxime aquellos casos que pueden causar especial escándalo, como son los casos de corrupción. Compartimos, comprendemos y mostramos nuestra solidaridad también por la situación del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y también por la de muchos otros juzgados del territorio del Estado que se encuentran en una situación de bloqueo por la carencia de medios materiales y personales.

Pero dicho esto, y por lo que respecta a la literalidad de la parte propositiva de la iniciativa, sinceramente creemos que el Gobierno del Estado no es competente para hacer lo que aquí se solicita. Por una parte, se le solicita que acuerde medidas necesarias para dotar al juzgado de todos los medios que necesite de acuerdo con lo previsto legalmente, que son medios materiales y medios personales. Entendemos que a tenor de lo dispuesto en el título V, capítulo 3 del propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, el órgano competente es la Junta de Andalucía, es decir, el Gobierno de Andalucía, que es el competente en materia de Administración judicial en cuanto a medios materiales y personales. Por otra parte, se le insta a que nombre un juez de refuerzo si así se solicita y se estima necesario. Entendemos que esto es materia y competencia del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, compartiendo la preocupación, no podemos compartir las medidas que se proponen.

Vemos que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución. Estaríamos de acuerdo con la primera parte, porque centra la competencia para nombrar un juez de refuerzo al Consejo General del Poder Judicial. Pero hay una segunda parte que también nos desorienta mucho, porque pretende que esta Cámara inste a la Junta de Andalucía y entendemos que no tenemos competencia para hacerlo. No sé el texto que finalmente se va a votar, pero desde nuestro punto de vista no vamos a poder apoyar ni el texto inicial por las razones expuestas de competencia ni la enmienda de sustitución por las razones que también he expuesto de competencia.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate y para ir preparando la votación pregunto a doña Gracia Fernández si va a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular o no.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL VALLE DE MENA, PROVINCIA DE BURGOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001810).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley relativa a la modificación de la adscripción registral del valle de Mena, provincia de Burgos, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, don José Alberto Martín-Toledano tiene la palabra.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, esta es una proposición no de ley algo especial, pero considero que tratamos un tema de importancia y bonito jurídicamente y resolvemos una problemática de más de cincuenta años.

En concreto, como sabrán sus señorías, el Valle de Mena es un municipio de la provincia de Burgos que sin embargo tiene una situación a efectos de Registro de la Propiedad muy particular porque está adscrito al Registro de la Propiedad del municipio de Balmaseda, en la provincia de Vizcaya. Por tanto se da una paradoja, una situación jurídica incomprensible que crea una problemática grave para los habitantes de dicho municipio, porque tienen que desplazarse al municipio de Balmaseda para realizar el registro de sus propiedades, mientras que en otras materias como el tema de las escrituras se realiza en la notaría de Villarcayo y al mismo tiempo tienen que pagar sus tributos en la Agencia Tributaria que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León en dicha localidad. Si nos remontamos a la historia de por qué esto sucede veremos que el Valle de Mena en 1823 pertenecía al Partido Judicial de Laredo y que cuando la montaña regresó a Burgos en 1833, y con la división de España en provincias, el Valle de Mena quedó incluido en el Partido de Villarcayo. Sin embargo a mitad del siglo XIX la tramitación de asuntos civiles del Valle pasó a depender del Juzgado de Balmaseda. Por eso al crearse los registros de la propiedad por ley


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de 1861, bajo la premisa de los libros de registro, están bajo la salvaguardia de los tribunales, los correspondientes a Mena se comenzaron a llevar en el registro de Balmaseda. A partir de 1881, los asuntos criminales del Valle pasaron a depender la Audiencia Provincial de Bilbao, pero bajo la instancia superior común, que era la Audiencia Territorial de Burgos.

Por otro lado, en 1979, en aplicación de la Ley 33/1979, de 8 de noviembre, se creó la Audiencia Territorial de Bilbao, segregada de la de Burgos. Dicha ley en su disposición adicional primera establece que el término municipal del Valle de Mena, que administrativamente forma parte de la provincia de Burgos, queda sujeto a la jurisdicción de la Audiencia Territorial de esta capital -es decir de Burgos- y se le adscribe al partido notarial de Bilbao y se dispone que el territorio de este coincida con el asignado a la Audiencia Territorial de Bilbao, por lo que el término municipal del Valle del Mena queda adscrito notarialmente al distrito de Villarcayo, provincia de Burgos y Colegio Notarial de Burgos.

Tenemos pues que el Valle de Mena pertenece en el orden administrativo, judicial y en el notarial a Burgos, y por ende a Villarcayo, por lo que se hace imprescindible la homogeneización también en el distrito hipotecario. Es absolutamente insostenible esta situación. Entendemos que la solución a esta problemática vendrá como consecuencia -así nos informa el Ministerio de Justicia- del nuevo real decreto por el que modifique la demarcación de los registros de propiedad mercantiles y de bienes inmuebles que actualmente se encuentra en tramitación y por tanto la solución sería la adscripción del Valle de Mena al Registro de la Propiedad de Villarcayo en la provincia de Burgos.

Quiero decirles que de mantenerse esta situación habría unas disfunciones muy importantes. Los registradores de la propiedad son funcionarios, son nombrados por las respectivas comunidades autónomas. Por tanto se da la extraña e impropia circunstancia de que es la consejería del País Vasco la que nombra a un funcionario con responsabilidades sobre una población de otra comunidad autónoma. Además quiero recordarles que el artículo 169 de la Ley Hipotecaria establece como funciones inspectoras de los tribunales superiores de justicia las inspecciones de los registros de la propiedad. Por tanto se da la circunstancia de que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y no el de Castilla y León, quien realiza estas labores inspectoras en un municipio de una comunidad autónoma distinta a la propia.

Todas estas distorsiones -no quiero alargarme porque es evidente que es una situación anacrónica y distorsionante- se solucionarían con la vía que sugerimos en esta proposición no de ley y que estamos convencidos que el Gobierno asumirá de modificar la situación registral del Valle de Mena para su adscripción al registro de Villarcayo, en Castilla y León, en Burgos.

Les puede resultar un poco extraño que un diputado de la provincia de Ciudad Real traiga este tema de la provincia de Burgos, pero yo les voy a explicar por qué. Es porque tengo conocidos que trabajan en la Administración de Justicia en esta zona de la provincia de Burgos y me plantearon el tema. Yo lo estudié y me pareció muy interesante la propuesta, muy bonita. Hice una propuesta al Grupo Popular y este decidió que yo la defendiera ya que la había redactado, en lugar de que la defendiera otro diputado por la provincia de Burgos, sin que ello signifique que los diputados apoyen esta propuesta totalmente una vez que han tenido conocimiento de esta circunstancia. Asimismo es un tema que se ha intentado solventar desde hace muchísimos años, ya que hay una petición histórica del Valle de Mena y de los municipios de la comarca, y que nunca -no sabemos muy bien por qué- ha encontrado solución. Ahora podemos resolver una problemática de más de 160 años, una anomalía jurídica y administrativa que no tiene ningún sentido.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. En consecuencia pasamos a fijar posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La verdad es que no pensaba intervenir, solo iba a hacerlo para fijar la posición de mi grupo a favor de esta proposición no de ley defendida por el diputado, pero lo hago por sus explicaciones finales, casi sus disculpas finales, de por qué un diputado elegido por la circunscripción de Ciudad Real presenta y defiende una iniciativa (El señor Martín-Toledano Suárez: Es una explicación, no una disculpa) -permítame utilizar estas palabras y decirlo coloquialmente- que tiene que ver no solo con Burgos sino también con Balmaseda, de cuya zona soy yo. En fin, tomo la palabra para felicitarle porque haya ejercicio como diputado nacional, que es lo que somos todos nosotros al margen de la circunscripción electoral por la que se haya presentado. Le digo que por mi parte no tiene usted por qué explicarme que es de Ciudad Real y que se lo han dicho sus amigos de Burgos, porque aquí como todos


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somos diputados nacionales, pues me parece estupendo. Unión Progreso y Democracia votará favorablemente la iniciativa, al margen de la circunscripción por la que haya sido usted elegido.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo de La Izquierda Plural? (Pausa).

¿Grupo Catalán? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca.

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señorías, voy a intentar convencer a la señora Díez de que reflexione y rectifique el sentido anunciado de su voto, porque ella es de Sodupe -si no estoy mal informado- muy cerquita precisamente del Valle de Mena, en la provincia de Vizcaya y, en cualquier caso, yo que soy diputado por Burgos no salgo de mi asombro. Cuando me enteré de que el Grupo Parlamentario Popular había registrado una proposición en este sentido sobre la provincia de Burgos pensé: ya era hora; un año y medio después, por fin, el Partido Popular iba a traer al Congreso una iniciativa buena para mi provincia, después de tanto recorte. Pero luego la leo y, con los ojos como platos, compruebo que se trata de una iniciativa que pretende empeorar la prestación de un servicio público a miles de habitantes de uno de los ayuntamientos de mi provincia. Pensé que había sido algún error, fíjense que pensé precisamente que algún técnico responsable del Partido Popular de Ciudad Real, por ejemplo, que no hubiera pasado por mi provincia nunca, había redactado esta proposición sin hablar con ningún diputado de la zona. Me sorprende que hoy diga usted que los diputados del Partido Popular de mi provincia apoyan esta iniciativa del Partido Popular. Iluso de mí pensé que cuando lo leyera un diputado del Partido Popular de Burgos ustedes retirarían esta proposición y no llegaría a debatirse nunca en la Comisión; iluso de mí pensé que quizá preguntarían a alguien del Ayuntamiento de Valle de Mena qué opina de esto o a mi compañero, senador de la provincia de Burgos, precisamente menés, que hoy me acompaña y les daría su opinión. No me sorprende que hoy, tal y como es el calibre del ridículo de esta propuesta, ni siquiera la acompañen los diputados del Partido Popular en la provincia de Burgos. Pero resulta que aquí estamos debatiendo una proposición para modificar efectivamente la adscripción registral del Valle de Mena, desde Balmaseda a Villarcayo, alejando la prestación del servicio de sus habitantes y dificultando por tanto el acceso al mismo.

Les voy a hablar un poco del Valle de Mena. La provincia de Burgos es muy grande y el Ayuntamiento de Valle de Mena está justo en uno de sus extremos, limitando justamente con el País Vasco, y resulta que, como en tantas zonas periféricas de mi provincia, les resulta más fácil acudir a Bilbao, a Vitoria, a Logroño, a Madrid o a Santander que a la capital de la provincia, no porque sean menos burgaleses que el resto sino porque les pilla más cerca, sencillamente. Los habitantes de Valle de Mena sin ningún trauma van al País Vasco a trabajar, a estudiar, al médico, a casi todo, menos al cura que depende del Arzobispado de Cantabria. Durante muchos años nosotros hemos intentado convencer a la Junta de Castilla y León de que lo importante no son las fronteras, que lo importante es que la gente viva bien y tenga acceso a los servicios independientemente de donde viva, por lo que lo sensato, lo lógico, es que se firmen convenios con comunidades autónomas vecinas para que la prestación de estos servicios, como la sanidad, se haga de forma más eficaz y accesible. Claro, que ha sido como predicar en el desierto, ese desierto en el que están convirtiendo a los pueblos de mi provincia. En este caso, por circunstancias históricas, estaba solucionado, no había ningún problema, los ciudadanos del Valle de Mena no tenían ningún inconveniente y vienen ustedes a estropearlo. Para quien no sepa cómo es Burgos, cómo es el Valle de Mena, este ayuntamiento tiene 43 pedanías, 126 núcleos de población, más que algunas provincias enteras. Y les voy a dar algunos datos que eran fácilmente comprobables en un mapa. Los habitantes del Berrón, uno de los pueblos de este ayuntamiento, uno de los afectados por esta medida, viven a 5 kilómetros del Registro de la Propiedad de Balmaseda, a 5, y ustedes pretenden obligarles a que se desplacen a Villarcayo que está a 47 kilómetros y con dos puertos de montaña de por medio. Y en Burgos -supongo que en Ciudad Real a veces también- durante seis meses al año entre otras cosas nieva, entre otras cosas. ¿Me pueden explicar desde qué criterio es mejor su propuesta, es mejor irse a 47 kilómetros que a 5? El único criterio que mencionan en esta proposición es literalmente el siguiente: El principio de organización territorial autonómica y provincial prevalece frente a la cercanía física; impresionante. Luego nos extrañamos de algunas cosas que pasan en este país. Ustedes siempre a levantar fronteras cada vez más altas. Creo que les he aportado hechos contrastados y argumentos sólidos, pero si no les gustan pueden escuchar al pleno del Ayuntamiento del Valle de Mena. Por unanimidad de sus concejales, incluidos los del Partido Popular, han votado en contra de esta proposición antes de que llegara aquí; todos, también los del


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Partido Popular. Escúchenlos a ellos, no a mí, ni siquiera al alcalde, sino a sus concejales en el Ayuntamiento del Valle de Mena.

No quiero pensar que esta proposición -y voy a dar por ciertas las explicaciones del diputado del Partido Popular sobre su motivación- responde a las ganas de castigar a un pueblo que desde hace décadas ha votado a un alcalde del Partido Socialista, un gran alcalde, por cierto. Casi -y permítanme la licencia- prefiero ilusionarme y pensar que, acosado por el caso Bárcenas el señor Rajoy ya está pensando en un retiro y está cansado de climas cálidos y pretende, cuando deje -espero que pronto- la presidencia del Gobierno, pedir el traslado del registro de Santa Pola a Villarcayo y quiera acumular asuntos allí. Si es así, apoyaré la propuesta y, desde luego, le recibiremos en Burgos con los brazos abiertos y con la proverbial hospitalidad castellana y me alegraré porque allí va a hacer mucho menos daño que el que está haciendo como presidente del Gobierno. Como me dijo hace algunos días mi compañero senador menés, Ander Gil, si no quieren ayudarnos no nos ayuden, no hace falta, ya trabajaremos nosotros por salir de esta; si no nos quieren ayudar, no nos ayuden, pero, por favor, dejen a los meneses en paz, que están bien como están.

- SOBRE LA REFORMA DE LA DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL Y EL DESDOBLAMIENTO DE LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001881).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, pasamos a continuación -porque así lo han acordado los grupos- a debatir la proposición no de ley sobre la reforma de la demarcación y planta judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Les señalo que el Grupo Popular ha presentado una enmienda.

El señor Tudanca va a defender esto también. Tiene la palabra su señoría.

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señorías, defiendo en esta ocasión una proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma de la demarcación y planta judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En este caso nos encontramos, como ya se ha debatido en puntos anteriores de esta misma Comisión, con esa clase de hacer política del Gobierno del Partido Popular que se resume en el viejo dicho de tirar la piedra y esconder la mano. Lo han hecho con la reforma de los ayuntamientos, lo han hecho con la reforma de las pensiones. El Gobierno, agazapado en el Consejo de Ministros, encarga informes de expertos, supuestamente independientes, que realizan sugerencias para reformar la Administración pública, la Seguridad Social o lo que toque ese día. Estos informes, que están repletos de condicionamientos ideológicos, tratan de justificar como inevitables cambios profundos en nuestro Estado del bienestar o en los servicios públicos proponiendo casi siempre recortes, a veces privatizaciones y siempre supresión de servicios. El debate y la polémica están servidos en los medios de comunicación pero el Gobierno, como si no fuera con él, puede pasarse semanas o meses diciendo que pasaban por allí, que la propuesta no es oficial y que esperemos al texto legislativo en el que trabaja el Gobierno. Y con la reforma de la demarcación y planta judicial ha sucedido lo mismo. Hoy la portavoz del Grupo Popular me dirá que solo se trata de una propuesta de texto articulado elaborada por una comisión de expertos -de nuevo los expertos-, pero, ¿saben qué pasa? Que ya no les creemos, que ya no les cree nadie, porque en cada caso la piedra lanzada se ha convertido en una avalancha que se lleva por delante todo lo que pilla. Miren cómo hemos pasado de un mero informe de expertos a una ley del Gobierno para bajar un 20% las pensiones en los próximos años.

En todo caso, para que eviten la tentación de eludir el debate, quiero recordar que el propio ministro hizo suya la propuesta cuando compareció en esta misma Comisión en el mes de mayo. En esta propuesta hay dos cosas que son muy perjudiciales para nuestra justicia y para el acceso de los ciudadanos a ella, sobre todo para quienes vivimos en Castilla y León. En primer lugar, la propuesta presentada pone en riesgo la existencia de la mayor parte de los partidos judiciales de toda España, con su supresión o con una pérdida de funciones que les van a convertir en meras sedes administrativas. Ya sé que el ministro ha dicho que no va a suprimir ningún partido judicial, pero no me hagan juegos de palabras. Ya sabemos que no van a demoler ningún edificio, pero lo que sí sabemos es que, de avanzar en esta propuesta, en esta reforma, la estructura de partidos judiciales desaparecerá -ustedes lo llaman ser superada-, porque apenas tendrán contenido y funciones. Eso significa una recentralización intolerable que alejará un servicio público de los ciudadanos; significa una recentralización de los juzgados en las capitales de provincia;


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significa que millones de españoles, de castellanos y leoneses, tendrán más difícil el acceso a la justicia. Quiero pedirles a los diputados y diputadas de Castilla y León, pero también a los de Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia que hablen con el señor Gallardón, que le expliquen que España no es Madrid y que en la mayoría de los municipios de nuestro país ni necesitan ni pueden permitirse obras faraónicas como las de la M-30, pero lo que seguro no pueden permitirse es perder ni un solo servicio más de los que ustedes les están recortando, porque para los municipios pequeños del partido judicial de Villarcayo, de Astorga o de Riaza, mantener la actividad de sus juzgados puede suponer una diferencia grande entre sobrevivir o dar un paso más hacia la despoblación, entre que sus vecinos, con un gran envejecimiento, por cierto, puedan acceder o no a un servicio tan importante como es la justicia. No sé si esto les importará algo, claro, porque con las tasas judiciales ustedes ya han levantado un enorme muro para dificultar el acceso a la justicia, pero les pido que lo piensen y hablen con el ministro. Pídanle que no haga caso a esa propuesta, que elabore una nueva hablando con los sectores judiciales, con los grupos políticos, con los territorios; una propuesta que no elimine los partidos judiciales ni los deje sin contenido.

Y una vez más les digo, como en la propuesta anterior, que si no quieren hacerme caso a mí, que lo entiendo, hagan caso a los procuradores y abogados de Castilla y León, que han pedido lo mismo; hagan caso, señora Escudero, al presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, que ha alertado sobre el peligro de la desaparición de los partidos judiciales; hagan caso a la Diputación Provincial de Valladolid o a la de Soria, que han aprobado una moción, con los votos una vez más de los responsables del Partido Popular, en defensa de los partidos judiciales. Hagan hoy, si no es mucho pedir, lo mismo que hicieron ayer sus compañeros del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Ayer todos ellos votaron a favor de la iniciativa, igual que esta, presentada por el Partido Socialista y le pidieron al ministro que rechace y retire esta propuesta. ¿Me podrían explicar, señorías, por qué aquí van a votar una cosa diferente a la de allí? ¿Podrán explicar que diputados y diputadas del Partido Popular de Castilla y León votan lo contrario que su presidente del partido y del Gobierno autonómico en Castilla y León?

Es verdad que esta proposición tiene dos partes, y esta es la parte agria, pero he de decir que estoy muy satisfecho, si se confirma, de que esta proposición tenga una parte dulce, dado que parece que el Grupo Parlamentario Popular sí que va a apoyar las garantías que se piden sobre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos. Es verdad que se trataba de otro hachazo de la propuesta de Gallardón, que pretendía -y, una vez más, nadie sabe ni entiende por qué- desdoblar las salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y trasladar la sede de su presidencia desde Burgos a Valladolid. Es una propuesta que atenta contra la competencias autonómicas, contra el diseño territorial y competencial que se ha establecido desde hace décadas en la comunidad autónoma. Les digo aquí muy claro, y en esto seguro que nos vamos a poner de acuerdo, que Burgos no lo va a consentir.

Déjenme que les diga lo que pedimos para que no haya ninguna duda. Pedimos lo mismo que ayer se pidió en las Cortes de Castilla y León, lo mismo que se votó por unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León. Pedimos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos no se toque, que se quede como está, que no se desdoblen sus salas y que sus órganos de gobierno se mantengan en Burgos; que no haya ninguna duda. Si hoy el Grupo Parlamentario Popular vota a favor de esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se acabó el problema. No hacen falta cartas ni recogidas de firmas ni viajes al ministerio porque en esta Cámara habrá votos suficientes para frenar la propuesta de Gallardón si este persiste en ella cuando la ley llegue al Congreso. Si esto es así, es cierto que habremos zanjado una importante preocupación de los burgaleses y de las burgalesas y de muchos colectivos a los que también -quiero aprovechar este momento para hacerlo- reconozco y agradezco las actuaciones y movilizaciones que han hecho durante los últimos meses tanto en defensa del Tribunal Superior de Justicia en Burgos como de la permanencia y necesidad de los partidos judiciales. Espero y deseo que se confirme el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a esta cuestión, al menos espero no tener que arrepentirme, que no estemos ante un nuevo juego político y que el Grupo Parlamentario Popular mantenga su posición y su palabra durante la tramitación de esta norma.

Termino ya, señor presidente, lamentando profundamente que todo un presidente de comunidad autónoma, que todo el Partido Popular de Castilla y León no hayan sido capaces de convencer al Gobierno del gravísimo perjuicio que tendrá para nuestra comunidad, y para muchísimas otras, para todas, la posible desaparición de los partidos judiciales.


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El señor PRESIDENTE: Como les señalaba a sus señorías, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra, por tiempo de siete minutos, la diputada señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Quiero mencionar dos cuestiones antes de entrar en el fondo de la proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista. Primero -yo creo que lo ha dicho por desconocimiento, no quiero entender que el diputado del Partido Socialista por la provincia de Burgos lo haya hecho con mala fe-, si mis compañeros de Burgos no estaban presentes aquí es porque uno está presidiendo una Comisión y los otros dos estaban interviniendo en otras dos Comisiones. Como bien sabe usted, hay mucha actividad legislativa en esta Cámara -los miércoles la hay- y cada uno de ellos estaba representando su papel en cada una de las Comisiones. En segundo lugar, señoría, antes de entrar también en el fondo de la PNL, toda Europa y todos los sectores políticos, económicos y sociales les pidieron durante casi siete años que hicieran caso, como usted nos pide ahora: que hagamos caso. Durante siete años todos los sectores, instituciones europeas y sectores económicos pidieron al Partido Socialista, al Gobierno socialista, que hicieran caso sobre los indicadores económicos, que alertaban de que estábamos en una crisis económica galopante, y ustedes no hicieron caso.

No se preocupen, señorías, nosotros estamos ahora en una etapa de escuchar, de reflexión, de debate, de diálogo para elaborar un texto legislativo que antes tiene que ser presentado ante el Consejo de Ministros

para que haya texto. Nosotros ahora estamos en el momento de hacer caso y escuchar a todo el mundo. No nos den lecciones sobre hacer caso porque estuvieron alertados durante casi siete años de la crisis económica que teníamos encima, no la que se venía, la que ya teníamos encima, y no hicieron ningún caso. (Aplausos).

Pasando al fondo de la proposición no de ley, después de la intervención de mi compañero, el diputado Barrera, en su respuesta a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre suspensión del mapa de demarcación judicial, poco más había que añadir. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, expuso el 7 de mayo de este año en esta misma comisión los principales puntos del informe realizado por la comisión de expertos encargada de elaborar una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley de demarcación y planta judicial. La propuesta, conforme a lo propugnado por los expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se basa, como bien sabe usted, en la creación de los tribunales de instancia cuya circunscripción será provincial. Esta reordenación territorial no supondrá en ningún caso el cierre de ningún juzgado e infraestructura judicial y se aprovecharán las estructuras ya existentes, sin perjuicio de que el modelo marca un nuevo proceso de concentración y especialización. Esto es, señorías, y ustedes lo saben muy bien, lo que dijo el ministro de Justicia en esa comisión. La comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros, el 2 de marzo del año pasado, para reformar la Ley de marca y planta judicial de 1988, fue muy clara al mostrar que la sociedad ha cambiado tanto desde entonces, con un 15% más de población y un incremento de la litigiosidad del cien por cien en los últimos veinte años, que es necesario un nuevo modelo organizativo y de gestión, sobre todo, teniendo en cuenta, y esto también lo sabe usted muy bien, que la forma con la que se ha intentado solucionar esta circunstancia, la creación de más de 2.500 plazas judiciales, se ha demostrado ineficaz porque no se ha conseguido reducir la tendencia. La solución apuntada por la comisión pasa por la creación de los tribunales de instancia que estarán formados por magistrados de los juzgados con el personal actual en unidades judiciales y algunos de la Audiencia Provincial. En concreto, los que se encargarían de juzgar en primera instancia. Las apelaciones que hasta ahora correspondían a las audiencias pasarán a los tribunales superiores de justicia, que contarán con cuatro salas (civil, penal, contencioso administrativo y social) y constituirán la culminación de la organización judicial en la demarcación de las comunidades autónomas. Por otro lado, señoría, y usted lo sabe muy bien, el Consejo General del Poder Judicial elaboró una propuesta de reforma sobre la planta y demarcación judicial, que aprobó el 3 de mayo del pasado año, que optaba por reducir de 199 a 143 los partidos judiciales actuales, informe que, como bien sabe, señoría, no es vinculante. El ministro incluso ha llegado a poner en valor la tesis de los expertos de crear tribunales de instancia de circunscripción provincial sin suprimir las sedes de los municipios, frente a la idea del Consejo General del Poder Judicial. Llegó a hacer más, y cito textualmente al ministro: Me parece más adecuada la propuesta de los expertos que la del Consejo General del Poder Judicial. Como pueden ver y como ya saben, con la reforma que se está elaborando se trata, por lo que respecta a la demarcación, de adaptar el mapa judicial a la realidad demográfica,


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económica y social actual. La implantación de los tribunales de instancia supone suprimir el juzgado como órgano unipersonal, pero dicho sistema no conlleva la desaparición de las actuales sedes judiciales. Nada impide, señoría, que habiendo un único tribunal de instancia existan varias sedes. Pero esto ustedes lo saben. La gran virtud del modelo es que incluso manteniendo las infraestructuras actuales, el tribunal de instancia permite desde el primer momento una mejor redistribución de efectivos en la provincia, de manera que no se produzcan los desajustes que hay actualmente en la carga de trabajo entre unos juzgados y otros, y se permitirá la especialización en todas la provincias. Pero esto, señoría, ustedes lo saben muy bien.

El ministro de Justicia ha señalado que no hay ningún texto todavía, que se ha abierto un período de reflexión, de debate y de hacer caso, señorías, desde que el pasado mes de febrero la comisión de expertos presentó un borrador para una nueva ley orgánica del Poder Judicial. También ha señalado que no será hasta el último trimestre del año, una vez recibidas y analizadas las distintas propuestas de las instituciones y de operadores jurídicos, cuando se elabore el anteproyecto para una reforma profunda del Poder Judicial, escuchando también a las comunidades autónomas para intentar conseguir el mayor consenso.

Señorías, a lo largo de mi intervención les he destacado en numerosas ocasiones que ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, son perfectamente conocedores de todo lo que les acabo de decir. Lamento y denuncio el alarmismo del PSOE en este tema, el alarmismo que ya es habitual como método de trabajo ya que lo hacen exactamente igual con la sanidad, con la educación, con las pensiones, con la justicia. Da igual el tema, señorías. Es su forma de trabajar en la oposición, no la suya, la del Partido Socialista Obrero Español. Es con las insinuaciones y la rumorología con lo único con lo que trabajan, y con esta base se dedican a alarmar a los ciudadanos, a sembrar la duda con la mentira.

Señorías, el informe del Consejo General del Poder Judicial no es vinculante, y lo saben; el informe de la comisión de expertos no es definitivo, y lo saben; y también saben que no se ha presentado al Consejo de Ministros el texto del anteproyecto de la futura reforma de la Ley de Demarcación y Planta, y a pesar de todo esto, en lugar de proponer, lo que hacen es alarmar a los ciudadanos. Creo que es muy arriesgado y no ayuda a nada ni a nadie especular sobre algo que no existe, crear alarma sin motivo y hacer política ficción, que parece que es a lo se dedican ahora y durante sus años de Gobierno.

Señorías, mi grupo, como bien saben, ha presentado una enmienda de modificación con el ánimo de llegar a algún consenso. Si no fuera aceptada, como ya nos han trasladado, solicitamos, como ya también se ha comentado, votación independiente por cada uno de los puntos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Y por qué? No podemos votar a favor del punto 1, porque no podemos estar a favor de que no se lleve a efecto la propuesta de reforma, porque sencillamente no hay propuesta de reforma. Tampoco podemos votar el punto 2, porque no podemos instar al Gobierno de España a que legisle en materia de justicia o en cualquier materia teniendo en cuenta las peculiaridades de la Comunidad de Castilla y León, señorías. Esto no son las Cortes de Castilla y León, esto es el Parlamento de España, y tendrán que legislar teniendo en cuenta las peculiaridades de todas y cada una de las diecisiete comunidades. Así lo hicieron, y ustedes legislan para una y somos diecisiete. Lo de que todos somos iguales en España, independientemente del territorio donde estemos, para ustedes es un principio o un derecho que no tienen en cuenta.

Por lo tanto, señorías, nosotros votaremos a favor porque se ha conseguido por el trabajo que han hecho los diputados nacionales de Burgos ante el ministerio, han conseguido tener la palabra y el compromiso de garantizar el mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la ciudad de Burgos, y por eso hemos presentado en nuestra enmienda exactamente la misma propuesta que la 3 de la proposición no de ley. Se ha conseguido que dicha sede se mantenga por los diputados, que aunque hoy no estén aquí presentes escuchándole a usted, sí han estado desde el primer momento que se presentó esta PNL trabajando para conseguir que la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se quede en Burgos, porque a usted le preocupa pero a los diputados del Partido Popular de Burgos también y a los de Castilla y León también, y también a los de España, porque sí defendemos lo de nuestra tierra, y han conseguido que se mantenga. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto?, ¿Grupo Vasco?, ¿Grupo de Unión Progreso y Democracia? ¿La Izquierda Plural? ¿Convergència i Unió? La señora Pigem tiene la palabra.


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La señora PIGEM I PALMÉS: De la propuesta que nos hace el Grupo Socialista, no quisiera centrar la intervención de Convergència i Unió en los puntos que se refieren estrictamente a una comunidad autónoma concreta, en parte porque parece que hay un punto sobre el que ya se ha llegado a un acuerdo -y por lo tanto nos vamos a sumar al mismo- y en parte también porque creo que la situación que pone encima de la mesa la propia iniciativa excede en su magnitud de lo que puede afectar a una sola comunidad autónoma, porque va a afectar a todas.

Nosotros estamos de acuerdo con el punto 1 de la iniciativa, porque, más allá de la literalidad de la misma, desde Convergència i Unió queremos que quede constancia de nuestra preocupación ante lo que podría ser que el Gobierno hiciera suya la propuesta que se hace en el informe de los expertos, que está colgado en la página web del ministerio, y queremos exponer ya esta preocupación, porque, aunque es cierto que en los tiempos que vivimos de dificultades económicas la eficiencia es un criterio que no se puede despreciar, como tampoco se puede despreciar una modificación de la organización que facilite y propicie el que pueda llevarse adelante la nueva oficina judicial, que era algo en lo que todos estábamos de acuerdo, sí nos preocupa que la eficiencia sea el único criterio, porque en un servicio público la eficiencia es un criterio, pero no puede ser el único. Es más, este criterio ha de ceder ante temas muy importantes como por ejemplo dificultar el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de la ciudadanía alejando la Administración de Justicia del ciudadano; como por ejemplo que se desvertebre el territorio y por ejemplo también, y no menos importante, el tema competencial, es decir, la propuesta elude absolutamente cuáles son las administraciones competentes a la hora de diseñar y definir lo que es la planta y demarcación.

Finalmente no sé que es lo que se va a votar. Veo que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Creo que en el punto 1 de esta propuesta se mejora, porque se dice que se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes comunidades autónomas, lo que entendemos que es correcto, pero olvidan también que hay que tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, que no se desvertebre el territorio y que no se aleje la justicia del ciudadano. Por todo ello, como digo, vamos a apoyar el punto 1, también el 3 si hay acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, pero no vamos a pronunciarnos sobre el punto 2 por las razones que ya he expuesto.

El señor PRESIDENTE: Finalizado este debate, pregunto al diputado señor Tudanca si acepta la enmienda.

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señor presidente, el Grupo Socialista no acepta la enmienda, pero tal y como nos ha solicitado la diputada del Grupo Parlamentario Popular, proponemos la votación por separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Acepta que se pueda votar separadamente?

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sí.

El señor PRESIDENTE: ¿En tres puntos, escuchando también a la señora Pigem?

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sí. Para facilitar la votación por diferentes matices de los portavoces, cada punto por separado.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchísimas gracias.

- SOBRE LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS PARA TIPIFICAR EL NEGACIONISMO Y MEJORAR LA REGULACIÓN DE LOS DELITOS RELATIVOS A "DISCURSOS DEL ODIO". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001824).

- SOBRE MEDIDAS CONTRA LOS ACTOS DE APOLOGÍA DE LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL FASCISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001929).

El señor PRESIDENTE: Comunico a sus señorías que los grupos han acordado también, y así se lo han trasladado a esta Presidencia, que la proposición no de ley que ha sido presentada por el Grupo de


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Unión Progreso y Democracia, sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a discursos del odio se va a tramitar juntamente con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre medidas contra los actos de apología de la Dictadura franquista y el fascismo.

Señorías, a la primera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, no se han presentado enmiendas; sí, en cambio, a la de La Izquierda Plural, con una propia autoenmienda y una enmienda de la señora Díez en representación de Unión Progreso y Democracia. Lo menciono a efectos de dar la palabra a la señora Díez para la defensa de su proposición no de ley y para defender al mismo tiempo la enmienda que había presentado a la otra iniciativa. Esto es únicamente a efectos de tramitación; a efectos de votación, votaremos separadamente.

Señora Díez, tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La proposición no de ley que quiero plantear y defender en esta Comisión tiene que ver con algo tan preciado, como su propio título indica, como establecer con claridad que la libertad de expresión, siendo uno de los ejes centrales de nuestros modernos regímenes democráticos y alcanzando tal consideración de derecho fundamental en la Carta Magna, no es absoluto, sino que se encuentra sometido a ciertos límites. Así lo dispone de hecho el propio artículo 20 de la Constitución española, que en su apartado 4 dispone que estas libertades -la libertad de expresión- tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

En un esfuerzo de concreción de lo dispuesto en este precepto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido declarando de forma reiterada que el derecho fundamental a la libertad de expresión no permite dar cobertura en cualquier caso a manifestaciones innecesarias que no se limiten a cuestionar teóricamente el sistema democrático, sino que lo pongan materialmente en peligro, por ejemplo, mediante actos de promoción del delito o mediante actitudes de promoción acompañadas de discursos de promoción del delito. La pasada semana, en la Comisión de Interior tuvimos oportunidad de hacer un debate sobre estas cuestiones, precisamente en relación con unas actuaciones de discurso y de actuación que se habían producido en el Centro Cultural Blanquerna.

Lo que les planteo es más amplio, pero está bien, creo yo, tomar como referencia hechos que siguen produciéndose en nuestro país. La preocupación ante el negacionismo -aunque sea, como digo, algo más amplio que un suceso concreto, pero que a nuestro juicio tiene origen también en unos discursos no combatidos desde el propio Estado de derecho- y los llamados discursos del odio, así como el necesario cumplimiento por parte de nuestro país de diversos compromisos internacionales, llevó a la promulgación de los artículos 510 y 607.2 del actual Código Penal. Ciertamente, sobre ese precepto se planteó una cuestión de inconstitucionalidad en el año 2000, que tuvo consecuencia en una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2007, que optó por declarar inconstitucional el indicado delito de negacionismo, insisto, en los términos en los que estaba redactado.

Quiero insistir en esta cuestión, porque declaró inconstitucional no todo lo planteado, sino los términos en los que estaba redactado, decretando la nulidad de la expresión "nieguen o" del primer inciso del artículo 607.2 que he referido, al tiempo que consideraba acorde con la Constitución el segundo inciso del artículo mencionado, que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar el delito de genocidio, interpretado conforme a las pautas que aporta la sentencia.

No obstante, al margen de lo anteriormente señalado y respetando totalmente el fallo de la referida sentencia del máximo intérprete de la Constitución, conviene tener en cuenta que la misma no consideraba el delito de negacionismo incompatible con la Constitución en sí mismo, sino que discrepaba de la concreta redacción del precepto, que no exigía dolo ni intencionalidad de ningún tipo. Así lo reconoce -y esto es lo que motiva y ampara finalmente esta proposición no de ley, así como alguna jurisdicción europea y nacional y algunas sentencias que luego citaré- la Fiscalía General del Estado en su reciente memoria del año 2012 cuando manifiesta, a propósito de la referida sentencia, que el Tribunal Constitucional, digo textualmente, admitía que el negacionismo, con la concurrencia de otros elementos, sí podría ser sancionado penalmente, si bien tal función excedía lógicamente de sus atribuciones. Me refiero a las atribuciones de la memoria del fiscal. Les decía que además de esa memoria del fiscal que recogemos e incorporamos en la parte dispositiva de esta proposición no de ley, hay jurisprudencia que avala nuestra iniciativa legislativa. La primera es una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque es anterior a esta


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que les he citado, del año 1995, la 176/1995, de diciembre, sobre la libertad de expresión y derecho al honor -estaba juzgando el caso de nazismo, Hitler y SS., que se publicó en enero de 1996-.

Otra parte de la jurisprudencia que quiero citar como referencia importante, quizá la más importante, es la decisión marco 2008/903 del JAI, del Consejo de la Unión Europea, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal, que en su artículo 1.c) señala que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen las siguientes conductas -no lo leeré porque es un párrafo largo y sus señorías seguro que lo conocen-, entre las que están aquellas que yo llamo a sancionar en el Código Penal en esta proposición no de ley.

Igual de importante es a nuestro juicio una sentencia de diciembre del año 2012 del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma de Mallorca, sobre el fundamento jurídico hecho de esa sentencia, que dice que expuestos ya criterios doctrinales en cuanto al devenir del singular delito enjuiciado -están hablando de estas cuestiones-, debemos y podemos considerar también lo manifestado por las muy escasas resoluciones judiciales dictadas al amparo de los tribunales españoles, y así destacamos en este caso que estamos hablando de hechos ocurridos en Manresa sobre materias en relación con los delitos de negacionismo y de incitación al odio que he mencionado.

Señorías, me parece que tenemos todo el amparo jurídico, todas las posibilidades constitucionales, una jurisprudencia sobre todo europea, muy importante al respecto, y no tenemos ninguna justificación como país para no haber introducido en el Código Penal estos delitos. No hay ningún argumento que nos lleve a pensar que no tenemos que actuar en defensa del Estado de derecho en esta materia, motivo por el cual nosotros planteamos que se incorpore en el ordenamiento jurídico el delito de negacionismo en los términos referidos a la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 que antes mencioné, que se ajustan a la decisión marco del JAI que también he mencionado del Consejo de diciembre del año 2008 y que se modifique por tanto el artículo 510 del Código Penal, incluyendo dentro de él los delitos relativos a discursos del odio en los términos y por los motivos que señala la Fiscalía General del Estado en su apartado de propuestas de reformas legislativas de la mencionada memoria. Muchas gracias a todas sus señorías por atender esta exposición.

En relación con la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley planteada por La Izquierda Plural, estamos de acuerdo con el objetivo y con la parte resolutiva. Únicamente hemos presentado una enmienda para añadir a los delitos que menciona dicha proposición no de ley de La Izquierda Plural el delito de totalitarismo y terrorismo.

El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa conjunta de su proposición no de ley, de la autoenmienda y para fijar posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, en nombre del proponente de la segunda proposición no de ley, formulada por La Izquierda Plural, el señor Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Sé que no contaré con gran fortuna en esta iniciativa parlamentaria, pero sé que volveremos a esta Comisión, tal y como están transcurriendo los acontecimientos, para tratar un tema de estas características.

Señorías, estamos asistiendo a una escalada que va de la derecha extrema a la extrema derecha y de la extrema derecha a la ultraderecha. No son ni siquiera similares; son bien distintas estas distintas organizaciones, clasificaciones o taxonomía de la ultraderecha en nuestro país. Y alerto sobre la escalada porque cuando nosotros presentamos esta iniciativa nuestra preocupación fundamental era un verano agitado, no solamente un verano agitado de banderas gibraltareñas, sino que ha sido un verano agitado en las sedes de las juventudes del Partido Popular, un verano agitado que en nuestra opinión no ha recibido la sanción necesaria por parte de un partido que también en nuestra opinión es un partido democrático. El problema no es solo ese. Antes estábamos preocupados, ahora estamos alarmados, y estamos alarmados por el contexto internacional, por una situación crítica en la economía que no tiene pinta de modificarse sustancialmente a lo largo de los próximos meses, que está sirviendo de caldo de cultivo a la derecha más extrema o podemos decir a la ultraderecha, a la derecha violenta. Eso se está produciendo en Europa y también en nuestro propio país. Todo eso ha culminado recientemente con el asalto a Blanquerna en un acto institucional del Gobierno de Cataluña.

He dicho que hemos pasado en este sentido de la preocupación a la alarma, porque no son los mismos -nosotros lo tenemos claro y por eso proponemos distintas medidas, sin querer minusvalorar ni tampoco compartir con el Partido Popular que son chiquilladas-, no son los mismos algunos jóvenes del


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Partido Popular -que pueden considerarse derecha extrema, que tienen una actitud complaciente, por decirlo de alguna manera, con el pasado franquista de este país- que aquellos que asaltan Blanquerna, que tienen unas características bien diferentes, que tienen una historia de odio, señorías, una historia que, aunque el Ministerio del Interior nunca haya querido hacer un cálculo de sus agresiones, estas se cuentan por miles, por miles, señorías, y sus víctimas por decenas, que en este caso se pueden producir en el ámbito de lo que podemos denominar la xenofobia, pero que en otros casos se dan en otros ámbitos, y cada vez se extienden en nuestra opinión más y con mayor gravedad. Por eso digo que seguramente no tendremos éxito en esta iniciativa en esta Cámara, pero que volveremos a tratar otra vez este tema con toda seguridad.

Distintos Gobiernos se han negado a diferenciar claramente la investigación sobre la ultraderecha en Europa y yo creo que eso lo vamos a pagar, estoy convencido de que lo vamos a pagar. La ultraderecha, con sus conexiones económicas y sus redes internacionales, es cada vez más fuerte, y lo ha demostrado en recientes convocatorias electorales europeas y se está demostrando, además, en sus acciones cada vez más directas, cada vez más agresivas, cada vez más violentas. Me he referido recientemente a Blanquerna. En ese sentido, mi grupo parlamentario propone, en primer lugar, el cumplimiento de la Ley de Memoria y dirán ustedes, como dijo hoy el ministro, que se está cumpliendo la Ley de Memoria. No sé qué Ley de Memoria se está cumpliendo cuando se financia a la Fundación Francisco Franco, una fundación que ha pedido la intervención militar en nuestro país en los últimos días.

No sé por qué estamos financiando a esa organización. Ningún país, ni Italia ni Alemania, financiaría en estos momentos a una fundación mussoliniana o a una fundación nazi, en ningún caso. Aquí lo seguimos haciendo. Este verano el propio Gobierno, por seguir en esta equidistancia patológica que existe en este país, adopta la decisión de llevar a cabo unas obras en Cuelgamuros, anunciando al mismo tiempo que no va a cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica, que dice claramente que hay que cambiar esa institución, que hay que cambiar esa organización de Cuelgamuros.

No solamente tenemos un problema con las juventudes del Partido Popular, tenemos un problema también en la sensibilidad del Gobierno. Hoy yo me he escandalizado en la comparecencia del ministro de Justicia. Yo esperaba otra cosa. No ha dicho ni una sola vez franquismo, ni una sola vez, he repasado su intervención. Ha hablado del estalinismo -totalmente de acuerdo en criticar, en condenar las barbaridades del estalinismo-; ha hablado del nazismo y del holocausto -totalmente de acuerdo desde mi partido en lo mismo-. ¿Pero es que son miopes ustedes? Porque hemos vivido cuarenta años de franquismo, cuarenta años de dictadura, cuarenta años de exterminio de determinada posición política y para ustedes nada de eso ha existido, sencillamente no hay memoria. Hombre, se puede tener una memoria parcial. Eso forma parte de la memoria, ¿no?, no solamente la historia, la memoria es una memoria parcial. Pero una memoria que tiene una amnesia total con respecto a treinta años atrás aproximadamente durante cuarenta años no es memoria, señorías, no es memoria. En nuestra opinión, es esa memoria en que se es equidistante, esa memoria que no condena claramente el franquismo, que incluso lo obvia cuando habla de agresiones de la ultraderecha, como si la ultraderecha que tenemos en España fuera heredera de las juventudes hitlerianas. Que no, que no, que son herederos de otra cosa que tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestra historia en la que hay luces y sombras, pero con nuestra historia más negra desde luego.

Eso es lo que mi grupo quiere poner encima de la mesa en este momento y por eso en primer lugar queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Memoria Histórica. Si no quiere cumplirla, que la derogue, pero que permita a esta Cámara debatir, porque en los últimos tiempos lo que hay es un Parlamento amordazado. En segundo lugar, planteamos que se abra la reflexión a que antes se ha referido la portavoz de UPyD, en este caso que se abra la reflexión sobre la apología, que se abra la reflexión sobre el negacionismo, pero apología y negacionismo un poco extendidos, no solamente apología y negacionismo del nazismo o del fascismo italiano -porque tenemos mucha tendencia a viajar-, sino fundamentalmente también del franquismo. Ya ha pasado el tiempo, ya no tenemos contaminados nuestros sectores institucionales, ya podemos hablar sobre esto. Por tanto, nos parece también importante esa patología.

En tercer lugar, queremos que, en el caso de la organización de Alianza Nacional, que tiene una declaración de odio y que nunca debería haber sido legalizada -nunca debería haber sido legalizada-, que tiene una declaración de odio y exterminio, la fiscalía inicie las acciones pertinentes para ilegalizarla. Felizmente, el fiscal ha dicho que lo va a estudiar y lo va a transmitir al resto de sus delegaciones para luchar contra este delito de odio. A nosotros nos parece que sería adecuada esta ilegalización penal, que, como saben ustedes, nosotros tenemos muy clara, pero en este caso queremos que se lleve a cabo


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cuanto antes, porque mucho nos tememos que no mirar directamente a los ojos al huevo de la serpiente finalmente provoque una situación aún peor. Ese es el sentido de nuestra iniciativa. Admitimos por supuesto la enmienda que añade totalitarismo a la iniciativa de mi grupo parlamentario, no tenemos ningún problema en relación con esa materia. La izquierda de la que yo provengo no tiene nada que ver con eso y, por tanto, no tenemos ningún problema en admitir esas enmiendas. Nos preocupa la situación y nos preocupa que esta situación empeore.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Vasco? Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Señor presidente, ya adelanto que Convergència i Unió es sensible al espíritu de las dos proposiciones no de ley que acaban de defender la señora Díez y el señor Llamazares respectivamente. Desde Convergència i Unió no vamos a entrar a analizar de forma pormenorizada cada uno de los argumentos que ya vienen debidamente expuestos en estas proposiciones no de ley, pero sí queremos entrar a valorar de forma más global lo que ahora estamos debatiendo.

Por lo que se refiere a la primera proposición no de ley, la del negacionismo, en concreto no estamos hablando de otra cosa que de adecuar la tipificación del mismo por una parte al marco europeo, en concreto a la decisión del Consejo Europeo de 28 de noviembre de 2008, pero también a las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional al respecto. Los delitos de odio y del negacionismo son problemas que lamentablemente existen en nuestro país, como también existen en el resto de Europa, y exigen a los Gobiernos y a las sociedades en su conjunto abordarlos de forma claramente decidida. Así por ejemplo podríamos coger datos de una ONG, en este caso Movimiento contra la Intolerancia. Tenemos aquí un documento en el cual se habla de la investigación del Movimiento contra la Intolerancia y calcula la existencia de más de 4.000 agresiones al año dirigidas en este caso contra personas de colectivos sociales estigmatizados, junto con ataques a mezquitas, a viviendas, a personas sin hogar; en definitiva, a personas que son distintas, contra las cuales, por algún motivo, determinados colectivos o personas en concreto han llevado a cabo un ataque. Nos preocupan mucho los números. Como ha manifestado ya algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, es una cuestión que parece que va en aumento y tenemos lamentablemente ejemplos recientes en los medios de comunicación, algunos de ellos cercano. Por tanto, esta es una preocupación compartida por nuestro grupo parlamentario. Además, esta misma mañana nuestro compañero Jordi Xuclà ha formulado una interpelación al ministro de Justicia que iba en esta dirección. El enunciado se refería a tipificar como delito la banalización del holocausto y del nazismo, siendo evidente que su negación entra dentro de estas cuestiones que también hemos introducido y que a bien seguro en el próximo Pleno se van a debatir en la moción que vamos a defender. En definitiva, es el espíritu de esta proposición no de ley que hoy ha defendido UPyD.

Por otra parte, es importante tener presente que estamos hablando de dos derechos que, como muy bien recoge la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de diciembre, es necesario delimitar debidamente. Ya ha hecho referencia a ello la portavoz señora Díez. El Tribunal Constitucional se pronunció, hizo un análisis pormenorizado de la libertad de expresión y en aquel caso determinó que la actual tipificación del primer apartado de artículo 607 del Código Penal no estaba acorde con nuestra Constitución. Además añadía que no era el cometido del tribunal depurar técnicamente las leyes y, por tanto, ahí el legislador tiene una deuda pendiente. Por ello estamos totalmente de acuerdo en el espíritu de esta proposición no de ley y ya anunciamos que vamos a votarla favorablemente.

Por otra parte, con relación a la iniciativa que ha defendido el compañero de La Izquierda Plural, nosotros no podemos hacer otra cosa que votarla favorablemente. Banalizar el holocausto o el nazismo, hacer apología del franquismo o del fascismo, es evidente que son comportamientos totalmente reprobables y nosotros no podemos mirar hacia otro lado.

Esta misma mañana -como ya decía- también hemos hecho hincapié en esta cuestión. Desde Convergència i Unió vamos a apoyar estas dos iniciativas esperando que en la tramitación del proyecto de reforma del Código Penal podamos debatirlo de una forma mucho más extensa. A lo mejor habrá matices entre los distintos grupos parlamentarios, pero lo más seguro es que todos compartamos que debemos depurar al máximo la tipificación y perfilarlo al máximo para que se actúe con contundencia cuando sucedan comportamientos de este tipo absolutamente reprobables.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el diputado Sáez Yubero.


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El señor SÁEZ JUBERO: Señorías, no parece casual que en la presente Comisión de Justicia tengamos dos iniciativas parlamentarias preocupadas por el mismo tema, y que hoy hayamos tenido también una interpelación parlamentaria el ministro Gallardón, porque hay una base de unos incidentes que aumentan sobre apología del fascismo, del nazismo, del franquismo, que están provocando alarma social y alarma de los grupos parlamentarios, que lejos de remitir parece que aumentan en los últimos tiempos. También preocupa una cierta, a veces, tolerancia que puede tenerse desde, incluso, los partidos políticos sobre actos de distinto tipo de apología del fascismo y del nazismo.

En esta Comisión tendremos un debate del Código Penal. Hoy mismo, señor presidente, ha llegado el proyecto del Código Penal a esta Cámara. También le digo que, afortunadamente, el ministro nos ha asegurado que la tramitación parlamentaria va a tener el reposo suficiente, no como hemos estado acostumbrados hasta la fecha en la tramitación parlamentaria de algunas leyes de esta Comisión. Por tanto, vamos a tener ocasión de debatir sobre tipos específicos, como el nuevo 510 del Código Penal, sobre el conjunto del Código Penal y todos los artículos nuevos que nos presentan. Parece conveniente, y han coincidido los grupos proponentes en el debate de sus iniciativas, la necesidad de que el actual 510 del Código Penal no parece que dé una respuesta adecuada a este tipo de comportamientos de apología fascista, del nazismo, del franquismo y que, por tanto debe introducirse alguna reforma, como ya introduce este proyecto de Código Penal.

Si nos vamos a los incidentes ocurridos en Madrid en el centro cultural Blanquerna, durante la celebración del acto institucional de la Diada nacional de Cataluña, podemos -juristas todos en esta Comisión- estar convencidos de que estaban perfectamente preparados para lograr la máxima repercusión con el mínimo coste personal para sus autores. Perfectamente asesorados, lamentablemente algunos de sus autores son letrados en ejercicio, y pese a que alguno de ellos subieran algo el tono del guión, conocían que evitando una actuación de violencia física no incurrirían en un delito de lesiones o tal vez de atentados si afectaba a alguna de las autoridades presentes. Por tanto, afrontaría no únicamente una falta de desórdenes públicos; parece que esa conducta no tiene, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal, un reproche penal adecuado. Por tanto, es evidente que la impunidad de conductas como las acontecidas el pasado 11 septiembre en Madrid deben encontrar respuestas adecuadas en nuestro ordenamiento jurídico, así como obtener al reproche penal acorde con el desprecio que suponen estas conductas en relación a los principios democráticos. El proyecto del Código Penal ha introducido este nuevo artículo 510 más completo, que pretende tipificar con más claridad conductas como las expuestas, así como las del negacionismo. Sin embargo, no alcanza esta tipificación expresa la apología del fascismo y del franquismo. Comparto la opinión del diputado señor Llamazares. Esta mañana hemos asistido a una interpelación al ministro de justicia y ha resultado muy sorprendente en una intervención muy medida, como suele ser la del ministro Gallardón, que no haya hecho ninguna mención al franquismo.

Se ha centrado mucho en el negacionismo del Holocausto, en el antisemitismo, en el totalitarismo, pero ninguna mención a la cercanía de la defensa que todavía algunos hacen del franquismo en nuestra realidad cotidiana. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa de La Izquierda Plural y, sin anticipar el debate que vamos a tener del Código Penal, pensamos que en la tipificación que se haga en el Código Penal de este delito estaría bien que quedara en el tipo penal el reflejo de la apología de la dictadura franquista y del fascismo que en el texto que conocemos del proyecto de ley no está tipificado.

El Gobierno del Partido Popular tampoco cumple la Ley de Memoria Histórica y eso es por el desmontaje que hacen de las políticas de memoria histórica; no proceden a retirar los símbolos franquistas de las calles; han eliminado las subvenciones a todos los estudios relativos a la memoria histórica; han eliminado la partida destinada a sufragar exhumaciones y, como bien se ha recordado, para lo que sí hay recursos es para restaurar la fachada de la basílica del Valle de Los Caídos. La propia delegada del Gobierno en Cataluña entregó un diploma a miembros de la Hermandad de combatientes de la División Azul. Por ello también nos parece adecuado que el grupo proponente de La Izquierda Plural haya pedido el cumplimiento y el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica que ha caído en el olvido con el Gobierno del Partido Popular.

También nos parece adecuada la enmienda de adición que nos proponen para que actividades delictivas tipificadas de los artículos 510 y 515 del Código Penal en algunos partidos políticos puedan promover automáticamente su ilegalización porque en el marco del actual Código Penal, salvo con el artículo 115 actual -las asociaciones ilícitas-, resulta muy difícil que estos comportamientos pudieran conllevar la iniciación de alguna ilegalización del partido político que defienda posiciones antidemocráticas y que hace apología del fascismo. Del mismo modo nos parece adecuada la iniciativa que presenta del


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Grupo de UPyD, la introducción del negacionismo, que, como bien se ha explicado, en buena base es la trasposición casi limpia de la decisión marco 2008/913 del JAI, que en su apartado c) pide a los Estados miembros que introduzcan en sus códigos penales la expresa apología pública, la negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El proyecto del Código Penal amplia esa tipología, tendremos ocasión de discutirlo en el debate de dicho Código Penal pero también nos parece adecuada esta iniciativa y, por tanto, la vamos a apoyar.

El señor PRESIDENTE: En el turno del Grupo Popular van a intervenir en turno compartido el diputado señor Olano y el diputado señor Lagares. El diputado señor De Olano tiene la palabra.

El señor DE OLANO VELA: Me corresponde fijar posición respecto a la proposición no de ley sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos al discurso del odio presentado por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Debo confesarles mi sorpresa y digo sorpresa por cuanto la proposición que ahora debatimos solicita instar al Gobierno a realizar algo que lisa y llanamente el Gobierno ya ha realizado. Esta proposición no de ley fue presentada el 17 de junio del año 2013 y el Gobierno aprobó el 11 de octubre del año anterior el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, texto que ha sido aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros el pasado viernes tras los preceptivos informes de los órganos consultivos, que ya ha sido remitido al Congreso y que cuando resulte aprobado por las Cortes Generales incorporará a nuestro orden jurídico el delito de negacionismo así como también modificará la tipificación de los denominados discursos del odio en un sentido más amplio de lo solicitado por Unión Progreso y Democracia en esta proposición no de ley. Por lo tanto comprenderán ustedes que nuestro grupo no va apoyar esta proposición no de ley y no lo va hacer por resultar, a mi juicio, extemporánea desde hace casi un año.

Señorías, de lo escuchado esta tarde se colige que todos los grupos de esta Cámara y el Grupo Parlamentario Popular el primero estamos de acuerdo en la necesidad de incorporar el tipo penal del negacionismo y ampliar el alcance de los delitos llamados del discurso del odio.

Es cierto que el Código Penal de 1995 tipificaba estos delitos en los artículos 510 y 607.2, y también resulta ser cierto la necesidad de su modificación, por un lado por la necesidad de ampliar el alcance del artículo 510 y, por otro, porque el artículo 607.2 fue vaciado en gran parte de su contenido por la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, que de forma más o menos afortunada, pero en cualquier caso imperativa, obligaba a una interpretación del delito de negación del genocidio que limite su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituye una incitación al odio u hostilidad contra las minorías. Por otra parte, se trata de conductas que efectivamente, y ya se ha dicho esta tarde, deben ser objeto de una nueva regulación ajustada a la decisión marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, que debe ser traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico.

Señorías, la regulación propuesta por el Gobierno en el anteproyecto de ley, recogida en los que serán artículos 510, 510 bis y 510 ter del futuro Código Penal, ha recibido el aplauso del Movimiento contra la Intolerancia y va más allá de la citada decisión marco, reflejando el rechazo radical de todos los actos y e incitación a la discriminación, odio o violencia de que puedan ser objeto cualesquiera colectivos o minorías delimitados no solo por la raza u origen nacional sino también por razones de sexo, identidad de género o motivos políticos, incluyendo los actos de incitación al odio o a la violencia por motivos ideológicos.

En la regulación propuesta por el Gobierno se tipifican dos grupos de conductas; en primer lugar, todas las acciones de incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios. Se incluye la tipicidad de la producción, elaboración o distribución de materiales cuyo contenido sea idóneo para incitar al odio u hostilidad, así como la negación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad. En segundo lugar, se tipifican los actos de humillación o menosprecio contra ellos y el enaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra aquellos grupos o sus integrantes con una motivación discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave cuando se trate de acciones e incitación al odio o a la hostilidad contra los mismos o de conductas idóneas para favorecer un clima de violencia. Además, se prevé una agravación de la pena para los supuestos de comisión de estos delitos a través de Internet u otros medios de comunicación social. Se incluyen medidas para la distribución de los documentos, archivos o materiales por medio de los cuales se hubiera cometido el delito o para impedir el acceso a los mismos, y se prevé la agravación de las penas en el caso de existencia de organizaciones delictivas o en


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los que se hubiera atentado contra la paz pública o causado un grave sentimiento de inseguridad en las personas.

Finalmente, se incluye la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Señorías, cuando el nuevo Código Penal propuesto por el Gobierno resulte finalmente aprobado, que sin duda resultará ser más ambicioso que la proposición no de ley debatida hoy, constituirá un instrumento jurídico eficaz para la mejora en la respuesta de los poderes públicos frente a quienes nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio o de lesa humanidad, y será sin lugar a dudas la legislación más avanzada de todas las legislaciones europeas sobre esta materia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A continuación, el diputado señor Lagares tiene la palabra.

El señor LAGARES FLORES: En primer lugar, quiero comenzar manifestando, como ya han hecho compañeros de mi partido y especialmente el portavoz de este grupo parlamentario, el señor Alonso, mi más sentido rechazo a todos los actos radicales de carácter fascista, provengan de donde provengan, de la derecha extrema o de la izquierda extrema, rechazo al que también se unieron las Nuevas Generaciones de mi partido, y por lo que me veo en la obligación de reprochar la exposición de motivos de la proposición no de ley de La Izquierda Plural.

El Estado ha de promocionar mecanismos suficientes para que las personas que cometan estos hechos sean inmediata y debidamente castigados. El ministro del Interior, en la sesión de control del pasado día 18, demostró que la función del Estado es esta, cuando expuso que, tras los hechos ocurridos en Madrid, las detenciones fueron inmediatas, y al día siguiente quedaban imputados los detenidos con los cargos de comisión de delitos de lesiones, atentados y amenazas. Como ven, el Estado tiene mecanismos que funcionan.

Con la aprobación de la Ley 52/2007 -ya lo saben- se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil por la dictadura. Esta ley se encuentra plenamente vigente y ejecutable, por lo que resulta de obligado cumplimiento. Lo digo más que nada por el punto primero del petitum de la PNL de La Izquierda Plural. Hay que recordar que desde su aprobación hasta el año 2011 fueron subvencionados 833 proyectos por un importe de 25 millones de euros.

Ese esfuerzo ha continuado y, como ejemplo, durante los presupuestos generales del año 2012, dentro del Ministerio de la Presidencia, se consignó la cantidad de 2,5 millones de euros. Además, el ministro de Justicia ha recordado esta mañana que con la Ley de Memoria Histórica en la mano este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones de fosas de la guerra civil, hasta elevarse a 2.382, ofreciendo de esta forma una herramienta que permita reconocer y amparar el derecho a recordar. Pero no debemos quedarnos solo con la parte económica, hay que llegar a otros textos legales, que son ejes básicos en nuestras reglas de juego democrático. Pues bien, nuestro Gobierno el pasado viernes en el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley de reforma del Código Penal que incluye todas las medidas. No lo voy a desglosar, porque ya lo ha hecho mi compañero Olano en cuanto a la tipificación de los grupos de conductas y las agravaciones, en su caso, de los distintos delitos. Para ir acabando, solamente quiero hacer una breve referencia a la enmienda que se ha presentado a esta iniciativa. En primer lugar, una del grupo proponente, La Izquierda Plural, a quien el ministro de Justicia ya le ha contestado esta mañana. Dejen de abrir heridas y ábranse a las nuevas vías de la paz y de la libertad. La responsabilidad penal de los partidos políticos es algo que ya está recogido en el Código Penal. En cuanto a las enmiendas de UPyD sobre modificación del Código Penal también quiero remitirme a las palabras del ministro de Justicia esta mañana. Actualmente, la respuesta que va a tener el derecho penal español va a ser la más avanzada que exista en ninguna legislación europea en estos temas. Así que, al Grupo de UPyD le animo a sumarse dentro del trámite parlamentario al proyecto de ley del CP que ha presentado este Gobierno. En conclusión, señor presidente, el Gobierno está realizando el trabajo que los españoles le encomendaron y la reforma del Código Penal propuesta, completa las peticiones de la proposición no de ley, por lo que no podemos aceptar esta proposición no de ley ni tampoco las enmiendas presentadas por el grupo proponente y el Grupo de UPyD.

El señor PRESIDENTE: Finalizado este punto, pregunto al señor Llamazares, en nombre de La Izquierda Plural, se desprende de sus palabras y acepta la autoenmienda y la enmienda de la señora Díez. (Asentimiento). Se votará en esos términos.


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- SOBRE REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES JUDICIALES Y JURADOS QUE SE RELACIONAN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001834).

El señor PRESIDENTE: Como último punto del orden del día, pasamos a debatir la proposición no de ley sobre regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia. A esta proposición no de ley se ha presentado por parte del Grupo Socialista una enmienda.

En primer lugar, para defender la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Castillo, tiene la palabra.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, mediante esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso insta al Gobierno a desarrollar, en colaboración con los diferentes colectivos de traductores e intérpretes judiciales y jurados, un plan formativo con el que dotar a este colectivo profesional de unos requisitos mínimos y uniformes de formación que garanticen su cualificación. Igualmente, solicitamos la creación de un registro de ámbito nacional dependiente del Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas. Los traductores e intérpretes son una pieza clave en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a ellos no hablan la lengua oficial del Estado español, las lenguas cooficiales en aquellas comunidades donde existen o idiomas extranjeros. La actuación de estos operadores es imprescindible para cumplir con la tutela judicial efectiva que la Constitución establece como principio fundamental propio de la Administración. Los traductores e intérpretes que prestan sus servicios a la Administración pueden ser personal laboral, en cuyo caso ha tenido que superar para su ingreso un proceso selectivo en el que han tenido que demostrar sus conocimientos en traducción e interpretación de forma suficiente para poder desempeñar las tareas que tienen encomendadas.

En este caso, y desde el momento en que se produce su ingreso, los traductores-intérpretes pueden participar en todos los cursos de formación programados en los planes de formación anuales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, tanto en los de carácter general dirigidos a todas las categorías laborales como a los que son específicos de su categoría. Pero también, junto a este personal laboral, existe la figura del traductor-intérprete judicial que bien presta sus servicios realizando intervenciones o traducciones puntuales como profesional de forma independiente o bien trabaja para los organismos judiciales a través de una empresa en el supuesto de que esté licitado el servicio.

Las titulaciones que encontramos entre estos profesionales son muy variadas pues entre ellos hay quienes son intérpretes jurados, predominando las titulaciones de licenciados en Traducción e Interpretación, Filología y Derecho pero también y, en no pocas ocasiones, actúan en labores puntuales de traducción personas que carecen de cualquier titulación oficial y que tan solo acreditan contar con un conocimiento, a veces no contrastable, del idioma. Actualmente la legislación española, y concretamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, al regular los operadores jurídicos que tratan con la Administración de Justicia no hace referencia a cómo ha de desarrollarse la actuación de estos profesionales o de cuáles han de ser los requisitos de formación que han de cumplir. Las propias asociaciones de traductores-intérpretes judiciales y jurados y no pocas facultades españolas donde se imparten títulos en traducción e Interpretación reclaman, como de manera implícita se materializa en esta propuesta, que se tomen medidas para asegurar la calidad de quienes realizan estas funciones ante los tribunales de justicia.

Esta es también una exigencia contenida en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 que concretamente en su artículo 5 señala: Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida precisando que, con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación e traducción así como un acceso eficaz a las mismas, los Estados miembros se forzarán para establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Sin embargo, la directiva del Parlamento Europeo, a diferencia de nuestra propuesta, prevé un ámbito de aplicación muy limitado pues se reduce al ámbito penal y se refiere a un derecho a la traducción que se contempla únicamente para aquellas personas que resultan sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal. Nosotros, con nuestra proposición -y adelanto que este es el motivo por el que no vamos a aceptar la enmienda que se nos va a plantear por el Grupo Parlamentario Socialista- tenemos un objetivo mucho más ambicioso que el de la mera trasposición de esta directiva. Queremos llegar aún más lejos, pues como explicaré a continuación


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debemos extender este derecho a una interpretación de calidad a todos los órdenes jurisdiccionales y del que sean beneficiarios no solo los sospechosos o acusados sino todos aquellos que de una manera u otra acceden a la justicia y para cualquier actuación procesal.

Lo cierto es que el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Justicia, preocupado porque la prestación del servicio de traducción e interpretación cumpla unos estándares mínimos de calidad y a fin de mejorar esta prestación, como bien saben, está trabajando en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El ministro de Justicia el pasado 7 de mayo presentó ante esta Comisión el trabajo de la comisión de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal y como se anunció la reforma contiene una libro VII bajo la rúbrica Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Entre los sujetos objeto de regulación en este apartado se encuentran abogados, procuradores y policía judicial. Pero resulta también necesario, y debe ser una prioridad, regular adecuadamente el acceso de aquellos otras profesiones no jurídicas que desarrollan actividad ante nuestros juzgados y tribunales y que sin ser personal laboral, como ocurre con los psicólogos forenses, peritos, traductores o administradores concursales entre otros, realizan labores de asesoramiento y por tanto prestan un servicio auxiliar pero no por ello poco relevante. Lo cierto es que con el actual sistema no se garantiza en todos los casos ni la suficiente cualificación ni la formación especializada ni la necesaria experiencia, por lo que resulta indudable que existen disfunciones que conviene resolver si es que queremos contar con una justicia de calidad y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad, única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad.

El Grupo Parlamentario Popular apuesta por la profesionalidad y la calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la Administración de Justicia.

Así lo demostró en la tramitación de la Ley de Mediación cuando aceptó enmiendas dirigidas a reforzar la formación de los mediadores. Al igual que en aquella ocasión ahora solicitamos que el Ministerio de Justicia, en colaboración con los distintos colectivos de asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurado, exija una formación adecuada y uniforme a todos los traductores judiciales, a la vez que se fije una formación continuada en la materia para mantener los niveles de profesionalidad. Para garantizar que los requisitos mínimos y uniformes de formación y experiencia profesional que marca el Gobierno se cumplen, resulta necesario un registro de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados, dependiente del Ministerio de Justicia y en colaboración con las comunidades autónomas. Este registro, además de constituir una garantía procedimental en aquellos casos en los que la justicia se vea obligada a recurrir a la colaboración externa de traductores e intérpretes, facilitaría además la prestación de este servicio porque lo cierto es que no es posible que haya intérpretes de ciertas lenguas en todas las comunidades autónomas. Por tanto, espero que esta PNL cuente con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada señora Ramón.

La señora RAMÓN UTRABO: Nosotros hemos planteado una enmienda ya que habíamos presentado inicialmente una proposición no de ley en diciembre del año pasado, debido a la existencia de esa directiva europea a la que el propio portavoz del Grupo Popular ha hecho mención, directiva europea de 20 octubre de 2010 que se aprobó por el Parlamento relativa al derecho de interpretación y traducción en los derechos penales. Nuestra normativa es muy parca y ha sido poco cuidadosa en la exigencia a las personas que prestan este servicio de traducción e interpretación. La Ley Orgánica del Poder Judicial permite que se habilite como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del siglo XIX, regula los distintos momentos en que es imperativa la actuación de traductores e intérpretes cuando el acusado no conozca el idioma. Por tanto, es imprescindible que los poderes públicos garanticen un control con respecto a la idoneidad de las personas que se dedican a la interpretación y traducción, así como a la interpretación y traducción ofrecida cuando se haya informado de la existencia de algún elemento de duda respecto a la prestación de estos servicios.

Es cierto que la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular se centra sólo en la formación para estos profesionales y en crear un registro de traductores. Por tanto, nuestro grupo considera que esta iniciativa se queda muy corta porque deja aspectos muy relevantes fuera como, por ejemplo, el derecho a interpretación y traducción. Este derecho -que para nosotros tiene un trasfondo importante y más en estos momentos en los que vemos como derechos que tenía adquiridos la ciudadanía desaparecen en un


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plis plas- creemos que es importante que se contemple. Esta directiva recoge que los Estados miembros deberán facilitar en un plazo razonable a los sospechosos acusados una traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales, como la resolución que priva a una persona de libertad, el escrito de acusación, la sentencia. Esta directiva europea también contempla que el sospechoso acusado deberá tener derecho a recurrir, una decisión que establezca que no es necesaria la interpretación o traducción. Tendrá derecho a presentar una reclamación por la calidad de la interpretación o traducción facilitada. Los Estados miembros deberán adoptar medidas concretas y, en particular, establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente justificados.

La directiva también contempla los costes y el registro. Los Estados miembros deberán sufragar los costes. En estos momentos en los que asistimos a una privatización de nuestro sistema judicial creo que es importante que se contemple que estos costes de las traducciones e interpretaciones que se faciliten a los acusados o sospechosos los tienen que cubrir los Estados miembros.

Los Estados miembros deberán utilizar el procedimiento de registro de acuerdo con su legislación nacional para notificar si la persona afectada ha sido, por ejemplo, interrogada o ha declarado con ayuda de un intérprete, ha obtenido una traducción o resumen oral de los documentos esenciales, ha renunciado al derecho de traducción de los documentos. También contempla el control respecto a la idoneidad de la interpretación y traducción ofrecida. En definitiva, esta directiva viene a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales recogiendo -insisto- el derecho a la interpretación y a la traducción e incluso el derecho a recurrir si se deniega ese derecho a un intérprete o a un traductor.

Esta directiva hay que incorporarla, como todos sabemos, al derecho interno y así se establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente directiva. Por tanto, la proposición no de ley que hoy presenta aquí el Grupo Parlamentario Popular consideramos que mutila la directiva europea. No es cierto que sea más ambiciosa y vaya más allá. Sí lo es que se aplica a otros órdenes jurisdiccionales; eso es cierto. Pero no creo que ese deba ser el motivo por el que no se acepte la enmienda que nosotros hemos presentado desde el Grupo Socialista puesto que puede incorporarse como una enmienda de adición que sí va a enriquecer el texto puesto que el que se ha presentado esta tarde aquí solo se queda en un plan de formación y en crear un registro de traductores.

El portavoz del Grupo Popular ha leído solo un artículo, el número 5 de esta directiva; pero la directiva europea tiene doce artículos. Por tanto, desde nuestro grupo consideramos que se debe incorporar esta enmienda. Si no se quiere incorporar como enmienda de adición porque si se quiere abrir a otros órdenes jurisdiccionales enriquece también las mayores garantías, si se quiere realmente ir más allá y reforzar los derechos procesales consideramos que se debe incorporar esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a fijación de posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco, PNV? (Pausa). ¿Grupo de Unión Progreso y Democracia? (Pausa). ¿Grupo de La Izquierda Plural? (Pausa). ¿Grupo Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa).

La señora Surroca tiene la palabra.

La señora SURROCA I COMAS: Señorías, desde Convergència i Unió no podemos compartir el contenido de esta proposición no de ley del Grupo Popular, que insta al Gobierno a regular la formación de los traductores, intérpretes judiciales y jurados que se relacionen con la Administración de Justicia y también crear un registro de traductores e intérpretes judiciales y jurados.

Tenemos que recordar aquí que Cataluña tiene traspasadas las funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En este sentido lo recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 104 y también la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 37. En concreto, la Generalitat de Catalunya tiene competencia y tiene asumidos el funcionamiento y los gastos de los testigos y peritos ante los tribunales de Justicia con sede en Cataluña, según establece el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y en esta materia también confluyen competencias en materia educativa, por ejemplo formación universitaria, escuelas oficiales de idiomas, etcétera.

En definitiva, entendemos que la Generalitat de Catalunya siempre tendría que participar en las propuestas de esta índole que se elaboraran. Por todo lo que estamos exponiendo, no podemos apoyar ni votar favorablemente esta iniciativa.


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El señor PRESIDENTE: Entiendo de las palabras del portavoz del Grupo Popular que no se acepta la enmienda.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor presidente, únicamente quiero señalar que mi proposición no mutila ninguna directiva comunitaria y, en todo caso, no se acepta porque la enmienda propuesta por el Partido Socialista sí mutila mi proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: No reabra el debate, señoría, simplemente se trata de aceptar o no aceptar a efectos de votación.

Finalizado el debate de todos los puntos del orden del día, vamos a pasar inmediatamente a votación, salvo que algún portavoz me pida que interrumpamos. (Pausa).

Señorías, a efectos de votación, les recuerdo que vamos a seguir el orden establecido en el orden del día y la que se ha defendido de manera agrupada, como he señalado antes, se hará separadamente.

Me solicitan dos minutos y la Presidencia se los concede gustosamente a los grupos antes de proceder a la votación. (Pausa).

Señorías, vamos a someter a votación las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley sobre suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en sus propios términos. (El señor Martín Peré pide la palabra).

Señor Martín.

El señor MARTÍN PERÉ: Señor presidente, disculpe, pero había solicitado durante mi intervención la votación separada de los dos puntos de esta proposición no de ley. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Perdón, presidente, ¿puede repetir el número de la iniciativa?

El señor PRESIDENTE: No está ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto, pero, como su señoría bien señala, lo había manifestado y no hubo ninguna manifestación en contra, entendemos que se podría someter a votación separadamente.

En cuanto al número de la iniciativa, sería la 780, punto 11.º del orden del día.

Reitero, votamos la proposición no de ley sobre la suspensión del mapa de demarcación judicial e impulso de las nuevas tecnologías en la justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, separadamente. En primer lugar, en la que se solicita dejar sin efecto la tramitación de la propuesta de modificación del mapa de partidos judiciales, que se propone en el documento de propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial, que ha redactado el Consejo General del Poder Judicial.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

En segundo lugar, dentro de esta misma proposición no de ley se vota presentar un plan de inversiones en nuevas tecnologías que permita la total implementación de estas en los juzgados y la mejora de los servicios de la justicia con la dotación económica suficiente para transferir a las comunidades autónomas competentes los importes que han de servir para su realización.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la necesidad de refuerzos de medios en el ámbito de la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad de Almería. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación de la adscripción registral del valle de Mena, provincia de Burgos. También se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 24; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la proposición no de ley sobre las reformas legales necesarias para tipificar el negacionismo y mejorar la regulación de los delitos relativos a discursos de odio. En esta proposición no de ley no se habían presentado enmiendas y, en consecuencia, se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia. Se vota en sus propios términos al no haber sido aceptada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 38; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma de la demarcación y planta judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta proposición no de ley se va a votar en tres partes. En primer lugar, la que se refiere a desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia y presentar una nueva en cuya elaboración y contenido se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La segunda votación se refiere a la propuesta que dice así: que la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia se deje sin efecto manteniendo la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales atendiendo al carácter fundamentalmente rural que conforma la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos el punto que dice lo siguiente: Garantizar el mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la ciudad de Burgos.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Finalmente, votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural sobre medidas contra los actos de apología de la dictadura franquista y el fascismo, con las dos enmiendas aceptadas, la autoenmienda y la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sin más, señorías, agradeciéndoles su asistencia a esta Comisión, se levanta la sesión.

Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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