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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 362, de 27/06/2013
cve: DSCD-10-CO-362
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 362
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 17
celebrada el jueves,
27 de junio de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Por la que se insta al Gobierno a modificar los requisitos para acceder a la renta activa de inserción para las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001083) ... (Página2)

- Sobre incremento de recursos del Fogasa. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001376) ... (Página4)

- Sobre la situación del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001770) ... (Página4)

- Sobre presentación del balance de la reforma laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001651) ... (Página9)

- Sobre la actualización de las variables incluidas en el Boletín de Estadísticas Laborales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001750) ... (Página13)

- Sobre las políticas activas de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001772) ... (Página16)

Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones:

- Para el análisis de la situación del empleo juvenil en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000003) ... (Página22)


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- Para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. (Número de expediente 158/000031) ... (Página22)

Se abre la sesión a la una y veinte minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001083).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Como saben ustedes y figura en el orden del día que conocen, tenemos seis proposiciones no de ley para debatir y votar y, posteriormente, el debate y votación de una solicitud de creación de subcomisión. La Mesa y portavoces han acordado que los puntos 2.º y 5.º se verán acumuladamente porque ambos se refieren al Fondo de garantía salarial. Por otra parte, por obligaciones de algunos de los parlamentarios miembros de la Comisión, vamos a seguir el formato practicado en la última sesión de la Comisión en que debatimos proposiciones no de ley, que va a consistir en que cada grupo proponente dispone de seis minutos; los grupos que formulan enmiendas, de cuatro, y los grupos que fijan posición, de dos.

Vamos a dar inicio ya sin más a la sesión. Únicamente resta manifestar que procederemos a la votación no antes de las tres y media.

El primer punto es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a modificar los requisitos para acceder a la renta activa de inserción para las personas con discapacidad, formulada por el Grupo de Convergència i Unió, para cuya intervención tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, planteamos esta proposición no de ley que es muy clara en su petitum. Se trata de restablecer la situación existente antes de julio del año pasado para permitir que las personas con discapacidad, sin límite de edad y sin haber agotado su prestación por desempleo de nivel contributivo, puedan acceder a la renta activa de inserción. Hasta que el Gobierno aprobó en julio de 2012 ese real decreto, las personas con discapacidad podían acceder a esa protección social, siempre que fueran demandantes de empleo inscritos ininterrumpidamente como desempleados en la correspondiente oficina de empleo durante doce o más meses, no tuvieran derecho a ningún tipo de protección social y carecieran de cualquier tipo de renta superior en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El mecanismo existente hasta julio de 2012 permitía a un colectivo con evidentes dificultades de incorporación al mercado de trabajo y a menudo con imposibilidad de acceder al cualquier tipo de protección social unos ingresos mínimos garantizados, seguramente insuficientes, pero que permitían a estas personas tener un cierto nivel de autonomía y de independencia.

El Gobierno, en su política de ajustes y de recortes, decidió excluir en julio de 2012 a esas personas de ese nivel de protección social. El Gobierno adujo, en respuesta a requerimientos parlamentarios y en respuesta a las organizaciones del tercer sector que agrupan a las personas con discapacidad, que formulaba ese ajuste desde el punto de vista de la racionalización del gasto. Como el propio Cermi ha venido denunciando, es difícilmente explicable que en un contexto como el que estamos viviendo, que también está castigando a las personas con discapacidad, se las excluya de este nivel de protección social.

No sabemos si los portavoces del grupo de la mayoría que van a intervenir hoy van a rectificar la posición que hasta ahora ha mantenido el Gobierno. Mi grupo agradecería esa sensibilidad del Grupo Popular a la demanda de Convergència i Unió pero también a la demanda del sector de la discapacidad. Agradeceríamos también que se nos diera alguna razón que fuera más allá de la racionalización del gasto, porque, de hecho, la renta activa de inserción fue un programa de protección social impulsado en tiempos de un Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, con el ministro Zaplana. La renta activa de


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inserción apareció en esa época; por tanto, no tiene demasiado sentido que hoy debilitemos la protección social de estas personas, además cuando a menudo las personas con discapacidad están viviendo también las consecuencias de la crisis, que está afectando al sector de empleo protegido, que está viviendo situaciones complejas y difíciles, y por tanto más personas tienen hoy dificultades para acceder al empleo si nunca lo han tenido y más personas tienen dificultades para acceder al empleo una vez que lo han perdido. Por otra parte, muchas de estas personas que han perdido el empleo ven cómo se agota su protección contributiva, por lo que al cabo del tiempo no pueden acceder a la renta activa de inserción.

Mi grupo solicita de la Comisión que dé un voto favorable a esta proposición no de ley que pretende volver a la situación anterior a julio de 2012, que permitía a las personas con discapacidad, sin límite de edad y sin haber tenido que recibir una prestación por desempleo de nivel contributivo, poder beneficiarse la renta activa de inserción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano, por su claridad y brevedad.

A continuación, ¿grupos parlamentarios que desean intervenir para fijar posición? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para anunciar que mi grupo apoyará la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió porque, como bien ha explicado su portavoz, la situación previa era esa. Hasta el Real Decreto 20/2012 las personas con discapacidad tenían esa situación de discriminación positiva y creemos que es razonable volver a ella porque es un colectivo que tiene muy difícil acceder al empleo y, por tanto, tiene muy difícil generar unas prestaciones que posteriormente se agoten, sin embargo, es un colectivo con unas necesidades de inserción evidentes. Por otro lado, hay una recomendación del Defensor del Pueblo a la Secretaría de Estado de Empleo en este sentido y, por eso, nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz de La Izquierda Plural, don Joan Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar también apoyo a la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió por dos razones. Primero, porque es que este tipo de propuestas permiten evidenciar algo que a veces es difícil de hacer cuando hay debates de naturaleza general, y es que cuando discutíamos el Real Decreto-ley 20/2102 algunos hicimos imputaciones a su contenido que fueron despreciadas. La verdad es que ese es un caso práctico muy evidente de cómo con políticas de ajuste se cometen profundas injusticias, y hoy tenemos la posibilidad de remediar esa injusticia. Segundo, porque creo que tenemos hasta una obligación constitucional. Permítanme recordar que el Tribunal Constitucional ha dicho en muchas ocasiones que lo discriminatorio es tratar de manera desigual a los iguales, pero nunca tratar de manera diferente a aquellos que tienen una situación de desigualdad, y en este caso está clarísimo que las personas que están en situación de discapacidad no solo tienen una situación de desigualdad en el acceso al empleo, sino que la tienen también en relación con la obtención de las rentas necesarias para tener una vida digna y, por eso, reconocer la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió puede permitir que se repare esa profunda injusticia que se cometió, que les condena a una situación de profunda desigualdad en relación con el resto de ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Esperanza Esteve.

La señora ESTEVE ORTEGA: Nuestro grupo también va a votar afirmativamente esta proposición no de ley por varias cuestiones. Primero, porque creo que hay una reflexión que debemos hacernos todos, que es que cualquier política que lleve consigo el recorte de beneficios no siempre da una rentabilidad inmediata ni a corto ni a medio plazo, porque lo importante es que las políticas sociales tengan un carácter redistributivo e integrador, y si algunas tienen un carácter redistributivo e integrador son las políticas en pro de la normalización y de la integración de las personas con discapacidad. Por tanto, nuestra posición es volver a la situación anterior al Real Decreto de 2012, y en este sentido me acojo no solo a las reflexiones que hemos hecho como Parlamento sino también al último informe de la OMS y del Banco Mundial -que es muy interesante y recomiendo su lectura-, en el que ponen diez obstáculos que impiden que las personas en situación de discapacidad puedan llevar una vida lo más normalizada posible. Fíjense en que en la situación de empleabilidad entre el sector de la discapacidad y el sector que no es de la


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discapacidad existe una diferencia de 30 a 40 puntos, y muchos de ellos además tienen que ver con mujeres. Por tanto, una política activa que facilite la renta activa de inserción nos ahorra otro tipo de gastos, permite la movilidad, la accesibilidad y también la integración. Por eso, nosotros no solo apoyamos esta enmienda, sino que rogamos al partido del Gobierno que la tenga en cuenta porque es una fuerte inversión y una apuesta por la normalización de acuerdo con todas las instancias superiores y con nuestra propia adhesión a la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Enrique Martín tiene la palabra.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Intervengo en nombre de mi grupo para anunciar que la postura del Grupo Popular es desfavorable a esta proposición no de ley. Como ya se decía en la exposición de motivos del Real Decreto 20/2012, se modificaba el régimen de acceso a la renta activa de inserción para reforzar su vinculación con el empleo. También hablaba de cierta supresión de bonificaciones excepto para las destinadas a la contratación de discapacitados.

Con relación a este real decreto, en primer lugar hay que señalar que para acreditar el indicado requisito basta con haber extinguido en algún momento anterior de la vida laboral, sea cual fuera su fecha, una prestación por desempleo contributiva o un subsidio por desempleo. En ese momento anterior el trabajador podía estar discapacitado o no. Con este nuevo requisito lo que se pretende es que solo accedan a este último nivel del sistema de protección por desempleo, la RAI, los que hayan estado en algún momento anterior dentro de este sistema al menos una vez, lo que entendemos que es coherente con el objeto de la protección por desempleo que establece el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social. Además, la posibilidad de que los discapacitados puedan acceder a la RAI es una mejora de la protección por desempleo que se les otorga en función de su mayor dificultad para encontrar empleo y supone, frente al resto de los desempleados, una discriminación positiva. Por tanto, se trata desigualmente a los desiguales.

Por otra parte, además de la renta activa de inserción, existe un gran número de medidas dirigidas a la integración laboral de las personas con discapacidad, como son los programas de empleo con apoyo, las cuotas de reserva, las medidas de promoción del autoempleo, las subvenciones y bonificaciones de cotización a la Seguridad Social para la contratación, los centros especiales de empleo, así como la aplicación de las medidas que integran las políticas activas de empleo y formación de forma prioritaria y específica, además de las ayudas que casi todas las comunidades autónomas tienen destinadas a estas personas con discapacidad.

Yo creo que el compromiso del Gobierno con los discapacitados se ve reflejado también en el proyecto de ley de apoyo al emprendedor, en el que, además de preverse reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, gracias a una enmienda que incorpora el Grupo Popular también va a tener como objeto que se vean favorecidos no solo los jóvenes menores de treinta años, sino también los jóvenes menores de treinta y cinco años con discapacidad.

En cuanto al trabajo de los discapacitados, de acuerdo con los datos de la Fundación Randstad, experta en colocación de personas con discapacidad, se ha incrementado en el último semestre, en lo que va de año, un 6,6 % con respecto al año anterior el número de trabajadores con discapacidad que se han incorporado al mundo del trabajo. Yo creo que el Gobierno popular no solo se preocupa, sino que trabaja por las personas con discapacidad. Hay una serie de medidas que no me da tiempo a leer, pero trabajamos por su plena igualdad y su plena integración en todos los ámbitos de la sociedad.

- SOBRE INCREMENTO DE RECURSOS DEL FOGASA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001376).

- SOBRE LA SITUACIÓN DEL FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001770).

El señor PRESIDENTE: A continuación, tal y como expusimos al principio, vamos a analizar de forma conjunta las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día como puntos 2.º y 5.º, la primera sobre el incremento de recursos del Fogasa y la segunda sobre la situación del Fogasa, el Fondo de garantía salarial. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Joan Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: La proposición tiene como origen los problemas que se detectaron en la sede del Fogasa de Valencia y que hemos visto posteriormente que también se detectan en otras ciudades, fundamentalmente en las delegaciones de Madrid y Barcelona, que han llegado a suponer una situación insostenible y caótica por la cantidad de expedientes a resolver, que se ha cuadruplicado desde el año 2007 porque se ha mantenido la misma plantilla cuando estaba claro que era una dotación absolutamente insuficiente para resolver el problema. Cada funcionario debe resolver en Valencia una media de 1.082 expedientes cuando, por ejemplo, aquí en Madrid la media sería de 540 expedientes. Por tanto, casi se duplicaría la media de expedientes en la delegación de Valencia. Los expedientes pendientes superan los 20.000, que afectan a 40.000 personas. Yo creo que es un número muy significativo. Y además hay un número muy importante de reclamaciones previas por resoluciones incorrectas.

El seguimiento de los procesos concursales es muy insuficiente, por lo que se están perdiendo opciones de recapitalización del Fogasa, y los presupuestos de 2013 indican menos ingresos que pagos, por lo que se está echando mano de las reservas y esto supone que se están limitando pagos mensuales. El plazo de pago está alrededor de los dieciséis meses, pues siguen entrando alrededor de 2.000 expedientes mensuales. Les han recortado en la sede el gasto corriente, tienen que reutilizar los archivadores, no tienen folios, llevan diez años sin poder pintar y adecentar la sede y han terminado los dos contratados eventuales que tenían en 2013 y no se han renovado. Una situación especialmente lamentable, a expensas de que en septiembre, como anunciaron ayer mismo en la prensa, inicien el programa Greta de privatización mediante la externalización de la gestión de los 129.000 expedientes pendientes.

En Valencia tenemos la media de resolución más alta del Estado y hoy ya no dan para más, no hay más medidas paliativas. Quiero significar que detrás de todo este desajuste, por poner un calificativo amable, detrás hay personas, hay trabajadores con cara y ojos, hay familias que están dejando de percibir ingresos que les son absolutamente necesarios y que a veces tardan hasta dos años en cobrar, y eso sería solo achacable a la falta de eficiencia del Gobierno, a las nulas ganas de resolver este problema, falta de sensibilidad y empatía con los trabajadores que han perdido su empleo. Por eso nosotros pedimos en nuestra proposición una cosa muy clara: instar al Gobierno a incrementar los recursos materiales y de personal de la sede del Fogasa de Valencia para que resuelva de una vez por todas el problema de los retrasos en la tramitación de estos expedientes y atender el gran número de solicitudes que recibe y ofrecer un mejor servicio, acorde con la importante labor que desarrollan. Anunciamos también ya aquí nuestro voto favorable a la iniciativa del Grupo Socialista porque es más general y entendemos que de alguna manera completaría nuestra iniciativa.

El señor PRESIDENTE: A continuación, como autor de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Fogasa, va a intervenir doña Mariví Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Efectivamente, mi grupo presenta hoy esta proposición no de ley ante la situación de colapso total que sufre un organismo tan importante para los trabajadores de este país como es el Fondo de garantía salarial por ser la institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador, es decir, es el que abona a los trabajadores los salarios e indemnizaciones que las empresas no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por estar declarados en situación de concurso, abono que luego trata de recuperar por medio de reclamaciones a las empresas subrogándose en los derechos de los trabajadores frente a estas. Además, el Fogasa tiene otras funciones complementarias a esta, que es la principal, como es el apoyo y protección a empresas en situación de crisis, abonando, en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores, una parte del 40 % de la indemnización legal en los despidos por causas económicas. Es fácil deducir que en esta situación en la que nos encontramos el volumen de trabajo se ha incrementado, y así es porque en 2011 ha habido 68.412 expedientes; en 2012, 71.224 y en 2013, hasta mayo, 91.764. Por esa razón, ya en la presentación de los presupuestos, tanto del año 2012 como del año 2013, mi grupo anunció que no era posible abordar el importante incremento en el número de expedientes con menos presupuesto y con reducción de la plantilla de personal de este organismo. Y esto no solo no se consiguió por la posición contraria del Gobierno, sino que empeoró en 2013, de tal manera que en mayo de este año el Fogasa tiene nada menos que 153.084 expedientes sin tramitar en estos momentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estos números? Significa que los trabajadores y las familias que sufren la situación de impago, con una media muy baja de 2 trabajadores por expediente podemos estar hablando de unas 307.608 personas afectadas directamente en estos momentos, tardan más de una media de siete


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meses en cobrar los abonos pendientes y, como decía el anterior interviniente, en algunas provincias como Valencia o como Madrid, una media de más de dos años para cobrar sus salarios. Significa también que al tener menos dotación este organismo no puede actuar en las reclamaciones frente a los empresarios deudores a través de su propia actuación jurídica en los concursos o frente a empresas declaradas insolventes. Por lo tanto, pierde también por ahí una fuente importante de ingresos para el propio organismo, que, unido a un menor presupuesto por la disminución de las cotizaciones empresariales que hemos reducido del 0,4 al 0,2, más la reducción de los ingresos vía presupuestaria, que en 2013 ha sido de un menos 33 %, nada menos, y para colmo la Tesorería de la Seguridad Social no abona al Fogasa las cantidades que cobra por su cuota disminuyendo aún más su capacidad de cumplir su obligación legal, todo esto junto hace que este organismo esté al borde del colapso si no se pone un remedio. Imagínense ustedes la presión bajo la que trabaja la plantilla actual. Imagínense también los derechos salariales que estamos vulnerando, que son legales, y la situación, sobre todo, de las familias afectadas por este colapso. Recuerden también, señorías, que hay una obligación impuesta por las directivas europeas que exigen a los Estados que exista una institución pública que garantice en tiempo razonable que los trabajadores de empresas insolventes cobren sus indemnizaciones y sus salarios.

Es urgente, por tanto, una solución ante tamaña mala gestión por parte del Gobierno en este organismo. Por esa razón proponemos definir un plan de aplicación inmediata que responda a los objetivos, por un lado, de pagar a los trabajadores lo antes posible las cantidades a que por salarios o indemnizaciones tienen derecho e incrementar las cantidades a recuperar de las propias empresas a base de la gestión propia del organismo; acelerar también el pago de la Tesorería General de la Seguridad Social que no liquida cantidades, no nos explicamos por qué, y eliminar la tasa de reposición cero del personal de este organismo equiparándola a los servicios públicos de empleo a los de la propia Seguridad Social.

Es posible también, como ha dicho el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, que ante esta situación el Gobierno, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, sienta, como es habitual, la tentación de privatizar este organismo. Ya les digo desde aquí que esto legalmente no tiene muchas posibilidades porque no es solo la legislación española, es la legislación europea, y la directiva europea es muy clara e impide esta posibilidad. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad para instar al Gobierno a ir en la dirección que señala esta proposición y a pedir el apoyo del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Sobre estas iniciativas, en primer lugar, la del señor Baldoví, penden dos enmiendas, una de UPyD y otra de CiU que, a su vez, también está formulada a la iniciativa que acaba de defender el Grupo Parlamentario Socialista. Si les parece, en primer lugar, expondrá la enmienda y la defenderá el representante de UPyD, el señor Anchuelo y, a continuación, lo hará el señor Campuzano, por Convergència i Unió.

El señor Anchuelo tiene la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo comparte la preocupación de los grupos proponentes por la situación de colapso del Fogasa. Como consecuencia de las crisis, el número de expedientes que entran en el Fogasa se ha multiplicado por cinco entre el año 2007 y el año 2012. Esto hace que queden casi 150.000 expedientes pendientes de tramitar o que haya unas demoras de hasta casi tres años hasta que se produce el reconocimiento y pago de los derechos de los trabajadores afectados. Por eso, Unión Progreso y Democracia planteó una pregunta por escrito al Gobierno hace tres semanas exponiendo esta preocupación. El Gobierno reconocía la sobrecarga de este servicio y señalaba otro motivo adicional del colapso del servicio, y es que con la entrada en vigor en octubre de 2011 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ahora son muchos más los procedimientos judiciales en los que se ve envuelto el Fogasa. En el año 2012, de 87.000 vistas a las que se le citó en el Juzgado de lo Social, solo pudo atender a 27.000, una tercera parte. Creemos que ha habido un problema de falta de prevención frente a una situación que era previsible que pudiese acabar así, y en esto tiene una responsabilidad importante el Gobierno actual porque no solo no ha reforzado los recursos, sino que incluso los ha disminuido. La plantilla del Fogasa se mantiene más o menos estable desde el inicio de la crisis, pero la tasa de reposición cero ha hecho que tienda a disminuir, aunque nos tememos que hay una responsabilidad compartida con Gobiernos anteriores que no reforzaron este servicio para prevenir lo que ha acabado sucediendo. Por eso mi grupo apoyará la proposición no de ley que plantea el Grupo Socialista. Es cierto que el Gobierno ha aprobado recientemente un suplemento de crédito en este servicio que ayudará a que se pague a los trabajadores las cantidades que se les adeuda, pero de ninguna manera reforzará la plantilla o los recursos del servicio y, por tanto, no desatascará esta situación de colapso, en nuestra opinión.


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Con respecto a la primera proposición no de ley, de Compromìs, hemos planteado una enmienda porque creemos que la situación de colapso y el problema son generalizados, afectan a toda España, sin embargo, su proposición no de ley se limita exclusivamente a los problemas de Valencia. Desde luego, a nosotros nos preocupan mucho los problemas de Valencia pero también los del resto de comunidades autónomas, y por eso nuestra enmienda pide generalizar la respuesta y no limitarla al caso valenciano, que, por los motivos que sean, parece ser el único que concierne al grupo proponente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carles Campuzano, por Convergència i Unió.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, Convergència i Unió ha presentado una enmienda que recoge el texto literal de una proposición no de ley que hemos presentado sobre esta materia y que está registrada para ser debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. Compartimos las preocupaciones que han explicado el señor Baldoví, la señora Monteserín y el señor Anchuelo, las cuestiones de fondo de la enmienda planteada han sido más que explicadas. Insisto en que en esta cuestión no solo pretendemos garantizar los derechos de los trabajadores que han perdido su empleo, sino también las posibilidades de las propias empresas de continuar desarrollando sus actividades. Las quejas que a este grupo le han llegado no corresponden tan solo a trabajadores, sino también a pequeños empresarios que reciben las consecuencias de toda esta dinámica del Fogasa. Por tanto, es razonable reclamarle al Gobierno que dote de los medios necesarios a este instrumento para desarrollar las actividades que legalmente tiene comprometidas. En cualquier caso, vamos a votar a favor de los textos de la proposición no de ley del Grupo Socialista y de Compromìs.

El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo también va a dar su apoyo a las dos proposiciones no de ley presentadas por Compromìs y por el Grupo Socialista. Compartimos no solo el objetivo, sino también las argumentaciones dadas.

Permítanme de todas maneras insistir en una idea. Si se fijan ustedes, llevamos dos proposiciones no de ley y ya tenemos unas cuantas víctimas. En primer lugar eran los discapacitados y ahora es una víctima triple, los trabajadores que han perdido su empleo, las empresas -como decía hace un momento el señor Campuzano- y los empleados públicos. Además, se da la circunstancia de que el arma del crimen es la misma, es el Real Decreto-ley 20/2012, que empezó restringiendo de manera significativa las prestaciones de los trabajadores y que lo argumentó diciendo que se trataba de garantizar la viabilidad del Fondo de garantía salarial y su funcionamiento. La verdad es que más cinismo -si me permiten la expresión- es absolutamente imposible. Tanto es así que el propio Gobierno se enmienda a sí mismo y en el último Consejo de Ministros ha tenido que aprobar un suplemento de crédito extraordinario de 530,6 millones de euros. A pesar de eso, el crédito total hoy autorizado, 1.373 millones, está muy por debajo de lo que se gastó el año anterior, 2012, a pesar de que el volumen de expedientes que tiene en lista de espera es monumental y muy superior. Sin duda, esta es una situación que afecta no solo al País Valencià, en Catalunya también la tenemos. Simplemente daré un dato para que lo tengan presente. En estos momentos en Cataluña el número de expedientes de regulación de empleo ha aumentado el 72 %, presentándose cerca de 5.494 expedientes, muchos de los cuales van al Fondo de garantía salarial y el colapso es absoluto.

Déjenme que les diga una cosa: llevo muchos años dedicándome de una u otra manera al ámbito de las relaciones laborales, he visto como el Fondo de garantía salarial pasaba por situaciones muy difíciles, pero como esta, ninguna, y llega un momento en el que no sé si es soportable esta pérdida de calidad institucional y de respeto a los derechos de la gente, creo que no, y tenemos la posibilidad resolverlo votando estas dos proposiciones no de ley. Nuestro grupo lo va a hacer con mucho gusto.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular va a dividir su intervención. Tiene la palabra doña Concha Bravo.

La señora BRAVO IBÁÑEZ: Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley que nos acaba de presentar el Grupo Parlamentario Mixto con respecto a la necesidad que presenta la sede del Fogasa en Valencia. Para nuestro grupo la petición que se hace con respecto a la necesidad de mejorar el servicio no es exclusiva -como ya se presenta en las enmiendas- de una sede particular del Fogasa, sino que hemos de plantearla como un objetivo, como


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un verdadero desafío de todo este organismo autónomo, y este es un reto del cual el Gobierno no solo no se esconde sino que se ha puesto de manera decidida manos a la obra, tal y como así lo demuestran todas las iniciativas que a lo largo de estos dos años de mandato se vienen desarrollando.

El consejo rector de este organismo, el Fogasa, es consciente de la situación reseñada, que afecta no solo al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana sino a nivel nacional. Por ello, desde la Secretaría General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se han adoptado diferentes medidas para hacer frente al incremento de esta actividad. En primer lugar, mediante resolución de 18 de mayo de 2012 se autorizó el nombramiento de funcionarios interinos para el presente ejercicio, lo que también ocurrió en 2011. En segundo lugar, se ha potenciado el empleo de las nuevas tecnologías y su incorporación a los procesos de gestión: creación de un registro electrónico desde el que se pueden presentar electrónicamente y vía Internet las solicitudes de prestaciones, veinticuatro horas al día y trescientos sesenta y cinco días al año; habilitación de consulta del estado de tramitación de los expedientes de prestaciones para aquellas personas que poseen firma electrónica o DNI electrónico, disminuyendo de esta manera las consultas presenciales. Igualmente, mediante resolución del 26 de abril de 2012 del subsecretario de Empleo y Seguridad Social, se ha procedido a incorporar la subsede electrónica del Fondo de garantía salarial a la sede electrónica central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La preparación de dicho portal está muy avanzada, prácticamente para su puesta en marcha de forma inmediata.

Ya tengo la luz roja. Evidentemente, hay otra serie de medidas en esta misma línea que ustedes conocen perfectamente, puesto que son un total de cinco, con lo cual queda claro que desde nuestro grupo parlamentario no vamos a aprobar la presente iniciativa porque creemos que el Gobierno está trabajando en esta línea y además desde este grupo le instaremos a seguir mejorando todo ese trabajo.

El señor PRESIDENTE: Gracias por su brevedad, señora Bravo. De todas formas, algún argumento está bien dejarlo para el Pleno, para el debate de la iniciativa de Convergència i Unió.

Don Gerardo Camps tiene la palabra.

El señor CAMPS DEVESA: Señorías, con mucha rapidez, porque en este caso yo creo que la finalidad principal que persigue una proposición no de ley se ve incumplida. Si la proposición no de ley tiene como objetivo el que se adopten una serie de medidas o el que se realicen una serie de actuaciones por parte del Gobierno, tiene poco sentido que lo que se pide en una proposición no de ley ya lo esté haciendo el Gobierno y se mantenga esta proposición no de ley para debate en esta Comisión. Puede ser por mantener debates falsos, que no van a conducir absolutamente a nada, o también podría ser por desconocimiento, desconocimiento que se explica poco, señorías, porque la acción del Gobierno es pública y, por lo tanto, debería ser conocida por todas sus señorías, y también porque en este caso -y se ha hecho alguna consideración-, vía respuesta a preguntas escritas, muchas de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno son conocidas por esta Cámara.

Las medidas que se están adoptando en esta materia, por cierto, todas ellas con fecha anterior al 6 de junio, que es la fecha de registro de entrada de la proposición no de ley del Grupo Socialista, son actuaciones que, coincido con lo que han dicho muchas de sus señorías, hoy tienen carácter de urgencia por el incremento sin precedentes de la carga de trabajo del Fondo de garantía salarial, que a su vez tiene su causa en la situación de crisis económica y financiera que estamos soportando; pero, señorías, una crisis que no empezó en el año 2011, que empezó mucho antes, mucho antes. Hubiera sido muy conveniente en el año 2008, principio de la crisis, la adaptación paulatina del Fogasa al nuevo escenario tanto económico como social; sin embargo, ninguna adaptación de su estructura o de sus recursos se llevó a cabo. La inacción, por tanto, no es de este Gobierno, en todo caso fue de otros Gobiernos. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha diseñado y presentado ya un plan de viabilidad; lo que ustedes piden en su proposición no de ley ya ha sido aprobado por el Consejo rector del Fondo de garantía salarial antes que ustedes lo pidieran. Este plan combina por un lado medidas de choque y por otro medidas estratégicas o estructurales que conforman un conjunto de actuaciones capaces de resolver los principales problemas del organismo, a las que no voy a hacer referencia porque ya lo ha hecho mi compañera con anterioridad.

Por otra parte, señorías, y esto específicamente respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y a su punto 2, piden ustedes más de lo mismo: que el Gobierno haga lo que ya está haciendo. En este caso no sé -porque usted ha negado que lo estuviera haciendo- si también es el desconocimiento el que le lleva a hacer esas afirmaciones, pero debería saber que ya en el año 2012


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la tesorería regularizó en 200 millones los fondos que tiene que trasladar -porque es quien ingresa las cotizaciones- al Fondo de garantía salarial. En este año, en 2013, van a ser 800 millones los de la regularización, prácticamente la totalidad del presupuesto inicial del Fogasa. Por lo tanto, también en un contexto financiero como el que estamos viviendo esta aportación de la Seguridad Social supone un mayor esfuerzo. En definitiva, señorías, el Gobierno ha puesto en marcha las medidas oportunas para hacer frente al gran incremento de actividad del Fogasa, lo que hace innecesario que se apruebe la proposición de ley como la ha presentado el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Por cuestión de orden, quiero preguntar a los autores de las dos iniciativas. Como en la primera el señor Baldoví tiene sustanciadas dos enmiendas, ¿va a aceptar alguna o las va a rechazar? ¿Someteremos el texto a votación con alguna de las enmiendas o no?

El señor BALDOVÍ RODA: Acepto la de Convergència i Unió y, aunque la comparto, no acepto la de UPyD.

El señor PRESIDENTE: O sea, admite la de CiU.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, tiene también una enmienda de Convergència i Unió.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Yo, con permiso del señor Campuzano, como nuestra proposición no de ley es más concreta y a la vez más amplia no se la voy a aceptar. Luego, en el futuro, ya hablaremos de cómo transaccionamos.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, procederemos a dos votaciones separadas. Cada iniciativa tendrá su votación específica.

- SOBRE PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE LA REFORMA LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001651).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 3, relativa al balance de la reforma laboral cuyo autor es La Izquierda Plural. El señor Coscubiela tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, como ustedes saben la reforma laboral lleva ya dieciséis meses provocando estragos en las condiciones de trabajo, los salarios y los derechos de los trabajadores; como ustedes saben también la Ley 3/2012 estableció la obligación del Gobierno de presentar un informe de evaluación de esta reforma laboral. Se trata de un informe de gran trascendencia porque quiero recordar que de él puede desprenderse, como así exige la recomendación del Consejo Europeo que muy probablemente se apruebe mañana, la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral. Por lo tanto no es un informe rutinario sino que sin duda tiene gran trascendencia política para las condiciones de los trabajadores de este país. Este informe tiene, a nuestro entender, algunas dificultades como es situar cuáles van a ser los parámetros de evaluación que van a tenerse en cuenta en el momento de elaborarse.

A nuestro entender hay al menos tres posibilidades. Se podía evaluar la reforma laboral en relación con los bondadosos objetivos explicados en su exposición de motivos, aunque nada tengan que ver con el contenido dispositivo de esa reforma. Una segunda posibilidad es evaluar la reforma laboral sobre la base de los mágicos resultados anunciados por la ministra Báñez y el presidente del Gobierno cuando la presentó en el Congreso. Y, claro, también cabe una tercera posibilidad que es evaluar la reforma laboral sobre la base de aquellos objetivos que nunca se explicaron, que estaban ocultos y que después han resultado ser los verdaderos que ya han salido del armario, y que no son otros que devaluar salarios, degradar condiciones de trabajo, otorgar poder discrecional al empresario y deteriorar la negociación colectiva y su capacidad de obligar, tal como mandata la Constitución. Lo normal y lógico hubiera sido -así lo entiende este grupo- que estos trabajos de evaluación de la reforma laboral hubieran comenzado planteando en esta Comisión un debate sobre cómo proceder a esa evaluación, socializando también un aspecto importante de nuestro nivel de participación. Desgraciadamente eso no es así y hoy no solo no tenemos los parámetros de evaluación sino que mucho me temo que tampoco tendremos la información cualificada para hacerla, porque lamentablemente el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a hacer lo que ya hizo en el año 1996 que es imponer un monumental apagón


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estadístico. Tenemos una proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista, a la que nuestro grupo va a dar apoyo -ya lo digo aquí-, que plantea la necesidad de volver a hacer emerger información básica para saber lo que sucede en ese mercado de trabajo.

Quiero recordar algunos datos que aparecen en el informe oficial de seguimiento a la estrategia de empleo 2020 del propio Ministerio de Empleo: 770.100 desempleados más, 822.700 empleos menos, tasa de temporalidad enquistada en el 23 %, aumento de los contratos a tiempo parcial hasta el 15 % -quiero recordar que en España esos contratos a tiempo parcial son realizados de manera no voluntaria por la inmensa mayoría de las mujeres que están obligadas a ello-, 40 % de desempleados sin ningún tipo de cobertura, y los que lo tienen -más del 50 %- con la prestación asistencial. En materia de empleo y de calidad de empleo el balance es más bien desastroso. Desgraciadamente parece que esa no es la opinión de la ministra Báñez. Nos ha dicho recientemente que nunca, nunca se dijo que el objetivo de la reforma laboral fuera crear empleo de manera inmediata. Afortunadamente tenemos un maravilloso "Diario de Sesiones" en esta Cámara que nos permite, por ejemplo, leer cosas tan increíbles como la del 8 marzo de 2012: Esta es una reforma completa y equilibrada que piensa contribuir en el corto plazo -insisto, en el corto plazo- a frenar la sangría de destrucción de empleo. Más empleabilidad, más estabilidad en el empleo, más flexibilidad interna de las empresas, más, más y más era lo que esperaba la ministra Báñez de esta reforma laboral. Desgraciadamente, los más se han convertido en menos, porque son menos salarios, menos participación de los trabajadores, menos control judicial, menos cobertura y protección de la negociación colectiva, menos desequilibrios de relaciones laborales. En ese sentido, en lo único que la reforma laboral ha sido un éxito ha sido en sus objetivos ocultos. En estos momentos es evidente que algunos de esos objetivos vinculados a la degradación y devaluación de los salarios se están consiguiendo; por cierto, no así en las rentas empresariales.

La reforma laboral ha sido un éxito en relación con el objetivo de facilitar y abaratar el despido. Quiero recordar que en estos momentos la única protección de los derechos de los trabajadores en los despidos colectivos está viniendo de la mano de los tribunales de Justicia de lo Social, que lo hacen aplicando la Directiva de 1998 sobre despidos colectivos y el Convenio 158 de la OIT, porque la legislación española se ha quedado sin capacidad de ofrecer garantías a esos trabajadores. Por eso, es posible que algunos miembros de la patronal, el Fondo Monetario Internacional y -me temo- algún grupo de esta Cámara estén planteando endurecer más la reforma laboral, incluso limitando los supuestos en los que el despido pueda ser considerado nulo, por tanto con a readmisión obligatoria -eso está escrito-. Por eso, nos resulta absolutamente imprescindible que esa reforma se haga en las mejores condiciones.

También sería importante saber si es verdad esa afirmación de que la reforma laboral ha evitado el despido gracias a que ha incentivado la flexibilidad en la condiciones de trabajo. Que ha incrementado la desregulación es evidente. Los datos -si alguna vez se tienen- de cómo se está utilizando la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41, incluso porque es más fácil que el descuelgue de los convenios, son evidentes. Me permito sugerir que en ese informe aparezca también un análisis de hasta qué punto la reforma laboral está propiciando una estrategia de dumping social, de dumping empresarial en algunos sectores que nos lleva a un verdadero desastre. Les aporto un dato del que he tenido conocimiento hace muy poco, que tiene que ver con el tema de los convenios de empresa y los convenios sectoriales. En estos momentos, en el sector de seguridad privada -ya muy degradado- desde la reforma laboral han aparecido ocho nuevos convenios de empresa que establecen condiciones peores que las del convenio estatal, que es de lo que se trataba. Resultado: hay ocho empresas que, gracias a lo que les posibilitó la reforma laboral, pueden hacer sus ofertas a sus clientes mucho más baratas porque las condiciones de empleo son mucho peores y, por tanto, degradar también el servicio.

Esas son las cuestiones que planteamos situar en ese balance, desde nuestro punto de vista. Tenemos un especial interés en que lo que el Gobierno nos presente a consideración de la Cámara en el mes de julio pudiera tener una constatación externa, internacional, de alguien que supiera de ese tema. La verdad es que el anuncio del Gobierno de que se lo va a encargar a la OCDE me parece una broma de mal gusto; que el informe sobre la reforma laboral se le dé a unos principales ideólogos de la reforma laboral es tanto, si me permite la expresión, como plantearle una auditoría a la Santa Sede sobre las bondades del catolicismo. El resultado seguro que sería evidente. En ese sentido, me permito sugerir que ese dictamen de la proposición no de ley se encargue a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque es un organismo tripartito, porque es el organismo de las Naciones Unidas especializado en esta materia -es el único especializado en empleo-, porque tiene una visión amplia y completa de lo que está sucediendo en este tema en el resto del mundo y porque además algunos de los aspectos...


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El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, por favor, debe ir concluyendo.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

... más directamente afectados por la reforma laboral tienen que ver con algunos derechos fundamentales que la OIT debe proteger, como el derecho a la negociación colectiva. Termino, pues, con ese planteamiento. La verdad es que sería una mala continuidad de la reforma laboral que el dictamen fuera tan tramposo como la exposición de motivos. Mucho me temo que vamos por ese camino, y la proposición no de ley que presentamos tiene la voluntad de intentar evitarlo.

El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda cuya autoría es del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda que entendemos que está en el espíritu de lo que presenta Izquierda Unida -a pesar de la intervención del señor Coscubiela, a la que ahora me voy a referir- y que sin duda viene a reconocer algo que está establecido en la propia Ley 3/2012 en la que se habla del balance que se va a realizar en el primer año de la reforma laboral. Por tanto nosotros lo suscribimos, pero simplemente proponemos que se remita a esta Cámara en julio de 2013, entre otras cosas, porque por la fecha en que estamos nos encontraríamos con que el lunes es día 1 de julio. Nos parece bastante más realista. En cuanto al segundo punto planteamos que el impacto que esta reforma laboral tiene en el mercado de trabajo se someta a evaluación por un organismo independiente. No nos manifestamos por ninguno, simplemente desde el Grupo Popular instamos a que se cumpla lo que ya estaba recogido en una enmienda que hizo Convergència i Unió cuando debatimos la ley y que además está incluido en el programa de reformas que el Gobierno de España ha enviado a la Comisión y a la Unión Europea. Por tanto, en ese programa nacional de reformas, que es la agenda reformista del Gobierno, en la que se habla de todas las reformas que se han hecho con un objetivo claro de aumentar la competitividad y la flexibilidad en nuestra economía para conseguir mayor confianza y mayores posibilidades de crecimiento, lo que redunda sin duda en la creación de empleo; decía que en ese programa nacional de reformas una de las medidas que se incluyen, entre otras muchísimas de seguimiento de esa agenda reformista, es el seguimiento de la reforma laboral. Por lo tanto, es un compromiso -insisto, que hizo la propia ministra de Empleo en reiteradas ocasiones- con esta Cámara y con la Unión Europea y la Comisión dentro del programa de reformas que ya está enviado a Bruselas. De ahí que nuestras dos enmiendas estén en el espíritu de lo que dice Izquierda Unida, solo que con un plan de racionalización y de diferenciación -pese a lo que el señor Coscubiela entienda-, según nos parece, entre las competencias del Ejecutivo y del Legislativo. El informe le corresponde al Ejecutivo, y nosotros valoraremos y nos posicionaremos al respecto. Las Cámaras tienen su definición constitucional en sus diferentes ámbitos, y ahí es donde se mueve el Grupo Popular y donde quiere trabajar. Estamos convencidos de que ese primer balance lo tiene que hacer el Gobierno, lo traerá a esta Cámara como está recogido en nuestra propia enmienda y como es la voluntad del Gobierno, y este organismo independiente hará la evaluación del impacto que la reforma laboral ha tenido en el mercado de trabajo.

Quisiera matizar dos cuestiones de algo que aquí se ha dicho. Como siempre el señor Coscubiela es un mago para hacer juicios de valor, para hablar de cinismo y de muchas otras cosas, pero me gustaría aclarar que la ministra ha dicho que esta reforma laboral no era un instrumento para crear empleo inmediato -lo ha dicho la ministra, lo he dicho yo personalmente y reto al señor Coscubiela a que me lo desmienta-, de una manera inmediata, sino para preparar nuestro mercado laboral para el momento en el que haya crecimiento y empleo y no tengamos necesidad de unas cotas de crecimiento de más del 2 % para crear empleo. Desde luego, es un instrumento para en primera instancia -lo que usted ha dicho, pero no puede decir lo que no ha dicho la señora ministra- frenar la sangría del desempleo. Eso es lo ha dicho la ministra, lo hemos dicho nosotros y lo demuestran los datos, señorías. El segundo trimestre de 2012 la tasa de crecimiento del desempleo fue del 18 % y la del segundo trimestre de 2013 ha sido del 10 %, que yo sepa 18 es más que 10. Por tanto, vamos en la tendencia que marcó el Gobierno, que marcó la ministra y que nos hemos comprometido también a apoyar desde el Grupo Popular.

Para terminar, celebro mucho lo que ha dicho el señor Coscubiela - lo celebro y que conste en el "Diario de Sesiones"- porque desde este sitio donde estoy ahora sentada rebatí al señor Coscubiela que la reforma dejara sin tutela judicial efectiva a los trabajadores, y lo que él ha dicho es un reconocimiento de que existe la tutela y que esa reforma laboral no acababa con ella. Por tanto, señor Coscubiela antes


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de hacer juicio de valor mida muy bien sus palabras porque se ve usted pillado en ellas, como lo demuestra que los propios jueces son los que están aplicando el derecho a la tutela judicial que los trabajadores tienen cuando acuden a los tribunales. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: A continuación, en el turno de intervención de los grupos, el señor Anchuelo tiene la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: Parece urgente la necesidad de que el Gobierno presente a la Cámara una evaluación de la reforma laboral, porque así se lo ordenaba la disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/2012, de Reforma Laboral. Se decía allí que debería presentar esa evaluación al finalizar un año de la vigencia del real decreto, algo que si mis cuentas no fallan sucedió el 10 de febrero. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: La ley se aprobó en julio). Como recordaba la señora Álvarez-Arenas, el Plan nacional de reformas también señalaba la necesidad de una evaluación del impacto de la reforma laboral y -algo importante y ligado a esa evaluación- de una mejora de las estadísticas laborales. Mi grupo no comparte en absoluto la valoración que hace el Gobierno de los resultados de la reforma laboral, y nos parece que sin necesidad de análisis más sofisticados los datos hablan por sí solos. La temporalidad no ha disminuido -un 92 % de los nuevos contratos siguen siendo temporales- y ha habido un proceso de destrucción de empleo más fuerte que en etapas anteriores de la crisis; por cada unidad de PIB que se ha perdido la destrucción de empleo ha sido mayor. En cualquier caso, creemos que un informe de evaluación iluminará el debate entre los distintos grupos y nos ayudará -espero- a clarificar estas discrepancias. Lo sorprendente es que a veces se discutan los datos. Las discrepancias deberían ser sobre la valoración de los datos, pero hay datos que deberían hablar por sí solos. En cualquier caso, y ligándolo brevemente con la proposición no de ley siguiente, es muy difícil evaluar los efectos de la reforma laboral si no hay unas estadísticas adecuadas. El programa nacional de reformas habla de mejorarlas, y hay un riesgo no ya de mejorarlas sino de empeorarlas, porque hay una fuente de datos esencial, la encuesta de coyuntura laboral, que no se actualiza hace tiempo y que según informaciones periodísticas está en riesgo de desaparecer. Precisamente hay aspectos clave de la reforma laboral, como son las medidas de flexibilidad interna en las empresas o el cambio sustancial en las condiciones de trabajo, que será imposible evaluar sin estas estadísticas. Por tanto, si realmente el Gobierno quiere evaluar lo que sucede en el mercado de trabajo debería mantener las estadísticas que hay -esenciales- e incluso mejorarlas. Esto es todo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carles Campuzano, por Convergència i Unió.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con el señor Coscubiela discrepamos de manera considerable sobre el diagnóstico de los problemas y las soluciones de nuestro mercado de trabajo. En este caso coincidimos en la necesidad de que se efectúe un balance del Gobierno y organismos independientes -el señor Coscubiela propone que se haga por un organismo tripartito- de lo que ha sido la aplicación, la puesta en marcha de la reforma laboral. No puede ser de otra manera, de entrada, porque en el debate y en el trámite parlamentario de ese real decreto que terminó convirtiéndose en proyecto de ley se introdujeron enmiendas que iban en la línea de poder efectuar una discusión a fondo al cabo de un año sobre lo que estaba suponiendo la aplicación de la reforma laboral. Tuvimos interés en introducir ese mandato precisamente porque en la anterior legislatura participamos también en la discusión y en la aprobación de sendas reformas laborales promovidas por el Grupo Socialista. Teníamos la convicción de que ese afán reformista que compartíamos en materia de empleo debía ir acompañado de un análisis sobre si aquellas reformas que buscaban determinados resultados estaban avanzando en la dirección adecuada -eso es necesario-, discrepando -eso sí- de las consideraciones más globales de la reforma del mercado de trabajo. Nuestro grupo entiende que lo que destruye el empleo no es la reforma del mercado de trabajo sino que desde el segundo semestre de 2011 España vuelve a estar en recesión. Antes de la aprobación del real decreto, a principios de 2012, ya estábamos volviendo a destruir empleo con intensidad. Ese es el problema, y hasta que la política económica no vaya orientada al crecimiento económico va a ser muy difícil crear empleo, con independencia de la regulación de nuestro marco laboral en materia de empleo.

Eso sí, vamos a votar a favor del texto del señor Coscubiela en sus términos aunque entendiendo que sería ideal que el Grupo Popular y el señor Coscubiela alcanzasen un acuerdo en esta materia.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Caldera tiene la palabra.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Coscubiela, estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa, muy puesta en razón. Si siempre es necesario hacer una evaluación de cualquier política pública, más lo es cuando la actual ha cambiado completamente el sistema y cuando estamos viendo sus efectos devastadores. El señor Anchuelo lo ha dicho, la destrucción de empleo se ha duplicado por cada unidad de producto destruida desde la entrada en vigor de esta norma. Fíjense ustedes que no hay ningún ejemplo de esta naturaleza en ningún país de la OCDE en sus casi cincuenta años de existencia. Por tanto, el peor código de malas prácticas es la reforma laboral que se ha aplicado en España, y hay una serie de datos que lo evidencian de forma absoluta: hay menos contratos -se contrata menos, señorías, esos son los datos-; hay más despidos; paralelamente está aumentando la conflictividad, solo hay que ver el volumen de asuntos que llegan a los tribunales; hay menos cobertura en un elemento básico como es la negociación colectiva; hay menos cobertura para aquellos trabajadores que han perdido su empleo, es decir hay menos cobertura en protección al desempleo; ha habido una caída notable de los salarios y hay menos empresas funcionando en este país. Por tanto, el comportamiento de esta reforma laboral ha sido procíclico; lo digo por aquellos que tanto presumen de saber manejar la política económica. Señor Campuzano, claro que tiene que ver con la economía, pero es que esta reforma adicionalmente se ha comportado de modo procíclico -aunque a usted le guste-, por tanto entraña un verdadero error de política económica, más allá de las injusticias sociales que implica. Por todas estas razones se necesita esta evaluación. Claro que aumentan -lo dijo la señora ministra en el Pleno- los expedientes de regulación suspensivos, pero también los extintivos, señorías. ¡Vaya un consuelo! Aumentan los extintivos y también los suspensivos. Este no es el camino, por tanto votaremos a favor de esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Como se ha expuesto ya, hay una enmienda pendiente del Grupo Parlamentario Popular, y el autor de la iniciativa no se ha pronunciado al respecto. Le agradecería que me dijera si la acepta o no.

El señor COSCUBIELA CONESA: La verdad es que nos gustaría porque sería bueno que esto saliera de aquí con un acuerdo. De todas maneras, tenemos un problema; no sabemos el concepto de independencia que se utiliza en este caso, y hoy es un mal día porque se ha discutido del Consejo General del Poder Judicial en esta sala. Además, como parece que ni tan siquiera nos ponemos de acuerdo en qué significa a corto plazo en palabras del ministro, no sé si de aquí a que termine la votación se puede concretar un poco más eso de la independencia... Para mí la independencia la expresa la Organización Internacional del Trabajo, no la OCDE, autora espiritual de la reforma. Por eso le digo que si podemos concretar un poco más, encantado; pero dejarlo al arbitrio del concepto de independencia del Gobierno, no lo veo.

El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Coscubiela, si le parece tienen tiempo como mínimo hasta las tres y media -como habíamos dicho, antes de esa hora no se procederá a la votación- para intentar una transaccional, y ya nos dirán lo que proceda en su momento.

- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001750).

El señor PRESIDENTE: Pasamos en consecuencia al punto 4.º del orden del día sobre la actualización de las variables en el Boletín de Estadísticas Laborales, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para defender la iniciativa tiene la palabra doña Patricia Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Como ya hemos oído en varias ocasiones, el Gobierno se ha comprometido a la elaboración de una evaluación sobre los principales indicadores del mercado de trabajo al finalizar el primer año de vigencia de la reforma laboral, llevada a cabo a través del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. El Gobierno de España adquirió este compromiso en la disposición adicional decimocuarta, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, y además, como también se ha dicho antes, este compromiso lo trasladó a la Comisión Europea a través del programa nacional de reformas. En este programa nacional de reformas quedó reflejado el compromiso del Gobierno de elaborar nuevos indicadores de seguimiento, la mejora de las estadísticas de empleo y el seguimiento de la jurisprudencia de los tribunales en decisiones relacionadas con la reforma laboral, con la intención de poder identificar


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más adecuadamente los problemas de aplicación de la norma y corregirlos en una fase temprana. A fecha de hoy esta evaluación no se ha hecho pública y no se ha producido una mejora de las estadísticas de empleo sino que, por el contrario, el Plan anual de estadística aprobado por el Gobierno del Partido Popular ha supuesto un recorte más en los análisis estadísticos previstos en materia de empleo para 2013. Elimina la encuesta de coyuntura laboral de periodicidad trimestral, tal y como aparece en el Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el que se aprueba el programa anual 2013 del Plan estadístico nacional 2013-2017; una encuesta que publica el Ministerio de Empleo desde 1990 y que en términos generales nos informa sobre las condiciones en las que se está trabajando en España. Los últimos datos facilitados por esta encuesta corresponden al cuarto trimestre de 2012; datos que nos dan una idea bastante fidedigna de lo que ha conseguido la reforma laboral, que es precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y no conseguir reducir la tasa de desempleo. Según la encuesta de coyuntura laboral sobre medidas de flexibilidad interna en las empresas, casi el 70 % de las empresas que han aplicado medidas de flexibilidad interna lo han hecho modificando la remuneración y la cuantía salarial. Así pues, un mecanismo que nos permite evaluar las medidas adoptadas por el Gobierno es eliminado, y lo pueden ustedes comprobar en el Boletín Oficial del Estado.

En respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por nuestro grupo por escrito al Gobierno se nos dice que se está trabajando en un nuevo proyecto, en una encuesta anual, pero la realidad es que esa encuesta no parece estar contemplada en la planificación prevista ni publicada en la planificación para 2013. Por otro lado, nos contesta que está estudiando la posibilidad de elaborar indicadores similares a los proporcionados por la encuesta de coyuntura laboral, basándose en registros administrativos. Si se puede ser eficiente en la obtención de la información reasignando recursos, en principio nos parece adecuado; pero, después de dieciséis meses de reforma laboral y después del compromiso asumido el año pasado para evaluar la reforma, la eliminación de la encuesta sin estar en marcha un mecanismo alternativo de obtención de la información deja en evidencia una estrategia de opacidad incuestionable. La no continuidad de la encuesta de coyuntura laboral con periodicidad trimestral está suponiendo ya un apagón informativo y estadístico en cuanto a las condiciones de trabajo en las empresas. Por otra parte, el Boletín de Estadísticas Laborales tampoco ha sufrido ninguna mejora ni ningún avance en las estadísticas de empleo, tal y como se había comprometido el Gobierno. La mayoría de las variables se actualizan, sí, según un calendario de publicación previsto por el Gobierno, pero no todas -luego explicaré alguna-. Incluso en algún caso las fechas de publicación se han retrasado respecto a los gobiernos anteriores; como ejemplo, las estadísticas de asuntos judiciales sociales con este Gobierno se actualizan más tarde.

Hoy en día el ministerio debe disponer de instrumentos que le permitan obtener la información mucho más actualizada de lo que se publica en la web, y en aras de conseguir una mayor transparencia debería caminarse en este sentido y no en el contrario. Además, sería recomendable una mejora en la web del ministerio que permitiera recoger la información máxima disponible en materia de empleo; es decir, toda la información mensual del Observatorio de servicio público de empleo y los estudios del INE en esta materia deberían estar referenciados y actualizados también en la página web del ministerio, porque no lo está. Existen además situaciones derivadas de la reforma laboral de las que ahora no se dispone de información alguna. Por ejemplo, no se dispone de estadísticas de las personas que se acogen a la posibilidad legal de compatibilizar la percepción de una prestación, tanto contributiva como asistencial, con un trabajo a tiempo parcial. Respecto al nuevo contrato indefinido para emprendedores, en la actualidad no se dispone de información sobre la vida de los mismos; cuestión que sería importante a la hora de analizar la reforma, dado que por su configuración pueden presentar una mayor frecuencia de extinciones al término del primer año de vigencia. La semana pasada la portavoz del Grupo Popular afirmaba el mantenimiento al cien por cien de este tipo de contrato, y esta información no está publicada. Está bien que nos den su evaluación de la reforma, pero queremos contar con la información actualizada, con toda. Lo que queremos es tener los datos para sacar también nuestras propias conclusiones. Si hay algo que nos llama especialmente la atención es la no publicación de los datos de beneficiarios de prestaciones de nivel contributivo, según la causa del derecho; un hecho que venimos observando desde hace tiempo, sin que aparezca en el boletín justificación alguna y que se mantiene por periodo indefinido. ¿Cuál es el motivo? El Gobierno debería dar respuesta. No aparecen ni los datos históricos ni los nuevos. La realidad es que la estadística pública sobre perceptores de prestaciones es más que insuficiente. También en las prestaciones hay apagón estadístico; un apagón que denuncian los investigadores y que denuncian los sindicatos. Pueden ver aquí como reza: La información estará disponible próximamente.


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Con todo lo expuesto, parece evidente, señorías, que hay una estrategia dilatoria en el tiempo en cuanto a la publicación de la información, incluso en algunos casos directamente la información es eliminada. Hay una tentación de ocultar aquello que les molesta. Como curiosidad y para poner el foco en la forma de actuar del Gobierno del Partido Popular me gustaría añadir algunas modificaciones que el Gobierno está llevando a cabo el calendario de publicaciones de las estadísticas del INE y que nos evidencian un retroceso en la transparencia. Se ha modificado la publicación de la estadística del mercado laboral y las migraciones, que ahora pasa a llamarse estadística de movilidad laboral y geográfica y que estaba previsto que se publicara en junio. Según la modificación, se publicará en noviembre. La estadística, por ejemplo, sobre actividades de I+D durante 2012, cuya publicación estaba prevista en junio, directamente ya no se va a publicar. El Gobierno, con esta forma de proceder, con una mano está recortando y con la otra va ocultando para que no se vea.

En conclusión, la realidad, aunque quieran ocultarla, es que España vive un escenario de dramática situación de desempleo. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, afecta a más de 6,2 millones de personas. Vivimos una situación en la que tenemos una elevada tasa de temporalidad del 22 %, muy superior a la media europea del 15 %, y la reforma laboral no ha corregido ni frenado este panorama. Lo único que ha conseguido es una progresiva precarización de nuestro mercado de trabajo y, en lugar de corregir esta situación, el Gobierno camina hacia una situación de opacidad en los datos, y así, con ello, enmascarar el adecuado análisis del comportamiento del mercado de trabajo ante las medidas adoptadas en la última reforma laboral. Para corregir esta situación, reclamamos y pedimos mayor transparencia y, por tanto, toda la información en materia de empleo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo para expresar lo mismo que en la intervención anterior. La encuesta de coyuntura laboral, como saben sus señorías, se elabora trimestralmente y proporciona una muestra, un panel de empresas de un trabajador o más, y la información que allí se suministra no tiene sustitutivos. Hay una serie de variables relacionadas con las medidas de flexibilidad interna de las empresas, con el cambio de las condiciones laborales, que no tiene alternativa. Por tanto, en nuestra opinión, sería un grave error suprimir esta encuesta o incluso dejar de actualizarla; un grave error que, como suele suceder en temas académicos o de investigación, sería irreversible. Si se hace, no tendría fácil solución, no sería fácil decir más adelante que continuamos, porque todas las series quedarían rotas, truncadas, y esto dificultaría extraordinariamente la investigación sobre estas cuestiones.

De momento se ha dejado de actualizar, lo que ya es bastante grave, y resulta difícil de entender, como antes señalaba, cuando esto se pone al lado de las afirmaciones que hay en el Plan nacional de reformas sobre la necesidad de evaluar el impacto de la reforma laboral y de mejorar las estadísticas. Si hay que mejorar las estadísticas, habrá que mantener lo que tenemos y, si acaso, mejorarlo. No sé si en este neolenguaje orweliano, tan frecuente, parece, en política, mejorar es suprimir o mejorar es dejar de actualizar. Mi grupo también se interesó por escrito sobre esta cuestión. Todavía no hemos recibido respuesta a la pregunta y solicitaría, si es posible, al grupo mayoritario que en su intervención clarificase las intenciones oficiales sobre esta encuesta, si se piensa mantener o no, dada su importancia. En cualquier caso, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Ante una propuesta tan necesaria no sabría añadir argumentos más sólidos que los que ha utilizado la proponente del Grupo Socialista y el señor Anchuelo; simplemente se me ocurre uno: fiat lux, hágase la luz. En momentos de oscurantismo impuesto por el poder, los ciudadanos solo tienen un mecanismo, que es abrir las ventanas y que entre la luz, y yo creo que nadie debería estar en contra. Espero que el argumento para estar en contra no sea relatar todo lo que se hace en estadísticas.

Déjenme que les diga una cosa. No son prejuicios lo que estoy expresando aquí -nos lo recordaba hace un momento el señor Anchuelo-. Este país, en estos momentos, sabe lo que supuso el apagón de la información fiscal acordado a partir de 1996. Hay estudios en los que se dice que no se puede seguir la serie porque durante aquellos años se dejó de facilitar esa información. Se puede discrepar sobre muchas cosas, pero creo que no debería discreparse sobre una cuestión, y es que en un Estado moderno la información no puede ser ocultada, y en estos momentos está siendo ocultada.


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El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Quiero manifestar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la proposición no de ley formulada por el Grupo Socialista. En un momento en el que necesitamos conocer cómo se desenvuelve el mercado laboral y disponer de fotografías de la realidad para adoptar políticas públicas de creación de empleo, no podemos menospreciar ni mucho menos la importancia que tiene disponer de datos estadísticos fiables en materia de coyuntura laboral. Yo, ingenuamente a lo mejor, creo que el primer interesado en ello es el propio Ejecutivo, sin lugar a dudas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Ángeles Fernández.

La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: La proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista se basa en dos pedimentos; primero, actualizar y potenciar la encuesta de coyuntura laboral; y segundo, actualizar todas las estadísticas, todas las variables incluidas en el Boletín de Estadísticas Laborales, de acuerdo con su periodicidad habitual. El objetivo sería conocer el balance de la reforma del mercado laboral operada por el Gobierno en el año 2012, y yo creo que en la anterior proposición no de ley ya hemos adelantado la fecha a partir de la cual se va a realizar dicho balance.

Por lo que respecta al pedimento primero, la encuesta de coyuntura laboral, como bien se ha dicho ya, se creó en 1990 y su objetivo es conocer las condiciones de trabajo que operan en las empresas a base de un muestreo, de un sondeo que se realiza en las mismas. Pues bien, ni opacidad, como se ha dicho aquí, ni apagón estadístico; simplemente se sustituye la encuesta de coyuntura laboral por otro proyecto, por otra encuesta, que no es trimestral, sino anual. Por tanto, sí es cierto que se suprime la encuesta de coyuntura laboral y hay un proyecto en marcha en el cual se está trabajando y que va a permitir valorar el funcionamiento interno de las empresas y la incidencia de la reforma laboral en las diferentes entidades empresariales. Por otro lado, se está trabajando en un proyecto que supone elaborar nuevos indicadores sobre la base de registros administrativos, como ustedes también han dicho, porque esta respuesta ya la sabían puesto que se le dio a su grupo el 7 de junio de 2013. Por tanto, esto ya era de sobra conocido.

Por lo que respecta al segundo pedimento, que es que las actualizaciones de las diferentes estadísticas se recojan en el Boletín de Estadísticas Laborales, se ha hecho, y les voy a dar fechas. La estadística de empresas de trabajo temporal, 29 de mayo, respecto a los datos de enero de 2013. Fecha límite para esa publicación, según el calendario aprobado por el real decreto de 8 de febrero de este año, que usted también ha citado, 30 de mayo. Por tanto, está en plazo. Estadística de cooperativas y sociedades laborales, fecha de la publicación 26 de abril, con relación al cuarto trimestre de 2012. También está en plazo. Estadística de autorizaciones de trabajo a extranjeros, fecha de publicación 29 de mayo, con relación a datos de enero de 2013. Fecha límite para la publicación, 30 de mayo. Con relación a la estadística de convenios colectivos de trabajo, la información se halla publicada a partir de enero de este año en la página web correspondiente; por tanto, se puede conocer. En cuanto a la estadística de mediación, arbitraje y conciliación, fecha en que se ha publicado, 29 de mayo, con relación a datos de febrero de 2013. Fecha límite, 30 de mayo de 2013. Estadística de asuntos judiciales sociales, fecha de publicación 13 de marzo respecto a datos del cuarto trimestre de 2012. Fecha límite, 30 de mayo. En cuanto a la estadística de prestaciones por desempleo, 4 de marzo respecto a datos de enero de 2013, 2 de abril respecto a datos de febrero de 2013, 6 de mayo respecto a datos de marzo del presente año y 4 de junio respecto a datos de abril del presente año. Hay que decir, no obstante, que estas fechas se corresponden a la publicación de demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo y que después, en unos pocos días, aparece -se trata de un avance de información estadística- en el correspondiente boletín de estadísticas laborales. Por tanto, nuestro voto va a ser desfavorable a la PNL presentada por el Grupo Socialista.

- SOBRE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001772).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día, que es la última de las proposiciones no de ley que vamos a debatir, sobre las políticas activas de empleo, cuyo autor es UPyD. Tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


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El señor ANCHUELO CREGO: Una de las asignaturas pendientes en nuestro país es la reforma y la mejora de las políticas activas de empleo. Esto no es una afirmación mía ni de mi grupo, sino que coinciden en ello todos los organismos internacionales: Comisión Europea, Organización Internacional del Trabajo, Fondo Monetario Internacional, así como los expertos y académicos. Esta es una tarea, en nuestra opinión, inaplazable, porque hay 6.000.000 millones de parados que deberían estar aprovechando ese periodo para mejorar su formación y empleabilidad, y entre ellos hay muchos jóvenes que provienen de un sector, la construcción, que han abandonado sus estudios y habrán de encontrar empleo en un sector diferente. Frente a esta necesidad emerge la cruda realidad, hay datos que hablan por sí solos. En primer lugar, querría resaltar la falta de medios tan enorme que hay en este tipo de políticas en nuestro país y que condiciona todo lo demás. Con datos del año 2012, el ratio entre trabajadores desempleados y trabajadores dedicados a la orientación laboral era de 600 en España, es decir, cada persona dedicada a la orientación laboral tenía que orientar a 600 desempleados registrados en los servicios públicos. Imagínense a alguien intentando orientar dos veces el hemiciclo, 600 personas aproximadamente. No es esta la situación que hay en otros países; el ratio en Francia es 50 desempleados por orientador; en Alemania y Reino Unido, 30; en Dinamarca, 20. Creemos que hay una enorme falta de medios que condiciona todo lo demás y que no es equiparable a lo que sucede en otros países ni atribuible a la crisis. Sorprende que si esta es la situación, en vez de estar dotándose de más recursos a los servicios públicos de empleo se estén recortando. Ha habido importantes recortes presupuestarios de casi el 50 % entre los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y 2013; hubo un despido de orientadores laborales; está la tasa de reposición... Es decir, el problema no se está solucionando, sino que, sorprendentemente, se está agravando.

Las deficiencias de recursos también se refieren a la administración electrónica, algo que no tiene por qué ser muy costoso. Hay una profusión de páginas web de los servicios públicos de empleo -estatal, autonómicos-, que les ha llevado a la irrelevancia, a que en conjunto sean buscadores menos importantes, todos ellos sumados, que algunos buscadores privados individuales. Por ello, una de las propuestas de nuestra proposición no de ley es crear una única web de empleo público en la que se recojan todas las ofertas formativas y todas las vacantes para terminar con esta situación tan incomprensible. Esto facilitaría también la movilidad de las personas entre comunidades autónomas y evitaría o dificultaría la fragmentación del mercado de trabajo. Debería hacer posible cosas que hoy no son posibles, como que un parado de una comunidad pueda beneficiarse de una oferta formativa que se ofrezca en otra comunidad o como que una empresa pueda poner en marcha en el servicio público de empleo -debería ser en este caso en el estatal- un proceso de selección a nivel nacional. Consecuencia de esta falta de medios es la baja eficacia de la intermediación de los servicios públicos de empleo. Otro dato también demoledor; el porcentaje de asalariados que ha encontrado su ocupación actual a través de esas oficinas públicas de empleo era en el año 2011 del 2,5 %, y la situación no debe haber variado sustancialmente. Las empresas confían poco en los servicios públicos de empleo. Esto ha de ser corregido, y a esto se dedica también parte de nuestra proposición no de ley. Es necesario, en nuestra opinión, simplificar los trámites que se exigen a las empresas para acceder a estos servicios públicos de empleo y estos han de proporcionar un servicio ágil, rápido, de calidad y gratuito. Para ello, insisto, hay que aumentar los medios materiales y también incentivar al personal sobre la base de la productividad y los resultados. Mi grupo piensa que en esta materia la provisión privada puede complementar a los servicios públicos, pero no sustituirlos; sería un error intentar esa sustitución porque habría importantes riesgos para la igualdad. Esta provisión privada seguramente se centraría en aquellos desempleados con más facilidades de volver al empleo y dejaría marginados a los que están en situaciones más comprometidas.

Una segunda consecuencia de la actual situación de las políticas activas de empleo son los bajos resultados en términos de inserción laboral. Un programa como el Prepara, que es un programa de recualificación, solo logra emplear al 6 % de los beneficiarios del programa una vez que han terminado esa recualificación. En nuestra opinión, y esta es otra de las cuestiones que abordamos en la proposición no de ley, esto tiene que ver también con la estructura del gasto en políticas activas de empleo en nuestro país, que está muy centrado en las bonificaciones a la contratación. Se gasta en bonificaciones el doble que en formación. Estas bonificaciones son muy costosas y de dudosa eficacia. A menudo, ni siquiera crean empleo, sino que sustituyen un tipo de empleo por otro; empleo no bonificado por empleo bonificado. Creemos que habría que reorientar drásticamente el gasto en políticas activas hacia la formación y dejar de gastar tanto en bonificaciones. De hecho, con nuestra propuesta de contrato único indefinido no habría que gastar nada en contratación indefinida. En cualquier caso, habría que reorientar la estructura de ese


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gasto hacia la formación en vez de las bonificaciones, y en esa formación aumentar la calidad de los cursos y adaptarlo a las necesidades individuales de los parados. A un ingeniero parado que se le dé un curso básico de informática, poco le puede aportar. En este sentido van las diferentes propuestas que incluíamos en la proposición no de ley.

Nuestra proposición no de ley creemos que es rica en propuestas, sin embargo, el Partido Popular nos plantea unas enmiendas, y creemos que la 3 y 4 son de interés. Es una reducción grande sobre lo que proponíamos, pero nos parecen interesantes. La 3 se refiere al portal único de empleo público, donde se recojan todas las ofertas formativas y vacantes en el conjunto del país, incluso a nivel europeo. Aun a riesgo de renunciar a nuestras propuestas, solo lograr esto nos parecería una aportación importante. Por otro lado, la 4, aunque más genérica, también nos parece importante en cuanto que supone un reconocimiento de la necesidad de priorizar el gasto en formación. Por eso hemos planteado, junto al Partido Popular, una enmienda transaccional que consistiría en los puntos 3 y 4 de las enmiendas del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Lo tendremos en consideración. A continuación, como bien decía su señoría, hay dos enmiendas formuladas a su iniciativa. La primera, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña María José Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley, en la que reconocemos el interés de UPyD por reforzar la eficacia de las políticas de empleo, algo que como enunciado general compartimos. A partir de ahí, nuestro diagnóstico se aparta del que hace el grupo proponente y ello nos lleva a un planteamiento de propuestas sensiblemente diferente del de esta iniciativa. ¿Es preciso reforzar las políticas activas de empleo y la eficacia de los servicios públicos? Indiscutiblemente creemos que sí, como bien dice, por las instancias también reincidentes de muchos organismos internacionales. Entendemos que han de seguir sometiéndose a la evaluación, pero no creemos que haya que achacar esa falta de eficacia a un mal funcionamiento de los servicios públicos o a la necesidad de reformular por completo estas políticas activas. Diferimos y discrepamos de ese intento recentralizador de las competencias que se lee en esta iniciativa. La transferencia de competencias sobre políticas de empleo a las comunidades autónomas, a los servicios autonómicos, no solo no es el origen del problema sino que el acercamiento a una realidad y la organización de los servicios públicos de empleo al mercado laboral más próximo es una necesidad, cuya articulación a través de las comunidades autónomas ha dado buenos resultados. Ello no obsta para que haya que seguir profundizando en la coordinación entre servicios autonómicos y estatales y en que estas realidades estén mejor conectadas entre sí, pero sin prescindir del ámbito autonómico al que esta iniciativa, aunque no la intervención de su portavoz, prácticamente demoniza. En cualquier caso, tal como reconoce la proposición no de ley, algunos de los datos que se recogen sobre políticas activas de empleo no están actualizados al contexto actual de crisis. Pero cualquier análisis de la realidad a día de hoy sobre las políticas activas de empleo no puede obviar un recorte brutal practicado en los dos presupuestos aprobados por este Gobierno, que prácticamente ha anulado la capacidad y ha inhabilitado a estas políticas para cumplir con su cometido. Asistimos a la paradoja de que cuando más paro tenemos, cuando más empleo se destruye, se adelgazan los servicios públicos de empleo, se debilita su capacidad de actuar y se reducen las partidas para políticas en una lógica inversa que tiene difícil explicación. Nuestra enmienda, por tanto, pasa por un compromiso claro por reforzar los servicios públicos aumentando sus recursos, como hicimos en la anterior legislatura, con un programa extraordinario que permitió incrementar la dotación de personal en las oficinas de los servicios públicos en más de 3.000 empleados como medidas de choque; orientadores y promotores que desgraciadamente ya no están cumpliendo su tarea.

Hoy esta ratio entre desempleados atendidos y personal de servicios no solo nos aleja de países de nuestro entorno, sino que provoca un deterioro claro en la prestación de estos servicios públicos, es decir, no solo se produce un reflejo estadístico indiscutible, sino que hay una clara desatención y una pérdida de la calidad en las prestaciones de estas funciones. Es verdad que hay mucho margen que aprovechar para mejorar la coordinación de los servicios públicos estatales y autonómicos e impulsar fórmulas de colaboración público-privada. Ahora bien, sin vaciar de contenido los servicios públicos, como nos tememos que va a hacer el Gobierno, y detrás puede estar el desmantelamiento encubierto de los servicios públicos. Esto es lo que incluye nuestra enmienda y, por supuesto, una voluntad de mejorar la oferta de formación, un compromiso por recualificar a los desempleados provenientes de los sectores preeminentes antes de la crisis para derivarlos a otros con mayores perspectivas y adaptar esta oferta en coordinación con las empresas. ¿Para esto qué hace falta? Entendemos que volver a unas consignaciones


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presupuestarias al menos como las que había en 2011 y atender a las comunidades autónomas y a sus particulares circunstancias en materia de desempleo, sin provocar agravios ni incurrir en discriminación como a la que asistimos en algunos casos como el de Andalucía. Esta es básicamente nuestra enmienda porque cualquier otra propuesta que no parta de la realidad de la reducción de la dotación de las políticas activas de empleo, de su presupuesto, sería, a nuestro juicio, parcial e insuficiente.

Se ha destruido más empleo desde que este Gobierno comenzó su andadura que en los dos años anteriores. Las previsiones no son ni mucho menos halagüeñas, como reconoce el propio Gobierno. Sin embargo, el esfuerzo en políticas activas de empleo ha pasado de 705 euros por desempleado a 268, desde 2011 hasta hoy, menos de la mitad en un escenario mucho peor. Por tanto, creemos que esto es lo urgente y necesario y anterior a cualquier intento serio de mejorar las políticas activas de empleo.

Lamentamos que el portavoz de UPyD no se haya pronunciado sobre nuestra enmienda. En cualquier caso, desde el Grupo Socialista seguiremos sumando nuestros esfuerzos para contribuir a la eficacia estas políticas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aunque ya ha expuesto el autor de la iniciativa la aceptación de los puntos 3 y 4, tiene la palabra doña María Teresa Martín.

La señora MARTÍN POZO: Señorías, intervengo para defender la enmienda presentada por mi grupo parlamentario a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre políticas activas de empleo; políticas cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional en virtud de los decretos de traspaso de funciones y servicios, correspondiendo el Estado, como instrumentos de coordinación del sistema nacional de empleo, la elaboración de la Estrategia española de empleo y el Plan anual de política de empleo. Sobre la base de este reparto competencial, el Grupo Parlamentario Popular comparte a grandes rasgos el diagnóstico planteado, ya que el sistema de políticas activas venía presentando ciertas carencias que consideramos necesario abordar, especialmente en la actual coyuntura del mercado de trabajo.

Señorías, la crisis económica que venimos padeciendo desde 2007 y la falta de medidas para afrontarla, superarla, y para paliar sus efectos por parte del Gobierno anterior, han hecho que nos encontremos ante una tasa de desempleo tremendamente preocupante, superior al 27 %. Los datos los conocemos todos, señorías. El Gobierno del Partido Popular se ha puesto a trabajar desde el primer momento para frenar esa sangría de destrucción de empleo con grandes reformas estructurales, con medidas serias y responsables, no siempre del agrado de todos, pero necesarias para salir del pozo en el que nos metieron y llevadas a cabo con la responsabilidad de quien gobierna para todos los españoles. Me estoy refiriendo a la reforma laboral; a la restructuración del sector financiero; a la ley de emprendimiento; a la estrategia de entendimiento y empleo; al decreto-ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo al crecimiento y a la creación de empleo, entre otras. Medidas que han hecho posible un cambio de tendencia en las cifras de paro y que en los primeros cinco meses del año haya bajado en 90.000 personas, cuando en los años anteriores crecía a una media de 95.000. Medidas que han hecho posible que los contratos indefinidos hayan crecido en 65.000 respecto del año pasado, que han hecho posible que los contratos para la formación y el aprendizaje hayan aumentado en un 23 %, que se hayan celebrado 100.000 contratos de emprendedores y que 70.000 empresas hayan aplicado medidas de flexibilidad interna en 2012 como alternativa al despido. Pese a estos resultados hay que ser extremadamente prudentes y seguir trabajando en la misma dirección y, como decía al principio de mi intervención, siendo conscientes de algunas carencias del sistema de políticas activas de empleo, entendemos necesario que se continúe trabajando en la renovación del modelo existente a fin de conseguir mayores niveles de empleabilidad para los desempleados.

Señor Anchuelo, alguna de las medidas concretas a las que hace referencia su iniciativa ya están siendo llevadas a cabo por el Gobierno. El portal único de empleo ya está contemplado en la estrategia de emprendimiento y empleo joven; el Plan anual de política de empleo 2013 ya introdujo la necesidad de evaluación de las medidas que se llevan a cabo y su eficacia respecto a los objetivos planteados, comenzando así la transición a un modelo de políticas activas sobre la base de la evaluación, la orientación de resultados y el seguimiento continuo. Respecto a la formación profesional hay que señalar que se ha producido un incremento presupuestario, ya que, mientras en el año 2012 se destinaba a la misma el 31,43 % de las dotaciones de la política de fomento del empleo, en el año 2013 ese porcentaje se eleva al 47,78 %, y ello pese a las limitaciones presupuestarias existentes.


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Señorías, entendiendo que aún hay mucha tarea por delante y compartiendo la preocupación del grupo proponente en la lucha contra el desempleo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, en la que solicitamos se inste al Gobierno a que continúe trabajando en la renovación del modelo de las políticas activas de empleo en colaboración con las comunidades autónomas sobre la base de la evaluación, la orientación a resultados y el seguimiento continuo; a que siga desarrollando medidas que mejoren la actuación coordinada de los diferentes servicios públicos de empleo en el servicio que prestan; a avanzar en la puesta en marcha de un portal único de empleo, que suponga la creación de una base de datos común para todo el territorio nacional y que incluya la totalidad de las ofertas de formación y empleo nacionales y autonómicas y también internacionales; y a poner especial énfasis en las medidas de formación profesional dirigidas a desempleados para favorecer su capacidad para encontrar empleo y adaptarse a las necesidades que plantee en cada momento nuestra economía.

Finalizo, señor presidente, agradeciendo al señor Anchuelo la receptividad a nuestra enmienda, al haber podido llegar al acuerdo transaccional de votar los puntos 3 y 4 de nuestra enmienda en los términos establecidos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría. Estamos utilizando dos minutos de intervención, por acuerdo previo de los portavoces y la Mesa de la Comisión.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No solo por acuerdo de los portavoces, sino por el desconocimiento de las relaciones dialécticas que se han podido articular hasta este momento (Risas), a las que he podido asistir solo en la parte final del debate, del interesante debate suscitado.

Solo dos comentarios, señor presidente. En primer lugar, las políticas activas de empleo desbloqueadas y transferidas a las comunidades autónomas -le puedo hablar de esta materia con un cierto nivel de autoridad porque yo personalmente participé en la transferencia de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que era la última que no había recibido esta competencia junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- incorporan los tres conceptos básicos de las políticas activas de empleo: las bonificaciones de cuotas, las subvenciones gestionadas y la formación profesional. Lo digo porque he oído la intervención de la portavoz del Grupo Popular y no ha hecho una desagregación tan particularizada del contenido material de lo que se ha considerado tradicionalmente políticas activas de empleo, basadas en bonificaciones de cuotas, subvenciones gestionadas y formación profesional.

Esto nos lleva a otro debate que plantea el señor Anchuelo, que es la configuración de un portal único, donde se puedan interaccionar todas las ofertas de empleo. Esto siempre es bueno, lo que pasa es que requiere, con los procedimientos tecnológicos que poseemos en la actualidad, un portal único; esto puede meritar sencillamente la interoperabilidad o la interacción entre los portales que existan, que pueden existir varios. Si hasta el Poder Judicial ya tiene numerosos procedimientos informáticos que interactúan más o menos bien -aquí tampoco puede haber una reflexión muy apologética de cómo en el Poder Judicial las distintas comunidades autónomas interactúan los portales-, se puede hacer un portal o varios portales que interactúen mediante elementos de compatibilidad tecnológica suficientes. Pero lo que no me gustaría, señor presidente, es que quede depositada en esta Comisión una idea reduccionista respecto al contenido material de las políticas activas de empleo, que ya las ostentan todas las comunidades autónomas y que hacen referencia a tres mecanismos de actuación tradicionales -bonificaciones de cuotas, subvenciones gestionadas y formación profesional-, y otras nuevas que se incorporan en una ley que estamos debatiendo en esta Comisión -empleo juvenil, emprendimiento, reforma del sector petrolero y reforma del sector ferroviario; marginalmente las dos últimas materias que he citado-, donde se incorporan elementos nuevos, la famosa alfombra roja. En este proyecto de ley -y ya acabo, señor presidente- se enfatiza mucho más la parte final de la alfombra roja, las bonificaciones de cuotas que requieren que un joven emprendedor haya podido crear una empresa, consolidarla y generar beneficios para que sus cuotas -las primeras que pueda aportar- sean bonificadas, y no se mira tanto el inicio de la alfombra roja cuando lo que necesita un joven que tiene una brillante idea es sobre todo capitalización a través del mecanismo de subvenciones gestionadas.

Dicho esto, señor presidente, muchas gracias por su amabilidad. Estos son temas recurrentes y es difícil entender por qué no nos podemos poner de acuerdo sobre estas materias.


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El señor PRESIDENTE: A continuación, don Joan Coscubiela tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: La proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia suscita una diversidad de opiniones. De entrada, comparto mucho más la explicación que ha hecho don Álvaro Anchuelo, que tiene la virtud de dulcificar las aristas de algunas de las políticas, que el propio planteamiento. En todo caso, para no personalizar, nuestro grupo comparte una idea: los servicios públicos de empleo son manifiestamente mejorables -pero no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo- y claramente no cumplen la función social que tienen encargada. En segundo lugar, compartimos una parte de su diagnóstico. Es materialmente imposible que puedan cumplir su función mientras continúen teniendo los niveles de recursos tan bajos que tienen, sobre todo por la escasa especialización de algunos de sus recursos humanos. Ya sé que nuestra ministra de Empleo está convencida de que cuantos menos recursos, más se puede hacer; pero lamento decirle que eso es un milagro que los evangelios solo le imputan a Jesús y no a ningún otro personaje de la historia. Es muy difícil hacerlo así. Puedo compartir también la idea de que una parte de esos problemas tienen que ver con un mal concepto de la autonomía. La autonomía del poder político no debe estar contrapuesta con cooperación y coordinación. Desde ese punto de vista, el objetivo no es quién ejerce la función, sino el destinatario de la función, que es el que busca empleo.

Pero discrepamos profundamente de la orientación clara de la proposición no de ley en relación al diagnóstico: el problema son los servicios públicos de empleo autonómicos. ¡Ojalá fuera así! Eso querría decir que lo resolveríamos pronto. Desgraciadamente, antes de haberse transferido las competencias a las comunidades autónomas los problemas eran exactamente los mismos. Es decir, el problema no se da muchas veces por la falta de conexión entre comunidades autónomas, sino por unos conceptos estúpidos de entender la manera de gestionar las funciones públicas. Si don Álvaro Anchuelo no se enfada -creo que no, porque tenemos muy buena relación y sabe que le aprecio mucho personal y profesionalmente-, diré que en algunas ocasiones, escuchando a algunos miembros de su grupo hablar de los problemas, se tiene la sensación de escuchar a aquellos italianos que dicen: Piove, porco Governo. Llueve, porco Gobierno. En su caso es: Piove, porca autonomía. Llueve, porca autonomía. Hay cosas en el mundo que no son culpa de las comunidades autónomas y esta creo que es una de ellas.

El señor PRESIDENTE: Al señor Olabarría no sé si le habrá gustado lo de: Llueve, porco Gobierno, porque en nuestra tierra llueve mucho.

Dicho esto, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Como nos tiene acostumbrados el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, la proposición no de ley parte de una premisa que no compartimos: la desconfianza hacia las comunidades autónomas y, singularmente en esta iniciativa, hacia las políticas activas autonómicas y los servicios de empleo autonómicos. Piensan que en un momento en que las cosas van mal, la solución -y no únicamente lo defiende el grupo proponente- es la recentralización. Creo que se debe exigir que las cosas se hagan bien; es exigible que quien ostenta una competencia haga las cosas correctamente. Deben hacerse correctamente y debe ser exigible que las haga correctamente, pero la solución no es la recentralización de las políticas en manos del Estado. El marco competencial en esta materia es clarísimo -el señor Olabarría se refería a ello- y Cataluña lo ejerce con plena responsabilidad; y en la actual situación -quiero remarcarlo- en franca deslealtad por parte del Estado por la reducción de los recursos económicos transferidos. Le voy a decir más. La voluntad de ejercer esas competencias y ejercerlas correctamente en beneficio de los ciudadanos es clara. Mi grupo parlamentario ha defendido y continuará defendiendo que debemos ahondar en la vinculación entre las políticas activas y las políticas pasivas de empleo. Para ello, muy posiblemente las comunidades autónomas que así lo soliciten deberían poder ejercer las funciones de gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo. En resumen, debemos avanzar sin lugar a dudas en la mejora de las políticas activas de empleo y en su eficacia, pero los términos planteados por UPyD en su iniciativa no podían contar con el voto favorable de Convergència i Unió. A la vista de la transaccional que han ofrecido a nuestro grupo parlamentario, tampoco podrá hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Habida cuenta de que se ha producido una transaccional y a efectos de que conste en el "Diario de Sesiones", la señora letrada tiene la palabra para proceder a su lectura.


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La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el menor plazo posible adopte medidas dirigidas a: uno, avanzar en la puesta en marcha de un portal único de empleo que suponga la creación de una base de datos común para todo el territorio nacional que incluya la totalidad de las ofertas de formación y empleo nacionales y autonómicas, así como las de ámbito europeo e internacional; dos, poner especial énfasis en las medidas de formación profesional dirigidas a desempleados, en cuanto que se trata del instrumento que más puede favorecer su capacidad para encontrar un empleo y para adaptarse a las necesidades que plantee en cada momento nuestra economía. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Quería pedir disculpas a la portavoz socialista. No me he referido a sus enmiendas porque, al haber una transaccional, entendía que no podían ser afectadas. En cuanto al fondo de las discrepancias, usted en su intervención ya ha señalado las diferencias que tenemos sobre lo que es o no recentralizar.

Pero pedía también la palabra porque ha habido varios intervinientes que han planteado una disociación entre mi intervención y la proposición no de ley que no puedo aceptar. Ruego a quien quiera que lea mi intervención y lea la proposición no de ley, porque he sacado mi texto estrictamente de ella. Me pregunto si la disociación se da entre lo que he dicho y la proposición no de ley -que creo que no existe- o entre lo que a priori piensan algunos grupos de lo que proponemos y lo que dice la proposición no de ley. Algunos entienden que el discurso es antiautonomista y aquí lo hay es la reforma de las políticas activas. Creo que como portavoz tengo que defender mi papel.

El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, le agradezco que haya dejado constancia por aquello de in claris non fit interpretatio, pero usted sabe que en los procedimientos en este caso no está prevista la réplica. Le he dejado intervenir porque me parece que a veces es bueno aclararlo. Creo que lo ha hecho con suficiencia y sabe usted también que los recursos dialécticos en el parlamentarismo a veces hacen que uno vea blanco lo que es negro, y viceversa. En eso consisten también las interpretaciones subjetivas de cada uno.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000003).

- PARA EL ESTUDIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, EL SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL EMPLEO JUVENIL. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO. (Número de expediente 158/000031).

El señor PRESIDENTE: Dicho esto y siendo la transaccional conocida por toda la Comisión, pasamos al debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones. Punto 7.º del orden del día: subcomisión para el análisis de la situación del empleo juvenil en España, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Y punto 8.º: subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil, de la cual son autores todos los grupos presentes en la Cámara y en esta Comisión. Se van a abordar de manera acumulada y el Grupo Parlamentario Socialista ya ha anunciado que en todo caso la firma que ha suscrito en común con todos los grupos de la Comisión es la que hace prevalecer finalmente este texto. He de decir que en la iniciativa -que ustedes conocen perfectamente porque la han suscrito, pero mi obligación como presidente es dejar constancia en el "Diario de Sesiones"- debemos fijar lo que ya se establece en el documento y, por tanto, lo que someteremos posteriormente a votación. En primer lugar, la composición. La subcomisión va a estar compuesta por diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios de la Comisión. La adopción de acuerdos se realizará con aplicación del criterio del voto ponderado. El objeto de la subcomisión


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creo que está ampliamente desarrollado en la iniciativa que han suscrito todos ustedes y el plazo de duración de la subcomisión es de dos años. La subcomisión deberá realizar los trabajos y presentar sus conclusiones en el plazo de dos años.

En cuanto al resto de cuestiones se refiere -convocatorias, debate en Comisión del informe de la subcomisión, etcétera-, se seguirá lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 26 de junio de 1996, sobre esta materia. Quiero de todas formas recordar a sus señorías que esta mañana en el Pleno ha sido objeto de prórroga una subcomisión relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar sobre los horarios, que va a durar hasta el 30 de septiembre. En principio, la Cámara tiene por criterio que no puedan estar actuantes y vivas más de seis subcomisiones. Por lo tanto, vamos a aprobar hoy aquí dicha subcomisión, pero por esta razón no entrará previsiblemente antes del inicio de octubre, dentro del correspondiente Pleno del Congreso, que es quien en última instancia está facultado para autorizar definitivamente la subcomisión, si bien nosotros ya habremos avanzado aprobándolo hoy.

¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? (Pausa). Vamos a dar un turno de tres minutos para poder estar en hora a las tres y media a efectos de votaciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Intervendré con brevedad porque hemos dado nuestro acuerdo a la creación de esta subcomisión. Sugeriría, si es posible, que nos autoenmendáramos todos haciendo desaparecer de la propuesta el término de dos años. Quizá podemos tardar ese tiempo, pero, tal y como están las cosas en estos momentos, que nosotros planteemos que vamos a sacar unas conclusiones en dos años puede ser malinterpretado. Lo digo a favor de la imagen de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Yo no tengo ningún inconveniente si todos los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo. Pero lógicamente debe concitar la misma unanimidad que ha sido objeto de la iniciativa, que por cierto, ha sido publicada el 14 de junio, es decir, que tampoco es tan lejana en el tiempo. Es una cuestión interpretativa si esto es mucho tiempo o no. Se presupone que implica el rigor de la Cámara a la hora de analizar la cuestión. De todas maneras, la misma mayoría que ha sido unánime a la hora de establecer aquí dos años se requiere para su modificación y eso está en sus manos no en la mía.

A continuación tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Quería intervenir brevemente para señalar que mi grupo ha firmado esta petición conjunta porque el desempleo juvenil nos parece un problema muy grave, con una tasa del 57 %, de nuevo no comparable con la de otros países de nuestro entorno, y la propuesta de hacer un seguimiento especial de este problema, de comparar mejores prácticas con otros países, una cuestión fundamental por poder convocar expertos, es una iniciativa digna de todo encomio. Por eso la hemos querido compartir. Para un grupo pequeño como el nuestro y otros, supone un sacrificio que las comisiones se vayan subdividiendo además en subcomisiones, pero hemos creído que en este caso la importancia del tema lo merecía y de ahí nuestro apoyo sin reservas.

El señor PRESIDENTE: Le agradezco sus palabras, señor Anchuelo. También he de manifestar al señor Coscubiela, habida cuenta de que creo que hay una dificultad material que va a imposibilitar la pretensión que ha formulado de reducir el tiempo, que la propia subcomisión tiene capacidad para informar sin agotar el plazo. A veces se establecen plazos más breves y luego se piden prórrogas, cual es el caso que hoy mismo ha sucedido, pero si la propia Comisión estima, después de oír a los comparecientes que haya citado y haber hecho los debates precisos, que concluya antes, puede hacerse.

Tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Como el resto de los portavoces, quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa que hemos firmado. He de remarcar el hecho de que en la discusión sobre el desempleo juvenil la aproximación simplemente basada en la tasa de desempleo de los jóvenes, que es terriblemente escandalosa, no nos permite focalizar con eficacia las políticas que se necesitan en el corto y el medio plazo para combatir el desempleo juvenil. En este sentido, un modo de trabajar a través de subcomisión nos debe permitir a todos ser más precisos, más concretos, menos generalistas en la aproximación a esta problemática. Por tanto, bienvenida esta iniciativa que debe permitir una mejor aproximación al problema, que es grave, que no es menor, pero quizá la tasa de desempleo vista en su concepción casi bruta, nos despista sobre los problemas de fondo que tenemos en esta materia.


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Compartiendo la reflexión que el señor Coscubiela formulaba y recogiendo la aseveración que hacía el presidente de la Comisión hace unos segundos, me parece que el compromiso que hoy deberíamos asumir los grupos en esta discusión -y así lo traslado a los portavoces del PSOE y del Grupo Popular- es el de procurar que los trabajos de la subcomisión no se alarguen más de lo razonable en el tiempo. En términos de opinión pública, si aquello que hoy se traslada de la creación de esta subcomisión es que nos damos dos años para trabajar, vamos a provocar escándalo entre los ciudadanos. Por tanto, hay que trasladar el compromiso de la subcomisión de, a la mayor brevedad posible -si queremos, podemos-, cerrar nuestros trabajos para que la subcomisión aporte a la sociedad y al Gobierno una línea de acción pública contundente para hacer frente a este problema.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, por sus palabras.

Don Emilio Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya lo siento, señor presidente, pero una vez consensuada una iniciativa de esta naturaleza, cuando se producen intervenciones ex post, se produce un efecto empático, un efecto mariposa, y nos obliga a intervenir a todos los demás. Desde esa perspectiva, voy a reproducir lo que no resulta más que una obviedad. Es evidente que nos estamos enfrentando al problema más grave, y dentro del segmento de problemas graves que preocupan a la sociedad, el segmento más afectado, más vulnerable en relación con el problema del desempleo, que es el desempleo juvenil. La tabulación de tiempos en materia de subcomisiones -y usted y yo, señor presidente, tenemos mucha experiencia de participación en subcomisiones- es difícil de prefigurar ex ante. Yo preferiría, como se ha dicho por los portavoces que me han antecedido a esta intervención, que sea la propia Comisión la que vaya estructurando qué tiempos necesita para realizar no un trabajo repentino, una repentización sobre un problema muy complejo y profundo, sino un trabajo que resulte realmente eficaz. Para eso es mejor no hacer una determinación ex ante del tiempo necesario.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, yo comparto su opinión. En todo caso se pueden aminorar los plazos máximos existentes según estime la subcomisión cuando esté funcionando.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: En primer lugar, sé que he abierto el turno de palabra, pero queríamos intervenir porque desde el comienzo de la legislatura presentamos una iniciativa para la creación de esta subcomisión, pero hasta ahora no habíamos conseguido llegar al consenso de todos para poderla sacar adelante y no hemos querido trabajar si no es para conseguir un objetivo común, que parece que en el ámbito del empleo juvenil lo estamos encontrando.

Como decía el señor Campuzano, la progresión geométrica que ha tenido la tasa de desempleo juvenil es muy preocupante en cuanto al número, pero lo que más nos tiene que preocupar es lo que hay detrás de esos números. Lo que hay detrás es una variedad enorme de jóvenes con distintas casuísticas a las que tenemos que dar respuesta y yo creo que esta subcomisión está muy bien traída al Parlamento para poder profundizar en esta materia, desde jóvenes que no tienen cualificación y no han trabajado nunca hasta jóvenes investigadores que están con empleos precarios, jóvenes del mundo rural, las mujeres jóvenes... Son muchos problemas diferentes a los que hay que dar respuesta creo que mucho más ajustada a esos perfiles específicos. Por lo tanto, valga esta subcomisión para intentar buscar respuestas personalizadas, pero también, si es posible, para que podamos profundizar en estos mantras con los que nos encontramos cada día del emprendimiento generalizado o del tema de la formación dual y que cuando hablemos de estos temas sepamos en profundidad a qué nos estamos refiriendo.

Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los grupos que se han querido sumar a esta iniciativa que hoy traemos aquí como iniciativa conjunta.

El señor PRESIDENTE: Para concluir con este punto y con los debates de la Comisión de hoy, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Aunque no lo parezca por las palabras de la portavoz socialista en el último momento, esta iniciativa viene con el consenso de todos los grupos que, desde luego, viene dado por la preocupación que tiene la tasa de desempleo juvenil, que la tiene ahora y la ha tenido hace mucho tiempo. Si ahora estamos en una tasa del 57 %, todos tendremos que recordar que se duplicó en determinados momentos y con determinadas políticas y, desde luego el Grupo Socialista no


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tuvo la iniciativa de pedir esta subcomisión que el Grupo Parlamentario Popular apoya, como todas las iniciativas que el Gobierno está llevando a cabo de una manera importante y no como mantras, señora Lucio. Porque hablar de emprendimiento y de formación dual no son mantras, son cuestiones muy importantes que espero que sepamos debatir con seriedad, con ecuanimidad y alejándonos de partidismos para buscar las soluciones que de verdad sean útiles para detectar cuáles son los problemas de nuestra juventud. Aunque el origen esté en el sistema educativo, tendremos que plasmarlo en las comparecencias que tengamos en esta subcomisión, en la presencia de los expertos y en el análisis sereno, profundo e, insisto, nada partidista que podamos hacer. El fin lo merece y la situación también. El grupo parlamentario claro que está de acuerdo en hacer esta subcomisión porque la preocupación del Gobierno desde el principio -como ha sido puesto de manifiesto- y del Grupo Parlamentario Popular apoyándolo con la estrategia de empleo joven, con el real decreto que hemos aprobado la semana pasada en el que se hablaba también de muchas de estas cuestiones y no como mantras sino como cuestiones importantes, ha sido el apoyo al emprendimiento y a la formación. Hoy, con el apoyo mayoritario e importantísimo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, el Gobierno de España, en nombre de la mayoría de los españoles representados en esta Cámara, estará defendiendo las políticas de empleo joven. Por lo tanto, razones hay, interés por supuesto y obligación como representantes de los españoles también la tenemos. Ahí estará el Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate. Habida cuenta de que hemos señalado al inicio de la sesión que no se votaría antes de las tres y media, vamos a interrumpir por cinco minutos exactos. De manera que a las tres y media vamos a proceder a la votación. Lo digo especialmente para los grupos mayoritarios, a efectos de la concurrencia de sus diputados a esta Comisión. (Pausa).

Señorías, reanudamos la sesión para someter a votación los diversos puntos del orden del día que han sido objeto... (Rumores). Por favor, silencio. Es difícil conciliar el que se quieran ir con rapidez y el no poder proceder a votar... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra). ¿Quiere referirse a alguna cuestión la señora Álvarez-Arenas?

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Simplemente una cuestión de orden procedimental a la hora de las votaciones y es que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a pedir votación separada de nuestra propuesta, puesto que me ha parecido entender que el señor Coscubiela no tendría inconveniente en aceptar nuestra enmienda en su punto primero y no así en el punto segundo, que es donde habla de organismo internacional. (El señor Coscubiela Conesa: No). En ese caso, tendríamos que votar en contra, lamentablemente. Pediría, señor presidente, que constara literalmente nuestra enmienda en el "Diario de Sesiones" para que se vea la similitud con la que presenta el Grupo de Izquierda Unida, ya que no la quieren aceptar. En cualquier caso, lo lamento profundamente porque me parece que son unas palabras exclusivamente las que las diferencia: antes de julio, y julio empieza el lunes. Me gustaría que se vea que no aceptan esa enmienda transaccional y lamentablemente tenemos que votar en contra. (El señor Coscubiela Conesa: Me doy por crucificado).

El señor PRESIDENTE: En principio, todos los grupos parlamentarios disponen de la enmienda. De todas formas, aunque todos los grupos conocen perfectamente la enmienda, habida cuenta de su petición, vamos a proceder a leerla. Si es tan amable la señora letrada, puede proceder a su lectura.

La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, remitir el balance del primer año de la reforma laboral a esta Cámara en julio de 2013; dos, someter a evaluación por un organismo independiente el impacto de la reforma laboral en el mercado de trabajo.

El señor PRESIDENTE: Con lo cual, procedemos a votar el punto 1.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación del punto 2.º del orden del día, iniciativa del señor Baldoví, que incorpora una enmienda de Convergència i Unió.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 3.º del orden del día, proposición no de ley sobre presentación del balance de la reforma laboral, de Izquierda Unida, que votamos en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 4.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las estadísticas laborales. Se vota en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 5.º, proposición no de ley del Fogasa. En este caso, la autoría es del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 6.º, proposición no de ley relativa a las políticas activas de empleo, que se vota con la transaccional que ha sido objeto de lectura a lo largo de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 5; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, pasamos a los puntos 7.º y 8.º, subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. En realidad, lo que se vota es lo que hemos leído y es el punto 8.º del orden del día.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.

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