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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 276, de 13/03/2013
cve: DSCD-10-CO-276-C1
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 276
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles,
13 de marzo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre ayuda oficial al desarrollo destinada a combatir la desnutrición, en especial la infantil y materna. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000890) ... (Página2)

- Sobre la puesta en marcha del impuesto sobre transacciones financieras y su finalidad social y solidaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001013) ... (Página6)

- Sobre acciones para impulsar la extensión de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las estrategias de desarrollo con los países socios de la cooperación española, incluyendo Filipinas. Presentada por los grupos parlamentarios Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001093) ... (Página10)

- Sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Presentada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000968) ... (Página12)


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- Relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001354) ... (Página16)

- Relativa a promover el enfoque de la discapacidad en la política española de cooperación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001441) ... (Página20)

- Sobre el control de los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001455) ... (Página23)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DESTINADA A COMBATIR LA DESNUTRICIÓN, EN ESPECIAL LA INFANTIL Y MATERNA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000890).

El señor PRESIDENTE: Empezamos la sesión. Tengo conocimiento de que hay una solicitud de modificación del orden del día aprobado, que conocen y tienen sus señorías. El portavoz del Grupo Popular, el señor Grau, solicita un turno de explicación, de justificación o de aclaración para proceder a la modificación del orden del día; es una supresión. Señor Grau, adelante.

El señor GRAU REINÉS: Sencillamente, solicitamos que la proposición no de ley, sobre medidas para proteger eficazmente a la infancia en el marco de la acción humanitaria, que tenía que defender doña Carmen Quintanilla, que por razones personales no puede estar aquí, pase a la siguiente Comisión. (El señor Luena López: El segundo punto del orden del día).

El señor PRESIDENTE: Perdónenme, no he aclarado que era el segundo punto del orden del día que conocen ustedes. Esta Presidencia entiende que no hay ninguna objeción al respecto. (Asentimiento). Se aprueba por asentimiento. Seguimos con el orden del día de las proposiciones; ¿o me han de aclarar alguna cosa más? (La señora Sánchez Robles pide la palabra). Le doy la palabra, para que se lo aclare a esta Mesa y a la Comisión.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Como tengo que asistir a otra Comisión, le voy a pedir que en lugar de adelantarla, la retrasemos. Voy a ir en este momento a la Comisión de Educación a defender una PNL allí, y volveré a esta Comisión a compartir con ustedes nuestras opiniones sobre la cuestión.

El señor PRESIDENTE: La portavoz se refiere a una conjunta y cuenta con el beneplácito del otro autor. La pasaríamos, ¿a qué orden? ¿Al final?

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Cuando regrese.

El señor PRESIDENTE: Cuando usted regrese. Lo podemos dejar así en suspenso, si a la Comisión no le importa, sin fijar exactamente el orden. Si a la Comisión, a los portavoces y a esta Mesa no les parece mal, lo hacemos así. Este presidente, que ya saben ustedes que tiende más bien a hablar, lamenta la coincidencia de tantas comisiones y más aún que no le hayan advertido de esto para que la Comisión pudiera tratar estas PNL y otras que se han debido retirar por esta coincidencia. En alguna reunión de Mesa y portavoces podríamos arriesgarnos a convocar la Comisión en un día en principio más dificultoso para contar con su presencia, pero por lo menos que permita tener una sesión mucho más trabajada y completa. Es una lástima. Quédese tranquila, señora portavoz, que estaremos pendientes de su feliz vuelta.

Con el permiso de sus señorías, volvemos al punto 1.º del orden del día, proposición no de ley sobre ayuda oficial al desarrollo destinada a combatir la desnutrición, en especial la infantil y materna, del Grupo


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Socialista, número de expediente 161/000890. No les he hablado de tiempos. Para los ponentes proponentes o autores, siete minutos, que entiende este presidente que serán suficientes. Para la defensa de esta proposición, tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario, el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: reducir la mortalidad; asegurar la prestación de la asistencia médica; combatir las enfermedades y la malnutrición; asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal; asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición; desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación familiar. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Han transcurrido más de veinte años desde que todos los Gobiernos del mundo aprobaran en la Asamblea General de Naciones Unidas el tratado internacional más ratificado de la historia. Han pasado veinticuatro años y hoy en el mundo cerca de 200 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición. Algo estamos haciendo mal. Hoy no hay escasez de alimentos; sin embargo, millones de niños y niñas no tienen su seguridad alimentaria garantizada. La desnutrición sigue siendo una amenaza, una situación que pone en riesgo no solo la supervivencia, el crecimiento y desarrollo de millones de niños y niñas, sino que además lastra el progreso de esos países. El derecho a la alimentación no puede limitarse a no pasar hambre, debe incluir además todos los elementos nutritivos que una persona necesita. No podemos tampoco obviar que nuestra acción ha de ir encaminada a luchar contra las causas que propician esta situación de desnutrición. La lucha contra la desnutrición infantil no puede ser tratada como una política asistencial, sino desde un punto de vista integral, atajando las causas básicas, como la pobreza, la desigualdad y la escasez de educación de las madres; subyacentes, como la falta de acceso a alimentos, a la atención sanitaria o a un agua salubre; o inmediatas, como la alimentación y la atención inadecuadas o las enfermedades. Unicef establece que los mil primeros son los mil días críticos para la vida. En esa etapa es cuando se produce el desarrollo básico del niño y la niña, por lo que la falta de alimentación y atención adecuadas producen daños físicos y cognitivos irreversibles que afectarán a la salud y al desarrollo intelectual del niño y la niña para el resto de su vida.

El hambre global afecta a las comunidades más pobres y vulnerables de todo el mundo; solo diez países engloban el 78% de los niños y niñas que sufren desnutrición aguda severa: India, China, Nigeria, Pakistán, Indonesia, Bangladesh, Etiopia, República Democrática del Congo, Filipinas y República Unida de Tanzania. Solamente en India viven más de un tercio de los niños y niñas que sufren esta desnutrición crónica. Los menores desnutridos hoy serán los pobres de mañana. La desnutrición infantil es uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de pobreza y desigualdad. Supone, por tanto, una pesada hipoteca de futuro para millones de niños y niñas. Una situación que lastra el futuro de los países, una situación humanitaria y social insostenible. Debemos dar un impulso a las políticas de cooperación que permitan una alimentación para todos, entre todos, para hoy y para mañana; políticas que atajen todas las causas que provocan la falta de seguridad alimentaria. Las crisis recurrentes que sufren estos países suponen un riesgo para la población y en especial para los niños y niñas. Como decía anteriormente, no podemos limitarnos a una política asistencial, sino que debemos atender a todas las causas y circunstancias que afectan a los países en desarrollo. Doscientos millones de niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición. La lucha contra esta situación ha de ser la máxima prioridad de Gobiernos donantes internacionales.

España ha sido un referente en la lucha contra la desnutrición. Debemos continuar con esta política. La crisis no puede ser la excusa, nuestro compromiso ciudadano, social y político por la dignidad de las personas debe plasmarse en una apuesta comprometida, clara y decidida en la lucha contra la pobreza mundial. Nuestro compromiso en materia de nutrición infantil y materna ha de ir unido a políticas de salud, de educación, de igualdad de género, de protección social y de apoyo al sistema productivo sostenible.


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No podemos limitarnos a una visión meramente asistencial, nuestras acciones no serán efectivas si no atendemos a todas las circunstancias que afectan a los niños y niñas que sufren desnutrición, ni a los países sumergidos en crisis permanentemente que lastran su avance. Hoy es imprescindible que los escasos recursos disponibles sean priorizados y destinados hacia aquellas fuentes que ofrecen el más alto rendimiento. La lucha contra la desnutrición es una excelente inversión de futuro. Los próximos días 4 y 5 de abril va a celebrarse una gran jornada de consulta temática sobre la seguridad alimentaria y nutrición que ha lanzado Naciones Unidas como consultas centrales. Una de ellas es precisamente esta y se le ha otorgado a España el liderazgo, la convocatoria y la dirección, junto con la FAO, de estas jornadas. El hecho de estar precisamente liderando estas jornadas viene por nuestro bagaje histórico como líderes en la lucha contra la desnutrición. Esta celebración nos ha de permitir también la seguridad de estar después muy activos en la construcción de una agenda. No perdamos esa oportunidad. La crisis no puede apagar nuestra voluntad y nuestro trabajo como país de referente en la ayuda al desarrollo. Como ya dijo nuestro portavoz, Cesar Luena, aprovechen estas jornadas para afianzar el liderazgo de España. Construyamos de manera conjunta nuestra posición. No obvien a este Parlamento, trabajemos de manera conjunta y construyamos la estrategia de lucha contra la desnutrición infantil. Doscientos millones de niños y niñas esperan de nosotros que estemos a la altura de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es urgente y necesaria nuestra acción.

A esta proposición no de ley del Partido Socialista ha presentado una enmienda el Partido Popular. En la primera parte del primer párrafo estamos de acuerdo porque efectúa una actualización, dado que la proposición no de ley era antigua. He hablado con la portavoz para intentar llegar a un acuerdo en el segundo y en el tercer párrafo con la propuesta que ellos realizan. También he de decirles que, tal como aprobó el Consejo de Ministros el 21 de diciembre, sería interesante que pusieran en marcha el InfoAOD, una iniciativa que permitirá tener esa transparencia que aparece tanto en las enmiendas del Partido Popular como en la que nosotros hemos presentado y que facilitará el acceso de todos a esa información. Es importante que nuestra acción conjunta esté orientada a la lucha contra esta desnutrición y nos lleve a aprobar enmiendas y una proposición no de ley que de verdad sirva para aquello que se pretendía, que era la lucha efectiva y decidida por parte del Gobierno de España, por parte de este Parlamento, contra la desnutrición infantil. Si les parece, después de las intervenciones, plantearemos a la Mesa una posición tanto respecto de la proposición no de ley como de la enmienda que se presente.

El señor PRESIDENTE: Como ha dicho el portavoz adjunto del Grupo Socialista, y si me permite el portavoz titular del mismo grupo, tiene la palabra para defender la enmienda presentada la portavoz del Grupo Popular.

La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución porque, aun estando de acuerdo en gran parte de la exposición de motivos, es cierto que hay aspectos del petitum de la proposición no de ley que no podemos compartir. A continuación mencionaré los diferentes apartados. Respecto del apartado primero, tengo que decir que el Plan director de cooperación española se articula en torno a ocho orientaciones específicas que se desarrollan a través de líneas de acción. En concreto, el apoyo a la nutrición infantil y materna y el enfoque de género no aparece como un objetivo específico y transversal, sino como líneas de acción en varias orientaciones. El plan director que se aprobó recientemente se menciona como orientación básica diferentes apartados. Por un lado, la necesidad de la seguridad alimentaria, sobre todo para que haya una nutrición adecuada que garantice un estándar mínimo de vida; por otro, se avanza en la prevención y en la gestión de los riesgos que pueden llevar a crisis alimentarias y a desnutrición. Por ello en el plan director se plasma la importancia de estos temas para el logro de la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio, ya que estos problemas, sobre todo el hambre y la desnutrición, obstaculizan a veces el cumplimiento de estos objetivos por sus impactos sobre la pobreza y porque repercute en la salud, en la educación y en la mortalidad.

Señorías, el Gobierno de España, como ya ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista, ha participado en los debates del Comité de Seguridad Alimentaria. Es cierto que somos el país anfitrión en el proceso de consultas temáticas relativas al hambre, a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Como dijo el secretario de Estado en una comparecencia reciente en el Congreso, en el mes de abril está prevista la consulta global en la que vamos a recibir al secretario general de Naciones Unidas, a los directivos de las principales agencias, a expertos de la sociedad civil y a otras instituciones. Me gustaría recalcar para tranquilidad de todos que yo estoy segura de que el Gobierno va a luchar contra la desnutrición infantil como lo ha hecho siempre hasta ahora.


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El apartado número dos es el relativo al esfuerzo de concentración geográfica. Este esfuerzo se basa sobre todo en las necesidades que tienen los países más pobres, conjuntamente con los objetivos de eficacia y eficiencia de la cooperación española. No obstante, dentro de las áreas seleccionadas siempre se encuentran aquellos problemas de desnutrición en zonas concretas, como pueden ser Centroamérica y África subsahariana. En cualquier caso, hay que hacer referencia a la importancia que tiene la contraparte en cada país en el establecimiento de las prioridades. El portavoz del Grupo Socialista ha leído el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que citaré el último párrafo: Se tendrán en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Este es uno de los motivos que nos lleva a no poder aprobar ese segundo punto. En cuanto al apartado tercero, el trabajo se está desarrollando mediante los códigos CRS. Es decir, las directrices para el establecimiento de los Credit Reporting System, y hay un código específico para la nutrición básica que es el 12/240, que recoge toda una programación de alimentación directa...

El señor PRESIDENTE: ¿Qué significa CRS?

La señora FERRANDO SENDRA: Son los códigos Credit Reporting System. Dentro de estos códigos hay uno específico relativo a la nutrición básica, que es el 12/240, que recoge varios puntos concretos, desde una programación de alimentación directa, la enseñanza de la nutrición y de la higiene alimentaria, por supuesto, a la seguridad alimentaria doméstica, un seguimiento de las condiciones de nutrición, etcétera. La batalla contra la desnutrición, por tanto, necesita, junto a las políticas tradicionales, el complemento de protección social y la seguridad alimentaria, que son aspectos que se recogen en estos códigos, señor presidente.

Por otro lado, quiero recordar que ya se está trabajando en el proyecto de ley de transparencia, pero sobre todo para que haya un mayor seguimiento y un mayor control del impacto -y aquí quiero dirigirme al portavoz del Grupo Socialista- de la cooperación en los ámbitos de la economía y en los países beneficiarios de esa ayuda. Todos estos motivos nos han llevado a presentar la enmienda de sustitución, una enmienda que tiene como finalidad una mejora técnica, así como alcanzar un acuerdo con el grupo proponente. Tal y como ha dicho su portavoz, disponemos de un poco de tiempo -no sé si va a ser muy fácil o no- para llegar a un acuerdo que, por supuesto, luego se lo haremos llegar a la Mesa, señor presidente.

Me gustaría terminar con dos reflexiones. Por un lado, mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, ya aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en general: físico, mental, espiritual, moral y social. Es cierto, como dice Unicef, que a día de hoy son 200 niños de menos de cinco años los que padecen desnutrición crónica, niños que lógicamente van a ver afectado su desarrollo tanto físico como intelectual. Por lo tanto, señorías, hay que prestar atención a los niños más pobres y a los más vulnerables; esto debería ser un imperativo ético, por eso todas las políticas de ayuda oficial al desarrollo van a paliar estos problemas.

Finalizo, señor presidente, diciendo que la preocupación de mi grupo es seguir trabajando para erradicar la desnutrición infantil, y en ese sentido también trabaja el Gobierno de España a través de la cooperación, que juega un papel protagonista en la lucha contra la desnutrición infantil, una lucha que es justa, rentable y posible, como dice Unicef. Solo me queda saber, cuando me presenten la transaccional, si hay acuerdo con el Grupo Socialista. Muchas gracias, vamos a seguir trabajando para erradicar un problema que nos parece fundamental. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Supongo que toda la Comisión les desea la mayor de las venturas en esa transaccional. ¿Hay algún otro grupo que quiera darnos a conocer su posición, aun no habiendo presentado enmienda?

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo ha leído lógicamente con atención esta iniciativa del Grupo Socialista para combatir la desnutrición infantil. Hemos seguido con atención el debate que han mantenido los dos portavoces y nuestra impresión es que los puntos de coincidencia superan con amplitud las discrepancias que pueden existir en esta materia. El Grupo Socialista en el punto primero reclama que en la planificación española de cooperación al desarrollo se incorpore esta cuestión; de hecho, en el plan director ello quedó incorporado y la enmienda del Grupo Popular refleja esa cuestión. En el punto tercero se plantea


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la necesidad de transparencias sobre esta política. Quizás las dudas se pueden plantear con relación a un proyecto de ley que está en trámite parlamentario y, por tanto, habrá que ver si el mismo mejora la transparencia o habrá que ver los criterios de transparencia que se incorporan; supongo que ahí el Grupo Parlamentario Socialista intentará incorporar en la propuesta que formula el Grupo Popular algún tipo de transacción.

Finalmente, en el punto segundo aparece la cuestión con mayor complejidad. Si no he entendido mal la propuesta que plantea el Grupo Socialista, se trata de que aquellos países con mayores índices de desnutrición formen parte de las áreas prioritarias donde opera la cooperación al desarrollo español. Yo diría que es eso frente a lo que he entendido de la posición del Grupo Parlamentario Popular, que es que en los países que son prioritarios de la cooperación al desarrollo se focalice la atención hacia los problemas de desnutrición infantil en aquellas zonas donde se produzcan. Esa es mi sensación; creo que ahí podría existir el punto de discrepancia que exigiría seguramente el punto de aproximación. Este no es ni mucho menos un debate fácil de resolver ni en la teoría ni en la práctica, porque sabemos que la política de cooperación internacional debe tender a la concentración de países y que esta a veces responde a otro tipo de consideraciones que no son estrictamente estas.

Dicho esto, también es verdad que, por desgracia, se producen a menudo crisis humanitarias vinculadas a problemas con consecuencias en la disminución de la población infantil y maternal que exigen una movilización de recursos de los países avanzados. Por ejemplo, la crisis de la hambruna en el Cuerno de África desde la perspectiva de la planificación española quizás no termina de encajar pero por imperativos éticos, por imperativos de exigencia de la propia opinión pública española, por los propios compromisos del Gobierno con la comunidad internacional, ahí deberían movilizarse esfuerzos. Señorías, yo creo que con un esfuerzo de los dos portavoces se podría encontrar un punto de concurrencia también en este tema. Tendría que mantenerse el compromiso en relación con la necesidad de priorizar la atención a la población infantil y de mujeres que padeciera problemas de desnutrición en los países prioritarios para la cooperación al desarrollo con una visión a medio y largo plazo, tal y como plantea la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y que al mismo tiempo se abriera la vía para que en situación de crisis humanitaria se pudieran incorporar también este tipo de actuaciones. Mi sensación es que ahí se podría encontrar un punto de acuerdo que mi grupo aplaudiría en función de lo que ha sido tradicionalmente el trabajo de la Comisión, porque creo que existe plena coincidencia en remar en la misma dirección sobre el imperativo ético de la cuestión por parte de los tres grupos que estamos hoy en la Comisión, a la espera de que se incorpore el Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Si el señor Campuzano me lo permite, este es el tipo de turno de fijación de posiciones que se agradece en una Comisión. Ha inspirado la transaccional en vez de salirse por la tangente con una posición distinta y sin presentar enmiendas; así que se le agradece. Espero que con esta inspiración los respectivos defensores de la propuesta y la enmienda se avengan y obtengamos así un texto concordante.

- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y SU FINALIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001013).

El señor PRESIDENTE: Pasamos, según el orden del día, al punto número 4.º, que no al 3.º, ya que, como acaba recordar el señor Campuzano, estamos a la espera de que llegue el coautor de la proposición no de ley. Es decir, entramos en el punto número 4.º: Proposición no de ley sobre la puesta en marcha del impuesto sobre transacciones financieras y su finalidad social y solidaria, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y cuyo número de expediente es el 161/001013.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted siete minutos.

El señor LUENA LÓPEZ: Voy a citar algunos de los extractos de un artículo de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista, Anni Podimata. Termina diciendo en su artículo: La fiscalidad es algo que tiene un efecto directo en la vida de los ciudadanos y ya es hora de que pongamos a los ciudadanos en el primer plano de nuestras decisiones. Pero después dice -saben ustedes que el tema que traigo hoy aquí tiene muchísima relación con la Unión Europea-: Los Estados miembros se comprometen con objetivos fiscales, mientras que sus bases impositivas se erosionan por culpa de los paraísos fiscales que existen dentro y fuera de la Unión Europea. Y sigue: Los ciudadanos han tenido que cargar con el rescate


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de un sector financiero que aún no ha pagado lo que le corresponde; los ciudadanos han dejado de creer en las instituciones nacionales y europeas. La fiscalidad efectiva es una herramienta fundamental para que los Gobiernos cumplan con sus objetivos y sobre todo para que recuperen la confianza de los ciudadanos, que exigen que la carga se comparta de manera justa. En un mundo globalizado el capital es móvil y los mercados están abiertos, de forma que solo podemos enfrentarnos a los problemas si actuamos juntos como una verdadera unión. Una prioridad inmediata es garantizar que el sector financiero, que no paga suficientes impuestos y que es el principal responsable de la crisis, contribuya con su parte justa mediante la creación del impuesto sobre las transacciones financieras, un impuesto sobre todos los bonos, acciones y transacciones derivadas. Y termino con la cita de la vicepresidenta del Parlamento europeo. Define tres puntos del impuesto sobre las transacciones financieras. Primero, recaudará importantes ingresos que se podrán utilizar para estimular el crecimiento, creación de empleo, consolidación fiscal inteligente, así -atención- como para objetivos públicos como el desarrollo y la lucha contra el cambio climático. Supondrá una distribución más justa y equilibrada del coste de la crisis, hoy soportada por la economía laboral y productiva; ayudará a luchar contra la especulación y el cortoplacismo en los mercados financieros y a devolver al sector a su función original, la financiación de la economía real. Compartirán casi todos los miembros de esta Comisión y de la Cámara muchas de las reflexiones de la vicepresidenta del Parlamento Europeo.

El G-20 del año 2009 -cuando algunos, señor presidente, querían refundar el capitalismo- dice: hay que poner una tasa de transacciones financieras; los mercados campan a sus anchas; no están, además, aportando en justicia lo que les corresponde -como bien decía el texto que acabo de leer-. Desde entonces ha habido una ambición -ambición, quiero que esta palabra quede en el "Diario de Sesiones" y en la mente de todas sus señorías- sobre materias a tasar. Hay que distinguir dos tipos de mercados. Por un lado, las obligaciones y acciones. Siempre se ha hablado de gravar con un 0,1 las obligaciones y acciones, y los productos derivados con un 0,01. Estimaciones, 700.000 millones de dólares -fíjense ustedes-, poniendo una tasa a los señores que especulan y perjudican la economía real para su lucro, para su avaricia; 700.000 millones de dólares. Vecinos como Francia tienen estimaciones de aplicar una tasa financiera de un 10% que, por cierto, dedicarían a ayuda oficial al desarrollo. En Alemania, que se encuentra en elecciones, es un asunto que está en el debate público: introducir el impuesto sobre transacciones financieras para contribuir al desarrollo, a financiar políticas públicas sociales y a luchar contra el cambio climático. En el Parlamento Europeo, en mayo de 2012, un informe de la misma señora Podimata incluía financiar políticas de carácter social, de ayuda al desarrollo y de lucha contra el cambio climático; Parlamento Europeo.

Nuestro caso, contribuciones del Gobierno español. El 25 de septiembre de 2012 don Mariano Rajoy reafirma en la Asamblea de Naciones Unidas los compromisos de España a favor de un futuro sostenible económica, social y medioambientalmente, con los objetivos de desarrollo del milenio desde sus comienzos y con las negociaciones para fijar unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, así como adaptar la estructura institucional a dicho compromiso. El Ecofin unos días después, el 9 de octubre: España se compromete a formar parte del mecanismo de cooperación reforzada de la Unión para poner en marcha la tasa a nivel europeo que grave las operaciones en acciones y derivados. Un compromiso con otros diez países europeos liderado -qué casualidad- por Alemania y Francia, antes citados. De hecho, Francia -como decía- ya se ha comprometido a destinar una parte, exactamente el 10%, de los fondos recaudados a la lucha contra la pobreza. Última parte de este camino, el 22 de enero el Ecofin toma una decisión sin precedentes, a la que se refirió el comisario europeo de fiscalidad, Algirdas Semeta, como un hito para la política fiscal de la Unión, porque el Consejo dio luz verde para que once Estados miembros procedieran al establecimiento del impuesto sobre las transacciones financieras bajo el llamado procedimiento de cooperación reforzada. Vayamos de las musas al teatro, porque hay una teoría, hay una explicación, hay un origen, hay una obligación moral y ahora corresponde que acompañemos esto con una acción política y también con un impulso y con un debate parlamentario, pero sobre todo con un impulso parlamentario.

Señorías, la situación hoy en España la conocemos todos: crisis, recesión, mucho paro y también situaciones de exclusión. Se podría conseguir financiación para políticas sociales, que trabajarían para reducir uno de los posibles retos generacionales en la actual democracia española, que es la desigualdad creciente, dentro y fuera de España. Por lo tanto, para reducir la desigualdad hay que repensar el modelo fiscal y hay que repensarlo también en el ámbito comunitario y en la relación con la fiscalidad, el control y la regulación que los poderes públicos tienen de los movimientos financieros, que están descontrolados y


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que todos lo sabemos. Les decía que la situación en España es de crisis, recesión, paro y exclusión. Puede haber políticas sociales que tengan financiación de este impuesto. Y en el globo la brecha de desigualdad, con 1.300 millones de pobreza extrema; 870 millones de personas que pasan hambre, sin agua potable, ni salud, ni educación y, mientras tanto, sube la economía financiera. Mientras hay una recesión de la economía real catastrófica en todo el globo, mientras se reduce -desgraciadamente España en el grupo de cabeza- la AOD, la ayuda oficial al desarrollo, campan a sus anchas los señores de los mercados internacionales.

Termino, este es el propósito del Grupo Socialista, que después de todos los compromisos internacionales y concretamente en nuestro ámbito de actuación, que es la Unión, las instituciones comunitarias y el espacio de la Unión Europea, después de ese debate internacional y de los debates más concretos de la Unión creo que también en España tenemos que empezar a poner en marcha la creación de este impuesto. El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa muy ambiciosa y muy concreta. Voy a recoger las palabras del señor Campuzano, que además le han gustado al señor presidente -y con esto termino-, sobre el espíritu de unidad y de concordato, que en un día de cónclave están bien. Yo estoy dispuesto a -por hablar en plata- rebajar las pretensiones de la iniciativa, pero que a cambio haya un impulso a esta política en la que todos estamos de acuerdo. Yo pongo un plazo; que haya un proyecto de ley, que sea a tres meses y lo concreto. El Grupo Popular, orientado en buena lógica por el Gobierno, dice que se ajuste la directiva y quita el plazo. De acuerdo, pero creo que tenemos que incluir lo que el Grupo Popular quita en su enmienda, que es introducir unos fines de política social, de financiación de políticas de ayuda al desarrollo y de lucha contra el cambio climático. Yo estoy dispuesto, el Grupo Socialista está dispuesto a que lo incluyamos y que así podamos todos -si les parece- mostrarle al Gobierno el consenso de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados para que se introduzca este punto en la agenda del Gobierno. Sé que la señora Cobos está trabajando en ello y confío en sus gestiones y en todo el Grupo Popular para que podamos finalmente no votar una minoría el ideal ya de partida para este impuesto, sino votar una mayoría o, mejor dicho, la unanimidad de la Cámara el inicio de un camino que lo que va a traer es seguramente más justicia y más igualdad para todo el mundo.

El señor PRESIDENTE: Como adelantaba el portavoz socialista, tiene la palabra la señora Cobos para la presentación de enmiendas por parte del Grupo Popular.

La señora COBOS TRALLERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoya la implantación del impuesto sobre transacciones financieras y lo hace como lo ha hecho el Gobierno de España en la Unión Europea. Pero además lo hace como una muestra más del compromiso de este grupo parlamentario y de este Gobierno de llevar a cabo medidas efectivas, eficaces, medidas estructurales que frenen las consecuencias económicas y sociales de una crisis que nos afecta a todos.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta en esta Comisión una proposición no de ley sobre la puesta en marcha del impuesto sobre transacciones financieras y su finalidad social y solidaria. Pues bien, si observamos la trayectoria de las negociaciones y la situación actual de esta materia en la Unión Europea vemos cómo la posición española siempre ha sido de apoyo a la creación y aplicación de este impuesto porque considera que dotaría de mayor eficacia y estabilidad a los mercados financieros, reduciría su volatilidad y esto produciría un efecto muy positivo a nivel nacional, siempre que existiera un consenso entre todos los Estados miembros. Ese consenso no fue posible, de ahí que la única opción fuera el impuesto sobre transacciones financieras con un número más reducido de países a través de la cooperación reforzada. Quizá no fuera la mejor opción pero a pesar de ello se considera que puede favorecer los intereses de la política financiera española. Esta es la situación en la que nos encontramos y, reiterando nuestro apoyo a este impuesto, hemos presentado una enmienda que en nuestra opinión no cambia el contenido principal de la proposición no de ley, que es la creación y aplicación de este impuesto, sino que plantea unas mejoras porque consideramos que la implantación del impuesto de transacciones financieras es algo que se está tratando y trabajando en una directiva europea. Por tanto, creemos que es un tema en el que no podemos poner plazos al Gobierno. El hecho de establecer un plazo conllevaría tomar decisiones precipitadas, aplicar un impuesto que en lugar de ser beneficioso podría perjudicar a los intereses de la política financiera española y supondría seguramente desajustes con la directiva europea una vez aprobada, lo que implicaría modificaciones en el impuesto y la consiguiente inseguridad jurídica.

Además, como ya hemos dicho, España se ha incorporado a la cooperación reforzada junto con otros once países: Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Grecia, Portugal, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia,


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sin olvidar que se pueden ir incorporando otros países. Esto implica la obligación de adoptar medidas una vez aprobada esta directiva. Por tanto, entendemos que no debemos poner plazos al Gobierno pero sí que en la medida de lo posible agilice la puesta en marcha y aplicación del impuesto de transacciones financieras en la Unión Europea.

Dicho todo esto y para terminar, creemos que esta Comisión no es la competente para determinar qué operaciones tienen que ser gravadas, ni siquiera -y más teniendo en cuenta la fase de negociación en la que se encuentra la directiva- cuál es la finalidad de los ingresos obtenidos por este impuesto. Todos sabemos que son varias las alternativas que se plantean en la negociación pero, como hemos dicho, es algo que no nos corresponde todavía. Eso sí, confiamos en que el Gobierno de España, junto con el resto de países que conforman la cooperación reforzada, tomará la decisión más acertada y más beneficiosa para Europa y para España. No obstante, como bien ha dicho el señor Luena, estamos intentando llegar a un acuerdo para poder votar a favor de la transaccional o de la proposición no de ley del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea manifestar su opinión? (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)

Esperemos que sea tan iluminadora como la precedente, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No sabemos si seremos iluminadores. En cualquier caso, una de las pocas ventajas -quizás- en los tiempos que corren hoy de ser un diputado que ha repetido en diversas ocasiones en el Congreso de los Diputados, un antiguo, es tener una cierta perspectiva de los debates. En relación con el impuesto sobre las tasas financieras he de empezar recordando que en el año 2000 se creó en esta Cámara un grupo informal propiciado por Attac del que formamos parte diversos diputados, fundamentalmente de Izquierda Unida, del PSOE, alguien del PNV y yo mismo de Convergència i Unió, empezando a analizar y discutir lo que entonces parecía una propuesta muy alternativa, fuera del sistema. Además planteada por Attac, que en aquellos días lideraba a escala global parte de los movimientos denominados antiglobalización. No deja de ser curioso que, trece años después, en Europa sean Gobiernos de centro-derecha la mayoría de ellos quienes estén impulsando un impuesto sobre las transacciones financieras. Y en el caso específico español resulta más curioso ya que en la pasada legislatura el secretario de Estado de Economía, el señor Campa, en esta Comisión, cuando se le planteaba cuál era la posición del Gobierno español en relación con la tasa sobre transacciones financieras, nos decía que la propuesta era el clásico Guadiana, que aparecía o desaparecía. Lo decía el secretario de Estado de Economía del PSOE hace un año y medio. Y hoy en cambio ya estamos en que el debate es cuándo el Gobierno va a presentar un proyecto de ley, cuáles deben ser las características técnicas de los tipos impositivos que incorpore ese proyecto de ley y -el debate más sustancial y a mi entender más interesante- a qué se deben destinar esos recursos. Porque originariamente, en los debates de principios de la década pasada, parecía que debían ser recursos destinados a la ayuda oficial al desarrollo. Posteriormente, este debate formó parte de la discusión sobre las nuevas formas de financiación del desarrollo.

En cambio, Europa aterriza en estas propuestas en el marco de la cooperación reforzada, en el contexto de la crisis económica y de la necesidad de movilizar nuevos recursos financieros no para la ayuda oficial al desarrollo sino para las necesidades sociales de los países que impongan este nuevo impuesto. Es un cambio sustancial porque nos indica que el salto que se ha producido ha sido fruto de la crisis económica, de una cierta incapacidad de los países europeos de encontrar nuevas fuentes de recursos para financiar sus políticas públicas y -creo que la portavoz del Grupo Popular se ha referido en su intervención- de la necesidad de controlar los flujos financieros. Esta tasa también se entiende con esa pretensión.

El debate ha sido interesante; estamos donde estamos, pero yo, en la medida en que he visto la evolución, lo aplaudo. La intuición que algunos tuvimos a principios de los 2000 resulta que ha llevado finalmente a esta decisión. No creo que tampoco el Grupo Socialista pueda levantar la bandera en esta materia especialmente porque -insisto- hace muy poco tiempo el señor secretario de Estado formulaba esas apreciaciones en esta Comisión, y en cualquier caso Convergència i Unió aplaudirá el acuerdo que se pueda producir entre PSOE y PP en esta materia. Lo aplaudirá porque nos parece -como al resto de los Gobiernos que han apostado por esta cooperación reforzada- que este instrumento puede movilizar recursos en estos tiempos de escasez de recursos públicos y que el sector financiero, al que el conjunto de los Estados europeos -y singularmente España- han aportado una enorme cantidad de recursos para su sostenimiento, tiene que devolver en parte esos recursos a la sociedad a través de los impuestos


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que se paguen. Y efectivamente, este puede ser el instrumento que bien articulado técnicamente -debate también complejo- puede ayudar a un mayor control de los flujos financieros. Hay un debate que ojalá fuésemos capaces de resolver -y estaremos muy atentos a la transacción que están negociando socialistas y populares- que tiene que ver con el destino de estos recursos. Me parece que en términos de aquello que la opinión pública nos demanda se entendería muy claramente que parte de estos recursos se destinasen a las políticas sociales que se desarrollan en España, pero sería bueno no olvidar que, al menos para la Unión Europea, parte de estos recursos deben servir para financiar la ayuda oficial al desarrollo. Sería bueno que pudiésemos ponernos de acuerdo. En cualquier caso, el texto transaccional será votado por Convergència i Unió y si finalmente no hubiese transacción apoyaríamos la iniciativa del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Si me permiten, como no vamos muy mal de tiempo me gustaría preguntarles si hay alguna proposición no de ley reciente, en este periodo de sesiones o en el anterior, en otra Comisión sobre esta misma materia. (El señor Picó i Azanza: Sí, en la Comisión de Hacienda.-El señor Campuzano i Canadés: Y en el Pleno). Sí, en el Pleno lo recuerdo, pero yo preguntaba como iniciativa legislativa o paralegislativa. Gracias. Ya lo buscaremos.

- SOBRE ACCIONES PARA IMPULSAR LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CON LOS PAÍSES SOCIOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA, INCLUYENDO FILIPINAS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001093).

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día y pasamos al punto número 5.º, sobre acciones para impulsar la extensión de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las estrategias de desarrollo con los países socios de la cooperación española, incluyendo Filipinas. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Montón. Como no estaba antes, le diré que hemos convenido que la intervención sería de siete minutos.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, si los supero me hace una seña y yo callo inmediatamente. Hoy traemos a la Comisión de Cooperación esta iniciativa, que nace de la firma de la Declaración parlamentaria de Manila de septiembre de 2012 del Intergrupo parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva. Es una propuesta de acciones para impulsar en las estrategias de desarrollo con los países socios de la cooperación española, incluyendo Filipinas y teniendo en cuenta el nivel de apoyo de los donantes europeos al desarrollo de los países, la agenda de cobertura sanitaria universal, una agenda donde debe estar incluido el acceso a la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con el objetivo de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.

Más de una década después de la adopción inicial de los objetivos de desarrollo del milenio en la Cumbre del Milenio de 2000 estamos aún lejos de su cumplimiento. La preocupación se agrava si revisamos el objetivo de desarrollo del milenio número 5, de mejora de la salud materna, porque es el más rezagado de todos los objetivos, por lo que necesita realizar avances significativos antes de 2015. Quiero destacar que precisamente en el objetivo que afecta fundamentalmente a las mujeres es donde se encuentra mayor retraso y mayores resistencias. En la actualidad encontramos un listado de países demasiado largo en donde las mujeres no pueden decidir cuándo ser madres y cuántos hijos quieren tener, no solo por no tener garantizado legalmente el derecho a decidir sobre su maternidad o a la interrupción voluntaria del embarazo, sino por la insuficiencia de políticas previstas de educación sexual y planificación familiar integral, donde se encuentra incluido un adecuado acceso a métodos anticonceptivos.

En el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que solo políticas públicas con perspectiva de género, de empoderamiento de las mujeres y de inclusión en la toma de decisiones serán capaces de conseguir mejoras en la salud sexual y reproductiva. Espero que todos estemos de acuerdo en destacar que dar prioridad a los derechos y a la salud sexual y reproductiva es vital para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Las últimas cifras de la Fnuap y del Instituto Guttmacher estiman que el coste total para satisfacer las necesidades existentes en planificación familiar y servicios modernos de salud materna y neonatal en el mundo serían 24.600 millones de dólares, algo que representaría más del doble del gasto


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actual en estos servicios pero que conllevaría enormes beneficios en planificación familiar y salud materno-infantil. Se estima que el número de embarazos no planificados se reduciría en más de dos tercios, pasando de los 75 millones que se registraron en 2008 a 22 millones anuales y se evitarían el 44% de las muertes de recién nacidos y el 70% de las muertes maternas.

Por todo esto, con apoyo de la aplicación efectiva de los principios acordados en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de El Cairo, y al objeto de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y en concreto del objetivo número 5, proponemos en primer lugar seguir reforzando el apoyo a la cobertura universal de sistemas de salud pública, la prestación de servicios de información y atención en materia de salud sexual y reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad de género que promuevan los países socios correspondientes. En segundo lugar, continuar impulsando ante la Unión Europea en los organismos multilaterales y en el seno del resto de iniciativas globales las políticas específicas que impulsan la cobertura universal de la salud, el desarrollo de mecanismos de protección social con enfoque de género así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. En tercer lugar, seguir promoviendo a través del nuevo plan director el apoyo programático como mecanismo de ayuda en Filipinas en el sector salud y de derechos sexuales y reproductivos, incluidas la educación y la prevención de la violencia de género, fortaleciendo así la aplicación de los principios de la agenda de eficacia de la ayuda. En este punto vamos a aceptar la enmienda que presenta el Grupo Popular, pues actualiza algo la redacción. Por último, proponemos en el punto 4 impulsar la transparencia en la asignación y destino de los fondos de la AOD destinados a la financiación de los servicios en materia de salud sexual y reproductiva con el fin de contribuir al objetivo de destinar al menos un 15% de la ayuda distribuible sectorialmente a los objetivos de desarrollo relacionados con el empoderamiento de las mujeres, donde proponemos que el 9% sea destinado a las políticas de igualdad de género y el 6% a la salud reproductiva. En este punto se nos ha presentado por parte del Grupo Popular una enmienda de supresión, pero esperamos llegar a un acuerdo sobre una nueva redacción, de forma que no se elimine de esta iniciativa la petición de transparencia en la asignación de los fondos ni tampoco la mención expresa a las políticas de igualdad y a la salud sexual. Para ello apelo a que esta PNL nace de un consenso previo materializado en la declaración parlamentaria a la que hacía referencia al comienzo de mi intervención. Espero poder conseguirlo cuando pueda hablar con la diputada del Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Como esta proposición tiene dos autores, si quiere el señor Sixto puede intervenir para defender o glosar la iniciativa. (Denegaciones). Esto es insólito en portavoces parlamentarios. (Risas). Cedemos entonces la palabra al grupo enmendante, señora Miguélez, del Grupo Popular. Tiene cinco minutos aproximadamente.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Esta proposición no de ley que estamos debatiendo se refiere a un tema de gran importancia, a los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción, por eso no en vano se ha dicho que son los más humanos de todos los derechos. Efectivamente los derechos reproductivos son derechos humanos y abarcan el reconocimiento del derecho básico de toda pareja e individuo a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quiere tener, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello.

Los derechos reproductivos se vulneran en aquellas sociedades en las que existen matrimonios concertados, en los que las mujeres no tienen derecho a permanecer solteras, ni a elegir marido, ni a divorciarse. Seguramente estos datos ya se han dado aquí, pero quiero reiterar que 200 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos o a información para controlar su fertilidad y una de cada tres muertes podría evitarse si las mujeres pudieran decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos. Según Amnistía Internacional cada año 500.000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del embarazo y el parto, el 95% de ellas en países en desarrollo. Casi todas podrían haberse salvado con la atención médica adecuada. Más de un millón de niños, además, quedan huérfanos de madre cada año y cuando una mujer muere su familia se empobrece aún más. El orden internacional de la protección de estos derechos viene dado por las diferentes declaraciones y tratados que se han adoptado en las últimas décadas, destacando la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, donde entre otros objetivos los Estados se comprometieron a lograr la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer, a reducir la mortalidad materna en un 75% y a lograr el acceso universal a la salud reproductiva y combatir el sida, todo antes de 2015.

En la esencia de la cooperación española está desde hace años este enfoque de una política para el desarrollo humano, dentro del cual se encuentra el enfoque de género, es decir, la igualdad de género y el


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empoderamiento de las mujeres. Cuando esta PNL se redactó todavía no estaba aprobado el IV Plan director 2013-2016, que en esta misma línea dice que la cooperación española tiene como finalidad última la contribución al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos. Este Plan director 2013-2016 se ha organizado en este caso estratégicamente alrededor de unas orientaciones generales y sus correspondientes líneas de acción que ayudan a focalizar todo el esfuerzo. Para alcanzar este fin, una de las ocho orientaciones que marcan el trabajo para los próximos cuatro años de la cooperación española es precisamente la de promover los derechos de las mujeres en la igualdad de género, y para avanzar en este ámbito se definen tres niveles de actuación: el nivel formal, la igualdad real y las acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres. El plan director es un documento que va a ser la hoja de ruta de nuestra cooperación para los próximos cuatro años y pone en valor, por tanto, los derechos de las mujeres, que constituyen en definitiva el objeto de esta proposición no de ley. El plan reafirma los objetivos de la cooperación española establecidos en las diferentes conferencias de Naciones Unidas y los acuerdos de la Unión Europea y promover los derechos de las mujeres es uno de los objetivos de desarrollo fundamentales del plan, porque la discriminación contra la mujer sigue siendo universal e incuestionable pese a los avances alcanzados durante las últimas décadas. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también ha señalado en su aportación al plan director que entre los criterios para la selección de los países de asociación debe estar el compromiso de las autoridades nacionales para avanzar hacia la plena realización y disfrute de los derechos humanos de todas las personas. En ello se incluye también la extensión de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las estrategias de desarrollo con los países socios de la cooperación española que se hace en la presente proposición no de ley.

Un desafío que ha tenido la cooperación en los últimos años ha sido que las prioridades geográficas, la especialización sectorial y la manera de canalizar la ayuda de estos elementos no sean cada vez más difusas y el alcance estratégico de esos esfuerzos se vea mermado. Por eso, en un contexto de restricciones presupuestarias a medio plazo se hace extremadamente complejo plantear compromisos. No hay que perder la ambición por avanzar, pero el plan director se caracteriza por un enfoque realista. Todas las políticas están afectadas por la disciplina presupuestaria y la ayuda al desarrollo no es una excepción. Los recursos limitados nos obligan a ser efectivos y a aplicar criterios de selectividad y concentración de nuestras acciones. La concentración geográfica precisamente está en el nuevo plan, que se centra en un máximo de veintitrés países de asociación, la mitad de ellos en América Latina y en Asia solo en Filipinas, lo que pone de relieve la importancia de este país como objetivo de nuestros esfuerzos para mejorar la vida de sus ciudadanos y al que hace también referencia la proposición no de ley. Como ha dicho la proponente de la proposición no de ley, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas y creo que llegaremos a un acuerdo que pasaremos a la Mesa para que podamos votar de forma favorable.

El señor PRESIDENTE: Esta Mesa estaba informada de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quería fijar posición. Señor Picó, tiene la palabra para comunicar el criterio de su grupo sobre el punto que estamos debatiendo.

El señor PICÓ I AZANZA: El principal objetivo de las políticas de desarrollo de la Unión Europea conforme al Tratado de Lisboa es reducir y erradicar la pobreza y se especifica que la Unión y sus miembros deben fomentar tanto la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el campo de salud pública como garantizar en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Unión estos principios.

El acceso a la salud como uno de los derechos humanos más importantes también está en este Tratado de Lisboa. Asimismo, la Unión Europea a través de distintas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud reconoce la relación entre protección social, acceso a la salud y lucha contra la pobreza. El objetivo del desarrollo del milenio número 5, mejora de la salud materna, es en estos momentos el más rezagado de todos los ODM según los informes que la ONU ha desarrollado y necesita realizar avances significativos antes de 2015. Por tanto, entendiendo que esta proposición no de ley pretende avanzar y fomentar las medidas por parte del Gobierno español en el avance del objetivo de desarrollo quinto, nuestro grupo daría apoyo a la proposición no de ley formulada por el grupo proponente.

- SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA POSICIÓN ESPAÑOLA ANTE LAS CUMBRES O REUNIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000968).


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El señor PRESIDENTE: Volvemos al punto 3.º, que habíamos dejado a la espera, sobre la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Ha sido presentada por los grupos parlamentarios Catalán y Vasco.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Sánchez Robles en representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias a todos los miembros de la Comisión por la flexibilidad en el orden del día.

Comenzaré por decirles que esta proposición no de ley que hoy traemos conjuntamente a esta Comisión, como usted bien decía, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), es una iniciativa que busca reforzar los parámetros de consenso con los que tradicionalmente se ha venido trabajando en materia de cooperación internacional al desarrollo.

Como sus señorías conocen, la práctica totalidad de las administraciones que conforman el entramado institucional del Estado impulsan y desarrollan políticas públicas y estrategias en esta materia y son numerosos también los agentes sociales implicados en la definición y puesta en marcha de proyectos de cooperación. De facto, el actual sistema es el resultado de conciliar misiones y visiones tanto públicas como privadas y del impulso de dinámicas de colaboración y comunicación entre los distintos agentes participantes. Creo sinceramente que ninguno de los grupos aquí presentes pondrá en duda la bondad y la riqueza que comporta trabajar en clave participativa. Al hilo de lo anterior, los grupos proponentes creemos que el marco actual, que hasta ahora se ha circunscrito al desarrollo y ejecución de los programas y acciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, debe ser necesariamente ampliado. Entendemos que se debe promover la participación de todos los actores en la concreción de la posición española en las principales cumbres o reuniones internacionales, así como la evaluación de los resultados obtenidos en cada una de ellas. Esta Comisión ya tomó de hecho posición sobre esta cuestión al aprobar el pasado mes de junio una propuesta de resolución presentada también por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que implicaba la participación y colaboración de las Cámaras legislativas a través de sus comisiones en la elaboración de la posición española ante estas cumbres o reuniones internacionales, emitiendo sus opiniones con carácter previo a la celebración de los citados eventos.

Ha llegado, pues, el momento de, por una parte, materializar este acuerdo e instrumentar los mecanismos que posibiliten de facto la colaboración intercámaras o, lo que es lo mismo, entre el Congreso y el Senado y, por otra parte, de impulsar nuevas iniciativas que permitan ampliar el actual marco a la esfera internacional y dar participación a otros agentes relevantes, como son el Consejo de Cooperación al Desarrollo y las comunidades autónomas, en la conformación de la posición española en las cumbres o reuniones internacionales sobre cooperación internacional al desarrollo. Y ello con un único objetivo que es enriquecer y hacer más plurales y consensuadas las acciones de ayuda al desarrollo, reforzando así su eficacia, cuestión esta que adquiere especial importancia habida cuenta de la profunda crisis económica, que ha traído consigo relevantes restricciones presupuestarias en las partidas destinadas este fin. Si siempre es necesario trabajar en clave de eficacia y eficiencia, lo es más a la vista del crítico panorama económico que vivimos. La generación de sinergias, la aplicación de nuevos criterios de gerencia política donde las personas constituyen el centro en la toma de posiciones y la activación de mecanismos de escucha resultan imprescindibles para abordar los retos de futuro en materia de cooperación internacional y son el eje central de nuestra propuesta.

Por todo ello, invito a sus señorías a apoyar y votar favorablemente esta iniciativa e igualmente les invito a escuchar atentamente la intervención del diputado Picó, que estoy segura que centrará certeramente el objeto de nuestra proposición.

El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer caso a la recomendación y atendamos todos atentamente al señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Como recordaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, la proposición no de ley que presentamos conjuntamente ambos grupos parlamentarios es consecuencia de la resolución número 10 aprobada por unanimidad en esta Comisión en su sesión del día 14 junio 2012, con ocasión de la discusión del Plan anual de cooperación internacional 2012. La leeré literalmente para conocimiento de todos los grupos parlamentarios. Dice: Se propone también que las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado puedan colaborar en la


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elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales emitiendo sus opiniones de manera previa a la elaboración de aquellas. ¿Cuál es el papel que prevé la Ley de Cooperación para las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado? Prevé el debate y dictamen del Plan director plurianual de cooperación internacional para el desarrollo, prevé el debate y dictamen de la propuesta del Plan anual de cooperación, así como afirma que debe ser informada de la ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el plan director y en el plan anual, recibiendo cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados que refleje el documento de seguimiento del plan anual del ejercicio precedente. El IV plan director que aprobamos recientemente afirma además que debe reforzarse el papel del Parlamento ampliando el acceso a la información sobre los temas y problemáticas principales.

Como hemos puesto ya de manifiesto en diversas ocasiones en esta Comisión, creemos que hemos de dar un paso más en el hasta ahora tradicional marco de consenso político y social de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo. En la proposición no de ley, recogiendo el mandato aprobado, como decía, en la resolución del Plan anual de cooperación del año 2012, los mismos grupos proponentes presentamos esta iniciativa para iniciar un sistema de participación de la sociedad civil, de las comunidades autónomas y de las Cámaras parlamentarias en la conformación de la posición española en las grandes reuniones internacionales en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

¿Qué protocolo les proponemos? Podríamos haber propuesto cualquier otro. Hemos hecho una propuesta. Esta consistiría en: primero, contar con la opinión previa a la cumbre o reunión internacional del Consejo de Cooperación, de las comunidades autónomas y de las comisiones de Cooperación Internacional parlamentarias; segundo, comparecencia del Gobierno en las comisiones para informar de la posición que se pretende defender en la reunión y proceder al debate con la participación de todos los grupos parlamentarios; tercero, remisión de la posición a defender por parte del Gobierno, fruto de la posición inicial manifestada por el Gobierno, el debate parlamentario y las aportaciones del Consejo de Cooperación y de las comunidades autónomas; y cuarto, rendición de cuentas del resultado de la posición española mantenida en la cumbre o reunión internacional. Es decir, participación de la sociedad, de las comunidades autónomas y de las Cámaras en la conformación de la posición y posterior rendición de cuentas. Creemos que abrir la participación y rendición de cuentas comportará un mayor compromiso, una mayor corresponsabilización de la sociedad, de las administraciones y del Parlamento, y creemos que es una buena medida que el Gobierno debería compartir. Así lo ha manifestado en repetidas ocasiones en esta Comisión el secretario general de Cooperación.

A pesar de que la proposición no de ley está presentada desde el mes de octubre, la oportunidad de debatir esta iniciativa después de la comparecencia el mes pasado del secretario general para hablar de la Agenda post 2015 nos parecía adecuada. Con la Agenda post 2015 puede iniciarse este proceso de elaboración de la posición española de forma conjunta, con la participación, como decía, de la sociedad civil, comunidades autónomas y Parlamento. Tenemos delante una buena oportunidad para corresponsabilizar a todos los actores de la cooperación al desarrollo en el sentido más amplio, para conectar una agenda social y económica mucho más ambiciosa. Por tanto, un proceso de concreción al que podemos aplicar el procedimiento que proponemos: participación y rendición de cuentas. Este procedimiento puede realizarse de forma mecánica para todas las cumbres y reuniones internacionales en materia de cooperación internacional. Señorías, podemos discutir cómo lo hacemos, podemos debatir cuáles pueden ser los cauces que consideramos más adecuados para hacerlo, pero debemos aceptar que abrir la participación y rendir cuentas es positivo y que además enriquece el resultado del debate.

Debo decir que la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular a nuestra iniciativa no responde a estas afirmaciones ni al objeto propio de la iniciativa. La rendición de cuentas la podemos reclamar los grupos parlamentarios a través de los cauces reglamentarios oportunos, por ejemplo, a través de las solicitudes de comparecencia, pero lo que estamos debatiendo aquí, como decía, es participación y rendición de cuentas. Todo lo que no sea concretar participación y rendición de cuentas -y creemos que la enmienda del Grupo Popular no lo hace- no podemos compartirlo.

El señor PRESIDENTE: Como ha adelantado, hay una enmienda presentada por parte del Grupo Popular y la defiende el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Como se ha señalado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley al tener algunas diferencias de criterio con relación al texto de


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la originalmente planteadas por los grupos parlamentarios Catalán de Convergència i Unió y Vasco. Creo que no hay duda ni debate en torno a la necesidad de la máxima colaboración, el máximo consenso y la máxima participación a la hora de la elaboración y la puesta en práctica de las políticas de cooperación internacional al desarrollo. Creo que sobre eso existen reiterados cauces y muestras inequívocas a lo largo del tiempo, con este Gobierno y anteriores, que sacan este asunto del debate.

Lo que no está tan claro es que la proposición, en los términos inicialmente presentados por los grupos proponentes, se ajuste a los acuerdos anteriores ni a las resoluciones anteriormente adoptadas. Explico muy brevemente por qué. Esta Cámara aprobó una resolución tras el debate relacionado con el PACI 2012 donde -lo ha recordado en su literalidad el señor Picó con absoluto rigor- se instaba a que las comisiones de Cooperación del Congreso y del Senado colaboren en la elaboración de la posición española emitiendo opiniones de manera previa. Esta resolución, por tanto, limitaba su proyección al trabajo parlamentario de las comisiones correspondientes en el Congreso y el Senado, no hace referencia alguna a la necesaria o no participación de otros órganos consultivos existentes y creados por la legislación vigente, no hay mención alguna, y por otro lado en nada indica que eso se deba hacer al margen o con adición de procedimientos extraordinarios o adicionales a los reglamentariamente previstos en el funcionamiento ordinario de esta Cámara o los previstos en las leyes relacionadas con la materia. Es más, hay otra resolución, aprobada con motivo del debate en noviembre de 2012 del IV Plan director de cooperación 2013-2016, donde se insiste en esta misma idea que todos compartimos, es decir, que debe haber una construcción participada de la política de cooperación y que se debe exigir al Gobierno la rendición de cuentas, la transparencia y la máxima participación de las Cortes Generales. Todo ello lo compartimos, lo hemos votado y no lo discutimos. Pero, insisto, la proposición no de ley inicialmente presentada va más allá de este punto. Lo que propone realmente es establecer un rígido corsé a la actividad del Ejecutivo que pudiera llegar a desdibujar o comprometer las atribuciones que tiene constitucionalmente atribuidas. Como es sobradamente conocido por todos los miembros de esta Comisión, es una competencia del Gobierno de la nación la dirección de la política exterior del Estado. En este sentido, conviene distinguirlo del cauce en el que se da esta mayor colaboración de comunidades autónomas, ayuntamientos y de otro tipo de entidades, que es lo que habitualmente llamamos acción exterior. La acción exterior es algo muy compartido, con la participación de muchos sujetos, pero la responsabilidad de dirección de la política exterior es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la nación.

En este sentido, y para conciliar las resoluciones previamente adoptadas, el mandato constitucional y lo que nosotros hemos entendido que puede ser el sentir razonable de esta Comisión, hemos planteado una enmienda, un texto alternativo, en el que lo que proponemos es instar al Gobierno a que comparezca ante las Cortes para exponer las posiciones mantenidas por las delegaciones españolas ante cada cumbre, el desarrollo de la negociación y los acuerdos finalmente adoptados, y todo ello con especial referencia a las orientaciones que hayan adoptado previamente las Cámaras, y que igualmente rinda cuentas con transparencia y de manera completa ante todos los órganos consultivos existentes actualmente en la ley, es decir, la comisión interministerial, la comisión interterritorial, en la que son participantes las comunidades autónomas, y el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Con este texto habíamos entendido que dábamos completa satisfacción a las resoluciones previamente adoptadas, que, insisto, instan a la propia Comisión a elaborar y ofrecer sus valoraciones y sus puntos de vista, sus posiciones, con carácter previo a la celebración de las cumbres, para lo cual no es necesaria reforma alguna, y a continuación, eso sí, exigir al Gobierno una completa rendición de cuentas con absoluta transparencia sobre las negociaciones mantenidas y los acuerdos alcanzados, haciendo especial incidencia en los inputs, las sugerencias, las recomendaciones o aportaciones que todos los órganos consultivos y también estas Cámaras hayan podido hacer con carácter previo.

Yo lamento que no hayamos podido alcanzar un acuerdo en estos términos, pero estoy seguro de que estamos todos en la mejor disposición para seguir intentándolo en futuros debates. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo. Le recuerdo lo de los cinco minutos o algo menos.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: ¿Qué se pide en esta proposición no de ley? Que previamente a la celebración de las cumbres o reuniones internacionales -es decir, antes de que estas se celebren- se pida información al Consejo de Cooperación al Desarrollo y a las comunidades autónomas sobre consideraciones y recomendaciones a tener en cuenta. Y que esta información, tanto del Consejo de Cooperación al Desarrollo como de las comunidades autónomas, se remita a las comisiones de Cooperación Internacional al


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Desarrollo del Congreso y del Senado, conociendo, por tanto, cuál es la posición del Gobierno ante el evento internacional en el que vamos a participar, con comparecencia del responsable del Ejecutivo. Suponemos que se referirá en esta proposición no de ley al responsable del Ejecutivo en esta materia, no al presidente del Gobierno, señorías del Partido Popular. Se pide también algo obvio, que lo que se debata, analice y prospere en las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado sea tenido en cuenta por el Gobierno. Y algo también lógico, que se eleve a esta Comisión y a la del Senado la información correspondiente a los resultados obtenidos en las cumbres o reuniones internacionales en esta materia. Los grupos que suscriben esta proposición no de ley se basan para proponer estas cuestiones en la resolución aprobada por unanimidad el 14 de junio pasado durante el debate de la PACI 2012 al que hacía mención expresamente el representante de CiU, y que dice de forma textual que las comisiones de Cooperación del Congreso y del Senado puedan colaborar en la elaboración de la posición española ante las cumbres o reuniones internacionales emitiendo sus opiniones de manera previa a la elaboración de aquellas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, ya en aquella votación y resolución, abundábamos en esta idea que echó para atrás los votos del Grupo Parlamentario Popular donde, por ejemplo, en la resolución número 36 planteábamos que se realizase un debate previo en la Comisión de Cooperación sobre la cumbre a realizar, invitando a comparecer a las ONG especializadas con el fin de concretar e incorporar los compromisos asumidos. Porque entendíamos que mejoraba y fortalecía las propuestas e incidíamos en que se debería incorporar como cultura de debate en los debates previos y posteriores a este tipo de cumbres. Esta resolución, la número 36, en la que todos los grupos políticos estábamos de acuerdo excepto, como decía, el Grupo Parlamentario Popular, trataba sobre la Cumbre Río+20 y G-20. En diciembre de 2012, entre las resoluciones aprobadas del Plan director de cooperación española 2013-2016, la número 20, sobre el papel de las Cortes Generales, especificaba que se estableciesen las vías necesarias para garantizar la rendición de cuentas de la cooperación española, de manera que se asegurase la transparencia y se permitiera la más amplia participación de las Cortes Generales en los objetivos principales de la materia. No podemos olvidar las declaraciones del secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el señor Robles, el pasado 28 de noviembre, que decía estar plenamente convencido del papel del Parlamento, y no solamente él, sino todas las personas del Gobierno y de la Administración de cooperación, y comentaba que estaban dispuestos a reunirse las veces que hiciera falta y ver el papel que nosotros queríamos que jugase. Y hablaba del Parlamento como un escenario más importante. Pero distintos grupos parlamentarios íbamos más allá y planteábamos sobre el papel del Parlamento y los órganos consultivos que como la construcción participada de la política de cooperación es clave para una mayor apropiación de la política por parte de los sectores implicados, el papel del Consejo de Cooperación debía ser reforzado como espacio único de representación del conjunto de actores que tuviera un rol destacado en la modernización del sistema de cooperación español, más allá de sus actuales funciones deliberativas y consultivas, posibilitándose una diálogo franco, sostenido y abierto a la crítica constructiva. Además, el pasado 19 de febrero, en la Comisión en la que compareció el propio secretario general, nuestro portavoz el señor Luena planteaba que quería conocer el posicionamiento español en las distintas cumbres y la participación de la sociedad civil. Y relacionándolo con el debate de la Agenda post 2015, decía: Es necesaria más información y sería interesante que incluyera el posicionamiento español en las cumbres y diálogos. Sería bueno que hubiese mayor representación parlamentaria en la elaboración de esos posicionamientos. A lo que el secretario general, señor Robles, refiriéndose a cómo debe participar el Parlamento en las cumbres, se comprometió a que este órgano no solo haga un seguimiento y control. Este paso más que se solicita con esta proposición no de ley para ampliar la participación de todos los actores en la concreción de la posición española en los principales cumbres internacionales, incluso con la participación en la evaluación de los resultados obtenidos en esta materia que nos ocupa, no debe ser dificultoso de conseguir para esta Comisión ya que tradicionalmente la cooperación internacional para el desarrollo ha contado con un consenso político y social y no es difícil ampliar la participación a esos otros actores que consensúen de forma más eficaz y correcta las acciones de ayuda al desarrollo. (El señor vicepresidente, Vázquez Jiménez, ocupa la Presidencia).

Por todo lo explicado, las bases ya están puestas y, por consiguiente, no chirría en absoluto lo que se propone en esta proposición no de ley que nos plantean CiU y PNV, a la que el Grupo Socialista dará su apoyo porque entendemos que no hay un rígido corsé.

- RELATIVA AL APOYO DE LA COOPERACIÓN EN LA LUCHA GLOBAL CONTRA EL VIH/SIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (Número de expediente 161/001354).


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El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al punto 6.º del orden del día, relativo al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/sida, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Hay dos enmiendas. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Hoy Convergència i Unió trae a debate a esta Comisión una iniciativa sobre el apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/sida. En los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención como en el avance de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/sida. Estos esfuerzos han tenido resultados muy positivos: más de 8 millones de personas en países empobrecidos reciben tratamiento con antirretrovirales y el número de nuevas infecciones a nivel mundial sigue disminuyendo. El número de niños infectados con VIH/sida se redujo a la mitad de 2003 a 2011. Buenas noticias todas ellas. Pero esto nos significa que estemos controlando la pandemia. A nivel mundial, 34 millones de personas viven con el VIH. En 2011, 1,7 millones de personas murieron en todo el mundo por causas relacionadas con el sida y cada día se siguen infectando alrededor de 7.000 personas por el VIH. África subsahariana siguen siendo el lugar donde se concentra el 69% de personas con VIH; las nuevas infecciones están disminuyendo en esta zona, en Asia, Oceanía y el Caribe; se han estabilizado en América Latina y crecen en Europa del Este, Asia central, Oriente Medio y el norte de África. Y no solo estamos hablando de cifras. Como sus señorías conocen bien, el VIH/sida en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza; en resumen, hablamos de vulneración de derechos humanos. En algunos países para acceder a un trabajo se exigen pruebas para rechazar a aquellas personas con la enfermedad. En otros se restringe la entrada o la residencia de las personas con VIH positivo. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, sí, pero en el fondo hablamos de derechos humanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En el año 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas renovó su compromiso de lucha contra la enfermedad a través de la revisión de la declaración política sobre el VIH y el sida. En esta declaración los miembros de la ONU reafirmaban el liderazgo para acabar con la pandemia, impulsar la prevención para reducir al 50% la transmisión por vía sexual y parental y eliminar la transmisión entre madre-hijo, extender hasta los 15 millones de personas el tratamiento antirretroviral, reducir el estigma discriminación y violencia, cerrar para 2015 la brecha de financiación anual, que se calculaba en unos 6.000 millones de dólares, aumentando las aportaciones y reconociendo el Fondo global contra el sida, la malaria y la tuberculosis como mecanismo fundamental para conseguir logros contra la enfermedad. Asimismo se reforzaban los sistemas de salud y se instaba a invertir en investigación y desarrollo.

Primer punto del petitum de nuestra proposición no de ley: apoyar de forma decidida los objetivos y compromisos asumidos con esta declaración. Pero he de decir, señorías, que si bien por parte de los miembros del Gobierno se ha manifestado su compromiso con organismos como el Fondo global Onusida, sobre todo el Fondo mundial de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, esta situación no ha sido así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del fondo mundial, en el caso de la iniciativa internacional para la vacuna del sida o en el caso del Partenariado internacional para los microbicidas no se han hecho aportaciones desde el año 2011. Se afirmó que se aportarían fondos económicos, por ejemplo, en el caso del fondo global el Gobierno manifestó que se realizaría una aportación de 10 millones el año pasado y finalmente no se pudo hacer, y esta situación compromete muy gravemente la credibilidad de España y el papel que quiere desarrollar en la comunidad internacional. Por tanto, la proposición no de ley impele al Gobierno a apoyar Onusida, reemprender las aportaciones al fondo global, a la iniciativa internacional para la vacuna del sida y al Partenariado internacional por los microbicidas. Repito, señorías, estamos hablando de credibilidad y previsibilidad, credibilidad que se adquiere con el cumplimiento de los compromisos asumidos de forma repetida por el Gobierno. Esta proposición no pretende otra cosa que exactamente esto.

Segundo petitum de la iniciativa, muy en la línea manifestada por el recientemente aprobado IV Plan director en materia de investigación y cooperación. La investigación y desarrollo también deben estar presentes en la lucha global contra el VIH/sida. El I+D es la única fórmula de obtener los instrumentos, llámese vacuna preventiva, microbicidas o una cura de la enfermedad. En este aspecto vital España puede dar una respuesta muy eficaz. Disponemos de centros de investigación y desarrollo en el Estado que son punteros en esta materia. En la iniciativa nos referíamos a Hivacat. Sus últimos trabajos avanzan en el desarrollo de una posible vacuna contra el VIH y están actualmente realizando pruebas con pacientes


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de diferentes centros hospitalarios de España para utilizarla también como vacuna terapéutica. Pero existen otros muchos centros como el Cresib o el centro de biotecnología del CSIC. Existe, señorías, una masa crítica de investigadores en centros de investigación que nos permitirían participar muy activamente, a primer nivel mundial, en el reto de encontrar remedio a la pandemia. Para ello reclamamos un apoyo decidido y firme por parte del Gobierno. Singularmente, tendrán conocimiento de que este año, por la significación de España entre los líderes de investigación internacional, se celebrará en Barcelona la Conferencia mundial de la vacuna del sida. Pedimos para este acontecimiento unos beneficios fiscales muy concretos. Pero, como no puede ser de otro modo, creemos que la inversión pública debe realizarse a través de modelos de investigación que garanticen que los productos resultantes sean seguros, eficaces y accesibles a todas las personas que los necesitan. Señorías, la lucha global contra la pandemia exige compromiso y hacer efectivos los compromisos de credibilidad y previsibilidad, así como fomentar y apoyar la investigación y asegurar el acceso a sus resultados.

En principio, señor presidente, estamos intentando alcanzar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Tan pronto como lo tengamos se lo comunicaremos a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: ¿Cuándo será la conferencia, señor Picó, en qué mes?

El señor PICÓ I AZANZA: En junio.

El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas a esta proposición. En primer lugar, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín por cinco minutos.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Quiero comenzar recordando que es una pena que en el Plan director 2013-2016, que está en vigor y que fue aprobado el pasado 12 de diciembre de 2012, se haya quedado muy corto en esta materia, hasta tal punto que el apartado 1.1.1, en el que se habla de las transformaciones globales de la Agenda internacional al desarrollo, aparece de la siguiente manera: El mundo en desarrollo sigue afrontando grandes retos en el cumplimiento de objetivos relacionados con la salud materno-infantil, el sida y otras enfermedades transmisibles, la igualdad de género, la seguridad alimentaria o la sostenibilidad del medioambiente.

No voy a recordar las cifras enormes que esta pandemia ha dejado por el mundo porque lo ha hecho muy bien el señor Picó, que me ha precedido en el uso de la palabra y que ha presentado esta iniciativa. Es verdad que CiU, ante la escasa presencia de este tema en el plan director, presentó una resolución a este apartado que mi grupo apoyó, pero en esos momentos desgraciadamente no contamos con el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara, del PP. Para el Grupo Socialista, en la lucha contra el sida, tanto en la prevención como en el tratamiento, en la atención y el apoyo, son muy importantes no solo los fondos para luchar contra estas enfermedades infecciosas -tuberculosis, malaria-, que en los últimos presupuestos y desde el año 2011 se ven tan disminuidos aquí, sino dos elementos que intentaré explicar a continuación. No solo es importante que en esta lucha esté presente el apoyo a Onusida, sino que en todos los compromisos internacionales y en las resoluciones de este Parlamento, desde luego en todas las que hemos impulsado y apoyado el Grupo Socialista, se contemplan dos variables para nosotros fundamentales para luchar contra esta pandemia, razón por la cual hemos presentado dos enmiendas de adición a la proposición no de ley presentada por CiU. Esas dos variables, que son fundamentales, son el que se contemple la perspectiva de género en la lucha, pues, por un lado, la prevención es muy importante para que los hijos y las hijas de las embarazadas estén libres de la enfermedad y para hacer prevención en la infancia y la juventud. Y en este sentido las mujeres y sus organizaciones tienen un papel relevante, por lo que han de contar con fondos para implementar los derechos de salud sexual y reproductiva y también para incidir en las políticas públicas de salud de los países que están más afectados por esta enfermedad. Por otro lado, un aspecto también muy importante es la investigación médico-farmacéutica. El uso de genéricos nos parece importantísimo para llegar a la inmensa mayoría de la población afectada en los países empobrecidos. En este sentido, quiero señalar que mi grupo parlamentario fue el que presentó las primeras iniciativas contra Novartis, por ejemplo, en la demanda que esta multinacional interpuso contra el Gobierno de la India, que durante cuatro años peleó por defender sus intereses frente a la llamada farmacia de los pobres; demanda que también perdió en Sudáfrica afortunadamente con la ayuda y la presión internacional. He puesto el ejemplo de esta empresa porque este Parlamento en su día abordó el tema y aprobó una resolución en la Mesa de esta Comisión en la anterior legislatura, donde algunos de los que estamos hoy estábamos entonces, para apoyar al Gobierno de India en la demanda a


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Novartis, resolución que fue aprobada por unanimidad. Por tanto, para nosotros es importante defender y respaldar las iniciativas públicas y privadas dirigidas a afrontar la libre disposición de patentes para fabricación de genéricos y su posterior distribución, cuyo destino sean poblaciones con sida en países en desarrollo, como figura en nuestra enmienda. Si, como espero, antes de la votación llegamos a una transacción en la que se recojan estas dos preocupaciones que para nosotros son fundamentales, apoyaremos con gusto la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Monteserín, por su claridad, concisión y cumplimiento del tiempo. También por parte del grupo mayoritario se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señorías, coincidimos con el Grupo Parlamentario Catalán en los objetivos generales de la PNL y entendemos imprescindible el compromiso político de España en la lucha contra el VIH/sida, tanto a corto como a medio y largo plazo. Como bien dice el Grupo Parlamentario Catalán en los antecedentes de su propuesta, estamos inmersos en una compleja y difícil situación económica que dificulta la disponibilidad de fondos específicos. No obstante, entendemos que es imprescindible insistir en el compromiso político de la lucha contra el sida, así como en el apoyo a las iniciativas correspondientes, siempre teniendo en cuenta en estos momentos las disposiciones presupuestarias a la cooperación española, también en la línea de lo señalado en la declaración política de la RAN sobre VIH en 2011.

Con respecto al primer punto de la PNL, creemos importante el apoyo, de acuerdo con esas disponibilidades presupuestarias, a Onusida y a los objetivos para el VIH suscritos en la reunión de alto nivel, porque el hecho de que existan noticias esperanzadoras, según el último informe de Onusida del pasado noviembre y que el señor Picó ha resumido fantásticamente bien, esta noticia es una razón más y un estímulo para luchar contra esta enfermedad. Esta noticia debe suponer un acicate para no bajar la guardia y seguir luchando contra una enfermedad que mata a tantas miles de personas en el mundo. Precisamente, la epidemia global de sida y las dificultades de su prevención hacen especial mella en las mujeres y, según la OMS, las complicaciones asociadas al sida continúan siendo una causa principal de mortalidad entre las mujeres en edad reproductiva. Esta lucha contra el sida debe plantearse a corto, medio y largo plazo. Entre las ocho orientaciones específicas del plan director de cooperación, que dirigirá las líneas de actuación de la cooperación española durante este periodo, querríamos destacar la orientación número 6, en la que figura como línea de acción prioritaria la salud global. Obviamente, los determinantes de salud y las acciones destinadas a la prevención de las enfermedades y su tratamiento incluyen, como no puede ser de otra manera, el sida, como también está contemplado en el escenario post 2015 del plan director, porque si bien los ODM vigentes deben seguir ocupando un lugar central en los esfuerzos, tampoco podemos olvidar su relevancia en este próximo escenario.

De la misma manera, también consideramos importante fortalecer nuestra presencia y reemprender, cuando las disponibilidades presupuestarias también lo permitan, las aportaciones al Fondo global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Ese compromiso de reanudación ya ha sido manifestado por el ministerio. La reunión de reposición de fondos se celebrará en septiembre de 2013 y España está participando activamente en todas las reuniones previas, en las que se están abordando nuevos sistemas de financiación y la inclusión de nuevos donantes, todo ello de manera previa al desarrollo de los compromisos presupuestarios. Por otro lado, para la reunión de reposición el Gobierno ha manifestado el compromiso de guardar una proporción con el presupuesto de cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta también la carga de la enfermedad, las necesidades de los países socios y las características de ese nuevo modelo de financiación que se está desarrollando. Quisiera insistir en que coincidimos plenamente con lo establecido en la estrategia 2012-2016, con las metas para cada enfermedad, que están en línea con lo que se han fijado en Onusida, en la OMS y en las alianzas Alto a la tuberculosis y Hacer retroceder a la malaria, así como con sus líneas de actuación, que incluyen una inversión más estratégica y eficaz. En este sentido, hay que destacar la mejor articulación de los programas regionales y el fortalecimiento de la cooperación regional que marca el plan director. Esto es importante porque, a través de la cooperación regional, se podrá lograr unos resultados mejores y más eficientes en muchos ámbitos y especialmente en salud.

De la misma manera, consideramos importante nuestra participación en la iniciativa internacional para la vacuna del sida y en el Partenariado internacional por los microbicidas, aun cuando no se trate de estructuras como las comentadas hasta ahora, ya que son consorcios en los que están incluidas ONG,


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grupos clínicos, compañías farmacéuticas, etcétera, con diversas perspectivas, por lo que requieren consideraciones particulares.

En cuanto a la existencia de un marco mundial de innovación médica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos, ya el plan director señala también que el acceso a los medicamentos, como la investigación, el desarrollo y la innovación, son algunas de las cuestiones que requieren de una acción global, de hecho España participa en el desarrollo de una estrategia mundial de I+D en salud global, liderada por la Organización Mundial de la Salud, y que incluye la I+D en sida y VIH, que no se puede considerar descontextualizada de la salud. Por tanto, estimamos que hay que seguir en esta línea, de la misma manera que la secretaria de estado de I+D+i, en la parte que le corresponde, ya está llevando a cabo acciones necesarias para alcanzar los objetivos que se proponen en este apartado de la PNL.

También coincidimos en la necesidad de incrementar la investigación sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud. Efectivamente, tenemos excelentes grupos en nuestras universidades, en nuestros hospitales, en nuestros institutos de investigación, un buen ejemplo es el que dirigen los doctores Gatell y Clotet, aunque hay que señalar que las aportaciones a laboratorios, grupos radicados en territorio español no son a AOD. Sí que se puede desde la cooperación servir de catalizador y ofrecer apoyo político para fomentar la I+D sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud o para el desarrollo de ensayos clínicos, como desde la iniciativa EDCTP para el establecimiento de partenariados europeos en países en desarrollo para análisis clínicos o como facilitar otros tipos de partenariados internacionales. De hecho, como ya he comentado, se contempla en el plan director esta estrategia internacional en investigación y, lógicamente, ese apoyo en nuestro país desde las instancias competentes en I+D a nivel nacional debe dirigirse al conjunto de los grupos de investigación que están trabajando en el tema en el conjunto del Estado.

Sobre el apoyo al Congreso de la vacuna del sida a celebrar en Barcelona este año, nos sumamos a la petición, instando a que se busquen sinergias con otros ministerios y actores implicados para darle a la conferencia la relevancia que merece. Y como ya señalaron mis antecesores en el uso de la palabra, estamos trabajando en una propuesta consensuada que reúna todas las aportaciones que se han hecho a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Les animo con la propuesta. Lo que les comunico a los portavoces es que esta Mesa todavía no ha recibido ninguna de las transacciones anteriores. Lo apunto más que nada por agilizar, como me apunta el vicepresidente primero, para que lo tengan en cuenta y estimular a los redactores de las mismas.

- RELATIVA A PROMOVER EL ENFOQUE DE LA DISCAPACIDAD EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001441).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º, proposición relativa a promover el enfoque de la discapacidad en la política española de cooperación, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, con número de expediente 161/001441. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Señorías, como la gente puede entender fácilmente, la discapacidad es un factor que multiplica la discriminación, sobre todo dentro de los grupos desfavorecidos, que son más abundantes en los países en desarrollo. Según los últimos datos del año 2011 de la Organización Mundial de la Salud, cerca de mil millones de personas, es decir, casi un 15% de la población, tienen, sufren y viven con algún tipo de discapacidad; es decir, 800 millones de esos mil millones viven en países pobres, lo cual representa que uno de cada cinco habitantes de estos países pobres se encuentra entre los grupos más vulnerables y que sufren mayor grado de discriminación. Además, hoy en día la discapacidad está aumentando debido a factores como la longevidad, los accidentes, las enfermedades crónicas, una cantidad de personas a tener en cuenta que pueden tener algún tipo de discapacidad.

Estas Cortes ratificaron en el año 2008 la Convención de la Organización de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad y, para dar cumplimiento a sus compromisos, el 1 de agosto de 2011 se modificó la Ley de cooperación internacional para el desarrollo, con cambios que han sido muy sustanciales. La problemática del colectivo de las personas con discapacidad se ha tomado en cuenta y en la redacción de este IV Plan director 2013-2016 de cooperación española está incorporada. Así, en los puntos 2.1, 2.4 y 2.5 se contemplan las situaciones de las personas con discapacidad y, teniendo en cuenta que la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta para luchar contra la discriminación, la


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cooperación española trata de impulsar las políticas públicas que promuevan o faciliten la inclusión de los colectivos de riesgo, especialmente este colectivo de personas con discapacidad. También es cierto que la actual situación de crisis económica en España obliga a que la ayuda oficial al desarrollo sea más selectiva y que se despliegue con objetivos mejor trazados para conseguir un mayor impacto de estas políticas de desarrollo, concentrándose quizá en menos países y en sectores que estén más desamparados, por decirlo de alguna manera.

Así pues, el enfoque de la discapacidad queda plenamente recogido en la nueva planificación de la cooperación al desarrollo española para los próximos cuatro años y, por tanto, en la medida en que aparece reflejado en este IV plan director, pedimos que a través de esta PNL se refuercen los mecanismos e instrumentos de cooperación para que sean accesibles a personas con discapacidad y que se favorezca su inclusión en los documentos estratégicos y marcos metodológicos de la cooperación española que así lo requieren. O sea, establecer las directrices que permitan desarrollar un enfoque más inclusivo de la discapacidad en el desarrollo, que involucre a todos los actores tanto públicos como privados. Al mismo tiempo, fomentar los procesos de sensibilización y formación en discapacidad entre los actores implicados en el diseño, desarrollo y evaluación de la cooperación internacional para el desarrollo y su acción humanitaria.

Permítame recordarle que hay un error en la transcripción del punto 2 del petitum de nuestra proposición no de ley, al hablar del Plan director 2012-2013 queremos decir 2013-2016. Se han presentado dos enmiendas, una de Convergència i Unió, que vamos a aceptar, y una del Grupo Socialista, que no podemos aceptar.

El señor PRESIDENTE: Se incorpora la correción del petitum.

Aprovecho para decir que la Conferencia Mundial del Sida en Barcelona es en octubre, tal y como ha dicho el señor Picó. Lo digo para que conste en el "Diario de Sesiones" de la Comisión aunque en la grabación permanecerá, y así por supuesto satisfacemos su demanda. Será en octubre para los interesados.

A la proposición que estamos debatiendo hay presentadas dos enmiendas, como ha adelantado el defensor de la proposición. En primer lugar, para su defensa, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Solo perfilaré un poco lo que decía el portavoz del Grupo Popular, señor Vañó, a lo que me sumo totalmente. Muy recientemente se ha editado un estudio sobre la situación de la discapacidad en la política española de cooperación para el desarrollo, realizado por la profesora Beatriz Martínez Ríos de la colección Cermi. Este informe pone de manifiesto puntos muy positivos en la cooperación española en relación con la dependencia. Por ejemplo, que se ha dedicado un 0,76% de la ayuda oficial al desarrollo a las acciones dedicadas a las personas con discapacidad o que los sectores de la AOD que han destinado mayor cantidad a personas con discapacidad son otros servicios e infraestructuras sociales, un 27%; educación, un 25%; prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad, Gobierno y sociedad civil, un 8% y salud, un 6%. Pero también pone de manifiesto algunas carencias en la cooperación española. Por ejemplo, que a pesar de los cambios legislativos -a los que se refería el señor Vañó- estos no se han trasladado a la práctica. O que la planificación estratégica y la programación de la política de cooperación no incluyen a las personas con discapacidad. Incluso, los instrumentos de cooperación no son ni inclusivos ni accesibles para las personas con discapacidad. Me refiero, por ejemplo, a que se financien escuelas, infraestructuras de comunicación, cursos de empleo, etcétera, sin estar diseñados de manera accesible e inclusiva. Tampoco existen marcadores específicos sobre la discapacidad, ni indicadores para medir el impacto de la AOD destinada al sector. En resumen, entre otras cosas, muchos deberes por hacer.

El petitum de la proposición no de ley lo compartimos completamente, pero nos parecía excesivamente vago en sus términos. Por ello, nuestro grupo parlamentario ha creído conveniente formular una enmienda en relación con el marco multilateral que echábamos en falta del texto propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, un compromiso del Gobierno para promover, en el marco de la próxima reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo que se celebrará el próximo mes de septiembre -esta sí es en el mes de septiembre-, una atención prioritaria de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Agenda post 2015. Habiéndose aceptado la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario y agradeciéndolo al grupo proponente, votaríamos a favor de la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Martín González, por el Grupo Socialista, que también ha presentado enmienda.


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La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Quisiera adelantar la posición de nuestro grupo. Vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, si bien hemos presentado una enmienda que parece que no les ha gustado mucho, en la que les demandábamos un mayor compromiso. En su exposición de motivos dicen ustedes: Pobreza y discapacidad son materias interrelacionadas y especialmente sensibles. No puedo llevarles la contraria, por supuesto. Lo que sí nos sorprende es que hagan ustedes esta propuesta y voy a darles algunas razones. En primer lugar, quería corregirles -aunque ya lo ha dicho el señor Vañó porque se lo he comentado antes- que el IV plan director tiene vigencia para los años 2013-2016. Es un error menor y ya ha hecho él mención. El plan director se aprobó el 21 de diciembre de 2012 y es tan reciente que no creo que se les haya olvidado su contenido. En los párrafos 52, 59 y 60 se hace referencia a compromisos claros de priorizar a las personas con discapacidad como beneficiarios y como objetivos horizontales en todas las prioridades sectoriales definidas en los principios de la cooperación española. Debo recordar que con anterioridad a este plan director algunos de los planes autonómicos ya incluían este criterio como una prioridad, como es el caso del Plan estratégico de cooperación internacional de Castilla-La Mancha o el del País Vasco.

En segundo lugar, instan ustedes al Gobierno a aplicar una modificación ya aprobada de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada en agosto de 2011, para que se refuercen los mecanismos e instrumentos de cooperación para que sean accesibles a las personas con discapacidad. Pues claro, evidentemente hay que hacerlo. Es obvio que las leyes se aprueban y se modifican para que sean cumplidas. Cumplan ustedes en la agencia española lo que recoge la ley y no hará falta que traigan una proposición no de ley para hacer cumplir lo ya aprobado. Es bastante obvio, pero bienvenida sea la propuesta si es para mejorar las políticas de cooperación.

La situación de la discapacidad en la política española de cooperación al desarrollo, ya mencionado también por el señor Picó, es un estudio apoyado por la agencia española. Su autora, Beatriz Martínez de los Ríos, describe con acierto la situación actual en el tema que nos ocupa hoy y afirma: Deberíamos exportar nuestro modelo nacional de discapacidad a las políticas de cooperación para el desarrollo en el exterior, con el objetivo de ofrecer recomendaciones y acciones para mejorar y promocionar los derechos humanos de las personas con discapacidad y de la sociedad en general. En la presentación del estudio se refirió a la legislación española en materia de discapacidad, basada en el principio de defensa de los derechos humanos, apoyada en el movimiento social de la discapacidad cohesionado y activista, y a un modelo de atención a la discapacidad que desarrollan muchas organizaciones sociales en colaboración con las administraciones públicas. Apuntó que el 15% de la población mundial, más de 1.000 millones, sufre alguna discapacidad. Y señaló que el 80% de ellos se encuentra en países pobres y el 20% entre los más pobres de los pobres y sufren en mayor medida la discriminación. Según este estudio, solo el 76% de la ayuda oficial al desarrollo bilateral se dedica a proyectos para personas con discapacidad, los cuales están enfocados a la prevención de la discapacidad y están enmarcados en el sector de los servicios sociales. Asimismo, alerta de que no exista una transversalidad de la discapacidad en los diferentes proyectos y programas de cooperación, sobre la falta de recursos e información para incluir la discapacidad en estas políticas y sobre la importancia de la toma de conciencia al respecto. Les recomiendo que lean el informe completo, porque nos sugiere muchas líneas de trabajo para el presente y para el futuro de la cooperación española.

Señorías, tenemos grandes expertos que nos alertan de la situación de mayor discriminación que pueda haber. La lucha contra la pobreza ha dejado de ser una prioridad política y eso tiene graves consecuencias sobre la salud y sobre la aparición de múltiples tipos de discapacidad. Podemos asegurar que a mayor pobreza peores consecuencias para las personas con discapacidad de los países más empobrecidos. En algunos países la discapacidad convierte a las personas en objeto no solo de discriminación, también de abandono y en muchas ocasiones de muerte segura. Puedo asegurarles que uno de los momentos más duros que he vivido en mi experiencia en la cooperación ha sido oír hablar de su corto futuro a un grupo de niños albinos en Angola, abandonados y condenados al sufrimiento. Merece la pena que hoy nombre aquí a Omar porque le conocí y porque falleció un mes después de mi visita. Hoy solo unos pocos niños albinos tienen una calidad de vida aceptable en ese país. Acuden a un programa especial en el Hospital de Malanje al norte de su país. Evidentemente, esto no es suficiente.

Señorías, proponemos una enmienda que mejora la proposición que nos han presentado. Queremos que se mejoren los instrumentos para mejorar las políticas de apoyo a la discapacidad en toda la cooperación española, pero queremos también que se incluya un seguimiento anual de la aplicación de las mismas. Esto es lo que garantiza el cumplimiento de los compromisos, la evaluación, el seguimiento y la información que deben trasladarnos a los miembros de esta Comisión al menos una vez al año. Lamentamos que no lo


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apoyen -ya nos lo han avanzado- porque nuestra propuesta incrementa el compromiso claro en lo que ustedes parecen defender pero sin decir cómo lo van a realizar respecto al seguimiento.

El señor PRESIDENTE: El portavoz popular confirma que rechaza esta enmienda del Grupo Socialista.

- SOBRE EL CONTROL DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001455).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º, que se refiere al control de los proyectos de cooperación con participación de las empresas privadas, que presenta el Grupo Parlamentario Mixto en la persona de la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: No es nada nuevo afirmar que las empresas españolas han colaborado en la gestión de los fondos públicos de cooperación; de hecho, lo hacen tanto o más que las ONG. Cabe decir que en ocasiones las empresas han actuado responsablemente, pero también hay que decir que en otras ocasiones no lo han hecho así. Recordarán, por ejemplo, que, con posterioridad al desastre del huracán Mitch en Nicaragua, los recursos de cooperación española fueron destinados a la construcción de una autopista, tal y como denunció en su momento Intermon Oxfam. Esta autopista se construyó por empresas españolas y se hizo con la finalidad de unir Managua con Masaya, supuestamente para estimular el turismo. Pero, casualmente, pasaba muy cerca de las propiedades del presidente más corrupto de los últimos años en América central, el señor Alemán. Este es un ejemplo paradigmático -ante la más grave catástrofe natural en los últimos tiempos en América central- de malversación de fondos y de violación de los principios de la cooperación, fruto en este caso también de la coincidencia de los intereses particulares de los gobernantes y los intereses comerciales y de la falta de control del poder político.

Para controlar casos como este presentamos hoy en esta Comisión esta iniciativa. En los últimos años, algunos grupos empresariales han encauzado proyectos de cooperación ligados con su actividad industrial o financiera, lo que ha generado a menudo dudas, conflictos y a la vez también debates sobre su propia honestidad cooperativa. Pero especialmente grave es si ello se produce desde el ámbito del entendimiento público-privado, que ahora resulta fundamental para el Gobierno con la extraordinaria mengua de recursos públicos del Estado destinados a cooperación internacional. Tanto es así que parece un retorno a los años ochenta, cuando la cooperación española dependía en aquel entonces del Ministerio de Comercio. A pesar de cambios formales, las empresas españolas han tenido un protagonismo importantísimo en la cooperación española, especialmente a través de los créditos FAD, que resultaron ser un negocio redondo para las empresas y también para un Gobierno que prestaba créditos en lugar de ayuda. No obstante, el problema real no es la participación de las empresas en proyectos de cooperación, sino el hecho de que sean las empresas las que decidan los proyectos, su finalidad y sus condiciones. Es evidente que si esto es así entonces las empresas decidirán sus proyectos en función de sus intereses particulares, pasando incluso por encima de los intereses de las poblaciones donde se implantan o se implanten en el futuro estos proyectos. Por ello, es absolutamente necesario que en estos momentos se exija mucha más transparencia. Es justamente por esta razón por la que presentamos esta proposición, una propuesta que a nuestro entender es urgente. Pedimos, pues, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno español a enviar un informe anual a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados sobre la participación de las empresas españolas en cooperación española. Este informe, que dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas, concretará una relación de los proyectos de cooperación de empresas privadas donde exista capital o gestiones de los poderes públicos del Estado y en especial de las alianzas público-privadas para el desarrollo, detallando la finalidad de los proyectos, también el proceso de licitación -en su caso-, los gastos, la imposibilidad de las economías productivas locales de realizar el proyecto, la aceptación del proyecto en el entorno donde se realiza o, si lo hubiera, el impacto del proyecto en la deuda externa.

A pesar de los términos concretos en que se expresa nuestra iniciativa, estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la base de la enmienda del Grupo Popular, siempre que se reconozca la necesidad de enviar un informe para que este Parlamento pueda fiscalizar que la actuación de las empresas en el marco de la cooperación española se realiza conforme a los principios y prioridades de la cooperación.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición tienen presentadas enmiendas, en primer lugar, el Grupo Socialista. En su nombre tiene la palabra el señor Ábalos.


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El señor ÁBALOS MECO: El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de ley, en función de algunas consideraciones que me gustaría exponer. Las alianzas para el desarrollo son una herramienta válida y oportuna que permiten conjugar intereses públicos y privados para mejorar la gestión de la cooperación, ampliando sus recursos tanto técnicos como económicos, contribuyendo así al logro de los objetivos de desarrollo. Esta es una enunciación doctrinal que podemos compartir todos. Ahora bien, no es la panacea el desarrollo ni es recomendable aplicarla en todas las situaciones. La naturaleza lucrativa del sector privado exige que sus actividades economicen al máximo los recursos minimizando los costes asociados y no siempre será compatible combinar estas necesidades con el mandato público de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos para todos. Sin embargo, existen muchas áreas donde la creación de alianzas para el desarrollo y la promoción de actividades público-privadas ofrecen la posibilidad de beneficiar a todos los actores involucrados, tanto en el sector privado como en el público y en las colectividades o los beneficiarios de la iniciativa. El principal reto de una institución pública es pues determinar cuándo conviene y cuándo no conviene iniciar una actividad publico-privada y bajo qué estructura debe ser promovida. El manejo de fondos públicos para la cooperación obliga a determinar con exhaustiva cautela el impacto y la incidencia que tendrán dichos fondos en el desarrollo. Solo tiene sentido asignar fondos públicos para promover iniciativas con empresas privadas si, por un lado, el valor añadido que la alianza aporta al desarrollo es superior al que se crearía a través de que estos agentes trabajaran individualmente y, por otro, si son actividades que el sector privado no desarrollaría por sí solo sin la intervención del sector público. El objetivo principal de estas alianzas siempre debe ser la incidencia en el desarrollo y no la generación de beneficios particulares. Por otra parte, para que los proyectos de cooperación sean sostenibles y puedan ejercer un impacto transversal en el desarrollo del país, es necesario que los actores locales estén vinculados a estas estrategias nacionales de erradicación de pobreza y desarrollo sostenible y, por supuesto, siempre -y como concluimos en toda la propuesta- generar sistemas de monitoreo y evaluación para valorar el proceso de implementación de la alianza, así como sus resultados finales.

Con estas consideraciones, entendemos que conviene la propuesta que hace Esquerra Republicana, si bien yo quisiera reivindicar dos aportaciones de este grupo parlamentario: una, a través de una proposición no de ley presentada en la Comisión Constitucional -que conecta con la responsabilidad social corporativa- para que vinculemos y comprometamos a las empresas españolas, incluso jurídicamente, con los principios establecidos por Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Una propuesta que ya hicimos en el debate sobre el IV plan director y que lamentablemente el Grupo Popular no aceptó y así consta en un voto particular en el dictamen.

Por último, hemos presentado una enmienda que es un pequeño detalle y que sin ninguna vanidad pretende mejorar la proposición. Trata de aclarar que difícilmente se pude plantear un obstáculo en el sentido de las economías locales a las ganancias público-privadas sino que, en todo caso, lo que tenemos que buscar es la inserción y la complementariedad de estas aportaciones.

El señor PRESIDENTE: Esa enmienda está aceptada, ¿verdad? (Asentimiento).

Para presentar su enmienda, tiene la palabra el señor Casado, por el Grupo Popular.

El señor CASADO BLANCO: Señorías, en relación con esta proposición no de ley yo distinguiría, en primer lugar, la cuestión de fondo de la cuestión más práctica del debate que nos ocupa. La cuestión de fondo es que cualquier iniciativa privada, ya sea de la empresa cooperante que decida aportar sus propios fondos, sus recursos o sus beneficios en un proyecto de cooperación, así como la propia estrategia de los países con necesidades de cooperación, es siempre positiva. No lo digo yo, sino que creo que la historia lo ha demostrado y especialmente en el último tercio del siglo XX, en el cual países que sufrían extrema hambruna y extrema miseria como puede ser el Sudeste asiático o incluso China e India, no han salido de la pobreza precisamente hasta que han introducido ese interés en tres frentes fundamentales: la institucionalización, la democratización, pero también la liberalización de los mercados, y ha sido no a través de las ayudas, sino del comercio propio, cuando han conseguido salir de la pobreza. Por cierto, con muchísimos menos recursos -minerales, naturales, pesqueros y agrícolas- que países que ahora se encuentran en situación de miseria, como por ejemplo los de la aludida África subsahariana. Con lo cual, a nivel de fondo creo que es bueno que haya unos criterios privados tanto por parte de los donantes como por parte de los receptores.

En cuanto a la cuestión práctica de qué situación existe ahora mismo en España en la cooperación privada, en ese primer punto, nada que objetar. El problema no es controlar la donación privada sino que


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haya mucho más donación privada, e incluso si esa donación tiende a mejorar o tiende a beneficiar los proyectos de esas empresas. A mí, si una empresa eléctrica, en el lugar donde tiene la planta de generación eléctrica, decide hacer una escuela, un hospital o una carretera me parece estupendo, que les beneficie a ellos; pero también va a beneficiar a la comunidad en la que se encuentre su actividad económica. En cuanto a los modelos mixtos en los que los poderes públicos, digamos el Estado, la Administración, y las empresas privadas colaboran, sí coincido en que hay que ser tremendamente vigilantes cuando es el contribuyente, es decir la Administración pública, quien dando el dinero de los impuestos a una empresa privada tiene que velar por el desarrollo de esos proyectos de cooperación. Y tan de acuerdo estamos, que no lo decimos solo en el Gobierno, sino que lo dijimos en una proposición no de ley en la oposición precisamente reclamando a la Aecid mayor transparencia y mayor eficiencia no solo en asignación de recursos, sino en la vigilancia de esos recursos por parte de ONG e incluso por parte de empresas privadas que desarrollan esos proyectos. En el tercer punto estaría directamente la ayuda directa de las entidades públicas, de lo que también se ha hablado aquí mucho y el secretario general de la Aecid también lo ha debatido. Pero, ¿cómo están ahora mismo esas fórmulas de colaboración con las empresas privadas? Pues yo creo que en España están muy reguladas, desde la propia Ley española de cooperación internacional de 1998, que ya dice precisamente que las organizaciones empresariales son actores de cooperación de pleno derecho. Por ejemplo, también, en el Foro de alto nivel sobre eficacia de ayuda, es decir el documento de Busan, que dice que hay que apostar por la creación de riqueza, la innovación, el empleo, la movilización de recursos domésticos y la reducción de la pobreza, cuyo papel central también corresponde a la iniciativa privada. En tercer lugar destacaría el Plan director de la cooperación española, que también dice que hay que incorporar cada vez más al sector privado empresarial en la promoción del desarrollo humano. El cuarto punto en el que podemos ver esta regulación es en la estrategia de crecimiento económico y promoción del tejido empresarial de la cooperación española, que también habla de la empresa como una consolidación dentro del sistema para actividades de cooperación. En penúltimo lugar señalaría la experiencia con las agencias de cooperación al desarrollo, en concreto la cooperación reembolsable, que es algo de lo que también se está hablando ahora muchísimo a nivel europeo, sobre todo a nivel del reglamento del Fonprode. Y en último lugar, algo ahora muy en boga también, que es la responsabilidad social empresarial -también hay un grupo de trabajo al respecto-, que habla no de controlar, sino de recomendar políticas empresariales socialmente responsables que pueden complementar y reforzar la política pública de desarrollo.

En esta línea va la enmienda que hemos presentado a esta iniciativa. Lo que venimos a decir, en cuatro puntos fundamentales es, en primer lugar, que creemos que se ha de ampliar la colaboración entre empresas y Administración pública. En segundo lugar, que hay que fomentar la responsabilidad social empresarial. En tercer lugar, que hay que promover la cooperación reembolsable. Y en cuarto lugar, que hay que impulsar los Marcos de Asociación País con esa agenda del desarrollo de que hemos hablado. Creo que lo importante al final es que independientemente de los distintos caminos o fórmulas que cada grupo parlamentario o cada persona individual considere que podemos valorar como más eficaces, más eficientes, más rápidas, el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo tiene que ser -el que nos una a todos- la erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de muchos millones de personas que, por desgracia, siguen necesitadas en todo el mundo.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que la rechaza, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: A pesar de que la explicación ha sido fantástica, me cabe aún la duda de si en el futuro tendremos un problema en apoyar la enmienda; pero estoy entendiendo que el apartado más importante, que era el del informe, ustedes lo rechazan.

El señor CASADO BLANCO: Sí, la rechazamos precisamente por el elemento de base que hemos dicho, que creemos que el Parlamento está para controlar los fondos públicos, pero no entendemos ese control que se ha de hacer a la cooperación privada. Lo contemplaríamos en ese segundo bloque que decía, que es cooperación privada porque hay un fondo público que ha encargado a una empresa que lo realice. La autovía de la que hablaba es perfectamente un ejemplo válido. Lo que no consideramos es decir a una empresa española que informe al Parlamento sobre sus proyectos de cooperación porque pensamos que no debemos controlarlos, sino incentivarlos.


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La señora JORDÀ I ROURA: Entendido. Pero hablábamos de público-privada.

El señor CASADO BLANCO: Sí, de acuerdo, en los consorcios público-privados a lo mejor hay proyectos en los que es difícilmente desligable.

La señora JORDÀ I ROURA: Entendido. Entonces, señor presidente, no podemos aceptarla.

El señor PRESIDENTE: Con el permiso de los miembros de la Comisión, vamos a suspenderla unos minutos, a fin de ordenar las votaciones en vista de las enmiendas transadas. (Pausa).

Vamos a comenzar las votaciones -recuerden que quedó apartada de esta sesión la proposición no de ley número 2- según el orden de presentación, no el orden del debate.

Votamos la proposición no de ley número 1, del Grupo Socialista, en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Socialista y el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley número 3, presentada conjuntamente por los Grupos de Convergència i Unió y Vasco, que se vota en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar la proposición no de ley número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la que su ponente me ha pedido hacer una brevísima glosa para explicar el sentido final de su postura. Tiene veinte segundos.

El señor LUENA LÓPEZ: No he dado ninguna explicación sobre si aceptábamos la enmienda, si había transaccional. Comunico a la Mesa que no acepto la enmienda. Agradezco el trabajo que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, pero había un límite que era introducir el destino y los fines de los ingresos de la tasa. Ese era el límite que ponía el Grupo Socialista. Como no ha sido posible incluirlo, no es posible que haya acuerdo. Por tanto, se votará en sus términos.

El señor PRESIDENTE: Entonces procedemos a su votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 5, presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural. Se vota con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular y el Grupo Socialista y una anteenmienda, entiendo, de modificación de los puntos 3 y 4.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley número 6, del Grupo de Convergència i Unió. Se vota en los términos de la enmienda transaccional aceptada.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley número 7, del Grupo Popular, con la enmienda incorporada presentada por el Grupo de Convergència i Unió. ¿Entiendo que es así, señor Picó?

El señor PICÓ I AZANZA: Exacto.

El señor PRESIDENTE: Si no hay más aclaraciones, efectuamos la votación.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Punto 8.º y último, proposición no de ley del Grupo Mixto, con la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Les agradezco su participación. Se levanta la sesión.

Eran las siete y diez minutos de la tarde.

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