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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 224, de 29/11/2012
cve: DSCD-10-CO-224
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 224
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 12
celebrada el jueves
29 de noviembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Por la que se insta al Gobierno a aprobar la estrategia para la promoción de la responsabilidad social de las empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000512) ... (Página2)

- Sobre la reducción de jornadas reales cotizadas, para acceder al subsidio de desempleo agrario y renta agraria, por la situación de falta de precipitaciones en el campo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000687) ... (Página6)

- Sobre financiación por imposición general en vez de cotizaciones sociales de los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000814) ... (Página10)

- Relativa a la prórroga del Plan Prepara. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000857) ... (Página13)

- Sobre la puesta en marcha de un plan de activación del empleo y la empleabilidad en Extremadura. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000989) ... (Página17)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000512).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar con esta Comisión, cuyo contenido es el que figura en el orden del día, que es el debate y votación de una serie de proposiciones no de ley. He de decir que la que figura en el orden del día como 2.ª se pospone, ya que su autor así nos lo ha solicitado. Por otro lado, quiero recordar, como ya saben, que los tiempos de intervención acordados y que se vienen practicando son siete minutos por parte del grupo proponente, cinco minutos por parte de grupo o de los grupos enmendantes y tres minutos por parte del resto de los grupos que quieran intervenir en el debate de cada proposición no de ley. Por tanto, el orden del día queda reducido a cinco proposiciones no de ley, si bien hay nueve enmiendas sobre las que penden estas cinco PNL. Muchas de sus señorías me han pedido que sea estricto con el tiempo en razón de que es jueves por la tarde, y yo les ruego que ustedes lo sean sin que haya necesidad de que les recuerde el orden del tiempo, que son siete, cinco y tres minutos.

Comenzamos con el debate de la primera proposición, por la que insta al Gobierno a aprobar la estrategia para la promoción de la responsabilidad social de las empresas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta es una iniciativa que mandata al Gobierno para la puesta en marcha de este plan, de esta estrategia de apoyo a la responsabilidad social de las empresas. Esta fue una iniciativa de Convergència i Unió que se registró en el Congreso a finales de marzo de este año, justo al inicio de la legislatura, respondiendo también a un mandato que establecía la última comunicación de la Comisión Europea, que mandataba a los Estados miembros para que durante el año 2012 se actualizasen sus estrategias en materia de promoción de la RSE y que se elaborasen los correspondientes planes. Lo hacíamos a principio de legislatura para impulsar precisamente esa acción del Gobierno, y nos parecía que en este momento y viendo que aún este proceso no terminaba de culminar, era bueno que antes de que finalizase el año la Cámara pudiese discutir una proposición no de ley en esta dirección. Quiero recordar que en España el Congreso de los Diputados ha sido especialmente activo en la promoción de la responsabilidad social. Lo fue en su momento con la subcomisión de la antigua Comisión de Trabajo y Política Social en la que participamos algunos de los diputados, como el señor Azpiroz, yo mismo, y el señor Jáuregui por parte del Grupo Socialista, siendo activos en ese informe. Posteriormente, en la pasada legislatura, en el marco de la Ley de Economía Sostenible también se aprobaron algunos mandatos concretos en esta materia. Nos parecía que en esta nueva legislatura, y en cumplimiento de esa previsión de la Comisión Europea, era bueno que el Congreso impulsase esta estrategia que España debe de efectuar.

Quiero hacer una primera consideración, y es que los hechos nos demuestran -ayer mismo yo asistí a una entrega de premios promocionada por la Fundación Corresponsables- que, a pesar de la crisis, el movimiento a favor de la responsabilidad social de las empresas se mantiene y que los principios y valores que llevaron a que en Europa a principio de los años 2000 se observase la necesidad de articular políticas en este campo, continúan estando vigentes. Es más, seguramente algunas de las explicaciones de la crisis en la que estamos inmersos tienen que ver con la irresponsabilidad de muchos de los actores sociales, económicos y políticos. Por tanto, razón de más para que esa política, ese movimiento, reciba un nuevo impulso. Estamos también convencidos -y en esa dirección se mueven los Estados de nuestro entorno- que las políticas de RSE forman parte también de aquellas políticas que pueden mejorar la posición competitiva de las empresas, tanto en gestión de riesgos no financieros, como en anticipación de regulaciones que pueden promover los Gobiernos o los parlamentos, de mejor gestión de los trabajadores de esa empresa, de relación con la comunidad más inmediata. Estamos convencidos -y esa convicción, insisto, está muy generalizada en Europa- de que una buena política de RSE puede mejorar esa capacidad de competir de las empresas y, por tanto, también puede ayudar a la superación de la crisis en la que estamos inmersos. Este es un movimiento impulsado por las empresas, pero que necesita de políticas públicas que acompañen la puesta en marcha de esas políticas y que pongan el acento en


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algunos elementos a nuestro entender fundamentales. Por ejemplo, en todo aquello que es la transparencia en relación con la información no financiera de las empresas. Si la RSE forma parte de un elemento que ayuda a que las empresas puedan competir, seguramente necesitamos garantizar que quien afirma que es socialmente responsable responde a criterios que sean homogéneos y comprobables. Ahí existe un terreno en el que en el resto de Europa se ha ido avanzando -en Suecia, en Dinamarca, en Francia- en distintas fórmulas legislativas y es probable que en el próximo año la Comisión Europea legisle en forma de una directiva que regule la transparencia de la información no financiera de las empresas. Los Gobiernos también deben promover, a través de su poder de compra pública, a través de la contratación pública, prácticas responsables por parte de las empresas. Ahí existe un recorrido sustancial que la Ley de Economía Sostenible apunta, quizá de manera tímida, y que la Ley de Contratos en su momento ya empezó también a sustentar, pero que necesita un desarrollo importante.

Desde el ámbito del mayor conocimiento de los impactos de la RSE existe también un enorme terreno a recorrer desde la perspectiva de aquello que los Gobiernos pueden hacer. Un mayor conocimiento sobre los impactos en la competitividad de las empresas puede ayudar a tener una mejor visión de cómo las políticas deben de implementarse en el seno de nuestras empresas, o cómo somos capaces de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en este proceso. Las grandes compañías han generalizado la incorporación de prácticas de estas características. Hay un dato que no deja de ser curioso, y es que España es el Estado del mundo con mayor número de empresas firmantes del pacto mundial. Eso indica una importante sensibilidad del tejido empresarial. Quizá podríamos discutir sobre las consecuencias de haber asumido los principios y los valores del pacto mundial, pero también nos indica que muchas veces estos planteamientos se alejan mucho de las necesidades, de las perspectivas de un tejido empresarial compuesto inmensamente por pequeñas y medianas empresas. Todo ello aconseja, tal como sucede en el resto de Europa, que los Gobiernos elaboren políticas en esa dirección, tanto de fomento como de reconocimiento de la responsabilidad social de las empresas.

Este es el sentido de la proposición no de ley que ha planteado Convergència i Unió y que ha recibido enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Mi grupo va a ofrecer a los dos grupos una transacción que creo que recoge lo fundamental de las aproximaciones de una y otra iniciativa, y nos gustaría que contase con apoyo del conjunto de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Como bien dice el señor Campuzano, existen dos enmiendas. La primera formulada por el Grupo Parlamentario Popular y la segunda por el Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas, por un tiempo de cinco minutos.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, desde el año 2001 la Comisión Europea en su Libro Verde ya viene enmarcando lo que es el fomento de la creación de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, definiendo esta como un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y de un medio ambiente más limpio. Esta responsabilidad social abarca, como ya se ha dicho, tres aspectos fundamentales: la responsabilidad económica, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental.

Señorías, la propia ministra, la señora Báñez, en sus comparecencias en esta Cámara y en el Senado para presentar las líneas generales de su departamento, tanto en febrero como en abril, ya adelantó cuál era la vocación de su ministerio en relación con la responsabilidad social, muy unida a lo que supone el fomento del emprendimiento, de la cultura emprendedora. Así, ya avanzó la señora ministra que preparaban y que iban a promover desde su ministerio un programa de fomento de la cultura emprendedora y de la responsabilidad social de las empresas en centros educativos y en los centros de enseñanza universitarios. Además, avanzó que, en segundo lugar, se impulsaría un plan nacional de responsabilidad social de las empresas, con una especial incidencia -como también ha dicho el señor Campuzano- en lo que supone el tema de desarrollo de la RSE en el ámbito de las pymes. Sin duda, señorías, la comunicación de la Comisión Europea, que se adoptó el 25 de octubre del año 2011, acerca de la estrategia renovada de la Unión Europea para el periodo 2011-2014 sobre este ámbito de responsabilidad social de las empresas, venía a invitar a los Estados miembros a elaborar sus propios planes para desarrollar en cada uno de los países unas determinadas actuaciones que permitieran llevar a cabo unas medidas para incidir en la aplicación de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de las empresas. Por tanto, señorías, en este contexto, nosotros celebramos la iniciativa que, como muy bien ha dicho el señor Campuzano, es ya reiterada en esta Comisión, porque ha sido debatida en otras ocasiones e, insisto,


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propiciada por la propia presentación de las políticas generales del departamento por la ministra de Empleo y Seguridad Social; por tanto, insisto, celebramos el debate que hoy estamos abordando en esta Comisión.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda transaccional a la propuesta de Convergència i Unió en el sentido de instar al Gobierno a que siga avanzando en la redacción del plan de responsabilidad social empresarial que anunció la ministra y que, según hemos conocido, está ya...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Álvarez-Arenas. Un poquito de silencio, por favor, para que se pueda oír bien a la oradora.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente.

Como decía, ese plan que anunció la ministra, según nos consta, ya ha tenido varios debates en el seno de la comisión permanente del consejo estatal, en el entorno de la responsabilidad social empresarial que, como todas sus señorías saben, está compuesto por doce miembros de las organizaciones sindicales, doce de las organizaciones empresariales y doce de la Administración pública. En el seno de esa comisión permanente ya se ha debatido en varias ocasiones y se ha avanzado en la elaboración de este plan que, además, ha sido también presentado en la reunión que hace dos días, concretamente el 28 de noviembre, se ha producido en la Unión Europea, en Bruselas, con todos los organismos y representaciones internacionales que están en esta reunión del grupo de alto nivel, también con miembros del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Por tanto, el Gobierno de España ha presentado el avance de este plan y es por lo que, desde nuestra enmienda transaccional, proponemos instar al Gobierno para que avance más en la redacción de este plan y que sea finalizado antes del primer periodo de sesiones del año 2013, puesto que, como se decía en el orden del día que se ha debatido en Bruselas antesdeayer, como digo, las actuaciones se deben realizar a lo largo del año 2013.

En este contexto, proponemos en nuestra enmienda transaccional que se fomente la responsabilidad social a través de este plan, que sea vinculada lógicamente al crecimiento y a la competitividad, donde la transparencia, la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad y el fomento de la cohesión social sean signos distintivos y, sobre todo, como he dicho, con una especial atención a las pymes. Incidimos también en aspectos como la incorporación de la RSE al propio funcionamiento de las administraciones públicas y en los criterios de compra pública y, fundamentalmente, uniéndolo también a lo que la ministra estableció, y es que se incremente el conocimiento de la responsabilidad social empresarial incorporándolo en la formación secundaria y universitaria junto con lo que es la cultura emprendedora que, insisto, es una de las esperanzas que tenemos en que nuestros futuros empresarios tengan esa visión social de lo que supone la actividad empresarial.

Señorías, creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la calidad...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino.

Lo que supone la calidad ha sido absolutamente asumido en lo que es el prestigio empresarial y lo que suponen los procesos de funcionamiento interno de las empresas. Hoy día, aquella empresa que no tiene el sello de las normas de calificación de calidad, normas ISO, no es una empresa que tenga un prestigio reconocido, y creemos que el avance de esa implantación generalizada del reconocimiento de la RSE será también un valor a añadir al funcionamiento del tejido empresarial español.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Monteserín.

Me gustaría que nos aclararan luego si ha habido un acuerdo a tres bandas. Si hay una transacción, por favor, háganla llegar cuanto antes y además sería bueno que la conocieran también, en la medida de lo posible, el resto de los grupos que luego se han de pronunciar.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Estamos en ello, señor presidente.

Querría empezar diciendo que me parece oportuno que el Grupo de CiU traiga a esta Comisión esta PNL que el Grupo Socialista tiene intención de apoyar, aunque sí es cierto que hemos presentado una enmienda porque nos parece lógico y oportuno consultar con el Consejo estatal de la responsabilidad social de las empresas la estrategia o el plan que el Gobierno de España diseñe a tal efecto -con el pleno del consejo y no solo con la permanente-. Es cierto que este es un tema importante que nos permite hablar de la economía y de la empresa más allá de la coyuntura endiablada en la que vivimos todos los


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días desde que empezó la crisis, y es cierto también, como dijo el señor Campuzano, que hace más de diez años que se vienen desarrollando iniciativas fuera y dentro del Parlamento de España. De hecho, en el Parlamento se remonta a una PNL que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el año 2002, que se materializó por consenso y de ahí surgió la famosa subcomisión parlamentaria que terminó en el 2005 con un amplio informe aprobado por unanimidad. Desde entonces, creo que han sido muchos los avances, las acciones divulgativas y la extensión de la cultura de la responsabilidad social que se ha ido asumiendo por parte de la empresa y por parte de los empresarios y de los agentes económicos; este concepto se ha integrando y asimilando a una buena y sana gestión empresarial. Desde entonces, también ha habido muchos avances dentro de esta casa. Sin duda, uno de ellos es la creación del propio consejo estatal y también aquellos que tienen que ver con los artículos que se incorporaron en la Ley de Economía Sostenible, exactamente el 35 y el 39. En esa ley se recogen algunas de las aportaciones planteadas en esta comunicación de la Comisión Europea, exactamente en su artículo 35.2 donde dice que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor, se adaptarán sus planes estratégicos para presentar anualmente informes de gobierno corporativo así como memorias de sostenibilidad. Es verdad que no tenemos conocimiento en este año de si ha habido presentación de esos informes al Gobierno por parte de las empresas y cómo están las cuestiones en ese sentido. En ese artículo 35.2 hay otra serie de puntos que constituyen prácticamente un plan de trabajo del Gobierno, el plan del que estamos hablando. Es cierto que, sin duda, la crisis económica ha golpeado las expectativas y las prácticas al respecto y han sido claramente congeladas y marginadas en este último año por parte del Gobierno, al que no se le conoce en estos momentos y en esta Comisión ninguna actuación o iniciativa en esta materia de responsabilidad social, y no sabemos, por ejemplo, si han llegado esos informes. Es verdad también que vemos que las instituciones europeas nos insisten en la importancia de las políticas nacionales y subnacionales para la responsabilidad social de la empresa, y en esa dirección va esta PNL. Además, nos parece que la forma de encarar esta crisis es contribuyendo a crear una economía más sana y sostenible frente a las prácticas del pelotazo, del enriquecimiento rápido, de los casinos depredadores o de las empresas que maltratan el medio ambiente o maltratan a los asalariados o a los trabajadores. Existe una oportunidad, por tanto, de extender, impulsar y aumentar la cultura de la responsabilidad social en la iniciativa privada de empresas comprometidas con la sostenibilidad, los derechos humanos, la eficacia y la eficiencia en el mejor sentido de la palabra. En ese impulso, la propuesta de esta PNL va en la buena dirección y, en principio, la transacción contará con el apoyo de mi grupo. Como ve, no me he pasado del tiempo.

El señor PRESIDENTE: No, ha recuperado el de la portavoz precedente, lo cual agradecemos.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Se nos presenta una proposición no de ley a favor de la promoción de la responsabilidad social de la empresa. Este es un tema que también preocupa a Unión Progreso y Democracia, que entre otras iniciativas presentó por ejemplo una proposición no de ley en esta línea en la Comisión de Cooperación Internacional. Es cierto que se trata de un concepto a menudo mal entendido, se confunde empresa legal con empresa socialmente responsable, mientras que cumplir la legalidad es condición necesaria pero no suficiente para la responsabilidad social corporativa. Hay que ir más allá de la legalidad voluntariamente. Es cierto también que existe el riesgo de que estas políticas se queden en una mera estrategia de imagen, sin contenido real, meramente cosmética. En opinión de mi grupo, para evitar estos riesgos es necesario la coordinación de políticas públicas, más allá de los planes, promoviendo por ejemplo que en las compras públicas se valoren este tipo de prácticas favorablemente, difundiendo este tipo de prácticas entre las pymes, algo especialmente importante en la economía española, en la que estas pymes tienen tanto peso en nuestro tejido empresarial, y generalizándolas entre comunidades autónomas internacionalmente, de forma que se evite el riesgo que a veces perciben los empresarios de que estas prácticas incrementan sus costes y perjudican su competitividad, un riesgo que, por otro lado, seguramente no es cierto, pero que algunos empresarios perciben así.

La proposición no de ley de CiU va en la línea que Unión Progreso y Democracia comparte y, por tanto, la apoyaríamos. Las enmiendas que se han presentado incluso desde nuestro punto de vista la mejoran, porque inciden en cuestiones como las que he señalado de promoción de estos criterios en las compras públicas o difusión entre las pymes. Por tanto, la apoyaremos y compartimos con el señor


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Campuzano que seguramente en el origen de la crisis que padecemos se encuentra la falta de este tipo de prácticas de manera generalizada entre empresas en la economía real y también en la economía financiera. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A efectos de que conste, el texto que hemos repartido para conocimiento de los grupos parlamentarios, recoge las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista y se constituye en un texto transaccional que vamos a someter a votación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, así lo habíamos entendido. De todas formas, antes de la votación, para la justa constancia en el "Diario de Sesiones" -ya lo hicimos en alguna Comisión precedente que debatimos proposiciones no de ley-, daremos lectura al texto porque si no, luego resulta que uno se vuelve loco para intentar encontrar la enmienda transaccional que se votó en no se sabe qué Comisión. Esa es la única manera de que haya una constancia fehaciente de qué es lo que se ha votado y qué es lo que se ha aprobado.

- SOBRE LA REDUCCIÓN DE JORNADAS REALES COTIZADAS, PARA ACCEDER AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO AGRARIO Y RENTA AGRARIA, POR LA SITUACIÓN DE FALTA DE PRECIPITACIONES EN EL CAMPO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/00687).

El señor PRESIDENTE: Concluido el 1.º punto del orden del día, entramos en el segundo punto del orden del día, que está enumerado como 3.º, sobre la reducción de jornadas reales cotizadas, para acceder al subsidio de desempleo agrario y renta agraria por la situación de falta de precipitaciones en el campo, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. A efectos de intervención y defensa de la misma, tiene la palabra su diputado, don Antonio Pradas.

El señor PRADAS TORRES: En primer lugar, quería comentar que para mí es un honor traer aquí esta proposición no de ley. Lo digo con esa solemnidad que parece que no es típica de un asunto como este, porque siempre el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura ha estado rodeado de mala prensa; mala prensa a pesar de haber sido un sistema que ha funcionado con éxito desde 1983. Así lo han reconocido incluso las autoridades europeas, como un sistema que ha logrado el asentamiento en el medio rural y que no solamente ha servido para sacar de la indigencia a muchísimos jornaleros y jornaleras del campo, sino que también para articular el comercio local, las empresas de construcción local, los almacenes de materiales y una serie de negocios que crean un tejido sin el cual no hubieran subsistido los municipios en Andalucía, igual que han desaparecido en otras comunidades autónomas de la geografía española. Pero a pesar de eso tiene muy mala prensa. A pesar de ser un sistema barato tiene mucha más mala prensa que las ayudas que se le dan al sector de la minería o del carbón o de la metalurgia o del textil, que incluso cuando hay movilizaciones de estos grupos se ve como algo heroico y, sin embargo, cuando esa reclamación viene del medio rural parece que es una reivindicación de unos desarrapados. Nosotros lo hacemos, como tenemos que hacerlo, a través de esta Cámara y para mí, que he sido alcalde de un municipio rural durante muchísimo años, es un honor traer este punto aquí.

Señorías, por si alguien no conoce el sistema, a diferencia del Plan Prepara, por ejemplo, que lo tenemos todos mucho más fresco, donde no son necesarios más que unos requisitos de cuantía en cuanto a los ingresos, en el caso del subsidio agrario, además de todo eso, es necesario que reúnan un número de jornadas reales cotizadas en el campo; es decir, que si no se reúne ese número de jornadas no se puede acceder al subsidio agrario y a la renta agraria. En un año de sequía como en el que estamos, donde el propio Gobierno ha reconocido que ha habido una caída de precipitaciones del 50%, donde la temporada del campo ha terminado con inundaciones, donde las heladas tardías se cargaron no solamente los frutales sino la flor del olivar, se hace imposible que los trabajadores reúnan 35 peonadas en el campo; es imposible que los llamen para trabajar porque no hay trabajo en el campo. Lo último que les faltaba ya es la temporada del verdeo de la aceituna, que es la aceituna verde que se coge para comérnosla en el plato, para que nos entendamos. Las lluvias han adelantado la maduración de la aceituna y, por tanto, ni siquiera esa en la zona de Sevilla y en la campiña cordobesa se va a poder recoger. Por tanto, la situación por la que están atravesando los trabajadores del campo es verdaderamente preocupante.


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Ya en el mes de marzo, mi grupo presentó una pregunta al Gobierno en el sentido de si se iban a adoptar algunas medidas en relación con esta materia, porque así se había hecho siempre. Se hizo la última vez en 2010, se había hecho en 2005, pero también se hizo por Gobiernos del Partido Popular en situaciones similares a esta; es decir, reducir el número de peonadas al mínimo posible y establecer un programa de obras extraordinarias que sirviera para compensar esa carencia de peonadas en el campo. Me contestó el ministerio en aquel momento que si la situación evolucionaba tal como estaba evolucionando, se plantearía la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias. Pues desde el mes de abril que me contestaron hasta hoy, fíjense si ha llovido poco, hasta el punto de que es imposible no ya con la reducción que pedíamos inicialmente, y por eso hemos presentado una enmienda, sino que prácticamente sería necesario la eliminación este año de las peonadas para poder acceder al subsidio y se hace imprescindible un programa de inversiones en el medio rural andaluz y extremeño para compensar esa caída de trabajo en el campo.

Anteayer mismo entró en el Congreso la firma de una treintena de alcaldes, que eran una representación de alcaldes socialistas de Andalucía - pero me atrevería a decir que si se le planteara a alcaldes de cualquier partido político de Andalucía hubieran suscrito ese documento- pidiéndoles a todos los grupos políticos que fueran sensible ante esta proposición no de ley porque les va la vida y la comida en ello a muchas familias andaluzas. La situación ha empeorado y hemos planteado una enmienda a nuestro propio texto, que es del mes de junio, y se centra básicamente en esas dos cuestiones: la eliminación total de las peonadas y la puesta en marcha de un programa de inversiones en el medio rural, lo que allí se la llama PER antiguamente o ahora programa de fomento de empleo agrario.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda. Yo he estado hablando esta mañana con la portavoz y creo que ha reconocido esa situación porque ya hablan de modular el número de peonadas en función de las previsiones que se tengan de la cosecha de aceituna. Después ella me ha aclarado que no se refería solo a la aceituna sino a otros frutales, porque el PER, el subsidio agrario afecta a todo el campo, no solamente a la aceituna. Creemos que esa enmienda es totalmente insuficiente, primero porque habla de unas previsiones del Ministerio de Agricultura, que es muy extraño que todavía no se tengan cuando ya está en marcha la propia campaña; cosa distinta será si van a sumar lo kilos que se han cogido. Además, vemos que no tiene mucho sentido, porque las peonadas que se han perdido se han perdido ya; no solamente se van a perder en la recogida de la aceituna, sino que se perdieron ya en la tala, en la limpia, en la siembra, en el abonado y en una serie de tareas agrícolas relacionadas con el olivar, y respecto de otros frutales podríamos decir exactamente lo mismo.

En definitiva, pedimos algo que creemos que es de justicia. Pedimos algo que en parte el Gobierno ya ha anunciado a través de su delegada del Gobierno que están estudiando. Lo que mi grupo y yo esperamos es que no nos tengan más en vilo, porque ya cuando se puso en marcha el programa de fomento de empleo agrario este verano tuvimos que esperar a que pasaran las elecciones, tuvimos que esperar a que se aprobaran los presupuestos y, después de aprobarse los presupuestos, tuvimos que esperar dos meses, con lo que las tareas, las obras de los municipios han empezado este año casi dos meses tarde. Si al final hay una decisión política que se está valorando por parte del Gobierno, que no tenga más en vilo a los trabajadores, porque están en una situación, como decía, insostenible. Son personas que están viviendo con 400 euros al mes.

Lamentablemente, esta ayuda, este sistema ha tenido, como decía al principio, algunas veces unas descalificaciones incomprensibles por parte de algunos grupos políticos y de algunas comunidades autónomas, que incluso lo utilizan para justificar los recortes que están haciendo y nos echan la culpa a los andaluces de que tenemos un sistema de subsidio agrario, cuando cualquier sistema de cobertura del régimen general es mucho más costoso que el que se implantó en Andalucía. Nosotros no tenemos culpa de no haber tenido un sector textil y un sector industrial al que ayudar, sino de tener una estructura de la tierra totalmente desigual que ha llevado a los jornaleros a moverse por toda España y fuera de España, y por eso pedimos que los grupos políticos atiendan esta petición que le hacemos hoy al Gobierno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Existe, aparte de la autoenmienda que ya ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista con su proposición, una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.

La señora NAVARRO CRUZ: Para empezar quiero decir que la voluntad del Gobierno -así nos la ha hecho llegar efectivamente- es precisamente que ninguno de esos trabajadores del campo se vaya a ver


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afectado por la sequía. Esa es la voluntad del Gobierno. Ciertamente, como ha dicho el señor Pradas, los trabajadores eventuales agrarios del sistema especial agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura tienen un sistema de protección específico que les permite acceder al subsidio de desempleo agrario con treinta y cinco jornadas. Es cierto que de modo excepcional, tal y como él ha dicho también, en el año 2005 y en el año 2010 hubo un real decreto que se ajustaba a las situaciones que en aquellos momentos ocurrieron. En 2005 hubo una sequía y otras adversidades climáticas y en 2010 hubo inundaciones en las mencionadas comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura, pero en ambos supuestos los daños en el sector agrario fueron de tal gravedad, intensidad y magnitud que se consideraban catastróficos, y desde luego esto dificultaba a muchas de estas personas que trabajaban en el campo que alcanzaran las treinta y cinco peonadas en algunos casos y en otros lo impedía. Por tanto, se redujo a veinticinco o a veinte jornadas respectivamente. Así pues, las medidas de reducción de jornadas que se han producido hasta ahora han sido de carácter extraordinario y urgente.

Sin embargo, es voluntad de este Gobierno poner en marcha una estrategia nacional para la prevención y la gestión de la crisis en el sector agrario, pero también es cierto que no podemos lanzarnos al vacío y sin el rigor que la cuestión requiere. Tomar decisiones en sede parlamentaria cuando todavía no se dispone del necesario análisis del impacto de la sequía en los cultivos sería bastante inconsciente, ya que es imposible objetivar la gravedad y la intensidad de la misma, así como las localidades afectadas. Corresponde efectuar estos análisis al Ministerio de Agricultura, y me consta que está en ello, me consta que se están haciendo. A partir de sus conclusiones, el Gobierno podría estudiar fórmulas de modulación, como es natural, de ámbito temporal y geográfico restringido. Un Gobierno siempre -y digo absolutamente siempre- debe tener totalmente nítidos todos los factores que influyen en su decisión, pero un Gobierno que está gestionando en un momento de crisis tan complejo como el que tenemos en España ahora aún más. No se pueden admitir ni imprevisiones ni frivolidades, y desde luego en este tema muchísimo menos porque, como ha dicho muy bien el señor Pradas, es un tema muy sensible en Andalucía. No se pueden permitir este tipo de cosas y sobre todo no se puede admitir el uso político de la situación angustiosa de los más vulnerables en Andalucía.

Como andaluza me duele ver cómo se utiliza a los más perjudicados, pero no solamente por esta crisis; se está utilizando también a personas cuyo sustento depende de factores climatológicos y en algunos casos de catástrofes naturales, en especial por el mismo partido político que cuando gobierna, en respuesta a una pregunta de un senador del Partido Popular sobre la intención del Gobierno para suprimir o reducir el número de peonadas en el subsidio agrario, dice en el año 2008 lo siguiente: Antes de analizar la necesidad de las medidas para reparar los daños, deben constatarse por los órganos competentes los hechos, las causas y la gravedad de sus efectos y de los perjuicios ocasionados en el sector agrario, así como el ámbito geográfico afectado. En consecuencia, en tanto no estén constatados la causa ni el perjuicio no se puede entrar al análisis de las medidas necesarias para repararlos.

Llegado este punto habría que recordar que esta celeridad que se propone en este momento no tuvo lugar en otras ocasiones. Particularmente en el año 2005, cuando se redujeron las jornadas necesarias, se aprobaron a finales de junio sobre las heladas que se habían producido en el mes de enero. Parece que el tiempo pasa de forma diferente cuando se está en el Gobierno que cuando se está en la oposición. ¿Saben ustedes además lo que contestó en el Parlamento andaluz el entonces consejero señor Fernández, hoy conocido en toda España por otros motivos, a una pregunta de Izquierda Unida sobre la incidencia del tan traído y llevado decretazo por el subsidio agrario? El señor Fernández dijo exactamente -está publicado en el boletín del Parlamento de Andalucía- en el año 2007: Se observa en general una leve variación a la baja en los beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios. Dicha tendencia a la baja viene expresada por diferentes factores naturales como la mortalidad, la jubilación o la movilidad geográfica. O, lo que es lo mismo, absolutamente ninguna incidencia fuera de lo que eran las cuestiones puramente naturales. Sin embargo, se nos arrojó una y otra vez el tema de la reforma del subsidio agrario cuando los propios consejeros de la Junta de Andalucía decían que no había sido ninguna.

En Andalucía ya llevan muchísimos años usando como arma arrojadiza cuestiones tan sensibles como el PER o las pensiones, incendiando las calles, asustando, diciendo que el Partido Popular va a quitar el PER, que el Partido Popular va a quitar las pensiones y que el Partido Popular va a acabar con todo lo que hay, y la verdad es que nada más lejos. Lo único que está haciendo el Partido Popular es garantizar y arreglar todos los desaguisados que se va encontrando cuando gobierna el Partido Socialista. La ministra de Empleo lo ha dicho y además se ha comprometido públicamente. Es sensible ante esta realidad y, una vez constatada la intensa caída de la producción, va a tomar las medidas necesarias para


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que, insisto, ningún trabajador se quede sin subsidio o renta agraria por la sequía. En palabras textuales de la ministra de Empleo: El Gobierno reaccionará así rápidamente a dicha realidad. Hoy no conocemos aún la magnitud del daño; en cuanto la tengamos certificada, procederemos de inmediato a darle solución. Articular medidas en este momento sin considerar estudio previo alguno resulta improcedente y poco serio en un contexto de fuerte reducción en la actividad como en este momento estamos teniendo en los sectores productivos.

En consecuencia, nuestra intención por supuesto era hacer una enmienda que pudiera entrar lógicamente dentro de esta proposición no de ley. De hecho, lo que dice nuestra enmienda exactamente es: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modular, en función de la previsión de cosecha del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la campaña de la aceituna y cultivos frutales -insisto en esto porque por una mala transcripción no se había incluido y cultivos frutales- las jornadas necesarias para acceder al subsidio y renta agraria del sector olivarero, garantizando así que ningún trabajador del campo se vea afectado por la sequía.

Señor presidente, esta era nuestra propuesta y, según la deducción que hago de la intervención del señor portavoz del Grupo Socialista, la han considerado insuficiente, pero hasta que no se sepa cuáles son los daños creemos que no se puede actuar.

El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, preguntaremos al Grupo Parlamentario Socialista si finalmente desecha o admite la enmienda formulada.

¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: He de comenzar aclarando que la filosofía política de UPyD no ve con buenos ojos los programas que se nos está pidiendo reformar. Somos partidarios de programas que primen la igualdad de trato en todo el territorio y que traten situaciones similares que sufren las personas de la misma forma, independientemente de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Por tanto, objetamos a estos programas que solo cubren las situaciones que se sufren en Andalucía y Extremadura y no situaciones similares que se puedan dar en otros territorios. Esto no debe interpretarse como insensibilidad frente a los problemas que sufren esos trabajadores, todo lo contrario. Mi partido es muy sensible a la situación de paro general en España y, en particular, en Andalucía. Simplemente consideramos que esos problemas se pueden tratar por otras vías más generales, como las que hemos propuesto en diferentes ocasiones tanto en el Pleno como en comisiones; por ejemplo, en el caso que nos ocupa una mejora de las rentas mínimas de inserción autonómicas, que tienen importantes diferencias entre comunidades y son especialmente poco generosas precisamente en comunidades como Extremadura y Andalucía. Proponemos una mejor articulación entre las rentas mínimas de inserción y la renta activa de inserción estatal, quitando la barrera de edad que permite el acceso a esa renta activa de inserción. Es decir, no nos oponemos a la protección de los trabajadores, sino a estos programas específicos. Hay otras medidas que hemos propuesto como la mejora de las políticas activas de formación, la reforma laboral en un sentido que dificulte la precariedad o medidas de tipo general, como fortalecer el Fondo de compensación interterritorial, que iría destinado fundamentalmente a comunidades autónomas con poca renta per capita y pocas infraestructuras, como las que aquí nos ocupan. Incluso nuestra objeción a las balanzas fiscales tiene mucho que ver con estas situaciones. Es difícil lograr un mismo Estado del bienestar en todo el territorio sin transferencias de renta desde las zonas más prósperas a las menos prósperas. Por tanto, no es insensibilidad, sino que consideramos que hay otros métodos mejores de abordar este problema.

Por otro lado, tenemos una objeción al método de legislar que subyace a esta proposición no de ley. Creemos que si hay que tener en cuenta la sequía, habría que incorporarla de manera estable en la legislación y no legislar ad hoc en función de cada situación concreta. Todo esto es lo que nos va a impedir apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Me indica el letrado que no espere al momento de la votación, sino que le pregunte ya al señor Pradas. Deduzco que rechazan la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, por supuesto, incorporan la autoenmienda que han formulado.

El señor PRADAS TORRES: Exactamente, incorporamos la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos.


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- SOBRE FINANCIACIÓN POR IMPOSICIÓN GENERAL EN VEZ DE COTIZACIONES SOCIALES DE LOS GASTOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL REFERIDOS A PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y A LOS COMPLEMENTOS DE MÍNIMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000814).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día sobre financiación por imposición general en vez de cotizaciones sociales de los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa tiene la palabra el señor Anchuelo por siete minutos.

El señor ANCHUELO CREGO: Esta proposición no de ley tiene un título tan largo que resulta casi autoexplicativo. Proponemos financiar mediante imposición general en vez de cotizaciones sociales los gastos de gestión y de funcionamiento de la Seguridad Social que están provocados por los complementos de mínimos y las pensiones no contributivas. Discutiendo con otros colegas esta proposición no de ley había cierta confusión y quiero aclarar que nos estamos refiriendo únicamente a los gastos de gestión y, evidentemente, no a las prestaciones en sí. No estamos proponiendo que se escinda el personal de gestión en dos bloques separados ni que se separen las nóminas. Simplemente nos referimos a que ahora ese personal está gestionando simultáneamente las prestaciones contributivas y los complementos de mínimos ligados a esas prestaciones contributivas. Están gestionando, por tanto, una parte contributiva y no contributiva del sistema simultáneamente. Nuestra propuesta es imputar el coste asociado a la gestión de la parte no contributiva a la financiación que la Seguridad Social recibe del Estado en forma de transferencias. Seguramente no estamos hablando de cantidades tan significativas; nuestra estimación preliminar es que podríamos estar hablando de alrededor el 3 % de los costes de gestión, unos 15 millones de euros al año, pero no es tanto por la cantidad como por el principio que defendemos.

Una de las recomendaciones importantes del Pacto de Toledo es la separación de fuentes en la Seguridad Social. Se ha avanzado en los últimos presupuestos mucho en esa dirección y sería una forma de culminar ese proceso de seguir avanzando en esa separación de fuentes en lo que queda por hacer. También supondría un aumento de la transparencia en las cuentas públicas, mejoraría la sostenibilidad del sistema y cumpliría una recomendación reiterada del Pacto de Toledo. Insisto que es cierto que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se ha avanzado de manera importante en el camino de la separación de fuentes, pero esta proposición no de ley ayudaría a continuar haciéndolo. Esta separación de fuentes en el pasado se ha ignorado reiteradamente y ha dado lugar a problemas que se arrastran al haberse utilizado las cotizaciones para todo tipo de fines no contributivos o de promoción del empleo y tiene también que ver con la no suficiente dotación del Fondo de reserva de la Seguridad Social en años en los que ha habido excedentes, y dado que en el pasado se han acumulado esos problemas, es importante corregirlos ahora que estamos en ello.

Quiero aprovechar para destacar en cualquier caso la eficiencia que caracteriza la gestión de la Seguridad Social en España. Los costes de gestión en comparación internacional no son altos y es un sistema que gestiona con mucha eficiencia, pero esto, por supuesto, es compatible con que, dentro de esos costes no excesivos y asociados a una gestión eficiente, se pueda separar dentro de ellos la parte ligada a la gestión de la parte contributiva y la que tiene que ver con los complementos de mínimos de esa parte contributiva.

El Partido Socialista Obrero Español nos ha planteado una enmienda que vamos a rechazar, sobre todo porque va exactamente en contra de la filosofía que nosotros estamos defendiendo en la proposición no de ley. Lo que nosotros proponemos se basa en la separación de fuentes y ellos lo que nos proponen es que se cubra con transferencias del Estado el coste de gestión de las prestaciones contributivas. Es una idea que se podría discutir, no quiero decir que no sea razonable lo que ellos proponen, pero desde luego choca frontalmente con la idea que hay detrás de nuestra proposición no de ley, que es precisamente la separación de fuentes, y por ese motivo no la vamos a aceptar. No voy a extenderme más porque creo que la proposición no de ley tiene una lógica sencilla y queda explicada con lo que he dicho hasta ahora.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Magdalena Valerio.

La señora VALERIO CORDERO: Está claro que la separación y clarificación de las distintas fuentes financieras en función de la naturaleza de las prestaciones está recogida ya en las diversas recomendaciones


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del Pacto de Toledo desde su inicio en el año 1995, concretamente, en las últimas recomendaciones, en la recomendación primera, y por esta senda además se ha ido transitando poco a poco a lo largo de estas últimas décadas. Recuerdo el avance que supuso, incluso ya antes de ese año 1995, que, una vez que se universaliza la sanidad, progresivamente se va dejando de financiar esta con cotizaciones y progresivamente se va introduciendo la financiación a cargo de impuestos. Asimismo que se haya conseguido avanzar en esta dirección tanto en el pago de las pensiones no contributivas como de los complementos a mínimos nos parece muy importante. Es fundamental además en un momento histórico en que hay que velar, aún más que nunca si cabe, por la suficiencia financiera del sistema de la Seguridad Social, que pasa por dificultades evidentes, de tal manera que este año ya se han tenido que utilizar 4.400 millones de euros del Fondo de rehabilitación y prevención de riesgos laborales, lo que conocemos como Fondo de excedentes de las mutuas; hemos tenido que utilizar 3.063 millones de euros del Fondo de reserva de la Seguridad Social, que estaba a finales del año pasado en 67 millones de euros, y ya estamos empezando a detraer de esa hucha de las pensiones para poder hacer frente a los pagos que ahora tenemos, como la paga extraordinaria de diciembre, e incluso nos tememos lo peor, yo ya lo dije en una de las últimas comparecencias de presupuestos, que podemos encontrarnos con que en un futuro próximo no sería de extrañar que desde el ministerio se nos planteara la revisión de la propia ley reguladora del fondo para poder detraer más de lo que está legalmente permitido en estos momentos, que es el 3 % anual máximo; nos tememos en este sentido lo peor.

Sabemos que el Gobierno va a hacer un esfuerzo para el año que viene -ya lo digo yo antes de que lo diga el portavoz del Grupo Popular- con ese incremento del 75 %, 4.000 millones de euros más hasta llegar a 15.500 para financiar el cien por cien de los complementos a mínimos, pero desde luego todo lo que se haga es poco. Por ello, nosotros vamos a apoyar la PNL de Unión Progreso y Democracia, aunque consideramos que una parte de los gastos de gestión de las pensiones no contributivas, al menos la parte del reconocimiento, lo están haciendo las comunidades autónomas y, por lo tanto, corre a su cargo, pero no así la gestión que conlleva, por ejemplo, el reconocimiento y el pago de los complementos a mínimos.

Nosotros hemos planteado una enmienda -que ya ha comentado el portavoz de Unión Progreso y Democracia que no van admitir- porque vamos un poquito más allá y lo dejamos encima de la mesa. Consideramos en mi grupo que de cara al futuro deberemos posiblemente plantearnos que también se paguen con impuestos estos gastos derivados de la gestión de las prestaciones y pensiones contributivas. Sé que es un paso que va más allá de la separación de fuentes. Va a plantear si no sería interesante que reflexionáramos, tal y como está el asunto, sobre que lo mismo tenemos que completar la gestión de las pensiones con impuestos, y no sé si en algunos momentos no tendremos que plantearnos también el pago.

Tenemos claro que tal y como se están poniendo las cosas cualquier inyección económica en las arcas de la Seguridad Social va a ser buena, va a contribuir a garantizar el sostenimiento del sistema, máxime cuando, por desgracia, los cotizantes están yendo a menos como consecuencia de la crisis económica, de la reforma laboral, que -ya lo he dicho en alguna ocasión y lo repito- está siendo letal para el empleo, y sin embargo, los pensionistas van cada vez a más, por suerte como consecuencia de una mejora de la calidad de vida y ampliación de las expectativas de perdurar durante muchos años más, así que está claro que se está produciendo un desequilibrio, estamos ya aproximadamente en dos y poquito cotizantes por pensionista. En fin, el tema creo que es como para reflexionar. Por tanto, lo dejamos encima de la mesa; ahí está la Comisión del Pacto de Toledo, que está reunida en estos momentos, y me imagino que puede ser un tema sobre el que en el futuro se pueda debatir.

El señor PRESIDENTE: A continuación, intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Picó, de Convergència i Unió, tiene la palabra.

El señor PICÓ I AZANZA: El Pacto de Toledo puso de manifiesto que la eficiencia económica y la eficiencia social del sistema de Seguridad Social han de ser necesariamente compatibles y que un elemento central de esta compatibilidad está constituido por el acuerdo entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales. Como refería el señor Anchuelo, el Pacto de Toledo prevé que la acción protectora en su modalidad universal se financiará mediante aportaciones del Estado, mientras que las prestaciones contributivas deberán ser financiadas básicamente con cargo a las cotizaciones de las personas obligadas, además del importe de las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, así como los frutos, rentas, intereses y cualquier otro producto de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social. Asimismo el informe de la Comisión no permanente para la valoración


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de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2003 reconocía y reiteraba el mandato de que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependía básicamente de las cotizaciones sociales y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debía efectuar exclusivamente a través de la imposición general.

La proposición no de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario de UPyD mandata al Gobierno para financiar por imposición general los gastos de gestión de la Seguridad Social referidos a las pensiones no contributivas y a los complementos de mínimos. Por otra parte, la enmienda formulada por el Grupo Socialista traslada, parecía, la medida a los gastos de gestión de las pensiones contributivas, como refería la portavoz del Grupo Socialista. En el primer caso creemos que el gasto debe ser muy reducido y ello porque la gestión -como también ponía de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista- corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas en relación con la gestión de las pensiones no contributivas y, por tanto, para la Seguridad Social no debe suponer un montante importante, ya que son las comunidades autónomas las que asumen el gasto de la gestión que se realiza en este sentido. Además y a priori, sin conocer específicamente la gestión administrativa que supone para la Seguridad Social este trámite, parece difícil por los menos diferenciar en el seno de la Seguridad Social, del volumen general, qué gastos corresponden al complemento de mínimos y para pensiones no contributivas. En relación con la pretensión del Grupo Socialista, tenemos una cuantía más o menos especificada de cuál sería el coste que significaría la gestión, y es mucho más elevada, serían un 2.200 millones de euros, creo recordar. Por tanto, entendiendo que la petición de Unión Progreso y Democracia avanza en la recomendación del Pacto de Toledo de separación de fuentes y a pesar de que creemos que el impacto económico es muy reducido, por la razón que decía, que son los órganos competentes de las comunidades autónomas quienes llevan a cabo la gestión, votaríamos a favor del texto.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Gerardo Camps.

El señor CAMPS DEVESA: Señor Anchuelo, la proposición no de ley que hoy nos presenta se ha quedado algo antigua en el tiempo tras la presentación de los presupuestos generales para el año 2013, además de partir a juicio de los miembros del Grupo Popular de algunos errores claros, pero todo ello se lo digo, señoría, compartiendo los principios básicos que la inspiran, porque desde el Partido Popular siempre hemos manifestado que la viabilidad financiera del sistema de protección social está intrínsecamente ligada a la separación de las fuentes de financiación. Tan firmemente lo creíamos y lo creemos que dicha separación de fuentes se inició con un Gobierno del Partido Popular, allá por el año 1997, fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y además culmina también con el actual Gobierno del Partido Popular, con antelación al plazo previsto en la ley y gracias a un significativo esfuerzo por parte del Estado en el actual marco de reducción del gasto, un incremento en el año 2013 de más de 4.000 millones de euros, que supone sin lugar a dudas un hito histórico que muestra bien a las claras el compromiso del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, cuyo principal riesgo son sin lugar a duda políticas económicas y políticas socio-laborales erróneas, como las que se llevaron a cabo por parte de los Gobiernos socialistas en los últimos años, que han traído la destrucción de empleo y la falta de cotizantes y de ingresos en la Seguridad Social, que trae consigo que también el propio sistema tenga que paliar una situación como esta gracias a un fondo de reserva que por cierto también puso en marcha un Gobierno del Partido Popular.

Parece lógico, como solicita el proponente, por lo tanto, que los gastos de gestión y de administración de las prestaciones no contributivas sean financiados por la imposición general y no por cotizaciones sociales. Y le digo más, no solo es lógico, sino que además así también lo determina la norma, el artículo 86.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que si bien no hace mención expresa a la financiación de los gastos derivados de la gestión y administración de esa acción protectora en la modalidad no contributiva, hay que entender que dichos gastos figuran tácitamente incluidos en el ámbito del mismo en línea con lo establecido en el siguiente inciso. Por cierto, la portavoz en este punto del Grupo Socialista en su enmienda lo que hace es entrar flagrantemente en contradicción con lo que dispone dicho artículo 86.2 de nuestra Ley General de Seguridad Social, que en su momento fue votada por el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara y que ha sido aplicada por el Gobierno Socialista durante los últimos ocho años en que han sido Gobierno; hasta ahí llega su incoherencia.

Por todo ello entendemos que en términos presupuestarios las transferencias del Estado, señor Anchuelo, asumen también los gastos de gestión de las pensiones no contributivas, o dicho de otra forma,


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los gastos de gestión correspondientes a las prestaciones no contributivas ya están financiados por la imposición general, la mayor parte por cierto de ese coste a cargo de las comunidades autónomas, que, como bien sabemos, son las que reconocen las prestaciones de carácter no contributivo, y, por lo tanto, la mayor parte de la gestión de los expedientes no es de la Administración General del Estado, Seguridad Social, sino de las propias comunidades autónomas. Cuestión distinta -y acabo ya con ello- es la relativa a la financiación de los complementos para pensiones mínimas, precisando en primer lugar que dichos complementos forman parte de las pensiones contributivas, y el hecho de que dichos complementos estén financiados con impuestos no altera la naturaleza contributiva de las pensiones a las que complementan, por lo que en este caso presupuestariamente no existen gastos de gestión propios. La gestión de la garantía de mínimos forma parte del gasto de gestión de la propia pensión. En conclusión, señorías, el Gobierno ya hace lo que el grupo proponente le pide que haga en cuanto a las prestaciones no contributivas y no cabe hacerlo respecto de los complementos a mínimos de las pensiones en este caso contributivas con complementos a mínimos de pensiones, por lo que lo lógico sería la retirada de la proposición no de ley. De no ser así, anuncio ya el voto negativo por parte de mi grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, en su momento se someterá a votación la PNL en sus propios términos.

- RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL PLAN PREPARA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000857).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la que figura como número 5 del orden del día, relativa a la prórroga del Plan Prepara. El autor es el Grupo Mixto y la señora Fernández tiene la palabra para su defensa por siete minutos.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, cuando presentamos esta proposición no de ley el 9 de agosto estábamos en un momento en el que muchas de las personas perceptoras de esta prestación no habían cobrado desde hacía ya algún tiempo. Por eso, nuestro segundo punto planteaba el reestablecimiento de este pago. Aprovecho para decir, señor presidente, que retiramos este punto porque, a día de hoy, no tiene vigencia en la propuesta. Pero en el momento en el que presentamos la iniciativa, como digo, además de esta circunstancia se daba otra que era que el Gobierno estaba deshojando la margarita de si sí o no iba a prorrogar el que se conoce como Plan Prepara. Después de este impasse, que creó una gran incertidumbre en muchas personas que esperaban la existencia de esta prestación para poder sobrevivir durante seis meses, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 23/2012 con vigencia hasta el 11 de febrero del próximo año. Por lo tanto, volvemos a estar en un impasse de no saber si el Gobierno va a volver o no a prorrogar esta prestación que, aunque solo sea de seis meses, señorías, para aquellas personas que en muchísimos casos pertenecen a familias donde todos sus miembros están en paro, es fundamental para su supervivencia desde el punto de vista de ingresos económicos. Cuando presentamos la iniciativa, señorías, estábamos en una situación con un paro del 24,6 %. En aquel momento muchas asociaciones de derechos humanos alertaban de la gran preocupación por el incremento de las bolsas de pobreza y, sobre todo, por el crecimiento de familias y personas en el umbral de pobreza que está establecido no solamente en el Estado español, sino también en la Unión Europea. Uno de esas alertas fue dada por Cáritas, con un exhaustivo informe donde indicaba no solamente el incremento de esta pobreza, sino su repercusión en los menores. También en aquel momento se conoció el informe del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU -hacemos referencia del mismo en nuestra exposición de motivos-, en el que, además de criticar la política de recortes y reformas llevada a cabo por el Gobierno, se afirmaba que perjudicaban de una manera desproporcionada a los más desfavorecidos y marginados, entre los que señalaba a las mujeres y niños. Coincidía, además, con muchas de las cuestiones que se recogían en el informe de Cáritas.

Dicho esto, que es grosso modo la situación social en el momento en el que presentamos la iniciativa -que lo hicimos con toda urgencia, que es notoria en la resolución que hacemos-, en la actualidad estamos en un momento en el que el paro ya sobrepasa el 25 %, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha incrementado a casi a 1.800.000, los índices de pobreza, por tanto, son mayores pero, sobre todo, nos encontramos con unas perspectivas para el año 2013 que auguran peor situación. Se habla de un incremento del paro hasta superar el 26 % y, por lo tanto, de una situación bastante peor de la que había cuando presentamos la propuesta de que el Gobierno estableciera indefinidamente esta


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prestación. Por lo tanto, si bien el segundo punto ya no tiene vigencia, el primero, desde nuestro punto de vista, no solo está vigente, sino que quizás esté con más razón actualizado no solamente por la realidad del momento, sino por las perspectivas de futuro. Por eso entendemos que esta prestación, para no generar incertidumbre y sobre todo para no generar la posibilidad de que no sea prorrogado, debería establecerse de una manera definitiva, estable, hasta un momento determinado que podría ser aquel en que se considerase que la situación de paro no fuera tan dramática como para requerir esta prestación.

Dicho esto, señor presidente, hay una serie de enmiendas presentadas a nuestra propuesta y nos parecen interesantes las tres siempre y cuando podamos llegar a alcanzar algún acuerdo. Tengo que reconocer que en la presentada por el Grupo Parlamentario Popular tendríamos que hacer un grandísimo esfuerzo porque no veo que haya intención de orientarla hacia el establecimiento indefinido de la prestación. Por nuestra parte estamos abiertos a procurar una transacción porque creo que vamos en la misma línea al menos en dos de las enmiendas y la posición del Grupo Parlamentario Popular de presentarnos una enmienda también la consideramos como una oportunidad de poder llegar a algún acuerdo, pero siempre, evidentemente, que vaya en la dirección de garantizar que esta prestación se establezca como indefinida.

El señor PRESIDENTE: Señorías, les requiero a que trabajen en cuanto intervengan a efectos de que si quieren y pueden llegar a un acuerdo transaccional este esté encima de la mesa antes de proceder a las votaciones.

Como bien decía la señora Fernández Davila, hay tres enmiendas, una de Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la primera, que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra para su defensa en señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, quiero iniciar mi intervención afirmando que creemos que el Plan Prepara desde su inicio no ha dejado de ser un parche ante una situación de incremento del desempleo -el de larga duración específicamente-, destrucción continuada del empleo y de falta de creación de nuevo empleo, y sobre todo de incoherencia del conjunto de nuestro sistema. Necesitamos una discusión a fondo del conjunto de las administraciones públicas, de los agentes sociales, de los grupos políticos, para definir el segundo pilar de la protección social para garantizar una mayor cobertura, específicamente en cuanto a las personas que serán protegidas y permitir una mayor eficacia de las políticas orientadas a la recolocación. Los datos del Prepara así lo avalan. Eso tiene que ver con un problema que hemos puesto de manifiesto por parte de mi grupo parlamentario, que es el mal funcionamiento de nuestras políticas de empleo -de nuestras políticas activas de empleo-, pero también con las decisiones que se han tomado en los últimos meses en materia de políticas de empleo. Con las medidas que se han tomado en el presupuesto vigente en 2012, con el recorte de las partidas presupuestarias destinadas a las políticas activas, por ejemplo en el caso de Cataluña, con un recorte de más del 60 % de los recursos, y las que se prevén en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y si además se continúa destruyendo empleo, creemos que difícilmente a un programa como el Prepara se le pueden pedir demasiados éxitos. Todo eso nos lleva a recordar aquello en lo que Convergència i Unió viene insistiendo desde el inicio de la legislatura: necesitamos políticas a corto plazo, orientadas a la creación de empleo, y necesitamos de manera urgente un plan de choque que impulse la creación de empleo a corto plazo.

En resumen, creemos que es necesario que las políticas en el ámbito que compete a la Administración General del Estado busquen la creación de empleo a corto plazo. Necesitamos también que el presupuesto para 2013 aumente los recursos de las políticas activas de empleo y necesitamos que se vincule la protección al desempleo con las políticas activas de empleo. Pero también, desde la perspectiva de Convergència i Unió, plantear esa vinculación entre políticas pasivas y políticas activas, quiere decir dar un protagonismo a las comunidades autónomas en la gestión de esas políticas pasivas para vincularlas efectivamente a las políticas activas y el Prepara es un ejemplo ya que obliga a las comunidades autónomas a ofrecer a todos sus perceptores, a los de las ayudas del Plan Prepara, instrumentos de políticas activas. Es esta vinculación entre políticas activas y políticas pasivas lo que nos ha llevado a formular una enmienda reclamando la transferencia a la Generalitat de Cataluña, de forma inmediata, como reza la enmienda, de los fondos correspondientes al presente ejercicio acordados en la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, aprobados por el Consejo de Ministros para desarrollar políticas activas y que aún no


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han sido satisfechos. En este sentido de relación entre políticas activas y políticas pasivas, a las cuales me he referido en mi intervención, es necesario dar los instrumentos y satisfacer la transferencia de estas cantidades a la Generalitat de Cataluña.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña María Jesús Susinos.

La señora SUSINOS TARRERO: Señorías, voy a comenzar mi intervención manifestando mi asombro ante la proposición no de ley que usted, señora Fernández Davila, presentó el pasado 9 de agosto, afirmando -textualmente- que el Gobierno ha tomado la decisión de extinguir el citado plan, cuando todavía no había finalizado el anterior plan y el Gobierno no se había manifestado. ¿No cree usted, señoría, que esto es crear alarma social innecesariamente? Hay que ser más serios y más responsables, sobre todo en estos momentos en que los ciudadanos nos piden precisamente eso.

Centrándonos ya en el Plan Prepara, como ustedes saben, es un programa de recualificación profesional de personas que han agotado su prestación por desempleo y que nació con un gran objetivo como es la reinserción laboral y, a su vez, ayudar a las personas desfavorecidas de verdad, a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Déjenme recordar que la primera norma que aprobó el actual Gobierno, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, en su disposición adicional decimotercera previó la prórroga del Plan Prepara durante seis meses más, prórroga que, como todos sabemos, finalizó el pasado 15 de agosto. Posteriormente, el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, ha contemplado de nuevo la prórroga del citado plan durante otros seis meses, hasta el 15 de febrero de 2013. Por cierto, real decreto-ley, este último, que se convalidó el día 13 de septiembre de 2012 con el respaldo -tengo que recordárselo, señorías- del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Mixto, Foro de Ciudadanos, no recibiendo el respaldo de ningún otro grupo de esta Cámara, cosa que no entiendo porque, ustedes, señorías, por un lado están instando al Gobierno con esta proposición no de ley a prorrogar el Plan Prepara y, por otro, se han opuesto a la convalidación del mismo. O sea que ustedes piden una cosa y luego votan la contraria.

Como les decía, el objetivo fundamental del plan es incrementar la empleabilidad de sus beneficiarios y favorecer su inserción laboral. Por ello, es importante analizar y evaluar el desarrollo del programa y eso es precisamente lo que ha hecho el actual Gobierno. Por primera vez desde la puesta en marcha del programa -repito, por primera vez-, el Gobierno actual ha realizado un informe de evaluación de sus efectos, pese a que era una condición obligatoria establecida por ley a la que hasta ahora no se había dado cumplimiento. Y la evaluación realizada ha puesto de manifiesto que el impacto del plan ha sido muy limitado, porque dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el programa no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral; solo el 18 % obtuvo colocación por más de dos meses y menos del 1 % de los beneficiarios obtuvo un contrato indefinido. En cuanto a las acciones formativas, solo el 7 % de los beneficiarios atendió a las mismas, a pesar del escaso nivel educativo del colectivo. Por tanto, era necesario mejorar la eficacia del plan porque, además, el anterior plan no permitía distinguir a potenciales beneficiarios de otros que sí pasan por una situación de necesidad. Por ejemplo, el plan incluía a jóvenes que conviven con sus padres con independencia del nivel de renta o riqueza de estos. El plan debería ser mejorado en su eficacia y en su efectividad, precisamente para garantizar su objetivo, que no es el de ser una renta asistencial sino el de que sus beneficiarios encuentren empleo. Por ello, y dado el limitado éxito del plan, el Gobierno actual ha introducido una serie de mejoras para conseguir un triple objetivo: incrementar su eficacia como mecanismo de inserción en el mercado de trabajo, proteger a aquellos ciudadanos que se enfrentan a mayores necesidades y mejorar la eficiencia del programa en colaboración con las comunidades autónomas.

Señorías, desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando sobre todo a los colectivos más vulnerables. El objetivo que tienen todas las políticas del actual Gobierno es que las personas que hoy no tienen empleo puedan encontrarlo y para ello el Gobierno está trabajando con intensidad desde hace once meses. Está llevando a cabo una serie de reformas y está adoptando unas medidas que, recordemos, el anterior Gobierno fue incapaz de realizar en su momento. Medidas difíciles muchas de ellas pero necesarias para salir de la situación actual y sentar las bases de la recuperación económica, para crecer, para crear empleo, para atraer inversiones y para mejorar y mantener los servicios públicos. Todas las medidas que ha emprendido el actual Gobierno tienen como objetivo generar crecimiento y empleo. Señorías, este Gobierno ha prorrogado dos veces el plan y continuará prorrogándolo mientras se cumplan los objetivos del mismo.


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Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación instando al Gobierno a realizar un análisis de los resultados obtenidos por la aplicación del Plan Prepara para conocer la efectividad de la misma antes de proceder a la posible prórroga en el mes de febrero de 2013. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Al objeto de defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Concha Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: En primer lugar, quiero felicitar al grupo proponente por la oportunidad de esta iniciativa, sobre todo porque vemos que en la regulación hecha en los Presupuestos Generales del Estado -que en estos momentos se debaten en el Senado- expresamente se dice que tendrá como última prórroga hasta febrero de 2013; y no solamente eso, sino que establece una cuantía y una previsión económica muy limitada y hemos de tener en cuenta que estos créditos no tienen su carácter de ampliables. Por lo tanto, estimamos que es oportuna esta proposición no de ley que mi grupo, desde luego, va a apoyar. Este programa tiene un carácter excepcional y estoy completamente de acuerdo con el señor Picó en que aquí -como hemos demandado en reiteradas ocasiones- lo importante es hacer una estrategia de crecimiento del empleo, hacer un plan de choque contra el desempleo, mejorar las políticas activas de empleo y, desde luego, mantener este programa de carácter excepcional.

Desde nuestro grupo creemos importante el tema de la evaluación, tal y como lo plantea el Grupo Popular. Lo curioso es que hemos pedido en reiteradas ocasiones y por la vía del artículo 7 que el Gobierno nos trasladara la conclusión de esa evaluación. Todavía estamos esperándola. Por ello, proponemos -y esperamos que el Grupo Mixto pueda aceptarnos las enmiendas- una doble sugerencia. Por una parte, que esta excepcionalidad -hay que resaltar el carácter excepcional de este programa- se mantenga hasta que la tasa de desempleo alcance el 15 %. Fíjense que cuando se pone en funcionamiento este programa excepcional había una tasa del 21 % en el año 2011. Vamos ya por el 25 % y es previsible -según determinados organismos internacionales, no las previsiones del Gobierno- que el año próximo incluso lleguemos al 26 %. Por lo tanto, ligamos la excepcionalidad del programa a una reducción de la tasa de desempleo hasta el 15 %, para luego a continuación ver exactamente qué puede hacerse. Además, proponemos que se recupere el decreto-ley aprobado en 2011 por el Gobierno socialista, puesto que entendemos que debe mantenerse la protección y que este programa vaya dirigido no solamente a los colectivos a los que finalmente se les aplica después de la modificación realizada en el mes de agosto, sino también a los jóvenes. Resulta que los requerimientos establecidos por el real decreto-ley de que sean parados de larga duración los excluye porque requiere que tengan un año de prestación por desempleo y la inmensa mayoría de los jóvenes no llega al año de prestación por desempleo; por esa vía los excluye. Excluye también a los trabajadores eventuales y temporales y, además, excluye a todos los trabajadores parados de larga duración que han perdido, han terminado su prestación meses antes de la vigencia del decreto actual. En este sentido, planteamos esa doble modificación, es decir, que se mantenga hasta que la tasa de desempleo esté en el 15 % y que se recuperen los colectivos excluidos por el real decreto-ley que adoptó el Gobierno en el mes de agosto.

El señor PRESIDENTE: En la intervención de grupos tiene la palabra, por Unión Progreso y Democracia, su portavoz el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: La situación de nuestro mercado laboral -como saben sus señorías- no es mala, es dramática. En los datos de la última EPA nos encontramos con 5.800.000 de parados, una tasa de paro del 25 %, que en algunas comunidades es del 35 %, y una tasa de cobertura que está cayendo y que está en el 66 %. Hay ya 2 millones de trabajadores sin ninguna cobertura. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Anchuelo. Rogaría, a efectos de que se pueda seguir adecuadamente la intervención del diputado, que se hablara más bajo o que si van a transaccionar algo salieran fuera y luego volvieran a entrar en la Comisión. Adelante.

El señor ANCHUELO CREGO: Como decía, esta es la dramática situación de nuestro mercado de trabajo. Por mucho que el Gobierno se empeñe, las perspectivas inmediatas son de empeoramiento; la OCDE hace un par de días nos señalaba que llegaremos a los 6 millones de parados. Por eso, resultan


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incomprensibles y un error tanto económico como social las reiteradas medidas que el Gobierno ha tomado para reducir la protección de los parados. Es como si a un enfermo que está empeorando se le retirase la asistencia.

No tengo tiempo en estos minutos para hacer una breve relación de todas las medidas que se han tomado en esta dirección pero, por citar algunas, las políticas activas se han recortado en los dos presupuestos del Partido Popular en más de un 50 %; se han recortado las prestaciones a partir del séptimo mes; se ha endurecido el acceso a los subsidios y la renta activa de inserción, y en los últimos presupuestos se recorta el gasto en prestaciones y subsidios un 6,3 %. En este contexto hay que enmarcar la reforma del Plan Prepara. Efectivamente, muchos partidos votamos en contra no de que se renovase sino de que se endureciese. Se endureció el acceso especialmente a los jóvenes y se desveló una situación dramática también de este programa en la que el 93 % de las acciones de formación consistía en dar cursillos de tres horas sobre cómo hacer un currículum y en la que menos de un 1 % lograba un contrato indefinido. No entendemos la lógica del Partido Popular, que cuando hay un programa que funciona mal deduce que tiene que recortar los recursos; es decir, como gastando no funciona, vamos a gastar menos y funcionará mejor. Es una lógica realmente incomprensible.

Nosotros no somos partidarios del Plan Prepara en el sentido de que proponemos otras alternativas -la reforma laboral con el contrato único, la mejora de las rentas mínimas de inserción-, pero hasta que esas propuestas se acepten, en el contexto actual, dado que el Plan Prepara es lo que hay, creemos que debería tener un carácter estable, que resulta indignante que se renueve cada seis meses como una dádiva del Gobierno que generosamente decide prorrogarlo. Debería ser un programa estable y, por tanto, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo Mixto. Estamos hablando de un programa que tiene un coste de 300 millones de euros, cantidad apreciable pero desde luego insignificante comparada con las decenas de miles de millones de euros que el Gobierno sí encuentra para rescatar a las cajas de ahorros.

El señor PRESIDENTE: Antes de la votación se nos informará de si se llega a una transacción sobre todo respecto a la oferta que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho al Grupo Mixto y los términos obviamente de la misma.

- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD EN EXTREMADURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161000989).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que se refiere a la puesta en marcha de un plan de activación del empleo y la empleabilidad en Extremadura, cuya autoría es del Grupo Parlamentario Socialista. A efectos de su defensa, tiene la palabra doña Pilar Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Señorías, defiendo hoy aquí una proposición no de ley a iniciativa de los cuatro diputados socialistas extremeños en esta Cámara para volver a pedir al Gobierno que ponga en marcha un plan de activación para el empleo lo antes posible con una dotación de 25 millones de euros.

España tiene mercados laborales diversos; compartimos modelo productivo y compartimos cultura laboral pero cada comunidad autónoma tiene sus particularidades debido a multitud de factores. Algunos de ellos son consecuencia de decisiones políticas fruto de la organización centralista del Estado, que hicieron una España de dos velocidades y que se puede corroborar aún hoy día con diferencias, por ejemplo, de hasta 17 puntos en las tasas de desempleo entre unas comunidades y otras.

Señorías, el mercado laboral extremeño ha sufrido durante años la sangría producida por la emigración de los años sesenta y ha mantenido a lo largo de los años un importante diferencial en su tasa de desempleo con la media nacional. Es paradójico que el primer periodo de la crisis económica fuera el periodo en el que más se convergió con la media nacional, llegando a un diferencial de 2,5 puntos. Se puede decir que Extremadura resistía mejor la crisis económica que el resto de comunidades autónomas manteniéndose durante el periodo de 2008 a 2011 como la comunidad autónoma en la que menos se incrementaba el desempleo, donde el saldo de autónomos seguía siendo positivo, donde todos los parámetros macroeconómicos resistían mejor que el resto de comunidades autónomas. Si hay una comunidad autónoma en la que se visualice mejor lo que supone el cambio de las políticas públicas del Partido Socialista y de las políticas públicas del Partido Popular, esa es Extremadura, y le daré los datos porque son realmente escandalosos. Entre el segundo trimestre del año 2008 y el segundo trimestre del año 2011, cuando empezó la crisis y todavía gobernaba el Partido Socialista, se perdieron 35.300 ocupados


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en Extremadura; una situación dramática, como evaluamos desde el Partido Socialista con los agentes sociales y económicos, y una situación que, por otro lado, el Partido Popular utilizó incansablemente y sin rubor alguno como arma arrojadiza. Pues bien, señorías, en tan solo un año de gobierno del Partido Popular en la región la pérdida de la ocupación ha sido de 47.800 personas, ni más ni menos que el 52 % más en un solo año que en los tres años anteriores con la misma crisis económica que existía. De un diferencial con la media nacional sostenido durante esos tres años en valores entre 2 y 3 puntos de diferencia, llegamos a una situación actual de un diferencial de casi 9 puntos. La tasa de desempleo juvenil ha pasado de un preocupantísimo 45 % a un insostenible 65,6 %. Los ERE comunicados se han incrementado en un 153 %, pero los ERE extintivos se han incrementado en un 18 %. Estos son datos, ni más ni menos.

Podrán tratar de volver a culpabilizar puerilmente a la herencia recibida, pero me temo que en este caso no les va a valer, porque, señorías, el déficit de las comunidades autónomas en aquel momento cuando terminó el Gobierno socialista estaba en un 2,4 % y cuando llegó el Gobierno popular en seis meses simplemente se duplicó el déficit. Por lo tanto, en este momento, tampoco podemos echar mano de la herencia recibida. Si esta situación la aderezamos con un recorte de más del 58 % en políticas activas de empleo, con una modificación de los criterios de reparto de fondos en conferencia sectorial que perjudican gravemente a Extremadura, nos encontramos ante un panorama que nos retrotrae a hace cuarenta años. Deberían ser capaces de visualizar que no se puede crecer si no lo hacemos todos juntos y que para ello hay que apoyar a quienes más lo necesitan. Señorías, actualmente hay tres comunidades autónomas que superan el 30 % de la tasa de desempleo. Yo creo que deberían hacer algo para evitarlo.

Presentamos esta iniciativa porque creemos imprescindible aumentar la raquítica dotación para políticas activas de empleo. Extremadura ya tuvo un plan de empleo y les aseguro que fue muy bien utilizado por los extremeños y las extremeñas, desarrollando políticas de empleo que contribuían a la diversificación de nuestro modelo productivo, a generar espíritu emprendedor e innovación, dando oportunidades a quienes más lo necesitaban. No me vale la coletilla de hacer más con menos, porque lo que hay que hacer es mucho más de lo que se hace.

Ustedes reiteradamente seguro que me dirán que se gastó el dinero de políticas activas de empleo en empleo público, y yo creo que se equivocan con el concepto de empleo público cuando lo relacionamos con políticas activas de empleo. Los programas con los ayuntamientos han permitido varias cosas al mismo tiempo. Primero, facilitar una primera experiencia laboral a jóvenes y mujeres que nunca habían trabajado, formar y orientar a esos trabajadores para estar mejor preparados a la finalización de los contratos y por supuesto darles el acceso a tener ingresos con su propio trabajo en momentos de dificultad, porque las políticas de empleo contribuyen a la activación económica en estas condiciones.

Ustedes han presentado una enmienda que no nos sirve. No sirve porque no tiene dinero presupuestado y, obviamente, sin presupuesto no se puede ejercer el derecho individual a la formación, que es lo que ustedes dicen en su enmienda, entre otras cosas. Tampoco nos sirve porque nos hablan de evaluación, y acabamos de poner en evidencia -mi compañera lo ha hecho- que hacen evaluaciones desde el Gobierno que luego ni siquiera llegan a esta Cámara a petición vía artículo 7, y a nosotros nos gustaría poder contar con los mismos datos para evaluar las medidas. Tampoco nos sirve porque vuelven a instar un plan de emprendimiento, una estrategia de emprendimiento, a la cual se comprometieron ya hace un año, desde que están en el Gobierno; y también un plan de empleo juvenil, que también dijeron que llegaría en septiembre. La última vez que se aplazó dijo la ministra que iba a traerlo en septiembre, y estamos en los últimos días de noviembre y todavía no sabemos nada de ese plan de empleo juvenil. Por lo tanto, les pido que tengan en cuenta nuestra propuesta, pero en los términos en los que se ha presentado si quieren de verdad mostrar su compromiso real y factible con los extremeños y extremeñas, a los que su partido aquí y allí ha dejado totalmente abandonados a su suerte.

El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, sobre su proposición, como ya ha indicado en su intervención, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la diputada señora Vázquez.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda presentada a esta iniciativa sobre un plan de empleo para Extremadura. Comprendo la desilusión y la urgencia de esta iniciativa por parte de la señora Lucio, hasta el año pasado consejera de Empleo en la Comunidad de Extremadura. Comprendo la prisa del Partido Socialista con vídeos y proposiciones no de ley para pedir perdón. Considero que esta es una iniciativa más, conscientes de que


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el primer elemento a destacar es efectivamente la elevada población que se encuentra desempleada en Extremadura y el aumento de esta cifra en el periodo del Gobierno socialista, donde deben destacarse que las medidas de apoyo al empleo iban dirigidas a promover el empleo local, abandonando la consolidación del empleo privado y, por consiguiente, generando un empleo estacional y maquillador de las cifras reales del paro.

Cuando la señora Lucio entró como consejera en la Comunidad de Extremadura, en junio del año 2007, había 72.023 parados. Cuando ha abandonado el Gobierno había 117.116, es decir, 40.000 parados más, gracias a su gestión durante cuatro años. El señor Fernández Vara prometió 60.000 nuevos empleos para Extremadura y acabó destruyendo 60.000. Entiendo que estos son datos, que es herencia, pero es la suya, no es la nuestra, que llevamos escasamente un año. Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno y el nombramiento de los nuevos responsables de Sexpe, estos se encontraron con la imposibilidad técnica de acometer la resolución de los expedientes de ayudas vinculados a las políticas activas de empleo por falta de adaptación de la normativa a la nueva Ley 6/2011, de subvenciones, en la que usted era la consejera. Esta ley entraba en vigor el día 30 de junio y, por consiguiente, el primer reto acometido fue elaborar nuevos decretos de adaptación y resolver y liberar las ayudas vinculadas a las políticas activas de empleo. Estas últimas ayudas, que afectaban a los antiguos trabajadores de Sintel, llevaban paralizadas dos años por defectos de tramitación en el anterior Gobierno de Fernández Vara. Por tanto, cuando dice usted en su última fase: compromiso real y factible con los extremeños y abandonados a su suerte, creo que tiene usted que memorizar lo que han hecho a lo largo de estos años.

Por otra parte, el segundo gran reto del Gobierno del Partido Popular cuando llegó a Extremadura fue elaborar los nuevos presupuestos para 2012, teniendo en cuenta la desastrosa gestión de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo, que originó la pérdida de financiación por sobreejecución de estos recursos en más de 30 millones de euros. Se pierden 30 millones y ustedes ahora piden 25. En el marco del Plan de acción integral de empleo, emprendedores y empresa, por el Gobierno de Extremadura se sigue apoyando a los agentes sociales y económicos más representativos. Para eso se ha diseñado el programa extraordinario de parados de larga duración. Por otra parte, se está ayudando a los centros especiales de empleo, a los parados de las entidades locales de larga duración. Se está dotando de ayudas directas e inmediatas a las nuevas contrataciones y a las altas como autónomos. Podemos hablar de números, señoría. Para financiar todas estas actuaciones, además de los fondos propios que pueda aportar la comunidad autónoma, para este año 2012 por distribución territorial, mediante orden del ministerio, le corresponde a Extremadura 46.751.620 euros para la ejecución de las acciones y medidas incluidas en los distintos ámbitos de políticas activas de empleo. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura aprueba el programa de fomento de empleo agrario. Los fondos asignados a Extremadura para la ejecución de este programa -del que solo se benefician dos comunidades autónomas- en el año 2012 ascienden a más de 39 millones de euros. La disposición adicional quinta de la Ley 2/2012, de Presupuestos del Estado, ha aprobado una aportación financiera del Servicio Público de Empleo a la financiación del Plan integral de empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura por valor de 4 millones de euros. Asimismo, en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 se contempla una asignación de otros 4 millones de euros. En consecuencia, aun en el contexto actual de necesidad de ajuste de las finanzas públicas y de contención del gasto, la Comunidad de Extremadura es, junto con la de Canarias, una de las dos únicas que reciben fondos adicionales para el desarrollo de un plan específico de empleo y, junto con la de Andalucía, una de las que reciben fondos para el programa específico de fomento de empleo agrario, reforzándose con ello la financiación que se le transfiere vía conferencia sectorial y que se dirige a todas las comunidades autónomas. Pues bien, señoría, le hemos presentado una enmienda que de alguna manera enriquece el texto presentado por ustedes, pero inmediatamente han dicho que iban a votar en contra y que no iban a tenerla en consideración. Yo comprendo que no la tengan en consideración porque si no sería el texto del Partido Popular y hoy lo que tienen que traer aquí es la ineficacia del Gobierno socialista en Extremadura y entonar el mea culpa con esta proposición no de ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: No entendemos la lógica de la propuesta del Grupo Socialista, porque se nos solicita que pongamos en marcha un programa estatal dirigido solo a una comunidad autónoma, Extremadura. La única justificación podría estar en la especial tasa de desempleo que hay en esta


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comunidad, pero entonces no se entiende por qué no se piden programas similares para otras comunidades como Andalucía y Canarias, en situaciones igualmente dramáticas. La única lógica que se nos ocurría de la propuesta era el color político de quien gobernaba en un sitio o en otro, y esa sospecha se ha convertido en certeza después de escuchar el ilustrativo debate que ha mantenido con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular; por eso no vamos a apoyar esta propuesta.

Como dije en intervenciones anteriores, no hay que entender este no apoyo a la propuesta como insensibilidad al problema de los parados extremeños ni como una actitud de que creamos que no hay que hacer nada para combatir dicho problema, pero como en dos intervenciones anteriores -en la proposición del Grupo Parlamentario Mixto y en la anterior enmienda del Grupo Socialista- he explicado ya cuáles son nuestras propuestas alternativas y he intentado explicar también nuestra especial sensibilidad en este problema, no voy a reiterarlo por falta de tiempo y para no resultar pesado a sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a las votaciones.

Sometemos a votación de la Comisión la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, de la cual hay una enmienda transaccional. El señor letrado va a leer la enmienda transaccional para conocimiento de todos, para que conste en el "Diario de Sesiones" y para que luego podamos votar en consecuencia. Adelante, señor letrado.

El señor LETRADO: El texto resultante para dicha proposición no de ley sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la redacción del plan de responsabilidad social y empresarial, RSE, para su aprobación antes de finalizar el primer periodo de sesiones de 2013. Dicho plan habrá de cumplir las siguientes condiciones: que responda a la estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014, sobre responsabilidad social de las empresas, RSE, establecida en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de octubre de 2011; que fomente la responsabilidad social de las empresas, vinculada al crecimiento y la competitividad, donde transparencia, innovación, eficiencia, sostenibilidad y fomento de la cohesión social sean signos distintivos, con especial atención a su desarrollo en las pequeñas y medianas empresas; que mejore la visibilidad de la responsabilidad social empresarial y la difusión de buenas prácticas favoreciendo su reconocimiento público; que fomente la transparencia de aspectos no financieros, ambientales, sociales y de buen gobierno en las empresas y organizaciones conforme a estándares reconocidos nacional e internacionalmente; que promueva la RSE en la Administración pública y dentro de las empresas públicas, teniendo en cuenta la actividad y dimensión de la misma e incorporando la responsabilidad social empresarial en los criterios de compra pública; que incremente el conocimiento de la responsabilidad social empresarial incorporándola en la formación secundaria y universitaria en consonancia con el fomento de la cultura emprendedora, así como la investigación sobre sus impactos en la competitividad de las empresas. A tal fin, el Gobierno continuará con el diálogo abierto en el ámbito del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, en relación con el plan de responsabilidad social.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, a la votación.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

El siguiente punto que sometemos a votación es la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre subsidio de desempleo agrario, que cuenta con una autoenmienda; es decir, el texto original no es el que se somete a votación, sino que contempla la autoenmienda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La siguiente votación se refiere a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que es en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Pasamos a votar la iniciativa del Grupo Mixto, que cuenta con una transaccional de la cual, si es tan amable, el señor letrado nos va a dar lectura ahora mismo.

El señor LETRADO: El texto resultante sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a partir del 16 de febrero de 2013 prorrogue el programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15 % incluyendo a aquellas personas excluidas en el Real Decreto-ley 23/2002, de 24 de agosto.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votarla.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, sometemos a votación la proposición no de ley que en tal lugar figura del Grupo Parlamentario Socialista, que se vota en los propios términos de la iniciativa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y quince minutos de la tarde.

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