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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 198, de 24/10/2012
cve: DSCD-10-CO-198
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 198
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles
24 de octubre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre reconocimiento a don Antonio Vicente Mosquete, primer presidente del consejo general de la ONCE. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000940) ... (Página2)

- Sobre recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000650) ... (Página5)

- Sobre la estrategia integral para personas con discapacidad en el medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000665) ... (Página8)

- Para garantizar de manera efectiva el cumplimiento de las normas en materia de accesibilidad a los colegios electorales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000720) ... (Página12)

- Relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000902) ... (Página15)


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- Sobre modificación del reglamento general de conductores en relación con la incapacidad potencial para conducir de las personas que padecen esclerosis múltiple o lesiones medulares. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000928) ... (Página20)

- Sobre apoyo a la conmemoración del día mundial del Alzheimer y a una política integral de Alzheimer. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000935) ... (Página24)

- Para la adecuación de las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000961) ... (Página27)

Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE RECONOCIMIENTO A DON ANTONIO VICENTE MOSQUETE, PRIMER PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ONCE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000940).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos la sesión de esta Comisión.

En primer lugar, como ya hemos acordado, vamos a debatir la proposición no de ley sobre reconocimiento a don Antonio Vicente Mosquete, primer presidente del Consejo General de la ONCE, iniciativa del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra doña Ascensión de las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta, también a la Mesa por permitir que esta proposición no de ley cambie su orden y se debata en primer lugar.

Nos encontramos hoy ante una proposición no de ley de La Izquierda Plural para pedir el reconocimiento de una figura determinante dentro del mundo de la discapacidad y especialmente en la organización de la que fue el primer presidente democrático: la ONCE. Creemos que después de veinticinco años de su muerte, que tuvo lugar en 1987 -se cumplieron el pasado 3 de junio- podemos hacer una valoración objetiva de su labor y un reconocimiento personal que tiene que estar desde nuestro punto de vista exento de todo partidismo y de toda subjetividad ideológica. Don Antonio Vicente Mosquete fue como digo el primer presidente democrático de la ONCE. La ONCE, fundada como tal en 1938, en plena Guerra Civil, recogió a las diferentes asociaciones y organizaciones de ciegos de este país para evitar que estuvieran en la mendicidad y en la miseria, pero no fue hasta 1982, cuando fue elegido don Antonio Vicente Mosquete, cuando la ONCE toma el impulso, la relevancia y la democracia interna gracias precisamente a la labor encomiable de esta figura determinante. Su biografía se publicó con motivo de esta efeméride, de su muerte, a iniciativa de su familia y de sus amigos más cercanos, pero su libro, Antonio Vicente Mosquete: La ONCE que pudo ser, está escrito por dos jóvenes redactores de Radio Nacional y un periodista también invidente, absolutamente al margen, fuera de los hechos históricos porque evidentemente ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron.

El reconocimiento a su 25.º aniversario en sede parlamentaria es apropiado porque su personalidad tiene la sobriedad suficiente y también por su alto nivel social y cívico. Creemos que para don Antonio Vicente Mosquete hubiera sido muy de su agrado, porque él creía firmemente en la democracia y lo expresó dentro de su propio colectivo, en el colectivo de ciegos. Trabajó de manera incansable por la integración de todas las personas con discapacidad y especialmente por los ciegos, pero además le honra también el hecho de ser el primer ciego que aprobó su oposición en el Inserso, siendo además el número uno de su promoción. Estamos hablando de unos años en los que no había cupo para discapacidad. El día 13 de diciembre, fecha cercana que elegimos en nuestra proposición no de ley para su conmemoración, precisamente es el día en el que se celebra el aniversario de la ONCE. A nuestro juicio ha hecho mucho


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por las personas ciegas de este país y por eso es un objetivo fundamental desde La Izquierda Plural que se lleve a cabo.

El hecho de que pidamos también la creación de un premio con su nombre sintetiza una función social de la importancia que supone el trabajo que hizo don Antonio Vicente Mosquete, que esperamos que en la actualidad y también de manera futura sea una meta que se pueda alcanzar dentro de toda nuestra sociedad, así como también dentro de la propia asociación de la ONCE. Pensamos que a don Antonio Vicente Mosquete se le ha olvidado de una manera injusta y recuperar esta figura nos parece fundamental.

Respecto a la creación de una comisión de trabajo proponemos que se pueda justificar el doble hecho de que vamos a hacer un acto en su memoria y también con la intención de mejorar en el presente y en el futuro. Tenemos responsabilidades dentro de la institución, es una institución estratégica en la vida social española, tanto por su volumen económico y social como por su valor en los procesos de inclusión social de los invidentes y por la vía de solidaridad que abre a las demás personas con discapacidad.

También es necesario que seamos coherentes con el doble principio de la autonomía organizativa de las entidades y el control público, siempre dentro del respeto que debemos tener hacia ellas. Ese equilibrio, desde nuestro punto de vista, no siempre ha funcionado y por eso lo pedimos aquí para que se puedan garantizar los servicios sociales de las organizaciones bajo la tutela efectiva del Estado. Para Izquierda Unida es democrático y útil trabajar en esta línea y entendemos que nadie debe verlo como un obstáculo ni como una presión, sino como una cooperación transparente que retroalimente la actividad por la que esta Comisión -estamos seguros- y también la ONCE trabajan, que es por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Por último, queremos dejar muy claro que esta proposición no de ley no se presenta con ánimo de ir contra nadie en absoluto, sino para hacer justicia a la memoria de una persona determinante en la historia de la discapacidad de este país, a un líder social al que por diversas circunstancias -como decía antes y repito- creemos que se le ha dejado injustamente en el olvido.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Francisco Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Efectivamente, hemos presentado una enmienda, pero ya anuncio que vamos a hacerla decaer debido al argumento implícito que pretendíamos utilizar. Por tanto, vamos a dejarla caer y no vamos a aceptar la proposición no de ley tal y como está formulada. No sé si debo continuar en el uso de la palabra o seguimos el procedimiento habitual.

La señora PRESIDENTA: Procedemos entonces al turno de fijación de posiciones y damos por hechas las manifestaciones de don Francisco Vañó.

En el turno de fijación de posiciones, don Xabier Errekondo me había anunciado que no iba a intervenir y por tanto pasamos al Grupo de UPyD, en nombre del cual tiene la palabra don Antonio Cantó para fijar posición.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos la propuesta de la que se acaba de hablar. El presidente don Antonio Vicente Mosquete, junto con su director general Miguel Durán, revolucionaron la ONCE desde sus primeras elecciones en aquel organismo en 1982 y quiero destacar que desde que en 1984 comenzó el sorteo nacional de la venta de cupones esta aumentó un 300%. Fue además la persona que introdujo la democratización en la ONCE, así que no podemos más que estar de acuerdo con esta propuesta.

La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posición, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Concepción Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: No voy a intervenir.

La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual tiene la palabra doña Isabel Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Quiero aprovechar esta intervención para marcar nuestra posición en relación con esta PNL presentada por La Izquierda Plural y para poner de manifiesto nuestro reconocimiento, el del Grupo Parlamentario Socialista, a la trayectoria y a la memoria de don Antonio


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Vicente Mosquete. Valoramos positivamente su trayectoria social, su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas invidentes y de las personas con discapacidad en general y desde luego valoramos lo que la historia objetivamente le reconoce, que es un papel muy destacado en la ONCE, donde fue elegido, como ya se ha dicho, presidente en las primeras elecciones democráticas y donde desarrolló, creemos, una labor muy importante de modernización de la entidad en lo que se refiere sobre todo a los procesos de democratización y de participación de la misma y también nos parece destacable la mejora en las relaciones laborales de sus trabajadores.

Tengo que manifestarles que no comprendemos del todo el encaje de esta proposición no de ley, considerando que tiene las mejores intenciones por parte del Grupo de La Izquierda Plural y de la diputada que la ha defendido. Quiero señalar concretamente que nos sorprende esta proposición no de ley que pretende rendir homenaje a una persona perteneciente a una organización social sin que la misma haya solicitado nada al respecto. Consideramos que este tipo de reconocimientos no forman parte de la cultura institucional de la ONCE, cuyos logros y avances siempre desde la propia organización se han considerado como colectivos, como de dirección colegiada y como de responsabilidades compartidas. Incluso consideramos que haciendo este tipo de reconocimientos quizá podríamos estar cuestionando o relegando a otras personas que también han participado, han dedicado tiempo a la organización y lo han hecho con trabajo, con pasión y con ilusión. No creemos que en caso de no aprobarse esta PNL estuviéramos teniendo una actitud discriminatoria o de peor trato para la memoria del expresidente don Antonio Vicente Mosquete, porque en el seno de la ONCE no se han llevado a cabo reconocimientos de este tipo a favor de otros altos dirigentes.

En segundo lugar, respecto al planteamiento de esta proposición no de ley de crear unos premios para la integración social de las personas con discapacidad que lleven su nombre, consideramos que ya existen muchos premios, que está bien premiar y reconocer el trabajo de las personas que participan y que defienden estas tareas -hay ya algunos premios en el seno del ministerio y de otras instituciones-, pero al tratarse de un premio para toda la discapacidad, entendemos que tendríamos que, al menos, escuchar al sector y considerar la opinión del Cermi.

Por último, en relación con el tercer punto de esta proposición no de ley, al amparo de esta iniciativa in memoriam del señor expresidente, crear esta comisión de trabajo parece que pueda responder a cuestiones internas, como señalaba incluso la portavoz de La Izquierda Plural, quizás a problemas de relaciones políticas o sindicales en el propio seno de la ONCE, dentro del funcionamiento interno de la organización. Es una comisión de trabajo que, desde nuestra perspectiva, no solo tiene la finalidad de estudio, de analizar la trayectoria de la ONCE durante estos veinticinco años, el legado histórico que dejó el expresidente, sino que también interfiere o llega a la organización interna, a sus mecanismos de elección y a su regulación, y entonces nos parece que puede existir una intromisión externa en el seno de la organización. A nuestro juicio, quizá podría dañar la imagen de don Antonio Vicente Mosquete porque con esta iniciativa se estén alentando otro tipo de intereses.

En cualquier caso termino como empezaba, reconociendo la labor y la historia de don Antonio Vicente Mosquete y el trabajo y la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: En primer lugar, vaya por delante el reconocimiento tanto personal, porque le conocí, como de mi grupo a la figura de don Antonio Vicente Mosquete, que efectivamente fue uno de los pilares básicos en la organización de la ONCE. Por tanto quiero que quede constancia de la admiración y del reconocimiento de ese compromiso y de su figura.

Por otro lado, y ahí coincido con la anterior interviniente, llama la atención, y es de justicia decirlo, que si una organización no pide, no hace una alusión ni tan siquiera una demanda de reconocimiento, creo que no somos nosotros, la institución legislativa, los que tenemos que encargarnos de estas funciones. Nuestra labor legislativa correría riesgos estableciendo a quién premiamos y a quién no, porque puede dejar fuera a personas con los mimos motivos. Que conste que no se trata de un menosprecio a la figura y a la labor de don Antonio Vicente Mosquete. Por tanto, previamente a un reconocimiento, debería haber habido quizás una solicitud por parte de la organización que él tanto defendió y por la que tanto hizo.

Nos consta también, tal como ha dicho mi predecesora, que la ONCE no tiene costumbre porque es una organización colegiada, una organización en la que todos trabajan en una misma dirección. Creo que hay una coincidencia bastante clara y que su mecanismo democrático interno funciona muy bien. Por


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tanto, no tiene sentido algo que no es costumbre en su casa ni meternos nosotros en ella para decidir lo que tienen que hacer. No es costumbre que haya una cultura institucional en el sentido de reconocimientos para personas concretas. Me consta que ha habido varios presidentes ya, he conocido a varios y en consecuencia apoyar a uno sería quizás un menosprecio hacia los demás. Insisto, no se trata de restarle valor a la figura de don Antonio Vicente Mosquete.

La ONCE lo ha demostrado, es una organización que ha funcionado muy bien, como ha dicho la proponente de la iniciativa, desde la guerra, que fue cuando se fundó, y últimamente ha tenido una labor encomiable con un reconocimiento por parte de todos, porque, a raíz de la creación de su fundación, el trabajo que hacía para sus afiliados lo extendió a todo el sector de la discapacidad, sobre todo a través de su fundación, con asuntos de empleo y accesibilidad fundamentalmente, y eso ha redundado en un beneficio muy importante para todo el sector, en un reconocimiento social en el que tiene mucho que ver la ONCE. En consecuencia, es toda la organización, no se trata de una persona, sino de un grupo de gente muy grande y muy importante que ha trabajado en una dirección con muy buenos equipos. Creo que nadie hace por sí solo una labor tan grande si no es con un buen equipo. En nombre de mi grupo no creemos que personalizar sea la forma más adecuada para evitar subestimar a otras personas de la misma organización.

En cuanto a los premios, la ONCE -la Organización Nacional de Ciegos Españoles- es muy importante, pero está dentro de una estructura mayor que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi. Como todo el mundo sabe, el Cermi tiene entrada en todos los ámbitos, tiene reconocimiento y se le escucha, se le atiende y se le tiene muy en cuenta. Creemos que debería ser una organización como el Cermi, que representa a más de siete mil asociaciones de personas con discapacidad, la que propusiera la iniciativa, que debería partir si no de la ONCE, de ellos. Así pues, no consideramos oportuno meternos en terrenos que no nos competen. Por otro lado, si tuviese que participar el Estado, se considera inoportuno económicamente el establecimiento ahora de la dotación para un premio, aunque esto sería secundario.

Por último, la tercera solicitud de la proposición no de ley es que se cree una comisión de trabajo para analizar la trayectoria que durante los últimos veinticinco años ha tenido la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No creemos necesaria la creación de esta comisión de trabajo porque está establecido ya un consejo del protectorado de la ONCE en el cual participan varios ministerios y donde hay un seguimiento. No tiene sentido hacer más grupos de trabajo, porque es de dicho consejo de donde debe surgir si hay que modificar la línea de actuación o tener algún otro tipo de actividad. En este sentido, como somos conscientes de que no debemos inmiscuirnos, después de haber presentado la enmienda hemos querido ser consecuentes con este argumentario y la hemos retirado. Creemos que no es el Legislativo el ámbito desde el que deba promoverse este tipo de reconocimientos o de premios y vamos a votar en contra. Reconocemos el valor y expresamos nuestra admiración hacia don Antonio Vicente Mosquete, pero creemos que la admiración y el valor corresponden a toda la organización, al frente de la cual estuvo una temporada este señor, pero hay otros muchos que también tienen el mismo derecho. Por eso vamos a votar en contra. (Aplausos.)

- SOBRE RECUPERACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTATALES DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000650).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que figura como primer punto del orden del día, sobre recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad. Es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra en nombre de este grupo don Xabier Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Es una proposición no de ley presentada por el Partido de Esquerra Republicana, del Grupo Mixto. No está presentada por Amaiur, aunque yo estoy aquí, y simplemente la doy por defendida tal cual se ha presentado y se ha publicado en el boletín.

La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley y por tanto pasamos al turno de fijación de posiciones. Interviene en primer lugar don Antonio Cantó, por el Grupo Parlamentario de UPyD.


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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Efectivamente, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha supuesto un retroceso en nuestra opinión en las condiciones de contratación de las personas con discapacidad. Si bien estamos de acuerdo en esto, nos parece que solicitar únicamente su derogación es insuficiente por varios motivos, en primer lugar, porque creemos que existe una política por parte del Gobierno del Partido Popular errática y afrontada con poca seriedad en relación con los colectivos vulnerables a los que afecta. En ese sentido, pediríamos al Gobierno que pusiera en marcha cuanto antes su anunciado nuevo marco legal de promoción laboral en estrecha colaboración con sus representantes y con los ministerios competentes, como anunció recientemente la ministra señora Mato en el Senado con motivo del 15.º aniversario del Cermi.

En segundo lugar, nos parece que es insuficiente pedir simplemente la derogación del real decreto porque hace falta mucho más. El pasado mes de agosto el Cermi denunció una caída en la contratación de personas con discapacidad sufrida en los siete primeros meses del año 2012. Según los datos dados a conocer por el Observatorio estatal de la discapacidad, que son especialmente graves en la contratación indefinida, se habla de una reducción superior al 20% en comparación con el mismo periodo de 2011. Las razones para esta caída hay que buscarlas desde luego en la situación general de la economía española, que está instalada en una prolongada recesión, de la que se resiente especialmente el empleo con tasas de paro intolerables. Pero en el caso de las personas con discapacidad un factor que contribuye a esta negativa tendencia es la debilitación de las políticas activas de empleo que han traído los severos recortes aplicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a estas partidas en el año 2012. Se le pedía al Gobierno que reforzara fondos destinados a la generación de empleo en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, pero estudiando el proyecto de ley de presupuestos generales presentado por el Gobierno vemos que las políticas activas de empleo caen un 34,6%. Además, respecto a los centros especiales de empleo, el pasado mes de marzo nosotros ya hablábamos de la confusión que se ha generado en cuanto a todo lo que se ha ido legislando. En 2009, artículo 8 de la Ley 27/2009, respecto del coste salarial se hablaba de las famosas subvenciones, que pasaron del 50% al 75% del salario mínimo; en febrero de 2011 el PSOE deroga subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo; en noviembre de 2011 se aprueba la estrategia española de empleo al aplicarse de nuevo una subvención del 50%, y ahora, finalmente, para mayor confusión todavía, se derogan todas las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad que fueron aprobadas en aquel Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre. La consecuencia de todo esto es que se vuelve al nivel de ayudas a las empresas ordinarias y los centros especiales de empleo de antes de dicha estrategia, que en muchos casos eran inferiores a las nuevas cuantías que entraron en vigor en noviembre del año pasado. Estamos de acuerdo con la proposición que se hace hoy aquí, pero nos gustaría traer un poquito de claridad sobre en qué punto estamos ahora, si se va a afrontar o no realmente una regulación seria y estable de los centros especial de empleo, tan vitales para las personas con discapacidad. De eso nos hubiese gustado hablar también.

La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Ascensión de las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: La Izquierda Plural va a apoyar esta proposición no de ley de Esquerra; incluso creemos que Izquierda Unida debería haberla presentado. Estamos exactamente en la misma línea; creemos que el Real Decreto 3/2012, en su disposición undécima, acaba total y absolutamente con la estrategia española de empleo 2012-2014 y que los recortes que estamos sufriendo -ya del 80% en transferencias para políticas activas de empleo, lo que afecta directamente a los centros especiales de empleo y a los contratos para las personas con discapacidad- dejan en el olvido más absoluto la necesidad de la integración de todas las personas con diferentes capacidades a través del empleo.

Por tanto, sí estamos de acuerdo; apoyamos y votaremos a favor de esta proposición no de ley.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para fijación de posiciones, tiene la palabra doña Guadalupe Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere trasladarle la más sincera felicitación a la señora Jordà por presentar esta proposición no de ley en esta Comisión. Nos parece una propuesta oportuna, acertada y del máximo interés en el momento en el que estamos.


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Nuestro trabajo en estas semanas se centra en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Entre ayer y hoy se han estado debatiendo las enmiendas a la totalidad de un proyecto que entendemos que es injusto, insolidario y desde luego asocial. Utilizo estos objetivos siendo consciente de la trascendencia que tendrán estos presupuestos sobre un colectivo ya muy damnificado por la crisis, pero lo decimos con cierto grado de indignación porque no deja de ser una incongruencia que los presupuestos más sociales de la historia de la democracia según el señor Montoro nos traigan unos recortes insultantes en las partidas de atención y apoyo a las personas con discapacidad, un recorte de 579 millones en atención a la dependencia de 2011 a 2013 y un recorte muy significativo en las partidas que apoyan el funcionamiento de los centros ocupacionales y los centros especiales de empleo. Con este panorama se hace muy difícil trabajar por la integración social y laboral de las personas con capacidades diferentes.

Es mucha la normativa que se ha ido aprobando en nuestro país en los últimos años. La estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad aprobada en 2008 ha sido el marco que aprobamos entre todos, y quiero insistir en todos porque en la elaboración de esta estrategia colaboraron el Gobierno, los agentes sociales, las comunidades autónomas y, por supuesto, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familiares, representadas por el Cermi. El principal objetivo de la estrategia era promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad e integración laboral a un colectivo que representa el 8,6% de la población entre dieciséis y sesenta y cuatro años y solamente el 4,1% del total de ocupados. Seguro que todos recuerdan estos datos, recogidos en la estrategia. El Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, aprobó la estrategia española de empleo 2012-2014, en la que se establecía un conjunto de medidas estatales de inserción laboral para las personas con discapacidad. Luego llegó, como un auténtico mazazo, el Real Decreto 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral, con lo que se anuló todo lo anterior. Con esto hemos dado pasos de gigante retrocediendo en el tiempo, pero sobre todo retrocediendo en el apoyo a la normalización laboral de las personas con discapacidad.

Voy a tirar un poco de memoria. El 4 de junio de 2008, el señor Vañó, en una pregunta oral en el Pleno, señaló que el número de las personas con discapacidad en España era de los mayores de Europa, estando en el penúltimo lugar de la Unión Europea en cuanto a empleo de este colectivo, siendo la tasa de desempleo de estas personas tres veces superior a la de los restantes ciudadanos. En efecto, solo una de cada diez personas con discapacidad tenía un empleo estable y de 1.300.000 personas en edad laboral el nivel de inactividad alcanzaba entonces el 70%. Recordaba el compromiso adquirido en 2004 de establecer un tercer plan de empleo para las personas con discapacidad y que no había visto la luz. Y vio la luz, señor Vañó, pero ahora la luz se ha apagado. ¿Sabe ahora las cifras de paro de las personas con discapacidad? Recomendamos a todo el Grupo Popular que las revise. También le pido que no pierda el sentido reivindicativo de sus intervenciones, como hasta ahora.

No vale hablar de la herencia recibida. La herencia ha sido una red de centros y servicios para las personas con discapacidad que ustedes van cerrando por los recortes que aplican. ¿Saben cuántos centros especiales de empleo han cerrado en el último año? Posiblemente estos datos a ustedes se los pueda dar el ministerio -que acude poco a este Parlamento a dar explicaciones- porque a nosotros no nos da las cifras, aunque se las preguntaremos todas las veces que sean necesarias.

¿Cuántas enmiendas van a presentar para que los presupuestos den cobertura a los programas de fomento del empleo para las personas con discapacidad? ¿Van a presentar alguna? Porque este es el momento de hacerlo.

Nuestro grupo dará el voto favorable a la proposición no de ley, sin dudarlo, y pedimos a todos los grupos su apoyo a esta propuesta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Alfonso Candón.

El señor CANDÓN ADÁN: Antes de entrar en el fondo de la proposición no de ley, quiero recordar que una de las apuestas de la política social del Gobierno es la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral en igualdad real de oportunidades que el resto de los ciudadanos. En este sentido, como bien ha apuntado el señor Cantó, el Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo marco legal de promoción laboral para personas con discapacidad, en colaboración con las asociaciones más representativas y los ministerios competentes.

En relación con el asunto específico de la proposición no de ley presentada por su grupo para la recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad contenidas en el anexo del Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprobó la estrategia española de empleo 2012-2014, y la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012, de 10


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de febrero, hay que decir que el contenido de esta última, el que se pretende derogar, fue eliminado de la Ley 3/2012, de 6 de julio, como resultado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Por su parte, la disposición final duodécima de esta Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, establece que las acciones y medidas de políticas activas de empleo de las normas que se relacionan en dicha disposición tienen el carácter de medidas estatales a efectos de su aplicación por parte de las comunidades autónomas y que estas también, en el ejercicio de su competencia y con cargo a sus fondos propios, pueden contemplar estas cuantías, así como el Servicio Público de Empleo Estatal en sus respectivos ámbitos competenciales, todo ello en el marco de la estrategia española de empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, y respecto de los ámbitos de políticas activas de empleo contemplados en dicha estrategia.

El punto tercero de la disposición final antes citada establece lo siguiente: El Gobierno, a lo largo de la presente legislatura, regulará un nuevo marco legal de medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado. Transitoriamente, las acciones y medidas que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas en relación con las políticas activas de empleo dirigidas a los discapacitados deberán respetar los contenidos comunes recogidos en las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad previstas en la estrategia española de empleo 2012-2014, aprobada por este Real Decreto 1542/2011.

El Gobierno del Partido Popular en esta X Legislatura ha adquirido compromisos en materia de discapacidad que pretenden desarrollar una verdadera estrategia donde la discapacidad pase a estar presente en todos los ámbitos de decisión. Prueba de ello es la elaboración de una futura ley general de discapacidad que armonizará toda la regulación anterior en la materia: La Lismi, la Ley de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal y la Ley de Infracciones y Sanciones, o iniciativas de inserción laboral como la reserva del 7% de las plazas de formación sanitaria especializadas, MIR, etcétera, para personas con discapacidad. Estas medidas muestran el especial interés que suscitan las personas con discapacidad para el Gobierno de la nación. Mi grupo parlamentario respalda y comparte este interés. Creemos que es necesario romper la barrera existente para que estas personas tengan los máximos beneficios sociales para el acceso al mercado laboral y a un empleo de calidad.

Por último, quiero concluir mi intervención apelando al trabajo, al esfuerzo, al compromiso y, sobre todo, a la voluntad política, que sí que la hay -y en esto hago referencia a la señora ponente del PSOE-, para construir entre todos una sociedad más justa y solidaria. La lucha por el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad debe ser el principio rector de las políticas adoptadas en esta Cámara y no aquel que corresponde a intereses partidistas y oportunistas.

Y sí, es verdad que hay que recordar la herencia recibida, claro que hay que recordarla y hacer una seria reflexión en la Cámara, sobre todo el Grupo Socialista, pero debido a que en la actualidad es innecesaria la modificación propuesta de la PNL, por lo que nuestro voto será negativo. (Aplausos.)

- SOBRE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000665).

La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el debate de esta proposición, pasamos a la proposición no de ley sobre la estrategia integral para personas con discapacidad en el medio rural, una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Laura Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Efectivamente, presentamos una proposición no de ley dirigida a poner en marcha esta estrategia integral para las personas con discapacidad en el medio rural. Nosotros, el Partido Socialista, llevábamos esta propuesta en nuestro programa electoral y además la habíamos trabajado, la habíamos pensado mucho y, por lo tanto, no es una casualidad que llegue a esta Comisión en forma de proposición no de ley, pero es que además hay numerosos estudios en este país, algunos financiados e impulsados desde el propio Gobierno a través del Imserso u otros organismos y otros elaborados por diferentes organizaciones del ámbito de la discapacidad, que nos señalan la necesidad de poner en marcha una estrategia para personas con discapacidad en el medio rural. Hablamos de estudios con diagnósticos muy serios.


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Esta propuesta la voy a defender sobre la base de datos, datos que por sí solos van a reforzar la necesidad de poner en marcha esta estrategia sobre la que versa la iniciativa. Las personas con discapacidad son en el medio rural el 12% de los habitantes. Esto significa un 3% más que en el ámbito urbano. En total se contabilizan más de un millón de personas con discapacidad mayores de seis años, de los que el porcentaje de personas con discapacidad de sesenta y cinco y más años se dispara hasta el 34% de la población. También 3 puntos por encima de las zonas urbanas. Además, son personas que viven en ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes con una profundísima dispersión. La edad media de estas personas es de cuarenta y seis años; el 35% de ellas tienen estudios primarios y el 65% son pensionistas por incapacidad. En cuanto al perfil de los familiares o cuidadores y cuidadoras principales, evidentemente corresponde a una mujer, generalmente su madre o su esposa, de unos cincuenta y cinco años, con un nivel educativo igual o inferior a los estudios primarios y que por lo general se dedican a tareas domésticas y no trabajan fuera por dedicarse, como digo, al cuidado de sus familiares con discapacidad.

Permítanme también que les hable de Antonio Cid, porque esta iniciativa la ha inspirado él. Antonio Cid es un atleta paralímpico de mi provincia, de Ourense, medallista de oro en cuatro Juegos Olímpicos en la modalidad de boccia. Vive en una aldea ourensana y no puede entrenarse ni enseñar a otras personas con discapacidad a que practiquen esta disciplina deportiva. No puede porque el servicio del 065, el servicio de transporte adaptado de la Xunta de Galicia, ha dejado de recogerlo en su pueblo para llevarlo al centro donde no solo se entrena él, sino que además entrena a otras personas. Esto está pasando en estos momentos en nuestro país. Le pongo el ejemplo de Antonio porque Antonio -insisto- es cuatro veces medalla de oro en cuatro Juegos Olímpicos y saltó a los medios de comunicación. Es un buen amigo mío y quería hoy citarlo porque este es su drama, pero también el drama de miles de hombres y de mujeres que viven en el medio rural. Su caso ha sido adornado por ese perfil deportivo que tiene, pero efectivamente es el drama de muchos hombres y mujeres que se quieren desplazar para desarrollar su vida, para formarse, para practicar deporte, para acudir a sus sesiones de fisioterapia u otras cuestiones y que no pueden hacerlo porque estos servicios han dejado de funcionar al triplicar la Xunta de Galicia los recortes en este transporte adaptado.

¿Por qué se necesita una estrategia propia para la discapacidad en el medio rural? Antes le he dado algunos datos. La dispersión es un elemento clave y fundamental; la lejanía a los servicios, las distancias, para casi todo hay que desplazarse. Se produce por lo tanto un aislamiento, aislamiento que puede llevar a muchos de ellos y a muchas de ellas a la invisibilidad social. Por tanto, esto aumenta el riesgo de exclusión; es un grupo especialmente vulnerable.

Por otro lado, hablamos de los medios de transporte. Para elaborar esta intervención, y previamente la iniciativa, he recurrido a muchos estudios y todos ellos hablaban del problema del transporte en el medio rural. Los transportes son estratégicos para la inclusión social de las personas con discapacidad, son imprescindibles para su vida diaria. Las distancias a los servicios generan la dependencia total y constante de los medios de transporte -no hay un transporte público adaptado en la mayoría de las comunidades autónomas-, que resulta -permítanme que use la expresión- excesivamente generalizada en el medio rural. Son escasas las líneas regulares con autobuses adaptados y es evidente que apenas hay taxis -incluso para los que se los pueden pagar- adaptados.

Respecto a las comunicaciones, se ha debatido muchas veces en esta Comisión el acceso a la telefonía, incluso móvil. Hay muchísimas zonas con sombra en el ámbito rural, pero también el acceso a Internet a veces es una odisea. En cuanto a la vivienda, las condiciones de la vivienda rural tradicional en muchas ocasiones dificultan la movilidad de estas personas con discapacidad, que a veces no disponen ni siquiera de un confort mínimo. Las relaciones sociales de estas personas se dificultan enormemente por vivir en estos pueblos y en cuanto al acceso al empleo le voy a dar también datos. El porcentaje de personas con discapacidad empleadas en el medio rural es muy bajo, mucho menor que en el medio urbano; es de un 19,9% frente al 21,4%, en un rango de seis a sesenta y cuatro años. No hay centros especiales de empleo. Se ha dicho antes que han cerrado muchos, pero es que además en estas zonas no suele haber centros especiales de empleo y por lo tanto su dificultad para acceder al empleo es enorme.

Respecto a la salud, exactamente lo mismo. Estas personas necesitan realizarse revisiones, visitas médicas, como todo el mundo y surge la necesidad de efectuar continuos desplazamientos y gastos por cuestiones de salud. Son desplazamientos difíciles cuando además se tienen serios problemas de movilidad. Y vuelvo a ponerle encima de la mesa otro problema que está surgiendo, la eliminación de la


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cartera de servicios sanitarios del transporte sanitario. Si tienen problemas los enfermos de diálisis que viven en el ámbito rural y que tres veces por semana se tienen que desplazar a los grandes hospitales a realizar esa diálisis, personas a las que se les va a cobrar ese servicio, imagínense los problemas que tienen las personas con una movilidad reducida, las personas con discapacidad para acudir a los hospitales. Porque hay centros de salud, es verdad, en muchas zonas rurales -no siempre en esos pueblos donde viven estas personas, dada la dispersión, lo que ya les dificulta el acceso a esos centros de salud-, pero es que además muchas de estas personas, muchísimas, tienen que acudir de manera constante a los hospitales que están ubicados en las ciudades. Este era un tema que no quería dejar de mencionar en esta iniciativa.

Y por último, la educación. Yo les puedo hablar de la desventaja que tienen los niños y las niñas con discapacidad que residen en el medio rural, que se manifiesta además desde el inicio de su proceso educativo. Salvo excepciones, porque las hay, los centros educativos en el medio rural tienen una accesibilidad irregular, y no estoy hablando solo de los antiguos centros, hablamos incluso de los nuevos centros, donde aparentemente se ha cuidado este aspecto y con demasiada frecuencia aparecen elementos que acaban restringiendo la libertad de movimientos de estos alumnos y alumnas, y además existe una verdadera dificultad para atender adecuadamente a los alumnos con discapacidad en estas escuelas. La concentración escolar que se está produciendo ahora, por lo menos en mi comunidad autónoma, obliga a desplazamientos no siempre fáciles de resolver y también se manifiesta en la falta de apoyos en el aula, no por la no voluntad de los docentes, que la hay, sino por la falta de medios.

En fin, podríamos hablar del papel de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural, que se agrava, se triplica, esta discriminación se dobla, y podríamos hablar de otros aspectos. Yo he querido mencionar estos porque me parecen importantes, me parecen esenciales para que una persona desarrolle su vida en plenitud y en plena igualdad de condiciones. Se ha avanzado, claro que se ha avanzado. Hemos dejado mucho trabajo hecho y yo espero que este Gobierno siga con el trabajo, aunque las nuevas medidas no auguran un horizonte demasiado positivo. En todo caso, entendemos que esa estrategia es necesaria, entendemos que hay que abordar el asunto de la discapacidad con unas nuevas gafas. Yo he hablado muchas veces de ponerse las gafas violetas cuando hablamos de la perspectiva de género y a veces hay que ponerse estas gafas, las gafas que nos permiten ver a las personas vulnerables y que se dobla esa vulnerabilidad dependiendo de donde vivan. Les está hablando una persona que es diputada por una provincia con una población rural muy elevada, que conoce bien además la realidad de vida de estas personas, muchas de ellas jóvenes, otras muy mayores, es verdad, que han visto mejorado su nivel de vida una vez puesta en marcha la Ley de la Dependencia, pero que en todo caso necesitan de medidas específicas, especiales. Por lo tanto, estrategias globales sí, pero también estrategias dirigidas a una parte de la población -hablamos de un 12%, un grupo de personas muy representativo- que necesita una estrategia propia, y esto es lo que el Grupo Socialista defiende hoy en esta Comisión. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra doña Maravillas Falcón.

La señora FALCÓN DACAL: Me corresponde defender el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley respecto al tratamiento de la discapacidad en el ámbito rural. El compromiso del Gobierno popular con la discapacidad y con la dependencia se hace extensivo al medio rural, tanto en el desarrollo y la aplicación de la Ley de la Dependencia, fruto del consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, de todas, como en el desarrollo de la estrategia española sobre la discapacidad 2012-2020, aprobada -como bien sabrán ustedes- por el Consejo de Ministros de 14 de octubre de 2011 y cuyo plan de acción en su primera fase, en la fase 2012-2015, ya está elaborando el actual Ejecutivo, cuidando -como ahora les expondré- que estas medidas se hagan extensivas también al mundo rural. Aunque la discapacidad y la dependencia son dos realidades distintas, no cabe duda de que en ocasiones están íntimamente conectadas, hecho que se produce con mayor frecuencia en las zonas rurales donde la media de edad de la población es más alta.

Si hacemos balance de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor hasta la fecha, la ley no ha funcionado como se preveía, entre otras cosas porque desde el principio esta ley nace sin financiación. En su aplicación práctica ha generado enormes deficiencias en la atención recibida, provocando desigualdades entre ciudadanos, sobre todo en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan -como bien decía usted-, dependiendo de la dispersión de la zona. El resultado es que en estos momentos podemos hablar de un colapso del Sistema de Dependencia, con una lista de espera heredada


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superior a las 300.000 personas y 2.700 millones de euros más de lo previsto que ahora hay que financiar, como también hay que pagar las deudas contraídas por el Gobierno socialista con la Seguridad Social por el trabajo de los cuidadores no profesionales para la dependencia, deudas por valor de 1.000 millones de euros. Ya ve con qué ligereza se comprometían ustedes sin asumir el pago de sus compromisos.

Ante esta difícil situación, el Gobierno popular y las comunidades autónomas han adoptado un gran acuerdo para mejorar la dependencia, acuerdo que se enmarca dentro del Pacto por la sanidad y los servicios sociales. Insisto, la Ley de Dependencia nace sin financiación, lo que, unido a la coyuntura económica de grave crisis y el espíritu de responsabilidad del Gobierno actual, impide continuar con las políticas de gasto sin control. En este contexto, el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar criterios de eficiencia y austeridad, sin olvidar por ello el desarrollo de nuevos proyectos compatibles con el actual marco socioeconómico. Así lo demuestran las numerosas actuaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde el cambio de Gobierno. Por ejemplo, el ministerio ha dedicado en 2012 más del 60% del presupuesto a la financiación del Sistema de autonomía y atención a la dependencia y para este año 2013 dedicará el 75%. Se está preparando un borrador de texto refundido para la elaboración de una ley general de discapacidad y para ello se ha constituido un grupo de trabajo con el Cermi. También se ha creado un grupo de trabajo sobre accesibilidad, en apoyo a la estrategia europea de discapacidad 2010-2020, en aras a promover una directiva de accesibilidad. Hay también un convenio con el Comité Paralímpico Español para el apoyo a los deportistas paralímpicos, que usted lo ha mencionado en su exposición. Por último, el ministerio ha regulado subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del IRPF, programas dirigidos al colectivo de personas con discapacidad. He enumerado solo algunas de las medidas que está desarrollando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero son medidas que, por supuesto, no olvidan en su aplicación y repercusión a la discapacidad en el medio rural.

Además, el Gobierno popular ha puesto en marcha un programa de reformas muy ambicioso, el más ambicioso de toda su historia. Entre ellas destacan la reforma laboral y la reforma del Sistema Nacional de Salud, y estas tampoco dejan de lado a la discapacidad. Por poner un par de ejemplos sobre la reforma sanitaria, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, mantiene las especificidades para las personas con más de un 33% de discapacidad, como la gratuidad de los medicamentos, y plantea por primera vez que en las informaciones de prescripción y terapéuticas se garantice la accesibilidad a todas las personas con discapacidad. Estas son mejoras para todos, pero que sin duda afectan también a la calidad de vida de quienes viven en las pequeñas poblaciones. En cuanto a la reforma laboral, la Ley 3/2012, de 6 de julio, introduce una serie de medidas a favor de las personas con discapacidad. Entre ellas podemos citar la movilidad geográfica, que es una garantía para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de rehabilitación, y la nueva regulación del contrato de trabajo a domicilio, ahora denominado trabajo a distancia, que sin duda favorece la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como ven, la reforma laboral tampoco se ha elaborado de espaldas a este importante sector de la población. Además, estos puntos de la Ley de reforma del mercado laboral favorecen a quienes han elegido vivir en el ámbito rural, en poblaciones más pequeñas.

No obstante, volviendo a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la más directa y de mayor trascendencia sobre el tema que hoy nos ocupa es sin duda la estrategia española sobre la discapacidad 2012-2020, que contempla entre sus medidas la elaboración de una estrategia global de acción para las personas con discapacidad en el medio rural. Esta estrategia pretende abordar los problemas específicos que afectan a las personas con discapacidad que, por residir en el ámbito rural, se convierten en especialmente vulnerables. Para el desarrollo de la estrategia española sobre discapacidad 2012-2020 me consta que se está redactando la primera fase del plan de acción, que va de 2012 a 2015, y que ya incluye la estrategia global de acción para personas con discapacidad en el medio rural. Tanto en la redacción del plan de acción 2012-2015 como en el diseño de la propia estrategia global de acción para las personas con discapacidad en el medio rural está prevista la colaboración interinstitucional de las comunidades autónomas y de las organizaciones representativas de la discapacidad, con el fin de ser más eficientes en su desarrollo, evitar duplicidades y conseguir una mayor cercanía a las personas a las que va dirigido. Por tanto, lo que ustedes piden ya lo ha tenido en cuenta la ministra de Sanidad, doña Ana Mato, pero debido a la importancia del tema que estamos tratando estamos de acuerdo en que hay que impulsar medidas para personas con discapacidad en el ámbito rural,


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dentro de la línea que ya ha iniciado el ministerio. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las comunidades autónomas y las organizaciones de la discapacidad, impulse medidas para las personas con discapacidad en el medio rural, en el marco del plan de acción que desarrolla la estrategia española sobre discapacidad.

Por la sensibilidad que todos los grupos políticos siempre han mostrado con la discapacidad, agradeceríamos al grupo proponente que acepte esta enmienda y el apoyo de los demás grupos parlamentarios. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Nuestro apoyo a esta propuesta. Se trata de un objetivo de la estrategia española sobre discapacidad 2012-2020 que supuso la concreción en España de estrategias europeas de discapacidad, que orienta y enmarca las políticas públicas sobre discapacidad hasta el año 2020. Esta estrategia se aprobó por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2011, con el objetivo de servir de marco de referencia y directriz de todas las políticas públicas que se desarrollen en nuestro país en materia de discapacidad, con una visión integral e igualitaria de las mismas que garantice el mismo nivel de asistencia sin importar el lugar de residencia. Creemos que a pesar de los recortes, que sin duda se están dando hoy en día, es posible llevar a cabo programas en los que se utilicen las nuevas tecnologías que puedan paliar el problema de aislamiento de las zonas rurales. Hay iniciativas muy interesantes que se pueden extender a todo el territorio.

La señora PRESIDENTA: En turno también de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Concepción Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Desde nuestro grupo queremos manifestar nuestro voto positivo y favorable a esta proposición no de ley. Es más, queremos felicitar al Grupo Socialista por la presentación de esta iniciativa. Es una iniciativa necesaria -lo ha dicho doña Laura Seara al defenderla-, y yo diría que, además de necesaria, empieza a ser imprescindible. Yo también represento a una provincia, Lleida, donde hay muchos pueblos distanciados de los núcleos grandes de población y con muchas necesidades en este aspecto, por lo tanto, conocemos también muy bien cómo se tiene que impulsar este plan específico para las personas con discapacidad de acuerdo, como dice esta proposición no de ley, con las comunidades autónomas. Pero es que además ayer, mirando notas de prensa del ministerio, vi -y me alegré- que había una nota de prensa del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad donde hablaba del programa Aurora, promovido por el Instituto de la Mujer -por cierto, programa que nació en 2011 incentivado por doña Laura Seara, que es la que formula hoy esta proposición no de ley- y orientado a la ayuda de la inserción de las mujeres en el medio rural. Este mismo programa, que merece nuestro reconocimiento -por lo que estamos satisfechos y nos gusta mucho que todo esto siga adelante-, necesita también un programa específico para las personas con discapacidad en el medio rural. A nuestro grupo le es igual que esto se haga dentro de un ámbito o de otro o que se hagan programas específicos y que los pongan dentro de la estrategia de las personas con discapacidad o no, lo que necesitamos es que se haga. Por lo tanto, apoyaremos, además con mucho gusto, esta proposición no de ley.

La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate, pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, proponente de esta proposición no de ley, si acepta o no la enmienda presentada.

La señora SEARA SOBRADO: Vamos a ver si podemos llegar a una transacción de aquí al final de la Comisión.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Esperaremos al inicio de las votaciones para que presenten la transacción, si es que llegan a algún tipo de acuerdo.

- PARA GARANTIZAR DE MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD A LOS COLEGIOS ELECTORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000720).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la iniciativa tercera, que es la proposición no de ley para garantizar de manera efectiva el cumplimiento de las normas en materia de accesibilidad a los


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colegios electorales. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y para su defensa tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos políticos en igualdad de condiciones, entre otras formas, mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. España ha hecho un verdadero esfuerzo legislativo para avanzar en la regulación de este tema. Podríamos destacar la aprobación recientemente del Real Decreto 422/2011, del 25 de marzo, o el 1612/2007, del 7 de diciembre. Aunque constatamos que la legislación es prolija y pormenorizada, nos seguimos encontrando con que en las últimas elecciones generales de noviembre y en las últimas autonómicas de Andalucía continúan las barreras de algunos colegios electorales, a pesar de la reciente aprobación del reglamento de accesibilidad en los procesos electorales, hecho que ha dificultado que algunas personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al voto. Todavía no tenemos datos de las elecciones celebradas el pasado fin de semana pero nos tememos que esto siga siendo así. Nos seguimos encontrando con situaciones tales como la de tener que transportar en brazos a una persona hasta la mesa o trasladar la urna al exterior del local en el que se encuentra la persona con movilidad reducida, obstáculos que disuaden finalmente a estas personas de acudir a votar.

El movimiento asociativo ha expresado su descontento por la falta de sensibilidad en estas últimas elecciones respecto al acceso normalizado de las personas con grave discapacidad física, personas mayores con movilidad reducida, personas con discapacidad física con limitaciones en sus desplazamientos habituales y demás ciudadanos que precisen hacer uso de una rampa en debidas condiciones. Se trata, señorías, de un problema que se denuncia una y otra vez después de cada proceso electoral. Es fundamental posibilitar que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto sin que exista discriminación alguna por su condición. Y no solamente personas con discapacidad reconocida y evaluada, sino accesibilidad para todas las personas independientemente de su estado. Para que esto suceda, los centros electorales deberán tener su sede en lugares totalmente accesibles para todos. Esto solo será posible, en primer lugar, mediante el estricto cumplimiento de la normativa en vigor en materia de accesibilidad urbana por parte de las administraciones. En segundo lugar, será necesario abordar una serie de estrategias que garanticen a los ciudadanos su derecho a voto, llegando incluso a regular acciones tales como ampliar la duración de los semáforos de las vías más próximas a los colegios electorales de mayor afluencia para así permitir que las personas mayores o con movilidad reducida puedan circular tranquilas, o habilitar pasos de peatones que, aunque sea por un día, resuelvan los vados peatonales sin usar desniveles, empleando escalones, favorecer la presencia de señales que contemplen los criterios descritos por la ONCE para personas con discapacidad visual, o facilitando la información electoral que permita la comprensión por personas con discapacidad cognitiva.

Existen ejemplos de distintas comunidades que han adaptado sus colegios electorales o edificios habilitados para tal fin y que aportan ideas de posibles cambios que pueden acometerse, aunque para ello lo realmente adecuado es contemplar y hacer cumplir la normativa en vigor anteriormente citada. En el caso de edificios antiguos construidos antes de la aprobación de las normas de accesibilidad, lo más adecuado será plantear una ayuda complementaria a través del transporte público, de reducidas dimensiones si el trazado de las calles lo requiere, que tenga un punto de recogida en un lugar céntrico hasta que lleguen los buses urbanos o bien sea posible llegar caminando desde el mayor número de domicilios posibles, así como un lugar en el que exista la posibilidad de aparcar el vehículo privado y hacer uso del transporte público diseñado para ese día, evitando así el problema que presentan muchos colegios al adolecer de aparcamientos en su radio urbano más próximo. Es fundamental, señorías, pensar en la autonomía de todas las personas, y la autonomía de las personas está por encima de las ayudas bienintencionadas que queramos prestarles. En cualquier caso, será preciso para ello consultar siempre con los interesados y saber su voluntad.

Además, se plantea otra cuestión y es la de garantizar la participación de las personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad en el proceso electoral como miembros de mesas, como interventores o apoderados. Para todo ello, repito, es importante la accesibilidad a los colegios. El Partido Popular nos ha presentado una enmienda que hemos aceptado.


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La señora PRESIDENTA: Se han presentado efectivamente dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Sara Cobos.

La señora COBOS TRALLERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular siempre ha apoyado, apoya y apoyará todo lo que sea garantizar, asegurar y facilitar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones que los demás, tal y como establecen la Constitución y las normas nacionales e internacionales. Además, tenemos que recordar el compromiso del Gobierno en esta materia desde la primera comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Congreso de los Diputados. En este sentido, compartimos la propuesta de Unión Progreso y Democracia, entendemos su exposición de motivos y participamos del contenido de la proposición no de ley hasta el punto de querer añadir una mejora técnica. Una mejora pensando en las distintas discapacidades y por tanto en las distintas dificultades que se pueden encontrar estas personas desde el momento en que, por un lado, deciden ejercer su derecho al voto y hasta que depositan ese voto en la urna y, por otro, para aquellas que deciden intervenir de una manera activa en el proceso electoral. No obstante y dicho esto, queremos dejar constancia en este punto de que la competencia para realizar muchas de las actuaciones a las que hacía referencia el señor Cantó no corresponden al Gobierno sino a otras administraciones. Pero aún así el Gobierno trabajará para conseguir su realización y solucionar la cuestión.

Por todo esto, agradecemos que la enmienda haya sido aceptada por el grupo proponente y votaremos a favor de la proposición no de ley. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Puerto Gallego.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Efectivamente, es verdad que se ha hecho en este país un esfuerzo legislativo para regular y garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos a la hora de participar en los asuntos públicos directamente o por sus representantes libremente elegidos. Diría que más que esfuerzo se está haciendo justicia, aunque todavía queda mucho por recorrer para conseguir que estos derechos sean reales y efectivos. En esta lucha han tenido mucho que ver las asociaciones de las personas con discapacidad que no han parado ni un minuto para alcanzar la igualdad real. Por ello, desde mi punto grupo vaya por delante mi reconocimiento por esa lucha y quiero animarles a seguir reivindicando lo que les pertenece por derecho, aquello que está recogido en el artículo 49 de la Constitución, que dispone que los poderes públicos realizarán una política de integración de las personas con discapacidad. Hace unas semanas he podido estar presente junto a compañeras y compañeros de mi grupo en la celebración de los quince años del Cermi en un acto en el Senado y he podido comprobar las diferentes conquistas que han ido normalizando el panorama de la discapacidad, porque es verdad que han tenido que pasar muchos años para que se aprobara la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad -en 2003- y que mandataba al Gobierno establecer unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participación de las personas con discapacidad.

Me siento orgullosa al repasar el trabajo de un Gobierno socialista que sí ha consensuado todas estas leyes, un Gobierno que ha situado al mundo de la discapacidad donde debe estar porque hay conquistas como el Real Decreto de 7 de diciembre de 2007, donde se regula el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual ejercer su derecho de sufragio garantizando el secreto del voto. La ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, que en sus artículos 13 y 22 hace referencia a la participación política de dichas personas. Desgraciadamente y hablando de personas sordas, tengo que recordar que hay una disminución importantísima en la partida presupuestaria para el ejercicio de sus derechos básicos, exactamente 168,75 millones de euros con respecto a 2011. Pero también el Plan de acción de personas con discapacidad se queda en cero, en 2011 tenía una dotación de 1,3 millones. Y eso que ayer escuchamos que son los presupuestos más sociales de la historia. Todavía hay tiempo, espero que puedan rectificar, este es el momento de la verdadera sensibilidad. Y por último, tenemos el Real Decreto de 25 de marzo de 2011, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política en los procesos electorales, un decreto muy ambicioso y que obliga a


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las administraciones públicas a garantizar la accesibilidad a los locales electorales, así como a facilitar, en su caso, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete. Pero para ello debe existir una implicación de todas las administraciones en el cumplimiento y también tiene que existir una determinada sensibilidad. Los ayuntamientos no pueden ser las únicas administraciones, ya se está dejando muy solas a las administraciones locales en todos los ámbitos y no podemos dejarles solos también en esto; por lo tanto se requiere un esfuerzo conjunto. El Grupo Socialista realmente apoya esta iniciativa porque de lo que se trata es de hacer cumplir el Real Decreto de 25 de mayo de 2011, pero creemos, como hemos dicho antes, que tiene que haber un control, una evaluación y un seguimiento. No es nada nuevo, es plantear este real decreto. Porque, al final, como ha dicho don Luis Cayo Pérez Bueno, es difícil, triste y lamentable resignarse a que las leyes no se cumplan y no pase nada.

Por ello, el Grupo Socialista presenta dos enmiendas de adición a la proposición no de ley de UPyD que significarían añadir los siguientes párrafos: Se creará un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, organizaciones más representativas del sector de la discapacidad y sus familias y las organizaciones más representativas de las entidades locales a escala nacional que realizará el seguimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. Y el Gobierno presentará ante esta Comisión, antes de que finalice el año 2012, el informe de evaluación establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales correspondientes a las últimas elecciones generales, que también era una disposición que estaba en el real decreto. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Concepción Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Anunciamos sencillamente nuestro voto positivo a esta proposición no de ley. Es una propuesta solicitada por todo el sector de la discapacidad y nuestro grupo no tiene nada más que añadir a todo lo que los compañeros han dicho en la defensa de esta proposición no de ley. Simplemente anunciamos nuestro voto favorable.

La señora PRESIDENTA: En esta proposición no de ley entiendo que se va a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, según ha manifestado el proponente, y se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Se votará, por tanto, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

- RELATIVA A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000902).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Javier Puente Redondo.

El señor PUENTE REDONDO: En estos siete u ocho minutos quiero defender esta propuesta que ha realizado el Grupo Parlamentario Popular y en la que se insta al Gobierno a promover medidas dentro del ámbito educativo que permitan sensibilizar desde edades tempranas a los ciudadanos sobre los obstáculos a los que se enfrentan día a día las personas con discapacidad, con el fin de facilitarles las condiciones sociales para su integración dentro de la sociedad. En España hay alrededor de 4 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física ya sea intelectual. Desde la promulgación de la Lismi, de integración social de los minusválidos, que desarrolla el artículo 49 de la Constitución española, es cierto que se ha recorrido un largo camino; por ejemplo, se ha pasado de hablar de disminuidos, de minusválidos o de deficientes a sustituir esos términos por el de personas con discapacidad. Es cierto que en todos estos años se ha adelantado mucho, hemos avanzado mucho, pero también es cierto -o así lo consideramos desde este grupo- que quedan bastantes cosas por hacer. La plena integración de las personas con discapacidad es una asignatura prioritaria para cualquier país y, en particular, para aquellos países que aspiren a un avance tanto en la igualdad de derechos como en las políticas sociales. En este punto quiero hacer referencia al artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Leo textualmente lo que dice este artículo: El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los


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derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad -sigo leyendo textualmente- incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Entendemos en el Grupo Parlamentario Popular, y así lo reflejamos en esta iniciativa, que una formación y una información adecuadas son esenciales para entender a las personas con discapacidad y llevar a buen término lo que refleja este artículo que acabo de leer. Esto evitaría prejuicios o calificaciones, sobre todo personales, que se realizan en muchas ocasiones por desconocimiento.

Consideramos totalmente necesario potenciar y desarrollar muchas más acciones de sensibilización en el ámbito de la discapacidad. Estas acciones deben dirigirse a toda la sociedad con el objetivo de formar, informar y sensibilizar sobre la actualidad de las personas con discapacidad. En diferentes reuniones que hemos tenido con asociaciones y con organismos de cara a preparar esta proposición no de ley, relacionados todos ellos con la discapacidad, todos apoyan esta iniciativa y, es más, también aportarían su granito de arena para llevarla a cabo, incluso participando las propias personas de esas asociaciones en sensibilizar a los niños en los colegios. Estas charlas y estos talleres además de permitir y formar parte del proceso de integración de las propias personas con discapacidad, hacen que las personas que están enfrente, la sociedad, se sienta más identificada con las mismas, derribando obstáculos y concienciando que todos somos personas con los mismos derechos y con las mismas obligaciones.

Dentro de esta proposición, el primer objetivo claro es concienciar a los niños, que los niños vean las dificultades a las que se enfrenta este colectivo. Los niños serán los responsables de la sociedad del mañana y mediante una educación adecuada con mensajes de tolerancia, respeto y colaboración hacia las personas con algún tipo de discapacidad conseguiremos sentar, en nuestra opinión, unas bases para conseguir un mundo mejor en el que este colectivo esté totalmente integrado en la sociedad. Igualmente, junto a los niños entendemos igual de importante fomentar la educación y capacitar a los profesionales en la prestación de un servicio adecuado a este colectivo. Sin la sensibilización y la concienciación pública, las medidas legislativas y de supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación carecen de una verdadera eficacia. Por poner un ejemplo, podemos realizar aceras sin bordillo, pero la sociedad tiene que pensar y estar concienciada de que eso no sirve de nada si luego voy y coloco el coche o coloco la moto encima de la acera sin pensar en esas personas con una discapacidad física, por ejemplo, que tienen que pasar por allí.

Por ir concluyendo, señorías, quiero indicar que este Gobierno está comprometido con el bienestar de las personas, fundamentalmente con aquellas que son más vulnerables. Estos días se ha hablado bastante, dentro del debate de presupuestos, de que la muestra de este compromiso que tiene este Gobierno es que en los Presupuestos Generales del Estado, excluyendo intereses de deuda para no dar lugar a equívocos aquí, para el año 2013 de cada 100 euros, 63 se destinan al gasto social y es la primera vez que sucede esto en democracia. Continuando con este compromiso de este Gobierno, se ha mencionado también hoy en esta Comisión que el Gobierno está trabajando en un grupo de trabajo, junto con el Cermi, para la elaboración de una ley general de discapacidad, la cual legislará la integración de todas las leyes anteriores en una sola ley general para atender a este colectivo.

Acabo ya. Entendemos en mi grupo que esta iniciativa es un paso más, además de para mejorar la calidad de las personas con discapacidad, para incrementar la calidad de vida de la población en general. Por ello, por la sensibilidad que todos los grupos han mostrado siempre en esta Comisión con este colectivo, el Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo del resto de los grupos. Quedo a su disposición. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A esa proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Concepción Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Nuestro grupo está totalmente de acuerdo con lo que dice esta proposición no de ley. Es muy necesario sensibilizar sobre el mundo de la discapacidad desde edades muy tempranas y, lógicamente, el ámbito educativo es el sitio donde mejor puede hacerse. (La señora vicepresidenta, Ferrando Sendra, ocupa la Presidencia.) La única pega que podríamos poner aquí es que todos los programas de sensibilización y la implementación de programas nuevos comportan


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lógicamente un gasto y una dotación económica. Por las competencias, a esta dotación económica deben hacer frente generalmente las comunidades autónomas. Nuestra enmienda añade que estas medidas que aquí se proponen serán dotadas con las partidas presupuestarias correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado. Si no, estamos donde nos encontramos últimamente siempre: yo te hago un menú y te invito a comer, pero tú lo pagas todo. Eso es lo que no puede ser. Estando de acuerdo y felicitándoles por el contenido -que es muy acertado-, queremos añadir que comporta una dotación económica, presupuestaria que debe tenerse en cuenta. En este sentido va nuestra enmienda.

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): La segunda enmienda la presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Valerio.

La señora VALERIO CORDERO: Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantean en el texto de su proposición no de ley en relación con la importancia que tiene fomentar el conocimiento sobre las necesidades especiales que tienen las personas con algún tipo de discapacidad -aunque a mí me gusta más hablar de personas con capacidades diferentes-, conseguir que cada vez la sociedad en su conjunto tenga una mayor información y que cada día esté más sensibilizada y concienciada de que estas personas son ciudadanos con plenitud de derechos. Entre ellos, está el derecho a la educación, a tener un trabajo dentro de sus capacidades, a la participación en nuestra sociedad y, en definitiva, a tener una vida digna y con calidad. Estas personas con capacidades diferentes, aproximadamente 4 millones en España, tienen igualdad de derechos y eso figura recogido en el artículo 49 de la Constitución y está garantizado también en el artículo 9.2, que establece que son los poderes públicos los que deben remover obstáculos para que esta igualdad formal se convierta en una igualdad real y efectiva. Y a lo largo de las últimas décadas normativas diversas y plurales han ido mejorando -o al menos intentando mejorar- la situación de estas personas en nuestra sociedad; por destacar algunas, la Lismi en el año 1982 y otra más reciente, la Ley de Dependencia que se aprobó cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. Es un pilar del Estado del bienestar donde los dependientes pasan a tener un derecho reconocido por una ley. Por tanto, tenemos muy claro que la Ley de Dependencia y otras normas relacionadas con esta materia han venido a propiciar, a intentar garantizar la igualdad de oportunidades, a evitar la exclusión social y a fomentar el bienestar básico de un colectivo de personas que representa el 9% de la población.

Pero todos los que hemos tenido alguna experiencia en gestión pública sabemos que no basta simplemente con aprobar leyes, planes, proyectos o tener ideas magníficas, sino que luego tienen que ir acompañados de la correspondiente dotación presupuestaria. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y comparados con los del año 2011 en los que se presupuestaron 1.750 millones de euros, tenemos exactamente 579 millones de euros menos para la Ley de Dependencia, por no de extenderme en multitud de recortes en diversas partidas que tienen que ver con la discapacidad en relación con el presupuesto del año 2012. Y eso que decía ayer el señor Montoro que eran los presupuestos más sociales de la historia, en esa realidad virtual en la que últimamente vive el Gobierno, su Gobierno, y desde luego el señor Montoro en particular. Hacer esta sensibilización en los colegios, esto que ustedes plantean, es absolutamente importante porque es donde se conforma la personalidad, junto con la familia, de nuestros pequeños; así que esta muy bien que se empiece desde la base, desde los niños. Yo puedo tener una opinión, pero he querido pulsar la opinión de alguna persona que está viviendo en el día a día esta realidad, que tiene en su casa un niño que sufre una grave discapacidad. Me he puesto en contacto y he estado charlando esta mañana con la portavoz de la Plataforma de defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha, doña Aurelia Jerez, que es madre de un niño de cinco años que tiene síndrome de West y va en silla de ruedas. Ella es cuidadora no profesional y me ha dicho que le parece muy bien lo de la campaña de sensibilización en los colegios, pero que le parecería aún mejor que el Gobierno de España siguiese asumiendo el pago de su cuota a la Seguridad Social porque ella, cuidadora no profesional, se dedica en cuerpo y alma a su hijo y a partir del día 1 de enero del próximo año no va a tener capacidad económica para seguir pagando esa cuota. Además le habría gustado que no le hubieran rebajado la prestación que recibe por su hijo, que en Castilla-La Mancha se ha rebajado un 15%. -He leído noticias de que en Castilla y León un 90%; en fin, sin palabras-. Al haberle rebajado esta ayuda resulta que ya ha tenido que dejar de llevar a su hijo a la Asociación Nipace de Guadalajara, donde recibe unos tratamientos muy especiales para mejorar su calidad de vida y su situación, y ahora ya no se puede permitir llevar a su hijo a estos tratamientos.


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Me ha hecho además una recomendación -voy concluyendo-, y es que dentro de esta campaña de sensibilización -cursos, formación y demás- organicen ustedes un curso especial para don Marcial Marín, que es consejero de Educación de Castilla-La Mancha. Don Marcial Marín necesita un curso urgente sobre la inclusión educativa, ya no integración, inclusión, porque ha decidido que es menos disfuncional tratar a los niños que tienen algún tipo de discapacidad y que están en la escuela normalizada -lo de normalizada entre comillas-; él quiere crear unos centros comarcales, me parece que hasta siete, para llevar a los niños que tienen estas necesidades especiales. ¿Qué ocurre? Que como está quitando profesores de apoyo, está quitando personal ATE, los llamados auxiliares técnicos educativos, está quitando fisios de los centros educativos, logopedas, etcétera, el mismo consejero se pregunta quién atiende a estos niños en la escuela normalizada. Entonces él ha decidido montarles unos centros especiales. Por ejemplo, don Francisco Cebrián, el presidente de la Asociación para la Integración de Discapacitados de Castilla-La Mancha, de ahí Discaman, hizo un comunicado el día 1 de octubre diciendo, leo el titular: la educación es educar no adiestrar a personas, no es hacer de nuestros hijos un colectivo marginado a los cuales se les educe en guetos. Así que yo creo que un primer curso para don Marcial Marín en esta materia no estaría mal.

Estoy convencida, por ejemplo, de que a todos los asociados de Cocemfe de mi provincia, de Guadalajara, les gustará mucho que se hagan estas campañas de sensibilización, pero posiblemente les gustaría más que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantuviese los apoyos a Cocemfe, de tal manera que no hubiesen tenido que despedir prácticamente a todos sus trabajadores; o a Aprodisfigu, de Guadalajara, les gustaría que la Junta y el Gobierno de España les siguiese apoyando para no haber tenido que despedir prácticamente a todos los trabajadores de los centros especiales de empleo que Aprodisfigu tenía hasta hace nada en la provincia de Guadalajara. Por eso nuestro grupo plantea que sí se hagan estas campañas de sensibilización pero que, por favor, vayamos a los fundamentos, porque en todas las campañas si no se aplica un presupuesto son papel mojado. La sensibilización nos parece fenomenal, muy bien, todo lo que se formar, informar y sensibilizar nos parece muy bien, pero siempre que las políticas esenciales de apoyo a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes se mantengan intactas, porque si no pillaremos el rábano por las hojas e iremos a lo llamativo, a lo que queda bien, a lo que se vende bien, pero no iremos al fondo del asunto. Así que como obras son amores y no buenas razones, les pedimos -por eso hemos presentado esta enmiendas- que cursos sí, información sí, sensibilización sí, pero con la correspondiente partida presupuestaria. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Para el turno de fijación de posición, tiene la palabra el señor Cantó, por el Grupo Parlamentario de UPyD.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Completamente de acuerdo en hacer estas campañas de sensibilización y, para comenzar con nosotros mismos, me parece que sería necesario empezar a introducir otros términos en el propio lenguaje un poquito más adecuados a los avances conceptuales que en esta materia se está haciendo en el ámbito internacional, que van más allá del término de discapacidad y que se refieren más al término, al concepto de diversidad funcional. La diversidad funcional, señorías, no tiene nada que ver con la enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso, etcétera. Toda esa terminología viene derivada de la tradicional visión del modelo médico de la diversidad funcional, en el que se representa a la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y arreglar para restaurar unos patrones teóricos de normalidad, que sin embargo nunca han existido, que no existen y que, además, en el futuro es poco probable que existan, precisamente debido a esos avances médicos de los que estamos disfrutando.

Entendemos que las mujeres y los hombres con diversidad funcional tienen que ver con sociedades que, siendo intrínsecamente imperfectas, han establecido un modelo de perfección al que ningún miembro concreto de ellas tiene acceso y que definen la manera de ser física, sensorial o psicológicamente y las reglas de funcionamiento social. Este modelo está relacionado con las ideas de perfección y normalidad establecidas por un amplio sector que tiene poder y por el concepto de mayorías meramente cuantitativas. Las mujeres y los hombres con diversidad funcional son diferentes, desde el punto de vista biofísico, de la mayor parte de la población al tener características diferentes y, dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, se ven obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas. Así, una persona sorda se comunica a través de los ojos y mediante signos o señas, mientras que el resto de la población lo hacemos fundamentalmente a través de las palabras y el oído. Sin embargo, la función que realizan es la misma: nos comunicamos.


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Para desplazarse una persona con una lesión medular habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las piernas; misma función, manera diversa. El término discapacidad es un término paraguas que se utiliza para referirse a los déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Denota aspectos negativos de la interacción entre la persona con una alteración de la salud y su entorno, factores contextuales y ambientales. Por eso el término diversidad funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos, sociales y de entornos no tienen en cuenta esa diversidad funcional. Se trata de un término, señorías, que ya se utiliza en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, discapacidad, y que deberíamos empezar a utilizar, así como a asumir los fundamentos que hemos mencionado en las campañas de sensibilización de sociedad.

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para fijación de posición, tiene la palabra la señora García.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Cuando hemos estado leyendo la exposición de motivos y luego las tres líneas y un poquito de lo que es la proposición no de ley lo hemos debatido y mi grupo ha dicho que es casi imposible no estar de acuerdo con lo que en la misma se refleja. Por cierto, he de decirles, porque ha sido así, que la exposición de motivos, permítame que se lo diga al señor portavoz del Grupo Popular, es bastante mejor y más concreta que su exposición; es decir, nos motiva más estar a favor que lo que él ha dicho. En cualquier caso, quiero decirles que parece ser que ustedes han hecho esta proposición no de ley ya hace algún tiempo, que estoy convencida de que hablaron con las organizaciones sociales -usemos la terminología que usemos, como decían tanto el señor Cantó como la portavoz del Grupo Socialista; a unos nos podrá gustar más unas que otras-, que hubo una reunión y que les han dicho: no os preocupéis que os vamos a hacer una proposición no de ley para que voluntariamente podáis ir a los distintos centros y a los distintos ámbitos a explicar el porqué de vuestras discapacidades o vuestras diversidades funcionales o vuestras capacidades diferentes para que la población lo entienda.

Mi grupo y yo, a lo mejor, tenemos un concepto equivocado de que todo lo que sea voluntarismo es contrario a la política, de la misma manera que todo aquello que no quede reflejado en los presupuestos no se va a hacer, porque los presupuestos son los que determinan finalmente la política. Pese a lo que han dicho y hablado de esta propaganda presupuestaria que ya hemos escuchado, ustedes no se han leído los presupuestos. Estamos en el ámbito educativo, ¿ustedes han visto los presupuestos de educación?, ¿me quieren decir, de los presupuestos de educación, de dónde van a sacar un solo euro para destinarlo a esta loable propuesta que ustedes traen? De ningún sitio; no lo van a sacar de ningún sitio y ustedes lo saben. Por lo tanto, esta propuesta es muy bonita, sinceramente lo tengo que reconocer, pero poco efectiva y con pocas posibilidades de llegar a un logro. Se lo digo por una cosa, para que lo tengan ustedes claro, en el ámbito de los presupuestos de educación las partidas de apoyo a personas con necesidades especiales baja en un porcentaje muy elevado. No se puede decir lo uno y lo contrario. Insisto, estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta y de la iniciativa, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero sean ustedes claros. Hay cosas que no se pueden hacer salvo que, insisto, utilicen voluntariamente a personas de diversas asociaciones, las lleven y las trasladen a lo largo de todo el ámbito del Estado para que expliquen o cuenten sus propias especificidades. Además, habrá que hacerlo en un marco muy amplio, porque es un marco muy amplio el tema que hay que debatir, y sobre el que hay que concienciar a los niños, a los adultos e incluso -como ustedes han dicho- a los propios profesionales. Ahora bien, sin un solo euro para toda esa labor que tienen que hacer, porque no hay ni un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado ni en las partidas destinadas a educación. Tienen que ser ustedes más claros a la hora de hacer una iniciativa de estas características. Y no me cansaré de insistir, es muy bonita pero poco efectiva.

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): A los efectos de que el Grupo Popular diga si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el señor Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Las dos propuestas que nos presentaban los grupos que las han presentado se rechazan. Solo quiero hacer un comentario a la última intervención, y es que con imaginación, con organización y con una voluntariedad se pueden conseguir muchas cosas. Igual mi compañera, su


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señoría, tiene mucha más experiencia que yo en política y sabrá mucho más, ya que yo vengo de la empresa privada y creo que con imaginación, organización y voluntariedad se puede conseguir muchísimas más cosas. Esa es mi opinión.

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Por lo tanto, se rechazan las dos enmiendas.

- SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES EN RELACIÓN CON LA INCAPACIDAD POTENCIAL PARA CONDUCIR DE LAS PERSONAS QUE PADECEN ESCLEROSIS MÚLTIPLE O LESIONES MEDULARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000928).

La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley referida a la modificación del reglamento general de conductores. Para ello, tiene la palabra la portavoz de Convergència i Unió la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Esta proposición no de ley que presentamos a debate hoy en esta Comisión es una proposición no de ley que sale a demanda de la Federación Española de Afectados de Esclerosis Múltiple. Pero no quiero hacer referencia, cuando hablemos ahora de esta proposición no de ley, a esta enfermedad, aunque nace y parte de ellos, sino que la vamos a hacer extensiva al resto de enfermedades neurológicas. Quiero explicar un poco por qué nace esta iniciativa y qué es lo que pedimos en esta proposición no de ley. Ustedes saben que la esclerosis múltiple -en la que me voy a centrar en este caso específico- es una enfermedad que afecta a 40.000 personas en España. En su mayoría son personas jóvenes, en edad laboral, que muchas veces están iniciando esta vida laboral. La edad media de los afectados está entre los 30 y los 40 años. Una de las características comunes de esta enfermedad, aunque es una enfermedad muy específica que a cada uno le puede afectar a una parte muy diferente del organismo, es el cansancio que les impide muchas veces caminar, hacer una vida normal y les obliga a tener que desplazarse con ayudas técnicas bien sean sillas de ruedas o mayoritaria y generalmente coches. Aquí nos encontramos con los problemas a la hora de obtener o de renovar el permiso de conducir. Pongo como ejemplo esta enfermedad porque la iniciativa ha salido del colectivo afectado por la misma, pero ruego que la hagan extensible a otras muchas enfermedades neurológicas porque lo que dice el real decreto lo podríamos hacer extensible a otras muchas más.

En esta proposición no de ley pedimos la modificación del Real Decreto 818/2009. En su anexo 4, en el artículo 9, habla del sistema nervioso y muscular y se recogen los requisitos que se han de tener para la obtención y renovación del carné de conducir. En este punto 9 se dice: no deben existir enfermedades del sistema nervioso y muscular que produzcan pérdida o disminución de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación que incidan involuntariamente en el control del vehículo. De acuerdo, pero es que hay muchas ayudas técnicas. En este apartado entran las lesiones medulares y fíjese usted la cantidad de gente -además lo bien y lo necesario que es para ellos- que puede conducir, lógicamente con sus adaptaciones, eso no lo niega nadie. Lo mismo pasa con este tipo de enfermedades con las que se podría, con adaptaciones, conducir perfectamente. Eso no es lo grave, eso es el título del punto 9. Nosotros, a través de nuestra proposición no de ley, pedimos que se modifique con urgencia el apartado 1 -me gustaría que la gente lo hubiera podido ver y lo tuviera delante-, indiferentemente de que después haya que modificarlo todo porque se habla de otras enfermedades en otros apartados y en otros aspectos, pero esto se nos pide con más urgencia. El punto 9.1 dice: Enfermedades encefálicas, medulares y del sistema nervioso periférico. Aquí entran estas enfermedades y entra la esclerosis múltiple, de la que estamos hablando. Dice que con el diagnóstico de la enfermedad, cuando van a renovar el carné y dicen en los centros de reconocimiento que tienen esclerosis múltiple el programa informático dice: No se renueva. Además, hay otro apartado que se refiere a los casos en que se admite o no un certificado para que esto se haga. Este apartado 9.1 señala: No se admiten certificados, apoyos, nada. Más abajo, en el punto 2, tenemos epilepsias y crisis convulsivas. Ahí dice que no se permiten cuando hayan aparecido crisis convulsivas durante el último año, pero en el otro apartado dice que con un certificado médico se lo pueden dar. Eso es lo que decimos que se tendría que hacer en otras enfermedades. Porque si en los centros de reconocimiento hay unos médicos que evalúan, que hacen pasar unas pruebas a todo el mundo, son ellos quienes tienen que ver en ese momento si son o no válidos para conducir, si necesitan adaptaciones y las llevan o no. Lo mismo que cuando uno tiene un defecto visual o auditivo y se pone unas gafas o un aparato. Son los evaluadores de allí los que les hacen la prueba y les dicen si con eso pueden


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o no conducir. ¿Para qué tenemos allí a los especialistas médicos?, ¿para qué sirven estos centros de renovación?

La Federación Española de Esclerosis Múltiple, debido a la demanda de muchísimas personas jóvenes que tenían problemas -porque lo curioso es que esto es en algunos centros, depende de donde caigas, porque algunos que han tenido problemas en un centro de reconocimiento luego se han ido a otro y en el otro se han arreglado con un certificado o sin él, o depende, porque no está clara la aplicación esta-, debido a las quejas que tenían de diferentes lugares de España, de diferentes sitios, pasó una encuesta este verano a muchos de los afectados. La conclusión es que de las personas que contestaron esta encuesta -saben que a las personas a veces les cuesta mucho responder a según que encuesta pero aquí casi nada-, los que respondieron fueron cerca de 500 personas; 495 personas con esclerosis múltiple contestaron a esta encuesta, entre 22 y 66 años, residentes en diferentes lugares de España -está publicada en la web de la Federación Española de Esclerosis Múltiple, todo el mundo la puede contestar-. A la pregunta de: ¿dijo que tenía esclerosis múltiple al sacar o renovar el carné de conducir?, el 48 % contestó que no. Esconden su enfermedad, a no ser que sea visible y tengan ya que utilizar aparatos, y lo esconden porque tienen miedo de que no se les renueve; pero tienen un problema: si tienen un accidente después de haberse renovado el carné y no han declarado que tienen esa enfermedad, pueden tener problemas con los seguros para que se hagan cargo del accidente. Nosotros no queremos que nadie tenga que esconder que padece esta enfermedad, queremos que todo el mundo pueda decirlo claramente y pueda estar cubierto, y el que pueda conducir, muy bien que se le renueve, y el que no, no. Para eso están los centros, para evaluarlo, para verlo, porque muchos de ellos -lo he dicho- que tienen que desplazarse con ayudas técnicas, muchas veces debido a que tienen una ligera inestabilidad o una gran inestabilidad a la hora de andar, de andar, o un gran cansancio que les obliga a utilizar una silla porque cada seis u ocho pasos tienen que pararse y descansar y no llegarían nunca a ningún sitio, estas personas para continuar con su actividad normal, para seguir trabajando, para además acceder a lo que tienen derecho, necesitan muchos de ellos para desplazarse de ese carné de conducir. Muchos de ellos además, la gran mayoría, tienen los coches tienen adaptados, con cambio automático, con todo lo que se necesite. Lo que debe de hacerse es que esos centros lo valoren, lo vean, como hacen con las enfermedades, con los defectos visuales, auditivos, lo que sea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Hablaríamos mucho más, porque este real decreto cuando te lo miras y lo estudias y ves lo que dice de otras enfermedades también debería corregirse, porque si hablamos de diabéticos a muchos de ellos no podría dársele el carné de conducir. Los lesionados medulares, si esto se aplica a rajatabla tal como dice aquí, la suerte que no se aplica, con todo lo que puede pasar, no podrían conducir. ¿Para qué queremos un real decreto con el que la mayor parte de las veces tienes que esconder la realidad o no se aplica, o se aplica en unos sí y en otros no? Por eso, porque queremos actuar y creemos que esta gente tiene derecho y necesidad de que esto se cambie y se regule, presentamos esta proposición no de ley. En el primer punto decimos que se cree un grupo de trabajo en el que se incorpore lógicamente a los neurólogos, a la Sociedad Española de Neurología, a los especialistas que saben en qué casos o no, qué excepciones tendrían que hacer o no, para revisar el apartado 9 del real decreto -estamos hablando aquí de unas enfermedades neurológicas-, que se revise al apartado 9.1 del Real Decreto 818, relativo al sistema nervioso y muscular; solamente este apartado en un principio aunque, ya digo, si después hay que revisarlo todo nos parecerá perfecto y muy bien, precisamente para actualizarlo y subsanar esos errores.

En el punto 2 pedimos que se realicen después, a partir de este grupo trabajo, las modificaciones necesarias en ese anexo IV del real decreto que aprueba el reglamento general de conductores para adecuar esos criterios de aptitud requeridos en el epígrafe -vuelvo a repetir-, en el epígrafe 9.1. No estamos hablando de todo, estamos hablando de un tema concreto que afecta a las enfermedades musculares, sobre todo a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades neurológicas como también a los lesionados medulares. En el punto 3 pedimos modificar el sistema de obtención y renovación del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple -es un ejemplo, que otras enfermedades neurológicas también pueden ponerse- no sea un inconveniente más allá de la aptitud y la capacidad que se tiene que acreditar en el sistema de valoración de los conductores, debiendo ser este suficiente y no se necesiten nuevas pruebas e informes complementarios. El centro de reconocimiento es el que tiene que valorar si esa persona pasa las pruebas, que si las pasa perfectamente se le renueve y si no las pasa que no se le renueve, lógicamente. Además, en estos centros tienen que


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tener unos criterios claros de cuándo se les debe renovar o no o qué pruebas tienen que pasar o si tienen que renovar más a menudo. A eso nadie se opone. Lo que no puede ser es que ahora se les pida un informe, que luego tengan que traer otro del especialista, que si ahora te renuevo al año, a otros que si a los dos años; gastos, costes -porque todo esto tiene su coste- y que estas personas, mientras tanto, a veces por estos trámites innecesarios les obliguemos a mentir o a no continuar con su vida laboral.

Espero que esta proposición no de ley pueda tener el voto favorable de todos los grupos de la Cámara. En esta Comisión generalmente -en la otra legislatura siempre fue así- se aprueban las cosas con consenso y nos gustaría que también fuera así con esta proposición no de ley.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. La primera es del Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa tiene la palabra doña Esperanza Esteve.

La señora ESTEVE ORTEGA: No puedo estar más de acuerdo con la intervención que ha hecho la señora Tarruella, cargada de emoción y con conocimiento de causa. Por tanto, mi grupo la va a apoyar y lo va a hacer porque es una proposición no de ley que va en sintonía con los objetivos que nos hemos propuesto en los últimos años todos los grupos, que es ir transformando el concepto de dependencia por el concepto de autonomía personal. La autonomía personal es lo que da calidad a la vida, da significado, posibilita a las personas sentirse como tales, personas. En este caso el objetivo está orientado a eliminar barreras que impiden que las personas afectadas por esclerosis múltiple o lesiones medulares u otras enfermedades -como decía la señora Tarruella- puedan hacer una vida lo más normalizada posible. En este caso, el permiso de conducción es fundamental para acceder al lugar de trabajo, para estudiar, para hacer una vida normal y socializadora, etcétera. Nos hemos encontrado que, con toda la buena fe de todos, hicimos un buen reglamento general de conductores pero es cierto que en su anexo, en el apartado 4 y en el artículo 9, al que ha hecho referencia la señora Tarruella, no acertamos. A veces, queriendo resolver problemas los creamos y el problema creado aquí se basa en lo que decía ella, en esta encuesta, en la que las personas, por temor a ser rechazadas niegan su enfermedad cuando no tiene signos visibles, y en caso de accidente no van a tener un reconocimiento por parte del seguro. No se justifica el hecho de que no cumplan la normativa, pero es verdad que para conseguir sus objetivos de facilidad de movimiento, independencia y autonomía personal casi se ven obligadas a hacerlo.

Es necesario lo que plantea la señora Tarruella en su proposición no de ley porque esto nos va a permitir conjugar las dos variables, que son la autonomía y la independencia, por un lado, con la seguridad de todos los conductores, de ellos mismos y de toda la conducción en general. Cuando más facilitamos los trámites y damos más oportunidad de reconocer dónde está la dificultad cuando esta se convierte en un peligro para uno mismo y para los demás es cuando se eliminan barreras, cuando pones blanco sobre negro y cuando encuentras soluciones. A mí me parece que en esta Comisión hemos de ser capaces de instar al Gobierno a encontrar soluciones, a eliminar estas barreras, porque el planteamiento que se ha hecho es sensato, es correcto y además viene avalado por la propia federación, en la que cada una de sus personas lo vive diariamente, y también la Sociedad Española de Neurología, que en todo caso sería el colectivo experto para poder determinar y encontrar solución a esta cuestión. No me voy a alargar. Creo que el conocimiento experto de la Sociedad Española de Neurología va a ayudar a elaborar un protocolo que incorpore seguridad y más simplicidad, facilitando así el proceso de obtención del permiso de conducir. Nos hacemos un favor a todos por la seguridad, pero sobre todo facilitamos la vida, la hacemos más normalizada a aquellas personas que se ven afectadas en este caso por estos problemas que comporta la esclerosis múltiple y la lesión medular.

Finalizo, no sin decir que vamos a apoyar esta iniciativa. Hemos presentado una pequeña enmienda de carácter técnico, de redacción, y la señora Tarruella dirá si la ve oportuna o no. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Ángeles Fernández-Ahuja.

La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en relación con la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, tiene a bien presentar una enmienda de modificación; enmienda que voy a presentar en estos momentos y que no es precisamente la que está registrada y en poder de la Mesa y de sus señorías. Sí quisiera afirmar que el Grupo Parlamentario Popular ha estado en todo momento presto a conseguir un consenso, un acuerdo, en un tema tan complejo, tan delicado, como es el de la esclerosis múltiple y demás afecciones neurológicas. Sabemos que estas


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enfermedades, estas afecciones, se encuentran recogidas en el anexo IV del reglamento general de conductores, y sabemos, como así ha tenido a bien admitir la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que se han cometido errores en su redacción y el Grupo Parlamentario Popular tiende a instar al Gobierno a que corrija esos defectos, esas imprecisiones en la redacción del anexo IV.

También he decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, es una enfermedad de evolución variable, que presenta grados, admite intensidades, por lo que debe introducirse, debe modularse una valoración individual de cada caso, de cada enfermo por esclerosis múltiple. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular considera preciso modificar la redacción del anexo IV, artículo 9.1, en el sentido de introducir una casilla que permita la valoración individual de cada caso de esclerosis múltiple. Por lo tanto, hay que modificar, hacer las precisiones oportunas en el anexo IV del real decreto, tanto respecto del artículo 9.1 como del resto del articulado que engloba y conjuga este anexo IV. Asímismo, es preciso modificar el sistema de obtención y de reobtención del permiso de conducción a efectos de que cuando no sea preciso baste con el examen psicotécnico que se exige a la generalidad de conductores para los enfermos de esclerosis múltiple.

Es ahí precisamente donde está la piedra de toque o el punto de discrepancia que, a juicio de nuestro grupo parlamentario, debería ser superable por el resto de grupos de la Cámara en el sentido de que tenemos a bien instar al Gobierno a crear el grupo de trabajo pertinente que atienda a modificar las aptitudes psicofísicas del anexo IV y dentro de ellas, por supuesto, las afecciones neurológicas en general, incluida también la esclerosis múltiple. El Grupo Parlamentario Popular entiende que debería haber consenso porque es una diferencia mínima. En cuanto al resto del texto, como modificar el anexo IV en cuanto a las aptitudes psicofísicas y el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducción, no hay problema. Entendemos que hay que entrar a la valoración individual; entendemos que no es necesario exigir informes complementarios cuando así la enfermedad no los requiere, pero sí que el grupo de trabajo sea para todas las enfermedades y, evidentemente, yo creo que las afecciones neurológicas, sabiendo lo que se establece en los apartados segundo y tercero, van a tener una especial prioridad. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Puesto que en la defensa de la enmienda que ha presentado ha dicho usted que no es la que está registrada y, como supongo que la dirá in voce, me gustaría que dijera usted cómo queda finalmente la enmienda que se ha modificado.

La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: Muy bien.

Apartado primero: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo en el seno de la Dirección General de Tráfico que valore la especial situación que sufren las personas que padecen enfermedades, por ejemplo de afectación neurológica, a la hora de obtener y prorrogar el permiso de conducir, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las asociaciones expertas en la materia.

Apartado segundo: Realizar las modificaciones necesarias en el anexo IV del Real Decreto 818/2009, que aprueba el reglamento general de conductores, para adecuar los criterios de aptitud requeridos en el epígrafe 9.1, que afecta a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades neurológicas como las lesiones medulares, en el sentido de que exista la posibilidad de apertura de una casilla que permita la validación individual.

Apartado tercero: Modificar el sistema de obtención y reobtención del permiso de conducir cuando el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple no sea un inconveniente más allá de la aptitud y capacidad acreditada en el sistema de valoración de la capacidad de los conductores, debiendo ser este suficiente y no necesitando nuevas pruebas e informes complementarios, entendiendo que no sean enfermedades, sino discapacidades las que priven del permiso en general.

La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo de UPyD, el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, estamos a favor de la propuesta que trae Convergència i Unió porque creemos que intenta paliar una medida claramente discriminatoria en relación con otras enfermedades graves o con la senectud, por ejemplo, circunstancias con las que no se sigue el mismo criterio.

Las personas con esclerosis múltiple pueden verse en una situación claramente discriminatoria, que de mantenerse vulneraría los principios de seguridad jurídica y de igualdad recogidos respectivamente en


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los artículos 9.3 y 14 de la Constitución, al no existir con la redacción actual del citado real decreto la posibilidad de una valoración justa del estado real del colectivo. No es admisible que del diagnóstico de esclerosis múltiple no derive ningún porcentaje de discapacidad ni grado de dependencia sin valoración mediante baremos y acreditación de esas discapacidades mientras que, de forma contraria, en el permiso de conducir se les niegue con un simple diagnóstico. De la simple lectura de este artículo se desprende que las personas afectadas por enfermedades del sistema nervioso central o periférico se encuentran ante una clara discriminación pues a las mismas no se les permite, en aplicación estricta de la norma, aportar ningún informe neurológico que demuestre que están en condiciones para que les sea expedida una licencia o permiso de circulación o la prórroga del mismo como sí ocurre con otras enfermedades indicadas en la norma, por ejemplo epilepsia que curse con crisis convulsivas, en el mismo anexo IV; entendiendo que al menos se debería permitir, interpretando a sensu contrario del artículo 44 del propio real decreto, poder aportar informes de los servicios sanitarios pertinentes.

La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posición, por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Caridad García. (Pausa.) Me dice que no va a intervenir.

Una vez finalizado el debate, le pregunto a la proponente, doña Concepción Tarruella, si acepta alguna de las enmiendas presentadas por los dos grupos parlamentarios.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora presidenta, en principio aceptaba la enmienda del Grupo Socialista y con mucho gusto ahora vamos a leer con detenimiento el texto porque oído de una vez ha sonado bien, pero cuando lo leamos veremos si podemos hacer una transaccional entre las tres partes. En cuanto lo tengamos aquí y lo podamos leer se lo haremos llegar a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Cuando nos lo haga llegar, lo leeremos a efectos de que lo conozcan todos los diputados.

- SOBRE APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER Y A UNA POLÍTICA INTEGRAL DE ALZHEIMER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000935).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 6.º del orden del día, la proposición no de ley sobre apoyo a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y a una política integral de alzhéimer. El autor de esta proposición es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra doña Laura Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Se calcula que hay en el mundo 36 millones de pacientes con alzhéimer y otras demencias y que esta cantidad se duplicará cada diez años llegando a los 115 millones en el año 2030. Se ven afectadas 3,5 millones de personas por esta enfermedad entre pacientes y familiares cuidadores, la mayoría de ellos mujeres. La enfermedad afecta sobre todo a la población mayor de 65 años aunque hay casos de comienzos más tempranos. Por tanto, son las poblaciones de los países desarrollados con mayor esperanza de vida donde hay más pacientes. De hecho, se calcula que en los países desarrollados el 2% de las personas de 65 años tienen alzhéimer u otras demencias, pero este porcentaje se duplicará cada cinco años alcanzando el 30% en las personas de más de 85 años. Se habla incluso de que alcanzará carácter epidémico en países con superpoblación, como pueden ser China, India y el Sudeste asiático.

El anterior Gobierno -lo saben ustedes- declaró el año 2011 como Año internacional para la investigación del alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas. Fue una iniciativa promovida por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, que contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Fundación Centro de investigación de enfermedades neurológicas y del Instituto de Salud Carlos III. Participaron entidades como la Confederación española de asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer, la Ceafa, y la Asociación para las familias con alzhéimer, AFAL contigo. Nació con ello la plataforma Alzheimer Internacional 2011, insisto, una plataforma para la generación de ideas e intercambio de experiencias entre personas expertas y científicas del campo de las neurociencias de todo el mundo.

De este evento y de otros muchos que se han venido celebrando en los últimos años hemos aprendido. Se han compartido experiencias en el campo de las neurociencias; se ha consolidado el Programa sobre Alzheimer de la Unión Europea; nuestro país ha avanzado enormemente en materia de sensibilización; se


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ha avanzado también respecto a la importancia de la inversión en investigación científica para avanzar en la lucha contra el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas relacionadas; se ha apoyado a las asociaciones de familiares y enfermos; se ha puesto en marcha la Ley de la Dependencia, que ha marcado un antes y un después. En fin, esto y mucho más, han sido avances durante treinta años que, dados los recortes en las políticas sociosanitarias del actual Gobierno, corren peligro.

Hay un tejido asociativo importante en España, antes le he citado algunas plataformas y confederaciones, un tejido asociativo que ha reclamado una política integral en materia de alzhéimer, una política de Estado que recoja acciones en materia social que pasan, por ejemplo, por el refuerzo de los servicios y programas sociosanitarios, de intervención terapéutica y de centros de día, unidades de respiro y residencias específicas; una política que pasa también por más protección jurídica y social de las personas con alzhéimer y otras demencias y sus familiares y que pasa por el refuerzo y el avance en materia sanitaria y -lo que es tremendamente importante y a veces se olvida- en materia de formación y en materia de investigación. Dicha investigación se multiplicó desde el ya desaparecido Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la financiación de proyectos competitivos y de acciones estructurales en materia de alzhéimer, a los que se dedicó en los últimos años con el anterior Gobierno de media 20 millones de euros al año. Nuestro país se alineó -y esto es importante decirlo hoy- con todas las iniciativas europeas para dar respuesta a esta enfermedad: Programa conjunto de la Unión Europea en materia de alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas, Programa conjunto de la Unión Europea en envejecimiento, partenariado europeo en innovación con el proyecto piloto de envejecimiento activo y saludable dentro de la estrategia europea 2020. Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social también se puso en marcha un centro importante, el centro de referencia de Salamanca en el año 2007, se colaboró con otros centros, como el centro de la Fundación Reina Sofía ubicado en Vallecas o el centro de atención a personas con alzhéimer en Logroño. Y además, y lo que es tremendamente importante, se empezó un trabajo que nos gustaría que este Gobierno terminara, la elaboración de una estrategia de enfermedades neurodegenerativas.

Como dije, se ha avanzado mucho, muchísimo, pero los retos pendientes siguen siendo inmensos. El desafío científico está condicionado por nuestro desconocimiento de los mecanismos íntimos de las primeras fases no sintomáticas del alzhéimer y otras demencias. El desafío sanitario pasa por corregir la falta de herramientas preventivas y curativas eficaces y el desafío social viene determinado por la incapacidad progresiva de los pacientes, la carga sobre sus familias y, consecuentemente, por la carga económica que todo ello supone para la sociedad. Hablando de economía, se calcula que el coste total de la epidemia es de 600 billones, con be, de dólares al año, el doble que la atención del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. El 70% de este gasto se produce en Norteamérica y Europa occidental, que dedican una media de 20.000 dólares/paciente/año. Pero, desgraciadamente, se dedica una partida mucho menor en los países en vías de desarrollo. En todo caso, a pesar de la magnitud del problema, todos los países debemos hacer un mayor esfuerzo -España desde luego lo debe hacer- en cuanto a los recursos destinados a la investigación, a la prevención y a la atención en materia de alzhéimer. Los países desarrollados solo dedican a la investigación del alzhéimer la décima parte de lo que se dedica, como ya comentamos antes, a la investigación del cáncer.

Por eso, mi grupo se ha hecho eco de las demandas de las organizaciones representativas de este ámbito, de las demandas que nos ha trasladado la confederación y que nos han trasladado otras organizaciones; le he hablado antes de la Fundación Reina Sofía, pero también de la Fundación Pasqual Maragall, que fue clave en la puesta en marcha en la declaración del año 2011 como Año Internacional del Alzheimer. Es importante conmemorarlo, importantísimo, porque con ello se da visibilidad, pero además de conmemorar, de visibilizar, de sensibilizar, hay que seguir trabajando. Por tanto, apostamos claramente por una política integral de alzhéimer, por una política de Estado, como decía antes, por la puesta en marcha de ese libro blanco, que es absolutamente fundamental en materia de alzhéimer y además que este trabajo se haga de acuerdo con el trabajo que también se desarrolla desde el ámbito sociosanitario, de investigación y formación por parte de las comunidades autónomas.

Esta es la propuesta que les presentamos y que esperamos que cuente con el apoyo de sus señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.


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La señora NAVARRO CRUZ: En primer lugar, es necesario dejar constancia de que las medidas, en cuanto al alzhéimer, deben ser propiciadas por el sistema sanitario y asistencial ya que se trata de una patología de carácter sanitario. Efectivamente, como se ha dicho, son muchas las personas aquejadas de esta enfermedad y concretamente en España podemos decir que son 150.000 las que se van sumando cada año. Desde el Partido Popular y desde el Grupo Popular consideramos necesario manifestar nuestro apoyo y adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer. Compartimos con la señora portavoz del Grupo Socialista que es una medida de acción positiva que tiene como objetivo la difusión de los grandes retos que todavía quedan por conseguir con respecto a esta enfermedad y apoyamos además la investigación para combatirla.

Por lo que respecta a la adopción de una política integral del alzhéimer, hay que destacar también que el Instituto de Salud Carlos III, como ha dicho ella, organismo de investigación adscrito a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a lo largo de los años ha destinado importantes recursos a la investigación sobre la enfermedad de alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas. A esta política responde la creación de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, Fundación CIEN, que está financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Salud Carlos III. En la CIEN está ubicado un centro de alzhéimer de la Fundación Reina Sofía donde se gestiona la unidad de investigación de dicho centro, que es un ejemplo de la política integral sobre esta patología como consecuencia de la coexistencia en un mismo centro de áreas clínicas, investigadoras y sociosanitarias. Por otra parte, el Instituto de Salud Carlos III ha financiado cincuenta y cuatro proyectos sobre alzhéimer con un importe total de casi 4 millones de euros. Es oportuno también señalar que el Instituto de Salud Carlos III pertenece al programa conjunto de la Unión Europea para la investigación de enfermedades neurodegenerativas y constituye un ejemplo pionero de programación conjunta para el fomento de la investigación en el seno de la Unión Europea destinado a grandes desafíos científicos que necesitan una respuesta que supere la capacidad de un país, basándose en la alineación de los programas nacionales de investigación dedicados a dichos desafíos. Este documento expone la visión común de los veinticuatro países europeos participantes y ofrece un enfoque estratégico para apoyar la investigación a nivel mundial, con el fin de que se puedan aprovechar nuevas oportunidades científicas, superar las barreras que frenen el progreso y ofrecer nuevas ideas de la prevención, intervención y atención de las enfermedades neurodegenerativas. Este es un ejemplo de las políticas integradas sobre alzhéimer, que creemos que se deben seguir llevando a cabo.

Al mismo tiempo no existe ningún inconveniente por parte del Grupo Popular en la elaboración de un libro blanco, aunque sí es cierto que habría que valorar que el ministerio está preparando con las comunidades autónomas el marco de estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud dentro de la que se considera lógicamente que podría tener una buena cabida los enfermos de alzhéimer. Igualmente, la ley establece que los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención a las personas en situación de dependencia. Para ello promoverán la investigación en el área relacionada con la dependencia en los planes de I+D+i. Desde la investigación, el desarrollo y la innovación el Gobierno pretende promover hábitos de vida saludable con los que impulsar la prevención del alzhéimer y mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, atendiendo, además, a las necesidades psicológicas de los familiares de los afectados.

El Partido Popular demostró una especial sensibilidad con el alzhéimer en los pasados años de oposición y ahora ya en el Gobierno estamos dando cumplimiento al programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en noviembre de 2011. Por tanto, estamos avanzando en la dirección adecuada para orientar el Sistema Nacional de Salud hacia patologías crónicas como el alzhéimer y para hacer posible que los progresos en el abordaje de la enfermedad sean reales en un futuro cercano. Creemos que este esfuerzo es bastante importante por parte del ministerio y nuestra enmienda concretamente lo único que propone no es mermar, sino ampliar la que presenta el Partido Socialista y nuestra intención no es otra simplemente que completar y aportar alguna cosa. Por ejemplo, nosotros proponemos en el primer punto aprobarlo y conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer y en el segundo punto, en el primer párrafo, dar continuidad al abordaje integral del alzhéimer porque consideramos que no es una cuestión que se haya aparcado, sino, todo lo contrario, que se sigue manteniendo. En la segunda dejaríamos exactamente igual el punto tal y como está, con el libro blanco que inspire las líneas maestras de dicha política. En el último punto, una vez que termina, cuando dice: contar para todo ello con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias con las organizaciones representativas de este colectivo, nos gustaría añadir "con las asociaciones de pacientes y la sociedad científica experta en la materia".


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Sin más, espero que sea aceptada la enmienda porque consideramos que la cuestión es lo suficientemente importante como para que podamos llegar a un consenso por parte de todos los grupos. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Fijación de posiciones. Solamente va a intervenir el Grupo de UPyD y para fijar su posición tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Solamente destacaré dos aspectos que nos parecen fundamentales en el tratamiento del alzhéimer. En primer lugar, la investigación. Se debe dotar de fondos para el estudio de la enfermedad, que es una gran desconocida. Hacen falta años de trabajo para obtener resultados, aún no se conocen las causas, pero se trabaja en una detección precoz antes de que haya pérdida de memoria para poder después probar tratamientos que interfieren en la enfermedad y no solamente en sus síntomas. Y, en segundo lugar, un diagnóstico precoz. Si se interviene en las primeras fases de la enfermedad, además de ralentizarla y de retrasar el deterioro, se consigue que los pacientes se mantengan independientes mucho más tiempo en sus actividades cotidianas. Por ello es necesaria la implantación de las terapias no farmacológicas en la cartera de servicios, que cada vez parecen ser más efectivas y que pueden retrasar la entrada de estos enfermos en el sistema sanitario hasta dos años.

En relación con la asistencia a los enfermos de alzhéimer, no podemos dejar de mencionar cómo los recortes en dependencia del pasado mes de julio están afectando al colectivo de afectados que amenaza con dejar desasistidos a miles de enfermos de alzhéimer. Las asociaciones, señorías, denuncian que la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir como mínimo en un 15%. Además, los cuidadores familiares -en su mayoría mujeres- pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellos el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y para acceder así a una pensión de jubilación.

La otra medida que se ha tomado es ampliar a dos años el periodo que las comunidades autónomas tienen para atender a los dependientes. Esto creemos que tendrá unas consecuencias devastadoras, ya que este retraso en la percepción de las ayudas será irreparable. Nos parece absolutamente necesario que todas las personas que conviven con esta enfermedad reciban las atenciones necesarias para tener un marco digno de calidad de vida. Actualmente este objetivo está en la cuerda floja, ya que los recortes presupuestarios que ha sufrido el tejido asociativo dificultan en gran medida poder seguir ofreciendo la atención que se venía dando hasta ahora. No quisiéramos acabar sin recordar que urge una equiparación de las ayudas en todas las comunidades autónomas. Los desequilibrios territoriales suponen que haya personas con alzhéimer de primera y de segunda categoría.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y le pregunto a su proponente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, si se acepta.

La señora SEARA SOBRADO: Estamos trabajando en este momento para poder llegar a una transacción con la enmienda que se ha presentado.

La señora PRESIDENTA: Esperamos entonces al momento de la votación para saber la postura del grupo.

- PARA LA ADECUACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000961).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, la octava, para la adecuación de las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña María Teresa Cobaleda.

La señora COBALEDA HERNÁNDEZ: Señorías, el Grupo Popular considera necesaria y pertinente esta proposición no de ley que hemos presentado por la que se insta al Gobierno a modificar las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad teniendo como base los preceptos de la Convención Internacional


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sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobados en 2006 por la Asamblea de Naciones Unidas. Recordemos que España fue uno de los primeros países en ratificar esta convención en 2008, lo que supuso que el cuerpo normativo internacional se incluyera en el ordenamiento jurídico español como instrumento vinculante para hacer valer todos los derechos de las personas con discapacidad que viven en España.

El Grupo Popular estima que es necesario dar ahora un paso adelante para adecuar las funciones, la posición y las actuaciones del Real Patronato sobre Discapacidad a esta convención internacional y a las propias demandas de este colectivo. Para ello hemos presentado esta proposición no de ley, cuyo objetivo fundamental es dar un impulso decidido a las personas con discapacidad en cuanto a su participación en la vida civil -especialmente a través de los movimientos asociativos-, de forma que se articulen estrategias y programas adecuados a las necesidades reales de las mismas de una forma comprometida y real, especialmente de las personas sordociegas y con discapacidad auditiva. Además, creemos que resulta necesario regular el Centro Español de Subtitulado y Autodescripción, dependiente del real patronato, para adecuarlo al artículo 24 de la ley de 2007, por el que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Me permito informar a sus señorías que mañana en la ciudad de Burgos se inicia el VI Congreso de accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con discapacidad, que está organizado por el real patronato a través del Centro Español de Subtitulado y Autodescripción, junto con la Universidad Carlos III de Madrid.

Por otra parte, se pretende con esta iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular reforzar la presencia y la representación de las personas con discapacidad dentro de los órganos rectores y de toma de decisiones del real patronato, con el fin de promocionar y mejorar los derechos de estas personas a través de políticas, estrategias, planes y programas de discapacidad elaborados desde el propio real patronato.

Quiero recordar a sus señorías que a lo largo de la historia el Real Patronato sobre Discapacidad, desde su creación en 1976 mediante real decreto, ha experimentado un desarrollo importante que coincide con la evolución social del concepto y la definición de la discapacidad en España. Se trata de una evolución plasmada en leyes que dieron lugar a reales decretos, y que venían a modificar las funciones y los cometidos del real patronato, destacando el real decreto de 1986, que de acuerdo a la ley de 1980 modificaba la organización y las funciones del real patronato con el fin de subrayar la misión de colaboración entre los diferentes ámbitos, como la referida a la prevención y a la atención de las personas con discapacidad. Asimismo es importante recordar que en 2001 quedaban reguladas mediante el real decreto las funciones que actualmente ostenta, y que definen a este organismo.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley porque creemos que resulta necesario actualizar las funciones del real patronato teniendo en cuenta la legislación más reciente a la que me he referido, como los contenidos de la convención internacional o la regulación del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, aún no contemplado por este organismo, pero además reforzando la presencia de las personas con discapacidad en sus órganos rectores de toma de decisiones. Todo ello para un mejor cumplimiento de la función pública y social del real patronato, que tiene como objetivo fundamental el beneficio de las personas con discapacidad. Por todo ello solicito la consideración de nuestra propuesta a los distintos grupos parlamentarios de esta Comisión, con el fin de avanzar desde el mayor consenso posible en las políticas de discapacidad. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, y por lo tanto pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, para fijar su posición por el Grupo de UPyD tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el Cermi considera que los cambios en el Real Patronato sobre Discapacidad deben aprovechar la potencialidad institucional y la capacidad prescriptora de este organismo para convertirse así en una estructura pública de impulso de las políticas de discapacidad en España, de acuerdo con el enfoque de la discapacidad consolidada en los últimos años. Ese Real Patronato sobre Discapacidad debería tener como fines la promoción de políticas, estrategias y acciones coherentes destinadas y coordinadas de promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que constituirá su referente de actuación. Nosotros estamos de acuerdo con eso.


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La señora PRESIDENTA: Solamente quedan dos grupos parlamentarios para fijar su posición y es el último punto del orden del día, por lo que aviso a los diputados que votaremos en unos cinco minutos.

Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Asunción de las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Quiero decir que el real patronato es un órgano técnico de la Administración, y como órgano técnico además tiene funciones delimitadas mediante el Decreto 14/2000, de 29 de diciembre, donde se configura como un órgano autónomo, y como muy bien dice la exposición de motivos de la propia proposición no de ley está encargado de la promoción de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos, los desarrollos técnicos, y entre otras cosas apoya, asesora y formula recomendaciones en el ámbito de la discapacidad. Por lo tanto, como digo, al ser un órgano de carácter administrativo no podemos entender que en el consejo rector entren -en ese ámbito de trabajo- asociaciones del sector, como pide la propia proposición no de ley. Es cierto que desde nuestro punto de vista es fundamental la participación, buscar los instrumentos y las herramientas para que se pueda vehicular y se garantice la participación de las asociaciones de personas con diferentes capacidades. Para eso hay que buscar otros mecanismos, que no creemos que sean el de incorporarlos, como dice la proposición no de ley, dentro del órgano rector. Además desde Izquierda Unida creemos que la regulación de los nuevos órganos de la Administración en materia de discapacidad debería ajustarse a la reforma administrativa general en la que se están dando las duplicidades actuales, y que es en ese marco donde deberíamos de ver en qué posición queda finalmente el real patronato. Teniendo en cuenta estos dos puntos, que creemos que son troncales a la hora de tomar una decisión, y teniendo en cuenta la buena disposición del Grupo Parlamentario Popular, vamos a tener que votar en contra.

La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Gracia Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: La Ley 14/2000, de 29 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social crea, con la denominación de Real Patronato sobre la Discapacidad, un organismo autónomo, aunque su inicio, con otras denominaciones bien distintas y otras funciones, se remonta al año 1976, cuando se crea el Real Patronato de Educación Especial, incluso en fechas muy anteriores, como ustedes conocen. Pero a lo largo de los años se han ido introduciendo cambios en las correspondientes disposiciones para dar respuesta a las nuevas necesidades de las personas con discapacidad, cambios que asociaciones de afectados y colectivos de profesionales han ido demandando a lo largo del tiempo.

La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 diciembre de 2006 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Ambos tratados internacionales recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados parte de promover, proteger y asesorar tales derechos. Después de un largo proceso en el que participaron con un papel destacado organizaciones de personas con discapacidad y familias españolas, se consiguió el cambio, superando la perspectiva asistencial de la discapacidad para pasar a abordar una basada en derecho. España fue uno de los primeros países en ratificar esta convención y su protocolo, el 21 de abril de 2008, entrando en vigor en abril de ese mismo año. Con posterioridad, por acuerdo de Consejo de Ministros del 30 de marzo de 2010, se aprobó el informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la convención. También el Gobierno del Partido Socialista fue el que impulsó en el año 2011 el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proyecto que fue debatido con grandes aportaciones y consenso entre todos los partidos, por el clima de diálogo que existió en todos los ponentes de la ley -eran otros tiempos y otras formas de gobierno.

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso, en palabras de mi compañera Francisca Medina Teva, un gran paso adelante en el ejercicio de la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. Sí nos parece adecuado que, tras la aprobación de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se siga trabajando para lograr el pleno desarrollo del nuevo enfoque que la convención le da a los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte, es también importante destacar que durante el año 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 octubre, por la que se reconocen los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con


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discapacidad auditiva y sordociegas. Es una ley que, una vez más, demuestra la gran sensibilidad del Partido Socialista, en el Gobierno entonces, con las personas con discapacidad. En su artículo 24 se crea el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción y se señala que el Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad, regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad este centro, con la finalidad de investigar, fomentar y promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Como no puede ser de otro modo, pues se trata de dar cumplimiento a una de nuestras leyes sociales, estamos de acuerdo con que se regule el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Sin embargo nos sorprende que esta cuestión le preocupe al Partido Popular, después de haber recortado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 la partida Universidad Carlos III para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción un 35% respecto a la cantidad presupuestada para 2011. Como es lógico y coherente con nuestras actuaciones, siempre estando al lado de cualquier propuesta que suponga un avance para las personas con discapacidad, apoyaremos esta iniciativa, aunque nos parecen propuestas poco definidas que hablan más de intenciones que de actuaciones concretas.

Por último, entenderán que no me resista a comentar lo que he sentido cuando preparaba esta intervención. Es paradójico o extraño que el partido que presenta esta iniciativa sea el que ha presentado los presupuestos que se han debatido en estos días, en los que se contempla un gran recorte a todas las políticas sociales; recorte que lógicamente perjudicará a las personas con discapacidad. Como también me ha resultado extraño que en una comunidad gobernada por el Partido Popular, Castilla-La Mancha, se publicasen hace unos días, el día 22 de este mes precisamente, tasas que impondrá por solicitudes de tarjetas sanitarias, solicitudes de informes de valoración para grado de dependencia, y solicitudes para la revisión de grado de discapacidad, con una tasa que se incrementa más aún si la valoración se tiene que hacer en el domicilio de la persona que lo solicita; tasas o nuevos impuestos que se sumarán a tantos otros.

Para terminar quiero mostrar nuestro compromiso para seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho, por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. (Aplausos.-La señora Seara Sobrado pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Doña Laura Seara me pide la palabra.

La señora SEARA SOBRADO: Sí, le pido dos minutos de cortesía a la Mesa para que se incorporen unas personas que están en la otra Comisión que se ha celebrado. Ya han visto ustedes el trasiego que ha habido de diputados de todos los grupos, y por lo tanto le pido esos dos minutos de cortesía, como han tenido también en la Comisión de al lado.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, esperamos unos minutos para comenzar las votaciones. (Pausa.)

Vamos a iniciar la votación siguiendo la numeración del orden del día. Como saben sus señorías se ha debatido en primer lugar la número 7, pero no vamos a atenernos al orden de debate, sino a la numeración del orden del día para que no haya problemas a la hora de votar.

La primera votación se refiere a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la recuperación de las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del punto número 2 del orden del día: proposición no de ley sobre la estrategia integral para personas con discapacidad en el medio rural. El proponente es el Grupo Parlamentario Socialista. Aquí existía una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y se ha llegado a una transaccional que vamos a leer.

El señor LETRADO: Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las comunidades autónomas y las organizaciones de la discapacidad, ponga en marcha un programa de medidas específicas para las personas con discapacidad en el medio rural, en el marco del plan de acción que desarrolla la estrategia española sobre discapacidad.

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de este texto.


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Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto transaccional por unanimidad.

Pasamos a la votación del punto número 3: proposición no de ley para garantizar de manera efectiva el cumplimiento de las normas en materia de accesibilidad a los colegios electorales. En este caso había dos enmiendas. El grupo proponente, Unión Progreso y Democracia, ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y por lo tanto se vota con esta enmienda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto número 4 del orden del día que es la proposición no de ley relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad. Esta iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario Popular. Existían dos enmiendas, pero no se han aceptado. Por lo tanto se vota en los términos en que ha sido registrada esta proposición.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto número 5 del orden del día: proposición no de ley sobre modificación del reglamento general de conductores en relación a la incapacidad potencial para conducir de las personas que padecen esclerosis múltiple o lesiones medulares. Aquí se presentaron dos enmiendas; se ha llegado a un texto transaccional que es el texto que ha leído la diputada del Grupo Parlamentario Popular, y que ahora mismo procedemos a votar.

Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la votación del punto número 6 del orden del día: proposición no de ley sobre apoyo a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer y a una política integral del alzhéimer, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se presentó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y se ha llegado a un texto transaccional que pasamos a leer.

El señor LETRADO: Dice así: El Congreso de los Diputados, primero, manifiesta su apoyo y adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer; segundo, insta al Gobierno a: a) dar continuidad al abordaje integral del alzhéimer, que contemple los aspectos sanitarios, social y de apoyo a la investigación; b) elaborar un libro blanco que inspire las líneas maestras de dicha política; c) contar para todo ello con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, con las asociaciones de pacientes y con las sociedades científicas de expertos en la materia.

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar este texto.

Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.

Pasamos a la votación del punto número 7 del orden del día: proposición no de ley sobre reconocimiento a don Antonio Vicente Mosquete, primer presidente del consejo general de la ONCE, presentada por La Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del último punto del orden día: proposición no de ley para la adecuación de las funciones del Real Patronato sobre Discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A esta proposición no se han presentado enmiendas, se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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