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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 183, de 09/10/2012
cve: DSCD-10-CO-183
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 183
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
9 de octubre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (Número de expediente 121/000027):

- Del señor secretario de Estado de Justicia (Ramón García). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000563), Socialista (número de expediente 212/000592), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/000671) y Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/000697) ... (Página2)

- Del señor subsecretario de Justicia (Bravo Rivera). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000564) y Socialista (número de expediente 212/000593) ... (Página20)

- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Silguero Estagnan). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000565) ... (Página21)


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Se abre la sesión a las once de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013. (Número de expediente 121/000027):

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ROMÁN GARCÍA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000563), SOCIALISTA (número de expediente 212/000592), DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (número de expediente 212/000671) Y CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/000697).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión. A continuación, siguiendo el orden del día, en primer lugar saludamos al secretario de Estado de Justicia que nos acompaña, don Fernando Román y le agradecemos su presencia en esta Comisión. He de señalar que esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo de Izquierda Plural, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. Al igual que en la otra Comisión de comparecencias para explicación de presupuestos lo hicimos en la manera que vamos a reiterar en esta ocasión. Procederemos del siguiente modo: el compareciente no tiene límite en una primera intervención, los grupos que han solicitado la comparecencia intervendrán de menor a mayor por un tiempo máximo de diez minutos, el resto de grupos que estén interesados en intervenir y que no hayan solicitado la comparecencia, también de menor a mayor, intervendrán por un tiempo de cinco minutos y finalmente cerrará el compareciente ya con un tiempo limitado de diez minutos más. Sin más preámbulos, señorías, damos entonces la palabra a don Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia, para que explique el objeto de la comparecencia que ha sido solicitada por los grupos parlamentarios que anteriormente he señalado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Ramón García): Señorías, de nuevo es un honor para mí y un placer acudir a esta Cámara, en esta ocasión para informarles acerca de las previsiones presupuestarias del departamento de Justicia para 2013. En mi primera comparecencia el pasado mes de abril para presentar los presupuestos de 2012 hice referencia a la situación de dificultad económica extrema a la que nos enfrentábamos. Han pasado pocos meses desde entonces y las circunstancias siguen exigiendo como punto de partida que la austeridad en el gasto público sea denominador común en las políticas e iniciativas de este ministerio para el siguiente ejercicio. Estoy convencido de que seguimos contando con el espíritu constructivo de los distintos grupos parlamentarios y de que sus señorías aportarán ideas que nos ayuden a reorganizar los recursos disponibles, a fin de poder no solo mantener la cartera de servicios que los ciudadanos reciben de la Administración de Justicia sino también estimular el crecimiento económico y devolver la confianza que nuestro país necesita para acabar con el desempleo y la inestabilidad financiera. No quiero dejar de recordar que los presupuestos son el instrumento fundamental con el que cuentan los distintos departamentos para llevar adelante sus políticas y que son un claro indicador de las prioridades del Gobierno, por ello es mi deber presentarles la propuesta que este ministerio hace al Parlamento y solicitar que aprueben este reparto de recursos en el convencimiento de que nos permitirá alcanzar las metas y objetivos que nos hemos marcado para esta legislatura.

Como ustedes saben, el propósito del Gobierno de la nación en la elaboración de estos presupuestos es dar cumplimiento al programa de estabilidad 2012-2015, teniendo en cuenta el procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra España desde 2009. Se busca además realizar con ellos las reformas estructurales necesarias para mejorar nuestra competitividad, alcanzando unos costes de financiación compatibles con niveles de inversión que permitan crear empleo. En primer lugar, quiero señalar que, como ya ocurrió con los presupuestos de 2012, la política de justicia sigue siendo prioritaria para el Gobierno, por ello vamos a poder continuar trabajando en su mejora y en su modernización. Efectivamente, mientras que la reducción global de los Presupuestos Generales del Estado con respecto al año 2012 fue del 8,9%, la del Ministerio de Justicia solo alcanza el 4,21%; reducción además inferior a la que sufrió el presupuesto de este ministerio en 2012, que fue, como recordarán, del 6,34%. Para darles debida cuenta del desglose presupuestario de la política de justicia también comparecerá hoy el secretario general de la Administración de Justicia, que les podrá informar más detalladamente de toda esta política, por un lado, de las partidas en las que se desglosa el presupuesto y, por otro, de la asignación de recursos a los


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proyectos de modernización. Por mi parte les quiero presentar las grandes líneas de este presupuesto y los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con él.

Los objetivos del Ministerio de Justicia están diseñados para mejorar nuestro sistema de justicia, aumentar la confianza en el mismo y contribuir con ello a la recuperación económica del país. Ante todo, estos presupuestos garantizan que el ajuste presupuestario exigido por la actual coyuntura económica no suponga una merma en el servicio público ofrecido. Ya lo adelanté en mi anterior comparecencia pero debo insistir: nos proponemos resolver los principales problemas del servicio público de justicia, que se caracteriza por un agotamiento del modelo y un índice de litigiosidad superior al de la mayoría de los países de nuestro entorno. Para ello debemos realizar una profunda revisión de nuestro ordenamiento jurídico, dotando asimismo a la Administración de Justicia de un sistema de resolución de conflictos ágil y efectiva. Hemos adquirido además el compromiso de profesionalizar el ejercicio de la función jurisdiccional. Vamos a minimizar para ello la justicia interina, procurando que las sustituciones y refuerzos sean realizados por personal con formación, preparación y experiencia contrastadas. Al tiempo, reduciremos con ello el actual coste de la justicia interina; un coste que en las actuales circunstancias no nos deberíamos permitir, teniendo en cuenta además que ello no nos permite avanzar hacia la necesaria calidad de la justicia. De esta manera vamos a mejorar la eficiencia del sistema, un sistema que debe modernizarse en colaboración principalmente con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, así como con el resto de operadores jurídicos. Es necesario que todo ello se lleve a cabo, y así lo estamos haciendo, mediante una reordenación de los recursos existentes que aproveche sin duda el extraordinario esfuerzo inversor de los últimos años, tanto en sistemas de información e infraestructuras físicas como en recursos humanos, pero que incida especialmente en la mejora de las bases en las que se asienta el propio funcionamiento de la Administración de Justicia. Todo ello se traduce, como antes dije, en reformas estructurales, organizativas y legislativas, así como en la implantación tecnológica, reformas que ahora más que nunca son imprescindibles para el presente y futuro de nuestra Administración de Justicia.

Disponemos para hacer frente a estos retos de un presupuesto austero pero que consideramos suficiente para alcanzar los objetivos marcados para el próximo año. El total de créditos destinados al Ministerio de Justicia sin incluir los organismos adscritos es de 1.507,8 millones de euros, lo que representa, según les dije, un descenso del 4,21%. El presupuesto para los organismos adscritos al departamento, esto es Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial y Agencia Española de Protección de Datos, asciende en conjunto a 123,7 millones de euros, es decir un 7,98% menos que para 2012. Considerando ambos parámetros, ministerio más organismos, la cifra para 2013 se sitúa en 1.631,43 millones de euros, con un descenso global del 4,50%. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, que, como saben, dispone de presupuesto independiente pero participa de la política de gasto de justicia, contará en 2013 con una dotación de 62,789 millones de euros, disminuyendo así en un 12,02% respecto a 2012. En cuanto a lo que es estrictamente hablando la política de gasto de justicia, es decir computando solo los programas del ministerio incluidos en dicha política y añadiendo lo correspondiente al consejo, nos situamos en una cifra global de 1.542,85 millones de euros, lo que representa una reducción del 4,33%. Los programas del ministerio que componen esta política experimentan un decremento del 3,97%, situándose en 1.480 millones de euros. Es evidente, por tanto, que con independencia de cómo hagamos las comparaciones, las reducciones están ahí, moviéndose en torno al 4% de decremento; aunque inferiores a la media de los Presupuestos Generales del Estado, son reducciones importantes y tendremos que continuar por ello priorizando los proyectos a realizar, siguiendo para ello las directrices ya marcadas en los presupuestos para 2012 y ahora recogidas en el plan de acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia para 2012-2014, del que el señor secretario general les va a dar después debida cuenta. Lo que quiero recalcar es que las líneas esenciales de nuestro proyecto de reforma de la justicia se mantienen tal y como las anunció el ministro de Justicia al inicio de la legislatura.

La crisis económica y financiera no nos puede impedir seguir avanzando e impulsando la renovación del sistema de justicia. Como ya comenté al presentar los presupuestos de 2012, nos encontramos hoy también ante unos presupuestos austeros en comparación con los últimos años, pero son también, no les quepa duda, los mejores presupuestos que podemos esperar en la actual situación económica. Estos presupuestos se han diseñado para asignar los recursos públicos, recursos escasos, como sus señorías saben, de la forma más correcta y racional posible, con un modelo de gasto que nos va a permitir realizar con los recursos existentes todo aquello que es imprescindible con la visión de futuro necesaria que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y su constante mejora a lo largo del tiempo.


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Por ello hemos apostado por las reformas estructurales y organizativas, y dentro de estas reformas destaca, por el gran alcance y calado que presenta en el sistema de Justicia, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una reforma que se ha estructurado en tres bloques: en primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Les anunció que será tramitada como ley orgánica independiente con el fin de llegar a tiempo para la renovación del consejo prevista para septiembre de 2013. Después quedará integrada como un nuevo libro en la reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Obviamente la trascendencia de esta reforma exige que se haga con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, y por ello actualmente estamos, como ustedes sabrán, en fase de consulta y de negociación con los distintos grupos parlamentarios. El segundo bloque de modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial afecta al régimen jurídico de vacaciones, licencias, permisos de jueces y magistrados, secretarios y resto del personal, y al régimen jurídico de las sustituciones de jueces y magistrados y magistrados suplentes. También vamos a modificar el actual régimen legal de los jueces de adscripción territorial, que consideramos una pieza clave en la mejora de la eficacia del sistema, consiguiendo además una reducción importante de costes. En este sentido se introducirán en la ley orgánica -es nuestra intención- las adaptaciones necesarias para cumplir con el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado el pasado mes de julio. Sin embargo, los objetivos presupuestarios, aun siendo fundamentales en este momento, no son la razón única o principal que nos mueve a adoptar estas reformas. Señorías, con ello nos proponemos profesionalizar el ejercicio de la función jurisdiccional al máximo posible al establecer que las sustituciones se realicen entre los miembros de la carrera judicial siempre que esto sea posible. Cabría pensar que, tal y como hemos planteado la reducción de la interinidad, la calidad y la eficacia del servicio público de Justicia podría verse mermada. Nada más lejos de la realidad, hemos apostado con fuerza por la profesionalización tratando de que no se incremente la carga real de nuestros tribunales de justicia para permitir un funcionamiento más eficiente sin merma de la calidad. Por ello entre otras medidas, y haciendo un inciso, les confirmo que también en 2013 se van a convocar plazas para la Administración de Justicia. En la oferta de empleo público para el año próximo el sector justicia es una de las excepciones previstas para la cobertura de vacantes. Como les he dicho, queremos una justicia profesional y queremos acabar con el elevado nivel de interinidad que incide negativamente en la calidad del servicio. Por eso en 2013 se convocarán 50 plazas para jueces y fiscales, a pesar de las fuertes restricciones impuestas en materia de oferta de empleo público.

Volviendo a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial les informo de que este bloque de modificaciones está actualmente en fase de revisión, a la vista de los informes que acaban de emitir por un lado el Consejo General del Poder Judicial y, por otro, el Consejo Fiscal, para su elevación inmediata al Consejo de Ministros y su posterior presentación a la Cámaras. El resto de modificaciones de esta ley orgánica, junto con la Ley de Demarcación y Planta Judicial, se encuentra aún en fase de desarrollo por la Comisión institucional de expertos independientes, estando previsto el fin de sus trabajos para el mes de diciembre. Será en ese momento cuando el ministerio pueda valorar las propuestas de esa comisión e iniciar en su caso la tramitación del proyecto y cuantas consultas resulten necesarias. Asimismo, con la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial apostamos por superar el obsoleto modelo basado en el partido judicial y por adaptar la organización territorial a los tiempos actuales.

Otra de nuestras grandes apuestas por la mejora del sistema judicial, tal y como anuncié en la comparecencia de abril, es la búsqueda de fórmulas nuevas para la resolución extrajudicial de conflictos. Esta intención se concretó en la ley tramitada por el Parlamento y aprobada el 6 de julio como Ley 5/2012. Como ven ya estamos obteniendo resultados y hemos conseguido configurar un marco jurídico uniforme en todo el territorio nacional, algo hasta ahora inexistente, ofreciendo a todos los ciudadanos nuevas vías para resolver sus conflictos de forma ágil, flexible y, lo que es más en estos duros momentos, menos gravosa que la vía jurisdiccional. La mayor parte de los cambios a los que me estoy refiriendo son cualitativos, cambios importantes que implican una transformación sustancial del modelo actual y que sin embargo implican un bajo nivel de coste. Al contrario, algunos de estos cambios en marcha generarán ingresos adicionales; me estoy refiriendo a la ley de tasas, actualmente en tramitación parlamentaria, una ley que además evitará el excesivo e innecesario nivel de recursos que sobrecargan a los ya muy congestionados tribunales de justicia. Estos ingresos, como ustedes saben, se destinarán a garantizar la financiación de la justicia gratuita.

Para finalizar me gustaría hacer una exposición general de las grandes cifras que manejamos en estos presupuestos, no sin antes poner de relieve otra diferencia cualitativa en los presupuestos de este


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año que afecta a la estructura del presupuesto, y es la profundización en el nivel de individualización presupuestaria del ministerio fiscal, que básicamente se va a traducir en la separación desde el punto de vista presupuestario de las partidas correspondientes a la Fiscalía General del Estado y al resto del ministerio fiscal. Les recuerdo que las partidas del Ministerio de Justicia, sin organismos adscritos para el año 2013, suponen un total de 1.507,78 millones de euros, cifra por cierto muy similar a la de los presupuestos de 2009, cuando se refleja por primera vez los efectos de la crisis en los Presupuestos Generales del Estado.

Adelantándome a la exposición que posteriormente se producirá, que será mucho más precisa y técnica que la mía, permítanme que les presente un panorama global de cada capítulo presupuestario. Los gastos de personal, capítulo 1, sufren una reducción de un 2,82%, que se debe fundamentalmente a una reducción del número de personal sustituto, y la reducción en un 50% de los gastos en acción social. Como ven no se reducen las retribuciones de personal. Las reducciones del capítulo 2, gastos corrientes, son de un 4,23%, debidas principalmente a la reducción de gastos en arrendamientos, a la supresión de la contratación del servicio de la Agencia EFE, que queda centralizado en Presidencia, y a la adopción de medidas de austeridad y racionalización del gasto. En cuanto al capítulo 4, las transferencias corrientes, disminuye en un 8,22%, es decir algo más de 4 millones de euros, que se traduce fundamentalmente en la reducción de la aportación de subvenciones a ayuntamientos por los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz y en la reducción de la aportación a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Se suprimen además las subvenciones a fundaciones y asociaciones profesionales del sector justicia. Quiero destacar que a pesar de esta reducción se mantienen las dotaciones para la financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita y se incrementa en un 5,2% la cantidad destinada a la asistencia psicológica a las víctimas, que este año será de 591.000 euros. En el capítulo 6, de inversiones, recae la mayor parte de los ajustes realizados; sufre una reducción del 20,8%, y la cantidad global de este capítulo es de casi 75 millones de euros. A nuevas tecnologías para la justicia se destinan 52 millones de euros. Estas inversiones sufren una reducción del 14%, mientras que se dedican casi 23 millones a infraestructuras y equipamientos, con una reducción del 34% con respecto al pasado ejercicio; sin embargo, a pesar de la reducción en inversiones para obras, hemos previsto una cantidad que nos permitirá el mantenimiento de edificios y la acometida de las obras más importantes y necesarias. Esta reducción es coherente, en cualquier caso, con la necesidad de esperar a tener diseñado el nuevo modelo de planta judicial, actualmente en fase de estudio. Mientras no esté cerrada esta fase no se pueden acometer nuevos proyectos de infraestructuras, dado que podrían no ser conformes con la nueva organización que se implante. Las nuevas tecnologías sufren un ajuste relativamente bajo. Los 52 millones previstos servirán para acometer los objetivos del Plan de acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2014, del que el señor secretario general les informará ampliamente. Se trata de un plan ambicioso en el que la modernización tecnológica juega un papel vertebrador y en el que se han priorizado las actuaciones de alto valor añadido.

En resumen, señorías, vamos a seguir reforzando aquellas actuaciones de alto impacto y profundizando en aquellos proyectos que se orientan de manera más directa hacia el objetivo de disponer por fin de una Administración de Justicia verdaderamente al servicio del ciudadano. Con esta finalidad se han definido las cuatro líneas de actuación del plan de acción al que me acabo de referir, y que yo únicamente quiero dejar apuntadas. La primera línea de actuación gira en torno a la reorganización de la actividad judicial, aumentando su eficacia mediante el impulso de mejoras técnicas y organizativas a través de la oficina judicial y de la implantación de los tribunales de instancia con el objetivo de conseguir una mejora asignación de recursos y, con ello, una reducción importante de los tiempos de tramitación. La segunda línea se centra en la consolidación de las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y en el desarrollo e implantación de los proyectos informáticos más significativos, como el expediente judicial electrónico o el nuevo sistema de gestión procesal. La tercera línea tiene como objetivo el fomento de la interoperabilidad y la seguridad entre los distintos servicios de la actividad judicial, basando todo ello en la imprescindible cooperación entre las administraciones competentes en permanente colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas. Finalmente, la cuarta línea se centra en el desarrollo de aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal de los asuntos sometidos a los tribunales de justicia, así como la progresiva implantación de nuevas metodologías de trabajo. El conjunto del plan está constituido por cincuenta y nueve medidas definidas y agrupadas en torno a esas cuatro líneas de actuación. Señorías, no voy a extenderme más sobre este plan de acción. Como ya les he dicho los detalles los desgranará el secretario general de la Administración de Justicia.


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No quiero acabar mi exposición, eso sí, sin mencionar de forma muy breve las principales partidas del servicio jurídico del Estado y de los principales organismos adscritos al ministerio. El decremento presupuestario del Servicio Jurídico del Estado es de solo un 1,97%, debido fundamentalmente a ajustes en contratos de arrendamientos, a medidas de racionalización del gasto corriente y a la supresión de subvenciones a asociaciones profesionales. La dotación presupuestaria se queda en algo más de 31,5 millones de euros, garantizándose así la adecuada actividad del servicio jurídico fundamental para los intereses del Estado. En cuanto a los organismos adscritos, el Centro de Estudios Jurídicos sufre una reducción del 34,47%, una reducción acorde con la ausencia de oferta de empleo público del año pasado y por tanto de un menor número de alumnos en prácticas. Se suprimen además, eso sí, las ayudas para la preparación de oposiciones y becas de formación en idiomas extranjeros dirigidos a fiscales, secretarios judiciales, abogados del Estado, médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La Mutualidad General Judicial, otro de los organismos adscritos al departamento, sufre un decremento de un 4,12% debido a las medidas de ahorro, sin perjudicar en ningún caso las prestaciones básicas ofrecidas al colectivo protegido por este organismo. Por último, la Agencia Española de Protección de Datos sufre un ligero decremento del 2,9%, fundamentalmente en el capítulo de inversiones en equipos informáticos y en obra nueva.

En conclusión, espero que compartan conmigo que estos presupuestos son un claro ejercicio de responsabilidad en el gasto y de respeto por la utilización del dinero público y por tanto de respeto hacia la voluntad ciudadana. Como no puede ser de otra manera, estos presupuestos se alinean con la política presupuestaria del Gobierno. Es una política que, como he dicho, tiene el objetivo fundamental de lograr un crecimiento sostenible y permitir la creación de empleo, para lo cual es imprescindible aplicar una política presupuestaria seria y rigurosa. Quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear, así como para aclarar o ampliar lo que estimen necesario. Trataré de darles respuesta en este momento o si la información solicitada lo requiere por su nivel de concreción o detalle les será oportuna y cumplidamente enviada en el plazo reglamentario.

El señor PRESIDENTE:

A continuación vamos a dar la palabra a los grupos que han solicitado la comparecencia, como señalaba al principio de esta Comisión, de menor a mayor y por tiempo de diez minutos. En este sentido, en primer lugar tendría la palabra el portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, don Gaspar Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado.

En primer lugar, como prólogo de mi intervención es muy socorrido en todos los presupuestos hablar de la ficción presupuestaria, pero en este caso yo creo que con más razón que nunca. Este presupuesto parece solamente una segunda edición de la política de ajuste y de recortes que, a tenor de los datos de hoy del Fondo Monetario Internacional, vendrá acompañada de sucesivos recortes y ajustes, todo ello para parecernos cada vez más a Grecia, no solamente en algunas previsiones sino probablemente también en el malestar social. El secretario de Estado dice que estos presupuestos prácticamente son una muestra de la prioridad del Gobierno con respecto a la política de justicia. Es cierto que estos presupuestos sufren un recorte menor que otras secciones de los Presupuestos Generales del Estado, pero también lo es que tampoco hay demasiado margen de maniobra en los servicios públicos en general y en particular al servicio público de la justicia. Por tanto los recortes en esta materia están en torno al 4%, pero por ejemplo las inversiones son superiores al 20%, o las transferencias a las comunidades autónomas es más del 68% de recorte; los recortes pueden afectar en nuestra opinión gravemente, sumados a los recortes del año en curso, al servicio público de la justicia. En esta materia nos parece también grave la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos que, como ya denuncian algunos sindicatos, se acerca a una pérdida de en torno al 30%, lo cual seguramente también va a afectar a la calidad y actividad del servicio público. Lo que más nos preocupa de este presupuesto y lo que le caracteriza no es el recorte -el recorte es sucesivo y probablemente en pendiente, vendrá acompañado de otros-, sino el repago, llamado tasa, y la privatización del servicio público de la justicia. Nos parece que lo más grave de este presupuesto es la denominada tasa, que en nuestra opinión niega el acceso de los ciudadanos a la justicia porque se aplica por igual a personas físicas, a personas jurídicas, a la jurisdicción social. En nuestra opinión eso significa un hecho muy grave, que cambia la naturaleza de nuestro servicio público de justicia y que disuade de la utilización del servicio público.

Comienza la explicación del presupuesto con algo que ya es habitual, en la política de recortes, y es acusar al ciudadano de la mala utilización del servicio para a continuación justificar la aplicación de tasas


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o los recortes. Es absolutamente injusto utilizar ese tipo de valoraciones con respecto a la sobreutilización ciudadana del servicio público, que es únicamente una excusa para inmediatamente adoptar una medida disuasoria, una medida selectiva, una medida injusta, como es la que tiene que ver con las tasas que van a suponer, según el propio Gobierno, que se incorporen unos cientos de millones de euros -hay discrepancias en cuanto a los ingresos que van a suponer esas tasas- y tan solo al mantenimiento de la justicia gratuita. Yo creí que se iba a producir, como consecuencia de la aparición de estas tasas discriminatorias, un crecimiento exponencial de la justicia gratuita que superara la situación actual, pero apenas ustedes mantienen el presupuesto para justicia gratuita, con lo cual seguirá viviendo la misma situación de carencia que vive en estos momentos. Es decir, las clases medias son expulsadas del servicio público de la justicia, sobre todo en la jurisdicción social donde nadie va a recurrir los despidos, porque va a salir más caro recurrirlos que aceptarlos sin más, y luego lo que podemos denominar las situaciones de renta más carenciales tienen un servicio público de justicia que seguirá siendo un pobre servicio público de justicia. Esa es la realidad.

Me ha llamado también la atención, no solamente en esta política de recortes y privatizaciones la acusación a los ciudadanos de mala utilización del servicio público de justicia, que siempre que se producen estos recortes abundan mucho la retórica y las reformas, cuando reformas y retórica en este caso no pueden ocultar la realidad. Ustedes hablan de que a partir de este momento tienen una preocupación, dentro de las reformas de las que ha hablado, por profesionalizar -ha dicho- la Administración de Justicia las sustituciones. En mi profesión se llaman así, sustituciones o interinidades. Esa es una forma de poner una venda a lo que en realidad hacen ustedes, que es suprimir interinos, es decir, ajustar el empleo público hablando de profesionalizar el empleo público. Es una buena forma de introducir retórica pero no puede ocultar la realidad.

Lo mismo ocurre con respecto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque en la redacción que conocemos es una ley de recorte de oferta; es decir, seguimos con la política de ajustes y recortes. Si lo primero es un recorte del empleo público, lo segundo es un recorte de oferta de servicios, que es tradicional y que irá en deterioro de la accesibilidad y de la calidad de la justicia. ¿Cuál es la contrapartida? La solución extrajudicial de los conflictos, que en nuestra opinión debería ser complementaria y no sustitutoria; debería ser complementaria y garantizar también que esa solución extrajudicial fuese un servicio público. Tenemos nuestras dudas de que eso sea así, y nos parece que se está utilizando también como una especie de contrapartida al recorte.

También ha hablado de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, en la cual van a separar la reforma del Consejo del Poder Judicial de la reforma del contenido de la ley, y ha dicho que la reforma del consejo está sometida a consulta. Yo no sé con quién. Mi grupo parlamentario no sabe nada de esa consulta; no ha sido consultado en esa materia. Saludamos que se quiera hacer con el consenso y con el acuerdo de las fuerzas políticas, pero por ahora no ha habido tales contactos. Deseo que se produzcan, pero no los conozco.

Hay algunas cuestiones que nos gustaría resaltar del presupuesto y que usted nos aclarase. En primer lugar, calculan ustedes 500 indultos para 2013. No tienen suficiente con lo que han hecho en 2012 y quieren presupuestar 500 indultos en 2013. Además son unos indultos que están produciendo un escándalo social, porque al mismo tiempo que ustedes proponen un incremento de la dureza del Código Penal con la otra mano ofrecen una arbitrariedad en materia de elusión de las penas, en este caso de los indultos. Además, son indultos que en nuestra opinión se centran en exceso en los delitos de cuello blanco. En nuestra opinión no hay en esa materia ninguna justicia sino mucha arbitrariedad y mucho escándalo social. Por lo tanto, deberán ustedes explicar a qué se debe esa previsión de 500 indultos a lo largo del próximo año. En segundo lugar, ustedes ya no presupuestan lo relativo a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil. Nos parece un hecho grave. Nos parece que ustedes eluden las leyes, incumplen las leyes únicamente recortando presupuestos; en este caso, se cargan la Ley de Memoria Histórica anulando el presupuesto. Nos parece un hecho muy grave. Si quieren modificar las leyes, modifíquenlas, pero no utilicen estos mecanismos, que son cínicos, para desmantelar una ley. Por otra parte, no aparece, no encontramos el presupuesto destinado a la fundación que apoya a otras religiones. En el presupuesto anterior ustedes recortaban el 30%, creo recordar, el presupuesto para esa fundación. En este presupuesto nosotros no conseguimos encontrar cuál es la previsión del Gobierno en la materia.

Termino, señorías. En definitiva, nosotros no compartimos en absoluto la orientación presupuestaria general, como se sabe -la política de ajustes nos lleva al austericidio-, y, por otra parte, tampoco


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compartimos la política judicial del Gobierno, que, más que una reforma, nos parece un recorte y una contrarreforma judicial.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario de Estado, gracias por su comparecencia y bienvenido de nuevo a esta Comisión. Gracias también por las explicaciones y por los datos que nos ha ido dando en un momento presupuestario, en un momento general que -lo compartimos- tiene que ser de necesaria austeridad porque la situación económica realmente no creemos que dé para más. Esperemos y confiemos, aunque hay algunas voces que ya adelantan que no va a ser posible, en que podamos cuando menos cumplir con lo presupuestado para el próximo año.

Voy a seguir las explicaciones que nos ha dado y también el informe económico y financiero que acompaña a los presupuestos por aquello de que, siendo de letras, me guío más por las letras que por los números; pero me voy a permitir trasladarle algunas reflexiones y cuestiones sobre estos temas que se han tratado. En primer lugar está el tema de modernización tecnológica. Sé que luego nos va a dar explicaciones el subsecretario de Estado, pero voy a dejar planteado el tema -puesto que, como ya sabe, los grupos pequeños tenemos varias comisiones al mismo tiempo- por si no me fuera posible seguir toda la mañana la Comisión. En cuanto a la modernización tecnológica, el debate del año pasado, si usted recuerda, era que se había presupuestado un organismo nuevo. Afortunadamente, veo que para este año lo que se dice en el informe económico y financiero es que se va a constituir el comité técnico estatal integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de la Administración de Justicia. Es decir, se va a constituir lo que ya estaba previsto en la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Nos felicitamos de que esto sea así, y mi pregunta es para cuándo se va a constituir, porque ya llevamos un cierto retraso, puesto que esto estaba previsto, como digo, desde el año 2011.

Mi pregunta también es qué se ha hecho hasta ahora en el tema de la modernización tecnológica. Soy aficionada a guardar recortes de periódico, y aquí tengo uno en donde se explica la visita del secretario general de la Administración de Justicia a Palma de Mallorca con motivo -explica el periódico- de las sucesivas caídas del sistema procesal Minerva, y esta visita se produjo el pasado mes de julio. Entonces, el señor secretario general explicó a los medios que el ministerio esperaba contar con un nuevo sistema de gestión procesal que permita la interoperabilidad entre todas las administraciones con competencias en materia de justicia. Decía también que la tecnología utilizada hasta entonces -me refiero a Minerva- era obsoleta, que contenía programas que estaban ya descatalogados, etcétera. Pues bien, ¿qué se ha hecho en todo esto? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo podemos avanzar?

Interoperabilidad. No sé si intencionada o desintencionadamente -y no hablo de sus manifestaciones-, pero cada vez que se habla, quien sea, de que los sistemas técnicos, tecnológicos, de la Administración de Justicia no se hablan entre sí, siempre se acaba concluyendo que la culpa es porque hay demasiadas comunidades autónomas. Quisiera que esta intervención sirviera -y me gustaría que usted lo ratificara- para aclarar que esto no es así. Hay muchas comunidades autónomas que pasan sobradamente los tests de interoperabilidad que se hicieron por el Consejo General del Poder Judicial y que el problema no radica tanto en las comunidades autónomas como, por ejemplo, en las comunidades que dependen directamente del Ministerio de Justicia, que a mi entender no se hablan entre ellas y tienen problemas como los explicados en esta nota de prensa por el señor secretario general de la Administración de Justicia. Creo que hay que hacer justicia. Cuando las cosas se hacen bien, ha de quedar constancia; y las que no salen bien hay que intentar rectificarlas. Andemos hacia lo que sale bien, pero no es justo que cada vez que se habla de este problema de diga que hay tantos sistemas porque la culpa es de las comunidades autónomas.

Otro tema, señor secretario de Estado, es el de la convocatoria de jueces y fiscales. Nos alegramos. Usted sabe que en el pasado mes de abril le planteé la inquietud desde Convergència i Unió por que se parara la necesaria cadencia en la convocatoria de oposiciones. Nos alegramos de que hayan convocado estas nuevas plazas. Sabemos que esto ha sido también de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Quizá no son todas las que serían deseables, pero son las que son posibles y por lo menos se reinicia la cadencia que quedó -espero que momentáneamente- suspendida. Mi primera pregunta sería: ¿Esto va a ser el reinicio de una cadencia que no se va a volver a suspender, que no tienen previsto volver a suspender? Segundo tema que enlaza con este. Creemos que la estructura no va a dar mucho


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más de sí. ¿Por qué se lo digo? Porque el próximo mes de marzo salen 216 nuevos jueces. El próximo año, 204, más 45 de este año. Es cierto que se está reduciendo la justicia interina, que se están creando jueces de adscripción territorial, plazas en órganos colegiados, es decir, todo aquello que no comporta creación de nuevos juzgados con un nuevo presupuesto. Pero tenemos la impresión de que si no se avanza en la creación de tribunales de instancia no sé si vamos a poder dar salida al número de jueces que están preparados para desempeñar ya su función. Me gustaría saber cómo tienen prevista la creación de tribunales de instancia, cómo van a acompasar las distintas medidas, sobre todo de índole procesal. También quiero preguntarle por la Ley de Demarcación y Planta que sabe que genera ciertas polémicas, pero hemos de saber cuándo se va a llevar a cabo, porque nos sorprende que se diga que en el ejercicio 2013 se llevarán a cabo 8 actuaciones de obra nueva. No sé si se refieren a una gran obra nueva o a una pequeña obra nueva. Pero si se va a avanzar en la Ley de tribunales de instancia y en la Ley planta y demarcación, quiero reiterar, como hice en la comparecencia de presupuestos del año pasado, que hay que tener en cuenta unos plazos de amortización de obras que siempre son costosas, pero más en este momento en que los recursos son escasos.

En el informe económico y financiero se habla de modernizar el marco regulador del Registro Civil. Completamente a favor. Es más, nosotros lo que querríamos es que se avanzara la entrada en vigor de una parte de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que está previsto que entre en vigor en julio de 2014, para ver si se puede adelantar la entrada en vigor en la parte que establece que salgan del Registro Civil las nacionalizaciones y que vayan bien al Ministerio del Interior, bien a las delegaciones del Gobierno. Me gustaría que me pudiera dar alguna información al respecto. También con respecto al tema de Registro Civil, se dice que se va a introducir la regulación del matrimonio celebrado ante notario y la regulación de cuestiones relativas a la identificación de los recién nacidos o a la denominada maternidad por sustitución, entiendo que es lo que se llama vientres de alquiler. Me gustaría saber si piensan regular los vientres de alquiler, el matrimonio celebrado ante notario, etcétera.

No quiero finalizar sin referirme al tema de la revisión de la ley de tasas. Desde Convergència i Unió entendemos perfectamente que en un momento económico como el actual se quiera que las personas que utilizan un servicio público aporten un poco más que las que no lo utilizan en sufragar los costes generales de un servicio público. Entendemos que se ha de hacer con los impuestos de todos, pero no nos parece contradictorio que aquellos que lo utilizan lo sufraguen un poco más. Hasta ahí de acuerdo. Lo que pasa es que cuando vemos la propuesta que se hace en el proyecto de ley de tasas que ha enviado el Gobierno, en lugar de sufragar un poco más la finalidad de este proyecto es claramente disuasorio de la utilización del servicio público de la Administración de Justicia. A nuestro entender, esto no solo conculca lo dispuesto en la Constitución, sino que hasta, si me permiten términos coloquiales, parece un tanto chocante. No conozco ningún otro ministerio que disuada de utilizar los servicios que presta. Creo que la utilización de los servicios públicos de la Administración de Justicia es una muestra de la confianza de la ciudadanía. Y aunque es cierto que se están arbitrando medidas alternativas de resolución de conflictos y que se ha de hacer así, como, por ejemplo, la ley de mediación a la que usted ha aludido, le puedo afirmar desde la experiencia de Cataluña, en donde hace diez años que tenemos Ley de Mediación, que la mediación ha variado cualitativamente algún concepto, pero cuantitativamente muy poco. Y si por un lado confían la resolución de conflictos a sistemas alternativos tan nuevos como este y, por otra parte, disuaden -por excesivas las tasas- a una gran capa media de la población a ir a los tribunales de justicia, se está conculcando lo preceptuado en la Constitución española respecto de la tutela judicial efectiva. No voy a adelantar un debate que se va a producir en las próximas semanas. Pero sí quiero decirle que mi grupo parlamentario, después de considerarlo ampliamente, va a presentar una enmienda a la totalidad, porque creemos que la obstaculización de un servicio público no se puede hacer en los términos que se está haciendo. Veremos después si somos capaces entre todos de modelar el contenido, especialmente la cuantía de las tasas y también la aplicación a determinados sectores o jurisdicciones en los que realmente resulta novedoso. Señor presidente, he excedido mi tiempo, por lo que agradezco su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia. Quiero darle la bienvenida en nombre de nuestro grupo y agradecerle sus explicaciones y le brindamos nuestra colaboración y diálogo cuando lo considere preciso, porque es de interés que una política de Estado como la de justicia cuente con el mayor grado de consenso en la agenda reformista que proponen y también en


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los presupuestos. Comentábamos en esta mesa que podíamos encontrarnos en este presupuesto en una situación parecida a la del año anterior. Hoy las previsiones del Fondo Monetario Internacional parecen indicar que los Presupuestos Generales del Estado pueden tener ciertos desajustes, y no sabemos si en el transcurso de la tramitación parlamentaria o más adelante habrá nuevos ajustes y nuevos recortes, es decir, unas previsiones distintas de ingresos y, por tanto, este debate de hoy estará caducado dentro de unos meses. En cualquier caso, lo que nos toca es discutir su proyecto de ley de presupuestos.

Quisiera empezar haciéndole un halago personal, señor secretario de Estado, por su contrastada capacidad de diálogo. Nos alegramos que de momento haya podido evitar las movilizaciones anunciadas en las juntas de jueces del 21 de septiembre, en parte ocasionadas por la paralización de la modernización de la Administración de Justicia, en parte por las reformas sobre permisos y suplencias en los órganos judiciales y la carrera fiscal como una de las reformas que quieren intentar implantar. Porque movilizaciones y paralizaciones del normal funcionamiento de la Administración de Justicia ayudarían al deterioro de la imagen de la justicia. Desde nuestro punto de vista, la agenda reformista de este ministerio, incluido como un ejemplo simbólico la reforma del Código Penal, resulta ser una auténtica cortina de humo, una distracción sobre el grave retroceso que está sufriendo el proceso de modernización de la justicia. Resulta difícil sostener ante los ciudadanos la voluntad de perseguir una Administración de Justicia eficiente y de calidad sin esfuerzo presupuestario. La frase bien conocida de más con menos nos resulta difícil de sostener en la Administración de Justicia, quizás con un grado más claro de dificultad que en otras secciones, por tanto va a ser muy complicado. El presupuesto de 2013 es de 1.507,78 millones de euros, 1.623 en el consolidado, lo que significa una rebaja del 4,21% frente a 2012 y se retrocede a presupuestos anteriores a 2009. Siempre nos podemos consolar con la comparativa con otras secciones. Por ejemplo, ayer estaba en el debate de la sección de Exteriores, que ha caído el 11,2%, casi un 50% en relación a 2011, cierto que Justicia proporcionalmente baja menos, pero eso no debe ser un consuelo para quien intenta poner en marcha unas reformas ambiciosas como las que ustedes pretenden. Sin embargo, en justicia, como le decía, acumulamos un grave retraso en este proceso de modernización, que pudo paliar en parte el Gobierno socialista, que gastó en Justicia -y nos gusta recordarlo- 13.427 millones de euros, el doble que en el anterior periodo de Gobierno popular. Y no es gastar por gastar, sino gastar eficientemente en una fase que yo creo fue ganada en los años de Gobierno socialista a favor de la modernización de la Administración de Justicia, en el bien entendido que nos queda todavía un camino por recorrer y que esperamos que ustedes lo puedan recorrer.

Es posible retroceder no solo en derechos individuales y sociales, si atendemos a las reformas que ustedes ya han emprendido y las que piensa emprender este ministerio. Sin embargo, los pasos que se han dado durante el tiempo que ustedes están al frente del Gobierno, al frente de la responsabilidad de la Administración de Justicia como servicio público, son sin duda notorios. Ustedes nos están llevando a un proceso de privatización de la justicia; incluso nos atrevemos a decir con claridad que incluso privilegiando a ciertos profesionales, notarios y registradores, en detrimento de otros, la abogacía, y condenando a los ciudadanos a un doble pago de la justicia a través de sus impuestos y a través de las tasas judiciales. Con ello esperan desincentivar la litigiosidad, establecer barreras al acceso a la justicia y subyace, déjeme decirlo, en el ámbito de la crítica política, un escaso interés en que la justicia funcione. Van a seguir, creo, el proceso de privatización, y quizás le preguntaría -aunque no es todavía una presentación como tal de un nuevo escenario de privatizaciones- si también contemplan la privatización a otros profesionales jurídicos, operadores jurídicos de la ejecución de las sentencias, por ejemplo. En sus objetivos de presupuesto ustedes hablan precisamente de dotar a la Administración de Justicia de un sistema de resolución de conflictos efectivos. Sin embargo, nada sabemos de lo que proponen como sistema de resolución de conflictos efectivos, y debemos preguntar si alguna de estas fórmulas que el ministro ha anunciado va en la línea de privatización del servicio público de la justicia a determinadas corporaciones profesionales y en detrimento del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, de aquellos que no pueden permitirse acceder a esta vía privada. En la medida en que aceptemos que se refuerce la justicia privada, avanzamos en la demolición de la justicia como servicio público. Nuestro grupo parlamentario no puede compartir que se haga una justicia de dos velocidades, no puede aceptar que se establezca una diferencia entre ciudadanos que pueden costearse la defensa de sus derechos, de quiénes sencillamente no puedan ni si quiera plantearse acceder a la defensa de los mismos. Coherente con esta tendencia privatizadora y justificativa de la misma, es el argumento esgrimido por el Gobierno de que el modelo está agotado y colapsado, que parece la premisa de la que parte el Partido Popular; así lo ha afirmado también incluso el ministro en su comparecencia, al presentar las líneas generales de su política. Para nosotros,


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con idea de tener consenso con ustedes, nuestra línea roja es el servicio público de la justicia y debe culminarse el proceso de reformas de la Administración que impulsó nuestro Gobierno y que, en algunos casos, puede coincidir con las reformas estructurales que están ustedes impulsando en la oficina judicial y en los tribunales de instancia.

Tasas judiciales. Este es el tema más sensible, señor secretario de Estado. Creo que cumplen dos objetivos. No sé si el disuasorio, como se ha dicho aquí, o claramente el intimidatorio, y un objetivo recaudatorio. El anuncio de recaudación estimada es de 300 millones de euros con la revisión de tasas judiciales. Lo que se pretende no es, a nuestro criterio, modernizar la Administración de Justicia ni conseguir que esta sea más eficaz y eficiente, sino trasladar el coste que supone la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Hasta ahora, lo soportaba el Estado, pero a partir de ahora va a correr a cargo del resto de ciudadanos, que no tienen la insuficiencia de recursos requerida para obtener dicho reconocimiento, pero que sí que utilizan el servicio público. No compartimos para nada esta vinculación de tasas judiciales y de justicia gratuita, así como no estamos de acuerdo -y así lo han manifestado nuestros ponentes en la ley de tasas judiciales- ni con la filosofía de la ley ni con las tasas que se imponen en la misma, pero tendremos el debate necesario dentro del trámite parlamentario cuando sea oportuno. En el caso de algunas comunidades autónomas como la mía, como en Cataluña, sí que hay algunas similitudes entre el Gobierno de Convergència i Unió y el Gobierno del Partido Popular, hay una doble imposición de tasas -también en la Comunidad Valenciana-, que hacen que ese efecto sea todavía especialmente dañino, que esas barreras de acceso a la justicia sean dobles, e incluso podrían plantear cuestiones de constitucionalidad, en el sentido de que el coste de la justicia es diferente de una comunidad autónoma a otra. También quisiéramos nuevamente que expresara su opinión al respecto. Es verdad que también se ha pronunciado el Consejo de Garantías Estatutarias en el caso de las tasas judiciales impuestas por el Gobierno catalán, pero quisiéramos también conocer su opinión.

El gasto de personal asciende a casi 82,44% del presupuesto. Es verdad que es un servicio público y que la necesidad de gasto de personal es elevado, pero deja sin duda pocos instrumentos presupuestarios para el avance en otro tipo de políticas. Voy a hacer una breve referencia -voy terminando, señor presidente- a las plazas judiciales. Comparto la referencia que le ha hecho también la portavoz de Convergència i Unió. Nos alegramos que finalmente hayan podido existir 50 plazas de jueces y fiscales; son insuficientes, ustedes cuando estaban en la oposición reclamaban el triple. Entiendo que los ajustes son los ajustes, pero cuando menos es verdad que hemos dotado esas 50 plazas, lo que considero muy importante incluso para el cuerpo opositor, para que de alguna manera no se rompa ese relevo, esa sustitución de plazas, y que el cuerpo que está estudiando esas carreras judicial y fiscal tenga la esperanza y la oportunidad de seguir estimulado por la convocatoria de plazas. Quizás aluda al Plan de acción de la justicia cuando comparezca el siguiente compareciente, pero sí que quiero comentarle que el Plan de acción de la justicia 2012-2014 sufre unos recortes importantísimos. Creo que no tiene la suficiente dotación presupuestaria y que, por tanto, no va a poder cumplir con los objetivos de modernización. También le queríamos preguntar, señor secretario de Estado, por qué motivo desaparece en el proyecto de presupuestos el programa de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, el programa 467.G, que sí estaba en la Ley de Presupuestos de 2011 y de 2012. Voy terminando haciendo una breve referencia al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, que hace un esfuerzo también de ajuste en un 12,01%, y aprovecho también para saludar al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. He de decir que el consejo ha realizado con este diputado un ejercicio de transparencia porque he pedido las ejecuciones presupuestarias del consejo, y se me ha facilitado el conocimiento exhaustivo de estos datos. Creo que es un elemento positivo a favor de la transparencia del presupuesto del consejo.

Finalmente, en esa crítica política, que espero que usted entienda en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero subrayar que las reformas anunciadas, lejos de atender al interés general y mejorar el servicio público de la justicia, pueden caer en una suerte de clientelismo, orientado a favorecer a colectivos específicos, a emprender debilitamiento de órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial. Sepa que nosotros estamos comprometidos en lograr un servicio público que atienda por igual a los ciudadanos en su pretensión de justicia, reforzar la participación de los representantes de la soberanía popular en el nombramiento de las instituciones públicas como expresión de la relación directa entre estas y los ciudadanos. En ese camino nos va a encontrar. Lamentamos que parcialmente en algunas de estas cuestiones ustedes se están alejando de estos objetivos. Gracias, señor presidente, por su generosidad en el control del tiempo.


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El señor PRESIDENTE: Para finalizar este primer turno de los portavoces que han solicitado la comparecencia del señor secretario de Estado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado señor Castillo Calvín.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor secretario de Estado, le reitero la bienvenida nuevamente a nuestra Comisión y también a todo su equipo trasladándole, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra gratitud por su comparecencia, así como nuestro reconocimiento por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en su conjunto y concretamente en materia de justicia para confeccionar un presupuesto del que estamos razonablemente satisfechos, porque a pesar de la dificultad, ha sabido detallarnos, con profundidad en el fondo y con claridad en la forma, las líneas principales de este presupuesto. Iniciamos, pues, un trámite, con el que seguiremos en los próximos días y semanas, con el objetivo de obtener en la sesión de hoy el máximo de información posible, y como nos toca hablar en esta mañana de presupuestos, parece obligado referirnos a la dimensión de la crisis y a la difícil situación económica y financiera por la que atravesamos, del esfuerzo de reducción del déficit público al que nos obliga nuestro compromiso con la Unión Europea y de las reformas estructurales imprescindibles para recuperar la credibilidad de los mercados internacionales, volver al crecimiento económico y alcanzar el tan ansiado objetivo de creación de empleo. Pero no se preocupe, no pienso extenderme sobre el cuadro macroeconómico en el que se basan los presupuestos generales ni sobre las líneas maestras de la política económica del Gobierno más que para indicar que en este contexto extraordinario de la economía española debemos encuadrar el gran esfuerzo de ajuste presupuestario realizado para el ámbito de la justicia en el año 2013 sobre el que nos ha ilustrado tan amplia como eficazmente el señor secretario de Estado. Es por eso que no pienso entrar en el debate extrapresupuestario en el que alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han tratado de convertir esta comparecencia, sacando a relucir sus ya conocidas y reiteradas discrepancias con las propuestas legislativas del Gobierno y olvidando deliberadamente las cuentas que se han elaborado y que el Gobierno ha traído a esta Cámara, pues entiendo que el único motivo por el que lo hacen es sencillamente porque no tienen ninguna alternativa que ofrecer a este presupuesto.

Centrándonos en la materia que hoy nos convoca esta Comisión y en relación con esta primera comparecencia, comenzaré por decirles que entiendo normal que no coincidamos en nuestras valoraciones más allá de un hecho incuestionable. En tiempos complicados como el presente, que también son tiempos complicados para nuestra justicia, nos gustaría que estos presupuestos contemplaran una mayor dotación, pues es evidente que así todo resultaría más fácil. Yo entiendo cuál es la posición que tienen algunos de los portavoces que han intervenido con anterioridad y especialmente la que tiene el Partido Socialista cuando realiza sus críticas, pues lo cierto es que los únicos presupuestos que les gustan a los señores socialistas son los que ellos hacen, parece lógico, por otro lado, y por eso ahí lo vamos a dejar. Ahora bien, lo que no puedo evitar en este turno de palabra es referirme al énfasis con el que algunos portavoces de la oposición han venido a considerar estos los presupuestos de los recortes cuando insisten en señalar que las cuentas para el año 2013 van a perjudicar la calidad de los servicios públicos esenciales, en definitiva, cuando acusan a estos presupuestos de ser un atropello a los derechos de los ciudadanos, un intento de privatización del servicio público de la justicia que paralizará el proceso modernizador de la misma. Ustedes lo podrán decir, pero la verdad es que no se lo creen. (El señor Villarrubia Mediavilla: Sí, sí). Sí, ustedes lo dicen pero no se lo creen (Risas), porque las cifras les desmontan ese argumento y ese discurso. Porque ustedes saben que gobernar es decidir y gobernar es priorizar en una situación como la que tenemos; gobernar es optimizar los recursos en una situación como en la que estamos ahora mismo, y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación con su presupuesto, como también tuvo que hacerlo en su último año el Gobierno del Partido Socialista cuando se vio obligado a recortar el presupuesto del Ministerio de Justicia en un 6,9%. Así que es un hecho irrebatible que el Gobierno ha decidido priorizar el gasto público en esta sección 13 para el año 2013, lo que demuestra su decidido compromiso con la justicia, pues mientras el descenso de los recursos destinados a todos los ministerios será del 8,9% de media, el correspondiente a justicia presenta una mínima pero exigible reducción del 4,2 con respecto al ejercicio anterior, que ustedes bien saben que eran unos buenos presupuestos, con una dotación, como bien se ha dicho ya, de 1.507,78 millones de euros, cifra muy similar a la de los presupuestos del año 2009. En fin, yo creo que hay que ser coherentes y no empezar a hablar aquí de recortes y criticar los recortes, pues sus señorías saben que inyectar más y más recursos año tras año incrementando el gasto público no es la solución. Sus señorías saben perfectamente la responsabilidad que supone dar respuesta


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a la necesidad de nuestra justicia, especialmente en un escenario macroeconómico tan complicado como el que vivimos y que obliga a la adopción de medidas excepcionales de contención del gasto público, y no porque lo imponga alguna autoridad externa, la Unión Europea o quien sea, sino porque es algo que viene impuesto por la realidad, porque son medidas necesarias para mantener el modelo de convivencia por el que hemos apostado para mantener el Estado de bienestar.

Con esta perspectiva que no podemos olvidar, mediante un ajustado plan de austeridad y sin la severidad que ha sido necesaria en otras secciones, es por lo que hoy podemos hablar de unos presupuestos que ante todo son responsables, realistas y coherentes que, por un lado, permiten mantener el compromiso firme y decidido con las prioridades marcadas con las políticas asumidas por el ministerio en materia de justicia y que, por otro lado, compatibilizan el ineludible objetivo de reducción del déficit público con el buen funcionamiento y modernización de nuestra Administración de Justicia. Pero si prefieren hablar de recortes, vamos a referirnos al ahorro de 1,16 millones de euros en coches oficiales, lo que supone una reducción del 22,28% con respecto al ejercicio en curso. ¿No les parece un recorte adecuado? Podemos también hablar del más de un millón de euros de ahorro en alquileres, lo que supone un recorte del 5,54% para 2013. ¿A lo mejor hubieran preferido sus señorías que esta partida se incrementara? ¿Y qué les parecen los recortes en materia de gasto de personal? Les recuerdo que esta partida consume la mayor parte del presupuesto al situarse en 1.243 millones de euros, lo que representa el 82,4% del gasto total del departamento. Y decrece un 2,82% gracias a la reducción del personal sustituto de las carreras judicial y fiscal. Si mal no recuerdo, hace unos meses, con motivo del debate de los presupuestos para el año 2012, algunos portavoces expresaron su preocupación por el excesivo índice de interinidad tanto del personal al servicio de la Administración de Justicia como de las carreras judicial y fiscal, ¿han cambiado ahora de opinión? Pero si quieren y por ser positivos, también podemos referirnos a aquellas partidas que no se recortan, como la partida para asistencia psicológica a las víctimas, que se incrementa en los presupuestos en un 5,2%, 590.000 euros, o que el Ministerio de Justicia mantenga la inversión destinada a justicia gratuita en nuestro país, que en el presupuesto para el año 2012 ya había experimentado una subida del 7,2%, con una asignación de 34 millones de euros. Y para seguir siendo positivos, que a pesar de la aplicación de medidas de ahorro y ajuste encaminadas al logro de la reducción del déficit público, el próximo año se incluyan en la oferta de empleo público de 2013 50 plazas de las carreras judicial y fiscal.

No voy a extenderme más en estas reflexiones, pues no quiero agotar mi tiempo sin plantear al señor secretario de Estado una serie de cuestiones y consideraciones particulares en materia de política de justicia y sobre el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno, que es de lo que realmente trata esta comparecencia. Quiero empezar refiriéndome, siquiera brevemente, a las grandes reformas organizativas orientadas a transformar el actual modelo de justicia que nos anunció en su anterior comparecencia ante esta Comisión para presentar los presupuestos del año 2012: nueva ley orgánica del Poder Judicial, ley de demarcación y planta judicial, nueva ley de enjuiciamiento criminal, reforma del Código Penal y por supuesto nuevo Código Mercantil. ¿Nos podría indicar para cuándo estarán listos estos importantes textos legales y qué calendario se baraja para su tramitación? Por otro lado, resulta evidente que tendrán un efecto directo en la eficacia de la justicia y previsiblemente en su mayor dinamismo, así que en este punto me gustaría que nos ampliara su valoración sobre las repercusiones presupuestarias de estas reformas. En relación con lo anterior y en cuanto que resulta previsible que supondrán también un ahorro de costes, igualmente le pediría que nos indicase en qué medida afectará al presupuesto del año 2013 la vía alternativa de resolución de conflictos, tanto la que ya está puesta en marcha, mediación, como aquellas otras previstas en su calendario de reforma, arbitraje y jurisdicción voluntaria. Por otro lado, nos preocupa que algunas de las medidas planteadas desde su ministerio: régimen jurídico de vacaciones, licencias y permisos de jueces y magistrados, régimen de sustituciones, etcétera, parece que están generando descontento en el seno de las carreras judicial y fiscal, ¿nos podría decir cuál es la situación real en la que nos encontramos a este respecto? Otro punto sobre el que nos gustaría ampliar información es sobre la excesiva dependencia de la justicia interina, ya nos ofreció en su anterior comparecencia unos datos que nos parecieron preocupantes y nos indicó que era objetivo del ministerio que se sustituyera por justicia profesional para asegurar la calidad del servicio, objetivo con el que creo que todos estamos de acuerdo. ¿Podría, no obstante, explicarnos con más detalle cómo piensa resolver el problema del elevado nivel de interinidad de la Administración de Justicia?

Otra cuestión. A pesar de las medidas generales de restricción de la oferta de empleo público, estos presupuestos prevén una excepción para el ámbito de la Administración de Justicia. ¿Qué razones


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justifican que se haya producido esta excepción? En relación con este tema me gustaría que nos hiciera alguna valoración, si lo considera oportuno, sobre el voto particular emitido por un vocal del Consejo General del Poder Judicial al informe sobre el anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que afecta al régimen de sustituciones, permisos y licencias de los miembros de la carrera judicial, en donde se señala que el 43% de los jueces no llega al módulo de entrada de asuntos. También nos gustaría oír sus reflexiones acerca de si estos presupuestos garantizan que se siga prestando la atención necesaria a las víctimas y si se pueden mantener o mejorar las medidas del Ministerio de Justicia en materia de violencia de género.

Para terminar, se ha hablado de las tasas -cómo no- y de su vinculación a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Nos parece fundamental que en un momento de crisis económica, en un momento de ajustes presupuestarios, el Ministerio de Justicia mantenga la inversión destinada a justicia gratuita en nuestro país con la asignación de 34 millones de euros, pero como el servicio de asistencia jurídica gratuita se presta tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas con competencias transferidas con relación a las tasas, ¿podría indicarnos si se ha llegado a alguna solución adecuada o si se ha abierto un proceso de negociación para resolver esa posible doble imposición que se produciría en el caso de Cataluña de estar en vigor las dos tasas? Creo que ha sido también una preocupación expuesta por otros portavoces.

Concluyo, señor presidente. Señorías, no parece un momento propicio para pedir sino para ofrecer soluciones, soluciones que sí se ofrecen desde el Gobierno pero que, como nos tienen acostumbrados, no hemos escuchado desde la oposición. Aprovecho por ello la ocasión para agradecerle su empeño y el de todo su departamento para ofrecernos en estos momentos de crisis soluciones para conseguir una justicia ágil y de calidad, pues eso es sin duda lo que beneficia a los ciudadanos a los que representamos, que es en definitiva a quienes nos debemos y a quienes todos servimos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Como ningún otro portavoz de los grupos parlamentarios que no habían pedido la comparecencia del secretario de Estado han solicitado el uso de la palabra, damos de nuevo la palabra para un turno final de réplica al señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Román García): En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios sus manifestaciones y hasta sus críticas, que creo que siempre son buenas para seguir mejorando.

Voy a intentar dar respuesta individualizada y en lo posible a cada una de las preocupaciones expresadas por los distintos portavoces, si bien me permitirán que inicialmente haga referencia a dos cuestiones en las que han incidido todos los grupos y que, por otra parte, entiendo que deben ser objeto de una profundización mayor pero no por mi parte, y me explico. En primer lugar, se refieren a las tasas judiciales. Es evidente que estando la ley de tasas en trámite en sede parlamentaria y habiéndose anunciado incluso -ustedes mismos lo han reconocido- que va a ser objeto de un debate más general, me relevaran de entrar en ese debate hoy, cuando nos estamos refiriendo exclusivamente a los presupuestos para el próximo año. No obstante, sí quiero decir al respecto que evidentemente el sistema de tasas no es más que una actualización de lo que ya estaba en vigor hasta ahora en nuestra legislación y que esto no es más que actualizar algo que no solo es necesario sino posible, desde el punto de vista de la constitucionalidad, como ha recordado el Tribunal Constitucional. Entendemos que esto no afecta en modo alguno al derecho a la tutela judicial efectiva, como temen o les preocupa a algunos de los representantes que han expuesto su opinión aquí y ahora. Entendemos que en modo alguno esta regulación nueva de la ley de tasas va a incidir desfavorablemente en el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de acceso a la justicia que tienen los ciudadanos. Más bien al contrario, la ley de tasas precisamente va a ser objeto de una revisión de lo que es actualmente el sistema de tasas, precisamente con el fin de garantizar que los que no tienen recursos económicos suficientes para acceder a la justicia puedan hacerlo. Los ingresos que se obtengan como consecuencia de las tasas van a estar destinados precisamente a la justicia gratuita. Por tanto, en ese punto les diré que pueden legítimamente discrepar unos y otros, pero no cabe duda alguna de que el Tribunal Constitucional se ha mostrado a favor de la posibilidad, dentro del marco de nuestra Constitución, de que una parte del coste real que presenta el sistema de justicia sea soportada en mayor medida por los ciudadanos que acceden a la justicia. Que esto tenga o no un efecto disuasorio es otra cosa. Efectivamente, a nosotros nos parece que no es malo como concepto -sin perjuicio de matices, por supuesto- que no haya un abuso en el acceso a la jurisdicción, es decir, todo el mundo tiene derecho a acceder a la jurisdicción, a la primera respuesta judicial. Las


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segundas o ulteriores respuestas obviamente no tienen la misma consideración, desde el punto de vista de la esencia, del concepto de lo que es derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso digo que me limito a dejar expuestas estas consideraciones, porque el tema será objeto de un debate mucho más general, mucho más profundo en esta sede parlamentaria próximamente.

Por otro lado, me han hecho determinadas preguntas en relación con la modernización. La primera manifestación de la importancia que concedemos a la modernización en el ámbito del Ministerio de Justicia es precisamente la presencia aquí del secretario general de la Administración de Justicia, que es la persona que en el ministerio hemos considerado que debe liderar este proceso de modernización; por supuesto, siempre en la línea marcada por el ministro y, desde el punto de vista más general, por el propio Gobierno. Pero entendemos que la modernización es una absoluta prioridad, como lo es la política de justicia dentro del Gobierno, y queda demostrado con esa reducción menor que se produce en el Ministerio de Justicia respecto de otros muchos ministerios, de la mayoría de los ministerios. Todo lo que se refiere a modernización va a ser cumplidamente respondido por el secretario general de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que debemos pasar ya a otras preguntas más específicas que me han formulado los distintos representantes.

Señor Llamazares, habla usted de retórica por nuestra parte. Nada más lejos de nuestra intención que limitarnos a presentar fórmulas retóricas sin contenido. Nosotros no ocultamos la realidad; la realidad es que España se encuentra en un momento de crisis brutal, como otros muchos países, y es necesario que todos nos ajustemos el cinturón de una u otra manera; esto es absolutamente imprescindible en este momento. Ahora, como bien ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Popular, gobernar es priorizar, y precisamente cuando el dinero desgraciadamente no es el que todos desearíamos lo que tenemos que hacer es priorizar en aquellos extremos, en aquellas políticas concretas que puedan reportar un mejor servicio a los ciudadanos, empezando por las que son imprescindibles para acabar por las que solo son convenientes y no imprescindibles. En eso estamos, por lo tanto, niego esa premisa mayor de la que usted partía de que nos dediquemos a hacer retórica.

Ha hablado usted de una ley de demarcación o de un texto de ley de demarcación que, si no le he entendido mal, dice que conoce. Desde luego, no será un texto presentado por el Gobierno, porque el texto que se ha encargado por el Consejo de Ministros nos lo van a comunicar en diciembre la comisión de expertos que está trabajando sobre ello. (El señor Llamazares Trigo: El Gobierno no informa de nada). Sí le puedo decir desde luego como premisa mayor que es objeto de preocupación también para otros grupos parlamentarios y, por supuesto, para otras personas dedicadas al ejercicio de responsabilidad política, aunque no sea en sede parlamentaria, como son los alcaldes o las propias comunidades autónomas, que somos muy conscientes de la realidad, de lo que hay y de lo que no hay; es decir, si estamos en un momento en el que el dinero escasea, los recursos son escasos, lo que no podemos hacer es desaprovechar ninguno de los recursos existentes. Cuando tengamos que poner sobre la mesa una ley de planta y demarcación, naturalmente buscaremos el mayor consenso con todos los responsables políticos, desde los parlamentarios hasta los autonómicos y los locales, porque entendemos que la justicia, primero, es algo de todos y, segundo, que los esfuerzos que se han hecho económicamente hablando desde otras instancias distintas del Ministerio de Justicia, que son las comunidades autónomas con competencia transferida, no pueden desperdiciarse y mucho menos en un momento en el que no hay dinero. Lógicamente, tendremos que ir a un proceso de transición más o menos largo, pero no pensamos desaprovechar en absoluto los medios materiales con que contamos hoy en día.

Ha hablado de la evitación extrajudicial de conflictos en términos de complementariedad. Naturalmente que compartimos esa apreciación. Es evidente que en un sistema de justicia como el español cuando hablamos de modelo agotado -expresión que ha sido objeto de alguna crítica por su parte-, estamos constatando una realidad que parte no de una crítica a tal o cual equipo de Gobierno anterior. Nosotros por supuesto reconocemos -como hice ya en su momento- el esfuerzo inversor que ha hecho el equipo del Gobierno socialista anterior; otra cosa es la gestión de ese esfuerzo, el control de los resultados y que al final haya servido para lo que deseaban con su mejor intención. Creo sinceramente que a la vista está que los resultados no han sido los esperados. Por eso tenemos que pensar en cambiar de modelo. Si se está invirtiendo desde los años 2003 y 2004 de manera muy fuerte, apostando por creación de unidades judiciales -me refiero a unidades judiciales en el sentido clásico de, edificio, juez, fiscal, secretario, ocho o nueve funcionarios- y esto no ha dado resultado, lo lógico es replantearnos si estamos en la buena dirección. La consecuencia que nosotros hemos extraído, la conclusión que hemos alcanzado, es que no estábamos en la buena dirección. De lo que se trata es de rectificar donde ha habido errores que, como


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digo, estaban adornados de buena intención, pero estas políticas no han dado el resultado deseado. Por eso, apostaremos por los tribunales de instancia para completar el modelo de oficina judicial. Una vez más les digo que en diciembre, cuando tengamos las propuestas que nos van a hacer la comisión de expertos que ha designado el Consejo de Ministros, les podremos trasladar cuáles son esas propuestas, iniciaremos una fase de consultas con todos los colectivos y operadores jurídicos que puedan resultar afectados o implicados por esta reforma, sin límite en principio de tiempo. No tenemos una urgencia vital en acortar esa fase porque lo que pretendemos es intentar buscar el mayor consenso. Por supuesto, eso no significa dormirnos en los laureles y que se nos pase la legislatura sin acometer estos proyectos, pero siempre buscando ese máximo consenso porque lo que verdaderamente era más importante desde el punto de vista del tiempo a manejar era desgajar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la reforma del consejo, por una razón muy simple, porque en septiembre del año que viene se tiene que producir la renovación y necesitábamos llegar a tiempo. De ahí que, como les he anunciado antes, esa reforma se tramite separadamente para posteriormente incluirla como un nuevo libro en la Ley Orgánica del Poder Judicial de carácter más general.

Me hablaba usted, señor Llamazares, de los 500 indultos. Nosotros lo que hacemos es gestionar los indultos que nos solicitan. Obviamente no seleccionamos tal o cual indulto, ni tenemos iniciativa a la hora de proponer indultos, lo que hacemos es gestionar. Los indultos que tienen entrada han pasado de 5.500 a 6.000 y por tanto ese incremento de 500 indultos es lo que habrá que tramitar, pero habrá que tramitarlo y resolverlo en la forma que proceda; simplemente es un dato, una cifra, de cuántos indultos están pendientes de tramitación y resolución. Esto no significa ni mayor ni menor coste, el coste es el que es, pero les aportamos la cifra que ahora mismo hay encima de la mesa.

Ha hablado de la Ley de la Memoria Histórica. Creo que bastaría con repasar las actas de las sesiones anteriores en las que he tenido el honor de comparecer ante ustedes para que todos se pudieran convencer -los que no lo estuvieran ya- de las actividades y actuaciones que ha realizado el Ministerio de Justicia en cumplimiento de esa ley. Es cierto que por alguna restructuración interna en la estructura del Ministerio de Justicia se incluyeron todas esas actividades, materialmente hablando, dentro de la división de derechos de gracia, como también lo es que se trasladó, como usted sabe, al Ministerio de la Presidencia la oficina que estaba prevista. No es menos cierto que hemos seguido avanzando en ello. Usted sabe que se ha abierto recientemente la posibilidad en la web del Ministerio de Justicia de consultar los datos relativos a los españoles que fueron objeto de persecución por los nazis; se pueden consultar ahí los datos. Se sabe que hemos seguido con el mapa de fosas, que se han realizado diferentes actividades, que si tiene usted más interés le puedo detallar puntualmente y remitirle la nota correspondiente. Pero creo que es notorio y público, porque ha sido objeto de noticia en los diferentes medios de comunicación, que estas actuaciones se han hecho puntualmente.

El señor Llamazares no encontraba en el presupuesto la cantidad referida a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es cierto que esta fundación ha sufrido un recorte de aproximadamente el 18%, lo que es consecuencia natural de esa necesidad de austeridad en los presupuestos que afecta al ministerio y, como no puede ser de otra manera, también a esa partida. Ahora, el simple hecho de la subsistencia de esa fundación, cuando hay otras muchas fundaciones del sector público -y usted lo sabe- que han desaparecido, pone de manifiesto la importancia que tiene para el Gobierno y concretamente para el Ministerio de Justicia asegurar la integración de manera natural, la normalización del hecho religioso, el aseguramiento en definitiva de la libertad religiosa en nuestro país. Sigue habiendo 1,5 millones de euros destinados a esa fundación y se siguen desarrollando con toda normalidad las actuaciones que tiene previstas para el próximo año la fundación. Creo que no me he dejado nada de lo que me planteaba el señor Llamazares, pero si fuera así, por supuesto, le daré cumplida respuesta por escrito.

A la señora Pigem -a quien agradezco también el tono y el fondo de su alocución- le quiero decir que en cuanto a modernización tecnológica -reiterando lo dicho- va a ser el secretario general quien le dé cumplida respuesta a todas sus preocupaciones sobre cuándo se constituye ese órgano y qué se ha hecho hasta ahora. Le podrá explicar el secretario general cuáles han sido las actuaciones en todo este frente tecnológico, qué es lo que se ha hecho en lo que era el buque insignia de la innovación tecnológica en la justicia como era el expediente judicial electrónico, los problemas que ha habido en la Audiencia Nacional, cómo se ha estabilizado ese problema en la Audiencia Nacional y cómo se está en fase no solo de estabilizar sino de dar el salto definitivo hacia delante para poder conseguir ese objetivo del expediente judicial electrónico, que es fundamental para que podamos llevar a cabo los tribunales de instancia y la oficina judicial. Gran parte de los problemas de la defectuosa implantación durantes estos nueve años, de


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2003 hasta acá, de la oficina judicial se debe a que no contábamos con los elementos tecnológicos necesarios. No quiero dejar de recordar, sin embargo, que en este punto es importantísima la coordinación dentro del respeto al ámbito competencial de cada comunidad autónoma. Se quejaba usted, señora Pigem, de que a veces parece que se culpa a las comunidades autónomas de los males que pueda tener este país en materia tecnológica referida a la justicia. Nada más lejos de nuestra intención que culpar a tal o cual comunidad autónoma. No, no, hay que constatar un hecho y es que en España ha habido diferentes tendencias; el ministerio por su lado y las comunidades autónomas con competencias transferencias, y cada uno ha hecho determinados gastos sin mirar los gastos que se hacían al lado, en el sentido de coordinar los esfuerzos económicos. Esa solución obviamente no era buena y de eso nos hemos dado cuenta todos, no solo el ministerio, sino todas las comunidades autónomas. El pasado mes de mayo tuvimos la conferencia sectorial y el resultado no pudo ser más positivo. Como usted sabe todos acordamos continuar en la misma línea, es decir, poner en común aquellas informaciones procedentes de sistemas tecnológicos que no son compatibles hoy, pero sí lo es la información resultante de ellos, y avanzar de cara al futuro para que los nuevos desarrollos tecnológicos, que cada cual dentro de sus competencias quiera o pueda asumir, se hagan en coordinación absoluta con las demás comunidades autónomas y con el ministerio, con el fin de que sean aprovechados por todos los esfuerzos de cada uno. Y eso vale tanto para las comunidades autónomas como para el ministerio. Por tanto, lejos de establecer reproches de ningún tipo a las comunidades autónomas, de lo que se trata es de constatar que lo que hemos hecho hasta ahora no es lo adecuado y que en el futuro lo adecuado es lograr la máxima coordinación.

Ha hablado usted de la convocatoria de oposiciones. Usted sabe que para nosotros era una enorme preocupación el que no se rompiera la cadencia de oposiciones. Es evidente que eso afecta al cuerpo de opositores ya que impide ese objetivo de profesionalización de la Administración de Justicia, al que ahora me referiré. Es malo que se rompa la cadencia de nuevos jueces y fiscales que ingresan en la Escuela Judicial. Eso aparte de que, a medio o largo plazo, podría llegarse a producir -que no se va a producir-, si se paralizaran indefinidamente las oposiciones, un resultado no deseado, y es que la escuela de Barcelona quedara desprovista de su contenido natural, que es la formación de jueces. Para nosotros, la Escuela Judicial de Barcelona es un referente y pensamos que no solo se debe mantener sino que se debe potenciar. En ese sentido, nos congratulamos de que finalmente Justicia haya sido exceptuada de la congelación de la oferta de empleo público, porque entendemos que esto no es más que el reconocimiento de que es un servicio básico del Estado, es uno de los pilares del Estado. Por lo tanto, que se puedan convocar al menos 50 plazas para jueces y fiscales es lo máximo que podemos conseguir en estos momentos, pero lo deseable sería que pudiera seguir con esta cadencia en años sucesivos. Ese es nuestro objetivo, que no se interrumpa esa cadena de convocatorias.

Le preocupaba, señora Pigem, el tema de los tribunales de instancia. Para nosotros también es un objetivo básico a la hora de reorganizar toda la estructura y funcionamiento de la actividad judicial, que va a venir a completar esa oficina judicial diseñada en 2003, que no ha podido ser debidamente implantada porque ha tenido dificultades importantes, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. A partir de diciembre podremos concretar algo más sobre la base de esa propuesta que nos haga esa comisión de expertos designada por el Consejo de Ministros y, sin duda alguna, será una buena propuesta por la calidad de los componentes de esa comisión. A partir de ahí, el Gobierno iniciará las oportunas consultas para que ese modelo de nueva oficina judicial, con los tribunales de instancia, pueda dar el máximo resultado posible.

Hablaba de la Ley de Demarcación y Planta. Ya me he referido antes a ello. En ningún caso vamos a acometer esa tramitación parlamentaria, ni siquiera la tramitación previa administrativa, con informes del Consejo General del Poder Judicial, etcétera. No vamos a acometerla sin intentar llegar a un profundo consenso con las comunidades autónomas e incluso con todos los responsables políticos a nivel de Administración local y no digo nada de los parlamentarios. Es absolutamente necesario que aprovechemos y utilicemos bien los recursos que tenemos, que son muy escasos ahora mismo hablando de una situación de crisis económica como la que padecemos. Por lo tanto, no vamos a desaprovechar nada de los edificios ni de los medios materiales que haya, lo que tendremos que ir haciendo será adaptar -con un periodo transitorio necesariamente prolongado- la estructura actual hasta el punto en el que se requiera por los tribunales de instancia cuando estos vayan a entrar en funcionamiento.

Finalmente hablaba usted también de las tasas. Le reitero lo que antes comentaba. No creemos que haya ninguna duda sobre la constitucionalidad del sistema que proponemos, pero va a ser objeto del debate parlamentario y ahí, lógicamente, se podrá profundizar en esta materia.


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Por lo que se refiere al señor Sáez Jubero, quiero también agradecer su crítica y su tono general y aceptar y celebrar que sugiera colaboración, diálogo y, en la medida de lo posible, consenso. Ese es nuestro objetivo, lo ha sido desde el primer momento y lo he expresado aquí en anteriores ocasiones. Manifiesta una cierta preocupación por esa expresión de descontento que puede haber en la carrera judicial y fiscal en relación con las reformas. Aprovecho en este punto para también dar respuesta a la pregunta del señor Castillo. Es indudable -se ha traducido en diversas noticias en medios de comunicación- que ha habido una preocupación expresada por los colectivos de jueces y de fiscales con carácter general en relación con las reformas del Gobierno, así por lo menos se anuncia en los medios de comunicación. Yo quiero precisar al respecto lo siguiente. Las reformas en materia del Consejo General del Poder Judicial no han sido objeto todavía de concreción por parte del Gobierno en cuanto a la posición que finalmente adoptará. Lo que se ha anunciado es que se están comenzando una serie de negociaciones a nivel parlamentario para buscar el máximo consenso que dé estabilidad a un órgano que es absolutamente fundamental en el ámbito de la justicia y, en general, en la estructura del país, como es el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, las críticas que se hayan podido hacer, se hacen en el vacío, porque no se ha presentado todavía un proyecto del Gobierno. Lo que se ha anunciado por el Gobierno es cuál ha sido el resultado del trabajo de esa comisión de expertos en lo que se refiere concretamente a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Obviamente, en su momento, se dará traslado a la opinión pública y por supuesto se hablará con los jueces, con los fiscales, con el consejo y con las asociaciones, en relación con esa reforma, cuando ya haya una postura concreta del Gobierno. Por eso, las posibles críticas o preocupaciones tienen que ver con lo que pueda estar encima de la mesa.

Hay una serie de medidas de afectación económica que inciden en el colectivo de miembros de la Administración de Justicia, hablando en sentido amplio -jueces, fiscales, secretarios, funcionarios-, como también, desgraciadamente, tienen que afectar al resto de los ciudadanos. En este punto le puedo decir que, cuando nos reunimos con los jueces y con los fiscales -en cumplimiento por cierto del compromiso que adquirimos al inicio de la legislatura, cuando nos reunimos con cada una de las asociaciones de jueces y fiscales-, nos comprometimos a que, antes de dar traslado para el trámite parlamentario de los proyectos que ya estuvieran suficientemente definidos, nos reuniríamos con ellos para compartir las reflexiones y aceptar en su caso las sugerencias que fueran convenientes para mejorar los textos. En cumplimiento de ese compromiso nos hemos reunido el pasado día 2 con las asociaciones de jueces y de fiscales, y tengo que decirle que en modo alguno nos han reclamado mejoras económicas o han expresado una preocupación, que por otro lado tendrían todo el derecho a compartir con el resto de los ciudadanos de este país en cuanto a su afectación económica a nivel individual pero, lejos de efectuar ninguna reclamación sobre eso, su preocupación era por el estatuto de los jueces y los fiscales. ¿Con qué objeto? No mirando hacia sí, egoístamente, sino con la finalidad de que ese estatuto no se viera perjudicado en modo alguno por las reformas que pudiéramos impulsar porque entienden que tienen que prestar un servicio básico a los ciudadanos. En este punto le tengo que decir con toda rotundidad que la preocupación por que no se recorte ninguna de las condiciones que afectan a jueces y fiscales para prestar ese servicio esencial del Estado, la compartimos; compartimos esa preocupación y tenemos el máximo respeto a las reivindicaciones o manifestaciones que hayan hecho las asociaciones de jueces y fiscales. La reunión tuvo un tono absolutamente positivo y de colaboración, y en ese sentido nosotros intentaremos recoger en la medida de lo posible sus sugerencias. Digo en la medida de lo posible porque es evidentemente que algunas no pueden ser compartidas en el modelo que pretendemos introducir en la legislación.

Esto tiene que ver con esa reforma que próximamente entrará en sede parlamentaria, después de que la apruebe el Consejo de Ministros sobre el régimen general de sustituciones, y esto tiene que ver con esta comparecencia en materia presupuestaria. Citaré solo un ejemplo. El año pasado actuaron más de 1.400 jueces sustitutos o magistrados suplentes, es decir, no profesionales. Con todo el respeto a la buena labor que han hecho durante años -a la imprescindible labor, diría yo- para que se pudiera administrar justicia en este país, eso supone que una buena parte de las sentencias se dictan por personas que no han pasado esos filtros previos, contrastados, de oposiciones o de procesos selectivos en general. Nosotros entendemos -partiendo del respeto absoluto a las personas que han hecho esa labor- que el objetivo de conseguir una justicia en la que sean los jueces y magistrados profesionales los que dicten las sentencias, es irrenunciable. Ya lo anunciamos al principio de la legislatura y lo que tenemos que hacer es poner medidas en marcha que tiendan a conseguir ese objetivo, y si además ese objetivo supone que podemos ahorrar en el próximo ejercicio, en 2013, cerca de 21 millones de euros, naturalmente tiene que ser saludado con cierta ilusión ese proyecto. En definitiva, vamos a prestar un mejor servicio a los


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ciudadanos y encima vamos a ahorrar dinero. Eso no significa que podamos suprimir de un plumazo la actuación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. Debe quedar como un recurso excepcional, pero no debe ser la regla general. La regla general debe ser conseguir un sistema en el que los jueces y magistrados se sustituyan entre sí. A ese sistema de sustituciones profesionales hemos acudido, un sistema que se caracteriza primero por la voluntariedad. Tanto en órganos colegiados como en órganos unipersonales, los jueces y magistrados que deseen voluntariamente participar serán tenidos en cuenta de manera preferente. Allí donde no llegue esa posibilidad se articulan una serie de prelaciones en los llamamientos para que al final el sistema quede cerrado, como no puede ser de otra manera. Lo importante es que daremos un mejor servicio y conseguiremos ahorrar, según hemos previsto, en torno a los 20 o 21 millones de euros.

Ha hablado el señor Sáez Jubero de diversas cosas; de alternativas extrajudiciales, de métodos extrajudiciales de evitación de conflictos y de justicia a dos velocidades. Creo que coincidimos en que el modelo actual está bastante agotado, pese a reconocer el esfuerzo inversor que se ha hecho por el equipo anterior, ya lo he dicho otras veces. El problema es cómo se ha gastado y cómo se ha controlado ese gasto. Nosotros sí tendríamos críticas que hacer a ese respecto. Lo que hacemos es poner en marcha otro nuevo modelo. Intentamos transformar radicalmente las condiciones en las que se tiene que administrar justicia en este país. Ejemplos de esta transformación necesaria, sobre todo en materia tecnológica, los pondrá a disposición de ustedes el secretario general de la Administración de Justicia, y a alguna de ellas ya me he referido en otra ocasión.

Se congratula de que haya plazas judiciales, 50 plazas. Entendemos que es necesario que no se rompa esa cadena para el futuro. Sobre el plan de acción de justicia le va a dar cumplida respuesta el secretario general. También nos parece muy positiva esa transparencia de la que hablaba el señor Sáez Jubero en relación con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Creo que esa es la buena dirección, que haya una absoluta transparencia. También hay que destacar la austeridad del Consejo General del Poder Judicial al reducir en poco más de un 12% su presupuesto.

En definitiva, ha expresado usted una crítica política y habla de clientelismo y debilitación de un órgano constitucional tan importante como el consejo. Eso no se lo puedo aceptar. Que me diga usted que tratamos de debilitar el consejo es algo para nosotros por completo inaceptable. No solo no queremos debilitarlo, sino que queremos que cumpla con toda la potencia que la Constitución le otorga las funciones fundamentales que le encomienda. Cualquier crítica que se dirija a nosotros en ese aspecto es manifiestamente infundada, siempre partiendo del respeto absoluto hacia lo que desde el punto de vista político ustedes entiendan que deben efectuar como crítica.

Al señor Castillo le agradezco sus manifestaciones, esa referencia a que gobernar es priorizar y la alusión a diversos detalles que ponen de manifiesto una consideración positiva en cuanto a las distintas elecciones concretas que han ido tomando el Gobierno y el Ministerio de Justicia que demuestran esa priorización de los proyectos. Ha hablado usted de grandes reformas. Ya he explicado que las leyes troncales, lo que es Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Planta y Demarcación Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal, vamos a tenerlas en diciembre en cuanto se refiere al texto que salga de la comisión de expertos. A partir de ahí iniciaremos consultas y buscaremos el máximo consenso, pero sin la presión de tener que ir a fecha fija, a septiembre del año próximo, que es la reforma del consejo. Por eso hemos desgajado la reforma del consejo para tramitarla independientemente.

Me hablaba también del descontento de jueces y fiscales e incluso me preguntaba sobre la valoración que me merecía ese voto particular de un vocal en el que se aludía a un 43% de órganos judiciales que no llegaban a los indicadores o módulos de entrada. Creo que está todo anudado. Quiero ser absolutamente rotundo. El descontento que pudieran tener jueces y fiscales constituye una preocupación para nosotros, porque estamos hablando de unos servidores públicos que son algo cualitativamente diferente de funcionarios públicos, con todo el respeto que merecen todos los funcionarios públicos, pero digo algo singular a los funcionarios públicos porque son un poder del Estado y, del mismo modo que quienes se sientan en el Parlamento o en el Consejo de Ministros están representando al Estado y son pilares fundamentales del mismo en cuanto que son poderes del Estado, los jueces también lo son. Por tanto, que exijan condiciones dignas para poder llevar a cabo su labor no deja de ser algo tremendamente necesario e imprescindible en un Estado como el nuestro. De ahí el reconocimiento que nosotros hacemos no solo hacia esa preocupación, la toma en consideración de sus preocupaciones a este respecto, sino el reconocimiento rotundo del esfuerzo que han llevado a cabo durante las últimas décadas los jueces y magistrados de este país para llevar adelante el ejercicio de su función jurisdiccional en condiciones


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muchas veces de una manifiesta insuficiencia de medios, lo que no puede merecer más que el reconocimiento del Gobierno y concretamente del Ministerio de Justicia.

Partiendo de esa premisa, cuando un vocal expresa legítimamente unos datos que obtiene del propio consejo, y así se dice en la prensa, en los medios de comunicación, esos datos admiten diferentes lecturas. Se dice: el 43% no llega a módulos de entrada, lo cual quiere decir, sensu contrario, que el 57% está sobrepasándolos. Esto pone de manifiesto que hay una situación de desigualdad distributiva entre los distintos órganos judiciales que es preocupante y que hay que atacar para resolver. Hace falta una reforma organizativa, porque hay desigualdades en la distribución de asuntos. Ahora bien, eso por sí solo no es un dato que merezca un reproche directo contra los jueces. A eso no va a contribuir el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando los jueces dictan sentencias no están obteniendo resultados como si se tratara de una máquina expendedora en la que uno mete una moneda y sale una sentencia. Los distintos problemas de los ciudadanos que tienen que ser resueltos por los jueces necesitan diferentes respuestas individualizadas caso a caso. Eso exige que los jueces tengan que emplear el tiempo que sea necesario para resolver cada asunto en función de su complicación, de su complejidad, del volumen del asunto, de diversos parámetros. Por eso el simple dato frío al que aludía no es significativo de que los jueces no estén sobrecargados de trabajo. Ya le digo que hay muchos juzgados que están sobrecargados de trabajo y lo que hay que hacer es atacar las causas de esa sobrecarga. Hay que evitar que determinados asuntos lleguen a los juzgados porque pueden ser resueltos por otros profesionales y conseguir que los que lleguen lo hagan en adecuadas condiciones desde el punto de vista tecnológico para mejorar la forma de tramitación y resolución y que los jueces tengan unas condiciones de trabajo que sean las adecuadas a un poder del Estado para poder ejercer su labor con toda eficiencia. Si no lo conseguimos, no estaríamos prestando a los ciudadanos el servicio necesario. Por eso tenemos la absoluta convicción de que vamos a conseguir transformar radicalmente la justicia de este país, propiciando esas condiciones mínimas que necesitan los jueces para prestar con eficiencia y con eficacia su trabajo. Ahora, todos tenemos que ser conscientes de que esto no se hace en un día. Llevamos décadas de insuficiencia y estamos intentando dar la vuelta completamente a esta situación, pero siempre partiendo del reconocimiento del esfuerzo ímprobo que han hecho los jueces durante décadas. Pensamos que es justo reconocerlo y vamos a seguir profundizando.

También ha hablado el señor Castillo de tasas y justicia gratuita. Me remito a lo ya dicho al respecto. Simplemente quiero añadir, que también hablaba de las razones para la excepción de la descongelación del fondo de empleo público, que todo tiene que ver con lo que le acabo de explicar. La justicia es un servicio básico del Estado y los jueces y fiscales -los jueces concretamente, los fiscales por asimilación- constituyen un poder del Estado. No podemos tener insuficiencia de jueces porque eso redundará en un servicio que se presta de manera no adecuada. Hay que procurar que no se rompa la cadena de jueces profesionales y para eso es necesaria la convocatoria de oposiciones. En definitiva, todos debemos congratularnos de que se haya producido esa convocatoria e intentar que en los próximos años no se rompa esa cadena. Además de los esfuerzos ímprobos del Ministerio de Justicia para conseguir ese resultado, hay que reconocer también los esfuerzos que se han hecho desde otras instituciones como es el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Espero haber dado respuesta a sus preguntas y les reitero mi agradecimiento a todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. A efectos de que conste en el "Diario de Sesiones" es obvio que el compareciente no tenía límite de tiempo tampoco en ese turno de réplica. Damos las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia en esta Comisión, por el contenido de sus palabras y las explicaciones que creo que dan satisfacción a las preguntas que le han realizado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Sin más trámites, despedimos al secretario de Estado.

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (BRAVO RIVERA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000564) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000593).

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de dar la palabra al señor subsecretario de Estado al que agradecemos su presencia en esta Comisión, los dos portavoces que habían solicitado su comparecencia, el portavoz del Grupo Socialista y el portavoz del Grupo Popular, me piden la palabra. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.


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El señor SÁEZ JUBERO: Agradeciendo la comparencia del señor subsecretario, a la vista de la prolija comparecencia que ha efectuado el secretario de Estado, no tendríamos inconveniente en declinar la posibilidad de que compareciera; repito, agradeciéndole su presencia y disculpándonos si hemos complicado su agenda de hoy.

El señor PRESIDENTE: El señor Portavoz del Grupo Popular.

El señor CASTILLO CALVÍN: En el mismo sentido, entendiendo que la amplitud de las explicaciones que nos ha trasladado el secretario de Estado, teniendo en cuenta que queda otra comparecencia más y por razones de economía procesal que se citaban y sin que lo considere una descortesía por nuestra parte, no tenemos inconveniente en retirar la petición de comparecencia del señor subsecretario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

En consecuencia, oídos los dos grupos que habían solicitado la comparecencia del señor subsecretario, don Juan Bravo, entiende esta Presidencia que no tiene razón de ser. Agradecemos la disponibilidad del señor subsecretario de Estado a comparecer en esta Comisión y agradecemos en nombre de todos sus miembros su presencia en esta sala.

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SILGUERO ESTAGNAN). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000565).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera comparecencia solicitada, que es la del secretario general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero Estagnan, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. Rogamos al señor Silguero que ocupe este estrado. (Pausa). Muchas gracias, señor Silguero por su presencia en esta Comisión. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de que comparezca. Esperemos que lo haga con la frecuencia que tanto usted como los grupos consideren oportuno. Le traslado en nombre de todos los miembros de la Comisión que estamos encantados de su presencia en este acto. Tiene la palabra para exponer lo relativo a los presupuestos de este departamento.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): En primer lugar, quiero agradecer la presencia y el honor de comparecer ante esta Comisión con motivo de la defensa de los presupuestos del ministerio, en definitiva de tener la ocasión de hablar de una cuestión que para nosotros es fundamental, clave. Detrás de todos estos números, de estas grandes magnitudes que se manejan en el presupuesto, hay algunas cifras que son absolutamente claves. El sentido de mi comparecencia es para explicar algunas de ellas que no por ser las más abultadas, no lo son, consideramos que son absolutamente nucleares para poder avanzar en la modernización de la justicia.

Leía estos días el "Diario de Sesiones" del 7 de octubre del año 2009, cuando la representante del Grupo Popular decía que ya llevaban cinco presupuestos en los que se hablaba de que se iba a llegar a la solución definitiva de la modernización. El tiempo ha transcurrido. Hay que reconocer, como ha hecho el secretario de Estado, la importante inversión que se ha realizado en justicia, pero también -en este sentido debemos hacer todos autocrítica- que no se ha trasladado a la ciudadanía ni tampoco a los profesionales del derecho que dicha modernización se haya producido. Mi intervención se va a circunscribir al programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, y de forma muy trascendental a lo que es el capítulo 6, inversiones reales. Ahí estaremos hablando de todo lo relativo a nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Quiero avanzar que el no éxito -digo esto por evitar otras palabras- de la modernización de la justicia ha hecho que una reforma tan importante como la oficina judicial no haya funcionado. Más que problemas de modelo, que podrán ser objeto de controversia política, lo que está claro es que acudir a unas oficinas judiciales, como es el caso de Ceuta que estos días nos estaban proponiendo que se pusiera en marcha un SCOP, un servicio común de ordenación del procedimiento, en una población en la que hay cinco sedes, es inviable. Si no hay expediente judicial electrónico, no se puede hablar ni de oficina judicial ni de la mínima organización racional del trabajo de los tribunales. Estamos hablando de unos presupuestos austeros. La referencia que hacía a aquel "Diario de Sesiones" de 2009 se enfrentaba a los presupuestos más elevados que ha habido en materia de justicia, los de 2010, sin embargo ahora estamos en unos que son realmente austeros. Ya ha habido muchos recursos públicos destinados a esta tarea y, como decía, el retorno es escaso. El reto es asegurar el avance de la modernización en un contexto de crisis económica. Desde esa perspectiva, la primera decisión que hemos


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tenido que tomar ha estado relacionada con la herencia que nos hemos encontrado de un Plan estratégico de modernización de la justicia; un plan que venía dotado con 600 millones de euros, cantidades elevadas en su momento, como hoy nuevamente el Grupo Socialista ha recordado. Sin duda, es importante una inversión elevada en justicia, porque -recordemos- tradicionalmente ha sido inferior a lo que ha habido en otros ministerios. Por tanto, bien está invertir, pero sobre todo hay que hacerlo de forma eficaz.

Si nos vamos a la comparativa de aquel Plan estratégico de modernización de la justicia y de este plan de acción que desde la secretaría general hemos impulsado, por lo tanto ha quedado ya aprobado, nos encontramos con que en aquel se hablaba de muchas actuaciones, de 147 actuaciones, todas ellas con indicadores muy en la línea de la gestión empresarial, porque se habla del 70%, del 80%, del 90%. Sinceramente, lo que hace falta es el indicador de terminado, finalizado y conforme; ese no llegó a esas actuaciones. Respecto a los resultados del plan estratégico -lo digo no como crítica, sino como ciudadano del país y ahora desde la responsabilidad que me ocupa, desde la vergüenza-, he visto que en el informe anual de 2011 el Defensor del Pueblo definía la situación como una preocupante situación de los juzgados centrales de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional tras la implantación del expediente judicial electrónico. No hay peor mensaje después de haber hecho una inversión importante y después de haberlo puesto como proyecto fundamental que los ciudadanos están esperando, para que no se vea el papel, ese trasiego que existe en estos momentos y que esta haciendo que nuestros funcionarios de justicia estén abocados a realizar labores totalmente secundarias, por no decir terciarias. Ese proyecto estrella del expediente judicial electrónico es el que daba lugar a estas manifestaciones del Defensor del Pueblo. Por tanto, nuestro plan de acción, que es mucho más humilde en cuanto a la dotación económica que tiene, hace una cosa que no hacía el plan anterior, priorizar las actuaciones. De noventa y seis proyectos informáticos, que en la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en un conglomerado con unas empresas públicas, se veían desbordados para poder llevar a cabo, hemos procedido a priorizar las actuaciones. De noventa y seis hemos pasado a doce, y de esas doce vamos a priorizar sobre todo dos: el expediente judicial electrónico y el sistema de gestión procesal. Por lo tanto, nuestro plan de acción prioriza actuaciones y racionaliza los esfuerzos, sobre todo en materia de gasto.

Para eso estamos trabajando una estrategia financiera. Hay que reducir costes, sin duda, pero podemos abordar nuevos mecanismos -las palabras ya se han oído antes pero ahora estamos hablando de ejecutarlos- como son la interoperabilidad y la reutilización de módulos y de trabajos ya realizados por todas las administraciones competentes. En España -hay que decirlo no sin cierta amargura- cada Administración competente ha querido realizar su propio sistema de gestión procesal, pero también otro tipo de aplicaciones que han llevado a que todos estemos trabajando sobre lo mismo y, lo que es más grave, con dinero del contribuyente, que se utiliza para pagar los mismos tipos de desarrollo. Si a esto añadimos que los desarrollos han sido incompatibles en muchos casos, hemos conseguido una gestión, desde luego, todo menos eficiente. Al mismo tiempo, no tenemos que renunciar a crecer hacia nuevas necesidades. Por lo tanto, la estrategia de reducción de costes se complica por la necesidad de tener que trabajar en nuevos servicios. Por ejemplo, qué escaso es en nuestro país el desarrollo modernizador respecto de la ciudadanía o de los profesionales de la justicia. Trabajamos todos en hacer de nuevo un sistema de gestión procesal,- trabajamos todos en hacer nuevos modelos de gestión procesal -que, por cierto, son los mismos pero realizados por diferentes grupos de trabajo-, pero hacer que la ciudadanía pueda continuar el desarrollo de un procedimiento -me estoy refiriendo, por ejemplo, al sistema Pacer, que existe en Estados Unidos- en España ni nos lo planteamos; sobre todo, la proximidad al ciudadano. Hay un problema de percepción. Se ha invertido mucho. Decimos que el retorno es escaso, pero no es nulo; sin embargo, si preguntamos a los ciudadanos y comentamos con los propios compañeros -yo soy magistrado- la situación de la modernización de la justicia, se siente que es una asignatura pendiente. En este capítulo 6 al que me estoy refiriendo y en esta priorización, por dar datos, desde el año 2011 -que ya fueron presupuestos que estaban sufriendo las consecuencias de la crisis- estamos llevando a cabo una disminución del 57,38%. Esto significa que en este apartado de modernización tecnológica va a haber 51,89 millones menos. Esos son los datos.

Ahora bien, voy a hacer una breve exposición. No quiero aburrir a sus señorías con aspectos técnicos, pero es preciso que conozcan algunas cuestiones que dan lugar a que el sistema avance o no en la modernización de la justicia. El primero es el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional. Este expediente, que venía a ser la solución de la ausencia de papel en la Audiencia Nacional, se inaugura en septiembre de 2011. Realmente, en cuanto quien les habla asumió el poder del equipo de trabajo del ministerio tuvo que hacer inmediatamente una valoración de los productos. Los productos que existían allí


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eran absolutamente incompatibles, no era posible técnicamente haber conectado un gestor documental tipo Alfresco -es un tipo de gestor documental- con un sistema de gestión procesal Minerva. Por cierto, siempre ponemos nombres de dioses en España pero, realmente, son productos estándares que las empresas desarrollan convenientemente al revés; es decir, en el momento en el que se hace un desarrollo sobre un producto comercial lo que sucede es que normalmente dicho producto ya no puede avanzar. Por lo tanto, en el año 2005 Uniface 8 -que es la versión que está en el seno de Minerva- quedó congelado a efectos comerciales. A partir de entonces nadie ha tomado la decisión de cambiar los cimientos de ese sistema de gestión procesal. Eso es fundamental y hay que decirlo, porque me consta que todos los grupos políticos presentes aquí y, a través de los responsables ministeriales anteriores, todo el mundo han tenido una verdadera intención de modernizar la justicia; sin embargo, algo ha fallado desde el momento en que acudían a una muerte anunciada. No era posible. Tanto es así que ahora empiezan a aparecer informes del mes de noviembre de 2011, después de la inauguración, diciendo que el diseño no era correcto conforme a la arquitectura de software que se utiliza actualmente. En este sistema y en estos presupuestos que sometemos a su consideración lo que estamos es gastando en estabilización del sistema; primero, en estabilización pero hemos pasado de una situación en la que estábamos en el informe del Defensor del Pueblo de 2011 -al que antes me he remitido- a una situación como la de hace dos semanas en el SIMO, en el que justicia participó dentro del mundo empresarial -una novedad-, pudiendo decir lo que estamos haciendo ya y desde la realidad. El presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo y el secretario de gobierno de la Audiencia Nacional estuvieron defendiendo las bondades de las nuevas versiones del expediente judicial electrónico. Por cierto, este mes comparezco nuevamente ante la sala de gobierno de la Audiencia Nacional para explicar cómo ese camino va a continuar a lo largo del año que viene. Por eso es fundamental esta partida de 3,06 millones incluida dentro de la ley presupuestaria.

Además, hay que avanzar hacia un nuevo sistema de gestión procesal. Efectivamente, se han hecho distintos sistemas de gestión procesal pero tenemos muy claro cómo tiene que ser un sistema de gestión procesal en España, cómo queremos que sea. Tiene que tener, en primer lugar, la posibilidad de un tratamiento de información estructurado, que se suele conocer como el XML -para entendernos, información-. Esa es la primera idea, porque ahí es donde vamos a poder montar la compatibilidad entre los distintos sistemas de gestión. En segundo lugar, tiene que ser susceptible de servicios web; fundamental este tema. Nos va a permitir realizar esas interfaces cara a la ciudadanía. En tercer lugar -ojo con esto-, tiene que estar basado en tecnologías que sean de tipo estándar (tipo Java, no.net). Hay alguna Administración que, en este momento, ha tomado la decisión de ir por ese camino; salvo en Arabia Saudí, en otros países no sería posible pagar en licencias lo que esa decisión entraña. Ojo con eso. Afecta al menos a uno o dos de los sistemas existentes. En cuarto lugar, tiene que ser un sistema centralizado, pero no en el sentido político; es una centralización tecnológica. Minerva tiene varios cientos de servidores, de maquinas, y cada vez que se introduce una nueva mejora en el sistema creamos una justicia no de dos velocidades sino de cuatro o de seis. Es decir es fundamental que haya una plataforma única en la que esa inversión en tecnología que inmediatamente en el momento en que se pone en marcha la última versión sea aplicable en todas las cuestiones. Por lo tanto a lo del sistema de gestión procesal nos vemos abocados porque Minerva, en el Ministerio de Justicia, no cumple todos esos requisitos. Sería muy conveniente que las demás administraciones con competencias en la materia hicieran el mismo examen que hemos hecho nosotros con el nuestro porque quizás -adelanto- ninguna debería estar demasiado alegre por cómo están los sistemas de gestión procesal.

En cualquier caso estamos hablando de reutilizar modelos. Hemos tenido unas reuniones que son muy satisfactorias con los representantes de las comunidades autónomas, por ejemplo hemos estado en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, etcétera. Hemos hablado con los responsables de las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia se compromete en definitiva a coordinar y liderar ese proceso de colaboración que tiene que derivar en que diferentes módulos que se han realizado en España con dinero público puedan ser reutilizados en otros ámbitos territoriales. Contestaría en este sentido a la señora Pigem cuando hablaba de Palma de Mallorca, que es el ejemplo de lo que les estoy diciendo; es la mayor ciudad de territorio del ministerio en cuanto a número de servidores, precisamente por eso en el mes de junio comenzaron a caer los sistemas. Sin dar mayor trascendencia al tema hemos hecho algo que es fundamental, renovar ese producto que les comentaba, ese producto comercial. Qué menos que por lo menos ponerle la siguiente versión. Pues ya está puesta en este momento. Si se está pudiendo ejecutar ya -debo anticipar que Palma de Mallorca ya tiene el nuevo modelo dentro del sistema de


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Minerva- quiere decir que tomamos la decisión de hacerlo desde el principio de la gestión, desde el mes de enero; si no ahora no sería técnicamente posible haberlo contratado y estar ya desarrollándolo. Por lo tanto de ese pequeño cambio que ninguna Administración precedente ha querido realizar -son los cimientos, aunque no se percibe directamente por el ciudadano-, resultará que esas características que estoy reflejando de los sistemas de gestión procesal podrán ser abordadas desde el propio Minerva.

Hay otro tema fundamental que es el de la interoperabilidad. De la interoperabilidad se habla mucho, y no comparto para nada lo que se señalaba de que es una crítica al número de administraciones. Es que los problemas de interoperabilidad ahora no son solo con las comunidades autónomas, son dentro de cada una de las administraciones si hacemos programas incompatibles. Por lo tanto la incompatibilidad o la interoperabilidad no entienden de política territorial, entienden de política funcional. En este sentido tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Es un hecho que este Gobierno va a proceder a desarrollar la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Lo saben las comunidades autónomas, que en este momento ya están informando respecto al texto del real decreto que les hemos remitido y que previsiblemente estará aprobado antes de fin de año. Además, con independencia de la creación de ese órgano, que tiene importancia, lo que también saben las comunidades autónomas es que estamos manteniendo ya reuniones precisamente de colaboración; la próxima la vamos a tener entre este mes y el siguiente. Vamos a hacer en él una cosa que es interesante, que es dibujar no ya el sistema de gestión procesal sino todas las aplicaciones de justicia que deseamos tener en nuestro país, y a partir de ahí vamos a establecer quiénes van a ser los encargados de cada uno de esos módulos. Por supuesto que vamos a partir, en la medida en que se pueda, de algunos productos que son buenos y que hemos tenido ocasión de ver; por ejemplo, nosotros, en el Ministerio de Justicia, tenemos un buen producto en Lexmet para notificaciones electrónicas. Les doy un dato; este año ya llevamos más de 25 millones de notificaciones electrónicas. Parece también que no se percibe por la ciudadanía. La realidad es que en el trabajo judicial hay cada vez más elementos electrónicos, aunque no sean visibles para la propia ciudadanía.

Una cuestión fundamental es la relación con el Consejo General del Poder Judicial. Se ha hablado aquí de la compatibilidad. El problema es que hay que ser muy técnicos, muy precisos para distinguir compatibilidad de programas e interoperabilidad. El test de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, por cierto, lo conozco bien porque durante los siete años que he estado sirviendo en el consejo desarrollamos el primer caso de compatibilidad entre todos los sistemas de gestión procesal, -debo decirlo aquí-, que es la jurisprudencia de España. Es decir el Cendoj -yo era el director del Cendoj- tiene hecha la mayor base de datos que existe a nivel de la Unión Europea de cinco millones de sentencias, y han partido de todos los sistemas de gestión procesal de España; además hemos llegado a automatizar la recogida de datos. Ese es el mejor ejemplo, porque hay que hablar más de teorías con hechos concretos. Ese ejemplo que está basado en los XML, la información estructurada, es el camino por el cual podremos, dejando que cada uno utilice su sistema de gestión procesal propio, el existente, trabajar en una unificación de sistemas, para que pase algo que los actuales sistemas no contemplan, que es que cuando tengamos el expediente electrónico en primera instancia, vía recurso, sea posible que entre perfectamente en el ámbito competencial de otra Administración pública; luego, en la vía de ejecución, es necesario que haga el retorno, el camino contrario. Por lo tanto no nos fijemos solo en solucionar el problema de hoy, pensemos también en cuál es la solución necesaria para mañana.

Estamos trabajando también en una cuestión que es fundamental: qué sentido tiene haber gastado tanto dinero público en la digitalización. La digitalización, para que nos entendamos, es escanear los documentos que tenemos en la mano. No tenemos que gastar dinero público en transformar en un archivo un documento que está ya en el mundo electrónico, lo que tenemos que hacer es trabajar -esto lo dice el sentido común- en conseguir el propio fichero electrónico. Esa decisión, que es básica, ha supuesto a los españoles más de 9 millones de euros para darse cuenta de que era errónea. Hay que decirlo más que nada porque los datos están ahí. Nosotros, por desgracia, mientras estemos estabilizando el sistema, todavía seguimos haciendo digitalización; pero la estamos reduciendo. ¿Cómo la estamos reduciendo? Pues buscando la interoperabilidad, en este caso con los demás ministerios. Qué importante es que los ministerios manden de forma electrónica a los tribunales de justicia los expedientes administrativos -que precisamente son de gran extensión en muchos casos-. Cada vez que veamos una de esas páginas podemos pensar también en el dinero de los presupuestos que no se está gastando. Por lo tanto presupuestos más reducidos sí, pero nuevas formas de trabajar también.


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Esa interoperabilidad dentro de la Administración la estamos llevando también con las comunidades autónomas. Somos conscientes de que el camino ha comenzado muy bien. Se ha conseguido un acuerdo en la conferencia sectorial el 7 de mayo y se ha firmado un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial en el que hemos establecido otra cuestión de sentido común. Más allá de las competencias, más allá de lo que dice el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla de la competencia informática del Consejo, la realidad es que han existido funcionalidades que se han desarrollado tanto por el ministerio como por el Consejo General del Poder Judicial. Pues hemos hecho simplemente un reparto diciendo, ¿cuál es la que está funcionando bien? Nos quedamos con la Administración que corresponda en cuanto a la aplicación informática, y a partir de ahí nos hemos comprometido las dos partes en los próximos desarrollos a no volver a trabajar nunca más en cuestiones que sean coincidentes. No se pueden duplicar los desarrollos, pero se estaban duplicando en tema de exhortos, de embargos telemáticos, etcétera.

Nos queda el otro mundo, el de los profesionales de la justicia (los procuradores, los abogados, los juzgados sociales...). Sabemos que los escritos que llegan a los tribunales vienen de los ordenadores de esos profesionales. Hemos llegado ya a un acuerdo con el Consejo General de los Procuradores de España por el cual conseguimos que el sistema Lexnet que nosotros utilizamos para notificar se convierta también en un sistema por el que puedan entrar los escritos de los procuradores. Estamos ya trabajando en ello porque es precisamente dentro de la Audiencia Nacional donde se va a producir esa primera implantación. Todas estas cuestiones que están reflejadas en los presupuestos -quiero insistir señorías-, son clave para poder abordar realmente la modernización de la justicia. Tenemos otros proyectos en los que no me voy a extender demasiado: gestión de identidades. Qué importante es que con los colegios profesionales existentes seamos capaces, a través del portal de la Administración de Justicia, de dar nuevos servicios a los profesionales de justicia. Así como vemos muy claro cuándo un edificio está adaptado a oficina judicial, no nos damos cuenta de que en el mundo de la tecnología también hace falta esa adaptación. Tiene que haber flexibilidad, que era lo que buscaba la idea de oficina judicial. Es lo que no se ha conseguido justamente por el trasiego de papel que lleva a que los funcionarios terminan aumentando la burocratización.

Otra cuestión que quería señalar es el fondo documental para fiscales, abogados del Estado, secretarios judiciales. No quiero ahora extenderme demasiado en estas cuestiones pero sí en una que a veces pasa inadvertida. Hablamos y hemos hablado siempre de la justicia como servicio público, tuteladora de los derechos de los ciudadanos, pero no hemos hablado de lo que aporta económicamente la justicia de este país. Dado que en estos tiempos somos especialmente cuidadosos en este tipo de cosas, quiero señalar por ejemplo que los tribunales tienen unas cantidades retenidas que son fundamentales; como dato podemos dar incluso el de la cuenta de consignaciones, que es la que está en definitiva en la base del trabajo de los secretarios judiciales a quienes corresponde también en ese sentido ostentar la jefatura. En este momento existe ahí un saldo bloqueado a 30 de septiembre de 2012 de 3.169 millones de euros. Esta es una cantidad importante. En la medida en que consigamos hacer que sea más eficiente la parte del proceso que tenga que ver con las ejecuciones, podremos conseguir que esos fondos y que los fondos que están sometidos a las cuantías litigiosas vuelvan antes a donde deben estar, que es en manos de los particulares o de la Administración según el tipo de contencioso del que estemos hablando. Insisto en ese dato porque es importante, es importante. Por supuesto tenemos que trabajar con esta cantidad de dinero y eso dificulta la labor también en el desarrollo del Plan de infraestructuras y comunicaciones. En tecnología hay muchos gastos que son diría casi de mantenimiento de licencias, pero también aquí las nuevas decisiones están siendo positivas. Al quitarnos sistemas obsoletos, podemos beneficiarnos de servidores que son absolutamente más modernos y que permiten la virtualización, cosa que los últimos que tuvieron que ser comprados en el año 2010 estaban descatalogados y hubo problemas para conseguir comprar esos servidores. Por supuesto vamos a trabajar en el tema de intercambios de información con la fiscalía, Fortuny, lo que es el sistema integrado de registros de apoyo a la actividad judicial y también es importante el trabajo que estamos realizando a nivel de la Unión Europea, porque ahí se nos abre otra vía de cofinanciación, hay que señalarlo, es decir, España tecnológicamente puede jugar un papel importante fuera y dentro de nuestras fronteras.

Quería referirme para terminar a esta cuestión de la financiación adicional y es que desde el año 2010 y a través del denominado convenio Ius+Red existían una serie de dotaciones que servían para las comunidades autónomas, los llamados convenios trilaterales, el convenio Ius+Red... Debo decir que nos llama la atención el nivel de ejecución muy bajo que ha tenido este convenio, hasta el punto de que, a


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pesar de que hemos tenido ya restricciones en 2012, la dotación quedaba afectada en estos convenios; lo que hemos hecho ha sido ampliarlo hasta 2014 y esa ampliación de tiempo en definitiva nos va a permitir hacer algo que es fundamental, trasladar la idea de compartir aplicaciones dentro de España. A las administraciones competentes, el Estado tradicionalmente las ha estado dotando de medios para que hicieran sus propias aplicaciones. Lo que queremos impulsar ahora es decir: el Estado colabora, podemos llegar a tasas de cofinanciación -tengo por aquí el dato-; hemos conseguido ya en un secuenciador de ADN que Europa nos pague el 90% y nosotros el 10%. Si vamos con la misma estrategia dentro de los proyectos en los que ya somos parte, Ecris y e-Codex que son interoperabilidad europea, podemos terminar trayendo a aquellas comunidades que son susceptibles de ser beneficiarias del Plan Avanza, en definitiva de los Fondos Feder, una cantidad importante de recursos añadidos a nuestro país. Comunidades que pueden beneficiarse de esto serían Galicia, Andalucía; en territorio del Ministerio de Justicia habría que impulsar también la petición de este tipo de fondos a través de Extremadura y Castilla-La Mancha. Si somos capaces de anudar esa cofinanciación que nos vendrá de fuera, de Europa, con unos convenios en los que se diga que todo lo que se desarrolle se entrega como si fuera una especie de marca blanca en software a todas las administraciones competentes, habremos conseguido con menor inversión mucho mayor retorno. Desde esta perspectiva, estamos hablando de la nada desdeñable cantidad -pendiente de definir de los años 2013-2014- de 14,56 millones de euros. En este presupuesto hemos pedido que existan 3 millones de euros a disposición de la colaboración con las comunidades autónomas porque entendemos que en estos momentos de crisis y de absoluta responsabilidad, por todos los miembros de las administraciones públicas, es fundamental que lo que hagamos lo hagamos para nosotros pero también para los demás.

El señor PRESIDENTE: Esta comparecencia fue solicitada por el Grupo Popular, y, en consecuencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la diputada señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: En primer lugar, quiero agradecer al secretario general para la Administración de Justicia que haya accedido a comparecer en esta Comisión a petición del Grupo Parlamentario Popular. Somos el único grupo que ha solicitado su comparecencia y consideramos que es necesario conocer el presupuesto de la sección 13 de primera mano, en concreto en el ambicioso programa para la modernización de la justicia. La actual situación económica por la que atraviesa el país requiere que el ingenio busque nuevas fórmulas, como bien usted ha dicho, para el aprovechamiento de los recursos disponibles. Es cierto que el presupuesto de Justicia continúa con su tendencia a la baja iniciada por el anterior Gobierno socialista para los presupuestos generales para el año 2011, cuando tuvo un recorte del 6%, pero también es cierto que aún a pesar de cómo está la situación económica, el ajuste ahora es menor, concretamente un 4%. Este ajuste presupuestario es necesario para que se cumpla principalmente con el programa de estabilidad 2012-2015 sobre el déficit. El compromiso del Ministerio de Justicia es digno de admiración en su apuesta por la modernización. Esta pretensión es sin duda una demostración del Gobierno para que el Estado de derecho siga avanzando en la consecución de una justicia rápida y que respete el principio de dar a cada uno lo suyo. En época de crisis lo sencillo es reducir en aquellos programas que parecen más secundarios; esa idea tan conservadora no es desde luego la de un Gobierno como este, que cada día nos demuestra que con menos se puede hacer más y se puede más siempre y cuando se haga sabiendo hacia dónde y cómo hay que avanzar. En ese sentido el Gobierno se esfuerza para que sus recursos se destinen a la modernización de la Administración de Justicia y se materialice ese compromiso. La Administración de Justicia moderna del siglo XXI demanda agilidad y rapidez y el Gobierno demuestra que lo tiene como objetivo cuando destina recursos económicos a ese fin. Con una justicia ágil y rápida estamos seguros de que se contribuirá en gran medida a solucionar la crisis; la seguridad jurídica será mayor, la rapidez en la resolución de los pleitos permitirá un mayor movimiento de capital y la inversión extranjera tendrá las garantías necesarias para que venga a nuestro país.

Una vez establecida esta pequeña introducción, paso a referirme a algunos aspectos más concretos sobre el plan de modernización. Mi intención es ser clara e intentar no repetir lo hasta ahora dicho tanto por el secretario de Estado sobre los presupuestos como por el secretario general sobre el Plan de acción de la Administración de Justicia. Centrándome en este Plan de acción de la Administración de Justicia 2012-2014 debemos reconocer que ha sido reflejado en los presupuestos como un programa ambicioso, tal y como también nos ha expuesto su secretario general, el responsable máximo del mismo. La organización en la gestión del mismo ha sido una absoluta coordinación entre la secretaría general y el


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resto de subdirecciones, y esta colaboración ha permitido analizar con profundidad la situación de los diferentes proyectos y sobre todo plantear y priorizar las actuaciones para los próximos años. La implicación en la concepción del programa así como su desarrollo por todo el ministerio denota la importancia que desde el mismo se le presta. El ministerio nos deja claro que no es un plan más, sino el plan para que la justicia supere los problemas de anquilosamiento que viene arrastrando. Poniendo como antecedentes los planes que ha habido para la modernización de la justicia, durante la anterior legislatura del Gobierno socialista, existió, como todos ustedes conocen, el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012; de él aprendimos mucho, pero sobre todo que una mayor inversión económica no lleva aparejados unos mejores resultados que solucionen las dificultades de la Administración de Justicia. En los años 2009 a 2011 se invirtió una cantidad que rondó los 388 millones de euros; no obstante y desgraciadamente, como demuestra la realidad, de poco ha servido. El Plan de modernización 2009-2012 contaba, como ya ha dicho el secretario general, con 96 proyectos. La cifra de proyectos no deja de ser sorprendente, pero la experiencia ha demostrado, como el rico refranero español dice, que quien mucho abarca, poco aprieta. Por eso la iniciativa del Ministerio de Justicia enmarcada dentro del presupuesto para el año 2013 parece mucho más sensata y razonable. En aquella otra no se lograron los objetivos marcados y además los recursos destinados a ello no fueron aprovechados. Hay que reconocer, no obstante, que aquel plan dejó avances en la gestión y en la informatización de la Administración de Justicia, aunque es cierto que con todo lo que se invirtió podría haber dejado mucho mejor sabor de boca si se hubieran hecho bien las cosas.

En el nuevo plan anunciado, el número de proyectos, como bien ha dicho el secretario general, pasa a doce. De esos doce proyectos yo voy a hacerles referencia a alguno de ellos para centrarme en preguntas concretas sobre los mismos; estos proyectos son el expediente judicial, la interoperabilidad entre las comunidades autónomas, el sistema Lexnet y más concretamente la posibilidad de reclamar la asistencia jurídica gratuita a través de él, y las oportunidades que, como nos ha expuesto de manera detallada el secretario general, brinda Europa para un mejor desarrollo de nuestros sistemas de gestión. En relación con el expediente judicial, tal y como fue concebido ha sido un fracaso y motivo de quejas constantes por numerosos colectivos de la Administración de Justicia. No era un expediente electrónico sino una digitalización de documentos. Ahora que se ha modificado ese modelo me gustaría que el secretario general nos respondiera sobre cuáles son las características que diferencian el nuevo modelo del anterior. Por otro lado, las partidas presupuestarias que han sido destinadas para el desarrollo del expediente judicial en todo el territorio nacional han sido consumidas únicamente por la Audiencia Nacional, y en este órgano la puesta en marcha del expediente electrónico ha sido un fracaso y hubo que aplicar medidas temporales, como muy bien nos ha expuesto el secretario general. La pregunta es cuál es la situación actual para la resolución del problema del expediente judicial en este órgano. En segundo lugar, sobre la interoperabilidad de los diferentes sistemas de gestión procesal, la existencia de ocho diferentes sistemas de gestión procesal nunca hubiera sido ningún problema a no ser que fueran incompatibles entre sí como es el caso. Sabemos que el ministerio avanza para que todos sean compatibles, aunque todavía queda camino por recorrer. Por lo que se deduce de la memoria de inversiones presupuestarias, a diferencia de otras veces en las que se han dado dotaciones económicas, ahora se opta por la colaboración entre las distintas administraciones. En ese proceso de integración han sido partícipes todas las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, que ha participado de forma muy activa.

Quisiera que nos aclarara, en la medida de lo posible, qué medidas se están adoptando para esa interoperabilidad entre los ocho sistemas existentes, y cuándo cree que será posible que todos los programas interactúen entre sí. Imaginamos que las negociaciones sobre este tema no han sido sencillas y, como muy bien ha relatado ya en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado 7 de mayo, se dieron los primeros pasos. Todo ello indica un espíritu de consenso entre todas las comunidades autónomas que participan, de manera que se está convirtiendo en que ese consenso sea la tónica habitual, y por ello el Ministerio de Justicia merece el reconocimiento por lograr aunar voluntades en este tema que ya lleva bastantes años, muchos años, suscitando problemas.

En tercer lugar, queríamos hacer referencia a las modificaciones que se han hecho en el sistema Lexnet. Ustedes conocen que este sistema sirve para la conexión entre los sistemas de gestión procesal de los órganos judiciales de las comunidades autónomas y el sistema integral de gestión de la abogacía, que utilizan los colegios de abogados, ciudadanos y comisiones de asistencia jurídica gratuita. La novedad de que en este sistema se pueda solicitar la asistencia jurídica gratuita va a suponer un avance en la agilización para la obtención de dicha prestación. Es una prestación para la que el ministerio mantiene la


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misma aportación de otros ejercicios, siendo consecuente con que todo el mundo que necesite acceder a la justicia y no tenga recursos lo pueda hacer. Una vez más el Gobierno se compromete con que el Estado cumpla con el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. En este sentido nos gustaría saber qué aportaciones hace el renovado sistema Lexnet en cuanto a la gestión de un proceso y qué función tendrá Lexnet en un proceso de solicitud de la asistencia jurídica gratuita. No voy a hacer mención al papel en la Unión Europea en la medida en que, como bien ha expuesto el secretario general, las instituciones europeas tienen mayor peso en los tiempos. Y que para el plan de acción de la Administración de Justicia 2012-2014 ya hay una serie de proyectos para esa interconexión con Europa. El secretario general nos ha relatado cómo el ministerio está ya contando con fondos europeos.

Antes de acabar quería formular otra pregunta y es si han afectado los recortes a los proyectos destinados a dar soporte a las víctimas del terrorismo y qué medidas de apoyo se están tomando desde el ministerio en este sentido.

Concluyo ya, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: De los portavoces que no habían solicitado la comparecencia del señor secretario general de la Administración de Justicia, ¿desea intervenir el portavoz del Grupo Socialista? (Asentimiento).

El señor Sáez Jubero tiene la palabra por cinco minutos.

El señor SÁEZ JUBERO: Quiero dar las gracias al señor secretario general por su comparecencia hoy aquí, en esta Comisión de Justicia en presupuestos.

Hace unos meses lo tuvimos sentado escuchando atentamente el debate y ha sido mucho mejor que pudiera hoy comparecer aquí y compartir con usted alguna de las cuestiones o dudas que nos embargan sobre la modernización de la justicia. Usted ha dicho, en un ejercicio de austeridad, que este es un plan de acción de la justicia que va a defender como un plan humilde. Me imagino que lo compara con el esfuerzo presupuestario que el anterior Gobierno hizo y con el Plan estratégico de modernización de los años 2009-2012. En cuanto a dotación presupuestaria, nosotros decimos que, no con crítica, señor secretario general, este plan estratégico tuvo una presentación, explicación y rendición de cuentas ante la Comisión de Justicia tanto en el Congreso como en el Senado. Hoy usted hace una primera comparecencia y será bueno que en posteriores comparecencias en la Comisión de Justicia pudiéramos hacer un seguimiento y conocer de manera más exhaustiva el plan porque, al menos para este diputado, el conocimiento que tiene del plan, aparte de las explicaciones que ha dado hoy ante esta Comisión, devienen de la página pública del ministerio. Quizá sería conveniente, si tienen ya el plan diseñado con todos los programas, que lo pudiéramos conocer los grupos parlamentarios a los efectos de hacer alguna aportación y, sobre todo, conocer si hay algún sistema de indicadores de seguimiento que nos permita en los próximos años evaluar estas políticas públicas de justicia en pro de la modernización.

Consideramos, ya lo hemos dicho pero lo reiteramos, insuficiente destinar 74,94 millones a inversiones, aún más si descontamos la cantidad que se destina a nuevas tecnologías, 52,15 millones de euros, 43,85 millones de euros, de los que quedarían 8,30 millones de euros solo para nuevas tecnologías y el resto para un conjunto de actuaciones que para nosotros no guardan coherencia entre sí, que agrupan gastos tan heterogéneos como, de un lado, la implantación de la oficina judicial y de la nueva oficina fiscal, la estabilización del expediente judicial electrónico, el nuevo sistema de gestión procesal, el fomento de la interoperabilidad de otros organismos y comunidades autónomas y mejorar los procedimientos de gestión de la Administración de Justicia. De otro lado, lo ha comentado también la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, la Oficina de Atención a las Víctimas y también el Servicio de orientación para la recuperación de niños robados. Le reitero la pregunta que le he hecho al secretario de Estado, ¿la desaparición del proyecto de presupuestos del programa de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, el programa 467.G, que tuvo dotación presupuestaria en 2011 y 2012 a qué se debe?, ¿dónde se integra este programa?

Ha hecho mención a las cuentas de consignaciones. Efectivamente, 3.160 millones de euros consignados y sin mover las consignaciones judiciales, debe ser una preocupación mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia. También lo he apuntado en la anterior comparecencia, ¿ustedes ya están pensando de alguna manera en facilitar a profesionales el seguimiento de la ejecución de sentencias y con ello dar un paso más en ese proceso de privatización de la justicia que sabe que hemos ya criticado y que es parte de nuestra oposición a su forma de plantear las reformas estructurales de la Administración de Justicia?


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Una última cuestión a raíz de lo que usted también comentaba. En relación con la Unión Europea, ese espacio de seguridad y justicia común, la necesidad de compatibilizar recursos, compatibilizar programas, nos gustaría saber si se ha avanzado, por ejemplo, en los procedimientos de ejecución de sanción pecuniaria, si están funcionando entre los veintisiete países de la Unión Europea todos los procedimientos de ejecución que ya tienen -ya está en vigor en todos los países de la Unión Europea esta homogenización de los sistemas de ejecución de los procedimientos judiciales- y si hay recursos para irlos mejorando.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar esta comparecencia tiene nuevamente la palabra el señor secretario general de la Administración de Justicia.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagman): Contestando al señor Sáez Jubero, lo de la referencia al plan humilde me refería a la presentación, pero no a los retos que, como ve, son absolutamente importantes y más que nada porque vengo con cierta preocupación de que precisamente a veces, por haber avanzado mucho en temas publicitarios, en este momento hay vídeos, hay cómics, etcétera, en alguna empresa depositados que nunca llegaron a ser utilizados y costaron dinero a los presupuestos. El plan ha sido mucho más humilde en su realización; como bien señalaba la señora Escudero se ha hecho dentro de los propios sistemas de la subdirección general y, por tanto, estamos reforzando desde la defensa de lo público que sean los propios funcionarios los que actúen en este ámbito. Por supuesto que estoy totalmente abierto y acepto encantado lo que nos señala de presentar todos y cada uno de los proyectos, hacer seguimiento -estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer seguimiento de las cuestiones- y, en este sentido, quedo a disposición de lo que tengan a bien disponer, cuando proceda, tanto una presentación del plan en su conjunto como si desean conocer alguno de los proyectos en concreto. Es un plan cuyo periodo de ejecución alcanza el año 2014 y debo decir que, en este momento, como cuando uno está construyendo, estamos trabajando en la parte más de cimientos pero con cosas muy concretas y constatables en poco tiempo.

Se refería además a la oficina judicial, a la oficina fiscal. Estamos queriendo impulsar, dentro de los plazos que el secretario de Estado ha anunciado, que se vayan conociendo los diferentes modelos. Debo decirles que quien les habla ha tenido que acudir a todas las ciudades donde hay oficina judicial y, personalmente, daba pena que algunos momentos pidieran la supresión, precisamente porque no había ido dotada de los medios para que pudiera funcionar correctamente. Estamos también en ese ámbito en fase de estabilización de la oficina judicial, pero queriéndola ampliar al modelo de oficina fiscal, para que la modernización sea una especie de núcleo conjunto dentro de las ciudades que entren en ese ámbito. En cuanto a su preocupación respecto de la desaparición del programa 467.G, debo decirle que es una cuestión más de la propia técnica presupuestaria, porque concretamente ha quedado dentro del servicio presupuestario 02 una cantidad de 5.959.000 y, por tanto, forma parte del capítulo 6, al que estoy refiriéndome, por tanto, el programa 112.A, servicio presupuestario 02.

Por lo que se refiere a la cuenta de consignación facilitada a los profesionales de la ejecución, está en este momento la comisión formada a tal efecto trabajando sobre los modelos de la ley, pero lo que sí debo decir es que, como comprenderá, siendo secretario general y siendo los secretarios judiciales quienes están desarrollando la ejecución y sabiendo, como sabemos, que los procesos de ejecución afectan a derechos de las partes, la idea es que el proceso de ejecución siga siendo absolutamente judicial y esté en manos de los secretarios judiciales. Eso no quiere decir que actos del proceso de ejecución puedan, en su caso, ser valorados o ser, por así decirlo, puestos en manos de otros profesionales, situación que, por cierto, es absolutamente normal en otros países de nuestro entorno. Como ya digo, ese tema está a reservas de lo que se vaya estableciendo en la ley, pero lo que es proceso no cabe duda que son los secretarios judiciales quienes se ocupan.

En cuanto a lo de la situación que me decía en Europa, la verdad es que también tienen sus propios problemas de proliferación muchas veces de proyectos y de programas y se producen estos solapamientos, de los hablábamos dentro de España. Hay proyectos que están avanzando mejor, proyectos que en cambio están yendo de forma más reducida. En cualquier caso, debo decir que España ha asumido en este momento el liderazgo de un grupo europeo que va a ser también básico, que es el de Intercambio Seguro de Datos, Security Update for Exchange. Si trabajamos en la construcción de las infraestructuras europeas, la utilización para una programa concreto u otro es secundario, es decir, lo primero que hay que hacer es construir los puentes, el proceso monitorio europeo; todas las actividades en las que hemos trabajado en el Plan de justicia de la Unión Europea llevan un desarrollo mantenido, pero depende mucho de las velocidades de los Estados miembros. Voy a poner un ejemplo que hay que destacar, porque como


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españoles nos debemos enorgullecer. Está montado todo el sistema de intercambio de antecedentes penales entre los sistemas de la Unión Europea y el primer país que ha conseguido hacer un intercambio automatizado, concretamente con Austria, ha sido España, y eso fue motivo de felicitación dentro del Consejo de Ministros JAI del mes de abril. Eso es fundamental. Esa tecnología que estamos desarrollando allí, que además va con financiación europea, es la que vamos a poner cuando hablamos de esta integración con las comunidades autónomas, donde hay que trabajar en interoperabilidad, hay que trabajar en un bus de integración. A nadie se le ocurriría que el tendido eléctrico en su casa tiene que ser desarrollado por el propietario del electrodoméstico. Pues en el caso de la informática pasa igual. Todos nuestros programas tienen que llegar hasta un punto, hasta esa caja de enchufes donde va la conexión, y a partir de ahí todo lo que hagamos en España será válido para Europa y lo de Europa será válido para España. Por tanto, con esto le puedo destacar el papel que está teniendo España, tanto consiguiendo cofinanciación como asumiendo, en este caso, la coordinación de este importante proyecto.

La señora Escudero me ha hecho varias preguntas que son susceptibles de un desarrollo más amplio. Se refería al expediente judicial electrónico. En definitiva, dentro de la intervención ya me he referido a alguna cuestión de los propios importes que habían sido gastados en la digitalización. Ya me he referido también a que había un incompatibilidad de programas, por tanto, lo que hay que hacer es abandonar esa senda. Estamos hablando de que cada documento escaneado ha llegado a costar más de 3 euros. Seguramente, eso no les dirá nada, pero si les digo que se consideró documento el acuse de recibo de correos, resulta que costaba más el escaneo del documento acuse de recibo que lo que era el propio envío. Ese tipo de errores, que son básicos y que han llevado a que más de un millón de documentos por los que se pagó no hayan servido para entrar en la digitalización, son los que queremos evitar. ¿Cómo evitarlo? Ahí es clave lo que les decía. Es clave que los sistemas se entiendan directamente. Hemos desarrollado ya y existe un cargador en este momento que permite que todo lo que se envíe por parte de las administraciones públicas pueda llegar de forma automática, lo que pasa es que estamos haciendo un esfuerzo todos los ministerios, porque el grado de desarrollo tecnológico de los ministerios en España y de las administraciones en general es muy diferente. Esta iniciativa que nos va a llevar a la interoperabilidad nos va a suponer, a su vez, un importante revulsivo para modernizar no solo el ámbito de justicia, sino todos los ministerios.

Debería decirle también que este año se ha trabajado mucho en la estabilización. Hemos tenido que cambiar hasta la empresa -con eso creo que digo bastante-, que por cierto tenía una gran experiencia en tareas agrícolas, pero en el expediente judicial parece que tenía un poco menos. Hemos cambiado la empresa y en este momento estamos llevando a cabo perfectamente las nuevas versiones, con una nueva estructura, con una nueva arquitectura, que pasa necesariamente por que tengamos que cambiar ese programa Minerva, cuya referencia espero que en próximos "Diarios de Sesiones" vaya desapareciendo; pero nos costará. El otro día estuvimos visitando Cataluña, donde, por cierto, el expediente judicial electrónico existe, pero en el Juzgado de Primera Instancia número 37 -es una primera versión-, y encontramos un punto de interés de colaboración mutua, y es que Cataluña en este momento no ha desarrollado un visor de documentos que permita, cuando el expediente está informatizado, seguir lo que el profesional de la justicia demanda. No se trata de reproducir los autos judiciales al mundo electrónico, porque entonces conseguiremos algo muy poco amigable en cuanto al uso. Lo que necesitamos es buscar índices inteligentes que nos permitan separar los escritos de alegaciones, las pruebas y, por qué no, la propia ocultación de datos. Es decir, si marcamos en los sistemas de gestión los datos de las partes, supondría un gran ahorro al país cuando luego hay que terminar aplicando la normativa de protección de datos y haciendo tratamientos a posteriori; en todos esos ámbitos estamos trabajando.

En cuanto a la otra cuestión que me comentaba, lo de la interoperabilidad, el test de compatibilidad del consejo tiene que ser cumplido por todas las administraciones. En este sentido, ha habido alguna Administración -el propio Ministerio de Justicia en algún caso tiene que hacer autocrítica-, que no ha cumplido con ese test de compatibilidad, pero pensemos que el test de compatibilidad no es una fotografía fija, es decir, con el consejo, y en este sentido la semana que viene voy a estar reunido también con los miembros de la comisión de modernización, hay que avanzar a que el test de compatibilidad pueda evolucionar. La compatibilidad depende de qué queramos poner de intercambio dentro de los sistemas de información y, en este sentido, hay proyectos, en Estados Unidos, por ejemplo, que son de gran complejidad y no veo por qué España no deba avanzar y beneficiarse de la otra cuestión, que también afecta mucho en este tema, y es que las tecnologías, afortunadamente, con el tiempo van bajando los costes; es decir,


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ayer había que pagar una cantidad fundamental, pero hoy en día, con algo menos de dinero, se puede terminar haciendo una inversión en productos que están plenamente estabilizados.

Respecto a lo que son cuestiones concretas en las que podamos avanzar en esa interoperabilidad, hay una cuestión que me gustaría llamar la atención de sus señorías, y es la estadística judicial en España en este momento. Los datos en base a los cuales los responsables políticos vamos adoptando las decisiones correspondientes en cuanto a refuerzos, en cuanto a creación de nuevas unidades, etcétera, no están realmente integrados. Aquí también uno de los proyectos que queremos impulsar desde el plan de acción -lo habrán visto- es el servicio de cuadro de mandos. ¿Qué quiere decir eso? Son unos programas -con tener uno basta- que hacen una lectura de todos los repositorios de información de las comunidades autónomas. Estuve en Cataluña y han mostrado también su interés en entrar en ese asunto, porque en definitiva de lo que se trata es de que todos tengamos un único dato y que ese dato sea el correcto; no como sucede actualmente que los datos proceden de unos boletines que rellenan los secretarios judiciales, a mano, y hay que decirlo. Es decir, dentro del sistema cuando hablamos del capítulo 1 y de a qué dedicamos nuestros recursos personales, no estamos teniendo en cuenta que gracias a las tecnologías podemos eliminar algunas de las tareas que hacen, que no tienen ningún valor de retorno. En ese tema también estamos trabajando.

En cuanto a Lexnet, era un desarrollo que ya existía y que estaba funcionando bien. Quizás el problema que tenía es que había una versión que no permitía, a través de la memoria que tenía diseñado el sistema, que los escritos de las partes llegaran en muchos casos; se hablaba de un Lexnet versión 2. A día de hoy, desde el mes de enero hasta ahora, toda España tiene el Lexnet versión 3 y lo hemos mejorado sustancialmente. Para que nos entendamos, en todo lo que queramos mandar por Lexnet ya estamos llegando a tasas de recepción del 93%, que está muy bien teniendo en cuenta que a veces por Lexnet van imágenes; es decir, que puede haber tasas de transferencia. Es más, estamos trabajando incluso con expertos en materia de tráfico electrónico para conseguir que no haya problema, que sea una especie de cargador secuenciado de la información jurídica.

Para terminar quizás debería decir, en aras de esa cofinanciación y de esa necesidad de soluciones imaginativas que tenemos, que estamos avanzando también en el seno de las relaciones bilaterales con otros países. Incluso tenemos la buena noticia de que ya se está tramitando un convenio de colaboración tecnológica con Qatar. La semana pasada Paraguay, por su posición dentro del ámbito iberoamericano, aparte de que es un país que tiene unos crecimientos positivos importantes, se ha interesado por nuestro programa de apostilla electrónica, que le va a servir para cumplir con la ratificación del Convenio de La Haya de 1961, a lo que están procediendo en este momento. He tenido ocasión de reunirme con los ministros de Justicia tanto de Qatar como de Paraguay y con el presidente de la Corte Suprema en Paraguay. Esa es otra forma que tenemos de buscar fuentes alternativas de financiación, los desarrollos que tengamos en España que sabemos que están bien podemos perfectamente compartirlos con otras administraciones. Por eso digo que dónde quedan las fronteras territoriales cuando estamos hablando de tecnología. En definitiva, ese sería el resumen del plan de acción. Lo que haremos es que cada desarrollo con dinero público sea válido en cuantos más sitios mejor, para el bien y beneficio de la sociedad a la que servimos.

No quiero extenderme más en la intervención, simplemente quiero agradecer su atención y por supuesto quedar a su disposición para posteriores comparecencias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general. Reitero el agradecimiento al señor secretario general de la Administración de Justicia, señor Silguero, por su comparecencia, a petición del Grupo Popular, así como por ese ofrecimiento, que le requerían también desde el Grupo Socialista, de tener oportunidad de contar con su presencia en esta Comisión en más ocasiones para hablar tanto del plan global o de aspectos parciales del mismo, pero, en todo caso, de la modernización de la Administración de Justicia, que es un tema que a todos los miembros de esta Comisión nos interesa muchísimo.

Se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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