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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 159, de 19/09/2012
cve: DSCD-10-CO-159
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 159
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles,
19 de septiembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a promover medidas dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000767) ... (Página2)

- Para evitar que la AOD española se destine a financiar proyectos de empresas transnacionales cuya actividad ocasiona daños medioambientales, sociales y vulnera derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000118) ... (Página7)

- Sobre acciones para facilitar el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000590) ... (Página13)

- Sobre el fomento del comercio justo y el consumo responsable. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000615) ... (Página16)

- Relativa al cumplimiento de la "cláusula democrática" en el ámbito de la cooperación al desarrollo con terceros. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000623) ... (Página19)

- Sobre acaparamiento de tierras. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000671) ... (Página24)


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- Sobre impulso del Plan de acción internacional sobre el envejecimiento activo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000770) ... (Página28)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A PROMOVER MEDIDAS DIRIGIDAS A ALCANZAR LA MÁXIMA EFICACIA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000767).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión.

Como conocen ustedes tan bien como yo, es una sesión dedicada a tramitar proposiciones no de ley con el fin de no retrasarlas en demasía -algunas de ellas ya antiguas en meses-, aunque no hemos podido incluir en el orden del día todas las pendientes. Si no, se alargaría mucho. Sobre el orden del día del que disponen necesito la aprobación de todos ustedes para una alteración del mismo en cuanto que el primer punto a tratar: la primera proposición no de ley pasaría al segundo lugar, reemplazada por la que hace la número 6. Es una demanda que ha presentado la proponente de la proposición a la proponente del primer punto y que esta ha aceptado y solo está pendiente de nuestra ratificación. Si no hay inconveniente por parte de nadie lo hacemos así. (Asentimiento).

Sobre tiempos, por si a alguien le interesa -a este presidente, mucho-, yo rogaría a los proponentes que se ajustaran aproximadamente a un plazo de siete minutos, los enmendantes algo menos, cinco minutos no estrictos. Este presidente será muy comprensivo, sobre todo hasta llegar a la última parte de lo que calculo que es un tiempo para el orden del día porque, si no, además de agotar el orden del día nos agotaremos a nosotros mismos. Como el periodo de atención de cualquier individuo corriente es de dos horas y media, hagan ustedes las apuestas. Más o menos sobre esa hora deberíamos estar concluyendo, y si es antes mejor. En cuanto a los grupos que fijen posición seré más estricto y en principio la Mesa les concedería cinco minutos. Podrán ustedes ajustarse, ya nos entendemos entre todos, no hace falta fijar posición sobre todo lo divino y lo humano.

Vamos a comenzar con la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, relativa a promover medidas dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación español, que hace el número de expediente 767. Disponen de los textos en unas mesas auxiliares para quien no haya tenido ocasión de leerlos. La proponente es la señora Quintanilla. Adelante, ajustada a esos siete minutos orientativos.

La señora QUINTANILLA BARBA: Me ajustaré a la benevolencia de su tiempo y desde luego estaré encantada de poder cumplir estos siete minutos.

Señor presidente, señorías, en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, volvemos a traer al seno de la Comisión de Cooperación una iniciativa que viene de alguna manera a abundar en la que presentamos el pasado mes de abril, que en aquel momento fue aprobada, por la que pedíamos incrementar la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En esta ocasión el objetivo que perseguimos con esta nueva iniciativa es promover las medidas dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación española. Desde luego, somos conscientes de que estamos viviendo una crisis financiera mundial y un estancamiento económico que ha afectado de forma muy especial a nuestro país, como parte que somos de un sistema globalizado. Estas circunstancias poco favorables son aun más difíciles en los países en vías de desarrollo, en los que la situación de partida no es comparable.

En España no podemos olvidar que en el año 1998 la Agencia Española de Cooperación Internacional y la aprobación diez años después de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo supusieron un antes y un después en la política en materia de cooperación y desarrollo llevada a cabo en nuestro país. En las últimas décadas los españoles hemos demostrado al mundo una solidaridad difícilmente superable, guiados sin duda por el sentido de la gratitud, ya que no hace muchos más años, aproximadamente treinta, España era destinataria de ayuda internacional. También, como no podía ser de otra manera, por un claro compromiso de ayudar cada uno, dentro de sus posibilidades, a mejorar la vida de millones de


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personas que en muchas ocasiones, desgraciadamente, no disfrutan de las condiciones más básicas como alimentos, agua potable, atención sanitaria, viviendas, escuela, etcétera. Por eso quiero, en nombre de mi grupo parlamentario, además de hacer un reconocimiento público a la solidaridad del pueblo español, reconocer también el trabajo realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y todo el sistema de cooperación español, que han dado grandes frutos, haciendo posible un claro avance en el desarrollo, en el bienestar de muchos países en el planeta llamado Tierra. No obstante, como comentaba anteriormente, los difíciles momentos que atraviesa la economía nos hacen plantearnos hoy una revisión del sistema con el fin de mantener su operatividad e incluso mejorar la capacidad de la cooperación para seguir realizando un trabajo con los medios y recursos con los que contamos en la actualidad y que, lamentablemente, dadas las circunstancias, son cada día más escasos. En esta revisión del sistema entendemos que es necesario apostar por una mayor profesionalización, especialización y preparación de los equipos y personas encargadas de gestionar las ayudas, con el objetivo de que esas ayudas permitan hacer lo más posible con los recursos con los que hoy contamos. Del mismo modo, esta proposición no de ley entiende que es preciso consolidar los equipos especializados en la cooperación, de manera que se consiga una mejor gestión de los recursos, rentabilizando al máximo y fomentando que la ayuda incremente su grado de efectividad. El Grupo Parlamentario Popular considera, y así lo proponemos en esta iniciativa, que es prioritario crear canales de comunicación claros entre los actores públicos del sistema de cooperación española y que es absolutamente necesario eliminar las duplicidades que se dan en algunas ocasiones y que entorpecen el funcionamiento del sistema. Además, en esta iniciativa proponemos que se establezca un seguimiento preciso, claro y transparente sobre los resultados obtenidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional y del resto de los agentes sociales que intervienen en materia de cooperación en la línea -como decía al principio- de la iniciativa que aprobamos el pasado mes de abril de dotar de una mayor transparencia al sistema de cooperación español. Desde el principio hasta el final del proceso, desde la distribución de los recursos económicos, materiales y personales existentes hasta el resultado final y las consecución de los fines marcados.

Esta iniciativa quiere responder, en un momento de grave crisis económica, en un momento en el que tenemos que atarnos todos el cinturón, en un momento en el que para cumplir el déficit tenemos que ajustar los Presupuestos Generales del Estado sin olvidar que la cooperación internacional es un compromiso del pueblo español, a la necesidad que tenemos que dotarla de un sistema más transparente, eficaz y adaptado a los tiempos que corren.

Por eso, señorías, y termino con esto, señor presidente, quiero pedir el voto de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa que quiere referirse a la consolidación de equipos en la cooperación española, a crear canales de comunicación clara, a asegurar la especialización y preparación de las personas encargadas de orientar y gestionar la ayuda e indiscutiblemente a establecer indicadores públicos claros y transparentes para que la cooperación española siga siendo lo que ha sido siempre, una apuesta por el futuro de los pueblos que hoy todavía lo necesitan.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como el Grupo Parlamentario Socialista han presentado enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. A lo largo de la tarde voy a negociar con los grupos para llegar a una transaccional porque ese es el espíritu que ha tenido siempre el Grupo Parlamentario Popular, el de seguir defendiendo la cooperación española y que el consenso sea el buque insignia de esta comisión.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay de qué, a usted por la concisión y la claridad.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el señor Picó y por la señora Ramón, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Ramón.

La señora RAMÓN UTRABO: Al hilo de lo que propone el Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley, si el tema de la eficacia de la ayuda lo abordamos desde su significado y también desde su alcance político, habría toneladas de papel de aportaciones, de seminarios y de estudios acerca de si la ayuda es eficaz. También sobre la fatiga de la ayuda, las relaciones de la ayuda con el desarrollo y un largo etcétera. Lo cierto es que lo último que hay sobre este tema es la declaración de Busan, de diciembre de 2011, que viene también de la de París. Se trata de poner en marcha cinco principios de calado político y de compromisos acordados que son muy claros para mejorar la eficacia de la ayuda, aunque, por otro lado, son difíciles de implementar. Estos cinco principios serían la apropiación por los países de las estrategias de desarrollo, el alineamiento de los donantes con las estrategias y procedimientos


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de los países receptores, la armonización entre donantes para no duplicar la ayuda y hacerla así menos engorrosa, la gestión para obtener resultados concretos en materia de desarrollo y de lucha contra la pobreza y, por último, la transparencia y mutua rendición de cuentas. España firmó esta declaración. Ahora se trataría de ver qué avances y que medidas son las que propone al respecto el Partido Popular.

En esta proposición no de ley no se trata nada de eso. Yo la definiría como una proposición no de ley con carácter bastante general, que de forma un poco pomposa y abstracta se titula: Medidas dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación español. Tampoco hace referencia alguna al compromiso con ese objetivo político de la ayuda al desarrollo con estos principios que se recogen en la declaración de París y en la de Busan. Únicamente está relacionada con un aspecto interno de la gestión de la agencia, que es la mejora de las capacidades, uno de los grandes objetivos internos a cumplir en el sistema por parte de todos los actores que están trabajando en cooperación. Se refiere mucho más a la eficiencia de los recursos disponibles que a la propia eficacia. También consideramos desde mi grupo que no estaría mal, si queremos ser positivos, conectar con un objetivo de la estrategia de lucha contra la pobreza y por el desarrollo, como es que esa mejora de las capacidades se refiera también a aquellos que sufran la carencia de los recursos, para que crezcan como personas en sus derechos y habilidades y para que puedan abordar con mejores armas su propio proceso de desarrollo.

Si me centro en el texto íntegro que recoge esta proposición no de ley y remitiéndome a este ámbito estrecho, genérico y limitado de la propuesta, también estimamos desde el Grupo Socialista que plantea contradicciones y debilidades. Enuncia unos principios genéricos para la acción de gobierno, como son el facilitar la consolidación de equipos especializados, crear canales de comunicación claros, asegurar la especialización y preparación. En definitiva, a cualquier persona con un poco de sentido común estos enunciados le llevarían a preguntarse con qué instrumentos se van a llevar a cabo, qué recursos se van a poner en marcha, a través de qué medios, si va a ser con equipos internos mediante cursos, si va a producirse una externalización de servicios, lo cierto es que nada de estas preguntas es indiferente para un determinado modelo público o privado quizá de gestión y tampoco en el ámbito en el que nos estamos moviendo de los escasos recursos. Los tres primeros puntos que recoge la proposición no de ley solo apuntan buenas o medianas intenciones de objetivos, que deben ser, por supuesto, siempre así y que deben mejorarse con el tiempo dada la complejidad de las tareas a abordar. Estos tres primeros puntos, por supuesto, como decía, son objetivos que deben de ser así y que compartimos totalmente.

En el caso del cuarto punto de la proposición no de ley es donde estimamos que viene la contradicción. Anuncia una situación que ya venían reiterando desde su grupo y que nosotros también compartimos, que es establecer indicadores claros para medir resultados, pero solo en este último supuesto, y se lo atribuyen en general a la agencia y también enuncian de manera genérica demás agentes de la cooperación y de la ciudadanía, y no lo refieren a los anteriores tres puntos, que es donde nos gustaría haber visto qué indicadores de seguimiento y de resultados pretenden. Hay que ser coherente.

Al Grupo Socialista le gustaría que la propuesta del Grupo Popular en esos tres primeros puntos de la proposición de ley viniera también acompañada de la correspondiente propuesta de indicadores, por ejemplo, el número de equipos especializados a consolidar, el plazo para su ejecución, etcétera; o cuando se habla por ejemplo de canales de comunicación claros, nos gustaría saber qué entienden ustedes por canales de comunicación claros, quisiéramos saber a qué se refieren. También quisiéramos saber cuáles son esos mecanismos, a qué tipo de comunicación se refieren y qué objeto. Citan también, por otro lado, actores públicos del sistema: ¿se refieren a las comunidades autónomas?, ¿se refieren a los ministerios?, ¿se refieren al número de reuniones que se van a celebrar aquí en el terreno?, ¿es un trabajo a encomendar a las oficinas técnicas de cooperación?, etcétera. En cuanto a la especialización de las personas encargadas de la gestión, que es el tercer punto, volveríamos a necesitar también saber qué tipo de objetivos se pretenden, cuáles serían los indicadores de cumplimiento, los mecanismos de seguimiento, los recursos a utilizar tanto materiales como humanos, cursos a ofertar y un largo etcétera. Y así sí tendríamos esos indicadores para medir y obtener resultados en el tiempo.

En conclusión, diría que se ha profundizado poco sobre el tema objeto de la proposición no de ley, y compartiendo, como no puede ser de otra manera, el objetivo de mejora de las capacidades de la agencia junto a otros objetivos de futuro de la cooperación española, podemos convenir que este es un trabajo del plan director, que por cierto desconocemos -no sé cuándo se nos va a remitir-, y también de los sucesivos PACI.

Nos gustaría saber también -en este sentido va la enmienda del Grupo Socialista- en qué se traduce en definitiva esta declaración de buenas intenciones que por supuesto compartimos. Por eso


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hemos planteado una enmienda desde el Grupo Socialista con el objetivo, como decía la ponente de esta proposición no de ley, de obtener el máximo consenso que siempre ha reinado y que queremos que siga reinando en materia de cooperación. Como ha anunciado la ponente, a lo largo de la tarde el Grupo Popular nos dirá en qué va a consistir, si se coge tal cual hemos planteado la enmienda o en qué se va a convertir esa transaccional y de ello dependerá el posicionamiento de nuestro grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias a la secretaria segunda de la Mesa, ahora en otras funciones.

Tiene la palabra el señor Picó para defender su enmienda, por favor.

El señor PICÓ I AZANZA: Debemos valorar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, grupo que da apoyo al Gobierno, en el sentido de que, como ya han manifestado distintos miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha de abrirse un periodo de redefinición de las políticas públicas de cooperación internacional al desarrollo, y en este contexto situamos la proposición no de ley presentada. Creo que este objetivo también es compartido por muchos otros actores públicos o privados de la cooperación. Quiero recordar por ejemplo en este punto el informe de la subcomisión creada a instancias del Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura para el estudio de las perspectivas, que se aprobó, o por ejemplo el proceso interno que han iniciado muchas organizaciones no gubernamentales tanto respecto a su propia labor como respecto a las políticas públicas de cooperación internacional. Y creo que abrir este proceso con la presentación de una proposición no de ley como afirman los antecedentes de la iniciativa -y leo literalmente: Es el momento de revisar el sistema vigente e incorporar con diligencia las reformas que no solo le permitan seguir operando sino que mejoren sus capacidades- me parece dar muy poca importancia a un asunto que creo que la tiene, mucho más además cuando compartiendo o no el redactado de la parte dispositiva de la iniciativa las medidas que se proponen son de calado: consolidación de equipos especializados, reducción de las duplicidades entre actores públicos, asegurar la especialización de las personas o establecer indicadores para un seguimiento preciso de resultados.

Es que además no podríamos cerrar la lista en este sentido si pretendemos, como reza la proposición no de ley, alcanzar la máxima eficacia del sistema. Podríamos, por ejemplo, por nuestra parte hablar de calidad de la ayuda, hablar de transparencia, de participación de la sociedad civil, de coordinación, de refuerzo de las capacidades institucionales y humanas, el papel que se quiere desempeñar en las organizaciones multilaterales, etcétera, y creo que todos podríamos añadir otros extremos. Además, por ejemplo, con relación al segundo punto de la proposición no de ley no tener en cuenta cuando se habla de otros actores públicos a las comunidades autónomas o a los entes locales para mejorar la cooperación nos parece, como mínimo, olvidadizo.

Estoy seguro de que el Gobierno, como también lo han hecho otros actores de la cooperación internacional, ha profundizado en las carencias de nuestro sistema y en este proceso de evaluación, de reflexión y reformulación del sistema deben tenerse en cuenta todas las voces de nuestro modelo, como he dicho: comunidades autónomas, entes locales, ONG, también sindicatos, universidades, sector empresarial, etcétera, para garantizar tres aspectos muy importantes: el éxito del proceso, el éxito del modelo que se quiere construir y el éxito del desarrollo de las políticas de cooperación al desarrollo, que al final es lo más importante de todo. Bajo esta perspectiva hemos presentado la proposición no de ley, además creemos que debe hacerse este proceso de acuerdo con unos principios: el principio de calidad, el principio de eficacia, el de transparencia, el de evaluación, el de rendición de cuentas y el de refuerzo de las capacidades institucionales y humanas al que antes me refería. En este sentido, nuestra enmienda pretende abrir este proceso que propone la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular y propone también una participación en este sentido de las Comisiones tanto del Congreso como del Senado de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esperamos, como ha mencionado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que esta enmienda pueda ser asumida y a partir de ella nosotros manifestaremos la posición que adoptamos.

El señor PRESIDENTE: Gracias al señor Picó porque se ha ajustado al plazo propuesto. ¿Qué grupos desean hacer uso de la palabra? (La señora Ortiz Castellví y el señor Esteban Bravo piden la palabra). Entiendo que plantean hacerlo el señor Esteban y la señora Ortiz. Adelante el portavoz del Grupo Vasco.

El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevísimamente, señor presidente, con menos de los cinco minutos que me da, para manifestar la sorpresa con la propuesta.


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Es una proposición no de ley muy genérica, casi diría yo que tiene mucho fluflú, pero, si luego vamos a lo concreto, no acaba uno de ver exactamente cuáles son las medidas que se proponen. De: ¡Ánimo, el Gobierno adelante!, pero que tampoco aporta... De hecho, ha habido algún párrafo, que no voy a decir que me ha puesto los pelos de punta, pero indicar que vamos a asegurar la especialización y preparación de las personas encargadas de orientar y gestionar la ayuda... ¡Ahí va!, ¿hasta ahora no lo estaba? ¡Porque si no ha habido especialización y preparación de las personas encargadas de orientar y gestionar la ayuda! Espero que sí, aunque también le doy la razón a la portavoz del Grupo Popular porque uno, que conoce pocos casos, pero alguno conoce, sabe que, por ejemplo, en la representación de España en Ginebra, en una sesión sobre derechos humanos, quien ha llegado a tener que tomar la palabra, porque no había nadie más, ha tenido que ser un becario. Esto ha sido así, por cierto, con el Gobierno anterior. También reparto a la otra parte. Esto fue con el Gobierno anterior. (Risas.) Pero me imagino que si ahora presentan esta proposición no de ley es que las cosas están parecidas. (Risas). Supongo que cierta especialización y cierto criterio en la Aecid ya habrá, aunque a veces nos pasan cosas de estas.

Me parece siempre bien crear canales de comunicación claros, aunque supongo que ya existen y las administraciones hablan entre ellas. No acabo de ver, tal y como ha dicho también la representante socialista, esto de reducir las duplicidades entre los actores públicos del sistema. ¿Exactamente a qué se refieren? Porque también en cooperación internacional duplicidad indica que nos estamos refiriendo a algo superfluo. Ya ha habido quien lo ha hecho y volver a hacerlo no tiene mucho sentido. No sé si en cooperación internacional esto de lo superfluo encaja de la misma manera que en otros ámbitos. Quizá no sea tan superfluo que otra Administración esté colaborando también en un determinado área o en un determinado espacio geográfico. ¿Por qué no? Y que lo haga de una manera autónoma porque además tiene competencia para ello y tenemos muchos niveles de la Administración que están colaborando en materia de cooperación internacional. Por tanto, creo que habría que precisar mucho más. Sería más partidario, si se quiere hacer un análisis, una mejora del sistema, de que se nos presentara ya algo más concreto y más claro. ¿Qué vamos a hacer con la Aecid? ¿De qué medios le vamos a dotar? Porque, claro, también decir en estos momentos de crisis económica que vamos a mantener equipos, vamos a consolidar, vamos a aumentar la especialización, vamos a poner más gente, ¿eso va a ser de verdad así? Sinceramente lo dudo mucho porque no creo que en estos momentos el Gobierno esté dispuesto a poner recursos en ello, pero si fuera así -y yo lo saludaría- sería de agradecer que las medidas fueran mucho más concretas.

No puedo manifestar mi voto favorable a la proposición tal y como está, pero, como ha anunciado la señora Quintanilla que van a negociar y que van a ver con el resto de los grupos enmendantes en qué queda todo ello, indicaré mi voto definitivo posteriormente. Tal y como está no puedo apoyarlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban, por su claridad, a pesar de no concluir en una posición definitiva.

Tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: La verdad es que mi posición va un poco en la línea también del diputado que me precedía.

Evidentemente que como grupo parlamentario yo creo que casi todos los que estamos en esta sala podemos compartir los principios de la transparencia, de la profesionalidad, de tener más indicadores, de rendimiento de cuentas, pero, claro, estamos en una proposición no de ley que es muy genérica y que se da en un contexto determinado que la diputada del Partido Popular lo situaba muy bien: en un contexto de recortes, de una reducción de más de un 60% de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Ese es el contexto en el que se plantea.

A mí estos principios me parecen universales, con recortes o sin recortes, pero sinceramente yo creo que no nos podemos abstraer de este contexto en el que estamos. El contexto, junto con el lenguaje utilizado, a mi no me da la confianza suficiente como para darle apoyo. Me genera desconfianza, y no por la señora diputada, sino porque ya llevamos un tiempo de legislatura y cuando el Grupo Popular habla de reformas normalmente son contrarreformas; estamos hablando de recortes, de privatizaciones y de recentralización. Ese ha sido el mínimo común denominador de todas las reformas que ha hecho el Partido Popular hasta este momento, y esta PNL es como el inicio de que ahora le toca a la cooperación; ahora le toca. Cómo legitimamos los recortes y cómo cambiamos el sistema de cooperación español. ¡Claro que es mejorable! Lo comparto. De hecho, desde el propio sector, desde las organizaciones no gubernamentales piden y exigen transparencia y un seguimiento exhaustivo de qué se hace con los


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recursos; no un seguimiento burocrático, como pasa muchas veces, sino exhaustivo: dónde van los fondos de la multilateralidad o la cooperación bilateral. En eso estaremos de acuerdo, pero con lo que se dice en esta proposición no de ley no acabo de entender hacia dónde vamos. En esta proposición no de ley cabe todo. ¿Qué quiere decir más profesionalización? ¿Estamos diciendo que ahora toca menos ONG y que le toca más a otro sector? ¿Quiere decir que vamos a más colaboración privada, a que las empresas hagan la cooperación? Es una pregunta. ¿Es porque todo cabe aquí? Podría caber también todo eso. ¿Qué quiere decir que haya una reestructuración? Sinceramente, viniendo del grupo mayoritario de la Cámara, creo que podría ser más concreta o, si no, esperar a que el Gobierno venga y nos explique cuál es ese cambio de modelo. Creo que sería un ejercicio de transparencia por parte del grupo mayoritario que el Gobierno viniera y nos lo explicara, porque entonces sabríamos qué votamos o a qué damos nuestro aval o a qué no lo damos.

Termino. Hay que reconocer, en el contexto en el que estamos, que el principal reto actual es tener muy pocos recursos. Con pocos recursos están haciendo maravillas algunas organizaciones, las que sobreviven en este contexto. Por tanto, deberíamos poner en valor a los actores de la cooperación -la semana pasada fue el Día del Cooperante-, no descubrir ahora todo y que todo empieza ahora con el Gobierno del Partido Popular. Sobre todo, hay que ir concretando. No daremos nuestro apoyo, porque con esta generalidad no sé a qué le estaría dando apoyo. Esperaremos a ver qué es lo que presenta el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de este primer punto. Le ruego a la proponente, y en vista además de su necesidad de ausentarse de la Comisión, que el acuerdo o la transacción que tenga lugar la haga con especial diligencia y rapidez.

- PARA EVITAR QUE LA AOD ESPAÑOLA SE DESTINE A FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES CUYA ACTIVIDAD OCASIONA DAÑOS MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y VULNERA DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000118).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, el inicialmente 1.º, que es la proposición referida a evitar que la ayuda oficial al desarrollo española se destine a financiar proyectos de empresas transnacionales cuya actividad ocasiona daños medioambientales, sociales y vulnera derechos humanos, que presenta el Grupo de La Izquierda Plural en la persona de la señora Ortiz, que tiene la palabra. Se han presentado dos enmiendas. Le recuerdo los siete minutos mencionados. Adelante.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Los miembros de esta Comisión ya conocen el interés o la cierta insistencia de esta diputada en esta Comisión de Cooperación en ir un poco más allá y exigir una coherencia en las políticas de desarrollo. El planteamiento que hacemos desde nuestro grupo parlamentario es que la cooperación al desarrollo es una cuestión transversal. El desarrollo no es asistencialismo y los Gobiernos deben ser responsables en su conjunto de garantizar esas políticas de desarrollo, de todas, no solo en el ministerio que toca. La cuestión que hoy planteamos en este contexto se enmarca en un hecho. Lo que deberíamos hacer, una vez ha ocurrido algo que es una aberración en sentido político, es extraer lecciones, y esta proposición de ley va en este sentido. El hecho concreto es que a mi entender fue, por decirlo suavemente, un ejemplo de incoherencia, pero también una ofensa al mundo de la cooperación. De hecho la coordinadora de ONG españolas salió dando batalla precisamente sobre este tema. Durante la etapa del Gobierno anterior, la Fundación Repsol-IPF recibió 149.932 euros directamente de la Aecid para cofinanciar un proyecto destinado al fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación Repsol en Ecuador, en la zona de la Amazonía. Este proyecto, complementado ese dinero con la Fundación Repsol, se caracterizaba por invertir en la zona donde precisamente tiene influencia Repsol y donde está llevando a cabo actividades extractivas. Es lo que se denomina exactamente como el bloque 16, que está ubicado en un territorio indígena, el pueblo huaorani, afectando también a la población quichua, a gran parte del Parque Nacional Yasuni, también territorio protegido por la Reserva de la Biosfera. Repsol ejerce soberanía territorial, lo que quiere decir que en ese territorio no solo se dedica a extraer petróleo sino que incluso tutela la educación y la sanidad de esa población.

Las actividades de Repsol han tenido un impacto brutal en el día a día de la población indígena; de hecho, ha desarticulado la propia sociedad indígena de esa zona, ha tirado por los aires el derecho a la


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alimentación, pero también ha provocado un impacto medioambiental con los vertidos -hablamos de que en 2008 fueron vertidos 14.000 barriles de crudo en esa zona-. Las denuncias a Repsol por vulneraciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en esa zona han sido sistemáticas. Por eso nos resulta inaceptable que una empresa que está actuando de esa forma reciba dinero público directamente para desarrollar un proyecto que llamamos cooperación sobre la misma zona donde está destruyendo la convivencia. A nuestro entender eso es lo que denominamos incoherencia, coser por un lado y descoser a dos manos por el otro. Yo creo que este no es el objetivo de la cooperación española, de lo que debe promover el Gobierno. La lógica empresarial de la cooperación nosotros no la compartimos, y sé que aquí hay diversidad de opciones. Lo que hoy planteamos ya no es poner límite a la cooperación empresarial, lo que decimos es que no se dé dinero público a empresas que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Precisamente, ha habido reiteradas denuncias, y el propio Observatorio de derechos de los pueblos indígenas ha denunciado en diversas declaraciones la vulneración. Se ha vulnerado sistemáticamente el derecho al territorio, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud. Creo que no es de recibo mantener esta manera de actuar; seguro que no es eficiente. Acabamos de tener un debate sobre la eficiencia en la cooperación. Sinceramente, ¿nos podemos autoengañar diciendo que damos dinero público que cae en buenas manos, cuando hay una empresa multinacional que, no desde la fundación sino evidentemente desde su actividad empresarial, está actuando para deshacer el desarrollo? Creo que no podemos aceptarlo.

Se debate esta proposición no de ley cuando ya he recibido una respuesta del Gobierno bastante decepcionante sobre este tema. La respuesta del Gobierno fue, por un lado, bastante burocrática -el Gobierno cumple con la legalidad-, efectivamente, y posteriormente fue casi un panfleto de márquetin sobre las buenas actividades y el buen proceder de Repsol, contrastando con el criterio del propio relator de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de todas las organizaciones que trabajan allí, diciendo que la tecnología Repsol no causaba daños medioambientales en la zona, etcétera. Sinceramente, no entiendo que ahora -y menos en un escenario de escasos recursos económicos- estos irrisorios recursos que tenemos los dediquemos a multinacionales que vulneran los derechos humanos. Esto es lo que pretende simplemente esta proposición no de ley, que evitemos estas aberraciones. El Gobierno respondía que cumplía con la legalidad. Puede ser que sea así. Yo lo que le pido al Gobierno es que vaya un poco más allá de cumplir con la legalidad. Le pedimos al Gobierno que cumpla con un mínimo principio ético. Si quiere unas políticas de desarrollo eficaces, que empiece dando los recursos a aquellos que promueven realmente el progreso y el desarrollo y que no destruyen las sociedades indígenas. Es una lección que debemos extraer, porque esa subvención fue realmente una ofensa a todo el mundo de la cooperación. Espero que esto no vuelva a suceder, por eso hemos planteado esta proposición no de ley, que al fin y al cabo habla de que las estrategias en el plan director y las estrategias sectoriales eviten, precisamente, la utilización de fondos públicos computados como ayuda oficial para el desarrollo para financiar proyectos de empresas transnacionales cuya actividad ocasiona importantes daños medioambientales, sociales y graves violaciones de los derechos internacionalmente reconocidos. Creo que sería algo de Perogrullo en cualquier comisión de cooperación, pero por las enmiendas que se han planteado veo que no está tan claro. Lamentablemente, si no hay un avance más allá en las enmiendas que se han planteado, donde precisamente se trata de defender la actuación del Gobierno o decir que continuara haciendo lo que viene haciendo cuando estamos hablando de un caso flagrante de que no hace lo correcto, sinceramente no podemos aceptarlas.

El señor PRESIDENTE: Si me permite la Comisión voy a hacer dos preguntas para quien quiera seguir el asunto, en este caso el que les habla. ¿La participación de la agencia de qué año data, a qué se refiere? (El señor Esteban Bravo: De 2011). Del año pasado. ¿Y la transferencia parcial al servicio holandés de cooperación al desarrollo en qué se cifra? ¿Eso lo conoce la portavoz? (El señor Esteban Bravo: La misma cantidad). ¿La misma cantidad? No, esa es íntegra, hablo de la parcial.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: La aportación complementaria que hizo Repsol fue de 178.676 euros y la de la Aecid 149.932. Y eso fue porque por convenio fue transferido a la cooperación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por las aclaraciones.

El Grupo Socialista tiene dos enmiendas presentadas y otra del Grupo Popular. Así, en orden de menor a mayor, en este caso tiene la palabra el señor Luena.


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El señor LUENA LÓPEZ: Antes, si me permite, quiero hacer una mención que hacía la portavoz en una intervención anterior a que el día 8 de septiembre se celebró el Día del Cooperante y creo que está bien que en esta Comisión se recuerde, sobre todo en tiempos de dificultades, de contracción presupuestaria, en tiempos previos al plan director. He de recordar en esta Comisión, también en relación con el Día del Cooperante que seguimos teniendo dos cooperantes españolas secuestradas en Kenia, Blanca Thiebaut y Montserrat Serra de Médicos Sin Fronteras y desde luego confiamos en las gestiones que lleva a cabo el Gobierno -que nos constan- para que pronto sean liberadas.

Dicho esto, hemos planteado una enmienda, como decía la portavoz de La Izquierda Plural, sobre la que entendemos que se puede avanzar, porque trata de preservar los principios de la cooperación española. El señor presidente de la Comisión preguntaba buscando cierta concreción sobre el año, y es que la defensa de esos principios de la cooperación española viene de ahí, que es la defensa de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que la aplicación de cláusula social y medio ambiental es un principio rector de la cooperación española que también está vigente en la Ley de Cooperación y por supuesto los derechos humanos y todas las referencias a la responsabilidad social; es decir, que están ahí. También la aplicación de dicha cláusula incluye las estrategias público-privadas que se acometen, así como en el código de conducta que se aprobó con motivo del desarrollo de la Ley del Fonprode. La cooperación española se rige por esos principios, no al margen de ellos. Creo -por eso hemos presentado una enmienda- que lo que se debe impulsar es que se garantice la aplicación de esos principios; no que se eviten malas prácticas sino que se garantice la aplicación de estos principios. Este es el interés de la enmienda del Grupo Socialista. Ahora, como tenemos algún conocimiento del caso concreto, se lo voy a decir también a la Comisión. En cuanto a los antecedentes del proyecto, que se financia con cargo a la convocatoria abierta y permanente, las operaciones de Repsol en Ecuador tienen un alto nivel tecnológico y eficiencia en sus instalaciones, por eso se prefieren frente a otras empresas, y únicamente se ha detectado hace cinco años un incidente, un derrame, que fue solventado de inmediato. Prestan un alto nivel asistencial a las poblaciones que residen cerca de la explotación -ojo-, lo que no excluye que este tipo de instalaciones distorsionen el entorno cultural de las poblaciones indígenas. El mayor impacto no se deriva de la extracción precisamente sino de la carretera que se ha construido pues, efectivamente, al incrementar el tránsito por dicha vía se ha colonizado todo el entorno con todo tipo de actividades anexas, algunas dañinas para la salud y el conjunto de la población.

En cuanto al proyecto, quiero ofrecer un matiz. No tiene nada que ver con la actividad extractiva ni actúa como defensa o escudo, según la información de la que disponemos, de las actividades que allí se desarrollan. Es en otra provincia y se trata de añadir cadena de valor en una actividad económica de la que todos pueden salir ganando, tal como constata el Gobierno de allí. Hay alguna cosa discutible. El hecho de que una empresa que obtiene 6.000 millones sea también beneficiaria de una subvención pública y acceda a una convocatoria de ese tipo de ayudas, más bien pensadas para empresas sin ánimo de lucro o pequeñas empresas de la economía social que interactúan con sus homólogas, es discutible, o que la aportación de la empresa sea del 50% del coste del proyecto. Desde el Grupo Socialista creemos que todos esos aspectos, esas cuestiones, deben ser revisadas y debemos hacerlo en el futuro.

Voy terminando, señor presidente. El hecho en este supuesto concreto de la actividad del servicio holandés es lo que resulta doblemente interesante en este proyecto puesto que es especialista en responsabilidad social y además a la que la parte pública apoya especialmente. De hecho, podría haber sido esta ONG la que directamente licitara en la convocatoria. El convenio es conjunto, que también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, deberíamos evaluar -ese es el sentido general de fondo de nuestra enmienda- el desarrollo del convenio y el aprendizaje que al respecto quepa extraer en futuras intervenciones de colaboración público-privada que se trata de promover considerando a las empresas con esas limitaciones, con esas advertencias que he dicho anteriormente, también como actores de desarrollo.

El señor PRESIDENTE: Por cierto, he de confesar a la Comisión que el señor Luena brindaba a este presidente el recordatorio del pasado Día del Cooperante para que lo dijera. Entendiendo que era él quien me refrescaba la memoria le he dicho que no y le he animado a que fuera él mismo el titular y autor de la información a la Comisión.

Hay otra enmienda presentada, como les decía, por parte del Grupo Popular, que defiende el señor Vañó.


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El señor VAÑÓ FERRE: Señorías, desde el Gobierno hay un firme compromiso del cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por España y, por supuesto, también de los procedimientos de adjudicación de las subvenciones. El III Plan director de cooperación española indica que la política para el desarrollo de España concibe el mismo como un derecho que permite que las personas tengan más oportunidades para elegir con libertad y seguridad y desde el respeto a la diversidad, la igualdad, la justicia y por supuesto el medio ambiente, con el cual está comprometido la cooperación española para el desarrollo en una gestión sostenible y saludable que garantice el desarrollo de nuestras generaciones futuras. Precisamente para evitar que la ayuda oficial al desarrollo española se destine a financiar proyectos de empresas transnacionales cuya actividad ocasiona o pueda ocasionar daños tanto medioambientales como sociales, es por lo que en la convocatoria que hace referencia a esta PNL se exigía a los solicitantes de la financiación el cumplimiento de una serie de criterios adicionales a los requisitos de carácter general establecidos en la convocatoria en los que se debía acreditar, mediante declaración responsable, primero por supuesto la no actuación en la fabricación y venta de armas, la no utilización directa o indirecta del trabajo infantil, la no utilización del trabajo forzado o en régimen de esclavitud, las prácticas antisindicales y actuaciones tipificadas como soborno o corrupción y actuaciones contra el medio ambiente. Por otro lado, el Fondo para la promoción del desarrollo establece que en los convenios de financiación se vele por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas por España. Las actuaciones subvencionadas deben velar, por el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por el principio de inversión responsable de las mismas, por la convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente y directrices en materia de derechos humanos y de responsabilidad social corporativa, así como sobre normas internacionales de la OIT ratificadas por España. También deben velar por el cumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Igualmente deben ser garantía de los principios de transparencia, competencia y publicidad mediante licitación pública.

Con el cumplimiento de estos requisitos creemos que se garantiza que los proyectos subvencionados están dentro de lo establecido. Nuestro criterio es que la legislación ya regula el petitum que viene en la proposición no de ley, no obstante que existan leyes no implica que no exista el riesgo de que en alguna ocasión no se cumplan; eso es inevitable. De acuerdo con el código de esta financiación del Fonprode, el Fondo para la promoción del desarrollo, este no financiará ninguna actuación que comporte un riesgo de ser cómplice de actuaciones u omisiones que vulneren estos principios, tales como violaciones de derechos humanos, corrupción, daños medioambientales y sociales.

Por todo ello creemos que queda claro. Por eso presentamos una alternativa que va en sintonía con la filosofía de continuar velando por el cumplimiento de la legislación vigente y los pactos internacionales suscritos por España -que para eso son de obligado cumplimiento-, de modo que los proyectos subvencionados por la Aecid respeten los principios de la política de cooperación española, su plan director y las estrategias sectoriales, y que la utilización de dichas subvenciones destinadas a proyectos de empresas trasnacionales sigan permitiendo que las personas a las que se dirige la ayuda tengan cada vez más oportunidades para elegir con libertad y seguridad, desde el respeto a la diversidad, la igualdad y la justicia y en un medio ambiente limpio y saludable, y que además garantice este derecho al desarrollo de las generaciones futuras.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún turno de fijación de posiciones? (Pausa). El señor Tardà, en primer lugar, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: Quiero hacer algunos comentarios en relación con esta excelente iniciativa parlamentaria que ha presentado la diputada de Iniciativa, solamente para reforzar, si cabe más, lo demandado. Cuando en múltiples ocasiones hemos defendido el derecho a la soberanía sobre su tierra de las poblaciones locales y especialmente de las indígenas, parecía que esto no era de lo más importante. En ese sentido creo que todavía faltan más voces para denunciar la acción de las multinacionales, entre ellas también las de los Gobiernos españoles, cuya actuación en muchas ocasiones ha ido encaminada a defender a estas multinacionales y en contra de los pueblos que ejercen esa soberanía. Solamente hace falta recordar cuando Argentina o Bolivia defendieron la nacionalización de sus hidrocarburos. El caso que nos exponen hoy en esta iniciativa es el súmmum -si me permiten la expresión- neocolonialista, porque en el fondo de lo que se trata es de subvencionar el expolio de recursos naturales con dinero de la ayuda oficial al desarrollo. Debería ser prioritario en función de la honestidad y la transparencia que la ayuda oficial al desarrollo fuese destinada a ello en vez de a todo lo contrario. Por esto no podemos olvidar que


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el siguiente paso debería ser establecer una clara coherencia entre la política de Exteriores y la de Cooperación, en la que la primera se sometiera a criterios de derechos humanos, desarrollo y sostenibilidad.

Si me lo permiten -porque cuando uno está en la oposición se puede permitir el lujo de ser incluso más duro de lo que el Gobierno quisiera oír-, les diré que el Ministerio de Exteriores debería dejar de actuar como lobby de las empresas cuando estos criterios no se cumplen. Un ejemplo gráfico de ello es la actuación del Gobierno español en defensa de Repsol, a pesar de la violación de los derechos humanos y de las contaminaciones ambientales que llegaron a causar muerte en la zona mapuche de Argentina, o la actuación a favor de Endesa, pese a las violaciones de derechos humanos y al ecocidio perpetrado en la Patagonia chilena. El listado de violaciones de derechos humanos de las multinacionales españolas es largo; la última conocida, la explotación infantil que practica Inditex en Brasil. Inditex, Inditex, Inditex. Sí, Inditex. La cuestión es si el Gobierno español legitima esto o lo combate. Así están las cosas. Verdaderamente vivimos en una cierta hipocresía social, pero la realidad es la que es.

El señor PRESIDENTE: Se entiende que está a favor de la proposición.

Es el turno entonces del señor Esteban. Adelante.

El señor ESTEBAN BRAVO: Yo creo que todos quienes me conocen saben perfectamente mi especial sensibilidad hacia los temas indígenas y desde luego no puedo estar sino absolutamente de acuerdo con el que creo, aunque no estoy seguro, es el objetivo de la proposición no de ley. La señora Ortiz ha hablado antes de la coherencia en las políticas de desarrollo; no solo coherencia en las acciones por parte de la Administración sino también en las acciones por parte de los agentes privados pertenecientes a un país que actúa en uno u otro lugar. Es algo que desde luego este portavoz ha venido defendiendo siempre -esta ya será la tercera legislatura-. En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo.

Dicho esto, me parece que la formulación que se le ha dado a esta proposición no de ley no es la más afortunada. Para empezar, si una persona que no conoce mucho el asunto la lee verá que Repsol aparece por todos los lados. Parece que se ha fijado un objetivo que es Repsol y entonces esto tiene que ir dirigido a Repsol. Curiosamente, aparte de las cosas que han sucedido -también el bloque 16 en el año 2008 y las fugas de petróleo, que tampoco se arreglaron en un día como ha dicho algún portavoz aquí-, Repsol es, que yo sepa, la única compañía del Estado que tiene aprobada de manera unilateral, sin que nadie la haya obligado, una estrategia de relación con los pueblos indígenas y una serie de códigos a la hora de trabajar en zonas que están habitadas por poblaciones indígenas. No estaba hecho en el año 2008, tampoco en el tiempo de Chile, pero ha avanzado en ello. Repsol es, por otra parte, una compañía que en los foros a los que se la ha invitado a discutir sobre políticas extractivas, donde la mayoría de los que hemos acudido hemos sido muy críticos con los trabajos que han hecho las multinacionales, ha sido la única que ha dado la cara y ha estado presente, que yo sepa o al menos en los foros a los que he ido. Aparece el bloque 16, que es un auténtico desastre y en el que Repsol entró cuando el bloque estaba abierto, relacionándolo con una subvención que no va a ese bloque, que no tiene nada que ver con ese proyecto; es más, casi no hay población indígena afectada con respecto a lo que hace la Aecid. Aunque sea una población de colonos o esté en una zona cerca del Parque Yasuni, lo más preocupante ahora en la zona para los huaorani ya no son los bloques, que llevan muchos años, sino los posibles bloques de nueva explotación en el propio Parque Yasuni, y ahí entran otras compañías como Petrogas, etcétera, que tenemos que seguir de cerca.

Es cierto que, más que probablemente, Repsol habrá buscado la ruptura de las comunidades, habrá entablado relación con la gente más joven, que es la que domina el castellano -porque la gran mayoría de la gente no lo habla- y ahí habrá encontrado un grupo de personas que quizás pueda ser más proclive a determinados planteamientos que se les puede hacer. Pero que existe un diálogo con los huaoranis y que ha habido una inversión -que se puede criticar también- en educación, etcétera para el pueblo huaoraní por parte de la empresa, es cierto. Tenemos muchas informaciones que se cruzan pero no el contraste cara a cara, que es algo que quizás tendríamos que buscar. La organización huaorani, la confederación Huaorani-Amwae en estos momentos no hace ninguna crítica; sí están preocupados con todo el tema de Yasuni pero el bloque 18 es una cuestión ya vieja, ha quedado atrás. No conozco que el relator, un buen amigo, James Anaya, haya hecho recientemente ningún informe sobre el caso concreto de este bloque.

¿Qué se busca? ¿Cuál sería el ideal de la proposición no de ley? ¿Se busca que haya una coherencia política y que los pueblos indígenas puedan decidir por sí mismos cómo actuar y controlar su territorio? Si eso es así, yo estoy absolutamente a favor. ¿Se busca no financiar ningún proyecto de empresa


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transnacional? Ahí tengo mis dudas. Puedo creer que quizá sería lo mejor, pero tal vez el motivo de que haya una subvención por parte de la Administración española es razón para que este Paramento -ahora sí, porque hay un dinero público- pueda controlar o preguntar a la empresa incluso en sede parlamentaria. Ya anuncio -no sé cómo lo valorará la Mesa- que voy a solicitar que se le pida a la empresa Repsol que comparezca en Comisión y que podamos contrastar no solo este caso, porque si no me equivoco actúa en tres países más de Sudamérica en zonas donde hay población indígena. Si a partir de ahí también entendemos interesante que vengan otros representantes -ONG, universidades, etcétera-, estupendo, y cada uno iremos cogiendo información. Quizás tenga razón, señora Ortiz, quizás no habría que dar dinero público a las transnacionales, pero creo que lo que nos tendría que ocupar más como Parlamento y como sociedad es controlar lo que vayan a hacer esas transnacionales. Si el que reciban algo de dinero público nos habilita para poder exigirles cuentas, bienvenido sea.

En resumidas cuentas -porque ya se me acaba el tiempo, lo sé, presidente-, coincido plenamente con la intención de la presentante y estoy seguro de que vamos a poder trabajar conjuntamente en estos temas, pero creo que el planteamiento mezcla muchas cosas. El tema del bloque 16, insisto, es un tema un tanto viejo. Se mezclan datos antiguos con datos actuales. Además, no sé si el objetivo es que no se altere la vida de una comunidad más allá de su voluntad o si el objetivo por parte de algunos agentes puede ser que las empresas no reciban dinero público. Como ahí, tal como leo en la parte dispositiva, parece que eso es lo que se busca y como yo ahí tengo mis dudas y creo que por lo menos habría que aprovechar este viaje para intentar que las empresas den cuenta, voy a explorar esta vía y me voy a abstener, no voy a apoyar la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias al portavoz del PNV por esta ilustración, aunque sea un poco amplia. Es una pena que no haya presentado enmiendas. (Risas.)

El señor ESTEBAN BRAVO: Presentaremos una iniciativa conjunta con doña Laia.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro portavoz que quiera intervenir? (Pausa).

El señor portavoz de Convergència i Unió tiene la palabra.

El señor PICÓ I AZANZA: Tras esta intervención sabia debo decir que yo me he estudiado el tema y he preguntado todo lo que he podido, y me crea muchas dudas, como ha dicho muy bien el portavoz del PNV, la información que está descrita en los antecedentes de la proposición no de ley, porque si estamos hablando, por ejemplo, de este caso concreto, siguiendo lo que decía el señor Esteban, yo sé que Repsol cada año tiene un acuerdo con la nacionalidad guaraní de Ecuador para operar en el territorio y además se acuerda un programa anual de desarrollo comunitario para las comunidades guaraníes. Por tanto, alguna cosa más debería haberse especificado en la parte no dispositiva de la proposición no de ley, y no entro directamente en el petitum, que también me genera muchas dudas. Además, entiendo que si lo que se quiere es simplemente trasladar lo que dice la legislación actual, poco avanzamos.

Quería hacer una referencia de forma previa, pero creo que ha estado bien la participación del grupo anterior en el sentido de que muy posiblemente esta proposición no de ley abre la puerta a la idea de que debería iniciarse un proceso amplio de reflexión sobre el papel de las empresas en el desarrollo. Este proceso se inició ya con la eliminación del FAD y la creación del Fondo para la promoción del desarrollo, entre otros instrumentos, pero nos quedan otros muchos extremos en relación con la participación de las empresas en esos esquemas de desarrollo: qué principios deben regir esta participación, qué orientaciones debe tomar, qué enfoque y qué gestión deben ser los adecuados para fortalecer finalmente las colaboraciones con la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo. En este sentido, el reciente IV Foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda dedica a esto un punto concreto, el relativo a sector privado y desarrollo, y recoge un compromiso, también firmado por España, por el cual se debe propiciar un diálogo con el sector privado sobre la mejora de las condiciones y el crecimiento económico, el refuerzo mutuo de los objetivos comerciales y de desarrollo y el favorecer la participación en el diseño e implementación de estrategias y políticas de desarrollo y lucha contra la pobreza, así como promover mecanismos como el de ayuda por comercio y seguir desarrollando nuevos instrumentos financieros para movilizar recursos privados hacia objetivos de desarrollo compartidos.

Por las razones que he expresado, más allá de este carácter más amplio que he querido darle a mi intervención, nosotros también nos abstendríamos en la proposición no de ley.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ortiz para que diga si acepta las enmiendas.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Por alusiones, señor presidente. Quería hacer una aclaración.

El señor PRESIDENTE: Recuerde también aclarar a la Comisión si acepta las enmiendas.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Las enmiendas no las acepto, lo he dicho en mi anterior intervención.

He empezado mi intervención diciendo que aunque la lógica de mi grupo no es precisamente apoyar la financiación al sector privado para hacer cooperación, no hemos ido tan allá en esta proposición no de ley y lo que decimos es simplemente que no haya dinero público para multinacionales que vulneren sistemáticamente derechos humanos. Es clara, clara esta proposición no de ley. Más allá de intervenciones que pueden haber generado una cierta confusión, quería hacer esta aclaración por si esto puede sumar más apoyos. Ya entraremos en otros debates si el Grupo Vasco decide presentar una iniciativa al respecto.

El señor PRESIDENTE: Quiero hacer dos comentarios a tenor del debate de la proposición no de ley, aunque estamos ya fuera del tiempo que había fijado. El señor Esteban no está, con lo cual renuncio al comentario sobre citación de grupos no gubernamentales -ya que estamos en una Comisión, en este caso se podría así entender la empresa mencionada-. Este presidente les adelanta que es muy difícil, a pesar de la participación en actividades de recursos públicos, el objeto de fiscalización. Lo digo a título personal en relación con la consideración que se ha hecho, que es pertinente y que está bien reflexionada, pero creo que sería bien difícil -y esto lo sabe alguna portavoz más- porque el Parlamento, según entiendo yo, fiscaliza administraciones y gobiernos públicos. Me refiero a la fiscalización, no a la mera información; otra cosa es que el examen de las cuentas lo sirva la Administración y el Gobierno, pero eso ya no sería hacerlo de manera primaria y directa sobre la empresa.

Otra cuestión es respecto a las manifestaciones del señor Tardà, al que quizás no he entendido bien y además no quisiera ser parcial en la mención. Él se ha referido a otra empresa, en este caso Inditex. Este presidente cree que en el debate parlamentario lo principal es la presunción de veracidad del interviniente, en este caso el señor Tardà. Además, como desconozco la materia no entro en ello, pero en cuanto a formulaciones de rango penal sobre empresas simplemente apelo a que seamos en ese sentido prudentes, si es que se ha de serlo, y cuando hablo de prudencia me refiero a moderación en la formulación, a constricción en la formulación. Es verdad que la retórica parlamentaria permite expresiones ambiguas, equívocas, pero... Y no porque sea una empresa, ni porque sea una empresa de rango, sino porque es un sujeto de derechos igualmente. Me ha entendido el señor Tardà ¿no? Y adelanto que puedo estar equivocado. No entro en la materia y dejo a salvo, insisto, la presunción de veracidad de lo que aquí se diga.

El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

El señor LUENA LÓPEZ: Veinticinco segundos, señor presidente.

Puesto que la portavoz dice que no acepta ninguna enmienda, nosotros nos vamos a abstener. Ahora bien, desde la parte más institucional, política y parlamentaria, que es la que estamos representando aquí, creo que es necesario para la cooperación española -y mi intervención es para esto, para apoyar la idea del señor Esteban, porque también he escuchado atentamente las reservas del señor presidente de la Comisión- que pudiéramos escuchar a todas las partes cuando surja algún conflicto, alguna situación que genere controversia. Sería interesante que en el ámbito de la Mesa y de los portavoces busquemos algún espacio en el que podamos dirimir, resolver todas las cuestiones que se plantean, que son de enjundia y que hemos de reconocer todos que pueden afectar también a la imagen de la cooperación española.

El señor PRESIDENTE: Este sector, muy participado social y empresarialmente, lo trataremos más en detalle en una próxima sesión de Mesa y portavoces porque es necesario y oportuno.

Entiendo que hemos terminado este punto del orden del día.

- SOBRE ACCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000590).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre las acciones para facilitar el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo. La presenta y la defiende la señora Blanco. Hay presentadas dos enmiendas.


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La señora BLANCO TERÁN: Si me permite el presidente, querría saludar a representantes de organizaciones no gubernamentales que están entre nosotros, como Médicos sin Fronteras, muy implicados en esta proposición no de ley que mi grupo va a defender.

Esta tarde se han tratado en esta Comisión distintos temas, entre ellos temas de multinacionales, y la proposición no de ley que presento también va a incidir sobre el papel de determinadas multinacionales, en este caso farmacéuticas. La proposición no de ley se refiere a unas negociaciones que se están llevando a cabo desde 2007 entre la Unión Europea y el gobierno de India. Es la famosa asociación de libre comercio entre la Unión Europea y el gobierno de India. Este acuerdo de libre comercio, que engloba bastantes asuntos, tiene un tema fundamental sobre el que nuclea esta proposición no de ley y que es el que, de alguna forma, ha hecho retroceder en el tiempo y ralentizar ese acuerdo de libre comercio. La OMC en su ronda de Doha de 2001 dio un paso sustancial en lo que era la ronda del comercio mundial. Por primera vez aseguraba que el derecho de los seres humanos al acceso a los medicamentos genéricos debía estar por encima de cualquier beneficio que las multinacionales farmacéuticas pudieran obtener. Esta Declaración de Doha del 2001 -que no son precisamente señores hippies que van por el mundo haciendo buenismo, sino que la ronda de comercio probablemente es de las rondas más duras que se dan porque es donde se fijan los precios internacionalmente- se hizo debido a que ya había antecedentes bastante llamativos, por llamarlos de alguna manera, y escandalosos, de otra manera. La Schering había metido una demanda jurídica contra el Gobierno de Sudáfrica por un componente de un genérico y había parado lo que entonces se llamó la farmacia de los pobres, que era Sudáfrica, que tenía el mayor número de laboratorios de genéricos y en ese momento del 2001 ya fabricaba, por ejemplo, retrovirales a precios muy baratos, era la farmacia de todo África y gran parte de Asia. La Schering ganó aquella demanda por un excipiente de un medicamento que no tenía nada que ver con los retrovirales sino que era un excipiente de un antiinflamatorio. Aquella demanda escandalosa, que costó millones y millones de dólares y que ganó la Schering, hizo que Sudáfrica cerrara todos sus laboratorios de genéricos.

Esta misma situación se planteó en 2004 entre Novartis y el Gobierno de India. En aquel momento era un excipiente también derivado de un antiinflamatorio. En este caso, en el que nos ocupa, donde Novartis se ha querellado contra el Gobierno de India y estamos a la espera de la sentencia, es un genérico que India rechaza porque es un anticancerígeno que, como todos sabemos, no existe, y Novartis quería registrar una patente a través de un derivado de algo que llamamos interferón, en los términos más coloquiales de la quimioterapia habitual y convencional. Digo esto porque de las negociaciones que se desprendan de la asociación de libre comercio entre la Unión Europea e India va a depender la farmacia de los pobres -no llamada por mí así, llamada así por la Organización Mundial de Comercio y la Ronda de Doha que, como decía antes, no son sospechosos de ser hippies, ni happies, son personajes muy duros, que negocian muy duramente los precios no solo de productos básicos, sino también de productos derivados y, por supuesto, de los fármacos y del control de las multinacionales farmacéuticas-, de esa asociación, de ese acuerdo va a depender que exactamente millones, en este momento más de 45 millones de personas, accedan a retrovirales por precios que son exactamente de 115 dólares por paciente/año, que es el precio al que produce India su genérico, a 4.500 dólares por paciente/año. En los años noventa este décalage era todavía mucho más amplio: eran 10.000 dólares por paciente/año, frente a 100 dólares por paciente/año por parte de India. Esto es lo que tratamos.

Pedimos al Gobierno de España que, en la medida en que está presente en las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e India, intervenga para flexibilizar y sobre todo para poder ayudar a que siga fabricando genéricos. India no es un país filantrópico que produzca genéricos a precios muy bajos y no se enriquezca, India se enriquece mucho con sus laboratorios de genéricos. Eso nos lleva a pensar cuánto se enriquece la multinacional Novartis. Si cierra India, como está en este momento cerrado, casi 30 millones de personas en el mundo no tendrán acceso a retrovirales, por ejemplo, o a medicamentos esenciales antituberculosos. De eso se trata. Se trata de que en algún momento, a pesar de la crisis, a pesar de un mundo que no acaba de finalizar y de otro que no acaba de morir, a pesar del claroscuro donde parecen surgir todos los monstruos, sepamos que hay que poner freno a determinadas actividades que especulan con cosas con las que no se debería especular.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay dos enmiendas presentadas, una por el señor Tardà en representación del Grupo Mixto. Le concedo la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Efectivamente, India no solo ha decidido poner coto a las trampas que inventan las farmacéuticas para continuar cobrando patentes más que amortizadas, sino que ha decidido


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que el derecho a la vida y a la salud está por encima del derecho a una supuesta propiedad intelectual. Y cuando la vida y la muerte es solo cuestión de negocio, el debate no es sobre el negocio, sino sobre la ética, y teniendo en cuenta las alrededor de tres cuartas partes de los medicamentos que utiliza una organización como Médicos sin Fronteras, estamos hablando de muchas vidas o de muchas muertes. Un ejemplo sobre un medicamento cancerígeno: la patente cuesta 2.600 euros al mes por paciente, inasumible por supuesto para los países empobrecidos, mientras que el genérico indio solo cuesta 200 euros. Y los responsables tienen nombre y apellido: Novartis. Nosotros planteamos en nuestra enmienda que si las farmacéuticas priman el negocio, deben ser castigadas en este terreno y que el Estado español tenga en cuenta la posición de Novartis o de cualquier otra farmacéutica a la hora de realizar las compras públicas. Y utilizando la fuerza argumental de la diputada socialista, nuestra redacción consistiría en añadir un punto número 3 que dice: Instar al Gobierno español a condicionar la compra pública de medicamentos de determinadas empresas farmacéuticas a su actuación respecto a garantizar el acceso a los medicamentos de las sociedades empobrecidas. Porque es evidente que hay que presionar y alguien tiene que empezar. Creo que sería interesante que el Gobierno español presionara y la mejor manera de presionar es aprobando de entrada -me refiero al Grupo Popular- esta iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista e incorporando el Grupo Socialista esta enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya. Creo que los argumentos que ha dado la diputada socialista son veraces y muy razonados. De lo que se trata es de aprobarlo y por supuesto vamos a votar favorablemente a esta iniciativa parlamentaria, aun cuando el Grupo Socialista considerara que no es necesario aprobar nuestra enmienda, cosa que lamentaríamos, pero igualmente aprobaríamos lo que nos proponen.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà, por la claridad. Es una enmienda de adición.

Hay presentada otra enmienda por el Grupo Popular que va a defender la señora Rodríguez Sánchez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Grupo Popular comparte la preocupación manifestada por el Grupo Socialista sobre el acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. En este sentido, nuestro grupo se siente plenamente comprometido con el objetivo de asegurar que las poblaciones de los países más pobres tengan acceso a medicinas baratas.

Nuestro grupo comparte también el interés expresado por el Grupo Socialista por los contenidos de las negociaciones del acuerdo de libre comercio Unión Europea-India. Sabemos que el Gobierno sigue puntualmente el desarrollo de las negociaciones en todas sus vertientes y que tras el encuentro ministerial Unión Europea-India del pasado mes de junio ambas partes acordaron un intenso plan de trabajo hasta finales de año para encontrar así soluciones mutuamente aceptables a las cuestiones pendientes y una parte importante es la transparencia en las negociaciones de manera que se facilite la interacción con la sociedad civil en todo el proceso.

En relación con el apartado de la proposición relativo al impulso para que se respeten las flexibilidades previstas o los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, el Grupo Popular no puede por menos que coincidir con el Grupo Parlamentario Socialista en la necesidad de promover el respeto a los acuerdos Trips para facilitar el acceso a los productos farmacéuticos y aplicar la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre el aspecto del derecho de propiedad intelectual relacionado con el comercio y la salud pública. Ya durante la VIII Legislatura la Comisión de Sanidad y Consumo aprobó por asentimiento una PNL instando al Gobierno a apoyar decididamente esas flexibilidades, así como el estímulo a la investigación e innovación de los tratamientos. De hecho, como es sabido, España se ha sumado a las ratificaciones del protocolo de enmienda al Acuerdo Trips para que los países que puedan facilitar medicamentos los puedan exportar en el marco de una licencia obligatoria hacia países que no estén en condiciones de fabricarlos.

Por otro lado, en lo que se refiere a la exclusividad de datos y a las cuestiones de propiedad intelectual, nuestro grupo mantiene que es necesario compaginar adecuadamente, por un lado, la adopción de una posición flexible en el contexto de la específica situación de India como productor de genéricos para el mundo en desarrollo y, por otro lado, mantener un cierto grado de protección de la propiedad intelectual, que es algo básico tanto para promocionar innovaciones en la industria farmacéutica en la propia India como para preservar un mínimo nivel de competitividad de las compañías europeas de genéricos, así como para proteger las etapas inherentes a la investigación farmacéutica.

En cuanto a la inclusión en el acuerdo de libre comercio con India de una disposición regulando la obligación de los Estados miembros de facilitar la exportación de genéricos a los países pobres, ese aspecto está relacionado con la pendiente entrada en vigor del protocolo de enmiendas del Trips, ratificado


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por los veintisiete, y asimismo con el grave problema de la fabricación de medicamentos falsificados que se pueden exportar al resto del mundo, cuestión que la OMS ya ha puesto de relieve y es importante tener en cuenta. En este sentido nuestro grupo coincide en la necesidad de facilitar la exportación de medicamentos genéricos a todos los países pobres con escasa capacidad para producirlos y defiende la elaboración conjunta de una definición al respecto, de tal manera que no solo se facilite el acceso a los medicamentos esenciales, sino que asimismo se proteja la salud de todos los usuarios.

Sobre estas cuestiones, que nos parece relevante insistir en ellas, presentamos una enmienda, pero tengo que decir que estamos hablando con el Grupo Socialista sobre una transaccional porque creo que los objetivos son fundamentalmente los mismos.

El señor PRESIDENTE: Pues avancen lo más posible en la transaccional y así no tendremos que suspender la sesión a la espera de acuerdos, porque vamos mal de hora.

Señora Blanco, adelante. Fije su posición.

La señora BLANCO TERÁN: Intervengo muy brevemente para fijar la posición de mi grupo sobre las dos enmiendas.

Con respecto a la enmienda del Grupo Popular, ya hemos hablado sobre ella y la hemos aceptado, excepto que creo que hay una errata porque en el párrafo segundo no es Consejo de Ministros, sino Consejo Europeo. Tercera línea del segundo párrafo: en especial ante el Consejo Europeo. Es Consejo Europeo, no es Consejo de Ministros. (La señora Rodríguez Sánchez: Sí, sí.) Pues está aceptada por parte del Grupo Socialista.

Con respecto a la enmienda de adición del Grupo de Esquerra Republicana, ya he hablado con el señor Tardà, y entendiéndolo y comprendiéndolo no podemos aceptar su enmienda porque condicionaría excesivamente, incluso superaríamos las condiciones de la ronda de Doha, de la ronda mundial del comercio, que es algo que nos ata como Estado. Lamentablemente no podemos aceptarla, señor Tardà.

El señor PRESIDENTE: Perdónenme, y en particular la actora de la iniciativa, porque en mis premuras de tiempo me he saltado olímpicamente el turno de fijación de posición. (Pausa).

Tiene la palabra el Grupo de Convergència i Unió. Señor Picó, adelante. ¿Le recuerdo el tiempo?

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente, pero no hace falta porque voy a ir de forma muy rápida, contextualizando esta iniciativa también en el trabajo realizado ya en anteriores legislaturas tanto por parte de la Comisión de Cooperación como por parte de la Comisión de Sanidad, que llegarán a acuerdos, para mí importantes, desde el consenso de todos los grupos parlamentarios con el fin de encontrar soluciones para este problema que todos conocemos. Para alcanzar este consenso, nuestro grupo parlamentario ha preferido no presentar ninguna enmienda al texto. Pudiendo compartir el objeto y mucha parte de la redacción que se ha dado por parte del grupo proponente, y aunque podríamos perfilar alguna cosa, hemos preferido, para aunar este consenso, no presentar ninguna enmienda. Además, estamos convencidos de que se puede alcanzar ese consenso y solucionar este tema a través de dos principios. Primero, teniendo en cuenta que el acceso a medicamentos a costes asequibles deriva del acceso a la salud como derecho universal, pero también entendiendo que la protección de los derechos de propiedad intelectual son los que permiten desarrollar los trabajos de investigación de nuevos medicamentos. Estos dos principios no son contrarios ni deben serlo; al contrario, encuentran su punto de equilibrio y de protección en la solidaridad, sin menoscabar los esfuerzos en investigación, y además la legislación internacional sobre comercio internacional contempla los instrumentos para hacerlo. En este sentido, consideramos que la enmienda transaccional aúna el esfuerzo para hacer efectivo el derecho a medicamentos a costes asequibles y la protección de los derechos de propiedad intelectual desde la solidaridad y por ello contará con nuestro apoyo.

- SOBRE EL FOMENTO DEL COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000615).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el fomento del comercio justo y el consumo responsable, presentada por el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Con toda humildad, creo que esta iniciativa parlamentaria coloca a la Comisión de Cooperación ante un espejo, porque supone la prueba del algodón -al menos así lo vemos


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nosotros- respecto a si la pretensión de la cooperación es superar las injusticias que generan las desigualdades o si solo pretendemos medidas un tanto caritativas, incluso para lavar nuestras conciencias. Entendemos que la cooperación internacional no puede servir para sacar a los países más desfavorecidos solo de su empobrecimiento económico, máxime si mantenemos su expolio por la vía comercial. De hecho, este expolio medioambiental, económico y social es mayor que aquello que les devolvemos mediante la cooperación internacional -este debate lo hemos realizado multitud de veces en esta Comisión, en esta y en otras legislaturas-, por ello, a veces se ha venido a decir que es mayor el robo que la caridad -dicho en términos populares-, y de esta manera no solo no podemos colaborar en su progreso sino que colaboramos en su pobreza y en la perpetuación de la misma.

La existencia de un comercio justo implica la existencia de un comercio injusto, de un comercio basado en la desigualdad y en la explotación. El comercio justo nace precisamente como un intento de superar una desigualdad comercial, en la que los productos de los Estados imperialistas -permítanme la expresión- se venden en los países empobrecidos a precio de lujo, mientras que los productos de esos países se venden en los más ricos a precio de saldo. Pero el comercio justo no solo pretende superar la explotación económica, sino también la explotación medioambiental, laboral y cultural. Desde esta perspectiva, garantiza un salario mínimo y condiciones de trabajo dignas e impide la explotación infantil o la contaminación medioambiental. Así lo ha reconocido el Parlamento Europeo cuando en su resolución sobre comercio justo y desarrollo afirma que el comercio justo ha demostrado ser un modelo eficaz para fomentar el desarrollo sostenible y un instrumento importante para alcanzar los objetivos del milenio y, en particular, la erradicación de la pobreza. Por todo ello, en nuestra iniciativa se plantean toda una serie de medidas para promocionar el comercio justo, desde la concienciación a la ciudadanía, especialmente en el ámbito educativo -en esto creo que estamos todos de acuerdo-, hasta su promoción en la compra pública, que es el segundo eje de nuestra iniciativa parlamentaria. En ese sentido, es necesario señalar que la introducción de criterios de comercio justo en la compra pública no solo beneficia a las sociedades más empobrecidas, sino también al comercio de proximidad en tanto que compite en igualdad de condiciones y sin la adulteración que provoca el dumping social. Creo que nuestra iniciativa parlamentaria es muy rica, y pongo en valor el trabajo que hemos realizado.

El Grupo Popular nos plantea una enmienda de sustitución que, en principio, conocedores de cuál es la realidad y la correlación de fuerzas en esta Comisión, nos puede satisfacer y estamos dispuestos a aceptarla, pero, ¿qué le habíamos pedido al Partido Popular? Cuando dice que en el marco de las prioridades y líneas de actuación que serán marcadas por el próximo Plan director de cooperación 2013-2016 "estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo dentro del Consejo de cooperación", nosotros les pedimos "proponer un grupo de trabajo". ¿Por qué? Porque si aprobamos proponer es evidente que en el Consejo de cooperación, en donde hay distintas partes, garantizamos que se va a debatir la propuesta; en cambio, si se dice estudiar la posibilidad, lo dejamos demasiado en el aire. Yo he hablado con los compañeros del Grupo Popular y, al parecer -si no han cambiado de opinión hace un minuto-, no están dispuestos a sustituir estudiar la posibilidad de crear por proponer. Aun así, debo decir que lo aceptaremos, pero, con la misma sinceridad, creo que beberían valorar que no les pedimos demasiado; en vez de "estudiar la posibilidad de crear", que se diga "proponer la creación". Si no puede ser, yo les pediría que al menos -si es posible pedirlo- en su intervención asuman que hay un cierto compromiso; un pequeño paso hacia adelante, pequeñísimo. Creo que todos saldríamos más satisfechos y seguro que las partes, básicamente las ONG, hoy tendrían la sensación de que hemos dado un pasito.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición han presentado enmiendas el señor Picó, portavoz del grupo CiU; la señora Costa, del Grupo Socialista, y el señor Cabrera, del Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Intervendré de forma muy breve porque creo que cabe añadir poca cosa más al texto de la enmienda formulada por mi grupo parlamentario. Reconocemos la importancia del tema, apoyamos las medidas formuladas por el señor Tardà, pero recordando que existen competencias y normativas de desarrollo que están referidas en el petitum de la proposición no de ley que se circunscriben a competencias también del resto de administraciones públicas, como por ejemplo las comunidades autónomas y los entes locales. Por tanto, apelo a la sensibilidad competencial más que sobrada y reconocida del portavoz del Grupo Mixto para incluir este aspecto en el texto de la posible transaccional que pueda formularse.


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El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Socialista.

La señora COSTA PALACIOS: Esta PNL que hoy nos presenta Esquerra Republicana tiene un historial en esta Comisión y en este Congreso de los Diputados. Ya en 1996 se aprobó una PNL por unanimidad en este Congreso y, en 2007, una iniciativa casi idéntica, por no decir idéntica, también de Esquerra Republicana, que se presentó en esta Comisión y que fue aprobada con una transaccional. Así consta en el "Diario de Sesiones". Es verdad que habría que actualizarla y eso es lo que le he pedido al señor Tardà antes. En aquellos momentos -en 2007- contaba con el apoyo del Gobierno Socialista y del Grupo Socialista porque creemos firmemente que esta cuestión del comercio justo es vital no solamente para los países más empobrecidos, sino también para animar o impulsar la sensibilidad hacia esta realidad; que no se haga negocio precisamente con estos países o con estas colectividades.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución con la idea de actualizar -puesto que se va a presentar pronto un nuevo plan director-, mejorar la proposición no de ley del señor Tardà del Grupo Mixto y contextualizar. Querríamos que se evaluaran los cambios que se han llevado a cabo hasta aquí. Nosotros estamos de acuerdo con la proposición. No podríamos votar en contra de algo que ya hicimos, debatimos y aprobamos desde el año 1996 en otras legislaturas; simplemente nos gustaría que se añadiera algo que tuviera que ver con la actualización de aquella proposición de 2007 y también con la de ahora. Mi opinión es que el Grupo Popular tampoco se comprometería demasiado ya que el consejo es el que tiene que decidir la creación de esta comisión, pero sí decir y expresar de una manera más enfática que quiere crearla, por lo menos el deseo o la voluntad. De todas maneras, apoyaríamos la proposición no de ley aunque no se nos admitiera la enmienda de sustitución.

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Popular. Adelante, señor Cabrera.

El señor CABRERA GARCÍA: Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la proposición no de ley sobre fomento del comercio justo y el consumo responsable, a instancias del Grupo Mixto y presentada por el diputado Joan Tardà, de Esquerra Republicana. En primer lugar, quiero agradecer al señor Tardà el contacto que hemos mantenido a la hora de abordar esta enmienda, su buena voluntad y sobre todo la aportación constructiva tanto de objetivos como en las propias propuestas que aparecen en su PNL, porque en el fondo son también las propuestas de nuestro grupo. Creo que el comercio justo se ha convertido en un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca, sobre todo, mayor equidad en el comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Asimismo, satisface las necesidades humanas, una adecuada calidad de vida, toma en cuenta las generaciones futuras dado que considera también el impacto social y ambiental de la producción y la racionalización de su uso. En definitiva, una alternativa comercial para los pequeños productores y por tanto un verdadero enlace norte-sur que favorece el consumo responsable.

Tras una larga proyección después de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo en 1964 hoy se cuenta con una red mundial de organizaciones de comercio justo que trabajan juntas para promover la justicia comercial, aglutinando ya más de setenta países. El propio Parlamento Europeo en una resolución aprobada en 2006, entre otros considerandos, reconoce que las ventas de comercio justo han aumentado en Europa más de un 20% desde el año 2000. De dicha resolución se dio traslado a organismos internacionales como la OIT, también a Naciones Unidas y a la OMC. Estas iniciativas, por tanto, han supuesto la asunción de compromisos por parte de nuestro país. Así, en el III Plan director de cooperación 2009-2012 el impulso del comercio justo se concibe como una herramienta verdaderamente de cooperación al desarrollo, que contribuye a la mejora económica y laboral de las cooperativas y productores del sur. En la actualidad, el IV Plan director de cooperación 2013-2016, como todos sabemos, se encuentra en fase de desarrollo, por lo que cualquier decisión relativa a prioridades sectoriales, grupos de trabajo, comisiones, planes sectoriales o educación para el desarrollo dependerá de las decisiones que finalmente se adopten durante el proceso de debate y aprobación de los contenidos de dicho plan. Asimismo, dichas decisiones relativas al IV Plan director se tomarán atendiendo, entre otros, al informe del examen de pares de la cooperación española, realizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en 2011, que fue publicado a principios de 2012, en el que se establecen, entre otras consideraciones, en primer lugar, la concentración de la cooperación española en un número de países, de sectores y ejes horizontales; en segundo lugar, el desarrollo de un marco claro de relación con la sociedad civil a fin de aprovechar plenamente su potencial; en tercer lugar, el esfuerzo de la coherencia


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de políticas para el desarrollo. A estas recomendaciones se unen las incluidas en el informe de la subcomisión para el estudio de las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo, aprobado por todos los grupos políticos con representación parlamentaria en septiembre de 2011. Entre las recomendaciones de la subcomisión se encuentra también la concentración sectorial mediante un proceso de diálogo en tres niveles: con los países socios, con otros donantes y con los actores de la cooperación española. En el proceso de planificación del nuevo plan se tendrán en cuenta las lecciones aprendidas del informe de evaluación intermedia del III Plan director, así como las prioridades de la Agencia Internacional de Desarrollo, Agenda para el cambio de la Unión Europea, Agenda del grupo de desarrollo del G-20, la estrategia de desarrollo de la OCDE y la Agenda de Naciones Unidas, con especial hincapié en los objetivos de desarrollo del milenio.

Por todo ello, desde el Grupo Popular se ha presentado esta enmienda que esperamos que sea valorada y asumida. No obstante, una vez establecidas las prioridades sectoriales del nuevo plan director se podrá valorar siempre la incorporación de temas de comercio justo en sectores o áreas de trabajo como el crecimiento económico inclusivo, la coherencia de políticas o educación para el desarrollo. Asimismo, una vez aprobado este IV Plan director, se podrá considerar la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo de Cooperación sobre los temas de comercio justo incluidos en la PNL que hoy presenta Esquerra Republicana. En tal caso, la composición de los grupos de trabajo del Consejo de Cooperación estarían siempre formados por delegaciones de sus representantes, que incluyen a la Administración, a la sociedad civil, a los expertos de la universidad, sindicatos y empresarios. En los términos de referencia que en su momento se puedan plantear, se incluirá el objetivo de grupos de trabajo, la composición de los mismos y su plan de trabajo, en el que podrán tenerse en cuenta, por tanto, los temas planteados en el resto de puntos de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo con ánimo de fijar posición? (Pausa). Señora Ortiz, le ruego brevedad.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Seré muy breve. Simplemente para decir que daremos apoyo a la proposición no de ley, que creo que es pertinente ya que va en la línea de la coherencia y sobre todo porque pone en valor también la capacidad del sector público de ser un polo de transformación y de impulso al desarrollo.

El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo que añadir el proponente? (Pausa).

El señor TARDÀ I COMA: Solamente que aceptamos la enmienda del Grupo Popular. Entenderá el presidente que hay que pillar lo que se pueda. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Pero, ¿se acepta la enmienda en los términos anteriores?

El señor TARDÀ I COMA: Desgraciadamente, en los términos en que ha sido redactada.

El señor PRESIDENTE: Si lo llego a saber, hubiera abreviado el turno del Grupo Popular.

- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA "CLÁUSULA DEMOCRÁTICA" EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON TERCEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000623).

El señor PRESIDENTE: Me pesa decirlo, pero estamos un poco fuera de tiempo. Lo digo en interés de los miembros de la Comisión, no de este presidente.Vamos a ver si conseguimos hacer menos inviable esto de la conciliación de la vida laboral y la otra.

Pasamos al punto del orden del día referido al cumplimiento de la cláusula democrática en el ámbito de la cooperación al desarrollo con terceros, que presenta UPyD a través de su portavoz la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Estoy por abreviar bastante esta intervención...

El señor PRESIDENTE: Se lo agradecerá infinito la Comisión, no ya esta Mesa.

La señora LOZANO DOMINGO:...ajustándome y suscribiendo el principio Tardà que acaba de enunciar el portavoz de Esquerra Republicana.


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Nosotros también hemos alcanzado una transacción con el Grupo Popular que, si bien es verdad que rebaja un poco las expectativas de mi grupo, recoge lo que para nosotros era esencial, que es incluir ese término de cláusula democrática. Les explico brevemente por qué creemos que es tan importante incluirlo, y no me extenderé demasiado. Como todos ustedes saben, la cláusula democrática es una herramienta destinada a proteger y a promover los derechos humanos y la democracia en el mundo. Es una cláusula cuyo uso se generaliza a partir del año 1995 en todos los países de la Unión Europea, sin embargo, la propia Unión Europea no ha hecho el uso que nosotros y otras asociaciones relevantes como la francesa Derecho al derecho -que ha hecho un informe exhaustivo, de muy recomendable lectura, en el que explica la conveniencia de que la Unión Europea utilice este recurso en las relaciones con terceros países- aplicamos al campo de la cooperación. El resultado final de que esta cláusula democrática se utilice muy raramente tanto en la Unión Europea como en nuestro propio país es que millones de euros de los contribuyentes europeos y españoles van a parar directamente a los bolsillos de regímenes dictatoriales o regímenes que violan gravemente los derechos humanos. Creemos que es una distribución de la riqueza, a través del Estado, injusta y por eso creemos que vale la pena luchar por la inclusión de esta cláusula. Y más aún creemos que tiene sentido en esta etapa en que estamos sometidos a recortes muy severos; ya que hay poco dinero, vamos a premiar a los Gobiernos que, con sus regímenes democráticos o al menos su actitud predispuesta a la promoción de la democracia, están comprometidos con el bienestar de su propia población, porque, si no, nos encontramos con la paradoja de una cooperación al desarrollo en la que terceros países están más comprometidos con el bienestar de la población de aquellos países a los que se destina la ayuda que sus propios gobernantes, cosa que ya de entrada permite intuir lo ineficaz que puede llegar a ser el estímulo al desarrollo en esas ocasiones.

No somos ajenos a las posibles consecuencias que esta cláusula democrática, en caso de aplicarse de manera estricta y sistemática, podría tener sobre esas mismas poblaciones. Creemos que incluir esta cláusula o al menos dejarse inspirar por ella en los acuerdos de cooperación no significa que se deja de dialogar con los países no democráticos o que vulneran los derechos humanos y no significa que se deje de hacer ese trabajo de colaboración y de persuasión hacia la democracia. También somos conscientes de que a los grandes vulneradores de los derechos humanos, como China, por ejemplo, no les impresiona gran cosa que un país como España decida empezar a preocuparse por este concepto. Pero también creemos que es una cuestión de nuestra propia actitud como país. España en los últimos años se ha ganado un lugar destacado en el mundo, precisamente en el ámbito de la cooperación, en gran medida vinculado a un aumento considerable de los recursos, aumento que en estos momentos ya no es posible. Lo que nosotros proponemos -también mirando por el propio bien de España como país- es que al producirse esta escasez de recursos, en lugar de abandonar esa posición destacada que hemos obtenido en el mundo, tratemos de reconducir ese liderazgo hacia una posición política, y no tanto de financiar proyectos, que es la de enarbolar esa bandera de la cláusula democrática y los derechos humanos y promoverla también en la Unión Europea.

Como les decía al principio, hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Popular que la letrada, según me ha comunicado, procederá a leer antes de la votación.

El señor PRESIDENTE: A este punto se han presentado cuatro enmiendas. La primera de ellas corresponde defenderla al señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Nosotros entendemos que la cláusula democrática sería fundamental. Entendemos cuál es el momento en el que estamos, pero el concepto creo que es fundamental. La introducción de los criterios de cláusula democrática modificaría absolutamente el panorama de la cooperación española, que históricamente ha priorizado países dudosos desde el punto de vista democrático, como Marruecos o China. Ciertamente, la condicionalidad de la cooperación en algunos países no debería castigar la misma cooperación; de hecho, la cláusula debería ir destinada a los sujetos responsables de la situación, es decir, los Gobiernos, lo cual significa encarar el debate del destino de la cooperación directamente derivada a las organizaciones sociales.

Finalmente, sin entrar en ningún tipo de polémica, debo decir que me ha sorprendido algo la iniciativa de UPyD. Yo quisiera recordar que se mencionan algunos Estados americanos, algunas repúblicas como Cuba, y en cambio no se menciona Colombia, que es el país de la región que, con datos de Amnistía Internacional, vulnera en mayor medida los derechos humanos. Por cierto, queremos recordar en ese sentido el incumplimiento del acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno colombiano para realizar dos encuentros anuales de diálogo bilateral sobre los derechos humanos en Colombia. Consideramos


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que el Estado español debería reclamarlo de forma urgente, especialmente ante el proceso que se está viviendo en el país en estos momentos.

Hemos presentado una enmienda de adición que lo que pretende es introducir un nuevo punto que reza de la siguiente manera: que condone la deuda externa y legítima entregada a regímenes corruptos y/o dictatoriales. Pero, en términos generales, queremos felicitarle por la iniciativa planteada, que nosotros votaremos a favor, aun cuando, tal como ha expresado la diputada de UPyD, se ha visto obligada a negociar, como antes este mismo diputado. Votaremos favorablemente, por supuesto.

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado una enmienda porque, más allá de que compartamos la necesidad de trabajar por el fortalecimiento democrático de los países con los que España coopera, creemos que es mejor estrategia fortalecer la sociedad civil y la población y trabajar desde dentro. Además, la propia exposición de motivos nos genera una cierta contradicción que incluso podría dar lugar a una arbitrariedad de lo que entendemos como cláusula democrática.

Nos gustaría saber también si UPyD ha presentado una cláusula del mismo tipo en el caso del comercio con China o con Arabia Saudita, que tienen un impacto directo en la relación con esos Gobiernos corruptos de los que hablaba. Porque muchas veces la cooperación española, no en el caso de la bilateral, trabaja con organizaciones de base, precisamente para fortalecer los derechos humanos y la democracia en una población que no solo sufre la pobreza, las necesidades, sino también un régimen dictatorial. No sé si lo más razonable o lo más responsable por parte de España es decir que abandonamos a su suerte a estos países. Para mí es más urgente aplicar la cláusula democrática en relaciones comerciales, que realmente están fortaleciendo a ciertos Gobiernos dictatoriales y los empoderan todavía más, que en las políticas de cooperación, que lo que deben hacer es cubrir las necesidades de una población que ya está en una situación vulnerable.

En definitiva, las enmiendas que hemos presentado plantean, por un lado, intensificar el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos. Por otro lado, aunque en Europa se aplica la cláusula democrática en casos de violaciones flagrantes, sistemáticas y masivas -aquí podíamos poner el ejemplo de Siria- de manera generalizada, el resto de países no han ido por ese camino precisamente porque no ven responsable actuar en ese sentido, porque es abandonar a la población. Si la transaccional va en la línea de suavizar y garantizar la cooperación a aquellos lugares donde es necesaria, pero con una cláusula democrática, nosotros no tenemos ningún problema en votar la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Gracias por la brevedad.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Luis Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda de sustitución con la finalidad de mejorar la propuesta de UPyD creyendo que en el fondo de la cuestión podríamos estar de acuerdo, máxime cuando expresa claramente que no se trata de cortar ipso facto la ayuda oficial al desarrollo -expresamente lo dice así- y, por tanto, en modo alguno se pone en peligro la acción humanitaria en países bajo regímenes totalitarios.

Esta proposición no de ley plantea alguna cuestión que no compartimos, como lo solicitado en el punto 1, pues no es lógico que se inste al Gobierno a que elabore un proyecto de ley que condicione la selección de zonas prioritarias cuando existe un plan director a cuatro años en donde se establecen esas zonas prioritarias. Una ley al respecto implicaría cambiar la Ley de Cooperación vigente y establecer por reserva legal una cuestión que requiere modificarse o adaptarse a situaciones o condiciones diversas. Por tanto, planteamos mejorar esta propuesta, que no debe ser otra que definir los objetivos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y medioambientales como resultados del desarrollo y de impulso a la necesaria coherencia que debe existir en el ámbito interno e internacional. Este debe ser el objetivo, más que si se define o no como cláusula democrática, pues entendemos que lo importante es evitar casos de violaciones -como decía la compañera- flagrantes y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en países perceptores de ayuda oficial al desarrollo, sin olvidar que los ciudadanos de esos países sufren no solo la pobreza extrema, sino además las consecuencia de vivir bajo estos regímenes no democráticos, por lo que debemos intensificar el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos con esos países que son finalmente destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo.


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Por consiguiente, debemos plantear en el próximo plan director de cooperación española el enfoque de derechos humanos y el apoyo a la consolidación y participación democrática como principio y eje vertebrador de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, vinculando la aplicación del enfoque transversal de los derechos humanos, económicos, sociales y medioambientales, incluida la igualdad de género, en las prioridades de los correspondientes marcos de asociación que se suscriben con los países beneficiarios, así como en las actuaciones sectoriales correspondientes.

Es cierto que España debe velar por que la política de desarrollo de la Unión Europea refuerce su apoyo a la promoción de derechos humanos y el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. No obstante, no olvidemos que el actual Plan director de la cooperación española 2009-2012 contempla, en el epígrafe denominado Enfoque y principios de una política para el desarrollo humano, apartado segundo, el enfoque basado en derechos, el derecho como pleno ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que de hecho la estrategia de gobernabilidad de la cooperación española se articula, es decir, se pone en práctica la cláusula democrática en las relaciones de cooperación. El actual plan director señala específicamente que la cooperación española fortalecerá la Administración pública que mejore la cohesión social y contribuya a la creación de estructuras sostenibles, fortalecerá también la seguridad pública, promoverá el acceso a la justicia y a los derechos humanos, apoyará la organización de la sociedad civil y la participación ciudadana y apoyará la institucionalidad democrática territorial y el fortalecimiento de las entidades locales.

Señorías, deberemos comprometernos a que el IV Plan director 2013-2016 considere que la cooperación española base sus actuaciones en las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos a partir de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, por lo que todas las iniciativas asuman a la población sujeto no como personas o grupos beneficiaros, sino como titulares de derechos y libertades y de sus actuaciones que se dirijan a reforzar dichas titularidades, tanto individuales como colectivas. O sea, el considerar los derechos humanos como referente de los mínimos imprescindibles y exigibles social y jurídicamente, lo que supone poner a las personas empobrecidas y excluidas en el centro del proceso, transformando las relaciones de poder que originan su situación de exclusión, pero también implica trabajar con los titulares de deberes: Gobierno, sociedad civil y sector empresarial, para contribuir a que cumplan con sus obligaciones, ya que sin derechos no hay desarrollo.

El señor PRESIDENTE: Tiene una enmienda presentada el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Uriarte, a quien le ruego brevedad, como a todos los demás también, ya que vamos retrasados.

El señor URIARTE AYALA: Intentaré ser breve, pero justamente creo que esta proposición no de ley de la diputada doña Irene Lozano es oportuna porque trata de la inspiración que tiene que tener la cooperación internacional, en concreto la cooperación internacional española, y en tardes de Comisión creo que también es bueno recordar algunos conceptos. Creo que es interesante de cara al futuro y a los retos que tiene la cooperación internacional. Se ha dicho aquí, y es cierto, que el motivo tiene que seguir siendo centrar la cooperación internacional en los derechos humanos, y que es desde ahí desde donde podemos justificar nuestras intervenciones. No es justo decir que los Gobiernos desarrollados, y en concreto el Gobierno español, sea del color que sea, da dinero a Gobiernos corruptos. Creo que el Gobierno, dentro de su responsabilidad, de sus obligaciones y sus compromisos internacionales trabaja por el desarrollo de muchos países en los que los Gobiernos, que también van cambiando con una celeridad a veces pasmosa, utilizan mal ese dinero y son ellos -los Gobiernos corruptos- los que dejan en evidencia a veces a los Gobiernos desarrollados. Pero, aun así, es importante más que generar una lista o una cláusula que excluya a ciertos Gobiernos, que pongamos el énfasis o el criterio en las personas de esos países, no en sus Gobiernos. Los países -como también se ha recordado esta tarde- son los titulares de derechos y los que nos generan a los países desarrollados ser titulares de obligaciones y trabajar también en esa multidimensionalidad de la pobreza por las libertades públicas y por la democracia. En ese sentido es desde donde el Grupo Parlamentario Popular y desde luego el Gobierno están trabajando en estos momentos. Me generaría muchas dudas ver en qué posición quedaría la cooperación civil, la cooperación de las ONG si en algunos países el Gobierno desarrollado, el Gobierno de España en este caso, decide desaparecer, decide dejar de colaborar, de cooperar con ese país, generaríamos una situación de inestabilidad que en último caso las personas, los ciudadanos de ese país, con un Gobierno represivo, desde luego iban a sufrir.


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Acabo, presidente -no he consumido mi tiempo- con una referencia a unas palabras que explican esa dimensionalidad de la pobreza y la multidimensionalidad que tiene que tener la cooperación, que son del filósofo indio Amartya Sen, que habla de que el desarrollo exige la eliminación de las fuentes de privación de la libertad. Y además de la pobreza, la tiranía y la escasez económica, nombra el exceso de intervención de los Estados represivos. Ese también tiene que ser un cauce en el que trabaje la cooperación española, la pública, y desde luego creo que ese desarrollo lo lograremos más que retirándonos de algunos países, siguiendo fomentando los derechos de sus ciudadanos, sus capacidades y, en definitiva, su libertad, y ahí conseguiremos el desarrollo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias por la brevedad de la intervención, señor Uriarte.

Señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: También intervendré brevemente para saludar la iniciativa. Creo que es un asunto que ya en la legislatura anterior se empezó a discutir por parte de esta Comisión y que, visto cómo va a acabar hoy, con un acuerdo un tanto genérico, creo que nos va corresponder a la Comisión seguir trabajándolo; estoy seguro de que vamos a poder llegar a acuerdos en este tema. Todos sabemos que el agua pura no es potable. Algún mineral tiene que tener, si no uno enferma bebiéndola. Decir cláusula democrática pura nos llevaría a extremos que ya han sido apuntados por otros portavoces. Ocurre en el ámbito comercial -a ver quién le dice algo a China; o también a nuestros empresarios o a nuestra economía si quiere hacer algún tipo de negocio-, pero también ocurre en el plano de la cooperación internacional. Se ha señalado por otros portavoces qué pasa con las poblaciones que están sufriendo regímenes dictatoriales. Yo creo que el ámbito en el que puede actuar la cláusula democrática es en el de los acuerdos bilaterales con los países, en el, digamos, trueque de obligaciones. Yo sí creo que se puede condicionar determinada aportación a que se obtenga determinado resultado al final de uno, dos, tres o equis ejercicios, a que se haya avanzado en este ámbito o en el otro, advirtiendo además de que eso pueda traer determinadas consecuencias. Pueden ser mejoras en el ámbito de la educación, pueden ser mejoras en el ámbito de la Administración de Justicia o incluso en el del respeto a la existencia de una oposición, etcétera. Pero en muchos casos creo que sí sería posible practicar esa condicionalidad y llevar a cabo ese control. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y he dicho lo del respeto a la oposición y que en la iniciativa se mencionan algunos países, tampoco sé exactamente qué intención tiene, pero entre otros se habla de Cuba y de Guinea Ecuatorial, yo voy a hablar un poco de Guinea Ecuatorial. Creo que con la cooperación al desarrollo a Guinea Ecuatorial la vamos a condicionar muy poco. Están los que están, los que mandan, pero más forrados. El país como tal en estos momentos tiene más recursos con las extracciones petrolíferas de los que podamos tener nosotros. ¿Por qué saco a colación a Guinea Ecuatorial? Porque dentro de muy poco tiempo, en uno o dos meses, la oposición que ha estado en el exterior de Guinea Ecuatorial ha tomado la decisión de ir al país, de estar ahí e intentar ejercer su labor política. Yo creo que es una obligación por parte de este Parlamento, pero también por parte del Gobierno, cuidar que sus vidas sean respetadas, que estas personas puedan acceder al país y puedan vivir como ciudadanos normales. Al menos que sus vidas sean respetadas, porque muchos de ellos han temido por ella incluso estando en el exterior. Ya que aparecía Guinea quería decirlo porque es un tema que lo tenemos en cartera y está ahí mismo. Insisto, me parece que es un asunto a debatir, a desarrollar, a trabajar y que seguro que vamos a poder definirlo en los próximos meses.

El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También con brevedad, reconociendo que el tema es importante, que no es menor y que es una pena que podamos dedicarle tan pocos minutos.

El señor PRESIDENTE: Creo hablar en nombre de la Mesa y de los portavoces y aceptamos la sugerencia del señor Esteban de empezar una cierta línea de trabajo.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Este es un debate que fundamentalmente tiene que ver con un instrumento de la política exterior europea, por tanto del petitum que plantea la diputada de UPyD. Aquello relevante a efectos de la denominada cláusula democrática es la posición que España mantenga en el seno de la Unión Europea, y reconociendo que ese instrumento de la política exterior europea bien intencionado, ha tenido una eficacia muy limitada. Pero por lo que hace referencia estrictamente a la política exterior española y a la política de ayuda al desarrollo del Estado español, quisiera hacer tres


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comentarios. Uno -y en el debate breve de esta tarde se ha puesto de manifiesto-, no tenemos la misma vara de medir respecto a los derechos humanos de los distintos países: hay quienes ponen el acento en unos países y hay quienes lo ponen en otros. Yo sugiero que quizás aquello que deberíamos determinar es algún mecanismo de debate parlamentario que nos permitiese objetivar esta discusión, porque si no es muy poco creíble que unos insistan en Cuba y en Marruecos o Colombia y que otros insistan en Venezuela y en Cuba, en función de la composición ideológica de nuestros grupos parlamentarios. Articular algún mecanismo parlamentario de discusión sobre la materia, identificar los elementos que nos permitan objetivar cuándo se produce esta vulneración de derechos humanos ayudaría a que, si pretendiésemos implantar una cláusula democrática que condicionase la política de ayuda al desarrollo a determinados objetivos de estos países en la reforma de sus instituciones, existiesen elementos que nos permitiesen eso, situarnos en el terreno de lo comprobable, de lo objetivo, no en el terreno de lo estrictamente ideológico.

En segundo lugar, quizás también se nos exigiría que nuestra ayuda oficial al desarrollo impulsase más programas o mejores programas precisamente orientados a esta política. Yo no tengo en este momento las cifras en la cabeza, pero recuerdo que a raíz de una proposición no de ley que planteamos la pasada legislatura sobre la necesidad de que España apoyase las denominadas primaveras árabes, analizando los recursos que España había invertido en Túnez o en Egipto o en Marruecos en materia de promoción de los derechos humanos, los recursos eran muy escasos. Y si además nos preguntáramos si esos recursos habían tenido alguna eficacia en términos de promoción de los derechos humanos, más dudas tendríamos sobre si efectivamente tenemos una política exterior que incorpore la cuestión de los derechos humanos con todas sus condiciones. Por tanto, ahí tenemos un segundo debate. Yo espero que la aprobación de este texto, del que espero que podamos tener conocimiento antes de la votación con la lectura por parte de la Mesa del mismo, nos dé instrumentos para que en esa coincidencia genérica sobre la necesidad de vincular nuestra ayuda al desarrollo a la democracia y a los derechos humanos, pasemos más allá de la retórica y entremos en las cuestiones de fondo, que nunca van a ser fáciles, porque no tan solo tienen que ver con valores sino también con intereses.

El señor PRESIDENTE: La autora de la iniciativa, ¿quiere manifestarse? (Denegación).

- SOBRE ACAPARAMIENTO DE TIERRAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000671).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, sobre acaparamiento de tierras, que presenta de nuevo el Grupo de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta iniciativa, que está trabajada conjuntamente a raíz de un informe de Veterinarios sin Fronteras, que trabaja precisamente las cuestiones de soberanía alimentaria, tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, poner encima de la mesa la problemática del acaparamiento de tierras y el impacto que esto tiene para muchos pueblos en términos de soberanía alimentaria y acceso a la alimentación. Si recuerdan, en esta Comisión hace unos meses hablamos de especulación alimentaria; esta es otra vertiente de la especulación, que es el acaparamiento de tierras y cómo en los últimos años, especialmente desde el 2007, coincidiendo también con la crisis financiera, por un lado han aumentado los productos especulativos con materias primas, pero por el otro lado ha aumentado el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales. ¿Cuáles son las consecuencias de este acaparamiento de tierras? Desde el desplazamiento de indígenas, del que antes hemos estado hablando, desplazamiento de campesinos, pescadores artesanales, que quedan relegados a no tener ningún mecanismo de supervivencia, a la privatización de tierras, del agua y la pérdida general de la producción local.

En el concepto de soberanía alimentaria no entro, porque todos ustedes lo conocen, pero sí que me gustaría ofrecer unos datos que están también en la exposición de motivos. El Banco Mundial dice que en menos de un año 42 millones de hectáreas de tierra en el mundo han sido adquiridas por inversionistas, esto significa el doble del tamaño del Estado español, de los cuales más del 75% se encontraban en África subsahariana. Pueden imaginar el impacto que tiene precisamente este acaparamiento en menos de un año y en el lugar donde se encuentra. De hecho, esto ha empezado a generar alarma en muchas de las organizaciones que trabajan en cooperación, pero también el relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación reclama que precisamente más allá de lo que está pasando y de ser meros observadores, los Gobiernos que han reconocido precisamente ese derecho a la alimentación, como España, por


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ejemplo, que ha suscrito en ese sentido y ha ratificado el derecho a la alimentación por parte de las Naciones Unidas, se comprometa a defender ese derecho a la alimentación, y volvemos a hacer la reflexión. Se trata de que cuando España suscriba acuerdos internacionales estos sean efectivos, que no sean un brindis al sol, de eso estamos hablando. Aquí no entraremos ahora en empresas que han suscitado tanta controversia antes, estoy hablando de cómo España puede hacer efectivo lo que suscribe de compromiso con el derecho a la alimentación, de cómo lo puede hacer efectivo. Aquí hablamos de un concepto que es la responsabilidad extraterritorial. Creo que aquí tenemos que ser como mínimo honestos. En un mundo globalizado, el de la economía globalizada, creo que no basta con que España se limite a suscribir acuerdos internacionales y luego diga que no los puede hacer cumplir porque trasciende de sus fronteras. Por eso, se está desarrollando, y de hecho ya están desarrollados en los recientes principios de Maastricht, lo que se llaman obligaciones extraterritoriales de los Estados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Estado tanto por obligación de acción o por omisión lo que tiene que hacer es hacer cumplir aquello que suscribe, y lo puede hacer de muchísimas maneras.

En el caso de la acaparación de tierras y la implicación también de empresas españolas, no ha hecho nada, ni por acción ni por omisión, están ahí. Precisamente gran parte de empresas españolas están situadas en Marruecos con un impacto sobre la soberanía alimentaria y España mira para otra parte; diría que no solo mira para otra parte, sino que colabora directamente. Porque algunos me dirán: no, es que este es un problema de las empresas, el Estado no puede intervenir. Bien, pues en estas empresas que están teniendo este tipo de comportamientos hay empresas que tienen capital público, participadas por capital público, como la SEPI, por ejemplo. En concreto hablo de la empresa Ebro Foods, que está haciendo precisamente este tipo de estrategia de acaparamiento de tierras, de privatizaciones, de desplazamiento de población; una empresa participada con capital público. Aquí sí tiene margen el Gobierno para actuar, no es una cuestión competencial, tiene margen claramente para actuar. Evidentemente, si además fuera valiente, podría desarrollar legislación para esa responsabilidad extraterritorial y, como mínimo, más allá de lo que nuestra proposición no de ley señala de hacer propios estos principios de responsabilidad extraterritorial y que España promueva también estos principios internacionalmente, creo que es el momento, que en el siglo XXI no podemos decir que España tiene compromisos internacionales con los derechos humanos y no exijamos nada más o no tenga un papel activo en el cumplimiento, tanto en lo que hacen las administraciones públicas como en la relación con los sectores privados, porque también España sin participar con capital público puede, por ejemplo, fomentar la internacionalización de empresas; deberíamos hacernos responsables de qué es lo que hacen esas empresas allí.

Vuelvo a insistir otra vez en el concepto de la coherencia. Lo que no puede ser la cooperación es un David contra Goliat y que estemos aquí poniendo pequeños pedacitos de ayudas en cooperación y luego lo estemos desmontando por acción o por omisión también del Gobierno del Estado. Yo les pido que como mínimo demos un paso adelante. Hemos intentado hasta el último minuto llegar a un acuerdo con el Grupo Popular y parece que la resistencia en el último minuto a abordar como mínimo un cierto compromiso con esa responsabilidad extraterritorial no lo va a hacer posible. Esta proposición no de ley no era para hacer un nuevo brindis al sol. Sabemos que España está comprometida con los principios de la FAO, que ha suscrito muchos tratados internacionales, lo que aquí pedimos es dar un pequeño paso para que todo aquello que suscribamos se vea también luego en la realidad y podamos hacer un control efectivo. Les pedimos un pequeño compromiso para dar un salto hacia delante. Creo que no va a ser posible y es una pena, pero sí que seguiremos insistiendo en que, como mínimo, casos flagrantes donde la SEPI participa de una empresa, no sean corresponsables de estas actuaciones en este caso en el territorio marroquí.

El señor PRESIDENTE: Como decía la señora Ortiz, hay una enmienda presentada del Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Rodríguez.

El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural sobre acaparamiento de tierras, en primer lugar, quiero manifestar el compromiso y la sensibilidad de mi grupo con la tenencia y su relación con el hambre, la pobreza y el medio ambiente. Esto por encima de cualquier idea. La erradicación del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio ambiente depende en gran medida de la forma en que las personas, las comunidades y otros grupos consiguen acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Como bien saben, las adquisiciones de tierra a gran escala es un fenómeno relativamente joven, comenzó a tener lugar en el año 2009. Este hecho justifica que no se recojan referencias a la misma en los documentos estratégicos de la cooperación española, si


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bien la tenencia de tierras es un tema que se aborda en profundidad en la estrategia de la lucha contra el hambre. También es cierto que en respuesta al interés creciente y generalizado que despiertan las cuestiones mencionadas en su proposición no de ley, como bien ha dicho, la FAO y sus asociados emprendieron la elaboración de unas directrices sobre gobernanza responsable de la tenencia de tierras. En octubre de 2010 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO impulsó la continuación del proceso amplio para la elaboración de estas directrices. Posteriormente, y en respuesta a la lucha contra el acaparamiento de tierras, el Comité de Seguridad Alimentario ratificó además el pasado 11 de mayo, en fechas recientes, las directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia de tierra, la pesca y los bosques en el contexto de seguridad alimentaria nacional, en cuya elaboración sí que participó activamente España. Acaba de decir la diputada señora Ortiz que no participa activamente. En esta elaboración de estas directrices sí que participó activamente España dentro de un proceso de negociación internacional inclusivo.

En línea con la propuesta que presenta el Grupo de La Izquierda Plural, el texto del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial busca exactamente regularizar en los países un marco jurídico institucional propicio que favorezca la posibilidad de acceso y seguridad de tenencia de la tierra de poblaciones más pobres. Es cierto también, lo hemos discutido a lo largo de la tarde, y no se debe olvidar que son directrices voluntarias. Es cierto que existe esa voluntariedad. Es decir, son leyes sin fuerza obligatoria sujetas a la puesta en marcha de manera voluntaria por parte de los Estados que las han ratificado. Somos conscientes, lo somos. España ya ha demostrado con el simple hecho de participar en la elaboración de estas directrices su voluntad de llevarlas a cabo, pero cuando llegue su momento. En este sentido deben ser los propios Estados los que deben crear y mantener unos marcos políticos, jurídicos y organizativos que promuevan la gobernanza responsable de la tenencia de tierras, la pesca y los bosques. Así, tras la aprobación de estas directrices, se procederá además en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial a un proceso de apoyo para favorecer esta puesta en marcha, que va a ser en los próximos meses. Señora Ortiz, insisto, no nos vamos a adelantar a ese tipo de acontecimientos y vamos a ir de la mano de estas organizaciones. Cada paso a su tiempo.

En el último punto, por hacer una mención especial del documento al que le estoy haciendo referencia, sobre las directrices voluntarias, titulado: promoción, ejecución y seguimiento y evaluación, se recoge que se abre un proceso de apoyo para favorecer las directrices recogidas en el documento. Se está trabajando en asegurar que estas recomendaciones pasen a la acción. Para ello se han dado estos primeros pasos. Primero, el del Comité de Seguridad Alimentaria y, después, el del Consejo de la FAO en junio. Complementariamente, además, ya existe un borrador en el que se describen los pasos a seguir y se perfila un programa inicial de puesta en marcha para las actividades de la FAO, que se ha preparado como un documento de antecedentes para la reunión técnica que se realizará el 4 y el 5 de octubre en la sede de la FAO en Roma.

El Grupo Parlamentario Popular comparte los objetivos de la proposición no de ley que ustedes presentan, que en líneas generales defiende los valores recogidos en las directrices voluntarias, sin embargo nos parece que el objetivo que señalan de asumir el principio de responsabilidad extraterritorial de los Estados ya viene recogido en estas directrices y, por tanto, no vemos cabida al desarrollo, como mencionan en su PNL, de nuevas herramientas, que es lo que nos solicitan. Por tanto, nos encontramos inmersos en el camino marcado por el conjunto de Estados pertenecientes al CSA de la FAO y que, por ende, este tema debería ser tratado en esta Comisión desde la misma perspectiva que ya se viene realizando a nivel internacional, por lo que en nombre del Grupo Popular propongo que se acepte una enmienda sustitutiva, que ya hemos visto que no se va a aceptar, de manera que la PNL quede en los términos que indicamos. No creo que sea necesario repetirla porque la tenemos todos.

El señor PRESIDENTE: ¿Portavoces que quieran intervenir para fijar opinión? Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Para decir dos cuestiones.

Las iniciativas de esta tarde de la señora Ortiz tienen un petitum que, a menudo, nada tiene que ver con el contenido de la exposición de motivos de la proposición no de ley o, incluso, con la propia exposición que se realiza en su discurso. Por ejemplo, me ha parecido sugerente y preocupante que se nos informe que una empresa pública española participa en operaciones de estas características y, en cambio, en el contenido de la proposición no de ley se nos hace un planteamiento muy abierto, muy genérico, que me cuesta entender cómo se podría traducir en esta iniciativa, para, en el caso por ejemplo de lo que es una empresa pública, poder controlar su actividad en materia de compra de tierras. Señora Ortiz, le sugeriría


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que aquello que plantease a votación a la Comisión fuese aquello que efectivamente a usted le preocupa, porque nos permitirá avanzar en la solución de los problemas que usted nos plantea.

Segunda consideración. No negando que España tenga responsabilidades en una cuestión que preocupa a la comunidad internacional, como es ese acaparamiento de tierras en países del sur por determinadas potencias, en esa materia lo que me está preocupando no es tanto la posición que puedan tener determinados empresarios agrícolas y españoles en Marruecos, por ejemplo, sino sobre todo aquello que China está realizando en África; me preocupa mucho más. Puestos a tener un pronunciamiento político, quizás deberíamos de movernos en esa dirección.

Dicho eso, mi grupo va a plantear algún tipo de pregunta para tener más información sobre esa implicación de una empresa pública española en esta materia y saber exactamente de qué estamos hablando. Por eso mi grupo no va a apoyar el contenido de la proposición no de ley de La Izquierda Plural.

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, por el Grupo Socialista.

El señor BUYOLO GARCÍA: Primero quisiera felicitar al Grupo de La Izquierda Plural y a la señora Ortiz por esta iniciativa y anunciar nuestro voto favorable. Es un voto que pone de relieve, en estos momentos tan difíciles de crisis mundial, el compromiso del Partido Socialista para dar un impulso que garantice la alimentación para todos, un compromiso ciudadano, un compromiso social, un compromiso político con los que menos recursos tienen. Los recortes en la cooperación ya realizados por este Gobierno y los que van a producirse en el presupuesto del año 2013 van a suponer una situación de pobreza extrema y un futuro muy incierto para muchos millones de personas. Los recortes en cooperación nos empobrecen a todos.

Como ya ha dicho la señora Ortiz, la situación del hambre en el mundo en este momento de crisis mundial no puede verse agravada con las prácticas especulativas seguidas por algunos agentes, que sin tomar en consideración la situación de hambruna esquilman los recursos económicos y naturales de los más desfavorecidos. Hay que desincentivar la especulación fomentando la trasparencia y aumentando las garantías de las personas que tienen el derecho de disponer de sus recursos para garantizar su seguridad alimentaria. La Cumbre Mundial de Alimentos de 1996 defendió el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria. El acaparamiento de tierras afecta de manera trágica a la crisis alimentaria mundial y a las hambrunas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, de 2010, cifraba en 925 millones las personas que estaban subnutridas en el mundo. El acaparamiento supone la sustracción de tierras rurales por parte de inversores internacionales para darles usos comerciales, negando el acceso a las mismas a las propias gentes que las utilizan para garantizar su alimentación básica y, en consecuencia, agravando el problema de subnutrición de millones de personas.

La seguridad alimentaria es el derecho de las personas a alimentos adecuados desde un punto de vista saludable y cultural, obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos, y a su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, como bien define el Foro mundial sobre la soberanía alimentaria. Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, el derecho a la tierra es fundamental. La tierra, como recurso finito para la agricultura, debe ser gestionada como un beneficio de la sociedad. La tierra es un recurso indispensable para la subsistencia de la población local. Sin tierras disponibles no se puede producir, y, en consecuencia, no hay presente ni mucho menos futuro. Este acaparamiento de tierras, bien sea para garantizar el abastecimiento de alimentos de los países desarrollados, bien sea como especulación, bien sea para la producción de biocombustibles hidroplásticos o bien para las plantaciones forestales o industriales, supone un ataque contra los campesinos que necesitan de esa tierra para garantizar su alimentación básica, así como los recursos necesarios para su explotación. Pero si ya es grave esta situación, además ha de incluirse la falta de transparencia de los Gobiernos que compran y venden, la relación de desigualdad entre los compradores y vendedores, el desplazamiento de los minifundistas a favor de los emporios especulativos foráneos y la insostenibilidad ecológica. En definitiva, una situación de desigualdad y de ruptura social, económica y medioambiental más parecida a la época colonialista que a la época moderna del siglo XXI. Parece sorprendente que esta situación de acaparamiento de tierras convierta a los nativos en campesinos sin tierra y que aquellos que menos tienen además no puedan garantizar su seguridad alimentaria y, en consecuencia, pierdan las oportunidades de desarrollo. Desde la esfera internacional debemos exigir el cumplimiento de los derechos humanos y actuar en proteger, respetar y remediar esta situación producida por el acaparamiento con fines especulativos de la tierra, de un recurso de todos y en especial de los nativos de las zonas expoliadas. Es


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necesario que los organismos internacionales tomen medidas para evitar este fenómeno, debiendo estas ir encaminadas hacia la seguridad alimentaria de los pueblos.

Voy concluyendo. La responsabilidad extraterritorial de los Estados está limitada a la perspectiva de los derechos humanos, pero debemos estudiar fórmulas para avanzar en el cumplimiento del derecho a la tierra y a la seguridad alimentaria de todos y todas. Debemos respetar, proteger y hacer efectivo este derecho, hacer cumplir las directrices de las organizaciones internacionales para las empresas y la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la protección social de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, sí hay algo que es innegable y de aplicación inmediata por parte del Gobierno, que es la exigencia de garantizar que las empresas propias no violen el derecho a la alimentación y actúen de manera responsable, se encuentren donde se encuentren. Además, el Gobierno debe impulsar y promover la creación de instrumentos legales a través de los organismos internacionales que desarrollen esta garantía de acceso a la tierra y a la seguridad alimentaria.

Por todo ello quiero concluir diciendo que en el siglo XXI no podemos seguir permitiendo situaciones ya superadas de la época colonial, no podemos permitir que en la situación de crisis mundial no solo no se garantice el derecho a la seguridad alimentaria de todos y todas sino que además se esquilmen los pocos y necesarios recursos de aquellos que poco o nada tienen, su tierra. (Aplausos.-El señor Esteban Bravo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, no voy a utilizar turno, ya sé que se me ha pasado. Simplemente quiero señalar para que conste en el "Diario de Sesiones" que estoy de acuerdo con la exposición y la defensa realizada por la señora Ortiz y que votaremos a favor.

El señor PRESIDENTE: Se da por informada el resto de la Comisión de su posición.

Señora Ortiz, su turno para manifestarse sobre las enmiendas.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Quiero hacer una aclaración porque veo que es algo insistente sobre el procedimiento de las proposiciones no de ley, en este caso por la intervención del diputado de Convergència i Unió.

Me preocupa -creo que lo he dejado claro- el fenómeno del acaparamiento de tierras y la información que he tenido después de haber presentado la iniciativa es la participación de una empresa con capital público y he dado esta información porque creo que también enriquecía el debate, no porque me preocupe otra cosa sino porque enriquecía el debate sobre cómo aplicar también la extraterritorialidad, que es de lo que también hablamos aquí. Me preocupan las dos cuestiones, evidentemente, también me preocupa cómo China está acaparando tierras en África, pero creo que como diputados de este Congreso debemos fiscalizar al Gobierno y lo que exigimos -y es muy claro en esta proposición no de ley- es dar algún paso, tener algún instrumento más, como dice ni más ni menos el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación que exige precisamente esa responsabilidad extraterritorial a los Estados. Exigía, precisamente, poner alguna herramienta o algún instrumento de control. Pensaba que estaba suficientemente claro en esta proposición no de ley, pero no ha sido posible porque en la enmienda del grupo que da apoyo al Gobierno no se quiere dar ese paso más allá, se quedan con los principios voluntarios de la FAO, para nosotros no es suficiente y creo que queda claro.

También es verdad que hemos solicitado información, tanto datos como preguntas al Gobierno sobre el caso de Ebro Foods y cuando tenga la información estaré encantada también de pasársela al diputado.

- SOBRE IMPULSO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000770).

El señor PRESIDENTE: Llegamos al último punto del orden del día sobre impulso del Plan de acción internacional sobre el envejecimiento activo, presentada por el Grupo Socialista, 770 el número de expediente.

Tiene la palabra don Daniel Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En el mundo viven hoy aproximadamente 750 millones de personas mayores. Evidentemente, es un dato positivo ya que nos habla del avance de la humanidad y de la esperanza de vida, pero ese dato tiene dos contradatos. En primer lugar, en aquellas sociedades


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más desarrolladas donde el envejecimiento está más desarrollado también asistimos al problema de que la crisis económica está limitando o está haciendo regresión sobre determinados derechos de esta gente mayor, el caso español y nuestra crisis es paradigmático. Además, en nuestro caso al sumarse a este problema el problema específico del paro nos encontramos con que hay muchas familias en las cuales es la pensión del mayor, es la capacidad adquisitiva del mayor lo que ayuda al hijo que no tiene trabajo y acaba ayudando también al nieto que tiene también unas necesidades económicas. Por tanto, en primer lugar hay una contrarrealidad en las sociedades más desarrolladas, pero lo más importante una contrarrealidad en aquellas menos desarrolladas.

Cerca de dos terceras partes de estos 750 millones de personas mayores viven en condiciones que les impiden envejecer de forma saludable. Como nos recuerdan desde la organización HelpAge International, 100 millones de personas mayores sobreviven hoy en nuestro planeta con menos de un dólar al día. Evidentemente, el envejecimiento demográfico no solo puede tener una respuesta en un país, no puede tener solamente una respuesta nacional, necesita una respuesta global y ha venido en ese sentido progresivamente integrándose en la agenda internacional de desarrollo de las Naciones Unidas. La incorporación del enfoque conceptual del envejecimiento activo con sus tres pilares fundamentales como son salud, participación y seguridad forma ya parte de importantes programas nacionales e internacionales al respecto, tanto en el ámbito de la OMS como en determinadas estrategias regionales y de programas auspiciados por la Comisión Europea. Como en tantos otros casos no se trata de debatir sobre la globalización, sobre los aspectos positivos y negativos, se trata de complementar la globalización económica con una globalización política, con una globalización de las políticas públicas también en el terreno que afecta a la gente mayor.

En el Plan de Acción Internacional 2002, que se aprobó en Madrid en la Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento, se incluyeron estas perspectivas de conformidad con los objetivos de desarrollo del milenio y el programa mundial de desarrollo en sentido más amplio. Estamos hablando de objetivos estratégicos que no pueden desarrollarse solamente desde los Estados, necesita lo público, necesita el Estado -en nuestro caso necesitaría a las comunidades autónomas y necesita lo local-, pero sobre todo necesita lo social, necesitan en estas estrategias al sector privado, al voluntariado, a las familias y sobre todo y especialmente necesita el protagonismo de la gente mayor.

Este año, señorías, se celebra el Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional y se cumplen, además, diez años desde la aprobación del citado Plan internacional de acción sobre el envejecimiento, que supuso el compromiso de 159 países para mejorar la vida de las personas mayores en aspectos tan importantes, tan relevantes, como la protección social, la cobertura sanitaria universal y la inclusión de dichos enfoques en los programas de desarrollo correspondientes, así como en las estrategias de reducción de la pobreza. Hablar de envejecimiento activo es también hablar de un concepto que algunos han utilizado, que es el concepto de revolución de las edades. Vivimos o intentamos vivir una verdadera revolución de las edades. Pasamos de un modelo en el cual la única edad que tenía sentido era la edad madura, la edad productiva -y, por tanto, la infancia y la juventud no dejaban de ser etapas preparatorias para la edad madura y la vejez no dejaba de ser una etapa que no tenía sentido por sí misma y en muchos casos era una etapa orientada hacia el pasado- para, en primer lugar, difuminar los espacios que hay entre una y otra edad y, sobre todo -y esto es lo más relevante-, que cada edad tiene sentido en sí misma: la edad juvenil tiene sentido en sí misma, la edad madura sigue teniéndolo y la edad de los mayores, cuando uno llega a esa edad, también tiene sentido en sí misma; por eso hablamos de envejecimiento activo y de revolución de las edades.

En este contexto es en el que el Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley aprovechando, como ya he dicho, el hecho de que este año es el Año europeo del envejecimiento y, además, el décimo aniversario del citado Plan de acción internacional. Como es la última proposición no de ley no voy a explicar punto por punto los elementos de la misma, pero solo quiero decir que son puntos razonables, que son puntos que tienen coherencia con lo expuesto anteriormente y que en ese sentido creemos que la Comisión, aprovechando este aniversario y este Año europeo, haría bien en tener en cuenta que esta edad activa, que este envejecimiento activo, que esta tercera edad que ya no es tercera edad sino primera edad, también tiene que tener un papel relevante en todo aquello que tiene que ver con la cooperación internacional.

Finalizo diciendo que el Grupo Popular ha presentado una enmienda que en lo fundamental coincide con nuestro planteamiento y que hemos podido alcanzar con ellos una pequeña transacción. Por tanto, en principio, al aceptarla, votaríamos su enmienda.


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El señor PRESIDENTE: Bienvenidas las palabras del portavoz del Grupo Socialista, que emplaza a todos los posibles intervinientes a ser igual de someros, claros y conclusivos como lo ha sido él.

En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Popular doña Amparo Ferrando.

La señora FERRANDO SENDRA: Voy a intentar ceñirme más a la enmienda y ser escueta. Quiero dejar constancia en el "Diario de Sesiones" de la mención o el reconocimiento de que el año 2012 fue elegido por el Parlamento Europeo como el Año europeo del envejecimiento activo. Diré que ha sido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Imserso, el que ha asumido la coordinación de las diferentes actividades que se van a promover en todo este Año europeo. En segundo lugar, quiero hablar de que el ministerio está impulsando el estatuto del mayor, que tiene como objetivo plasmar el derecho de todas las personas mayores frente a cualquier forma de discriminación, violencia o abuso y, por supuesto, garantizar su acceso a los servicios sociales y su participación en la vida social.

Como decía el proponente del Grupo Socialista, hemos presentado una enmienda de modificación y agradezco al Partido Socialista que la haya aceptado. Entendemos que mejora técnicamente la proposición no de ley y lo hacemos en aras de conseguir un consenso entre los diferentes grupos. Me voy a ceñir a los puntos. En cuanto al primero, al proceso de diálogo entre el país socio y la cooperación española, se rige por el principio de apropiación de eficacia de la ayuda. Es el principio que rige toda la agenda de la negociación y, por tanto, se contempla siempre la inclusión del envejecimiento activo según las condiciones de cada país y siempre que el país socio lo demande. En cuanto al segundo punto, tengo que decir que España participa de manera muy importante, tanto económica como políticamente, del Fondo mundial contra el sida, contra la malaria y la tuberculosis y se contempla a las mujeres como a uno de los grupos de especial atención y, en tanto que género, las mujeres, seamos mayores o más jóvenes, son una prioridad transversal de la cooperación española. Por lo tanto, el de las mujeres es un grupo prioritario en programas de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones de vida.

En cuanto al tercer aspecto, los principios de la acción humanitaria vienen establecidos de manera internacional y lo que hace la cooperación española es adherirse a ellos. Y el principio que rige sobre todo es el principio de imparcialidad, es el principio que establece que la acción humanitaria se debe realizar únicamente en razón de las necesidades y desde luego tras un breve análisis minucioso, por lo que debe ir dirigido siempre a aquellas personas que más lo requieran, sin ningún tipo de discriminación hacia poblaciones ni por supuesto dentro de ellas. Por lo tanto también es un aspecto que se recoge tanto en la propuesta como en la enmienda.

En cuanto al punto número 4, relativo a la propuesta de identificar buenas prácticas y proyectos pilotos en relación con la inclusión de la población mayor, tal y como planteamos, se va a intentar considerar en el proceso de programación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Ministerio de Asuntos Exteriores e incluir este tema. En cualquier caso, sí hay que resaltar que la cooperación Sur-Sur o Triangular y la colaboración público-privada ya están siendo priorizadas dentro de la agenda de eficacia de la ayuda y concretamente en el desarrollo de la alianza global para el desarrollo eficaz, que fue establecido a través de los resultados de la reunión de Busán.

Con respecto al punto 5, tengo que decir que en la promoción dentro del ámbito multilateral de las políticas de envejecimiento activo se va tener en cuenta y se va a valorar su inclusión -y así se lo hemos hecho saber también al Grupo Socialista- en la elaboración del IV Plan director, puesto que hasta ahora no ha sido una línea prioritaria dentro de la agenda del III Plan director, ni de la estrategia multilateral de cooperación española. En cualquier caso, hemos planteado esta enmienda siempre teniendo en cuenta la actual situación coyuntural económica.

Por último, tengo que recordar que el vigente Plan director 2009-2012 presenta unos actores que son prioritarios pero que no son excluyentes. Habla de infancia, de juventud, de pueblos indígenas y de población afrodescendiente, y de que la decisión de priorizar siempre estos grupos fue tomada en aquel momento por consenso de todo el sistema de cooperación, de todos los grupos políticos y, por supuesto, después de un amplio proceso participativo.

Para terminar, quiero agradecer al grupo proponente que haya aceptado nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: Yo agradezco la defensa de la enmienda, que era de seis puntos y bastante articulada. La conoce la Mesa pero, si ha sido reformada en algo, póngala a nuestra disposición.

¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). Señor Campuzano, ha intervenido preciosamente en los turnos anteriores, por favor, sea cicatero con su tiempo.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, intervengo simplemente para expresar el apoyo a la iniciativa. Nos parece acertado que el Grupo Socialista plantee en esta Comisión una cuestión que yo no tengo memoria de haber discutido nunca en la cooperación al desarrollo, como es el reto del envejecimiento en los países en vías de desarrollo. Por tanto, tan solo el debate en sí mismo planteado ya nos parece importante y sugerente y la intervención de Daniel Fernández ha sido impecable. Eso sí, nos gustaría conocer exactamente el contenido de la transacción para saber exactamente aquello que vamos a votar, que estoy seguro de que podrá tener el apoyo de Convergència i Unió.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Fernández no tiene nada que añadir sobre las enmiendas? (Denegación).

Suspendemos un minuto antes de la votación, con mucho gusto. (Pausa).

Vamos a votar no según el orden del día comunicado sino el aceptado por el adelanto de la número 6, del Grupo Popular. Por tanto, procedemos a la votación del punto 6.º, tratado como número uno, la proposición no de ley 767, del Grupo Popular, que se vota en los términos de la transaccional que ya conocen, así que ahorramos lecturas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Volvemos al orden primitivo de la Comisión. Se vota la proposición no de ley 118, del Grupo de La Izquierda Plural, en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La siguiente proposición no de ley es la 590, del Grupo Socialista, que se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, que ha subsanado un error advertido de enmiendas.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

La siguiente proposición no de ley es la 615, del Grupo Mixto, que se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, como ya hemos tratado.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Siguiente proposición, del Grupo de Unión Progreso y Democracia, la 623, en los términos de la transaccional.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

La siguiente proposición no de ley es la 671, del Grupo de La Izquierda Plural, que se somete a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La última es la 770, del Grupo Socialista, en los términos adoptados por la transaccional.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Con el permiso de sus señorías, levantamos la sesión.

Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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