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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 10, de 06/03/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2012 X Legislatura Núm. 10
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 2
celebrada el martes,
6 de marzo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. (Número de expediente del Congreso 041/000037 y números de expedientes del Senado 570/000001 y 571/000001.) ... (Página2)

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 572/000001.) ... (Página2)


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Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre los siguientes extremos:

- Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2012. (Número de expediente del Congreso 259/000002 y número de expediente del Senado 773/000003.) ... (Página2)

- Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.) ... (Página5)

- Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009 (corresponde al número de expediente 251/000108/0000 de la IX Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000003.) ... (Página18)

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057.) ... (Página23)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso 041/000037 y números de expedientes del Senado 570/000001 y 571/000001.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Antes de pasar a la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, hay que tomar algunos acuerdos en esta Comisión. En primer lugar, la elección de vicepresidente o vicepresidenta segundo de la Mesa para la que solamente hay una propuesta en este momento, que es la de la señora Rodríguez-Piñero Fernández. Si no hay inconveniente, como se ha hecho en otras ocasiones, podemos elegirla por asentimiento y no realizar la votación. (Asentimiento.) Queda proclama la señora Rodríguez-Piñero Fernández como vicepresidenta y puede tomar su puesto en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.)

- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 572/000001.)

El señor PRESIDENTE: El segundo punto se refiere a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, que como ustedes saben se refieren a las comparecencias de altos cargos, aunque en esta ocasión es casi innecesario porque la única persona que comparece ante esta Comisión es el presidente Tribunal de Cuentas. Por tanto, se podría aprobar por asentimiento porque no existe ningún tipo de problema, ya que como ustedes saben en esta Comisión solo el presidente del Tribunal de Cuentas puede comparecer. ¿Aprobamos la delegación por asentimiento? (Asentimiento.) Por asentimiento aprobamos la delegación.

Quiero recordarles a los grupos que tienen que nombrar y comunicar a la Mesa los ponentes que van a debatir la cuenta general.

Si les parece, hacemos pasar al presidente del Tribunal de Cuentas e iniciamos su comparecencia. (Pausa.)

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

- PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente del Congreso 259/000002 y número de expediente del Senado 773/000003.)

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas en su primera comparecencia de esta X Legislatura en esta Comisión mixta, donde esperamos hacer un trabajo intenso y fructífero para poder a su vez dar respuesta a los distintos informes de fiscalización que el Tribunal de Cuentas viene realizando. Asimismo intentaremos -como es nuestro trabajo-


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agilizar ese proceso, que hoy por hoy se encuentra un poco retrasado. Sin más, pasamos al punto 2º del orden del día: Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2012.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señor presidente, permítame comenzar mis palabras en este nuevo periodo parlamentario, en esta X Legislatura y en este inicio de los trabajo de la Comisión mixta, trasladando tanto al presidente de la Comisión como a los miembros de la Mesa y a los parlamentarios que integráis la misma el reconocimiento del pleno del tribunal y de la Comisión de gobierno, que es el órgano encargado de las relaciones del Tribunal de Cuentas con esta Comisión, y la felicitación por haber conseguido todos ustedes una representación, un escaño, en las distintas circunscripciones por las que se han presentado. Quisiéramos, como siempre, mantener e incrementar las estrechas relaciones que han venido siempre impulsando las relaciones del Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. En la pasada legislatura fueron muchas las comparecencias y se dio un gran avance a la presentación de los informes del Tribunal de Cuentas con debates enriquecedores y con resoluciones que creo que han sido útiles para todos, no solamente para la eficacia del control externo, sino para incluso para la mejora de la propia legislación.

Cualquier iniciativa que esta Comisión considere oportuno adoptar en relación con el control de la actividad económico financiera del sector público, será -cómo no- debidamente atendida por el Tribunal de Cuentas, entendiendo que la colaboración del tribunal puede contribuir, por la especialidad de sus funciones, a que el Parlamento ejerza un control riguroso sobre los gestores públicos y, a su vez, que la función fiscalizadora asignada al Tribunal de Cuentas adquiera una mayor eficacia por la difusión de sus resultados en el ámbito parlamentario, pero sobre todo, y más que por la difusión, porque el contenido de los mismos tenga aspectos positivos de cara a la reforma de la legislación, acabando con aquellas zonas de impunidad donde la corrupción puede tener cobijo. Estoy seguro de que el nuevo periodo parlamentario que hoy se inicia avanzará, repito -y así lo deseamos todos-, por el camino de la máxima colaboración institucional en aras de una gestión pública más ajustada a los principios de legalidad, eficiencia y economía a los que está sometida.

Este primer punto normalmente no tiene ningún debate. Es simplemente, iba a decir que por cortesía parlamentaria pero incluso más que por cortesía, porque conozcan ustedes con toda transparencia y claridad los trabajos que cada año lleva a cabo el Tribunal de Cuentas. Para ello presentamos el programa de publicaciones, que tienen todos ustedes en su poder, porque se ha enviado -como es preceptivo- a la Comisión mixta. En todo caso voy a hacer un breve resumen del mismo y, aunque repito que no es motivo de debate, pueden pedir alguna aclaración que, aunque no sea contestada hoy, podemos aclararla a través de escritos que enviaríamos correctamente a la Mesa de esta Comisión. Así ocurre -lo adelanto ya- para la presentación de otros informes, donde si el cúmulo de preguntas es muy grande o es complicado contestarlas si se refieren a datos y cifras, nos reservamos siempre la posibilidad de enviar una contestación más detallada a la Comisión mixta, porque repito que este ha sido en algunas ocasiones el método mejor para que la pregunta quede perfectamente contestada.

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en su reunión de 26 de enero el programa de fiscalizaciones, de conformidad con las funciones que tiene atribuidas por el artículo 3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal, que señala expresamente como primera atribución aprobar el programa de fiscalizaciones de cada año y elevarlo a la Comisión mixta. El ejercicio de la función fiscalizadora corresponde al pleno del tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley orgánica, y la aprobación del programa anual de fiscalizaciones que hoy se presenta en esta Comisión parlamentaria es el resultado definitivo del proceso de planificación de la actividad fiscalizadora, en consonancia con las competencias que la Constitución española y la propia normativa del Tribunal de Cuentas establecen para fiscalizar las cuentas y la gestión del sector público. No obstante, quiero destacar como característica esencial de este programa su carácter flexible y abierto a nuevas actuaciones fiscalizadoras que pudieran convenirse ante circunstancias que aconsejaran atender y fiscalizar nuevas manifestaciones de la gestión pública. Así ha ocurrido en todas las legislaturas, que, por iniciativa de la Comisión mixta, del propio pleno del tribunal o por petición de los parlamentos de las comunidades autónomas, se incluyen fiscalizaciones que no figuraban en el programa inicial. El artículo 5 de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece que ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico. En consecuencia, el programa de fiscalizaciones para el presente ejercicio es resultado de la independencia y autonomía legalmente reconocida al tribunal. No obstante, su presentación ante esta Comisión mixta ofrece, repito, la oportunidad de hacer partícipes a todos sus miembros de las preocupaciones y prioridades que el pleno del Tribunal de Cuentas ha tratado de atender con la aprobación del presente programa.

El artículo 45 de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas reconoce -y es conocido de todos ustedes- la iniciativa fiscalizadora al propio tribunal, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En consecuencia, el programa de fiscalizaciones que hoy se presenta viene a expresar las prioridades marcadas en el ejercicio de la función fiscalizadora por esas tres fuentes de informes a las que me he referido. En el mismo se distinguen en diferentes apartados este triple origen de las fiscalizaciones, creo que con un orden claro para que todos los


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miembros de esta Comisión puedan seguir la realización del programa. No obstante, hemos de subrayar que la actividad fiscalizadora desarrollada por el tribunal no queda restringida a los procedimientos fiscalizadores específicos relacionados en el programa, pues a los mismos hay que agregar las numerosas actuaciones de análisis ordinarios que se llevan a cabo sobre las cuentas rendidas y la documentación justificativa relacionada con los registros contables o con la actividad contractual o con cualquier otra manifestación de la gestión pública.

En cuanto a las fiscalizaciones legalmente previstas, que es el primer apartado, está incluida, como es natural, la Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2010 y el inicio del examen de la cuenta de 2011, en consonancia con los plazos legalmente establecidos para su elaboración y rendición, que se alargan hasta finales de octubre del ejercicio económico al que se refieren, lo que obliga a que la declaración del tribunal se posponga excesivamente en el tiempo. La cuenta de 2010 -para que tengan ustedes un dato muy claro y muy concreto- se rindió por el Gobierno el 28 de octubre de 2011, es decir, tres días antes de cumplirse el plazo; la rindió dentro del plazo pero agotándolo. Así, en el orden del día de esta sesión, se ha incluido la Declaración de la cuenta general del Estado de 2009, que se aprobó el pasado mes de diciembre por el pleno del Tribunal de Cuentas, y actualmente está en proceso de examen la cuenta de 2010, rendida, como he dicho, hace tres meses. Asimismo, se incluye en este capítulo las fiscalizaciones sobre las comunidades autónomas, dentro de las cuales se llevará a cabo el examen de los proyectos financiados a través de los fondos de compensación interterritorial. También se incorpora en este contexto autonómico la fiscalización de diferentes universidades, continuando con el examen que se viene efectuando en este sector. Ya se hizo un examen global de todas las universidades públicas, que tuvo bastante interés como objeto de debate en esta Comisión, y creemos que este punto es un área de importante interés y de riesgo.

Se incorpora igualmente en este apartado la fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos políticos, estando previsto que puedan elevarse en un corto periodo de tiempo a esta Comisión mixta los informes referidos a sucesivos ejercicios, así como la fiscalización de la actividad electoral correspondiente a los procesos electorales celebrados en el año 2011, pudiéndose confirmar que los relativos a los procesos electorales a los parlamentos de las comunidades autónomas, que se celebraron, si mal no recuerdo, el 22 de mayo pasado, ya han resultado aprobados y elevados a esta Comisión mixta y a la pertinente comisión del correspondiente Parlamento autonómico. Doy estos datos porque una de las cosas de las que se acusa al Tribunal de Cuentas es la lentitud en la marcha de sus trabajos. Pues bien, hay grandes excepciones y elementos importantes donde los plazos son mucho más rápidos y ya no se corresponden con ese tópico de la lentitud en el ejercicio del control. Pondremos ejemplos y a lo largo de esta mañana podremos confirmar esta nueva actitud del tribunal y esta nueva posición de los que tenemos la responsabilidad del control externo.

Por lo que se refiere a las fiscalizaciones solicitadas por la Comisión mixta, están incluidas también dentro del apartado de fiscalizaciones procedentes de las Cortes Generales. Quedan pendientes de incorporar algunas fiscalizaciones sobre las que en la propia resolución parlamentaria aprobada por la Comisión mixta se contemplaba el necesario transcurso de un periodo temporal para la implantación efectiva de medidas encaminadas a corregir las deficiencias previamente detectadas y que serán objeto de atención en programas de futuros ejercicios. Hago gracia de la relación de cada una de las fiscalizaciones que figuran en los distintos apartados porque lo tienen ustedes y no podemos permitirnos, en esta mañana de tanto contenido, dedicarle tiempo a ello. En cuanto a las fiscalizaciones programadas a iniciativa del Tribunal de Cuentas, en esta relación se mantienen las fiscalizaciones previstas en el programa anual que por distintas circunstancias no pudieron concluirse al final del ejercicio precedente, actualizando en su caso el ámbito temporal sometido a examen junto con las nuevas fiscalizaciones que el pleno del tribunal ha considerado oportuno incorporar como consecuencia de diferentes criterios aplicados en su selección dentro de la mencionada autonomía reconocida al tribunal en el ejercicio de sus funciones.

Como se indica en la introducción del programa, se mantiene el propósito del pleno del tribunal de someter a fiscalización la ejecución de los planes de ayudas contemplados en los diferentes reales decretos-leyes y en sus normas de desarrollo, así como los que pudieran establecerse en el futuro para hacer frente a la crisis económico financiera. En relación con este compromiso, el programa de fiscalizaciones de 2012 mantiene la fiscalización del Fondo estatal de inversión local y la fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las inversiones financiadas por dicho fondo, así como la fiscalización del Fondo de adquisición de activos financieros. Se incorpora también la fiscalización referida al periodo 2009-2011 del Fondo de reestructuración ordenada bancaria y de los fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios, en cajas de ahorro y en cooperativas de crédito, junto con las actuaciones del Banco de España al respecto.

Se manifiesta igualmente el propósito de prestar especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectivas de mujeres y hombres, y la aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, previéndose la inclusión en todas las directrices técnicas de todas las fiscalizaciones de una referencia específica al cumplimiento de esta normativa. Asimismo se mantiene el examen del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ámbito nacional e internacional sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria,


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así como el cumplimiento del principio de transparencia en la programación presupuestaria, sobre el que ya se ha remitido un primer informe a esta Comisión mixta, que en su día veremos. Al igual que en ejercicios anteriores, el Tribunal de Cuentas ha estimado necesario efectuar un examen detenido de la contratación celebrada por los diferentes órganos de contratación, a fin de evaluar el cumplimiento de publicidad, objetividad y concurrencia que han de regir la contratación pública, así como la observancia de los requisitos formales a tal fin establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. En el programa ahora presentado se contempla también continuar con la elaboración de mociones, por entender que las recomendaciones y sugerencias en ellas recogidas, dirigidas a incorporar determinadas modificaciones legislativas u organizativas, representan una de las contribuciones más significativas del Tribunal de Cuentas en la potenciación de la normalización y de la eficacia de la gestión pública.

En otro apartado del programa se detallan las fiscalizaciones en los distintos subsectores públicos. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos se han programado veintinueve fiscalizaciones, incluida una moción sobre las operaciones comerciales de determinados organismos autónomos. Las fiscalidades previstas en este ámbito van dirigidas al examen de determinados programas presupuestarios, como el relativo a la protección, conservación y desarrollo de los recursos pesqueros, y de diferentes organismos autónomos y otras entidades públicas, como el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo Económico y Social, etcétera. Asimismo se prevé analizar determinadas actuaciones y servicios dentro de las múltiples manifestaciones de la gestión pública, como la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, el Fondo de cohesión sanitaria o las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en ejecución del Plan de prevención fiscal, entre otras. Igualmente se contempla la fiscalización de determinadas actuaciones que han obtenido una proyección internacional, como el pago de las cuotas a organismos internacionales y las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa, las inversiones permanentes en el exterior y en particular de las correspondientes al Fondo general de cooperación de España en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales.

Por lo que se refiere al ámbito de la Seguridad Social, se ha previsto la realización de once fiscalizaciones específicas para analizar, entre otras materias, la contratación celebrada por distintas entidades del sistema y las prestaciones por incapacidad gestionadas por Muface, Isfas y Mugeju, completando las fiscalizaciones ya efectuadas sobre estas mismas entidades. En cuanto al ámbito del sector público empresarial, se han programado quince fiscalizaciones dirigidas a analizar la estructura del sector público empresarial y la actividad desarrollada por diferentes entidades de este sector relacionadas con la protección de datos personales y con el campo de las comunicaciones y telecomunicaciones, el comercio exterior y la actividad financiera pública. En el ámbito de las fundaciones públicas estatales, la selección efectuada por el Pleno del Tribunal se ha centrado en cuatro fundaciones que están perfectamente identificadas en el programa.

El último subepígrafe del programa está destinado a los sectores públicos autonómico y local, en los que, con independencia de los informes globales anuales que siempre venimos a presentar en esta Comisión, se han programado otras fiscalizaciones, unas de carácter individual dirigidas a determinados ayuntamientos de capital de provincia y otras de carácter más horizontal, como la fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales relacionadas con las operaciones de endeudamiento por el pago de deudas a empresas y proveedores o las condiciones de prestación de servicios públicos en las entidades locales de población reducida, además de otras, como por ejemplo el Fondo estatal de inversión local. El programa también deja constancia -y esto es importante, porque es una novedad que quiero destacar- del nombramiento del Tribunal de Cuentas como auditor externo de la Organización Panamericana de la Salud, organización integrada dentro de la Organización Mundial de la Salud, lo que viene a resaltar el reconocimiento del Tribunal de Cuentas en el ámbito internacional y a agregar esta actuación a las ya realizadas en este contexto internacional. Ha habido otros candidatos que han competido con el Tribunal de Cuentas de España para lograr este nombramiento, como por ejemplo el Reino Unido o Alemania, y nuestro proyecto de fiscalización les ha convencido en el ámbito internacional. Y yo debo resaltar como noticia y como satisfacción del propio tribunal este nombramiento del Tribunal de Cuentas como auditor externo de la Organización Panamericana de la Salud.

Como resumen de todo lo expuesto, cabe reiterar el carácter abierto del programa -lo repito de nuevo-, que permite incorporar cuantas actuaciones pudieran ser acordadas, y además con la inmediatez que esta Comisión nos pueda pedir en cualquier momento. El pleno atenderá a solicitudes y por supuesto, si está dentro de nuestras posibilidades, serán, cómo no, perfectamente atendidas.

Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)


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El señor PRESIDENTE: Como conocen ustedes, el informe sobre la fiscalización del Tribunal de Cuentas para el año 2012, como ha explicado el presidente del tribunal, no tiene intervenciones posteriores. Si les parece, pasamos al punto tercero, la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. Tradicionalmente en esta Comisión, después de la intervención del compareciente, el presidente del Tribunal de Cuentas, intervenían los grupos de mayor a menor, pero cerrando el turno el grupo que sustenta al Gobierno. Si les parece bien, vamos a seguir con esta costumbre de la Comisión y después de la intervención del compareciente intervendrá el grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Socialista, y terminará el Grupo Popular.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): El pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión del pasado 22 de diciembre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal y tras haber efectuado el pertinente examen de la cuenta general del Estado de 2009, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución, aprobó la declaración de esta cuenta general. De conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, la cuenta general de 2009 se rindió por el Gobierno al Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2010, disponiendo el Tribunal de Cuentas de un plazo de seis meses para proceder a su examen, plazo que se extiende hasta la remisión a alegaciones de los resultados provisionales obtenidos, cuyo análisis y posterior tramitación interna en el tribunal hacen que la declaración no pueda ser aprobada antes del transcurso de dos años después de aquel al que se refiere la cuenta general. El seguimiento de los plazos legales mencionados explica que en esta sesión se esté presentando la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2009. ¿Que ha perdido inmediatez, que ha perdido el efecto de comunicación, de noticia, etcétera? Es posible, pero lo que no ha perdido es interés ni utilidad porque nada de lo que se hace queda en baldío y los antecedentes que constan en esta declaración sobre la cuenta general, los datos y cifras y las distintas partidas que se analizan pueden a lo mejor ser causa de situaciones posteriores que en su día podemos también analizar. No se trata por lo tanto, ni muchísimo menos, de excusar al Tribunal de Cuentas por el retraso en la presentación de la cuenta de 2009 -que ya no lo es tanto- sino de decir que la ley, para garantizar los derechos y la defensa de todos los cuentahabientes, tiene que cumplir unos plazos que efectivamente retrasan la presentación de la cuenta, pero en este caso concreto no se ha perdido ni un solo día además del cumplimiento de esos plazos. En algunas ocasiones en esta Comisión se ha pedido, se ha insinuado o se ha sugerido que estos plazos deben ser acortados, es decir, que debe modificarse la legislación para que los plazos sean más breves para todos. Son ustedes, es el Poder Legislativo el que tiene que dar cuenta y proceder a reflexionar sobre este punto, pero mientas tanto los plazos hay que cumplirlos porque, repito, aparte de todo son garantía de todos los que intervienen en la declaración y sobre todo de todos los responsables del sector público.

La cuenta general del Estado está integrada por la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional. En el presente ejercicio se presentó por primera vez una cuenta única consolidada formada mediante la integración en la cuenta general del sector público administrativo consolidada, de las entidades públicas empresariales y de los organismos públicos del sector público empresarial, entidades que pertenecen en su totalidad a entes incluidos en la referida cuenta general. En la elaboración de la presente declaración se ha pretendido dar cumplimiento a las sucesivas resoluciones de las Cortes Generales adoptadas a raíz de declaraciones de ejercicios anteriores y mejorar la presentación de los resultados, separando claramente la propia declaración de la fundamentación de la misma y de los anexos que fundamentan su contenido. Eso se debe a iniciativas tomadas y aprobadas por esta Comisión Mixta. La declaración se estructura siguiendo cada una de las mencionadas cuentas que conforman la cuenta general, sintetizando en cada caso las principales deficiencias e incidencias que condicionan la representatividad de la cuenta general del Estado, así como determinada información relevante que contribuye a su adecuado conocimiento e interpretación. En la opinión emitida por el pleno del Tribunal de Cuentas abriendo la declaración se manifiesta que la representatividad de la cuenta general del ejercicio 2009 está afectada por las excepciones, limitaciones y salvedades que vamos a sintetizar a continuación, empezando por la cuenta del sector público administrativo. Esta cuenta general, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado de conformidad con lo establecido en la correspondiente orden ministerial, presenta la estructura y los contenidos previstos. Respecto a su estructura consolidada ha de señalarse que no cumple algunos requisitos técnicos recogidos en el documento Consolidación de cuentas en el sector público y que está incompleta al no haberse integrado las cuentas de ocho organismos autónomos estatales, de una mutua y de otros tres organismos públicos, si bien su importancia cuantitativa es muy reducida. Por el contrario, en esta cuenta se han incluido las cuentas de cuatro centros mancomunados sin personalidad jurídica propia pendientes aún de liquidación, a pesar de que en la resolución parlamentaria se ha instado al Gobierno a impulsar de manera definitiva su liquidación. Asimismo se indica en la declaración que el 24 por ciento de las cuentas individuales se rindieron fuera del plazo máximo previsto legalmente, que los informes de auditoría realizados por la IGAE contenían una opinión favorable en 73 casos -estoy hablando del control interno-,


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mientras que en 59 era favorable con salvedades, en 2 casos desfavorable y en otros 5 se había denegado opinión, y que no se había publicado en el "BOE" el resumen de las cuentas de determinadas entidades de este sector, incumplimiento que se observó también respecto a las entidades de otros sectores.

Por lo que se refiere a la liquidación de los presupuestos del ejercicio, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 375.509 millones de euros y lo derechos reconocidos netos a 404.460 millones, en este caso muy superiores a los previstos en el presupuesto inicial como consecuencia de que en este no se incluyeron las previsiones del capítulo 9, pasivos financieros de la Administración General del Estado, deficiencia que el Tribunal de Cuentas ha venido reiterando en anteriores declaraciones. En el análisis efectuado sobre los expedientes de modificaciones de créditos iniciales, con independencia de ciertas diferencias observadas entre las modificaciones autorizadas y las contabilizadas, se observó un aumento respecto al importe modificado en el ejercicio anterior, alcanzando las modificaciones netas totales el importe de 42.303 millones de euros. Dentro de las ampliaciones de crédito se reitera un ejercicio más el aumento, en más de 700 millones, de los créditos para atender los gastos originados por la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. Asimismo se utiliza esta figura para aumentar los créditos destinados a la liquidación definitiva del año 2007 de la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado, así como del fondo de suficiencia del mismo ejercicio a las comunidades autónomas y ciudades autónomas con estatuto de autonomía.

Por lo que se refiere a los créditos extraordinarios y suplementarios financiados mediante deuda pública ascendieron a 2.387 y 17.974 millones de euros, respectivamente, destinándose principalmente al pago de anticipos a cuenta de la compensación a las comunidades autónomas, a infraestructuras, a la Corporación de Radiotelevisión Española para compensar la pérdida de ingresos por eliminación de publicidad y otras necesidades, entre las que han de destacarse las relacionadas con la política de desempleo, que fue la política en la que mayor desviación se registró sobre las dotaciones iniciales. En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos, cuyo volumen total apenas ha sufrido incremento respecto al del ejercicio precedente, la variación más relevante se registró en la política relativa a Administración financiera y tributaria, en la que los gastos se incrementaron en 16.365 millones de euros como consecuencia del endeudamiento y de las medidas adoptadas para el estímulo de la economía y el empleo al finalizar el ejercicio anterior. Asimismo tuvieron un incremento significativo las políticas de desempleo y de servicios sociales y promoción social, mientras que la mayor disminución se registró en gestión y administración de la Seguridad Social, debido a que el Consejo de Ministros no autorizó en este ejercicio efectuar dotaciones al Fondo de reserva de la Seguridad Social.

En relación con la gestión de pagos, el saldo de obligaciones pendientes de pago de la Administración general experimentó un significativo incremento respecto al ejercicio anterior. Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos, se constató una progresiva e intensa disminución de los mismos a partir del ejercicio 2007 en operaciones no financieras, cuantificada en 51.245 millones como consecuencia fundamentalmente de la menor recaudación del IRPF, el impuesto sobre sociedades e IVA. Por lo que se refiere al resultado presupuestario -y trato ir casi de manera lacónica comentando las fases más importantes de este tema-, tengo que decir que el resultado presupuestario supuso que, frente a unas previsiones de resultado negativo de 52.567 millones de euros, estas sufrieron una desviación global desfavorable de 36.934 millones, registrándose en consecuencia un resultado presupuestario negativo de 89.501 millones. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, el resultado negativo contabilizado duplicó el inicialmente previsto.

Por otra parte, se señala que en muchos casos no se ha emitido o su contenido es incompleto el nuevo balance de resultados e informe de gestión previsto en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria para informar sobre el grado de realización de los objetivos fijados para el ejercicio. El análisis de la evolución de los importes del resultado presupuestario muestra cómo de un resultado positivo en los ejercicios previstos hasta 2007, en el que se obtuvo un superávit de 20.256 millones, se pasó en el ejercicio siguiente a 51.002 millones de euros de déficit, y en el ahora analizado a la cifra de déficit que ya hemos mencionado. En el examen de la liquidación presupuestaria, el Tribunal de Cuentas observó deficiencias, cuya consecuencia era la falta de imputación al presupuesto al cierre del ejercicio de distintas partidas de gastos e ingresos por importe de 2.419 y 5.530 millones de euros, respectivamente. Asimismo, el seguimiento de las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto permite constatar que la cifra del presente ejercicio es significativamente superior a la de ejercicios precedentes.

Por lo que se refiere al objetivo de la estabilidad presupuestaria, convertido el resultado presupuestario a través de los necesarios ajustes en capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, y a efectos de comprobar el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, se constató que las obligaciones reconocidas incrementadas en las pendientes de aplicar al presupuesto superaron en cerca de 20.000 millones de euros el límite máximo de gastos establecido y que el déficit del ejercicio alcanzó el 8,56 por ciento del producto interior bruto, frente al 0,82 de superávit fijado, registrándose, por tanto, una desviación negativa del 9,3 por ciento del PIB.

Respecto a las relaciones con la Unión Europea, dedicamos un apartado en la fundamentación de la declaración para analizar estas relaciones entre España y la Unión Europea, que concluye señalando cómo el saldo


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financiero de estas relaciones que se había mantenido positivo -si bien con importes descendientes- por ser superiores los ingresos comunitarios a la aportación española, en el presente ejercicio se tornó negativo por 615 millones de euros, fundamentalmente por el incremento de la aportación española.

En cuanto al análisis de la situación patrimonial, en el examen de las partidas del balance de la cuenta general del sector público administrativo se constató que se continuaba careciendo de inventarios adecuadamente elaborados y actualizados de los elementos de inmovilizado material y manteniéndose la infradotación a su amortización. Asimismo, se reitera la discrepancia, puesta ya de manifiesto en la declaración sobre la cuenta general de 1996, entre la contabilidad del Estado y la de la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia de varios préstamos concedidos por aquel para la cancelación de obligaciones del extinguido Insalud. A estos préstamos hay que agregar otros concedidos en las sucesivas leyes de presupuestos y que a finales del ejercicio fiscalizado continuaban aún pendientes de reintegro. Por otra parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial continuaban sin registrar los derechos de cobro frente a la Administración General del Estado derivados de la adopción de medidas excepcionales de exención o bonificación de cuotas de la Seguridad Social o de incremento extraordinario de su acción protectora, que en su conjunto ascendían a 78 millones de euros. Se reseña, asimismo, que las aportaciones efectuadas a la singular figura de fondos sin personalidad jurídica sumaban el importe de 25.724 millones de euros. Y, en relación con el epígrafe de tesorería, se destaca cómo algunas entidades del sector público administrativo mantenían excedentes de tesorería muy elevados en relación con las obligaciones a atender en corto plazo.

Por lo que se refiere al pasivo, entre las conclusiones obtenidas en el examen del pasivo, cabe destacar el inadecuado tratamiento contable de los bienes entregados en cesión, adscripción o gestión. Asimismo, se indica que las cuentas de los fondos propios de la Tesorería General de la Seguridad Social continuaban sin recoger la constitución del Fondo de reserva procedente del excedente generado por las entidades gestoras y la Tesorería General, limitándose a reflejar en el balance la materialización financiera de la dotación acumulada de dicho fondo. Tampoco estaba contabilizado el valor neto contable de los inmuebles transferidos a las comunidades autónomas como consecuencia de los reales decretos de traspaso de las funciones y servicios en materia sanitaria y de servicios sociales del Instituto de Gestión Sanitaria, Instituto de Mayores y Servicios Sociales e Instituto Social de la Marina. En cuanto al endeudamiento del sector público administrativo, este quedó cuantificado al final del ejercicio en 529.930 millones de euros, de los que 361.741 correspondían a deudas a largo plazo. El endeudamiento en los dos últimos años había experimentado un incremento del 53,7 por ciento resultando más intenso el crecimiento registrado en el ejercicio 2009.

Por lo que se refiere a los resultados económicos, las pérdidas o desahorro neto del ejercicio, según la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, ascendió a 59.892 millones de euros frente a los 14.509 también de desahorro del ejercicio 2008 y a los 43.342 millones de euros de ahorro de 2007. Si se incorporan los ajustes a dicho resultado derivados de las deficiencias contables puestas de manifiesto por el tribunal, el desahorro neto del ejercicio 2009 pasaría a ser de 63.978 millones. Por otra parte, como consecuencias de las deficiencias observadas, los resultados económicos-patrimoniales consolidados incluidos en la cuenta general del sector público administrativo y acumulados hasta el 31 de diciembre de 2009 se encontraban sobrevalorados en 6.826 millones de euros, efecto neto de la falta de regulación de dichas deficiencias en este y anteriores ejercicios y que deberá ser soportado en ejercicios posteriores, a lo que habrá que agregar la asunción de la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2006 del ente público Radio Televisión Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, y la regularización de la parte no recuperable de deudores o la dotación de las provisiones correspondientes.

En cuanto a la memoria de la cuenta general del sector público administrativo, sigue sin aportar la información necesaria que complete y amplíe el contenido del balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el estado de liquidación del presupuesto. Se incorpora un epígrafe en el que se efectúa un seguimiento de las principales conclusiones obtenidas del examen de la cuenta general del sector público administrativo en el que se deja constancia de que en la mayor parte de las mismas se mantiene sin grandes modificaciones la situación observada en aquellos.

Por lo que se refiere a la cuenta general del sector público empresarial, que es la otra cuenta importante, según consta en la memoria rendida, esta cuenta general está incompleta al no haberse incorporado por diferentes causas las cuentas de veinticinco entidades, además de las cuentas de entidades de seguros y de créditos, por la peculiaridad de la actividad que desarrollan, en consonancia con lo previsto en la orden ministerial que regula la elaboración de la cuenta general. Entre las cuentas incorporadas figuran la de trece grupos consolidados y la de treinta y cuatro entidades individuales en cuyo informe de auditoría se emite una opinión favorable con salvedades. La rendición de cuentas anuales de las empresas estatales se efectuó rebasando ampliamente el plazo legalmente establecido, ya que a la fecha límite figuraban pendientes de rendir las cuentas anuales de entidades que representaban en torno al 51 por ciento de las sometidas a esta obligación. En relación con esta obligación, ha de señalarse que treinta sociedades mercantiles


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de capital íntegramente público, sometidas por lo tanto a control, y en cuyo capital el Estado participaba en un 50 por ciento y, en algún caso, en un porcentaje inferior no han rendido sus cuentas al no ser mayoritaria su participación. A este respecto, ha de señalarse que no se ha dado cumplimiento a las resoluciones parlamentarias relativas a las declaraciones sobre la cuenta general de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 -nacidas, repito, en esta Comisión-, en las que se instaba al Gobierno a regular la rendición de cuentas para las entidades públicas participadas de forma paritaria por varias administraciones públicas.

A 31 de diciembre de 2009, continuaban teniendo el carácter de estatales veintidós sociedades estatales de estiba y desestiba dependientes de las autoridades portuarias, sin haber procedido a su transformación en agrupaciones portuarias de interés económico, a pesar de que habían transcurrido más de dos años desde que venciera el plazo establecido por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, reguladora del régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Las cuentas anuales de este ejercicio eran las primeras en las que resultaba de aplicación la orden del Ministerio de Economía y Hacienda en la que se dictan normas contables específicas para determinadas empresas públicas que operan condicionadas por circunstancias que les impiden generar flujos de efectivo, en particular las creadas para la construcción o gestión de infraestructuras y otros activos destinados a la prestación de servicios públicos sin ánimo de lucro. Sin embargo, al cierre del ejercicio no todas las entidades que debían haber realizado el análisis de los elementos de su inmovilizado para su oportuna clasificación habían finalizado esos análisis. Asimismo, en numerosos casos el informe previsto en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria, que deben elaborar y rendir todas las entidades con las cuentas anuales, relativo al cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público, presentaba una información deficiente e incompleta.

En cuanto al análisis de los estados financieros, el balance agregado del ejercicio presenta un importe total de 118.788 millones de euros, de los que en torno al 50 por ciento procedía de los grupos ADIF, AENA y SEPI. En la fundamentación se efectúa un análisis de las diferentes rúbricas y se ofrece la pertinente información sobre los saldos y variaciones más significativas. La cuenta de pérdidas y ganancias agregada refleja un resultado positivo de 1.987 millones de euros, debido fundamentalmente al elevado beneficio obtenido por el grupo Loterías y Apuestas del Estado. Deducido el beneficio de este grupo, el resultado de las restantes entidades integradas en la cuenta general fue de 1.009 millones de pérdidas. Según el estado de cambios en el patrimonio agregado, durante el ejercicio fiscalizado se incrementó el patrimonio neto en 8.844 millones de euros, de los que alrededor de un 40 por ciento correspondía al resultado neto de ingresos y gastos devengados en el ejercicio; aproximadamente otro 40 por ciento a aumentos de capital, principalmente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.A.; y el resto a otras operaciones entre las que cabe reseñar la asunción por el Estado de la deuda del grupo RTVE en liquidación, por 1.500 millones, que vencía en ese ejercicio. El pasivo no corriente de esta cuenta ascendía a 38.461 millones de euros, con un incremento del 7,2 por ciento respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

Por lo que se refiere a la cuenta general del sector público fundacional, la tercera, es internamente coherente y acorde con las cuentas individuales agregadas. Su representatividad se ve afectada negativamente por el hecho de que no se han agregado las cuentas de quince de las sesenta y dos fundaciones existentes. Nueve fundaciones no rindieron sus cuentas, que fueron reclamadas por conducto de la Intervención General de la Administración General del Estado, sin que se hubieran recibido a la conclusión de las actuaciones fiscalizadas. En cuanto al informe previsto en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria, no fue remitido por una entidad y en otros casos su contenido no se ajustaba a los modelos previstos. Cinco fundaciones no tenían registrado ni valorado el derecho de uso sobre inmuebles o bienes cedidos por sus patronos para la realización de su actividad propia. Una fundación presentaba fondos propios negativos y en otras seis fundaciones los fondos propios eran inferiores a la dotación fundacional. El endeudamiento total agregado de las fundaciones integradas en la cuenta general ascendía a 344 millones de euros, de los que 263 millones eran a corto plazo. El endeudamiento global se había incrementado en un 43 por ciento entre 2007 y 2009.

El resultado de explotación agregado de las cuarenta y siete fundaciones integradas por la cuenta general ascendió a 4,1 millones de euros; y el resultado financiero a 6,5 millones. Y en el ejercicio, veinticinco fundaciones obtuvieron excedente positivo, frente a veinte cuyo excedente fue negativo. Por primera vez en la memoria se incluyó la liquidación agregada de los presupuestos de explotación y capital de las fundaciones cuyos presupuestos figuraban incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, observándose en algún caso significativas desviaciones respecto a los saldos presupuestarios. Asimismo, y al igual que en ejercicio anteriores, se observaron discrepancias entre la información de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la ofrecida por las cuentas de cada fundación. Tengo que decir que esta declaración y toda la documentación que la acompaña fue aprobada por todos los miembros del pleno con un voto particular del consejero don Ubaldo Nieto de Alba, que justifica su voto en la carencia en la misma del análisis del cumplimiento de transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Dicha fiscalización efectivamente estaba en aquellos momentos en elaboración, ha terminado


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ya una primera fiscalización de esta naturaleza, está aquí y, por lo tanto, respecto de esta cuenta este voto particular no tendría sentido.

Muchas gracias, señor presidente, señorías, por su atención.

El señor PRESIDENTE.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Císcar.

El señor CÍSCAR CASABÁN: En primer lugar, quiero dirigirme en nombre de mi grupo al señor presidente del Tribunal de Cuentas para reiterarle la bienvenida a esta Comisión en esta nueva etapa, en esta legislatura que hemos iniciado. Muchas gracias, señor presidente, por su presencia, por la exposición que nos ha ofrecido del informe del tribunal relativo a las cuentas generales del Estado de 2009, de las tres cuentas que la integran, la Cuenta General del Sector Público Administrativo, la Cuenta General del Sector Público Empresarial y la Cuenta General del Sector Público Fundacional. El Tribunal de Cuentas, en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización e informes, contribuye al cumplimiento de las normas, a hacer que el cumplimiento de las normas sea real y a alcanzar un nivel de transparencia muy notable de las cuentas generales del Estado. La cuenta general del Estado debe ajustarse a la legislación aplicable y debe reflejar adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal llevada a cabo en el ejercicio. En este sentido, hemos de constatar que existe un avance a lo largo del tiempo que permite hablar, en mi opinión, de la representatividad de la cuenta general.

Señor presidente, el artículo 199 del Reglamento del Congreso establece que la función de las Cortes Generales es recibir el informe del Tribunal de Cuentas y elaborar propuestas de resolución con relación al mismo. No se trata, por tanto, en esta Comisión de informar las cuentas, porque eso corresponde precisamente al Tribunal de Cuentas que hoy aquí ha rendido su informe. Y así ha quedado expuesto en este acto por el presidente. Esta Comisión, a la vista del informe, debe elaborar en su caso las conclusiones mediante propuestas que lleva al tribunal; propuestas que mi grupo desea que, al igual que las anteriores que se han venido produciendo a lo largo de la anterior legislatura y de anteriores legislaturas, cuente con el acuerdo, con el consenso, con el compromiso de todos los grupos de la Comisión.

Permítame hacer algunas consideraciones en nombre de mi grupo. Hemos tenido ejercicios, como el 2005, el 2006 y el 2007, en los que hubo cuentas con resultados positivos y superávit. El resultado del 2008 ya no fue de ese signo, sino más bien situado en el signo contrario. Hoy no puede extrañar a nadie que la cuenta general del Estado de 2009, cuyo informe se nos presenta, resulte, al igual que se inició en el año anterior, con déficit y desviaciones. La gran crisis iniciada en 2008 no estuvo prevista por nadie. Es cierto que el Tribunal de Cuentas en su fiscalización no establece estas circunstancias, porque tampoco corresponde establecerlas, pero sí es cierto que valora precisamente las desviaciones en el estímulo a la economía y en la atención al desempleo y la atención social de forma determinante. Estamos, por tanto, ante una situación que se inicia en el 2008, que realmente nadie había previsto, ni economistas ni expertos ni, por supuesto, las fuerzas políticas, porque si nos remitimos a los programas electorales que cada uno planteó en ese momento a la ciudadanía -y esto lo conoce muy bien el partido que hoy gobierna-, no había precisamente una consideración de la crisis que venía, sino más bien de una situación diferente. La crisis, por tanto, cogió por sorpresa y lo hizo, en general, a muchos Estados y tuvo un carácter general: primero la crisis financiera, para pasar a crisis económica y de carácter general, con repercusiones específicas en nuestro país. Y tiene consecuencias claras en el ejercicio que nos ocupa, como es lógico, en el 2009, y seguirá arrastrando alguna de esas consecuencias en los siguientes e incluso en el momento presente.

Como indica la declaración, la mayor desviación sobre las dotaciones proviene de la actividad en el desempleo -aplicación para el estímulo a la economía y el empleo y atención al desempleo y atención social-, donde se producen las desviaciones fundamentales. El análisis de la liquidación de los presupuestos alcanza mayor contenido en esta ocasión que en las declaraciones del ejercicio anterior, incluyendo aspectos como el compromiso de gasto adquirido con cargo al presupuesto. Se incluye por primera vez en la declaración un epígrafe diferenciado denominado Análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, si bien su contenido ya se presentaba en la declaración del 2008. Asimismo, se incluye por primera vez en la declaración un epígrafe destinado a recoger las relaciones financieras entre España y la Unión Europea, cumpliendo así la petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la relación con el Tribunal de Cuentas. Por lo que respecta al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el resultado del ejercicio 2009, en términos de contabilidad nacional, presenta un déficit, dificultando lógicamente el cumplimiento del objetivo que había sido previsto. Quiero concluir diciendo que, tal como nos ha expuesto el señor presidente del Tribunal de Cuentas, constatamos desde nuestro grupo un avance en la representatividad del ejercicio, y no hemos visto que se plantee, seguramente como consecuencia del dictamen en su caso de la fiscalía o del informe de la Abogacía del Estado, ningún aspecto relevante en materia de responsabilidad contable. Por tanto, entendemos que las precisiones, las indicaciones o las deficiencias que hayan existido y que han sido manifestadas tienen efectos de mejora, como se ha venido produciendo a lo largo de este tiempo, en la propia aplicación de la norma y en el avance que desde los acuerdos se pueda producir en el seno de esta Comisión mixta.


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Para terminar, quisiera dirigir al señor presidente del Tribunal de Cuentas unas preguntas. La primera es sobre el avance que se haya podido producir en las opiniones encontradas que hasta ahora existían por parte de la Intervención General del Estado o del Tribunal de Cuentas en relación con la Seguridad Social. Está claro que a quien corresponde la facultad fiscalizadora es al Tribunal de Cuentas, pero, como de alguna manera también en el informe hemos podido apreciar todavía algunas divergencias en esta materia, quisiéramos conocer si efectivamente se ha avanzado en ese aspecto en cuanto a las opiniones. También quería preguntar al señor presidente del Tribunal de Cuentas qué nos puede decir sobre el cumplimiento de las propuestas de resolución que se han ido adoptando y si ello contribuye a la mayor representatividad y transparencia de la cuenta general del Estado.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Pàramo i Ponsetí. (Denegaciones.) No va a intervenir.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo Crego.

El señor ANCHUELO CREGO: Deseo, en primer lugar, dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas en esta su primera comparecencia de esta legislatura, que es también la primera comparecencia de un portavoz del Grupo Parlamentario UPyD en esta Comisión. Querría asegurarle que nuestro grupo es consciente de la calidad del personal que trabaja en el tribunal y del rigor de sus informes y, por supuesto, como es nuestra obligación, sugeriremos mejoras y cambios, pero siempre desde la conciencia de la calidad de lo que se hace y desde el mayor respeto.

Antes de entrar en el contenido de la cuenta, me gustaría hacer algunos comentarios de carácter más general. Nuestro grupo lamenta que no se haya renovado todavía el pleno del Tribunal de Cuentas, que está en funciones desde noviembre del año 2010. Creo que no es un comentario fuera de lugar en una Comisión mixta como esta. También desearíamos que cuando se produzca esa renovación no se utilice ningún método de cuotas de partido que tan nocivo resulta para el funcionamiento de las instituciones.

En la cuenta general y en otros informes apreciamos diversos incumplimientos en la no entrega de la información requerida e incluso incumplimientos que derivan en conflictos institucionales cuando el tribunal pide información a organismos como el Banco de España o un ministerio y este no la facilita. Nos parece que este tipo de procederes son inaceptables. Nuestro grupo apoyará siempre al tribunal -como, estoy seguro, el resto de grupos y la Comisión- en la solución de estos conflictos institucionales y me gustaría preguntarle si se han agotado todas las vías legales en estos casos para requerir la información y si se han producido nuevos incumplimientos de este tipo después de los que ya conocemos. Me gustaría hacer un comentario también sobre los plazos de ejecución de los informes. Somos conscientes de la dificultad de su elaboración, del enorme trabajo que comportan y que se ha ido mejorando en el cumplimiento de esos plazos, pero creemos que hay todavía un margen de mejora y animaríamos a la Comisión y al presidente a pensar conjuntamente mecanismos con el objetivo -que no sé si es demasiado ambicioso- de que el informe se rinda no más allá de un año del final del periodo que se está fiscalizando. Espero que en los trabajos de la Comisión y con sugerencias del presidente encontremos mecanismos, tal vez acelerando el proceso de rendición de cuentas y logrando que se respeten los plazos previstos, para lograr esa aceleración de los plazos.

Entrando en el contenido de la cuenta general del Estado, reitero comentarios en comisiones anteriores en el sentido de que la estructura actual de presentación hace que sea un documento difícilmente manejable. El exceso de detalle obstaculiza alcanzar una visión sintética y crítica de la gestión del sector público estatal. Sé que esto se ha comentado en comisiones anteriores y que se está intentando mejorar, pero creo que sigue habiendo margen de mejora. Respecto al ejercicio que nos ocupa, el 2009, puede parecer lejano, pero realmente, como comentaba el señor presidente, es un ejercicio de gran interés, porque en el mismo, como sus señorías saben, se produjo una desviación enorme en el déficit respecto al objetivo previsto, un aumento también enorme de la deuda pública y hubo una sobrevaloración de los ingresos esperados sin precedentes en nuestra historia económica. De hecho, seguimos todavía sufriendo algunos de los efectos que comenzaron en este ejercicio en el sistema de financiación autonómica, con los anticipos indebidos que se concedieron y que las comunidades tienen ahora problemas para devolver.

En la información que aparece en la cuenta general se abordan una serie de cuestiones de gran interés todavía hoy en día, pero en la que habríamos querido encontrar, junto a la descripción, algo más de análisis que ayudase a racionalizar el debate político, a dar a la sociedad respuestas a algunas preguntas que se viene haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, se analiza el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, si se cumple o no se cumple, y hay una serie de cifras para ver la desviación, pero habríamos querido encontrar algún tipo de reflexión sobre en qué medida esto se debe a componentes cíclicos, a la propia crisis, o a actuaciones discrecionales de los gobiernos. En nuestra legislación se va a incorporar pronto en la Ley de Estabilidad un concepto como el de déficit estructural. Podría ser una buena ocasión para empezar a utilizarlo y ver qué parte de este déficit es estructural o se debe a actuaciones discrecionales. Mi grupo piensa que en gran medida se debió a actuaciones discrecionales y que hay un componente estructural ligado a las estructuras administrativas en los diferentes niveles de Gobierno, pero el análisis del tribunal podría ayudar a clarificar estas cuestiones. Lo mismo pasa con el Fondo


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de adquisición de activos financieros. Se debate si el rescate financiero tiene un coste público o no. Este tipo de informes podría ayudar a clarificar la cuestión. De nuevo no oculto que mi grupo opina que tendrá un coste público importante. En el informe se analiza también el Fondo estatal de inversión local. Nos gustaría que la información incluyese algún tipo de análisis sobre los efectos económicos de ese fondo de inversión local, porque ha habido otro debate sobre en qué medida se ha creado empleo, si ese empleo es permanente o ha desaparecido con facilidad. Mi grupo opina que fue un empleo artificial y que duró lo que el dinero público que lo sustentaba, pero este material podría ayudar a clarificar estas cuestiones.

Quiero hacer un último comentario ligado al principio de transparencia. En un nivel tan grande de detalle como el que se nos proporciona, en el que a veces se puede ver hasta el número de hombres y mujeres que trabajan en una institución, nos gustaría que en la información se aportasen datos sobre la remuneración de los altos cargos de los distintos organismos fiscalizados, para que esa información, que también tiene interés, fuese del dominio público. Muchas gracias, por su atención.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Entesa, el señor Bruguera Batalla.

El señor BRUGUERA BATALLA: Intervengo brevemente para, en primer lugar, saludar al presidente del Tribunal de Cuentas, por supuesto, agradecerle su comparecencia y manifestar en esta mi primera intervención en esta Comisión Mixta la predisposición de mi grupo, Entesa pel Progrés de Catalunya, a colaborar en la medida de lo posible, y también lo más activamente posible, en los trabajos de esta Comisión y poder contribuir al trabajo que, históricamente hablando, ha sido el de llegar a acuerdos y a los máximos consensos posibles. Por tanto, a la hora de empezar mi trabajo -tengo un trabajo importante para ponerme al día- quiero manifestar la predisposición personal y del conjunto de mi grupo para trabajar en esta línea.

En cuanto a la cuenta general del Estado correspondiente al año 2009, quiero hacer dos o tres consideraciones. En primer lugar -el presidente lo ha comentado-, parece que se podría mejorar el hecho de que la cuenta general del Estado se presente en esta Comisión Mixta transcurridos más de dos años de la finalización del ejercicio correspondiente. Efectivamente, esto no es culpa del tribunal, sino de la normativa que aprobamos en las Cortes Generales y, por tanto, manifiesto la predisposición de este senador, miembro de la Comisión, para intentar hallar aquellas modificaciones necesarias para poder presentar la cuenta general del Estado transcurrido un año. Esto sería lo más lógico por varias razones, no únicamente por el hecho de si es más o menos noticia, sino porque, si se detectan determinados incumplimientos o deficiencias, es mejor corregirlos al cabo de un año que no transcurridos dos o tres años, por tanto, también lo sería por una cuestión de eficacia y eficiencia.

En esta línea, señor presidente del Tribunal de Cuentas, quisiera señalarle que usted ha comentado determinadas deficiencias e incumplimientos en organismos autónomos, en fundaciones, etcétera. Mi pregunta concreta es si estos incumplimientos, en cuanto a la tramitación de documentación u otros, son reiterativos respecto a ejercicios anteriores en los mismos organismos o bien si son nuevos en el ejercicio de 2009. Una cosa sería el análisis, la valoración política derivada del hecho de que por primera vez un organismo autónomo, una fundación, no ha presentado bien en plazo o bien toda la documentación que se le ha requerido o la que tenía obligación de presentar y otra cosa es que fuese una cuestión reiterada.

Para finalizar, quiero manifestar la necesidad por parte de mi grupo parlamentario, Entesa, la necesidad de la renovación lo más urgentemente posible de los miembros del pleno del Tribunal de Cuentas, que están pendientes de renovación desde hace mucho tiempo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez Lamata.

El señor SUÁREZ LAMATA: En primer lugar, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero expresar la satisfacción de mi grupo por la comparecencia del presidente el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, por la precisa exposición que ha hecho de un documento tan complejo, en el que se han dado cifras que indican un poco lo que fue el ejercicio 2009. Esta declaración pone en evidencia que el tribunal tiene un papel importante en el sistema de control del Parlamento sobre el Ejecutivo. De la lectura y el análisis de la declaración se constata el rigor aplicado en el examen de la cuenta general y se puede apreciar la contribución que el Tribunal de Cuentas efectúa sobre el control del sector público. Esta Comisión comienza hoy su andadura en esta legislatura y estamos convencidos -por lo menos, así nosotros lo vamos a hacer- de que buscaremos todos los medios para aprovechar las aportaciones que el Tribunal de Cuentas efectúe, como estoy convencido de que buscaremos desde el ejercicio de nuestra iniciativa fiscalizadora, a la que hacía referencia el presidente del Tribunal de Cuentas, fórmulas que permitan utilizar al máximo todas las prestaciones técnicas que el tribunal puede aportar.

Centrándonos en el análisis de la cuenta general, cuya declaración se ha sintetizado, hay algo de relevancia: analizamos el ejercicio 2009 y estamos en el ejercicio 2012. Remontarnos en estos momentos a la cuenta general del año 2009, cuando la realidad viene marcada por la velocidad con que transcurren y se suceden las noticias económicas en estos momentos, supone situarnos en un entorno excesivamente lejano temporal y conceptualmente. Esto -ya se ha dicho algo aquí


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sobre ello- resta eficacia al trabajo del Tribunal de Cuentas y a la propia actuación parlamentaria en la que estamos implicados. No obstante, de los errores del pasado también se puede aprender y de la situación que nos ofrece la cuenta general del año 2009 lógicamente podemos sacar importantes conclusiones que nos permitan avanzar hacia una gestión pública más rigurosa y transparente.

La primera cuestión que sorprende es que la cuenta general, pese a su propia denominación, no está integrada por todas las cuentas de las entidades estatales; esto pone en evidencia la existencia de una organización deficiente. En cada una de las cuentas de los diferentes sectores públicos estatales -ya lo ha explicado el presidente- falta por integrar las cuentas individuales de algunas entidades, lo que no deja de ser una grave irregularidad, además de la importancia que tengan las cuentas en el aspecto cuantitativo. Creemos que esto es más una cuestión de calidad, no de cantidad. El gestor público debería caracterizarse por un escrupuloso cumplimiento de la legalidad y, en este caso, de la obligación de rendir cuentas en el plazo establecido y con las garantías de rigor previstas. La pretensión de acercar el examen del tribunal y el análisis parlamentario que estamos haciendo aquí pasa necesariamente por una adecuada actuación de los gestores y una mayor diligencia de la Intervención General de la Administración del Estado. Quizás sea oportuno que desde esta Comisión se tomen iniciativas para que el interventor general o los gestores incumplidores den respuesta precisa a esta situación referida a este ejercicio, situación que, como ya ha expuesto el propio presidente, se viene reiterando en otros ejercicios. Asimismo, es difícil compartir, salvo que se ofrezcan argumentos suficientes, que determinados hechos reiteradamente recogidos en sucesivas declaraciones se mantengan sin la pertinente actuación de corrección y modificación. En este sentido, la reiterada denuncia del tribunal de que no se liquidan determinados centros mancomunados sin personalidad jurídica no debería mantenerse en nuevos ejercicios, al igual que otras deficiencias que, en opinión fundamentada del tribunal, deberían corregirse y no se han corregido. De lo contrario, habrá que reconocer que algo falla y que posiblemente esta Comisión debería adoptar una posición mucho más activa instando a quien corresponda a que subsane o corrija esas deficiencias.

Siguiendo con los incumplimientos, además de la amplitud de los plazos para la rendición de cuentas, a la que ya se ha aludido por el presidente, ha de señalarse que en un alto porcentaje, concretamente en el sector empresarial llega al 50 por ciento, las cuentas no fueron rendidas dentro del plazo e incluso determinadas cuentas no llegaron a rendirse. En este sentido, mientras esta situación permanezca no cabe congratularse de pequeños avances, que es verdad que los ha habido. A este respecto -y ya le formulo una pregunta-, me gustaría conocer de boca del presidente del Tribunal de Cuentas qué medidas está adoptando el tribunal para eliminar estos incumplimientos y qué actuaciones pudieran impulsarse. La declaración resalta que en un importante número de casos -también se ha dicho aquí-, los informes de auditoría emitidos contienen una opinión con salvedades, opiniones desfavorables sobre la representatividad de las mismas o incluso en algunos casos se ha denegado opinión, lo que no cabe interpretarse sino como una deficiencia significativa en el comportamiento y en la organización contable del sector público. Asimismo, en relación con la publicidad de las cuentas, ni siquiera se llega en algunos casos a incluir en el Boletín Oficial del Estado el resumen de las mismas. Esto lo hace un importante número de entidades, lo que, sin lugar a dudas, es una clara reducción de la transparencia que debe guiar la gestión pública.

Paso ya a entrar en aspectos cuantitativos. Lo ha dicho el presidente, es importante destacar la desviación en las partidas destinadas a desempleo porque esta es superior al 66 por ciento respecto a los créditos iniciales. Con esto lo único que se avala es la escasa calidad de la presupuestación inicial, y ello, aunque fue compensada parcialmente con la no dotación al Fondo de reserva de la Seguridad Social. Se decía antes que no puede extrañar a nadie, pues cuando los presupuestos se hacen mal sucede lo que sucede, y buena prueba de ello se ha dado en algunas cifras. Asimismo, los gastos financieros previstos se vieron superados nada más y nada menos que en 204 millones. De hecho, la política de la Administración financiera y tributaria se vio incrementada en el mil por ciento debido al coste de las medidas adoptadas en el ejercicio precedente para el estímulo de la economía, el conocido y ya suficientemente descalificado PlanE. Más grave es todavía la inadecuada previsión de los ingresos, especialmente los que hacen referencia a los capítulos I y II, ingresos directos e indirectos, en los que los derechos reconocidos fueron inferiores a 50.000 millones. La confirmación de estos desfases nos recuerda que eran años en los que no se quería reconocer la gravedad de la crisis y en el que las previsiones económicas permanecían en un estado de irrealidad previendo crecimientos económicos que constantemente había que corregir a la baja. Bastaría haber leído hoy aquí el "Diario de Sesiones" de 21 de octubre, referente al debate de Presupuestos Generales del Estado, para constatar lo acertado que estaba en las previsiones de ingresos el que hoy es presidente del Gobierno y lo desacertado que estuvo en aquel momento quien era entonces ministro, el señor Solbes.

El presidente del tribunal ha hablado anteriormente del principio de transparencia en la elaboración de los presupuestos. A la luz de todo lo que hoy aquí se ha hablado, desde nuestro punto de vista es una propuesta muy acertada seguir en ese campo, continuar con esa fiscalización, pero sí que nos surge una duda. Según sus palabras da la sensación de que el tribunal sí que está profundizando en esta cuestión, pero el voto particular de don Ubaldo Nieto de alba está planteado en la no inclusión, en el análisis sobre el cumplimiento del principio


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de transparencia y de las normas que regulan la transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que yo le pregunto es si quiere esto decir que se ha renunciado a profundizar en el análisis del proceso de elaboración de los presupuestos y a comprobar si los mismos están amparados en hipótesis de razonabilidad económica y suficientemente acreditadas las políticas en que se plasman los mismos; yo espero que el presidente añada algo al respecto.

En cuanto al descenso de los ingresos reconocidos en estos conceptos, los capítulos I y II, en los años 2007 y 2009 hay una diferencia de 51.245 millones; lo ha cuantificado el tribunal y así lo ha manifestado el presidente. Esta es la dura realidad que los ciudadanos deberían conocer. La consecuencia de la destrucción de empleo conlleva la falta de recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, así como en el IVA y algunos otros impuestos. En consonancia con esta caída de los ingresos ha de destacarse el crecimiento de los pasivos financieros, 150.000 millones en el ejercicio, crecimiento que por otra parte se ha mantenido en los siguientes de forma exponencial. Esto tiene que ver con la ya comentada conclusión del escaso rigor en la presupuestación inicial, y así también nos lo confirma -de hecho el presidente ha dicho algo sobre ello- el incremento de las modificaciones de créditos iniciales. En operaciones no financieras nada más y nada menos se incrementaron un 140 por ciento respecto al ejercicio anterior. Las modificaciones netas supusieron un incremento del 14,7 por ciento de los créditos iniciales, y como muestra dos botones: el de la misión de las Fuerzas Armadas, que hubo que ampliar en más de 700 millones, y el Fondo de suficiencia del ejercicio 2007, dedicado a comunidades y ciudades autónomas, que sorprendentemente hubo que incrementarlo en más de 950 millones de euros. Esta mala presupuestación no ha impedido cuantificar en más de 608.000 millones de euros el total de compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros; 608.000 millones de euros es lo que el Gobierno saliente comprometió en el año 2009 con cargo a ejercicios futuros, cantidad que por cierto ha rectificado el tribunal en 501 millones de euros. La cifra es elocuente y viene a destacar cómo puede verse afectada la actuación de futuros ejercicios y futuros gobiernos ante esta acumulación de compromisos asumidos.

Otra herencia importante de ese ejercicio 2009 son las obligaciones pendientes de pago que ascendieron a más de 5.000 millones a final del mismo; este es un incremento importante. El resultado de la liquidación presupuestaria es evidente que está en consonancia con todas estas cifras y todos los datos que se han puesto encima de la mesa. Al final el resultado presupuestario, deducido de las cuentas rendidas, es negativo en más de 88.000 millones de euros, pero el tribunal lo ha rectificado en 2.418 millones pendientes de aplicación presupuestaria. El análisis del cuadro que la declaración ofrece sobre la evolución de los resultados presupuestarios es tristemente demoledor. Ese es un cuadro que hay que leer para saber qué es lo que ha sucedido. Con respecto a 2007 en el que se alcanzó un resultado positivo de 21.000 millones de euros, se pasa a un déficit en el ejercicio de 2008 de 54.000 y en el año 2009 de 88.000 millones de euros, que trasladados al objetivo de estabilidad presupuestaria presentan un déficit del 8,56 por ciento. Y eso que a pesar de que en dicho ejercicio las entidades del sistema de Seguridad Social aún presentaban superávit. Lamentable el resultado y criticable la inadecuada previsión de los resultados en los que -por lo menos así pensamos desde el Partido Popular- prevalecieron planteamientos partidistas frente a la objetiva percepción de la realidad, lo que propició una política de autoengaño que dejó pasar el tiempo con las consecuencias tan graves por todos conocidas.

Si de la liquidación pasamos al endeudamiento público se ve claramente que se ha acrecentado de un 21 a un 26 por ciento. Esta evolución incrementalista ha hecho que del año 2007 al año 2009 la deuda haya pasado de 338.000 millones de euros a 520.000 millones de euros, un incremento -creo que lo ha dicho el presidente- próximo al 60 por ciento. Estas cifras evidencian un escenario de insostenibilidad que había que enderezar y que han requerido que sean urgentemente corregidas mediante la adopción de medidas que a nadie satisfacen, pero que resultan totalmente necesarias; medidas como las que viene adoptando el actual Gobierno y que se verán plasmadas lógicamente en los próximos presupuestos que se llevarán a las Cortes Generales.

A esta gravedad de datos cualitativos podrían agregarse otros que evidencian la escasa calidad de la gestión llevada a cabo, como son la falta de inventarios. En estos días nos hemos enterado de la existencia de inmuebles que no están utilizados, mientras se están pagando elevados alquileres. La carencia de conciliación entre las cifras del Estado y la Seguridad Social, la inadecuada política de amortización de los inmuebles y la falta de criterios uniformes en la entrega de anticipos de la Administración autonómica son -insisto- deficiencias que al menos preocupan a nuestro grupo.

A todo lo anterior cabría añadir una breve referencia al sector empresarial y fundacional -y voy acabando, señor presidente-. Basta señalar que las cuentas de las empresas presentan un superávit de 1.009 millones de euros, pero que lo ha equilibrado solamente Loterías y Apuestas del Estado. Falta de información en un significativo número de empresas, cuyas cuentas no se han agregado; falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado; deficiente información en materia de ejecución presupuestaria o incluso en las propias memorias. Por lo que se refiere a las fundaciones de nuevo nos encontramos con cuentas no rendidas, con discrepancias entre informaciones económicopresupuestarias emitidas y con desviaciones respecto a las estimaciones iniciales y carencia de información relevante en su memoria.


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En síntesis, y por ir acabando, la declaración del tribunal nos ofrece una radiografía muy elocuente de cuál es la situación de las cifras de la economía pública, del deterioro que las mismas presentan, pero también de los muchos defectos y debilidades organizativas que todavía hay en el año 2009. Antes de acabar querría también preguntarle al presidente si del contenido de la declaración se ha deducido indicio o solicitud de exigencia de responsabilidad. Acabo esta intervención agradeciendo el esfuerzo efectuado por el Tribunal de Cuentas y la aportación que con su declaración ha hecho al Parlamento y a la sociedad para alcanzar una adecuada valoración de lo que fue la gestión del año 2009 y de lo que fueron nuestros gestores y representantes públicos en ese año. Considero que ante esta situación no cabe adoptar posiciones complacientes, sino que todos hemos de adoptar decisiones para que esta situación se corrija lo antes posible. En esa línea nuestro grupo hará las propuestas de resolución pertinentes y siempre ofrecerá su esfuerzo y colaboración para que estas situaciones se corrijan tanto desde su perspectiva económica como organizativa.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Quiero agradecer sus intervenciones y las cordiales palabras de agradecimiento y bienvenida que todos los portavoces de los grupos parlamentarios han pronunciado. Antes de empezar a tratar de contestar a las distintas cuestiones que se han planteado, quiero decir que la radiografía que dibujan los datos y cifras de esta declaración es una radiografía que no nos gusta a nadie. A este presidente le hubiera encantado presentar una declaración como la de los otros años, porque he tenido la suerte de traer aquí unos datos y cifras que evidentemente diagnosticaban una salud de la economía española mucho más potable. Sin embargo, las circunstancias son las que son, la crisis tiene la gravedad que tiene y, por lo tanto, el reflejo en esta declaración es tan negativa como la que hemos expuesto. No obstante de ella se pueden sacar, como aquí se demuestra en las preocupaciones y planteamientos que los distintos grupos han hecho, enseñanzas para el futuro y sobre todo por lo que se refiere a las conclusiones que al propio ejercicio del control externo atañen.

Señor Císcar, me alegra mucho volver a encontrarle, aunque sentados en escaños distintos, pero recuerdo con mucha satisfacción nuestra presencia en otras legislaturas. Yo tengo que decir que efectivamente la representatividad de las cuentas ha mejorado, cómo no, claro que sí, no lo suficiente, pero ha mejorado.

En cuanto a cuestiones concretas no quisiera alargarme en mi intervención porque todavía nos quedan muchos puntos del orden del día. No es que vaya a ser telegráfico, pero voy a ser lo más escueto posible. En cuanto al avance en las opiniones encontradas entre el tribunal y la intervención general tengo que decirle que son cada vez más fluidas y que además deberán intensificarse. Son muchas las relaciones de trabajo que tenemos los responsables del control interno y del control externo y siempre han sido para bien y siempre nos hemos encontrado en la mejora de aquellas disposiciones que nos permiten a los dos cumplir el trabajo con mayor eficacia. En ocasiones -repito- hemos llegado a acuerdos porque la posición del tribunal es clara y fundamentada en la correspondiente normativa y en ese sentido tenemos el mismo propósito y la misma voluntad de perfeccionar nuestras herramientas normativas para que efectivamente los dos controles sirvan a lo que la Constitución entiende como elemento fundamental de nuestro sistema. Decía el constitucionalista señor Aragón que el control es un elemento esencial del concepto de Constitución. Y en ese sentido es fácil encontrarse con la Intervención General de la Administración del Estado.

En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, este seguimiento consta en un epígrafe concreto de esta declaración. La conclusión que obtenemos es que las correcciones no han sido muchas y que deberemos intensificar el seguimiento. Hemos entendido que el seguimiento de las resoluciones de esta Comisión mixta, y por lo tanto que el Gobierno o los grupos parlamentarios las tengan en cuenta, es fundamental para saber y valorar si nuestro trabajo sirve o no sirve. Esto quiere decir que esta labor de seguimiento es un trabajo especial que se ha tomado el Tribunal de Cuentas y que efectivamente el fruto de este seguimiento lo expondremos en próximas convocatorias.

Efectivamente -pero eso ya no me cabe a mí valorarlo ni analizarlo-, las causas de las cifras son insólitas, eso está claro, pero todo el mundo tiene que pechar con la responsabilidad que le corresponde. El desempleo, que ha sido una de las causas o de los frutos más negativos de la crisis, tiene que afectar necesariamente a las cuentas, porque la dotación para el pago de las cantidades por desempleo ha sufrido un considerable aumento. Y efectivamente el déficit, o una parte del déficit, y una parte de las desviaciones tienen explicación en este punto, pero también hay otras explicaciones que afectan al buen o mal gobierno del sector público. Repito, en estos temas yo no voy a entrar, simplemente dejo reflejada la situación, y son ustedes los que tienen que valorar, como consecuencia del control externo, la labor del Gobierno en ese punto.

El señor Anchuelo, del Grupo UPyD, me pregunta si se han agotado las vías de reclamación de documentación, a las que también voy a aludir, entre otras cosas. Por ejemplo, no voy a eludir el tema de las renovaciones, sino que también voy a hablar de ello y de otras cosas que ha planteado usted con mucho interés. Tengo que decir que en este punto, en cuanto a la colaboración de los distintos organismos públicos respecto a las reclamaciones de documentación y de datos que solicita el tribunal, este ha reclamado, como es natural, las cuentas y la colaboración de todos los afectados, de todos los que tienen responsabilidad en la gestión del sector


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público, a veces a través de requerimientos conminatorios y de multas coercitivas. Son varios requerimientos conminatorios y multas coercitivas los que han surgido en los últimos plenos, sobre todo en temas de corporaciones locales pero también en consorcios, etcétera, que están a disposición de todos ustedes, y si quieren les traigo la relación en una próxima convocatoria. Sobre todo, y creo que este es un dato mucho más importante, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó una moción sobre esta cuestión, sobre el deber de colaboración, que está aquí ya, en la Comisión Mixta Congreso y Senado, está en el Parlamento, y yo espero que tenga el adecuado tratamiento en esta Comisión a fin de que se llegue a la modificación de la normativa para que esta colaboración pueda conseguirse. Este es el tema que nos preocupa, y yo me alegro de que el señor Anchuelo haya puesto el dedo en la llaga, es decir, que es fundamental conseguir la colaboración de determinadas entidades para que nosotros también conozcamos la verdadera valoración del ejercicio de gobierno del sector público en los casos correspondientes.

También pregunta por el Fondo de inversión local y tengo que decir que están pendientes de remitirse a esta Comisión dos informes sobre este tema. Espero que antes de un mes estén aquí. La verdad es que se ha hecho un estudio muy importante sobre fiscalización de este Fondo de inversión local. Repito que esta Comisión lo recibirá antes de que termine el mes de marzo o por lo menos, si el último Pleno de marzo es el día 29, calculen que lo puedan tener ustedes en el mes de abril.

En cuanto al análisis del déficit estructural, es necesario tener en cuenta esta sugerencia, que consideramos de gran interés y que ya se está apuntando en las directrices de la cuenta de 2010. Por lo tanto, repito, tomamos en cuenta este recuerdo que nos ha hecho el señor Anchuelo.

Por lo que se refiere a las retribuciones de los órganos de control y de los altos cargos, están reflejadas en los presupuestos. No puedo entender que haya retribuciones de altos cargos que no puedan conocerse simplemente por la lectura de los distintos presupuestos y las distintas relaciones de puestos de trabajo que existen en todos los organismos. Este tema no es para mí algo que me cause ninguna obsesión, otra cosa es que haya que estudiar la fiscalización de determinadas retribuciones por conceptos distintos de una retribución que está perfectamente tasada, y en ese caso son ustedes los que para cada caso concreto pueden pedir que se analicen estas situaciones cuando existan.

Dejo para el final de la respuesta al señor Anchuelo el tema de las renovaciones, por el que también preguntó el señor Bruguera Batalla. Efectivamente, nuestro mandato, que es por nueve años, como todos ustedes saben, cumplió el 11 de noviembre del año 2010, pero tengo que decir una cosa, al margen de que no me puedo meter en política -eso les corresponde a ustedes-, y tampoco me voy a meter esta mañana. Nosotros, es decir, los doce miembros del Tribunal de Cuentas, los doce consejeros, elegidos en las dos Cámaras por los tres quintos, no estamos en funciones. Si estuviéramos en funciones, nuestra labor estaría limitada, como está limitada la labor de un gobierno en funciones cuando está en esta situación. Puede hacer según qué cosas y hasta qué cosas. Nosotros estamos prorrogados y prorrogados con todas las de la ley, es decir, con todas las capacidades, las funciones y responsabilidades que al pleno del Tribunal de Cuentas le corresponden. Esto quiere decir que la no renovación no ha afectado para nada al control externo, otra cosa es que, efectivamente, los grupos parlamentarios, que son los que tienen que hacer la propuesta correspondiente de los candidatos para renovar estas instituciones, se pongan las pilas y planteen el tema para que sean ustedes los que a través de los tres quintos correspondientes, tanto con los seis del Congreso como con los seis del Senado, sustituyan o sencillamente prolonguen o renueven el mandato de los que están. Es decir, nuestro Tribunal de Cuentas tiene la característica de que sus miembros tienen que ser renovados todos a la vez y que pueden ser reelegidos. Esas dos condiciones y esas dos circunstancias, y la necesidad de que es bueno que una vez cumplidos los plazos -porque para algo están- se renueven los órganos, es todo lo más que puedo decirles. Simplemente mi mensaje de hoy es tranquilizarles para que sepan que los consejeros del Tribunal de Cuentas, de todos los miembros del pleno, están prorrogados, no están en funciones, y que el Tribunal de Cuentas no ha sufrido para nada merma alguna de su eficacia desde el 11 de noviembre del año 2010.

Tengo aquí muchas preguntas y voy a tratar de contestarlas como siempre. Si no, siempre las repaso -ya se lo digo a todos ustedes- cuando llego a mi despacho del tribunal para saber si alguna no ha quedado contestada suficientemente para enviarlas el complemento de la respuesta. El señor Bruguera continuaba hablando de los incumplimientos y sobre todo de si son reiterativos -me parece que esa fue la palabra-. En algunos casos lo son por determinados organismos que además, si se sigue la lectura de las distintas declaraciones que hemos presentado, son fáciles de detectar y a ellos se han dirigido los requerimientos y las multas coercitivas a las que antes me he referido. En todo caso, repito, si es necesario poner en un cuadro, no de honor sino todo lo contrario, a los que reiteran las insuficiencias tanto en la rendición de las cuentas, como rendirlas fuera de plazo o no rendirlas con todos los datos y cifras que se necesitan, así figurará. Repito que son fáciles de seguir y fáciles de detectar, pero, como también nosotros lo sabemos, es natural que tratemos de que la reiteración no se produzca. En cuanto a la renovación, con lo que he dicho antes creo que se dará usted por satisfecho en la respuesta. No le puedo decir cuándo van a ser las renovaciones. No lo sabe casi nadie, creo; pero en fin, yo no lo sé. (Risas.)

Vamos a seguir con la cuarta intervención, que fue la del Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata. Muchas gracias también por sus palabras de bienvenida


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y de agradecimiento; les trasladaré las de todos ustedes a los compañeros del pleno del tribunal a los que siempre les gusta recibir buenas noticias. (Risas.) El señor Suárez Lamata planteó una serie de cuestiones importantes que afectan al meollo de la declaración. Voy a tratar también de contestarlas de la manera más clara y breve que pueda. Me pregunta qué medidas vamos a poder tomar para eliminar los incumplimientos. Ya he dicho antes que se han adoptado medidas como la formulación de requerimientos conminatorios y multas, pero también tengo que decir que se han implantado herramientas informáticas para facilitar la rendición. Por poner un ejemplo concreto, porque también me dijo alguno o varios de ustedes que la presentación de la cuenta tenía que ser más clara para que se pudieran sacar mejores conclusiones y mejores valoraciones de la gestión del sector público. Efectivamente, con las corporaciones locales sobre todo se ha establecido el sistema de rendición telemática de las cuentas y una plataforma cuyos efectos y cuyas posibilidades sobre la situación de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, etcétera, podría ser objeto de presentación sobre cómo funciona, bien en esta Cámara o en el Senado, para que efectivamente conozcan ustedes -yo lo puedo plantear así- cómo se ha avanzado en la rendición de cuentas y en el logro de datos a través de estas herramientas. Los ayuntamientos pueden presentar las cuentas de manera simultánea en la comunidad autónoma a la que pertenecen, en Hacienda -porque saben ustedes que la Ley de Haciendas Locales así lo exige- y en el Tribunal de Cuentas. Al presentar esta rendición telemática de las cuentas de acuerdo con una orden del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General de la Administración del Estado -ahí ven ustedes uno de los acuerdos entre los dos- se ha logrado que ayuntamientos de más de 3.000 habitantes, en los que teníamos una rendición de cuentas que no llegaba al 38 por ciento, se esté llegando en algunas comunidades autónomas a cerca del 80 por ciento, lo cual es un dato fundamental que efectivamente nos permite a nosotros conocer la situación de los presupuestos y de las cuentas y fiscalizarlas mejor y sobre todo adelantar los plazos, que también es algo que todos ustedes plantearon esta mañana, para que sepan los ciudadanos -ya sé que no es solo eso- que los controles funcionan y les protegen. Esta idea genera confianza no solamente en los que gobiernan sino en toda la clase política, en todo el sector público. En este sentido es una de las mejores conclusiones o beneficios que puede tener el control porque, aparte del poder disuasorio de la fiscalización y de las responsabilidades contables -y efectivamente también este es un dato importante del control-, se trata de lograr que efectivamente en plazo breve se conozca cuál es la situación, cuáles son las posibles responsabilidades, cuáles son las recomendaciones que se hacen para que determinadas irregularidades no surjan, etcétera. Eso es fundamental en el propósito de las medidas que se están poniendo en marcha para corregir estos incumplimientos.

He dicho antes que, aparte de esta rendición telemática de las cuentas que ahora estamos aplicando solo a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales pero también a determinados organismos autónomos y que vamos a ampliarla a toda la administración, se estima que los plazos deben reducirse y exigir la máxima diligencia a los gestores públicos y también a la Intervención General del Estado en su cumplimiento, vinculando directamente el examen del Tribunal de Cuentas a la rendición de dichas cuentas con independencia de las actuaciones que pudieran estimarse en el ámbito del control interno para afianzar su representatividad.

No tengo más remedio que contar, porque si no no me quedo a gusto, que el otro día oí en un programa de televisión -no voy a decir la cadena- a uno de los contertulios decir, literalmente, que el Tribunal de Cuentas presenta la cuenta general del Estado con diez años de retraso como siempre... Esta es una afirmación tan negativa, tan destructiva que necesariamente debemos todos avanzar en desmentirla, de modo en hacer que los ciudadanos no entiendan que tienen organismos que ellos sufragan que no sirven para nada, o que sirven para muy poco, o que simplemente se limitan a hacer autopsias. Eso no es así, la prueba está en que hoy estamos viendo la cuenta de 2009 con los plazos que hemos utilizado casi al máximo; que la cuenta de 2010 está ya presentada por el Gobierno y que ya está en fase de elaboración por el Tribunal de Cuentas. Pero sería bueno que estos plazos -y aquí han hablado de ello algunos portavoces- que figuran en la legislación y que efectivamente son garantes -porque los procedimientos fiscalizadores son como saben ustedes contradictorios, es decir, hay que oír y dar a la parte la posibilidad de hacer alegaciones, de defenderse y de contrastar- pudieran ser modificados. Un mensaje importante de cara a estas noticias atrabiliarias sería la petición, el estudio o una propuesta de modificación de acortamiento de estos plazos. ¿Por qué? Porque también las nuevas innovaciones tecnológicas lo permiten, como lo ha permitido para los ayuntamientos y para hacer esa plataforma que hemos logrado pactando con los órganos de control externo de las comunidades autónomas. En ese sentido creo que hemos trabajado en buena dirección.

Tengo que referirme también a un tema planteado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por el señor Suárez Lamata, sobre la importancia de la transparencia en el proceso de elaboración de los presupuestos. La importancia del principio de transparencia en la gestión pública es de todos reconocida, también hablaba de ello el señor Císcar. Este principio de transparencia tiene su reconocimiento específico en el proceso de elaboración de los presupuestos tras la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. El tribunal, en respuesta al reconocimiento de esta importancia, ha remitido a esta Comisión mixta un primer informe sobre el cumplimiento de este principio en dicho proceso y mantiene en su programa de fiscalizaciones que hemos visto esta mañana, la necesidad de


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continuar con este análisis por entender que entra de lleno en su ámbito competencial y que puede contribuir a potenciar el papel reconocido a los presupuestos y al proceso de tramitación parlamentaria como fase esencial en programación de la actividad económica y social del sector público. Se hablaba aquí del desfase entre una elaboración de los presupuestos y la realidad de las cuentas una vez superado un ejercicio. Pues bien, a lo mejor esta discrepancia no sería tan abismal si efectivamente se permitiese fiscalizar no el presupuesto, sino la elaboración del mismo, como ocurre, por cierto, en muchos países de nuestro entorno. En este sentido, no se puede contraponer el contenido del voto particular emitido con la actuación que el pleno del tribunal ha venido desarrollando y programando. El interés y la preocupación por la transparencia es compartida por todos, lo que pasa es que se pidió también para aquel presupuesto de 2009 y como no figuraba la fiscalidad y transparencia porque no nos la facilitaron desde el Gobierno, motivó el voto particular al que antes nos hemos referido. Creo que está claro el porqué del mismo y sobre todo el que no afecta para nada a que esta preocupación por la transparencia no sea compartida por todos los miembros del pleno. La reciente modificación de la Constitución, en el artículo 135, ha venido a reforzar la necesidad de impulsar estos controles, que a su vez se han abierto a otras instancias como consecuencia de la suscripción del Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento. La aportación del Tribunal de Cuentas en esta materia ha de ser cada vez mayor, como una de las áreas a las que ha de prestar mayor atención, en consonancia con la importancia que ha de atribuirse a las medidas de contención del déficit público. Esperamos que la nueva normativa anunciada sobre estabilidad presupuestaria así lo venga a confirmar. También deseamos que en el desarrollo de la estabilidad presupuestaria el Tribunal de Cuentas no sea un convidado de piedra, sino que tenga perfectamente señalada la responsabilidad del control. Eso lo digo como sugerencia para que si en el desarrollo de este tema no viniésemos perfectamente identificados a través de las enmiendas, nos ayuden a estar. Estoy pidiendo trabajo y responsabilidades; no estoy pidiendo otra cosa. En cuanto a la exigencia de responsabilidades, el carácter global de la cuenta general del Estado no favorece la identificación de posibles responsabilidades sobre actuaciones concretas, pero, al igual que en los restantes informes y, en este caso, en cumplimiento expreso de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que señala expresamente que el ministerio fiscal ha de ser oído antes de emitir la declaración sobre la cuenta general del Estado, este proyecto de declaración se sometió a la consideración del servicio jurídico del Estado y del ministerio fiscal, que manifestaron su conformidad con el contenido y dejaron a salvo las posibles responsabilidades contables que el ejercicio de este tema por la situación de enjuiciamiento pueda determinar. En estos momentos está en esta fase. Seguramente se me habrá quedado pendiente alguna cuestión, pero, señor presidente, he hecho lo que he podido.

El señor PRESIDENTE: Creo que ha contestado suficientemente a los grupos y como además usted se ha ofrecido a seguir repasando su intervención y contestar por escrito, puede quedar zanjada esta cuestión.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 7 DE JUNIO DE 2009. (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000108 DE LA IX LEGISLATURA) (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000003.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4º, relativo al informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en su sesión de 27 de mayo de 2010 el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 7 de junio de 2009. Esta fiscalización se efectuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por el que se atribuye al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras sobre las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo. Como habrán podido comprobar, esta fiscalización concluyó antes de cumplirse un año desde la celebración de las elecciones. Si lo analizamos casi tres años después de ser aprobada esta fiscalización, se debe a causas ajenas a nuestra voluntad y a la de ustedes. En todo caso, si al pasar el tiempo la fiscalización ha podido perder interés, no ha perdido utilidad. Pero vean ustedes otro ejemplo de la aceleración de nuestros trabajos de fiscalización. Es decir, antes de un año se fiscalizaron las elecciones. Ya se han fiscalizado las autonómicas, ya están aquí. Quiere decirse que estamos ya actuando con una agilidad propia de los tiempos que corren -tampoco tenemos que ponernos grandes medallas-. Es decir, estábamos obligados a utilizar las facultades que nos dan las nuevas tecnologías y en ese sentido hemos podido cumplir con nuestro cometido cada vez con mayor rapidez.

Dicho esto, y pasando ya al informe de fiscalización de las elecciones al Parlamento Europeo, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Loreg, están obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas para su fiscalización las formaciones políticas que hubieran alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones como consecuencia de los


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resultados electorales obtenidos o que hubieren solicitado un adelanto de las mismas. Como se describe en el informe ahora presentado, eran seis las formaciones políticas que por haber obtenido representación parlamentaria debían rendir su información contable al tribunal; obligación que cumplieron todas ellas en el plazo legalmente establecido. A fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación de la contabilidad electoral, el Tribunal de Cuentas, manteniendo la actuación ya aplicada en anteriores procesos electorales, envió a las formaciones políticas los criterios a seguir sobre diversos aspectos de la fiscalización, así como sobre la documentación contable y justificativa que debían presentar. Estos mismos criterios se pusieron en conocimiento de la Junta Electoral Central y de la Presidencia de esta Comisión mixta. ¿Cuáles son los objetivos de esta fiscalización? En primer lugar, el examen del cumplimiento de legalidad, tanto de la específicamente electoral como de la normativa de general aplicación, y la comprobación de la representatividad de la contabilidad electoral rendida. Para la consecución de estos objetivos, se analizaron en cada una de las formaciones políticas los requisitos formales que debían presentar la documentación contable y justificativa presentada, así como el cumplimiento de los requisitos de identificación y de las limitaciones establecidas para los recursos aportados en la financiación de la campaña electoral y en el uso de la tesorería de la misma. Asímismo, se examinó la naturaleza de los gastos electorales, tanto ordinarios como los derivados del envío directo y personal de propaganda electoral, la justificación de los mismos y el cumplimiento de los límites que al respecto prevé la normativa electoral. Estos análisis se completaron con el relativo al cumplimiento de la obligación de informar al Tribunal de Cuentas por parte de las entidades de crédito que hubieran concedido créditos electorales y por las empresas que hubieran facturado operaciones de campaña por importe superior a los 6.010 euros.

Principales resultados. Para cada una de las formaciones se incorpora un apartado específico, como habrán podido observar si han estudiado el informe, en el que, tras el análisis de las alegaciones formuladas y de la documentación aportada, se recogen los resultados de fiscalización obtenidos en cada uno de los aspectos mencionados. En ningún caso esta exposición singularizada de resultados estuvo acompañada de propuesta de no adjudicación o de reducción de la subvención a percibir que el tribunal puede formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 134.2 de la Loreg, en función de las deficiencias o irregularidades que pudieran haberse apreciado en las contabilidades electorales rendidas. Analizando tres o cuatro aspectos -la financiación de la campaña, los gastos electorales, la tesorería y las obligaciones-, en cuanto al primero, es decir, la financiación de la campaña electoral, las formaciones políticas declararon haber destinado recursos para la financiación de la campaña electoral por un total de 36,5 millones de euros. Este importe está integrado por 22,6 millones en créditos bancarios, 8,2 millones en concepto de anticipos electorales de la Administración General del Estado y 5,7 millones de aportaciones de los partidos. La financiación procedente de aportaciones de personas físicas o jurídicas destinadas a la financiación de los gastos electorales de estas elecciones únicamente ascendió a 37.089 euros; la diferencia es espectacular. Por lo que se refiere a los gastos electorales, el importe total declarado y que fue pertinente y justificativo, ascendió a 36,8 millones de euros, de los que 22 millones corresponden a operaciones ordinarias, 14,8 millones restantes a la actividad de envío de propaganda electoral, y el exceso de gasto sobre los ingresos declarados se correspondía fundamentalmente con deuda a proveedores pendiente de pago y con la estimación de intereses que no suponía una salida de efectivo. En ninguna de las formaciones políticas, en ninguna, se superó el límite máximo de gastos establecidos ni los sublímites en gastos de publicidad exterior o en medios de comunicación, cuantificados respectivamente en el 25 y en el 20 por ciento de límite máximo. Por lo que se refiere a la tesorería de la campaña electoral, simplemente voy a decir que todas las formaciones abrieron una cuenta bancaria específica para las elecciones, según contempla el artículo 124 de la Loreg. Solo en una formación política, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa-Bloque por Asturies, se atendieron gastos a través de cuentas no electorales, si bien dichos gastos figuraban declarados en la contabilidad presentada y se efectuaron pagos a través de la cuenta electoral fuera del plazo legal previsto para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales. En otra de las formaciones, Coalición por Europa, se mantenían obligaciones pendientes de pago con proveedores o acreedores con posterioridad a dicho plazo. Ha de remarcarse que las cantidades afectadas no representaban un porcentaje relevante sobre el conjunto de los ingresos y gastos electorales declarados por la totalidad de las formaciones políticas. En cuanto a las obligaciones de terceros, hay que destacar que algunos proveedores incumplieron la obligación de remitir información detallada del importe facturado, a pesar de que por parte del tribunal se les recordó específicamente a cada uno de ellos dicha obligación. No obstante, con independencia del incumplimiento observado, el conjunto de lo facturado pendiente de informar no representaba un porcentaje significativo sobre el total de los gastos declarados. En el informe, como habrán visto, se identifica, dentro de los resultados correspondientes a cada formación política, a los proveedores que incumplieron la obligación de informar al Tribunal de Cuentas.

Recomendaciones. Las ven ustedes en el informe. Se concluye con un apartado de recomendaciones. Reitera el tribunal las propuestas y sugerencias en relación con la normativa electoral que ya se recogieron en la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos que


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elevamos a las Cortes Generales. Adicionalmente, se agregan las recomendaciones ya expresadas en anteriores elecciones que van dirigidas a precisar la regulación de la actividad de los gastos por envíos personales y directos de propaganda electoral, acomodar el límite de gastos en publicidad exterior y el límite en prensa periódica y emisoras de radio a los nuevos soportes publicitarios, precisando la naturaleza de los gastos a considerar, y también establecer un adecuado régimen sancionador aplicable a las formaciones políticas. Por último, en relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades de las administraciones públicas usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados con ocasión de su participación en las campañas electorales, dado que el artículo 130 de la Loreg considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, se recomienda una regulación específica que elimine las incertidumbres que puedan suscitarse desde la perspectiva del control.

Eso es todo, señor presidente; muchas gracias, señorías por su atención.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente del tribunal, también deseo darle la bienvenida a esta Comisión, agradecerle su exposición y, como le he dicho en otras ocasiones, el minucioso detalle del contenido del informe; como le refiero a usted, casi siempre se aprende mucho leyéndolo. Casi por deformación profesional en mi caso, me gustaría comentarle -más por estética del documento que por la importancia de las cantidades- algún error que he detectado en un cuadro; me refiero al cuadro número 3 de gastos por operaciones ordinarias relativo a Coalición por Europa. La suma de los gastos no coincide con el total y no sé si eso afectará a la subvención.

Como usted ha explicado, del informe lo que sí podemos deducir es que los partidos políticos han mejorado mucho en la aportación de documentación, en la aplicación de los criterios que establece el Tribunal de Cuentas, como no podía ser menos, pues llevamos ya más de treinta años inmersos en procesos electorales; o sea, que está bien que a estas alturas hayamos aprendido. Las incidencias, como usted ha dicho, son mínimas. No se han producido ni siquiera propuestas de reducción de subvenciones y yo querría hacerle algunas reflexiones o algunas preguntas. En primer lugar, me gustaría hablarle de la relativamente nueva -no puedo decir nueva- Ley de Financiación de Partidos Políticos porque, a pesar de las mejoras que introdujo la Ley 8/2007, por las recomendaciones que usted hace en su informe parece ser que no se han recogido todas las recomendaciones que se hicieron por esta Comisión en junio de 2002 procedentes de la moción del Tribunal de Cuentas del 2001; llevan años ya rodando. Sin embargo, la intención de incluirlas creo que estuvo clara en la legislatura pasada. La Comisión Constitucional solicitó al Tribunal de Cuentas que le diera algunas aportaciones para mejorar el sistema de fiscalización y me consta que el tribunal propuso quince aportaciones; esa reforma de la ley no llegó a producirse en la legislatura pasada, aunque ahora el actual Gobierno ha presentado un proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos y tal vez podría ser el momento -no es quizá el lugar- para recoger todas esas recomendaciones. Yo le querría preguntar cuáles considera que pueden ser imprescindibles para recogerlas y mejorar la fiscalización y el control del Tribunal de Cuentas, puesto que el trámite de enmiendas está abierto todavía y podría ser una oportunidad para mejorar estos informes. Se me pasó al principio decirle que he sido testigo durante la última legislatura del avance que se ha dado en el tribunal sobre los expedientes fiscalizados. Recuerdo que la legislatura pasada fue muy dinámica en esta Comisión y, como se está viendo, los informes están casi al día. Quería hacerle esa apreciación, porque lo viví, y sirva esto como paréntesis.

Por otra parte, en cuanto a las reflexiones y preguntas, quería que me contestase si los proveedores que no han aportado la documentación son reincidentes, porque no lo dice el informe. También me gustaría saber si se podría exigir a los partidos políticos que se impliquen más en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores con los que contratan, porque si los partidos se implican -solo son dos proveedores-, podría haber quedado inmaculado el documento. Por último, quería destacar una vez más el trabajo realizado por el tribunal en su labor de fiscalización, pero es verdad que el tribunal lo que hace es comprobar la veracidad de los documentos que se aportan, que se siguen los criterios establecidos por el tribunal, pero le planteo si no sería posible ampliar un poquito el margen de fiscalización, para que se pudieran hacer algunas comprobaciones en tiempo real, quizá mediante muestreos, porque puede ser muy costoso hacerlo en todo, de forma que se pudieran evitar, si es que se producen, algunas causas de financiación fraudulenta. Además, también evitaríamos muchas veces leer en los medios de comunicación esa crítica a los partidos políticos en cuanto al cumplimiento de la norma y a su transparencia. No hace mucho El economista criticaba -me consta que el Tribunal de Cuentas también la ha criticado alguna vez, pero si no es así, usted me lo hace saber- la posibilidad de que empresas que contratan con la Administración puedan hacer donaciones a fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos. El economista decía que esa podía ser la puerta de entrada a la financiación electoral. También aludía a las operaciones triangulares; ya sabe, uno encarga y otro paga. Por eso, quiero preguntarle si sería factible ese nuevo enfoque de la fiscalización, que permita, si existiera, la identificación de esas actuaciones fraudulentas. Termino ya señalándole la valoración positiva de mi grupo sobre las recomendaciones que hace el tribunal a este informe y, en especial,


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y así lo haremos ver en alguna propuesta de resolución, destacaría además el uso de medios públicos para el desplazamiento de autoridades en campañas electorales.

El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo Crego.

El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente, solo para señalar un par de hechos que se derivan del informe. Uno es el peso que tiene en la financiación de las campañas electorales el uso del crédito frente a las aportaciones del partido. Me llama especialmente la atención tal vez por pertenecer a un partido en que el uso del crédito es menor que en otros. Para que tal ejercicio tenga sentido, esto debería ir acompañado, si queremos disipar cualquier sombra de duda, del seguimiento de la devolución de esos créditos. En ese sentido, lamentamos que, en el programa de fiscalización para 2012, el programa que había sobre endeudamiento de los partidos se haya suprimido por problemas con la colaboración del Banco de España, según hemos entendido. El segundo dato que se refleja en el informe es el coste de la práctica del envío directo de sobres y papeletas a los electores, que es una práctica costosa y que actúa como una barrera de entrada a los nuevos partidos, dificultando la igualdad de oportunidades entre las formaciones. Sin embargo, no tenemos claro, si se hace un análisis coste-beneficio de esa práctica, si realmente tiene efectos positivos en forma de una mayor participación, de un mayor índice de votación. Tan solo quería hacerle estos dos comentarios.

El señor PRESIDENTE: El señor Bruguera Batalla no desea intervenir. Por tanto, tiene la palabra el señor Parro del Prado.

El señor PARRO DEL PRADO: Como todos los intervinientes, en primer lugar, quiero reiterar el saludo de bienvenida de mi grupo al presidente del tribunal, agradecerle la presentación realizada de este informe y expresar el deseo de que, con el esfuerzo de todos, esta Comisión acierte en el objetivo de aprovechar en su grado máximo los resultados aportados por el Tribunal de Cuentas. Me voy a quedar con una frase que usted ha dicho hace un ratito, que debe ser el foco del trabajo de esta Comisión y también del Tribunal de Cuentas, y es que los ciudadanos tienen que notar que los controles funcionan. Me parece muy oportuno y que es un objetivo mucho más grande de la corta frase que es; es un gran objetivo.

Voy a centrar mi intervención en el informe que acaba de ser presentado y he de manifestar la adecuada presentación de los objetivos de fiscalización y el alcance de las comprobaciones efectuadas, para incorporar a continuación -muy bien hecho, por cierto- una exposición muy sintética de los resultados de cada una de las formaciones políticas que estaban obligadas a rendir su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas. Hay que reconocer que este informe no presenta grandes incumplimientos, todos ellos están restringidos a la insuficiente identificación de ciertas aportaciones individuales a la financiación de la campaña electoral por parte de alguna formación política o su ingreso fuera de alguna cuenta bancaria que debió abrirse para el registro de todos los ingresos y gastos electorales o el incumplimiento de determinados proveedores de la obligación de informar al Tribunal de Cuentas sobre los servicios electorales prestados. Todas estas deficiencias e incumplimientos están adecuadamente identificados y descritos en el informe. Supongo -estoy seguro- que oportunamente se señala también el nombre de los proveedores incumplidores. Este importante grado de cumplimiento de las obligaciones electorales lleva al Tribunal de Cuentas a no expresar ninguna propuesta de sanción o penalización a las formaciones políticas. No obstante, el análisis del informe permite abrir un campo de diferentes reflexiones, que las ha hecho el presidente, sobre la regulación y la celebración de campañas electorales. Tenemos que ponernos a trabajar también en ese aspecto y sobre la necesidad de precisar determinados extremos, como el propio tribunal sugiere.

Para finalizar, señor presidente, le quiero formular un par de preguntas. Dado que estamos hoy hablando, como bien ha dicho usted, de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas hace más de dos años y medio, y aunque el pleno del Tribunal de Cuentas pasó informe, ha estado retenido en esta Comisión del Tribunal de Cuentas otro año y medio, mi pregunta concreta es: ¿se puede conocer cuál es la situación actual en la fiscalización de los partidos políticos? Una segunda pregunta -y agradezco mucho la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Socialista- es con relación a la utilización del anterior presidente del Gobierno, siempre en su condición de secretario general del Partido Socialista, del avión Falcon, a lo que se alude en el presente informe, así como en relación con los incumplimientos de la normativa electoral referidos también en el informe que nos han presentado. La pregunta es: ¿se ha planteado en el ámbito del Tribunal de Cuentas alguna exigencia de responsabilidades sobre este hecho? Finalizo deseándole el mejor de los trabajos no solamente al presidente el Tribunal de Cuentas, sino a todos sus colaboradores y también a todos y cada uno de los miembros de esta Comisión, a la que pertenecemos todos los grupos políticos.

El señor PRESIDENTE: El señor presidente del tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, gracias de nuevo a los portavoces que han intervenido en este punto y muchas gracias también por la bienvenida personalizada de la señora Vázquez Morillo -ya hemos tenido ocasión de compartir estas preocupaciones y estos temas en otras legislaturas-, del señor Anchuelo y del señor Parro.


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Yo creo que todas las intervenciones hacen una valoración positiva no ya de este informe -lo bueno no es que lo hagan, lo bueno es saberlo-, sino incluso del comportamiento de los partidos políticos que se presentaron a estas elecciones y que, con carácter general y con incidencias de menor cuantía -nunca mejor dicho-, han cumplido con la norma; en este caso concreto da gusto presentar el informe. En todo caso, han planteado cuestiones que merece la pena tener en cuenta. En primer lugar, por lo que se refiere al error en el cuadro, lo revisaremos. No lo tengo aquí ahora mismo, pero sepa usted que esta misma tarde vamos a revisar con lupa las cifras, porque efectivamente pueden afectar, pueden tener consecuencias. En cuanto a la nueva ley, se trata de una ley de financiación ordinaria; la reforma de la Ley Electoral está pendiente, como sabe su señoría. Por lo que se refiere al periodo de enmiendas mencionado, estaremos atentos para que sea lo más fructífero posible.

Se ha referido a los proveedores reincidentes. Hemos fijado en la lista con nombres y apellidos los proveedores que no han cumplido, algo que considero un adelanto y una medida eficaz, pero efectivamente se trata de periodos electorales separados por el tiempo y puede ser que no sepamos si a ellos se les puede aplicar la reincidencia; pero los que están ahí, ahí están. En todo caso, en sucesivos informes fiscalizadores los tendremos presentes y, con independencia de que no sean reincidentes, cabe perfectamente que también sean requeridos para que cumplan con la obligación que la ley les señala.

En cuanto a la posible ampliación de la fiscalización en tiempo real, con sondeos, etcétera, la ley atribuye al tribunal la fiscalización tras la celebración de las campañas y recibida la documentación. Es muy difícil que nosotros podamos hacer algún trabajo de fiscalización sobre aspectos o temas concretos sin que nos separemos de la ley y, sobre todo, de las garantías que tienen los fiscalizados, en este caso las candidaturas que se presentan a las elecciones. Ese es un tema muy delicado y, por lo tanto, creo que en el sistema de libertades, en el sistema democrático y en el Estado de derecho que tenemos la norma hay que respetarla al máximo; otra cosa es que la corrijamos. A través de las fundaciones, efectivamente, cabe perfectamente hablar de una fórmula de financiación de los partidos políticos. Esto lo veremos, sin duda, al analizar las subvenciones y la financiación de las fundaciones en la actividad ordinaria. Como tenemos un informe previsto para esta cuestión, es muy posible que ahí surjan las posibilidades que en este punto pueda tener este dato o esta idea que usted señala y, sobre todo, cómo se han comportado respecto a su colaboración con los partidos y las candidaturas.

En cuanto a los comentarios del señor Anchuelo, de UPyD, efectivamente se recogen en las recomendaciones del tribunal, como habrá podido observar, algunas de estas cuestiones, como la de los gastos de envío de propaganda electoral, etcétera. Por lo que se refiere a la devolución de los créditos, este es un caballo de batalla que ha salido siempre en el informe de fiscalización de los partidos políticos y que volverá a salir en el próximo, que también espero que esté aquí antes de que empiece el verano. Es un tema recurrente y que efectivamente nos preocupa a todos; quiere decirse que su intervención no cae en saco roto, porque podemos verla, analizarla y continuar con la solución de este problema que, efectivamente, preocupa a todos, a los grupos parlamentarios, a toda la clase política y, por supuesto, a todos los ciudadanos.

El señor Parro ha hecho unas consideraciones, que yo agradezco, de carácter general, pero muy puestas en razón y muy en consonancia con el tema que nos ocupa, sobre todo cuando ha preguntado por la situación actual de la financiación de los partidos políticos, porque efectivamente ese tema puede dar respuesta a determinadas cuestiones que están latentes en cualquier actividad de los partidos políticos; y no es la menor la de las campañas electorales. Agradezco que haya subrayado la fase de la preocupación, que yo creo que es un denominador común de todas las personas que se ocupan de la red pública. Los controles son fundamentales para generar confianza y son también un antídoto contra la corrupción.

¿Cuál es la situación actual de la fiscalización de los partidos políticos? El Tribunal de Cuentas tiene atribuida la fiscalización de la actividad ordinaria, además de la actividad electoral, y en este caso la actividad electoral la tenemos compartida con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, en lo que se refiere a las elecciones al respectivo Parlamento autonómico, aunque todos estos informes tienen que ser remitidos al Tribunal de Cuentas de España. El Tribunal de Cuentas acaba de remitir a esta Comisión los informes de las últimas elecciones autonómicas, y en muy breve plazo -es posible que en el pleno del día 29 de marzo- está previsto que se apruebe el informe de las elecciones locales, cuya fiscalización es bastante más compleja dado el elevado número de formaciones políticas participantes. La contabilidad de las últimas elecciones generales aún no se ha remitido al tribunal, como es lógico, porque se celebraron el 20 de noviembre del pasado año. Pero por lo que se refiere a la contabilidad ordinaria, el informe del ejercicio del año 2007 -y aquí sí que estamos un punto retrasados- ha sido ya sometido al pleno del Tribunal de Cuentas, por lo que se presume que pueda ser aprobado, repito, en la próxima sesión del 29 de marzo, junto con las aportaciones entregadas a las fundaciones vinculadas y en consonancia con lo previsto en la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que entró en vigor en dicho ejercicio; circunstancia que ha originado que su fiscalización -esta es la causa del retraso- se haya retrasado, junto con la prioridad dada a la fiscalización de las elecciones. Asimismo, la contabilidad del ejercicio de 2008 ya ha sido analizada y se espera que en unos meses pueda estar el informe aprobado. Es decir, la fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos políticos de 2007 y 2008 está respectivamente: una prácticamente sometida a la aprobación del pleno del


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día 29 y, por lo tanto, en abril estará aquí, y la otra también estará dentro de unos meses. En el año en curso también se quieren tener aprobados los informes de los ejercicios 2009 y 2010, con lo que la actividad fiscalizadora estaría prácticamente actualizada. Si esta era la preocupación de su señoría, creo que le he dado datos concretos y compromisos ciertos de todo el pleno para que la fiscalización ordinaria de los partidos políticos se actualice, se ponga al día y venga a esta Comisión lo antes posible.

Para completar esta información tenemos que señalar que también se ha remitido a esta Comisión mixta el proyecto del Plan contable para las formaciones políticas que la disposición adicional octava de la mencionada Ley de Financiación de Partidos Políticos encarga al Tribunal de Cuentas. Este proyecto de Plan contable se ha elaborado con la colaboración del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, y este proyecto de Plan contable se ha sometido a la consideración de esta Comisión mixta, está aquí, en cumplimiento de lo establecido en la citada disposición adicional, como caso previo a su aprobación definitiva. La circunstancia de que los partidos políticos puedan disponer de una adaptación del Plan general de contabilidad para su actividad ordinaria y electoral contribuirá a uniformar la presentación de los estados contables y a dar una mayor publicidad y transparencia a la actividad de los partidos políticos.

Señora Vázquez Morillo, me preguntaba qué era lo más importante. Pues esta es una de las cosas más importantes. Esta es una de las cosas más importes y -repito- está ya concluida; es decir, ya hemos hecho el Plan contable, que nos ha costado bastante trabajo. Hemos tenido la colaboración del ICAC y de personas entendidas catedráticos de la universidad. Ha sido una labor muy reconfortante por los frutos que ha producido. El Plan contable está aquí, con todas las consecuencias que he dicho y que tiene para controlar la actividad ordinaria de los partidos políticos.

En cuanto a la posible apreciación de responsabilidades contables, señor Parro, el tema está -como todos estos informes- siendo todavía analizado por la sección de enjuiciamiento y cuando efectivamente la sección se pronuncie le daré una respuesta concreta a esta cuestión.

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5º punto: Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007.

Señor presidente del tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Se van ustedes a cansar de mi canora voz, pero voy a ver si de la manera más breve posible les doy cuenta de este informe anual que es muy importante.

Vamos a analizar el informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria de los ejercicios 2006 y 2007, pero también tengo que decirles que los ejercicios 2008 y 2009 están muy avanzados y espero que el pleno pueda aprobarlos en fechas muy próximas. Por tanto, en este punto de la fiscalización de los informes anuales de las comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo, también hemos dado un paso muy avanzado en lo que se refiere a la agilización de los trabajos de fiscalización.

El pleno del tribunal aprobó este informe el pasado 26 de enero y esta fiscalización está realizada en consonancia con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y tiene como objetivos la verificación del cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y ver si estas se ajustan a lo previsto en la normativa contable y si representan adecuadamente la gestión realizada en los ejercicios fiscalizados, verificando el cumplimiento de la legislación vigente con especial atención a la relativa a la estabilidad presupuestaria, así como la sujeción de dicha actividad a los principios de eficiencia y economía. En la fiscalización se incluyó el análisis del endeudamiento, de las subvenciones otorgadas y de la contratación celebrada, además de los proyectos financiados con los fondos de compensación interterritorial.

Vamos a analizar los principales resultados, haciendo referencia a la rendición de cuentas, a la situación patrimonial, a los avales y subvenciones y a la contratación administrativa fundamentalmente, concluyendo con unas recomendaciones. En el informe se señala cómo las cuentas generales de ambos ejercicios 2006 y 2007 fueron rendidas al Tribunal de Cuentas fuera del plazo establecido por la ley vigente, que es la Ley de finanzas de la comunidad autónoma. Asimismo se indican los casos de grupos empresariales que no rindieron cuentas consolidadas y otros casos en los que los estados contables estaban incompletos. Por lo que se refiere a su examen, se resalta la existencia de determinadas limitaciones al alcance, al carecer de una contabilidad adecuada de gastos con financiación afectada, al no haber establecido la contabilidad patrimonial prevista en su normativa o no disponer de objetivos específicos y cuantificables en los programas presupuestarios.

Los presupuestos iniciales presentaban créditos por 2.076 y 2.194 millones de euros en cada uno de los ejercicios fiscalizados. Las modificaciones registradas superaron en ambos ejercicios los 80 millones. En ambos ejercicios se redujeron los créditos presupuestados para el pago de intereses al haberse dotado, como en ejercicios anteriores, cuantías muy superiores a las necesarias. Entre otras referencias, se resalta el inadecuado incremento de las dotaciones mediante generación de crédito, financiado indebidamente mediante el remanente de tesorería en vez de por ingresos realmente percibidos por


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encima de los presupuestados. Los presupuestos de gastos se ejecutaron en un 94 y un 95 por ciento, destacando que los remanentes de crédito más significativos se registraron en el capítulo de inversiones reales, en el que además las obligaciones pendientes de pago alcanzaron el 50 por ciento de las reconocidas en cada uno de los ejercicios. Por su parte, el presupuesto de ingresos se ejecutó en el 99 y 98 por ciento, destacando la importancia del Fondo de suficiencia, que representaba el 31 por ciento del total de los recursos obtenidos. El resultado presupuestario de ambos ejercicios fue negativo por 54 y 11 millones de euros, con independencia de las operaciones incorrectamente registradas, como el tribunal señala en el informe. Asimismo, en el análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos de estabilidad presupuestaria se concluye que en ambos ejercicios se incumple, si bien en cuantías no muy significativas, especialmente en el segundo ejercicio fiscalizador.

Por lo que se refiere a la situación patrimonial, se resalta la aprobación de una nueva Ley de Patrimonio que establece las bases que regulan la gestión de bienes y derechos patrimoniales. No obstante, se mantiene la escasa fiabilidad de los inventarios disponibles en los que muchos bienes y derechos estaban pendientes de valoración. En el propio informe de control financiero de la Intervención General de la comunidad autónoma se resaltan las discrepancias existentes entre distintos registros y la descoordinación entre el servicio competente en esta materia y las consejerías, careciéndose de información fidedigna en materia de patrimonio. Asimismo, los inventarios del inmovilizado financiero no recogen la participación en el capital social de ciertas empresas autonómicas. En cuanto a los deudores presupuestarios, más del 60 por ciento corresponden a ejercicios anteriores, sobre los que se viene recaudando aproximadamente la cuarta parte, señalando el tribunal que determinados saldos, por su antigüedad, deberían depurarse. En el informe se indica también la inadecuada gestión de la tesorería, al no incorporar en los estados contables todas las cuentas existentes y no efectuar conciliaciones periódicas de los saldos bancarios. Por su parte, el endeudamiento alcanzó en el último ejercicio fiscalizado los 330 millones de euros.

En cuanto al capítulo de avales concedidos, el informe deja constancia del riesgo asumido; el de la concesión de subvenciones también se analizó, verificando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, así como de todos los requisitos exigidos para su concesión y la justificación de su aplicación, constatando que en algunos casos ciertas deficiencias que se subrayan en el informe señalan que no se ha cumplido debidamente con la norma. En este campo, se dedica singular atención a la subvención concedida directamente al Real Racing Club de Santander, verificando que se cumplieron los requisitos establecidos, si bien no se tuvo constancia de la actividad de la comisión de seguimiento creada a tal fin.

Por lo que se refiere a la contratación administrativa, falta la justificación de la necesidad de algunos contratos examinados; se analizaron 27 o 28 contratos.

En el sector público autonómico se fiscalizan cinco organismos autónomos, cuatro entes públicos, treinta y dos empresas, nueve fundaciones y cinco consorcios. Y en el capítulo de los organismos autónomos se destacan las obligaciones reconocidas por el Servicio Cántabro de Salud, que representaban el 32 por ciento del total del presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Sus cuentas se rindieron integradas en la Cuenta de la Administración General, al igual que las del Servicio Cántabro de Empleo. Por lo que se refiere a los cuatro entes públicos, se describen las carencias de información presupuestaria observadas durante la fiscalización, que son bastante importantes. En cuanto al análisis de las empresas públicas el resultado global de las mismas alcanzó unas pérdidas de 5,6 millones de euros en el último ejercicio, en el que se aplicaron subvenciones de explotación por 52 millones y de capital por 8 millones. Su endeudamiento era de 118 millones. Por lo que se refiere a las fundaciones, se resalta la percepción de subvenciones de la comunidad, que en el último ejercicio ascendieron a 28 millones. El endeudamiento global superó los 5 millones y como hechos reseñables se destaca el significativo incremento del inmovilizado de la Fundación Campus Comillas, así como las crecientes pérdidas de la Fundación Festival Internacional de Santander, frente a los resultados positivos de ejercicios precedentes.

Hay un capítulo de recomendaciones que hago gracia a sus señorías de repetirlo, porque está claramente expresado en el informe que hemos analizado.

El señor PRESIDENTE: El señor Gordo Pérez tiene la palabra por el Grupo Socialista.

El señor GORDO PÉREZ: En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento al presidente del Tribunal de Cuentas, con el que he tenido ocasión de departir no solamente en esta legislatura que comienza sino también en gran parte de la pasada.

Dicho esto, hemos de tener en cuenta que el año 2006-2007, al cual corresponde la fiscalización, es un año donde se encuentra el alza del ciclo, y esto sin duda alguna influye en los resultados. No es comparable 2006 y 2007, cuando se analizan las cuentas de resultados y la ejecución presupuestaria, con lo que hemos visto antes en la cuenta general correspondiente a 2009. De los muchos informes que han pasado por esta sala en distintas ocasiones, desde mi punto de vista no hay grandes diferencias respecto a otros informes económicos, financieros y presupuestarios de la misma naturaleza de otras comunidades autónomas. Siempre hay margen para aplicar la visión o la perspectiva ideológica en cada uno de los informes y de esta manera encontrar diferencias,


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lo admito; pero al menos en la casuística comparada, de los muchos informes que hemos visto aquí, prácticamente son fotocopia.

El informe establece una serie de limitaciones que impiden obtener conclusiones más solventes, tal y como recoge el informe. Es el caso a la hora de interpretar la eficiencia, los resultados, los remanentes, pero también la conexión o la falta de contabilidad patrimonial, que parece que es un hecho importante de cara a conocer las distintas partidas patrimoniales que integran. No obstante, quisiera hacer una apreciación. Realmente, para obtener una información depurada, solvente, de gran calidad, una comunidad autónoma, con todos los entes, servicios y unidades administrativas que lo integran, debería determinar y concretar un sistema de información depurado orientado al producto auditor. Esto hemos de tenerlo en cuenta. El auditor, cuando llega a un servicio administrativo, a un centro, va buscando una serie de indicadores que la propia naturaleza del servicio hace que no estén disponibles porque, entre otras cosas, sería muy costoso, lo cual sin duda alguna, desde el punto de vista auditor, puede ocasionar ineficiencias e imperfecciones que desde la perspectiva de la misión fundamental de prestación de servicios a veces no se aprecian. También observo en estas apreciaciones generales, en algunos puntos del informe, una visión estrictamente contable en cuanto a la orientación y la valoración de los servicios, olvidando a veces la esencia propia del servicio que prestan las distintas unidades y servicios administrativos que integran las comunidades autónomas.

Usted ha hecho referencia a la magnitud de las cuentas. Efectivamente, nos estamos centrando en una magnitud del orden de los 2.700 millones, sin tener en cuenta la ampliación de endeudamiento del primer año; 2.200 en el segundo. Pero también debemos tener en cuenta que, en esa estructura de gasto, el gasto de personal, gasto fijo, es del orden del 35 por ciento y las transferencias de capital son del orden del 24 por ciento. Si además tenemos en cuenta que el servicio de salud, que está integrado, tiene un presupuesto de 700 millones, nos estamos refiriendo a un 33 por ciento; es decir, la distribución sigue una clara distribución de Pareto.

Formalmente ha hecho referencia a que no se han cumplido los plazos estrictos de presentación de cuentas. He de decirle que hay alguna contradicción en el informe, porque del primer ejercicio en algún momento dado se dice que sí que se cumple para después hacer referencia al Tribunal de Cuentas, a los plazos dados por el Tribunal de Cuentas, para determinar que no es así. Creo que es un tema menor porque han rendido cuentas y además con muy pocos días de diferencia respecto a lo que marca la ley. Además, y lo más importante, el propio informe analiza que tanto la Administración general, los organismos autónomos como las empresas públicas y los entes se adaptan a la estructura y contenido de las cuentas.

Desde el punto de vista material -si desde el punto de vista formal entiendo que es admisible-, realmente en términos cualitativos nosotros entendemos que las desviaciones no son muy significativas. Hay desviaciones, pequeñas desviaciones, pero ya le digo que pueden seguir la misma línea, la misma tónica que pueden haber tenido otras administraciones en esta fase expansiva del ciclo.

Por lo que respecta a la Administración general, el informe pone de manifiesto la falta de conexión de la contabilidad financiera y la contabilidad patrimonial -yo creo que es necesario profundizar para que las cuentas reflejen las variaciones patrimoniales- y al mismo tiempo también hace referencia a la liquidez. Ha habido una liquidez manifiesta de remanentes positivos en ambos ejercicios, si mal no recuerdo de 57 y 41 millones; y la deuda hace referencia a la memoria para concretar y sintetizar.

Aparece un tema recurrente en este tipo de informes, y es el inventario. Una vez más la mayor parte de las comunidades autónomas carecen de inventarios precisos, de inventarios que permitan valorar los bienes inmuebles, el equipamiento, pero con una curiosidad, y es que por primera vez aparecen dotaciones para la amortización tanto en el inmobiliario material como en el inmaterial.

Usted ha hecho referencia también al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y a este respecto aparece también otra contradicción en el informe. En el año 2006 -palabras textuales que se recogen en el texto- se dice que cumple el objetivo de déficit marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, con una desviación de 77 millones, se concreta en 42 una vez deducidos factores como la sequía o como una serie de sentencias, con un cumplimiento estricto también, un ajuste en el segundo año -creo que hay una desviación de 4 millones-. Sin duda alguna aquí no ha habido voluntad de autoengaño. Cuando el ciclo va bien, los gestores determinan políticas y desarrollos de gestión con buena voluntad, lo mismo que cuando las cuentas van mal. Es decir, la voluntad de autoengaño no es un principio que se presuma en la Administración pública.

También quisiera destacar -y lo echo en falta- la periodificación de ingresos y gastos a lo largo del ciclo. El informe no los pone de manifiesto. Todos sabemos -los que hemos trabajado en el ámbito de la Administración General del Estado, también en las comunidades autónomas- cómo la concreción del presupuesto y a veces el espejismo de la buena gestión se traduce en una convergencia en el último mes para traducir ese espejismo en déficits importantes. Hay que tener en cuenta -antes hacía referencia a ello- el porcentaje de gasto fijo, pero en equipamiento y en gasto corriente todos hemos visto cómo a veces en las administraciones -y ahí está la casuística y ahí están las distintas administraciones- se puede pasar en los dos últimos meses del 45 ó 55 al 80 ó 90. Lo apunto porque es un tema sin duda candente, y creo que convendría que los informes de la


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intervención aportaran la evolución de las obligaciones a lo largo de los distintos ejercicios porque también es un síntoma de equilibrio y de buena calidad en la gestión.

Ha hecho referencia también a la subvención del Club Deportivo Racing. En efecto, hay que reconocer su importancia mediática tanto para la promoción del deporte como para la promoción de Cantabria pero, dado que la subvención se extiende hasta 2016, tal y como se refleja en el informe, creo que sería bueno condicionar el desembolso de futuras subvenciones a la justificación de gastos y a la concreción de los mismos con soportes y pruebas objetivos, dado que, como digo, se extiende a 2016.

Después, y ya para concluir, hay un amplio apartado dedicado a la contratación administrativa, y me voy a centrar fundamentalmente en un tema. Nuestro grupo no advierte problemas diferentes a los que presentan otras comunidades autónomas en materia de contratación administrativa. Sin embargo, me llama la atención el énfasis que pone el informe auditor en materia de gestión sanitaria. Tiene su lógica, porque en la Comunidad Autónoma de Cantabria el Hospital de Valdecilla y el de Sierrallana en términos netos prácticamente representan el 40 por ciento del gasto, y eso hace que tenga una importancia singular. Sin embargo, el informe pone de manifiesto deficiencias tanto en obras, como en suministros, como en servicios de centros sanitarios públicos. Concretamente en obras en el Marqués de Valdecilla -no voy a entrar aquí en detalles- hace referencia a unas prórrogas de contrato y el propio informe reconoce que una de las prórrogas es debido a problemas en la estabilidad del aparcamiento y en problemas en la estabilidad del edificio -no quiero recordar el accidente de Valdecilla del año 1999-. Pero la aplicación normativa no siempre es lineal en la gestión sanitaria; una cosa es la gestión administrativa y otra cosa es la gestión sanitaria. No es posible -y es uno de los temas que denuncia el informe- evitar una demora en el comienzo de una obra cuando realmente para empezar la obra hay que evacuar a los enfermos. Y eso no siempre es fácil; no por los enfermos sino porque aun con una planificación adecuada no siempre existen recursos alternativos. Es más, el informe llega a hacer referencia a responsabilidades que se han de pedir en cuanto a la actuación en la supervisión y diseño del proyecto, lo cual me parece bien pero me parece que el informe, desde nuestro punto de vista, pone un especial énfasis en el marco administrativo y en el marco contable frente a la propia esencia. Creo que no hay un equilibrio.

Ocurre lo mismo en el ámbito de la contratación de servicios. Usted ha hecho referencia a 28 contratos; realmente en un centro sanitario con carácter anual se pueden gestionar más de 3.000 contratos con un surtido de referencias que en el hospital de Valdecilla superará claramente las 10.000 o 15.000 referencias a contratar. Hay una gran dispersión que hace muy difícil en términos prácticos extender la gestión de suministros, la gestión contractual pública a la totalidad. Se puede hacer pero eso conlleva, sin duda alguna, una dedicación, una inversión y un gasto mayor en materia de personal y en materia de medios informáticos. En todo caso, se ponen también de manifiesto una serie de deficiencias en cuanto a contratación de desfibriladores, resonancia magnética y también me parece que en algún caso se olvidan determinadas cuestiones que voy a analizar para llegar a una conclusión.

En primer lugar nos encontramos en los servicios de salud pública, desde las transferencias del año 2002, con un déficit presupuestario que hace que el mercado en materia de compras y servicios sea lo que se denomina en la jerga mercado de vendedores, es decir, el gestor sanitario se encuentra con una disponibilidad de presupuesto que cubre nueve, diez u once meses. En el caso actual gran parte de los servicios de salud en septiembre están teniendo dificultades, lo cual les obliga a comprar a crédito. En lo que más conozco, el Servicio de Salud de Castilla y León, la deuda sanitaria en materia de farmacia es de 600 millones de euros. Queda muy bonito decir que no nos podemos gastar lo que no tenemos; ahora bien, a veces no gastar lo que no tenemos implicaría en el ámbito de la salud dejar de prestar servicios sanitarios y por lo tanto no reconocer la atención sanitaria debida. En definitiva, nos encontramos con una distorsión importante. Importantes hospitales, como digo, como Valdecilla y Sierrallana, tienen fórmulas contractuales del marco general administrativo que entiendo que no se adecuan perfectamente a la agilidad, a la toma de decisiones que se requiere. En este sentido quizá no estaría de más que nos planteásemos un informe, una moción para analizar las peculiaridades que tiene la contratación de bienes y servicios pero también de obras, de consultaría -aparecen problemas de consultoría también-, empresas de limpieza con convenios que distorsionan. No estaría de más que nos planteásemos las peculiaridades porque este es un factor común denominador de la mayor parte de los informes sobre comunidades autónomas donde el peso de los servicios de salud es importante. A lo mejor lo que es necesario es impulsar un nuevo marco normativo, más ágil, que permita una mayor eficiencia en la contratación de los servicios sanitarios.

El resto del informe creo que responde fielmente a la realidad.

El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Así como en el caso de la cuenta general del Estado el retraso parecía razonable, en este caso parece que nos encontramos ante un informe con un retraso bastante más amplio; estamos hablando de los años 2006-2007, lo que quiere decir que han pasado más de cuatro años desde la rendición de cuentas de 2006 y más de tres desde la de 2007, y esto resulta tanto más sorprendente, en mi opinión, en cuanto que nos encontramos en las cuentas menos complejas de una pequeña comunidad autónoma, frente a la cuenta


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general del Estado. Por otro lado, hay órganos de control externo de algunas comunidades, como Canarias, Valencia, Madrid, que ya tienen en sus páginas web el informe del año 2010, y dado que el Tribunal de Cuentas debería marcar una pauta de excelencia en este terreno, querría preguntarle a qué obedece en este caso el retraso. También llama la atención que estemos ante unas cuentas bianuales, cuando la mayoría de los informe son anuales. ¿Por qué habitualmente son anuales y en este caso se ha optado por este formato bianual?

Entrando en el contenido del informe, como contaba bien el señor Gordo, esto nos retrotrae a un momento importante, que es justo antes del inicio de la crisis, los años 2006, 2007, los años del final de la burbuja, y realmente las cuentas que aquí se nos presentan nos ayudan a entender en gran medida lo que después ha sucedido, porque resulta muy llamativo que en estos años 2006, 2007, esta comunidad presentase una necesidad de financiación, por mucho que sea una pequeña necesidad de financiación; es decir, en el momento álgido de la burbuja existía, aunque fuese mínimamente, una necesidad de financiación. También resulta desproporcionado el número de entes dependientes de esta Administración de una comunidad autónoma relativamente pequeña. En este sentido el informe resulta muy interesante para entender lo que después ha sucedido y sería deseable que estos trabajos tan detallados del Tribunal de Cuentas nos sirviesen a los responsables políticos y a los parlamentarios de guía para la situación en la que ahora nos encontramos de reducción de entes, de ahorro, porque deberían ayudarnos a identificar cuáles de estos entes tienen mayor o menor viabilidad financiera o incluso a evaluar la sostenibilidad de las estructuras administrativas que se han generado en estos años anteriores a la crisis.

Por último, dado que estamos ante un informe de una comunidad autónoma, en este caso porque no tiene órgano de control externo propio, me surgen dos preguntas que tienen que ver con la existencia de los mecanismos de coordinación entre estos órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas: si el señor presidente considera que son adecuados o se pueden perfeccionar y también tengo la duda de si el Tribunal de Cuentas realiza informes que proporcionen una visión global del gasto público autonómico, dado que es ahora el núcleo del gasto: sanidad, educación. Aparte de las visiones fraccionadas de cada OCEX, plantearía la necesidad -tal vez se hace, no lo sé- de hacer análisis comparativos de todas las comunidades autónomas que diesen una visión global, no con una visión necesariamente restrictiva, sino como forma de compartir mejores prácticas; a veces hay una comunidad que consigue ahorrar en una determinada partida de gasto porque aplica una práctica que lo permite, y difundir ese tipo de información entre todas las comunidades podría ser una forma de reducir el gasto público sin afectar a esos servicios sociales.

El señor PRESIDENTE: Señor Bruguera, ¿quiere intervenir? (Denegación.)

Tiene la palabra el señor Piñeiro García-Lago por el Grupo Popular.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Señor presidente, señorías, me adhiero al agradecimiento ya expresado al señor presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia ante esta Comisión y, por supuesto, por el trabajo realizado para este informe sobre la Comunidad Autónoma de Cantabria de los años 2006 y 2007. También me llena de satisfacción que avance que están ya listos los de los dos años siguientes y que próximamente podremos comprobar en esta Comisión mixta. También mi agradecimiento a los distintos miembros del pleno, no solamente por lo que ha dicho el señor presidente, que les gustaría oír ese agradecimiento, sino también porque es de justicia, así como a los distintos técnicos que han colaborado en este informe. El informe ofrece una descripción acertada de la inadecuada organización y gestión financiera del Gobierno 2006-2007 -presidido por el señor Revilla con el apoyo del Partido Socialista- y pone de manifiesto esas deficiencias en un entorno económico muy diferente del actual, lo que supone un presagio de la situación en que se encuentra el nuevo Gobierno autonómico como consecuencia de la herencia recibida. Esta afirmación, señorías, no es gratuita ni fruto de un desencuentro de planteamientos políticos con el Gobierno del señor Revilla y el Partido Socialista, sino el resultado objetivo de una lectura del informe.

Es mi primera legislatura como miembro de esta Comisión mixta y eso me ha animado a leer el debate del informe del año 2005 de esta misma Comisión, celebrado hace poco más de un año, y conocer las afirmaciones de esa digna presidencia que textualmente decía que le agradaba mucho que del informe del Tribunal de Cuentas surgieran cuestiones que fortalecen, facilitan y coadyuvan al control político, que en definitiva es el sentido de nuestro trabajo -fin de la cita-. Es obvio entender que ese debate político se refiere a las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos. En ese mismo informe del año 2004-2005 ya se decía -y leo textualmente también- que tenemos que reiterar las recomendaciones formuladas en el informe del año 2003 porque no se había adoptado ninguna medida para su cumplimiento. A la vista no solo del informe que estamos debatiendo sino también de la realidad actual, se ha venido haciendo una omisión total y caso omiso a las recomendaciones que ha dado este tribunal.

Entiendo que esas recomendaciones están dirigidas a la corrección y mejora de los recursos públicos. Sin embargo, vemos cómo muchos asuntos, que sería muy prolijo numerar, son recurrentes ya en los distintos informes. Por nombrar alguno de ellos, y dentro de la escasez del tiempo de que disponemos, quería reseñar que por ejemplo algo tan esencial como es la rendición de cuentas se realizó fuera de plazo. Alguien no le ha


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querido dar importancia, pero sí la tiene. Incluso en determinadas entidades ni siquiera se entregó esa rendición de cuentas o en algunos casos lo hicieron forzados -si se me permite la expresión- por la fiscalización, como fue el caso de determinados consorcios o fundaciones.

En la liquidación presupuestaria el informe señala el escaso rigor, por ejemplo incrementando incomprensiblemente los gastos financieros del capítulo 3, de gastos, para posteriormente -después, insisto, de ese ingreso- disminuirlo en un importe superior a los 8 millones de euros. En cuanto a la ejecución, llaman la atención los créditos presupuestarios no utilizados en inversiones reales -es curioso, créditos no utilizados- por un importe de 100 millones de euros y, sin embargo, prácticamente la mitad de las obligaciones reconocidas estaban pendientes de pago al final de cada ejercicio. Por lo que se refiere al resultado presupuestario, pese a corresponder a un ejercicio de bonanza económica, en estos años a los que se refiere este informe -y quiero reseñar esto de la bonanza económica, porque aquí se ha estado hablando de la cuenta general de los años 2009 y se ha dicho que era como consecuencia de esa crisis económica-, ambos presentan un resultado deficitario, no de remanentes, como aquí se ha señalado, sino un resultado deficitario, según mi entender, de 50 y 11 millones de euros respectivamente. Insisto, en esos años de bonanza económica ya daban un resultado deficitario, lo que permite ir adelantando qué situación se ha encontrado el Gobierno actual después de las elecciones.

La memoria, un documento tan importante para conocer la gestión y valorar los estados financieros, demuestra un cúmulo de carencias y deficiencias, señorías, pero también algo muy significativo: nos indica que los compromisos de gastos de ejercicios posteriores al último fiscalizado -insisto, compromisos de gastos para ejercicios posteriores- vienen a sumar aproximadamente 1.095 millones de euros en una comunidad uniprovincial como es Cantabria. Eso era en el año 2007. La continuación de estos desfases da una idea de la capacidad de maniobra con la que se ha encontrado el actual Gobierno.

Asímismo, y a pesar de la bonanza económica, se incumplió el objetivo de estabilidad económica. Aquí sí contestó el Gobierno del señor Revilla diciendo a ese tribunal en las alegaciones que ese incumplimiento era excepcional y que no se volvería a producir. Pues bien, hace días hemos conocido que en año 2011 el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha sido del 4,04 del PIB, la cuarta comunidad con mayor déficit. Como vulgarmente se dice, de esos polvos vienen estos lodos. También es cuando menos curioso que la cuenta deudora de la Seguridad Social tuviese en estos años un saldo acreedor. Es una falta de rigurosidad absoluta. También es preocupante el riesgo vivo en concepto de avales otorgados por la comunidad autónoma y las distintas empresas públicas regionales, que alcanza un riesgo de 43 millones de euros. No se han dotado, dice el informe, provisiones para sociedades en las que sus fondos propios están por debajo del capital social. Sus señorías saben lo que eso supone. Sigue exponiendo el informe distintos asuntos, por ejemplo, que faltan criterios de adjudicación más objetivos y transparentes en las subvenciones, que hay dificultades para conocer el patrimonio y la situación financiera real y distintos puntos que, insisto, por la premura del tiempo no voy a poder reseñar, pero quiero incidir en dos esencialmente y que aquí ya se han comentado.

En primer lugar, quiero hablar sobre las empresas públicas, consorcios y organismos. Señorías, créanme que durante años, los ocho en los que el Grupo Popular estuvo en la oposición, este presentó innumerables iniciativas en el Parlamento de Cantabria para obtener distintas informaciones sobre las sociedades públicas y los entes públicos. La respuesta del Gobierno del señor Revilla, en coalición con el Partido Socialista, por boca de su consejero, ¿saben cuál fue? Quien quiera conocer los gastos en empresas que gane las elecciones (Risas.) Esa es la respuesta que dieron. Por cierto, me permito recordar que las elecciones, en la época de la que estamos hablando, las ganó el Partido Popular, quedando a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta, y que el Partido Socialista decidió dar la presidencia al señor Revilla, del Partido Regionalista, con tan solo 8 diputados de la Cámara. No hay nada que objetar en términos democráticos, señorías, como no podía ser de otra manera, pero sí lo que esto ha supuesto en la gestión, especialmente en el sector público y fundacional de la comunidad autónoma. Aquí se la ha definido como una pequeña comunidad, pero, si me permiten la rectificación, es una comunidad pequeña. Entiendo que no es lo mismo, y permítaseme la broma: pequeña en población, pequeña en extensión, pero grande en otros conceptos. Pues bien, en ese año había dieciséis entes públicos. En cuatro años de este Gobierno, pasaron a treinta y ahora, en 2012 -que, por fin, como se ha podido ganar, como decía el consejero del Partido Socialista, se han conocido los datos-, pasan de treinta a cuarenta y cinco: dieciséis, treinta, cuarenta y cinco entes públicos en una comunidad pequeña, de menos de 600.000 habitantes. Afortunadamente también, por los datos que conocemos, el actual Gobierno en tan solo unos meses los ha reducido casi a la mitad.

El propio informe deja clara su opinión sobre la finalidad de estas empresas con una -y dice textualmente- innecesaria multiplicidad de entidades con objetivos idénticos o similares. Eso sí, los gastos de personal han pasado de 28 millones de euros en el año 2004 a 45 en 2007 y a 66 en 2010. Estoy hablando de sociedades públicas, no de funcionarios, con lo que ello supone. Solamente por darles un dato, las pérdidas acumuladas hasta el año 2011 han sido de 260 millones de euros de pérdidas de estas sociedades; sociedades que periódica y recurrentemente tienen que acudir al fondo de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para cubrir sus déficits y no entrar en disolución. Ahora se


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entienden -solamente conociendo unos datos de estos- las declaraciones del señor consejero de Economía en aquella época, cuando decía que para conocer los datos había que ganar las elecciones. Claro que conociendo esos datos se ha podido comprobar cómo se gastaba en algunos aspectos en esas sociedades. Solamente por darles un dato significativo que puede parecer chocante para sus señorías, entre 2007 y 2010, alguna de estas sociedades públicas -que, insisto, tenían 240 millones de pérdidas acumuladas- ha gastado, por supuesto sin concurso público, en lotes de 1.000, 2.000 o 3.000 euros, la nada desdeñable cantidad de aproximadamente trescientos mil euros -casi cincuenta millones de pesetas- en conservas. (Risas.) ¡Sí, las famosas anchoas! Casi trescientos mil euros, señorías. (Rumores.) Entiendo que a alguien le pueda hacer gracia, pero conforme al estatuto es al presidente de la comunidad a quien corresponde dirigir y coordinar cualquiera de las actuaciones del Gobierno. Que a alguien le pueda hacer gracia lo entendemos, pero, mire, una comunidad no se dirige con chascarrillos y con gracias, se dirige siendo rigurosos.

Otro asunto en el que quiero incidir es el relativo al Servicio Cántabro de Salud y al Hospital de Valdecilla, del que aquí también se ha hablado. Por cierto, el Tribunal de Cuentas no habla de la gestión sanitaria. El Tribunal de Cuentas de lo que tiene que hablar es de la gestión administrativa y de la gestión presupuestaria, no tiene por qué entrar -entiendo, siendo nuevo como soy en esta Comisión mixta- o comprender la gestión sanitaria, como aquí se ha dicho, no, no. Lo relativo al Servicio Cántabro de Salud y al Hospital Valdecilla son temas también muy recurrentes en los informes del Tribunal de Cuentas. Ya en el año 2005 se informaba de numerosas irregularidades. Se hablaba de obras sin justificar, de valoraciones contrarias al principio de economía en la gestión de fondos públicos. Incluso se añadió que en distintos suministros se había infringido la Ley de Contratos.

Pues bien, en este caso no seguimos igual. En el caso del Servicio Cántabro de Salud y de Valdecilla no seguimos igual: se ha agravado, seguimos mucho peor, señorías. El informe habla de distintas anomalías plasmadas en modificaciones del propio Plan director de Valdecilla debiendo de modificar por el Gobierno un reajuste, cuando menos incontrolado, de las anualidades por insuficiencias financieras, anualidades de las que por ejemplo, solamente para dar una cifra, para el presupuesto del año 2011 correspondían 40 millones de euros y solamente se incluyeron 4 millones -la décima parte- en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Todo el mundo puede entender por qué se redujo una anualidad de 40 a 4 millones. Por supuesto la gente también entenderá que solamente 4 millones en la anualidad correspondiente al año 2011 supuso prácticamente la paralización de las obras. Al mismo tiempo el informe habla -aquí también se ha dicho- de la ampliación de obras, pero, claro, no es lo mismo hablar de una ampliación de las obras por unos temas sanitarios que de la ampliación de la obra del Hospital Valdecilla de Santander en 20.000 metros cuadrados sin estar inicialmente previsto ni en el proyecto ni en la financiación, ampliación por lo tanto que se hace sin consignación presupuestaria y sin que ni entonces ni, lo que es más preocupante, ahora hubiera un destino ni una ocupación prevista para ese espacio. No era un problema de cimentación. La desgracia de Valdecilla con el derrumbe tuvo un carácter mucho más antiguo de lo que estamos hablando. (Rumores.) Por lo tanto a la hora de mezclar esos asuntos, con todo el respeto a lo que pueda, quiera y deba decir el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no tiene nada que ver el derrumbe con la ampliación de 20.000 metros cuadrados.

Señorías, les voy a dar dos datos de Valdecilla, porque aquí también se han ofrecido datos. El sobrecoste del Hospital de Valdecilla sobre lo presupuestado en la transferencia de la competencia -un hospital- ha sido de 191 millones de euros. Otro dato significativo, señorías. El actual Gobierno se ha encontrado, solamente en deuda sanitaria, en una comunidad pequeña en cuanto a número de habitantes, 83.000, digo bien, 83.000 facturas sin reconocer, en lo que vulgarmente se llama facturas en el cajón, por un importe de 261 millones de euros: facturas sin reconocer en una comunidad autónoma como Cantabria. Y esas facturas no son exclusivamente de grandes multinacionales que pueden aguantar los planes de financiación que se podrían poner como excusa, no. Una gran parte, más de cien empresas de esas que facturaron y cuyas facturas se guardaron en los cajones, son de la propia Comunidad Autónoma de Cantabria: autónomos, pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos presentaron esas facturas -y es comprobable y demostrable- hace más de novecientos días.

En fin, señorías, para ir concluyendo, el análisis nos ofrece una imagen de la gestión realizada en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde mi humilde punto de vista muy poco rigurosa, que incluso calificaría de lamentable, y que si a la vista del propio informe iba a ser muy difícil regularizar y superar, desgraciadamente la realidad conocida por el Gobierno actual ha superado esos malos presagios que había cuando estudiábamos esta cuenta del año 2006-2007. Ese déficit del 4,04 del producto interior bruto ahora conocido, con solo tres autonomías con un déficit superior, no nace espontáneamente: es la consecuencia de la ocultación de datos, de las pérdidas de sociedades públicas, de instrumentos financieros como la financiación estructurada, de esa contabilidad que algunos llaman creativa; en definitiva, del camuflaje de la realidad de las cuentas del Gobierno de Cantabria.

Como conclusión, señor presidente, y agradeciendo una vez más el trabajo desarrollado por esa presidencia, por todo el pleno y por todos los técnicos de ese Tribunal de Cuentas y también, cómo no, agradeciendo la atención de sus señorías, me gustaría hacer con todo el respeto cinco preguntas, entendiendo, como ha dicho pre


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viamente esa presidencia, que si sobre algunas de ellas no tuviesen datos, se remitirían una vez conocidos. Primera, en el informe relativo al año 2005, que se debatió hace aproximadamente un año en esta Comisión, se explicó que había supuestos de posible responsabilidad contable y que había pasado a la sección de enjuiciamiento. ¿Cómo está en estos momentos? Segunda, ¿ha tenido conocimiento ese tribunal y ha podido analizar la denominada financiación estructurada de ese Gobierno, que ha permitido gastos por importe en su conjunto de más de 400 millones de euros y, lo que es peor, pagos comprometidos a través de esa financiación estructurada hasta el año 2031? Tercera, ha comentado el señor presidente la oportunidad que tendremos los miembros de esta Comisión de conocer próximamente el informe de los años próximos, pero me gustaría saber si el Tribunal de Cuentas ha tenido conocimiento de la continuidad de lo que ya nos ha adelantado el señor presidente sobre algo tan querido en nuestra tierra y en otros sitios, obviamente, que es el Real Racing Club de Santander. Me atrevería también a denominarlo ingeniería financiera, porque lo que aquí se ha debatido es una subvención del Gobierno a la sociedad deportiva anónima Real Racing Club de Santander. Esa ingeniería financiera ha permitido que el Gobierno comprara la marca -el Gobierno o bien alguna de las sociedades públicas del Gobierno- del Racing. Por lo tanto, al comprarla le da unos ingresos al club, y simultáneamente le alquila este Gobierno al Real Racing Club la marca por unas cantidades anuales, y simultáneamente el Gobierno regional le da al club una subvención para que el club le pueda pagar al Gobierno ese alquiler que le pone. Pues bien, me gustaría que se conociera un poco más. A alguien le puede parecer frívolo, pero estamos hablando de las cuentas de una comunidad autónoma. En este tema parece que en estos momentos, tras distintas operaciones de este tipo y tras distintas compraventas y titularidades de dicho club, que, por cierto, el año que viene cumple -esperemos- el centenario, según distintos medios de comunicación y por distintas fotos del presidente de la comunidad autónoma y de distintos consejeros, el Real Racing Club de Santander está mayoritariamente en manos de un ciudadano de la India que, también según distintas informaciones, presuntamente, está buscado por la Interpol. Es un señor que creo que se llama Ali Syed. Por supuesto, no corresponde eso ahora, pero sí es bueno conocer cuál es la situación a la que nos han llevado todas esas operaciones, y no quiero hablar...

El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, vaya terminando.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Termino en un minuto o en menos, señor presidente. Por supuesto, no hablamos aquí de la situación deportiva del Racing. Una cuarta pregunta, señor presidente, ¿se ha planteado alguna actuación, en exigencia de responsabilidades a partir de esas descripciones ofrecidas en el informe de fiscalización? Quinto y último punto: gracias, otra vez más -no esperábamos menos-, porque próximamente tengamos los informes de los años 2008 y 2009. ¿Nos puede ofrecer el presidente de ese tribunal un muy breve adelanto, muy breve, sobre si lo que he dicho aquí, desde mi humilde punto de vista, se ha rectificado, sigue igual o se ha ido incrementando? No le pido más detalles. También pediría a ese presidente, a la vista de eso -conociendo su generosidad-, si es que la tuviese, una valoración de la situación de la Comunidad Autónoma de Cantabria en estos momentos, al producirse el cambio de Gobierno tras las últimas elecciones, conociendo, como estoy seguro que conocen, una serie de datos por los medios de comunicación -eso seguro-.

Muchas gracias por su generosidad, señor presidente, y muchas gracias una vez más al presidente del Tribunal de Cuentas y a sus señorías por su atención.

El señor PRESIDENTE: El presidente se va a ausentar dos minutos. Mientras, el señor Anchuelo quería hacer una pequeña rectificación.

El señor ANCHUELO CREGO: Perdonen que les haga perder unos segundos, pero ante el temor de salir de esta Comisión declarado persona non grata en Cantabria, querría aclarar, como se deduce de mis palabras, que he dicho pequeña en el sentido geográfico y en el sentido de lo que estábamos hablando, de que la fiscalización debería ser más sencilla. En sentido valorativo, todas las comunidades son igual de grandes, porque se componen de cientos de miles o de millares de personas, todas las cuales merecen el mismo valor, por supuesto.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Así se ha entendido por este senador. Era una broma, si se me permite. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: El presidente intentará contestar a las intervenciones sobre la cuenta de Cantabria...

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): En lo que pueda.

El señor PRESIDENTE: ... que han sido amplias, y, como él dice, en lo que pueda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias a todos los que han intervenido. Efectivamente, trasladaré, como he dicho antes, el agradecimiento a los miembros del pleno del tribunal y, señor Piñeiro, a todos los funcionarios de esa casa, porque gracias a ellos podemos hacer estos trabajos, y nunca es mala la ocasión para subrayar este agradecimiento y la valoración de este trabajo.

Con don Juan Luis Gordo he tenido la suerte de compartir debates y experiencias en otra legislatura y creo


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que siempre nuestros contrastes y nuestros pareceres han dado resultados positivos a la larga. Hoy, antes de empezar a contestar preguntas y consideraciones que se han hecho, debo dejar bien claro que las perspectivas ideológicas, señor Gordo, no se reflejan nunca en los informes del Tribunal de Cuentas. Lo digo por si acaso queda alguna duda. Tratamos de ser objetivos, independientes y muy fieles a la legislación vigente. Por tanto, como se han planteado aquí perspectivas ideológicas sobre la valoración -supongo que se refería a los grupos parlamentarios-, por si acaso, como yo estaba aquí de referencia, quiero que este tema quede bien claro, sobre todo en una primera intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que empieza sus trabajos este día. Es un principio general que debe estar en el frontispicio de todos los trabajos del Tribunal de Cuentas.

Otra cosa que también quiero precisar con todo el afecto que le tengo, señor Gordo, es que nunca la visión estrictamente contable deja de valorar la finalidad y los propósitos de la gestión. Las cifras que refleja el informe del Tribunal de Cuentas son frías y elocuentes, pero detrás de ellas se alberga efectivamente lo que usted dice, la finalidad y los propósitos del gasto, los trabajos y, a lo mejor, la aventura que en determinadas gestiones y con escasos medios tienen que hacer determinados gestores públicos. En fin, nosotros no podemos precisar ni reflejar eso literariamente en el informe. Los datos son los que son y por lo tanto su elocuencia se tiene que reflejar. Quizá -eso sí- en una exposición de nuestros informes es más fácil de entender, pero el hecho de fijar las cifras y los datos no quiere decir que nos olvidemos de la finalidad y de los propósitos del gasto y de lo que cada gestor público tiene que hacer en sus trabajos a mayores de lo que significa el propio presupuesto.

Otro tema que con carácter general quiero poner sobre la mesa es el énfasis que por lo visto indica este informe en la gestión sanitaria. En los informes del Tribunal de Cuentas tratamos de quitar toda efervescencia y evitar que llame poderosamente la atención ninguna de las conclusiones, los datos o las recomendaciones -lo hacemos con la mayor objetividad-, y menos si del énfasis se derivan comparaciones con otras comunidades autónomas -ya el señor Gordo ha dicho algo sobre este tema-. Ni a mí ni a nadie le importa que ocurran cosas parecidas en otras comunidades autónomas. En el informe correspondiente figurarán de la misma manera y con el mismo tenor literal, o por lo menos trataremos de que así sea

Dicho todo esto, que creo que es bueno recordarlo hoy, paso a contestar más concretamente algunas preguntas y sugerencias que han hecho los señores Gordo, Anchuelo y Piñeiro. En cuanto a las limitaciones que se indican, afectan a la gestión y no se trata de disponer de documentación estrictamente dirigida a la auditoría o al control. Lo que sencillamente pedimos son documentaciones que nos hagan ver y valorar lo que hay de gestión respecto a la eficiencia, a la eficacia y a la legalidad. Por tanto, las limitaciones que se indican en el informe afectan a la gestión, como son la falta de objetivos y de indicadores, la carencia de una contabilización para los gastos con financiación afectada e incluso la falta de adaptación de una contabilidad patrimonial. Por lo que se refiere a la posible contradicción en la rendición de cuentas, con la precisión y el estudio que siempre hace el señor Gordo de los informes -es de agradecer que se los estudie de la manera que se los estudia y los analice-, hay que tener en cuenta que, efectivamente, podría parecer que hay contradicciones, pero se trata de un periodo de incorporación de una nueva normativa que puede dar lugar a una inadecuada interpretación. De todas maneras, le prometo que voy a estudiar si, a pesar de esta aclaración que le hago, cabe que podamos precisar -no nos duelen prendas- la valoración en la contradicción de la rendición de cuentas.

En cuanto a la contratación, aquí me tengo que detener un momento porque esto es importante. La contratación la ligaban a la gestión sanitaria y a Valdecilla. No se puede contraponer la gestión al cumplimiento de la normativa de contratos por mucha eficacia que se quiera conseguir de la gestión. No tenemos más remedio que rechazar que la contratación, que vela por la adecuada gestión desde todas las perspectivas de legalidad, eficiencia y economía, pueda ser hecha, ni mucho menos, sin que la ley la ampare. En ningún caso estamos planteando -también lo quiero decir, señor Gordo, con la mayor cordialidad- que se dejen de prestar determinados servicios, como el de la salud, por ejemplo; ni mucho menos. Nosotros no estamos diciendo que las irregularidades en la contratación haya que ponerlas porque si no, no se prestan los servicios. No estamos diciendo que porque falten 600 millones en la sanidad de nuestra tierra, Castilla y León, que conozco muy bien, el remedio sea no prestar los servicios; nunca lo diremos. Si se nos pregunta propondremos determinadas soluciones o remedios, pero que nosotros denunciemos irregularidades en la contratación jamás significará que la conclusión inmediata sea esa. Eso no es así, y si se entiende así yo en estos momentos lo niego. Si se tiene que modificar la legislación de contratos, que se modifique. Yo entiendo que efectivamente se han hecho muchos intentos desde el año 1977 hasta ahora para modificar la Ley de Contratos, y la última sigue siendo una ley manifiestamente mejorable -ese es mi propio criterio; no lo predico por parte del tribunal, es mi criterio-; mientras tanto, mientras la legislación esté como esté, el Tribunal de Cuentas no tiene más remedio que decir si ese contrato está o no de acuerdo con la legislación vigente. Determinados gestores que se saltan a la torera determinados requisitos o que creen que saltarse a la torera los requisitos es una cuestión menos importante que la realización de una determinada gestión o la prestación de un determinado servicio se exponen a que las irregularidades, si son contables o penales, caigan sobre ellos; así de claro. No sé si efectivamente he sido


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demasiado duro en mi respuesta, pero eso es lo que pienso, lo que digo y lo que creo que se deriva de los informes que estamos haciendo.

El señor Anchuelo me pregunta por qué este retraso, y tiene razón, porque es sorprendente, sobre todo cuando antes hemos presumido de que ya estamos acercando determinados informes al tiempo real. Pues bien, le voy a decir que efectivamente reconocemos, en primer lugar, el retraso. En segundo lugar, ¿tiene justificación? Tiene explicación. En el Tribunal de Cuentas se hacen los informes de fiscalización anual de todas las comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo. En estos momentos quedan cuatro, que si mal no recuerdo son Murcia, Cantabria, La Rioja y Extremadura, pero hasta hace muy poco eran bastantes más; por ejemplo, en 2006 y 2007 también estaban Asturias, Aragón y otras muchas, por lo tanto había que hacer un informe de todas ellas. Además con respecto a la fiscalización de las autonomías hemos hecho fiscalizaciones horizontales que llevan mucho tiempo y que han sido muy útiles, y cito la de universidades o la del suelo, por poner algún ejemplo. En ellas los datos que correspondían a cada comunidad sobre estos puntos están más actualizados, incluso ya se han visto aquí. Luego me pregunta si hay una coordinación y un análisis de todo el gasto de las comunidades autónomas, ya que en parte desde las fiscalizaciones horizontales era uno de los propósitos, más que la comparación de la gestión entre unas y otras. Pues bien, cuando nos dimos cuenta de que al hacer estas fiscalizaciones estábamos restándole tiempo a los informes anuales, nos hemos dado prisa para poner al día esta cuestión. Esa es la explicación que yo le doy y que me gustaría que le satisficiera, porque además ya les he comentado que los de 2008 y 2009 están muy avanzados y que, por lo tanto, podremos traerlos aquí -esta era una de las confirmaciones que me pedía el señor Piñeiro- lo más pronto posible. Yo creo que la coordinación con los OCEX -contesto a la pregunta que usted hacía sobre informes que proporcionen el gasto global de todas las comunidades autónomas- es perfectamente posible hacerla en el informe anual que además el tribunal realiza de todas las comunidades autónomas. En las directrices de la última fiscalización que hagamos del informe anual de las comunidades autónomas vamos a procurar reflejar este dato. Con esto, creo que le contesto al señor Anchuelo.

Al señor Piñeiro hay que contestarle con su razón y mandado. Efectivamente, ha hecho un análisis y una valoración de la gestión del Gobierno de la Comunidad de Cantabria en términos que, efectivamente, se han apoyado en muchos casos en el informe de 2006-2007 en una época de bonanza -como él ha señalado- y teniendo en cuenta lo que traía de causa de 2005. Nuestro informe de 2006-2007 ya he dicho que está retrasado. Una de las preguntas que ha hecho es si los informes de 2008 y 2009 confirman la situación de Cantabria, en cuanto a lo que puede ser una época que no es de bonanza, y si las irregularidades que están reflejadas en 2006-2007 vuelven a repetirse en 2008-2009. No le puedo adelantar esto por una razón muy sencilla. Cuando todavía los informes no han sido aprobados por el Pleno ni valoradas las alegaciones que nos tiene que enviar la comunidad autónoma, es decir el Gobierno anterior, que nos las tiene que enviar al Tribunal de Cuentas, aunque de la primera labor de campo podamos deducir determinadas cuestiones, en estos momentos yo sería un irresponsable si lo dijera aquí y no cumpliría con la obligación que tengo de ser simplemente portavoz de las conclusiones, de los criterios y de los datos que el Pleno apruebe; porque yo vengo aquí a hablar en nombre del Pleno y no en nombre mío.

Lo primero que me preguntó es qué pasó con los supuestos de responsabilidad contable que había en el informe de 2005 y que ahora también se repiten. De acuerdo con lo previsto en la normativa del Tribunal de Cuentas y sometido el informe al fiscal y a los servicios jurídicos del Estado, el ministerio fiscal apreció diferentes supuestos de responsabilidad contable, todos ellos relacionados con la actividad contractual, pidió la remisión a la sección de enjuiciamiento del tribunal y pidió un testimonio de los mismos. También solicita testimonio de varios hechos en los que aprecia que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal. Tengo que señalar que estas apreciaciones no son sino el primer paso de un procedimiento y que, en consecuencia, habrá que atender a la conclusión de estos procedimientos para sacar la pertinente valoración. Contestando concretamente, la sección de enjuiciamiento todavía no ha pronunciado ningún acto ni ninguna sentencia sobre estos hechos. Simplemente tengo que decir que están en proceso y que cuando llegue el momento serán ustedes los primeros conocedores de esta cuestión.

En cuanto al avance de ejercicios futuros, ya he dicho que el tribunal está trabajando -como consta en el programa de fiscalizaciones- en la fiscalización de los siguientes ejercicios de la comunidad autónoma con la pretensión de aproximarlos al ejercicio actual. Ya dije que los dos ejercicios siguientes, 2008 y 2009, están muy avanzados, pero como es lógico -y también se lo he adelantado- no es posible ofrecer en estos momentos ninguna conclusión de los mismos ni sobre periodos más próximos, ya que la fiscalización -repito- corresponde al Pleno, y hasta que este no se pronuncie a través del correspondiente informe no cabe efectuar ningún pronunciamiento.

Por lo que se refiere a la ingeniería financiera, por decirlo de alguna manera, de las relaciones del Gobierno de la comunidad autónoma con el Racing de Santander, me limito sencillamente a tener conocimiento de ella. ¿Que efectivamente de ahí surjan irregularidades en la utilización de determinados caudales públicos? Ya lo veremos. De momento ese tema no está en el informe de 2006 o de 2007; quizá pueda quedar reflejado en el de 2008 y 2009, por tanto lo estudiaremos como cualquier otra fuente de irregularidad que pueda producirse.


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Por mi parte, nada más, porque respecto a mi opinión sobre la situación actual de la comunidad cántabra después de unas elecciones, repito, no me puedo meter en política aunque me encanta; no puedo y además no lo haré nunca mientras sea presidente del Tribunal de Cuentas. (El señor Pàramo i Posentí pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Pàramo me pide la palabra.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Permítanme únicamente agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y manifestar desde CiU nuestro total agradecimiento a su labor y predisposición a continuar colaborando en la función del organismo que usted preside. Lo digo al final de la sesión para que no se entienda como una descortesía no haber tomado parte en la misma. Soy un diputado recién llegado y me ha gustado mucho escuchar y entender todo lo que han dicho mis compañeros, las señoras y los señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado el orden del día y les advierto que en la próxima sesión seré bastante más inflexible en el uso de los tiempos. (Risas.)

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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