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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 28/06/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 46
Sesión plenaria núm. 45
celebrada el jueves,
28 de junio de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000011) ... (Página4)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 1-1, de 13 de enero de 2012. (Número de expediente 121/000001) ... (Página4)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 15 de marzo de 2012. (Número de expediente 121/000004) ... (Página15)

- Proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 6-1, de 10 de abril de 2012. (Número de expediente 121/000005) ... (Página29)


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- Proyecto de ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (procedente del Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 7-1, de 10 de abril de 2012. (Número de expediente 121/000006) ... (Página37)

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 5-1, de 7 de abril de 2012. (Corrección de error en BOCG, serie A, número 5-3, de 11 de abril de 2012.) (Corrección de error en BOCG, serie A, número 5-4, de 20 de abril de 2012.) (Número de expediente 121/000008) ... (Página42)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página52)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página54)

Segunda votación para la elección del presidente de la Corporación RTVE:

- Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000001) ... (Página57)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página4)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página4)

Al no haber intervenciones en este punto, se pasa directamente a votación.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página4)

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos ... (Página4)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bosch i Pascual; Cuadra Lasarte y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmiendas del Senado ... (Página15)

Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero) ... (Página15)

En turno de fijación de posiciones en las enmiendas introducidas por el Senado intervienen la señora Barkos Berruezo; los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila, el señor Tardà i Coma y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Interviene la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

Proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo) ... (Página29)

En turno de fijación de posiciones en las enmiendas introducidas por el Senado, intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista y López González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

Proyecto de ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (procedente del Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo) ... (Página37)

En turno de fijación de posiciones en las enmiendas introducidas por el Senado, intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista y Ramis Socias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 ... (Página42)

En turno de fijación de posiciones en las enmiendas introducidas por el Senado en este proyecto de ley, intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, Jorquera Caselas, Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página52)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 262 votos a favor, 2 en contra y 42 abstenciones.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Votación de conjunto ... (Página53)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 307 votos a favor más 1 voto telemático, 2 en contra y 12 abstenciones.

Enmiendas de Senado. (Votación) ... (Página54)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero).

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo).


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Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (procedente del Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo).

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Segunda votación para la elección del presidente de la Corporación RTVE ... (Página57)

Sometida a votación la elección del presidente de la Corporación RTVE, resulta elegido don Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao por 194 votos a favor.

Se levanta la sesión a las tres y veinticinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000011).

El señor PRESIDENTE: Tratamos en primer lugar el punto VII: Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Si no hay intervenciones por parte de los grupos se da por dictaminada, y la votaremos en su momento, al final de la mañana.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 121/000001).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, y en concreto sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. Al tratarse de una ley orgánica quiero anunciar a sus señorías que su votación, junto con el resto de los puntos que veremos a lo largo de la mañana, no será antes de la una y media.

Aunque me salga de este punto, aprovecho para rogar a los portavoces de los grupos que, con el fin de ordenar las votaciones -ya que en el punto siguiente hay una serie de enmiendas que provienen del Senado en el tema presupuestario y son unas votaciones un poco complejas-, hicieran llegar a la Mesa, a los servicios de la Cámara las votaciones separadas cuanto antes, y si pudiera ser antes de las diez y media, mejor.

Volvemos al punto relativo al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. En el turno de defensa de sus enmiendas tiene la palabra en primer lugar el señor Bosch, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente nosotros a este proyecto de ley presentamos cuatro enmiendas, de las cuales dos fueron aceptadas y dos rechazadas. La discusión ha sido positiva. La financiación de los partidos políticos es una cuestión transversal que nos afecta a todos, y todos tenemos que poner el máximo esmero y cuidado en no solo transmitir una buena imagen en este aspecto, sino también una buena práctica. En ese sentido nos parece que cuando entre en vigor puede suponer un avance significativo, y en consecuencia nosotros, a pesar de que todavía vemos algunas lagunas, votaremos a favor del proyecto de ley. Estamos orgullosos de nuestras enmiendas, entre otras cuestiones porque debían ser bastante aceptables para todo el mundo, bastante transversales, insisto, como sería el espíritu de este proyecto de ley, hasta el punto de que el Partido Popular las aceptó y las integró en el texto. Dos de ellas se referían a fundaciones de partidos políticos. La práctica de los últimos años nos demuestra que las fundaciones tienen que ser tan vigiladas como mínimo como los partidos políticos. En cuanto a las donaciones a las fundaciones, y en el supuesto de manejo de dinero, no puede ser que las fundaciones de los partidos políticos se conviertan en un coladero como parece que en ocasiones ha ocurrido. Deseamos celebrar que se haya incorporado este punto y agradecer a todos los que han participado en la ponencia su acierto en este y otros aspectos.

Hay un tema en el que lamentamos que no se haya ido más allá, que es en la responsabilidad de los partidos políticos respecto de sus representantes. Ese era para nosotros también un punto importante, que quizá en un futuro se pueda tratar e incorporar también con el fin de que los partidos políticos, cuando haya malas prácticas e irregularidades de tipo financiero o fraude por sus representantes, se hagan corresponsables de esas prácticas y que no recaiga todo sobre los hombros de la


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persona que ha cometido ese fraude o irregularidad, ni tampoco sobre la sociedad entera, que finalmente es quien tiene que pagar si se declara insolvente la persona que ha cometido esa irregularidad, sino que el partido político también contribuya a satisfacer ese castigo o pena que se pueda imponer por malas prácticas. Nos parece una ley mejorable, pero aun así consideramos que es un avance y por tanto votaremos a favor de la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, Amaiur también había presentado distintas enmiendas; algunas han sido admitidas parcialmente. En cualquier caso quería expresar una opinión general en relación con la ley e indicar por qué nuestra postura será contraria a la misma. Desde un primer momento entendimos que la razón de ser de la modificación de ley que planteaba el PP era sobre todo una cortina de humo destinada a poder justificar luego los tremendos recortes que hemos tenido en los ámbitos sociales, presupuestarios, etcétera. En esta medida pensábamos que estaba bastante hueca la proposición que se nos hacía. Quiero recordar a la Cámara que las distintas encuestas de opinión que se han dado por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años hacen referencia por desgracia a que los partidos políticos, y la clase política en general, son el tercer motivo de preocupación de la ciudadanía, y de lo que estamos discutiendo aquí es de la financiación del tercer motivo de preocupación de la ciudadanía, tema importante. Desde nuestro punto de vista no es de extrañar, porque en las últimas décadas creemos que se ha ido evolucionando, que la democracia ha ido vaciándose cada vez más de contenido hasta convertirse básicamente en un mercado electoral. En esta medida los partidos políticos -que en buena parte lo sustentan- se han convertido también en meras maquinarias electorales, en puros productos de marketing electoral. Y la clase política en esta evolución se ha convertido en un entramado de poder con intereses propios, distante de la población. Por eso cuando discutimos de la financiación de los partidos nos parece importante afirmar cómo en la práctica real hoy en día esta financiación tiene dos patas esenciales: por un lado, la financiación que se da desde las instituciones, y por otro lado, las grandes aportaciones que se hacen a los partidos a través de donaciones de importantes empresas, bancos y entidades. Es preciso cortar con esto y conseguir que ese distanciamiento, esa conversión de los partidos en una clase política ajena y distante de la ciudadanía se reinvierta, y que básicamente la financiación se base en la afiliación militante, social de estos partidos, y que sea el motor de su vida económica.

Amaiur aplaude las decisiones tomadas en el último año tendentes a cortar los escandalosos privilegios que se han tenido en esta Cámara por parte de las parlamentarias y los parlamentarios, en el sentido de proporcionarles la máxima pensión de jubilación por unos cortos periodos de cotización y los planes de pensiones privados con los que se han complementado bastante más todas estas pensiones, mientras se iba produciendo un recorte tras otro en el sistema de pensiones. En esta misma dirección Amaiur ha presentado a la Mesa de este Congreso hace meses -y todavía no hemos tenido respuesta alguna- una propuesta para reducir sustancialmente las retribuciones en esta Cámara de forma que como máximo lleguen al triple del salario mínimo interprofesional. Así sus señorías estarían motivadas para subir el vergonzoso salario mínimo interprofesional existente a nivel estatal cada vez que quisieran subirse el sueldo.

Termino. Estamos hablando de financiación y quiero hacer una llamada -como hice el otro día- a la financiación del Plan de la minería, de ese plan que tiene que ver con el reflote en parte de la situación que están viviendo decenas de miles de mineros en estos momentos; plan completamente necesitado de reconversión, y desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad más plena con todas las luchas de los mineros, de sus familias y de sus gentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Finalmente, por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar permítanme una consideración de carácter general sobre el presente proyecto de ley. El BNG es partidario de que la financiación de los partidos políticos descanse fundamentalmente en las subvenciones públicas, además de en las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. La financiación pública asegura una mayor transparencia a la hora de conocer las fuentes de ingresos de los distintos partidos políticos, y asegura también la independencia de los partidos políticos con respecto a los grandes lobbies y grupos de presión económica, algo fundamental si no queremos que se devalúe la democracia. Compartimos no obstante la necesidad de reducir la aportación pública en un contexto de profunda crisis económica como la que estamos viviendo para que los partidos adecuen también sus gastos a esta situación. Pero nos sorprende, y así tengo que manifestarlo, que en un Estado democrático y aconfesional, mientras se aplica esta reducción -que compartimos- a los partidos políticos -partidos políticos que según la propia Constitución española son instrumentos fundamentales para la participación política y por lo tanto para la calidad de la democracia- no se haga lo propio con las aportaciones que reciben las confesiones religiosas, tal y como planteó el BNG en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado o al demandar la revisión del Concordato con la Santa Sede.


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Dicho esto, nuestras dos enmiendas -la 41 y la 42- pretenden un reparto más equitativo de las subvenciones, fijando como único criterio para su reparto el total de los votos obtenidos en las elecciones generales por los partidos representados en el Congreso, frente a la situación actual en la que tan solo se computan los votos obtenidos por estos partidos en aquellas circunscripciones en las que han obtenido representación. La actual Ley Electoral provoca grandes distorsiones entre la representatividad real en unas elecciones de una fuerza política y su traducción en el número de escaños, y estas distorsiones no deben hacerse extensivas también al reparto de las subvenciones. Además nuestra enmienda 42 contempla que las comunidades autónomas puedan otorgar también a los partidos políticos con representación en sus respectivas asambleas legislativas subvenciones anuales con cargo a los presupuestos autonómicos para atender sus gastos de funcionamiento. Creemos que este criterio es más respetuoso con la realidad política plural del Estado español, con un importante número de fuerzas políticas con implantación territorial, muchas de ellas con peso relevante en distintas comunidades autónomas, y que en algún caso carecen de representación en este Congreso de los Diputados. Esta son las razones que fundamentan estas dos enmiendas dentro de una posición del Bloque Nacionalista Galego de apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que para hablar del asunto que nos convoca hoy aquí hay que comenzar por hacer mención a las circunstancias peculiares del inicio de este proyecto de ley; un proyecto de ley que fue el primero aprobado por el Consejo de Ministros, y un proyecto de ley que, aun cuando pueda parecer sorprendente por la materia de que se trata, no fue ni comentado ni consensuado ni mencionado en ningún momento antes de que todos nos enteráramos a través de una rueda de prensa, después de un consejo de ministros. Digo esto porque no suele ser habitual que una materia como esta reciba este tratamiento. De esa manera se toman dos decisiones. Por una parte, un recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, y por otra, la supresión de la cláusula de actualización que había sido introducida en la reforma de la ley de 2007.

Hay que tener en cuenta que en ese año, en 2007, cuando se hace el cambio de ley se intentaba evitar que el exceso de financiación privada en los partidos políticos, en unas organizaciones fundamentales para el desarrollo de la democracia, minara su independencia y su libertad de criterio. Así, ya en 2007 se prohibieron las donaciones privadas y se limitaron las cantidades que podía aportar cada donante. Para compensar, puesto que la vía privada quedaba reducida, se dio más peso a la financiación pública. Ahora se da una vuelta de tuerca más y se dice que una vez hecha una donación no podrán hacer otra las sociedades participadas o sociedades del mismo grupo o las fundaciones de esas empresas, cuestión con la que estamos absolutamente de acuerdo. Pero debemos ser todos conscientes de que de esta manera se limita más la financiación privada cuando con este proyecto de ley hemos recortado al mismo tiempo la financiación pública, con lo cual evidentemente estamos estrechando las capacidades financieras de los partidos políticos y de su funcionamiento, sobre todo de aquellos partidos políticos que se encuentran en la oposición, porque a la hora de realizar su trabajo, a diferencia de aquellos que están en el Gobierno, no disponen de los recursos humanos y de los medios con que estos últimos cuentan.

Por otra parte, se ha suprimido la cláusula de actualización, que no de subida inmediata, porque todo dependía de cómo evolucionara en principio el índice que se había colocado ahí, que puede ser el IPC pero que evidentemente puede ser otro. Aquello se consideró un avance sustancial, puesto que no estaba al albur de la decisión anual, y menos de una decisión anual que podía ser tomada por una mayoría absoluta que apoyara al Gobierno. Porque habiendo mayoría absoluta monocolor, ¿quién garantiza que no habrá otro recorte unilateral sin previo aviso y sin negociación? Y que no se compare con la problemática que puedan tener las empresas en estos momentos en la economía actual: ni la economía ha bajado un 20% ni tampoco esas empresas van a estar al albur de lo que pueda decidir una mayoría absoluta. Evidentemente si la economía no crece, no funciona bien, también tendrá que decrecer la financiación a los partidos políticos, pero entiendo que se pueden buscar fórmulas, que se puede buscar un punto de encuentro en el que se estudie una fórmula de estabilidad, de actualización, que funcione hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo funcione la economía, pero seguro que se puede encontrar, y en las fórmulas presentadas en las enmiendas tanto por nuestro grupo como por el Partido Socialista entiendo que hoy en la Cámara pueda haber alguna solución a ello. De todas maneras queda el trámite en el Senado para que podamos seguir discutiendo sobre esto. Esos dos temas han sido el objeto principal de la reforma, pero se han introducido también otros cambios al amparo de ella de mayor o de menor calado a los que hemos intentado contribuir en el trabajo en ponencia, y estamos en general de acuerdo con ello, o sea, que amplían la transparencia y amplían las obligaciones de cumplimiento de lo regulado por parte de los partidos políticos.

En este sentido también el papel del Tribunal de Cuentas queda reforzado, lo cual es correcto, pero me gustaría hacer unos apuntes sobre este tema. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal en el sentido estricto de dicho término, algo que forme parte del Poder Judicial,


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desde luego no es esa su naturaleza jurídica. Tiene una función de fiscalización y una función de enjuiciamiento, pero no es esa su naturaleza jurídica; de hecho, de acuerdo a su ley, sus miembros perfectamente podrían no ser licenciados en derecho, absolutamente todos, y sin embargo se denomina tribunal. Se trata más bien de un órgano mixto, y por ello es importante que disponga de todos los medios, y de hecho así se hace en la reforma ampliando la casuística susceptible de sanción por parte del tribunal, y también la obligatoriedad por parte del tribunal de actuar sin que sea potestativo si es que se observa alguna de esas importantes irregularidades. Pero si es importante que disponga de todos los medios e incluso de los instrumentos coercitivos para poder realizar su labor de manera efectiva, no lo es menos que tenga que comparecer ante las Cortes a fin de dar cuenta de su labor, de manera que sus informes y opiniones sean valorados y votados en su caso, y que sus resoluciones puedan seguir siendo objeto de recurso ante el Tribunal Supremo.

Hay un aspecto que me gustaría mencionar porque creo que en la ponencia todos los grupos políticos hemos sido conscientes de que hay un problema, quizá no relacionado directamente, aunque sí en parte, con la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, y sí también en parte con la Loreg; hay un problema, decía, del que todos somos conscientes pero al que en este trámite no hemos sabido darle una solución, aun sabiendo que está ahí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que entre los asuntos considerados como infracciones graves a los que el tribunal puede imponer una sanción nos encontramos con la superación del tope de gasto, y me gustaría que constara en el "Diario de Sesiones" este problema, no es ni más ni menos que en el que se encuentran los partidos que no presentan candidaturas en todo el territorio del Estado a las elecciones. Evidentemente con la normativa de la Loreg, y como lógicamente su límite de gasto es inferior al de los partidos que presenten candidaturas en todo el territorio, sin embargo a la hora de hacer una campaña electoral el tronco de esas campañas electorales, que son las cuñas publicitarias, televisión, radio, etcétera, cuesta lo mismo a un partido de ámbito estatal que a un partido que solo se presenta en algunas circunscripciones, porque luego eso o puede ser emitido en todos los lugares a va a ser emitido en un lugar más pequeño, pero el valor de todo eso es el mismo. En la práctica lo que ocurre es que el tope de gasto electoral para los grandes partidos políticos presentes en esta Cámara es siempre más amplio, es más ancho que al que se tienen que enfrentar los partidos que únicamente se presentan en algunas circunscripciones. Creo que todos los partidos políticos hemos sido conscientes de este problema, sabemos que está ahí, nunca se ha rebasado el gasto, pero el hecho cierto es que eso se produce y que esa desigualdad se produce. Por tanto, me parecía correcto hacer una mención específica de ello en la Cámara, sabiendo que es en su caso un problema que tendrá que ser resuelto a futuro.

En resumen, lamentamos la unilateralidad del inicio de este proyecto de ley, creemos que la financiación no puede quedar al albur de mayorías absolutas en la Cámara, y por otra parte, también hemos de decir que aunque se hizo la principal labor en el año 2007, ahora se refuerza aquel trabajo y se refuerza en el ámbito de la transparencia y de los instrumentos coercitivos hacia los partidos políticos a la hora de cumplir la ley, lo cual nos parece correcto y lo saludamos. Mantenemos únicamente una enmienda, esa discrepancia en cuanto a buscar una fórmula de actualización año a año. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Por tanto nuestra valoración en general, señor presidente -y finalizo-, es positiva respecto a las modificaciones habidas, y por ello votaremos a favor, a salvo de ese artículo 9 que hace referencia a lo que he mencionado anteriormente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Vivimos momentos de profunda desconfianza hacia la política, los políticos, los partidos políticos, y en este marco de creciente desconfianza es cuando viene a tramitación esta modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

Creo que todos los miembros de esta Cámara hemos recibido en nuestros correos electrónicos dos que han circulado más, uno que dice que hay más políticos en España que en Alemania, más de 400.000 en España frente a poco más de 100.000 en Alemania; se habla también de los privilegios de los diputados, a veces incluso se utiliza esta misma tribuna para hablar de casta política o se utilizan los micrófonos de los medios de comunicación por parte de algunos presidentes de comunidad autónoma para denigrar el papel del Tribunal Constitucional, un papel básico en cualquier Constitución que se precie. Por ello, además de que haciendo un recuento resulta que en España no tenemos más políticos electos que en Alemania, aproximadamente tenemos unos 72.000, de los cuales 65.000 aproximadamente son concejales, y la inmensa mayoría ni cobran ni trabajan en esto a plena dedicación, y si reciben alguna compensación es mínima en función de los esfuerzos y las horas que tienen que dedicar al bienestar ciudadano, en España hay muchos menos políticos de los que se dice, y lo que hay es mucha más inquina contra la salud democrática de este país que voluntad de arreglar los asuntos públicos.

La financiación de los partidos políticos solo puede ir en dos líneas: o va hacia lo privado o va hacia lo público. Si va hacia lo privado, quienes apoyan a quienes más dinero tienen obtendrán más dinero para hacer política, y los que apoyamos a los que menos dinero tienen obtendremos menos dinero para hacer política. Eso marcará


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unas reglas del juego desiguales para todos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara no opina así, al margen de alguna posición muy minoritaria que aboga por que nos soportemos únicamente con las cuotas de nuestros afiliados, cosa que es manifiestamente imposible. Si instituciones mucho más grandes que los partidos políticos, con mucha más tradición, no son capaces de apoyarse con sus propias percepciones y lo siguen haciendo con los Presupuestos Generales del Estado, mucho más justificado está que los partidos políticos, en función de la fuerza que nos dan los ciudadanos en la calle, tengamos acceso a los fondos públicos del Estado. Por eso para nosotros es básica la financiación pública de los partidos políticos -lo compartimos y coincidimos en esto con la inmensa mayoría de la Cámara- y es importante que sigamos manteniendo este carácter público de la financiación de los partidos políticos.

La reforma que hoy se debate en este Pleno viene marcada por un doble objetivo: el recorte del 20??% de la subvención a los partidos políticos y la eliminación de la cláusula de revisión. El Partido Popular podría haber elegido simplemente retrotraer la situación, dada la crisis, al año 2007, hacer ese recorte del 20??% y no haber tocado esa cláusula de revisión para mantener la seguridad de que no se utiliza la financiación de partidos políticos como arma arrojadiza entre las bancadas de uno y otro lado. Se opta por las dos cuestiones y por darle manos libres al Gobierno, como en los otros treinta años prácticamente de sistema democrático, para que decida la partida. Sea. El tiempo nos pondrá a cada uno en nuestro sitio.

Respecto a las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario que represento, tienen un triple objetivo. Primero, un reparto más equitativo de las subvenciones a los partidos políticos. Ahora se reparten en función del voto obtenido y de los diputados que se tienen en esta Cámara, pero para obtener diputados en esta Cámara hay que pasar el rasero de la Ley D'Hondt y el rasero de las circunscripciones electorales y eso implica una discriminación a la hora del reparto del dinero. Nosotros planteamos que el criterio básico sea los votos que se obtienen en las urnas. Segundo, una mayor transparencia a esta ley. En parte lo hemos conseguido y estamos satisfechos porque en la ponencia se ha realizado un buen trabajo y se han recogido buena parte de las medidas de transparencia que planteamos en nuestras enmiendas. Tercero, en el tema de las fundaciones de los partidos políticos, por un lado, establecer mayor claridad en esa financiación -se ha conseguido-, y por otro, establecer para las fundaciones de los partidos políticos las mismas limitaciones en sus donaciones que tenemos los partidos políticos. Lamentablemente, esto no ha sido posible. No se han establecido esas mismas limitaciones para las donaciones a las fundaciones que tenemos los partidos políticos y en ese sentido no estamos todo lo satisfechos que nos gustaría.

Es cierto que la reforma recoge una reducción del 20??% de las subvenciones, el objetivo inicialmente planteado. Se amplían los sujetos que no podrán donar a los partidos políticos, como son las empresas del mismo grupo que trabajan para las administraciones públicas o fundaciones que están sostenidas con fondos públicos. En el tema de la condonación de la deuda a los partidos políticos se establece el mismo tratamiento que tienen las donaciones, los mismos límites, las mismas condiciones de notificación al Tribunal de Cuentas. Se establece la obligatoriedad de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones de más de 50.000 euros. Se nos obliga -esta es una cuestión que pedíamos desde Izquierda Unida a través de un registro y al final se ha adoptado una medida adecuada- a que a partir de ahora los partidos políticos publiquemos en nuestras páginas web el balance y cuenta de resultados una vez haya visto el Tribunal de Cuentas nuestra contabilidad, y sobre todo debemos hacer públicas las operaciones crediticias que tenemos con las entidades bancarias. Se modifican los plazos de informes y de sanciones del Tribunal de Cuentas y se le obliga a este a sancionar las conductas que antes se podían o no sancionar. Se establece un mayor control en la contabilidad de las fundaciones. Por último, se establece la obligatoriedad del Banco de España de atender los requerimientos del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a informar sobre las operaciones de crédito de los partidos políticos.

La ley avanza, pero, desde nuestro punto de vista, no todo lo que debería. Nos gustaría una mayor progresividad y una mayor justicia en el reparto de las subvenciones a los partidos políticos; nos gustaría que las fundaciones que dependen de los partidos políticos tuviesen en la aceptación de sus donaciones exactamente los mismos límites que tienen los partidos políticos. Entendemos el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular, pero no lo compartimos. No obstante, vuelvo a repetir que la ley avanza y tiene un carácter positivo.

Nuestra posición va a ser de abstención respecto al conjunto de la reforma legal. Y termino repitiendo el deseo que expresé en la Comisión. Esperamos que desde las bancadas de la actual oposición -el futuro dirá dónde estaremos cada uno- no se utilice esta partida de subvención a los partidos políticos como un arma arrojadiza contra quienes no ostentan el Gobierno. Esperemos que el Gobierno no llegue a caer tan bajo y esperamos y deseamos que con una financiación pública, correcta, transparente y proporcional a la representación que nos da el electorado a cada fuerza política se mantenga la independencia de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.


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El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

El colega Aitor Esteban se refería a la dificultad del trámite de hablar de una enmienda sin enmarcarla en el debate de una ley. No hemos tenido el honor de contar hoy aquí con ningún miembro del Gobierno, a pesar de ser una ley orgánica, y por eso quizá es necesario establecer ese pequeño marco para que se entienda la posición de cada grupo.

El primer dato es que lo que tuvimos inicialmente fue el anuncio en una rueda de prensa -la segunda rueda de prensa de la portavoz del Gobierno- de un proyecto de reforma de la ley de 2007. No insistiré -porque ya lo ha hecho el señor Esteban- en que la ley de 2007 era una firme apuesta por la transparencia y la financiación pública de los partidos frente a la oscuridad de los sistemas de donaciones privadas. En esa rueda de prensa del 30 de diciembre solamente se anuncia una reducción del 20??% de la subvención pública a los partidos y nada más. Se cita en esa rueda de prensa la existencia de la cláusula de salvaguardia del IPC y no se cuestiona. Una primera consideración, señores del Grupo Parlamentario Popular, esta cuestión forma parte de las reglas del juego político. Esto es tan sensible como la legislación electoral, por tanto, lo lógico hubiera sido una proposición de los grupos. Si el Gobierno quería subrayar la iniciativa política, al menos podía haber hecho algunas consultas a los grupos, aunque fueran informales. Son las reglas del juego y una iniciativa unilateral no nos parece la forma más elegante de iniciar una reforma como esta.

Segundo dato. En enero, con toda diligencia, entra en la Cámara un proyecto de ley muy sencillo; dos artículos que retocan dos disposiciones y en el que aparece una medida que no estaba anunciada en la rueda de prensa. Es un procedimiento habitual. Ya sabemos que doña Soraya hace ruedas de prensa pero lo importante viene siempre en el "BOE"; no es la primera vez que pasa. En ese proyecto que se envía a la Cámara desaparece la cláusula de actualización vinculada al IPC -desaparece, de hecho, cualquier cláusula de actualización-, porque se determina que será cada Ley de Presupuestos la que fijará incondicionalmente cuál es la subvención; esa subvención queda a voluntad de la mayoría parlamentaria y, por tanto, a voluntad del Grupo Parlamentario Popular. El temor obvio ya expresado aquí es que podría suceder -esperemos que no- que dentro de tres meses el proyecto de ley de presupuestos trajera otra rebaja del 20, del 50 o del 70??%.

Tercer dato. El proyecto da un giro sustancial en Comisión porque los grupos minoritarios incorporan nuevas materias al debate en ponencia que enriquecen enormemente el proyecto, como se ha dicho aquí. Quiero hacer referencia al excelente clima de trabajo que se ha creado en la ponencia y a la paciencia y la flexibilidad que ha tenido el colega don José Antonio Bermúdez de Castro en los trabajos de conducción de esa ponencia. El Grupo Parlamentario Socialista avala todas las mejoras que tienen origen en esas enmiendas de los grupos. Avalamos la transparencia de las relaciones con las fundaciones, la ampliación de las empresas que no pueden hacer donaciones, las limitaciones a las condonaciones, la publicidad de las páginas web, la clarificación del sistema sancionador y el papel del tribunal. En resumen, avalamos todas las mejoras nuevas que aparecen en las enmiendas de los grupos. Avalamos y apoyamos la reducción del 20??% porque, como dice el texto, debemos participar todos en el esfuerzo colectivo para salir de la crisis. Es un sacrificio duro. Alguna prensa está exhibiendo con delectación las dificultades económicas de algunos partidos, pero somos plenamente conscientes del momento y de la necesidad de esa solidaridad. Por tanto, apoyamos el acuerdo de la ponencia en la reducción del 20??%.

En relación con la otra parte del proyecto original del Gobierno, debo decir que no hemos encontrado ninguna posibilidad de acuerdo. Lamento que, habiendo exhibido el compañero Bermúdez de Castro una enorme flexibilidad, esa flexibilidad fuese inversamente proporcional al margen del que disponía para este tema concreto. Todas las reticencias y frontalmente en contra sobre la no existencia de una cláusula de revisión, sobre la incapacidad de los partidos, que son organizaciones complejas, para planificar su vida económica más allá de un año. No se trata solo de las dificultades del gasto corriente de un partido, se trata también de los planes financieros, se trata de los planes de pagos, que por supuesto requieren una planificación a más largo plazo que un año. Por eso, hemos mantenido viva hasta este trámite una enmienda transaccional que vincula la variación de la subvención a la suerte de la economía. Nos parecía una fórmula adecuada. Si es la situación económica del país la que nos obliga a este recorte, vinculemos la suerte de la subvención a la marcha del país. Por tanto, aceptado ese recorte del 20??%, nos parecía que a partir de ese momento podría vincularse el crecimiento de la subvención a una fórmula como la del PIB o cualquier otra de tipo objetivo que pudiéramos encontrar. Ustedes se han negado -ha sido puesto de relieve aquí, especialmente por el representante del PNV-, y quiero recordar otra vez, querido colega Bermúdez de Castro, que estamos tocando las reglas de juego, que estamos tocando una cuestión que en todas las democracias se hace con enormes acuerdos, con acuerdos muy mayoritarios. A partir de ahora, hay que decirlo con toda claridad, las reglas de juego quedan en manos de uno solo de los jugadores, que podría imponer a todos los demás un cambio en esas reglas a mitad del partido. Es algo que rechazamos frontalmente.

A pesar de esta dificultad mayor, que justificará que mantengamos aquí la enmienda y que la reiteremos en el Senado, debo decirles que no es óbice para un voto a favor del proyecto de ley orgánica, puesto que el resto del contenido, que ha sido expresado por otros portavoces, y el gesto de solidaridad y de recorte nos parecen perfectamente adecuados en un momento de tanto sacrificios para empresas, para familias, para personas o para


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instituciones. Pero quiero terminar con unas consideraciones, parecidas a las que acaba de hacer mi compañero de Izquierda Unida Ricardo Sixto, de tipo preventivo. Señores de la mayoría, nosotros no apoyamos un cambio de modelo que sustituya la transparencia de la financiación pública por una vuelta a la oscuridad de las donaciones y a la maraña de relaciones por intereses privados o empresariales; nosotros nos mantenemos en el espíritu de 2007, que es preferencia absoluta a una financiación pública transparente. Si esto que aparece hoy en la Cámara es una especie de disimulada involución hacia un sistema de donaciones y aportaciones privadas, como hemos oído a algunos líderes del Partido Popular, que parece que pretenden que la financiación de partidos y sindicatos corresponda solo a los militantes, debo decirles, con escándalo, que ustedes estarían utilizando la crisis y la solidaridad como una excusa, como una coartada para un designio ideológico. Si esto es el principio de una vuelta al sistema de no transparencia y de no subvención pública, si esto es una forma de comenzar a abonar el discurso de que los partidos y los sindicatos deben ser solo financiados por sus militantes, estarán ustedes utilizando la excusa de la crisis como una coartada para un interés ideológico, y ahí no nos pueden esperar. No nos esperen tampoco en un discurso antipolítica, como el que criticaba mi compañero Sixto. No se trata solo del artículo 6 de la Constitución, estimado colega Bermúdez de Castro; el papel sustancial que la Constitución otorga a los partidos sería el mismo aunque no hubiera esa referencia constitucional. La hay, por tanto, seamos cautos en este deslizamiento progresivo, insensible, por el cual pasamos hace no mucho de criticar agudamente algunas prácticas de algunos políticos a criticar a todos los políticos, a criticar a todos los partidos y, ahora ya, a criticar directamente a las instituciones. A ver si vamos a tirar el niño con el agua. Quiénes serán los que nos sustituyan a los políticos en ese mundo ideal en el que la casta desaparece es algo que debería preocuparnos a todos.

Quiero hacer una reflexión final hacia otra perspectiva diferente a la de este pensamiento conservador pero que, al final, viene a abonar la misma circunstancia. Se nos pide a la política capacidad de resistencia frente al poder del dinero, de los mercados y de los especuladores. Pero el tiempo que se nos pide capacidad de resistencia se nos debilita, se debilita la autonomía de la política, mientras que el mundo del dinero, el mundo que pugna por hacerse con todo el poder tiene toda la capacidad, todos los medios, todos los cerebros, todos los asesores y toda la capacidad para introducir sus mensajes en la opinión pública. Por tanto, mientras que para ellos el espacio se amplía, para nosotros se estrecha. Hoy mismo estamos viendo cómo a este país maduro y democrático puede llegar un millonario americano y poner unos cuantos millones encima de la mesa y se dice que se va a cambiar la ley para ese millonario americano. Eso es lo que pretendemos nosotros evitar a toda costa. (Aplausos).

Termino, señor presidente. No queremos que la política deje de ser un espacio atractivo para los mejores de esta sociedad. Ahí tampoco nos esperen, si es esa su idea. En resumen, sí a la solidaridad y a la reducción de ese 20??%, pero no al cambio unilateral de las reglas del juego esenciales en la democracia española; no a un cambio subrepticio del modelo de financiación preferentemente pública y transparente por uno privado; no al discurso antipolítica que practican con delectación algunos líderes del Partido Popular; y no a un debilitamiento de la política frente a un poder económico, especulador y antisocial. Ahí no nos esperen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, empiezo por felicitar a todos mis colegas, a todos mis compañeros, y por supuesto a los servicios de la Cámara, que han hecho un excelente trabajo en los días en los que se ha reunido la ponencia, lo que ha permitido que hoy llegue a la Cámara lo que considero -como explicaré a continuación- un gran avance y un buen texto, una buena reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Unión Progreso y Democracia había presentado a esta reforma diecinueve enmiendas. Como ya se ha dicho, lo que inicialmente iba a ser simplemente una propuesta del Gobierno de reducción de un 20??% se ha convertido en un debate sobre cuestiones importantes -ya se han señalado algunas y yo señalaré alguna más. Como decía, mi grupo presentó diecinueve enmiendas, queriendo aprovechar la oportunidad para hacer un debate sobre otras cuestiones de la financiación de los partidos políticos. Tengo la satisfacción de decir que de las diecinueve ha habido trece que se han incorporado sea total o parcialmente y que algunas otras han servido para la reflexión y, en algunos casos, para enmiendas transaccionales. Por tanto, estamos satisfechos, desde Unión Progreso y Democracia, de la sensibilidad que ha habido y del resultado final de este debate.

La reforma, a nuestro juicio, mejora mucho la transparencia en materia de financiación de partidos políticos y acaba con abusos como la condonación de deudas a los partidos por entidades financieras. Creo que este es un tema al que se le ha dado poca importancia hasta este momento. Lo que la ley contempla es que a partir de ahora las condonaciones de deuda tendrán el límite máximo de 100.000 euros, el máximo común, y serán consideradas donaciones. Creo que esto es un avance muy importante y muy sustancial. Los partidos dejan de estar protegidos por normas tan arbitrarias como las que consideraban información reservada, entre comillas, sus préstamos o deudas, y la ley obligará a los partidos a


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hacer públicas y accesibles todas sus cuentas anuales, además de dar al Tribunal de Cuentas una capacidad sancionadora que ayudará a combatir las malas prácticas ligadas a la financiación ilegal, a su vez muy ligada, por qué no reconocerlo, a la corrupción.

Lo importante, señorías, es que el trabajo que se ha hecho en esta reforma demuestra que cuando hay voluntad política y preocupación por el interés general, es posible superar los antagonismos de partido, a veces puramente artificiales, a veces concebidos para ocultar que en otras cosas están tan de acuerdo. Digo que ayuda a superar estos antagonismos de partido para mejorar el sistema democrático, porque de eso estamos hablando, de una mejora del sistema democrático, y contribuir a superar el descrédito de las instituciones, porque eso son los partidos políticos, instituciones imprescindibles de la democracia. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). No olvidemos que los partidos políticos son un instrumento esencial, imprescindible para la democracia, pero, a la vez, son las instituciones más desacreditadas ante los ciudadanos que no los ven -que no nos ven- como instrumentos a su servicio. Creo que tenemos que hacer esta reflexión y también hacer autocrítica, no solamente quejarnos de lo que pasa y echarle la culpa a otros de que los ciudadanos tengan esta visión negativa de los partidos políticos, sobre todo la tenemos que hacer si todos los que aquí estamos, como creo que es el caso, consideramos que son instrumentos imprescindibles para la propia democracia.

La opacidad, la dependencia casi absoluta de las subvenciones públicas, la lejanía que perciben los ciudadanos respecto de sus preocupaciones, de las preocupaciones de la gente, están en el origen de ese desapego que hemos de combatir. Esta ley pretende no solamente cambiar la imagen sino combatir el origen del problema, cambiar de verdad la estructura financiera y la rendición de cuentas y no solo, como era la propuesta inicial, ahorrar un 20??% de nuestro presupuesto.

La democracia, señorías, no puede subsistir siquiera si carece de instituciones sólidas en las que se pueda confiar razonablemente, cuya independencia y control público deben estar garantizados al margen de quien gobierne. El descrédito de las instituciones en plena crisis sistémica es en sí misma una crisis política que amenaza con convertirse en crisis de la democracia, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno con el nacimiento y crecimiento de partidos antisistema, xenófobos y racistas que han aparecido después de que se constituyera y se mantuviera el descrédito de los partidos políticos. Por eso, la percepción social de los partidos está íntimamente ligada con la calidad de nuestra democracia. Los partidos deben mejorar, debemos hacernos transparentes, rendir cuentas, autofinanciarnos en parte para proteger a la democracia en sí misma; lo debemos hacer para proteger a la propia democracia.

La nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos que hoy estamos discutiendo, a juicio de Unión Progreso y Democracia, es un indudable progreso en este sentido. Los partidos políticos no podemos estar al margen del escrutinio público; nuestros asuntos internos, y de modo relevante la financiación, son asuntos públicos porque son asuntos de interés público. Una democracia en la que los partidos son instituciones accesibles y abiertas a la opinión pública por la propia ley y acostumbradas a la rendición de cuentas es sin duda una democracia más viva, más saludable y capaz de mejorar. Por tanto, es una democracia más capacitada para reaccionar con energía y lucidez ante los desafíos de la crisis porque estamos realmente ligados a nuestra capacidad para reaccionar ante estos desafíos. Si las instituciones políticas, esta misma Cámara, se constituyen a partir de los partidos políticos, que son los que nos presentamos a las elecciones, no hace falta que insistamos demasiado en la ligazón entre nuestra capacidad para enfrentarnos a la crisis y la capacidad de los propios partidos políticos para enfrentarse a ella, precisamente por estas razones de transparencia de la que antes hablaban. Si así lo hacemos, estaremos más capacitados para reaccionar con energía y lucidez ante los desafíos. No es casual, señorías, que la falta de reacción de altura a los desafíos de nuestra triple crisis venga acompañada del mayor descrédito de los treinta y cuatro años de democracia en los partidos políticos. Para salir de la crisis necesitamos leyes como esta. Este es el tipo de grandes reformas y acuerdos de Estado que necesita nuestra democracia, aquellos que contribuyen a reforzar las instituciones esenciales para la democracia, haciendo que esta sea más eficiente, más deliberativa, más representativa, más transparente, más de todos. Esto sí que son acuerdos de Estado, acuerdos políticos de Estado. Es verdad que hay mucho por hacer, es verdad que podíamos haber avanzado más, es verdad que podíamos tejer consensos con más profundidad en todas estas cuestiones sobre las que hemos hecho grandes acuerdos, pero como muy bien han señalado todos los que me han precedido en el uso de la palabra, particularmente -y tengo que mostrar mi satisfacción- el portavoz del Grupo Socialista, aunque sabemos que queda mucho por avanzar, hemos avanzado mucho quiero creer no solo porque necesitamos dar una imagen ante los ciudadanos sino porque nos creemos nosotros mismos que para que la democracia mejore, para que la democracia cambie, nosotros, los partidos políticos, instituciones esenciales de la democracia, también tenemos que cambiar, también tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, también tenemos que hacer autocrítica y también lo tenemos que hacer de cara a los ciudadanos. La aprobación de esta ley es una gran noticia política.

Sin duda, queda mucho trabajo por hacer en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas y refuerzo de las instituciones, pero este es un buen paso inaugural en este camino, un buen paso en esta marcha hacia una democracia que se parezca, que responda a las


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exigencias de los ciudadanos del siglo XXI. Señorías, ha pasado esa etapa -también la hubo en nuestra democracia y la gente que tiene mi edad la ha vivido- en la que una cierta opacidad era una exigencia siquiera para construir la propia democracia. Cuando salimos del franquismo, cuando empezamos a construir la democracia, los ciudadanos entendían razonable que hubiera una cierta opacidad, que no discutiéramos públicamente de todas nuestras cosas y que no hubiera un escrutinio permanente, porque los partidos políticos, la política entonces estaba muy mal vista. Teníamos miedo -se tenía miedo, y con razón- de que si dejábamos que se nos viera el esqueleto, si empezábamos a destaparnos de una manera absoluta desde el primer momento, si había transparencia, si había techo de cristal, igual no éramos capaces de construir las instituciones democráticas. Pero afortunadamente la sociedad española ha cambiado mucho; los ciudadanos son hoy muchísimo más exigentes respecto de todas las instituciones y por supuesto respecto de los partidos políticos. Esa exigencia de los ciudadanos debe ir acompañada de una exigencia de los propios partidos políticos para estar a la altura porque creemos que los partidos políticos son imprescindibles para la democracia, porque no hay democracia sin partidos políticos, porque las instituciones democráticas se eligen, se constituyen a partir de los partidos políticos, que somos los que nos presentamos a las elecciones. Sí, hay que avanzar de forma que los ciudadanos puedan pedirnos más cuentas, de forma que los ciudadanos sean tomados más en consideración a la hora de elegir a sus representantes. Sí, hay que cambiar la Ley Electoral, como decía el representante de La Izquierda Plural; claro que hay que cambiarla, claro que hay que abrir las listas, claro que hay que hacer más representativo el voto de los ciudadanos. Todo eso hay que hacerlo, pero tenemos que empezar por algún sitio; tenemos que empezar por aquello en lo que hemos sido capaces de encontrar un consenso mayor.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidenta, acabo ahora mismo.

Tenemos que empezar, insisto, por aquello en lo que hemos sido capaces de alcanzar un consenso mayor.

Es verdad, esto no empezó bien -se ha dicho aquí-; empezó en el mes de diciembre con una rueda de prensa después de un Consejo de Ministros en la que nos dijeron que se reducía la aportación pública a los presupuestos de los partidos políticos. No empezó bien, empezó sin ningún tipo de diálogo; era una medida para hacer caja. Pero, señorías, una medida que empezó para hacer caja se ha convertido en una medida de regeneración democrática, de transparencia y de fiscalización para los partidos políticos. Pues bien, creo que aunque empezó mal, ha terminado bien y nos tenemos que dar la enhorabuena.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, Convergència i Unió votó a favor del dictamen y de la votación de conjunto en la Comisión Constitucional de este proyecto de ley orgánica, y hoy en el Pleno Convergència i Unió volverá a votar a favor de esta reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Por tanto, vaya por delante nuestra posición global positiva, que enlaza con el momento histórico en el que esta reforma se plantea, un momento de crisis económica, de exigencia de austeridad. En ese contexto de crisis y de exigencia de austeridad que compartimos, el Gobierno plantea una reforma que supone rebajar de golpe un 20??% las aportaciones públicas, vía Presupuestos Generales del Estado, a los partidos políticos con representación en esta Cámara y rebajar también un 20??% las aportaciones que reciben las fundaciones, vía concursos, también vía financiación pública, ligadas a los propios partidos políticos. Por tanto, rebaja del 20??% que nuestro grupo entiende y vota a favor.

Cierto es también que este proyecto de ley orgánica hoy introduce otros cambios en las reglas del juego en el ámbito de la financiación de los partidos políticos, cambios que no son menores. Los partidos políticos, señorías, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Por tanto, los partidos políticos deben contribuir a consolidar las reglas del Estado democrático y deben mejorar evidentemente su funcionamiento interno, su transparencia y su financiación. Estas reglas del juego, esenciales en un Estado democrático, que la propia Constitución en su título preliminar reconoce y enfatiza, esas reglas del juego merecen un consenso amplio en esta Cámara y en la sociedad, que debe entender también las modificaciones que aquí se producen. Y este proyecto de ley orgánica que hoy vamos a aprobar, con el voto positivo de Convergència i Unió, no ha conseguido el amplio consenso en algunos de sus aspectos que nuestro grupo hubiera querido que se produjera en ámbitos muy concretos del proyecto de ley.

Es cierto que se produce el consenso, y muy importante, en novedades que tienen trascendencia. Habrá más transparencia en la vida interna, en la contabilidad, en el conocimiento público de las contabilidades de cada partido político. Más transparencia y mejores fórmulas de control por parte del Tribunal de Cuentas; aspectos como las condonaciones, que quedan mejor reguladas. Hay aspectos de consenso en este proyecto de ley que suponen un avance positivo, y esa ha sido labor de esa ponencia plural y de manera muy concreta quiero agradecer al ponente del Grupo Parlamentario Popular, don José Antonio Bermúdez de Castro, esa labor que ha


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tenido que tejer para intentar aunar distintas enmiendas presentadas. Por tanto, demos valor a ese consenso en aspectos que van a mejorar la transparencia, el funcionamiento y el control en la financiación de los partidos políticos. Pero también es cierto que, junto con ese avance que se produce, junto con esa reducción de un 20??% en las aportaciones que van a recibir los partidos políticos y las fundaciones vía Presupuestos Generales del Estado, se produce un aspecto importantísimo que no reúne en estos momentos el consenso de la Cámara. Con este proyecto de ley orgánica que hoy vamos a aprobar, se suprime cualquier cláusula de revisión de la financiación anual que los partidos democráticos con representación en esta Cámara reciben vía Presupuestos Generales del Estado. En estos momentos había una cláusula, pactada con el consenso de todos en la anterior legislatura -legislatura que produjo una ley de consenso sobre la financiación de los partidos políticos-, que estableció menos aportaciones privadas, aumento de las aportaciones públicas en un 20??% y cláusula de revisión de acuerdo con el IPC cada año. Hoy se da marcha atrás, ese aumento del 20??% que entró en vigor en 2008, hoy se reduce. Estamos de acuerdo, pero se elimina cualquier tipo de garantía de revisión. Y los partidos políticos, que deben ser plurales, que garantizan el pluralismo político, que garantizan, de acuerdo con la Constitución, el funcionamiento democrático, necesitan una mínima previsión a la hora de realizar sus cuentas anuales y de organizar el propio personal que da servicio a los mismos. No puede quedar al libre albedrío del Gobierno de turno que elabora un proyecto de presupuestos, que si tiene mayoría absoluta en esta Cámara es seguro que se aprobará tal y como se elabora ese proyecto de ley, que pueda un día reducirse un 30, un 40??% porque el partido que está en ese momento en el Gobierno así lo considera oportuno, sin el necesario consenso constitucional que una reforma como esta precisa. Por tanto, aquí no hemos acertado, y hoy, unos están en el Gobierno y mañana estarán en la oposición, y otros que están en la oposición quizá mañana estén en el Gobierno y podrán aplicar ese libre albedrío. Eso no es bueno, porque las reglas de funcionamiento de los partidos políticos y su financiación deben contar con ese amplio consenso de los principales grupos de esta Cámara, como siempre ha sido, porque son, se decía antes, las reglas del juego de nuestro Estado democrático. Estamos hablando de una ley orgánica que forma parte de un bloque de constitucionalidad, que está en el título preliminar de la Constitución y que necesitaría en este aspecto de un consenso mayor.

Ya les adelanto que Convergència i Unió entiende claramente que no debe garantizarse necesariamente que las aportaciones irán creciendo según el IPC; estamos de acuerdo en que en estos momentos esto debe revisarse, pero podría hacerse atendiendo a la evolución de la propia economía del país, el producto interior bruto. ¿Que la economía funciona bien, crece ese producto interior bruto? Se pueden actualizar las aportaciones; ¿que la economía funciona mal? Se pueden reducir esas aportaciones. Por tanto, estaríamos de acuerdo en una fórmula flexible, pero que garantizara que, como mínimo, esa financiación -es importante la financiación pública de los partidos para garantizar su funcionamiento democrático, no todo puede quedar al albur de la financiación privada- no quede absolutamente al libre albedrío del Gobierno que legítimamente en cada momento vaya a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, aquí en este aspecto concreto del proyecto de ley, tenemos aún una oportunidad, señor Bermúdez de Castro; tenemos la oportunidad de llegar a un mayor consenso en lo que es el trámite en el Senado. Es una negociación que deben realizar los principales grupos parlamentarios y es una negociación necesaria para que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, al que Convergència i Unió votará favorablemente, tenga finalmente un sí amplio en todos los aspectos de este proyecto de ley. Tal y como está redactado hoy, el artículo 9 no puede merecer nuestro voto positivo, porque eliminar cualquier tipo de actualización y dejarlo absolutamente abierto al proyecto de presupuestos de cada año, es tanto como dejar abierto que un partido que pueda tener legítimamente mayoría absoluta, pueda, vía Presupuestos Generales del Estado, modular cómo dosifica cada año las aportaciones públicas a los partidos políticos, que son una garantía de funcionamiento, de pluralismo y del Estado democrático. Por tanto, en este sentido, nuestra visión crítica del artículo 9; debemos darle una vuelta antes de que esto se envíe al Boletín Oficial del Estado. Es importante para el funcionamiento del Estado democrático que una ley, la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, tenga finalmente en todos sus aspectos ese consenso esencial ante las reglas del juego que entre todos debemos aprobar.

Señora presida, señorías, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos esta mañana una reforma muy importante que, como toda iniciativa legislativa, importa y afecta al conjunto de la sociedad, pero que en esta ocasión también nos afecta especialmente a todos nosotros porque todos formamos parte de partidos políticos con representación en esta Cámara. Es una reforma que recoge, sin modificación ni variación alguna, el alcance, los objetivos y los principios de austeridad y ejemplaridad del proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes, pero que, tras varias reuniones de la ponencia, ha sido enriquecida con aportaciones de todos los grupos parlamentarios sobre la base de otros dos principios: la transparencia y la mejora de los mecanismos de control


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y fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones en un texto final que entiendo debería gozar de un alto grado de consenso.

Soy consciente de que algunas de las pretensiones iniciales de algunas formaciones políticas no se han recogido en el texto que hoy sometemos a aprobación, pero todos deberíamos reconocer también que se han dado pasos muy relevantes, que hemos incorporado muchas mejoras en el texto de la Ley de Financiación de Partidos que hoy debatimos. Y lo hemos hecho por vía de transacción, por la vía del acuerdo, de textos consensuados entre todos los grupos. Por lo que, por un lado, quiero agradecer las menciones que algunos portavoces han hecho de mi persona esta mañana y, por otro lado, quiero agradecer el trabajo del letrado y de todos los ponentes, y permítanme que lo haga también de una persona que hoy no habla en esta tribuna por toda la aportación que nos ha realizado, que es el señor Benegas, del Grupo Socialista a quien agradezco -a su grupo también, señor Sánchez- la posición final en apoyo de la presente ley. Es verdad, señorías, que la Ley de Financiación de Partidos no es una ley cualquiera, es una ley muy importante, porque es una ley que junto con la Ley Electoral, la propia Ley de Partidos y los reglamentos de las Cámaras conforman lo que se ha venido en denominar la médula espinal de las reglas del juego de nuestro sistema democrático. Estamos hablando de una pieza esencial de nuestro sistema, porque los partidos políticos tenemos una indudable relevancia social, no en vano más de un millón de españoles están afiliados a un partido político, pero también una relevancia constitucional indiscutible. Precisamente por ello, por ser un elemento clave de nuestra arquitectura constitucional los partidos no debemos solo representar a la sociedad, sino que debemos ser también espejo y reflejo de sus inquietudes, de sus demandas y sus necesidades. Y hoy, señorías, lamentablemente la sociedad española está sufriendo, la dureza de la crisis económica está teniendo un fuerte impacto en las familias españolas y los partidos y la política no podemos ser ajenos a esa circunstancia. La política y los partidos debemos ser los primeros en compartir los costes de la crisis. La política y los partidos debemos ser los primeros en dar ejemplo. Por eso, tenemos que ajustar nuestra financiación a la realidad social, a la realidad de la calle. Señorías, la gente no va a hacer lo que les digamos, va a hacer lo que vea que hagamos. Es la única manera de que los españoles se sientan identificados con nosotros. Lo contrario nadie lo entendería y nos llevaría a seguir perdiendo credibilidad, de la que, por cierto, últimamente no andamos muy sobrados. Por eso, la principal filosofía de esta reforma es la ejemplaridad y es, precisamente, ese principio de ejemplaridad el que ha llevado al Gobierno a proponer la reducción de las subvenciones de los partidos en un 20??%, un porcentaje que no es caprichoso. Si en el año 2007, antes del inicio de la crisis, se elevaron las ayudas en ese mismo porcentaje, lo lógico, lo justo es que ahora disminuyan en esa misma cantidad para todos y a todos por igual.

No teman, no es nuestra intención cambiar el modelo de financiación de partidos para ir a otro en el que prime la financiación privada, porque si así fuera habríamos elevado los límites establecidos en la ley para las aportaciones y las donaciones privadas, y ni lo hemos hecho y ni siquiera lo hemos propuesto. Nosotros creemos en un modelo mixto de financiación, señor Sánchez, una privada proveniente de las cuotas de los afiliados y de las aportaciones de ciudadanos y empresas. Eso sí, señor Cuadra, se lo dije en la Comisión Constitucional y se lo reitero, aportaciones libres y voluntarias; tome nota, voluntarias. (Aplausos). Una financiación pública para desarrollar las importantes funciones públicas que la Constitución nos encomienda desde la autonomía y la independencia. Una financiación que responda además de manera coherente a nuestro sistema electoral y que por tanto tenga en cuenta los votos, pero también los escaños y de manera proporcional. Y una financiación que sea suficiente, pero también austera, rigurosa y responsable en la gestión de los recursos y más aún en unos momentos tan difíciles como los actuales. Por eso, entendemos que la financiación pública de los partidos debe quedar condicionada a la situación económica, debe quedar condicionada a la marcha de la economía. Puedo llegar a comprender desde la óptica del partido alguna de las peticiones que me han realizado, pero en este momento, antes de mirarnos entre nosotros, antes de entendernos entre los partidos tenemos que aprender a escuchar y a entender a los ciudadanos. (Aplausos). Hoy por hoy ni podemos ni debemos garantizarnos más de lo que tiene garantizado el conjunto de la sociedad. Esa es la razón por la cual no podemos aceptar que exista una cláusula de revalorización de las ayudas públicas a los partidos en los Presupuestos Generales del Estado, simple y llanamente porque la inmensa mayoría de los españoles tampoco la tienen, señorías. Y si los españoles no tienen una cláusula semejante para asegurar la revalorización de sus ingresos cada año, ¿cómo podríamos justificar que los partidos políticos sí la tuvieran? ¿Cómo podríamos hacerlo? Eso, señorías, no tiene ninguna justificación, ninguna explicación. Además, en este momento no sería ni justo ni solidario.

Nosotros no hemos roto ningún consenso, ninguna regla del juego, señor Sánchez. Hasta el año 2007 no había ninguna cláusula de revalorización anual de los partidos, un modelo que, por cierto, durante muchos años antes estuvo vigente con Gobiernos socialistas y con Gobiernos populares hasta que ustedes en el año 2007 decidieron cambiarlo sin nuestro apoyo, sin nuestro voto. Así que no nos acusen de romper ningún acuerdo institucional. En todo caso, yo les invitaría, como vamos a hacer, a volver al consenso anterior. Señorías, una cosa es la literalidad de la ley y otra determinados relatos y discursos que se hacen alrededor de las leyes, que es lo que ha pasado en alguna ocasión esta mañana. No deslicen la sospecha de que este Gobierno tiene intención de utilizar las subvenciones a los partidos políticos ni como arma ni como instrumento político; eso ni está en


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la ley ni ha ocurrido nunca en el pasado ni desde luego va a ocurrir ahora. No se preocupen, este Gobierno no adopta medidas arbitrarias; siempre adopta medidas justas en base al sentido común y al interés general. Por ello, creo que con lo que debemos quedarnos es con la literalidad de la reforma y con lo positivo de la misma, que es lo que de verdad nos interesa, porque hemos trabajado mucho y logrado importantes acuerdos con la colaboración de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Un trabajo que nos ha llevado también a trasladar a los partidos el principio de transparencia que se va a aplicar a las instituciones públicas. Por ello, estaremos obligados a publicar en nuestra página web tanto el balance como la cuenta de resultados, así como nuestra situación financiera. Asimismo, hemos limitado las condonaciones de deuda que, además, deberán hacerse públicas. Era algo que nos debíamos, señoría. Ya habíamos dado algunos pasos en la ley del año 2007, pero eran claramente insuficientes. Ahora, apostamos por la transparencia de manera decidida, definitiva y en un camino además sin retorno, en un camino irreversible. No podemos seguir aceptando que se nos acuse a los partidos de ser un escudo de opacidad. Si somos cauce de participación no podemos ser nunca un dique a la transparencia, y la mejor manera de contrarrestar esa percepción, la mejor manera de contrarrestar esa sensación que existe es con hechos, con medidas como las que hoy adoptamos.

En esa línea creo también relevante que hayamos ampliado supuestos de empresas que no pueden donar a los partidos políticos y que hayamos establecido la prohibición a todas las fundaciones que reciben cualquier tipo de ayuda pública de donar a los partidos. Las fundaciones pueden realizar actividades conjuntas con los partidos en interés común de ambos, pero no pueden ser nunca ni un instrumento ni un mecanismo de financiación ilegal de los mismos. Con esta medida de prohibición hemos establecido un cortafuegos para impedir casos por todos conocidos y que han tenido eco en los medios de comunicación, para que esos casos no se puedan volver a reproducir en el futuro. Por último, hemos mejorado y aumentado los mecanismos de control y fiscalización a partidos y sus fundaciones, que también verán reducidas las subvenciones en un 20?% este año, y hemos otorgado potestad sancionadora directa al Tribunal de Cuentas en caso de incumplimiento de los límites y obligaciones que la ley impone a los partidos. Estas y otras medidas que ya han sido mencionadas por otros portavoces ponen de manifiesto la relevancia de las reformas que hemos introducido en la ley y que van a suponer una mejora de la calidad de nuestra democracia.

Termino, señora presidenta. Decía con razón Ortega y Gasset que el mando debe ser siempre un anexo de la ejemplaridad. Hoy tenemos que pasar de los discursos ejemplares a las medidas ejemplares. Hoy toca estar a la altura de lo que nos demanda la sociedad. No podemos pedir esfuerzos a la gente si antes no hemos sido capaces de hacerlos nosotros. Con esta reforma los hacemos y recogemos importantes medidas en favor de la austeridad y la transparencia de los partidos. Hoy, todos los que estamos en esta Cámara tenemos que tener un especial compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos. Desde este compromiso y desde esa responsabilidad es por lo que yo les agradezco el apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bermúdez de Castro.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a las enmiendas del Senado. En primer lugar, vamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma laboral. Como saben, en este punto se va a dar la palabra a todos los miembros del Grupo Mixto, ruego a cada uno de ellos que cumpla estrictamente el tiempo que les ha sido concedido, que cada uno de ellos conoce perfectamente. En primer lugar, la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta. Estrictamente lo intentaremos, son dos minutos y, francamente, fijar posición en torno a una medida de estas características en dos minutos es más una cuestión de buena voluntad que de posibilidad real, pero lo intentaremos.

Empezaré por decir de manera muy esquemática que nos alegramos enormemente del fin del trámite, ministra, porque cada vez que el partido que sustenta su Gobierno mete mano en este proyecto de ley en las diferentes partes del trámite, de verdad que es para empeorarlo. Los últimos cambios en el Senado van a contar con nuestro voto en contra, con el voto en contra de Geroa Bai, como no puede ser de otra manera. Quiero recordar que se han limitado a aceptar y asumir algunas enmiendas del Grupo Popular, el cálculo de pensiones que supone un recorte medio del 6?% en las pensiones futuras y, por supuesto, la prioridad para permanecer en el puesto de trabajo en caso de despidos colectivos al personal laboral fijo de la Administración pública que haya superado un proceso selectivo, y con esto, como digo, el eje central de lo que ha supuesto el paso de una enmienda de esta hondura, de esta dimensión, por la Cámara Alta.

Vamos a hacer un breve balance en el escaso minuto que me resta de lo que ha supuesto esta reforma laboral, ministra, desde que fue aprobada como real decreto y,


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por lo tanto, desde que está en vigor desde el pasado mes de febrero. Ha supuesto que los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo, por un ERE, entre enero y abril con la reforma laboral en vigor, hayan aumentado un 44,4 ?% respecto al mismo periodo del año pasado, lo han hecho en el conjunto del Estado y lo han hecho también en aquellas zonas en las que el aguante venía siendo un poquito más digno, es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, no así este año, que en términos de desempleo ha caído en picado; la cifra de trabajadores con ERE en el caso de la Comunidad Foral se ha duplicado desde que entró en vigor la reforma laboral. No redondo, por lo tanto, a esta reforma, lo venimos haciendo desde el inicio del trámite, el no redondo de Geroa Bai también a las enmiendas que su grupo parlamentario ha introducido en el Senado. Y lo dicho: nos alegramos de que el trámite finalice.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, termina la tramitación parlamentaria de la reforma estructural más importante que ha acometido el nuevo Gobierno, es la reforma más unánimemente reclamada por todos los expertos, todos los partidos, todos los agentes sociales, todas las instituciones especializadas y todos nuestros interlocutores europeos. Una reforma estructural que ya dijimos en esta tribuna que llega tarde, que no es suficiente para recuperar el empleo perdido, pero que era y es necesaria para homologar el marco de relaciones laborales español a los actuales parámetros europeos. Una reforma que debería haberse tramitado con un gran acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, como se ha hecho con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de reducción de déficit público, con la reestructuración financiera, con el papel de España en la Unión Europea, con los mecanismos de ayuda del sistema financiero o, por qué no decirlo, con la financiación de los partidos políticos como acabamos de discutir ahora mismo. Al final, señorías, la política partidista pudo más que la responsabilidad y el pragmatismo y así fue imposible alcanzar un consenso que UPN siempre solicitó. Nosotros participamos del debate, presentamos enmiendas con las que quisimos mejorar el proyecto de ley, y algunas de ellas que creemos importantes fueron aceptadas, lo cual agradecemos. Sí es verdad, y lo hemos criticado, que en paralelo a esta reforma hayamos asistido al anuncio de la reducción de la financiación de las políticas activas de empleo que se tramita dentro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En Navarra esos fondos se han reducido en 15 millones de euros, un 54?% menos sobre lo que se esperaba recibir. Pero en fin, es verdad que el Gobierno de Navarra ha hecho un acuerdo para destinar algo más del 94?% de aquello de lo presupuestado, que al final lo presupuestado entre el Gobierno de Navarra y el Estado quede en un 94?%, una medida que ratifica el compromiso de mi partido de mantener las políticas activas de empleo porque para nosotros la mejora de la empleabilidad sigue siendo una prioridad absoluta.

Termino, señorías, con el deseo de que cuanto antes recuperemos la confianza en nosotros mismos y el carácter emprendedor, que es al final lo único que nos va a permitir salir de esta situación, que haya gente que arriesgue, si me lo permiten, con un puntito de locura, como el que ayer tuvo Sergio Ramos.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en este plazo de dos minutos esperemos que el espíritu de Gracián esté presente con fuerza.

Señorías, Foro va a votar favorablemente las enmiendas que ahora se presentan procedentes del Senado en el último paso necesario para la aprobación definitiva de la reforma del mercado laboral. Hemos venido apoyando esta ley porque desde el primer momento en que el Gobierno presentó el proyecto en esta Cámara defendimos su necesidad para homologar las características de nuestro mercado laboral, poniéndolo a la altura del de los países de nuestro entorno. Los casi 6 millones de desempleados que padece España demandan un cambio profundo en la legislación laboral de nuestro país, y esta ley debe ser la respuesta a esta necesidad. En su tramitación se aprobó una de nuestras enmiendas, con gran satisfacción, de indudable trascendencia por la que se reduce de dos a un año el periodo de prórroga de los convenios colectivos cuando no se llegue a un acuerdo para su renovación. Es la rebaja de la ultraactividad. Esta enmienda incorporada al texto de la reforma laboral durante el debate de la ley en la Comisión de Empleo del Congreso dotará de una mayor capacidad en la toma de decisiones a las empresas y a la representación de los trabajadores y, al mismo tiempo, potenciará la flexibilidad interna de la empresa en la negociación colectiva como alternativa a la destrucción de empleo. Es un ejemplo de cómo a través del diálogo y de la apertura de la negociación con el resto de los grupos se puede mejorar una ley en contraste con el cerramiento blindado exhibido en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Creo que este nuevo modelo que hará más flexible las relaciones laborales no responderá por sí mismo a lo que de él se espera sin ponerlo en relación con las demás reformas estructurales, y me refiero a la que atañe al mundo financiero. Sin la sangre del crédito el organismo económico se muere y sin la confianza del consumidor, del mercado, del ciudadano y de sus representantes legítimos, el organismo social se desintegra en un sálvese quien pueda.


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Termino. Esta confianza se logra con decir la verdad, pero no a plazos, sino allí donde es más sagrada, aquí en la sede de la soberanía nacional, en el Parlamento, y aquí es donde esperamos al Consejo de Ministros y a su presidente en las próximas fechas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

El domingo estaba en Alicante y me preguntaron: ¿Qué tal por Madrid? Y yo les dije: Mal, todo deprisa, corriendo y sin consenso. Deprisa con esta reforma laboral, nos la ventilamos el último día en dos horas y hoy en hora y media nos la ventilaremos; una reforma de la importancia y del calado que tiene esta reforma, sin consenso, con su mayoría absoluta injusta como harán con esta reforma laboral, con los presupuestos o luego con el presidente de la Corporación de Radiotelevisión. Por cierto, no me gustaría que Radiotelevisión Española se convirtiera en un Canal Nou o en un Telemadrid con los que no nos sentimos nada cómodos ni representados.

Esta mañana he desayunado con unas declaraciones del presidente de la CEOE, don Joan Rosell. Decía que le cuesta explicar a sus colegas europeos las medidas que está adoptando el Gobierno, al señor Rosell, a él, que es uno de los suyos. Imagínense a los ciudadanos cuando tienen que explicar estas medidas que están tomando en su contra. Es una reforma que está hecha a la medida de la patronal, injusta e inútil. Es injusta porque da todo el poder a una parte, todos los beneficios a la empresa. Pregunten a los ciudadanos, señora ministra, si les gusta esta reforma laboral. Y es inútil. El presidente del Gobierno dice que todas las medidas van dirigidas a mejorar la economía y a crear empleo. Pues bien, ayer el Banco de España decía que la recesión económica se agrava, que persiste el deterioro del empleo y que hay una caída del consumo. ¿Para qué ha servido esta reforma? Para elevar el paro. Ustedes están gobernando al 24?% y la tasa de paro valenciana, donde ustedes gobiernan desde hace diecisiete años, está en el 27,3?% y en Alicante en casi el 30?%, cinco puntos y pico por encima de la media en los meses que ustedes llevan gobernando en este país. Lo dicho, es una reforma injusta e inútil. Y si es injusta e inútil, ¿para qué la aprobamos? ¿Para qué aprobamos una reforma manifiestamente inútil para crear empleo? Compromís-Equo no lo entiende y nos tememos que la inmensa mayoría de los ciudadanos tampoco.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no será la primera vez en que los nacionalistas canarios negamos la mayor en relación con este proyecto de reforma del mercado laboral. De todas las decisiones posibles, de todas las medidas necesarias a tomar para confrontar una situación de crisis como la que vivimos, precisamente esta no era por la que había que empezar, una reforma que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, una reforma que no resuelve el problema fundamental: el estímulo a la creación de empleo en el Estado español. Una reforma que ha implicado que se demuestre que el partido del Gobierno hace exactamente lo contrario de lo que predica. No ha habido consenso, no ha habido oportunidad de entenderse entre las partes y al final se ha generado un instrumento que para lo que va a servir realmente es para facilitar el despido, como está demostrando la práctica. No hay una sola evidencia empírica de que las decisiones derivadas de este proyecto de reforma vayan a suponer un incremento del empleo, un término que precisamente ha desaparecido del lenguaje a la hora de confrontar la recesión. Ni una palabra sobre la necesidad de crear empleo, que es precisamente la clave de la cuestión.

En esta mini intervención de dos minutos no tengo más remedio que volver a mi libro y mi libro es contarles cómo van las cosas en Canarias, porque a veces tengo la sensación de que no es suficiente con todas las veces que lo repetimos mi compañera y yo. Interanualmente, de mayo a mayo, el paro registrado en Canarias se ha incrementado un 15,3?%, 130.000 personas sin derecho a ningún tipo de prestación. No podemos apoyar una reforma que no afecta a lo fundamental, no podemos apoyar una medida que incide sobre lo que no es la esencia de las cosas y que sobre todo no va a generar ni empleo ni la redistribución del trabajo existente en el país.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, en los tres primeros meses de puesta en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma laboral, los ERE no pactados se incrementaron en un 3,17?% y los trabajadores afectados por los mismos multiplicaron por cuatro los afectados en el año anterior. Además, se ha conseguido como objetivo de la reforma una rebaja salarial que hace que los salarios en el Estado español sean un 11?% inferior a la media de la Unión Europea, un 25?% de la zona euro. Y con estos datos, tan positivos en relación con el bienestar de las mayorías sociales, hoy se va a aprobar con el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego la ley que procede de este real decreto. Vamos a


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votar en contra, señorías, porque la tramitación de este proyecto de ley es la demostración de que con el Gobierno del Partido Popular todo puede ir a peor. La ley salió del Congreso peor de lo que llegó el real decreto y vuelve del Senado peor de lo que salió. Por tanto, señorías, no podemos hacer otra cosa más que votar en contra y vamos a dar algunas razones en el poco tiempo que tenemos.

Queremos mencionar la disposición final vigésima que introduce variación en el cálculo de las pensiones. Señorías, no solamente esta incorporación como enmienda en el Senado hace que muchas personas vayan a tener una pensión inferior tanto de incapacidad permanente como de jubilación, sino que el Gobierno y aquellos grupos políticos que apoyaron esta enmienda aprovechan la tramitación en el Senado de esta ley para modificar la Ley de la Seguridad Social, que no hace un año siquiera que fue reformada, y justamente en una de las pocas cosas que tuvo de positiva aquella reforma. Hoy el Gobierno del Partido Popular echa por tierra algo que se mejoró y hace posible que estas pensiones, que nunca van a ser superiores a la mínima, tengan una rebaja. Por tanto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de esta ley, como ya lo manifestó en toda su tramitación, porque va a ser una ley que solo va a servir para empeorar la calidad laboral y la calidad de vida de las mayorías sociales.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila, debe terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Y desde luego no sirve en absoluto para mejorar la situación económica del Estado, tal como indican los datos y tal como lo demuestra evidentemente la recesión que se está viviendo y la que anuncia el Banco de España.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, quiero felicitar a la CEOE. Sí, quiero felicitarles porque han ganado. De hecho, también quiero felicitar a sus brazos políticos en este Parlamento, Convergència i Unió y el Partido Popular, porque lo han conseguido. A partir de ahora sus amigos empresarios pueden contratar barato y despedir cuando quieran. De hecho, pueden permitirse el lujo de elegir las cadenas a colocar a los trabajadores. Acaban con la negociación colectiva, desregulan el mercado laboral, ponen en jaque la praxis del derecho laboral y consiguen gestionar el miedo, convertido este en el auténtico protagonista de las relaciones laborales.

Hemos presentado casi un centenar de enmiendas y hemos trabajado para unas condiciones laborales mejores, pero ustedes nos han aplicado el mismo concepto que han introducido a su mercado laboral. Nos han echado gratis y sin diálogo. En su locura han aprovechado el trámite del Senado para acortar el periodo de ultraactividad de los convenios, favoreciendo aún más a los empresarios. Han conseguido una reforma laboral de maquila y unas relaciones laborales para disponer de trabajadores noruegos a precio de bazar chino. Para ustedes no somos trabajadores en un sistema social, somos mercancía en un mercado laboral.

Hemos vivido ciertamente tiempos de paz social en los que los trabajadores hemos aceptado los beneficios de los empresarios a cambio de condiciones laborales y salariales dignas. Pero estos beneficios hoy no son suficientes. Quieren cada vez más. Están tensando demasiado la cuerda y al final sus cadenas se romperán. Por ello me dirijo a los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma laboral pretende convertir a los empresarios en amos y a los trabajadores en esclavos. Pero no podrán vencernos si los trabajadores dejan de votar -repito: dejan de votar- a quienes van en contra de sus intereses y solo a favor de los mercados. A ver si aprendemos de una vez.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Señora presidenta, señorías, hoy, 28 de junio de 2012, las conquistas laborales de las últimas décadas quedarán en nada. La reforma laboral que hoy se quiere aprobar aquí, lejos de reformar, destruye; destruye derechos sindicales, destruye la fuerza vinculante de la negociación colectiva y destruye los derechos individuales y colectivos de cada trabajador y cada trabajadora. Gracias a esta reforma laboral, la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas de la empresa será motivo suficiente para proceder al despido, lo que significa que cuando un empresario o empresaria cree que no está ganando lo suficiente puede despedir a media plantilla y contratar a gente joven, que hasta los treinta años podrá tenerlos en contrato de prácticas.

Los ERE crecen, y no es raro viendo que no hace falta ninguna autoridad laboral ni la intervención de ninguna autoridad laboral para hacerlo. Despedir es más barato que nunca. Con la nueva reforma laboral, las ausencias justificadas son causa suficiente para deshacerse de quien al empresario o a la empresaria no le interesa. La reforma se cargará el peso de los sindicatos y la negociación colectiva. Los empresarios y empresarias podrán decidir lo que es más conveniente para sus trabajadores, que para eso les pagan. Ahora llamamos emprendedores a lo que antes eran empresarios y podemos alargar los periodos de prueba hasta un año; así, cuando un trabajador estorbe, se le dice que no ha superado el periodo de prueba, que ha estado un año haciéndolo mal, y sanseacabó.


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Sinceramente, ¿así es como el PP pretende crear empleo? A no ser que tengan otra que el resto de la gente no hayamos leído, esta reforma laboral que hoy quieren aprobar definitivamente no solo no creará empleo, sino que servirá para despedir, bajar salarios y no cumplir los convenios colectivos. Lo que está haciendo el Gobierno del PP es desmantelar el marco de relaciones laborales, apostando claramente por acabar con la influencia de los sindicatos en la negociación colectiva. Están dejando a miles de personas sin un proyecto de vida, con unos contratos precarios, salarios míseros, pudiendo ser despedidos en cualquier momento, negándoles el derecho a enfermar. ¿Cómo pretenden que la sociedad entienda las medidas que hoy se quieren aprobar? La sociedad saldrá a la calle, no les sorprenda. ¿Qué harían ustedes mismos si vieran que les están negando derechos tan básicos como unas condiciones dignas de trabajo y, para más inri, se vieran obligados a pagar 100.000 millones de euros de una deuda que no han creado? Ustedes también saldrían a la calle a reclamar sus derechos.

Hoy, más que nunca, queremos reivindicar un marco vasco de relaciones laborales; y digo más que nunca porque España nos hunde. Ese rescate, que no lo es, y esta reforma que es para crear empleo, pero no lo va a crear, nos hunden. Sabemos que mientras no tengamos nuestro propio marco de relaciones laborales, nos aplicarán esta reforma, porque ustedes, señoras y señores del PP, tienen la mayoría absoluta y la poca vergüenza de llamar reforma laboral a este proyecto de ley que solo habla de privar de derechos a los trabajadores y trabajadoras del país que gobiernan. Si de verdad quisiéramos crear empleo, estaríamos hablando de inversión pública, pero estamos hablando del despido libre, de llamar absentismo laboral a una enfermedad transitoria.

Señoras y señores, esto es un atraco. Es un atraco a los derechos adquiridos, un atraco al trabajo, un atraco a nuestro salario, un atraco a la dignidad que desde Amaiur no apoyaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, honestamente tengo que decir que a mi grupo le gustaría practicar el estilo esencialista de los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero no estoy dotado para este género retórico y tendré que hacer una reflexión de las que caracterizan a mi grupo, atinente incluso a la naturaleza del trámite que estamos dilucidando, que es valorar las enmiendas del Senado.

Vamos a empezar por la única que vamos a aceptar, señora ministra, que es aquella disposición final decimoctava nueva, donde se aceptan los requerimientos de las haciendas forales, en definitiva, los requerimientos tanto del Convenio Económico como del Concierto Económico en relación con los beneficios tributarios, que fórmulas contractuales que, sin embargo, paradojas de esta norma, nosotros repudiamos o refutamos, se consignan en dicha norma.

Dicho esto, señora ministra, quiero agradecerle que haya usted manifestado una gran flexibilidad, ya que la negociación fue muy compleja -como usted perfectamente sabe- en relación con esta enmienda. No podemos aceptar ninguna de las demás enmiendas aprobadas por el Senado por razones, algunas ya explicitadas anteriormente y otras que no puedo in extenso en este momento comentar o glosar. En primer lugar, en relación con la reducción de la llamada ultractividad. La ultraactividad es una agresión a los derechos de los trabajadores. Si me permite una expresión obiter dicta, usted se ha encontrado inopinadamente, señora ministra, con una aliada; una aliada de gran relevancia. La señora Clinton ha alabado, se ha jactado de que usted haya aprobado una norma de estas características. Yo no sé si la señora Clinton ha tenido la oportunidad de analizar y de leer lo que ocurre, pero es muy fácil realizar apoyos retóricos de esta naturaleza en un país que tiene un porcentaje de desempleo del 8?%. En estos momentos Estados Unidos cuenta con una población activa notablemente superior a la del Estado español; hay 3.400.000 desempleados y nosotros vamos derechamente hacia la cifra de los 6.000.000 de desempleados, desafortunadamente, y esta reforma no lo va a evitar, señora ministra, como usted sabe. Es más, desde que está vigente la reforma se han destruido, prácticamente, 400.000 empleos ya, que son más de los previstos por su ministerio en relación con la destrucción que ustedes, en sus trabajos de prospectiva, habían calculado que se iba a producir durante el año completo, durante todo este año. Esta es una de las virtualidades de la reforma. Por lo pronto -no lo sabemos, habría que tener facultades paranormales para saber qué va a suceder en el futuro- lo que está es destruyendo empleo. Las previsiones para el año que viene de llegar a la cifra simbólica, dramáticamente simbólica, de los 6.000.000 de desempleados es inevitable seguramente.

Quiero anunciarle, salvo para esta enmienda, que nos parece correcta, la oposición rotunda para la reducción del periodo de ultractividad, sobre todo cuando no se regula cuál es el mecanismo de renegociación o de articulación de las condiciones de un convenio tanto las normativas como las convencionales, porque la norma no lo regula, cuando un convenio ya ha vencido pierde su vigencia. ¿Qué sustituye al clausurado de ese convenio, ya vencido, pasado el año si los interlocutores sociales son incapaces -que es lo previsible- de negociar otro nuevo, a pesar del mandato, el requerimiento legal, a la negociación de otro nuevo? No se sabe. Se crea un problema serio de inseguridad jurídica que no se prevé o no se soluciona con las previsiones o el contenido material de esta norma. Yo se lo advertí, deberíamos atender a esta cuestión porque va a generar gran conflictividad. De


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hecho, la gran conflictividad va a ser el elemento que acompañe la aplicación de esta norma y que sus pretendidas virtualidades -suponiendo que alguna tenga, que alguna tendrá, aunque en mi grupo no hemos sido capaces de discernirlas- se van a ver atemperadas o compensadas negativa y brutalmente por la susceptibilidad de crear una gran conflictividad, sobre todo cuando se enuncie la negociación colectiva que esta ley, que hoy vamos a terminar de debatir, regula en materia de negociación colectiva laboral, mediante una desactivación del mandato constitucional consignado por el artículo 37 de la Constitución y las invocaciones de la legislación laboral vinculadas a la naturaleza vinculante o naturaleza erga omnes, a la naturaleza normativa de los convenios colectivos como fuente complementaria de las relaciones laborales o de la configuración de las relaciones laborales. Como esto se destruye, esta invocación constitucional y normativa de la legislación laboral previgente desaparece, porque ya se puede disponer de los convenios colectivos mediante la regulación de la totalidad prácticamente de sus cláusulas normativas en ámbitos inferiores. Normalmente el ámbito es el de la empresa, que es por el que opta este proyecto de ley, ámbito de la empresa donde la regulación de las condiciones laborales va a ser una regulación necesariamente in peius, porque si se desciende hacia una regulación de los convenios colectivos en el ámbito empresarial es porque esa empresa está sufriendo dificultades y, por lo tanto, tienen que regularse in peius, en condiciones peores o más duras para los trabajadores, las cláusulas del convenio colectivo de ámbito empresarial de una empresa que está sufriendo dificultades. Dificultades tan genéricas como las que ustedes establecen aquí, porque son dificultades solo relativas que ni siquiera pueden poner en peligro la propia subsistencia, la propia competitividad y si se descuida, señora ministra, hasta el carácter hegemónico en el sector de actividad de una empresa, cuando estamos hablando, con relación a las causas denominadas objetivas para sus distintos ámbitos, no solo de pérdidas presentes o previsibles futuras sino de descenso de ingresos o de descenso de ventas. Una empresa solo por sufrir un descenso de ventas, que puede ser de naturaleza puramente coyuntural, no puede estar legitimada al otro gran problema que caracteriza esta reforma laboral que es la manifiesta descausalización y desregulación tanto de las formas de entrar en el mercado de trabajo como de estar en el mercado de trabajo mediante una disminución del poder sindical en beneficio de un incremento correlativamente proporcional del poder de los empresarios y de salida del mercado de trabajo.

¿Cómo se descausaliza la entrada del mercado de trabajo? Mediante la creación de contratos como el de los emprendedores, que son manifiestamente ilegales. No se puede elevar el periodo de prueba a un año porque usted sabe que esto va a servir para expulsar en el día 364 de ese año a los trabajadores contratados a través de esta peculiar fórmula contractual. Desde esa perspectiva es una degradación respecto a los mecanismos contractuales que hemos conocido tradicionalmente y que se han ido perfilando y configurando en el ordenamiento jurídico laboral, casi desde la primera revolución industrial, cuando las relaciones laborales dejaron de ser articuladas a través de contratos civiles y mercantiles, de los contratos de arrendamiento de servicios, o de los contratos de ejecución de obra, o del contrato de sociedad. Hemos avanzado mucho, se creó un contrato de trabajo cuyas esencias se perturban y se relativizan hasta límites muy peligrosos en esta reforma laboral, pero, sobre todo, se generó un derecho del trabajo de carácter tuitivo porque quienes suscriben un contrato de trabajo no lo hacen desde una posición de igualdad, señora ministra. El trabajador está subordinado al empresario en función de dos condiciones: la dependencia jerárquica de su poder de dirección y la ajenidad, la dependencia salarial del empresario. Por eso, el derecho del trabajo es un derecho tuitivo y compensador de la desigualdad primigenia que subyace a la hora de articular las relaciones laborales contractuales.

De la misma manera que se descausaliza la entrada, se descausaliza la existencia del trabajador en su puesto de trabajo, mediante la posibilidad de modificar sus condiciones de trabajo por las llamadas causas objetivas, que son hasta siete: causas económicas, causas técnicas, causas organizativas, causas de producción, inadaptación del trabajador a los requerimientos de la competitividad... En definitiva, es como decir que el empresario puede disponer de las condiciones de trabajo de forma absolutamente discrecional y sin ninguna limitación. Y esto hace referencia a todas las condiciones laborales sin ninguna excepción. Por cierto, la movilidad puede provocar algo inédito en nuestro derecho de trabajo, que se realicen funciones de categoría inferior, a la productividad, al rendimiento, a la clasificación de trabajador cambiando y aumentando el concepto de categorías profesionales por el de grupos profesionales y a cuantas condiciones de trabajo se puedan citar, que son todas, señora presidenta -perdón, señora ministra-. Es la segunda vez que le califico de presidenta, algún augurio tiene que haber en estas reflexiones seguramente.

En tercer lugar, también se descausaliza y se desregula la salida porque la salida a través de la previsión del nuevo artículo 41 es una salida barata, fácil y descausalizada; se puede expulsar solo y sencillamente porque el empresario quiere, y por veinte días por año trabajado, señora ministra -digo bien en este momento-. A través de las siete causas que son tan deletéreas, tan omnicomprensivas, que a usted le hubiese bastado decir -seguramente haya sido por un cierto pudor normativo en cuanto al uso del lenguaje, o falta de coraje suficiente porque igual es lo que alguien le ha pedido- que el despido en este país va a ser libre, no gratuito del todo, casi gratuito, pero libre; veinte días por año de antigüedad como indemnización o treinta y tres días si se produjera despido disciplinario, algo que será muy improbable que se produzca, siendo tan fácil despedir por causas objetivas.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, nosotros no estamos en condiciones, a pesar del aval de la señora Clinton, de avalar esta reforma. En Estados Unidos y en el derecho anglosajón -ya acabo, señora presidenta- si el sindicato de automoción decide una huelga, no se fabrica un automóvil en ese país; si los guionistas de Hollywood deciden una huelga, no se hace una película.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento pero tiene que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuidado con los avales, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, señorías, es un trámite importante el que ahora mismo tiene lugar; llega por última vez a la Cámara una de las reformas más cruciales de la legislatura, la del mercado de trabajo, con poco interés por parte de la Cámara, por lo que agradecemos la sensibilidad de la señora ministra al haber acudido. Las enmiendas del Senado que debatimos son numerosas pero no cambian sustancialmente el texto anterior, por lo que creo que tiene sentido, aunque hablaré al final de ellas, centrar mi intervención en hacer una valoración global de la reforma.

Nosotros inicialmente podríamos haber sido un aliado potencial para reformar el mercado de trabajo porque, a diferencia de otros grupos, creemos sinceramente que había que reformarlo. Hay grupos en la Cámara que consideran todo cambio un ataque a los derechos sociales, como si el mercado de trabajo anterior fuese el perfecto, pero tenemos una tasa de desempleo del 24?%, un desempleo juvenil del 50?%, una temporalidad del 25?% que fue del 33?% en el periodo anterior a la crisis, por lo que parece razonable reformar el mercado de trabajo. Nuestro problema no es reformarlo sino cómo se ha reformado, y en especial que en nuestra opinión esta reforma sigue la línea de reformas anteriores en el sentido de aumentar la precariedad.

Sé que no es el mensaje del Gobierno, probablemente tampoco sea su intención, pero en nuestra opinión sinceramente esta reforma aumenta la precariedad del mercado de trabajo porque sigue existiendo el contrato temporal, del que se ha venido abusando hasta ahora, y además incorpora un contrato de formación hasta los treinta años y un contrato indefinido con un periodo de prueba de un año que puede funcionar como un falso contrato indefinido. El tiempo dará o quitará razones, pero aunque es pronto para evaluar la reforma ya hay datos de lo que ha ido sucediendo. Por ejemplo, los datos del mes de mayo nos indican que solo un 7,97?% de los nuevos contratos, alrededor del 8?%, son indefinidos; un 92?% siguen siendo temporales. Es cierto, es pronto para evaluar la reforma, pero lo que hay hasta ahora no parece indicar que la temporalidad vaya a cambiar; y pronto se publicará la EPA, que desde luego no conozco, pero veremos por ejemplo los datos de destrucción de empleo indefinido. Sería de temer, con la situación actual y esta reforma, una caída importante en el empleo indefinido. Pronto lo sabremos.

Además, la precariedad no es un aspecto baladí del mercado de trabajo; tiene efectos de todo tipo sobre la economía, por ejemplo, sobre la formación de los trabajadores. Los empresarios no tienen incentivos para formar a los trabajadores que solo van a estar unos meses en la empresa y esa falta de formación afecta a la productividad, afecta a la falta de competitividad de nuestra economía. Tiene que ver con asuntos como la siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo, y con aspectos de la vida personal: la edad de emancipación que hay en nuestro país, la natalidad, la dificultad de acceso a la vivienda. Se puede decir que el contrato temporal es una forma de entrada o de camino al indefinido, pero lo que ha venido sucediendo es que el trabajador cae en la trampa de la temporalidad. Entra en un contrato temporal y nunca pasa al indefinido, pasa a otro temporal o al paro para volver a otro temporal.

Por eso nuestra propuesta era el contrato único indefinido con indemnización creciente. Ha sido rechazada pero hemos hecho un gran esfuerzo en nuestras enmiendas por detallar esa propuesta. Aunque a veces se la trate de académica, de utópica, de no realizable, en nuestras enmiendas, que trabajamos bastante, quedó claro que es una propuesta aplicable a la realidad laboral española. Por ejemplo, incluyendo una tabla de indemnizaciones distinta según el despido sea procedente o improcedente, o con periodos de formación o prácticas dentro del marco de ese contrato único indefinido. Ha sido rechazado pero esperamos que el trabajo que hemos hecho pueda servir en el futuro como modelo si alguna vez se opta por esta vía. Si no se optara por eso, al menos habría que dificultar la contratación temporal en el marco de la reforma, por ejemplo, aumentando las cotizaciones por desempleo a los contratos temporales, lo que supondría una forma de incentivar la contratación indefinida. Tampoco ese tipo de enmiendas nos fueron aceptadas.

La segunda gran objeción a la reforma es que se pasa de una situación anterior en que en las relaciones entre trabajadores y empresarios había un sesgo muy fuerte en contra del empresario en el sentido de que las decisiones importantes de la empresa no las podía tomar a menudo -sobre salarios, horarios, movilidad-, a una nueva situación en que el sesgo cambia radicalmente, ahora demasiado en contra de los trabajadores y demasiado a favor del empresario. Ahora el empresario, unilateralmente,


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puede cambiar con gran facilidad las condiciones salariales, el horario del trabajador, el puesto, las tareas que desempeña, el sitio, la localidad geográfica en que realiza su trabajo. Nosotros hemos hecho una serie de enmiendas, que han sido rechazadas, para intentar reequilibrar esa relación trabajador/empresario y no pasar de un sesgo a otro sesgo; por ejemplo, que este tipo de medidas extremas se tomen en circunstancias especiales y que se puedan cuantificar, cuando una empresa tome ese tipo de decisiones tan drásticas, que sea porque tiene pérdidas actuales, no solo previstas, porque las previsiones se basan en supuestos y no siempre son fiables; o reducciones de ingresos cuantificables; por ejemplo, en el caso de los despidos colectivos, caídas de ingresos superiores al 15?% durante cuatro trimestres, porque en el marco actual lo pueden realizar con gran facilidad. También creemos que sería importante que quienes toman las decisiones se viesen afectados por las dificultades de la empresa y que, si se toman esas decisiones tan drásticas, las remuneraciones de los altos directivos en forma de bonus también se vean afectadas de alguna manera. Si la empresa tiene tales problemas que tiene que tomar decisiones tan drásticas, el conjunto -no solo los trabajadores, sino también la dirección- debería hacer frente a esa situación de dificultad. Además, introducíamos enmiendas para mejorar la protección de los trabajadores. En Europa está muy de moda la flexiseguridad; aquí hay mucho de flexi pero poco de seguridad en forma de ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años o unas rentas mínimas de inserción autonómicas más similares en las diferentes comunidades autónomas.

No querría terminar sin reconocer la voluntad negociadora del ministerio en este caso. La verdad es que se nos ha dado una información muy detallada sobre la reforma, se nos han dado todo tipo de explicaciones e incluso se nos han aceptado algunas enmiendas, que no cambian el sentido de nuestro voto, porque, pese a ser aspectos importantes porque afectan a muchas personas, son secundarios en el marco de la reforma. ¿Qué enmiendas ha presentado UPyD que han sido aceptadas, y que queremos agradecer expresamente? Por ejemplo, enmiendas conjuntas con el Grupo Popular para mejorar la empleabilidad de las víctimas del terrorismo; por ejemplo, que los límites en las indemnizaciones de los contratos de altos directivos de empresas públicas se extiendan de las empresas estatales también a las empresas de las comunidades autónomas y ayuntamientos; por ejemplo, en el caso de las prejubilaciones, que las empresas con beneficios -no de más de 500 trabajadores, sino de más de 100-, si prejubilan, tengan que compensar a la Hacienda pública por el sobrecoste de este tipo de prácticas; o, por ejemplo, que en los convenios no se pueda prohibir que el trabajador que voluntariamente quiera prolongar su vida laboral por encima de la edad legal lo haga. También ha sido posible mejorar las veinte horas de formación, de forma que no se compute en esas veinte horas las horas de formación que la empresa tiene que dar obligatoriamente en temas como seguridad. Querría agradecer a la ministra toda la información que nos ha dado, la voluntad negociadora y que estas enmiendas se hayan aceptado, pero compartirá conmigo que son importantes porque afectan a muchas personas, pero no cambian el sentido esencial de la reforma, y por ello no pueden cambiar nuestro voto.

Las enmiendas del Senado, aunque numerosas, no son de gran calado. Una de las importantes era una enmienda que también presentó UPyD -aunque en esa negociación con el ministerio no se aceptó, se ha incorporado posteriormente y, por tanto, la compartimos- relativa a que en las reducciones de empleo público el personal laboral, cuando ha entrado por un proceso competitivo, tenga prioridad para mantener su puesto de trabajo. Y hay otro cambio importante, aunque pasa un poco oculto, que es el nuevo tratamiento que se hace en las enmiendas del Senado a las lagunas de cotización, que en nuestra opinión va a reducir de forma un tanto oscura las pensiones, y por tanto votaremos en contra.

No querría terminar sin hacer una referencia a uno de los puntos del programa de Unión Progreso y Democracia, que es el escaso papel del Senado en nuestro marco institucional actual. Realmente lo que nos vuelve al Congreso no es muy distinto de lo que salió allí, y en algún momento habría que reconsiderar el papel del Senado, dada la falta de eficacia de sus funciones en el formato actual. Nuestro voto global a la reforma, por tanto, tiene que seguir siendo no, al margen de que algunas enmiendas del Senado de carácter técnico o menos importantes podamos votarlas favorablemente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Permítame, en primer lugar, que salude a los compañeros de las organizaciones sindicales que están en la tribuna de invitados asistiendo a este debate. Es un debate que se produce cuando ya han pasado cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, y en este periodo, desgraciadamente, la reforma laboral avalada por el Partido Popular y Convergència i Unió no ha hecho más que profundizar en sus aspectos más negativos. Estos meses han servido para conocer las verdaderas intenciones de la reforma y para conocer también sus primeros y graves efectos. La vida y el paso del tiempo, aunque sea breve, han confirmado que la exposición de motivos de la reforma y las declaraciones del Gobierno, manipulando la dramática situación de los parados, son un monumento al fariseísmo político. La creación de empleo ha sido una mera coartada con la que legitimar las políticas de precariedad de esta reforma. Hoy, que ya no discutimos de valores y de previsiones, porque tenemos muchos datos tan contundentes como


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negativos de cuáles son los efectos que esta reforma apunta, disponemos de las evidencias de cuáles son las verdaderas intenciones del ejecutivo del Partido Popular. Basta con leer los informes del Fondo Monetario Internacional celebrando la bajada de salarios que ha provocado la reforma laboral y, sobre todo, el plan de reformas del Gobierno; única concesión a la verdad que ha hecho este Gobierno en seis meses. En ese plan nacional de reformas quedan claros los objetivos.

En relación con la búsqueda de empleo, se dice de manera muy clara que el Gobierno pretende prácticamente asfixiar o jibarizar los servicios públicos de empleo para encargar una parte de sus funciones a las empresas de trabajo temporal. Lo van a hacer y, si no, lo veremos. Sabemos que el gran objetivo de la reforma es disciplinar a la baja las condiciones de trabajo y salarios y sustituir la negociación colectiva por el poder unilateral del empresario; con eufemismos, pero se explica en el Plan nacional de reformas. Se trata de una bajada de salarios que, por cierto, no se plantea de manera coyuntural en función del contexto de crisis, sino que se plantea de manera estructural. Es una clara expresión del intervencionismo legislativo de clase, que pretende una distribución regresiva de las rentas producidas por el trabajo en beneficio del capital. Para presionar a la baja los salarios, por supuesto que el mejor mecanismo es debilitar la negociación colectiva, el instrumento que durante años han construido los trabajadores de nuestro país y, sobre todo, sustituir la negociación colectiva por la primacía del poder absoluto del empresario en la determinación de las condiciones de trabajo. Eso se explica en el Plan nacional de reformas.

Hoy, desgraciadamente, disponemos ya de algunos datos sobre los primeros impactos de la reforma. Señora ministra, no ha creado empleo. No lo podía crear, se lo dijimos; pero tampoco ha evitado la destrucción de puestos de trabajo, muy al contrario, ha incentivado que la manera de ajuste del empleo sea cada vez más el despido. De la flexibilidad interna ya nadie se acuerda, es música celestial. La única medida de flexibilidad interna que se está aplicando en estos momentos en las empresas es la bajada de salarios por la vía de la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41. ¿Sabe por qué? Ya existía esa posibilidad en la legislación anterior, pero esa posibilidad de descuelgue en la aplicación de convenios estaba sometida a la negociación con los empresarios y los sindicatos, y ustedes, como parece que les tienen fobia a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva, han impuesto un mecanismo de reducción unilateral de los salarios por parte del empresario sin ningún tipo de intervención de los representantes de los trabajadores. En relación con el despido, ha sucedido lo que ya habíamos dicho. Está aumentando la destrucción de empleo, no solo por la reforma laboral, sin duda, sino porque ustedes, obsesionados por la reforma laboral, han ignorado deliberadamente que la principal causa de destrucción de empleo es la asfixia financiera de las empresas y la reducción de la inversión pública. Esa asfixia financiera de los bancos y la reducción de la inversión pública es lo que está destruyendo empleo y su reforma laboral es la que ha actuado como autopista para que eso sea posible, una reforma laboral que ha abierto al menos cinco grandes boquetes de entrada de agua para el despido más fácil y más barato. Y, desgraciadamente, como también dijimos, no va a ofrecer más seguridad ni a trabajadores ni a empresas.

Su reforma, al intentar acabar con la negociación colectiva y facilitar el despido, ha provocado un incremento de judicialización de los conflictos. Como ustedes, señorías del Partido Popular, pretenden limitar la tutela judicial de los jueces, nos encontramos con una realidad y es que los jueces se están empezando a sublevar y han dicho que no, que es su obligación constitucional controlar la causalidad, la racionalidad y la proporcionalidad de los despidos, y lo van a hacer. ¿Y eso sabe qué significa, señora ministra? No más seguridad para las partes, sino más litigiosidad. Y, si no, que se lo pregunten a un destacado abogado de empresas, el señor Antràs, muy conocedor de estas cosas y le explicará qué está sucediendo en estos momentos en el marco de las relaciones laborales.

En los próximos meses, señora ministra, veremos como el Estado español tiene que dar explicaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vulneración de las directivas comunitarias. Incluso, podemos asistir a un pronunciamiento condenatorio por parte del Comité de libertad sindical de la OIT por incumplimiento de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, a partir de la denuncia presentada por las organizaciones sindicales. Eso es lo que desgraciadamente va a suceder, no solo se van a deteriorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que incluso el sistema institucional de nuestro país va a quedar en entredicho internacionalmente.

Durante la tramitación de este proyecto, desgraciadamente, y como han dicho otros portavoces, ha empeorado su contenido; lo dijimos. El día 8 de marzo, cuando usted empezó su intervención diciendo: Va por las mujeres -lo que no sabíamos es si era por los derechos o por las tortas-, ese día empezó un ataque en toda regla a las mujeres trabajadoras. La tramitación de este proyecto solo ha hecho empeorar la condición de las mujeres trabajadoras al haber incorporado la enmienda de Convergència i Unió que plantea la libre disposición de un 10?% de la jornada laboral. Esta reforma laboral saldrá del Congreso como una ley misógina, claramente misógina, que castiga especialmente a las mujeres, entre otras cosas porque está anclada en el más absoluto fariseísmo. Después de atacar ustedes los derechos de las mujeres se permiten el lujo de hacer maravillosos párrafos hablando de la conciliación de la vida laboral y familiar con jornadas flexibles, eso sí, después de haber atizado un buen recorte a los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres.


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El Senado, desgraciadamente, no ha hecho nada más que profundizar alguno de estos aspectos regresivos. Han incorporado ustedes enmiendas referidas a las muchas y variadas bonificaciones a la contratación. Señora ministra, se trata de unas bonificaciones que, a nuestro entender y al entender de muchos expertos, no sirven para crear empleo, solo han servido para regar el mar y para tirar dinero público, unos recursos, como las bonificaciones a la contratación que no crean empleo, que bien podían servir para activar las políticas de empleo y para facilitar la empleabilidad de las personas en peores condiciones. Pero, también ustedes en el Senado han puesto de manifiesto el poco valor que le dan al Congreso de los Diputados y al Parlamento en general, han perpetrado un acto de verdadera mutilación de la democracia parlamentaria y la concertación social porque lo de la modificación por sorpresa, con nocturnidad, con alevosía y con desprecio del diálogo social que el Partido Popular ha hecho en relación con la Ley 27/2011 con las lagunas de cotización es eso. No es posible que en una ley tan importante como la reforma laboral y la Ley de la Seguridad Social ustedes por sorpresa planteen una modificación por la espalda, sin diálogo social con los sindicatos, sin haber hablado previamente en sede parlamentaria. Eso sí, después de haberse llenado la boca mil veces con que ustedes son los que han recuperado el consenso del Pacto de Toledo. Estoy empezando a ponerme a temblar por lo que entienden ustedes por consenso en relación con la Seguridad Social.

Señora ministra, señoras y señores diputados del Partido Popular, que sepan ustedes que la modificación que han introducido en esta ley en relación con las lagunas de cotización afecta, al menos, al 51?% de los cotizantes que van a ver reducidas sus bases de cotización. ¿Y a qué no adivinan ustedes a quién va a afectar de manera más negativa? Pues sí, a las mujeres, a las que tienen más lagunas de cotización, a las que van a verse más perjudicadas por esa reforma impuesta en el último momento. (Aplausos).

Señoras y señores diputados, termino con un aspecto que creo que es importante. Esta reforma va a destruir empleo, esta reforma no beneficia a los trabajadores, pero es que tampoco beneficia a los empresarios y a la economía del país. Esta reforma solo interesa a aquellos empresarios, modelo Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE -por cierto, propietario de las empresas de hostelería de este Congreso, que ha aprovechado la crisis para intentar congelar cuando no rebajar los salarios de los trabajadores (Aplausos); que se enteren también las señoras y señores diputados-, a ese tipo de capitalismo de casino que quiere instalarse en Eurovegas, a ese tipo de capitalismo de casino que solo vive denunciando el sector público pero siendo compinche de quienes gobiernan, esos son los únicos beneficiados de su reforma laboral, desgraciadamente.

Por otra parte, son muchas las voces que han planteado la inconstitucionalidad de algunos aspectos importantes de esta reforma, la nuestra también. Por eso creo que más pronto o más tarde va a llegar al Tribunal Constitucional. Desde aquí ya les decimos a todos los grupos de la Cámara que nosotros vamos a ser favorables a la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad. Pero, déjenme que les diga que para presentar ese recurso creemos sinceramente que hay que aunar dos cosas: legitimidad y autoridad. La legitimidad la dan 50 diputados y diputadas; tienen los 11 del Grupo de La Izquierda Plural. La autoridad la da haberse opuesto desde siempre a este modelo desregulador y precarizador de las relaciones laborales. Creo que nuestro grupo, el Grupo de La Izquierda Plural, sus 11 diputados y 1.700.000 votos, tiene también esa autoridad; autoridad y legitimidad que ponemos al servicio de todos los que se han opuesto a la reforma laboral y que estén dispuestos a ir juntos al recurso de inconstitucionalidad.

Por último, hago una llamada de esperanza. Tiene razón el señor Tardà. Ustedes nos han vencido democráticamente, es verdad, pero no nos van a derrotar. Hoy los trabajadores saben que después de esta pequeña derrota la batalla continúa en la sociedad, en la calle y en las empresas y hemos pasado situaciones mucho más difíciles que esta de las que no hemos salido derrotados. Los trabajadores y trabajadoras encontrarán los mecanismos para defender sus derechos, no le quepa ninguna duda, señora ministra. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Como recordaba el señor Olabarría, en este trámite lo que estamos valorando estrictamente son las enmiendas que el Senado ha introducido. El conjunto de grupos, eso sí, vamos a aprovechar el mismo para reiterar nuestras posiciones en este proyecto de ley. Pero quiero empezar precisamente haciendo referencia a las enmiendas del Senado. El Senado introduce dos cambios significativos -la mayoría de enmiendas son de carácter muy técnico-: uno, al que ha hecho referencia el señor Olabarría, vinculado al respeto al régimen fiscal de Navarra y del País Vasco -yo espero que pronto algún día los diputados catalanes podamos también presentar las enmiendas que usted presenta y que sean aprobadas por esta Cámara- y, dos, una modificación del régimen de cálculo de las lagunas del sistema de pensiones. Esta enmienda no va a ser aprobada por Convergència i Unió no tanto porque el texto que aprobamos el verano pasado fuese un texto perfecto, sino porque no nos parece de recibo que una cuestión que forma parte del Pacto de Toledo, que resolvimos hace un año, se resuelva en una enmienda a la reforma del mercado de trabajo en el Senado. No nos parece que sea la mejor manera de abordar los ajustes que quizá -veremos- deben hacerse en los próximos tiempos en nuestro sistema de pensiones. Hubiésemos


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preferido que esa medida se tomase en el marco de un conjunto de políticas que afectasen al sistema de pensiones y que, por tanto, fuesen pactadas, acordadas con los agentes sociales, con los grupos parlamentarios. Por tanto, esa enmienda no la vamos a apoyar.

Dicho esto, si hacemos de nuevo un repaso a los argumentos que hemos explicado desde esta tribuna en esta materia, he de reiterar que, si uno observa aquello que sucede más allá de los Pirineos y observa los países que mejor están afrontando esta crisis, verá que son precisamente aquellos que a finales de la década de los noventa y durante los primeros años dos mil abordaron profundas reformas de sus instituciones laborales, de sus políticas de empleo, de sus relaciones laborales. Los ejemplos paradigmáticos son Suecia, Dinamarca y Alemania. Yo, a las señorías que muestran el rechazo a esta reforma, les recomiendo que estudien a fondo esas reformas, que nos expliquen si su modelo de relaciones laborales es el del año 2010, el de 2006, el de 2002, el de 1997, el de 1994, el de 1984 o el de 1980, porque me temo que muchas de sus señorías desde el año 1980 se han opuesto al régimen de relaciones laborales que hemos configurado en España. Además, la cuestión de fondo, que es la cuestión que en Suecia, en Dinamarca y en Alemania nos han indicado, es que pretender proteger el empleo a través de las instituciones laborales que nos fueron útiles en el siglo xx no nos garantiza la protección que necesitamos en el siglo xxi y en tiempos de la globalización. Por tanto, estar instalados en la nostalgia de aquello que funcionó es el peor favor que se les puede hacer a los trabajadores de nuestro país. Inspírense en las reformas suecas, danesas y alemanas, y lean también las posiciones de los partidos socialdemócratas de esos países, el posicionamiento del líder de la socialdemocracia sueca, donde no plantea ese discurso antiempresarial que he oído yo en esta tribuna. El progreso, señorías, no va en esa dirección.

Por otro lado, mi grupo ha dicho desde esta tribuna siempre que esta reforma no iba a crear empleo en el corto plazo, y que las virtudes de esta reforma se podían situar en el medio y largo plazo y en la agenda en el corto plazo en aquello que es la generación de la confianza que hoy se nos exige desde fuera. Pero también atribuirle de manera tan exagerada a la reforma del mercado de trabajo la destrucción de empleo no es honesto en términos intelectuales, porque simplemente hay que ver las cifras a partir de julio de 2011: entre julio de 2011 y diciembre de 2011 se destruyen cerca de 300.000 puestos de trabajo, porque desde julio de 2011 volvemos a estar en fase de recesión a causa de la crisis del euro. La reforma, eso sí, en ese contexto, produce los mismos efectos que seguramente se hubieran producido sin la misma, que es la destrucción de empleo. Alguien podrá decir: la reforma no ha sido útil para evitar la destrucción de empleo, pero el tsunami en el que estamos instalados desde julio de 2011 no podía impedir que eso sucediese.

Hemos dicho también que esta es la reforma más importante de nuestro mercado de trabajo seguramente desde la reforma de Felipe González en 1994. Han sido las dos grandes reformas que se han impulsado en estos treinta años, y esta es una reforma que efectivamente incide en el coste del despido de manera muy significativa, seguramente es la reforma que incide más en ello, que da mayor capacidad de adaptación de las empresas a los cambios, a la evolución del ciclo económico, aspirando a evitar que nuestro mercado de trabajo tenga esa capacidad destructiva de empleo que ha demostrado en todas las crisis desde 1980, que pretende dar más flexibilidad a las empresas para adaptarse y que impulsa la contratación a través de diversos mecanismos, de manera significativa con algunas deducciones fiscales que son importantes, y este planteamiento global lógicamente Convergència i Unió lo comparte.

¿Es esta una reforma que subvierte los principios en los que se sustenta el modelo social europeo? No. ¿Es esta una reforma que destruye el derecho del trabajo? No. Esta es una reforma -y no se ha dicho desde quienes se oponen a la misma- que va a mantener la tutela judicial efectiva de los jueces de la jurisdicción de lo social. El pasado viernes promovido por el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña participaron dos jueces de enorme prestigio, un magistrado de la Sala de lo Social del Supremo y una magistrada de la Sala de lo Social del Superior de Justicia de Cataluña, que confirmaron que los jueces van a continuar ejerciendo su papel de tutela judicial efectiva y que, por tanto, si se producen abusos por la parte empresarial, los jueces van a actuar en consecuencia. Y la reforma mantiene el papel central de la negociación colectiva y de los acuerdos entre representantes de trabajadores y representantes de los empresarios.

En cualquier caso, para que no quede ningún tipo de duda, Convergència i Unió no es partidaria -me parece que tampoco lo es el Grupo Popular- de un proceso de individualización de las relaciones laborales. Dicho esto, ¿agota esta reforma la necesidad de cambios en nuestras estructuras de mercado de trabajo, en nuestras políticas de empleo? Ni mucho menos; ni mucho menos agota la necesidad de cambio. Volvamos a inspirarnos en aquello que sucede en Suecia, en Dinamarca o en Alemania, en la eficacia de las políticas de ocupación, en la vinculación entre políticas pasivas, prestaciones por desempleo, y las políticas de formación, de reciclaje profesional y de recolocación, en la capacidad también de mejorar la lógica diferenciación de las prestaciones por desempleo introduciendo fórmulas de bonus malos que penalicen a aquellas empresas que utilizan de manera exagerada la contratación temporal. Existen reformas que deben continuar promoviéndose si queremos parecernos a los países de nuestro entorno que funcionan mejor.

¿Y cuál ha sido la principal debilidad de esta reforma por parte del Gobierno Popular? Ha sido que la misma no haya ido acompañada de un plan de choque de empleo a corto plazo -la Cámara aprobó un mandato en esa dirección, que estamos esperando- y el recorte en las políticas activas de empleo, precisamente el gran instrumento


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para garantizar la seguridad en tiempos modernos que reformas que flexibilicen el mercado de trabajo nos exigen.

Las enmiendas de Convergència i Unió han introducido mejoras sustanciales en aspectos muy diversos de esta ley, desde el pleno respeto a las competencias del autogobierno de Cataluña hasta el mantenimiento de los planes de igualdad en el supuesto descuelgue en los convenios colectivos, al impulso de un mercado más inclusivo con el mandato para la reforma de la ley de empresas de inserción o de la Lismi en materia de empleo con mayor seguridad jurídica, resolviendo bien las cuestiones vinculadas del absentismo, no suficientemente pero resolviéndolas bien, introduciendo límites temporales en algunas medidas excepcionales que tan solo se justifican por nuestra tasa de desempleo. En este sentido, mi grupo se siente razonablemente satisfecho de lo que ha supuesto el trámite parlamentario. El Congreso ha mejorado la propuesta que el Gobierno formuló y ha corregido algunas cuestiones que mi grupo no compartía.

Señora presidenta, termino. La reforma tiene aspectos controvertidos, pero me parece que, si somos honestos con las personas desempleadas, los diputados de esta Cámara no deberíamos desear que la reforma fracasase. Por el bien y por el interés general nos interesaría a todos que esta reforma fuese útil, con independencia del voto que ejerzamos dentro de unas pocas horas. Convergència i Unió espera que empresarios, sindicatos y administraciones públicas tengan la inteligencia y el sentido común y aprovechen esta reforma para impulsar el crecimiento, crear empleo y mantener los puestos de trabajo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchas gracias, señora presidenta.

Con su permiso, también quiero saludar a los representantes sindicales que hoy siguen el debate desde la tribuna.

Hoy debatimos las modificaciones efectuadas por el Senado al proyecto de ley de reforma laboral. Nuestra primera consideración es la constatación de que persisten todas nuestras discrepancias de fondo, todos los argumentos que hemos expuesto desde que se presentó el real decreto-ley siguen siendo válidos. Nuestra enmienda de totalidad, que fue rechazada por el Grupo Popular, sigue teniendo toda su actualidad y es para nosotros un compromiso de futuro. La segunda consideración se refiere al trámite parlamentario. La mayoría absoluta del PP impuso que este proyecto de ley no merecía un debate en Pleno. Ahora el Pleno debe conocer que no ha habido un auténtico trabajo de ponencia ni tan siquiera negociación con todos los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión y no podemos compartir este modelo de legislar en una situación de crisis como la que atravesamos en que los ciudadanos merecen y esperan mucho más de nosotros.

Nos encontramos en el final del proceso legislativo con una reforma laboral sin el más mínimo acuerdo social ni político de amplio espectro. Han aprovechado el trámite parlamentario para modificar la Ley 27/2011 de nuestro sistema de pensiones que respondía a un acuerdo tripartito. Se han cargado ese acuerdo del pasado año y han recortado hasta un 6?% las pensiones de los trabajadores que, como consecuencia de la crisis, se ven expulsados del mercado de trabajo de forma prematura. Han aprovechado el trámite parlamentario para endurecer aún más si cabe la reforma y han dado un golpe mortal, otro nuevo, a la negociación colectiva al reducir la ultraactividad a un año.

Esta reforma rompe el pacto constitucional sobre el modelo de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, que entre todos habíamos construido en nuestro país. Rompe también el delicado equilibrio entre el poder empresarial y los derechos de los trabajadores y viene a convulsionar los elementos esenciales de nuestro modelo constitucional. El PP ha optado por romper todo atisbo de diálogo social, no solo tripartito, sino también el bilateral, el bipartito. La mayoría del PP impone su reforma ideológica liquidando el acuerdo histórico firmado el 25 de enero entre sindicatos y organizaciones empresariales, acuerdo que articulaba la negociación colectiva, la moderación salarial y desarrollaba la flexibilidad interna negociada.

El Partido Popular ha hecho caso omiso del rechazo que esta reforma ha provocado en el conjunto de los ciudadanos. Esta reforma ha provocado una huelga general. El PP ha hecho caso omiso de las propuestas sindicales, de las propuestas del Grupo Socialista y de las de otros grupos de esta Cámara; no ha tenido en cuenta las advertencias lanzadas desde la doctrina y ni tan siquiera ha tenido en cuenta las preocupaciones que han manifestado jueces y magistrados. Esta reforma está generando una gran inseguridad jurídica y la tutela judicial efectiva ha quedado gravemente dañada. Tampoco ha tenido en cuenta las advertencias de la propia Comisión Europea cuando les dijo que la reforma laboral iba a provocar más paro en el corto plazo e iba a ahondar la segmentación del mercado de trabajo. Ahora, tras cuatro meses de vigencia de la reforma, podemos empezar a ver sus consecuencias. Esta reforma está generando más desempleo. Al facilitar y abaratar el despido, han puesto ustedes en marcha una máquina de destrucción de puestos de trabajo. Se han destruido más de 370.000 en el primer trimestre y el Gobierno prevé en 2012 la destrucción de 630.000 empleos netos. Según el Gobierno, la tasa de desempleo en 2015 superará la de 2011 y la Comisión Europea prevé que la tasa de paro supere el 25?% el próximo año. Dijeron que con la reforma se cortaría la sangría del despido, pero nuevamente este tema no ha sido así. Dijeron que la nueva regulación de la flexibilidad interna supondría que el empresario


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optaría en todo caso por reducciones de jornada o por cambio de condiciones de trabajo y que lo último sería la opción del despido. Lo cierto es que la flexibilidad impuesta por la reforma no ha cortado los despidos. Los despidos colectivos han aumentado un 35?% en lo que va de año y un 50?% los despidos objetivos. Ponen como ejemplo el modelo de flexibilidad alemán, pero tienen la desfachatez de omitir lo fundamental. La piedra angular del modelo alemán en la negociación son los sindicatos. Los sindicatos son quienes negocian en representación de los trabajadores y por eso existe flexibilidad para la empresa al tiempo que garantía y seguridad para los trabajadores. Ese, señorías, era el sistema vigente en nuestro país antes de esta reforma. Le digo al representante de CiU que estudie bien el sindicalismo en Alemania y que, si quiere comparar el sistema sueco y el de Dinamarca con el de España, también queremos el sistema de protección social, que alcanza más del 40?% del producto interior bruto.

También nos decían que la reforma reduciría la dualidad del mercado de trabajo; sin embargo, la nueva modalidad contractual para emprendedores es un gran ariete para destruir empleo indefinido. La temporalidad ha ganado un punto porcentual desde que está vigente la reforma y los contratos indefinidos han caído más de un 16?% en los primeros meses de este año en relación con el pasado año. La Comisión Europea les advertía sobre la precariedad de este contrato, que ahonda aún más la segmentación. En el mismo sentido, les advierte sobre el contrato de formación y aprendizaje para los jóvenes. Según la reforma, un joven puede estar desde los dieciséis hasta los treinta y dos años en la misma empresa con diferentes especialidades a través del encadenamiento de sucesivos contratos de formación. La reforma precariza en general las condiciones de los contratos que utilizan predominantemente las mujeres y por tanto precariza mucho más su situación laboral. La carga de profundidad que han puesto ustedes a la negociación colectiva también se empieza a apreciar. En estos momentos hay más de 4 millones de trabajadores que no tienen convenio renovado. Además, el número de convenios firmados ha caído en más de un 41?% en lo que va de año. Esto nos anuncia que en solo un año de vigencia de la ley más de 5 millones de trabajadores habrán perdido la cobertura del convenio y, por tanto, muchos de sus derechos.

Señora ministra, las consecuencias de la reforma laboral son más paro, más despidos, más precariedad laboral, más contratos temporales y rebajas salariales indiscriminadas. Está provocando una caída y un parón de la de demanda interna y está profundizando en la espiral recesiva de la economía. Por todo ello la emplazamos a que cambie el rumbo. Les emplazamos a priorizar el crecimiento y el empleo, a desarrollar políticas que tengan como objetivo el rescate de los jóvenes, a que no haya en España un solo joven sin una oportunidad de empleo o de formación. Ahora, tras la Cumbre de Roma, empiezan a abrirse paso las propuestas defendidas por el presidente de nuestro partido, don Alfredo Pérez Rubalcaba, quien lleva diciendo mucho tiempo que solo con austeridad no salimos de la crisis. Necesitamos políticas que impulsen el crecimiento y el empleo.

Finalizo, señora presidenta. La reforma laboral supone un duro golpe a nuestro modelo constitucional. Es así cuando incorpora el despido sin causa y a coste cero en el nuevo contrato, cuando cuestiona la aplicación del principio de igualdad, cuando rebaja la consideración de los sindicatos y atenta contra la libertad sindical. La reforma supone un duro golpe a nuestro modelo constitucional cuando limita la libertad de negociación colectiva y vulnera el poder vinculante de los convenios y su eficacia general y cuando daña la tutela judicial efectiva. Por todo ello y por todas las razones que a lo largo del trámite parlamentario hemos presentado, el Grupo Parlamentario Socialista mantienen su más enérgico rechazo a esta reforma laboral. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Ya que todavía dispongo de unos segundos, desde esta tribuna quiero mostrar nuestra solidaridad con la lucha que mantienen los trabajadores del carbón. Sus derechos y los compromisos del Gobierno anterior deben ser respetados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, en el debate de convalidación de este real decreto el pasado día 8 de marzo terminé mi intervención diciendo que este grupo parlamentario y el Gobierno estaban abiertos al diálogo y a la negociación para que esta reforma laboral contribuyese a ganar el futuro del crecimiento y el empleo para España y para los españoles. Lo suscribo al cabo de dos meses y medio de una forma literal. Señorías, la tramitación durante este tiempo de la reforma laboral ha ahondado en el diálogo y en la negociación. El diálogo y la negociación han sido voluntad política, convencimiento de su necesidad por parte de este grupo parlamentario y del Gobierno, no han venido impuestos por la aritmética parlamentaria porque nuestro grupo tenía votos suficientes para haber impuesto una reforma laboral. No sucedió así en el año 2010 cuando nuestro grupo no pudo hacer ni una sola aportación a la reforma laboral, aunque el Gobierno en minoría de entonces se vio obligado a negociar con algunos grupos, in extremis incluso, como muchos pudimos comprobar en la Comisión en el momento de la tramitación. Aquí han presidido el diálogo y la negociación, que han concluido con más de setenta enmiendas aprobadas en el Congreso, que se han visto subsumidas en veintisiete transaccionales de todos los grupos parlamentarios que han visto algunas de sus


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propuestas incluidas en alguna de estas transaccionales, y otras veintiséis que han sido directamente incorporadas por las aportaciones de enmiendas de los grupos. Son mejoras que mantienen el espíritu de la reforma, como no podía ser de otra manera y ya avanzamos al comienzo, pero que han sido -insisto- muy importantes.

La reforma laboral está siendo ponderada por los organismos internacionales, concretamente el día 21 de junio lo ha sido por el Consejo Europeo de Empleo y Política Social en la Unión Europea. Esta tramitación ha concluido con una reforma laboral al servicio del empleo que incentiva la contratación indefinida, con incidencia, se diga lo que se diga, en las mujeres, en los jóvenes y en los parados de más de cuarenta y cinco años, que potencia la formación como una herramienta prioritaria de la empleabilidad, colocándola además como un derecho individual del trabajador y utilizando recursos públicos y privados. Pero hay que decir la verdad; no son las empresas de trabajo temporal, serán las agencias de colocación, que deberán tener una autorización expresa para ello y que no podrán salirse de esa actividad ni confundir ambas actividades, las que concurrirán y aportarán a la empleabilidad y la búsqueda de empleo. Se puede criticar, pero hay que ser rigurosos cuando se hacen esas críticas y no sembrar confusión. Esta reforma incluye flexibilidad en la negociación colectiva, flexibilidad que la acerca a la realidad y a la madurez de los agentes sociales en el ámbito de la empresa. Propicia acuerdos para que el despido, como ya hemos dicho tantas veces, no sea un instrumento de ajuste. Introduce exigencias, y se ha dicho aquí también, para que los despidos colectivos en empresas con beneficios aporten dinero al Tesoro y que esas empresas pasen a ser las que tengan más de 100 trabajadores. En este asunto me gustaría dar datos concretos. El número de trabajadores afectados por los procedimientos o regulaciones de empleo ha caído un 18?% en abril; las extinciones de contrato caen un 33?% y suponen el 16?% del total y, en términos interanuales, las medidas colectivas extintivas cayeron un 16?%, mientras que las suspensivas crecieron un 27?% y las reducciones de jornada un 24?%. Es decir, se han flexibilizado. Todo lo que supone extinción, supone finalización, y todo lo que supone suspensión, tiene posibilidades de recuperación. Ese era el espíritu y esos son los datos que estamos teniendo en este momento. Esta reforma laboral facilita la conciliación, se diga lo que se diga, con las posibilidades de la contratación a tiempo parcial y con el teletrabajo, de lo que nadie ha hablado aquí y llevábamos muchos años requiriendo esta normativa, que se regula por primera vez con los mismos derechos que el trabajo presencial. Y esta reforma laboral acaba con indemnizaciones injustas o insolidarias en el sector público en unos momentos de crisis y también en el sector financiero que reciba ayudas públicas.

Señorías, es verdad que muchas de las diez enmiendas del Senado tienen carácter técnico, pero otras tienen un carácter de fondo. Una de ellas ha sido para añadir al ámbito de las organizaciones de los agentes sociales en la elaboración de los planes de formación la consulta a los autónomos y a la economía social para esa definición de la formación; autónomos y emprendedores que son parte sustancial de esta reforma y de la acción del Gobierno. Tengo que decir también, para dar datos ciertos, que desde el mes de febrero se han dado de alta en la Seguridad Social 200 autónomos al día, que suponen 24.000 en estos cuatro meses, frente a las 35.500 bajas que se produjeron en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en el año 2011. Este es un dato positivo. No vamos a decir que estemos en franca situación positiva, pero digamos aquellas cuestiones que sí lo son y este es un aspecto muy importante que se viene produciendo desde el mes de febrero. Hay que recordar también que los contratos indefinidos para emprendedores suman más de 32.500, el 51?% para los jóvenes. Estoy segura de que todo el arco parlamentario está de acuerdo en que ese es un objetivo compartido. Pongamos, por tanto, los datos encima de la mesa, dando realismo a esta reforma. Además este contrato, por medio de las enmiendas, se ha visto acotado temporalmente como un contrato indefinido con un periodo de prueba limitado, hasta que el desempleo alcance el 15?%. Es una medida excepcional en un momento de crisis, que -insisto- está teniendo unos buenos resultados.

Hay una enmienda sobre los despidos colectivos en los organismos y entes públicos, dando prioridad de permanencia a aquellos que hayan accedido a través del proceso selectivo basado en la igualdad, el mérito y la capacidad, y una enmienda importante, a la que también se han referido, que es la de las lagunas de cotización, que por cierto fue un tema que ya manifestó la señora ministra en la Comisión del Pacto de Toledo, digamos las cosas como son. Se ha hablado en la Comisión del Pacto de Toledo y entendemos que modificar esta Ley 27/2011 en sus artículos 3 y 4 es absolutamente justo para no dar idéntico tratamiento o incluso un tratamiento más favorable a quien no ha cotizado durante un periodo de tiempo que al trabajador que sí lo hizo. Esa es una anomalía que puede darse si cumplimos la ley en los términos en los que está en este momento. Por ponerles un ejemplo, con la actual redacción una persona de sesenta y cuatro años con una laguna de cotización se vería beneficiada con una ganancia del 0,36?%, con nueve lagunas de cotización tendría una ganancia del 3,45?% y si llegase a tener veintitrés tendría una ganancia del 20,48?%. Esto no se llama solidaridad, se llama falta de equidad, señorías. Tratar mejor a quien no cotiza que al que sí lo hace no solo es poner en riesgo el sistema desde el punto de vista financiero, es algo mucho más importante, es intolerable desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la justicia y del crédito social. Por tanto, hablemos claramente de lo que se ha modificado en relación con las lagunas de cotización.

Señorías, se cierra esta tramitación y creo que no es el momento de entrar en debates que ya hemos mantenido seriamente en esta Cámara ni de entrar en críticas. Me gustaría cerrar este debate, señorías, con un tono


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positivo. Creo que hemos dado cumplimiento a lo que el Gobierno planeó cuando hizo su presentación pública, que es el diálogo en la negociación, para mejorar una norma, insisto, no por la necesidad de los votos sino por la voluntad política de que fuera una reforma para la creación de empleo, una reforma para el momento en que empiece la recuperación en España. Esta reforma es imprescindible en el contexto de la agenda reformista que España necesita y que permitirá al sector productivo español ser más competitivo, y sus resultados se verán más claramente con la entrada en vigor de todo el conjunto de reformas que está abordando el Gobierno: la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero que facilitará crédito -cuestión fundamental- a las familias y a las empresas, el plan de proveedores que está poniendo en estos momentos en circulación más de 35.000 millones, la licencia exprés, la ley de emprendedores que vendrá a esta Cámara, las medidas de apoyo a pymes industriales y un largo etcétera.

Señorías, señor presidente, 5.400.000 parados nos están mirando. Nos exigen medidas y acciones; son el epicentro de nuestra ocupación y de nuestra preocupación. Por ello, termino con una llamada al acuerdo, a la valoración positiva de esta reforma, una reforma para el empleo, para la formación, para la negociación, la flexibilidad, la conciliación, la transparencia, y todo ello con la seguridad jurídica que supone, como aquí se ha dicho y yo quiero recalcar, el mantenimiento y el reforzamiento de la tutela judicial efectiva. Quiero terminar diciendo que se ha incluido algo muy importante, algo que debe empezar a ser una norma en una administración moderna, algo que se hace en el sector privado y que tiene que introducirse en el sector público, la evaluación. No se ha hablado aquí pero esta reforma contiene un apartado en el que se dice que se va a evaluar cómo funciona, que se va a traer a la Comisión de Empleo de esta Cámara y por lo tanto podremos ir haciendo un seguimiento de la aplicación de esta norma y del cumplimiento de sus objetivos.

Termino agradeciendo a los funcionarios, tanto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como a los de las Cámaras, Congreso y Senado, el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de la tramitación de esta norma. Y, por supuesto, doy las gracias a los grupos parlamentarios, a los que no van a apoyar la norma pero de los que sí hemos recibido aportaciones, que se han incluido, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Socialista, y a los que apoyan esta norma, Convergència i Unió, UPN y Foro Asturias, gracias por su apoyo, por las aportaciones a una reforma que desde luego no es el único instrumento, pero sí es el imprescindible para el momento que todos estamos apoyando, el del crecimiento y el empleo.

Señora ministra, felicidades por su trabajo. Creo, señoras y señores, que estamos comprometidos con los 5.400.000 parados a que esta reforma dé sus frutos en beneficio del crecimiento, del empleo y del acercamiento de estas posibilidades a todos los españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, presidente.

Intervengo brevemente para agradecer las aportaciones que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara han hecho a través de las ochenta y cinco enmiendas que después de la tramitación parlamentaria se incorporan al texto, ya que enriquecen sin duda la reforma inicialmente presentada por el Gobierno. Permítanme un agradecimiento especial a los cuatro grupos que apoyan esta reforma laboral, pero también doy las gracias a las intervenciones críticas del resto de los grupos parlamentarios porque nos han ayudado a mejorar y a clarificar el proyecto de ley.

Concluye hoy la reforma laboral en las Cortes Generales, una reforma para la confianza y para el empleo que dará respuesta a los más de 5 millones de parados que hoy tiene nuestro país y oportunidades a muchos jóvenes españoles que hoy las necesitan. Muchas gracias a toda la Cámara por todas las aportaciones. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).

Las palabras de la ministra no han reabierto ningún debate y por tanto este debate, que ha durado, yo creo, más de lo que se podía esperar, no permite ya que haya ninguna otra intervención.

Muchas gracias, señor Coscubiela. No hay más intervenciones.

El señor COSCUBIELA CONESA: No solo ha reabierto el debate, sino que ha faltado a la verdad.

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, todo el mundo ha tenido la oportunidad de defender sus ideas. La ministra ha defendido las suyas como Gobierno; faltaría más, en una situación democrática. Por tanto, no tiene usted la palabra y continuamos con el punto siguiente.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2012, DE 5 DE MARZO). (Número de expediente 121/000005).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

En turno de fijación de posición, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, necesito ubicarme porque no suele ser habitual que mi grupo comience los debates en esta Cámara en ningún tipo de iniciativa legislativa.


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Quiero comentar que este es un buen proyecto de ley, un proyecto de ley cuyo debate concluye hoy y un proyecto en el que se han aceptado enmiendas de mi grupo. Perdóneme, señor ministro, pero lo voy a destacar por el carácter poco habitual de esta circunstancia en esta legislatura, en que no es el Gobierno muy proclive a aceptar las ideas de los demás. Lo que pasa es que el tenor literal de la enmienda de mi grupo parlamentario, la número 19 en la numeración del Senado, hace referencia a un concepto que usted y yo compartimos en sus propios términos: la necesidad pro futuro de ampliar el ámbito de la mediación. El ámbito de la mediación no tiene por qué estar necesariamente vinculado -esto no está en la naturaleza de las cosas- al orden civil y al orden mercantil, hay otros órdenes, otros ámbitos, otros sectores de la jurisdicción también susceptibles de buscar fórmulas de mediación -es una invitación que yo le hago, pero creo que ya forma parte de su calendario legislativo, si le entendí bien cuando usted compareció en esta Cámara por primera vez-, y me estoy refiriendo a dos tipos de mediación en concreto, a la contencioso-administrativa, es todo un reto, no es la mediación más fácil de articular desde una perspectiva conceptual y jurídica, pero se puede hacer el esfuerzo, sobre todo para aligerar la altísima litigiosidad y los altos niveles de pendencia que la alta litigiosidad en este ámbito está provocando en los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y, por qué no decirlo, señor ministro, nosotros estamos particularmente interesados en la mediación penal. Yo sé que hablar de esto es casi un sacrilegio en los tiempos que corren. No sé si usted cree, pero yo sí creo no en la justifica penal retributiva sino en la justicia penal restaurativa. Y este es un gran reto desde múltiples perspectivas, incluso en determinados delitos o fenómenos delictivos que no es menester citar en este momento pero que usted sabe que meritan, si se quiere llegar a elementos de normalización de ciertos conflictos con los que durante desafortunadamente muchos años hemos tenido que convivir, a resolver y a acercarnos a los elementos de normalización política y de convivencia que los ciudadanos nos demandan y nos reclaman: la superación de una justicia penal retributiva por una justicia penal restaurativa. En el ínterin, si no fuera posible en esta legislatura realizar una transformación ontológicamente tan profunda, una justicia transaccional -usted sabe perfectamente a qué tres conceptos me estoy refiriendo- debe ser uno de los objetivos que nos estamos marcando. Esta ampliación, conscientemente no nominal, a la utilización de la mediación en otros órdenes de la jurisdicción se incardina en estos dos principios que le estoy comentando.

Señor ministro, yo no sé -es un misterio trinitario que podría dar lugar a una novela de Larsson tranquilamente- por qué en la legislatura pasada solo se traspuso la mitad de la Directiva 52/2008. En esta directiva -qué le voy a explicar que no sepa usted, señor ministro- se consignaban dos fórmulas extrajudiciales de composición de conflictos. En la legislatura pasada se aprobó una Ley de Arbitraje que está funcionando bien afortunadamente y que está proyectando buenos resultados y por algo que no sé, por alguna razón que no soy capaz de discernir, se dejó de trasponer la otra mitad de la directiva, que es la que hacía referencia a la mediación, repito, consignada también por la Directiva 52/2008. Ustedes han complementado la tarea y, señoría, probablemente no será muy frecuente que escuche reflexiones apologéticas a su actuación normativa en esta legislatura pero esta vez me veo en la tesitura de hacerlo: han hecho un buen trabajo; se ha hecho un buen trabajo en el Congreso; se ha hecho un buen trabajo por los redactores del anteproyecto de ley; se ha hecho un buen trabajo en el Senado -entre nosotros, señor ministro, para qué nos vamos a engañar, le diré que es algo que no siempre sucede, por utilizar una expresión eufemística-, y en definitiva tenemos una buena ley en nuestras manos en este momento. Por tanto, gracias a todos los grupos parlamentarios -creo que tenemos motivos para felicitarnos-, sobre todo porque la extensión de las fórmulas extrajudiciales de solución de los conflictos en una sociedad tan conflictual como la que vivimos es una buena fórmula de pacificación social y una buena fórmula de generar y de configurar los elementos de convivencia desde una perspectiva civilizada. La sobrejudicialización con la que hemos convivido hasta estos momentos ha provocado los déficits funcionales y los problemas que afectan a la jurisdicción en su conjunto e incluso -no voy a hablar, porque parecería una impertinencia; además cuanto menos hablemos de esta materia, mejor- al propio órgano de gobierno de la Administración de Justicia. Por todo lo dicho, señor presidente, tenemos motivos para felicitarnos por un buen trabajo realizado, en este caso por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero manifestar muy brevemente lo que ya hicimos en su día: nuestro apoyo a esta iniciativa. Manifestamos -y tuve la oportunidad de hacerlo frente al ministro- muy poquitos peros, alguno de los cuales se hizo en forma de enmienda. Nos llena de satisfacción ver que algunas de esas enmiendas que aquí fueron rechazadas han sido introducidas después de pasar por el Senado, especialmente aquella en la que se decía que el título o habilitación para el ejercicio de la función de mediador tuviera validez en todo el territorio nacional, superando así la fragmentada regulación que hay en todas las comunidades autónomas.

Para terminar, me gustaría dar las gracias al Servicio de Documentación del Congreso por el dossier que han


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preparado y por el trabajo que hacen habitualmente para asistirnos a nosotros y a nuestro equipo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó. En nombre del Servicio de Documentación y de los funcionarios le agradezco sus palabras.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Quiero iniciar mi intervención expresando, en esta iniciativa que tiene que ver con el ámbito de la justicia, mi preocupación por la independencia del Poder Judicial. Sacrosanta independencia del Poder Judicial de la que se habla, se usa y se abusa pero que está en riesgo cuando un juez protesta por presiones sobre su investigación. Creo que en el caso Fabra hay una evidente falta de independencia del Poder Judicial, que ha provocado un proceso largo y una situación incómoda cuando menos en estos momentos.

Señorías, en relación con la iniciativa que tiene que ver con la mediación civil y mercantil, nosotros tenemos una posición crítica. No apoyamos el proyecto y no votaremos favorablemente cómo queda al final esta ley. Y tenemos una posición crítica por el texto y por el contexto. ¿Por qué en relación con el texto? Porque pensamos que es una iniciativa parcial, que deja la mediación -es decir, la intervención en materia de controversias, no de conflictos- vinculada y restringida únicamente al aspecto civil y mercantil, cuando existe en España experiencia para abordar la mediación también en el ámbito penal -incluso experiencias que han sido tuteladas por el Consejo General del Poder Judicial- y existe también la necesidad de una mediación que vaya más allá, a temas laborales y de consumo. Por ejemplo, señorías, acabamos de discutir la reforma laboral -o mejor dicho, contrarreforma laboral- y un primer ejemplo de una metáfora de esa reforma laboral, del despido exprés y de la falta de diálogo entre el empresario y los trabajadores, es el caso de la minería. Llevo un casco aquí en honor a los trabajadores mineros (Muestra la solapa de su chaqueta), el casco que puedo tener aquí, en el Congreso de los Diputados, porque uno más grande no me dejan. En todo caso, señorías, también en esta materia, después de un Gobierno que elude sus compromisos en relación con el futuro de la minería y que echa a los trabajadores a la calle, debería haber mecanismos de mediación en el ámbito laboral. Por tanto, somos críticos desde el punto de vista del texto por la parcialidad de la mediación civil y mercantil que en estos momentos se nos propone, pero somos críticos también, señorías, porque nosotros tenemos una posición con respecto a la mediación muy similar a la que tenemos con respecto a la justicia. Si defendemos la justicia no como poder sino fundamentalmente como servicio público, también defendemos que en el ámbito de la mediación se den las garantías de un servicio público, y esta ley no da las garantías de un servicio público en materia de mediación, establece la mediación como un servicio de carácter privado. Creemos que no solamente desde el punto de vista regulatorio, también desde el punto de vista práctico, del servicio, la mediación que sustituye favorablemente a la justicia, que evita que la justicia se colapse, debería ser un servicio público con las garantías del servicio público. Por ejemplo, garantizando también la gratuidad de la mediación a determinados tramos de renta. Si se desea hacer en el caso de la justicia -otra cosa es que funcione bien en el caso de la justicia- también debería ser así en el caso de la mediación. Por esas razones no somos favorables a este texto, si bien hay avances y elementos positivos que queremos valorar.

Pero me refería al texto y al contexto. ¿Cuál es el contexto, señorías? El contexto para nosotros es una deriva penal y privatizadora de la justicia española, una deriva penal, evidentemente, porque llevamos un tiempo hablando de cadena perpetua, de prisión permanente revisable. Todos los problemas tienen una solución penal a más. Incluso estamos ya incorporando legislación norteamericana sobre primera, segunda, tercera, y fuera. El planteamiento de a la tercera fuera parece ser que también va a ocurrir en relación con la reiteración de delitos, obviando en nuestra opinión valores fundamentales como son el no encarnizamiento y el respeto en materia de prisiones y, por otra parte, también la reinserción. Pero, en todo caso, nosotros queríamos centrarnos en la política privatizadora. Señorías, hay competencias que son del ámbito del Ministerio de Justicia, la última de ellas la nacionalidad. ¿Puede haber una competencia más pública que el reconocimiento de la nacionalidad española? No hay una competencia más pública que ese reconocimiento; pues bien, también entra dentro de la dialéctica privatizadora. Si el matrimonio y el divorcio se han cedido, podemos decir que externalizado, a las notarías para superar una situación en estos momentos de escasa demanda en su negocio, ahora resulta que también para solucionar la baja del negocio de los registradores, nosotros ponemos en sus manos algo tan importante -debería ser más importante para el Partido Popular; son, desde ese punto de vista, más patriotas- como la nacionalidad. Es verdad que había un colapso en relación con las solicitudes de nacionalidad, pero por qué no hacer un estudio y plantear reformas en el propio Ministerio de Justicia para mejorar esa gestión. O al final va a ocurrir como en el Ayuntamiento de Madrid, que lo que se hará será externalizar lo que no funciona en la Administración pública. Creemos que es mejor que funcione la Administración pública, mejor que asumamos nuestra responsabilidad como dirigentes y como responsables de la Función pública, en este caso directamente, que no buscar medidas externalizadoras como las que se están planteando en estos momentos en materia de matrimonios o de nacionalidad.


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Y de lo mismo estamos hablando ahora con la mediación. Si otro elemento importante para superar la saturación de la justicia, que es la mediación, lo ponemos en manos de la iniciativa privada, en nuestra opinión estamos renunciando, estamos haciendo renuncia al servicio público y, en este caso, al servicio público de la justicia. No nos extrañe que cualquier día quieran privatizar el Congreso de los Diputados porque, en definitiva, señorías, si no tenemos nada que gestionar y la mejor forma de hacerlo es privatizando, por qué no nos van a privatizar también a nosotros. He leído recientemente en un avión una propuesta que es la de que en vez de ser elegidos, seamos sometidos a sorteo porque, según esta propuesta, basada en un estudio siciliano de no sé qué ámbito, son más eficaces los diputados por sorteo que los diputados ideológicos. Tenemos muchas ataduras, señorías y, por tanto, esas propuestas parece ser que van por el camino de las privatizaciones.

Termino, señorías, refiriéndome a una legislación que viene junto con la Ley de Mediación, que es la relativa al acceso a la abogacía. Estamos parcialmente satisfechos de lo que hemos conseguido en esa materia; creo que hemos solucionado un problema, que todos los licenciados lo reconocen, pues no era posible hacer el master y ni siquiera eran posibles las prácticas o el examen en las actuales condiciones. Quedan algunos flecos que han sido demandados por parte de aquellos que fueron obligados a transformar la licenciatura en diplomatura y, ese sentido, nosotros creemos que también queda ahí algún margen de insatisfacción, pero en todo caso se ha solucionado un problema. Por esa razón nos abstendremos en esta iniciativa, más por el contexto que por el texto. Pero, dentro del texto, señorías, nos preocupa que haya garantías para la mediación, que existen y deseamos que se mantengan en la justicia: la garantía de igualdad y también la garantía de que los ciudadanos tienen acceso a esa justicia y, en este caso, acceso a la mediación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, desde Convergència i Unió vamos a anunciar ya, sin mayor preámbulo, que nuestro voto a las enmiendas del Senado va a ser positivo. Lo será, en primer lugar, porque la norma que hoy vamos a aprobar, más allá de la obligada transposición de una directiva comunitaria, regula -y lo hace a nuestro entender con respeto a las competencias de las comunidades autónomas- una materia, la mediación, que en Cataluña tiene ya una larga tradición. El pueblo catalán, históricamente -genéticamente dijo usted, señor ministro- ha intentado siempre dar prevalencia a las soluciones obtenidas a partir del acuerdo entre las parte en conflicto. Y esta voluntad de pacto no se ha hecho en Cataluña con la finalidad de agilizar o quitar trabajo a los tribunales de justicia, en todo caso esto sería un efecto -tal y como hemos manifestado ya en alguna ocasión-, sino que se ha hecho fundamentalmente porque la potenciación del pacto y el acuerdo es para nosotros una clara apuesta por la madurez de la ciudadanía y por la obtención de soluciones responsables, autogestionadas y eficaces. Soluciones que aseguren el posterior cumplimiento y ejecución de los acuerdos, pero que también contribuyan a algo tan importante como preservar las relaciones futuras de las partes en conflicto. Una relación que muchas veces va a seguir siendo obligada, como las relaciones entre progenitores con hijos que se separan o se divorcian; como las relaciones entre convecinos que van a seguir viviendo en el mismo inmueble o como las relaciones entre familiares que están en disputa, por ejemplo, por una herencia. Por ello, quiero recordar una vez más que Cataluña fue la pionera en legislar en materia de mediación familiar, ya en el año 2001 con un Gobierno de Convergència i Unió y una legislación que posteriormente, en el año 2008 se amplió a otros ámbitos de actuación. Por ejemplo, en Cataluña hacemos con bastante éxito -hay que decir- mediación penal juvenil desde hace ya tiempo.

Ante las afirmaciones que se han hecho por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, quiero decir que para nosotros es importante que la mediación no se circunscriba solo a los aspectos civiles y mercantiles. Por eso, valoramos muy positivamente la enmienda que se ha introducido en el Senado en el preámbulo de la ley, que dice que las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediación en los ámbitos a los que se refiere, sino para preservar su regulación a las normas sectoriales correspondientes. Por lo tanto, entendemos con ello que no es una ley cerrada pero que sí es un principio que va a tener continuación. Desde la convicción y también desde la experiencia, desde Convergència i Unió vamos a dar un sí a la regulación que hoy se nos propone. Lo hacemos también porque consideramos que este es un proyecto que ha ido mejorando a lo largo de la tramitación parlamentaria y hoy puedo decir con satisfacción que mi grupo, Convergència i Unió, se ve ampliamente reconocido en el texto con la aceptación literal o transaccional de muchas de nuestras enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, fruto de un trabajo continuado que es justo reconocer y agradecer a los portavoces de todos los grupos, pero quiero singularizar en los del Grupo Popular y también en el Gobierno, que teniendo una amplia mayoría ha querido buscar complicidades y acuerdos. Quiero agradecer también a los servicios de la Cámara y especialmente a la letrada de la Comisión, doña Piedad García-Escudero, su valioso trabajo.

El clima de debate en la Comisión de Justicia es constructivo y encaminado a la consecución de acuerdos, de lo que es buena muestra el proyecto que estamos viendo.


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Y esto es algo que quiero poner en valor en un momento en el que de la política y del trabajo de los políticos se difunden más los disensos que los acuerdos, que como se puede ver -y la ley que debatimos hoy es una buena muestra- también los hay. ¿Qué se ha mejorado? Dar cabida a los colegios profesionales para que tengan incluidas entre sus funciones el impulso de la mediación; el que se garantice en los procedimientos de mediación la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; dar una satisfactoria solución a la problemática derivada del acceso de los licenciados en derecho a las profesiones de abogados y procuradores, con las matizaciones que ha hecho el portavoz de La Izquierda Plural -que podemos compartir-; la importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se permita acumular a los procedimientos de nulidad, separación y divorcio la división de los bienes que los cónyuges tuvieren en común y pro indiviso, serían algunas de las mejoras que valoramos muy positivamente y que recogen enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario. La mejora en los requisitos de formación de la persona mediadora -un debate largamente tenido-, que deberá estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior además de contar con formación específica en mediación; una definición más precisa de a quién se puede atribuir la consideración de institución de mediación, así como la definición muy importante de los perfiles de responsabilidad o no responsabilidad de las instituciones de mediación; la necesidad de separación entre las actividades de mediación y arbitraje; el que deba ser una persona física quien ejerza la mediación; un mayor protagonismo de las administraciones competentes en cuanto a la supervisión y control de la debida titulación y formación continuada de la persona mediadora y el que el acuerdo de mediación deba firmarse únicamente por las partes y no por el mediador -al igual que ocurre en los países de nuestro entorno- reservándose al mediador la firma del acta inicial y la final, son otras de las importantes mejoras que se han ido introduciendo y en las que Convergència i Unió también se reconoce.

Hay también, a nuestro juicio, algunas carencias. Desde nuestro punto de vista, una ellas puede ser la poca o nula atención que en el proyecto se ha prestado a la necesidad de información jurídica previa o durante el proceso de mediación, así como a la intervención letrada en la redacción de los acuerdos. No solo porque entendemos que mal perviven los acuerdos a los que se llega desde la desinformación de derechos -con casos sangrantes como las renuncias, por ejemplo, en materia de familia a determinados derechos que únicamente se pueden solicitar en el primer procedimiento, como la pensión compensatoria- sino también porque no debemos olvidar que la mediación, importada del mundo anglosajón, un mundo tan distante jurídica y temperamentalmente con nuestra cultura, para inserirse de manera fácil en nuestro derecho precisa adaptarse a nuestros engranajes. En ellos, abogados, jueces, notarios y mediadores han de tener su papel y su función complementaria pero nunca excluyente.

Finalmente, nos alegramos por la aprobación de la enmienda de mi grupo referida a la necesidad de evaluación de las medidas adoptadas por la presente ley, de manera que en el plazo de dos años el Gobierno deba remitir a las Cortes un informe de evaluación de la ley, así como la posible adopción de otras medidas que puedan mejorar la mediación. La monitorización de las leyes que aquí aprobamos nos parece una buena práctica que ya reiteradamente solicita mi grupo parlamentario y nos alegramos, como digo, de que así se haya aprobado también en este proyecto de ley.

Por último, quiero mostrar también nuestra valoración positiva -como no podía ser de otra manera- a la aprobación de una enmienda, también de Convergència i Unió, que recupera lo prescrito con carácter general en el artículo 2 del Código Civil cuando dispone que la ley entre en vigor a los veinte días de su publicación. Quizás a los legisladores pueda parecernos que cuanto antes entre en vigor una ley, mejor, pero no podemos olvidar que salvo cuestiones de urgencia los operadores jurídicos -todos ellos- han de poder en este prudente plazo de veinte días estudiar y asimilar los cambios legales que han de invocar y aplicar. Nos alegramos, pues, de esta recuperación de la prescripción general del artículo 2 del Código Civil.

Señorías, finalizo mi intervención reiterando el voto positivo de Convergència i Unió a las enmiendas del Senado en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Valerio.

La señora VALERIO CORDERO: Gracias, señor presidente.

Subo por primera vez a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La apuesta decidida por la mediación como medio alternativo y de naturaleza extrajudicial de resolución de conflictos es un asunto importante para mi grupo. Por ello se presentó un proyecto de ley en la anterior legislatura que caducó al ser disueltas las Cortes. La mediación implica, como oí decir alguna vez a alguien, pasar de la cultura de la reclamación a la cultura del acuerdo. La regulación de la mediación, tal y como queda proyectada, completa en el ámbito estatal la normativa de los métodos de solución alternativa de conflictos en nuestro país, que hasta el momento únicamente preveía la conciliación y el arbitraje, al margen, por supuesto, de la legislación propia de las comunidades autónomas que ya la han regulado en algunos aspectos. En la mediación el tercero debe permanecer neutral y las partes no están sometidas a la


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decisión del tercero mediador, pues la intervención de este se limita a facilitar la comunicación entre ellas, respondiendo por supuesto a los principios de imparcialidad y neutralidad. La mediación favorecerá la rebaja de la carga de trabajo en la jurisdicción civil que ha sufrido una evolución al alza muy importante en esta última década. Los datos de las memorias del Consejo General del Poder Judicial así lo corroboran. La del año 2001 reflejaba un ingreso de asuntos cercano a los 900.000 y la del año 2010 se acerca ya a los 2 millones de asuntos, es decir, más del doble.

Por otro lado, se trata también de propiciar un cambio de cultura sobre la solución y tratamiento de los conflictos al margen de los procedimientos judiciales y una demanda social de justicia que no puede satisfacerse únicamente con el proceso judicial. No se trata, por supuesto, de excluir la tutela judicial sino de completarla, asegurando también una tutela extrajudicial de los derechos mediante un procedimiento muy adecuado al siglo XXI, simplificado, ágil y con las menores cargas administrativas posibles, utilizando la administración electrónica y apostando también por un procedimiento más económico. El compromiso de incorporar nuevos mecanismos de resolución alternativa de controversias fue también recogido en el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 elaborado por el anterior Gobierno socialista. Este compromiso cristalizó en la presentación en esta Cámara del proyecto de ley de abril del pasado año 2011, que ordenaba la mediación aplicable a diversos asuntos civiles y mercantiles, y también procedió a la trasposición de la Directiva de 21 de mayo de 2008. Dicho proyecto de ley caducó al final de la anterior legislatura, como comentaba anteriormente, y aunque el proyecto de ley que hoy debatimos es en gran parte idéntico al de abril del año 2011, difiere en algunos aspectos que consideramos esenciales, siendo el más importante de ellos la configuración del acuerdo de mediación como título ejecutivo y con reconocimiento de efecto de cosa juzgada, lo que constituye una auténtica apuesta por la mediación como mecanismo ágil de resolución de conflictos. En definitiva, nuestro modelo de mediación planteaba un procedimiento simplificado y de bajo coste que evitase la obligación de hacer pasar al ciudadano por la notaría antes de ir al juez, y que fuese limitado en el tiempo con el objetivo de hacerlo verdaderamente útil y ágil para la ciudadanía. Sin embargo, nuestra propuesta no ha prosperado en el íter legislativo, ya que en el proyecto que se está debatiendo en el día de hoy se establece que sea el notario el que realice ese control de legalidad y dote de ejecutividad al acuerdo, a pesar de que el propio Consejo de Estado, en su informe al anteproyecto de ley del año 2011, señaló que la protocolización obligatoria ante notario tiene como inconveniente el encarecimiento del proceso de mediación, así como -añadía el Consejo de Estado- será en todo caso un órgano judicial el que deniegue la ejecución del acuerdo cuando considere que su contenido es contrario a derecho.

En la tramitación en el Congreso se incorporaron algunos cambios que, a nuestro juicio, mejoraron y precisaron aspectos relevantes como la titulación requerida para ser mediador, su responsabilidad y la de las instituciones de mediación, y la mayor garantía de igualdad de oportunidades de las partes para las personas con discapacidad, así como la accesibilidad en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas. El Grupo Parlamentario Socialista propuso además la creación de un registro público de ámbito nacional de mediadores y de instituciones de mediación que dotaría de seguridad jurídica a las partes y a los operadores jurídicos. Consideramos que el registro de mediadores y de instituciones de mediación debía tener un rango legal y que la inscripción en el mismo de los mediadores debería haber tenido carácter constitutivo. A nuestro juicio, dejarlo al posterior desarrollo reglamentario de carácter facultativo implica rebajar la seguridad jurídica de las partes intervinientes y complica además al órgano judicial en caso de ejecución del acuerdo de mediación.

Por lo que respecta a la responsabilidad, se llegó a un principio de acuerdo, cuya redacción se ha mejorado un poquito más en el Senado sobre la base de una de las enmiendas que en su momento presentó el Grupo Socialista. En cuanto a la declinatoria, que no es más que un cauce procesal para alegar que el proceso está en mediación y que por tanto se incumple la obligación de no acudir a ella, añadimos en su momento que para la interposición de declinatoria no sería preceptiva la utilización de abogado y procurador, y en caso de que se utilizase, se impondrían siempre las costas de los mismos a la parte que interpusiere la demanda, siempre y cuando la declinatoria se estimase, obviamente. El fundamento no era otro que velar por el cumplimiento de la buena fe que debe presidir la mediación, imponiendo sanciones, es decir, el pago de las costas, a quien la vulnere. Consideramos además que hubiera debido determinarse una duración limitada en el procedimiento de mediación previsto en la ley para dar verosimilitud a la voluntad de acuerdo y garantizar que no se utilice la mediación con fines dilatorios. Aparte de estas diferencias de planteamiento, el núcleo esencial, como he dicho anteriormente, de la discrepancia que tiene mi grupo con el proyecto de ley que estamos tramitando en estos momentos es la configuración del acuerdo de mediación como título ejecutivo y con valor de cosa juzgada. Esta es, como ya he dicho, una pieza clave en la defensa de nuestra concepción de la mediación para darle el máximo carácter al acuerdo y hacer verdaderamente útil esta institución. Por ello, en la Comisión de Justicia del día 31 de mayo nuestro grupo votó a favor del dictamen en conjunto, pero solicitamos votación separada tanto de los aspectos sustantivos como de los procesales que tienen que ver con este asunto. Además, hay que hacer una apuesta muy importante, y en eso estamos plenamente de acuerdo todos los grupos, por la administración electrónica si queremos que realmente haya una modernización en términos de agilidad, ahorro de coste y tiempo.


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En cuanto a las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado y que hoy debatimos, aceptaremos aquellas enmiendas que consideramos que mejoran el texto aprobado en el Congreso, ya que clarifican algunos aspectos, como, por ejemplo, el de la responsabilidad, el ámbito de aplicación de la ley, establece la vacatio legis, así como recoge la obligación del Gobierno, que nos parece muy interesante, de remitir en dos años una evaluación del impacto de la aplicación de esta ley, algo fundamental, que es saber cómo está funcionando en el día a día, en este caso de la mediación, esta norma. Sin embargo, no apoyaremos luego en la votación los cambios incorporados en el Senado a los artículos 5 y 23 del proyecto. En artículo 5 se establece una limitación de la actividad que podría corresponder a las instituciones de mediación y en el 23 se suprime como requisito la firma del mediador del acuerdo de mediación que a nuestro grupo le parece necesaria para dar por concluida y perfeccionar la formalidad del acuerdo, dando la necesaria seguridad jurídica al mismo.

Para concluir quiero señalar que, a pesar de las discrepancias anteriormente señaladas, al Grupo Socialista le satisface mucho la aprobación de esta ley porque la consideramos necesaria para impulsar una solución negociada de los conflictos que, sin lugar a dudas, liberará de carga de trabajo a los juzgados del orden jurisdiccional civil y que además posibilitará un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en pie de igualdad entre las partes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valerio.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López González.

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que ya nos han anunciado su respaldo.

Señorías, comparezco ante ustedes para solicitar el voto favorable a la aprobación definitiva del proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Como sus señorías conocen, el pasado 5 de junio la Comisión de Justicia del Congreso, con capacidad legislativa plena, aprobaba con amplia mayoría el proyecto de ley pasándolo a continuación a la Cámara alta donde también ha sido revalidado ampliamente, incluyendo nueve enmiendas que modifican distintos preceptos y que enriquecen aún más el texto.

Quiero manifestarles que el proyecto de ley era la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo, pero se ha ido más allá de las exigencias de esta norma europea y el proyecto de ley contiene una ordenación general de la institución de mediación con respecto, eso sí, a la legislaciones autonómicas de las distintas comunidades. Y lo hacen con un gran objetivo: reducir la alta litigiosidad en los juzgados y tribunales españoles. No debe considerarse como un remedio de las dificultades de funcionamiento de nuestra justicia, sino como otra alternativa más en la resolución de conflictos y litigios antes de acudir a la vía jurisdiccional, que en muchos casos será mucho más conveniente y menos costosa económica y emocionalmente. La justicia es cosa de todos y con la mediación son los propios ciudadanos los que llegan, con la ayuda de un mediador, a conseguir sus propios acuerdos y eso significa madurez social propia de sociedades democráticas y avanzadas.

Como decía, los portavoces en el Senado, valorando este proyecto y con gran acierto, han introducido nueve enmiendas entre la ponencia y el debate del Pleno. El Grupo Vasco introdujo una enmienda de adición en el preámbulo, concretamente en el final del epígrafe segundo. Con su aprobación se evita una interpretación restrictiva del ámbito de la mediación, pues, aunque esta ley establece unas exclusiones, eso no debe limitar la posibilidad de acudir a la mediación en otros ámbitos, reservando su regulación a las normas sectoriales correspondientes. Además también hay que hacer una referencia a las dos enmiendas de Convergència i Unió. Por un lado, se amplía, como se ha dicho ya, la vacatio legis a veinte días. Este mayor plazo antes de la entrada en vigor de la ley permitirá a todos los destinatarios de la misma un mayor conocimiento. Por otro lado, se ha incorporado en el Senado una disposición adicional novena nueva de mandato al Gobierno para que en el plazo de dos años remita al Congreso un informe sobre la aplicación de la ley.

Entrando en las enmiendas de mi grupo en el Senado, estas afectaron a los artículos 5, 10, 11, 12, 14 y 23 del proyecto de ley. La enmienda relativa al artículo 5, sobre las instituciones de mediación, hace que se establezca con mayor claridad su ámbito de actuación. Por eso la función de las instituciones de mediación es única y exclusivamente el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de los mediadores, y debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Teniendo en cuenta esto, también hubo que modificar el artículo 11, añadiendo un segundo párrafo al apartado primero. Se elimina cualquier duda respecto a si son las personas físicas o las jurídicas las que prestan directamente la mediación. En consecuencia el artículo fija que las personas jurídicas deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta ley. Estos requisitos son los que ya quedaron reflejados en el proyecto de ley aprobado en esta Cámara, y que se envió al Senado. Entre dichos requisitos para ejercer la mediación hay que destacar que el mediador estuviera en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior. Igualmente debía contar con una formación específica para ejercer la mediación, formación específica que se adquirirá mediante la realización


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de uno o de varios cursos impartidos por instituciones debidamente acreditadas.

En conexión con estas modificaciones había que dar también un marco adecuado a la responsabilidad de los mediadores y a las instituciones de mediación. Por eso se incluye ahora la acción directa contra el mediador y en su caso la institución de mediación que corresponda, con independencia de las acciones de reembolso que asistan a esta contra los mediadores. La apostilla en su caso quiere decir que la única responsabilidad en la que pueden incurrir las instituciones de mediación será la derivada de su función de designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le sean competentes, previsión que exige de las instituciones de mediación la debida diligencia a la hora de incluir mediadores en sus listas. Otra de las enmienda pretende eliminar la firma del mediador del acta que recoge el acuerdo de las partes. Esta firma por el mediador no se recoge en los sistemas de nuestro entorno, y en la práctica puede resultar difícil y realmente no aporta nada. Por último, dos enmiendas de menor trascendencia para el conjunto del texto, pero no por ello menos importantes. En primer lugar, la enmienda al artículo 10.2. Seguramente por descuido en la redacción original no se incluyó la palabra bienes en las medidas cautelares, pero es evidente que las medidas cautelares pueden referirse tanto a bienes como a derechos, por lo que queda subsanada esta omisión. En segundo lugar, la enmienda al artículo 12. Ahora tanto el Ministerio de Justicia como las administraciones públicas y las instituciones de mediación fomentarán y requerirán la adecuada formación de los mediadores. Se refuerza con la adición del término requerirán el cumplimiento del requisito de la formación de los mediadores.

Señoras y señores diputados, les pido el voto afirmativo a este proyecto, que si así lo consideran sus señorías se convertirá en ley, una ley bien articulada, bien conformada, que supone un hito importante en la historia y consolidación de la mediación en España. Era necesaria, como es necesario también pasar de la cultura de la confrontación a la del acuerdo. Hay que volver a que las partes entablen diálogos para encontrar una verdadera solución a su litigio mediante la negociación, en vez de encerrarse en una lógica de conflicto que converge normalmente en una situación de vencedores y vencidos. La metodología de la mediación puesta al servicio de todos como alternativa a los costosos litigios judiciales es una realidad que nuestra sociedad no podía seguir ignorando.

Quiero agradecer a mis compañeros ponentes, doña Dolors Montserrat y don José Miguel Castillo Calvín, su encomiable trabajo y a los asesores, a los servicios de la Cámara, a las letradas de esta Comisión, y a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, su actitud dialogante. No hemos tenido mucho tiempo al tramitarlo por las exigencias del procedimiento de urgencia, pero ha sido suficiente para mejorar el texto con las aportaciones de todos, y para comprobar también que en esta Cámara la magia del diálogo hace que afloren propuestas y enmiendas y que lleguemos a acuerdos. El mediador no ha sido otro que la responsabilidad y el sentido común.

Señor ministro, potenciar la mediación civil y mercantil en nuestro sistema jurídico es un gran acierto de este Gobierno y de la cartera que usted preside. Por tanto estamos todos de enhorabuena. Forma parte de esas reformas estructurales que ya nos ha anunciado, y todas en orden a conseguir una justicia más eficaz, más ágil, y más cercana al ciudadano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López González.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Con toda brevedad quiero consumir un turno para dar las gracias a los grupos parlamentarios. Gracias a aquellos grupos, que son la inmensa mayoría en esta Cámara, que han anunciado su voto a favor. Hago mía la última reflexión de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando decía que es bueno que una ley que va a regular la mediación en España haya articulado en su tramitación un sistema de mediación, de diálogo y de búsqueda de acuerdos.

Solamente quiero hacer tres consideraciones, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer mía la inquietud que han manifestado algunos portavoces de que esta sea una ley cerrada. Ni muchísimo menos. Damos un paso muy importante en materia civil y mercantil, pero tenemos un reto por delante. Sepan que a este ministerio no le asusta el reto, y lo digo con su nombre y apellidos. Estoy hablando de mediación penal y de algo que sería jurídicamente revolucionario en España, como es estudiar la posibilidad de introducir determinados mecanismos de mediación en el orden contencioso-administrativo. Es algo sobre lo que tenemos que pensar con mucha profundidad, pero han demostrado ustedes en esta Cámara una enorme capacidad en cuanto al tratamiento de textos jurídicos de acuerdo con las necesidades de la sociedad, pero también con la importancia de los mismos.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos, especialmente a aquellos, como el Grupo Parlamentario Socialista, que han manifestado algunas reservas. Tengo que manifestar que son reservas que hemos estudiado con mucha intensidad, y ninguna de ellas nos ha parecido que no fuese merecedora de ese estudio. Al final se ha planteado alguna discrepancia, quizá porque es una materia nueva -y el tiempo demostrará si hemos acertado-, en todo caso, aun manteniendo esas reservas, que haya anunciado su apoyo y su voto favorable es un ejercicio de responsabilidad que quiero ponderar. Como se ha recordado aquí, quiero decir también que nos encontramos un buen texto en el ministerio, del que


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discrepábamos en algunas materias y por eso lo hemos modificado; lo remitimos a la Cámara, y la Cámara envió al Senado un texto todavía mejor, y con toda sinceridad creo que el texto que ha venido del Senado es todavía mejor. Por tanto, desde el trabajo inicial del ministerio, no se ha hecho sino mejorar la ley.

Quiero hacer una última referencia a La Izquierda Plural. Señor Llamazares, respeto absolutamente su intervención y agradezco que su voto vaya a ser una abstención, pero quizá ha quedado eclipsado algo de lo que quiero dejar constancia. Es el interés que muchos grupos, y especialmente su señoría, han tenido desde el primer momento con un aspecto colateral pero importantísimo que es el acceso a la abogacía. Quiero dejar claro que las discrepancias aquí manifestadas sobre el proyecto de ley de mediación no lo han sido, sin embargo, en un esfuerzo para resolver un problema con el que su señoría estuvo desde el primer día especialmente preocupado. Creo que esa sensibilidad ha sido aceptada por parte de todos los grupos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES DE USO TURÍSTICO, DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VACACIONALES DE LARGA DURACIÓN, DE REVENTA Y DE INTERCAMBIO Y NORMAS TRIBUTARIAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2012, DE 16 DE MARZO). (Número de expediente 121/000006).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, procedente del Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo. En primer lugar, para fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdone, señor presidente, porque la verdad es que está sucediendo algo extraño esta mañana: estamos abriendo los turnos siempre, y nos desubica un poco tener que improvisar, cuando ya forma parte casi de una cierta inercia ser el tercer o en ocasiones el cuarto grupo en intervenir.

Señor ministro, me dirijo personalmente a usted para decirle que estamos hablando de una buena ley, o mejor dicho -voy a utilizar el pretérito imperfecto- estábamos hablando de una buena ley, pero -ya lo hemos comentado antes- no siempre el Senado corrige las propuestas que dimanan del Congreso adecuadamente. A veces en el Senado se introducen elementos de intoxicación sobre cuestiones muy particulares, que pueden enredar el contenido material de una ley, que por cierto estaba muy bien configurada. Esta ley queda intoxicada parcialmente por el uso del problema lingüístico que ustedes incorporan en virtud de enmiendas de su propio grupo en el Senado, las números 22, 23 y 24 en concreto, no solo a los contratos, primero a la información previa, en caso de la multipropiedad o el uso compartido de bienes, que en todo caso tiene que consignarse siempre en lengua castellana y en una lengua cooficial del Estado, si optan por ello el residente o el empresario cuya actividad habitual se produce en el seno del Estado español; en segundo lugar, optan también por la misma fórmula, desde una perspectiva lingüística -no estoy remitiéndome, señor presidente, al contenido jurídico-material de la ley, sino a los aspectos lingüísticos que siendo colaterales perturban profundamente la posibilidad de acuerdo con nuestro grupo-, en los contratos de aprovechamiento.

En relación con el soporte se dice en la enmienda del Senado una serie de obviedades: tiene que ser un soporte duradero y se tiene que redactar en un tamaño tipográfico y con un contraste de impresión adecuado -no sé si este nivel de pormenorización en relación con el soporte es necesario introducirlo en una norma jurídica de estas características-. Pero terminan diciendo -lo que enreda e intoxica en nuestra opinión la ley-: en lengua castellana, si realmente el usuario reside en el Estado español o el empresario tiene sus actividades en el mismo, o/y si opta por ello voluntariamente, además de en lengua castellana en alguna de las lenguas cooficiales del Estado español. Y lo mismo en relación con el contrato y la información precontractual prevista en el artículo 30, número 3. Me estoy refiriendo en definitiva al artículo 9.3; me estoy refiriendo al número 1 del artículo 11, y me estoy refiriendo al número 3 del artículo 30.

Señor ministro, no sé por qué hemos tenido que complicar la tramitación de una ley, que hubiese merecido una reflexión apologética, como antes con la anterior, por parte de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, introduciendo de forma inadecuada el debate o el conflicto lingüístico a su contenido, y vulnerando en nuestra opinión lo consignado en primer lugar por el artículo 3, número 2, de la Constitución, sobre la existencia de lenguas cooficiales; vulnerando lo previsto en las leyes de normalización lingüística existentes en todas las comunidades autónomas que poseen lenguas cooficiales; vulnerando el contenido material de todas las leyes emanadas del Parlamento vasco, en donde la cooficialidad lingüística o el uso de las dos lenguas oficiales en Euskadi es algo no disponible -todas son bilingües, y además todas posibilitan una actuación en materia contractual de carácter bilingüe-; vulnerando derechos históricos o derechos civiles propios, donde también el bilingüismo es una característica troncal. No son cuestiones ajenas ninguna de ellas las que estoy citando al contenido de esta ley, que hubiese merecido nuestro


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apoyo si ustedes en el Senado no se hubiesen enredado en un absurdo conflicto de naturaleza lingüística.

Le pido una reflexión sobre las enmiendas que están numeradas en el Senado con los números 22, 23 y 24; en definitiva las enmiendas relativas a los artículos 9.3, 11.1 y 30.3. No empañemos una ley que merita el consenso y la adhesión sin reservas intelectuales, sin reservas jurídicas de nuestro grupo de ninguna naturaleza, con una cuestión colateral como es la lingüística. Además no la enervemos o no la perturbemos vulnerando preceptos constitucionales tan relevantes y con una ubicación sistemática tan privilegiada como el 3.2 y todos los demás que le he citado. Señor ministro, me hubiese gustado -como en la ley anterior- poder realizar una reflexión apologética y una adhesión intelectual, pero ya intuía -y se lo he dicho antes- que en esta legislatura va a ser difícil que proliferen reflexiones de esta naturaleza. Conozco su sensibilidad con respecto al hecho autonómico -vamos a utilizar esta expresión eufemística-, al bilingüismo, a la existencia de lenguas cooficiales y a la necesidad de su preservación y fortalecimiento. Le pido por favor que estudie el contenido de estas enmiendas y que haga una reflexión ex-post, aunque puede ser ya tarde puesto que están ya aprobadas por el Senado. En todo caso le adelantamos que hemos pedido votación separada, para que los grupos que crean de verdad que vivimos en un Estado bilingüe puedan optar por una posición contraria a lo que dispone en este momento este, por otra parte, oportuno y bien configurado proyecto de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero plantear la abstención de nuestro grupo a las enmiendas del Senado, ya que entendemos que no aportan nada a la ley. Queremos aprovechar para remarcar que estamos ante una ley que tiene importancia y ante una situación que hay que regular, que se reguló tarde, que provocó muchos problemas, que provocó que el sector turístico sufriese una serie de inconvenientes que mermaron su calidad, y por tanto es una ley que hay que cuidar. Estamos hablando de una ley que tiene incidencia en uno de los sectores -por no decir el más importante- vitales de la economía de este país. Nosotros seguimos teniendo dudas, no solamente en la ley, que entendemos que podía haber sido un poco más valiente, sino en su aplicación. Seguimos temiendo que lo que se llama multipropiedad se siga utilizando como reducto del sector inmobiliario que no es capaz en estos momentos de buscar salida a determinados inmuebles. Creemos que sigue existiendo el problema de que se convierta en un segmento que pueda servir para el fraude, que pueda servir para la mala práctica en el sector turístico. Po eso creemos que la ley da un paso más, pero -repito- a nuestro modo de ver se sigue quedando corta. Hay que ir más allá no solamente en la defensa del consumidor, en concretar bien quién es el consumidor, sino fundamentalmente en empezar a plantear cuál es el modelo turístico que queremos. ¿Queremos un modelo turístico ligado al ladrillo o queremos un modelo turístico ligado fundamentalmente a lo que puede dar un sentido económico y cultural, como es desligarlo del sector inmobiliario, del sector del ladrillo que tanto daño le ha hecho no solo a la economía, sino al sector turístico? Repito, nos vamos a abstener, pero estaremos expectantes para ver si somos capaces de ser más valientes, de tener más conciencia de que lo que nos jugamos no es solo un problema de justicia o administrativo, sino que nos estamos jugando la calidad del sector turístico, de nuestra principal industria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, desde mi grupo queremos recordar que este proyecto tiene como objeto la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva europea relativa a la protección de los consumidores en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y la adquisición de productos vacacionales. Este proyecto de ley afecta a un sector estratégico y determinante en nuestro crecimiento, hoy más que nunca, como es el sector turístico. Se trata de una directiva que va dirigida fundamentalmente a los consumidores de determinados productos turísticos, persiguiendo ganar en seguridad y protección respecto a determinados contratos.

Ya manifestamos en su momento en el Pleno del Congreso y también en su tramitación en el Senado que nuestro grupo comparte la urgencia de la trasposición y gran parte de los contenidos del proyecto de ley, así como su espíritu y los objetivos de la directiva a favor de mayores garantías y más protección para el consumidor. En este sentido se refuerza la seguridad jurídica y se ofrece no solo una mayor protección al consumidor, sino también se gana en transparencia. Pero también es cierto que hay algunos aspectos, en concreto tres, que a nuestro entender son matizables en algún caso, tal y como expusimos en nuestra intervención en el Pleno del Congreso, y otros que son reconducibles. Entre los reconducibles están, como no puede ser de otra manera, los aspectos que afectan a la temática y a la problemática lingüística, y en este sentido hemos presentado y defendido nuestras enmiendas. Las enmiendas que hemos mantenido vivas en la tramitación en el Senado iban en tres direcciones. En primer lugar, en la dirección de


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garantizar los derechos de las partes y la libertad contractual de las mismas; en segundo lugar, de mejora de redacción del texto, y en tercer lugar -y muy importante para nuestro grupo-, de salvaguardar las competencias atribuidas en esta materia a las comunidades autónomas.

La defensa de los aspectos lingüísticos y el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas del Estado es lo que más nos ha ocupado y nos ha preocupado en la fase de tramitación y negociación de las enmiendas. Las enmiendas que hemos presentado en el Senado han pretendido evidenciar y defender la importancia del reconocimiento y aplicación de las diversas lenguas oficiales del Estado, tal y como se reconoce en la Constitución en términos a nuestro entender claros e inequívocos. Con los acuerdos a los que hemos llegado a lo largo de la tramitación parlamentaria es cierto -y lo reconocemos- que se mejora la redacción inicial, al permitir que los contratos se puedan formalizar y redactar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. Sin embargo entendemos que si ambas partes están de acuerdo -y esto es para nuestro grupo lo más relevante- en la utilización de una de esas lenguas en la redacción del contrato, esta no debería ser la lengua subsidiaria, sino la lengua única en la redacción del contrato, puesto que así es como entendemos desde mi grupo parlamentario la cooficialidad. En consecuencia, tal y como queda la redacción de los artículos 9, 11 y 30, el texto no es para nosotros satisfactorio ni suficiente, ya que consideramos que afecta a la libertad contractual que tienen las partes en poder formalizar el contrato en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, independientemente -y subrayo también este aspecto- del lugar donde se celebre el contrato, y creemos que la exigencia que incorpora la enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado afecta claramente a la autonomía de la voluntad de las partes.

Estas consideraciones estrictamente relacionadas con los aspectos lingüísticos y competenciales marcan nuestro voto negativo a las enmiendas del Senado números 22, 23 y 24 del Partido Popular, y sobre las cuales el Partido Nacionalista Vasco ha pedido votación separada.

Señorías, presidente, señor ministro, es cierto que la redacción final que nos llega constituye una mejora -lo reconocemos y así también lo he dicho antes- respecto a la redacción inicial del proyecto de ley, lo cual agradecemos, pero aún es más cierto que no es suficiente y que es necesario garantizar la libertad de utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales, independientemente de donde se celebre el contrato. Me gustaría hacer dos consideraciones al respecto. La primera es que parece que este será el único caso en el que los contratos no podrán redactarse en una de las lenguas cooficiales, independientemente del lugar de celebración, cuando toda la legislación mercantil lo permite, y segunda, nos sorprende que el Senado, como Cámara territorial, pueda empeorar el texto limitando a nuestro entender esta libertad contractual y de utilización de las lenguas.

En relación con el resto de enmiendas -y termino-, votaremos favorablemente el proyecto de ley y el texto, siendo conscientes de la necesidad y urgencia de la trasposición de esta directiva así como de la necesaria adaptación al mercado de esta tipología de contratos. Por último, solo me queda unirme a la solicitud de reflexión propuesta por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre los aspectos lingüísticos y competenciales, respecto a los que pedimos también el máximo reconocimiento, y por tanto una mayor sensibilidad, que no dudamos que en el fututo estará presente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Echávarri.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Poco teníamos los grupos que aportar a este proyecto de ley, y digo poco porque el Gobierno cuando aprobó el Real Decreto-ley 8/2012 -posteriormente tramitado como proyecto de ley cuyas enmiendas procedentes del Senado debatimos hoy- se limitó a trasponer de forma prácticamente literal, tanto la Directiva 28/122 de la Comisión Europea, de 14 de enero de 2009, como un anteproyecto preparado por el anterior Gobierno socialista, del cual además se calca exactamente hasta la exposición de motivos, a excepción de un motivo expositivo previo introducido para justificar la obsesiva, abusiva y cuasi patológica tendencia del Partido Popular a legislar vía decreto en esta legislatura, que no hace más que desnaturalizar dicha vía de urgencia, dado que si todo es urgente, nada es urgente.

Entrando en el contenido del proyecto, que en la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena obtuvo el voto favorable de mi grupo parlamentario, al igual que lo van a obtener las cuatro enmiendas que vienen del Senado por entender que matizan sin perjudicar el espíritu de algunos preceptos, quiero significar que se trata de un texto donde los consumidores ven seriamente reforzados algunos derechos, en claro cumplimiento de lo dispuesto en la directiva, dentro de este complejo y heterogéneo mundo del aprovechamiento por turno de bienes o adquisición de productos vacacionales de larga duración; especialmente los referentes a la información que los empresarios deben suministrar al potencial cliente o al ya cliente para que este preste su consentimiento, obligándose a algo no baladí, puesto que no podemos olvidar que se trata -puede ser- de adquirir propiedad o en su caso contratos de larga duración, en todo caso obligaciones que deben ser asumidas, y aún más -si caben estas-, con total y profundo conocimiento de todos y cada uno de sus extremos, por nimios que estos sean. En este sentido, y en clara concordancia con el espíritu y el fin de la directiva, trabajó este grupo parlamentario reforzando


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la postura del consumidor en los casos de no suministro o suministro insuficiente de información sobre estos productos.

Así en el texto, tras recoger de forma bastante detallada distintas cuestiones como el derecho de desistimiento con la introducción de documentos normalizados o la prohibición de pagos anticipados, en lo referente al contenido mínimo de la información contractual -algo absolutamente vital para prestar un consentimiento válido y eficaz- echábamos de menos una consecuencia para el incumplimiento por parte del empresario de ofrecer toda la información precontractual o constante del contrato que exige el texto legal. Cierto es que dentro del derecho de desistimiento que se otorga al consumidor se amplía el plazo general de catorce días o se difiere más exactamente al momento en el que la información precontractual es efectivamente entregada, ampliándose dicho derecho de desistimiento a los tres meses y catorce días desde la firma del contrato o de cualquier otro documento preliminar vinculante. Si bien esta solución, además de estar limitada a la información precontractual, la entendíamos insuficiente por cuanto una deficiente o insuficiente información precontractual lo que puede hacer es viciar el consentimiento, por error por ejemplo, pudiendo el contrato ser anulable o nulo, y en el caso de nulidad su invocación no estaría sujeta a plazo alguno de prescripción, quedando el consumidor en cierta medida desamparado por ese texto legal en dichos casos, dado que el derecho de desistimiento tiene una limitación temporal en el texto, no ofreciendo cobertura frente a un caso de nulidad absoluta del contrato. Por tanto, que la única vía contemplada y recogida en el proyecto para conseguir un consumidor separarse del contrato por insuficiencia en la información fuera la vía del desistimiento, lo considerábamos en cierta medida limitativo. Dicho de otra forma, el proyecto carecía de sanciones civiles al incumplimiento por parte del empresario a ofrecer toda la información contractual y en especial la precontractual, que además es parte del espíritu de la norma, teniendo que acudir un consumidor que se viera afectado por esta falta de información a las previsiones generales sobre vicio del consentimiento y nulidad previstas en el Código Civil, con las cargas para el consumidor que dicha regulación común conlleva, sobre todo en materia probatoria.

Con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, transaccionada con el Grupo Popular y aprobada en la Comisión de Justicia, se introdujo en el texto la sanción civil al no cumplimiento por parte del empresario a ofrecer toda la información, trayendo del Código Civil la facultad de resolver el contrato cuando la información ofrecida no fuera conforme a la exigida por la ley. Para ello introdujimos que bastara notificación fehaciente del empresario donde se pusiera de manifiesto qué información no se había proporcionado o era insuficiente. Hasta aquí simplemente se reproduce el derecho común. Ahora bien, una vez comunicada la situación, entendíamos -y así se recogió en la enmienda que está en el texto- que debía ser el empresario el que demostrara que efectivamente cumplió con su obligación, es decir, se invertía la carga de la prueba en beneficio del consumidor, sobre todo respecto de lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde lo habitual es que la persona que alega una nulidad corra con la carga de la prueba de la existencia de dicho vicio.

Este grupo no considera procedente que un consumidor debiera demostrar que un sujeto que está obligado a algo ha incumplido su obligación. Sería imponerle una carga injusta para ejercer un derecho frente al incumplimiento de la contraparte. Evidentemente, dicho derecho de resolver lo es siempre sin perjuicio del derecho de desistimiento y en caso alguno es impedimento para que además la empresa fuera sancionada conforme al artículo 22 del texto legal.

Como he adelantado, este grupo va a votar favorablemente las enmiendas aprobadas en el Senado, por cuanto entendemos que tratan de meras acepciones o acotaciones a cuestiones de índole lingüística en documentos contractuales principalmente, que a entender de este grupo nada modifica ni afecta al texto que se aprobó en esta Cámara. Creo, señorías, que nos encontramos ante un buen texto al que todos los grupos hemos contribuido a depurar y mejorar. Creemos firmemente que los consumidores han resultado sensiblemente reforzados con la aprobación de esta ley, por tanto, en consonancia con el voto favorable de este grupo al dictamen de la Comisión de Justicia, votaremos afirmativamente.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echávarri.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramis.

El señor RAMIS SOCIAS: Señor presidente, señorías, voy a fijar la posición del Grupo Popular sobre la ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. Vaya nomenclatura nos ha quedado.

Seré muy breve puesto que la cuestión que vamos a sustanciar, que es importante, viene a garantizar y a mejorar los derechos de los consumidores en el Estado español, y esta no es jamás una cuestión menor, pero sí es un tema que ya ha sido suficientemente debatido y consensuado, tanto en la sede del Congreso de los Diputados como en la del Senado. Analizaremos de nuevo hoy el proyecto de ley, en su día real decreto-ley, de relampagueante tramitación, si me permiten la expresión, en función de la inusitada agilidad y velocidad con la que se ha gestionado su -espero- definitiva aprobación. Así es. Repasando el camino recorrido, el pasado 16 de marzo el Gobierno emite el proyecto de real decreto-ley. El Pleno de esta Cámara de fecha 29 de marzo lo convalida. En la Comisión de Justicia de


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fecha 31 de mayo se ratifica la ponencia que lo informa, habiéndose sustanciado en fecha 12 de junio la aprobación por la Cámara Alta del texto remitido a la misma con la introducción de las cuatro enmiendas a las que me voy a referir brevemente. Es decir, prácticamente en tres meses habremos sido capaces de introducir en nuestro derecho positivo nacional una directiva europea que, recuerdo, era de obligado cumplimiento y por la que el Reino de España había sido amenazado con sanciones económicas al respecto. Creo que ese es un tiempo razonable, yo diría que muy destacable, máxime si tenemos en cuenta el hecho de que se ha consensuado con distintos grupos políticos -además del Partido Popular me refiero al Partido Socialista y a Convergència i Unió- variadas mejoras al texto enviado por el Gobierno.

Entrando en el fondo del asunto, es decir, en las cuatro enmiendas que en el trámite del Senado se han introducido, que es lo que en puridad corresponde analizar en este instante, hay que decir que en realidad, por su contenido, son dos, y ambas yo diría que son de simple mejora técnica, sin cambiar el sentido de la norma o la esencia de los artículos concretos a los que esta afecta. Así, por un lado, en los artículos 9.3, 11.1 y 30.3 de la ley se introducen sendas modificaciones en un ámbito común, el ámbito de la posibilidad de la utilización de las lenguas cooficiales de España en cada una de las autonomías donde estas coexisten con el castellano. Ese era un concepto que ya se introdujo en el propio Congreso y cuya redacción ha sido afinada en el Senado. Estamos de acuerdo porque entendemos que la defensa de una de las lenguas cooficiales en España, sea cual sea, no puede realizarse, y no se debe permitir que sea desde el ataque u obviando a cualquiera de las otras lenguas oficiales. La directiva traspuesta así lo permite y, evidentemente, vamos a apoyarlo. Pero, señora Riera, lengua única no puede serlo; la propia directiva lo impide al exigir que sea una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, no del Reino de España. Por tanto, no era posible que fuese lengua única.

La otra enmienda, la del artículo 23.2, que hace referencia a la necesidad de cumplir en el caso de que en un mismo edificio o conjunto inmobiliario coexistan al tiempo dos explotaciones paralelas -la de aprovechamiento por turnos y la turística pura o de cualquier otro tipo de modalidad- es casi una obviedad la puntualización introducida. En este caso, lógicamente también deberán cumplirse ambas normativas, la referida a la utilización del aprovechamiento por turnos y también la de la otra explotación turística, pura o del tipo que sea. Creo que es una cuestión de sentido común y no hace falta argumentarlo mucho más.

Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a mis compañeros ponentes, señora Moro y señor Fajarnés, su trabajo. Acabo esta intervención, que ya anuncio breve, haciendo referencia y dando las gracias a casi todos los grupos parlamentarios, que con sus aportaciones han mejorado el texto que nos fue remitido el pasado 16 de marzo, a la voluntad de acuerdo mostrada por todos ellos, con los que no pudimos transaccionar o transar, como veo que ahora se está diciendo, y aceptar sus enmiendas. A todos ellos he de decirles que en el futuro pensamos que sobre otros temas seremos capaces de llegar a acuerdos, señor Olabarría, señora Riera, señor Centella, señor Echevarría. Estamos seguros, si seguimos dialogando. Al PSOE y a CiU, especialmente, con independencia del voto final, quiero agradecerles sus reflexiones, su esfuerzo por llegar a acuerdos que sin duda han ayudado a mejorar los derechos de los consumidores con esta ley para que hoy estén mejor protegidos.

Señor ministro, creo que entre todos los grupos parlamentarios hemos mejorado lo que nos llegó siendo un buen texto. Usted lo acaba de decir haciendo referencia al anterior decreto-ley. Creo que lo hemos hecho aún más útil, más cercano a los ciudadanos, por tanto, a usted también quiero hacer extensiva mi gratitud por su comprensión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramis.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Con más brevedad incluso que en mi intervención anterior, quiero reiterar mi agradecimiento. Si lo hacía con un texto como en la legislación anterior que va a ser aprobado sin votos en contra en esta Cámara, tengo que mostrar también mi agradecimiento incluso en aquellos casos en los que se ha manifestado que algunos aspectos no se van a aceptar. Quería solamente, señor presidente, dejar constancia en acta. Creo que el portavoz del Grupo Popular lo ha expresado con claridad y brillantez. Había un problema jurídico, no político, de extensión de la cooficialidad de las otras lenguas de España fuera del ámbito de sus propias comunidades autónomas. Eso podía plantear un problema de inconstitucionalidad y por eso se ha optado por esta fórmula, desde un análisis completamente jurídico. Que el Grupo Vasco y el Grupo de Convergència i Unió en ningún momento piensen que ni este Gobierno ni este grupo parlamentario ni este ministro son insensibles a la realidad lingüística de España y a la cooficialidad de sus lenguas oficiales. Podremos haber discrepado en este análisis jurídico, pero en modo alguno que esto se interprete como una falta de sensibilidad porque nada estaría más lejos del Grupo Popular, del Gobierno de España y menos de este ministro.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Justicia.


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- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).

El señor PRESIDENTE: Finalmente, corresponde el examen de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Comenzaremos el turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto, y como la importancia del tema lo merece habrá una numerosa intervención de miembros del Grupo Mixto, a los que ruego -eso sí- que se atengan a los tiempos que hemos pactado. En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Seré breve, y no por vocación sino por la exigencia, lógica por otra parte, de la sesión esta mañana. Con respecto a las cuentas que nos devuelve el Senado, las que nos presentaba el Partido Popular para el año 2012, me gustaría detenerme en dos características muy concretas. Primero, se trata de unos presupuestos -que hoy aprobamos de manera definitiva- herméticos. Quiero recordar -porque no es baladí- que en su paso por el Congreso, por la Cámara Baja, el Grupo Parlamentario Popular aceptó tres de las más de 3.000 enmiendas que se presentaron. Bueno, pues a su paso por el Senado la circunstancia ha sido un poco más holgada, pero poco más. Por lo tanto, nos encontramos con unas cuentas, con unos presupuestos diseñados, redactados y apretados a los modos y maneras del grupo proponente y con poca capacidad de aportación por parte del resto de los grupos parlamentarios, por parte del resto de las sensibilidades que componen esta Cámara y por lo tanto con poca o nula capacidad de aportación por parte también de la representación territorial que hoy aquí nos encontramos. Así se produce la circunstancia de que algunas zonas en el conjunto del Estado, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, se encuentran, en opinión de Geroa Bai, especialmente castigadas por el desarrollo de estas cuentas.

Hablaba de una segunda característica, apurando y en la recta final ya del tiempo que nos corresponde. Se trata de unos presupuestos breves porque antes de nacer ya han caducado. Quiero recordar que el pasado viernes, en Roma, Italia, España, Francia y Gran Bretaña pactaron dedicar 130.000 millones de euros al crecimiento. Un cambio de paso que a la luz de estos presupuestos al Gobierno español le ha pillado a traspié. Malas cuentas, como digo, que quedan muertas si efectivamente el sentido común acaba imponiéndose en el conjunto de Europa. Nos parece que no será ni mucho menos la herramienta con la que transitar este nuevo camino.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, vuelven del Senado unos presupuestos -sobre los que ya fijé posición a su paso por el Congreso- que han incorporado dos enmiendas de UPN, que se unen a la enmienda que a su vez incorporamos aquí para reivindicar y dar a conocer nuestra historia común. Una enmienda que ha servido en estos días para denunciar la utilización fraudulenta de aquellos que pretenden incubar un odio separador entre los navarros actualizando agravios e inventando naciones inexistentes, como algún insigne historiador ha reconocido abiertamente. De las dos enmiendas del Senado, una de ellas contempla ayudas para reactivar económicamente la zona norte de Navarra, que está especialmente azotada por la crisis y por la desindustrialización. Con ella se trata de coparticipar, junto con los distintos proyectos del Gobierno de Navarra, en el impulso y la creación de un vivero de emprendedores que dinamice la estructura productiva en la zona del valle del Baztán. Con la tercera -la segunda aprobada en el Senado- pretendíamos conseguir financiación para documentar la historia de las víctimas de ETA en Navarra. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Mientras unos financian documentales para ensalzar la vida de los asesinos, otros -en este caso UPN con la ayuda del PP- vamos a defender el valor moral del sufrimiento, el sacrificio y el ejemplo de los asesinados y perseguidos por ETA.

Señorías, hoy tenemos ante nosotros dos retos en este campo. Uno, escribir la historia de esos héroes anónimos que es tanto como pagar una deuda de gratitud que tenemos con todos los que dieron su vida por nuestra libertad. Y, dos, impedir que sus asesinos construyan un relato idílico, obviamente falso, que justifique sus crímenes. Aquellos crímenes que fueron organizados para que triunfara un modelo social basado en la superioridad de la raza, la impenetrabilidad de la lengua, el rechazo al mestizaje, la aversión al cambio, el ventajismo político y la dictadura del miedo. El documental ayudará a fijar la memoria. Contaremos sus historia, los hechos, la ideología de odio que les dio cobertura, la persecución que sufrieron, el silencio, la indiferencia con la que fueron tratados y la indignidad de quienes jalearon -e incluso hoy jalean- a sus asesinos. Señorías, termino. No podemos tolerar sin rebelarnos que algunos digan rechazar todo tipo de violencia y a la vez paguen con dinero público documentales precisamente par ensalzar a quienes provocan esa violencia. No hay mayor hipocresía. Por eso, señorías, espero que estas enmiendas cuenten con el voto de todos ustedes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez.


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El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, Foro acoge en este último trámite, antes de su aprobación definitiva, los presupuestos generales de este año igual que los despedimos cuando fueron al Senado, con la misma frustración que nos suponen unas cuentas del Estado que han ninguneado a Asturias de manera demoledora, que la han ignorado en sus justas, urgentes y necesarias demandas, especialmente en la eliminación de los fondos mineros y en la necesidad de acometer la finalización de unas infraestructuras que nos alejan del dudoso honor de ser una de las comunidades peor comunicadas de la península. Ni una sola de nuestras enmiendas ha sido considerada. El Senado nos devuelve los presupuestos maquillados con la aprobación de noventa enmiendas, de las que ochenta y ocho son del partido del Gobierno. Nosotros no presentamos enmiendas a la totalidad al inicio de la tramitación ni apoyamos las presentadas por otros grupos porque creímos en el diálogo. Por eso nos preguntamos cómo es posible que el partido mayoritario solo haya prácticamente aceptado sus propias enmiendas. Es precisamente desde la mayoría absoluta desde donde se puede demostrar mayor generosidad y una mayor capacidad de entendimiento. Al parecer, ustedes, en este caso, han elegido el camino de la soledad y del repliegue sobre sí mismos, pero eso sí, solicitan ayuda en ocasiones para evitar esa soledad en exclusivo beneficio de su imagen política. Eso no son costumbres edificantes, señores del Partido Popular. Poco que comentar sobre las enmiendas aprobadas en el Senado, muchas de ellas de carácter técnico.

Termino. Foro no puede apoyar unos presupuestos que niegan el mandato constitucional del equilibrio. Los ciudadanos españoles cada vez tienen menos dudas sobre el bluf electoral que ha seguido a las ya consideradas como legislaturas negras de las primeras décadas del siglo xxi, con silencios cómplices de fuerzas políticas y sindicales siempre afines pase lo que pase, lideradas por el hombre que observa desde las nubes de las altas instituciones como el Consejo de Estado el tinglado que ha montado y la elección de incumplimientos electorales de investidura y de atención a la solidaridad interterritorial que nuestro presidente Rajoy lidera con maestría y a distancia. Tomemos nota en Asturias...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Álvarez, tiene que terminar, por favor.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino. Tomemos nota en Asturias para la futura rendición de cuentas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Álvarez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Dos minutos, apenas poco más de un instante, y los del Grupo Mixto nos tenemos que esforzar por sintetizar nuestro mensaje. Lo reiteramos. Compromís-Euquo votará en contra de estos presupuesto por dos razones: como ciudadanos y como valencianos. Como ciudadanos, ¿creen ustedes que podemos aprobar unos presupuestos que recortan en Defensa un 8?% y en Educación el 21; en Justicia el 6,3?% y en Agricultura el 31; en Interior el 4,3?% y en Sanidad el 13; en Presidencia el 3,8?% y en investigación el 25; en la Casa Real un 2?% y en política de empleo un 21; en la iglesia nada y en la familia y en la infancia un 42?%? ¿Creen que podemos aprobarlos? Mientras se amnistía a los defraudadores, por cierto, lo digo sin orgullo y con mucha amargura, en Valencia, paraíso del Partido Popular durante 17 años, también somos los primeros en esto; la mayor parte de los expedientes de los defraudadores se está tramitando en Valencia para disgusto mío.

Compromís-Equo no puede aprobar estos presupuestos como valencianos. Tenemos los servicios mal financiados, no invierten en Valencia, en Castellón y en Alicante ni la media estatal; 122 euros menos recibirá cada valenciana y cada valenciano. No lo dice Compromís-Equo, sino un sector tan poco sospechoso para ustedes como el empresariado valenciano la Cierval, o el señor González Pons cuando dice que la Comunidad Valenciana merece que se le reconozca el número de habitantes que posee, y tiene más razón que un santo. En sus manos está, señores del PP, habilitar un sistema de financiación justo con los valencianos, como lo estaba hace apenas siete meses en manos del Partido Socialista y no lo hizo. De 3.000 enmiendas nos han aprobado una, bueno, un trocito de enmienda; pedíamos 50 millones para el tren Gandía-Oliva-Denia y han habilitado 100.000 euros. Bueno, se empieza por algo con esa pequeña miseria. Por tanto, insisto, Compromís-Equo no puede votar estos presupuestos ni como ciudadanos ni como valencianos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los nacionalistas canarios tenemos que enfrentarnos a este debate sobre la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, una vez concluido el debate en el Senado, con una sensación absoluta de decaimiento, podríamos decir. No sabemos qué más tendríamos que haber dicho para que realmente en el Senado se hubiera aprovechado para corregir unos presupuestos a los que tuvimos que hacer una enmienda a la totalidad y ahora tenemos que reafirmarnos en nuestro voto negativo. Unos presupuestos a los que los canarios hemos formulado 59 enmiendas entendemos que absolutamente razonables, muchas de


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ellas justificadas y basadas en algo que no es una ocurrencia, que no es un capricho, sino sencillamente el cumplimiento de lo dispuesto en nuestro régimen económico y fiscal. Tenemos que decir que hemos sido incapaces de conseguir hacer entender, también parece ser que en el Senado, que Canarias está siendo tratada de forma injusta en relación con lo que prescriben sus propias normas y la norma fundamental, nuestro fuero en materia de régimen económico y fiscal que consolida que Canarias es distinta porque está donde está y no porque nosotros tengamos ganas de que sea así. No han merecido una corrección; 240 millones de euros por debajo de la media del conjunto de las comunidades del Estado español. Es un tema que no podemos aceptar y que vamos a seguir denunciando.

Aun así, hemos planteado tres votaciones separadas de tres asuntos. Un reconocimiento pequeño sobre la actualización de cuotas de la zona ZEC, que es un elemento del REF. Es positivo que se hayan reconocido las subvenciones en los días valle, aunque también tenemos que decir que en otras comunidades se ha reconocido por periodos y no solo por días valle y también lo plantearemos en relación con los docentes investigadores, aunque de forma incompleta nos abstendremos porque se ha recogido en parte nuestra posición.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.

Señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

En el debate de totalidad manifestamos nuestro rechazo a estos presupuestos y al conjunto de las políticas fiscales del Gobierno, un rechazo que se fundamentaba en tres grandes razones. Primera, son unos presupuestos fraudulentos con Galicia. La ausencia de compromisos reales se sustituye por la propaganda, por auténticos artificios presupuestarios. Segunda, son unos presupuestos económicamente regresivos, renuncian a políticas de estímulo capaces de favorecer la recuperación económica y la generación de empleo. Tercera, son unas políticas fiscales socialmente injustas, muy blancas para los que defraudan su dinero para que puedan blanquearlo y muy negras para la mayoría de la sociedad que sufre las consecuencias de los recortes.

Señorías, no voy a reiterar los argumentos que fundamentaban esta valoración. Permítanme tan solo que aporte dos datos nuevos. Primero, en mayo el déficit de las cuentas públicas alcanzó casi el tope previsto para todo el año debido fundamentalmente a la caída de los ingresos por el desplome de la actividad económica. Segundo, según el Banco de España la recesión se agravará aún más por el deterioro del consumo y el incremento del desempleo.

Señorías, en multitud de debates hemos advertido que los recortes solo sirven para agravar la crisis y que ni siquiera son eficaces para sanear las cuentas públicas dado que, al deprimir aún más la economía, provocan una fuerte disminución de los ingresos.

Señores del Gobierno, ¿qué más tiene que pasar para que asuman esta evidencia? ¿Y con este panorama pretenden encima subir el IVA y decretar un nuevo medicamentazo? Ustedes se comportan como alumnos aventajados a la hora de aplicar los dictados de Europa cuando se trata de castigar a las mayorías sociales. ¿Van a seguir también sus recomendaciones para rebajar el salario de los empleados públicos, para endurecer aún más la reforma de las pensiones y la reforma laboral? ¿Por qué no hacen caso en cambio cuando la Comisión Europea opina que la amnistía fiscal no es eficaz para combatir el fraude fiscal?

Señores del Gobierno, y ya concluyo, es necesario un total cambio de rumbo, una profunda corrección, pero me temo señorías que para desgracia de todos sean ustedes incorregibles.

Por estas razones el BNG reitera su rechazo total a este proyecto de presupuestos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Jorquera.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponden dos minutos, pero igual me va a sobrar tiempo, porque lo que tengo que decir sobre los presupuestos, tal como llegan a esta Cámara, es muy simple. Por lo que se refiere a Cataluña, nada de nada, son los peores presupuestos de la historia. Lamento también comentar a nuestros compañeros de Convergència i Unió -no quisiera interrumpir su amable conversación con la ministra Mato, señor Duran- que lo del pacto fiscal, que era su estrella en campaña, lo tienen francamente mal. Ni por la ventanilla de emergencias se asoma aquí el pacto fiscal del Estado con Cataluña. En cuanto al gasto social, desmontaje del Estado del bienestar y bajada en picado de los gastos necesarios en sanidad, educación, universidades, etcétera. En cambio, aumento del gasto superfluo -nosotros lo consideramos superfluo o en todo caso improductivo- en partidas como las de Interior, la Corona o Defensa, gasto militar. Y ya que hablamos de gasto militar, me gustaría destacar un tema que nos parece extremadamente grave, relativo al Fondo de contingencia. Se había producido en otras legislaturas, pero en estos momentos la situación realmente ha llegado a un extremo límite. En esta misma legislatura, incluso antes de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, ya se ha aprobado una aplicación de crédito del Fondo de contingencia de casi 300 millones de euros, un 98?% de ellos para gasto militar y el 10?% del total del Fondo de contingencia, una cantidad que supone un incremento real, práctico del presupuesto de Defensa en un 4?%. Eso


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ya se ha comprometido, incluso antes de aprobarse los presupuestos. Es un incremento camuflado, enmascarado del presupuesto militar. Todavía más, por si hacía falta algo más. Nosotros vamos a presentar una PNL y vamos a investigar el tema a fondo, porque nos parece que esto roza la ilegalidad. En todo caso, es una irregularidad manifiesta que queremos poner al descubierto y haremos todo lo posible para denunciarla.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en las fases anteriores de este debate decíamos que el proyecto de presupuestos había llegado al Congreso y ya había sido cambiado por la realidad. Hoy vamos a asistir a un debate y a una votación totalmente falsa, porque los presupuestos que se van a aprobar no se van a corresponder ni con los ingresos ni con los gastos. Los ingresos que hoy se van a aprobar ya han sido modificados por la falta de recaudación y por su disminución, pero es que los gastos también, a través de la intervención, rescate o como ustedes quieran llamarlo, que se va a producir por parte de Europa. Es más, estos presupuestos que se han aprobado y que ya no se corresponden con la realidad presupuestaria del Estado, a lo largo de este verano van a seguir siendo cambiados viernes tras viernes y al final las cuentas aquí aprobadas no van a tener nada que ver con la realidad. Por eso, nuestro voto va a ser contrario, como lo fue al inicio de estos presupuestos, y va a ser contrario porque estos presupuestos ni abordan la reforma de la estructura socioeconómica del Estado, ni apuestan por la economía productiva, por la economía del conocimiento frente a la economía especulativa, ni refuerzan el Estado del bienestar, ni reconocen a Euskal Herria como sociedad diferenciada y su derecho a la soberanía propia, su derecho a decidir democráticamente su propio futuro.

La realidad que abordan estos presupuestos es la continuidad de la actual situación económica del Estado español: disminución del producto interior bruto con una contracción más intensa trimestre tras trimestre. Ayer mismo, había datos del Banco de España que decían que en este segundo trimestre la contracción, la disminución del producto interior bruto ha sido más intensa que en el primero. La actividad económica ha seguido disminuyendo, ha empeorado el consumo, ha disminuido la inversión de las empresas de bienes de equipo, las exportaciones apuntan a un cambio de tendencia a la baja, el crédito sigue sin fluir, el paro sigue en cifras inasumibles económica y socialmente y se ha producido una reducción significativa de la inversión empresarial en investigación y desarrollo. Esto es coherente con estos presupuestos, que disminuyen de forma muy importante; de hecho, la inversión en I+D del Estado español está en el 0,7?% del producto interior bruto, muy lejos del 2?% que recomienda la Unión Europea. En definitiva, son unos presupuestos que perpetúan un modelo socioeconómico que lleva al Estado al caos, que perpetúa un modelo socioeconómico totalmente limitado y sin futuro, porque al final lo que hace es implementar ese círculo vicioso perverso de más recesión, más caída de la producción, más desempleo, más descenso de los salarios, menos consumo, más recesión y vuelta a empezar. Es decir, se produce un empobrecimiento generalizado de una gran parte de la población, aunque algunos quizá no lo sufran, sino que disfruten de un mayor enriquecimiento.

Hablaban ustedes de reducir el déficit y en el anterior debate les dije que con las propuestas que hacían por cada 100 euros de disminución del gasto público disminuirían en 60 euros los ingresos. Esto se está produciendo y es una realidad. Les aseguro que no me alegro de haber acertado, sino que me apena no haberme equivocado. En definitiva, estamos ante unos presupuestos ineficaces frente a la crisis económica, impulsores de la crisis social, agravan la crisis institucional, siguen impulsando al Estado español por la senda que le lleva a ser un Estado fallido desde el punto de vista económico y social, y son cada vez más ajenos a la realidad económica y social de Euskal Herria. Por eso, vamos a votar en contra, porque estos presupuestos van en contra de la ciudadanía del Estado español y también de la ciudadanía de Euskal Herria.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño y brevemente, porque creo que el proceso presupuestario no merece bajar al estrado.

El señor ministro no está. Señores del Grupo Popular, visto el talante de su grupo parlamentario y del Gobierno en el proceso de tramitación presupuestaria, lo mínimo que cabe señalar es que todos los que hemos participado de una forma u otra en el proceso hemos perdido el tiempo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Además de perder el tiempo, hemos hecho esfuerzos inútiles tratando de debatir y de defender enmiendas e ideas que, a la vista de los resultados -cero enmiendas aprobadas en nuestro caso y, lo que es más grave, ninguna de ellas ni siquiera tomadas en consideración ni por el Grupo Parlamentario Popular ni por el Gobierno-, demuestra que la eficacia parlamentaria de nuestro grupo, y me imagino que también la del resto de los grupos, ha sido nula. Y no estamos para perder el tiempo, señores del Grupo Parlamentario Popular. No es que no valoremos ni entendamos el significado


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de su mayoría absoluta. La entendemos, por supuesto, como demócratas la valoramos en su justa medida. Ustedes pueden hacer con nuestras enmiendas lo que consideren oportuno. Ahora bien, si en el próximo presupuesto, cuya tramitación va a comenzar en breve, piensan actuar de la misma manera, les agradecería que nos lo dijeran para ahorrar esfuerzos que dedicaríamos a otros temas de mayor rendimiento y utilidad. Si me lo permiten, señores del Grupo Parlamentario Popular, quiero decirles que el trámite presupuestario ha sido patético y no ha tenido ningún interés ni siquiera para los medios de comunicación que han seguido el proceso. Si pretenden esterilizar el debate, solo nos quedará fijar nuestra posición en relación con la política económica que contemplan los presupuestos generales para el próximo año cuando debatamos el techo de gasto y las enmiendas a la totalidad.

Señores del Grupo Popular, la situación es tan complicada y difícil que no estaría de más que ustedes contaran con otros grupos de la Cámara. Desde el Grupo Parlamentario Vasco consideramos que sería bueno que lo hicieran y nuestra disposición es favorable al respecto. Permítanme este pequeño desahogo y reflexión antes de señalar que después de todo, hoy votamos tan solo las enmiendas del Senado, unas enmiendas impulsadas únicamente por el propio Grupo Popular. Señores del Grupo Popular, para que vean nuestra buena voluntad, algunas de ellas han sido apoyadas como transacción por parte de nuestro grupo en el Senado y las votaremos a favor. El resto que no cuentan con nuestro aval serán rechazadas. Esperamos su respuesta antes de iniciar la tramitación del siguiente presupuesto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo tiene la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Vuelven los presupuestos al Congreso después de un largo trámite. Nosotros iniciamos la aproximación a los presupuestos con una enmienda a la totalidad, como sus señorías recordarán, y nada ha sucedido en todo este largo trámite para modificar nuestra posición. Como otros grupos, hemos presentado numerosas enmiendas y todas ellas han sido rechazadas, pero no es esto lo más importante. Podríamos llegar hoy aquí y ustedes decir: menos mal que rechazamos sus enmiendas, porque todo va muy bien encaminado. Pero el tiempo transcurrido lo que ha venido a demostrar es que las críticas que les hacíamos en un primer momento estaban justificadas, porque los hechos nos han venido a dar la razón en las críticas que planteábamos.

Una de las críticas era la tardanza. Los presupuestos corrían prisa. Bien, estamos aprobando hoy -recuerden sus señorías- los presupuestos del año 2012, cuando el año 2012 ha transcurrido ya en su mitad. Ese retraso ha tenido que ver también con el rescate europeo. Pero tiene una pequeña ventaja ese retraso: como estamos hablando de 2012 y ya sabemos lo que ha pasado hasta mayo -hay datos oficiales-, podemos ver si las críticas que les hacíamos estaban justificadas o no. Les decíamos, por ejemplo: el escenario macroeconómico es muy optimista, se sustenta la caída del PIB en que hay crecimiento de las exportaciones del 3,5?%, y ¿van a crecer las exportaciones cuando está Europa en recesión y cuando vendemos mucho a países como Portugal e Italia, que son vecinos nuestros? Nos decían: No, por supuesto que es un cuadro creíble. Bien, las exportaciones de bienes han caído hasta mayo -han caído, no crecido- un 0,5?% y en países como Italia o Portugal han caído el 8?% y el 9?%, respectivamente, como les advertíamos. Les decíamos: Hay un riesgo de que el consumo caiga todavía más, hay muchos indicios. La recaudación por IVA, que grava el consumo, está cayendo el 10?%, debe haber una caída importante del consumo detrás. Veremos la caída del PIB. El Banco de España señala que la recesión se va agudizando. Nuestra crítica, por tanto, al cuadro macroeconómico no era arbitraria, como pueden ver, señorías. También les decíamos: Ustedes dicen que va a caer el gasto en prestaciones por desempleo y creen que el desempleo va a crecer, ¿cómo es esto posible? Bueno, acto de fe. En los primeros cuatro meses del año, hasta abril, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 3,3, no ha caído, como aparece en los presupuestos.

Criticábamos también la estrategia general de los presupuestos. Se centra en la Administración central, claro, son presupuestos del Estado, pero aumentando las transferencias a las administraciones autonómicas. Es de las pocas cosas que crecen, el 9,7?%. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? El ministro de Hacienda, señor Montoro, presume: Las autonomías están equilibrando sus cuentas. Y, hace unos días, el déficit del Estado se ha comido el total del año en seis meses. Efectivamente, tapan un agujero creando otro, con las transferencias a las autonomías aumentan el déficit del Estado, como les dijimos. Les decíamos también que el coste de centrar el recorte únicamente en el Estado es que los gastos que ahí quedan son gastos esenciales que afectan al crecimiento, que afectan a la cohesión social. Cómo no se va a estar agudizando la recesión si se están produciendo recortes del 25, 30?% en partidas esenciales para la producción: en infraestructuras, 36?%; I+D, 25?%; educación, 21?%; promoción del turismo, 29?%; internacionalización de la empresa, 17?%; industria, 31?%. Cómo no se va a estar desacelerando la producción cada vez más rápido con decisiones como esta, por no hablar de los recortes sociales en formación a los parados, en dependencia, etcétera. Para remate, como también les dijimos y el tiempo demostrará, estos recortes no son permanentes, no afectan al déficit estructural. No se puede estar todos los años sin invertir, no se puede estar todos los años sin investigar. Habría que haber reformado la Administración


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y disminuido de manera permanente el gasto público, pero ustedes de esto, de un recorte selectivo del gasto, de una reforma de la Administración no han querido hablar. Pues las cuentas están demostrando los resultados.

Respecto a los ingresos, recordarán sus señorías, tal vez, que les dijimos: Cómo en medio de la recesión van a aumentar los ingresos, como dice este presupuesto; ustedes están subiendo los impuestos, pero al caer la actividad, incluso con impuestos más altos, puede recaudarse menos. Se debía esto a nuestra mala fe y a nuestra ignorancia. Tenemos datos de la Agencia Tributaria hasta mayo, y los ingresos tributarios totales están cayendo el 4,9?%, cerca de un 5?%. En impuestos concretos, como el IVA, la recaudación cae el 10?%; en hidrocarburos, el 7?%. La subida de impuestos no garantiza una mayor recaudación cuando la actividad está disminuyendo. Les criticamos la falta de una reforma fiscal, la amnistía fiscal que los presupuestos incluyen y que se está ya hablando de subidas del IVA y otras medidas que los presupuestos no contemplan, por lo que, por el lado de los ingresos, los presupuestos que vamos a aprobar en gran medida son ya papel mojado.

Los presupuestos incluyen también el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, una cosa realmente asombrosa, porque si está disminuyendo el número de cotizantes y se están incorporando nuevos jubilados, es difícil que las cuentas se equilibren, cuando hay menos ingresos y más gastos. ¡De nuevo una crítica, poniendo palos en las ruedas de la acción gubernamental! No, es el más puro sentido común, que los datos, de nuevo ya hasta mayo, de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social muestran que era acertada. Las cotizaciones sociales han caído hasta mayo el 1,91?%, es decir, menos ingresos, más parados, menos cotizantes, menos ingresos de la Seguridad Social, y el gasto en pensiones ha aumentado el 3,84. Me podrán decir: Todavía falta la segunda parte del año. Bien, pues esperaremos a que acabe el año.

Datos de deuda. Les criticábamos que estos presupuestos no incorporan el coste del rescate bancario. ¡Pero como lo van a incorporar si no hay ningún coste, va a ser un gran negocio! Bueno, el rescate europeo supone hasta 10 puntos de aumento de la deuda pública que no se contemplaban al iniciar el trámite de estos presupuestos. Eso va a afectar, como Eurostat ha aclarado, al gasto de intereses de la deuda, otra partida presupuestaria que queda obsoleta y anticuada. Resumiendo todo este conjunto de fantasías a las que hoy damos cauce legal, al final ¿cuál era el objetivo último de todo esto? Controlar el déficit público. Es lo que justificaba todo lo demás. Sí, es muy duro pero vamos a controlar el déficit público. Les dijimos: Ni siquiera eso se va a lograr. Estamos a mitad de año y el déficit del Estado equivale, décima arriba décima abajo, al déficit permitido para el conjunto del año. Estamos ya en el 3,4?% y el objetivo anual era el 3,5?%. Es decir, se sacrifica todo a un único objetivo y ni siquiera ese objetivo se va a lograr. Como ven sus señorías, no criticábamos por criticar. Ustedes tienen mayoría absoluta, pueden aprobar estos presupuestos legítimamente, democráticamente, pero es como si aprobasen que dos y dos son cinco. Bien, es democrático que se apruebe, tiene la mayoría, pero no por eso van a ser cinco, créanme.

Para terminar, querría referirme a las enmiendas del Senado, que no alteran sustancialmente los presupuestos. Desde luego, todo esto que he comentado no tiene nada que ver con las enmiendas del Senado, no se mejoran con las enmiendas del Senado y son críticas que siguen siendo válidas; estas enmiendas nada cambian. Pero querría señalar, como hice en alguna ocasión, que nuestro grupo -como otros- presentó muchas enmiendas en el Congreso que se rechazaron todas ellas, y para nuestra sorpresa alguna de estas, aunque sean menores, aparecen ahora aprobadas en el Senado propuestas por el Grupo Popular, como que las actividades de I+D tengan un tratamiento prioritario y pueda haber aumento de personal, cosa que propusimos en una enmienda en el Congreso que se rechazó, o como el aumento de los recursos del ICEX. Parece el colmo de la descortesía con el resto de grupos, no solo ya rechazar sus miles de enmiendas, sino algunas que parezcan simpáticas luego presentarlas como propias en el Senado. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Puede parecer presuntuosa esta intervención, señorías, lo dijimos, hemos acertado, cuánto querría que nos hubiésemos equivocado, pero es nuestro deber con los ciudadanos españoles decirles la verdad y señalarles la realidad. Nos opusimos a estos presupuestos, creíamos que cargados de razones, seis meses después estamos más cargados de razones que antes y, por supuesto, al margen de que alguna enmienda técnica se pueda aprobar de tono menor, nuestra oposición sigue siendo rotunda a los presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Poco más se puede decir que no se haya dicho ya en todo el debate presupuestario y, además, tenemos encima de la mesa unas cuantas enmiendas que, como era de esperar, no modifican la sustancia de unos presupuestos generales que nosotros considerábamos unos presupuestos generales del mercado y no del Estado. Sin embargo, sí que hay algo que ha cambiado y es que realmente ha pasado ya tiempo desde que comenzó aquel debate presupuestario y tenemos dos noticias que deberían ser alarmantes. La primera es que las previsiones del Gobierno, sustentado por el Partido Popular, han sido un total fracaso. No se van a cumplir los objetivos de déficit y, por tanto, van a tener que seguir insistiendo en las mismas recetas que se demuestran erróneas. Vamos


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a tener la subida del IVA; ya estamos hablando del proceso de reestructuración de las empresas públicas, del empleo público; vamos a seguir viendo cómo el Gobierno insiste en más y más recortes porque no se cumplen sus previsiones del déficit público, de lo que van a ser los ingresos públicos. Es algo que verdaderamente manifiesta que la política del Gobierno es errática y profundamente errónea. Pero también tenemos una segunda noticia. Si estos presupuestos, como decía el Gobierno, se habían presentado para intentar calmar a los mercados, realmente ante lo que nos encontramos es ante otro fracaso, porque tenemos la prima de riesgo por encima de los 550 puntos, tenemos el bono por encima del 7?% y tenemos a unos mercado aún más asustados que cuando comenzamos a debatir este presupuesto. Por tanto, en general vamos a decir que este presupuesto sigue insistiendo en las líneas erróneas que nosotros venimos denunciando. También advertíamos ya que este era el presupuesto que abría las puertas a mayores recortes para el presupuesto del año 2013, que enfrentaremos en octubre y noviembre.

Sin embargo, tenemos que decir también que hay un aspecto positivo en alguna de las enmiendas y, por tanto, votaremos a favor de algunas enmiendas. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con excluir de la tasa de reposición cero al conjunto de los investigadores españoles. Aunque solo se incluye una tasa de reposición del 10?%, consideramos que por lo menos mitiga el impacto tan negativo que tenía en los presupuestos originales. Consideramos esto porque entendemos que los presupuestos tienen que ser en última instancia un proyecto de futuro para la economía española. Hemos insistido en muchas ocasiones en que, desgraciadamente, estos presupuestos no tienen ningún futuro para la economía española; no diseñan ningún futuro, no permiten visualizar a la ciudadanía que haya una esperanza económica, un crecimiento económico, una restauración de los niveles de empleos adecuados. Sin embargo, hay un elemento fundamental al que nosotros queremos referirnos, que es la investigación. Nuestro modelo productivo está profundamente fuera del mundo globalizado, no tiene capacidad de competir con el capitalismo desarrollado de Alemania o de Francia. Parece ser que la Comisión Europea lo que quiere es que compitamos contra Grecia y los países del este y, por eso, devalúa salarios a través de determinados mecanismos. Nosotros consideramos que hay que mejorar nuestro modelo productivo, nuestra estructura económica, y eso solo se puede hacer con inversión pública y a partir de un proceso fuerte de innovación y desarrollo, que es precisamente una de las partidas que más sufre en el recorte en estos presupuestos. Por eso decimos que, aunque no es una solución las enmiendas que nos han venido del Senado, sí que votaremos a favor de algunas como la que afecta a los investigadores. Creemos que es un sector prioritario para el futuro a medio y largo plazo de nuestro país y, aunque estos presupuestos generales del mercado no tienen ningún objetivo de medio y largo plazo para nuestra economía, más allá de seguir empobreciendo a la ciudadanía y a la mayoría de la población, consideramos que hay elementos que vamos a votar a favor, teniendo muy presente que la filosofía del Gobierno -seguimos insistiendo- es perfectamente fracasada y visualiza que vamos a seguir caminando hacia un abismo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señores ministros, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ante estos presupuestos generales del año 2012 fue la de presentar una enmienda a la totalidad por estar radicalmente en contra de los mismos. Esa fue la posición inicial, pero desgraciadamente a lo largo de su tramitación en Comisión, en Pleno y en el Senado, la motivación por la que nuestro grupo presentó esta enmienda a la totalidad nos ha dado la razón. Estos son unos presupuestos que lamentablemente nacen muertos; ya no tienen validez a lo largo del año 2012. Con la coyuntura económica actual, con la cantidad de reales decretos que el Gobierno ha planteado en esta Cámara modificando estos presupuestos generales para el año 2012 y con los reales decretos o los proyectos de ley que van a implementar en los próximos quince días, estos presupuestos van a dejar de ser como tales. Lamentablemente, repito, y aunque sea una excepcionalidad, son unos presupuestos que empezaron mal, se gestaron mal y hoy ya han muerto.

Decíamos en nuestra enmienda a la totalidad que eran unos presupuestos muy restrictivos, mal orientados económicamente, ya que, desde nuestro punto de vista, no establecían los mecanismos legales e innovadores que pudieran permitir crecer económicamente, favorecer la economía real a favor de la economía productiva, generar confianza para poder crear empleo. Nosotros entendíamos que no cubrían estas expectativas y que si no se aplicaban las enmiendas que el nuestro y otros grupos habíamos presentado, difícilmente llegaríamos a generar confianza.

Desde nuestro punto de vista, también eran unos presupuestos que no cumplían con Cataluña ni con otras comunidades autónomas. No tiene sentido que el Estado central haya cumplido con las obligaciones de las corporaciones locales y las administraciones autonómicas respecto a sus proveedores y haya habilitado un sistema de pago eficiente -lo ha hecho muy bien y nosotros lo hemos votado favorablemente-, lo cual ha sido favorable para la economía, que plantee esta posibilidad positiva y, al mismo tiempo, deje de cumplir las disposiciones que permitían que el Estado pudiera cumplir con determinadas comunidades autónomas en función


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de sus estatutos, concretamente con la disposición adicional tercera. Por tanto, también son unos presupuestos que continúan siendo morosos con la Generalitat de Catalunya, así como con otras comunidades autónomas. No tiene demasiado sentido que una Administración diga que quiere ser seria y pagar todos sus compromisos y que no lo haga con las administraciones autonómicas, que no dejan de ser Estado.

Hay otras cuestiones que intentamos paliar a lo largo de su tramitación parlamentaria a través de una serie de enmiendas destinadas a resolver algunas limitaciones o bajadas importantes en transferencias a diferentes comunidades autónomas en cuanto a la formación. Hay un 33 o un 40?% menos en cantidades transferidas a las comunidades autónomas en temas de formación, y se producen también rebajas importantes de un 30 y de un 40?% en cuanto a innovación para que la economía real pueda generar confianza, actividad económica y vender valor añadido, pero ha sido totalmente imposible convencer al Gobierno a lo largo de esta legislatura o poder llegar a acuerdos para paliar estos déficits de los que adolecían los presupuestos del año 2012.

Señorías, al mismo tiempo -voy terminando-, yo diría que son los presupuestos de la prepotencia del Partido Popular. En un año como 2012, con muchas turbulencias económicas y en los que, repito, estos presupuestos no tienen ningún sentido porque nacen muertos, el Gobierno, en este caso el ministro de Hacienda, ha sido incapaz de establecer complicidades con los diferentes grupos parlamentarios, a fin y efecto de poder llegar a acuerdos que posibilitaran mejorar sensiblemente dichos presupuestos. Desde nuestra perspectiva, esta prepotencia ha sido la nota relevante y negativa del Partido Popular hacia el resto de los grupos parlamentarios de la oposición y los resultados los tienen ustedes a la vista, unos presupuestos que finalmente no han resuelto los principales problemas de la economía española, unos presupuestos que lamentablemente nacen muertos. Esperemos que estas sensibilidades, estas expectativas, estos procedimientos y esta manera de actuar del Partido Popular, desoyendo desde todas las perspectivas y en todos sus conceptos al resto de formaciones políticas, deben cambiar por el bien de la economía española y por el bien del país.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

Hoy en esta intervención del debate final de los Presupuestos Generales del Estado podría prácticamente repetir la intervención que realizó el presidente de mi grupo, don Alfredo Pérez Rubalcaba, en el debate de totalidad, porque después de la larga tramitación de más de 5.800 enmiendas presentadas por la oposición, hoy se somete a votación de esta Cámara el mismo proyecto de Presupuestos Generales del Estado que debatimos en aquel momento. El único cambio sería cambiar el futuro, las consecuencias que van a tener, por el presente, por los efectos que ya están produciendo estos presupuestos generales.

Voy a coincidir en las críticas que se han puesto de manifiesto en esta Cámara por todos los grupos de la oposición que han subido a la tribuna. Estos presupuestos que hoy se pretenden aprobar -que son el principal instrumento de política económica del Gobierno- son unos presupuestos profundamente equivocados, porque lo que están haciendo ya es profundizar y alargar la recesión económica que vive España, están destruyendo empleo y están atacando los pilares básicos del Estado del bienestar.

Señorías, sin duda, la consolidación fiscal necesaria que debían recoger los presupuestos de 2012 no puede convertirse en el único objetivo de estos presupuestos, y este es el grave error del Partido Popular y del Gobierno Popular, convertir la consolidación fiscal en el único objetivo. El mantra del ministro Montoro -primero, déficit; segundo, déficit; tercero, déficit- es un grave error económico porque solamente lleva a más paro, al incumplimiento de los objetivos de déficit acordados con Bruselas, como ya adelantaron ayer los propios datos que ofreció el Ministerio de Economía y Hacienda, a una espiral de crecimiento negativo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego a los que están en los pasillos que hagan las tertulias fuera y guarden silencio para que oigamos a la diputada. (Pausa).

Continúe.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

Les decía que nos llevan a una espiral de más depresión, menos crecimiento y más gasto social. No solamente todos los grupos de la oposición les estamos diciendo esto, señores del Partido Popular, se lo están diciendo organismos internacionales tan importantes y con los que necesitamos llegar a acuerdos como el Fondo Monetario Internacional, en el que ya les han dicho que para lograr la consolidación fiscal es bueno ser un buen corredor de fondo porque si se hace un sprint a la hora de ajustar las cuentas públicas se ahonda en la recesión.

También ayer la Comisión Europea, en un informe sobre empleo y política social, dijo que los presupuestos de 2012 del Gobierno del Partido Popular eran equivocados porque al ahondar en un ajuste fiscal, en un recorte en las políticas de educación, de sanidad, en políticas sociales, estaban contribuyendo de forma clara a obstaculizar el crecimiento. Esta es su política, y lo que está sucediendo hoy en España, la situación económica que vivimos, es su responsabilidad porque es consecuencia


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directa de esta errónea y errática política económica. Los presupuestos generales de 2012 en su presentación fueron todo un espectáculo de incoherencia, de irresponsabilidad política. El día en que los periódicos alemanes comenzaron a hablar del retraso de los presupuestos de 2012 por las elecciones andaluzas comenzó el descrédito político de este Gobierno y, como consecuencia, la pérdida de confianza en España y en la economía española. No quiero ahondar en este espectáculo que dimos porque lo peor de todo ello es la orientación y la composición del gasto y de los ingresos.

Señorías, en cuanto al capítulo de ingresos, nos encontramos con unas previsiones de recaudación claramente inconsistentes. La subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas ha sido un grave error; así se lo dijo la oposición cuando lo hicieron y así se lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Subir la renta de las clases trabajadoras en este país en un momento de recesión es un grave error económico porque limita su poder adquisitivo, influye negativamente en el consumo y, por lo tanto, tiene efectos macroeconómicos claramente negativos. Además, ha sido ineficaz desde el punto de vista económico porque el propio ministro de Hacienda ayer nos dijo que la recaudación por IRPF había subido escasamente un 0,8?%. ¿Y saben ustedes por qué? Precisamente por la reforma laboral que también quieren aprobar hoy en esta Cámara, ya que con la reforma laboral se está produciendo una bajada importante de los salarios en España y se está destruyendo empleo cada día; en sus previsiones, más de 630.000 desempleados este año. Más bajada de salarios, más desempleo, menos recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además es profundamente injusto, inequitativo, porque están castigando a las clases trabajadoras de este país, a las que además han dado ustedes una bofetada ética, una bofetada moral, porque han creado un nuevo impuesto, un impuesto de la indecencia del Partido Popular, que recae sobre la decencia del contribuyente decente: la amnistía fiscal. (Aplausos). La amnistía fiscal, desde el punto de vista de la política fiscal, es claramente equivocada, es ineficiente, va a ser un fiasco de recaudación, pero además es inconstitucional, es éticamente inaceptable en una sociedad democrática. Hemos recurrido el decreto-ley ante el Tribunal Constitucional y hemos recurrido la orden que lo desarrolla ante la Audiencia Nacional porque ahí traspasan ustedes los límites de la inmoralidad, porque al permitir blanquear el dinero en efectivo están permitiendo que se blanquee dinero que proviene del crimen. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)

Quisiera también señalar que esta política de ingresos es una política gravemente equivocada; los datos que ustedes nos dieron ayer también sobre la recaudación por IVA lo apuntan. La vulnerabilidad de las cuentas de la Seguridad Social es clara. Se lo dijimos al principio, se sigue manteniendo, no corresponden los ingresos con los gastos de la Seguridad Social, pero quiero reiterar hoy desde esta tribuna que el Gobierno apruebe la prórroga de los 426 euros para aquellos parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones. Señores del Partido Popular, se acaban el 30 de agosto. No generen una situación dramática a la dura situación difícil que viven estos parados, les ruego que lo prorroguen. (Aplausos).

Quiero decir algo brevemente en relación con las políticas de gasto. Reducen gasto en las políticas clave de inversiones productivas. Miren ustedes, reducen gastos en educación; reducen gastos en formación profesional; reducen gastos en las políticas de investigación, desarrollo e innovación y reducen las inversiones en infraestructuras clave, como las infraestructuras ferroviarias en corredores viarios clave para el desarrollo competitivo y productivo de nuestra economía. Esto es un grave error que tiene su origen en esta concepción ideológica del Gobierno del Partido Popular en que podemos mejorar la competitividad y productividad de nuestra economía con bajos salarios -como hacen con la reforma laboral- y no invirtiendo en la excelencia de la investigación, en la internacionalización de las empresas y, desde luego, en la formación de los recursos humanos. Quisiera señalar que el recorte en educación tiene una base puramente ideológica. Es el mayor ataque a las políticas de igualdad que se ha dado en este país en treinta años. Rebajan las becas, rebajan las ayudas, suben las tasas universitarias y esto afecta a la movilidad social. A esa movilidad social por la que hemos estado trabajando en esta democracia durante más de treinta años, para que los hijos de los obreros puedan estar en esta tribuna, puedan ocupar cargos en los ministerios y para que no se reproduzca la consolidación de los estratos sociales como se hace en los países no desarrollados. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que vaya acabando porque se ha terminado su tiempo, por favor.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, señor presidente.

Pero además de ser puramente ideológica es claramente ineficaz económicamente. Quisiera señalar que los recortes adicionales por el decreto-ley de recortes en la política sanitaria supuso la gran autoenmienda que ustedes hicieron a estos presupuestos. Hubiera estado mejor que se hubieran autoenmendado en el recorte de más del 63?% de la ayuda a la acción productiva de la minería, que se lo hemos pedido todos los grupos de la oposición.

Finalmente, quiero decirles que España vive momentos extremadamente difíciles. Hoy, cuando se está celebrando un Consejo Europeo trascendental, para lo que pueda pasar en los próximos días en nuestro futuro, el presidente de nuestro Gobierno está anclado, sujetado únicamente en la socialdemocracia europea. Gracias a Hollande (Protestas), a la propuesta de los socialistas alemanes, hoy España puede tener alguna salida en ese


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Consejo Europeo. (Aplausos.-Protestas). La socialdemocracia europea ha colocado junto a...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar porque no es momento de... Acabe ya.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: La socialdemocracia europea ha colocado junto a la política suicida de solo ajuste fiscal la política necesaria de estímulo al crecimiento. Gracias a las propuestas de Hollande hoy el presidente de nuestro Gobierno tiene la posibilidad de buscar salidas a nuestra situación, agravada de forma muy clara por sus errores.

Señor Montoro, usted llegó a la calle Alcalá un día, cuando formaron Gobierno (Protestas), diciendo que iba a solucionar la crisis...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, se ha pasado usted totalmente de su tiempo. (Protestas). Le ruego que termine, no es momento de empezar una nueva argumentación, termine con sus últimas palabras.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Llegó a la calle Alcalá diciendo que iba a solucionar la crisis y que iba a acabar con el déficit. ¡Qué ego y qué arrogancia! Pero también qué profunda ignorancia de la situación económica de España. (Rumores). Le quiero decir hoy que hay una lección que todos debemos aprender de la crisis, una humilde lección y es que en estos momentos cualquier enfoque equilibrado requiere políticas adecuadas, demanda y oferta, estímulos al crecimiento. (Fuertes protestas). El problema es la recesión; la solución es el crecimiento. No desprecien a... (Un señor diputado: ¡Fuera!)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar. No puede pasarse.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ...únicamente colgados de la socialdemocracia europea.

Muchas gracias. (Aplausos.-Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores ministros, yo intentaré ajustarme al tiempo; no creo que por hablar más se tenga más razón, no creo que por hacer y protagonizar espectáculos folclóricos uno tenga más razón a la hora de defender o no unos Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Hoy efectivamente aprobaremos unos Presupuestos Generales del Estado para 2012; los aprobamos en un momento especialmente crítico para la economía española y para el conjunto de la zona euro. Los aprobamos hoy, el mismo día, en el que se está celebrando una importante cumbre -yo diría histórica- de la Unión Europea para tratar de buscar soluciones a la crisis de deuda y a la falta de crecimiento de buena parte de los países del continente. Los mercados nos siguen presionando; prosiguen las dudas sobre Europa, sobre España, sobre el euro. Europa está atravesando la crisis más grave desde su creación y por eso la respuesta ha de ser clara y contundente: defensa del euro, del proyecto europeo, de la solvencia de la economía española. Las armas para defender esos pilares son políticas coordinadas, apoyo común y trabajar unidos. La unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión. Es importante cumplir con nuestros compromisos europeos y por eso tenemos que seguir apostando por una acción combinada de austeridad en las finanzas públicas y nuevas políticas que estimulen el crecimiento económico.

Esas son las bases de este presupuesto para el año 2012. El objetivo del Gobierno del Partido Popular no es otro que presentar unos presupuestos para llegar, más pronto que tarde, a la creación de empleo y al crecimiento económico. No llegará la recuperación económica a nuestro país sin estabilidad en las cuentas públicas. Si no avanzamos en la consolidación fiscal dificultaremos el acceso al crédito y no llevaremos nuestra deuda pública a los objetivos fijados en el Tratado sobre estabilidad, coordinación y gobernanza y en nuestra propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Grupo Popular respalda pues estos presupuestos porque ponen en acento en la austeridad, son realistas y permitirán reducir la cifra de déficit público, que el año pasado alcanzó la cifra de 95.000 millones de euros. Tenemos que ganar credibilidad, tenemos que acabar con la incertidumbre y, sobre todo, tenemos que generar esa confianza que ha perdido la economía española a lo largo de los últimos años. Esto solo se consigue si demostramos que podemos equilibrar las cuentas y que podemos devolver lo que nos han prestado.

Después de escuchar el discurso-pancarta de la portavoz del PSOE, un discurso cargado de hipocresía y de cinismo, no puedo evitar la tentación de contestarle. (Protestas). Hace pocos días el expresidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, hizo unas declaraciones que venían a decir lo siguiente -comillas-: Hoy España sufriría menos si hubiera ahorrado más en los últimos años y si se hubiera tomado prestado menos del exterior. También dijo que se invirtió más de lo que ganábamos. Eso lo dijo el expresidente del Gobierno hace muy pocas semanas en una televisión pública. (Una señora diputada: Dijo otras cosas). ¿Cuál puede ser la reacción del Grupo Parlamentario Popular ante estas manifestaciones además de darle la razón porque es el discurso que habíamos hecho durante los últimos cuatro años en la oposición? Pues aquello que dice el refranero español de: a buenas horas mangas verdes. El despilfarro socialista, reconocido en esas declaraciones, no ha sido bueno (Rumores.-Un señor diputado: Y Valencia), eso es evidente (Aplausos). Hemos perdido un tiempo valiosísimo durante la última legislatura del Gobierno del Partido Socialista. (Rumores).


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Sí, sí, el señor Zapatero y su vicepresidente, el señor Rubalcaba, no nos dejaron el mejor sistema financiero del mundo. (Rumores). No; no nos dejaron en la Champions League de la economía; nos dejaron 734.000 millones de euros de deuda pública (La señora López i Chamosa: Amnistía fiscal), nos dejaron casi 100.000 millones de déficit público (El señor Zaragoza Alonso: Dejamos a Rato), 5,3 millones de parados, un 92?% de déficit exterior. Ese es el punto de partida del nuevo Gobierno del Partido Popular, así se cerró el ejercicio 2011, con esos datos (Aplausos). Con esos datos se cerró el ejercicio 2011. Por lo tanto, me sorprende muchísimo que tengan la osadía de utilizar palabras como inmoralidad, como indecencia, ustedes que han dejado el país en la bancarrota más absoluta. (Fuertes aplausos). Es que hay que tenerla muy dura realmente. (Aplausos). Y por eso a nosotros nos sorprenden muchísimo las enmiendas que ha presentado el PSOE a estos presupuestos, unas enmiendas que implican un aumento del gasto de más de 7.000 millones de euros. Ustedes se han pasado todo el trámite parlamentario pidiendo que gastemos más en todo, que invirtamos más en todo, que no hagamos ningún recorte (Los señores Moscoso del Prado Hernández y Madina Muñoz hacen gestos negativos), que no subamos ningún impuesto y nos han dejado la caja cargada de números rojos. Realmente, sus propuestas para salir de la crisis es algo que no tiene mucho sentido, porque yo tengo dudas de que ustedes gobernaran durante ocho años y no supieran qué hacer para sacar a España de la crisis y ahora casualmente en la oposición (Aplausos) han tenido que quedarse con 110 diputados para encontrar la pócima mágica, una receta magistral que saque a España de la crisis.

Quiero hacer dos comentarios sobre algunas cuestiones que han aparecido durante el debate de esta mañana. La ejecución presupuestaria en mayo arroja un déficit del 2,38 en términos homogéneos, por lo tanto pido, por favor, que no se confunda a la opinión pública, y quiero también hacer una pequeña reflexión sobre algunos comentarios que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió especialmente y el del PNV. Ustedes han presentado enmiendas a la totalidad en el Congreso, ustedes han presentado un veto en el Senado y encima quieren que les aprobemos, ¿cuántas enmiendas, 85, 290, 380? (El señor Azpiazu Uriarte: Una, una). Yo creo que tienen que ser un poco coherentes con su política. (Aplausos). Enmiendas precisamente que suponen un incremento de gasto muy importante que no está en consonancia con los objetivos y la filosofía de este presupuesto. Sí es cierto que estamos pidiendo sacrificios, sí es cierto que estamos impulsando políticas que a todo el mundo no pueden agradar, pero desde luego la situación económica es la que es. Ya nos hubiera gustado encontrarnos dinero en la caja, ya nos hubiera gustado gastar más, ya nos gustaría invertir más, pero es que no hemos encontrado en la caja nada, solo hemos encontrado deudas. Por eso hemos presentado estos Presupuestos Generales del Estado basados en el rigor, en la disciplina, en la responsabilidad, que están absolutamente en consonancia con las políticas de nuestros socios europeos en un momento excepcional y de extrema dificultad para la economía española. Incorpora nuevas medidas tributarias excepcionales y temporales, reduce gastos corrientes, racionaliza el sector público, incluye políticas de crecimiento como el Plan de pago a proveedores por valor de 27.000 millones de euros, garantiza la suficiencia financiera de las administraciones territoriales, incluye casi 29.000 millones de euros de gastos financieros para pagar los intereses de las deudas que pidieron otros a lo largo de sus mandatos y -no confundan más a la opinión pública- aumenta el gasto en un punto en términos homogéneos. Además destaco tres conceptos: aumentan las partidas para pensiones, garantiza el cobro de las prestaciones por desempleo y mantiene las retribuciones de los funcionarios. Desde nuestro punto de vista, por tanto, es un buen presupuesto para este momento excepcional en la economía española.

Voy concluyendo, señorías. El Grupo Popular está convencido de que este presupuesto va en la buena dirección y es el que necesita nuestro país. Por tanto, avanzar hacia el equilibrio presupuestario es una urgencia nacional, el saneamiento financiero y de las cuentas públicas no es una opción, es una obligación y por eso estamos convencidos de que hoy damos un paso más hacia la recuperación económica porque desde nuestro punto de vista no es momento de tratar de sacar ventaja partidista, es momento de alta política.

Los españoles quieren que la clase política coja el toro por los cuernos y este presupuesto es precisamente lo que hace.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000011).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.

En primer lugar, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 262; en contra, 2; abstenciones, 42.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 121/000001).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas y señor Quevedo. Enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 121; en contra, 184; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Oramas y del señor Quevedo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 5; en contra, 290; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación en bloque de las enmiendas del señor Jorquera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 19; en contra, 301; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación en bloque de las enmiendas del señor Bosch.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 301; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación en bloque de las enmiendas del señor Cuadra.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 6; en contra, 303; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 39, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 136; en contra, 183; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación en bloque de las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 296; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 134; en contra, 185; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del dictamen. Votamos, en primer lugar, el artículo noveno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 288; en contra, 20; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 318; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación final sobre el conjunto del proyecto por tener el mismo carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo


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El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 321 más 1 voto telemático, 322; a favor, 307 más 1 voto telemático, 308; en contra, 2; abstenciones, 12.

Queda aprobado con carácter de orgánico.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado. Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En primer lugar, enmiendas al apartado III del preámbulo; al apartado IV del preámbulo; a la disposición transitoria cuarta; a la disposición transitoria séptima; y a la disposición final decimoséptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 195; en contra, 125; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al apartado VI del preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 194; en contra, 30; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 7 en lo relativo a la supresión del apartado 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 180; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 25; a la disposición adicional segunda; a la disposición adicional décima; a la disposición final cuarta; y a la disposición final decimoquinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 199; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 195; en contra, 16; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final decimoctava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 297; en contra, 8; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final nueva (vigésima).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 181; en contra, 128; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 194; en contra, 124; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2012, DE 5 DE MARZO). (Número de expediente 121/000005).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo). En primer lugar, enmienda al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 316; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a los artículos 5 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 217; en contra, 96; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 316; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES DE USO TURÍSTICO, DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VACACIONALES DE LARGA DURACIÓN, DE REVENTA Y DE INTERCAMBIO Y NORMAS TRIBUTARIAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2012, DE 16 DE MARZO). (Número de expediente 121/000006).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias.

Enmiendas a los artículos 9, 11 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 286; en contra, 19; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 310; en contra, 8; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).

El señor PRESIDENTE: Llegamos ya al punto final. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Quiero decir a sus señorías que, como está ocurriendo ya, hemos puesto el tiempo reducido de diez segundos para que muestren su acuerdo.

En primer lugar, enmiendas al preámbulo; al artículo 80; a la disposición adicional cuadragésima tercera; a la disposición adicional cuadragésima cuarta; a la disposición final vigésima primera; a la disposición final vigésima cuarta; a la disposición final vigésima quinta; a la disposición final nueva por la que se modifica el Real Decreto-ley 13/2009; a la sección 15; a la sección 17; a la sección 18; a la sección 18 relativa a la Fundación Sala Beckett; a la sección 18 relativa al programa de cobertura de libros de texto; a la sección 19; a la sección 26 relativa al programa de servicios sociales en Ceuta y Melilla; y a la sección 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 197; en contra, 111; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 112; a la disposición adicional nueva por la que se modifica el régimen jurídico de la red comercial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado; a la disposición final nueva por la que se modifica la Ley 16/2003; y al anexo II.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 194; en contra, 18; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 6; al artículo 12; al artículo 120; a la disposición adicional octava; a la sección 15 relativa a la Fundación Manuel Giménez Abad; a la sección 18 relativa a Encuentros PhotoEspaña 2012; a la sección 18 relativa al Festival Internacional de Cine de Huelva; a la sección 18 relativa a la Fundación MediaDesk; a la sección 18 relativa a la Fundación Ortega y Gasset; a la sección 20 relativa a la financiación para jóvenes emprendedores en turismo; a la sección 20 relativa al Ayuntamiento de Córdoba; y al presupuesto del Sepblac.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 199; en contra, 13; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 296; en contra, 9; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 24; a la sección 27 relativa al ICEX para operaciones de capital; a la sección 27 relativa al ICEX para atender a sus gastos de funcionamiento.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 198; en contra, 18; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 297; en contra, 22; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 56; y a la sección 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 194; en contra; 55; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 105 y a la disposición final nueva por la que se modifica la Ley 2/2011.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 311; en contra, 4; abstenciones 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional décima séptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 318; en contra, 4; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final nueva por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 195; en contra, 14; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional septuagésima tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 282; en contra, 15; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional nueva por la que se crea la Agencia Estatal de Investigación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 307; en contra, 9; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional nueva relativa a las bonificaciones por prestaciones públicas en aeropuertos de las islas Canarias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 299, en contra, 12, abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional nueva relativa a beneficios fiscales por la celebración del Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 181; en contra, 41; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición transitoria nueva relativa al régimen transitorio respecto a prestaciones públicas por transporte aéreo (enmienda 2441 del Senado) y a la disposición transitoria nueva relativa al régimen transitorio respecto a prestaciones públicas por transporte aéreo (enmienda 2442 del Senado).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 111; en contra, 196; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda a la disposición final octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 179; en contra, 140; abstenciones, 4.


Página 57




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final nueva por la que se modifica la Ley 19/1994.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 194; en contra, 116; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final quinta; a la disposición final décima sexta; a la sección 17 relativa a retribuciones de altos cargos; a la sección 18 relativa a becas y ayudas a estudiantes; y a la sección 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 182; en contra, 114; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 278; en contra, 11; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 18 relativa a la Fundación Campus Comillas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 185; en contra, 14; abstenciones, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 18 relativa al Premio Nacional de Tauromaquia; y a la sección 18 relativa a compensación equitativa por copia privada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 181; en contra, 45; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 290; en contra, 16; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- SEGUNDA VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000001).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al último punto del orden del día, que consiste en la segunda votación para la elección del presidente de la Corporación RTVE. En esta votación resultará elegido el consejero que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 176.

Va a proceder a leer el señor secretario los nombres de los nueve miembros del Consejo de Administración, de entre quienes se elegirá a su presidente. Proceda, señor secretario.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.

Miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española: Teresa Aranguren Amézola; María Luisa Ciriza Coscolín, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao; Rosario López Miralles; Andrés Martín Velasco; Fernando Navarrete Porta, José Manuel Peñalosa Ruiz; Oscar Pierre Prats, y Miguel Ángel Sacaluga Luengo.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación.

(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).

Terminada la votación, se inicia el escrutinio.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 279; votos a favor del señor González-Echenique, 194; votos a favor de doña Teresa Aranguren, 7; votos en blanco, 74; votos nulos, 4. Por lo tanto, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara, el señor González-Echenique ha resultado designado presidente de la Corporación Radiotelevisión Española.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

Corrección de error: En el "Diario de Sesiones" número 45, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día 27 de junio de 2012, en la página 27, primera columna, línea 50, donde dice: "... y de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han contribuido...", debe decir: "... y de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han contribuido..."

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