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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 44, de 26/06/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 44
Sesión plenaria núm. 43
celebrada el martes,
26 de junio de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Modificación del orden del día ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 4-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de expediente 122/000004) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 53-1, de 3 de febrero de 2012. (Número de expediente 122/000041) ... (Página16)


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Página

Proposiciones no de ley:

- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea. (Número de expediente 162/000356) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 162/000187) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), sobre las medidas de reparto del trabajo a impulsar a fin de paliar la grave situación de paro existente. (Número de expediente 173/000028) ... (Página43)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 173/000029) ... (Página49)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la petición de rescate financiero. (Número de expediente 173/000030) ... (Página55)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página62)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página62)

Elección del presidente de la Corporación RTVE:

- Elección del presidente de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000001) ... (Página63)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Modificación del orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia propone a la Cámara la sustitución de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que figura como punto 3 del orden del día, por la presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora


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Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda ... (Página16)

Defiende la toma en consideración el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Intervienen los señores Coscubiela Conesa y Matos Mascareño.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea ... (Página27)

Defienden conjuntamente la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez Herrer.

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley el señor Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pide la palabra el señor Olabarría Muñoz, al amparo del artículo 71.3 del Reglamento.

Contesta la señora Díez González.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Urbina Fernández.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), sobre las medidas de reparto del trabajo a impulsar a fin de paliar la grave situación de paro existente ... (Página43)

Defiende la moción el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Cuadra Lasarte.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia ... (Página49)

Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora Martín Pozo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la petición de rescate financiero ... (Página55)

Defiende la moción el señor Gómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas, la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gómez Sánchez.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, se rechaza por 129 votos a favor, 183 en contra más 1 voto telemático y 5 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda, se rechaza por 145 votos a favor, 171 en contra más 1 voto telemático y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página62)

Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea, se aprueba por 294 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, se rechaza por 27 votos a favor, 277 en contra y 13 abstenciones.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página62)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), sobre las medidas de reparto del trabajo a impulsar a fin de paliar la grave situación de paro existente, se rechaza por 21 votos a favor, 290 en contra y 6 abstenciones.

Sometido a votación el punto 1.º de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia, se aprueba por 196 votos a favor, 4 en contra y 115 abstenciones.

Sometido a votación el punto 2.º de la citada moción se rechaza por 140 votos a favor, 171 en contra y 2 abstenciones.

Sometidos a votación separada los párrafos 1.º y 2.º de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la petición de rescate financiero, ambos son rechazados.

Elección del presidente de la Corporación RTVE ... (Página63)

Elección del presidente de la Corporación RTVE ... (Página63)

Sometida a votación la elección del presidente de la Corporación RTVE, y no habiendo alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en esta primera votación, se procederá a una segunda votación en la sesión plenaria del jueves próximo.

Se suspende la sesión a las once y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Como asunto previo, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento. En sustitución de doña Paloma García Gálvez, pregunto a doña María del Mar Baena Azuaga si jura o promete acatar la Constitución.

La señora BAENA AZUAGA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Doña María del Mar Baena Azuaga ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor PRESIDENTE: Como segundo asunto previo se propone al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la modificación del orden del día en el sentido de sustituir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que figura como punto 3 del orden del día por la presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Socialista relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA. (Número de expediente 122/000004).

El señor PRESIDENTE: Punto 1 del orden del día: proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición de ley de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida como una iniciativa enormemente necesaria, en nuestra opinión. Además, es una buena oportunidad para demostrar a la ciudadanía que la crisis económica no evita que abordemos en el Parlamento las cuestiones que les afectan gravemente cuando somos pacientes y nos enfrentamos al proceso final de la vida. Es muy positivo tener hoy aquí este debate en torno a la mejor manera de asegurar a los ciudadanos un conjunto de garantías y derechos en el proceso final de la vida y que estas garantías y derechos sean abordados con equidad e igualdad para todas y todos sin excepción en el conjunto del sistema sanitario español. Hay que señalar que son pocas las comunidades autónomas que


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tienen una normativa similar a la que trae aquí el Grupo Parlamentario Socialista. Reseñables son las normas de Navarra, Aragón o Andalucía, en este caso contando con la unanimidad del Parlamento regional en su aprobación.

Señorías, asegurar las garantías y derechos ante el proceso final de la vida y ofrecer garantías de equidad es una necesidad y también un clamor de la sociedad española. Es evidente que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas hemos tenido la ocasión de conocer situaciones de estas características de primera mano, como protagonistas directos con familiares o como protagonistas indirectos con amigos cercanos. Además, es una necesidad asumida por parte de las organizaciones médicas y de enfermería de nuestro país, que ven también en esta proposición de ley una manera de tener garantías y seguridad jurídica en sus actuaciones profesionales.

Quiero reseñar que la proposición de ley que abordamos esta tarde recoge el planteamiento que el anterior Gobierno del Partido Socialista hizo con la ministra Leire Pajín al frente y que no nos dio tiempo a culminar y recoge las consideraciones éticas que componen el código deontológico de las profesiones sanitarias que intervienen de manera más relevante en estos procesos, como es el caso de la Organización Médica Colegial, la Organización Colegial de Enfermería y también los planteamientos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Sería bueno que los grupos parlamentarios -y en especial el grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular- aceptasen la tramitación de esta proposición de ley para dar oportunidad de solucionar las necesidades de la ciudadanía en esta materia. Sería bueno, por tanto, que quedase en un segundo término el hecho de que la iniciativa proceda del principal partido de la oposición y que se considere prioritario atender las necesidades de la ciudadanía. Sería un gran mensaje para la sociedad.

Entrando en materia, nuestra proposición de ley pretende tres cuestiones fundamentales. La primera es asegurar la protección de la dignidad de las personas enfermas que se encuentran en fase terminal o de agonía. La segunda es hacer una garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a este proceso del final de la vida. Y en tercer lugar, y no menos importante, ofrecer garantías jurídicas que den seguridad a las actuaciones de los profesionales sanitarios cuando se enfrentan a estas situaciones. Así, esta proposición de ley establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de agonía tendrán garantizados una serie de derechos, entre los que quiero reseñar los siguientes.

En primer lugar, el derecho a la información asistencial. Según el planteamiento de la proposición de ley, las personas que se encuentren en el proceso final de la vida tendrán derecho a recibir de forma clara y comprensible toda la información disponible sobre su estado real de salud, sobre sus expectativas de vida, sobre la calidad de la misma y sobre las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Las personas vinculadas al paciente serán informadas únicamente en la medida en que este lo permita y, además, todas las personas tendrán derecho a rechazar la oferta de esta información y a que esta decisión sea respetable.

En segundo lugar, el derecho a la toma de decisiones. Según nuestra proposición de ley, planteamos que las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tengan derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios. La decisión sobre la atención sanitaria se expresará mediante el consentimiento informado del paciente, consentimiento libremente revocable, y también se tendrá en cuenta y será un derecho el rechazo a la intervención propuesta. La revocación de este consentimiento, que también es posible previamente emitido, deberá ser expresa y tendrá que constar por escrito e incorporarse a la historia clínica.

Señorías, bien relevante es en nuestra proposición de ley el derecho al tratamiento del dolor. Planteamos que todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tengan derecho a recibir la atención idónea para prevenir y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación. Este es uno de los planteamientos fundamentales de la proposición de ley para asegurar dignidad a este proceso final de la vida. Las personas que precisen este tipo de atención del tratamiento del dolor y de la sedación tendrán derecho a la asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que precisen. Esta es una cuestión de enorme importancia, porque en ocasiones los pacientes prefieren pasar esta fase final de su vida en los domicilios y, por lo tanto, hay que asegurar ese derecho a una atención al dolor en estas condiciones.

También es novedoso en nuestro planteamiento el derecho al acompañamiento, de tal manera que los pacientes que estén en este proceso final de su vida tengan derecho a que se les permita el acompañamiento por sus familiares o amigos en los centros y en las instituciones sanitarias. Asimismo, se plantea que haya un derecho a recibir el auxilio espiritual que soliciten conforme a sus convicciones y creencias. Quiero reseñar también el derecho a la intimidad personal y familiar en estos momentos del proceso final de la vida, de tal manera que se facilite a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual durante su estancia en los centros sanitarios. También se plantea en nuestra proposición de ley que las personas en el proceso final de su vida tengan el derecho a la protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria, con su historia clínica y con las instrucciones previas.

Precisamente, señorías, una de las cuestiones relevantes de nuestra proposición de ley se refiere a las instrucciones previas. Esta proposición de ley establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar de manera anticipada


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su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida. En las instrucciones previas se podrá designar un representante y determinar las funciones a las que este representante deberá atenerse cuando llegue esa situación. Es importante señalar que las instrucciones previas pueden ser modificadas o revocadas mediante cualquiera de los medios previstos para su otorgamiento y que, en todo caso, nuestra proposición de ley establece que, cuando la persona que se encuentre en el proceso final de la vida conserve su capacidad, la voluntad manifestada durante este proceso prevalecería sobre cualquier otra previa.

Señorías, en ese sentido, quiero plantear la importancia que tiene en nuestra opinión la tramitación de esta proposición de ley. Como decía al principio, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía, y especialmente a los grupos parlamentarios, el hecho de que el Grupo Parlamentario Socialista considera que hay que aceptar la tramitación de esta iniciativa porque permite asegurar nuevos derechos a los ciudadanos. La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista también plantea obligaciones a las administraciones sanitarias para que estos derechos que he citado sea posible recibirlos en igualdad de condiciones en el conjunto de los servicios sanitarios, sean estos de naturaleza pública o privada. Es importante señalar que es una proposición de ley que también ofrece a los profesionales sanitarios la posibilidad de tener todas las garantías jurídicas necesarias en su actuación y la obligación de atender los derechos de los pacientes cuando están en este proceso final de la vida. Tiene enorme importancia porque los servicios sanitarios no pueden ofrecer hoy con igualdad este tipo de actuaciones en el proceso final de la vida, fundamentalmente porque no hay una normativa generalizada en el conjunto del sistema sanitario español. Por eso, nos parecía necesaria la tramitación de esta proposición de ley que diera respaldo a estos derechos y que hiciera posible la actuación con toda la equidad necesaria.

Estamos planteando nuevos derechos que no tienen un impacto económico relevante en la gestión de los servicios sanitarios, por lo tanto, son asumibles con facilidad desde la perspectiva de la organización asistencial. Estamos planteando asegurar garantías de calidad y de dignidad en el tratamiento que requieren los pacientes en esta fase final de la vida, teniendo en cuenta los planteamientos deontológicos de las organizaciones profesionales. Quiero subrayar esta cuestión porque son nuevos derechos que asegurarían la igualdad para todos los pacientes y que darían satisfacción a las necesidades de las personas que en estos momentos se encuentran en estas situaciones. Además, sería una buena ocasión para mostrar que los grupos parlamentarios somos sensibles a cuestiones relevantes que en estos momentos no tienen que ver solo con la crisis económica y que con la tramitación de esta proposición de ley tenemos la posibilidad de mejorar el proyecto en su tramitación.

Me parece importante señalar que en nuestra proposición de ley consideramos necesario asegurar el apoyo emocional al proceso final de la vida, fundamentalmente a los familiares de estos pacientes, porque en muchas ocasiones este apoyo emocional no solo es el necesario desde el punto de vista espiritual, teniendo en cuenta la libertad de la expresión religiosa de cada persona y de cada familia, sino también desde el punto de vista de su planteamiento psicológico. En ocasiones son situaciones especialmente complicadas que también requieren el apoyo de los servicios sanitarios. Reconocemos que hay organizaciones no gubernamentales que dan su apoyo en esta materia. Nuestra proposición de ley da cabida al trabajo de las organizaciones y del voluntariado social en estos ámbitos que estamos desarrollando. También reconocemos que en algunas comunidades autónomas hay un desarrollo de calidad en la atención a este proceso final de la vida y buenas prácticas profesionales que desde hace tiempo se vienen teniendo en cuenta a raíz de la aprobación hace unos años de la estrategia nacional de cuidados paliativos, que sirvió de base para el planteamiento más generalizado de este tipo de atención sanitaria.

Pero es necesario dar un paso más y asegurar garantías y nuevos derechos. En estos momentos creemos que es más oportuno dar este paso y asegurar que todos los ciudadanos cuando se mueven por el territorio van a tener garantías de atención sanitaria en igualdad de condiciones. Quiero llamar la atención de sus señorías, porque tiene enorme importancia, el hecho de que las organizaciones profesionales tienen en sus códigos deontológicos la atención sanitaria en estos procesos finales de la vida, que incluso contempla la sedación, aunque tenga como consecuencia el acortamiento de la vida. Esto forma parte del código deontológico de las organizaciones sanitarias y, por lo tanto, formaría parte de lo que tiene que ser el conjunto de derechos que queremos regular con esta proposición de ley que traemos a su consideración. Estaría bien que no fueran razones de otro tipo que no sean las puramente asistenciales, sanitarias, deontológicas las que tuviéramos en cuenta en nuestro planteamiento a la hora de dar el visto bueno a su tramitación porque creo que sería un mensaje positivo para la sociedad. Creo que la sociedad no entendería que hubiera posiciones contrarias por razones estrictamente religiosas. Fíjense que, en el caso del debate de la ley similar a esta que hubo en el Parlamento de Andalucía, fuimos capaces de encontrar un punto de acuerdo entre todas las fuerzas políticas e incluso confesiones religiosas tan relevantes como la Iglesia católica mostró su acuerdo a una norma de esa naturaleza. Porque no hay nada más religioso, nada más cristiano que atender y dar al proceso final de la vida la mayor dignidad, de tal manera que las personas puedan en esas condiciones llegar al fin de sus días utilizando sobre la base de la lex artis, sobre la base de la evidencia científica, sobre la base de los conocimientos y con todas las garantías los conocimientos técnicos y profesionales que tienen tanto


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los profesionales de la medicina como los profesionales de la enfermería.

En definitiva, señorías, creemos oportuno solicitar su apoyo para la tramitación de esta proposición de ley. Lo creemos oportuno independientemente del momento que vivimos, especialmente por el momento económico que vivimos, en el que básicamente estamos dedicando mucho tiempo a tratar de encontrar respuestas a problemas tan relevantes como los derivados de la crisis económica. Pero aquí se trata de asegurar nuevos derechos de ciudadanía; se trata de asegurar igualdad en el conjunto del sistema sanitario; se trata de hacerlo de la mano de los profesionales, utilizando adecuadamente -y para eso se plantean en la proposición de ley los comités de ética asistencial- los protocolos de atención, los protocolos de actuación y los protocolos de utilización de las herramientas terapéuticas disponibles en la medicina para poder hacer que esta fase final de la vida en la que todos terminaremos encontrándonos, cuando sea en circunstancias de determinada naturaleza, no afecte a la dignidad de las personas.

Finalmente, señorías, esta no es una proposición de ley que aborde el planteamiento de la eutanasia. Eso requiere otro debate diferente. El Grupo Parlamentario Socialista no rehúye ese debate, pero en este momento creemos fundamental avanzar en lo que creemos que hay mucho consenso social y mucho consenso profesional. No desaprovechemos esa oportunidad -especialmente me refiero al Grupo Parlamentario Popular- por el hecho de que sea una iniciativa que venga del Partido Socialista, porque su tramitación permitiría, con sus aportaciones, mejorar y en la medida de lo posible hacer realidad estos derechos para el conjunto de la ciudadanía sin más dilación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Desde el Bloque Nacionalista Galego queremos manifestar nuestra posición favorable a esta propuesta que nos presenta el Grupo Socialista, del mismo modo que votamos favorablemente la propuesta que hace solo unos meses, el 27 de marzo concretamente, nos presentaba La Izquierda Plural, aunque evidentemente entre aquella propuesta y esta haya importantes diferencias cuando menos. Señorías, la propuesta que hoy debatimos nos parece importante para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas a vivir dignamente, pero sigue sin ser suficiente para nuestro grupo y creemos que tenemos que ir mucho más allá, hasta llegar a la despenalización de los que ayuden a morir a una persona, como posteriormente voy a comentar.

Desde aproximadamente el año 2000 se ha legislado en diferentes ocasiones leyes orientadas justamente al tema que hoy nos ocupa. Yo recuerdo la primera ley en Galicia, que se denomina testamento vital; luego vino la Ley de la Autonomía del Paciente del año 2002, etcétera; y hoy estamos con esta nueva propuesta de ley que, como digo, vamos a apoyar. Pero quiero hacer un recordatorio, porque todo esto que legislativamente fuimos avanzando deja no solamente la posibilidad de resolver muchos de los casos que en este momento están en situación de una gravedad intensa por parte de pacientes al final de su vida, sino también la posibilidad de denunciar esa doble moral que a veces se utiliza contra los profesionales que, defendiendo la dignidad de las personas, utilizan métodos que puedan dignificar esos últimos momentos de su vida. Es necesario recordar los lamentables hechos ocurridos en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, que posteriormente tuvo las conclusiones que tuvo, completamente diferentes a la sanción que estos profesionales recibieron.

Pero en un día como hoy que la propuesta que nos hace el Grupo Socialista redunda en ese avance que yo decía, nosotros, en la defensa de lo que comentaba anteriormente y que coincide con la propuesta del Grupo de La Izquierda Plural de marzo pasado de avanzar más, hasta la despenalización de la eutanasia, quisiéramos recordar aquí que, además del corpus profesional de la sanidad, que ha llegado a conclusiones muy claras en relación con los derechos de las personas, tenemos que reconocer a muchos que vivieron en situaciones que ellos consideraban indignas, que, como en el caso de Ramón Sampedro, así lo expresaban en algunos de sus escritos. Porque, como decía Ramón, uno no puede llevar una vida plena, un ser humano con estas limitaciones no puede llevar una vida plena, sino tan solo un sucedáneo de vida, una humillante esclavitud y siendo un sufrimiento, en su caso, moral intolerable. La única salida válida es la curación, y la curación no existe. Y recababa del Estado respuesta para poder ejercer el derecho que la propia Constitución española dice que garantiza, que es la dignidad de sus ciudadanos. Me parece interesante recordar hoy a luchadores como Ramón Sampedro, porque gracias a esa lucha estamos avanzando considerablemente en esta cuestión.

Quisiera recordar a todos los grupos, de manera especial al grupo mayoritario, en relación con el apoyo a esta iniciativa que hoy propone el Grupo Socialista, algo que de alguna manera el Tribunal Constitucional ya ha avanzado en una sentencia de marzo del año 2011, en la que se reconoce el derecho de los pacientes a alguna de las cuestiones que la propuesta plantea, como es, además del derecho a reconocer su situación de salud real, el derecho a renunciar a un tratamiento, aun sabiendo que ello puede hacer peligrar su vida. Por lo tanto, señorías, no frenemos lo que ya el Tribunal Constitucional está reconociendo, pero tampoco dejemos la lucha por la defensa de la muerte digna en esta proposición de ley que hoy debatimos del Grupo Socialista y sigamos dis


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cutiendo hasta conseguir que efectivamente la muerte digna no sea solo un derecho de aquellos que padecen la situación que se describe en la propuesta...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le recuerdo que comparte su tiempo.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.

...sino también de aquellas otras personas que entienden que su vida no merece la pena vivirla por la falta de calidad que tiene.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la vida es un derecho y nunca una obligación. Vaya por delante que vamos a votar favorablemente esta proposición de ley del Grupo Socialista porque, aunque no se acerca a las posiciones que defendemos los republicanos, sí es cierto que es un paso adelante y suena bien, por ejemplo, el artículo 6.1 cuando dice: De acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios aun en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente.

Repito, poco se acerca a nuestras posiciones si comparo lo que ustedes han escrito en esta proposición de ley con lo debatido por este mismo diputado, y por los compañeros de Izquierda Unida, en el año 2010 en una interpelación al ministro Caamaño cuando pretendía abrir un debate sobre la eutanasia. Luego se presentó una moción que lo que pretendía era, básicamente, aprovechar el tiempo que todavía tenían ustedes en la gobernación. Entonces se requería la creación de una subcomisión para que estudiara de forma acelerada la posibilidad de concluir cómo y de qué manera se podía avanzar, tal y como se ha avanzado en otros Estados democráticos europeos. También pedíamos la presentación de un proyecto de ley, aunque, ciertamente, parecía que lo primero era lo más interesante, puesto que pedir que presentaran un proyecto de ley cuando la subcomisión no tenía ni el plácet de ustedes era un tanto estrafalario. Como cualquier moción, lo que pretendía era ayudarles, darles una cierta palanca para avanzar, atendiendo al hecho de que quizás luego pasaría lo que va a pasar ahora, que volvemos a estar instalados en un cul de sac. Ahora que ustedes avanzan, nos encontramos con el terraplén del Partido Popular; esto es un sinsentido.

La sociedad va asumiendo nuevos valores y, en cambio, desde la política no damos soluciones. Por cierto, ¿saben lo que nos propusieron el día que presentamos esta moción? Nos propusieron intensificar los cuidados paliativos y contribuir a mejorar la formación de los profesionales; es decir, no planteaban garantías -ahora sí-, sino que presentaban algo francamente muy poco ambicioso. Por tanto, ahora votaremos a favor, pero, ciertamente, no se acercan a nuestras posiciones porque quizás no están contempladas en su proyecto político, algo no solamente respetable, sino legítimo.

Ahora bien, ¿no tienen la sensación de que todos estamos aquí un tanto mareados, que estamos mareando la perdiz o, incluso, tal vez la perdiz se está riendo de nosotros? Ahora que la correlación de fuerzas es favorable a la derecha van ustedes y avanzan un paso en las posiciones. Les hablo desde la desazón. Les apoyamos, pero nos sentimos un tanto estúpidos e inmersos en un debate estúpido, porque hoy en día la sociedad esta metabolizando de una forma muy acelerada cuestiones que desde este Parlamento al parecer no se observan, al menos con la previsión y velocidad con la que la misma sociedad las está asumiendo.

Vamos a votar a favor, pero -repito- estamos atónitos y perplejos por comprobar cómo y de qué manera la izquierda perdemos una y otra vez los trenes de la historia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, me dirijo al portavoz del Partido Socialista, y quiero agradecerle el esfuerzo intelectual y depurativo de los conceptos que ustedes han utilizado para presentar esta proposición de ley, que es importante. No tenga usted reservas intelectuales relativas a la pretendida extemporaneidad de presentar materias vidriosas, bióticas, que no estén vinculadas a la situación económica. Yo también comparto su inquietud. Convertir este Parlamento en un parlamento monotemático para debatir las cuestiones atinentes a la prima de riesgo lo que va a hacer es incrementarla al final. Le felicito por lo tanto por la valentía de la iniciativa, porque es que en el mundo hay muchos problemas, incluso algunos más trascendentes de los que constituyen el tronco o fundamento del debate parlamentario de coyuntura. Pero, ¿qué quiere que le diga? Ese esfuerzo no se ve complementado en un rasgo o en un segmento que le voy a comentar a continuación.

Ustedes han hecho un buen trabajo, sobre todo porque han acogido los requerimientos de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido ya citada aquí, que es la de 28 de marzo de 2011, en donde glosa el contenido esencial del artículo 15 de la Constitución, relativo al derecho a la vida, y cómo dentro de ese contenido esencial, dentro del derecho a la vida, un paciente que está en una situación de enfermedad irreversible que le produce graves padecimientos, incurable, y que no


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quiere seguir viviendo, puede disponer sobre los elementos o mecánicas terapéuticas que le son aplicables. Esto lo afirma el Tribunal Constitucional, luego tenemos que empezar a considerar que forma parte del contenido esencial del derecho a la vida, proclamado enfáticamente por el Tribunal Constitucional. Dista mucho su proposición de ley de la que presentó Izquierda Unida en su día, y que yo tuve la oportunidad de discutir con el señor Sixto, en donde se invocaba la regularización de la eutanasia mediante la derogación del artículo 143 del Código Penal, y la despenalización de este injusto penal. Ustedes han tenido la sutileza de no recurrir a este procedimiento, que sería un procedimiento complicado, porque si ponemos de alguna forma en contradicción derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, que es en el que se basaba la argumentación del Grupo de Izquierda Unida, con toda legitimidad, nos encontramos con un problema difícil. ¿Por qué? Porque la eutanasia, al fin y al cabo, se utilicen los eufemismos o las perífrasis para definirla que se utilicen, al final no deja de ser un contrato de mandato a un profesional para que mate a otra persona, porque la persona quiere morir, porque hay una relación de causa-efecto entre la praxis del profesional y el que al final termina muriendo, porque se lo ha pedido, porque está en una situación de irreversibilidad en su enfermedad y sufriendo graves padecimientos. Pero es un contrato de mandato, en definitiva, de los previstos en el artículo 1705 del Código Civil; es una convención que nos hemos autoimpuesto; es derecho indisponible para el legislador, salvo que se cambie o modifique el Código Civil en relación con la prohibición de que los contratos de mandato puedan dirigirse a la realización de actuaciones o de actividades ilícitas, y no digamos penales. Desde esa perspectiva ustedes han tenido mucho cuidado de derivar hacia elementos periféricos a la eutanasia. Por cierto, y en relación con la misma, yo también he tenido la ocasión, el gusto, el placer de discutir con el señor Llamazares, dada su dimensión intelectual, sobre esta materia. Él es muy propenso a las citas, y yo también puedo citarle una relevante de Cicerón, donde decía o afirmaba lo siguiente: Me moriré tras una larga agonía, agonía que aún me parecerá corta. También se podría citar otra del bachiller Fernando de Rojas, en La Celestina, cuando acaba diciendo en una de sus reflexiones más lúcidas en esta obra que seguramente nadie es tan joven para que no pueda decidir sobre su propia vida.

Dicho esto, y prescindiendo de la retórica porque al fin y al cabo todo este tipo de citas literarias no es más que retórica parlamentaria, vamos a dedicarnos al fondo del asunto, y el fondo del asunto hace referencia a cuándo se puede morir dignamente o cómo se puede morir dignamente sin contravención del ordenamiento jurídico, al que los que estamos aquí nos debemos en principio, salvo que optemos por posiciones ideológicas acráticas o de otra naturaleza. ¿Cuándo se puede morir dignamente? Ya lo ha definido perfectamente el Consejo de Europa en una resolución del 1 de enero de 2000, donde afirma varias cosas importantes. En primer lugar, en relación con la muerte digna el Consejo de Europa nos pide que no utilicemos eufemismos o expresiones perifrásticas, y que si lo que queremos reconocer e incardinar en nuestro ordenamiento jurídico es el derecho a morir, no utilicemos expresiones como liberación espiritual, como acto final de autodeterminación, como mercy killing u otras. Y ustedes no se refieren a esto, ustedes se refieren a los cuidados paliativos, a la sedación, a la información previa, a lo que prevé en definitiva como un derecho de los pacientes que sufren estas situaciones de irreversibilidad, de dolor, de agonía en definitiva, a través de una voluntad informada y de una información adecuada por parte de los médicos o de los profesionales sanitarios que les atienden, de una decisión que hace referencia a los tratamientos terapéuticos, no a una actuación que tenga una relación de causalidad en relación con la muerte del enfermo; pero el señor Tardà comentaba una cosa relevante: tratamientos terapéuticos que no niegan ustedes que puedan acortar la vida del paciente. Aquí entramos en un ámbito bioéticamente discutible. Dada la jurisprudencia constitucional más reciente, dadas las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sé si usted lo ha citado pero hay un caso paradigmático, el caso Pretty contra el Reino Unido, en donde se establece la posibilidad de renuncia de un paciente a determinados tratamientos, aunque para liberarse del dolor, del padecimiento, de la irreversibilidad de la enfermedad se acorte su vida. Con esa jurisprudencia en la mano lo que usted propugna es aceptable en términos generales: la libertad de conciencia; para los incapacitados, la posibilidad de proporcionar un reconocimiento o una aceptación a través de representantes legales o de parientes próximos; la intimidad que se reconoce de forma muy enfática en su proposición de ley a quien opta por una solución de esta naturaleza, que es un tratamiento terapéutico diferente que no tiene que provocar anticipadamente la muerte, pero la puede producir; el auxilio espiritual cualquiera que sea la religión que profese; las garantías para los médicos o los profesionales de la sanidad que tienen que participar, estableciendo o requiriendo la opinión -desde la perspectiva de la lex artis- y la práctica de dos profesionales. Me parece que ustedes han hecho un esfuerzo notable que debe ser objeto de reconocimiento.

¿Qué es lo que no tendría que ser objeto de reconocimiento o no lo puede ser desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario? Porque estamos de acuerdo en todo lo que ustedes proponen, e incluso les agradezco personalmente el esfuerzo de depuración normativa que ustedes han practicado, digno de encomio, porque estas cosas no se plantean con tanta depuración y de forma tan sofisticada jurídicamente. Ustedes mantienen el tipo penal de auxilio al suicidio previsto en el artículo 143 del Código Penal, y con el Código Penal -si me permite el presiente la expresión, un poco forense- no se puede


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jugar; es la Constitución en negativo, es el parámetro negativo de la Constitución. A este respecto, desde la perspectiva de las competencias autonómicas, no han afinado bien. De nuevo vuelven a sobredimensionar la legitimidad que para el legislador estatal proporciona el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Y hay legislación autonómica que ustedes deberían respetar; que no solo deberían respetar, formalmente parece que la respetan, siempre que se reconozcan los principios básicos, que es lo que habilita al legislador estatal, que ustedes configuran en este proyecto normativo. Pero en este nuevo lo que ocurrió -y ustedes y yo lo discutimos contra el Partido Popular en su momento- fue un sobredimensionamiento de los principios básicos de tal magnitud que impide la actuación normativa del legislador autonómico o de quien en el ámbito autonómico tiene competencias normativas. Nos encontramos permanentemente -y si nosotros no defendemos esto no lo va a defender nadie- con transgresiones contra la legitimidad de los poderes autonómicos constituidos, y estoy usando el nomenclátor utilizado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la Loapa en el año 1983. Y ya no vale todo; para nosotros no va a valer todo, por lo menos para mi partido político no va a valer todo en materia de disponibilidad de las competencias autonómicas.

Si ustedes hubiesen afinado un poco más o hubiesen consensuado con los partidos nacionalistas de esta Cámara cuál es el ámbito competencial de unas instituciones que tienen competencias reconocidas por la Constitución, sea en virtud de las competencias que corresponden al poder constituyente o a los poderes constituidos, si no hubieran ustedes sobredimensionado la habilitación legislativa del legislador estatal, hubiésemos votado que sí, sin duda, sin reserva intelectual alguna, porque ustedes han hecho -permítame que se lo diga, y sabe que nosotros no somos propensos al halago- un gran trabajo de depuración normativa en una materia tan vidriosa como esta. Pero como no lo han hecho así, señor presidente, nos vemos en la tesitura de tener que abstenernos, muy a nuestro pesar, porque este debate, antes o después, hagamos lo que hagamos los legisladores, va a aflorar, y seguramente no solo va a aflorar, sino que lo va a hacer sobre nosotros mismos, nos va a sobrepasar, como está pasando en tantas cosas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y al final -señor presidente, con esto acabo- el legislador, nosotros, los que estamos aquí, nos vamos a ver desbordados por una realidad que no comprendemos en sus tiempos, en su cronología, o que no comprendemos en sus contenidos materiales.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, empiezo por el asunto del nombre -ya con la anterior proposición relativa a la eutanasia discutimos sobre los eufemismos-. Ustedes han titulado esta proposición de ley como reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, y aquella que discutimos en marzo hablaba de la disponibilidad de la propia vida. Me ha llamado la atención que en las dos ocasiones parece haber acuerdo en hablar de la vida cuando de lo que se está hablando es de la muerte, lo cual es un poco orwelliano, es como aquello de llamar al ministerio de la guerra el ministerio de la paz. Creo que no tendríamos por qué tener ningún problema en hablar de la muerte, es algo de lo que la gente habla, y particularmente la gente habla de estas cosas cuando está en los hospitales o en los tanatorios. En fin, creo que no deberíamos tener problema en reconocer que el proceso final de la vida es exactamente la muerte, que la muerte es un proceso en el que la vida se va acabando, hasta que se acaba del todo, y creo que negarnos a llamar a las cosas por su nombre es como si nos estuviésemos dirigiendo a una sociedad a la que se infantiliza cuando se hacen estas cosas. La gente tiene plena conciencia de lo que son los cuidados paliativos, de lo que es la sedación, de lo que es la eutanasia, que efectivamente es otra cosa distinta, y a veces poniéndoles estos nombres a las cosas parece como si nosotros no creyéramos que la gente tiene la responsabilidad y la madurez que realmente tiene. Además convertimos en tabú lo que no lo es, y da la impresión de que estuviéramos aquí haciendo cosas inconfesables, cosas que no se puede contar realmente cómo las hacemos. Creo que es bastante más razonable decir con claridad lo que defendemos y así la democracia, que al final consiste en elegir uno cómo quiere ser gobernado, es algo que de alguna manera se pervierte si uno no sabe con claridad qué es lo que le proponen para autogobernarse en las leyes. Creo que llamar a las cosas por su nombre es importante, porque además nos libraría siempre de tener que hacer este apunte, este debate nominalista, y nos dejaría más tiempo para entrar en el fondo del asunto. Ya le digo, señor Martínez Olmos, que vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, entre otras cosas porque aquellos aspectos con los que no estamos de acuerdo se pueden enmendar en el trámite correspondiente, y lo primero que enmendaría sería el nombre. Me parece que llamarla ley reguladora de los derechos de los enfermos terminales y agonizantes sería mucho más claro, porque eso es estrictamente lo que se está regulando en su proposición de ley.

Queda claro en el articulado de su proposición que no se trata de la eutanasia -hablan de ello en la exposición


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de motivos- y que se trata fundamentalmente de dar seguridad jurídica tanto al enfermo como a los profesionales sanitarios que se ven envueltos en su trabajo, en esos momentos cercanos a la muerte de las personas. Estamos de acuerdo en que ambas cosas son necesarias, dar esa seguridad jurídica tanto a los enfermos como a los profesionales, y estamos de acuerdo por el mismo argumento que en su día utilizamos al referirnos a la anterior proposición de ley que se planteó también en este sentido. No se trata nada más que de permitir que las leyes dejen a cada enfermo terminal o a cada enfermo agonizante actuar, con la decisión que ha tomado, dentro de un marco legal, y garantizar que esa voluntad de cómo morir se pueda cumplir dentro de los márgenes legales. Estamos de acuerdo básicamente con las líneas que plantea su proposición de ley, pero creo, y usted mismo lo ha señalado, señor Martínez Olmos, que este es un problema genuinamente transversal. El problema del sufrimiento, del dolor y de la agonía afecta por igual a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, a las mujeres, a los hombres, a los vascos, a los riojanos; es un trance en el que todos nos vemos exactamente en las mismas condiciones. La mayor parte de las medidas que ustedes proponen forman parte de la práctica habitual entre los profesionales sanitarios. Ese derecho que garantizan a la información asistencial; el derecho a la toma de decisiones, un aspecto ya recogido en la Ley del Paciente, como algunos otros de esta proposición de ley; el derecho a otorgar instrucciones previas y modificarlas; los cuidados paliativos; el asunto de la sedación, que es en efecto el más importante; las obligaciones para el personal sanitario, también compartimos que se deben establecer. Pero decía que las personas que se verían cubiertas por todos estos derechos que ustedes plantean pertenecen a todo grupo social y a toda clase social, y por eso le tengo que hacer un reproche, señor Martínez Olmos, no referente al contenido de la ley, sino a la manera en que lo han planteado, porque siendo una proposición que está muy bien, que está trabajada, como ya se ha señalado, y con la que hay, usted mismo lo ha dicho, un gran consenso social, ¿por qué no somos capaces de transformar ese consenso social en un consenso político? Indudablemente la mayoría la tiene el Grupo Popular, que supongo que no van a estar en contra -nos explicarán por qué-, pero como ya se parte de esa presuposición, tal vez trabajando de otra forma, tal vez trabajando más -usted ha citado el ejemplo de Andalucía, en donde se ha conseguido- entre bambalinas en vez de discutir todo aquí sobre la marcha, tal vez con menos interés en fijar posición y con más interés en resolver problemas de los ciudadanos, quizá se pudiera sacar adelante una norma así, que sería muy necesaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, voy a empezar mi intervención leyendo una cita que me ha suscitado alguna de las intervenciones anteriores. Geoffrey Gorer habló de la pornografía de la muerte para referirse a la progresiva conversión de la muerte en un asunto tabú, donde el carácter pornográfico de la misma aparece como el resultado último de una evolución del proceso del morir, que ha ido despojando gradualmente a esta de toda ritualización, de toda ceremonia, de todo significado, hasta convertirla en algo terrible, de lo que solo puede hablarse a través de eufemismos. Esa es la muerte en nuestra época. No podemos decir que la muerte no sea un tabú. Precisamente lo que estamos tratando hoy aquí es la muerte como tabú, porque la muerte antes de la época tecnológica, antes de los hospitales, donde se empieza a producir la muerte con varios sujetos, no solamente el moribundo, sino también los médicos, las administraciones y los religiosos, era un ritual que formaba parte de lo que denominamos muerte natural. Sin embargo la aparición de las tecnologías, incluso de las formas de sostenimiento de órganos a través de la técnica transforma la muerte por una parte en una muerte tecnológica, el ritual en un tabú, y finalmente también la muerte o el proceso de morir en algo más que un hecho privado, en un hecho público donde intervienen distintos sujetos: el moribundo, como he dicho antes, pero también la Administración, y también los propios sanitarios. Quería hacer esa precisión porque me parece que es importante para que sepamos por qué hablamos como hablamos de la muerte, y por qué en las iniciativas que presentamos utilizamos en muchos casos eufemismos para ocultar no solo la palabra, sino también el contenido de la misma.

Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa para demostrar que no somos vengativos, en primer lugar. Previamente a esta iniciativa nuestro grupo parlamentario hace muy poco tiempo -en marzo, se ha recordado aquí- presentó una iniciativa también sobre el proceso final de la vida o sobre la muerte o el buen morir. Esa iniciativa fue rechazada por parte del mismo grupo parlamentario que hoy presenta esta propuesta. Pero además de porque no somos vengativos, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque es una iniciativa en nuestra opinión que abunda en regular derechos en un periodo muy difícil, en un periodo siempre complicado, en un periodo tabú desde todos los puntos de vista, desde el legislativo también, y nos parece que eso es bueno. Es bueno codificar lo que hay, que lo hace en buena parte la iniciativa, y es bueno además añadir a la codificación existente algunas medidas importantes como por ejemplo la sedación terminal, no vaya a ser que nos olvidemos de lo que ha pasado en este país, señorías. En este país, a pesar de la ley y por encima de la ley, ha habido quien ha utilizado su dogma personal para atacar a aquellos que ejercitan


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la labor profesional en el trance final de la vida, y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Lo tenemos encima de la mesa en el caso Liliana, lo tenemos encima de la mesa en el caso Ramón Sampedro, y lo tenemos encima de la mesa en el caso Leganés. En particular el caso de Ramón Sampedro está parcialmente regulado en el Código Penal, pero es que el resto de los casos, señorías, estaba claramente regulado por ley, y a pesar de ello se hizo un verdadero escarnio personal y un verdadero escarnio profesional. Debemos recordar eso para no olvidarnos de por qué tenemos aquí esta iniciativa que en sí no es un cambio legal, no hay un cambio legal de lo que venimos regulando en esta materia en nuestra opinión desgraciadamente, pero sí es una reafirmación de las posiciones que mantenemos desde el punto de vista legal para aquellos que siguen insumisos ante la ley, para aquellos que se encarnizan terapéuticamente anteponiendo su dogma religioso a los derechos del paciente, que sigue existiendo ese caso en nuestro país, y para aquellos que vilipendian a los profesionales que únicamente ejercen su labor en cuidados paliativos, una labor especialmente complicada y difícil. Deberíamos tener en cuenta esa cuestión.

Señorías, por eso esta iniciativa va a ser favorablemente respaldada por mi grupo, el grupo de La Izquierda Plural, aunque para nosotros esta iniciativa podríamos decir que está coja. A esta iniciativa le falta algo y se pone de manifiesto en la exposición de motivos. No había visto nunca en mi experiencia parlamentaria que en una exposición de motivos se dijera de qué trata la ley y de qué no trata. En la primera parte se dice que la ley trata de la autonomía del paciente, de nuevos derechos y de cuidados paliativos, pero, cuidado, esta ley -aviso para navegantes- no trata de eutanasia. ¡Pero bueno! Una exposición de motivos en la que, además de los motivos de la ley, se dicen los motivos para que no incorporemos la eutanasia a la ley no deja de ser curiosa. ¿Y por qué ocurre esto? Esto se llama un acto fallido en términos psicológicos, porque la eutanasia es la conclusión lógica de la ley; sin embargo, la ley no la aborda. Creo que forma parte incluso de la propia política del Partido Socialista, qué quieren que les diga, en muchas ocasiones lanzando una iniciativa, pero incapaz de llegar a las últimas consecuencias.

Pues bien, una iniciativa completa sobre el buen morir o sobre el trance final de la vida consecuentemente llega a la eutanasia. Tendrá que haber una regulación cabal de las disposiciones en relación con cómo queremos que nos traten en ese trance final de la vida, la voluntad previa o la voluntad anticipada. Está en la Ley de la Autonomía Personal, pero lo que abunda no daña. En segundo lugar, tendrá que haber también una iniciativa sobre cuidados paliativos, que se incorporan a esta ley y que ya no son solamente una estrategia, sino que son ley. En ese sentido es positivo. Pero en el trance final de la vida surge, como ha dicho el señor Olabarría, el artículo 143 del Código Penal y se trata de saber si vamos a seguir considerando un no derecho esa decisión final -por ejemplo, la petición de auxilio al final de la vida- o si también vamos a derogar el 143 del Código Penal, que penaliza parcialmente este hecho, y por tanto vamos a asumir el conjunto del proceso final de la vida como derecho, señorías, porque además en la mayor parte de los casos no tenemos datos en contrario, sino a favor de ser consecuentes en la ley. En primer lugar, porque la mayoría de los ciudadanos -ustedes utilizan en la ley el término consenso-, más del 66% de los ciudadanos han demostrado en las últimas encuestas que están a favor de la eutanasia, que están a favor de ayudar a morir al que tiene una situación irreversible, dolores insoportables, y reitera esa decisión, y además se hace con cobertura jurídica y con garantías para los profesionales. Eso es eutanasia y eso lo respalda la mayoría de los ciudadanos españoles. Pero es que además la encuesta a los profesionales, que la hicimos a raíz de una Comisión en esta Cámara, dice lo mismo. La mayoría de los profesionales están de acuerdo -más del 60%- con la eutanasia. Más del 60% están de acuerdo con continuar el proceso hasta el final, y muchos de ellos nos dicen que en España se muere mal, se muere con sufrimiento, y que por otra parte les han pedido en distintas ocasiones, en el 20% -hablan- de las ocasiones, que les ayuden a bien morir. Eso es lo que conocemos a través de las encuestas.

Sin embargo, a pesar de que todo el mundo habla de esta materia, aunque sea de manera eufemística, de nuevo decidiremos estar por detrás de los ciudadanos. Decidiremos que la ley no se sitúa al paso de los ciudadanos, sino que la ley espera a que haya un consenso ciudadano que para ustedes parece que debe ser el consenso con la Iglesia católica en esta materia. Pues no lo tendrán, aunque he de decirles que, si se leen bien los documentos de la Iglesia católica, ya ha avanzado su apoyo a la eutanasia pasiva. Por tanto, al tiempo; no vaya a ser que también la Iglesia católica nos deje rezagados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar manifestando, en nombre de Convergència i Unió, que, tal y como nos presenta hoy esta proposición de ley el Grupo Parlamentario Socialista, la consideramos totalmente innecesaria. Y la consideramos así por dos motivos principales: primero, porque ya existe una legislación suficiente en estos temas y, sobre todo, porque invade las competencias de la Generalitat de Catalunya en esta materia pero también las del resto de las comunidades autónomas. Además, quiero manifestar aquí que esta no es solo nuestra opinión. Hay también asociaciones de pacientes y personas como el doctor Albert Jovell, que saben que en estos


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momentos preside el Foro español de pacientes y que es una persona de reconocido prestigio, que cuando se les consulta sobre la necesidad de esta ley dicen que con la correcta aplicación de la Ley de Autonomía del Paciente estaría resuelta esta cuestión. En estos momentos consideramos que no es necesaria esta nueva legislación y que en nuestro país este derecho que aquí se reclama está ya garantizado. En Convergència i Unió tenemos la convicción de que los cuidados paliativos no deben considerarse nunca un privilegio, sino que son un derecho de todos los ciudadanos y garantizar el derecho a una atención de calidad al final de la vida debe ser la finalidad de todas las leyes autonómicas que se han hecho hasta ahora y las que se están debatiendo en estos momentos. Quiero recordar también aquí la existencia de la estrategia nacional de cuidados paliativos. Esta estrategia nacional de 2007 se evaluó en mayo de 2010, se está llevando a cabo en muchas comunidades autónomas -en unas más que en otras- y, desde nuestro punto de vista, haría falta potenciarla. Pero quiero centrarme sobre todo en el ámbito competencial, que es el principal motivo por el que no vamos a apoyar esta proposición de ley.

En la disposición adicional primera de esta proposición que presentan se dice que se dicta al amparo de la competencia estatal sobre bases y coordinación de la asistencia sanitaria, según los artículos 149.1.1.ª y 149.1.16.ª de la Constitución española. Ninguno de estos dos títulos puede servir como habilitador. En efecto, el artículo 149.1.16.ª de la Constitución española, sobre las bases y coordinación general de la sanidad, no da cobertura a esta ley ya que, como se describe muy bien en la exposición de motivos de esta proposición, se trata de la defensa de los derechos de los pacientes, no de la coordinación de la asistencia sanitaria. Por tanto, no se puede dar cobertura por esta vía. Más aún, la legislación básica sobre la actuación de las autoridades sanitarias en el respeto de los derechos de los pacientes ya se encuentra regulada en la Ley básica 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que unifica el derecho a la autodeterminación del paciente en las actuaciones sanitarias y el derecho a la confidencialidad de los datos relativos a la salud. Esta ley se dicta precisamente al amparo del artículo que ya he citado -según dice la disposición adicional primera-, por lo que en buena técnica legislativa lo que correspondería es modificar esta ley, que ya es básica, más allá de lo que lo hace la disposición adicional tercera de la proposición, solo referida al artículo 11. Es más, buena parte de la Ley 41/2002 es copia de una ley del Parlamento de Cataluña del año 2000, sobre los derechos de información concerniente a la salud y autonomía del paciente y la documentación clínica. Quiero recordar en estos momentos que esta ley catalana fue presentada aquí por un senador compañero mío de partido, don Jaume Cardona, que estando ya gravemente enfermo trajo aquí esa ley, que se aprobó en el Congreso y en el Senado, y pocos meses después falleció. Quiero recordarlo en estos momentos y agradecerle ese gran papel que hizo. Asimismo, quiero decir que al regular en esta materia cabe recurso de inconstitucionalidad y que no se presentó contra estas leyes, tampoco contra la catalana, ningún recurso de inconstitucionalidad, por eso hay que entender que esta materia no entra dentro de ese artículo que ustedes citan en la disposición adicional primera, el 149.1.16.ª de la Constitución española. Las condiciones básicas para la igualdad de los españoles en sus derechos tampoco es un título habilitante, ya que los derechos de los pacientes en las relaciones asistenciales entran en la esfera de lo que materialmente es derecho civil. Además, ya hemos dicho que nunca ha sido impugnada la constitucionalidad de la Ley de los derechos de los pacientes, de manera que hay que entender que no puede ser regulada por esta proposición de ley ordinaria.

Si entramos en el contenido material de esta ley, los efectos de los pacientes y los correlativos deberes de los equipos de asistencia primaria son una parte evidente de los llamados derechos de la personalidad, y esta es una parte inescindible de la llamada materia civil. Es precisamente en el concepto de materia civil sobre el que se edifica la competencia del derecho civil en el artículo 129 del Estatuto de Autonomía, que, quiero también recordarlo, no fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Siguiendo este mandato del Código Civil de Cataluña, que recoge los derechos de las personas en este ámbito en los artículos 212.1 y siguientes, hay que recordar que esta ley no ha sido impugnada por invasión competencial y que es de pleno derecho competencia de la Generalitat de Catalunya, así como de otras muchas comunidades autónomas. Por eso, señorías, nosotros no vamos a apoyar esta proposición de ley. Además, según he dicho al principio, consideramos que haciendo cumplir la Ley de Autonomía del Paciente y desarrollando la estrategia nacional de cuidados paliativos en estos momentos se da cobertura legal a todo lo que son cuidados paliativos en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Santiago Cervera.

El señor CERVERA SOTO: Señor presidente, señorías, señor Martínez Olmos, en la medida en que este es un tema recurrente, por lo menos en los últimos años se ha tratado en diversas ocasiones en este Parlamento, permítanme que comience reiterando algo que seguramente todos ustedes ya conocen, y es nuestra actitud a la hora de considerar estas cuestiones. Nuestra actitud desde luego no es de brocha gorda, no lo puede ser en la medida en que este es un tema complejo, es un tema sensible para una parte importante de nuestra sociedad y, en cualquier caso, la respuesta que requiere de los


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poderes públicos es una propuesta basada en el máximo rigor. Por eso, señor Martínez Olmos, nosotros no descalificamos la proposición de ley que ustedes nos presentan por una mera razón de origen, simplemente por el hecho de que la hayan presentado ustedes como Grupo Parlamentario Socialista, sino por las razones que a continuación le diré.

Si me lo permite el proponente, quiero incluso comenzar esta intervención hablando de puntos de coincidencia en lo que ha sido el discurso que ha presentado el señor Martínez Olmos en relación con cuestiones que nosotros compartimos de una manera bastante clara. En primer lugar, es verdad que en el ámbito sanitario estamos ante nuevas disyuntivas bioéticas y es verdad que esto ocurre en la medida en que progresa el avance técnico-sanitario, las capacidades de la propia medicina, de la enfermería y de todas las ciencias de la salud. Al mismo tiempo, esto se produce en un entorno en el cual la población envejece y, por tanto, la población cronifica sus enfermedades. Es verdad que aparecen nuevas preguntas, nuevas casuísticas, nuevas disyuntivas bioéticas ante las que hay que estar dispuesto a dar nuevas soluciones. Es también constatable, señor Martínez Olmos, señores del Grupo Parlamentario Socialista, y nosotros lo atestiguamos, un cambio social; un cambio social que promueve en materia asistencial la autonomía del paciente, el aumento de la calidad asistencial y, en definitiva, lo que tiene que ser la propia dignificación de las personas también cuando están siendo asistidas por el sistema de salud. No es raro, por tanto, y nosotros nos negamos a que este debate se suscite, que hablemos de muerte digna, en la medida en que también todos queremos hablar de vida digna. La muerte como consecuencia, como prolongación, como fase de la vida es verdaderamente algo que también tiene que promoverse dentro del sistema sanitario en la consideración de algo digno y de algo que suponga los mejores esfuerzos en ese tránsito.

Señor Martínez Olmos, nos gustaría también poder coincidir en una tercera cuestión y es en intentar quitar adherencias ideológicas, incluso también adherencias emocionales, a esta cuestión. El objetivo que debería hacernos concurrir en esta materia no es otro que el intentar humanizar al máximo el hecho asistencial y poder dar una respuesta realista a todas estas disyuntivas, a todas estas nuevas casuísticas que sin duda podemos reconocer. La pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de considerar esta pieza parlamentaria, a la hora de considerar esta proposición de ley, es lo mismo que nos tenemos que preguntar en todas las demás ocasiones en las que nos decidamos a legislar, y es qué hueco tenemos que cubrir, qué innovación legislativa tenemos que producir, qué problemas tenemos que resolver. Usted, señor Martínez Olmos, lo decía de una manera muy clara. Dice que su propuesta viene a solucionar necesidades de la ciudadanía. Qué ciudadanía y qué necesidades son estas. O, por mejor decir, exactamente qué innovación legislativa estamos considerando en estos momentos cuando estudiemos su proposición de ley. Porque, señor Martínez Olmos, por mucho que enfatice, no encontramos en la proposición del Grupo Parlamentario Socialista ninguna cuestión nueva, ninguna cuestión relevante que no esté incorporada en estos momentos a nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, tenga ya una efectiva ejecución dentro de lo que es el trabajo de nuestra sanidad.

Señor Martínez Olmos, también quiero reconocer que, efectivamente, esta proposición que ustedes hacen forma parte de un trabajo en el que se han visto retratados, comprometidos políticamente, lo que es perfectamente legítimo, pero no hemos encontramos en el texto que usted nos presenta nada nuevo. Si acaso, un cierto envoltorio, si acaso, una cierta literatura, si me lo permite, incluso un cierto barniz buenista en relación con cuestiones que ya son de patente realidad en nuestra sanidad, pero no la pretensión objetiva de llenar ningún hueco, de hacer nada nuevo, de mejorar ninguna realidad en cuanto a una ley que lo debe hacer. Y quiero decirle, señor Martínez Olmos, que esto no es solamente una apreciación de orden político, de orden parlamentario. Aquí nos asiste una realidad de la que podemos afirmar que es el testimonio y el testigo de que esto que digo es cierto, que son las decenas de miles de personas que en el ámbito sanitario todos los días viven situaciones en las cuales pacientes que están al final de su vida, que están en un trance difícil, reciben tratamiento, cuidados, acompañamiento, reciben técnicas paliativas para una situación en donde la sanidad y los profesionales de la sanidad tienen que saber dar la respuesta adecuada a los tiempos actuales. Esto es algo real en nuestra sanidad, esto es algo que ocurre todos los días, esto es algo que no vamos a modificar a mejor por el hecho de que legislemos de una determinada manera, sino que lo que tenemos que hacer es respetar la mejor aplicación de los títulos legales vigentes en estos momentos para que esto siga siendo así. Porque de la misma manera que hay una sociedad que demanda una humanización asistencial, que demanda que las técnicas, los usos, las acciones sanitarias que se desarrollen al final de la vida sean lo más compatible con ese sentir humano que tienen los pacientes y sus familiares, es también justo y preciso reconocer que también en la esencia de la medicina está evitar el sufrimiento, en la esencia de la medicina está evitar cualquier distrés del enfermo en esa fase terminal. En la esencia de la medicina está también adecuar lo mejor posible los tratamientos de soporte vital a esos momentos en los cuales se va a producir la muerte. Por tanto, precisamente porque ya en nuestro país esto es algo real, algo objetivo, algo que se vive en nuestra sanidad de una forma continua y permanente, es por lo que no hace falta, por lo que no debemos en este caso generar más legislación sobre esta materia.

Señorías, creo que si preguntamos a los ciudadanos qué es lo que más les puede preocupar sobre estas cuestiones, una mayoría muy importante de todos ellos nos hablarán de la preocupación sobre la obstinación terapéutica, sobre el hecho de que a un paciente, en una


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situación terminal, se le esté produciendo eso que también se denomina el encarnizamiento terapéutico, el hacer demasiado, mucho más de lo necesario de lo que es simplemente tratar esa situación en unos términos de humanización asistencial adecuada. Quiero decirles que, frente a esto, se legisló en el año 2002 -por cierto, va a hacer ya diez años-, una legislación que reconoció el principio de autonomía del paciente, que reconoció esta realidad de que es el paciente el verdadero protagonista de su hecho asistencial, que es el paciente el que tiene derecho a recibir la información necesaria, conveniente y asequible sobre su situación, que es el paciente el que tiene el absoluto e inalienable derecho a tomar las decisiones asistenciales que le sean propias e incluso anticipar esas decisiones en forma del llamado testamento vital. Es, digo, en el año 2002 cuando la Ley de Autonomía del Paciente reconoció en los títulos legales lo fundamental y lo principal en estas cuestiones. A partir de aquí es verdad que las cosas cambian, que la medicina evoluciona, que también evoluciona la demanda social, pero no es menos cierto que aquella ley -que, repito, va a cumplir ya diez años- es precisamente el marco de legislación orgánica que está promoviendo el principio fundamental de este asunto, que es el paciente el verdadero protagonista de todo lo que pueda recibir dentro de todo el proceso asistencial.

Es por eso, señor Martínez Olmos, por lo que no vemos adecuados incluso algunos de los términos en los que ustedes plantean esta propuesta, como el hecho de que están desequilibrando esa relación médico-paciente. La autonomía del paciente precisamente se produce dentro del marco de la relación entre el médico y el paciente. No es un hecho completamente aislado de la propia capacidad del médico, dentro del contexto legal y deontológico, para producir aquella acción que crea conveniente, que crea beneficiosa para el propio paciente. Es por eso por lo que no vemos que se tenga que tergiversar este equilibrio que ya existe en los títulos legales pero también en la propia realidad de la lex artis médica, porque precisamente es en el seno de la relación médico-paciente donde se produce que el paciente pueda mostrar su capacidad de decidir sobre el hecho asistencial, pueda ejercer ese principio de autonomía del paciente.

Decía que efectivamente esta ley va a cumplir diez años. Tal vez sea el momento de hacer una reflexión y de poder hacer incluso una celebración. En ocasiones parece que aquí solamente se celebran los aniversarios de las leyes que son promovidas por el Partido Socialista. Esta ley -que, como digo, va a cumplir diez años- viene a resolver lo fundamental, lo esencial de estas cuestiones. Por eso, señor proponente, señores del Partido Socialista, les decía inicialmente que no vamos a ser maximalistas con este asunto. Al contrario, creo que todos estamos llamados a un determinado consenso. Ya les avisé de que nos vamos a dogmatizar sobre esta cuestión y que efectivamente nos parece muy bien que ustedes propongan este tipo de debates. Pero lo que les decimos también es que para que estos debates tengan al final una utilidad para los pacientes y para sus familiares lo más conveniente es que estos debates se produzcan en el seno del consejo interterritorial y precisamente orientados a mejorar todas las actividades y estrategias de los cuidados paliativos en nuestro país. No hace tanto tiempo que ustedes aprobaron y publicaron una estrategia de cuidados paliativos en consenso con las asociaciones profesionales de pacientes y de las comunidades autónomas, que es verdaderamente la línea que hay que continuar en esta materia y es la línea en la que nosotros estaremos para poder también concertar las acciones políticas en esta cuestión.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Martínez Olmos pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.

Señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Pregunto si hay posibilidad de réplica.

El señor PRESIDENTE: No, en este tipo de proposiciones no hay posibilidad de réplica, a menos que hubiera alguna alusión personal, que no me ha parecido que haya habido en ningún momento.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de entrar en el segundo punto quería decirles que procederemos a votar al final de las mociones y no será antes de las diez, aunque espero que sea lo más cerca posible de esa hora.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL Y DE PROTECCIÓN ANTE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN QUE AFECTEN A PERSONAS NATURALES, INCLUYENDO EL DERECHO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 122/000041).

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley que presento en nombre del Grupo La Izquierda Plural pretende promover los cambios legislativos necesarios para evitar que


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se repitan las situaciones de sobreendeudamiento personal y también para afrontar las consecuencias que en forma de embargo y desahucio a familias enteras está ocasionando la actual legislación. Ya tuvimos ocasión de traer a esta Cámara propuestas para dar respuesta a este grave problema social, entre ellas la propuesta de dación en pago. Desgraciadamente, en aquel momento el Gobierno y el Partido Popular se negaron a apoyarlas y, lo que es peor, se sacaron de la manga una falsa solución: el código de buenas prácticas de las entidades financieras, presentado por el señor De Guindos. Digo que es peor porque, ante situaciones como estas, si grave es no dar solución al drama de estas familias, mucho más grave aún es generar expectativas falsas y sobre todo engañarlas con falsas soluciones. Desde entonces han pasado ya varios meses y la situación -como ustedes saben- ha empeorado: los impagos de la hipotecas continúan porque han aumentado las personas en situación de desempleo y porque la reforma laboral ha incrementado las formas de precariedad y la presión a la baja de los salarios. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Les quiero recordar, aunque ustedes lo saben perfectamente, que entre el año 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria, de los cuales cerca de 80.000 lo han sido durante el año 2011; y desde el año 2008 hasta finales de 2011 se han materializado más de 166.000 procesos de desahucio, una verdadera epidemia social que no para de crecer, y la prueba es que cerca de 60.000 familias han sido desahuciadas durante el año 2011 y continúan siéndolo durante 2012. Esta es una situación socialmente intolerable y sobre todo es intolerable por el comportamiento de las entidades financieras. Mientras solo el 3,1% del total de los créditos hipotecarios de las familias son morosos, por el contrario, el sector inmobiliario tiene una morosidad que alcanza el 23% y que afecta ya a más de 86.000 millones de euros. Cuando se produce esa situación, los bancos en estos momentos continúan, a pesar del famoso código de buenas prácticas del señor De Guindos, aceptando la dación en pago a las inmobiliarias y negándoselo a las familias, y eso a pesar de estar recibiendo ingentes cantidades de dinero público de España y de Europa, de manera directa o indirecta, a través de procesos de capitalización o de avales o de bajos tipos de interés. Esta es una dura realidad que este Congreso no puede negar ni obviar, y es precisamente esa dura realidad la que otorga plena legitimidad a las organizaciones sociales y a la Plataforma de afectados por la hipoteca cuando han puesto en marcha una iniciativa legislativa popular para cubrir el vacío que está dejando la iniciativa del Gobierno y del partido que le apoya, una iniciativa legislativa popular que ya ha recogido 200.000 firmas y que seguro que pronto llegará a este Congreso para que de una vez por todas se pueda discutir en profundidad.

Es voluntad nuestra que hoy ustedes nos den la posibilidad de discutir al conjunto de la Cámara soluciones, porque si grave es que no se esté dando solución a los problemas generados por la burbuja inmobiliaria especulativa -¿recuerdan?, aquella burbuja que no existía, que la gente que la denunciaba se la estaba inventando, pero que desgraciadamente ha terminado devorándonos como sociedad y que nos ha arrastrado hasta las mismas puertas del abismo-, si grave es no dar solución a los problemas generados por aquella burbuja especulativa, mucho más grave es que en estos momentos no se haya producido aún ninguna iniciativa legislativa de una cierta entidad. Hoy resulta vital, urgente, dar solución a las personas que han quedado atrapadas en esa burbuja y también es urgente acometer los cambios legislativos para que situaciones como las producidas durante esa década mágica donde todo era maravilloso no se vuelvan a repetir; una década -no está de más recordarlo- que está caracterizada por aquella ideología dominante de la liberalización a ultranza del suelo como la gran panacea que iba a resolver el problema de la vivienda, cuando lo que hizo fue exactamente lo contrario. Una década mágica en la que el suelo adquirió la condición de producto financiero refugio con altísimas rentabilidades; suelo que, por cierto, las auditorías externas realizadas por los bancos califican de suelo basura al haber perdido hasta el 90% de su valor contable. A pesar del drama que han provocado estas realidades y a pesar de una situación carente, sin duda, de todo tipo de ética, hoy hay quien continúa sin querer aprender del pasado, y no aprender del pasado es la mejor garantía de volver a repetirlo, de volver a tropezar en la misma piedra. Evitar que no se vuelva a producir una situación de sobreendeudamiento de las familias como la que nos ha llevado a este verdadero drama social solo es posible cambiando legislativamente la realidad que hoy estamos debatiendo. Ese es el objetivo que nos queremos plantear con nuestra proposición de ley. Que quede claro, como es obvio, que nuestra iniciativa no la planteamos de manera cerrada, que no pretendemos que nuestras propuestas sean las únicas posibles. Además, somos conscientes de que en el tiempo transcurrido desde su presentación hasta su debate algunas de las situaciones han sido objeto de alguna modificación, menor, pero que hay que tener en cuenta. Por tanto, desde ese punto de vista, estamos absolutamente abiertos -como no podía ser de otra manera- a discutir su contenido. Creemos sinceramente que se trata de una proposición útil para que esta Cámara afronte cambios en profundidad de la legislación. Para ello, queremos contribuir en positivo, desde la denuncia de la aberrante situación actual, pero, al mismo tiempo, aportando soluciones. Me dirijo especialmente al Grupo Popular, que suele criticar y deslegitimar las acciones de los otros grupos planteando que nosotros nos quejamos pero no aportamos soluciones. Pues bien, aquí tienen a su disposición la posibilidad de pasar de la denuncia a las soluciones, pero para eso hay que estar abiertos a algo más que decir que no, hace falta estar abiertos a dialogar con el resto de la Cámara.


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En el título I planteamos que la ley establezca los términos y condiciones en que pueda concederse en el futuro un crédito hipotecario -sí, más regulación-, que se tengan en cuenta los ingresos personales y familiares de quien solicita la hipoteca y, por supuesto, que se establezcan límites temporales de amortización. En el título II planteamos un cambio en la regulación de los ingresos inembargables. Somos conscientes de que el Real Decreto-ley 8/2011 ya abordó estos aspectos, pero creo que hoy todos somos conscientes, sin duda, de que es una regulación absolutamente insuficiente porque en estos momentos nos encontramos con muchas familias a las cuales el concepto de inembargable no les sirve para vivir cada día de manera mínimamente digna. Eso debe hacerse, sin duda también, acudiendo a ponderar el número de miembros de esa familia y la situación de sus ingresos. En el título III proponemos que se regulen e incentiven los procedimientos de liquidación ordenada de las deudas de las personas físicas con insolvencia sobrevenida. Sí, procedimientos de liquidación ordenada para acabar con la jungla salvaje en la que se han convertido algunos procesos de embargo y desahucio, una jungla salvaje donde, después de la ley, aparece la trampa por parte de las entidades financieras. Hemos tenido oportunidad de verlo denunciado hace muy pocos días en los medios de comunicación.

Planteamos que estos procedimientos tengan un camino judicial, y algunos extrajudicial, que permitan a las personas insolventes ordenar el pago de sus deudas y, sobre todo, evitar la acumulación de intereses usurarios por mora en el pago. Señoras y señores diputados, se nos debería caer la cara de vergüenza a todos al comprobar cómo en nuestro país se dan situaciones en las que el embargo y desahucio de las personas de su vivienda habitual van acompañados de unos intereses moratorios que son pura usura. Porque usura es estar en estos momentos haciendo recaer sobre las personas intereses en muchas ocasiones superiores al 20%. Todo ello, hasta ahora, con la vista gorda del organismo supervisor, el Banco de España, y de los organismos reguladores, el Gobierno de la nación. Creo, sin duda, que ha llegado el momento de que se salga de esa tolerancia ante una situación de clara usura que, además, nos ha llevado ante los tribunales de justicia de la Unión Europea. Supongo que son ustedes conscientes de que en estos momentos existe una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente por incumplimiento de la Directiva europea sobre los derechos de los consumidores y usuarios en términos de esos intereses de mora absolutamente abusivos. Por eso también en ese procedimiento judicial y extrajudicial ordenado de las deudas, planteamos mecanismos para que se acuerde la quita y espera de esa deuda, así como las condiciones de condonación de la misma, sí, para que las familias puedan tener los mismos derechos que en estos momentos tienen las empresas inmobiliarias. ¿Cómo es posible que un país pueda soportar con normalidad que los bancos que están recibiendo ingentes ayudas públicas apliquen quitas, espera, reestructuración de la deuda a las entidades inmobiliarias por importes en muchos casos supermillonarios y, en cambio, se nieguen a hacerlo por centenares o miles de euros a las familias? Creo que sin duda eso es lo que no ha sabido resolver el código de buenas prácticas del señor De Guindos y lo que nosotros tenemos obligación de resolver. Será con esta proposición de ley, será con la iniciativa legislativa popular que presente en su momento la plataforma de afectados por la hipoteca, pero más pronto o más tarde, por una cuestión de justicia y también de racionalidad, este Congreso deberá abordar esta situación de drama social que hoy se da en nuestra sociedad, especialmente cuando se trata de la vivienda habitual. (Aplausos). Además, por si no fueran pocos los argumentos de naturaleza social, hay que tener en cuenta también los argumentos de naturaleza económica. Hasta qué punto la codicia puede llegar a cegar al ser humano, cuando en estos momentos estamos comprobando cómo la codicia de algunos bancos, que se han negado durante cuatro años a darse cuenta de que lo más rentable no solo socialmente sino también económicamente, lo más útil para todo el mundo, era poner a uso social ese parque de viviendas vacías, que continúan estándolo y sin ningún tipo de función social. Es, desgraciadamente, una prueba evidente de hasta qué punto la codicia de unos pocos se puede llegar a convertir en un drama social para la mayoría. Esa codicia y ese drama social para la mayoría es lo que está detrás sin duda de la situación también de nuestras entidades financieras. Por eso, si no lo tienen en cuenta por razones de justicia social, al menos atiendan a las razones de naturaleza económica.

Señorías, voy terminando. Somos conscientes de que con nuestras propuestas afectamos al sacrosanto principio de la propiedad privada como derecho exclusivo; un derecho exclusivo que no tiene, no debería tener, ningún derecho, tampoco el de la propiedad privada. Un carácter exclusivo de la propiedad privada que no tiene ningún respaldo constitucional y es fruto solo de una ideología salvaje que eleva la propiedad privada a la condición del único derecho absoluto y sin límites. Quisiera recordar aquí que de la misma manera que el artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada, el artículo 47 reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sobre todo porque la Constitución española nos dice hoy, en 2012, una cosa tan revolucionaria en esta situación como que la propiedad privada debe estar sometida a su función social, algo que desgraciadamente no se da cuando entra en colisión con el derecho a la vivienda.

Señoras y señores diputados, somos conscientes de que estamos ante una situación que dramáticamente está afectando a muchas personas y que es urgente abordar. Es el proceso que tiene en cuenta muy especialmente las circunstancias de hoy. Si esta proposición de ley era necesaria cuando empezó esta legislatura, hoy además es absolutamente vital porque la ciudadanía no va


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entender que, ante un proceso de capitalización de los bancos, no haya contrapartidas sociales, entre las cuales sin duda existe esa exigencia a las entidades financieras para que adopten claramente unos comportamientos distintos.

Termino. Señores del Gobierno, señores del Partido Popular -que sin duda son imprescindibles para que esta proposición vaya adelante-, si ustedes no abordan de una vez por todas esta problemática, si su mayoría absoluta se niega a que en el Congreso se encuentren soluciones para abordar esta dramática problemática de la gente, lo va a hacer la sociedad; la sociedad organizada a través de la plataforma de afectados por la hipoteca y otras muchas cosas, y lo va a hacer pronto, posiblemente este otoño, y cuando eso suceda, por favor, no empiecen a levantar la voz denunciando que las organizaciones sociales son unos antisistema. Señorías, ante la situación actual, no son antisistema los movimientos actuales que reivindican el derecho a la vivienda digna, los antisistema son los que utilizan recursos públicos para salvar bancos y concesionarias de autopistas y en cambio se lo niegan a las familias. Esos son los que están poniendo en riesgo el sistema que, en definitiva, es la fórmula de convivencia que nos damos los ciudadanos. Tenemos una oportunidad, espero que esta vez no la desaprovechen ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño para expresar la posición de Geroa Bai, favorable a la propuesta que nos hace La Izquierda Plural y que ha presentado el señor Coscubiela. Quiero señalar que es francamente difícil apuntar o reforzar con más datos nuestra posición favorable. Yo creo que ha quedado expresada con todo tipo de apuntes la bondad de una iniciativa de estas características. Si acaso -y no me sustraigo a ello- perfilaré en términos de circunstancia personal la propuesta que nos hace o la iniciativa legislativa que nos presenta La Izquierda Plural. Doy los datos: ciudadano del Estado español en paro, con hijos a cargo y una hipoteca media de entre 100.000 y 200.000 euros. Este es el perfil de las personas desahuciadas. Estamos hablando de que en el 82% de los desalojos que se han producido durante todos estos meses en el conjunto del Estado español, en todas las comunidades autónomas, se trata de familias con menores. Estamos hablando, por tanto, de que el desahucio supone el final en muchos casos de la atención médica normalizada y también se trata en muchos casos del final de la escolarización de muchos menores.

Quiero recordar -y será también un breve apunte- que se han producido ya algunas iniciativas de entidades financieras que se mostraron en su momento favorables a la dación en pago; entre ellas, en la Comunidad Foral de Navarra se vivió la primera oferta de estas características de una entidad financiera que se mostraba de acuerdo en utilizar la fórmula de la dación en pago para saldar la deuda. Sin embargo, no se conocen casos en los que se haya llegado hasta el final de que sea saldada la deuda a través de la dación en pago. Es por lo tanto una circunstancia urgente la que nos ocupa, es por lo tanto una circunstancia que requiere una iniciativa legislativa. Por eso apoyaremos la propuesta que nos presenta el señor Coscubiela, pero me gustaría señalar, e insistir en ello, que mucho antes de que llegue septiembre debiéramos estar desde esta Cámara dando respuesta a las necesidades de la población.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

De tanto hablar de bancos, a algunos se les olvidan las personas. Hoy hablamos de bancos; esta mañana también hablamos de autopistas, autopistas que construyeron bancos y constructoras, y sale la ministra salvadora para enjugar las pérdidas de estos bancos y de estas constructoras. Me pregunto: ¿si hubiera habido beneficios también se habrían repartido entre todos? Pero estamos como siempre: privatizamos los beneficios y socializamos las pérdidas. Y en medio de tanto ruido se nos olvidan las cosas realmente importantes. ¿Quién hizo este agujero descomunal? ¿Quién se enriqueció? ¿Cuánto estafaron? ¿Por qué no hicieron nada los responsables del Banco de España y los responsables autonómicos? Y, sobre todo, lo que quieren saber los ciudadanos: ¿Por qué nadie paga por ello? ¿Por qué nadie da la cara? ¿Por qué nadie asume responsabilidades? ¿Por qué se esconde el presidente de este Parlamento? La respuesta es dramáticamente simple: porque a algunos se les olvidan las personas.

Hoy aquí estamos debatiendo una proposición de ley que habla justamente de las personas, de ayudar a las personas, de rescatar a las personas, de intentar enmendar los abusos y los desmanes del pasado. Daré algunas cifras elocuentes que hablan por sí solas. En 2011 más de 58.000 desahucios, 150 al día, un 22% más que en 2010; entre 2005 y 2011, 356.000 ejecuciones hipotecarias; por el contrario, según el censo de población y vivienda, en el Estado español hay más de 3 millones de casas vacías. Son cifras para pensar. Por eso les pido que piensen antes de apretar el botón, y que no pase como con la otra iniciativa de la dación en pago que se discutió aquí el 6 de marzo y que presentó Joan Coscubiela, con un resultado demoledor, descorazonador: a favor, 36; en contra, 181; abstenciones, 118. Con el PP dando la espalda a los ciudadanos y el PSOE poniéndose de perfil


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para no mancharse. Acabo recordando de nuevo la cita de Nicolás Maquiavelo: No puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad. De eso se trata, señorías del PP y del PSOE, de voluntad y no de códigos de buenas prácticas voluntarias. Mientras algunos estarán en contra y otros de perfil, Compromís-Equo seguirá al lado de las plataformas de afectados por las hipotecas, al lado de las personas que están recogiendo firmas para que una iniciativa legislativa popular apoyada por cientos de miles de personas se discuta de nuevo en esta Cámara. Por tanto, esta proposición de ley contará con el voto favorable de Compromís-Equo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, queremos juicio a Bankia y a los culpables de la crisis.

En el último ciclo económico, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, pero también el escaso y caro mercado de alquiler, un tipo de interés a mínimos históricos, una normativa muy laxa para la responsabilidad de los bancos y cajas ante las condiciones ofrecidas para créditos e hipotecas, así como la nefasta supervisión por parte del Banco de España, han facilitado, cuando no empujado, a decenas de miles de familias a hipotecarse y, en la mayoría de los casos, solo para poder adquirir su vivienda habitual. Tanto es así que en el año 2008 el precio del mercado de la vivienda representaba siete veces la renta disponible de una familia mediana y esto, a nivel colectivo, significaba que en el año 2010 el endeudamiento de las familias se elevaba casi a 958.000 millones de euros, lo que supone el 95,8% del PIB español o, lo que es igual, el monto de casi todo lo producido en este país a lo largo de un año. Escandaloso. Y especialmente escandaloso cuando el dinero prestado no era de los bancos que lo prestaban sino de los bancos extranjeros, como los alemanes, que se lo prestaban a los españoles para que, a su vez, se los prestaran a las familias que querían adquirir una vivienda. La conclusión es que las familias se endeudaron por encima de sus posibilidades, pero los bancos también se endeudaron por encima de sus posibilidades, con la complicidad activa o pasiva del Banco de España y de los sucesivos gobiernos.

De ninguna manera se puede aceptar que todas las consecuencias de la crisis y de un sistema financiero desregulado recaigan siempre sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario. Por eso, tal como nos propone esta proposición de ley, tenemos que avanzar hacia el equilibrio y la protección de las personas y de las familias. Es imprescindible, no solo para conseguir justicia social, que es lo que perseguimos, sino sobre todo para evitar nuevas bolsas de pobreza y exclusión. Felicitamos al grupo proponente y también a la plataforma de afectados por la hipoteca, que en Cataluña ha recibido el premio a la mejor iniciativa solidaria del año por su campaña con el hashtag Stop desahucios, que solo este mes de junio ha conseguido paralizar o suspender más de veinticinco desahucios. Hoy mismo se preveían dos y mañana cinco más, uno de ellos precisamente en la ciudad de Badalona, donde gobierna el Partido Popular, pretende dejar en la calle a una pareja con un hijo pequeño.

Acabo. Criticamos severamente la aplicación de la actual legislación hipotecaria, causa directa de los desajustes sociales que llevan a muchas familias a situaciones de insolvencia que no solo deben afrontar la pérdida de su vivienda habitual sino también la carga -esto sí- de una larga condena financiera que conduce irremediablemente al riesgo de la exclusión social. Exigimos, pues, irremediablemente, un cambio en la legislación, como pasa en nuestro entorno -Francia, Bélgica, Alemania- o en países anglosajones. Daremos nuestro voto afirmativo a esa iniciativa, que no pretende otra cosa que hacer justicia y proteger a las víctimas de la crisis que han provocado los de siempre.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Jordà.

Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, muy brevemente desde el escaño para anunciar nuestro voto favorable a esta proposición de ley. No es que estemos de acuerdo en todas las medidas que contempla, pero su tramitación, en el remoto caso de que se produzca, nos permitirá enmendar las cuestiones que consideramos oportunas. No obstante, compartimos completamente la filosofía, las ideas básicas que se recogen en la iniciativa. El impacto de la crisis económica, fundamentalmente en términos de destrucción de empleo y aumento considerable del paro, junto al estallido de la burbuja inmobiliaria, ha pillado a multitud de ciudadanos, muchos de ellos de renta baja, sobreendeudados por la compra de su vivienda habitual. A partir de ahí, en muchos casos han tenido la desgracia de ir al paro y tener que seguir pagando la hipoteca de un piso que incluso cada vez valía menos en el mercado, y a la que han tenido que hacer frente con unos escasos ingresos. Es completamente necesario considerar y avanzar en temas como la dación de pago y declarar inembargables las rentas imprescindibles para poder vivir y mantener una familia con dignidad. No es vendible, no es creíble y no es decente que muchos banqueros, aunque no todos, que han cobrado indemnizaciones millonarias vergonzosas, exijan a los ciudadanos entrampados hasta el último céntimo, a pesar de que ello ponga en riesgo la dignidad de estas personas y sus familias. De igual manera, la experiencia de la crisis ha de servir para que las enti


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dades financieras adopten medidas para limitar en un futuro los riesgos que pueden derivarse de los créditos hipotecarios. La experiencia europea seguro que nos sirve para orientarnos y creo que la podríamos utilizar.

Sin más, manifiesto nuevamente que votaremos a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Convendría recordar el tipo de situaciones humanas de las que estamos hablando en esta proposición de ley, porque a veces es fácil olvidarlas tras la frialdad de las cifras. Estamos hablando de familias que, cuando el precio de la vivienda estaba en niveles astronómicos, quisieron, igual que sus padres, igual que ha sido tradición entre la mayoría de las familias españolas, tener una vivienda en propiedad de 50 o 60 metros cuadrados, y pudieron hacerlo gracias al alargamiento de los plazos de las hipotecas durante décadas y con un esfuerzo considerable en términos de renta, que era la única manera de acceder a la vivienda en esos años. Estas familias se han encontrado con una crisis económica que dura ya cuatro o cinco años, con un grave problema de desempleo y, por tanto, con un problema de insolvencia sobrevenida; es decir, son familias que querrían seguir haciendo frente a sus compromisos y que se ven imposibilitadas para hacerlo. A este respecto, es muy ilustrativa la tasa de mora de la que estamos hablando. La tasa de morosidad en las hipotecas es solo del 3%, lo que contrasta con tasas de mora del 22,8% entre los promotores o tasas de morosidad en la construcción del 20%. Estas familias han hecho el máximo esfuerzo por seguir haciendo frente a sus compromisos, pero simplemente les resulta imposible en la situación de desempleo en la que han caído. Aunque la tasa de morosidad es muy baja, afecta a un colectivo muy amplio y, por tanto, un pequeño porcentaje de un colectivo muy amplio nos da, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, que estamos hablando ya de más de 300.000 familias que han sufrido procedimientos de ejecución hipotecaria desde que la crisis se inició. Es un pequeño porcentaje de un amplísimo colectivo.

No deberíamos olvidar tampoco el agravante de que, con ser dramática la pérdida de la vivienda habitual -el ministro de Economía nos decía en el Pleno que es lo peor que le puede pasar a una familia-, a menudo estas viviendas se subastan a precios muy bajos. Hay una norma que obliga a que no se subasten por menos del 60% del valor de tasación, pero mi grupo formulaba una pregunta la semana pasada por escrito haciéndose eco de las denuncias de Facua, de que ni siquiera siempre esta norma se cumple. A través de sociedades filiales a veces las viviendas se subastan incluso por debajo del 60%. Al subastarse a bajo precio más los intereses de demora hipotecarios tan altos, más los costes legales, muy a menudo estas familias se encuentran sin vivienda y con un remanente de deuda que tampoco difiere enormemente del que tenían inicialmente; se quedan sin vivienda y con la mayor parte de la deuda con lo que, aparte de pagar la vivienda, tienen graves dificultades para rehacer su vida.

Este importante drama social ha tenido reflejo en la Cámara. Ha habido una iniciativa legislativa del Gobierno para atender esta situación que se aprobó, por supuesto, pero que tiene el problema de que se centra en un colectivo por debajo de un umbral de exclusión muy estricto, es decir, solo atiende a un porcentaje muy pequeño de estos casos; el conjunto del problema prácticamente sigue sin atenderse y sigue igual que antes de esta medida aprobada por el Gobierno. Ha habido otros grupos en la Cámara que han presentado iniciativas legislativas, alguna más de La Izquierda Plural y de otros grupos. Querría recordar que también nuestro Grupo, Unión, Progreso y Democracia, se ha preocupado por esta cuestión y el 14 de marzo del año 2012 se aprobó en la Comisión de Economía una proposición no de ley por unanimidad para limitar los intereses de demora hipotecarios. Esa proposición no de ley se aprobó por unanimidad, pero a día de hoy sigue sin haberse puesto ningún límite legal a estos intereses de demora hipotecarios.

También presentamos por las mismas fechas en el Pleno el 13 de marzo de 2012 una proposición de ley de dación en pago y protección de las personas físicas insolventes. Los principales rasgos de esta proposición de ley eran acabar con esta responsabilidad ilimitada de los deudores que les impide rehacer su vida, darles un trato similar al de las empresas y tratarles con una perspectiva concursal. Cuando una empresa entra en quiebra hace frente a sus obligaciones hasta donde puede y a partir de ahí tiene el contador a cero. Es un enfoque tan poco revolucionario que es el que se utiliza en Estados Unidos, lo que se llama allí el fresh start. ¿Cómo proponíamos hacer esto en nuestro país? Recurriendo a la autoridad judicial para que mediante un convenio o un concurso de acreedores el juez determinase la capacidad de pago del deudor y si había parte de la deuda de la que había que exonerarse, dándole un plazo máximo de cinco años para hacer frente a los compromisos. También se proponía un procedimiento más rápido de mediación notarial en caso de que hubiese acuerdo entre las partes. Se incluían también otras medidas de protección como elevar al 70% del valor de tasación el precio mínimo al que se podía subastar la vivienda, como que a partir de ahora la dación en pago fuese el procedimiento habitual en las hipotecas o tratar también el problema de tributación en el IRPF, que suele ir unido a estos procedimientos.

Recuerdo todo esto porque nuestra iniciativa no era muy distinta en sus líneas esenciales de la proposición de ley que hoy propone La Izquierda Plural, y no lo digo


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como crítica, que conste. Nuestra iniciativa contó con el apoyo de bastantes grupos de la Cámara, pero no del grupo mayoritario, no se aprobó y La Izquierda Plural está en su perfecto derecho de presentar su propia iniciativa e insistir en el tema. De hecho, nos alegramos de que concuerden las líneas generales porque eso indica que al venir de grupos ideológicamente tan dispares las líneas lógicas de solución cuando se trate este problema tienen que ir por ahí, equiparando la situación de las personas físicas a la de las empresas.

En consecuencia, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Si otros grupos también la aprueban presentaríamos enmiendas más adelante porque hay discrepancias de detalle entre nuestras ideas y las que aquí se traen a la Cámara, pero nuestra posición es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Además, nos parece más importante que se solucione el problema social que de dónde venga la iniciativa. No se trata de ponerse medallas, sino de que este problema social encuentre una solución por cauces legales gracias a la legislación que sale de este Congreso.

Querría concluir haciendo un comentario sobre que siempre que se traen iniciativas sobre esta cuestión a la Cámara hay partidos que las tratan con un tono un tanto descalificatorio. Enseguida son propuestas demagógicas, y es muy sorprendente que en un país en el que se rescata a los ayuntamientos, a las comunidades, a las cajas y a las autopistas de peaje, parece que el único sector social al que no es posible rescatar, entre comillas, es el de las familias. Sin embargo, una institución tan poco sospechosa de posturas que algunos grupos llamarían demagógicas, como es el Fondo Monetario Internacional, en sus informes sobre España, a menudo ha señalado que son necesarias medidas de reestructuración de la deuda privada, y eso es lo que estamos discutiendo hoy aquí, una reestructuración ordenada de la deuda privada. Por tanto, felicitamos a La Izquierda Plural por esta iniciativa e insisto en que nuestro voto será favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, mi grupo, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo va a hacer por muchos motivos. Primero -no siempre coincido con UPyD, pero hoy sí-, por un motivo fundamental y es que una sociedad moderna es una sociedad que podemos llamar de las segundas oportunidades. Nosotros defendemos que para salir de la crisis nuestras empresas, por ejemplo, deben tener una segunda oportunidad y por eso nuestra legislación mercantil ha ofrecido soluciones, procesos concursales para que aquellos que por lo que sea han tenido un comportamiento adverso de su economía empresarial dispongan, previo control judicial, lógicamente, de una segunda oportunidad. Si hemos defendido esto, ¿cómo no vamos a defender que las familias tengan también una segunda oportunidad? Y por si ello fuera poco, ¿cómo no vamos a defender que las familias tengan una segunda oportunidad cuando seguramente no han sido responsables de lo que les ha sucedido con sus hipotecas? No han sido responsables porque alguien les concedió irresponsablemente unos créditos en muchos casos, porque alguien que tenía que controlar a los que concedían créditos no lo hizo y porque de alguna manera el Estado de derecho ha fallado. Ha fallado en sus máximas instituciones, como el Banco de España; ha fallado estrepitosamente y ante ello debemos dar respuesta.

Mi grupo, como todas las señoras y señores diputados conocen perfectamente, fue el primero que trajo una iniciativa a este Pleno -hará ya tres años- sobre esta materia. No fue una proposición de ley, sino una proposición no de ley. Ya en aquel entonces estas cifras que los distintos portavoces que han intervenido hasta ahora han hecho públicas se veía venir cómo se estaban disparando. Por tanto, señoras y señores diputados, debemos actuar y es urgente que lo hagamos cuanto antes. Es urgente, además, que no tomemos más medidas parlamentarias dilatorias. En estos momentos -me temo, señor Coscubiela, que su proposición de ley no va a contar con la aprobación de la Cámara, aunque ojalá me equivoque-, además de esta oportunidad que yo defiendo -apelaría a la bancada de la derecha para que por una vez hicieran caso al señor Coscubiela, porque hoy vale la pena hacerle caso-, hay otra.

Hay otra oportunidad, y es que tenemos una subcomisión para trabajar, por cierto, sobre un tema también candente como son las preferentes, pero también sobre los productos hipotecarios. Señoras y señores diputados, no podemos irnos de vacaciones suspendiendo los trabajos de esta subcomisión. Nuestro grupo ha pedido que esta subcomisión trabaje también este verano. Me parece que es de sentido común, de responsabilidad e, incluso, de pura humanidad que no nos vayamos de vacaciones mientras hay tantos ciudadanos que se pueden quedar sin vivienda. El año pasado la subcomisión que trabajaba exclusivamente en el tema de la reforma del sistema hipotecario trabajó durante el mes de julio. Creemos, por tanto, que no hay ningún motivo para que esto no suceda también durante este año.

Vuelvo a la mayor, a esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Vamos a votar a favor de su toma en consideración porque, al margen de algunos aspectos que corregiríamos -por ejemplo, reduce algo que está mejor de lo que proponen; en cuanto al salario inembargable proponen el 100% cuando es el 150%, pero esto ya lo corregiríamos- y más allá de algunas medidas que discutiríamos, la idea y el corpus de esta proposición de ley, que me parece que es correcto,


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tiene mucho que ver con un documento que se está trabajando en el Parlament de Catalunya que tengo aquí, propuesta de refundición global quinta, en el que las técnicas y soluciones son básicamente las mismas que se presentan en la proposición de ley: partir de un determinado procedimiento extrajudicial que permita, a través de unos mecanismos que puedan ser evaluados y arbitrados, que puedan suspenderse los procedimientos de ejecución hipotecaria en los casos que así se estime imprescindible para proteger socialmente a los ciudadanos. Estos son los mecanismos básicos que nuestro grupo ha planteado en más de una ocasión. Es evidente que estos mecanismos son de una potencia jurídica muy superior al mecanismo puesto en vigencia hace unos meses y que me temo -y me gustaría equivocarme- que no está dando los resultados apetecibles.

Señoras y señores diputados, todos somos conscientes de que una de las cuestiones más candentes que hay que resolver en nuestro país en estos momentos y que más preocupa e indigna a los ciudadanos es el riesgo de pérdida de la vivienda. Las cifras son espantosas. Aquí hay muchos diputados que han leído cifras. Me ha llegado esta mañana la noticia de un periódico de Girona -yo no soy diputado por Girona, pero soy de Girona- cuyo titular dice que casi 9.500 familias de Girona han perdido la casa por impago desde 2008. En un contexto de 700.000 habitantes en Girona, que 9.500 familias hayan perdido su vivienda me parece una cifra realmente espantosa y, como han dicho otros diputados, su trasposición a nivel de todo el Estado me parece igualmente alarmante. Por tanto, por todas estas familias y para que no sigan siendo muchas más, para que los ciudadanos comprendan que a veces hay que salvar las empresas -pequeñas, medianas o grandes empresas- y para que comprendan que a veces hay que salvar al sector crediticio porque del crédito depende casi todo, se hace absolutamente imprescindible que esta Cámara actúe con la máxima responsabilidad. Hoy, señoras y señores diputados, esta máxima responsabilidad coincide plenamente con dar el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley. Es evidente que esto puede suceder, pero no sé si va a suceder, me temo que no. En cualquier caso, hay otra oportunidad, la iniciativa legislativa popular, que según tengo entendido es la tercera en el orden de iniciativas legislativas populares y, por tanto, aún puede tardar unos meses en ser sustanciada su toma en consideración. Así pues, ante estos posibles meses -casi un año según estimaciones que uno hace, aunque puede ciertamente equivocarse y lo desearía por otra parte-, ante esta dilación, yo creo que sería de justicia, por respeto a todos estos ciudadanos que han creído en este procedimiento de iniciativa legislativa popular, que hoy diéramos luz verde a esta proposición de ley. Repito, habría que perfeccionarla, pero contiene mecanismos suficientemente potentes como para que encaremos la propia resolución de un gravísimo problema. Se trata de un problema de muchas familias, pero es también un problema específico de la clase política de este país. Nos estamos jugando, señoras y señores diputados, nuestra propia credibilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el sentido del voto del Grupo Parlamentario Socialista es positivo, a favor de la proposición de ley presentada por La Izquierda Plural, entendiendo además la oportunidad de traer una medida de estas características justamente en este momento a esta Cámara y ante la conciencia que debemos tener todas y todos de las enormes dificultades que muchas personas y muchas familias están atravesando en este momento, sometiéndose a un alto nivel de endeudamiento, no doloso y sobrevenido, como ya se ha dicho, del que no son culpables, consecuencia en muchas ocasiones también de la sobrevaloración de su vivienda. Este es un tema de máxima preocupación y, al parecer, de la mayoría de los grupos parlamentarios; vamos a ver si de todos ellos o solo de la mayoría.

No es la primera ocasión que hablamos en esta Cámara de un asunto de estas características. Ya se han debatido iniciativas legislativas relacionadas con la insolvencia personal, se han debatido iniciativas legislativas relacionadas con la dación en pago, y los distintos grupos parlamentarios, también el socialista, han traído sus propuestas, propuestas que incluso llevaron al ministro de Economía en algún momento a afirmar su compromiso a actuar sobre el endeudamiento y sobre la insolvencia, con lo que no se justificaría que rechazaran una propuesta de estas características, como la que trae La Izquierda Plural. Sin embargo, mucho nos tememos que no será así, porque la política errática de vivienda impulsada desde el Gobierno nos hace pensar justamente lo contrario. Es una política que se retrotrae más a ese tiempo en el que por acción y omisión colaboró a hinchar la burbuja inmobiliaria que efectivamente negaban entonces secretarios de Estado como hoy el ministro de Economía, Luis De Guindos, cuando decía que la gente se podía comprar casas y que nuestro endeudamiento estaba por debajo del endeudamiento de Europa, más a colaborar con la burbuja inmobiliaria que a tomar determinación en un tema que, como ya se ha dicho también esta tarde, afecta cada vez a más ciudadanas, a más ciudadanos, a más familias. Son 150 desahucios al día los que se están produciendo en este momento en nuestro país; gente que se ve sometida a situaciones extremas y que no ve por parte del Estado ninguna forma de protección. Por toda medida, el Gobierno decidió adoptar un código de buenas prácticas para proteger a las entidades financieras, un código de buenas prácticas que, como ya advertimos, no iba a servir absolutamente para nada,


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porque establecía tales umbrales que no podrían beneficiar a más de un 4% de las personas afectadas. Nada más llegar al Gobierno tomaron otras medidas, otras decisiones relacionadas con la política de vivienda que nos iban a hacer pensar exactamente lo mismo. Recuperaron las deducciones fiscales para la compra de vivienda, hoy criticadas desde la Comisión Europea o desde el Fondo Monetario Internacional, y no sabemos qué van a hacer en el futuro con esas deducciones. Asimismo, eliminaron políticas acertadas, exitosas, que venían funcionando y que servían para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población a los que más afectaba la dificultad, como al sector de la población joven, eliminando la renta básica de emancipación. Eliminaron cualquier tipo de instrumento para la dinamización del mercado de alquiler mientras que nos pretendían convencer de que esa era su prioridad, y lo demostraron, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuestos eliminando drásticamente cualquier tipo de presupuesto dedicado al alquiler o a la rehabilitación de vivienda. Mientras, nos anuncian una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de la que ya debatiremos en esta sala, en la que parece que la medida estrella se concentra en facilitar el desahucio, justamente donde los demás vemos los problemas sociales, donde los demás, donde la ciudadanía nos está exigiendo que tomemos medidas. Todas estas son acciones que no solo no van dirigidas a atender lo que más que una preocupación social empieza a ser algo de primera necesidad, sino que, lejos de facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas y adecuadas como establece nuestra Constitución, pone las esperanzas del Gobierno en la vuelta al ladrillo y muy lejos de las reclamaciones ciudadanas.

La proposición de La Izquierda Plural plantea para nosotros algunas dudas. Como se ha dicho, podría ser manifiestamente mejorable, pero contempla un objetivo que debe ser común de todas y todos los que estamos aquí: evitar el endeudamiento hipotecario, la creación de futuras burbujas inmobiliarias o crear mecanismos que permitan la renegociación de las deudas, especialmente en lo que se refiere al saldo de la deuda con vivienda o lo que se ha venido en denominar dación en pago. Entendemos que se centra en abordar las situaciones de emergencia y se puede mejorar en cómo resolver las insolvencias futuras. Establece procedimientos extrajudiciales, dejando la elección de los mismos a los acreedores en lugar de los deudores, y algunas otras cosas que pudieran ser matizables, como contemplar como máxima la dación en pago, una máxima que entendemos que no debe ser tal, puesto que resuelve el problema de deuda, pero no resuelve el problema de la necesidad de vivienda del deudor.

En esta misma lógica, anunciamos hoy, desde aquí, que en el caso de que esta proposición de ley de La Izquierda Plural sea rechazada, el Grupo Parlamentario Socialista dará esa segunda oportunidad y registrará durante esta misma semana un proyecto de ley en la misma dirección que sirva para corregir estas disfunciones e injusticias en los procedimientos de ejecución, un proyecto con vocación de permanencia para la prevención de la insolvencia futura y una amplia modificación normativa. Es posible que la insensibilidad del grupo mayoritario y su mayoría rotunda impida que hoy pongamos la atención en el foco del problema, pero no que la gente entienda que no nos preocupan sus problemas. Es necesario establecer equilibrios, mejorar la situación y la protección del deudor no doloso, actuar con celeridad y plantear la suspensión de ejecuciones mientras no se resuelvan los procedimientos. No podemos estar echando a la gente de sus casas sin que se resuelvan sus procedimientos. Hay que hacer las modificaciones normativas necesarias que realmente garanticen la protección personal, combatir los abusos en las tasaciones, en el establecimiento de deudas, en las subastas y en las ejecuciones e impedir que una situación de insolvencia suponga una condena a la clandestinidad económica como está sucediendo actualmente. Un proyecto de ley, el que registraremos, que incida en crear un procedimiento extrajudicial garantista y equilibrado que permita evitar los desahucios y también el acceso a la vivienda. En definitiva, que pensemos en las familias, que pensemos en la gente, que demos respuesta a quien lo pierde todo, que no es justo pedirle a alguien que ya no tiene nada lo único que posee. Procurar en nuestro ordenamiento jurídico un acomodo justo y equitativo, no declaraciones de buenas intenciones para la banca, como las que se le han pedido en este tiempo. La ley no puede amparar de ninguna manera los abusos ni la usurpación de la vivienda.

Señorías, los códigos de buenas prácticas no son para la banca. En los países de nuestro entorno encontramos ya planes ordenados de pago de deudas para los ciudadanos que atienden a eso que tanto le gusta al Gobierno de la buena fe, en este caso que atienden a eso del buen pagador. Este Parlamento no se puede permitir hablar más de rescate financiero, omitiendo el rescate de miles de personas. No podemos limitarnos a sanear a las entidades financieras y sus activos, ya que eso ni siquiera garantiza la disposición del crédito para el futuro. No podemos regular la amnistía fiscal y dejar a la gente sin hogar. Si no son capaces de recuperar la confianza de los mercados, como no lo está siendo, al menos tratemos de estar a la altura necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, señorías, señor Coscubiela, permítame que antes haga un comentario sobre la intervención de la portavoz del Grupo Socialista. No entiendo cómo es capaz de subir a esta tribuna a criticar la política de vivienda del Partido


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Popular cuando esta mañana, en la Comisión de Economía, hemos tratado de la situación del sistema financiero y han salido unos datos que son escalofriantes. En créditos a la promoción, en 2003 -último año del Gobierno del Partido Popular-, 78.000 millones de euros; en 2009, 324.000 millones de euros. Préstamos a hogares para adquisición de vivienda, en 2003 -último año del Gobierno del Partido Popular-, 278.000 millones de euros; en 2009, 652.000 millones. Por tanto, le pediría algo de pudor a la hora de establecer las críticas políticas que está haciendo.

Señor Coscubiela, me pregunto si hay alguna posibilidad de que usted suba a esta tribuna a defender una propuesta sin descalificar al grupo al que le pide el voto. Eso es lo que debería haber hecho, porque usted ha subido a esta tribuna a pedirnos el voto y nos ha acusado de antisistema, de tener absoluta tolerancia ante la usura y de especuladores, etcétera. Además, lo hace cuando se debate un texto que iba a decirle que en realidad no nos produce ningún rechazo. Creo que, de todos los textos presentados por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, es el del mejor hilado posible y que trata aspectos que creemos positivos. Por tanto, a pesar de su intervención, no nos produce rechazo ni siquiera la exposición de motivos. Estamos convencidos de que el sistema hipotecario español, que lleva 150 años funcionando -y, por tanto, lleva desde democracia, dictadura, república, otra dictadura, monarquías absolutas, etcétera-, ha producido enormes beneficios a la sociedad, pero también estamos convencidos, y lo hemos dicho hasta la saciedad, que la crisis financiera ha puesto en evidencia una serie de aspectos de ese mismo sistema hipotecario que resultan desproporcionados e injustos; tremendamente desproporcionados y tremendamente injustos. Tan convencidos estamos, que nuestro grupo parlamentario en la pasada legislatura promovió la famosa subcomisión de análisis para la reforma del sistema hipotecario. Tan convencidos que el propio presidente don Mariano Rajoy, en su discurso de investidura se refirió a esa subcomisión y a la necesidad de reformar el sistema hipotecario. Y el presidente Rajoy se refirió a abordar absolutamente todas las cuestiones que afecten al sistema hipotecario, incluso la dación en pago, y que se debatieran todas las propuestas de todos los grupos políticos en esa subcomisión. Como consecuencia de ello también, en el mes de abril se creó una subcomisión -a la que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió- para estudiar los productos financieros y el producto hipotecario y proceder a hacer unas propuestas. Además, esa subcomisión puede y debe acometer este debate que debemos tener sobre nuestro sistema hipotecario y también formular las conclusiones y propuestas que estime conveniente. Le digo otra cosa, hoy más que nunca nuestro sistema hipotecario y nuestros productos hipotecarios no se encuentran aislados del resto de la Unión Europea y de los mercados internacionales. Hoy en Europa se está concluyendo una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, la directiva que se empezó denominando del crédito responsable y que regulará muy próximamente la mayoría de las cuestiones que plantea usted hoy. Por último, sabe usted que la reforma de la Ley Concursal le daba un plazo al Gobierno para remitir a estas Cortes Generales un informe en el cual se adoptaran ese conjunto de medidas para tratar igual al concurso de acreedores de una familia que cae en insolvencia sobrevenida y, por tanto, aplicarle las mismas medidas.

En consecuencia, creemos que la reforma del sistema hipotecario es absolutamente necesaria, máxime cuando el marco actual de la reforma financiera debe incorporar la normativa que se establezca en la directiva europea, en las conclusiones de la subcomisión, que ya está creada, y en el informe que el Gobierno tiene que remitir a esta Cámara, y ese es el motivo por el cual vamos a rechazar la toma en consideración de la proposición de ley, no hay otro motivo. Es más, creo sinceramente, señor Coscubiela, que tanto la directiva europea, como las conclusiones de la subcomisión, como el informe del Gobierno, estoy seguro que contendrán medidas muy similares a las que usted plantea.

No voy a eludir entrar en el fondo del texto que debatimos. De la exposición de motivos le digo solamente a título anecdótico algo que me ha parecido bien: es la primera vez en un texto sobre cuestiones similares que usted no hace referencia a Ley del Suelo del 1997, sino que se refiere exclusivamente a las condiciones de los préstamos hipotecarios como causa de la situación en la que estamos metidos, y eso lo comparto. Yo creo que es la burbuja financiera la que se ha llevado por delante al sector inmobiliario y no al revés. Por lo tanto, son esas condiciones del sistema financiero las que han creado los problemas que hoy tenemos. En el título primero se regulan las condiciones que deben tener los préstamos hipotecarios, es lo que denominamos en muchísimos debates conseguir hipotecas de calidad, que son buenas para los ciudadanos, pero también son buenas para nuestro sistema, porque con las hipotecas se tituliza y además se comercializa con ellos. Usted establece que no deben superar las cuotas de amortización el 30% de los ingresos familiares, que deben tener plazos máximos de amortización de treinta años y el importe máximo del 80%, y estamos completamente de acuerdo en que se regulen esos tres aspectos. Es más, yo soy de los que pienso que el incremento constante de los plazos de amortización es uno de los factores que más ha incidido en el aumento del precio de la vivienda, el incremento constante de esos plazos de amortización; pero creemos de verdad que la fijación de esos porcentajes de los plazos debería coincidir con lo que establezcan la directiva europea y las conclusiones de la subcomisión que está creada. Este título, señor Coscubiela, también limita los intereses moratorios. Coincido con el portavoz de Convergència i Unió, está mejor tratado ahora que lo que usted propone, pero yo creo que es porque la proposición de ley se presentó en el mes de febrero. Estoy comple


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tamente de acuerdo con acabar para siempre con unos intereses que en algunos casos llevan al 29%. Usted lo ha calificado de usura, yo también, también lo califico de usura, pero ya se ha tenido en cuenta en la aprobación de la proposición no de ley en la Comisión correspondiente y además en el decreto-ley del Gobierno también se ha tomado en cuenta, circunscrito a las familias en exclusión social, pero se ha tomado en cuenta una rebaja de esos intereses moratorios. Estoy completamente de acuerdo en que hay que acabar con ello. Usted hace referencia a las cuantías inembargables, ya se lo he comentado. En el título tercero se regula el procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de las personas físicas, que es una materia que en la citada Ley Concursal remite al informe del Gobierno su regulación y además establece la dación en pago y otras modalidades de garantía del derecho de vivienda en los procesos de ejecución hipotecaria.

En relación con la dación en pago, el presidente Rajoy ya ha manifestado que se va a admitir en el sistema por primera vez -el Partido Socialista en la legislatura pasada lo estuvo negando constantemente- que en el futuro pueda elegir un ciudadano o una familia si lo que quiere es una hipoteca en la cual la responsabilidad se limita a la finca hipotecada o una hipoteca con otras condiciones en la cual responda la totalidad del patrimonio del deudor. Lo que siempre hemos intentado transmitir es que, siendo injusto que alguien después de ejecutarse su vivienda en una subasta o que se lo adjudique el banco, siga pagando el resto de la deuda el resto de sus días -a eso me refería con lo de desproporcionado-, la dación en pago soluciona el problema de la liberalización de la deuda, pero no resuelve el drama de la pérdida de la vivienda del deudor y de su familia. Por ello, a nosotros nos gusta más el sistema adoptado por el Gobierno para los casos de ciudadanos y familias en el umbral de exclusión, que posiblemente haya que ampliarlo a una mayor parte de la sociedad. En ese sistema lo que se dice es que, si no se puede pagar la cuota de amortización para los deudores de buena fe y en caso de vivienda habitual, se haga una reestructuración de la deuda, periodo de carencia, ampliación de plazo, reducción de los tipos de interés y seguir conservando la vivienda que se habita. Si aun así no se puede pagar esa cuota de amortización, posibilidad de una quita sobre la deuda y seguir conservando la vivienda. Si continúa sin poder pagarse, entonces dación de pago, liberación de la deuda y posibilidad de seguir con la vivienda en un régimen de alquiler. Por eso, nos parece mejor avanzar en este sistema. Lo que sí nos parece acertado es lo establecido en el artículo 7 en el sentido de que en el supuesto de que una entidad financiera obtenga una plusvalía por la venta de la vivienda, yo añadiría...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Matos, debe concluir.

El señor MATOS MASCAREÑO: Termino enseguida.

...que obtuviera también una renta por el alquiler si lo alquilara, pues esas cantidades vayan dirigidas a liberar la deuda que le queda pendiente con la entidad financiera. Me parece completamente adecuado.

En resumen, sí a la reforma del sistema hipotecario, sí a dar solución a aquellas situaciones que todos consideramos injustas y desproporcionadas, sí a una mejor protección de los deudores de buena fe en los casos en los que la hipoteca vaya sobre la vivienda habitual, sí a que se haga a la mayor brevedad posible, pero también sí a poder conocer el resultado de la directiva que se está aprobando en estos momentos en la Unión Europea, a conocer el resultado de las conclusiones a las que llegue la subcomisión creada al efecto y esperar -que también está a punto de llegar porque se le está cumpliendo en este mes el plazo- al informe al que hace referencia la Ley Concursal.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Matos.

No hay réplica, señoría.

El señor COSCUBIELA CONESA: Es por una mención personal que ha hecho el diputado.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): El señor Matos ha dicho que usted le ha acusado de tolerancia ante la usura. Si es por eso, tiene un minuto, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Sí, muy brevemente.

Simplemente quiero hacer una aclaración para que el Grupo Popular no pueda tener argumentos en contra de la toma en consideración. Si resulta que el problema para no tomar en consideración nuestra proposición de ley son los comentarios que no le han gustado, no tengo ningún inconveniente en retirarlos a condición de que voten a favor. La verdad, nunca había visto cómo de doce síes se termina con un no. La verdad es que han conseguido una cosa que vulnera todas las reglas de la física, las matemáticas y la economía. Retiro todo lo que he dicho a cambio de que ustedes voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas Gracias, señor Coscubiela.

Señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.

Lamento, señor Coscubiela, que no me haya entendido. Me he referido a que debería haber alguna posibilidad de que usted suba a la tribuna sin descalificar al


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contrario para pedir el voto. Pero el motivo para no aceptar la toma en consideración es -y creía que había quedado claro- que en estos momentos estamos pendientes de una directiva europea, unas conclusiones de una subcomisión y un informe que tratan exactamente lo mismo que usted propone. Nosotros es lo que le hemos dicho, que estando de acuerdo con muchísimas cuestiones, es mejor incorporar a una proposición de ley o a un proyecto de ley las conclusiones de la subcomisión y las normas que establezca la directiva europea que se está tramitando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Matos.

PROPOSICIONES NO DE LEY.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, RELATIVA A UNA POLÍTICA PARA EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000356).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al siguiente debate, proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea. Para la presentación de la iniciativa, por siete minutos tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señorías, presidente, debatimos hoy la consecuencia derivada del acuerdo que alcanzamos la semana pasada para ratificar el pacto fiscal; pacto fiscal que nosotros apoyamos bajo el supuesto irrenunciable de que debería ser complementado por políticas de crecimiento. Lo bueno hoy y lo positivo entonces es claramente que los dos grupos mayoritarios llevan una propuesta conjunta de crecimiento económico a Europa y que el Gobierno asume por fin las tesis que se han impuesto en Europa en los últimos meses y que modifican claramente la línea seguida durante ese tiempo. Ya hablábamos hace una semana de cómo no existía ni tan siquiera ningún tipo de evidencia empírica que demostrara que la austeridad podía ser expansiva, e incluso, desde el jueves hasta hoy, el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe en el que explica que reducciones anuales por encima del 2% son destructivas, eliminan tejido productivo y son contraproducentes. De manera que esa tesis ha quedado atrás.

Es evidente que esta cuestión de crecimiento, como esta mañana ha dejado patente el ministro García-Margallo en la comparecencia que hemos tenido en la Comisión Mixta para la Unión Europea, cuesta aceptarla, y es verdad que el Partido Popular está haciendo ahora un barrido de intervenciones y un barrido de sus propuestas para buscar la palabra crecimiento. Ya nos ha dicho el señor ministro esta mañana que él ya en el año 1999 habló de crecimiento y también ha localizado la palabra crecimiento en un discurso que pronunció el presidente Rajoy en noviembre de 2011. Eso está muy bien, pero todos sabemos que sin el cambio que ha impuesto en Europa un hecho único y significativo, un hecho que es evidente, como ha sido la victoria del socialista francés Hollande en las elecciones presidenciales de Francia, no se hubiese producido este giro que nos está conduciendo al crecimiento. Este hecho, combinado con la necesidad de la señora Merkel de contar con una mayoría de dos tercios en el Bundestag para poder aprobar el pacto fiscal, y que también ha obligado al SPD a imponer una serie de medidas, así como lo que se dijo en el G-20, en Los Cabos, hace una semana, incluso por el propio presidente Obama, ha llevado a consolidar esta necesidad; un punto de inflexión evidente que ya tuvo un reflejo hace una semana, cuando el presidente francés François Hollande anunció su propuesta de destinar un 1% del PIB europeo al crecimiento, 130.000 millones de euros, que se vio ratificado el pasado viernes. Esos 130.000 millones de euros no son poca cosa, aunque incluso el señor García-Margallo esta mañana, en su defensa repentina de crecimiento, lo ha calificado como un pacto de mínimos algo escaso. Quiero recordar que 130.000 millones de euros es más que todos los fondos estructurales que ha recibido España en veinte años y que equivalen, más o menos, al presupuesto de la Unión Europea de un año, de tal manera que son muchos fondos, mucha capacidad de inversión y de incentivo de la economía.

En la propuesta que presentamos conjunta ambos grupos hay una serie de enmiendas que recogen muchas de las valoraciones y propuestas que presentó el Grupo Socialista la semana pasada; propuestas que se remontan a la campaña electoral del año 2011, que entonces defendió nuestro candidato, señor Rubalcaba, y que, sin embargo, no aparecen en el texto. Es un texto que es de mínimos y que nos hubiese gustado ampliar más, pero hasta aquí hemos llegado. Así, por ejemplo, la propuesta de eurobonos, de mutualizar la deuda, incluso hoy mismo, el Banco Central Europeo, el presidente del Eurogrupo, el señor Juncker y el presidente de la Comisión, ya han adelantado que se podrá crear un Tesoro europeo como primer paso para mutualizar la deuda. Por supuesto, hay que instar al Banco Central Europeo para que ponga en marcha otro tipo de políticas monetarias expansivas, que se preocupe más por el objetivo de empleo y que también intervenga con más decisión en los mercados de deuda para reducir la prima de riesgo. La fiscalidad verde también aparece en una enmienda, así como el obligado impulso de la demanda de los países que tienen mejor situación económica, tanto por la vía de la activación de la demanda como por la vía de permitir que sus salarios crezcan por encima de la media europea, con cierta apreciación competitiva que nos


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permita a los demás tener más margen y, por supuesto, la modificación del calendario de consolidación fiscal porque, como decía antes, es imposible reducir el déficit público cinco puntos en dos años sin destruir tejido productivo, sin generar mucho desempleo y sin, desde luego, crear efectos contraproducentes.

Sabemos que el Consejo Europeo tiene dos agendas: una agenda anotada tradicional, que es avanzar en los tres objetivos de construcción financiera, presupuestaria y económica -esta mañana hemos tenido ocasión de debatirlos-, y el nuevo pacto de crecimiento, que debe ser reforzado. Desde luego, la PNL incluye, primero, una llamada clara a las instituciones europeas para que hagan todo lo posible desde sus competencias para crear empleo e incentivar la economía, y esto incluye por supuesto al Banco Central Europeo, a su política monetaria y a su actividad en el mercado secundario, con operaciones de open market. Por supuesto, proponemos crear un plan de empleo juvenil y la puesta en marcha de bonos proyecto para que desde el Banco Europeo de Inversiones u otras instituciones se reactive la economía; proponemos armonizar la fiscalidad, crear un impuesto sobre transacciones financieras, así como avanzar hacia la unión fiscal, que debe ser la contrapartida de ese avance hacia la unión financiera, porque creemos que no solamente se debe aumentar el control desde las instituciones comunitarias del presupuesto comunitario y de los presupuestos nacionales, sino también el control de los ingresos, creando impuestos homologables, presiones fiscales similares para sostener nuestro Estado del bienestar y por supuesto también aportaciones equivalentes; y también proponemos avanzar hacia la unión bancaria, con los tres elementos que implica: un único regulador, un sistema de garantía de depósitos común y un mecanismo de rescate, un FROB europeo estandarizado. Sin embargo, esto no es suficiente. Hace falta un plan, hace falta mucho más, hace falta un plan de crecimiento, hace falta un plan de actuación, algo que la economía española no tiene y que es el origen de esa desconfianza que genera en los mercados financieros en los últimos meses. Es evidente que no puede haber estabilidad sin crecimiento; además, sin crecimiento no solamente no habrá estabilidad, no habrá confianza, y se hará insostenible el coste de la deuda pública española porque ese diferencial va a absorber muchos recursos públicos.

Por todas estas razones pido el apoyo a esta proposición no de ley, una moción de mínimos, sí, pero que debe contribuir a consolidar el giro del Gobierno español hacia las políticas de crecimiento, un giro todavía incipiente, un giro que no se ha consolidado del todo y un giro que debe verse reflejado en la formulación de propuestas concretas y claras en el Consejo Europeo este fin de semana por parte de nuestro presidente del Gobierno, de apuesta por el crecimiento, ese crecimiento que los políticos progresistas, socialdemócratas y socialistas han conseguido imponer por fin en la agenda europea desde la victoria de François Hollande en Francia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Moscoso.

También por siete minutos interviene la señora Rodríguez Herrer.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna en representación de mi Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea.

No es la primera vez que en estos últimos meses debatimos sobre crecimiento económico en esta Cámara, ni la segunda ni la tercera. Y es normal porque España se encuentra, entre otras, en una crisis de crecimiento que ha hecho que, por ejemplo, a finales de 2011 hayamos caído en renta per cápita por debajo de la media de la Unión Europea, lo que no sucedía desde el año 2001, exactamente un punto por debajo de la media y 9 puntos menos que la zona euro. Europa no pasa por sus mejores momentos, pero en España volvemos a constatar que la situación internacional nos afecta mucho más a nosotros que a los países de nuestro entorno.

El pasado 16 de mayo el Grupo Socialista interpelaba al Gobierno, que contestó por medio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la necesidad de una estrategia de crecimiento para Europa y España. El 29 de mayo conocíamos la moción consecuencia de la interpelación. El pasado jueves el ministro de Asuntos Exteriores defendió, se debatió por los distintos grupos y finalmente se aprobó, la Ley orgánica de ratificación del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Europea. Si se analizan las posturas planteadas, se llega a la conclusión de que en muchas ocasiones se presenta un enfrentamiento entre la necesaria austeridad de las cuentas públicas, en orden a cumplir con los compromisos derivados del Pacto de estabilidad y crecimiento, y unas en ocasiones, permítanme, etéreas políticas de crecimiento que, eludiendo la situación actual de nuestras finanzas públicas, no resuelven sus problemas de financiación a corto plazo. El 16 de mayo, el Grupo Socialista apelaba al Gobierno en términos de disyuntiva entre estabilidad, crecimiento y expansión económica y, por tanto, recuperación del bienestar en clave europea. Así se deducía del planteamiento del portavoz y así lo hacía constar el ministro Montoro. Indudablemente, nadie en su sano juicio puede estar en contra de políticas que generen crecimiento y empleo, el problema se plantea cuando no se tienen en cuenta todas las consecuencias de llevarlas a cabo, cuando los efectos que producen son justo los contrarios a los pretendidos -en España tenemos algunos ejemplos recientes de ello-. No se puede olvidar que cuando se trata de las finanzas públicas los Gobiernos son los meros administradores de los ciudadanos, que los impuestos se cobran para atender los gastos y prestar los


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servicios y que la coacción que se aplique debe ser lo más eficaz y lo más eficiente posible. Es decir, que se debe tener claro que las finanzas públicas deben ser sostenibles y estables, que la estabilidad a corto plazo debe ser compatible con la estabilidad a medio y largo plazo; hay que ser especialmente cuidadoso con que la estabilidad o, más bien, la inestabilidad a corto plazo no ponga en riesgo esa necesaria estabilidad a más largo plazo que es la que garantiza la prestación de los servicios públicos, fundamentales e imprescindibles en un país del primer mundo en el siglo xxi como es, afortunadamente, España.

En esto es en lo que quizá nos encontremos con las principales diferencias de criterio. Cuando las cuentas están muy desequilibradas no basta con que se apueste por políticas de gasto que generen crecimiento o por detracciones tributarias que aporten hipotéticos recursos para no hacer sacrificios en materia de aquellos. La financiación de las cuentas desequilibradas puede ser la causante de que en el medio plazo el sistema estalle y en España tenemos un buen ejemplo de ello. Expresiones como la de que el superávit es para gastárselo o la de que tenemos margen de deuda y su aplicación práctica nos han traído donde estamos, a caer por debajo de la renta media per cápita europea, como señalaba al principio de mi intervención. Es cierto que al apalancamiento público hay que añadir el apalancamiento privado en nuestra economía, pero que la deuda pública se haya incrementado en 32,5 puntos de PIB en los últimos cuatro años no ha ayudado en nada a evitar que en la actualidad los intereses impidan que se puedan aplicar recursos a otras políticas y contribuyen a que tengamos problemas en este momento para su refinanciación.

Señorías, el debate sobre la estabilidad no está pasado ni superado, como se ha dicho desde esta tribuna y hace un momento lo ha señalado también el señor Moscoso, porque forma parte del origen de la crisis de deuda soberana que estamos sufriendo. El incumplimiento reiterado de nuestros compromisos con el Pacto de estabilidad y crecimiento hace que se haya deteriorado la confianza en nuestro país y que en estos momentos estemos sometidos a requerimientos macroeconómicos que nos marcan el camino a seguir con nuestras finanzas públicas. Son los condicionantes de pertenecer a un club, el del euro, en el que indudablemente nos interesa estar, un club que nos ha hecho renunciar a soberanía pero que nos ha dado mucho a cambio, no solo en términos presupuestarios sino también en homologación internacional. Por eso es imprescindible que cumplamos con nuestras obligaciones. El Gobierno, España, está cumpliendo con sus compromisos, está haciendo un importante esfuerzo para realizar las reformas que necesita nuestra economía y así no descolgarse aún más de los países de nuestro entorno y recuperar la posición que nos merecemos por nuestra población y por nuestro potencial. Por eso debemos reivindicar nuestro sitio y nuestra voz. Es en ese sentido en el que se debe entender la carta que el pasado 6 de junio enviaba el presidente del Gobierno a los señores Van Rompuy y Durão Barroso, presidentes del Consejo y la Comisión Europea, en relación con el próximo Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes, en la que expresaba la necesidad de que se acometa el diseño de un plan, de un calendario y de unas condiciones para asegurar el futuro del euro.

El contenido de esa carta está implícito, de alguna manera, en la proposición no de ley que defendemos hoy. Es un proposición que contiene, además, una petición explícita al Gobierno para que trabaje conjuntamente a fin de establecer las bases de una política europea que promueva el crecimiento económico y la generación de empleo, junto al compromiso irreversible con la estabilidad presupuestaria. La utilización por parte de las instituciones europeas de todos los instrumentos a su alcance para impulsar el crecimiento económico; la creación de empleo y la estabilidad de los mercados financieros; la lucha contra el desempleo juvenil, verdadera lacra de nuestra sociedad que pone en peligro nuestro futuro; la apuesta por una estrategia europea de inversiones con financiación adecuada y eficaz -la reunión previa al Consejo parece que ha señalado avances en este sentido, aunque queda concretar-; los avances en armonización fiscal y, por último, el impulso hacia una unión bancaria europea con regulación común, un fondo de garantía europeo, un supervisor europeo y un mecanismo de resolución de crisis bancarias, es lo que se demanda del Gobierno en orden a su promoción frente a las instituciones europeas.

Son cuestiones, señorías, muy importantes para todos y por eso solicito su apoyo para la aprobación de la iniciativa en sus propios términos. Porque han presentado enmiendas al texto los grupos de La Izquierda Plural, el Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Vasco y el Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Rodríguez Herrer, debe concluir, por favor.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Estoy terminando.

En unos casos, las enmiendas no coinciden con el sentido de la proposición no de ley que hoy debatimos y por eso no vamos a aceptarlas. En otros, en particular las de los grupos Catalán y Vasco, quedan subsumidas en el texto presentado.

Para concluir, permítanme que señale y ponga en valor, al igual que lo hacía con anterioridad el señor Moscoso, que es una buena noticia para España, al menos así lo creo sinceramente, que esta proposición la hayamos suscrito conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular, que haya sido el corolario de la aprobación la semana pasada del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza. Esperamos que sea el comienzo de nuevas posturas conjuntas en esos otros asuntos que tienen tanta importancia para el desarrollo de nuestra economía y, por tanto, para todos los españoles, donde el más urgente es el de la resolución de los


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problemas de nuestro sistema financiero, imprescindible también para volver a crecer y crear empleo, el mismo objetivo que se marca en esta proposición no de ley. Precisamente esta coincidencia se está observando desde fuera con lupa por aquellos que contribuyen cada día al comportamiento de los mercados financieros internacionales y al coste de nuestra financiación. Que caminemos juntos será, estoy segura, favorablemente recibido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Rodríguez Herrer.

Hay una serie de enmiendas presentadas, señorías. Para su defensa, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición apela a la necesidad de articular políticas de impulso al crecimiento y a la generación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, algo que el BNG ha venido reclamando con insistencia. Sin embargo, con esta proposición el Grupo Popular y el Grupo Socialista no pretenden otra cosa que poner una guinda que adorne un pastel hecho con otros ingredientes: los ingredientes del Tratado de estabilidad, convalidado con los votos favorables del Partido Popular y el Partido Socialista la pasada semana; los ingredientes de la reforma exprés de la Constitución pactada por ambos partidos con nocturnidad y alevosía; los ingredientes de la fe ciega en la disciplina presupuestaria como principal vía para salir de la crisis, una vía que solo ha provocado más crisis, más paro, más injusticia social. Es imposible estimular el crecimiento y la generación de empleo si no se revisan estas políticas. En un contexto de recesión, el impulso al crecimiento debe ser el eje principal de las políticas económicas y no un simple complemento. Permítanme un dato. La pasada semana los mandatarios de Alemania, Francia, Italia y España anunciaban a bombo y platillo una especie de plan Marshall para Europa con una dotación de 130.000 millones de euros para el conjunto de Europa, pero simplemente el Estado español ha inyectado a través de avales, garantías, ayudas directas y otros mecanismos más de 118.000 millones de euros a la banca privada y esta cifra se quedará pequeña ante el nuevo proceso de recapitalización.

La proposición además elude aspectos clave para hacer el posible cambio de rumbo necesario, la atribución de otro papel al Banco Central Europeo, la creación de una banca pública en lugar de socializar las pérdidas de la banca privada para luego privatizar sus beneficios y la realización de una ambiciosa reforma fiscal para que realmente pague más quien más tiene. Es más, la vaga apelación en la proposición a la necesidad de una armonización fiscal puede servir de pretexto para legitimar medidas fiscales injustas como la anunciada subida del IVA, una medida, sí, injusta porque los impuestos indirectos no distinguen según la renta de los consumidores y elevar la base imponible sobre productos básicos castigará aún más a las maltrechas economías domésticas y una medida contraproducente porque difícilmente se reactivará la demanda gravando más el consumo, una medida además que se sumará a la ya larga lista de este Gobierno de medidas donde dije digo, digo Diego.

Por estas razones el BNG votará en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Jorquera.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, PP y PSOE o PSOE y PP, díganlo como quieran, los responsables de los Gobiernos que han contribuido a meternos en la crisis creando paro y también creando recesión ahora se han puesto de acuerdo para intentar establecer una política europea que nos salve. ¿Que nos salve cómo? Promoviendo el crecimiento económico y la generación de empleo, pero garantizando la estabilidad presupuestaria y también financiera.

Ciertamente esos objetivos pueden ser loables, pero echamos de menos algunos criterios dirigidos a la protección social de las personas, como pueden ser el mantenimiento y la armonización del gasto social y de los derechos sociales laborales y salariales entre los países de la Unión Europea.

Si lo que perseguimos es un futuro productivo, si lo que perseguimos es un futuro competitivo económicamente hablando para los países de la Unión Europea, tenemos que basar dicha política en consolidar unas condiciones que permitan a la ciudadanía vivir con dignidad a la vez que estimular el consumo y no con una reforma laboral y con unos recortes sociales que pretenden competir con los países más empobrecidos que practican el dumping social y la privatización de los servicios sociales en detrimento de su universalidad.

Queremos que la armonización con Europa no sea solo fiscal, queremos también armonización en gasto y armonización en derechos sociales como, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional, y además queremos que la armonización fiscal esté basada en unos criterios de justicia social, queremos una fiscalidad progresiva en la que tribute quien más gana, una fiscalidad verde por la que quien contamine pague y una fiscalidad productiva en la que tributen más las rentas de la especulación que las rentas productivas. En estos últimos treinta años el reparto de las rentas en España ha sido muy desigual, de modo que las empresas han ganado cada vez más, permitiéndose crecer en el exterior y comprar empresas de otros países, mientras que el salario real de los españoles se ha visto congelado. Lo peor es que no han tributado mucho más las rentas del


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trabajo que el conjunto de lo obtenido por el capital ya sea en concepto de beneficios, de intereses o de dividendos.

Acabo. Por eso estamos de acuerdo con la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, un impuesto que permita reducir la especulación y recabar unos ingresos que ayuden a combatir los recortes en gastos sociales, que ayuden a la lucha contra la pobreza o que ayuden, por poner un ejemplo, en la reducción del efecto del cambio climático. Y por último, reivindicamos una vez más que se tenga en cuenta el diferente esfuerzo fiscal territorial. En Cataluña sufrimos un expolio fiscal histórico y de primer orden, y en estos momentos de fuerte recesión, como los que estamos viviendo, esta injusticia y a la vez este fraude a la ley provocan en los catalanes una hipoteca brutal al desarrollo de la propia dinámica emprendedora y competitiva. ¿O acaso creen que Alemania aceptaría un sistema fiscal como el español, en que los territorios más desarrollados se ven lastrados e hipotecados por su solidaridad con los territorios menos productivos?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Partido Popular y el Partido Socialista nos han traído una proposición no de ley que está llena de buenas y bonitas palabras. Es difícil decir que no a eso, a ser buenos y benéficos, pero hay que subrayar la importancia de la contradicción entre las palabras y la práctica. Por eso no vamos a poder votar a favor. En primer lugar, porque está ausente de esta proposición no de ley algo que nos parece fundamental: la integración social. Esta mañana se hablaba de los nuevos planteamientos de la Unión Europea -se habla de integración financiera, de integración presupuestaria y de integración económica-, pero la integración social brilla por su ausencia. La convergencia social no existe y si no hay convergencia social estamos creando una Europa profundamente injusta, profundamente insolidaria. Está todo centrado alrededor de las propias cifras económicas, de la estabilidad presupuestaria. Estamos impulsando una austeridad impuesta, que es una pobreza inducida que anula el crecimiento y genera inseguridad social. Ahora se empieza a hablar de crecimiento, pero no se va a la raíz del tema. Hoy mismo se acaba de anunciar que en el mes de mayo se ha alcanzado el 3,4% de déficit público en el Estado español, prácticamente el objetivo de todo el año. ¿Por qué? Porque al final se está contrayendo la actividad económica, está aumentando el paro, aumenta la recesión, se dispara el déficit y se vuelve a entrar en esa espiral perversa. El problema no está en los planteamientos que están haciendo sino que la raíz es más profunda.

Por eso -con esto acabo, señor presidente- no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, porque vemos con claridad que no va a la raíz del problema, que sigue perpetuando una Europa economicista, que son bonitas palabras, pero huye del compromiso social, de la convergencia social. Pongo simplemente un ejemplo. Estamos hablando de estabilidad presupuestaria y se centra todo en los recortes del Estado del bienestar. De esta Cámara ha desaparecido el debate sobre la política fiscal y la lucha contra el fraude fiscal. Después de la amnistía fiscal del Gobierno, acaba de desaparecer por todos los lados y pensamos que esa es una de las graves carencias del actual planteamiento de construcción de la Unión Europea desde el Estado español.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señores del PP, señores del PSOE, con esta iniciativa, a la que por cierto no nos han invitado a participar -abro paréntesis, cuando quieren lo hacen y cuando quieren no, cierro paréntesis-, da la sensación de que están pretendiendo descubrir el Mediterráneo. Plantean fijar al PP en el lado de los favorables a la austeridad y curiosamente ahora al PSOE en el lado de los favorables al crecimiento económico. Los demás en esta cuestión debemos estar ausentes. No se equivoquen. El debate sobre la necesidad de que la Unión Europea actúe en pro del crecimiento y la recuperación económica utilizando para ello todos los instrumentos posibles -el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, los fondos y mecanismos de estabilidad financiera y el presupuesto comunitario-, así como nuevos instrumentos que se pueden crear, como los eurobonos, los project bonds, la unión bancaria, la unión fiscal, etcétera, no es un debate, si me permiten, en absoluto novedoso. Es muy importante, pero no es novedoso, al menos para este grupo parlamentario, al menos para el Partido Nacionalista Vasco. Sí lo es para el PP, que hasta hace unos días no lo defendía, e incluso diría que también para el PSOE, que de este tema no hablaban hasta que ha resurgido Hollande y lo pusieron en su propio programa electoral. Ahí está el "Diario de Sesiones" al que los que estén interesados pueden remitirse. Por tanto, este no es un tema en el que ponerse medallas, sino en el que analizar bien la situación y abordar el futuro.

Hoy ya hasta la reacia señora Merkel está considerando seriamente la necesidad de adoptar medidas de impulso al crecimiento económico. Ella también lo sabe, aunque considere prioritarios los reajustes y la consolidación presupuestaria de aquellos países con problemas. Sin una actuación comprometida de la Unión Europea con la crisis económica, con el euro y con el propio


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proyecto político de la Unión, no es posible salir de la crisis, no solo de la española, sino de la del conjunto de la Unión que podría derivarse de la inacción. Proyectos de inversión que movilicen recursos, infraestructuras, formación, I+D+i, etcétera, son un buen camino. El Banco Europeo de Inversiones puede contribuir a ello, puede obtener recursos en el mercado a buen precio merced al rating y a la solvencia de la que aún goza y ampliarlos y utilizarlos en favor de la dinamización económica.

La economía española necesita urgentemente un impulso exterior. Internamente no es posible. Este Gobierno no tiene margen de maniobra. Ha de ajustar las cuentas públicas, ha de recortar los gastos y seguramente subir los impuestos, que desgraciadamente tienen efectos contractivos y recesivos en la economía. Tampoco observamos desde el punto de vista macroeconómico de dónde puede venir el impulso. Con 6 millones de parados no es posible impulsar el consumo interno y mucho menos con miles de familias que lo que tienen que hacer ahora es desendeudarse de los gastos excesivos -fundamentalmente inmobiliarios- del pasado. Tampoco se prevé que la inversión privada pueda avanzar mientras las empresas no cuenten con otras expectativas de futuro y mucho menos con el grifo de la financiación absolutamente cerrado. Y el sector exterior no nos va a dar muchas alegrías. La economía española no es un dechado de competitividad y además nuestro principal mercado, el europeo, está en recesión y no permite albergar esperanzas sobre nuestras ventas exteriores, así que dependemos de Europa y para ello este Gobierno debe instar a la Unión Europea a que actúe, a que nos ayude y a que ayude a la propia Unión Europea salvando al euro e impulsando el crecimiento económico. Incluso en Roma, Merkel, Hollande, Monti y Rajoy asumieron esta tesis y se ha planteado ya la posibilidad de aprobar un plan de crecimiento y empleo cuantificado en 130.000 millones de euros. Es una medida que apoyamos, aunque hay que hacer más y activar otras que vayan en el mismo sentido. Hoy se habla de que los cuatro se volverán a reunir en París para avanzar en la unión fiscal.

Por eso el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, aunque ya ha anunciado la portavoz popular que no se va a aceptar. Su objetivo es que abandonemos la ambigüedad, que es muy importante, y llamemos a las cosas por su nombre. Queremos que se concreten los actores que han de ser los protagonistas de las políticas económicas que se implanten desde la Unión Europea. Dentro de las instituciones europeas queremos destacar el papel del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones y de los fondos de estabilidad. Además, proponemos que los países con superávit en el ámbito europeo, a través del aumento de la capacidad adquisitiva, actúen como elemento tractor de los que estamos sumergidos en la crisis. Acepten, señores del Grupo Popular y del Grupo Socialista esta enmienda. Son contenidos que están en iniciativas del Grupo Socialista. De lo contrario, podemos caer en el ridículo de que hasta la propia señora Merkel vaya más lejos en esta materia de lo que se recoge en esta proposición no de ley. Seamos un poco valientes. Insisto en que no proponemos nada que el Grupo Socialista no haya planteado en otras iniciativas.

En todo caso, el Grupo Parlamentario Vasco apoyará esta iniciativa y otras que vayan en la misma dirección. Sin embargo, es preciso mencionar que el PP y este Gobierno han reconocido la necesidad de que Europa actué después incluso de la mismísima señora Merkel, lo que no dice mucho en su favor. Esto significa que el Gobierno no tiene o no tenía claro un diagnóstico sobre la situación económica y las medidas para salir de ella. Hasta ahora el Gobierno, por boca del señor ministro Montoro, decía que defender las políticas de impulso a la economía era erróneo.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Azpiazu, concluya, por favor.

El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señor presidente.

Su tesis era que de los ajustes y de los recortes se derivaría la credibilidad de la economía y del país, y a partir de ahí, ¡oh milagro! -porque no hay teoría económica que lo soporte-, se iniciaría un crecimiento económico sostenible. Con esta visión desde luego no vamos a ninguna parte. Bienvenidos a esta nueva tesis que contempla la iniciativa y aunque sea para algunos descubrir el Mediterráneo, nuestro grupo parlamentario sin duda la apoyará.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

El Partido Popular y el Partido Socialista nos traen a esta Cámara una proposición no de ley que se ha presentado como un texto de mínimos, y tan mínimos, ya que realmente podríamos decir que no tiene ninguna propuesta concreta, que es un texto vacío, vaporoso, profundamente confuso y que verdaderamente no tiene ninguna idea precisa. Por lo tanto, técnicamente podríamos decir que no sirve para nada salvo para hacerse la foto, una foto por la cual ambos partidos aparecen unidos ante la misma Unión Europea, la misma Unión Europea que está fracasando actualmente. Eso es realmente ante lo que nos encontramos cuando nos damos cuenta de que esta proposición no de ley no va al corazón de los problemas. Ciertamente, si entendemos que hasta una proposición no de ley debería servir para algo, deberíamos partir de un hecho: si el Partido Popular y el Partido Socialista nos plantean propuestas para superar la crisis en el ámbito europeo, será acaso porque comparten o identifican las mismas causas que han con


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ducido a esta crisis económica, y especialmente en el ámbito europeo. Sin embargo, dada la imprecisión absoluta de la proposición no de ley, no podemos asegurar que el Partido Popular y el Partido Socialista compartan la misma identificación sobre lo que ha sucedido en nuestro país y en la Unión Europea. De hecho, escuchando a ambos portavoces uno se da cuenta claramente de que el único propósito era hacerse la foto, porque hay notables divergencias en los discursos, en las palabras, que llevan incluso a que posteriormente tengamos que votar una moción del Partido Socialista que enfrenta radicalmente toda la política del Partido Popular. Así pues, el texto es tan de mínimos que parece que se ha reducido hasta no decir nada.

Nosotros sin embargo hemos querido presentar una enmienda de sustitución en la que proponemos ir al problema verdadero de la Unión Europea. Planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño político y económico de la Unión Europea, un diseño político y económico que ambos partidos proponentes, el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre, desde el inicio de la construcción europea, han compartido y que nosotros entendemos que es verdaderamente el problema. En primer lugar, debemos tener en cuenta que necesitamos políticas de estímulo para intentar salir a corto plazo de la crisis, y para eso es necesario inevitablemente flexibilizar los criterios de déficit y abandonar la política de austeridad y recortes. He de decir -lo ha dicho incluso el portavoz del Partido Socialista lo ha mencionado- que el propio Partido Socialista comparte alguno de los elementos, al menos de discurso, que nosotros hemos planteado en las enmiendas, pero no han debido ser incluidos simplemente para poder aparecer en esa foto.

El Banco Central Europeo -sigo- debería ser reestructurado totalmente. Debe cambiar de prioridades y objetivos para centrarse en la creación de empleo y no únicamente en satisfacer los intereses financieros de, especialmente, los bancos alemanes y franceses, que son el núcleo de la Unión Europea de la que estamos hablando y -no nos equivoquemos- una Unión Europea profundamente asimétrica, económica y políticamente. Así pues, realmente no tiene futuro una unión económica que está comandada por Francia y fundamentalmente Alemania, porque los intereses de las empresas alemanas no son los intereses de las empresas españolas y, desde luego, los intereses de la empresa alemana no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores españoles.

Más sorpresa nos causa aún ver cómo se habla de lucha contra el fraude fiscal por parte del mismo Gobierno que plantea una amnistía fiscal a los grandes defraudadores. También debería hablarse de la lucha contra los paraísos fiscales, porque de forma pasajera se habla del impuesto sobre transacciones financieras, mencionando el problema de la especulación financiera. La Unión Europea tiene instrumentos para luchar contra los paraísos fiscales. Mañana mismo podría prohibir toda transacción con los denominados paraísos fiscales, pero no lo va a querer hacer porque sería atentar contra la mafia y los intereses especulativos que acaban gobernando la Unión Europea.

Finalmente, dos elementos muy breves. Las asimetrías comerciales no se plantean en esta proposición no de ley y son el fundamental problema de la economía europea. Así pues, insistimos en la idea de que esta PNL no sirve. Hay algo que no se menciona pero sí se ha planteado en el debate: la democracia económica. Tenemos encima de la mesa en la prensa llamadas a un superministro europeo, y esta PNL, sin embargo, no habla de democracia, como no hablan de democracia los dirigentes europeos, porque no les interesa, como hemos visto desgraciadamente en tantos casos, en Grecia, en Italia o probablemente los tengamos que ver en nuestro país. Pero hay que hablar de democracia y hay que hablar de que, al final, las decisiones económicas que afectan a los ciudadanos españoles no pueden ser tomadas por los lobbies empresariales y especialmente los lobbies empresariales financieros, que son los que están dirigiendo esta Unión Europea, los que nos dirigen a la crisis, los que empeoran la calidad de vida de los ciudadanos y frente a los cuales esta PNL no hace absolutamente nada. Por lo tanto, nuestro grupo manifiesta que votará en contra de la misma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser la de votar favorablemente esta iniciativa presentada por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, una proposición no de ley orientada básicamente a la política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal financiera de la Unión, que se trae a debate al Pleno del Congreso de los Diputados. Bienvenidos los acuerdos del Partido Popular y del Partido Socialista en temas tan importantes. Lo que pasa, señorías, y lo decimos los que tenemos alguna experiencia en este Parlamento, es que estos acuerdos tendrían que tener lugar también cuando se debatan leyes importantes. Merece la pena que el primer partido de la oposición y el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno sean capaces de ponerse de acuerdo en temas trascendentales relacionados con la Unión Europea, pero, repito, no en proposiciones no de ley que no dejan de ser muchas veces fuegos artificiales, que quedan muy bien de cara la galería, pero que ustedes saben que no llevan a ningún sitio y que en la mayoría de los casos no se cumplen.

Ustedes vienen de diferentes debates en que se han tirado los trastos a la cabeza, en que no han sido capaces


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de ponerse de acuerdo en temas fundamentales y relevantes, cosa que sí hemos hecho otros grupos minoritarios que estamos en la oposición. Ahora, a pesar de que nosotros aplaudimos que se produzcan estos acuerdos entre los dos grandes partidos, lamentamos que excluyan rápidamente a formaciones políticas como la nuestra, como Convergència i Unió, que estuvo en momentos claves y difíciles. Por ejemplo, recordando mayo del año 2010, fuimos capaces de cooperar cuando España iba a ser intervenida, porque el partido que hoy está en el Gobierno -y que estaba en la oposición- fue incapaz de dar soporte al Gobierno. También hemos visto cómo se han traído a esta Cámara leyes importantísimas relacionadas con el Plan de estabilidad europeo, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en contra de la cual se manifestaron el Partido Socialista, que hoy está en la oposición, y el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, en temas fundamentales y en temas legislativos no son capaces de ponerse de acuerdo porque priman más los intereses electorales que los intereses generales, y en temas intrascendentes como esta proposición no de ley, a pesar de que es importante en el fondo, ustedes hacen estos fuegos artificiales y pasando de la verbena de san Juan a la verbena de san Pedro, ustedes aprovechan para celebrarla en esta proposición no de ley, que, repito, vamos a votar favorablemente.

Lamentamos también que la proposición no incluya algunos aspectos relativos a los eurobonos. El Partido Socialista se ha llenado la boca en muchísimas ocasiones diciendo que los eurobonos son fundamentales y hoy no son capaces de convencer al Partido Popular de que son fundamentales para la estabilidad de la economía de nuestro país y de muchos países de la Unión Europea. No han sido capaces de incluir los eurobonos, aunque ya sabemos perfectamente que los alemanes no los quieren, de momento, y creemos sinceramente que valdría la pena aprovechar esta oportunidad en la que se ponen de acuerdo, pero justamente se ponen de acuerdo en temas intrascendentes y en procesos o mecanismos legislativos que no llevan a ningún sitio, y no han sido capaces de hablar de eurobonos como ha hecho Convergència i Unió, que siempre se ha mantenido en la misma posición.

Tampoco entendemos que no nos acepten la enmienda que va orientada básicamente a crear mecanismos para que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. Probablemente no les debe importar ni a ustedes ni a ustedes que el crédito no fluya a las pequeñas y medianas empresas. Les debe dar absolutamente igual porque estamos hablando de fuegos artificiales, pero a nosotros sí nos interesa que el crédito llegue a los empresarios autónomos, a las pymes. Por eso hemos presentado esta enmienda, pero parece ser que no la van a aprobar. A pesar de que no nos tienen en cuenta para nada en temas intrascendentes -porque no deja de ser una intrascendencia esta proposición no de ley- nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos tenido ocasión ya de afirmar en debates anteriores una obviedad, que la crisis que padecemos tiene también un componente europeo que tiene que ver con la existencia de una moneda única sin una integración fiscal y financiera que dé apoyo a esa moneda única. Tuvimos también ocasión la semana pasada, al discutirse el Tratado europeo de estabilidad, coordinación y gobernanza, de señalar que nos parecía bien ese tratado, pero que tenía que ser una pieza de un todo más amplio donde tenían cabida iniciativas como esta, promoviendo el crecimiento y la integración europea, por lo que no tenemos problema en apoyar esta iniciativa.

Dicho esto, nos sorprende que habiendo votado a favor el tratado, no se haya contado absolutamente para nada con nosotros en esta iniciativa. Se quiere tener un consenso, pero por lo visto solo entre los grandes partidos, solo para hacerse juntos la foto, pero toda esta retórica de vayamos juntos a Europa solo se utiliza cuando conviene. No hemos querido introducir enmiendas para no dificultar este consenso de mínimos tan difícilmente alcanzado, pero si se hubiese tenido en cuenta nuestra opinión, nos habría gustado señalar que para que esta propuesta sea efectiva y no se quede en una mera declaración de intenciones habría tenido que ser más concreta y habría tenido que ir más allá en el proceso de integración europeo. Por ejemplo, en las medidas de estímulo al crecimiento se dice que hay que combatir el desempleo juvenil. Sí, pero cómo. Ya la Comisión dice que se reasignen fondos dentro de un mismo país de otros fondos al Fondo social europeo. En nuestra opinión, la reasignación tendría que ser entre países, no solo de los fondos españoles de unas a otras actividades. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Se habla de promover los bonos de proyecto para financiar inversiones, pero para que eso tenga una repercusión en el crecimiento europeo esos bonos de proyecto tendrán que tener dotaciones de decenas de miles de millones de euros, no de cientos de millones como se propone actualmente. Se propone aumentar los recursos en investigación y desarrollo, en educación. Suena muy bien, pero nos sorprende que se proponga en nuestro país, donde estamos practicando exactamente lo contrario. Queremos que los europeos hagan lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Habríamos añadido actuaciones coordinadas de política expansiva de forma que los países como Alemania, con unas cuentas públicas más saneadas, estimulasen sus economías o incrementos


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en los fondos estructurales y de cohesión en los países periféricos.

Respecto a la unión fiscal, sala de armonización fiscal, no podemos estar más de acuerdo, pero ¿estamos practicando la armonización fiscal dentro de nuestras fronteras? Se habla de lucha contra el fraude en un país en el que se acaba de aprobar una amnistía fiscal o reducir los recursos de la Agencia Tributaria. Se habla de un impuesto sobre transacciones financieras internacionales. Nos parece bien, nosotros lo tenemos en nuestro programa, pero alguno de los firmantes de esta PNL se ha opuesto tradicionalmente a esta idea. Habríamos añadido una cuestión muy importante que el Partido Socialista esta vez ha preferido olvidar, que es la cuestión de la mutualización de la deuda, los eurobonos. Respecto a la unión bancaria, nos parece bien de nuevo que haya supervisores y reguladores comunes, pero eso se está diciendo en un país en el que las comunidades autónomas han tenido facultades de supervisión sobre las cajas. Nos parece bien un fondo de garantía de depósitos europeo y habríamos añadido otra cuestión importante que se ha soslayado, que es el papel del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia.

Por último, a veces da miedo apoyar estas visiones europeas de la crisis, porque, siendo ciertas, muy a menudo se utilizan como pretexto para eludir responsabilidades: como la crisis es europea, que la resuelva la Comisión, que la resuelva la señora Merkel. La crisis tiene un componente europeo, pero tiene un componente diferencial español; por algo nuestro paro es el doble que en la Unión Europea. Hay cosas comunes en la crisis y hay cosas específicas españolas y nada tienen que ver con la construcción europea los excesos que se han cometido en las cajas de ahorros, nada tienen que ver con la construcción europea los excesos que se han cometido en muchas comunidades autónomas y nada tiene que ver con la construcción europea cómo se ha gestionado la crisis por el Gobierno anterior y por el Gobierno actual. Por tanto, sí a resolver esos problemas comunes, pero que la apelación a los problemas generales no sirva de excusa para eludir nuestras propias responsabilidades.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Como esta es una proposición no de ley que han presentado los grupos parlamentarios Popular y Socialista, pregunto a alguno de sus portavoces si aceptan las enmiendas que han sido presentadas.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: En la intervención, tanto el portavoz socialista, entiendo, como esta diputada dijimos que dejábamos el texto en los términos presentados.

El señor PRESIDENTE: En sus propios términos.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: En sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA-GASTEIZ. (Número de expediente 162/000187).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Para su defensa tiene la palabra el señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, hoy traemos a la Cámara una cuestión sensible. Somos conscientes de que mucha gente ha sufrido en Euskal Herria con motivo de las diferentes manifestaciones de violencia. Desde Amaiur queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento del dolor y del sufrimiento de todas estas personas. Todas ellas merecen nuestro respeto. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda fueron asesinados y más de cien personas resultaron heridas, la mayoría de ellas de bala, como consecuencia de los disparos efectuados por la Policía Armada española cuando desalojaba la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria-Gasteiz, que previamente había gaseado, y donde se celebraba una asamblea pacífica de trabajadores en huelga el 3 de marzo de 1976.

Señorías, ¿creen ustedes que es de justicia que más de treinta y seis años después nadie haya sido juzgado por estos hechos? Utilizando una expresión del portavoz del Grupo Popular en esta Cámara, el señor Alonso, evidentemente para otra cuestión, en Vitoria-Gasteiz hasta los niños de teta saben quiénes fueron los responsables políticos de estos hechos y por qué se produjeron. El Ministerio de Gobernación estaba al tanto de todas las decisiones que se tomaron para proceder al escarmiento que se dio en Vitoria. Así lo determina el dictamen realizado en abril de 2004 por el Instituto Valentín de Foronda, que sirvió de base posteriormente para las conclusiones finales de la comisión especial que se creó en el Parlamento vasco para tratar estos hechos.

Tres días después de los hechos, don Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación y máximo responsable de las fuerzas de seguridad, dio una rueda de prensa en Vitoria, donde, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: Que este triste ejemplo de Vitoria sirva de lección para todo el país en los próximos meses. ¿Consideran ustedes lógico que ni el señor Fraga Iribarne ni ningún otro responsable político nunca hayan tenido que dar explicaciones sobre estos hechos ni ante el juzgado ni ante comisión de investigación alguna, a pesar de que el Parlamento vasco así se lo requirió, negándose a ello? ¿Consideran ustedes sensato que el Estado nunca haya


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reconocido su responsabilidad en estos hechos? Esta proposición de Amaiur pretende corregir esta situación. ¿Qué justificación puede existir para que no se investiguen, no se depuren responsabilidades y no se sepa toda la verdad de lo ocurrido el 3 de marzo? ¿La Ley de Amnistía de 1977, esa que la ONU en reiteradas ocasiones ha manifestado que no se acoge a los convenios internacionales?

Nos decía la semana pasada el ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, que los mecanismos del Estado de derecho se aplican a todos por igual y nos ponía unos ejemplos. ¿Saben cuál es la diferencia entre los sobreseimientos de unas causas y otras que nos ponía como ejemplo? Que en las que se investigan hechos presuntamente cometidos por ETA, el Estado pone todos los medios que tiene a su alcance para intentar saber lo que pasó; en otras, en las que presuntamente está implicado el Estado o las fuerzas de seguridad, esta investigación se convierte en testimonial. Esto no lo digo yo, lo ha dicho en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Dónde están los mecanismos del Estado de derecho para esclarecer qué ocurrió el 3 de marzo de 1976? ¿Dónde están los mecanismos del Estado de derecho para esclarecer otra infinidad de actuaciones violentas por parte del Estado durante estos últimos años: denuncias de torturas, muertes, heridos? ¿Acaso existen muertos y víctimas de primera y de segunda? ¿Víctimas que merecen que se esclarezcan los hechos y víctimas que no? Lo ocurrido con las víctimas del 3 de marzo y con otras víctimas de la violencia del Estado parece indicar que, a día de hoy, existen categorías entre las víctimas, unas que merecen homenajes y el reconocimiento de víctimas en toda su dimensión y otras a las que ni tan siquiera se les reconoce el daño causado, se les obvia o, como en el caso de las víctimas del 3 de marzo, únicamente se les reconoce parcialmente. ¿Por qué? ¿Así vamos a construir la convivencia en el Estado y en Euskal Herria? Desde Amaiur trabajamos por el reconocimiento de las víctimas, pero de todas las víctimas, de las víctimas de la acción de ETA, sí, pero también de las víctimas de la acción violenta del Estado, de las torturas, de la represión. ¿Va a recoger el acto de mañana todas esas realidades? Si así fuera, Amaiur aquí estaría desde el respeto a todas las víctimas.

Queda mucho camino por recorrer, muchas horas de diálogo, mucho trabajo en común para conseguir la plena convivencia en Euskal Herria, desde el respeto mutuo, buscando la verdad de todo lo ocurrido y, fundamentalmente, desde el respeto a todos los derechos, derechos individuales y colectivos, humanos, civiles y políticos. Nuestro compromiso para ello es absoluto, no lo duden. Impulsaremos todas las iniciativas que permitan construir esa convivencia democrática.

Con la intención de buscar el mayor apoyo a las demandas de las víctimas del 3 de marzo, planteamos una transaccional a quienes han presentado enmiendas a nuestra proposición, que se basa en la declaración institucional realizada el 3 de marzo de 2006 en el Parlamento vasco, y que fue firmada por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por el PNV y por los grupos que formamos Amaiur.

Decía Andoni Txasko, víctima del 3 de marzo, hoy aquí presente -y a quien quiero mandar un saludo, así como a sus acompañantes-, en una reciente entrevista que la memoria histórica es un derecho irrenunciable para conocer el pasado, para construir el presente y para afrontar el futuro. Señorías, es una buena ocasión para emprender el camino hacia el reconocimiento de todas las víctimas y poner así los mimbres para un verdadero escenario de convivencia democrática en Euskal Herria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, esta es una proposición no de ley que no debería discutirse en esta Cámara porque realmente algo falla cuando, décadas después de los hechos, todavía nos encontramos con que en este país hay personas que fueron asesinadas por defender la democracia mientras que el dictador todavía está enterrado en un gran mausoleo. Algo falla en este país cuando nos encontramos con esa contradicción. Repito -y ustedes pueden cabecear, pero esa es la realidad- que hay demócratas que murieron por defender la democracia y el dictador sigue enterrado en un gran mausoleo; lo repito, aunque parece por sus caras que no les gusta. Por tanto, es una propuesta que tiene la lógica contundente de los hechos y nosotros hemos presentado una enmienda porque también queríamos llamar la atención porque no es un caso aislado. No es un caso que se haya quedado en el olvido, sino que es una constante, pues es verdad que hay muchas personas, entre ellas, el andaluz, el malagueño, García Caparrós, que dieron su vida y que hoy no tienen el reconocimiento de víctima del terrorismo, porque terrorismo era provocar pánico, terrorismo era asesinar, terrorismo era matar a demócratas, terrorismo era lo que ocurría en aquellos días, y también porque parece que alguien quiere cambiarnos la historia, que alguien quiere convencernos de que la dictadura terminó el día que murió Franco y el día que se coronó al actual rey, y eso no es verdad. La realidad es que el rey en aquel momento juró los Principios del Movimiento Nacional, y eso es historia, no es algo interpretable políticamente. Si ustedes quieren buscar una fecha, busquemos la Constitución, pero no nos podemos remitir al 25 de noviembre como una fecha donde cambiaron las cosas en este país.

Es una proposición no de ley que -repito- no debería haber tenido lugar porque debería estar resuelto hace mucho tiempo. Han pasado gobiernos de todo


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signo, no solamente gobiernos del Partido Popular, sino también de otro signo, que no han sido capaces de afrontar esa realidad, de definir realmente quienes fueron víctimas del terrorismo en este país. Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda que trata de abrir un poco el abanico para hacer ese reconocimiento desde esta tribuna a todas las víctimas del franquismo, que no terminó -repito- en el año 1975. También para hacer ese reconocimiento a toda aquella gente que luchó por la democracia, a toda aquella gente que en tiempos difíciles se jugaban la vida luchando por la democracia y que -repito- no han tenido todavía ese reconocimiento en este país. No ha habido justicia, verdad y reparación todavía para muchas víctimas que siguen enterradas en las cunetas, que siguen sin tener ni siquiera la posibilidad de tener un trozo de tierra donde su familia pueda reconocerlas. Por eso, este país no tendrá resuelta su memoria histórica mientras no hagamos justicia, no haya verdad y no haya reparación a las víctimas del franquismo.

Por eso, vamos a apoyar esta proposición no de ley, y en ese sentido hemos presentado nuestra enmienda. Estamos convencidos de que más pronto que tarde habrá justicia, habrá verdad y habrá reparación; estamos convencidos de que más pronto que tarde las víctimas del franquismo tendrán en este país el homenaje que se merecen, y también estamos convencidos de que el dictador no seguirá eternamente en un gran monumento para vergüenza de los demócratas de este país. Porque esa es una realidad que no sería lógica en otro país de nuestro entorno; no sería lógico en otro lugar de nuestro entorno encontrarnos con el dictador compartiendo lugar con sus propias víctimas. Es algo que a cualquier demócrata le tendría que repugnar. No es normal que el dictador comparta lugar con las que fueron sus propias víctimas.

No sé a usted qué le puede extrañar, pero esa es una realidad geográfica que en este país no se ha resuelto, porque en este país el partido al que yo represento llamó a la reconciliación nacional en el año 1956, cuando teníamos mucha gente en las cárceles. Pero la reconciliación no es olvido y mucho menos no hacer justicia. Nosotros llamamos a la reconciliación cuando gente de la derecha nos perseguía, nos encarcelaba y nos fusilaba, pero eso nos da la autoridad para hoy también pedir justicia, verdad y reparación para todas las víctimas del franquismo, para todos aquellos que fueron asesinados defendiendo la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor presidente, señor Urbina, la realidad es que esta mañana han sido detenidos dos supuestos miembros de ETA y que mañana en esta Cámara se celebra un acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Esto es un hecho muy cercano en el tiempo y desde nuestro punto de vista la respuesta de ustedes, y concretamente la respuesta de la llamada izquierda abertzale, legalizada recientemente, es muy decepcionante y es impropia de un partido legalizado que en sus estatutos dice rechazar el terrorismo; porque ustedes, en definitiva, mañana no vendrán al acto -ya lo ha explicado usted- y porque -y esto nos parece más grave- rechazan las detenciones de esta mañana. ¿Qué significa rechazar por parte de ustedes las detenciones de dos supuestos miembros de un comando de ETA, uno de ellos al parecer relacionado con el comando que produjo la muerte, el asesinato de un concejal socialista y del empresario Uria? ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso nos les importa? ¿Por qué rechazan las detenciones? ¿Cuál es su coherencia? Se preocupan ustedes, como nosotros, de un suceso horrible, de unas víctimas, de unos asesinatos acaecidos hace treinta y seis años en Vitoria; hechos que conocemos, que lamentamos, que hemos condenado reiteradamente. Por fin, tardíamente, la llamada Ley de la Memoria Histórica recoge perfectamente en su artículo 10 la reparación, el reconocimiento, la dignidad, la verdad de un memorándum aprobado por el Parlamento vasco que cuenta perfectamente los hechos después de un trabajo importante en el que participó un compañero, Antonio Rivera. Eso es así. Pero ¿por qué ustedes no expresan su satisfacción por que se haya detenido a una persona que pudiera haber estado vinculada con actos de terrorismo, con el asesinato de dos personas muy recientemente? Es una contradicción, es una tremenda incoherencia. No tiene sentido que vengan aquí a reclamar cuestiones que, en parte y tardíamente, se han podido resolver y que, en cambio, desprecien o no les preocupe la detención de personas que están relacionadas supuestamente con asesinatos hace muy pocos años, muy pocos.

Le recuerdo en ese sentido -le recuerda mi grupo- que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene un código de actitudes, un código de conductas, y una de ellas, la segunda, habla de que un partido político legal que rechaza el terrorismo no puede estar en contra de la persecución del delito, de los delincuentes y de los terroristas, y es un tema que nos debe hacer a todos -y lo digo con mucha tranquilidad- reflexionar por el bien de la convivencia en España y en Euskadi.

Entrando ya en la materia, después de tantos años de silencio, es verdad, de ignorancia hacia los crímenes de los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria, se llegó en el año 2007 a la Ley de la Memoria Histórica, que es posterior a esa resolución que usted ha citado del Parlamento vasco, es posterior. Esa resolución del Parlamento vasco tiene una última página que si usted la lee entenderá muy bien la relación de todo aquello con lo que luego llegó, la Ley de la Memoria Histórica, cuyo artículo 10 y disposición adicional cuarta, que da el pie, trabajadas por cierto muy intensamente por el señor Jáuregui, han permitido ese reconocimiento de la verdad, de la dignidad de esas víctimas asesinadas por la Policía Armada en aquel periodo llamado tardofranquismo, en


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aquel periodo todavía de la transición a la democracia. Eso es así.

De su propuesta hay dos cuestiones que no se pueden aceptar hoy por hoy: una de ellas es la consideración de víctimas del terrorismo; sí la de víctimas, pero no la de víctimas del terrorismo porque no encaja en el concepto de víctima del terrorismo recogido en las sucesivas leyes que esta Cámara ha aprobado, la última en el año 2011. Por tanto, esa es una realidad que está ahí. En cuanto a la otra cuestión que plantean, usted lo ha citado muy bien: hay una Ley de Amnistía del año 1977. Es una ley que no conllevó la ruptura democrática sino que supuso, para algunos lamentablemente, la reforma y fue aquella Ley de Amnistía y aquella transición fruto de una determinada correlación de fuerzas; no hubo ruptura y, por tanto, aquella transición se pactó como se pactó, dio un paso a la convivencia importantísimo, importantísimo, y ahora no creo que sea cuestión de romper con todo lo que entonces se construyó a favor de la convivencia y de la concordia. No se ha alcanzado todavía porque seguimos dando vueltas a las cosas.

Por acabar, me gustaría relacionar la enmienda que hemos presentado en la que, como ya he señalado, se recuerda a las víctimas, se condenan los asesinatos y las agresiones de los centenares de heridos, se expresa la solidaridad con las víctimas y con sus familias, se recuerda la Ley de 26 de diciembre sobre la Memoria Histórica que establecía disposiciones para el reconocimiento, reparación -es cierto- y protección de la memoria de aquellas víctimas. Además, la enmienda que hemos presentado insta al Gobierno a que...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ...desarrolle precisamente las ayudas económicas y, por último, hacemos referencia -y ya acabo- a cómo el Congreso de los Diputados debiera expresar su satisfacción ante el decreto del Gobierno vasco, decreto de 12 de junio de este año, que fue, por cierto, criticado, desacreditado e injustamente censurado por el ministro del Interior por considerar que esas víctimas, que son también víctimas a las que el decreto del Gobierno vasco ampara...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar. Se ha pasado su tiempo.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: El ministro del Interior consideró que aquellas víctimas eran daños colaterales. Es impresentable decir que aquellos fueron daños colaterales. Tampoco fueron daños colaterales los muertos en Vitoria ni... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, se le ha acabado su tiempo. Tiene que acabar.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, con fecha 3 de marzo de 1976 Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda fueron asesinados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fueron asesinados con fuego real en virtud de una actuación que -no creo que quepa ningún tipo de discrepancia política en esta Cámara- se puede calificar de terrorista. Pueden cometer actos de terrorismo las organizaciones terroristas y pueden cometer actos de terrorismo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, en virtud de lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y en la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, las organizaciones terroristas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pretenden subvertir el orden constitucional, el supraconstitucional democrático, conculcar los derechos humanos, impedir el advenimiento del sistema democrático o alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana y el orden internacional.

Señor presidente, en esta fecha, en este día ocurrieron muchas cosas que deben ser objeto de reparación, y todavía no lo han sido, desafortunadamente. Bajo la invocación -con todos los respetos a una persona que ha fallecido y al que se le debe respetar- la calle es mía, insuficiente en su dimensión terminológica, porque tendría que haber dicho las iglesias también son mías, procedió a conculcar los requerimientos del Concordato del año 1953, contra la opinión de los párrocos de dos parroquias, la de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga de Vitoria, y la de la Concepción, también del barrio de Zaramaga de Vitoria. Estamos hablando del año 1976. El derecho de huelga se reconoció en el año 1977. Ocurrieron cosas que nosotros hemos denunciado. Aquí hemos apreciado, en la proposición presentada por Amaiur, que ya adelantamos que vamos a votar favorablemente, cosas que no pertenecen al adanismo o al Génesis, porque en más de catorce ocasiones mi grupo parlamentario ha reivindicado la causa y los derechos que pertenecen o se deben reconocer a estas víctimas de actuaciones terroristas acometidas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un manifiesto ejercicio de la ilegalidad, tanto prevista en el Código Penal, como en la jurisdicción penal o en el Código Penal militar, como en todos los tratados internacionales que configuran los derechos humanos.

En esta fecha, señor presidente, dos párrocos fueron compelidos mediante la utilización de la fuerza a incumplir los requerimientos del Concordato del año 1953, posibilitando que las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el seno de una iglesia y bajo los augurios o la potestad o la aceptación o incluso el impulso de una persona de misa diaria, de una persona católica, incumpliera un requerimiento elemental, no solo de la historia política sino del Concordato del año 1953, cual es la de penetrar en un edificio religioso para conculcar los derechos de personas que, mediante el mecanismo de manifestación o de agrupación pacífica, reivindicaban derechos labo


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rales antes de su reconocimiento normativo en una época predemocrática. En fecha 3 de marzo del año 1976 no solo se asesinaron a cinco personas con balas de fuego real -invitaría a los diputados, compañeros de esta Cámara, a pensar sobre si esto ocurriera en Siria, por ejemplo-, sino que hubo más de cien heridos también por fuego real, invitaría a hacer una elucubración sobre lo que esto supuso políticamente.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, se le ha acabado su tiempo. Tiene que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con esto, señor presidente.

Pido a los compañeros de este Congreso de los Diputados que consideren si es legítimo pensar que actuaciones que provocaron la muerte dolosa, el asesinato doloso de cinco personas que reivindicaban derechos laborales es algo que no merita ser protegido por varias leyes. Contra lo que ha dicho el señor Elorza, no están protegidos estos derechos...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...por la Ley de la Memoria Histórica, pero tampoco están protegidos por la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.

Señor presidente, dicho esto, yo creo que no necesita más argumentario mi exposición. Desde esta perspectiva, vamos a apoyar la proposición presentada por el Grupo de Amaiur porque lo que ellos pretenden es un requerimiento de justicia histórica, es un requerimiento de justicia elemental y de justicia material. Lo que no vamos a aceptar nunca...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha acabo su tiempo porque es que se ha pasado mucho y le he advertido dos veces.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me va a permitir una última reflexión, reflexiones maniqueas... (Rumores).

Señor presidente, es que estamos muy acostumbrados desgraciada y desafortunadamente a reflexiones maniqueas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, es que no está usted terminando con una frase, sino con un nuevo párrafo. Siento decirle que se le ha acabado el tiempo y tiene que abandonar la tribuna.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Precisamente para evitar el maniqueísmo en esta materia, señor presidente... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le respeto, pero no puede usted seguir.

Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez González.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero felicitar al Gobierno y dar las gracias a la Guardia Civil por las detenciones que se han producido esta mañana de dos presuntos terroristas en territorio francés. Gracias sinceramente a la Guardia Civil y felicitaciones al Gobierno por este trabajo. (Aplausos).

¿Se imaginan ustedes por un instante una Euskadi en la que estuviéramos todos; una Euskadi social y culturalmente consolidada, rica en ideas, auténtica y plural? La nuestra es una comunidad mutilada que no ha podido ni puede desarrollarse plenamente porque muchos ciudadanos como Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Fernando Múgica, Joseba Pagazaurtundua y 854 más ya no están ni estarán nunca. No me parece en absoluto responsable construir una sociedad futura basada en aceptar como adversarios políticos a quienes siguen sin condenar a ETA, ni me parece en absoluto ético dar por democrático su proyecto con la excusa de que en democracia todo es defendible y sentir empatía con su cínico victimismo. ¿Es esta la pluralidad que queremos? ¿Es esta la sociedad que vamos a ofrecer a nuestros hijos? Será tan falsa como el perdón de los etarras, como su paz y como su democracia.

Después de leerles estas palabras, que no son mías, escritas por Ana Iribar en enero de este mismo año, no se sorprenderán ustedes si les digo que nada me provoca más repugnancia que oír hablar de derechos humanos a quienes justifican los crímenes más horrendos de nuestra historia democrática. Por tanto, reclamar al Congreso surgido de la Constitución de 1978 y legitimado por el voto de los ciudadanos la condena de un episodio de brutalidad policial del fin de la dictadura -que eso es lo que ocurrió en Vitoria el 3 de marzo del 1976 y no un episodio de terrorismo- implica considerar al actual Parlamento constitucional español continuador y responsable político de las aberraciones de la dictadura franquista. Su relato, el relato de Amaiur, es el relato justificador de ETA según el cual no hay diferencia alguna entre el franquismo y la democracia constitucional; no se lo puedo tolerar.

Les voy a dar algunos datos sobre ese relato hipócrita y cínico que ustedes practican y que han practicado también esta misma tarde. En ese año, 1976, ETA asesinó a 18 personas inocentes. A los autores de esos crímenes se les aplicó la Ley de Amnistía, de 1977, esa que ustedes pretenden derogar con esta iniciativa, que busca legitimar retrospectivamente los crímenes de ETA contra la democracia. También en 1976 Eugenio Etxebeste -sigamos con datos-, Antón, jugó un papel determinante en el secuestro y asesinato del empresario nacionalista Ángel Berazagui. Él, Antón, fue la persona


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que pidió 200 millones por su liberación y negoció con frialdad el rescate con los dirigentes del PNV, Agirre e Isasi. Berazagui apareció asesinado en una cuneta el 7 de abril de ese mismo año, 1976. Ese dirigente de ETA al que se le aplicó la amnistía en 1977, Antón, es hoy compañero suyo, militante de Sortu. También corría el año 1976 cuando desapareció el que fuera dirigente de ETA político-militar, Eduardo Moreno Bergareche, Pertur. Si quieren hacer algo decente, colaboren con la justicia para encontrar su cadáver y el de otras cinco personas, tres jóvenes gallegos entre ellos, de cuya desaparición ETA es responsable. No habrá consecuencias penales, como saben ustedes muy bien, para los autores de los crímenes, pero sus familiares podrían recuperar sus restos y cerrar esa herida. Muchas de las víctimas de aquel 3 de marzo de 1976 -por seguir haciendo memoria de la de verdad- pertenecían a Comisiones Obreras y a UGT y a partidos ilegales democráticos, partidos democráticos y de izquierdas que nada tenían que ver con las maquinaciones de ETA. De hecho, los grupos de los que luego nació Herri Batasuna en 1978 se negaban a cooperar con lo que consideraban movidas españolistas y comunistas, entre comillas. Además, en los sitios donde tenían peso ni siquiera triunfaron las huelgas. Por eso es particularmente repulsiva la manipulación histórica y política implícita en esta iniciativa, que pretende negar la consecución de aquellos objetivos por los que luchaban pacíficamente las víctimas de Vitoria, objetivos que eran amnistía, derechos democráticos y Constitución.

Después de 1976, muerto el dictador, ETA ha asesinado a más de 800 personas. Entre estas, hubo no pocos afiliados de Comisiones Obreras y de UGT, sindicatos que organizaron, como dije, esa huelga de 1976. Como ejemplo de esos asesinados, José Luis López de Lacalle, vecino de Andoain, que sufrió cinco años de cárcel bajo la dictadura por su militancia comunista, uno de los activistas vascos que participó activamente en el movimiento de lucha que desembocó en la tragedia de Vitoria. Pues bien, José Luis López de Lacalle fue asesinado por ETA el 7 de mayo de 2000 por su coherente pertenencia a los movimientos cívicos vascos contra ETA. No olvidemos que ETA se ha aplicado mucho más contra la democracia que contra la dictadura: 44 personas asesinadas durante la dictadura y 813 asesinadas contra la democracia.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hasta la fecha no hemos oído a Amaiur no ya una exigencia de juicio contra los responsables de esos crímenes, sino ni siquiera una elemental exigencia a sus asesinos para que se disuelvan incondicionalmente, colaboren al esclarecimiento de sus crímenes y pidan perdón a sus víctimas, no pocas de las cuales lucharon contra Franco primero y después contra el único movimiento que fue mucho más hostil a la democracia que el franquismo, la llamada izquierda abertzale, así que no se equivoquen. Nosotros no somos iguales que ustedes. Ustedes están en esta Cámara y ocupan esta tribuna, pero no son de los nuestros. La ley les ha permitido entrar aquí, pero su presencia entre nosotros nos recuerda cada día que las leyes no siempre se utilizan para defender la justicia. Lo que sí es de justicia es recordar que, si ETA no ha derrotado la democracia, si todos nosotros estamos aquí es gracias al sacrificio y al valor de muchos ciudadanos anónimos que resistieron contra la dictadura del terror, gracias a muchos guardias civiles, policías, periodistas, profesores, jueces, políticos...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...que fueron asesinados por defender nuestra libertad y para evitar que triunfara la estrategia de ETA. No les pediré que condenen a ETA; sería pura retórica. Pero sí les quiero decir que en tanto no repulsen la historia de ETA, en tanto no agachen la cabeza cuando se encuentren con una víctima, en tanto no colaboren y exijan que colaboren para esclarecer los 326 asesinatos que están sin esclarecer, no les consideraremos de los nuestros, no les consideraremos iguales.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar, porque se le ha acabado el tiempo.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.

No les consideraremos como iguales, porque eso está reservado para los demócratas. En tanto no hagan eso, tendrán ustedes el más infinito de nuestros desprecios. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra). Señor Olabarría, estamos en plena discusión. No me parece que en este momento pueda usted intervenir. Vamos a terminar la discusión, y luego le concederé la palabra para que me diga por qué quiere intervenir.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Muchas gracias, presidente.

Señorías, no voy a repetir los hechos porque se han descrito aquí de manera suficiente. Simplemente voy a marcar los que creo que son significativos para tomar posición en relación con los hechos de los que hoy estamos hablando.

La actuación de la policía aquel mal recordado día de 1976 fue absolutamente absurda, incluso desde el punto de vista técnico. Intentaron bloquear una iglesia donde había 4.000 personas. ¿Qué pretendían hacer? ¿Identificarlas? ¿Detenerlas a todas? Era una posición


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absolutamente absurda incluso desde el punto de vista de la técnica policial, en democracia y en dictadura. Se dio incluso la incoherencia de que no dejaron entrar a nadie más, y a esos que no dejaron entrar tampoco les identificaban. No tenía el más mínimo sentido mantener bloqueada a esta gente en la iglesia. Pero luego todo el tema fue gestionado con los pies y a conciencia. Sabían lo que hacían, sabían que seguramente tendrían que utilizar armas. Los hechos quedaron registrados porque resulta que las comunicaciones entre los coches de policía fueron grabadas, y hoy podemos leerlas en esta tribuna de representación democrática y popular. Cambio. Gasead la iglesia. Cambio. Interesa que vengan los charlies porque estamos rodeados de gente, y al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a utilizar las armas seguro. Vamos a utilizar las armas seguro. Saltándose la legalidad vigente -aquí se ha dicho que había un concordato que se tenía que cumplir- se utilizaron armas de fuego en una situación que no lo requería en absoluto, porque no generaba conflicto. Así, gente menor de edad en aquella época -Romualdo Barroso, estudiante de diecinueve años, menor de edad en aquella época; Francisco Aznar, que era ayudante de panadero, un chico de diecisiete años- fue tiroteada por la entonces llamada Policía Armada.

¿Cuál es nuestra posición? Simplemente leeré la parte final de la intervención de nuestra portavoz, doña Mercè Pigem, el día en que se aprobó la Ley de Víctimas del Terrorismo: Por último quisiera hacer una reflexión. Mantenemos vivas enmiendas que quieren ser la expresión del reconocimiento y la solidaridad hacia las víctimas de acontecimientos ocurridos en la transición democrática, como los de Ferrol y Granada del año 1972, y los de Vitoria y Montejurra en el año 1976, donde quedó patente que la lucha por la democracia y las libertades no fue incruenta. Hubo gente que murió y hubo mucha gente que sufrió padecimientos físicos y psíquicos importantes. Creemos que es de justicia ofrecer también a estas víctimas el tributo que merece su sacrificio. Ahora bien, hay otras consideraciones que seguro que no tienen el calado moral de las que he hecho hasta ahora. Se ha aprobado una nueva ley, la Ley de Memoria Histórica, que contempla situaciones como las que hemos descrito que sucedieron en el año 1976. En principio, tal y como se ha demostrado claramente en el discurso que hicimos al final de la aprobación de la Ley Antiterrorista, nuestra postura era otra, queríamos que todos estuvieran incluidos en la misma ley, pero hay una ley aprobada y esto tampoco se puede ignorar desde esta Cámara. No vamos a ignorar la legalidad vigente.

El último punto de la proclamación de Amaiur es especialmente significativo; de alguna manera se hace un llamamiento -quizá ha pasado desapercibido en las reflexiones que se han hecho aquí- a pedir perdón al Estado español por los hechos sucedidos durante el franquismo. Este es un debate interesante; se ha hecho en Alemania y lo ha hecho el Santo Padre en relación con los judíos, y quizá algún día el Estado español tendría que plantarse pedir unas disculpas de este tipo. En todo caso no es un tema que pueda resolverse en una proposición no de ley, en el último punto, y en una discusión donde parece que incluso el hecho haya pasado desapercibido. Por eso nos encontramos ante un hecho moral, pero también ante un hecho legislativo que no puede ser ignorado, y esto también marcará nuestra posición.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Urbina, hoy han sido detenidos dos terroristas miembros de ETA en Albi, Francia. Por tanto el Grupo Parlamentario Popular entiende que hoy es un día para felicitar a la Guardia Civil, en primer lugar, para agradecer la colaboración francesa, y para felicitarnos todos ante el éxito de la democracia y la libertad en estas últimas horas. (Aplausos). Hoy sin embargo es el día que ustedes han elegido para criticar esas detenciones, y el día en que nos han anunciado que mañana no asistirán al homenaje que tributa la Cámara a las víctimas del terrorismo. Con este preámbulo y con estas prioridades ha hecho usted su intervención sobre el 3 de marzo; un discurso que con semejante trasfondo estoy seguro de que en Chile calificarían sin duda de improsulto, señor Urbina. En todo caso yo se lo voy a decir más clarito, se lo voy a decir con la claridad de quienes tenemos profundas convicciones democráticas: no están ustedes en posición de dar lecciones a nadie en esta Cámara, señor Urbina, no están ustedes en posición de dar lecciones ni al Grupo Parlamentario Popular ni a Manuel Fraga, a quien ni siquiera llegarán nunca a descalzar, ni al nuevo Gobierno de la nación, ni a nadie en esta Cámara, a ningún miembro de ningún grupo de esta Cámara, tampoco cuando hablan del 3 de marzo de 1976. Ni siquiera media lección, porque entre ustedes se cuentan quienes todavía tienen todo por aprender en democracia, quienes no han condenado ningún asesinato de ETA, no han exigido su disolución incondicional ni han reconocido su responsabilidad en el daño causado por décadas de terror. Tienen ustedes demasiada tarea pendiente como para subir a esta tribuna a poner deberes a los demócratas. Siguen teniendo un largo camino hasta la democracia, porque una cosa es la legalidad y otra muy distinta acreditar con hechos su condición de demócratas, que es algo que todavía está pendiente. (Aplausos).

Debo decirles que no nos han hecho falta ustedes para ocuparnos del 3 de marzo de 1976 y de las víctimas del 3 de marzo. Simplemente llegan ustedes varias décadas tarde a su cita con la historia. El PP se ha pronunciado


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en innumerables ocasiones sobre los gravísimos sucesos del 3 de marzo de 1976. Hemos condenado aquellos hechos, hemos ofrecido apoyo a las víctimas y a sus familiares, hemos acatado y respetado las decisiones judiciales, y hemos participado en decisiones, debates y tomas de posición para esclarecer la verdad de lo ocurrido, indemnizar a las familias, y guardar la memoria de las víctimas de aquellas trágicas horas; eso lo ha hecho también el Partido Popular.

Otros oradores han recordado otras cosas, ciertamente algunas inexactitudes. Nosotros no respaldamos el famoso memorándum del Parlamento vasco. Nosotros no respaldamos -lo decía el señor Agirrezabala, portavoz de EA, de Amaiur, en la Cámara vasca el día de hoy- la declaración institucional del 3 de marzo de 2006, y tampoco hemos permitido que las cámaras se conviertan en tribunales paralelos. Pero todo lo anterior lo hemos hecho desde la absoluta convicción democrática, al servicio de las personas, con voluntad de reparar en lo posible las consecuencias de hechos que nunca debieron ocurrir, tanto en el plano moral como en el material. Esto lo han hecho las fuerzas políticas y las instituciones vascas, y también lo ha debatido, como aquí se ha recordado, el Congreso de los Diputados. Como les decía, llegan ustedes tarde a su cita con la historia, y tienen pendiente recorrer el sendero que conduce a la democracia. Por eso su preocupación en el día de hoy no son las víctimas del 3 de marzo, ha quedado claro en su intervención. Su objetivo es instrumentalizarlas, ponerlas al servicio de su teoría del conflicto, relativizar el sufrimiento causado por ETA, difuminarlo, equiparándolo a otras situaciones, tergiversando la realidad histórica y social, como hemos visto tantas veces, insisto, en su discurso. Manipulación evidente, señor Urbina. Servirse del 3 de marzo de 1976 como cortina de humo, como excusa para seguir sin afrontar la tarea pendiente de su formación en democracia.

Como se ha recordado, en el año 1976 hubo 12 atentados con 17 víctimas mortales. Usted no ha condenado ninguno de ellos, ni los anteriores ni los centenares que siguieron. Por eso carecen ustedes de legitimidad moral par subir a esta tribuna a pontificar sobre derechos y libertades. Absolutamente carecen de legitimidad moral. (Aplausos). Sabemos a día de hoy lo que dicen sus estatutos, pero también sabemos lo que sus bocas nunca han dicho: la condena a ETA que nunca han formulado ni con su boca ni por supuesto con su voluntad. Condena a ETA que para cualquier demócrata constituye, no un imperativo legal, como a ustedes les gusta decir, sino un imperativo moral. Por supuesto el Congreso no está para impartir justicia, ni para sustituir a los tribunales, ni para establecer la verdad histórica, que es algo que siempre hemos dicho y sostenido en este tipo de debates. Sin embargo de todo esto hay mucho en su proposición no de ley, de voluntad de reescribir la historia, de ahormarla a sus propósitos políticos y a sus pretensiones. Pretenden llevar agua a su molino apropiándose del tema. Tengo que recordar que hace tan solo un año la inclusión de las víctimas del 3 de marzo de 1976 en la Ley de Víctimas del Terrorismo ya fue debatida por el Parlamento vasco, y la proposición no de ley fue rechazada por el Parlamento vasco. También hay que recordarlo. El mismo planteamiento de la mano de otros grupos estuvo presente en la reforma de esa ley, como lo estuvo también en el debate de la Ley de Memoria Histórica en esta Cámara. Por tanto no ha hecho falta que lleguen ustedes para que estos temas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino, señor presidente.

El único sentido de esta pretensión de equiparar sufrimientos, hechos y actuaciones es su afán por abonar sus propias tesis partidistas, por encontrar excusas que expliquen, excusas que justifiquen, que contextualicen el terror de ETA, es decir, un afán muy alejado de la democracia y de las libertades. El compromiso y el objetivo de los demócratas es la deslegitimación del terrorismo. Su actuación, la de ustedes, señor Urbina, en sede institucional o fuera de ella, solo les acercará a la democracia cuando asuman ese objetivo. Cuando asuman ese objetivo -termino, señor presidente- no hará falta que hagan ese tipo de equiparaciones tan injustas como las tragedias que han vivido cada una de las víctimas del terrorismo de ETA, o las víctimas de los sucesos del 3 de marzo. Si terminan ustedes de llegar a la democracia aprenderán a servir a las personas, a servir a las víctimas de cualquier tragedia, en vez de servirse de ellas para sus propios fines. Esa es la clave en democracia, servir a las víctimas y no servirse de ellas. Y esa, por cierto, es una parte importante de sus deberes democráticos pendientes a la que deberían dar prioridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.

Señor Olabarría, me había pedido antes la palabra y le he dicho que cuando termináramos la discusión.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

En relación con ciertas alusiones a personas concretas hechas por la señora Díez nos parecen que...

El señor PRESIDENTE: Tiene usted tres minutos; pero tres minutos.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...se incardinan en el artículo 71.3.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero le doy tres minutos, y diga usted lo que le parezca conveniente.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, porque se han hecho alusiones relativas a la participación en hechos pretendidamente delictivos que en el ámbito jurisdiccional han sido archivados. Desde la perspectiva del decoro y de la probidad institucional del grupo y del partido al que represento quería decir que no son en absoluto pertinentes a los fines de esta naturaleza.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lamento que el señor Olabarría se haya sentido aludido en un relato de hechos históricos contrastados que me he limitado a poner de manifiesto. En todo caso la alusión era al terrorista que negoció en ese supuesto que trató de resolver un secuestro de un nacionalista que apareció asesinado en una cuneta, a pesar de que él trató de negociar su libertad. Son hechos conocidos y yo hablaba de ese terrorista que hoy es compañero de partido de este grupo político que ha presentado esta iniciativa. En modo alguno alusión ni a su partido ni a su persona ni a las personas que desgraciadamente no pudieron evitar el asesinato de este industrial nacionalista vasco a manos de ETA.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Larreina Valderrama pide la palabra). No, ya no va a haber más palabras en este tema, porque creo que ha quedado suficientemente claro con los que han intervenido. (El señor Larreina Valderrama pronuncia palabras que no se perciben).

Ahora le pregunto en cambio al señor Urbina cómo plantea las enmiendas que ha recibido. Parece que hay una transaccional.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Sí, en principio, señoría, mantendremos el texto en todos sus términos.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), SOBRE LAS MEDIDAS DE REPARTO DEL TRABAJO A IMPULSAR A FIN DE PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN DE PARO EXISTENTE. (Número de expediente 173/000028).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, señor Cuadra, sobre las medidas de reparto del trabajo a impulsar a fin de paliar la grave situación de paro existente.

Tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, el artículo 35 de la Constitución habla del derecho de todos los españoles al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción profesional y a una remuneración suficiente. Evidentemente se trata de una broma macabra habida cuenta de la situación social que se ve en todo el Estado: 6 millones de personas paradas se prevén para final de año, y bastantes más de ellas no tienen ocasión alguna de poder elegir profesión u oficio, porque lo que tienen que hacer es aceptar trabajos basura pagados con cuatro perras. Cuando Amaiur presentó la interpelación sobre este tema, sobre el reparto del trabajo, la señora ministra nos dijo que se trataba de un debate nostálgico, pero nosotros lo que vemos es que la única nostalgia existente aquí desde que el partido Popular llegó al Gobierno es una nostalgia que pretende conducir las relaciones laborales, la situación económica, la situación social a finales del siglo xix o a primeros del xx cuando los empresarios en sus fábricas eran señores feudales, dueños de cuerpos y almas, y los derechos sociales prácticamente eran inexistentes. Esta es la nostalgia de este Gobierno, del Gobierno del Partido Popular.

Einstein decía que no se pueden resolver los problemas utilizando los mismos razonamientos que los habían creado, y en esta medida no se pueden resolver estos graves problemas -a los que he hecho relación- intentando volver al mismo modelo que los ha generado. El ánimo de lucro sigue siendo el motor de la economía; el mercado y los mercaderes siguen siendo quienes dirigen la misma; la banca es el becerro de oro ante el que se postran los distintos gobiernos, adorándole y protegiéndole; la naturaleza sigue siendo únicamente un objeto de explotación, y las mujeres siguen siendo consideradas en su trabajo y en su condición como algo subordinado y secundario. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Hace poco hemos visto una PNL presentada conjuntamente por el Partido Popular y el Partido Socialista, algunas grandes palabras vacías de contenido, porque a la vez que se empieza a hablar conjuntamente de la creación de empleo, hemos oído esta misma mañana también al presidente del Gobierno, señor Rajoy, decir que vienen nuevas medidas difíciles, y nosotros sabemos lo que quiere decir esto; quiere decir subidas del IVA y reforma del régimen de pensiones. Y hemos leído también en los periódicos esta mañana una nueva desvergüenza de este Gobierno: se van a dedicar más de 240 millones de euros para tapar los pufos y los despropósitos de unas cuantas autovías y radiales que no han servido nada más que para en su día llenar los bolsillos de quienes las impulsaron. No se puede mezclar el aceite y el agua, y esto es lo que se ha pretendido también con esta PNL y se pretende por parte del Gobierno.

Se nos dice que se quiere defender crear empleo, pero esto será en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la estabilidad de los mercados financieros, es decir, será más de lo mismo, el carro irá por delante


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de los bueyes, las finanzas por encima de la gente, los 6 millones de personas paradas irán a rastras de los sueldos multimillonarios de los banqueros. Citamos de nuevo a Einstein, que afirmó: La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Y en este Estado existe ya más de un 26% de niños y niñas en situación de pobreza, lo acaba de decir Unicef. Por eso es preciso avanzar hacia un modelo alternativo, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en esta Cámara, a un modelo asentado en parámetros, en pilares firmes, de justicia social y de solidaridad, de reparto del empleo, de reparto del trabajo, de reparto de las riquezas; un modelo hermanado con la naturaleza y que no se levante y se asiente sobre la desigualdad entre los sexos. La crisis y el paro que padecemos no es un problema derivado de la escasez: en esta sociedad reina la abundancia, existe sobreproducción, la capacidad productiva de las empresas es bastante mayor de lo que puedan ser las necesidades básicas del conjunto de la población. La crisis, la pobreza, nacen de la riqueza y es preciso por eso repartir la riqueza, repartir el trabajo.

Se ha hecho referencia aquí antes a Europa, pero la Europa que se necesita no es la Europa que tenemos, que es la Europa de los Estados, es la Europa de los Gobiernos, es la Europa del Banco Central Europeo y del resto de bancos, es la Europa de los poderes ocultos y la democracia secuestrada, en la que reinan los Gobiernos y no los pueblos, y nosotros queremos una Europa de los pueblos, una Europa de las naciones, una Europa de la gente de abajo, de la democracia real, participativa, de los derechos sociales. La moción que hoy presenta Amaiur tenía cuatro apartados: uno referente a la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas; otro a la supresión de las horas extraordinarias; en tercer lugar, se hablaba de la potenciación social de los servicios sociales; y por último, de crear prestaciones sociales y rentas básicas para el conjunto de la población, que satisfagan los derechos básicos más elementales. Condiciones de vida que reclamamos, que queremos construir y defender desde Euskal Herria con un marco propio, con un marco soberano en materia económica y social. Nuestra moción, a la vista de la enmienda de sustitución planteada por Izquierda Unida, la hemos consensuado con ellos y vamos a presentar una transacción en la que recogemos bastantes de los puntos planteados por ellos.

Quiero terminar, ya que estamos hablando del reparto del trabajo, con una referencia a la importante lucha que están desarrollando estos días y semanas los mineros de Asturias, de León y de Teruel, porque en definitiva la defensa que están haciendo de sus puestos de trabajo es algo que tiene que ver con lo que aquí estamos discutiendo. Nuestra plena solidaridad con los pueblos mineros de Asturias, de León y de Aragón en la defensa de estas reivindicaciones y de la dignidad que les corresponde como personas, trabajadores y pueblos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a Amaiur la oportunidad que nos ofrece de debatir sobre uno de los grandes retos de nuestra sociedad en estos momentos. Un debate que no merece ser despachado con consignas fáciles como las que utilizó la señora ministra en la respuesta de la semana pasada. Calificar de nostálgico y de caduco el debate del reparto del empleo es ignorar lo que en estos momentos numerosos expertos dicen -por citar solo uno, Robert Reich, ministro de Trabajo de Clinton-, es ignorar también que los países que mejor han encajado la crisis son aquellos que han aplicado políticas de reparto del empleo, y es ignorar que en estos momentos crecimiento de empleo y reparto de empleo no son aspectos contradictorios, y que es un craso error identificar productividad con más tiempo de trabajo. A estas alturas nadie discute que la productividad no va ligada a la utilización intensiva o extensiva del trabajo, sino a la utilización intensiva de capital y tecnología, y nadie discute que las últimas horas de trabajo de la jornada son las más improductivas, y nadie discute que los países con mayor productividad son aquellos que tienen jornadas de trabajo más reducidas y basta ver las estadísticas de Eurostat.

La historia de la humanidad, no se nos olvide, es la historia de cómo los cambios tecnológicos han comportado mejoras de productividad que han provocado que cada vez se precise menos fuerza de trabajo para producir más. Es oportuno recordar aquí que en 1900 la jornada anual de trabajo era de 3.000 horas, y que en estos momentos la jornada máxima legal está situada en 1.826,27 horas. Justo ha sido esa reducción del tiempo de trabajo el gran impulsor del empleo del siglo xxi en toda Europa, pero especialmente en España. Recuerden, señoras y señores diputados, que nuestra principal industria, el turismo, no existiría si los trabajadores europeos no hubieran pasado de trabajar esas 3.000 horas a menos de 1.700 como media, y que cerca del 66% del empleo existente en España solo ha sido posible gracias al avance del Estado social europeo, que entre otras cosas incluye las políticas de reparto solidario del empleo. Es sin duda un tema que no deberíamos olvidar si queremos avanzar en un debate serio alrededor de lo que posiblemente sea un gran yacimiento de empleo, las políticas de reparto solidario del empleo realmente existente.

El debate que se suscitó el otro día con la intervención de la ministra no es un debate sobre si el empleo debe o no repartirse. El debate que suscitó la señora ministra es un debate entre reparto solidario del empleo y reparto profundamente insolidario, porque no sé si fue consciente o no, pero en su intervención no solo negó la realidad, sino que incluso se olvidó de decir que es la


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reforma del Partido Popular la que aplica unas políticas de reparto del empleo, pero son políticas absolutamente insolidarias. Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial, que se consolida en nuestro país como una de las maneras más insolidarias de repartir el empleo, porque está especialmente concentrado en las mujeres, y además tiene un carácter no voluntario, sino obligatorio. Impone a esas mujeres bajos salarios y sobre todo les impone continuar siendo aquellas que en exclusiva se ven obligadas a mantener las funciones reproductivas en el seno de las estructuras familiares. Por eso insisto, porque creo que este Congreso se merece que este debate se realice con menos consignas, en términos menos facilones. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a plantear modestamente una enmienda a la moción planteada por Amaiur. Para nosotros, de todas maneras, el reparto del empleo no es algo que se pueda conseguir fácilmente por una ley, y mucho menos por una ley universal, porque, afortunadamente, la diversidad del tejido productivo, industrial, de servicios, pequeñas, grandes empresas, sector público, sector privado, hace más complejo el debate de reparto de empleo, y no se puede resolver a través solo de una ley ni solo a través del reparto de la jornada de trabajo. Eso es lo que nos ha llevado a plantear diferentes formas y estrategias de reparto del empleo, por ejemplo, alargando las etapas educativas de la mayoría de los jóvenes, garantizando que no se produce abandono prematuro de los estudios posobligatorios, no prolongando más la edad de jubilación -absolutamente contradictorio con políticas solidarias de reparto de empleo- o ampliando los permisos retributivos para formación, que es también una buena manera solidaria de repartir el empleo, al mismo tiempo que planteamos ampliar los derechos vinculados a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras para que en determinados momentos de su vida se puedan dedicar al cuidado de otras personas de su entorno. Son esas y otras cosas las que nos hemos permitido suscitar en nuestra enmienda a la moción y esperemos que, si alguna vez se puede hacer un debate serio en esta Cámara sobre reparto de empleo, puedan ser objeto de discusión solvente.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que finalizar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señora presidenta. Son esas y otras cosas las que sugerimos que podamos discutir con calma, sabiendo que el futuro del siglo xxi es el futuro en que el reparto del empleo es uno de los grandes yacimientos de creación de puestos de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor Cuadra, compartimos con usted la afirmación que hacía la semana pasada de que hace falta devolver a la sociedad algunos de los valores que todos, en mayor o menor medida, olvidamos, cegados por un crecimiento continuado de nuestra economía que se encontraba asentada en arenas movedizas. Uno de los valores que se encuentra en peligro de extinción es el valor del trabajo. Las reformas emprendidas por el Gobierno del señor Rajoy están desposeyendo de valor el concepto que durante tanto tiempo y con tanta lucha y sufrimiento por parte de muchos trabajadores y trabajadoras se había logrado consolidar. La reforma laboral que se aprobará por esta Cámara el jueves está consiguiendo ya tanto la pérdida de empleos como la minoración de la calidad de los mismos, está aumentando las diferencias entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen porque estos últimos además están perdiendo el acceso a unos ingresos mínimos, como puede ser el caso de los trabajadores que pierden el subsidio de desempleo y ya no podrán acceder al programa Prepara, que garantiza renta y programas de empleabilidad. Con ello, además, están perdiendo el ejercicio de otros derechos en condiciones de igualdad. Ante esta situación, el Gobierno sigue mirando hacia delante, como le gusta decir a la ministra en sus escuálidas argumentaciones, mientras mucha gente se va quedando atrás y en la cuneta. Están esperando a que haya crecimiento para generar empleo, pero yo les diría, utilizando el sabio refranero, que para ese viaje no se necesitaban alforjas. La normativa laboral no es generadora de empleo en sí misma, entonces, ¿por qué cambiarla? Señorías, solo se nos ocurre que se cambia para deteriorar el valor del trabajo y así beneficiar a unos pocos.

Coincidimos con ustedes también en el análisis de que hay una buena parte de la población que excede diariamente su jornada de trabajo y, lo que es peor, en numerosas ocasiones con horas extraordinarias que no son ni declaradas ni cotizadas a la Seguridad Social. Además, esto ocurre tanto en grandes empresas multinacionales con personal muy cualificado como en pequeñas empresas con personal de baja cualificación. Es decir, es un problema no exclusivo del tipo de empresas, sino del tipo de empresarios, y ahí tenemos claro que hay que luchar contra el fraude y también contra el de los defraudadores que se van a acoger a su amnistía fiscal. Pero nuestro grupo no puede coincidir en que la solución a la destrucción masiva de empleos pueda resolverse solo repartiendo horas de trabajo entre distintos trabajadores. Entendemos que aplicar bien una política de reparto del trabajo sería harto dificultoso porque hay que poner a todos los agentes implicados de acuerdo y porque resulta poco factible que a menos horas de trabajo y en el contexto en el que estamos, siempre dentro del máximo legal, se pueda cobrar el mismo salario, y aún más en el nuevo contexto al que nos enfrentamos, con una reforma


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laboral en la que la negociación colectiva se ha visto tocada de muerte.

Presentamos una enmienda de sustitución que aglutina, a nuestro parecer, algunos de los puntos de la moción presentada por el Grupo Mixto y poniendo en valor lo que consideramos urgente de abordar, como hemos manifestado en distintas ocasiones, que no es otra cosa que la profundización en la racionalización de horarios; en la necesidad de hacer un reparto equitativo de los usos del tiempo entre el trabajo dentro y fuera del hogar, el trabajo productivo, reproductivo y el de cuidados, y el necesario tiempo de ocio. Lejos de la tradicional creencia de que es necesario trabajar más horas para ser más productivos, afirmación que hemos escuchado en numerosas ocasiones en las bancadas de la derecha, existen numerosos estudios que acreditan que el equilibrio en los usos del tiempo es un factor favorecedor de la competitividad de las empresas porque los trabajadores somos más productivos cuando mejora nuestra calidad de vida, porque se fomenta el ahorro energético, porque se generan nuevos empleos relacionados con el ocio y los cuidados y porque sin tiempo no hay posibilidad de mantener el nivel de consumo y, lo que es mucho peor, sin tiempo no hay reposición poblacional y nuestro sistema de bienestar correrá un riesgo adicional al que ya corre estando en manos del Partido Popular.

Creemos que el debate sobre la organización del tiempo de trabajo es muy importante y oportuno, como ya ha indicado el portavoz de La Izquierda Plural, pero tiene que pasar por un análisis profundo de la distribución y usos del tiempo y por criterios de calidad en el empleo. Aunque sean momentos de zozobra para estos objetivos, en el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a renunciar a conseguirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lucio.

En el turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Cuadra, señor Coscubiela, quiero decirles que ustedes han considerado pertinente la teoría del reparto del trabajo y yo la considero caduca. No es frecuente que pueda coincidir con doña Fátima Báñez en reflexiones intelectuales de esta naturaleza, pero en este caso sí coincido. Recuerda un poco la metodología de los planes quinquenales del Estado soviético, de allá donde se podía repartir el trabajo de forma planificada. No es un debate que se corresponda con las reflexiones de la izquierda de los países europeos en la actualidad. Muy lejos de esto, defiende los principios que inspira -cómo se reparte el mercado de trabajo, cómo se estructura el mercado de trabajo- de forma muy contradictoria con lo que ustedes están preconizando en este ámbito. Se reparte o se distribuye en virtud de principios que están constitucionalizados, como la economía de mercado, de libre empresa, propiedad privada, que están consagrados en la Constitución española.

Sin perjuicio de una reflexión que nos llevaría prácticamente a la metafísica, y en relación ya con el contenido material de la moción del señor Cuadra, quiero decir que proclamar la reducción de la jornada máxima de trabajo de forma progresiva a lo largo de la presente legislatura sin reducción salarial alguna es algo que constituye una contradicción expresa de la reforma laboral, cuyo íter legislativo va a acabar el próximo jueves en este Congreso de los Diputados, donde esta es una de las materias o condiciones de trabajo objeto de disposición en materia de convención colectiva o negociación colectiva en ámbitos inferiores in peius, degradando un poco las condiciones de trabajo en sentido contrario a lo que aquí se preconiza, incrementando la jornada laboral y disminuyendo la retribución. No nos gusta esta solución, pero desde luego no vemos, salvo que se recurra a procedimientos de planificación de la economía, cómo se puede estructurar esta proclamación que se realiza en el punto primero de la moción presentada por el Grupo de Amaiur.

En relación con el segundo punto, la prestación de horas extraordinarias de forma que la compensación no sea monetaria, no sea retributiva, sino que sea con horas de trabajo, le quiero decir que dudo mucho que la mayoría de los trabajadores y de los sindicatos estén en condiciones de avalar esta proclamación. No solo esto, sino que sé que avalan la contraria, y los trabajadores también. Es difícil encontrar un trabajador que no opte por realizar horas extraordinarias a cambio de retribución y no mediante compensaciones de reducción de jornada, porque, en el fondo, lo que ustedes o el señor Cuadra están preconizando es lo que se denomina -y todos hemos criticado- distribución irregular de la jornada laboral. La jornada laboral no puede ser objeto de compensaciones mediante la reducción de la jornada otros días, otros meses u otros años. La jornada laboral forma parte de lo que se denomina orden público laboral o derecho necesario absoluto y no puede ser objeto de transacciones de esta naturaleza. Señor Coscubiela, me extraña mucho -también me extraña del señor Cuadra- que usted, que es un profesor del derecho del trabajo, preconice o proclame una eventualidad o una posibilidad de esta naturaleza.

¿Potenciar los servicios públicos destinados a la infancia, la tercera edad, personas discapacitadas, etcétera? Estas son competencias autonómicas o forales, y aquí lo que me sorprende, señora presidenta, es que el señor Cuadra, que pertenece a un partido nacionalista -aunque no voy a decir yo cuál es la identificación ideológica que Amaiur proclama respecto a sí mismo-, no reconozca que esta es una competencia para la que no están habilitadas estas Cortes Generales, este Congreso de los Diputados. Me sorprende terriblemente, hasta el punto de que es una competencia autonómica


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que debe ser respetada y él debería ser también un avalista de la salvaguarda competencial que nosotros ya proclamamos en relación con esta materia.

En cuanto al cuarto punto, potenciar cuantas prestaciones asistenciales, sociales y de renta básica sean precisas, nos encontramos con el mismo problema: también es una competencia autonómica y, en algunos casos, una competencia foral, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde esa perspectiva, también me produce cierta inquietud que no se acometa por el señor Cuadra una salvaguarda competencial, es más, que se invoque la atribución o la habilitación a las Cortes Generales del Estado de una competencia que es de naturaleza autonómica.

Por último, qué quiere que le diga, señora presidenta. No sé si la señora ministra de Empleo utilizó la expresión caduca o...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí.

En todo caso, hemos podido comprobar empírica y experimentalmente qué ha provocado la redistribución y la reducción de la jornada en el Estado francés. ¿Qué ha provocado? Muy poca...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy poca creación de puestos de trabajo y un incremento de las cotizaciones sociales que ha provocado unos desequilibrios de balance en los presupuestos del Estado francés preocupantes.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

¿El Grupo de Unión Progreso y Democracia no va a intervenir? (Pausa). Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Desde el escaño. Este no es un debate nuevo en esta Cámara. Creo recordar que en la legislatura 1996-2000 el señor Jáuregui, del Grupo Socialista, planteó entonces diversas iniciativas en una dirección parecida a la de la moción que vamos a someter a votación. Se planteaba entonces, al hilo de la experiencia francesa, la introducción por ley de la jornada de treinta y cinco horas. En aquellos debates mi grupo ya se manifestaba contrario a aquel planteamiento, la propia evolución de lo que fue la implementación en Francia de aquella legislación llevó a un cierto fracaso de ese modelo. Y, como bien apuntaba el señor Olabarría, fueron a menudo los trabajadores de las pequeñas empresas los menos partidarios del modelo de reducción de la jornada laboral porque implicaba reducción de sueldos, que a veces era compensada por más horas extraordinarias, y fueron precisamente los trabajadores de mayor cualificación de las grandes compañías los que sacaron mejor provecho de aquel planteamiento. Lo que es cierto es que la legislación de las treinta y cinco horas no ha terminado de progresar.

En el contexto en el que hoy estamos instalados, tampoco nos parece oportuna una medida de estas características. Una cuestión es cómo somos capaces de potenciar el trabajo a tiempo parcial -por cierto, en aquel país que todos ponemos como ejemplo de mayor utilización del tiempo parcial, que es Holanda, es también un contrato fundamentalmente utilizado por mujeres trabajadoras-, y otra cómo aquellas reformas que se han introducido en nuestra legislación desde el año 2010 en el contexto de esta crisis, que han permitido dar mayor opción a la suspensión o reducción de jornada frente a la posibilidad del despido, se continúen potenciando. Ahí hay un camino enorme para continuar progresando y, evidentemente, todo aquello que sea fruto del acuerdo de los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva que pueda propiciar un reparto de trabajo va a contar siempre con nuestro apoyo.

Pero, señorías, si fijamos nuestro horizonte más allá de esta crisis, les recomiendo la lectura del último informe que don Josep Oliver acaba de publicar hace escasos quince días, donde analiza las perspectivas del mercado de trabajo del Estado español hacia el año 2020. El señor Oliver afirma -señor Coscubiela, le recomiendo que le eche un vistazo- que la composición de la pirámide demográfica en nuestro país, en Cataluña, puede llevar a que, sin que se produzca ningún crecimiento de empleo, en 2020 el desempleo en Cataluña represente alrededor del 4%, y con un mínimo crecimiento económico nuestra tasa de desempleo puede llegar a ser el 1%, simplemente por el efecto demográfico del envejecimiento de nuestra sociedad. Mucho me temo, señorías, que nuestro reto en lo próximos años en esta materia va a ser doble. Tenemos un grave problema de falta de formación y de cualificación de muchos de nuestros desempleados y, cuando superemos la dinámica de esta crisis, quizá lo que necesite nuestro mercado de trabajo sea más trabajadores y aquellos trabajadores desempleados que deberían de cubrir esas vacantes que aparezcan en las empresas puede que no estén suficientemente preparados para dar respuesta a esas necesidades. Dudo mucho, señor Coscubiela, que el debate en los próximos años, en Cataluña al menos, deba de ser el del reparto del empleo; debe ser el de la creación del empleo, el de la cualificación de los trabajadores desempleados y de la gestión inteligente de la inmigración. Otra cosa será que nuestro mercado de trabajo, que nuestro sistema de relaciones laborales tenga los suficientes elementos de flexibilidad que permitan potenciar el trabajo a tiempo parcial, que permitan potenciar la suspensión o la reducción de jornada, antes que el despido. Ahí nos vamos a encontrar. En cualquier caso,


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vamos a votar en contra de la moción que nos ofrecen Amaiur y La Izquierda Plural.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, señoras y señores diputados, coincido con quien ha dicho -la semana pasada lo hizo la señora ministra- que este es un debate antiguo y caduco. Recuerdo, como también lo ha hecho el señor Campuzano, aquellos debates con don Ramón Jáuregui y aquellas iniciativas de Izquierda Unida de hace diez o doce años referidas a la repartición del tiempo de trabajo y a las horas extraordinarias, mientras el Partido Socialista se fijaba más en las famosas y entonces tan de moda treinta y cinco horas, que se ha demostrado en la práctica, en la realidad, en la aplicación material, como ha sido en el caso francés, que han supuesto un auténtico fracaso. Son hechos, no conjeturas ni argumentaciones que pueda uno entender que tienen mayor o menor nivel intelectual, como se demandaba por parte de algún interviniente.

Ahora me pregunto: ¿Por qué treinta y cinco horas y no treinta? ¿Por qué no? ¿Se puede soportar, acaso, la reducción del tiempo de trabajo sin reducir el salario, como se pretende? Y, si eso se puede hacer así, ¿dónde está el tope?, ¿quién establece el límite?, ¿hasta dónde funciona eso? Es evidente que una medida de este tipo es una pérdida de competitividad clara e inasumible en una sociedad en crisis y en no crisis. Esa pérdida de competitividad solo es soslayable desde la perspectiva de la reducción de los salarios, que me imagino que no es lo que se pretende. Además, como también recordaba con acierto, en mi opinión, la semana pasada la señora ministra, muchas actividades de trabajo no son fácilmente divisibles, no todo el trabajo que hay, no todo el empleo que existe, no todos los puestos que en el mercado laboral se cubren son divisibles a la carta.

Se habla de compensar las horas extraordinarias. Al margen de las consideraciones que acaba de hacer el señor Olabarría hace un momento aquí, en principio el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores, que conocen tan bien o mejor que yo, ya establece esa posibilidad. Y nos dice que mediante colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extras en la cuantía que se fije o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido y que, en ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deben ser compensadas mediante descanso. Por tanto, esa pretensión está en la ley, la posibilidad de pactar por convenio o por acuerdo individual en el contrato de trabajo de la persona puede ir por esa vía, otra cosa es que la realidad se imponga muchas veces y se prefiera o sea más fácil en la organización del propio trabajo y muchos trabajadores prefieran percibir una compensación en metálico.

Le voy a decir una cosa, esta misma mañana hemos tenido un acto bonito, hemos tenido un acto en el cual la Cámara ha recibido a los protagonistas de la economía social, en concreto el sector cooperativo. Estamos en el año internacional del cooperativismo así declarado por la ONU. Ha habido una intervención digna de ser escuchada. Ha habido una intervención del presidente de la Corporación Mondragón y el presidente de la Corporación Mondragón nos ha explicado cómo desde el mundo cooperativo, desde el mundo del trabajo y de la propiedad, se ha conseguido soslayar la pérdida del empleo sobre la base de sacrificios, a base de flexibilidad, reduciendo temporalmente, cuando es preciso, el salario incluso un 15%, o reducir el tiempo de trabajo, o modificarlo: como no tenemos trabajo esta semana, ustedes no van a venir a trabajar, aunque cuando haya un pedido puede que tenga que venir a trabajar diez horas al día. Y gracias a esa flexibilidad, gracias a esa solidaridad y gracias a ese compromiso se están manteniendo los puestos de trabajo. Por cierto, en ese sentido le digo al señor Cuadra que esta proposición nos parece totalmente extemporánea porque estamos en el trámite final de aprobación de una reforma laboral en profundidad. Si el Gobierno y el legislador mayoritariamente hubieran querido plantear lo que ustedes formulan hoy, habría venido ya inserto en la propia reforma laboral, pero como no creemos que esas sean medidas eficaces, y la práctica así nos lo ha acreditado, no hemos entrado por ahí. Sí entramos por un instrumento que es fundamental y que inspira esa reforma laboral: la flexibilidad y la capacidad de las partes de llegar a acuerdos, de negociar, y de llegar a acuerdos incluso de empresa. Eso lo hacemos porque creemos que es bueno y porque en una situación crítica como la que vivimos en el Partido Popular sabemos que antes o después vamos a salir adelante, pero desde la premisa de la libertad, la libertad de negociar las partes, la libertad de acordar, la libertad de poder llegar a acuerdos y la libertad de poder decidir si en un momento determinado se puede o no reducir una jornada.

El señor Campuzano ha dicho una cosa importante. Leía yo a un catedrático de filosofía del derecho la semana pasada y a algún compañero le aporté copia de ese artículo del señor Contreras, que se refería a una palabra que yo llevo utilizando ya hace un tiempo. Aquí se ha hablado del invierno demográfico. España está en el suicidio demográfico. Ustedes plantean en esta moción que han acordado medidas como anticipar la edad de jubilación, como oponerse al diferimiento en la edad de jubilación. España, o cambia de rumbo, o no tiene futuro. Lo ha dicho claramente. Al final vamos a acabar con el desempleo por la vía de que no tenemos nuevas generaciones que repongan la situación. Es una cosa que parece que hoy no nos preocupa, pero a medio plazo, que llegará pronto, será un problema muy grave y yo me alegro de que por primera vez en la Cámara -y sí creo que habría que hacer un debate al respecto- se aborde esta cuestión, una cuestión porque afecta a la Seguridad Social, afecta al empleo, afecta al envejecimiento de la pobla


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ción y afecta a nuestro futuro. Ese es un gran debate que algún día habrá que hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiroz.

Señor Cuadra, tiene la palabra para expresar para la aceptación o rechazo de las enmiendas. Entiendo que tienen una transaccional con La Izquierda Plural, que de hecho ya ha sido depositada en la Mesa.

El señor CUADRA LASARTE: Efectivamente, hemos transaccionado con La Izquierda Plural la enmienda de sustitución que han presentado y todos los grupos la tienen a su disposición.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA PROPICIAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000029).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos, pues, a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Esta misma tarde Convergència i Unió, como han hecho otros grupos parlamentarios o lo van a hacer en los próximos días, ha mantenido una reunión con las tres organizaciones empresariales que representan a nivel estatal el ámbito de la dependencia: Aeste y FED, que representan al sector mercantil, y Lares, que representa al sector sin ánimo de lucro, así como con UGT y Comisiones Obreras. Realmente es un hito histórico que la patronal y los sindicatos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en un manifiesto en materia de dependencia en el que comparten un mismo análisis sobre cuál es la situación, en el que reclaman una acción política concertada para continuar desarrollando la política de atención a la dependencia. El manifiesto es interesante porque casi en su conjunto podría constituir una verdadera hoja de ruta que los grupos políticos, los agentes sociales y los gobiernos autonómicos podríamos compartir en esta materia. Afirman los agentes sociales que la atención a la dependencia es un sector de actividad económica intensivo en mano de obra que genera empleo estable, que la prestación de una atención integral e integrar a las personas en situación de dependencia supone un importante ahorro desde la perspectiva de potenciar la coordinación sociosanitaria. Advierten del problema que ha supuesto el desarrollo expansivo brutal del cuidador no profesional. Reclaman una exigencia de máxima calidad en los servicios que se deban prestar. Reclaman que las administraciones públicas no valoren exclusivamente el contenido económico de las propuestas que se presenten a licitación. Reclaman que las adjudicaciones se hagan con tarifas adecuadas, garantizando el pleno respeto a la normativa fiscal y laboral. Reclaman que es imprescindible adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Y, finalmente, reclaman que se contemple un marco claro, estable, transparente y sostenible, donde la colaboración público-privada tenga un papel a jugar.

Señorías, este conjunto de consideraciones, que -insisto- son defendidas por las organizaciones empresariales tanto del sector mercantil como del sector social y por los sindicatos, constituyen un espacio compartido para desarrollar en los próximos tiempos nuestra política. En este sentido, la moción de Convergència i Unió, fruto de la interpelación que planteamos a la señora ministra, responde a dos consideraciones. En primer lugar, la moción pretende revertir una decisión que el Gobierno ha tomado en el proyecto de ley de Presupuestos de 2012: el mantenimiento del nivel acordado para financiar las prestaciones de la dependencia por parte de las comunidades autónomas. Ahí mantuvimos una discrepancia con la señora ministra, que afirmó que de la misma manera que ella en su presupuesto había priorizado el gasto en atención a la dependencia, aquello debía ser realizado igualmente por parte de las comunidades autónomas. En el debate, mi grupo quiso poner de manifiesto que con aquella decisión lo que hacía el Gobierno era centrifugar el déficit hacia las comunidades autónomas y traspasarles las responsabilidades. En el caso de nuestro país, Cataluña, la afectación que tiene esa decisión es que para 2012 el Gobierno catalán va a contar con 46 millones de euros menos para atender a un mayor número de personas en atención a la dependencia. Eso tan solo puede ser resuelto por un incremento del copago por parte de los ciudadanos, por un incremento del déficit que haga el Gobierno de la Generalitat o por la desviación de recursos de otros ámbitos en un contexto de ajuste presupuestario muy duro para dar respuesta a esa cuestión. Hemos querido reafirmar en nuestra moción esa posición, sabiendo que ahí no vamos a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y que, de manera más que previsible, esta parte de la moción va a ser rechazada por la mayoría de la Cámara.

A pesar de ello hemos querido redactar una moción que fuese capaz de suscitar un acuerdo lo más amplio posible sobre la necesidad de alcanzar un consenso que permita un desarrollo de las políticas de atención a la dependencia, compartiendo buena parte de esas ideas y


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criterios que las patronales y las organizaciones sindicales han trasladado a la opinión pública. En concreto, en el primer punto de nuestra moción hablamos de promover un amplio acuerdo político y social con participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales y económicos para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de atención a la dependencia. Dicho acuerdo debe poner el acento en las fórmulas para garantizar la financiación a medio y corto plazo, poniendo el acento a su vez en los costes reales de los servicios, orientando esta política a la creación de empleo, al impulso a la colaboración público-privada, al desarrollo de las prestaciones sociosanitarias, al impulso a las políticas de prevención y a las políticas de innovación, desarrollo e investigación en esta materia. Además, esta política debe hacerse desde el pleno respeto a las competencias exclusivas que en materia de servicios sociales la Constitución y los estatutos de autonomía nos reconocen. Nos parece que la redacción de este primer punto es lo suficientemente amplio para que una mayoría de los grupos de la Cámara podamos converger en el mismo. En este sentido, señora presidenta, ya le anuncio que por parte de nuestro grupo vamos a solicitar la votación separada de los dos puntos que constituyen nuestra moción para permitir -si es el caso- que se pueda producir una votación favorable lo más amplia posible en relación con esa petición de acuerdo.

Señorías, igual que en otras políticas hemos sido capaces de alcanzar acuerdos, en esta materia deberíamos tener la inteligencia, el coraje y la prudencia de poder hacerlo. Aquellos que hoy más directamente están centrados en la generación de actividad económica en relación con la atención a la dependencia nos lo están reclamando. Hoy necesitamos políticas que en el corto plazo sean capaces de generar empleo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Y la política de atención a la dependencia forma parte de esa hoja de ruta. Simplemente hay que leer las últimas recomendaciones de la Comisión Europea en materia de creación de empleo. En este campo existen oportunidades y espero que hoy demos un paso en la dirección adecuada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Vamos a pasar al turno de enmiendas formuladas por los diferentes grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no podemos dejar de posicionarnos desde el Bloque Nacionalista Galego en relación con una moción que no es la primera vez que se presenta; quizá no en los mismos términos que ahora, pero sí con el mismo fondo. Hemos discutido sobre esto en otras ocasiones, muchas de ellas también a iniciativa del señor Campuzano, pero otras veces incluso a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego. De ahí nuestra posición, aunque podemos tener alguna discrepancia. El Grupo de La Izquierda Plural ha presentado una enmienda a esta moción y nos gustaría que el proponente la aceptara. Al margen de esa cuestión puntual, compartimos toda la filosofía que en la moción se manifiesta en relación con el hecho de garantizar la financiación correspondiente de manera que se pueda aplicar la Ley de Dependencia de acuerdo con las necesidades existentes, por tanto, nos parece positivo promover ese acuerdo social y político con las comunidades autónomas, así como las medidas que se plantean.

Señorías, hasta ahora el debate de la financiación fue una constante, y efectivamente en el año 2012 la situación agrava el problema que con anterioridad existía. Yo solo voy a dar unos datos de Galicia. Concretamente, quiero decir que las reclamaciones al Valedor Do Pobo, que viene a ser el Defensor del Pueblo, se incrementaron en el año 2011 en relación con la materia de la dependencia en un 141%, y estaba relacionado tanto con la falta de plazas para residencias, de centros de día o atención a domicilio, como con la tardanza en los pagos y en la calificación de las dependencias. Si después de todo esto, señorías -y finalizo, señora presidenta-, que ya era difícil y deficitario, resulta que nos encontramos con que este Gobierno a finales del año 2011 suspende la aplicación de la Ley de Dependencia, que era necesaria hacerlo para este año 2012, y además elimina de los presupuestos 283 millones de euros, comprenderán ustedes que la situación se agrava y hace imposible la sostenibilidad financiera de la dependencia. Por tanto, nos parece fundamental el último punto de esta moción...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila, tiene usted que terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...que es suprimir de la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que yo comentaba de los 283 millones de euros. Evidentemente daremos nuestro apoyo a la moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vamos a apoyar la moción ya que, aunque no tenemos ningún problema para votar favorablemente el punto número tres, entendemos que es necesario


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volver a la situación anterior, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado vigentes. Sí quiero decirle, señor Campuzano, que para nosotros, quizá a diferencia de lo que opina usted -solamente digo que quizá-, es fundamental e imprescindible salvar la ley. Entenderá nuestros temores, puesto que si nos atenemos a lo que ha ocurrido con el real decreto-ley, que ha dinamitado el acceso universal a la sanidad, cosa que quizá hace dos años hubiera resultado impensable, yo puedo deducir que si no tiramos o lanzamos el ancla, quizá dentro de un tiempo podríamos no acordarnos de lo que consagra el artículo 1 de esta ley, que es lo prioritario, lo que hay que salvaguardar, que es el derecho subjetivo. Nosotros presentamos una enmienda al punto uno y solamente le pedimos que acepte intercalar que todo acuerdo político y social con participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, todo aquello que deba corregirse para superar los déficits, se haga para garantizar los derechos reconocidos en la ley. No es cultivar la obviedad, no es un uso retórico de mis palabras, es poner un terraplén por lo que pudiera ocurrir, que no queremos que ocurra, puesto que nosotros somos los primeros en criticar el despliegue de la ley, el desarrollo de la ley, incluso las deslealtades respecto a la financiación, pero la ley es un paso muy importante de progreso. Finalmente, una adición, es decir, un apartado tres. Lo que pretendemos es que justamente porque ha habido un despliegue y un desarrollo económico deficitario de la ley y no se ha cumplido aquello que programamos cuando redactamos y discutimos la ley, es decir, que una vez descontado el copago, las administraciones, la central y la autonómica, contribuyeran en un 50% cada una de ellas, que al final ha resultado una ecuación de 80-20-75-25, lo que pedimos es que finalmente se compute este déficit y se pueda contemplar al menos como elemento de debate en una hipotética deuda histórica, que una vez computada, quizá políticamente podríamos aspirar a ser saldada. Así pues, dos enmiendas, repito.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardá, tiene que finalizar.

El señor TARDÁ I COMA: Una enmienda de modificación y otra de adición y ningún problema con el punto dos de la moción del señor Campuzano.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardá.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, señor Campuzano, ¿se imaginan ustedes que el señor presidente nos pudiera explicar en un amplio debate la situación de España y, por supuesto, qué iba a pasar con la financiación de la Ley de Dependencia? Pues siga imaginándolo, señor Campuzano, sigamos imaginándolo, compañeros y compañeras, porque es lo único que nos queda. El señor presidente no está por esa labor.

Señorías, muchas de las iniciativas que debatimos en este hemiciclo desde este atril tienen un carácter muy personalizado. Detrás de ellas hay caras, hay nombres, hay familias; hay, por tanto, una vida. Esta que hoy nos trae tiene, además, un pasado ilusionante que se ha quedado, tal como se reflejó en el debate de la interpelación, en un presente más bien frustrante para muchas personas y para muchas familias. Es posible que, como usted decía, señor Campuzano, la semana pasada fuera una ley que tuviera un concepción más propia de los ochenta. Quiero decirle que no solo he releído la intervención que usted hizo la semana pasada, sino también la que hizo en el debate de la ley, y le reconozco la coherencia en un momento y en otro, salvando las distancias, ya que en un momento iba a ser una ley que se iba a aprobar, y en este momento es una ley que está vigente. Pero quiero decirle también desde nuestra propia coherencia, que a lo largo de ese tiempo del que usted hablaba no hemos visto que las comunidades autónomas donde se habían hecho esas transferencias se generaran debates de cara a un problema que se veía venir, muy relacionado con las personas mayores en el grado de dependencia, pero también nuevas formas de dependencia que se estaban generando por diferentes motivos. Lo que trajo esa ley fue abrir ese debate para que, finalmente, en todas las comunidades autónomas, en todos los sitios, se vieran esas nuevas formas, se hablara y se vieran derechos subjetivos que venían inherentes a la propia ley.

Como usted decía y como yo acabo de comunicar, era una ley que generó muchas expectativas y quizá también, estoy segura, muchísimas ilusiones en la ciudadanía. Pero, ¿qué pasó? Usted también lo decía, señor Campuzano, esa ley que generó ilusiones también está generando ahora mismo frustración. ¿Por qué? Porque era una ley, y sigue siendo una ley, con una letra maravillosa pero que carecía quizá de la parte más importante porque no se hicieron las previsiones en su momento. Es decir, carecía de la financiación suficiente para poder abordar con todas las garantías lo que el espíritu de la ley decía. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba el diputado de Esquerra Republicana, hay que preservar la ley, debemos preservar la ley. Por eso precisamente y porque usted en esa coherencia -que yo le reconozco, como decía anteriormente- habla ahora de cómo mantener la sostenibilidad de la ley, estamos de acuerdo prácticamente en casi todo lo que usted refleja en esa moción. ¿En qué no estamos de acuerdo? Ya lo hemos hablado usted y yo y lo vuelvo a reiterar desde aquí. No estamos de acuerdo en esa larga frase en la que se habla del impulso a la colaboración pública y privada. Nosotros también, como le decía antes, en nuestra coherencia, creemos que lo que hay que impulsar es el papel de la iniciativa pública que en este momento, al menos en la comunidad que yo más conozco que es la Comunidad de Madrid, es prácticamente nula, prácticamente no hay


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iniciativa pública más que aquello que se heredó en su momento del propio Imserso. Todo lo que se ha generado después es iniciativa privada. Pero ni siquiera esa iniciativa privada está relacionada con el tercer sector, con lo que llamaríamos iniciativa social, que es efectivamente colaboración público-privada. Por eso nosotros nos centraríamos mucho más ahí que lo que usted dice en su moción.

Como no puede ser de otra manera, señor Campuzano, respetamos profundamente las competencias que tienen las comunidades autónomas porque además somos una organización que, como usted bien sabe, tiene un objetivo federalista y desde esa concepción tenemos que respetar lógicamente esas competencias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez tiene que finalizar.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señora presidenta.

También le digo que nos parecen una auténtica barbaridad las tasas que se están aplicando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid para acceder a la revisión o certificación del grado de discapacidad, que es de 20 euros. Durante 2011, 44.000 personas han solicitado esa revisión. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que muchísimas personas -hay muchos más ejemplos- dejen de acceder a esas revisiones de grado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez tiene que finalizar.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señora presidenta.

Eso significa, señor Campuzano, que expulsamos a la gente de ese derecho subjetivo que tienen y mantienen en la ley. Con el segundo punto estamos absolutamente de acuerdo. Si usted tiene a bien aceptar votación separada de los dos puntos, votaríamos en uno la abstención y el otro lo votaríamos a favor. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Socialista, señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, por parte del Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda de sustitución a la moción de Convergència i Unió porque aunque compartimos una parte importante de las propuestas que en ella se formulan, nos parecen -lo digo con todo el respeto al grupo proponente- manifiestamente insuficientes. De cualquier forma, quiero poner de manifiesto que compartimos la idea de promover un amplio acuerdo político y social con participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales y económicos para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de atención a la dependencia, acuerdo por otra parte que encaja perfectamente con la ley, con sus antecedentes, con sus principios básicos y con su trayectoria. Porque, señorías, ni podemos ni debemos olvidar que la elaboración de la Ley de Dependencia en su fase previa y en su tramitación parlamentaria fue justamente el fruto de un amplio acuerdo político y social, donde comunidades autónomas, agentes sociales y económicos y también las organizaciones del tercer sector participaron, siendo todos -quiero subrayarlo- protagonistas del resultado. Dicho esto, pondré de manifiesto, señorías, que cualquier acuerdo se tiene que basar en el diálogo y la lealtad y permítanme que les diga que las manifestaciones hechas en esta Cámara y fuera de ella por parte de la señora ministra no nos dejan de alarmar y de preocupar, porque vienen a advertirnos de que sostenibilidad para el Partido Popular significa recortar, porque vienen a advertirnos que racionalizar significa reevaluar a las personas para rebajarlas de grado o expulsarlas sencillamente del sistema, como ya se hace en Castilla-La Mancha y, lo que es peor, mucho nos tememos que lo que se está pretendiendo es ir a otro modelo, no preservar la ley actual, sino ir a un modelo distinto y diferente.

En cualquier caso, quiero decirle también, señor Campuzano, que compartimos que el acuerdo -ojalá lo alcancemos- se oriente a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en política de atención a la dependencia, y que todo ello se haga con pleno respeto, por supuesto, a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y los estatutos de autonomía a las respectivas comunidades autónomas.

Señorías, saben bien que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos estado demandando que se restituya el nivel acordado y, por tanto, que se suprima la disposición adicional cuadragésima de los Presupuestos Generales del Estado, por eso vamos a apoyar el segundo punto de la moción que se plantea por parte de Convergència i Unió. Pero, como les decía, estamos convencidos de que hay que ir a más, de ahí nuestra enmienda, donde planteamos crear una subcomisión en el marco de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para que pueda participar activamente este Parlamento y buscar los distintos grupos parlamentarios el acuerdo. Demandamos también en nuestras enmiendas el cumplimiento del calendario de implantación del sistema que estaba previsto en la ley y que el Gobierno ha suspendido por decreto. Y en tercer lugar, planteamos algo fundamental, que todas las decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento de nuestro sistema se aborden en el consejo territorial, contando con el comité consultivo y con el resto de órganos consultivos: el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. La participación es clave, esencial y fundamental desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista.


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Termino, señora presidenta, diciendo que muchos interrogantes se abren en torno a la Ley de Dependencia. Por eso es imprescindible que el grupo que apoya al Gobierno, que el propio Gobierno diga de una vez por todas la verdad, diga lo que piensa del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, porque hasta ahora todo lo que han manifestado indica que la ley va a una vía muerta, a un punto final, a un modelo diferente y distinto donde prevalece el negocio privado sobre la atención a las personas, que es lo realmente importante.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Aguilar, tiene que finalizar.

La señora AGUILAR RIVERO: Finalizo, señora presidenta, diciendo que por parte de nuestro grupo estamos dispuestos a trabajar a favor de un acuerdo, pero en ningún caso vamos a avalar ni a colaborar en el desmantelamiento, que prácticamente se ha iniciado ya por parte del Grupo Popular, de la Ley de Dependencia.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Aguilar.

Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Vasco, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, a mi grupo le gustaría votar la moción del Grupo de Convergència i Unió tal como está conjurada, in puribus. No sé si el señor Campuzano va a transar, no va a transar, pero su argumentario está preñado de razones; su argumentario y el texto de la moción presentada.

Tanto el señor Campuzano como yo mismo manifestamos prevenciones respecto a una Ley de Dependencia que carece de muchas cosas, en primer lugar, de referencia constitucional en cuanto al derecho que se proclama. Todavía no sabemos si es un derecho de seguridad social. Dicen que es un derecho de ciudadanía -concepto metajurídico donde los haya-. No sé si está en los derechos de la ciudadanía; quizá en el ordenamiento jurídico que algunos conocemos se nos pueden haber escapado algunas materias, algunos conceptos. El sistema de financiación de los dependientes era un sistema mixto, donde la mitad de las aportaciones correspondían a la Administración Central del Estado y la otra mitad a las comunidades autónomas. En este momento en la Comunidad Autónoma Vasca el 80% de la atención a los dependientes la cubren las instituciones forales vascas y solo el 20% el Estado, 20% que no llega nunca. Casi el cien por cien lo hace la Comunidad Autónoma Vasca y sus instituciones forales. No se ha cumplido el tracto sucesivo de incorporación de dependientes en virtud de los requerimientos de la ley, hasta el punto, señora presidenta, de que ni siquiera los grandes dependientes en su totalidad están reconocidos como tales y, por tanto, meritan los esquemas de protección, que, como bien decía el señor Campuzano, en algunas comunidades autónomas se han convertido en una especie de transferencia de rentas porque no proveen una atención individualizada, versátil y adecuada a las características del dependiente, sino a una mera transferencia de rentas que sabe Dios qué uso se le va a dar. Tampoco se han cumplido las expectativas de creación de empleo que se preconizaba en esta ley en relación con los que iban a atender a los dependientes. Se ha suspendido la aplicación de la ley por los requerimientos de la crisis económica y pretendidamente del déficit público. En definitiva, señora presidenta, qué quiere que le diga de bueno de esta ley. Nada. Lo que no sé es por qué algunos partidos la votaron, particularmente el que usted representa, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor Campuzano ha utilizado una expresión brillante: adanismo, generacionismo, creación ex novo. Si es que la atención a los dependientes preexistía. En Euskadi preexistía de forma mucho más generosa, amplia y en extenso que lo que se preveía en la Ley de Dependencia y sin tracto sucesivo. Se atendía a todos, señor presidente. Desde esta perspectiva, ¿qué se ha ganado con esta ley más que réditos electorales, suponiendo que alguno haya habido, que también es una materia que se presta a la especulación? Ha pasado lo que muchos presumíamos que iba a pasar y, desgraciadamente, ha pasado lo peor. El señor Campuzano es propietario de su iniciativa y de la capacidad de disponer de transacciones de unos u otros grupos.

En cuanto a lo que está en la naturaleza de las cosas, conociendo cómo actúan las instituciones forales vascas y algunas comunidades autónomas, poca gente está en condiciones de darnos lecciones en esta materia. Yo voy a seguir las indicaciones del señor Campuzano, por la respetabilidad que me merece el compromiso no solo de la Comunidad Autónoma del País Vasco sino también de la Comunidad Autónoma de Cataluña en esta materia. En cuanto a lo demás, señor presidente, lo que el señor Campuzano me diga.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señor Campuzano, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes proponen aquí. Eso sí, querríamos poner de manifiesto un par de cosas que nos parecen esenciales. En primer lugar, que vemos necesaria una regulación unitaria para todo el Estado español, con una garantía de mínimos para cualquier ciudadano en situación de dependencia. Esta sería nuestra primera petición. Señorías, hemos de mantener e incluso incrementar el nivel de atención a las personas que están en situación de


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dependencia, pero no estamos de acuerdo con que esto se haga mediante una nueva hipoteca de las cuentas públicas del Estado para con las comunidades autónomas. Es cierto que el sistema para la autonomía y atención a la dependencia ideado por el Gobierno anterior era una especie de disparar con pólvora ajena. Se establecía un catálogo asistencial a cargo de las comunidades autónomas sin previo conocimiento de las necesidades y además esto se hacía sin el ajuste presupuestario necesario. La Ley de promoción para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por la complejidad de su aplicación y la cobertura que supone, se está convirtiendo hoy en día en una ley proceso. Por eso, no se puede considerar una buena ley a pesar de su buen objetivo, ya que técnicamente deja mucho que desear. Pero esta complejidad no debe defraudar las expectativas puestas en ella por tanta gente. Y en este proceso de la ley, tenemos la oportunidad de convertirla en el cuarto pilar del Estado del bienestar. Si no hacemos nada, señorías, quedará como está: una ley insuficiente, sin recursos y generadora de mayores desigualdades. Ya el propio Cermi nos advertía de sus problemas. En primer lugar, el Cermi hablaba de desinformación de las personas beneficiarias, así como también de sus familias; lentitud -decían- y complejidad de los procesos de valoración; poca participación de los movimientos sociales en el seguimiento de la ley; falta de acuerdo y coordinación entre Estado y comunidades autónomas para su aplicación y, en último lugar, creación -y esto es muy importante- de desigualdades. La mayoría de estos aspectos se abordaron en la proposición no de ley del Grupo Popular de noviembre de 2008. Y entre todos estos problemas, para nosotros, como he dicho antes, es fundamental la financiación del sistema, la coordinación interadministraciones y la equidad territorial.

Los poderes públicos deben asegurar unas condiciones básicas de igualdad en todo el territorio, sin diferencias discriminatorias y garantizar la libre circulación de las personas con discapacidad por toda España. En cuanto a la financiación, creemos que es necesaria la presentación de un plan de financiación por parte del Gobierno, vinculando al nuevo sistema de financiación autonómica y local que asegure la suficiencia financiera de las cargas de las diferentes administraciones y que marque unos criterios objetivos de reparto de las aportaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, que no sean una fuente de mayor desigualdad de los ciudadanos por razón del territorio en que se encuentren. Dicho plan de financiación deberá basarse en predicciones estadísticamente fundadas de envejecimiento poblacional, para ser lo más realistas posibles en cuanto al número real de dependientes.

Esta es una ley necesaria, señor Campuzano, completamente de acuerdo. Mejorémosla. Muchísimas personas de nuestro país con grandes dificultades están esperando a que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero me gustaría añadir, señorías, que sus tiempos no son los nuestros. Muchos de ellos están muriendo esperando salvar la maraña burocrática o la aplicación de una ley que parecía papel mojado. Señorías, trabajemos con rapidez; nosotros haremos lo posible para que así sea.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín Pozo.

La señora MARTÍN POZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de subir por primera vez a esta tribuna, y lo hago para fijar la posición de mi grupo parlamentario en un tema tan importante y con tanta trascendencia para el conjunto de la sociedad como es la atención a las personas dependientes. Señor Campuzano, le anuncio que mi grupo parlamentario votará a favor el primer punto de su moción, porque coincidimos plenamente con su grupo en la necesidad de promover un amplio acuerdo político y social que garantice la sostenibilidad futura del sistema de atención a la dependencia. La ministra lo ha manifestado en repetidas ocasiones en sede parlamentaria. Pretende lograr un acuerdo no solo con las comunidades autónomas sino con todas las fuerzas políticas para dejar, al igual que se hizo con el Pacto de Toledo, fuera del debate partidista tanto la sanidad como la dependencia y los servicios sociales. Queremos garantizar en época de crisis, y también para el futuro, la sostenibilidad de un sistema que ha sido puesto en peligro por una gestión desafortunada, de tal modo que cuando el Partido Popular asume el Gobierno la situación es insostenible. La Ley de Dependencia generó muchas expectativas en las personas que no se podían valer por ellas mismas, pero estas se han visto frustradas por la existencia de disfunciones en la aplicación de la ley. Y lo que quiere el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular es devolver la esperanza a estas personas, pero no solo con palabras sino con hechos.

Señorías, la dependencia y su sostenibilidad son una prioridad para el Gobierno y para nosotros. Podemos decirlo más alto, pero no más claro, señora Aguilar, más alto, pero no más claro. Podemos demostrarlo incrementando en un 18,7% el nivel mínimo, que equivale a 203 millones de euros, al contrario que el anterior Gobierno socialista, que redujo el gasto en dependencia en 236 millones de euros. Y como es una prioridad para este Gobierno, se ha procedido, tras cinco años de vigencia de la ley, a realizar la evaluación de resultados prevista en la propia ley a los tres años y que no se llevó a cabo por el anterior Gobierno, como otras tantas cosas. Esta evaluación, señoría, nos llevará a un diagnóstico certero que nos va a permitir realizar las modificaciones normativas necesarias para perfeccionar el sistema, para evitar que haya diecisiete modelos de dependencia distintos, para evitar la existencia de baremaciones distintas, para


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evitar dependientes con distinto trato en función de la zona en la que vivan, y todo ello, como no puede ser de otro modo, contando con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y cuantas asociaciones y entidades actúan en el ámbito de la dependencia. Se va a revisar y simplificar el procedimiento de valoración, se va a adecuar la cartera de servicios, priorizando la atención mediante profesionales porque crea empleo estable y porque así la atención que se recibe es de máxima calidad. Pretendemos -y en eso también estamos de acuerdo, señor Campuzano- que aquello que la ley prevé como una excepción sea eso, una excepción, y no la regla general, como ha venido ocurriendo hasta ahora, es decir, primando la atención a través de profesionales; y vamos a priorizar la atención a las personas con mayor grado de dependencia, de modo que los recursos de los que disponemos vayan dirigidos a las personas que más lo necesitan. Resumiendo, señorías, el Gobierno está trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia, apostando por la eficiencia en el uso de los recursos económicos y garantizando la igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar en que residan, y todo ello con un respeto exquisito al régimen competencial de las comunidades autónomas, pero asumiendo la obligación de gobierno de que todos los españoles tengan derecho a las mismas prestaciones en todo el territorio nacional.

En cuanto a la segunda parte de su moción, señor Campuzano, lamento trasladarle que no podemos asumirla. Este grupo parlamentario ha apoyado los Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos austeros y duros, pero también unos presupuestos que demuestran la prioridad que da el Ejecutivo a las políticas sociales y en particular a las personas dependientes. Es cierto que se ha suspendido la aplicación correspondiente al nivel convenido, medida a la que el Gobierno se ha visto obligado en un momento de restricción presupuestaria y difícil situación económica, pero también es cierto que se ha hecho para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad ya mencionada del sistema de dependencia, puestas en peligro por la nefasta gestión del anterior Gobierno socialista; señora Aguilar, su Gobierno. Frente a la suspensión del nivel convenido, que por otra parte recuerdo a sus señorías que la ley lo concibió con un carácter transitorio, se ha incrementado el nivel mínimo de dependencia en un 18,7%. Les recuerdo a sus señorías que este nivel mínimo es la cantidad que se distribuye en función de los dependientes reconocidos en cada territorio. Por tanto, se incrementa la partida destinada de verdad a las prestaciones de los dependientes y se suspende la convenida, que ha sido utilizada para ayudar de forma indiscriminada y no siempre de forma equitativa a algunas comunidades autónomas en los últimos años. El nivel mínimo de protección se financia íntegramente por el Gobierno a través de las cuantías fijadas para cada año y para cada persona dependiente.

Termino como empecé, señorías, apelando al sentido de la responsabilidad. Señora Aguilar, responsabilidad para poder alcanzar un gran pacto relativo al sistema de la dependencia que devuelva la ilusión a las personas afectadas que vieron frustradas sus esperanzas estos últimos años y que garantice la sostenibilidad del sistema de la dependencia; eso sí, en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, respetando siempre las competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Pozo.

¿Señor Campuzano?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Agradeciendo las enmiendas que nos han planteado los grupos parlamentarios, no aceptamos ninguna de ellas, no ofrecemos ninguna transaccional, pero sí planteamos la votación separada del texto en dos puntos: un primer punto que incorporaría los tres primeros párrafos de la moción, y un segundo punto con el cuarto párrafo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA PETICIÓN DE RESCATE FINANCIERO. (Número de expediente 173/000030).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la petición de rescate financiero.

El señor Gómez tiene la palabra.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta misma mañana, durante la comparecencia en Comisión del ministro de Economía, tuve ocasión de recordar dos curiosas coincidencias en los acontecimientos que hemos vivido en España durante las últimas semanas; dos coincidencias, sí, pero ninguna de las dos ha sido afortunada. Cuando el ministro de Economía compareció en la Cámara tras la crisis de Bankia, habían pasado dieciséis días desde que se produjo la dimisión del presidente y la posterior nacionalización de la cuarta entidad financiera del país. Hoy, cuando comparecía para informar del rescate -rescate para hacer frente a las necesidades de nuestro sistema bancario-, han vuelto a pasar dieciséis días entre la comparecencia y el acuerdo del Eurogrupo. Pero, si se mira bien, habría una tercera coincidencia, una coincidencia en mi opinión especialmente infeliz: ninguna de las dos ocasiones ha merecido la comparecencia en la Cámara del presidente del Gobierno. Estamos, señorías,


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ante una clara anomalía; mejor dicho, se trata de una verdadera desgracia para nuestro sistema democrático que, a estas alturas, con todo lo que ha sucedido en este país, todavía no haya comparecido el presidente del Gobierno en la Cámara. Porque el problema, señorías, no es comparecer a las pocas horas del rescate en un estadio de fútbol en Polonia; no, señorías, el auténtico problema es el espectáculo, ciertamente poco edificante, de tener que seguir esperando a que nuestro presidente se explique en el Congreso. Porque el terreno de juego de un Gobierno democrático es siempre el Parlamento y en España el terreno de juego del presidente del Gobierno no es otro que el Pleno del Congreso de los Diputados, señorías.

La moción que presenta el Grupo Socialista insta, por estas razones -creemos que muy sólidas razones-, al presidente del Gobierno a que comparezca inmediatamente ante el Pleno del Congreso. Se trata de informar a esta Cámara de las peticiones formuladas por el Gobierno ante el Eurogrupo en el rescate de España, de las gestiones que han realizado y de los eventuales acuerdos que se hubieran alcanzado.

En segundo lugar, solicitamos una convocatoria del presidente a las fuerzas políticas del país, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales para acordar un pacto social, un pacto que denominamos para el crecimiento y la creación de empleo. Con ello queremos reiterar que las políticas y las reformas que España necesita hoy solo pueden ser abordadas, de forma eficiente y civilizada, a través del diálogo social. Un diálogo, es verdad, que el Gobierno ha arruinado con una reforma laboral injusta y que, a la luz de los hechos, parece que también es una reforma estéril, pero un diálogo social y político que es necesario reconstruir con urgencia. No saldremos, señorías, de este atolladero a base de austeridad y de miedo. Para que haya acreedores tiene que haber deudores y resolver los problemas cuando surgen no es solo un problema del deudor. Por si no habíamos aprendido nada de la depresión de los años treinta del siglo pasado, la lección griega es exactamente la misma: los acreedores más seguros no son los que llevan a sus deudores al desempleo y a la depresión, sino los que les ayudan a retornar al crecimiento y a la creación de empleo. Señorías, ese fue el papel de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y ese es el papel que ahora, hoy, debe desempeñar una Alemania democrática en la Europa de nuestro tiempo.

En tercer lugar, la moción defiende que se adopten medidas destinadas a repartir los sacrificios impuestos por el rescate; que las ayudas permitan desbloquear el crédito a las familias y a las empresas y que, al final de todo el proceso, los recursos públicos utilizados sean devueltos por las entidades que los hayan percibido. Junto a ello, planteamos que la ayuda financiera sea directamente recibida por las entidades financieras sin pasar por el Estado, que los intereses sean excluidos del cómputo a la hora de verificar el cumplimiento de los objetivos del déficit público para los próximos años y que la ayuda se acuerde con el mayor plazo de devolución y de carencia posibles.

En cuarto lugar, la moción solicita la instrumentación de soluciones para los ahorradores, ahorradores que depositaron sus fondos en participaciones preferentes en condiciones que solo pueden calificarse, como mínimo, de engaño flagrante. La fiscalía ya ha empezado a actuar y el Gobierno debe liderar la solución de los problemas que afectan hoy, como se sabe bien, a centenares de miles de afectados. Algo similar se plantea para las familias amenazadas de desahucio por dificultades en el servicio de sus deudas hipotecarias y otras reformas, a nuestro juicio, imprescindibles en la protección de las familias sobreendeudadas.

Por último, y aquí no sobra en absoluto el tradicional añadido de que no es lo menos importante, se considera que el Gobierno debe mantener puntualmente informada a esta Cámara. Para ello, se acuerda la creación urgente de una comisión de investigación, de control y de seguimiento del rescate solicitado por el Gobierno de España, de la situación del sector financiero y de sus necesidades de saneamiento y de recapitalización; una comisión para conocer las causas de la crisis, para analizar y evaluar la instrumentación del programa de recapitalización, que sea financiado bien por el Fondo europeo de estabilidad, bien por el Mecanismo de estabilidad europeo. Y para proponer junto a ello las medidas necesarias que aseguren la máxima transparencia en el proceso y el retorno a las arcas públicas, como decía anteriormente, de todas las cantidades que deben devolver las entidades que proporcionan y que, en este caso, aportan la ayuda financiera.

Señorías, en este aspecto nuestra posición es clara. No es posible aislar, cercar, situar fuera de esta Cámara, que representa al fin y al cabo la soberanía popular, uno de los acontecimientos de mayor trascendencia económica y social en la historia reciente de nuestro país. Los ciudadanos necesitan una información transparente; todos necesitamos la complicidad de los poderes públicos con su situación. Junto a ello, Europa necesita enviar el mensaje de que tiene un plan; un plan para crecer, para evitar la insolvencia de países fundamentales en el futuro de Europa y del euro; un plan para salvar Europa y su moneda. Todos tenemos que ser parte de la solución, pero el Gobierno, con una actuación que creemos que debe ser abierta y sensata, tiene que empezar a dejar de ser parte del problema.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera, que va a compartir su tiempo.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


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Señorías, en el debate sobre el Tratado de estabilidad apelábamos a la necesidad de fortalecer la democracia y revitalizar este Parlamento y denunciábamos la actitud del Gobierno, un Gobierno cuyo presidente elude comparecer ante esta Cámara, incluso en una situación extraordinaria y de extremada gravedad como la actual; un Gobierno que pretende eludir un debate tan importante como el debate de política general sobre el llamado estado de la Nación; un Gobierno que evita el diálogo con todos los partidos y todos los agentes sociales; un Gobierno que ha negociado un rescate sin que aún sepamos las condiciones; un Gobierno que se opone a que se puedan investigar en profundidad las causas que han provocado la crisis del sector financiero, tanto para dirimir responsabilidades como para extraer conclusiones que evitan que vuelva a reproducirse en el futuro. Por estas razones, apoyaremos esta moción, por mucho que discrepemos profundamente de la orientación de las sucesivas reformas financieras llevadas a cabo tanto por el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero como por el Gobierno anterior, y por mucho que discrepemos profundamente del rescate, aunque se pretendan edulcorar las condiciones vinculadas al mismo. La llamada eufemísticamente asistencia financiera europea es una intervención en toda regla del Estado español, que conllevará una pérdida de soberanía fiscal y bancaria y nuevos y drásticos recortes, repercutiendo en el conjunto de la sociedad las pérdidas generadas por la banca. En cualquier caso, estimamos que es imprescindible que en el proceso de recapitalización de la banca privada exista una supervisión pública para asegurar que contribuya realmente a restaurar los flujos de crédito que están estrangulando su ausencia en la economía productiva, y consideramos imprescindible que se condicione a resolver problemas como el auténtico engaño masivo, el escándalo financiero que supuso la comercialización en el mercado minorista de productos tóxicos, de productos nocivos como son las participaciones preferentes. Por esta razón, el Bloque Nacionalista Galego va a dar apoyo a esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, queremos juicio a Bankia y a los culpables de la crisis. Hace semanas que las intervenciones de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya comienzan por esta frase para reivindicar juicio parlamentario y juicio penal a los responsables de Bankia y a los culpables de la crisis que han generado la situación que hoy vivimos. Por eso, estamos a favor de la creación de una comisión de investigación para controlar y seguir qué se hace con el dinero del rescate. Echamos de menos que esta u otra comisión investigue y en su caso haga pagar a los culpables de la crisis como han hecho desde Estados Unidos a Islandia. Por eso, hemos presentado una enmienda en tal sentido.

Por otro lado, creemos que la comisión de investigación de control y seguimiento del rescate que ustedes proponen debe analizar y proponer las medidas que deben adoptar las entidades que se beneficien de ella. Así, reivindicamos en otra de nuestras enmiendas medidas como la dación en pago para los casos de buena fe, la limitación de sueldos e indemnizaciones para directivos bancarios y la eliminación de las cláusulas abusivas o el retorno de las cajas a su esencia. Por cierto, este es otro punto que también echamos de menos en esta moción y al que presentamos una enmienda. Reivindicamos, pues, una reforma de la Ley de Cajas para que vuelvan a ser entidades de proximidad, entidades de enraizamiento, inversión y obra social en su territorio.

Finalmente, nos parece bien el primer punto del Grupo Socialista reivindicando soluciones para los afectados por las preferentes. Por cierto, mañana nuestro portavoz preguntará directamente al presidente del Gobierno por esta cuestión. También nos parece bien -lástima que lo hagan ahora que ya no están en el Gobierno- que reclamen que no sean los trabajadores y las clases medias quienes paguen el rescate. Pero lamentablemente, los trabajadores y las clases medias vamos a ser quienes lo paguemos como contribuyentes de Hacienda o bien como clientes financieros. Porque, si no, ¿quiénes van a pagar? Esta es la pregunta. ¿Va a pagar Emilio Botín? ¿Rodrigo Rato? ¿Isidro Fainé? ¿Amancio Ortega? ¿Joan Roig? ¿Florentino Pérez? ¿Esther Koplowitz? ¿Quién la va a pagar? La disyuntiva es esta, o la pagan ellos o la pagamos nosotros, y PP y PSOE están de acuerdo en que no la paguen ellos, o sea que nos va a tocar a nosotros. La cuestión es entonces: ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para que paguemos lo mínimo posible? Nosotros proponemos toda una serie de medidas que el Gobierno socialista no tomó y entre las que destacan: aumentar los impuestos a los ricos y reducir en un 40 por ciento el gasto militar como se ha hecho en Alemania.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré fijar brevemente la posición de mi grupo respecto a esta moción del Grupo Socialista, compleja por la variedad de temas que plantea. Uno tiene que ver con lo sucedido, si es un rescate o no es un rescate. Aquí puedo ser breve porque mi grupo se ha posicionado muy claramente. Indudablemente es un rescate al Estado español, al FROB, un fondo del Estado para que a su vez rescate a la banca e indudablemente, como señala


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Eurostat, esto supone un incremento de la deuda pública. Se plantea a continuación la cuestión de si debería comparecer el presidente del Gobierno. También creo que es algo a lo que hemos respondido en nuestras diferentes intervenciones, la última esta mañana. El acontecimiento, desde luego, tiene una importancia histórica y es sorprendente que dos semanas y media después el presidente del Gobierno no haya comparecido en el Pleno de la Cámara todavía para explicar lo sucedido. Estoy totalmente de acuerdo en que esa comparecencia debería producirse.

Seguidamente, se plantea la necesidad de un pacto social entre partidos y agentes sociales para hacer frente a la situación. También es algo que mi grupo ha planteado con frecuencia: pacto social, pacto de Estado. Supongo que estamos hablando de lo mismo. La gravedad de la situación desde luego lo justifica, pero los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía. Ya el portavoz del Grupo Popular ha aclarado esta mañana en la Comisión de Economía que no hay necesidad de tal pacto social en su opinión y que este debería consistir en que los demás grupos votemos sus iniciativas. Un pacto social no consiste en votar las iniciativas del partido mayoritario, sobre todo cuando se consideran erróneas. Un pacto de Estado requiere de un diagnóstico compartido y de unas medidas también acordadas. Nosotros somos partidarios del pacto de Estado, pero no parece que sea esa la línea del partido mayoritario.

Hay a continuación unas expresiones de buenos deseos sobre que fluya el crédito y que el coste público de todo esto sea cero. Cómo no compartir esos buenos deseos, pero es difícil no señalar que si el crédito no fluye es porque desde hace cuatro años el Partido Socialista, con el acuerdo del Partido Popular, ha ido aplicando medidas de reforma financiera que han fracasado una detrás de otra. Y es difícil que el coste público sea cero cuando el FROB, creado conjuntamente por ustedes, o los avales del Estado llevan comprometidos 140.000 millones de dinero público. Sorprendente será que no haya un coste público en toda esta operación, pero compartimos los buenos deseos, evidentemente. También hay buenos deseos sobre que las condiciones del préstamo sean lo más favorables posible. Ojalá sea así. Y en particular hay un punto clave, que el dinero del rescate europeo vaya directamente a la banca y no por mediación del Estado o por mediación del FROB, porque eso es lo único que permitiría romper esa vinculación que hay hoy en día entre la crisis bancaria y la crisis de la deuda pública.

Se plantea a continuación la conveniencia de que las entidades con ayudas públicas cumplan... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se oiga al diputado interviniente.

El señor ANCHUELO CREGO. Muchas gracias, señor presidente.

Decía que se plantea a continuación la conveniencia de que las entidades con ayudas públicas cumplan una serie de condiciones en lo que se refiere a los compradores de preferentes o a las familias con problemas en las hipotecas. Nos parece una propuesta acertada. Si la entidad recibe dinero público, se le pueden imponer condiciones y este tipo de condiciones serían perfectamente admisibles.

Finalmente, se propone la creación de una comisión de investigación con funciones muy amplias. Unión Progreso y Democracia cree que es necesario investigar lo sucedido en el sistema financiero y que no se está haciendo adecuadamente. Solo hay una subcomisión y a puerta cerrada, a la que, por cierto, nosotros mañana no vamos a asistir porque consideramos que es un sucedáneo de lo que verdaderamente habría que hacer. Sin embargo, en nuestra opinión, tampoco se trata de crear una comisión de investigación o de intentarlo todos los días y sobre todo tiene que tener unas funciones adecuadas. Esta tiene funciones tan amplias que se le pide incluso evaluar las necesidades de capitalización de las entidades individuales. Por eso, hemos presentado una enmienda, porque creemos que tiene que haber una comisión de investigación para estudiar lo sucedido en el sistema financiero y depurar responsabilidades, pero esta comisión que se nos plantea sin embargo se solapa con esa y no es adecuada. Ya hay una Comisión de Economía y un Pleno del Congreso donde se puede hacer el seguimiento de lo que está sucediendo; otra cosa es que las autoridades no acudan a esos órganos, pero los órganos existen. Por tanto, hemos presentado una enmienda en ese sentido y, en caso de que no sea aceptada, pediríamos la votación por separado de este punto, la comisión de investigación. El resto de la moción nos parece aceptable.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, hoy hemos tenido la oportunidad de debatir sobre el rescate del sistema financiero en la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad en la Comisión, así que son perfectamente conocidas las posiciones de nuestro grupo parlamentario -así como las del resto de los grupos parlamentarios- en relación con el tema del rescate financiero. El desarrollo pendiente del mismo será clave no solo en la recapitalización de las entidades financieras que requieren recursos públicos -ahora de origen comunitario- sino para iniciar la salida de la crisis económica. Es, por tanto, una cuestión estratégica. Como tal, creemos que no se pueden escatimar esfuerzos parlamentarios para orientar y seguir el proceso de recapitalización y reestructuración bancaria. Por ello, señores


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del Grupo Parlamentario Socialista, apoyaremos su moción y cuantas mociones e iniciativas vayan orientadas a reclamar al Gobierno transparencia e información puntual sobre todos y cada uno de los extremos relevantes. Queremos conocer de primera mano las condiciones financieras del rescate bancario. Queremos ayudar al Gobierno para que el rescate financiero no compute como deuda a pesar de que ello se nos antoja muy difícil; aunque tal y como evolucionan los temas en la Unión Europea, lo que hoy es imposible mañana no lo es. Estamos dispuestos a trabajar en serio y, como establece la moción, consideramos adecuado que se convoque a las fuerzas políticas y a otros agentes para acordar un pacto por el crecimiento económico y la creación de empleo.

Nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, y su propio presidente, el señor Urkullu, vienen desde hace tiempo reclamando seriedad y pacto frente a la crisis. Todos somos necesarios para el envite que supone la superación de esta crisis económica. Todos somos responsables, aunque evidentemente unos más que otros. El Gobierno es el que ostenta la mayor responsabilidad, pero no juzgamos conveniente ni adecuado que lo hagan solos. Por ello, el Gobierno y su presidente han de comparecer a nuestro juicio periódicamente en esta Cámara para dar cuenta de la marcha del proceso. Los ciudadanos se merecen las explicaciones y el Gobierno tiene la obligación de dárselas. No vale hablar de transparencia y ocultar los datos, que es lo que parece que hace el señor Rajoy.

De la misma manera, desde el Grupo Parlamentario Vasco no nos vamos a oponer y, por tanto, apoyaremos la creación de una comisión de investigación y seguimiento del proceso de rescate bancario. Queremos conocer las causas de la crisis financiera, la gestión de las entidades que han recibido ayudas del FROB -no olvidemos que son recursos de todos los ciudadanos- y queremos también realizar un seguimiento detallado de los dineros europeos a las entidades financieras con problemas de capital.

Como le indicaba esta mañana al señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Vasco consideramos que reconocer la naturaleza de la ayuda europea es imprescindible para atinar en el diagnóstico y en las medidas. No llamar rescate a lo que es estrictamente un rescate es un escapismo terminológico no entendible y que incluso puede ser perjudicial. La comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, el G-20, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y todos los ciudadanos saben que es un rescate en toda regla. Por tanto, ocultar su denominación parece incluso irrisorio. Cuanto antes lo asuma el Gobierno, mejor, porque así dedicará los esfuerzos a negociar buenas condiciones financieras y a solicitar a Europa que, además de estos recursos, ponga en marcha los instrumentos europeos necesarios para impulsar el crecimiento económico y el empleo. Luz, taquígrafos y decir la verdad llamando a las cosas por su nombre. Por todo esto, como antes les decía, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Siento disentir con muchos de nuestros compañeros diputados, pero creo que esto no es un rescate. Creo que más bien es un robo, un chantaje y una extorsión. Si fuera un rescate se estarían sentando las bases de nuestra economía, la economía española, en el futuro. Sin embargo, esto no es lo que hace esta inyección de dinero, este rescate, en definitiva, este robo a los ciudadanos y trabajadores españoles. Porque lo único que está diseñado en este rescate, si queremos decirlo así, es sencillamente seguir pagando las deudas a los bancos alemanes y a los bancos extranjeros, a pesar de que nuestra economía quede como tierra quemada; así es como desgraciadamente va a quedar con estos rescates o planes de ayuda nuestra economía, como tierra quemada.

Esta tarde hemos tenido una desgraciada noticia que confirma nuestras sospechas y lo que ya veníamos advirtiendo nosotros y otros grupos parlamentarios. El Gobierno había hecho unas previsiones de déficit totalmente fantásticas, imposibles de cumplir, y hoy, esta tarde, nos hemos enterado de que el déficit ya va superando prácticamente las estimaciones para todo el año, lo que significa que las políticas económicas del Partido Popular y del Gobierno al que da soporte definitivamente no funcionan para lo que dicen que tienen que funcionar. Tampoco funcionan las políticas europeas, solo funcionan para seguir pagando dinero a los bancos extranjeros, a los bancos alemanes y franceses. Eso es la Unión Europea, una Unión Europea comandada por Alemania y que solo tiene un interés, seguir cobrando las deudas, seguir ejerciendo una punción sobre la economía española; todo lo demás, las empresas españolas, la ciudadanía española, los trabajadores españoles, no les importa en absoluto. Por lo tanto, esta moción se queda absolutamente corta en nuestra opinión, no va al centro del corazón, cuestión que ya hemos tenido esta tarde oportunidad de plantear.

Además creemos que en cierta medida es una moción ingenua, porque no plantea algunos elementos, como puede ser sencillamente que al final el agujero enorme que tiene nuestra economía española, particularmente el sistema financiero, va a tener que ser tapado con dinero público. Lo que deberíamos empezar a discutir es bajo qué condiciones, si condiciones de extorsión, como plantea la Unión Europea, o condiciones de una Unión Europea absolutamente diferente y construida sobre otros cimientos. En segundo lugar, el dinero que se va a inyectar a los bancos, bien sea de forma directa, como


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se plantea en la moción -a nuestro juicio de forma ingenua-, bien sea a través del FROB y, por lo tanto, teniendo condiciones sobre la economía real, que se transformarán en subida del IVA y en mayor regresión social para la mayoría de la población, todo ese dinero no va a servir para que fluya de nuevo el crédito, va a servir única y exclusivamente para seguir pagando las deudas contraídas entre los bancos españoles con los bancos del centro de Europa. Estamos en una Unión Europea desastrosa, fundamentada en una ideología, la ideología neoliberal, que profundamente ha fracasado, pero se está intentando salir de la crisis con la complacencia de este Gobierno, que va a dejar la economía como tierra quemada.

Por lo tanto, en lo que se refiere a la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, estamos de acuerdo en que el Gobierno debe comparecer inmediatamente, debe dejar de denigrar este Parlamento, debe dejar de denigrar este Congreso y a sus diputados, porque debería dar la cara y dejar de confundir a los ciudadanos, no solo a los diputados. En cualquier caso, tenemos que insistir en que estamos de acuerdo con la comisión de investigación, como tantas otras veces hemos tenido oportunidad de señalar, estamos de acuerdo con un plan de empleo y de inversión pública, pero creemos que es el momento de hablar de cuestiones realistas, de plantearnos qué papel jugamos en la Unión Europea, qué Unión Europea tenemos, y que verdaderamente nos demos cuenta de que con las políticas del Gobierno desgraciadamente encontraremos más noticias como la de esta tarde, que es la del déficit creciente como respuesta obvia y económicamente normal ante los recortes en el gasto y la inversión pública. Nuestro grupo se posicionará ante esta moción con una simple abstención, pero insistimos en que queremos una Unión Europea construida para la ciudadanía, para los trabajadores, y no podemos participar en esta farsa de Unión Europea, que sigue siendo, como desde el principio, la Unión Europea de los mercaderes y de los especuladores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la extensa moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que hace referencia a cuáles tendrían que ser aquellos mecanismos que se deberían habilitar en esta Cámara para hacer posible el rescate... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. No se le puede oír al señor diputado. Ruego silencio. Los que quieran hablar que abandonen el hemiciclo. (Pausa). Adelante.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.

Tal como iba manifestando, esta extensa moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista consta de dos partes. La primera podríamos aprobarla porque contiene una serie de puntos que están en la línea de algunos planteamientos que hemos defendido desde nuestro grupo parlamentario, como, por ejemplo, la comparecencia del presidente del Gobierno ante esta Cámara. Nosotros lo hemos reiterado en diferentes ocasiones y hemos lamentado que no se produzca esta esperada comparecencia para que explique ante el Congreso de los Diputados cuáles son los elementos más relevantes y característicos de este rescate sobre una parte dañina del sistema financiero español. También pide el Grupo Parlamentario Socialista que se pueda plantear un pacto de Estado, un pacto social de amplio abasto. Lamentablemente, esta cuestión la planteamos cuando el Grupo Parlamentario Socialista estaba en el Gobierno y nunca fue posible en los siete años del señor Zapatero que se llegara a un pacto de Estado como el que ahora proponen para poder hacer un frente común en la lucha contra la crisis económica. Hay otros aspectos con los que estaríamos de acuerdo, como la posibilidad de que en el memorándum que se tiene que defender ante el Eurogrupo se pueda posibilitar que los recursos que vayan al sector financiero español no lo hagan al Estado sino directamente a los bancos. Estaríamos de acuerdo con estas premisas. También estaríamos de acuerdo con que los intereses a pagar tampoco computaran en el déficit público, cuestión esta difícil de poder acreditar. Y, finalmente, estamos de acuerdo con aquellas cuestiones, como las que ha presentado nuestro grupo en una iniciativa parlamentaria, que van en la misma dirección de dar un tratamiento financiero justo a aquellos ciudadanos que han adquirido las acciones preferentes y que, a la hora de la verdad, cuando han querido convertirlas en liquidez, se han visto sorprendidos con que eran una deuda perpetua. Por tanto, todos aquellos aspectos que hacen referencia a este primer punto nosotros los votaríamos favorablemente.

Con lo que no estamos de acuerdo es con el segundo punto que ha planteado el Partido Socialista, no ya el de proponer una comisión de investigación sobre Bankia, sobre la que ya les dije en una sesión anterior que ustedes planteaban la comisión de investigación de Bankia aunque sabían perfectamente que no la sacarían adelante porque el Grupo Parlamentario Popular votaría en contra. Ahora ustedes van más allá y piden la creación de una comisión de investigación sobre todo el fondo de reestructuración del rescate que pueda venir para las entidades financieras españolas que no gozan de buena salud. Esto es más bien una pugna dialéctica, electoral y política entre el Partido Socialista y el Partido Popular.


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Nosotros no vamos a entrar en ello y por este motivo nos abstendremos en la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Gómez, esta mañana hemos tenido una comparecencia del ministro de Economía en la Comisión, en la que nos ha informado puntualmente -como exigía algún diputado- de la solicitud de una inyección financiera para poner el sistema financiero español a trabajar adecuadamente. Empezaba el señor Gómez aquí, como ha comenzado esta mañana, diciendo que el ministro de Economía venía tarde. Señoría, el ministro de Economía presentó la carta ayer y ha venido hoy. Él se refería a la rueda de prensa, hace dieciséis días. El ministro de Economía, señorías, ha venido a la Comisión de Economía, en lo que llevamos de legislatura, cuatro veces. (Protestas). ¿Saben, señores del Grupo Socialista, cuántas veces vino la señora Salgado en toda la anterior legislatura? Cuatro veces. (Aplausos.-Protestas). Subía el paro como nunca; se hundió Caja Castilla-La Mancha; aprobó el FROB y, ¿saben cuántas veces vino? Cuatro. El señor De Guindos ha venido cuatro veces en cuatro meses. (Protestas.-La señora Rodríguez Ramos: España no estaba rescatada). Algo más. Podría venir más veces. No se pongan nerviosos, señores del Grupo Socialista, no se pongan nerviosos. (Protestas). Podría venir más veces, pero ha venido más que la señora Salgado en toda la legislatura. (Aplausos).

Señorías, cuando estoy en los pasillos del Congreso y oigo hablar a los señores diputados del Partido Socialista pienso honestamente que quieren solucionar los problemas de los españoles. Cuando están en los pasillos hablan y parece que quieren colaborar en arreglar los problemas y sin embargo se vienen a la tribuna y, para hacer demagogia, lo que hacen es intentar poner palos en las ruedas. (Aplausos.-Varios señores diputados. ¡Hala!). Están todo el día intentando poner palos en la rueda. A ustedes no les importa que el sistema financiero funcione; no les importa que el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular esté intentando garantizar los ahorros de los españoles; no les interesa que haya fluidez en el crédito; lo único que les interesa en poner palos en la rueda. Y se lo digo con claridad, porque una cosa es lo que se oye en los pasillos y otra lo que dicen en tribuna y lo que ponen negro sobre blanco en la moción. (Un señor diputado: ¡Demagogo!).

Señores del Grupo Socialista, yo no quiero distraerles de esa estrategia que me parece alocada, no quiero distraerlos. Como dice la frase, apócrifa por cierto, de El Quijote: Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho. (Aplausos). Y eso es lo que voy a hacer porque mi grupo quiere que España tenga un sistema financiero que garantice ahorros, dé fluidez al crédito, facilite el sistema de pagos. Queremos un sistema financiero competitivo, capaz de ayudar a que tengamos una economía que crezca y que cree empleo. Estamos haciendo en pocos meses lo que ustedes no hicieron en años. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Ya están!). Les voy a poner un ejemplo en el poco tiempo que tengo. Hablan ustedes de preferentes. Quédense con el dato, un dato público del mercado continuo. En diciembre de 2004 había 18.000 millones en preferentes; en diciembre de 2011 había 31.000 millones en preferentes; hoy, después de cinco meses de Gobierno del Partido Popular, el saldo vivo es de 16.000. Se ha reducido en 15.000. (Aplausos). Algo más hemos hecho que ustedes, que hicieron, a través de sus organismos supervisores, que creciera este producto de una manera desmesurada.Y además lo hicieron mal, lo hicieron mal porque engañaron a los ciudadanos, porque no dejaron que se comprara en el mercado minorista sin tener una referencia en el mayorista.

Señorías, hoy encima viene Almunia, viene Almunia y dice en Santander, en esa estrategia que lleva el señor Almunia que no sé si lo que quiere es ser comisario o secretario general del PSOE con otro candidato que no es Rubalcaba (Aplausos), en esa estrategia lo que está haciendo es decir que las paguen las administraciones autonómicas o la Administración central. Señorías, yo les pediría un poquitín más de seriedad porque por supuesto que hay responsables de lo que ha pasado en el sistema...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Ya acabo.

Por supuesto que hay responsables en lo que ha pasado en el sistema financiero español, pero, señor Gómez, en vez de pedir una comisión de investigación aquí, a lo mejor debería pedir que la hicieran en Ferraz.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.

Señor Gómez, ¿qué enmiendas aceptamos o rechazamos?

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Iba a decir que aceptamos la investigación. No, estoy equivocado. Aceptamos una votación separada.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA. (Número de expediente 122/000004).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, comenzamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 317, más 1 voto telemático, 318; a favor, 129; en contra, 183, más 1 voto telemático, 184; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL Y DE PROTECCIÓN ANTE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN QUE AFECTEN A PERSONAS NATURALES, INCLUYENDO EL DERECHO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 122/000041).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 317, más 1 voto telemático, 318; a favor, 145; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, RELATIVA A UNA POLÍTICA PARA EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000356).

El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, relativa a una política para el crecimiento, el empleo y la integración fiscal y financiera de la Unión Europea. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 294; en contra, 19; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA-GASTEIZ. (Número de expediente 162/000187).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 27; en contra, 277; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), SOBRE LAS MEDIDAS DE REPARTO DEL TRABAJO A IMPULSAR A FIN DE PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN DE PARO EXISTENTE. (Número de expediente 173/000028).

El señor PRESIDENTE: Votación ahora de las mociones. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Cuadra), sobre las medidas de reparto del trabajo a impulsar a fin de paliar la grave situación de paro existente. Hay una transaccional hecha con La Izquierda Plural. Primero pregunto, ¿hay algún grupo que se oponga a la transaccional? (Pausa). Entonces esta transaccional es la que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 21; en contra, 290; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA PROPICIAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000029).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para propiciar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia. Vamos a votarla en sus propios términos pero separados, como señaló el señor Campuzano, los puntos 1.º y 2.º Votamos, en primer lugar, el punto 1.º

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 196; en contra, 4; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos ahora el punto 2.º

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 140; en contra, 171; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA PETICIÓN DE RESCATE FINANCIERO. (Número de expediente 173/000030).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la petición de rescate financiero. He entendido que haríamos una votación separada. Votación del punto 1.º

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 128; en contra, 173; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.º

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 126; en contra, 171; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (VOTACIÓN).

- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 173/000030).

El señor PRESIDENTE: Terminadas las votaciones vamos al último punto del orden del día de hoy. que es el relativo a la elección del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, que se hará por el sistema establecido en el Reglamento en el artículo 204, sistema de papeletas. Les recuerdo que solo se considerarán válidas las papeletas que contengan el nombre de un consejero, así como las papeletas en blanco.

El secretario primero de la Mesa procederá a la lectura del nombre de los nueve miembros del Consejo de Administración, de entre quienes se elegirá su presidente.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española: Teresa Aranguren Amézola; María Luisa Ciriza Coscolín; Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao; Rosario López Miralles; Andrés Martín Velasco; Fernando Navarrete Porta; José Manuel Peñalosa Ruiz; Oscar Pierre Prats; Miguel Ángel Sacaluga Luengo.

El señor PRESIDENTE: Como parece que ningún grupo parlamentario va a hacer uso de la palabra, vamos a comenzar la votación. En primer lugar, voy a introducir el voto telemático y ahora el señor secretario puede empezar a llamar.

(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).

Terminada la votación, se inicia el escrutinio.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 293; votos a favor del señor González-Echenique, 182; votos a favor de doña Teresa Aranguren, 10; votos en blanco, 89; votos nulos, 12. No habiendo llegado el señor González-Echenique -que es el más votado- a los 234 votos que eran necesarios, no está elegido presidente. Por tanto, habrá una próxima votación.

Muchas gracias.

Se suspende la sesión.

Eran las once y cinco minutos de la noche.

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