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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 17/05/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 31
Sesión plenaria núm. 30
celebrada el jueves,
17 de mayo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Numero de registro 14843) ... (Página6)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. ("BOE" núm. 96, de 21 de abril de 2012). (Número de expediente 130/000015) ... (Página6)

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. ("BOE" núm. 108, de 5 de mayo de 2012). (Número de expediente 130/000018) ... (Página25)

- Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. ("BOE" núm. 96, de 21 de abril de 2012). (Número de expediente 130/000016) ... (Página40)


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- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. ("BOE" núm. 98, de 24 de abril de 2012). (Número de expediente 130/000017) ... (Página56)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 11, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000006) ... (Página80)

- Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 12, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000007) ... (Página80)

- Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 14, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000008) ... (Página80)

- Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 17, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000011) ... (Página80)

- Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 18, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000012) ... (Página80)

- Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 que modifica el artículo 136 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los estados miembros cuya moneda es el euro. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 21, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000015) ... (Página80)

- Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecha en Bruselas el 27 de febrero de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 30, de 23 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000020) ... (Página80)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 7, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000002) ... (Página86)

- Protocolo de enmienda al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de 2010, y declaración que España desea formular. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 8, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000003) ... (Página86)

- Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, al Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 9, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000004) ... (Página86)


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- Convenio entre el Reino de España y la República de Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 26 de enero de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 10, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 110/000005) ... (Página86)

- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 15, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000009) ... (Página86)

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 16, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000010) ... (Página86)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 19, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000013) ... (Página86)

- Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de noviembre de 1961. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 20, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000014) ... (Página87)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página84)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página84)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página85)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Juramento o promesa de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página6)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página6)

Dado que en este punto ningún diputado hace uso de la palabra, se pasará directamente a votación en su momento.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo ... (Página6)

El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


Página 4




En turno en contra interviene el señor Bedera Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte y duplica el señor Bedera Bravo.

Cierra el debate el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez Sostres; Jorquera Caselas y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene de nuevo el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente ... (Página25)

El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene la señora Pajín Iraola, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio ... (Página40)

El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo y duplica el señor Gordo Pérez.

Cierra el debate el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ... (Página56)

La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y duplica el señor Martínez Olmos.

Cierra el debate la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila, los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,


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ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene de nuevo la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página80)

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009 ... (Página80)

Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009 ... (Página80)

Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012 ... (Página80)

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011 ... (Página80)

Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011 ... (Página80)

Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 que modifica el artículo 136 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro ... (Página80)

Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecha en Bruselas el 27 de febrero de 2012 ... (Página80)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página84)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, se aprueba por 265 votos a favor, 1 en contra y 37 abstenciones.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página84)


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Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se aprueba por 179 votos a favor y 135 en contra.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 137 votos a favor, 177 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, se aprueba por 183 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 313 votos a favor y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, se aprueba por 193 votos a favor y 122 en contra.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 122 votos a favor y 193 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se aprueba por 178 votos a favor y 137 en contra.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 139 votos a favor y 176 en contra.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página85)

Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que figuran en el orden del día, todos ellos son aprobados.

Se levanta la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Como asunto previo vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Germán Augusto López Iglesias pregunto a doña María Cristina Suárez-Bárcena Blasco si jura o promete acatar la Constitución.

La señora SUÁREZ-BÁRCENA BLASCO: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Doña María Cristina Suárez-Bárcena Blasco ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 14843).

El señor PRESIDENTE: Empezamos con el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de actividades de los señores diputados. Quiero que la Cámara conozca, porque hay varios puntos de ese comunicado, que al haber presentado ayer su renuncia al escaño el excelentísimo señor don Iñaki Antigüedad Auzmendi ha decaído la parte del dictamen en todo lo relativo a este diputado, pero continúa el resto de los puntos que en él se tratan.

Si no hay ningún diputado que desee intervenir pasaríamos al siguiente punto porque la votación se realizará conjuntamente con todas las demás votaciones. (Pausa). Aprovecho para darles una idea -me gusta hacerlo y creo que es bueno para todos- aproximada de cuándo será la votación, que será al final de todos los decretos-leyes y de este dictamen. Puedo decirles que no será antes de las dos y media, pero para que sea cercana a las dos y media me gustaría que todos los intervinientes se atuvieran a los tiempos marcados y los propios ministros fueran concisos en sus intervenciones.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. (Número de expediente 130/000015).


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El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con el punto IV del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el ministro de Educación, Cultura y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. Tal y como recoge la exposición de motivos de esta norma, el real decreto-ley tiene por objeto mejorar la eficiencia de la inversión en educación y su gestión y contribuir al inexcusable cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que deriva del marco constitucional y de nuestros compromisos ante la Unión Europea. En concreto, afirma el artículo 1 que el objeto de este real decreto-ley es adoptar medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito de la educación de conformidad con los principios de eficiencia y austeridad que deben presidir el funcionamiento de los servicios públicos. Conocen sus señorías perfectamente la delicada situación económica y financiera que atraviesa nuestro país, los alarmantes datos de déficit y de desempleo o, sin ir más lejos, los niveles que está alcanzando la prima de riesgo en estos últimos días. Nada debo añadir relevante a la información que sobre estas cuestiones conocen ustedes día tras otro. Saben, tan bien como yo, cuáles son las razones que motivan el real decreto-ley cuya convalidación solicitamos hoy ante sus señorías. Conoce también esta Cámara perfectamente los planes de este ministerio para la legislatura y en concreto las reformas educativas en las que estamos trabajando y que tuve la oportunidad de exponer en mi comparecencia de líneas generales ante la Comisión de Educación y Deporte el pasado 31 de enero. Creo que no puede caber ninguna duda de que este real decreto -real decreto cuya convalidación solicitamos hoy- no forma parte de las reformas educativas que va a impulsar el ministerio, pero sí es -y tiene que ser así- un requisito previo e indispensable para que aquellas reformas educativas puedan llevarse a cabo.

Las medidas que contiene el Real Decreto-ley 14/2012 modifican la legislación básica a fin de permitir a las comunidades autónomas sobre las que recae, como saben perfectamente, la inmensa mayor parte del gasto educativo, racionalizar ese gasto y de este modo ayudar a las comunidades a que puedan cumplir el objetivo común de alcanzar la estabilidad presupuestaria. Se trata -no me canso de repetirlo- de medidas excepcionales para una situación excepcional. Saben muy bien sus señorías que esa situación es aún más excepcional de lo que esperábamos, pues una desviación de dos puntos y medio respecto al déficit que esperábamos encontrar supone -nada más y nada menos- que 26.000 millones de euros más de déficit respecto a las previsiones hechas públicas por el anterior Gobierno. Por tanto, estamos ante una situación más difícil de la prevista y es esa situación la que nos ha obligado a incluir en la batería de medidas que recoge el real decreto-ley algunas más dolorosas de lo que nos hubiera gustado.

Ha llegado el momento, señorías, de invertir mejor y orientar los recursos hacia la mejora de la calidad. Durante estos años se ha prestado atención, diría que casi exclusiva, a los indicadores cuantitativos que se fijan en los recursos que insume el proceso educativo y se ha prestado muy poca atención a los resultados de esa inversión. La creciente inversión de recursos que se ha realizado en España no ha evitado que estemos a la cola en los resultados académicos, como muestra la prueba PISA, o tener más del doble de abandono educativo temprano que la media europea. De este modo, señorías, estas medidas intentan que se pueda avanzar en la eficiencia económica del sistema educativo sin renunciar al objetivo de mejora de la calidad educativa y reducción del abandono escolar temprano. La racionalización del gasto educativo pretende ayudar a las comunidades autónomas a cumplir con el inexcusable objetivo de tener como máximo un déficit del 1,5 % de su producto interior bruto. No podemos olvidar que la parte más importante de la desviación en el déficit del pasado ejercicio se debe en gran medida a la mayor desviación del gasto autonómico y que son las autonomías las que asumen dos partidas tan importantes del gasto social como son la sanidad y la educación. Por tanto, señorías, aplicar criterios de eficiencia y de racionalización en el gasto de estos dos servicios básicos es absolutamente imprescindible para que alcancemos el objetivo de déficit con el que estamos comprometidos. Por otra parte, puesto que son las comunidades autónomas las encargadas de llevar a cabo las medidas contenidas en el real decreto-ley, se ha dotado al contenido de esta norma de una amplia flexibilidad para que cada comunidad pueda decidir, dentro del marco de la norma, la intensidad y el rango con el que aplica estas medidas; es decir, la decisión última recae en los Gobiernos de las comunidades autónomas y dependerá, lógicamente, de la percepción de cada una de ellas sobre su contribución a reducir el objetivo de déficit y, como es natural, de lo lejos que esté de ese objetivo del 1,5 %. Entenderán perfectamente sus señorías que no es igual la situación de una comunidad autónoma que haya registrado el 1,6 % de déficit el pasado ejercicio que la de otra que registre el 7 %. Evidentemente, en un caso se podrá hacer un uso muy limitado de las posibilidades que ofrece este real decreto-ley y en el otro habrá que hacer un uso más completo.

Por último, señorías, antes de empezar con la exposición detallada del contenido de este real decreto-ley, quisiera hacer una breve referencia a la base competencial en la que se fundamenta el mismo. Se trata del artículo


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149.1 de la Constitución, en cuya disposición decimotercera se legitima la intervención del Gobierno de la nación al atribuirle a este la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica. Competencia convergente en este caso con los títulos competenciales recogidos en las disposiciones primera, decimoctava y trigésima del mismo artículo 149.1 en cuanto constituyen bases para el régimen estatutario de los funcionarios públicos y la regulación de títulos académicos o disposiciones que garantizan la igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 27 de la Constitución. Por lo que se refiere al instrumento jurídico utilizado, el real decreto-ley, cabe señalar -creo que esto no requiere excesiva explicación- que las medidas contempladas en este texto resultan absolutamente necesarias para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal y reducción del déficit comprometidos ante nuestros socios europeos. Significa, por tanto, que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución española.

Entro, señorías, a describir las medidas que en el real decreto-ley se contemplan y que afectan a todas las etapas educativas. Comenzaré por las que se refieren a la educación no universitaria. La primera de ellas atañe a la ratio de alumnos por aula. En este caso se opera una modificación del artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica de Educación para permitir a las comunidades autónomas que amplíen hasta un 20 % el límite máximo de alumnos por clase, 25 en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato. De hecho, como saben sus señorías, la LOE ya contemplaba una posibilidad de incrementar estos límites en una banda del 10 %. Siguiendo esa línea, con esta medida dotamos a los centros de mayor flexibilidad a la hora de realizar su programación y organizar los grupos para que puedan adaptarse a la demanda de las familias de la manera más eficiente.

El artículo 3 del real decreto-ley se refiere a la jornada lectiva y fija un mínimo de veinticinco horas para los maestros en primaria y de veinte horas lectivas para los profesores en el resto de enseñanzas. Estamos solicitando de esta manera a los docentes, señorías, que contribuyan a un esfuerzo nacional para alcanzar la solidez presupuestaria que nos permita volver a crecer; pero lo hacemos con pesar, lo hacemos con sentimiento, lo hacemos conscientes de que este sacrificio se suma al recorte salarial que, al igual que el resto de los funcionarios, sufrieron en mayo de 2010 como consecuencia del vuelco en la política económica del anterior Gobierno. Lo hacemos también con la creencia de que este esfuerzo que les estamos pidiendo está integrado en un plan coherente y ambicioso de gobierno que permitirá a España volver a crecer y a crear empleo.

En el artículo 4 el real decreto-ley prevé, por lo que se refiere a la sustitución de profesores, que solo se recurra al nombramiento de suplentes cuando las bajas sean superiores a diez días lectivos; en caso contrario debe ser el propio centro el que supla con recursos propios dichas bajas.

El artículo 5 prevé el aplazamiento de la entrada en vigor del Real Decreto 1147/2011 para evitar, hasta la fecha que en el real decreto se contemple, el curso 2014-2015, que el próximo curso las comunidades autónomas tengan que poner en marcha ciclos formativos de formación profesional de dos mil horas. En este punto debo decir que ha habido un amplio consenso en las comunidades de todo signo político. Todas estas medidas relativas a la enseñanza no universitaria se completan con lo recogido en la disposición derogatoria única del real decreto-ley, que deroga la obligación impuesta por el Real Decreto 132/2010 de que todos los centros de secundaria que cursen bachillerato deban ofertar al menos dos modalidades de aquel. Una vez más se trata de conceder más autonomía y flexibilidad a los centros para que adecuen la oferta académica a la demanda del entorno, a la propia oferta restante en el entorno y a su propio proyecto educativo.

Paso a describir ahora, señorías, las medidas de racionalización del gasto en enseñanzas universitarias. El artículo 6 del real decreto-ley prevé la modificación de la Ley Orgánica de Universidades para favorecer, en primer lugar, la racionalización de la oferta académica de las universidades españolas, promoviendo la colaboración o impartición de títulos conjuntos con otras universidades o instituciones. El exceso de oferta que la propia conferencia de rectores de las universidades españolas cifra en un 13 % es una buena prueba de la existencia de un amplio margen para mejorar la eficiencia de la inversión educativa. Modificamos además el régimen de dedicación de los profesores universitarios para adecuarlo a los resultados de investigación que los mismos puedan objetivar y acreditar. De este modo, el actual régimen de dedicación de 24 créditos ECTS está pensado para que los profesores cumplan equilibradamente con su doble función: docente e investigadora. A partir de este decreto-ley, aquellos que no estén en condiciones de acreditar esa dedicación investigadora verán incrementada correlativamente la carga docente y pasarán a impartir 32 créditos. En cambio, aquellos profesores que tengan un sexenio vivo seguirán impartiendo 24 créditos, y los que hayan alcanzado la excelencia investigadora verán reducida correlativamente la carga docente a 16 créditos para estimularles a que sigan investigando.

El artículo 6 del real decreto-ley contempla también la modificación de la Ley Orgánica de Universidades con el objeto de aplicar a las universidades el principio de estabilidad presupuestaria consagrado ya en la Constitución. Para garantizar el cumplimiento de esa estabilidad presupuestaria se prevé que las comunidades articulen un sistema de control no solo preventivo, no solo cuando el presupuesto universitario es presentado sino, lo que es más importante, a partir de la liquidación presupuestaria, para subsanar en el siguiente ejercicio la desviación presupuestaria que en su caso pueda haberse producido respecto del presupuesto aprobado.

Incorpora también el real decreto-ley un control sobre el incremento del personal de las universidades sometido


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a autorización de las comunidades autónomas a fin de garantizar que el aumento en el personal cumpla en todo caso -y tengo que decir que desgraciadamente no ha sido esta la situación en los últimos meses- con la normativa básica sobre la oferta de empleo público.

Por último, en el artículo 6 del real decreto-ley se modifica el artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades para aproximar los precios públicos de los títulos al coste real del servicio en una etapa que, como saben sus señorías, no es en nuestra configuración constitucional y legal ni obligatoria ni gratuita. De acuerdo con las horquillas fijadas en el real decreto-ley, las comunidades pueden decidir, en el caso de grados y de másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión reglada, que los alumnos se hagan cargo con su primera matrícula de un porcentaje que puede oscilar entre el 15 %, que viene a equivaler a lo que se viene pagando de media actualmente, y el 25 % del coste efectivo de la educación que reciben. En la segunda matrícula la horquilla va del 30 al 40 %, en la tercera del 65 al 75 % y en la cuarta del 90 al 100 %. En el caso de los másteres que no tienen esa condición de habilitantes para el ejercicio de una profesión reglada, la primera matrícula debe cubrir entre el 40 y el 50 % del coste de estas enseñanzas y a partir de la segunda matrícula que, como saben perfectamente sus señorías, ya es una situación más excepcional, en el caso de los másteres cubriría entre el 65 y el 75 % del coste efectivo. Además, estos precios públicos podrán cubrir hasta el cien por cien del coste de un título de grado o de máster para los alumnos extranjeros no comunitarios, salvo que, por acuerdos de reciprocidad, se disponga otra cosa.

Señorías, estas son, en una apretada síntesis y obedeciendo al deseo expresado por la Presidencia de concesión en las intervenciones, las medidas que el Gobierno de la nación ofrece a las comunidades autónomas para ayudarles a introducir criterios de racionalización y eficiencia en la prestación de servicios tan básicos y tan fundamentales como es el de la educación. Estos criterios de búsqueda de la eficiencia en los últimos años en muchos casos o bien se han visto relegados a un segundo plano o bien se han visto entorpecidos por rigideces normativas. Por este motivo muchas de estas medidas probablemente tendrían que haberse planteado incluso con una situación económica más favorable. En ningún caso está justificado, en ningún caso es eficiente que haya un exceso de oferta de títulos universitarios o que todos los centros, al margen de cómo sea el entorno y cómo sea la demanda, tengan obligatoriamente que ofertar dos modalidades de bachillerato porque así lo determina un decreto.

En otros casos, y así lo hemos reconocido desde el principio, las medidas son más difíciles, razón por la cual se les ha dotado de un carácter extraordinario y temporal, ya que lamentablemente algunas comunidades atraviesan una situación financiera extraordinariamente difícil. Por tanto, la obligación de un Gobierno responsable por lealtad institucional, y porque así lo exige el bien de la nación, es poner todos los medios a nuestro alcance para que también las comunidades estén en condiciones de cumplir los objetivos de déficit que se les han marcado.

Estas son, señorías, las razones que yo invoco esta mañana para solicitar la convalidación de este real decreto-ley en el que, insisto una vez más, se ha buscado cohonestar las exigencias ineludibles de racionalización del gasto educativo y los objetivos de mejora de la calidad educativa y reducción del abandono escolar temprano.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra de la convalidación del real decreto-ley por el Grupo Parlamentario Socialista. En representación de dicho grupo tiene la palabra el señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Buenos días, señorías. Buenos días, por decir algo, porque esta es una mañana aciaga para el Estado del bienestar. En esta mañana se presentan para su convalidación dos reales decretos-leyes que resumen de forma muy nítida lo poco que le importan al Gobierno Popular los logros alcanzados en los últimos treinta años, porque eso, señorías, es lo que nos jugamos esta mañana.

El señor ministro nos presenta para su convalidación un real decreto-ley para racionalizar el gasto público en educación y es muy significativo que la primera norma con rango de ley que presenta en esta Cámara no sea para mejorar nuestro sistema educativo sino una norma para recortar recursos humanos, recursos materiales y derechos en educación. Es muy significativo, pero diría que congruente porque desde que usted fue nombrado ministro de Educación, en vez de erigirse en el principal defensor del sistema educativo, señor ministro, usted ha sido su azote. No ha habido semana en la que no lanzara sobre el sistema educativo alguna tacha o alguna sospecha. No ha salido de su boca ni una sola palabra amable hacia el profesorado. Cuando les ha citado usted ha sido para insinuar su bajo rendimiento. No le hemos oído dirigirse a los estudiantes con el necesario respeto que merecen, porque su conclusión general es que no se esfuerzan lo suficiente. Sus referencias a los sindicatos educativos han sido siempre para minusvalorar su representatividad. No le hemos escuchado una palabra de apoyo a la universidad, señor ministro, al contrario, lleva usted casi cinco meses sembrando su desprestigio y dando titulares tan tremendistas como injustos. En definitiva, desde su nombramiento está echando por tierra nuestro sistema educativo para justificar los recortes que se avecinaban. Por tanto, señor ministro no nos extraña el contenido de este decreto-ley. En él se pone de manifiesto además que usted ha hecho dejación de su responsabilidad. Usted no ha defendido la educación en el Consejo de Ministros y ha permitido que sea el ministro de Hacienda quien dirija su departamento y le robe la


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cartera. Una cartera que no son 3.000 millones, una cartera con 3.736 millones, que es lo que nos dice la memoria económica que usted aporta aquí, que sumados a los 487 del acuerdo de no disponibilidad, de 30 de diciembre, y a los 663 del recorte de los presupuestos generales en 2012 arroja una cantidad muy elevada. Por tanto, señor ministro, no nos hable de eficacia, no nos hable de eficiencia y, como nos acaba de decir, además con un mantenimiento, incluso con una mejora, de la calidad de nuestro sistema educativo cuando en menos de cinco meses, señor ministro, ha recortado un total de 4.886 millones de euros. Eso, para los que todavía se nos van un poco los números, son 814.000 millones de pesetas. Está usted recortando a razón de 1.000 millones por mes en lo que lleva usted de ministro.

El Grupo Parlamentario Socialista no va a votar a favor de esta convalidación, que supone la mayor agresión a la educación pública de nuestra historia democrática y, en caso de que la convalidación saliera adelante, nuestro grupo pedirá que se tramite como proyecto de ley para tener oportunidad de mejorar el texto. No vamos a votar a favor tanto por la forma como por el fondo. De entrada, por la forma no nos parece normal que un recorte tan espectacular, de 3.376 millones, se despache por parte de Gobierno con una simple nota de prensa, la nota de prensa más cara de nuestra historia educativa. Un mes después de esa nota de prensa seguimos esperando alguna reacción del presidente del Gobierno o su comparecencia, que hemos pedido varios grupos de esta Cámara. No es serio, señor ministro, que ante el mayor recorte de la historia de la educación sigan ustedes en silencio, sigan dando la callada por respuesta.

Tampoco creemos que este real decreto deba convalidarse por la forma, porque invade competencias de las comunidades autónomas, y me imagino que los grupos nacionalistas se lo harán saber. Si las comunidades autónomas, señor ministro, no pueden fijar los horarios de clase de los docentes y no pueden decir cómo se suplen las bajas, ya me dirá usted para qué están las comunidades autónomas. Pero además han actuado con una enorme improvisación, una improvisación incompatible con la materia que pretenden regular. Le voy a poner varios ejemplos. Hay improvisación o precipitación cuando reúnen ustedes a los consejeros de las comunidades autónomas y les anuncian medidas como la referida a los complementos retributivos del profesorado que después se caen del decreto-ley. Hay improvisación cuando no existe un mínimo estudio de impacto para saber cuáles van a ser esas propuestas, y no nos vale el estudio reglamentario que presenta usted con este decreto-ley. Hay improvisación cuando el decreto-ley se adopta una semana después de que el Consejo de Ministros del 13 de abril creara la Comisión de expertos encargada de la reforma universitaria, sin que la misma haya tenido tiempo material para pronunciarse sobre los importantes contenidos que introduce en materia universitaria este decreto-ley. Hay improvisación sobre todo cuando tan solo seis días después, señor ministro, de la nota de Moncloa anunciando el recorte, el 3 de abril, se presentan en esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado con un recorte de 663 millones. ¿Qué ha ocurrido en menos de una semana, en seis días, para que anuncien otro recorte de 10.000 millones en educación y en sanidad? Se lo vamos a decir, señor ministro. Lo que ocurrió es que en esa escasa semana la prima de riesgo dio un salto de más de 70 puntos. Se acercó a los 430. A ustedes les entró pánico y entregaron las joyas de la corona, sacrificaron la educación y la sanidad en el altar del déficit, y hoy, un mes después, no ha variado nada, ha empeorado. Tenemos la prima de riesgo en el entorno de los 500 puntos y asistimos con esta convalidación al acto público de inmolación que ustedes han prometido en Bruselas. Cuando no podían recortar más los Presupuestos Generales del Estado, cambiaron de escenario, pero no han cambiado de víctima; metieron la tijera en las comunidades autónomas a la sanidad y a la educación, esa tijera, señor ministro, que el presidente Rajoy prometió el 4 de noviembre que no funcionaría en esta materia Pero sobre todo ha faltado diálogo, señor ministro. Una medida de este calado, incluso con mayoría absoluta, no puede tomarse sin hablar con el sector. Es una falta de respeto. Con una mezcla peligrosa no sé si de soberbia o de altanería por su mayoría parlamentaria y el miedo por el comportamiento de los mercados, han actuado de espaldas a los representantes de la comunidad educativa, han renunciado de antemano a buscar cualquier tipo de consenso, no han tenido voluntad de escuchar, han mostrado un injustificado desprecio a la comunidad educativa. Es verdad que han reunido formalmente a la conferencia sectorial un lunes y a la Conferencia general de política universitaria un jueves y que también han sentado a los sindicatos y a los estudiantes, pero, señor ministro, solo para comunicarles los hechos consumados. Esto es lo que se va a hacer, es lo que usted ha dicho. No ha habido posibilidad ninguna de debate en un tema tan serio. Con razón se encuentra usted con la contestación de los representantes del profesorado y de los estudiantes; con razón la Conferencia de Rectores, en una nota muy dura que no acostumbra a hacer la CRUE, rechazaba de forma rotunda el procedimiento seguido y solicitaba una convocatoria urgente del Consejo de Universidades para trasladar al ministerio, para trasladarle a usted sus opiniones sobre un asunto de tanta importancia para el ámbito universitario. Señor ministro, si usted no endereza el rumbo, va a ser el único responsable de la conflictividad que se pueda originar como consecuencia de una actuación totalmente irresponsable. Va a conseguir usted un triste récord. A algún ministro se le recordó por lo del calendario juliano; a usted se le va a recordar por ser el gran recortador del sistema educativo. Ha puesto usted de acuerdo en una jornada de huelga el próximo 22 a todos los sindicatos de la educación y a todos los niveles de la misma, desde la educación infantil hasta la educación universitaria.

Vamos a votar también en contra de la convalidación, señor ministro, por el fondo, porque las medidas que


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contempla y que usted ha expuesto aquí son perjudiciales para el sistema educativo. Porque, más allá del pretendido objetivo de estabilidad presupuestaria, que usted ha explicado y que está en la memoria que ha presentado acompañando al decreto-ley, tiene un fortísimo contenido ideológico que, a largo plazo, se va a reflejar en un desmantelamiento del sistema público de educación de nuestro país y con ello se va a romper un acuerdo tácito sobre nuestro modelo vigente desde la transición.

Vamos a votar en contra de la convalidación del decreto-ley porque provoca perjuicio al sistema educativo a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo se va a producir un despido masivo del profesorado; varias decenas de miles de profesores, señor ministro. La memoria que acompaña a este decreto-ley dice textualmente: El ahorro exclusivamente en sueldos y salarios de profesores será de 464 millones de euros por el incremento de la ratio y de 840 por el aumento de horas lectivas del profesorado. Solamente con esas dos medidas -incremento de la ratio e incremento del horario- se producirá un recorte de 1.304 millones. Simplemente dividiendo por lo que gana un profesor salen más de 40.000 despidos. Eso sin contar con las bajas o despidos de asociados principalmente que se van a producir en el sistema universitario. Junto al despido masivo va a aumentar el paro de los graduados más jóvenes, que no van a poder acceder al sistema educativo por falta de plazas. Otro tanto va a ocurrir con las medidas de limitación de personal de nuevo ingreso en las universidades. Se va a empobrecer el alma máter, señor ministro.

A medio plazo va a haber tres efectos muy indeseados. El primero, la pérdida de calidad del sistema. Señor ministro, es muy difícil entender que recortando 5.000 millones en apenas cinco meses no se verá afectada la calidad. Hagan los recortes, tendrán nuestra negativa, pero, por favor, no insulten a la inteligencia de los ciudadanos. Medidas como el aplazamiento de la implantación de los ciclos formativos de 2.000 horas no van a mejorar nuestra FP, sino que la van a empeorar. El que los centros puedan ofertar solo una modalidad de bachillerato será un golpe muy duro, por ejemplo, para el bachillerato artístico, provocará problemas en los institutos de ámbito rural y se dará un paso atrás en aquello que Snow en 1959 llamó el acercamiento de las dos culturas. El largo camino recorrido en las últimas décadas, que sitúa a Corea y a España como los dos países que más han progresado de toda la OCDE, se va a frenar en seco. También se va a perder la equidad del sistema. Los despidos de decenas de miles de profesores van a provocar que desaparezcan las medidas de atención a la diversidad. Desaparecerán los desdobles, los apoyos, los grupos de refuerzo, en definitiva, señor ministro, el tratamiento personalizado que ha convertido a España junto con Finlandia en el segundo país más equitativo de la OCDE. Y se va a romper el principio de igualdad de oportunidades. La subida de las tasas universitarias contemplada en el decreto-ley rompe el principio de igualdad de oportunidades. Convierte a la universidad en un destino solo para los muy buenos o para quienes se lo puedan pagar. Se lo ha advertido la CRUE; no lo dice solo el Grupo Parlamentario Socialista. La CRUE le ha dicho que la subida de tasas provocará riesgo de exclusión social y le ha dicho también -y cito- que en la coyuntura de crisis es cuando el Gobierno debe garantizar más que nunca el acceso a la educación pública superior de todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos. Si se convalida este decreto-ley, señor ministro, se retrocede a momentos anteriores a la Ley de Reforma Universitaria, la ley que democratizó nuestra universidad. Estamos a favor de la excelencia, señor ministro, créanos. Queremos excelencia, pero excelencia con igualdad; porque excelencia sin igualdad es elitismo.

Señor ministro, hay dos grandes modelos de financiación pública de la universidad. Uno es el británico, el liberador de las tasas con incrementos importantes, y otro es el modelo continental, en el que podemos estar nosotros, de tasas moderadas y fijación por objetivos. Pero el modelo británico está acompañado de un sistema proporcional de incremento de becas. Lo que no existe es el modelo que usted nos propone: una subida de tasas de hasta el 66 % con una bajada de las becas y con un anuncio en el plan de reformas enviado a Bruselas de que van a modificar los umbrales académicos. Sí, señor ministro, es así. En lo que todos los estudiosos están de acuerdo es en que se debe incrementar la autonomía de la universidad. Por eso no ayudan muchas declaraciones como las que ha hecho diciendo que ha fracasado la autonomía universitaria. A largo plazo, señor ministro, también hay un deterioro general de nuestro sistema de educación pública, una ruptura, como le anunciaba antes, del modelo público acordado desde la Transición y una pérdida de rentabilidad como país. El panorama de la educación 2011 de la OCDE nos dice que por cada euro invertido en educación superior hay un retorno a favor del país de 3,9 euros. Todo eso se va a perder, señor ministro.

Termino ya, señor presidente. Hace unos días Andreas Schleicher, el director del departamento de indicadores de la OCDE, decía que la educación debe ser un proyecto social que exige alianzas basadas en la confianza y el respeto y que los actores deben ir más allá de su confort, deben ir más allá de las ganancias a corto plazo, y -decía textualmente- no se puede avergonzar a los profesores porque eso no fortalecerá la profesión sino todo lo contrario. Señor ministro, dos veces esta semana, primero el presidente de nuestro grupo, el señor Rubalcaba, y después el secretario general, el señor Madina, se le ha ofrecido al Gobierno un gran acuerdo sobre el déficit que permita mantener el Estado del bienestar. Yo le hago aquí el ofrecimiento por tercera vez. Nada vamos a conseguir avergonzando a ese profesorado, como decía el señor Schleicher; la mejora de la educación es una tarea titánica, sobre todo en momentos de crisis. No lo pueden hacer ustedes solos, por mucha mayoría parlamentaria que tengan; tienen que contar con


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la comunidad educativa, tienen que contar con la universidad, tienen que contar con los estudiantes...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor BEDERA BRAVO: Termino, señor presidente, y muchas gracias por su generosidad.

Tienen que contar ustedes también con los sindicatos. Les hicimos una propuesta cuando estábamos en el Gobierno y la rechazaron. Ahora, desde la oposición, volvemos a hacerla con más convicción todavía, porque las cosas están peor y porque los ciudadanos esperan de nosotros algún acuerdo en lo fundamental, que es cómo enjugar el déficit manteniendo el Estado del bienestar en educación y en sanidad, porque nos estamos jugando el futuro.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señorías, señor Bedera, yo, que soy una persona de muy buen natural, es decir de buen talante y buen fondo (Risas), debería quedarme únicamente con el final de su intervención y acoger esa oferta de diálogo que su señoría plantea al final y que en el trámite concreto que hoy nos ocupa se plasma en la negativa a la convalidación del decreto-ley; con lo cual, empezamos con muy buen pie. Si lo hiciera y me limitara a eso estaría dando por buenas las afirmaciones que su señoría ha realizado pero, no ya por una cuestión de talante ni de fondo, sino por una cuestión de honestidad intelectual, no debería ni puedo darlas por buenas.

En primer lugar, señor Bedera, le digo con toda sinceridad y sin ningún ánimo polémico que yo estoy convencido de que es plenamente conciente de que muchas de las cosas que usted ha dicho no responden a la realidad, porque usted ha mezclado deliberadamente cuestiones que están en el ámbito de las competencias estatales y cuestiones que están en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas. Cuando usted utiliza los cálculos que se usan en la memoria que acompaña a este real decreto-ley para, por ejemplo, hacer una hipótesis sobre el número de profesores -hay que aclararlo, lo sabe toda la Cámara, pero es preciso aclarar que estamos hablando de profesores interinos, naturalmente, no estamos hablando de funcionarios-, está usted asumiendo que todas las comunidades, que son en definitiva las que tienen que llevar a la práctica las disposiciones del real decreto, ejecutan el máximo o se acogen a todas y cada una de las normas. No es dispositivo para las comunidades autónomas acogerse a un extremo o a otro. Por tanto, cuando hablan ustedes del recorte que en el real decreto-ley se introduce saben que están hablando de algo que no está tanto en el decreto-ley cuanto en la aplicación que del decreto-ley vayan a hacer las comunidades. Y las comunidades que disponen de ese margen pueden hacer dos cosas, por ejemplo, respecto a la educación: o pueden aplicar, hasta donde el real decreto-ley les autoriza, las posibilidades de buscar mayor eficiencia en el gasto, o pueden buscar la eficiencia de otra forma, por ejemplo, recortando adicionalmente un 5 % los salarios a los profesores, como ha decidido hacer el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es una opción. Lo que sucede es que la literatura científica en materia educativa, que usted conoce perfectamente, señor Bedera, señala que es mucho más importante a la hora de conseguir la calidad educativa el mantener la motivación de los profesores que el tener, siempre que no se pasen determinados umbrales, una determinada ratio de alumnos por aula y que sistemas educativos que son en cuanto a sus resultados claramente más eficientes que el nuestro, en este momento puedo citarle el de Japón o el del Reino Unido, tienen unas ratios muy superiores a las españolas y, sin embargo, en las comparaciones internacionales obtienen resultados considerablemente mejores que los nuestros.

Tema competencial, señor Bedera. El tema competencial no es, como usted dice, fijar los horarios. No se fijan los horarios en el decreto-ley; se establecen unas normas de horarios mínimos que es algo que también se hace, por ejemplo, sin que nadie haya considerado que supone una invasión competencial, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que yo creo que entra plenamente -en todo caso se decidirá donde se tenga que decidir- en el concepto de legislación básica, en la medida en que establece unos mínimos equitativos que en un servicio público de la importancia que tiene la educación constituyen claramente una obligación del Estado.

Acusa usted en estas medidas de falta de diálogo previo y, sin embargo, usted mismo ha referido que lo más importante en el caso de este diálogo, que es el conocimiento del criterio de las comunidades autónomas puesto que son las llamadas a aplicar estas medidas, es que tanto la conferencia sectorial como la Conferencia general de política universitaria fueron convocadas. Y luego tacha de improvisación el hecho de que no se incluyan algunas medidas que se presentaron en esas conferencias, concretamente en la conferencia sectorial, cuando si no se incluyó en el real decreto-ley fue como respuesta al diálogo establecido con las comunidades y la inconveniencia de incluirlo que nos señalaron ellas mismas. Evidentemente, en materia educativa, como en la mayor parte de las materias, la máxima cantidad posible de diálogo es preferible a la falta de diálogo. En eso, señor Bedera, estamos totalmente de acuerdo, pero sabe usted también que en cuestiones como las que regula este real decreto-ley, en las que concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad en los términos en los que la Constitución permite la utilización de esta figura legislativa, la cantidad, el quantum de diálogo previo que se puede establecer es bastante limitado.


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He hablado una y otra vez, y al parecer con poco éxito en cuanto a que su señoría me comprara el argumento, de que esta no es la reforma educativa del Gobierno. Esta es la respuesta excepcional a una serie de desafortunadas circunstancias excepcionales que inciden especialmente sobre las exigencias de consolidación fiscal de las comunidades autónomas y que son obligadas, como no puede ser de otra manera, señor Bedera, puesto que sabe usted perfectamente que el 70 % del gasto total de las comunidades autónomas lo suman las partidas sanitaria y educativa. Cuando las comunidades autónomas tienen unas exigencias de consolidación como las que algunas tienen, es decir, se encuentran tan lejos del objetivo del déficit público que tienen marcado, resulta materialmente imposible que acometan esas exigencias sin buscar la máxima eficiencia en el gasto educativo y, naturalmente, en el gasto sanitario.

Vamos a hablar de asuntos concretos. Habla usted de la suspensión de la obligatoriedad de ofertar dos modalidades de bachillerato y se refiere a las enseñanzas artísticas. No es así, señor Bedera. Las enseñanzas artísticas -y usted lo sabe perfectamente, no le estoy acusando de ignorarlo porque sé que lo sabe- se imparten en centros especiales, no se refiere a los centros de bachillerato. Pero lo más importante es que lo que elimina el real decreto-ley a este respecto es la obligatoriedad de ofertarlo, pero en absoluto condiciona la posibilidad de ofertarlo. Es decir, lo que elimina es una rigidez que está injustificada. Piense usted en una zona urbana que esté bien atendida de centros de bachillerato, donde haya una oferta muy amplia de todas las modalidades y que en un centro nuevo exista una oferta mínima de una modalidad. ¿Es eficiente que se mantenga esa oferta porque así lo imponte un real decreto? ¿No es más sensato dar flexibilidad a las comunidades autónomas, a las autoridades educativas de la comunidad autónoma, para que adecuen su planificación educativa a las exigencias de la demanda que tienen en su entorno real? Sinceramente creo que la flexibilidad no hace ningún daño; al revés, proporciona una notable eficiencia.

En la intervención que ha realizado, señor Bedera, ha hablado de contenidos ideológicos. Sinceramente, no puedo compartir esa opinión. Creo que las medidas que aquí se contienen no tienen nada que ver con lo ideológico; tienen que ver con la búsqueda de eficiencia. He dicho una y otra vez que una parte de esas medidas, a las que me he referido en mi intervención inicial, son medidas temporales que no forman parte de nuestro proyecto de reforma educativa y que, tan pronto como las circunstancias económicas y financieras lo permitan, serán removidas; y otras son medidas que simplemente están orientadas por la búsqueda de la eficiencia económica. No hay ningún parti pris ideológico, no hay ninguna voluntad ideológica. En todo caso, si quiere que discutamos de ideología educativa, con mucho gusto lo haremos cuando discutamos la reforma educativa que traerá este Gobierno, una reforma orientada a mejorar la calidad de la educación. Aquí estamos hablando de otra cosa; estamos hablando de eficiencia. Y algunas comunidades, señor Bedera, gobernadas o cogobernadas por el Partido Socialista, ya han mostrado su intención de utilizar varios de los recursos de flexibilidad que esta norma permite para intentar conseguir esos objetivos.

Pero, señor Bedera, quisiera centrarme muy especialmente en el tema al que usted también -me imagino que por cierta afinidad profesional- ha dado mucha importancia, que es el tema de las tasas universitarias. Señor Bedera, si de algo estoy convencido es de que el sistema, por el que usted parece sentir tanto apego, de financiación de la educación universitaria que tenemos puede ser cualquier cosa menos equitativo; y no es un juicio mío, usted sabe que no lo es. Estoy absolutamente convencido de que usted ha leído estas propuestas para la reforma de la universidad española que el Grupo Parlamentario Socialista editó en la pasada legislatura en cuyo primer artículo, a cargo del economista Juan José Dolado, establece con claridad que un sistema que implica una beca implícita para todos los estudiantes universitarios al margen de su situación socioeconómica que cubre el 85 % del coste de la educación universitaria que reciben es cualquier cosa menos equitativo. Es socialmente regresivo porque, en definitiva, lo que está haciendo es trasladar a aquellas familias de renta inferior a la media, que envían en menor proporción a sus hijos a la universidad, el coste de la educación universitaria que reciben los hijos de familias con rentas superiores a la media, que son quienes en mayor medida acuden a la educación universitaria. Y es que, señor Bedera, me ha dicho usted en un sentido crítico que con estas medidas intentamos que la universidad sea un destino para los buenos. ¿Pero qué tiene eso de malo, señor Bedera, y permítame el juego de palabras? Qué quiere usted, ¿lo contrario, que la universidad sea un destino para los malos? Qué quiere usted, ¿que sigamos manteniendo una duración de las carreras en algunos casos extrema, y no voy a entrar en casos concretos? ¿Quiere usted que mantengamos una tasa de abandono de la educación superior que supera con claridad la media de la OCDE? ¿Quiere usted que mantengamos unas exigencias realmente bajas en cuanto al rendimiento?

Hay que articular la reflexión sobre el impacto social de esta reforma en cuanto al pago de las tasas universitarias con una reflexión -usted mismo lo ha sugerido- importante sobre el tema de las becas, y hay que decir -lo sabe usted perfectamente- que las becas en el sistema español -un sistema que no se ha modificado- no son el resultado de un concurso, no son una asignación de tipo competitivo en la que exista una cantidad y se corte por un determinado nivel en función de la cantidad disponible; no, son un derecho no competitivo. Es decir, el estudiante cuya familia quede por debajo del umbral económico establecido y supere el umbral de rendimiento que se establece tiene derecho a la beca, y se trata de un derecho incondicionado. Hablemos, por tanto, del tema de los rendimientos académicos que su señoría también ha sugerido y hablemos en ese sentido


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de si es o no razonable elevar medio punto la exigencia de rendimiento en la etapa posobligatoria de la educación secundaria para poder acceder a una beca en la universidad. Estamos hablando de elevarlo medio punto, no de pedir un 7; estamos hablando de pedir un 5,5. ¿Sabe usted por qué, señor Bedera -sé que lo sabe perfectamente, es una pregunta retórica-? Porque usted sabe muy bien que entre los estudiantes en el límite inferior entre el 5 y el 5,5 el abandono del estudio universitario ulterior es mucho más alto y porque, además, cuando la sociedad realiza un esfuerzo a través de la concesión de la beca para evitar que cualquier talento se desperdicie por condiciones socioeconómicas desfavorables, es razonable que la misma sociedad pida un esfuerzo correlativo al estudiante que disfruta de esa beca, un esfuerzo moderado, un esfuerzo conmensurado; no estamos hablando de una revolución en los requisitos académicos.

Lo mismo le digo, señor Bedera, con respecto al incremento de los precios públicos y de las tasas en las segundas y sucesivas matrículas. No podemos hacer recaer sobre los hombros del erario, no podemos hacer recaer sobre los hombros de todos el fracaso -vamos a llamarlo deliberado- en materia de educación superior. Es muy lógico que las segundas matrículas sean considerablemente más caras que las primeras y muchísimo más lógico que las terceras sean mucho más caras que las segundas. Este no es en modo alguno, como su señoría ha señalado, un criterio elitista; este es un criterio equitativo, este es un criterio de justicia y este es un criterio también de valores. Se trata de hacer partícipes a los estudiantes de una concepción del esfuerzo que les va a ser muy útil el resto de su vida, una concepción que sistemáticamente se ha desconocido en el proceso educativo español en los últimos años.

Termino, señor Bedera, diciéndole que vuelvo al inicio de la intervención para mostrar también mi disposición positiva y la disposición del Gobierno a entablar un diálogo que espero de buena fe por ambos lados, no tanto sobre el contenido de este real decreto-ley, cuya condición inexcusable evidentemente se ha puesto de manifiesto en mi intervención anterior, sino sobre todas las medidas que el Gobierno se propone llevar a cabo en la reforma del sistema educativo. Confío, señor Bedera, en que su grupo esté igualmente dispuesto a aceptar ese diálogo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

Gracias por su contestación, señor ministro, y por la forma en la que se ha producido. Ha dicho usted muchas cosas y no sé yo si voy a tener tiempo para replicarle, pero voy a ir a lo fundamental. Ha empezado usted diciendo que he mezclado lo estatal con lo general y que es una oportunidad que se da a las comunidades autónomas para rebajar... Como diría un buen amigo vasco, señor ministro, o a setas, o a Rolex. Lo que no puede usted es mandar un mensaje a Bruselas diciendo que van a recortar 3.700 millones y luego aquí, en España, decir que a lo mejor se queda en nada. Por lo tanto, vamos a ver si hacemos una cosa o la otra; las dos a la vez es imposible.

Habla usted de la ratio de alumnos por aula. Como usted conoce nuestro sistema es enormemente complejo. No es lo mismo una clase de bachillerato con cuarenta alumnos en el colegio excelente de la señora Aguirre que una clase con cuarenta alumnos en un instituto donde se hablan doce idiomas. Por tanto, usted no puede venir con la brocha gorda. No puede venir con un hacha en la mano izquierda y con una brocha gorda en la mano derecha. Aquí -se lo dijeron los rectores- hay que ir con el pincel, señor ministro. En educación hay que ir con el pincel, hay que ir con el bisturí. No se puede ir ni con la brocha ni con el hacha.

Ha faltado diálogo. Pues claro que ha faltado diálogo. Cuando yo le refería que usted ha citado un lunes y un jueves a los representantes de las comunidades autónomas encargadas de la no universitaria y de la universitaria, lo que estamos diciendo es que tienen ustedes poca vocación. Parece que tienen ustedes algún tipo de prejuicio. Usted hablaba de prejuicios respecto a los sindicatos. ¿Qué prejuicios tiene usted con la universidad, con los representantes del sistema educativo? Seguramente pueda ser la norma más importante que se va a tratar en esta legislatura, una de las más importantes y usted ha pasado por encima de ella.

El bachillerato. Señor ministro, pues claro que se recortan posibilidades, y eso es ideológico. Es ideológico, señor ministro; sí lo es, porque quien tenga medios se podrá ir al sitio que quiera, pero el chaval que está en un pueblo por ahí perdido en la montaña palentina no va a tener esas mismas posibilidades. No me mire como diciendo que estoy haciendo demagogia. Esa es la realidad en mi comunidad autónoma, en Castilla y León. La escuela rural, el instituto van a sufrir enormemente por esta cuestión. Yo tampoco le quiero recordar lo que usted ya sabe, pero no lo ha dicho muy bien. Perdone, las enseñanzas artísticas son una cosa y la modalidad de bachillerato artístico es otra. Hay tres modalidades, no confunda usted las cosas. (Aplausos). Perfecto, bien.

Ha dicho usted que una parte de las medidas son temporales, coyunturales. Le vuelvo a decir lo del amigo vasco: si son eficaces y son tan buenas, hágalas usted permanentes. ¿Por qué van a ser temporales? Si son tan buenas como usted dice para la calidad del sistema educativo, no deje que sean solamente temporales o coyunturales.

Paso a las tasas. Señor ministro, aprovechando que no está el señor Caldera, no se crea usted a pie juntillas todo lo que aparece en los documentos de la Fundación Alternativas; no se lo crea. La Fundación Alternativas es una institución muy plural, donde escribe casi todo el mundo, incluido un señor que se llama Ben Ansell, que es catedrático


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de Ciencia Política de la Universidad de Minnesota, por lo tanto no es sospechosa de estar en la ortodoxia, y también se publicó por la Fundación Alternativa el informe Calidad frente a igualdad, una decisión difícil en enseñanza superior. Yo le cito también ese artículo. Ahí mismo se decía que el modelo español es un modelo igualitario. Habla de la dificultad de llevar a la vez la calidad y la igualdad, pero afirma que el proceso que tenemos en España, que nuestra situación universitaria, que nuestra forma de enfocar esta cuestión es absolutamente igualitaria. Por decir, dígalo todo. El famoso informe Propuestas para la reforma de la universidad española -que efectivamente edita Daniel Peña- tiene otros siete artículos. Le invito a que lea usted el último artículo de Jesús María Sanz Serna, rector de la Universidad de Valladolid con quien tuve el honor de compartir seis años de rectorado. Aprendiendo de los errores dice que hay tres grandes lecciones que se deben aprender. Primero, establecer consensos educativos. No se puede dar un paso sin establecer consensos educativos. Segundo, el adanismo. No hay cosa peor, señor ministro, que llegar al ministerio y pensar que se resuelven los problemas complejos partiendo desde cero y deslumbrando con soluciones completamente novedosas. Y habla también, por supuesto, de legislar con parsimonia. Uniendo estos tres conceptos, le invito también a que se lo lea.

El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, tiene usted que terminar.

El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias, presidente. Una última frase.

Señor ministro, me quedo con el final de su intervención y también con el final de la mía. No tiene solución por la cuestión numérica en esta Cámara cómo va a salir el tema de la convalidación de este real decreto. Vamos a quedar con plomo en el ala, pero tenemos por delante todavía mucho tiempo para seguir hablando de todo lo demás. Ahora mismo hacemos un flaco servicio, por eso votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bedera, también me quedo con el apartado final de su intervención y, evidentemente, con la voluntad de diálogo y de consenso que en la misma expresa. Muy brevemente, respecto a sus argumentos en torno a las ratios es cierto que la diversidad está muy relacionada con la ratio, pero no lo es menos que las circunstancias extremas de diversidad que se han dado en la educación española en los últimos años, sobre todo en los que el influjo migratorio ha sido más intenso, están variando y lo están haciendo a gran velocidad. Fíjese usted en que la entrada neta en el sistema de estudiantes extranjeros -la inmensa mayoría de los cuales son inmigrantes, algunos con problemas lingüísticos y otros no- ha pasado de 72.000 estudiantes hace poco años a 12.000 el último curso. Fíjese usted en la naturaleza del cambio del que estamos hablando.

Por lo que se refiere al tema de la brocha gorda y la brocha fina y a la incidencia en la calidad y a la condición temporal de algunas medidas, insisto una vez más -usted lo sabe perfectamente- en que esta no es la reforma educativa. Esta es una medida cuya necesidad se inscribe en otra lógica; es una lógica que no nos gusta a nadie, señor Bedera, a mí al que menos, a mí al que menos. Evidentemente, aquellas medidas que resultan penosas para algún actor de la comunidad educativa son igualmente penosas para mí, pero señor Bedera, uno no determina las condiciones en las que tiene que ejercer sus competencias y las condiciones que tenemos son las que son; y las condiciones de las comunidades autónomas son las que son. No es que estemos alternativamente a Rolex o a setas. En este caso las setas y los Rolex tienen que ir en la misma cesta porque todos vamos en el mismo barco.

Muchas gracias, señor Bedera. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Mixto, por el que en primer lugar tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo político en la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto en educación. Permítame comenzar diciéndole, señor ministro, que resulta sarcástico y, en todo caso, paradójico que en el programa de su partido, que supongo que usted conoce, se señale literalmente -cito-: La mejora de la educación en España exige políticas bien diseñadas y reflexionadas. No parece que unas medidas de corte tan improvisado, aunque pueda usted justificarlas, sean el paradigma de la oportunidad política. A lo largo de mis intervenciones sobre temas educativos ya he expuesto mi apoyo político a que el sistema necesita cambios estructurales -por cierto, los menos-, pero sobre todo necesita cambios de gestión, de gestión de centros y de gestión de aulas, que es donde se producen los auténticos problemas de aprendizaje. Esto no es retórica, señor ministro; estoy hablándole de mejorar los perfiles de la función docente y el sistema de acceso a dicha función. Deben impulsarse las medidas que tiendan a la dignificación social del profesorado; debe regularse un nuevo modelo de organización del ámbito donde trabaja, el aula y el centro escolar. Estoy hablándole de un marco estatutario regulador del profesor, de


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la selección y formación de directivos, de la regulación del ámbito de autonomía escolar y de sus diversas variables. En esa dirección se alcanzan los grandes objetivos educativos, que son dos, el abandono y la tasa de fracaso escolar. Todas estas cuestiones deben ponerse en marcha porque son el corazón de la auténtica reforma escolar. Estas medidas presentadas aquí no sé si servirán para conseguir una ayuda al equilibrio presupuestario -me temo que no-, pero sé que están sirviendo para que sean confundidas por toda la sociedad con las auténticas medidas que necesita el sistema escolar. Quiero creer que al dotarlas de carácter básico han pretendido que sean una ayuda para que las comunidades gestionadas por el Partido Popular y que estén en dificultades tengan algo a qué agarrarse si les resulta necesario actuar en políticas de personal de manera restrictiva. Es en ese campo donde se centra la cuestión, pero, en mi opinión, a cambio de dotarles de ese instrumento, han entrado en graves e importantes cuestiones de ámbito competencial, como los horarios o las sustituciones; cuestiones que, por otra parte, en comunidades como la mía, Asturias, se han solucionado, señor ministro, desde hace años con simples instrucciones al inicio del curso.

Solo permítame apuntarle, desde mi modesta experiencia profesional, algo elemental. La política de personal funcionarial en educación solo adquiere sentido haciéndola girar sobre tres ejes: el horario lectivo y su concepción, la movilidad pactada con los sindicatos del sector y, en secundaria, la especialidad del profesor. Cualquier regulación debe pasar por esos tres ejes, si no será un error. Desde luego, no le toca al ministerio hacer esto tras las transferencias educativas y, mucho menos, señor ministro, en un periodo del calendario escolar tan crítico como el mes de mayo. En resumen, los indicadores citados en el real decreto son, casi todos, propios de un ajuste escolar duro y puro. La educación es otra cosa, señor ministro, y las contradicciones entre lo que dice el señor Rajoy y lo que hace al día siguiente también son otra cosa. Permítame parafrasear sus últimas palabras en el País Vasco -ya que no está él-: Seriedad, mucha seriedad, más seriedad. Las medidas previstas en el título II de la enseñanza universitaria plantean muchas dudas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo que comparte su tiempo.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Voy terminando.

Todo ello ha sido contestado por la Conferencia de Rectores el pasado 4 de mayo. No sé si algún gestor foráneo o asesor ha estado poco afortunado, pero le aseguro que este decreto-ley tiene poco de educativo y mucho de veneración al coyunturalismo económico de piñón fijo, y no voy a apoyarlo con mi voto. Espero otros momentos y otras propuestas realmente educativas y decisivas por su importancia para el sistema escolar con las que me pueda identificar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez.

Señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, con este decreto se trata de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable. Señorías, no se sorprendan, el texto que he citado figura en la exposición de motivos de este decreto. Vivimos tiempos de eufemismos, de edulcoración y manipulación del lenguaje que en este caso rayan, señor ministro, así tengo que decirlo, en el más desvergonzado cinismo. Lo que se presenta como medidas de racionalidad y eficiencia constituye en realidad un ataque en toda regla al sistema educativo público y a la calidad de la enseñanza; un ataque que se viene a sumar al gran recorte en educación que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado, todo ello en un Estado donde la inversión en educación está muy lejos de la de los países más avanzados. El incremento de las tasas universitarias tendrá como consecuencia que el precio de las matrículas se aproxime al de las universidades privadas, impidiendo que las universidades públicas cumplan una de las funciones primordiales, contribuir a la igualdad de oportunidades favoreciendo la ascensión social por la educación a los estudiantes pertenecientes a las clases populares. La eliminación del requisito de ofertar dos modalidades de bachillerato alejará la posibilidad de acceso al bachillerato y con ello a los estudios universitarios de numerosos alumnos, sobre todo en los ámbitos no urbanos, pues muchos no podrán costear los gastos que se deriven de tener que desplazarse a otras localidades. El incremento de la ratio de alumnos por aula provocará la masificación de las mismas e impedirá una atención personalizada que atienda las necesidades educativas específicas de los alumnos, provocando con ello un mayor fracaso escolar. Las limitaciones a las sustituciones de profesores de baja o la elevación de la jornada lectiva semanal supondrá, entre otras consecuencias, que los profesores tengan que impartir materias de las que no son especialistas. Así, señor ministro, podríamos seguir. Las medidas contenidas en este decreto son totalmente regresivas, atentan contra la igualdad de oportunidades y degradarán gravemente la calidad de la enseñanza pública.

Además el Gobierno vuelve a optar por el decretazo. La tramitación de estos cambios normativos es impropia de un Estado democrático y descentralizado. Este decreto atenta contra las competencias autonómicas, este decreto invade competencias autonómicas sin que las comunidades ni siquiera fuesen consultadas antes de que el Gobierno anunciase este recorte. Por otro lado, se hurta el debate parlamentario sosegado y riguroso, se vulnera el derecho a la participación de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa, que no pudieron


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valorar y transmitir sus opiniones sobre esta norma en su tramitación parlamentaria previa. Señores del Gobierno, es impúdico e inmoral que, mientras se aprueban recortes adicionales de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, el Estado destine 15.000 millones de euros a la banca privada para socializar sus pérdidas sin contemplar siquiera la opción de crear una banca pública. Señores del Gobierno, difícilmente se podrá modificar el modelo productivo y el patrón de crecimiento desinvirtiendo en educación. Desinvertir en educación y en sanidad es desinvertir en el principal activo humano de un país, su capital humano; este es el principal activo de un país. Señores del Gobierno, las personas no son un activo tóxico. Por estas razones el Bloque Nacionalista Galego votará rotundamente en contra de la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mañana de luto. Se van a crear dos modelos de sanidad, dos modelos educativos, uno para pobres y otro para ricos, porque hoy pretenden que legitimemos la masificación de las aulas, el despido de miles de profesores, el cierre de centros, el incremento de tasas universitarias, la supresión de modalidades y bachillerato, la eliminación de la oferta de títulos universitarios, la paralización de ciclos formativos, el aumento de tasas para la obtención de grados y másteres, la reducción de becas, etcétera. En definitiva, pretenden que legitimemos una educación encaminada al elitismo. Su lema, señor ministro, no es otro que ante la crisis al menos que se salven los nuestros. Mientras ha habido crecimiento no les importaba que el hijo de la portera estudiara. Presumían ustedes de haber optado por la igualdad de oportunidades, pero cuando aprieta la competencia, cuando arrecia la crisis, se protegen. Entonces, cuando esto ocurre hay que garantizar que el poco pastel va a ser para los de siempre, para los hijos de los ricos, no para los hijos de la portera.

Este diputado tiene como vocación y profesión la enseñanza, por ello si ante mí tuviera a una persona formada intelectualmente como usted que justificara el incremento del 20 % de la presencia de estudiantes en el aula argumentando mejor socialización, pensaría que estoy ante un zoquete, que es término que se utiliza en la historia de la enseñanza como expresión popular y de cariño; si además esta persona ostentara un cargo público creería que es un cínico; si esta persona fuera el ministro de Educación pensaría que es un peligro, que debería dimitir, sabiendo sus aficiones, incluso por vergüenza torera.

Ustedes se cargan el modelo público. Saben que su línea de actuación comportará la guetización del sistema, reservando la escuela pública a pobres e inmigrantes en el marco de un sistema educativo dualizado. Convierten la educación pública en servicio de guardería de menores hasta convertirlos en mano de obra barata, retroceden treinta años cargándose la educación pública y de paso recortan de nuevo derechos. Mientras en Francia se pone el énfasis en la potenciación de la educación y se anuncia la contratación de cien mil profesores, ustedes aquí pretenden despedirlos incrementando las horas lectivas del profesorado para facilitar aún más el despido de decenas de miles de ellos. Su maldita solución a los problemas actuales pasa por incrementar la precariedad laboral de profesores interinos y sustitutos.

Señor ministro, ¿por qué no tiene la honradez de subir aquí, dirigirse a la ciudadanía y decir que lo que usted y yo sabemos a ciencia cierta es que estas medidas afectarán directamente a la calidad de la enseñanza? Es un verdadero engaño a la ciudadanía preconizar un nuevo modelo productivo imprescindible para encarar los retos del siglo xxi y, a la vez, impulsar una reforma laboral que nos condenará a un mercado de trabajo low cost, al recortar inversiones en I+D+i o en políticas activas. Presenta este real decreto que va a torpedear el sistema educativo e impedirá alcanzar las cotas de excelencia mínimas para preparar las nuevas generaciones tal como demandan los tiempos. Esta es la realidad. Usted hoy aquí no dice la verdad. Es más, ustedes tienen terror. ¿Saben a qué tienen terror ustedes, por eso no aceptan que este real decreto se pueda tramitar por vía de proyecto de ley? Tienen terror porque ustedes saben que están engañando a la ciudadanía y tienen terror a que este Parlamento, haciendo uso y práctica del parlamentarismo, permita hacer llegar a la ciudadanía la magnitud de la tragedia de lo que ustedes han diseñado, han maquinado. Por esto hoy aquí ustedes van a negar a este Parlamento la tramitación como proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor TARDÀ I COMA: Solamente nos queda salir a la calle el día 22. Llevamos ya 7.200 millones recortados en educación, y creo, señorías, que ya se han ultrapasado las líneas rojas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.

La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, nos propone usted un Real Decreto-ley de racionalización del gasto, pero en nuestro caso creemos que es más una ley de recentralización y de recorte. Para nuestro grupo la educación y el conocimiento son la base de la sociedad avanzada; es la clave del avance y de la competitividad de un país, y desde


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luego en Euskadi consideramos que es crucial para una sociedad más justa, solidaria y cohesionada. Por tanto, los recortes propuestos para el ámbito educativo nos resultan incomprensibles, pero aún más cuando se han planteado de una manera unilateral, sin ningún tipo de confrontación ni de acuerdo con el propio sector, con las comunidades autónomas, con los principales agentes sociales, como la comunidad de padres, en fin, sin ningún tipo de acuerdo ni consenso, y evidentemente utilizando una fórmula, como es la del real decreto-ley, que es la que más desprecia a esta Cámara. En el fondo, lo peor es que mediante este real decreto-ley lo que pretenden ustedes es recuperar competencias y encubrir una recentralización. Se trata de un ataque sin precedentes a nuestro autogobierno, que posee competencia exclusiva en educación; un ataque que nunca antes se había conocido, que ningún Gobierno se había atrevido a realizar. Señor ministro, según palabras suyas -lo dijo la semana pasada en el Senado-, las comunidades autónomas son incapaces de mantener el sistema educativo, y añade que estaríamos locos si pretendiéramos mantener la calidad actual. Lo que pretenden ustedes es hacer pagar, en nuestro caso a Euskadi, los derroches, despilfarros y malas prácticas de otros. No vamos a dar lecciones a nadie, no lo pretendemos, pero no vamos a tolerar este paso a atrás. Hemos construido un sistema educativo moderno, que funciona, que obtiene buenos resultados, que está avalado, por eso no vamos a permitir que un real decreto-ley dé un paso atrás en algo que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado a todos, algo en lo que ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo la sociedad vasca. No es justo ni lícito.

Tenemos un modelo de enseñanza de reconocida calidad, como usted sabe, que tiene unos resultados en los informes PISA superiores a la media. Sé que tenemos mucho que mejorar, evidentemente, pero es un sistema reconocido y en el que hemos invertido mucho tiempo. Nuestras universidades están también mejorando, participan en campus de excelencia internacional y se están dotando de herramientas de mejora. Hemos demostrado que sabemos gestionar nuestra competencia, por tanto no estamos dispuestos a pagar errores de otros. Señor ministro, si no va a respetar las competencias de las comunidades autónomas, y desde luego las de Euskadi, nos va a tener enfrente. Evidentemente, vamos a votar en contra de este real decreto-ley y, ante esta situación, va a tener a nuestro grupo enfrente. Si otras comunidades autónomas quieren devolver sus competencias porque les vienen grandes, allá ellos, no es nuestro caso. Nosotros queremos que se cumpla absolutamente el Estatuto de Gernika y no vamos a tolerar la limitación en nuestra capacidad de autogobierno. Lo que pretendemos -evidentemente, y en eso estamos de acuerdo- es mejorar, buscar la excelencia, la mejor competitividad de nuestras empresas basada en la formación de todos los alumnos, de todos los estudiantes. En esto estamos de acuerdo, en el cómo es, dónde estriba la diferencia.

Si hacemos un breve repaso al contenido en sí mismo del real decreto-ley, lo que nos gustaría es que toda esta batería de medidas se tuviera en cuenta dotando a los centros de una mayor autonomía, que les permita una flexibilidad en la implantación de todas estas medidas, porque no todos los centros son iguales, ni todas las comunidades son iguales, y usted lo sabe bien. Por tanto, no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. En cuanto al sistema universitario, permítame hacerle solamente una pequeña valoración. No voy a entrar en los precios, en las tasas, sino en que realmente quedaría derogada una competencia de nuestra comunidad autónoma que estaba recogida en la ley de 2007 y que introducía para Euskadi, en virtud de su régimen foral, un carácter especial, que ahora quedaría derogado. Evidentemente, no estamos de acuerdo. Pero permítame referirme a una carta que recientemente -ayer en concreto- el rector de la universidad pública del País Vasco envía con preocupación a todo su profesorado. Dice textualmente que la UPV, la Universidad del País Vasco, ya está realizando una gestión inclusiva y gradual que tiene en cuenta no solo los sexenios de investigación, como aparece en su real decreto-ley, sino también la actividad docente, la actividad de gestión, la actividad de investigación y también la de transferencia de tecnología, y que recoge el sexenio como criterio, pero lo contextualiza y valora más adecuadamente. En general, el personal docente e investigador de nuestra universidad disfruta de un reconocimiento que resulta mejor valorado que el de su real decreto. Por tanto, hable con la comunidad universitaria, porque ya está haciendo cosas que permiten mejorar.

En cuanto a la supresión de carreras universitarias en función del número de alumnos, evidentemente los parámetros de calidad y los objetivos que nos fijemos van a ser los que van a permitir que cada universidad imparta una serie de carreras o no, porque precisamente el alumnado pondrá a cada uno en su sitio, nos dirá qué universidades ofrecen una titulación adecuada y qué universidades no, dónde está la calidad y dónde la excelencia. No creemos que se deba regular por decreto, sino en función de objetivos y resultados. Evaluemos, porque desde luego evaluando es como se puede mejorar.

En definitiva, rechazamos los recortes propuestos por este real decreto por una serie de razones que paso a enumerar. La inversión en educación constituye para nosotros un instrumento clave de desarrollo de futuro que garantiza la cohesión social y la convivencia y nos permite prepararnos para el futuro. Y desde luego, en una coyuntura tan crítica como la que vivimos económicamente plantearnos estos recortes universitarios, estos recortes en educación primaria, secundaria y bachillerato de forma unilateral es la peor forma de hacerlo. Debemos mejorar, es cierto, pero hay otras formas.

Asimismo, nos preocupan otras reformas anunciadas, que esperamos poder debatirlas de otra forma que no sea a través de un real decreto, y proponemos un modelo educativo -lo he dicho en esta tribuna en más de una


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ocasión- flexible, que dote de autonomía a los centros y que permita mejorar en calidad, en bilingüismo, en plurilingüismo, en nivel de resultados alcanzados y, en definitiva, hacer frente a los retos de una sociedad de futuro. Estamos de acuerdo en la racionalización del gasto, no puede ser de otra manera, pero mediante el control del mismo y a través de un uso eficiente de herramientas de evaluación sistematizada de alumnos y profesores, de ambos colectivos. Y no aceptamos, evidentemente, ninguna merma en el ejercicio de las competencias que nos proporciona nuestro autogobierno. Reclamamos que se respeten absolutamente y que se trabaje la aportación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la Comisión Mixta del Concierto, que es donde se debe trabajar y no a través de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Quería iniciar la reflexión sobre este real decreto-ley señalando algo que me ha llamado poderosamente la atención, cómo el señor ministro en su exposición ha ignorado absolutamente una disposición adicional que explica bastante bien por dónde va el conjunto del decreto y -lo lamento- su oscurantismo. Me refiero a la disposición adicional segunda, punto dos, donde realmente de lo que se habla es de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Uno se preguntaría qué tiene que ver esto con la educación, con la urgencia de este real decreto y con el objeto por el que se presenta. Resulta que es una disposición adicional que corrige el Real Decreto 12/2012, que vimos en este mismo Congreso hace muy poco tiempo, que en realidad tiene una disposición técnica y otra que profundiza, por decirlo de una manera sencilla y comprensible, en la amnistía fiscal que el Gobierno ha decretado para los defraudadores, que tiene que ver con el cambio de sociedades que están hoy en día ubicadas en paraísos fiscales, para favorecer su retorno a España bajándoles el tipo impositivo del 30 al 8 %. Es curioso que el ministro ni siquiera haya citado esto. Ha pasado completamente por encima y es algo que mueve a la reflexión. ¿Qué pinta esta disposición adicional, que tiene que ver con la Ley sobre el Impuesto sobre Sociedades, en un decreto-ley que habla de racionalización del gasto educativo? El misterio queda desvelado cuando nos percatamos de que en realidad todo esto que se nos presenta como una racionalización del gasto educativo está presidido por una preocupación exclusivamente fiscal. Se trata simplemente de abaratar el coste del sistema educativo. Hemos de decir que esto no es malo en sí mismo. En una situación de crisis como la actual se pueden proponer medidas de ahorro y de mejora de la inversión en educación para conseguir mejores retornos de la inversión pública en este campo. Pero lo malo es que este real decreto no habla de eso. Lo que realmente usted nos ha traído aquí es sobre todo un cambio subrepticio del modelo de universidad en España. Además, ha dicho antes el ministro en su exposición que esto no es la reforma educativa que nos van a traer -que esperamos con muchísimo interés y que esperamos que no venga en forma de real decreto-ley-, sino que son una serie de disposiciones previas para cimentar esos cambios educativos que nos van a proponer. Sin embargo, si se aplicara en su literalidad el real decreto-ley en lo que afecta concretamente a la universidad, ya prejuzga, preorienta, predetermina qué tipo de universidad pública pretendemos tener en España. En este sentido, le tengo que decir para empezar que no es aceptable que una cuestión tan seria como la reforma de la universidad se quiera colar simplemente desde el punto de vista fiscal aprovechando la urgencia de la necesidad de bajar el déficit público.

Además, le voy a decir otra cosa que espero que ya sepa porque se la han dicho los rectores de universidad de España, que la urgencia de este real decreto-ley no tiene que ver nada con las prácticas universitarias normales porque el reparto y establecimiento de la docencia ya ha sido realizado por los departamentos para el curso que viene. Esto es inaplicable, salvo que ustedes pretendan que las universidades vuelvan a encargar a los departamentos una redistribución de la docencia y de la investigación sobre la base de las previsiones de este real decreto-ley, lo cual sería realmente un asalto, no digo ya a la autonomía universitaria, sino al sentido común y al buen funcionamiento de cualquier institución. De manera que el curso que viene no se va a poder aplicar este real decreto-ley. Por tanto, ¿para qué sirve? Obviamente sirve para cambiar de una manera subrepticia el modelo de universidad, consiguiendo soliviantar a todos los rectores de España, lo cual tiene mucho mérito. ¿En qué sentido? ¿Solamente por las tasas? No. Básicamente porque lo que están haciendo ustedes es introducir que a partir de ahora haya dos tipos de profesorado distinto: uno dedicado a la docencia y otro dedicado a la investigación. Además, el acceso a esas categorías de docencia y de investigación se va a conseguir vía veteranía. Es volver a la mentalidad chusquera del extinto servicio militar obligatorio. Sí señor, porque para conseguir tres sexenios consolidados hace falta haber trabajado en la universidad por lo menos dieciocho años. Evidentemente si se está diciendo que el que accede a la docencia basada en la investigación necesita al menos tres sexenios, estamos hablando del profesorado más veterano. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la universidad? Que el profesorado que más investiga es el más joven. Pues precisamente ese profesorado, que es el que tiene mayor rendimiento en investigación y que muchas veces se contrata o se saca a concurso la plaza por el perfil de investigación, va a ser dedicado a la docencia. ¿Y en qué condiciones? Han montado ustedes un lío impresionante con los créditos. Los créditos ECTS -European credit transfer system-


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se crearon para medir en el sistema Erasmus la convalidación de créditos entre universidades españolas y de otros países. Ahora estos créditos ECTS milagrosamente se convierten en la medida del esfuerzo laboral del personal universitario funcionario. Aprovecho para decirles que se han olvidado ustedes por completo del profesorado con contrato laboral. No sé lo que piensan hacer con ellos o qué lugar se les reserva en el sistema universitario español, pero aquí no están, y en muchas universidades, facultades y departamentos el profesorado laboral es una parte muy considerable de la plantilla docente general. Y aquí ni siquiera se le cita. Ni siquiera sabemos qué va a ocurrir con sus contratos o con su dedicación, salvo que ustedes tengan en mente -y no lo hayan dicho- ir prescindiendo de este profesorado. Por tanto, al final va a resultar que la veteranía va a ser la vía de acceso y no la excelencia académica. ¿Se puede saber qué concepto tienen ustedes de excelencia académica, de excelencia educativa cuando resulta que lo que importa es la habilidad para conseguir sexenios, que muchas veces tiene más que ver con la lectura atenta del BOE que con la excelencia de la investigación? Resulta que ustedes al profesorado más joven, que -como digo- está más que demostrado que es el de mayor rendimiento en la investigación, lo aparcan y lo dejan justamente al margen de esa carrera, e incluso lo condenan -si se aplicara el decreto en su literalidad- a dar hasta seis asignaturas o más. Es decir, volvemos a un modelo de universidad parecido al de un instituto, donde un profesor cualquiera va a tener que dar hasta seis asignaturas, con más grupos, con más estudiantes y con un horario incompatible con la investigación. Esto para empezar.

Pero lo más grave de todo este asunto es que, al final, la investigación ¿a qué se reduce? Pues a conseguir almacenar sexenios que se han convertido, en vez de en la medición de la excelencia de la investigación, en un mérito de tipo administrativo; en realidad, en una capacidad de aguante y de estar en el sitio adecuado hasta que llega el tiempo de la liberación y se pasa a una situación laboral más privilegiada. Quizás el aspecto más grave del asunto -y voy terminando- es que esto prácticamente impediría, si se aplicara tal y como está aquí, la renovación de las plantillas de las universidades. ¿Ustedes creen que a estas alturas del siglo xxi se pueden tener universidades con una edad media de provectos señores con barba o de señoras ya maduras paseando por los claustros, donde no haya apenas jóvenes porque los que hay están dedicados además a dar seis o siete asignaturas y a tareas de tipo administrativo y donde además la renovación, que es exigida por el propio cambio constante de las disciplinas y de los conocimientos, es prácticamente imposible hasta que se haya dado la extinción fisiológica, física, de las actuales plantillas universitarias? En fin, realmente a mí me parece un verdadero disparate, pero lo más disparatado es que ustedes no nos propongan un debate a fondo de esta cuestión, porque es verdad que en la universidad hay muchas cosas que cambiar, es cierto que ha habido muchos abusos, es verdad que en nombre de la autonomía universitaria se han cometido muchas tropelías, es cierto que las tasas quizás no están adecuadas al costo real de la educación, pero esto no se puede hacer por vía de real decreto, sobre todo porque la excusa de la urgencia que ustedes invocan no tiene el menor sostén, es completamente insostenible, se lo dicen los rectores en la nota que han hecho al respecto.

Tampoco han entrado ustedes a considerar alternativas para reducir el gasto corriente en la universidad, que sería lo primero que habría que hacer. Nosotros les vamos a proponer algo que ustedes aquí insinúan pero no abordan, y es un plan de fusión de universidades para reducir el número de centros, de titulaciones y de departamentos pero de un modo ordenado, racional, con un mapa universitario proporcionado y donde efectivamente el gasto corriente se pueda reducir. Por no hablar del mayor capítulo de derroche de gasto corriente en España, que es la existencia de 17 sistemas educativos, cuestión que habrá que abordar en un debate político de fondo sobre el reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas, y que desde luego no es una cuestión que simplemente se pueda despachar ignorando la existencia de 17 sistemas educativos y que las universidades son también competencia autonómica ni diciendo que en España el mayor problema de la educación es entrar en las competencias de las autonomías, cosa que desde luego tampoco compartimos.

Para finalizar, sentimos decir que, la verdad, es un real decreto-ley verdaderamente lamentable, y estrambótico, porque tiene estrambote oculto -y usted ni siquiera lo ha citado aquí- por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y donde realmente lo que se hace es eludir el debate político y social, que debe incluir a todos los afectados, sobre cómo podemos aprovechar la crisis para modificar un sistema universitario que sin duda necesita reformas. Lo que no necesita es que ustedes atropellen y se carguen el modelo de la universidad pública en nombre del ahorro o del déficit público. Esto realmente es catastrófico, y por supuesto no podemos apoyar ni vamos a votar un real decreto de estas características.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el día de hoy numerosos colectivos ciudadanos lo han declarado como día de luto oficial, y es por la convalidación de dos reales decretos-leyes que atentan contra la educación pública y la sanidad pública. Eso ha motivado esta nada agradable calificación. A día de hoy hay numerosas personas, estudiantes,


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profesores, encerrados en también numerosas universidades del Estado español, y con estos recortes pasado mañana, al otro y al otro serán muchas las personas que estén en la calle protestando precisamente por esto que está sucediendo. Usted, señor ministro, ante este panorama se permite el lujo de calificar como prejuicio las manifestaciones que colectivos que tienen un peso específico en el campo educativo han hecho con respecto al real decreto, acusando además a una comunidad de sugerirle esos recortes y más. No le voy a decir aquí que es un poco acusica, señor ministro, que se lo digan otros, pero creo que ningún grupo parlamentario va a querer hablar con usted ni en la intimidad.

¿Usted cree, señor Wert, que masificar aulas, incrementar la presión sobre los docentes, no cubrir las bajas del profesorado y reducir la oferta educativa de los centros en la educación no universitaria es prejuzgar? Hoy se convalida este real decreto que modifica leyes orgánicas, señor Wert, en algunos casos textos completos de artículos. Ustedes están hurtando a esta Cámara con los reales decretos la posibilidad de debatir y enmendar normas y viene hoy a justificar lo que tiene que hacer diciendo que no le queda más remedio. Ustedes han ido adelgazando las administraciones públicas, el Estado y las autonomías y ahora nos vienen a decir que no les queda más remedio que tomar estas medidas. Señor Wert, al menos seriedad y rigor, porque han sido ustedes los culpables de que hoy se tengan que tomar estas medidas. No prejuzgamos tampoco, señor Wert, cuando le decimos que las propuestas de este real decreto son nuevas arbitrariedades que usted se saca de la manga porque ignoran o menosprecian los más elementales estudios científicos que vienen a demostrar que ningún sistema educativo en el mundo puede mejorar ni mantener su calidad despidiendo y presionando al profesorado, masificando las aulas o reduciendo las opciones educativas. Señor Wert, se lo dice hasta la propia Comisión Europea, aunque usted luego quiera negar la mayor. La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos tampoco prejuzga, simplemente denuncia y advierte que el incremento de horas lectivas semanales conlleva un aumento del número de grupos que se asigna a cada profesor y un mayor número de alumnos que atender, con la consiguiente desatención a otras funciones y tareas, pero usted sordo a esto, señor Wert. Tampoco es prejuzgar decir que esto significa un despido encubierto de profesorado, reduciendo significativamente el número de docentes que atenderán a la educación de nuestros hijos e hijas, impidiendo dar una respuesta educativa inclusiva y que evite el actual fracaso escolar. ¿Pero cómo va a ser prejuzgar eso si ya está pasando en comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, señor Wert? ¿Puede usted decir sin ruborizarse que prejuzgamos cuando decimos que el incremento de alumnos por aula afecta y muy negativamente a su atención individualizada y muy especialmente en el caso de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje? Y un inciso, señor Wert. ¿Qué problemas tiene usted con la población inmigrante, con los alumnos y alumnas inmigrantes? ¿Qué problema tiene usted para que en sus aulas puedan estar perfectamente atendidos estos inmigrantes? Señor Wert, ¿considera también prejuzgar que entendamos como especialmente grave la no sustitución de profesorado antes de diez días? ¿Es usted consciente de lo que esto supone o simplemente no le importa privar a los alumnos del derecho a recibir clase durante dos semanas? Señor Wert, usted debe de visitar pocos o ningún centro porque si no tendría que conocer que la mayoría de los centros no tienen posibilidades de hacer que estos alumnos tengan un profesor más allá de agruparlos de nuevo por aulas o hacer que un profesor que no tiene las mismas materias tenga que impartir clase, y eso usted debería saber que afecta negativamente al aprendizaje de los alumnos y a sus necesidades educativas.

Señor Wert, está promoviendo con este real decreto un retroceso sin precedentes. Navegan ustedes entre el Medievo y un regreso al modelo franquista, de educación selectiva y destinada a una élite. No sé si eso le gustará a usted; a lo mejor dice como antes, que tampoco le gusta pero no tiene más remedio que hacerlo. ¿No tiene usted más remedio que regresar al Medievo o a un modelo franquista, señor Wert? Cuando afirmamos que usted por primera vez en la democracia de este país no se ha reunido con los legítimos representantes de las universidades para consultar sobre el decretazo, tampoco prejuzgamos, simplemente constatamos una realidad, porque no lo ha hecho. No sé si es que a usted le da vergüenza decir que sí tiene peso específico en el ámbito educativo medio y superior lo que usted aquí nos está diciendo hoy, amparado, eso sí, en su mayoría absoluta, lo que no le da la razón en eso, créame.

¿Es prejuzgar que este real decreto modifica el sistema universitario? A veces, cuando le escucho, señor Wert, tengo la sensación de que usted no se lee sus propias normativas. Evidentemente, sí se las lee porque lo ha hecho aquí; hoy nos las ha leído. Por ello, no me queda más remedio que pensar que usted lo que no hace es entenderlo. No entiende lo que usted mismo dice que tienen que hacer. No me queda otro remedio que pensar eso. Porque, ¿es prejuzgar que el incremento general de las tasas de matrículas implica un retroceso y un cambio profundo en el concepto de la universidad pública? ¿Es también prejuzgarlo? Señor Wert, señorías, con la subida de las tasas universitarias, con lo que nos ha explicado aquí con la lectura de ese real decreto, lo que hace usted es acabar con el concepto universal de la educación pública del sistema público educativo.

Si a los recortes en la universidad les sumamos los 166 millones de euros del programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales -iba a decir del Estado, que sería lo correcto ¿verdad, señor Wert?, pero vamos a cambiar la palabra y le voy a decir del mercado, los Presupuestos Generales del "mercado", porque finalmente eso es lo que son-, en un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición de pública y su calidad, eso que usted dice que no


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va a perder nunca, pero van ustedes dando pasos en esta dirección. Señor ministro, ¿prejuzgamos cuando decimos que se reducen las condiciones laborales y se modifica de forma unilateral el régimen de dedicación del profesorado universitario al aumentar las horas lectivas en un 50 % a los profesores que tengan sexenios vivos, es decir, para la mayoría de los mismos? ¿También es prejuzgarlo? ¿Es prejuzgar que se les reducen las condiciones laborales y se les modifica unilateralmente el régimen de dedicación? ¿Es prejuzgar que a quienes no tengan un sexenio de investigación reconocido se les obliga a abandonar la posibilidad de investigación? Otros portavoces se lo han dicho anteriormente.

Señorías, los recortes de los Presupuestos Generales del "mercado" y las medidas que se proponen en este real decreto implican el desmantelamiento progresivo de la universidad pública y una profundización en el proceso de privatización y mercantilización de la universidad española. No prejuzgamos, señor Wert, afirmamos. Ayer mismo nos lo confirmaban los componentes de la CRUE, rectores de las universidades españolas. Ustedes van a tener serias dificultades para aplicar este decreto, que falla en la forma y en la práctica. Nuestro grupo, La Izquierda Plural, rechaza tanto los recortes que aparecen en lo que denominamos -reitero- los Presupuestos Generales del "mercado", como los de este real decreto que hoy se trae a convalidación. Unos y otros son una declaración de guerra contra la educación pública que, lamentablemente, ustedes han emprendido. Y como estamos en la parte de las ofertas, también nosotros, el grupo de La Izquierda Plural, le hacemos una oferta, señor Wert, que estoy segura de que desgraciadamente usted no va a atender, estamos seguros de ello. Le hacemos la oferta de que retire este real decreto, convoque a toda la comunidad educativa, hable con todos y cada uno y, a partir de ahí, empecemos a mejorar el sistema público educativo español y no a empeorarlo. Mientras tanto, señor Wert, la respuesta la tendrá en la calle. Nosotros estaremos con la gente de la calle porque hay razones para estar allí y decirles a ustedes que están haciéndolo muy mal, que se quieren cargar el sistema público educativo en nuestro país y que están dando los pasos, que avanzan. Y estamos convencidos de que, lo dirá usted mejor o peor -casi siempre peor-, lo que no da es puntada sin hilo, señor Wert. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, las medidas urgentes se aplican con el objetivo de la estabilidad, pero conjugando calidad y eficiencia. Como ha dicho el señor ministro, el Gobierno quiere proporcionar instrumentos a las administraciones educativas. Creemos que las medidas no se ajustan al objetivo y no aceptamos la afirmación que ha hecho respecto a las comunidades autónomas, culpándolas de la situación del déficit público y al mismo tiempo, con ejemplos como este Real Decreto-ley, jugando con ellas.

Permítame una segunda objeción de carácter general, no hacia usted sino hacia el Gobierno, y que es la denuncia del abuso que el Ejecutivo está haciendo de la técnica de legislar por real decreto-ley. La Constitución española y la jurisprudencia constitucional tienen claramente delimitados los supuestos para la concurrencia de las premisas exigidas para legislar con este sistema de carácter extraordinario que vemos que se está convirtiendo en el ordinario, hurtando a las Cortes su función fundamental de legislar y saltándose los dictámenes previos preceptivos que en tantas ocasiones aportan luz y sugerencias a los anteproyectos legislativos. No son suficientes, a nuestro entender, los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos del Real Decreto-ley, y por supuesto tampoco los expuestos hoy por el señor ministro, para amparar la decisión de adoptar las medidas de racionalización del gasto público educativo por medio de este instrumento, y más sin la posibilidad de la posterior tramitación como proyecto de ley. Esta objeción general con respecto a la inadecuada forma de legislar es una más de las razones que expondré por las que Convergència i Unió no apoyará la convalidación del Real Decreto-ley que estamos debatiendo.

Respecto a los niveles universitarios, otra razón para esta negativa es la ampliación del contenido de las competencias estatales en materia de universidades asumiendo el mantenimiento de los centros universitarios en las universidades públicas. Una discrepancia nueva relevante en este Real Decreto-ley y que afecta también a la universidad es la modificación del artículo 7, que corresponde a la financiación de las becas, en el que me extenderé a continuación. Hasta ahora el Estado financiaba la totalidad del coste de la matrícula de los estudiantes becados; a partir del presente Real Decreto-ley financiará solo el límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza. Esta será una nueva vía de ahorro para el Estado y de centrifugación del déficit para las comunidades autónomas. La concreción de este ahorro la tenemos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, donde el programa de becas y ayudas a estudiantes experimenta una disminución del 11,6 %, correspondiendo 44 millones de euros a becas universitarias.

Valoramos positivamente otros aspectos del Real Decreto-ley, por ejemplo, la modificación del artículo 30 bis de la LOU, en cuanto que ofrece la posibilidad de abrir nuevos espacios a la cooperación en la impartición de títulos oficiales, o la modificación del artículo 68 del mismo cuerpo legal, relativo al régimen de dedicación del profesorado. Es cierto que la dedicación actual del personal docente e investigador se ha intentado regular por el Estado en más de una ocasión sin éxito, y es cierto también que el plazo de un año establecido en la Lomlou para hacerlo expiró hace tiempo, pero esto no justifica a


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nuestro entender la habilitación para hacerlo por real decreto, sin participación de las universidades ni de las comunidades autónomas -Cataluña, por ejemplo, es competente a tenor de lo dispuesto en su propia Ley de Universidades-, máxime cuando desde el propio Gobierno se ha anunciado ya la regulación del Estatuto del personal docente e investigador. No nos parece, por tanto, justificable que se aborde ahora en un real decreto-ley parte de dicha regulación.

En definitiva, la variación que incorpora el Real Decreto-ley sobre la financiación de becas puede perjudicar los derechos de los alumnos para acceder a estudios universitarios en las condiciones de igualdad preconizadas en el artículo 14 de la Constitución española y va en detrimento de la política de precios de la comunidad autónoma para compensar el coste de los estudios universitarios y mantener las garantías de calidad que el servicio público universitario ha de ofrecer. Aquí hemos de denunciar una vez más dos cuestiones importantes para Cataluña. La primera, que las funciones y servicios en becas y ayudas al estudio universitario no han sido todavía traspasadas a la Generalitat de Catalunya a pesar de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, servicios que al no estar traspasados deben ser igualmente financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La segunda cuestión es que los umbrales para el acceso a las becas que determina el Estado son muy bajos, especialmente para ser aplicados a territorios con un coste de vida superior a la media del Estado. Este es el caso de Cataluña, donde solo el 14 % de los estudiantes de primer y segundo ciclo de grado y máster tienen algún tipo de beca, mientras que hay comunidades donde más del 30 % de los alumnos reciben beca. ¿Es esto igualdad? ¿Para cuándo se va a tener en cuenta el coste de la vida en la determinación de los umbrales de renta?

Señorías, paso a hacer referencia a los niveles educativos no universitarios. El decreto invade las competencias de Cataluña en lo que hace referencia a la determinación de la jornada lectiva del personal docente y al plazo para la sustitución transitoria del profesorado, que hasta ahora determinaba la Generalitat. El artículo 4.º incrementa el plazo para la sustitución transitoria del profesorado, como consecuencia de las limitaciones de la oferta de ocupación. La norma considera que las ausencias cortas no han de ser cubiertas con personal interino, sino con los recursos ordinarios de cada centro docente. Estos aspectos hasta ahora también los regulaba la Generalitat en ejercicio de sus potestades organizativas sobre los centros y en relación con el personal docente. Este decreto supone la laminación del marco competencial de Cataluña en materia de educación y son claramente insuficientes para alcanzar los objetivos de ahorro fijados por el Gobierno español. En Cataluña supondrán como máximo un ahorro de 150 millones de euros, el equivalente al 10 % de lo que había fijado o calculado el Gobierno. En definitiva, la Administración del Estado esta adoptando en materia educativa diferentes decisiones destinadas a la gestión de gasto, sin tener las responsabilidades sobre este ámbito. Creemos que no es adecuado y seremos muy críticos con esta forma de gobernar desde los despachos del ministerio. Defenderemos que son las comunidades autónomas quienes deben disponer de los instrumentos para gestionar este gasto. El Govern de Catalunya, como ya debe saber, se ha manifestado en el mismo sentido y ya acordó plantear al Consell de Garanties Estatutàries este real decreto-ley para que emita un dictamen preceptivo previo y poder llevar a la práctica la presentación de un posible recurso de inconstitucionalidad ante la invasión de competencias en el ámbito educativo.

Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, por estas motivaciones, no estamos de acuerdo con este real decreto-ley, y tampoco -y más después de su intervención de hoy- en las formas con las que usted está afrontando los retos y objetivos de su ministerio, porque son retos y objetivos muy importantes, muy decisivos, y por si fuera poco, interfiriendo en nuestras competencias, que en Cataluña se van aplicando con la totalidad de la comunidad educativa con el máximo diálogo en defensa del modelo educativo propio de Cataluña. Para terminar, señor ministro, quiero hablar sobre la flexibilidad. Tenemos la misma libertad que usted nos ofrece para la aplicación de este real decreto-ley que para gestionar nuestro límite de déficit impuesto por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, quiero que mis primeras palabras sean para agradecerle su explicación, la argumentación de la misma y la claridad en sus planteamientos. Se lo agradezco porque el Grupo Parlamentario Popular está firmemente convencido de que no podemos perder ni un solo minuto sin hablar con absoluta y meridiana claridad a la sociedad española, sin decir a las familias que con relación a la educación el enorme esfuerzo que están asumiendo vía impuestos en la inmensa mayoría de los casos, complementando estos mediante aportaciones particulares en otros, buscando la mejor calidad de educación para sus hijos, no se traduce en resultados medianamente aceptables. Señorías, una de las mayores tentaciones que suele acompañar la vida política es aquella que puede convertir a un individuo en prisionero del populismo fácil. Es evidente que resulta más cómodo y más rentable políticamente sostener el discurso de que es mejor quien más gasta, quien más prebendas ofrece, que hacer un análisis realista y sosegado de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Desgraciadamente, este planteamiento es complicado de sostener a lo largo


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del tiempo, sobre todo cuando el peso de la realidad económica se impone a cualquier tipo de realidad.

Al Grupo Parlamentario Popular le hubiese gustado debatir esta mañana sobre la reforma del modelo educativo. Es una pena que la manipulación de las cuentas públicas y la nefasta gestión del anterior Gobierno hagan que nos tengamos que centrar en este debate. Esa es la verdad, porque por mucho que se empeñen algunos en manipular la realidad, esta no es la reforma educativa del Partido Popular. Ahora bien, ni hoy, ni mañana, ni nunca eludiremos un debate sobre la eficiencia en materia educativa. No lo haremos porque a lo largo de los años hemos sido testigos de cómo el enorme esfuerzo económico que España ha hecho en educación no ha sido acompañado desgraciadamente por los resultados. En España se ha invertido en educación pero no se ha invertido bien. El modelo educativo socialista ha impedido que los recursos económicos dieran los resultados deseados. Ese esfuerzo económico se ha traducido en datos tan significativos como que el gasto por alumno en enseñanza pública en nuestro país esté por encima de países vecinos como Francia, Alemania, Reino Unido o Finlandia y, sin embargo, nuestros resultados son infinitamente peores. Por ello, estamos convencidos de que la mejora del sistema educativo pasa necesariamente por un cambio de modelo, por una mejor racionalización de los recursos y por una mayor eficiencia en la aplicación de los mismos. Por eso, defendemos esta iniciativa del Gobierno, porque lo hacemos en el firme convencimiento de que ninguna, absolutamente ninguna de las medidas recogidas en el decreto objeto de debate, ponen en peligro los actuales índices de calidad del sistema educativo. Cuestión diferente es que nosotros estemos de acuerdo con ellos, no lo estamos, no podemos estarlo. Se ha repetido hasta la saciedad en esta Cámara, pero a nuestro juicio es bueno recordarlo: tanto en educación obligatoria como en postobligatoria el sistema educativo español arroja estadísticas absolutamente indefendibles. Esta es la realidad, señorías, una realidad que no ha podido frenar ni la inversión, ni el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas. ¿Quiere decir esto que no valoramos en su magnitud exacta las medidas adoptadas por el Gobierno? Lo valoramos. Ahora bien, consideramos absolutamente inaceptables aquellas afirmaciones que manipulando la realidad pretenden trasladar a la opinión pública que un incremento de alumnos por clase o el número de horas lectivas del profesorado pueden poner en peligro la calidad del sistema. Aquí no hay ningún ataque a la escuela pública, señorías, porque el peor ataque que ha podido sufrir la escuela pública en este país es el modelo educativo socialista. (Aplausos).

España tiene una de las ratios profesor-alumnos más baja de la Unión Europea, y tal y como estableció la propia Ley Orgánica de Educación aprobada por el Gobierno socialista, las ratios actuales establecen un número de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria. Eso es lo que establece la ley, pero esa, señorías, no es la realidad, porque el 87 % de las clases en educación primaria tienen 24 alumnos o menos y tan solo un 2,7 % en secundaria tienen 30 alumnos. La LOE ya contemplaba un incremento en el número de alumnos, lo que no es comprensible es que si no alcanzamos el número de alumnos establecido, si el posible incremento de los mismos ya estaba contemplado, si aun con ese margen del 20 % que establece el actual decreto no nos acercamos a esa cifra de 40 alumnos -que algunos indicadores internacionales dicen que puede variar significativamente la calidad del sistema- por qué entonces se pretende demonizar de forma tan torpe e interesada una medida que aplicada en otros países ha dado buenos resultados. Señorías, Alemania tiene 29 alumnos por clase; Estados Unidos, entre 30 y 35; Irlanda, 29. ¿Qué ocurre, son peores nuestros alumnos? No lo son, pero lo que sí es cierto es que les estamos dando menos oportunidades. Ni nuestras aulas están hoy masificadas ni lo estarán después de la convalidación de este decreto.

Mención especial merece el profesorado. Señorías, somos plenamente conscientes de que al profesorado en esta complicada situación económica le estamos pidiendo no solo su ayuda, sino su complicidad y también un importante sacrificio. El incremento de horas lectivas, aun situándonos en la media de los países europeos, evidentemente modifica las condiciones laborales del mismo. Ahora bien, también sabemos, porque muchos de los profesores así nos lo han trasladado, que este no es el principal problema de los docentes. El problema real es que este incremento, por cierto, que se sitúa en el margen que ya contemplaba la actual legislación, se produce en el marco de un modelo educativo que ha desterrado la autoridad de los profesores del aula, que ha frustrado toda su expectativa de promoción personal o profesional, que ha limitado su formación y que ha condenado a muchos de ellos a la interinidad más absoluta. Esos son, señorías, los problemas del profesorado. Problemas que quien pudo solucionarlos no lo hizo y que ahora pretende hacernos creer que la calidad del sistema está en peligro porque un profesor imparta dos horas más de clase a la semana. Pues bien, debo decirles señorías, que quien sostiene esa afirmación ni confía en el profesorado ni en su capacidad. Si alguien ha frenado la debacle que el modelo educativo socialista ha producido en el aula han sido los docentes. Es la calidad de su formación la que según los informes internacionales determina un mayor rendimiento de la clase y no su tamaño. Es esto lo que a sus señorías les debiera preocupar, es esto lo que preocupa al Grupo Parlamentario Popular y es esto de lo que nos ocuparemos los próximos meses.

Señorías, permítanme que antes de finalizar haga una referencia a aquellas medidas que afectan a la universidad española. Nuestro país dispone de un mapa universitario realmente amplio: 79 universidades, 236 campus y más de 2.400 títulos. Una universidad, evidentemente, al alcance de todos, primero, por la amplitud de su oferta y, segundo, porque la realidad de nuestro sistema educativo se traduce en que uno de cada cuatro estudiantes universitarios


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tiene matrícula gratuita. De hecho, el resto de estudiantes tiene financiada la plaza en casi el 85 % con fondos públicos. Al igual que ha ocurrido en la enseñanza universitaria, nuestro país ha hecho un enorme esfuerzo económico en los últimos años. En España, en los últimos ocho años el gasto público en educación superior ha crecido un 44 % y un 12 % el privado. Curiosamente, a diferencia, inversamente, a lo que ocurre en el resto de Europa, donde el gasto público ha crecido un 32 % frente al 162 % del gasto privado. La cuestión es si este enorme esfuerzo económico se ha traducido en una mejora de la calidad de nuestro sistema universitario o en una mejora de los resultados de los alumnos. Pues bien, ni una cosa ni otra. Ninguna, absolutamente ninguna de las universidades españolas se encuentra entre las 150 primeras del mundo. Desgraciadamente, las noticias no son mejores en relación con los alumnos. Un 30 % de alumnos no finaliza sus estudios universitarios; el doble de la media de la Unión Europea. Esto supone para el Estado una pérdida real de cerca de 3.000 millones de euros que no tendrán retorno alguno. ¿Es este el modelo universitario que debemos defender? Es preciso un replanteamiento del actual modelo. En su oferta -aquí se ha mencionado ya-, la propia Conferencia de Rectores cifró en más de un 13 % el excedente de la misma en el curso 2008-2009. En su financiación, porque el aumento indiscriminado de la subvención pública que recibe todo alumno universitario, con independencia de su rendimiento académico y su nivel de renta, no propicia ni mejora la eficiencia interna ni, por supuesto, favorece la equidad. Por cierto, se ha hecho referencia a la Conferencia de Rectores, y fueron los rectores los que en su informe del 2010 pedían penalizar vía precios, es decir, subir tasas académicas en relación con la matriculación reiterada. En la dedicación del profesorado, tiene cierto sentido, señorías, que si solo el 50 % del profesorado universitario compatibiliza el ejercicio de la docencia con la investigación, se pueda incrementar el número de horas lectivas de aquel que no se dedica a investigar. En la estabilidad financiera, ¿o es que la universidad que tenemos que defender es aquella que acredita tener una deuda de 150 millones de euros? Señorías, la universidad española no tiene un problema de recursos ni tiene un problema de profesorado. En los últimos ocho años, mientras el número de alumnos de las universidades públicas presenciales ha descendido en un 15 %, el número de profesores ha aumentado un 43 % y el PAS un 55 %.

Señorías, nosotros apostamos por un sistema de becas más justo que establezca un verdadero equilibrio entre la situación económica del alumno y su rendimiento académico. No se han bajado las becas, señorías. La convocatoria general de becas y ayudas tiene exactamente la misma cantidad que en el año 2011, prueba evidente es que quien hace esa acusación no ha sido capaz de enmendar esa partida solicitando un incremento de la misma. La universidad española se financia con impuestos de todos, señorías, y las familias se merecen el mejor sistema universitario. Por cierto -y voy terminando-, quien ahora se escandaliza porque se quiera mantener un equilibrio entre la exigencia del nivel académico y el nivel de renta, eliminó las becas para aquellos créditos que estuvieran matriculados por tercera y sucesivas veces. Quien ahora defiende las becas no logró un 30 % de alumnos universitarios ni se aprobó tampoco un nuevo modelo de financiación que seguramente nos hubiese allanado muchísimo el actual problema.

Señorías, a este grupo no le asusta tomar decisiones, porque sabemos que estas beneficiarán al conjunto de la sociedad. No nos escondemos detrás del debate tan recurrente entre ricos y pobres y lo público y lo privado.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora MONEO DÍEZ: Termino ya, presidente.

No lo hacemos porque muchos de los que se erigen en defensores de lo público han sido los directamente responsables de colocar al borde del abismo el Estado del bienestar. Nuestra defensa es la del interés general y los prejuicios ideológicos y trasnochados se los dejamos a otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Sin ánimo de abrir debate, desearía simplemente agradecer la intervención de todos los portavoces, incluso sus críticas y, de modo especial, la intervención de la portavoz del Grupo Popular y el apoyo que ese grupo va a prestar a la convalidación de este real decreto. Por último, quiero reiterar la oferta que he formulado en mi intervención anterior de diálogo y cooperación con todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000018).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra -si me presta un poco de atención- el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente. Yo siempre le presto particular atención a las indicaciones de la Presidencia, pero también estaba atendiendo al diputado señor Llorens, que estaba defendiendo un tema de su circunscripción. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Como todos ustedes conocen, el Gobierno ha emprendido un programa de reformas estructurales con el propósito de sentar las bases de una recuperación económica sólida y sostenible que propicie la creación de empleo. El logro de este objetivo nos exige actuar sin dilaciones y con determinación en todos los sectores socioeconómicos y, por lo tanto, también en el ámbito de la legislación medioambiental. El real decreto-ley en materia de medidas urgentes sobre el medio ambiente ha sido promulgado con el propósito de mejorar la protección y gestión ambiental, adaptando la normativa a recientes pronunciamientos judiciales para garantizar claridad y seguridad jurídica en su aplicación, reduciendo cargas burocráticas y simplificando las tramitaciones administrativas, estableciendo fórmulas ágiles para la gestión de los recursos hidráulicos y posibilitando el correcto desarrollo de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, materia que hasta este decreto-ley no estaba regulada. Todas estas reformas por ser necesarias deben llevarse a cabo con urgencia para que sus efectos puedan materializarse de inmediato y con la misma prontitud se ponga fin a los desajustes, desequilibrios e ineficiencias a que daban lugar los preceptos que ahora se modifican y que en última instancia comprometían la eficaz preservación del medio ambiente. Señorías, sin normas claras y reglas sencillas que puedan ser fácilmente aplicadas por las administraciones públicas y reconocidas por los ciudadanos, cualquier intento serio de proteger el medio ambiente sería estéril, o, dicho de otro modo, las normas complejas y abstrusas acaban por no cumplirse. Con esto quiero decirles que el Gobierno no presentará en esta Cámara proyectos legislativos que burocraticen los procedimientos administrativos ambientales o que adolezcan de exceso retórico o mero voluntarismo. Los motivos que han animado al Gobierno a promulgar este real decreto-ley a partir de sus líneas maestras son, por tanto, la simplificación administrativa, la mejora de la gestión de los recursos hidráulicos y la regulación de estas subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha reformado para que por cada territorio haya un único instrumento de planificación, en el entendido de que en ese único documento se contemplen los diferentes aspectos sectoriales que afectan al espacio en cuestión. Carece de sentido, señorías, que sobre una misma hectárea de terreno se superpongan sucesivamente planes de gestión redactados y tramitados de forma independiente y en ocasiones sin la comunicación deseable entre ellos. En un mismo territorio pueden concurrir al mismo tiempo distintas figuras de protección, pero esta sola circunstancia no justifica por sí sola la proliferación de diferentes instrumentos. Era urgente establecer un único documento en el que se recojan todas las prescripciones aplicables, de suerte que cualquier interesado pueda conocer aquellas actividades que puede desarrollar y a su vez las administraciones puedan ejercer convenientemente sus potestades de control. Todo eso representa un avance claro desde la perspectiva de la información ambiental. En este ámbito, el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia de medio ambiente de 1998, el conocido Convenio de Aarhus, parte con toda lógica de que solo puede obligarse a los ciudadanos a conservar y proteger el medio ambiente cuando tienen acceso a la información medioambiental relevante. El real decreto-ley incide en este aspecto clave promoviendo la transparencia y claridad, sin merma de la protección, ya que el contenido del documento será el mismo. Sin embargo, ahora no estará fragmentado. Un territorio protegido, un único documento de planificación. La reforma que ha operado el Real Decreto-ley 17/2012 en aras de racionalizar la gestión de los espacios comprendidos en la Red Natura 2000 impone la obligación de que los instrumentos de gestión consideren las necesidades de aquellos municipios cuyo término municipal quede comprendido dentro de una zona especial de conservación o de una zona de especial protección para las aves. Con ello se quiere integrar la actividad humana en el territorio. La protección que debe dispensarse a los espacios de la Red Natura 2000 no puede amparar una restricción absoluta de cualquier actividad del hombre. La gestión de estos espacios tendrá que jugar esas necesidades. No puede ser que una interpretación extensiva de los mecanismos de protección dificulte hasta el extremo cualquier actividad. La sostenibilidad pasa por la conciliación de ambos elementos y, en definitiva, este es el criterio que inspira la reforma. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se reforma también para precisar el régimen de comunicación a la Comisión Europea de la declaración de las zonas especiales de conservación y de las zonas de especial protección para las aves, lo que resulta urgente, puesto que los plazos para ultimar estas declaraciones están próximos a vencer.

Con el mismo afán de establecer claridad y eliminar cargas administrativas innecesarias y de simplificar los procedimientos se ha reformado la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En relación con los sistemas de gestión de residuos de depósito, devolución y retornos, aquellos en los que al usuario se le cobra una cantidad que le será devuelta cuando entregue el producto tras su uso, se establece como regla general que su implantación sea voluntaria, salvo en aquellos supuestos en los que


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las características del residuo, sus dificultades, valorización o eliminación o el incumplimiento de gestión determinen que la opción más adecuada sea la del depósito, devolución y retorno. En este aspecto la modificación corrige la inseguridad jurídica e indeterminación que estaba latente en la anterior redacción y se decanta por establecer el sistema de gestión más operativo y eficiente para cada caso. La finalidad de la legislación no es la de imponer con carácter general un determinado sistema de gestión de residuos, sino que lo que se pretende con esta reforma es garantizar que el instrumento, el sistema de gestión que en cada caso se establezca, alcance los máximos objetivos de reutilización y de reciclado.

Señorías, consideramos que el énfasis ha de ponerse en el fin, fin que se logrará antes y mejor con un marco flexible que permita elegir la herramienta más adecuada en cada momento. La reducción de las cargas administrativas a las que antes me he referido no puede tener ejemplos más significativos que los que se introducen en la Ley de Residuos, tanto en el régimen de notificación previa para el traslado como respecto de la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. El real decreto-ley sustituye el régimen de notificación singular en los traslados de residuos por una notificación previa y general. Antes se preveía una notificación singular. En cada traslado los operadores debían presentar una notificación previa a las autoridades autonómicas de origen así como a las de destino. Tras la reforma bastará hacer una notificación general, que tendrá la vigencia que reglamentariamente se establezca, pero que, en cualquier caso, ahorrará a los operadores tener que hacer la notificación previa cada vez que hayan de hacer el traslado. Obviamente, se deja abierta la posibilidad de que existan notificaciones previas referidas a traslados concretos. En el caso de la autorización administrativa previa al inicio de la actividad de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, que, como saben sus señorías, se trata de una forma de involucrar en la prevención y gestión del residuo a los productores de productos que con su uso se convertían en residuos, el real decreto-ley suprime la multiplicidad de autorizaciones previstas, una por comunidad autónoma, e instituye una autorización válida para todo el territorio nacional. Es decir, obtenida la autorización de la comunidad autónoma donde el sistema tenga su sede social, no será preciso solicitar una nueva autorización al resto de las comunidades autónomas en las que vaya actuar. Esta medida se inspira en la Directiva de Servicios, en la libre circulación de servicios, en la unidad de mercado y en mayor medida, si se me permite, en el sentido común. La anterior situación implicaba que un sistema que tuviese vocación de actuar en todo el territorio nacional hubiera de solicitar diecisiete autorizaciones. Si cualquier comunidad autónoma al emitir la autorización se somete a la legislación básica, es forzoso reconocer su validez nacional. A otra escala es lo que sucede en la Unión Europea con el denominado pasaporte comunitario para determinadas actividades, en los que la autorización de un país miembro surte efecto en todos los demás. La nueva autorización única y válida en todo el territorio nacional no menoscaba la autonomía de las comunidades autónomas. La ley, y así lo ha querido expresamente el Gobierno, la salvaguarda, puesto que participarán en la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, en la que también se integran Ceuta y Melilla, que es el órgano que examinará la documentación y emitirá un informe preceptivo y previo a la autorización autonómica. En este foro cada comunidad autónoma podrá poner de manifiesto sus peculiaridades, hacer las valoraciones y objeciones que tengan por conveniente. De ahí que no pueda entenderse el argumento de que se invaden o interfieren competencias propias, máxime en este supuesto en el que la participación autonómica, como he explicado, queda garantizada.

La reforma de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados se completa con una serie de ajustes técnicos normativos, que por su trascendencia debían incorporarse sin dilación. Se concreta el alcance de la potestad sancionadora de las entidades locales en materia de residuos, que se circunscribirá a los supuestos de abandono, vertido o eliminación incontrolada de los residuos, cuya recogida y gestión corresponda a estas administraciones, de acuerdo con la legislación de régimen local. Asimismo, se introducen precisiones en la aplicación temporal de la propia ley, para dejar sentado que no se aplicarán las previsiones relativas a los sistemas de responsabilidad ampliada hasta que no se hayan aprobado las normas de desarrollo reglamentario adaptadas al nuevo régimen. Y finalmente, se precisa cuál debe ser el contenido mínimo de la solicitud de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, despejando cualquier duda y otorgando mayor seguridad jurídica.

Señorías, paso a exponerles las reformas introducidas por el real decreto-ley en el texto refundido de la Ley de Aguas, donde no se abandona el principio de simplificación administrativa. Este ámbito de la reforma también incide en él. Créanme si les digo que hay una clara correlación entre la calidad de las normas y sus efectos materiales. Normas claras y precisas facilitan el cumplimiento a sus destinatarios, pero también a las administraciones públicas el control y la sanción cuando proceda. Estos principios informan igualmente la reforma de la Ley de Aguas, a los que se añaden otros elementos que en conjunto procuran una mejora en la gestión de los recursos hidrológicos. Un elemento de capital importancia para la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, las que afectan a más de una comunidad autónoma, es el principio de unidad de cuenca. Al servicio de este principio nuestro ordenamiento jurídico, con originalidad histórica, creó una estructura administrativa específica, las confederaciones hidrográficas. Teniendo en cuenta que la gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias es una competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, al atribuirle la ordenación y concesión de


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recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, corresponde a la Administración General del Estado, a través de las confederaciones hidrográficas, ejercer esta competencia. Este principio ha sido elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 227 del año 1988, 161 de 1996 y 30 y 32 del año 2011. La primera de ellas en términos tan claros que su cita aquí resulta ineludible. Dice así la sentencia: El criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una comunidad autónoma, son manifiestamente supracomunitarios, de modo que es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea. Pues bien, el presente real decreto-ley restituye esta situación al derogar una disposición adicional introducida hace casi un año por el anterior Gobierno mediante el Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modificaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulaban competencias autonómicas en materia de policía de dominio público. Como su propio nombre indica, se incorporaba esta perniciosa medida in extremis. Diré más, se trataba, a través de una interpretación jurídica forzada, de alterar el régimen competencial en materia de aguas y al tiempo sortear la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011, que anulaba el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que atribuía a la Comunidad Autónoma andaluza las competencias sobre todos sus ríos, con independencia de que estos discurrieran por más de una comunidad autónoma. El Gobierno, señorías, quiere restablecer el principio de unidad de cuenca porque cree firmemente que es la única forma de garantizar una gestión eficiente y solidaria de nuestros recursos hidráulicos. Se descarta fraccionar cualquier función que el Estado ejerce constitucionalmente en las cuencas intercomunitarias, lo que en este terreno equivale a afirmar que se abandona el oportunismo y el interés político partidista que sin duda estaba detrás de la disposición adicional decimocuarta que ahora se deroga.

El real decreto-ley modifica el texto refundido de la Ley de Aguas además para sustituir el concepto de acuífero sobreexplotado por el de masa en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico o químico, acomodándose así a los conceptos que emplea la Directiva 2000/60/CEE, reconocida como Directiva-marco del Agua. El concepto comunitario de buen estado cuantitativo se refiere a un equilibrio a largo plazo entre la tasa media anual de extracciones y el recurso disponible o, lo que es igual, al valor medio interanual de la recarga de la masa de agua menos el flujo interanual de descarga preciso para atender las necesidades ecológicas de los sistemas terrestres asociados. El nuevo precepto fija un marco más flexible en la gestión de las masas de agua, que redundará en su sostenibilidad a medio y largo plazo. Al utilizar el criterio de media interanual en situaciones de sequía, se permitirá extraer algo más de agua sobre la media, lo que se compensará con una mayor recarga y una menor extracción en los años húmedos. Una suerte de medidas anticíclicas que otorgarán mayores márgenes de gestión ante las situaciones de sequía, a lo que debe añadirse la reducción de plazos para la constitución de estas masas y la creación de oficio de la comunidad de usuarios cuando esta no existiere.

Asimismo, y de acuerdo con la normativa comunitaria, se modifica el régimen de la recuperación de costes para que los servicios relacionados con la gestión del agua no se deterioren, lo que resulta necesario en una situación de crisis económica. Señorías, la modificación del régimen transitorio en el texto refundido de la Ley de Aguas persigue como objetivo primordial permitir y fomentar que los titulares de aprovechamientos temporales de aguas privadas puedan transformar sus derechos en concesiones. Comprenderán que se trata de una medida estratégica crucial en un país como el nuestro, puesto que mejora el control y sobre todo la gestión que de las aguas concesionales pueda hacer la Administración hidrográfica. Es en este marco en el que se introduce una disposición específica para la cesión de derechos en el alto Guadiana, medida cuya justificación no es otra que preservar en buen estado el acuífero, previniendo una situación de sequía o restricción. Se permite no solo que puedan ceder el aprovechamiento los concesionarios, sino también los titulares de aprovechamientos temporales de aguas privadas y además que la cesión sea irreversible y total. A su vez, se imponen dos garantías. De un lado, en la cesión el organismo de cuenca se reservará un porcentaje, esto es, no se cederá en su totalidad el aprovechamiento del que disfrutaba el cedente, sino que una parte se reservará a la recuperación del acuífero. Y de otro, la cesión no puede conllevar incrementos de la superficie real. Como les anunciaba antes, es otra medida que fomenta la transformación de aguas privadas en concesionales, facilitando la gestión del recurso en situaciones de escasez. Con carácter excepcional, se permite que del ámbito del Plan especial del alto Guadiana puedan acceder a una concesión los titulares de explotaciones agropecuarias. Se trata de dar una razonable solución a la demanda social de la zona. Hasta ahora el proceso de regularización de las explotaciones prioritarias se regía por un convenio entre el ministerio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que el ministerio se comprometía a adquirir 40 hectómetros cúbicos que cedía a Castilla-La Mancha. Hasta la fecha se han adquirido 14,5 hectómetros cúbicos por un importe cercano a los 65 millones de euros. Para alcanzar el objetivo fijado se necesitarían cerca de 90 millones de euros, que en la actual coyuntura económica no resultaría posible movilizar. Por tanto, sin renunciar al objetivo inicial, se establece un mecanismo que posibilite su concesión.


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La reforma del texto refundido de la Ley de Aguas se limita a reforzar la potestad sancionadora. Primero, incorpora los criterios generales que se tomarán en cuenta en la valoración del daño causado al dominio público hidráulico, que son determinantes para calificar la infracción. De este modo, y de acuerdo con el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011, se garantiza que la potestad sancionadora se ejerza con pleno respeto al principio constitucional de legalidad en su doble vertiente, de reserva legal y tipicidad. Y, segundo, se procede a actualizar las cuantías de las sanciones que estaban pendientes de puesta al día. En suma, el Gobierno con esta reforma en materia de aguas se dota de los instrumentos necesarios para gestionar una eventual situación de sequía. Sin perjuicio de las decisiones que hubiera de adoptar en ese momento, ahora nos anticipamos introduciendo esta batería de medidas preventivas. La experiencia nos ha demostrado una y otra vez que en este campo actuar cuando los hechos están consumados no es más que una forma de fracasar.

Finalmente, señorías, el real decreto-ley modifica la Ley del Mercado de Valores para adaptarla a la normativa comunitaria y posibilitar que el Reino de España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con lo que se cumple uno de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto. Se trata de ordenar estas subastas y de someter a los instrumentos no financieros relacionados con los derechos de emisión de gases de efecto invernadero al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se garantiza así el acceso de España a los mecanismos de mercado de los derechos de emisión de CO2 que se celebrarán a lo largo de este año. Esta reforma aún no se había hecho y resultaba indispensable para que se puedan llevar a cabo las subastas. Es una manifestación más del compromiso que tiene el Gobierno de cumplir de modo efectivo sus obligaciones internacionales en materia medioambiental.

Señorías, resulta forzoso salir al paso de alguna de las críticas que flotan en el ambiente. Ni esta reforma ni ninguna otra de las que se han puesto en práctica usa la crisis como pretexto. El Gobierno no tiene excusas ni pretextos sino motivos y convicciones para actuar decididamente al servicio del interés general. El primer paso para que el desarrollo sea sostenible es que la legislación medioambiental también lo sea y ese es el objetivo que ha llevado al Gobierno a promulgar el presente real decreto-ley que se somete a la convalidación de esta Cámara. Anuncio que el Gobierno no tiene ningún inconveniente en que, si la Cámara así lo solicita, este real decreto-ley del que pedimos ahora su convalidación se pueda tramitar como proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado su intervención en turno en contra. Para ello, tiene la palabra la señora Pajín.

La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la posición en contra del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medioambiente. Poco más de cien días han bastado para destruir conquistas que nos han costado a los españoles más de treinta años. La paralización de la Ley de la Dependencia, los recortes evidentes en educación que hemos discutido hace unos minutos, el repago de la sanidad, el despido prácticamente libre, la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas, el retroceso claro de los derechos de las mujeres, el frenazo en las energías renovables y un largo etcétera son medidas que ocultaron y que negaron -eso sí- durante toda la campaña electoral. Lo cierto es que todo auguraba que los recortes y la regresión en el área ambiental no tardarían en llegar.

Señorías, a veces tengo la sensación de que este Gobierno tiene como objetivo dar marcha atrás en el tiempo, desandar todo el camino andado y destruir lo que con mucho esfuerzo hemos construido entre todos utilizando el Boletín Oficial del Estado para ello. Aunque el ministro lo haya negado, es muy evidente que buscan la dura crisis que vivimos como coartada y repiten una y otra vez que es una situación extraordinaria que exige adoptar de forma decidida medidas extraordinarias. Permítanme, señorías, una reflexión. Por supuesto que estamos ante una situación extraordinaria. También lo era el año pasado cuando pedían más inversión, cuando hablaban de recortes y, sobre todo, cuando aseguraban que con un cambio de Gobierno se produciría el milagro. Sin embargo, señorías, creemos que detrás de muchas de estas modificaciones y reformas hay una verdadera convicción ideológica del Gobierno. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no responden con esto ante la crisis, más bien la crisis les permiten ir donde ustedes quieren llegar. Lo que hacen con ello es conseguir la meta que se habían fijado, un Estado reducido a su mínima expresión, con ciudadanos dejados a su suerte, sin protección social y -lo que aquí me interesa destacar- sin protección ambiental. A lo largo de estos días lo hemos ido confirmando, este Gobierno no cree en una política de protección del medio ambiente, no cree en una legislación garantista que proteja nuestro medio natural para frenar su destrucción y preservarlo para las generaciones futuras; lo ven y lo han visto siempre como una traba al libre desarrollo económico. Señorías, esto se desprende de cada intervención del ministro y de la exposición de motivos o del preámbulo de cada iniciativa de este Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustenta; no creen en ello, así que no van a defenderlo. Con ello ponen en peligro no solo a los españoles de hoy, retrasando el momento de salida de esta crisis, sino a las generaciones futuras. Y es que no es así, señorías, el medio ambiente no impide el progreso económico, su defensa es absolutamente imprescindible para un crecimiento sostenible. No me voy a cansar de


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repetirlo una y otra vez, el cambio de modelo productivo sostenible ambiental y socialmente es el único camino, y no solo para preservar nuestros espacios naturales -nuestra agua, nuestro aire y nuestra biodiversidad-, también es el único camino para el desarrollo económico, para la creación de empleo y, por tanto, para salir de esta crisis. Pero no hace falta que lo diga yo, señorías, en la primera ocasión y por la vía de urgencia se han encargado de demostrarlo con este decreto-ley. Anticiparon este afán involutivo con el real decreto-ley que suspendía las renovables y ahora dan un paso más allá dando la vuelta a buena parte de toda la normativa medioambiental con este decreto-ley. Así también lo han puesto de manifiesto las principales organizaciones ecologistas, que han tildado este decreto-ley de verdadero atentado del Gobierno a la protección ambiental.

Entrando a analizar con más detalle esta norma de hoy, lo primero que tengo que decir es que este grupo -ya se lo adelanto, señor ministro- va a cuestionar que en un principio ustedes quisieran que esta norma se tramitara por vía de urgencia. Yo me alegro de que cumpla con las palabras que dijo ante los periodistas, porque es más que evidente que esa práctica a la que el Gobierno ya le va cogiendo gusto, en este caso, como en muchos otros, no tiene ninguna justificación ni ninguna urgencia. Creo que en realidad estas vías permiten que el Gobierno pueda finiquitar determinadas legislaciones sin participación previa de las comunidades autónomas, sin la participación de los grupos parlamentarios y sin las organizaciones sociales. Por eso espero que efectivamente cumpla con su palabra y retire ese afán de que sea por vía de urgencia. Y le pido algo más, lo justo y lo sensato sería que retirara este decreto-ley, rectificara, convocara a los órganos preceptivos, discutiera y dialogara y después, en todo caso, trajera aquí diferentes proyectos de ley.

Pero entrando ya en el contenido del decreto, son varias las objeciones de las que el grupo parlamentario quiere dejar constancia. En primer lugar, con carácter general es evidente que nadie puede oponerse a una simplificación de mecanismos que impidan demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las administraciones públicas. En definitiva, nadie se va a oponer a una simplificación y a una agilización administrativa de las normas ambientales, pero es que, como suele suceder, detrás de lo que dicen, lo que buscan, más que simplificar la normativa, es flexibilizar o hacer desaparecer las garantías que constituyen su propia esencia. Así sucede, por ejemplo, en materia de protección del patrimonio natural. Bajo la apariencia de unificar las distintas figuras protectoras y de los mecanismos de planificación late la intención de relajar la protección que reciben los espacios protegidos y la Red Natura 2000. Como es lógico, no estamos de acuerdo con eso y nos vamos a oponer desde el Grupo Socialista, porque desde nuestro punto de vista se trata de aplicar exhaustivamente la normativa ya existente, no de modificarla. En tercer lugar, en materia de gestión del agua este decreto-ley contradice claramente la Directiva-marco del Agua, una directiva que hay que cumplir, señorías, por parte de todos los Estados miembros antes del año 2027, con la correspondiente participación pública en el proceso y con el pertinente expediente si, como parece, se incumple de forma clara. Y es que este decreto-ley ignora todo su contenido; parece dirigido a contentar a los propietarios de suelos concesionarios de agua que pueden ser claramente beneficiados por la revalorización de sus propiedades.

Por eso, en materia de gestión de agua les voy a pedir un favor, señores del Gobierno y del Partido Popular: No utilicen como elemento de defensa de su discurso en este ámbito una obligación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 para erigirse ahora en defensores de unidad de cuenca. Nada fragmenta más la unidad de cuenca que el incremento y el fomento de los intereses privados, en este caso en el mercado del agua. Nada fragmenta más ese principio de unidad de cuenca que la encubierta privatización del agua que ustedes pretenden llevar a cabo con esta modificación normativa. Nosotros no discutimos la necesidad o la conveniencia de que sea el Estado el que ejerza las competencias sancionadoras en las cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma, lo que discutimos es la conveniencia de especular con un bien tan apreciado como es el agua. El señor ministro dijo el pasado jueves que no iba a permitir que se especule con los derechos concesionales del agua; permítame que le diga que no sé si lo traicionó el subconsciente, pero si el máximo responsable de la política de medio ambiente se tiene que preocupar por ello es porque este real decreto-ley abre la puerta precisamente a la especulación. En este sentido, por citar un par de ejemplos, abrir la puerta a la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de aguas subterráneas resulta claramente incompatible con el objetivo de reducir las extracciones en masa de este tipo de aguas y contradice, además, la Directiva-marco del Agua al suponer un riesgo para la continuidad de los mismos. En la misma dirección, resulta criticable la posibilidad de establecer excepciones al principio de recuperación de costes relacionados con la gestión del agua para determinados usos. Según la citada directiva, las excepciones a los objetivos de sostenibilidad que ella misma establece deben ser absolutamente excepcionales y su establecimiento corresponde al plan de gestión de cuenca correspondiente.

Mención separada, señorías, merece la situación del alto Guadiana dentro de esta nueva regulación de la gestión del agua. Como sus señorías saben bien, el Plan especial del alto Guadiana, finalmente aprobado en el año 2008, constituye un ambicioso plan de recuperación de esta cuenca, que incluye el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, que fue declarada ya Reserva Mundial de la Biosfera en el año 1980. Para conseguir la recuperación de los ecosistemas de la Mancha Húmeda se procedía a reordenar los derechos de usos de agua, se autorizaban


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modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes, se permitía la concesión de aguas subterráneas en situación de sequía y se establecían otras medidas. A pesar de los resultados notables y esperanzadores que su aplicación ha producido estos tres años, propiciando la recuperación ambiental de la misma sin mermar la actividad agraria, el mal estado de esta ha llevado a la Unión Europea a abrir expediente de infracción contra España. En nuestra opinión, señorías, esta finalidad de recuperación de ecosistemas quiebra con la reforma que hoy nos proponen al permitir que todos los derechos de usos de aguas sean objeto de intercambio entre particulares, acabando así con la reserva del 70 % que debía dedicarse a la recuperación de los humedales que contemplaba hasta ahora la ley y olvidando, quiero pensar, que existen muchas más concesiones de uso que recursos en estos humedales. También consideramos necesario oponernos al otorgamiento de nuevas concesiones de plazo superior a veinte años, pues van a contribuir a legitimar situaciones de deterioro, que también son incompatibles con la Directiva-marco del Agua. En definitiva, señorías, resulta obvio que no es una prioridad para este Gobierno el mantenimiento ambiental del alto Guadiana. No sé qué opinará la presidenta de Castilla-La Mancha. Primero, disminuye notablemente la dotación para este plan en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que todavía estamos tramitando en esta Cámara. Ahora vacían de contenido ambiental el propio plan con este Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Les anuncio ya que desde el Grupo Parlamentario Socialista no solo nos vamos a oponer a este decreto-ley, también hemos registrado una proposición no de ley que pretende evitar el abandono de la zona de alto Guadiana y de los humedales manchegos.

En cuarto lugar, en materia de residuos, lo que viene a hacer este decreto-ley es, de nuevo, dejar vacía de contenido una normativa que fue aprobada, señorías, hace tan solo diez meses. Y qué ironía, ministro, aprovecha que hoy es el Día Mundial del Reciclaje para aprobar precisamente esta modificación. Y es que contradice directamente los principios de prevención y de fomento de la reutilización que establecía la mencionada ley al establecer el carácter voluntario y subsidiario del sistema de depósito, devolución y retorno como voluntario y subsidiario.

En definitiva, lo que hace este decreto-ley es establecer una serie de obstáculos, prácticamente insalvables, que van a hacer inviable este sistema. En lenguaje más claro, impide la posibilidad contemplada en la ley de establecer un sistema de retribución por envases que permitiera fomentar el reciclaje. Este es un sistema que se deriva directamente -ustedes lo saben- de la normativa europea. Con este decreto-ley se vulnera ese marco jurídico supranacional, y esta vulneración puede también tener consecuencias sancionadoras a nivel europeo. Téngalo muy en cuenta, señor ministro. En los países de nuestro entorno donde se ha establecido este sistema de depósito, devolución y retorno se ha demostrado que es un sistema eficaz desde el punto de vista económico, social y medioambiental. No parecen darse cuenta de ello. Además, esta voladura controlada del sistema no tendrá solo efectos ambientales, también va a tener necesariamente efectos negativos en la creación de empleo y va a incrementar el gasto que hoy realizan las administraciones. Si no lo hacen las empresas, lo tendrán que hacer también las administraciones. En conclusión, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental esta nueva regulación en materia de residuos nos parece un error que puede tener consecuencias irreparables.

Finalmente, señorías, en materia de subastas de derecho de emisión, no nos oponemos a esta modificación de la Ley del Mercado de Valores, pero no entendemos -y se lo hemos preguntado una y otra vez- por qué si esta reforma ya estaba prevista no se han contemplado en los Presupuestos Generales del Estado que estamos tramitando en esta Cámara, los ingresos que necesariamente se van a derivar de este mecanismo. Se lo preguntamos al ministro, se lo preguntamos al secretario de Estado de Medio Ambiente y no nos han dado todavía una respuesta.

Señorías, por todo ello, la postura de este grupo parlamentario no puede ser otra que la de oponernos claramente a la convalidación de este decreto-ley y, por tanto, volverle a sugerir que rectifique, que lo devuelva al ministerio, que convoque a los órganos consultivos, que rehaga el proceso y que traiga aquí otro proyecto de ley.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pajín.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Señoras y señores diputados, el pasado mes de abril el presidente del Gobierno manifestó, con una cierta altanería, que cada viernes habría reformas aunque no gustaran a los electores. Y tenía razón, cada viernes hay nuevos decretos que no gustan a los ciudadanos; hoy, concretamente, cuatro, ¡y qué cuatro decretos!: la reforma educativa, la sanidad, el asalto a Radiotelevisión, y este. En algunas declaraciones del señor ministro manifestaba voluntad de apertura y de diálogo, pero este decreto contradice justamente sus palabras. Ni ha habido acceso a la información ni participación pública -para qué, ya tienen su mayoría absoluta- ni se ha teniendo en cuenta al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Por tanto, no entendemos -y en eso coincidimos con las principales organizaciones ecologistas- que las modificaciones que introduce este decreto requieran cumplir con todos los mecanismos de participación pública establecidos y, por otro lado, que la urgencia no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas.

Por el escaso tiempo de que dispongo intentaré señalar dos deficiencias que, a juicio de Compromís-Equo, merecen ser corregidas. La modificación en materia de


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aguas para permitir la compra y la venta de derechos de agua entre los regantes que usan aguas subterráneas a sabiendas de que hay más concesiones de uso que recursos, es decir que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados, tendrá una consecuencia muy clara, incrementará la presión sobre los acuíferos ya sobreexplotados. En el tema de recursos, no entendemos que se rechace de un plumazo el sistema de depósito, devolución y retorno de envases, mucho más positivo y eficaz que el contenedor amarillo por muchas y muchas razones ya contrastadas en países diversos, y lo argumentamos. Es un sistema que, en primer lugar, beneficia a los municipios. La implementación de un SDDR supone coste cero para la Administración central o autonómica y beneficia a los municipios; se estima que podría beneficiar entre 1,4 y 1,97 euros por habitante y año en ahorro de servicios de recogida y limpieza. Segundo, es más barato. El SDDR es un 60 % más barato que los SIG por envase recogido selectivamente: 1,45 céntimos de euro, frente a 1,95. Tercero, apoya al comercio compensándolo con una media de 3 céntimos por envase recogido, lo cual supone distribuir entre el sector 535 millones de euros al año, que oscilarían entre 300 euros para un pequeño comercio y 300.000 para una gran superficie.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que terminar.

El señor BALDOVÍ RODA: Cuarto, es el único sistema conocido que, consiguiendo cuotas de reciclaje cercanas al cien por cien, ha demostrado su viabilidad económica. Quinto y último, crea empleo. La implementación de un sistema de retorno de envases podría generar hasta 14.000 empleos. Finalmente, Compromís-Equo entiende que acertarán ustedes si deciden tramitar este decreto como proyecto de ley y acertarán si permiten una participación pública que sin duda mejorará notablemente el texto que hoy nos presentan.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, las medidas en materia de medio ambiente que califica el Gobierno de urgentes en realidad son parches legislativos que abarcan además normas de ámbito material diverso e incluso inconexo entre sí que hacen aún menos digerible esta norma como un real decreto. Si bien podemos valorar positivamente las medidas incluidas para actuar en casos, por ejemplo, de sequía extrema, en cambio no podemos hacerlo en cuestiones como las excepciones que se introducen al principio de recuperación de costes en casos de daños ambientales. Tampoco, señor ministro, podemos estar de acuerdo con lo que se contempla o se mete de rondón y de forma exprés respecto a recentralizar competencias que habían sido consensuadas con las comunidades autónomas, como es el caso de la potestad sancionadora en materia de aguas de las cuencas intracomunitarias. Y no se hace, señor ministro, por eficacia, sino por prejuicio ideológico, pues en ningún caso se esgrimen disfunciones en el modelo descentralizado que se había implantado. Al contrario, supone una regresión que representará la aplicación de criterios sancionadores diversos en la misma materia en un mismo territorio.

En materia de patrimonio natural y biodiversidad, las modificaciones que se introducen en el real decreto se refieren a una simplificación de procedimientos de planificación y gestión cuyo alcance no es significativo ni urgente, por lo que debería abordarse en una ley de reforma específica. En materia de emisión de gases de efecto invernadero este real decreto, empleando el pretexto de una normativa comunitaria, avanza en un modelo centralizado de gestión de las transmisiones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero al que nos oponemos por diferentes razones. En primer lugar, por permitir la entrada de intermediarios ajenos a las empresas afectadas que no tienen ninguna relación directa con la gestión de la actividad pero que, en cambio, pueden contribuir a generar una espiral especulativa en la transmisión de derechos de emisión. Por otro lado, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, estimamos que las administraciones autonómicas con competencias legislativas y ejecutivas en materia de medio ambiente, como es el caso de Galicia, deben ostentar facultades relacionadas no solo con las autorizaciones de emisión y la asignación individualizada de derechos de emisión, sino también con los aspectos relativos a la gestión de las transferencias de derechos. Esta atribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores torpedea e imposibilita cualquier posibilidad de intervención de las comunidades autónomas.

En suma, señor ministro, señorías, en línea con la actuación de este Gobierno, ahora también en asuntos medioambientales se somete a debate una norma que indica una falta absoluta de línea política de actuación a medio y corto plazo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila, tiene que acabar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Una ley más que se puede catalogar como un parche y no realmente como un medio para afrontar la cuestión de acuerdo a las necesidades.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Iñarritu García.


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El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, desde Amaiur queremos mostrar nuestro rechazo a este decreto-ley presentado por el Gobierno. Este rechazo lo basamos en varias razones que voy a explicar brevemente para ajustarme al tiempo.

En primer lugar, si bien es cierto que hemos sabido hoy que el Gobierno va a recular y ha aceptado que se tramite esta medida mediante un proyecto de ley, desde Amaiur queremos denunciar la utilización desmedida e innecesaria que este Gobierno está realizando del decreto-ley como forma de gobernar. El decreto-ley es una figura jurídica específica que debe responder a una situación de hecho que justifique su utilización y en este caso, como ya ha ocurrido antes, entendemos que la urgencia como elemento legitimador de esta forma extraordinaria de legislar no se manifiesta en ningún sitio, en primer lugar, por el mismo contenido del decreto-ley. Sin dejar de obviar que por medio de este procedimiento se iban a dejar fuera del debate sectores afectados o agentes sociales interesados o, lo que es más grave, en este preciso caso el propio Consejo Asesor de Medio Ambiente, lo que hubiera sido un ataque a la transparencia, a la participación pública y a la legalidad, por lo que vemos positivamente que hayan decidido dar marcha atrás y les animamos a no seguir abusando de los reales decretos.

La segunda consideración que quiero hacer es lo que a nuestro entender es la falta de técnica jurídica que acompaña a esta norma. No es posible que en la misma se contengan regulaciones relativas al agua, al régimen jurídico del agua, a la Red Natura 2000, a la potestad sancionadora de las administraciones públicas, a la normativa para regular las subastas de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. Parece difícilmente justificable que en una misma norma se contengan regulaciones tan dispares, un tótum revolútum. Lo más lógico sería modificar cada norma por la correspondiente.

También nos parece llamativa la modificación que se realiza de la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, en concreto de su artículo 45.1.a). Nos llama la atención y nos preocupa que precisamente se establezca con el máximo rango legal que los planes de protección de la Red Natura 2000 deberán tener en cuenta aquellas situaciones en las cuales un municipio pueda verse afectado por estar incluido en su totalidad o en gran parte de su territorio en una red de estas características. ¿Quiere decirnos el ministro que aquellos ámbitos territoriales declarados como Red Natura 2000 pueden ver disminuida su protección en aquellos supuestos en los cuales el territorio de un ámbito de la Red Natura 2000 puede afectar a una parte significativa del municipio?

En tercer lugar, quiero hacer referencia a los títulos competenciales que habilitan dictar una norma de este tipo. Creo que no es exagerado afirmar que, como en otras normas dictadas por este Gobierno, el proceso de centralización de las competencias autonómicas es evidente. Aquí nos encontramos con que se recentralizan competencias, sin justificar la razón de ser de esa recentralización y eliminando aquellas contenidas en el Real Decreto-ley 12/2012. Por otra parte, se consideran como títulos competenciales habilitadores de dictar estas normas algunos títulos que no pueden ser menos que chocantes. No es muy comprensible por qué el artículo 141.1.13 se estima que ampara los apartados 2.8 y 11 del artículo primero del decreto-ley. No se acierta a ver qué relación hay entre ambas cuestiones.

Señor ministro, es una evidencia que el medio ambiente no es una prioridad para este Gobierno. Usted mismo ha manifestado -y le cito-: Solo si la política medioambiental es viable económicamente puede mantenerse a largo plazo. Lo contrario es engañarse.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señoría, tiene que acabar.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy acabando.

Seguida de estas declaraciones hemos visto cómo el presupuesto de este año, en las partidas directamente destinadas a la protección, se ha reducido en un 21 %. En definitiva, estamos obligados a votar negativamente esta norma, tanto por su forma como por su fondo oscurantista y por ser claramente recentralizadora.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Iñarritu.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Tapia.

La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, puedo decirles que si bien en líneas generales este real decreto-ley desde el punto de vista estrictamente técnico podría ser analizado como correcto, a nuestro grupo le surgen muchas dudas y tenemos muchas matizaciones muy críticas que realizar. Las más críticas están motivadas tanto desde el punto de vista de la oportunidad como desde una vez más legislar sin consenso ni con el sector afectado ni con las comunidades autónomas, invadiendo competencias y sin ningún motivo real que justifique esta premura y este modo de actuación. Todo por medio de reales decretos sin posibilidad de debate, aunque hoy hemos conocido que tienen ustedes la disposición de tramitarlo como proyecto de ley. Seremos consecuentes con nuestra postura y presentaremos las correspondientes enmiendas.

En primer lugar, están ustedes legislando en un único documento cuestiones muy diversas y muy complejas que exigirían un estudio en detalle, un análisis con agentes sociales -tanto políticos como económicos- y con las comunidades autónomas. Están utilizando un único real decreto-ley para abordar todo un abanico de cuestiones medioambientales muy diferentes que afectan a leyes bien diversas. Consideramos que es una técnica legislativa poco respetuosa con los procedimientos y que


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sobre todo debe reducirse en lo posible, más aún si como estima nuestro grupo no está justificada esta prisa excesiva. En segundo lugar, no existen prácticamente menciones al marco competencial de las comunidades autónomas, que en materia ambiental tienen capacidades muy amplias y que si así lo desean pueden legislar de forma muy exigente en esta materia. No ha existido interlocución con ellas para abordar estos temas y se ha tratado una vez más de recentralizar competencias. Y ante posibles faltas de coordinación, en lugar de establecerse instrumentos que faciliten el procedimiento, lo que se hace es atajar de raíz y llevar al Ministerio de Medio Ambiente las últimas decisiones y todos los marcos de relación. Esto, desde nuestro punto de vista, señor ministro, es inadmisible.

Entrando en algunos aspectos concretos, me gustaría hacer referencia a que hablan ustedes del derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Solamente se cita el precepto en cuestión de la legislación, pero no se hace mención expresa de cómo esto va a afectar a la sociedad en su conjunto. Se trata de utilizar el marco constitucional, un artículo concreto, con la excusa de mejorar la situación pero sin decirnos en qué y cómo va a redundar en la mejora de la sociedad y de cada una de las personas que vivimos en esta sociedad. Señor ministro, si existen comunidades autónomas que no realizan bien sus tareas, establézcanse los mecanismos por los cuales se va a corregir esta situación, pero lo que nuestro grupo no está dispuesto a aceptar es de nuevo el café para todos. En Euskadi hemos demostrado que hemos sabido legislar, que hemos sabido preservar el medio ambiente. Siempre hay margen de mejora, evidentemente, pero si tomamos como ejemplo todas las actuaciones en la preservación y en el respeto a nuestra costa, creo que es una actuación que se puede considerar modélica, igual que en ordenación territorial o en zonas de especial protección. Sabemos que podemos hacerlo mejor, pero lo que no aceptamos son intromisiones ni recortes competenciales.

En cuanto a la Ley de Aguas, en el artículo 117.2 para la valoración de daños en el dominio público hidráulico en la calidad del agua, entendemos que no es suficiente considerar solo el coste del tratamiento necesario para evitar la contaminación. Se debería introducir el coste necesario para restaurar el medio o devolverlo a su situación original antes de producirse el daño. Es decir, debemos ser garantistas y, además de evitar daños, considerar que aquellos que se pudieran ocasionar por actuaciones no adecuadas o por accidentes -no intencionados, entendemos-, deben ser subsanados y restaurados a su posición inicial.

En lo que hace referencia a la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, estamos de acuerdo en que es adecuado coordinar instrumentos de regulación de los espacios protegidos y que tenga toda una visión coherente, pero no nos aclara quién se va a encargar de esa tarea de coordinar y de hacer el sistema más coherente y ello puede dar lugar a una actuación unilateral por parte del Estado. En la disposición adicional se dice que el Gobierno dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley y, asimismo, comenta que se faculta siempre al Estado, desconociendo u obviando las competencias de las comunidades autónomas. No quiero ser excesivamente repetitiva pero, señor ministro, cada uno es responsable de su actuación, evidentemente, y no nos gusta que avoquen para sí todas las actuaciones cuando aparece esa descoordinación.

Finalmente, en lo que hace referencia a la Ley 22/2011 de residuos, en el artículo 21 desaparece el fomento de la prevención de residuos, que estimamos que es prioritario para abordar después el tratamiento, la recogida selectiva y demás. La cultura de la prevención y la minimización de la producción forman parte de nuestra estrategia y creemos que no deben desaparecer. Más de un compañero que ha subido a esta tribuna ha hablado del sistema de depósito, devolución y retorno. Evidentemente, no es la panacea, pero creemos que merece la pena abordarlo, analizarlo y, además de una implantación voluntaria, valorar la posibilidad de realizar alguna experiencia piloto que nos permita conocer si realmente es económicamente viable y funciona.

En definitiva, creemos, señor ministro, que las actuaciones que se recogen en este real decreto sirven para flexibilizar la normativa en el peor sentido, es decir, facilitan o mejoran la situación pero dan un paso atrás en todo aquello que habíamos conseguido hasta ahora. Por tanto, votaremos en contra de la ratificación de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Mi intervención va a ser muy breve. En este caso, es una satisfacción poder decir que su decreto-ley es fundamentado, preciso, claro y necesario y que lo compartimos esencialmente, de manera que lo votaremos a favor. También nos parece elogiable que usted admita la posibilidad de tramitarlo como ley para que aquellas cuestiones que tienen que ser objeto de debate político puedan ser discutidas. Asimismo, nos produce una satisfacción añadida que por fin parece que ustedes han abandonado aquellas ideas extravagantes de tanto predicamento en la época de los estatutos de tercera generación de romper la unidad de cuenca de los ríos, las confederaciones hidrográficas y pasar a las comunidades autónomas la propiedad de los ríos y cosas semejantes.

Dicho esto, parece que sería importante aprovechar la oportunidad, como también solemos repetir, para abrir un debate serio sobre el modelo de Estado y la distribución competencial. Nosotros reconocemos que no les falta razón a los que intervienen defendiendo las competencias


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autonómicas, lo que ocurre es que pensamos que es el modelo de Estado el que claramente está demostrando en esta crisis su inviabilidad y que lo que hay que hacer es un debate a fondo, insisto, de carácter constitucional sobre el reparto competencial del Estado. Por lo demás, como decía, el decreto-ley nos parece necesario, preciso y bien fundamentado, tiene además una trasposición de directivas europeas que afectan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en este caso, a diferencia de otros reales decretos, no es un estrambote, es una cosa que había que hacer y que nos parece que está bien regulada. Nuestra enhorabuena en este caso ya que en otras ocasiones nos es tan raro tener la oportunidad de dársela al Gobierno.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy debatimos el Decreto número 17 y quisiera empezar sumándome a las denuncias de despotismo de este Gobierno y esa confusión entre mayoría absoluta y gobierno absoluto que no tiene cabida en una democracia. Hoy tenemos un nuevo decreto-ley sobre medidas no urgentes en materia de medio ambiente que violenta la Constitución y se salta a la torera todos los preceptos legales que exigen participación, transparencia y publicidad en materia de medio ambiente. No han consultado a organizaciones ecologistas ni al propio Consejo Asesor de Medio Ambiente ni a agricultores, ni a municipios ni a comunidades autónomas. Ayer supimos que dejarían tramitarlo como proyecto de ley, bien, pues les pedimos que en esa tramitación tengan una actitud abierta al diálogo donde podamos participar, aportar y corregir lo que es necesario y urgente corregir. También le pedimos al Grupo Popular que tenga una actitud abierta porque creo que podemos corregir en el proceso parlamentario lo que no se ha hecho en el Gobierno, es decir, abrir la participación al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a las organizaciones ecologistas, a los representantes de municipios y comunidades autónomas para que puedan participar en el proceso parlamentario y en el trámite legislativo. Hago esa especial petición al presidente de la Comisión, al diputado Llorens, para que abra este Congreso a la participación y a resolver aquello que no ha hecho el Gobierno.

Ustedes justifican el decreto por la simplificación y agilización administrativa. Pura retórica. Lo cierto es que ustedes, como ayer decía el secretario de Estado de Medio Ambiente, van a cambiar la legislación ambiental y la van a poner al servicio de los intereses de unos pocos con ese discurso antiguo de ver el medio ambiente como un lastre, ejemplo claro de la miopía en la que viven instalados. Hoy, España no puede abordar la crisis económica sin abordar la climática y la medioambiental, debe transitar la economía del casino a una economía sana y sostenible. Eso es lo que es realista, señores del Partido Popular. Desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y CHA somos los primeros en querer una legislación ágil, clara, transparente y no burocrática, pero eso no es este real decreto, lo que vemos son indeterminaciones, la reducción de objetivos medioambientales y alejamiento de las exigencias europeas.

Entrando en los contenidos concretos, en materia de agua destaca lo que ya parece una constante de este Gobierno: el impulso recentralizador y la desconfianza hacia las comunidades autónomas. Un impulso y una desconfianza que tienen su miga dados los antecedes de la gestión del Estado en el tema de agua. Se indica como amenaza la posibilidad de la apertura de un procedimiento sancionador de la Unión Europea por no haber realizado el proceso de planificación hidrológica, pasando por alto que los únicos que han hecho estos deberes de planificación hidrológica han sido las comunidades autónomas. Ejemplo claro es Cataluña, con su plan de cuencas interno; lo único que falta precisamente es lo que depende del Estado, la parte del Ebro. Y nos preocupa todavía más esa recentralización, esas competencias de policía al servicio de un gobierno trasvasista claramente desde el primer día -ya lo anunció el ministro-, que tiene clara intención de desproteger nuestros ríos y que despierta nuevos fantasmas de luchas territoriales; el último ejemplo es la fijación del cabal ecológico del Ebro un tercio de lo que marcan los expertos. El decreto-ley intenta regular el tema de los acuíferos con problemas de sobreexplotación y contaminación, pero la realidad es que esos problemas se están formulando más por el incumplimiento que por ausencia de normativa. Los cambios propuestos van en la línea de aumentar la arbitrariedad de las decisiones, negando espacios de participación. Además, las disposiciones sobre incorporar recursos externos si hay situación de riesgo o ampliar las concesiones sobre aguas subterráneas solo incorporan más presión en los acuíferos, no resuelven los problemas sino todo lo contrario. Sobre la propuesta de regulación de transmisibilidad de las concesiones en el área del alto Guadiana, va en contra de los propios objetivos del plan de protección. El mercadeo de derechos no protege y no lo compartimos. Establecen una transmisión de derechos que no lo dice el decreto, pero entendemos que es onerosa ya que si no, nadie transmitiría esos derechos. A nuestro entender, no es razonable la creación de un mecanismo que permita lucrarse con un recurso que es público: el agua. Sabemos que en nuestro país existen concesiones ociosas o subutilizadas, pero lo que debería plantearse es su reducción o extinción, con atribución de su caudal a la reserva ecológica o a nuevos usuarios seleccionados con criterios de eficiencia y productividad. Ustedes hacen un decreto que pone en riesgo nuestros recursos hídricos, avanzan en la privatización ahora en el Guadiana, o lo que pretenden aquí en Madrid con el Canal de Isabel II, o lo que


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esta misma semana anunciaba la derecha catalana acompañada por el ministro Montoro, que nos avanzaba que iban a privatizar Aguas Ter-Llobregat. No tiene nada que ver con la crisis la privatización del agua. La privatización va en contra del medio ambiente y contra los derechos de la ciudadanía porque es un bien de todos.

Sobre las cuestiones de biodiversidad volvemos a ver un impulso recentralizador de nuevo -por eso estaban tan contentos los señores de UPyD- cuando plantean que en las zonas en las que en un mismo lugar coexisten diferentes figuras de protección se realizará una única planificación ambiental. Bien, razonable, pero atribuyen al Gobierno central en exclusiva la capacidad de desarrollo normativo cuando se trata de una materia de importantes competencias autonómicas.

Una segunda cuestión con esa lógica del desarrollismo antiguo y el todo vale a favor del ladrillo. Introducen que en los planes deberán tener especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su territorio, en el territorio protegido. Esta formulación les delata. Es una figura de protección ambiental. Lo que debe tenerse en especial consideración es la finalidad de protección y lo que debe tenerse en cuenta son las necesidades de los municipios. Hacerlo al revés es abrir la puerta a infinidad de recortes en los niveles de protección, siempre supeditado a lo que ustedes llaman las necesidades de la población, pero que normalmente suelen ser las necesidades de algunos intereses y poderes locales, como lo que ha pasado urbanizando, incumpliendo la Ley de Costas.

Entrando en residuos, la peor parte realmente se la lleva el apartado de residuos. Desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, CHA votamos en contra la Ley de 2011 porque le faltaba ambición, porque no incluía instrumentos útiles para reducir la generación de residuos, no aplicaba fiscalidad ambiental y no dio un impulso al reciclaje de la orgánica ni a los biorresiduos. Este decreto es un insulto y una provocación a todos los que llevamos años trabajando por la coeficiencia, la prevención en generación y en la lucha también por la reducción de emisiones. Su redacción surge de la misma mano que impidió ser ambiciosos en 2011; los lobbies del reciclaje que tienen su negocio montado les han redactado la ley. Ustedes realmente son un tapón en progreso. En cuestiones de energía son las eléctricas quienes frenan avanzar en renovables y ahora en residuos también son los lobbies del reciclaje quienes impiden avanzar en este sentido. Ustedes tenían tres años de margen para desarrollar un sistema más eficiente, más barato para la Administración y generador de puestos de trabajo y lo suprimen para servir los intereses de unos pocos. Esto, señores, también se llama despilfarro.

Ustedes se cargan de raíz la reivindicación de buena parte de sectores como ecologistas, sindicatos, organizaciones de consumidores y empresarios implicados precisamente en la introducción del sistema de depósito, devolución y retorno de los envases. Hacemos lo contrario de lo que hacen los países de éxito. En Alemania, con ese sistema, un 90 % de los envases de bebidas se reciclan. Aquí, donde se venden 51 millones de envases de bebidas cada día, apenas se recicla un 30 % y el resto va a vertedero o incineración. Por una vez sí deberían hacer caso a la señora Merkel.

Además, con esta decisión se está desaprovechando un potencial de creación de empleo muy importante. Un reciente estudio efectuado por Istas, por encargo de la Asociación Retorna, indica que la introducción sistemática de este sistema de depósito y retorno crearía en una primera fase 14.000 puestos de trabajo; 14.000 puestos de trabajo que no se deslocalizan y además ahorran a la Administración.

Finalmente, el decreto-ley regula los mecanismos para la participación en las subastas de derechos de emisión. No creemos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que bastante trabajo tiene, sea la más adecuada para encargarse de ello porque se le va a destinar un papel marginal.

Termino con una reflexión final. La crisis actual necesita cambiar el modelo de desarrollo. Necesitamos unos nuevos patrones de producción y de consumo, una nueva cultura del agua, una nueva cultura de la energía y también de los residuos, una austeridad bien entendida que sí que genera bienestar.

Ustedes nos hablan mucho de austeridad y solo lo aplican a la austeridad social. Hoy nos traen dos decretos que son un claro ejemplo, pero su concepto de austeridad solo es para los servicios públicos y los salarios. En cambio, en el medio ambiente legislan sin pensar a medio plazo ni en proteger recursos escasos y de todos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que terminar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esto es despilfarro, como lo es legislar al servicio de unos pocos, de unos lobbies, hipotecando los intereses públicos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que acabar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Este decreto despilfarra agua, despilfarra potencial de competitividad, despilfarra recursos públicos y oportunidades de la economía verde. Votaremos en contra y esperamos mejorarlo en el trámite parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señorías, a diferencia del anterior real decreto-ley, verán sus señorías que trabajaremos más técnicamente


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en algunos aspectos este real decreto ya que ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, señor Ramos, anunció en su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que el Gobierno estaba dispuesto a tramitar este real decreto como proyecto de ley, por lo que hemos podido cambiar un poco el trabajo y la intención de esta intervención. En cuanto a la modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, en ese proceso de tramitación como proyecto de ley trabajaremos este apartado intentando conseguir la modificación del artículo 28.2. La redacción incorpora la frase: unificarse en un único documento integrado. A ello ha hecho referencia el señor ministro. En primer lugar, el artículo 28 está dentro del capítulo II del título III de la ley, en el que se regulan los espacios protegidos, que son los que se indican en el artículo 29: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. Tenemos nuestras dudas con el texto modificado, pues no sirve para conseguir la coordinación de todos los regímenes de protección que afectan a un espacio, sino solo los previstos en el capítulo II. De acuerdo con lo indicado, el ámbito del documento único integrado que se prevé en la modificación solo afectaría al de las figuras previstas en el artículo 29, respeta la competencia de las comunidades autónomas en la declaración y determinación de las fórmulas de gestión de los espacios naturales protegidos de ámbito terrestre y los de ámbito marino continuos. Tienen que ser las comunidades autónomas las que determinen en su propia normativa los instrumentos a utilizar para la declaración y planificación de los espacios naturales. La ley estatal puede establecer, como se hace actualmente, que se han de coordinar los mecanismos de planificación de las diferentes figuras de protección que confluyan sobre un espacio natural, pero no puede entrar a determinar cómo se hará esta coordinación, ni decir que se realizará en un documento único. Esa es nuestra opinión. Esta previsión parece inviable en el caso de Cataluña, ya que la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, describe instrumentos jurídicos diferentes para la declaración de los espacios naturales que pueden confluir en un ámbito territorial y no parece posible que estos instrumentos de diferente rango normativo se puedan unificar en un documento integrado único. Por estos motivos consideramos que la propuesta de modificación del artículo 28.2 de la Ley 42/2007, incluida en el real decreto-ley, sería necesario suprimirla en este caso y trabajarla en la tramitación como proyecto de ley.

En cuanto al artículo 41.1.a), en el mismo se establecen las medidas de conservación de la Red Natura 2000. La primera observación a realizar para la previsión que propone añadir a este artículo es que utiliza muchos conceptos indeterminados. Especial consideración. ¿En qué sentido? Necesidades de los municipios. ¿Cuáles? Un gran porcentaje de su territorio. ¿Qué se considera como tal, un 70 %, un 90 %? Esta redacción tan indeterminada y ambigua no facilitará la simplificación y agilización que el real decreto-ley busca, haría difícil su aplicación práctica y podría ser fuente de problemas con las administraciones locales, cosa que este real decreto-ley intenta mejorar y simplificar. Consideramos que el Estado no tiene competencia para establecer la revisión que propone en la modificación del artículo 41.1.a) de ley y, en consecuencia, esta modificación también tendría que suprimirse del real decreto.

En cuanto a la modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminantes, me recordaba ahora mi compañero que fue Convergència i Unió quien trabajó en la pasada ley para relacionar la gestión de los residuos con la disminución de la emisión del CO2 y, por tanto, para la minoración del cambio climático. En este sentido, no podemos aceptar la supresión del apartado 2. Cualquier medida que vaya a mejorar la gestión de los residuos está influyendo en la misma gestión, en la ciudadanía y en el cambio climático, en general en todo el medio ambiente.

El redactado de la ley define cómo se podrán adoptar medidas destinadas al establecimiento del sistema de depósito, devolución y retorno en los términos establecidos en el artículo 31.3. Ante las dudas que surgieron durante la elaboración de la ley, mi grupo participó activamente estableciendo diversas cautelas y condiciones para previamente demostrar su viabilidad técnica y económica y los impactos ambientales, sociales y sobre la salud humana, siempre garantizando el correcto funcionamiento del mercado interior, facilitando mecanismos de participación previstos, incorporando para los trabajos de la Comisión de Residuos a las entidades y organizaciones representativas de todos los sectores y remitiendo a las Cortes Generales los informes preceptivos de viabilidad técnico-ambiental y económica que se realicen con carácter previo a la implantación del sistema, que está en diferentes países de la Unión Europea y cuyos resultados son conocidos por todos.

Queremos remarcar que la Ley de Residuos ya preveía la posibilidad de implantar un sistema SDR siempre y cuando se sucedieran un conjunto de circunstancias. Desde este punto de vista, la ley era plenamente garantista, como hemos dicho. No parece, pues, que sea justificable esta modificación jurídica amparándose en motivos de urgencia o en motivos de ambigüedad, incerteza o inseguridad jurídica, aún más cuando la disposición adicional octava otorgaba un plazo de tres años para desarrollarla normativamente; sin embargo, para que no desaparezca definitivamente ustedes han propuesto en la modificación mantener el sistema limitando su aplicación a una posible implantación del mismo cuando concurran dos posibilidades, en residuos de difícil valoración o eliminación, y siempre que las características de estos residuos determinen que los sistemas de depósito, devolución y retorno es la acción más adecuada cuando no se acrediten los objetivos establecidos en las normativas. No podemos, pues, aceptar la modificación que atribuye a este sistema un papel residual, siendo


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posible su establecimiento con carácter únicamente voluntario y con las limitaciones previstas. Esperamos poder recuperar este sistema de recogida de residuos de calidad durante el trámite, ayudando a potenciarla con seguridad y con las garantías necesarias para conseguir el consenso máximo.

También haré referencia a la modificación propuesta, que consiste en trasladar las autorizaciones a los sistemas integrados de gestión de nivel estatal, de manera que dejaría de ser imprescindible la autorización de los SIG para cada una de las comunidades. Esta propuesta supone un retroceso en las competencias atribuidas a las comunidades autónomas por la ley, aunque usted ha dicho que tienen una manera de participar en la elaboración de ese informe final o en la tramitación. Ya en la redacción anterior fue objeto de debate intenso. Este aspecto se redactó con la cooperación de las comunidades autónomas. En cualquier caso, si se mantiene esta modificación, sería un paso atrás muy cuestionable a nivel jurídico, ya que en la anterior redacción se hacían compatibles la simplificación administrativa y el derecho de las comunidades autónomas para establecer condiciones especiales en la autorización, para incorporar las particularidades y especificidades de cada territorio, y en su caso estamos dispuestos a mejorarlo. Compartimos la necesidad de desarrollar la normativa que permite la subasta de derechos de emisión e incorporar las funciones de supervisión, inspección y sanción a ejecutar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por estos motivos expuestos no podemos ratificar hoy el real decreto-ley, pero el Grupo Catalán (Convergència i Unió) trabajará, como hizo en la ley, en el desarrollo parlamentario del proyecto para recuperar estas competencias que hemos anunciado o posibilidades de mejora en el ámbito medioambiental que el real decreto-ley elimina.

Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barberà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, el Real Decreto de medidas urgentes en materia de medioambiente que hoy debatimos promueve la simplificación y agilización de las normas ambientales, la eliminación de la inseguridad jurídica y el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan al medioambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado con él. Asimismo, señorías, el real decreto introduce una serie de medidas que pretenden conseguir además un uso más adecuado del agua gracias a una gestión eficaz y coordinada. Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular valora positivamente el real decreto que hoy debatimos y lo hace, señorías, porque en él se plasman una serie de medidas que hemos venido defendiendo reiteradamente. Sin ánimo de ser exhaustiva, permítanme que me detenga brevemente en alguna de las medidas que promueve el real decreto y que considero de especial relevancia.

En primer lugar, defendemos el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional al anular las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el río Guadalquivir. Esto deja patente, señorías, que cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de la arquitectura jurídica debe ser invalidada. La disposición adicional decimocuarta del texto refundido de la Ley de Aguas incorporada el pasado mes de agosto tras la sentencia del Tribunal Constitucional permitía a las comunidades autónomas que así lo establecían en sus estatutos de autonomía asumir competencias de policía del dominio público hidráulico en demarcaciones intercomunitarias. Ello, señorías, fue fruto de un acuerdo del Gobierno socialista y la Junta de Andalucía para permitir a esta comunidad recuperar el control de la cuenca que le había negado el Tribunal Constitucional. Por ello, la derogación hoy en el real decreto que debatimos de esa disposición adicional garantiza no solo el principio de unidad de cuenca y evita su gestión fragmentaria sino que defiende los intereses generales frente a los intereses localistas y políticos que podrían generar conflictos territoriales por la distribución de los recursos, sobre todo en épocas de sequía. Con la derogación que promueve el real decreto el Estado, a través de las confederaciones hidrográficas, recupera las competencias plenas sobre inspección, sanciones y autorización de vertidos a los ríos en cuencas intercomunitarias, que nunca debieron perder. Nos congratulamos de ello, señor ministro.

En segundo lugar, claro que defendemos que se mantengan las extracciones anuales en el acuífero 23 dentro de sus niveles anuales de recarga para mantener el sistema ambiental íntegramente relacionado acuífero 23-Tablas de Daimiel. En este sentido, señorías, las medidas que incentivan la transformación de los derechos de aprovechamientos privados de aguas a derechos concesionales, reservándose el organismo de cuenca en cada cesión un porcentaje destinado a la recarga del acuífero, conducirán sin duda alguna a su gestión ordenada y a mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrarias. Por ello causa extrañeza oír de nuevo a representantes socialistas, hoy en el Pleno y ayer en Comisión, hablar de mercado de agua, de que se privatiza el agua, de que se convierte el agua en un producto comercial, de que supone la urgente privatización de aguas subterráneas, y así una enorme retahíla similar a la que se produjo en el año 1999 según consta en el "Diario de Sesiones" cuando se modificó la Ley de Aguas para flexibilizar el régimen concesional. Causa extrañeza y estupor comprobar la demagogia de representantes de un partido, el Partido Socialista, que ha gobernado España durante los últimos ocho años y que aprobó aquí un real decreto por el que se establecía el Plan especial


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del Alto Guadiana. El Plan especial del Alto Guadiana, al que ha aludido la portavoz socialista, establecía varias actuaciones. Una de esas actuaciones, que ha omitido la portavoz socialista, es -y leo textualmente- la transformación de los derechos sobre aguas privadas en concesiones de aguas públicas. Señorías, esto que critican viene en el Plan del Alto Guadiana. Esa actuación la ha ocultado la señora Pajín, quien ha destacado otras actuaciones. Por tanto, señorías, tal como ustedes nos tienen acostumbrados, hoy critican y rechazan lo que establecieron en su día. Denunciar la urgente privatización de las aguas subterráneas como ha hecho la portavoz socialista por la transformación de aguas privadas en aguas públicas produce bochorno, ya que es exactamente lo contrario. La reforma que plantea el real decreto permitirá conseguir los objetivos ambientales y sociales de la zona y permitirá reducir la extracción de agua en el acuífero 23 sin utilizar dinero público, tal y como se venía haciendo en los últimos años. Les recuerdo, señorías, que hasta ahora el proceso de regularización de explotaciones prioritarias se regía por un convenio entre el ministerio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que el ministerio se comprometía a adquirir 40 hectómetros cúbicos que cedía a Castilla-La Mancha. En la actualidad se han adquirido 14,5 hectómetros cúbicos por un importe cercano a los 65 millones de euros. Por consiguiente, para alcanzar el objetivo fijado se necesitarían todavía cerca de 90 millones de euros adicionales, que en la actual coyuntura económica es imposible movilizar. Por ello, la medida que planteamos es muy conveniente en los momentos de crisis que vivimos, cuando el dinero público escasea y ha habido que presentar los presupuestos más restrictivos de la democracia, porque, señorías, y lo repito aunque les duela, el pasado año ustedes gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron.

En tercer lugar, apostamos por la modificación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para reducir cargas administrativas, simplificar la normativa y evitar situaciones de inseguridad jurídica. El Grupo Popular considera especialmente importante establecer el carácter voluntario para la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno, y así lo manifestó reiteradamente en ponencia y en Comisión durante el debate del proyecto de ley de residuos. Repito que el real decreto de hoy establece el carácter voluntario simplemente. ¿Y por qué queremos que este sistema se establezca con carácter voluntario? Pues señorías, decíamos en ponencia y en Comisión -y lo mantenemos- que el sistema de depósito, devolución y retorno introduce sobrecostes innecesarios en el sector industrial y ha causado daños en la situación actual de crisis económica. Además genera grandes perjuicios para la distribución comercial, hace necesaria una gran inversión que no repercute en eficacia ni en eficiencia empresarial, introduce barreras a la libre circulación de mercancías y productos y no minimiza el impacto ambiental, ya que las necesidades de transporte que genera ese sistema implican sin duda un mayor consumo de combustible y, por consiguiente, mayores emisiones de dióxido de carbono. En definitiva, desincentiva la investigación tecnológica e incrementa el coste económico. Y fundamentalmente, señorías, nosotros preferimos que tenga un carácter voluntario porque no estamos a favor de la imposición, a la que ustedes recurren, señorías socialistas, con demasiada frecuencia. Nosotros entendemos que los productores pueden cumplir alternativamente sus obligaciones a través de sistemas individuales o colectivos de gestión o a través de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Deben cumplir los objetivos de reciclaje, pero es esencial que elijan cómo hacerlo. Por cierto, señorías, quiero dejar una pregunta en el aire. Querría saber si alguien puede contestarme quién está detrás del lobby que patrocina las máquinas de los sistemas de depósito, devolución y retorno.

En cuarto lugar, y termino, compartimos la modificación de la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad para evitar el solapamiento de diversas figuras jurídicas que coinciden en un mismo espacio geográfico; que sobre una misma hectárea del terreno, como decía el ministro, se solapen regímenes y normas reguladoras diferentes, en muchos casos descoordinadas, no es el sentido de protección ambiental que nuestro grupo parlamentario defiende. Unificar los planes de gestión en un único documento integrado de protección parece, señorías, algo no solo necesario sino urgente para mejorar la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000. Hablamos de unos espacios, los incluidos en la Red Natura 2000, que superan ya el 27 % de la superficie total española. Por ello nos parece evidente y necesario que aquellos municipios que se encuentren total o en una parte importante incluidos en los espacios protegidos deben poder desarrollar actividades compatibles con los valores ambientales que determinaron su inclusión en el espacio protegido. No olvidemos, señorías, que han sido precisamente los habitantes de esas zonas los que gracias a una buena gestión se han implicado en su conservación y han permitido que a día de hoy sea un espacio protegido. No creemos que la conservación del patrimonio natural deba basarse solo en prohibiciones y limitaciones, preferimos la palabra incentivar y poner en valor nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Para el Grupo Popular hay que apostar por la gestión sostenible como elemento básico de conservación, pero teniendo en cuenta que la gestión sostenible implica tres aspectos: el ambiental, el económico y el social.

Termino, señorías, destacando el último punto del real decreto-ley de medidas urgentes, que va a permitir que se adapte la Ley del Mercado de Valores a la normativa comunitaria para que el Reino de España pueda acceder a participar en la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto y participar del dinero procedente de estas subastas en la parte que le corresponda a España. Les quiero recordar, señorías, que


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el dinero de estas subastas, según consta en una directiva comunitaria, tiene que dedicarse preferentemente a la lucha del cambio climático. Nosotros estamos por establecer medidas contra el cambio climático y la normativa que se establece hoy lo va a facilitar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.

Terminado el debate de este punto y antes de entrar en el próximo, quiero decirles que, tal como va yendo el debate esta mañana -todos están cumpliendo los plazos pero son temas muy importantes y que exigen dedicación-, modifico mi previsión. Las votaciones no serán antes de las cuatro. Espero que sean cuanto antes, lo más cerca posible de las cuatro, pero nunca antes de las cuatro de la tarde.

- REAL DECRETO-LEY 15/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE, PREVISTO EN LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO. (Número de expediente 130/000016).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto, que es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación de la Radio y Televisión Española, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Para presentar este real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Gobierno para solicitar de esta Cámara, si así lo estima oportuno, la convalidación para el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, que modifica el régimen de administración de la Corporación de la Radio y Televisión Española, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.

El presente real decreto-ley regula dos leyes diferentes y, por tanto, dos cuestiones distintas. En primer lugar, este real decreto-ley modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Esta ley es la que regula la Corporación de Radiotelevisión Española, que tiene su propio ordenamiento jurídico. El objetivo de la modificación es el desbloqueo de la situación actual de la Corporación Radiotelevisión Española, para que se pueda elegir presidente, para que se puedan aprobar sus cuentas anuales y para que pueda proseguir su actividad con normalidad. Al propio tiempo, el presente real decreto-ley modifica la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de comunicación audiovisual. Esta ley regula la comunicación audiovisual de ámbito estatal. Las competencias de cumplimiento y de regulación de esta ley las posee el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. La modificación es pequeña y su objetivo es poner fin al conflicto suscitado en relación con el acceso de la radio a los estadios y recintos deportivos y así cumplir el compromiso del presidente del Gobierno de respetar el derecho a la información.

El objeto de la reforma y lo que quiere el Gobierno es que haya consenso parlamentario para la elección del consejo y del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. La elección del presidente de Radiotelevisión Española va a seguir, con este decreto, siendo una elección parlamentaria. El objeto de la modificación es desbloquear la situación de Radiotelevisión Española que se encuentra hoy en una absoluta parálisis de gestión, dado que con el actual orden de cosas de un presidente rotatorio la ley le impide tomar decisiones ejecutivas, por ejemplo, algunas tan básicas como son la aprobación del presupuesto y de las cuentas anuales.

Señorías, pensamos que hoy tampoco nos podemos permitir doce consejeros cobrando sueldos públicos en la Corporación de Radiotelevisión Española. Por ello, en el presente real decreto-ley, cuya convalidación se solicita, proponemos una reducción del consejo a nueve, y la participación de los sindicatos la canalizaríamos desde los comités de empresa y con su participación en el consejo asesor. Por tanto, es una propuesta -la del real decreto-ley- que va en la dirección de una mayor profesionalización. Adicionalmente, este real decreto-ley predispone, salvo en el caso del presidente, que el resto de los miembros del consejo de administración no tendrán un sueldo fijo público.

Señorías, la situación de la Corporación de Radiotelevisión Española está paralizada desde el pasado mes de julio, cuando el entonces presidente presentó su dimisión. Además, desde aquel momento han presentado su dimisión varios miembros del consejo de administración y para otros miembros de este consejo simplemente ha caducado su periodo de mandato. El consejo de administración estableció una presidencia rotatoria, pero esta no tiene las funciones ejecutivas y, por tanto, no puede aprobar ni sus cuentas anuales ni sus presupuestos. Tampoco se pueden tomar decisiones para el normal funcionamiento de la entidad. Además de todo ello, la Corporación de Radiotelevisión Española está llamada a hacer un programa de austeridad que ha sido establecido por parte del Ministerio de Hacienda, tanto en el acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre de 2011 como en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que, en la actualidad, se tramita en las Cortes. Televisión Española tiene un ajuste -consecuencia de todo ello- de 203 millones de euros, y con esta situación, señorías, es prácticamente imposible que lo pueda acometer. Por tanto, hay que desbloquear el funcionamiento de la Corporación de Radiotelevisión Española si lo que se persigue es que realmente esta corporación tenga un funcionamiento mínimamente normal.

Señorías, la modificación que propone este real decreto-ley garantiza la independencia de la entidad y


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garantiza que la elección siga siendo una elección parlamentaria basada; una elección parlamentaria -como quiere y desea el Gobierno- en el consenso, basada en el acuerdo. Para ello recurrimos justamente a la ley del año 2006 que establecía un mecanismo de desbloqueo, y precisamente lo hemos establecido en este real decreto cuya convalidación se solicita para evitar la situación de bloqueo en la que ahora mismo se encuentra la Corporación Radiotelevisión Española. El Gobierno quiere el consenso en la elección del presidente de la entidad y, por tanto, el Gobierno va a seguir buscando ese acuerdo, ese consenso y el concierto en la elección del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. Queremos una televisión pública que sea de calidad y que sea una televisión fuerte que pueda cumplir su función de servicio público; queremos que tenga una gestión eficaz, una gestión eficiente y una gestión profesional, pero no queremos que se bloquee el normal funcionamiento de un servicio público como es Radiotelevisión Española.

Señorías, la Ley 17/2006, de 5 de junio, en su artículo 11.4, recoge expresamente lo siguiente: El Congreso de los Diputados designará de entre los doce consejeros electos al que desempeñará el cargo de presidente de la Corporación de la Radio y la Televisión Española y de su consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara. Además, en la disposición transitoria cuarta de esa Ley 17/2006 se recoge lo siguiente: En la primera designación de los consejeros y del presidente de la Corporación de la Radio y Televisión Española, si transcurridos dos meses desde la primera votación en cada Cámara no se alcanzare la mayoría que prevén los artículos 11.3 y 11.4, entonces el Gobierno podrá designar por mayoría absoluta a los doce consejeros y al presidente. La diferencia es que esta disposición -es verdad, así se establecía- hablaba de la elección del primero de los presidentes y de los primeros consejeros, y ahora, con este real decreto-ley, lo que se propone es que esa mayoría absoluta pueda ser también aplicada en el caso de bloqueo en el que nos encontramos. Sería, señorías, poco comprensible que quienes fijaron en aquella previsión la posibilidad de una mayoría absoluta en torno al Gobierno de entonces, hoy en cambio se opusieran a lo mismo cuando esa mayoría absoluta gira en torno a otra fuerza política.

Por todo ello, señorías, el presente real decreto-ley no tiene otra finalidad que dotarnos de un mecanismo normativo que permita desbloquear una situación insostenible para la Corporación Radiotelevisión Española. El real decreto-ley que hoy traemos para su convalidación por esta Cámara lleva a cabo las siguientes modificaciones de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal del año 2006. Primero, se reduce el número de miembros del consejo de administración. El número actual de miembros del consejo es elevado, por lo que en aras de criterios de austeridad y racionalización y para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de la corporación, en un entorno de creciente austeridad y creciente disminución del gasto público, se reducen los doce consejeros actuales a un número de nueve. Segundo, se modifica el método de designación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de la Radio y Televisión Española. En la elección de los miembros del consejo de administración, si no se lograra la mayoría de dos tercios en la Cámara correspondiente para la designación, la votación se repetiría transcurridas veinticuatro horas. En este caso, cada Cámara elegirá a los consejeros que le corresponda por mayoría absoluta. En el mismo sentido, en la elección del presidente, si no se logra la mayoría de dos tercios en el Congreso, la votación se repetiría asimismo a las veinticuatro horas. En tal caso se exigiría la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La modificación llevada a cabo recupera por tanto el mecanismo ya previsto en la Ley del año 2006 de un sistema de mayoría absoluta para evitar el bloqueo -es verdad- en la designación del primer consejo de administración de la corporación. Al propio tiempo, la modificación mantiene la necesidad de que exista un consenso en la designación de los miembros de la Corporación de la Radio y Televisión Española. En tercer lugar, se procede a la eliminación de la remuneración fija de los consejeros de la Corporación Radiotelevisión Española, con la excepción del presidente. En el marco de los principios de austeridad y eficiencia que presiden actualmente la configuración del sector público se eliminan, a excepción del presidente de la corporación, las retribuciones fijas que hasta ahora percibían los miembros del consejo y serán sustituidas por indemnizaciones por asistencia a las sesiones del consejo de forma similar a lo que ya viene ocurriendo en otros entes públicos. Al modificarse el régimen retributivo, con excepción de lo dicho para el presidente de la corporación, se elimina también la obligación de dedicación exclusiva de los consejeros. No parece que esto pueda molestar a nadie en las circunstancias actuales, sobre todo en tiempos de creciente austeridad.

Hay otra parte de este real decreto-ley que traemos a convalidación que tiene que ver justamente con la solución al conflicto de las radios. Las radios a partir de este real decreto-ley tendrán derecho a entrar en los estadios de fútbol para poder informar sobre esos espectáculos deportivos, dado que forma parte del derecho a la información. Y a tal fin, señorías, mediante el real decreto-ley se ha modificado el artículo 19.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual del año 2010 para garantizar a las radios el libre acceso a los estadios y recintos deportivos al objeto de retransmitir en directo acontecimientos deportivos sin que sea exigible por ello contraprestación alguna. Eso sí, las radios tendrán que abonar los gastos de entrada y los gastos de uso de las instalaciones, fijándose de común acuerdo entre ellas y los respectivos clubes. En el caso de que no haya acuerdo intervendrá la autoridad supervisora correspondiente. De esta manera, señorías, el Gobierno cumple un compromiso del presidente de solventar el que se ha denominado contencioso de la radio, en el sentido de que preservamos el derecho a la información pero también tenemos presente


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que los clubes de fútbol tienen derechos a ser reintegrados de los gastos, no de la información, sino de funcionamiento que esa medida suponga.

Señorías, todos estaremos de acuerdo en que la retransmisión de acontecimientos deportivos llevada a cabo por prestadores del servicio público de comunicación audiovisual radiofónica constituye una clara manifestación del derecho a comunicar y a recibir información reconocido en el artículo 20.1, letra d) de la Constitución española. Por ello, es necesario que la legislación audiovisual reconozca expresamente el derecho de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a comunicar información sobre los acontecimientos deportivos y de este modo proteger el derecho a la información de todos los ciudadanos como derecho prioritario, tal y como se señala en la exposición de motivos de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.

Señorías, este derecho a la información posibilita que millones de ciudadanos puedan escuchar las retransmisiones deportivas narradas por su locutor favorito en las diferentes emisoras, como ha ocurrido siempre en España. Es un derecho de los ciudadanos y mediante este reconocimiento expreso en la ley el Gobierno cumple uno de sus compromisos y además reconoce a las radios su derecho a comunicar y a los clubes de fútbol a cobrar por el uso de sus instalaciones y por los gastos en los que se incurriera por el funcionamiento. Por tanto, los beneficiarios son los ciudadanos.

Por todo ello, señoría, en nombre del Gobierno solicito de esta Cámara la convalidación del real decreto-ley en los términos en los que ha sido expuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario Socialista, en cuya representación tiene la palabra el señor Gordo Pérez.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.

Si esta mañana se decía aquí que hoy era un día negro para el Estado del bienestar, también podemos decir que hoy es un día aciago para los derechos y libertades que se manifiestan a través de la radiotelevisión pública. El real decreto-ley que hoy se remite a esta Cámara por parte del Gobierno solamente tiene un objetivo, y el objetivo es hacer un uso partidista de Radiotelevisión Española. El objetivo es hacer de Radiotelevisión Española una televisión de partido, lo que representa una falta de respeto a la institución, una radiotelevisión de partido como ya lo son Telemadrid o Canal 9 en comunidades donde gobierna el Partido Popular. Con esta decisión se pone de manifiesto un importante déficit democrático del actual Gobierno del Partido Popular. Se trata de un error, un inmenso error. Es un error jurídico, es un error institucional, es un error democrático; significa, sin duda, un retroceso y un ataque directo a la independencia y el pluralismo que ha presidido durante estos últimos años la gestión de Radiotelevisión Española. Supone un duro golpe a los consensos institucionales de esta Cámara. Ustedes han faltado a la palabra. ¿Quién se puede fiar de la palabra del Partido Popular? El Grupo Parlamentario Socialista, desde luego, no. (Aplausos). Y mucho tendrán que cambiar las cosas para que sea así. Este real decreto-ley, en su fondo, hace saltar por los aires el actual modelo institucional de independencia, neutralidad y objetividad, objetivo de la ley que ahora se reforma por la puerta de atrás.

A lo largo de estos últimos meses ustedes han dado ante la opinión pública distintos motivos para dictar este real decreto-ley: urgencia, bloqueo, parálisis, crisis económica... Motivos todos ellos falsos, motivos que son argumentos de mal pagador, porque ni hay urgencia, ni hay bloqueo, ni hay parálisis, ni hay un grave riesgo de incumplimiento de las prestaciones del servicio público que justifique este golpe de mano. Además, en los últimos dos meses han hecho una campaña escandalosa de descalificación a la institución y a sus profesionales solamente para justificar su decisión y escenificar la ruptura. Ahí está la hemeroteca, el único calificativo que cabe es de campaña impresentable, de una actitud impresentable que no es de recibo en un Estado democrático. Porque aquí solamente hay un motivo y es el control de la Corporación Radiotelevisión Española, un control económico y político para hacer de nuevo de la radio y de la televisión pública una televisión de partido y volver al pasado, volver a la televisión de Aznar y del señor Urdaci. Y el Partido Popular, ustedes y su Gobierno, tienen un problema. ¿Sabe cuál es su problema, señor ministro? Tienen un problema claro, que ustedes y su Gobierno tienen una enorme dificultad para gobernar sin controlar la radiotelevisión pública. No saben gobernar sin controlar la radiotelevisión pública, la necesitan porque para ustedes es una herramienta clave de manipulación y de complemento de su acción de gobierno. Forma parte de su cultura, sí, y así lo pusieron de manifiesto los Gobiernos anteriores del señor Aznar y también de las comunidades autónomas donde han gobernado y gobiernan. Es su cultura, está en su gen político la manipulación, la utilización de la televisión para persuadir de su acción de gobierno.

En este real decreto que hoy nos traen ustedes a convalidación no se da ninguna de las circunstancias que exige el artículo 86 de la Constitución española, pero además rompe el consenso institucional. Ustedes saben muy bien que cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros se estaba en pleno proceso de negociación para la elección y renovación de los órganos de la corporación; lo saben. El PSOE no ha roto las negociaciones y, en consecuencia, no ha bloqueado; quien ha bloqueado ha sido el Partido Popular. Bloqueó la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española desde enero de 2010 sin justificación alguna, salvo el rédito político que les podría dar este bloqueo. Lo mismo que ha bloqueado


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también la constitución de otros órganos constitucionales. Posiblemente a ustedes les venga bien, pero no es lo que le interesa al pueblo español. Y lo han bloqueado hasta tener la fortaleza suficiente para nombrar a quien querían, para controlar la radiotelevisión pública, que es lo que les interesa, y así poder manipularla. Ustedes, señorías, el Gobierno del Partido Popular, han gubernamentalizado la radiotelevisión pública, ha cambiado la necesidad de concurrencia de mayorías reforzadas que garantiza el acuerdo, al menos entre los dos grandes grupos pero también entre el resto de los grupos, para la elección del máximo responsable y de los miembros de la corporación. Además, han dinamitado el actual modelo de pluralismo e independencia que recogía el espíritu de la ley que regula Radiotelevisión Española. Con este modelo que usted defiende hoy aquí, señor ministro, abandonamos el modelo europeo de radiotelevisión pública que siguen los países más avanzados.

Pero, no contentos con esto -usted ha hecho referencia a ello-, ya no solamente cambian el modelo sino que, además, tienen otro objetivo: asfixiar económicamente a Radiotelevisión Española. Una asfixia que es irreflexiva, desmesurada y desproporcionada y que está en contra de la lógica económica. En estos momentos nosotros, los socialistas, entendemos más que nunca que hay que apretarse el cinturón, que hay que ajustar el presupuesto de Radiotelevisión Española, pero ustedes han planteado de manera unilateral un recorte de 204 millones de euros, cuando además este año hay Olimpiadas que suponen un gasto de 80 millones de euros. Un recorte en asignación directa de más del 40 % -hay que tener en cuenta que la media de los ministerios está en el 12 %-, un presupuesto que, a día de hoy, ya está comprometido en más del 98 % un presupuesto imposible de cumplir, un presupuesto que nace muerto. Y es que ustedes, está claro, tienen la firme voluntad de hacerse trampas en el solitario y avanzar hacia la eliminación de la televisión pública y de las televisiones autonómicas. Lo decía su compañero el señor Elorriaga en febrero de 2011, en un diario de opinión política: Hemos de eliminar las televisiones públicas. Y están en ello. (El señor Moreno Bustos hace signos negativos). Sí, señor Moreno, están en ello y se lo demostré el otro día; además, los resultados cantan: después de ser líderes durante cincuenta y tres semanas, Televisión Española ha dejado de ser líder y con el Partido Popular ha bajado la calidad y la audiencia de Televisión Española en estos cuatro meses de gobierno. (Aplausos). Lo tienen que reconocer porque ahí están las cifras. Además, van buscando un modelo de televisión pública sin público, con lo cual ya tienen en parte el camino andado y resuelto, porque lo que quieren es eliminar la televisión pública. Además, a ustedes que tanto se les llena la boca de hablar de España... (Un señor diputados: ¡España!-Rumores). Sí, sí, a ustedes no les interesa una Radiotelevisión Española que cohesione social y territorialmente nuestro país, que haga más España; en definitiva, que preste un servicio público para los ciudadanos de todo el territorio del Estado español. Porque ustedes lo que quieren es una televisión de partido como Telemadrid o Canal 9, o una televisión digital de las muchas que hay que lo único que hacen es vender su ideario político. La prueba del nueve es que tanto el portavoz presente de Radiotelevisión como otros cargos del Partido Popular han llegado a decir que no se nota que está gobernando el Partido Popular. Efectivamente, esta es la prueba del nueve de la neutralidad y la pluralidad, de la no manipulación, de un modelo muy distinto de Radiotelevisión Española, esta es la prueba del nueve. Ustedes lo que quieren es que se note que gobierna el Partido Popular, ¿cómo? Manipulando, manipulando, sí, señorías. (Rumores.-Aplausos). Sin duda, el modelo es mejorable, pero teníamos el liderazgo de audiencia en 2010, el reconocimiento generalizado de la calidad e independencia y el equilibrio presupuestario y ustedes lo que están haciendo es destruir y dinamitar. Además, ustedes han instrumentalizado la negociación para fines propios Negociar es llegar a acuerdos, el firme compromiso, acordar la no imposición. Nosotros no vamos a aceptar imposiciones y ustedes no han querido negociar, ustedes han querido instrumentalizar las negociaciones manipulando la realidad para buscar un pretexto que pueda venderse ante los medios de comunicación y los ciudadanos como justificación de lo injustificable.

El señor presidente del Gobierno, el señor Rajoy y el secretario general de nuestro partido, el señor Rubalcaba, se dieron un plazo hasta el mes de junio para negociar el nombramiento del presidente de la Corporación Radiotelevisión Española y además se hizo público; este acuerdo fijó los límites temporales. Dígame, señor ministro, qué ha ocurrido, por qué lo que antes no era urgente después lo fue. ¿Quizá porque para ustedes la urgencia consiste en imponer su voluntad? Díganos, por favor, por qué se ha roto unilateralmente el pacto y han instrumentalizado la negociación.

Además traen aquí un real decreto-ley que no sustenta ninguno de los argumentos, ninguno responde a circunstancias de extraordinaria necesidad. No es una extraordinaria y urgente necesidad no esperar a junio, tal y como se había pactado, para que la ley impida que el presidente deba ser elegido por una mayoría de dos tercios, más cuando llevan nueve meses sin presidente; porque, además, ustedes no han querido pactar, ustedes han bloqueado expresamente. No es una extraordinaria y urgente necesidad que la corporación apruebe sus presupuestos porque la corporación tiene presupuestos con una no disponibilidad, como ha dicho el señor ministro, de 204 millones de euros. Por tanto, presupuestos prorrogados. Y no es una extraordinaria y urgente necesidad la formulación de las cuentas cuando las cuentas se tienen que entregar al presidente de la SEPI antes del 30 de junio. Por tanto, había tiempo. Y, desde luego, no es una extraordinaria y urgente necesidad modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, ni es urgente ni es necesario ni es conveniente. La elección de


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sus miembros por una mayoría cualificada de dos tercios es la garantía del máximo órgano de gobierno, de la corporación y por tanto del medio en sí mismo. Cambiar esto es dinamitar el modelo plural e independiente. Según esta reforma, el Gobierno del Partido Popular, apoyado en la mayoría absoluta que tiene en este Parlamento, puede elegir al presidente de la corporación y a todos los miembros de Radiotelevisión Española, a todos; es una decisión gubernamental. ¿Dónde queda el margen de negociación? Díganoslo, ¿dónde queda el margen de negociación? ¿Dónde queda el pluralismo? ¿Dónde queda la independencia? Señorías, no nos pueden tomar el pelo, y mucho menos a los españoles. Una vez más, el Partido Popular utiliza la mentira como herramienta de acción política, y esto, en democracia, no vale, simplemente no vale. Los españoles se merecen un respeto.

Además, señor ministro, usted ha utilizado la falacia como argumento de decir que da continuidad al criterio seguido en la ley que regula Radiotelevisión Española. No es cierto, porque la Ley 17/2006, que ya contempló la posibilidad de recurrir a la mayoría absoluta si no se lograba una mayoría, lo hizo porque esta cláusula era necesaria para que hubiese consejo. Le recuerdo que entonces no existía consejo. Por cierto, no hubo nunca necesidad de aplicarla. Durante dos años, señorías, ustedes han estado, esta vez sí, bloqueando la renovación del consejo y a nosotros no se nos ocurrió nunca cambiar la ley; dos años. Ahora, cuando de común acuerdo se fija un plazo hasta junio, dos meses, ustedes rompen la baraja. No es una cuestión de urgencia, sino de convicciones democráticas, de creer en el modelo público de Radiotelevisión Española.

Señorías -y con esto concluyo-, no nos engañen una vez más. Ni hay urgencia ni hay bloqueo ni hay parálisis ni hay un grave riesgo de incumplimiento de la prestación del servicio público. Lo que hay es un interés desmedido y una voluntad decidida de controlar políticamente la radiotelevisión pública. Quieren controlar el nombramiento de sus órganos de Gobierno y quieren controlar su gestión. Quieren evitar la transparencia, el pluralismo, la neutralidad y la independencia. En definitiva, quieren manipular la información de la radiotelevisión pública porque, lo reitero, lo necesitan para gobernar.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señor presidente. Insisto, forma parte de su gen político la manipulación de los medios de comunicación para poder gobernar.

Les anuncio que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir que este real decreto-ley se tramite como ley ordinaria. Le pedimos, le exigimos, señor ministro, que en aras del consenso, en aras del espíritu democrático, en aras de la defensa del derecho a la libertad de expresión, devuelvan este real decreto.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor GORDO PÉREZ: Voy, señor presidente. Un derecho que además garantiza el artículo 20 de la Constitución española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gordo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, mal día ha elegido el Grupo Parlamentario Socialista para venir a esta Cámara a hablar de día aciago para los derechos y libertades de la información. Mal día, puesto que, de entre los dos aspectos que trae este real decreto-ley que se somete a convalidación, uno de ellos tiene como objeto nada más y nada menos que los profesionales de la información puedan volver a los estadios y recintos deportivos a retransmitir libremente espectáculos deportivos que una ley del Gobierno socialista les impidió. (Aplausos). Mal día, mal día para dar lecciones. Pero no ha sido el único error en el día. Dicen que el objetivo del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación es hacer un uso partidista de Radiotelevisión Española. Pues no, uso partidista de la Radiotelevisión Española es el que durante los años que estuvieron en el Gobierno ha hecho el Partido Socialista y que además pretende seguir haciéndolo en los años que está en la oposición. (Aplausos). Eso sí que es un uso partidista de la radio y televisión públicas.

Cuando hablan de que lo que pretende el Gobierno es hacer una televisión partidista, les diría: ¿se han olvidado ya de cuál era la manera en la que se gestionaba la televisión pública en Castilla-La Mancha? (Rumores). ¿Se han olvidado de cómo siguen gestionando la televisión pública en Andalucía? ¿Se han olvidado de cómo gestionaban cuando gobernaban la televisión pública en Extremadura? (Aplausos). Y así sucesivamente. Ese es el ejemplo de utilización partidista. (Aplausos). ¿No será, señorías, que a quienes hoy con tanta intensidad se oponen a una norma que lo único que pretende es desbloquear el funcionamiento normal de Radiotelevisión Española lo que les interesa es persistir en esa situación de bloqueo porque, de procederse a una modificación, ya no podrían seguir manipulando desde la oposición? (Aplausos). ¿No será más cierto que eso es lo que pretenden conseguir?

En su exposición dicen que no hay bloqueo en el día de hoy. (Rumores). Pues sí, sí que hay bloqueo y se lo voy a decir. Para que vean si hay o no bloqueo, de acuerdo con informes de la Abogacía del Estado, ¿cuáles son las funciones que hay hoy en la Corporación Radiotelevisión Española? La Ley 17/2006 atribuye al Consejo


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de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española, entre otras, las siguientes competencias: uno, la representación y administración de la Corporación Radiotelevisión Española y la dirección estratégica del grupo empresarial. Dos, formular las cuentas anuales del ejercicio y proponer la aplicación de resultados. Tres, aprobar el proyecto de presupuestos anuales de explotación y capital de la Corporación Radiotelevisión Española y de las sociedades filiales, así como formular el programa de actuación plurianual de la Corporación Radiotelevisión Española en los términos de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos. Nombrar y cesar al equipo directivo de primer nivel de la Corporación Radiotelevisión Española. Lo repito, nombrar y cesar al equipo directivo de primer nivel de la Corporación Radiotelevisión Española y autorizar el nombramiento de las sociedades filiales, a propuesta del presidente de Radiotelevisión Española de los siguientes responsables -y fíjense-: el director general corporativo, el director general de Televisión Española, el director general de Radio Nacional de España, los miembros del comité de dirección, excepto el director de gabinete del presidente de la corporación. Por tanto, y fíjense si es importante o no lo que pretendemos desbloquear, también el director de programación y contenidos, el director de programas informativos, el director de deportes de Televisión Española, el director de medios interactivos de Televisión Española, el director de medios técnicos de Televisión Española, director de la asesoría jurídica, director de comunicación, director del área de cine, director de recursos humanos, director de planificación e innovación tecnológica, director de organización, director del centro de producción de programas de Televisión Española. Así, impidiéndose el nombramiento y desbloqueo de todos estos responsables se dice por parte del Grupo Parlamentario Socialista que no hay una situación de bloqueo. Pues ya me explicarán cuál sería entonces la situación de bloqueo. Al propio tiempo, no solo están bloqueados esos nombramientos, sino que además hay determinadas competencias que le son propias al presidente de la Corporación Radiotelevisión Española. La Ley 17/2006 atribuye al presidente, una vez designado, el ejercicio, entre otras, de las siguientes competencias: preparación de la formulación de las cuentas anuales de cada ejercicio económico; ejecución de los acuerdos del consejo de administración; elaboración del anteproyecto presupuestario; aprobación y celebración de actos, contratos y negocios jurídicos; dirección y coordinación de actividades de órganos directivos y proposición al consejo de administración del nombramiento y cese de los directivos de primer nivel. Pues bien, señorías, también conviene saber que hay un informe de la Abogacía del Estado al respecto que señala lo siguiente: Mientras se encuentre vacante el cargo de presidente de la Corporación Radiotelevisión Española el presidente interino no ostentará ninguna de las facultades de dirección ejecutiva ordinarias, pudiendo ejercer únicamente las funciones propias de la presidencia del órgano colegiado. Es decir, según el Grupo Parlamentario Socialista, no hay bloqueo en la Corporación Radiotelevisión Española. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Se pueden convocar reuniones, se pueden dirigir debates -no los de televisión, los de las reuniones-, el ejercicio del voto de calidad en caso de empate y la autorización de actas, entre otras cosas. De facto hay una parálisis total en el funcionamiento normal de la Corporación Radiotelevisión Española. Dicen sus señorías que este real decreto-ley que traemos a convalidación es impresentable en términos democráticos. Señorías, ¿no será más cierto que en términos democráticos lo que no es muy presentable -creo que no es nada presentable- es que quienes tienen una clara minoría parlamentaria pretendan seguir bloqueando la situación de la Corporación Radiotelevisión Española para que puedan seguir en sus responsabilidades aquellas personas que nombraron? (Aplausos). ¿No será acaso más cierto eso?

Señoría, manifestaba usted que lo que el Gobierno planea o hace es una asfixia económica a Radiotelevisión Española. De eso, al menos hoy, mejor que no hubiera hablado, porque quiero recordar ante esta Cámara que no fue un gobierno del Partido Popular sino del Partido Socialista quien modificó los términos de la Ley de Financiación de la Radiotelevisión Española para que no pudiera financiarse con publicidad. Eso lo hizo un gobierno del Partido Socialista. Digo más; el Partido Socialista estableció dos métodos de financiación: Presupuestos Generales del Estado y que pagaran otra parte de la financiación las operadoras de telefonía mediante una tasa. Por cierto está recurrida ante las instancias europeas. A ver cómo queda la resolución del recurso. Es verdad que ha habido una disminución en la partida presupuestaria que está encaminada a la financiación del ente Radiotelevisión Española. ¿Hay alguien que esté pensando que en la situación de incumplimiento flagrante de déficit público, por parte por cierto del anterior Gobierno, hoy pueda haber reducciones de gasto público en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los cabildos, en las comunidades autónomas, en el Estado y que en cambio no haya disminución de presupuesto en el ente Radiotelevisión Española? ¿Hay alguien que lo esté planteando? El Gobierno desde luego no, y esa es la razón por la cual en el caso de Radiotelevisión Española se ha procedido, tanto en el acuerdo de no disponibilidad como en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a una disminución en torno a 200-203 millones de euros.

Hablaba usted del modelo de la televisión pública del Gobierno del Partido Popular. Pues lo tenemos muy claro: una televisión pública a nivel nacional que sea seria, eficaz y eficiente en el sentido de poder dar la máxima calidad posible con los recursos públicos que estén disponibles. Eso a nivel nacional. A nivel autonómico hemos procedido a una modificación de la ley con el fin de que las autonomías que así lo deseen puedan optar entre tener televisión pública o no tenerla; si la tienen puedan optar entre gestión directa o gestión indirecta y si la tienen y no la quieren tener puedan optar


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también por venderla. El Gobierno no obliga absolutamente a ninguna comunidad; ahora bien, si hay alguna comunidad autónoma gobernada por cualquier fuerza política -el Partido Popular, el PSOE o cualquier otra- que tenga una televisión pública y no pueda financiarla porque hay poco dinero y necesita dedicar esos recursos a la educación, a la sanidad o a la dependencia y quiera vender, privatizar, el servicio, que no deje de hacerlo por el hecho de que no tiene el marco adecuado para hacerlo. Esa es la razón por la cual el Gobierno de la nación en su día también modificó ese marco jurídico para que las televisiones autonómicas puedan hacer lo que estimen oportuno. Nuestro modelo de televisión pública es un modelo nacional; es un modelo distinto al que hay, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde gobierna su partido. ¿Sabe usted cómo llaman desde hace algunos días a la radio canaria? Radio nacional de Canarias. No sé si eso entra dentro de su modelo, pero la verdad es que nos parece insólito. Lo que ha sido Radio Autonómica de Canarias desde hace unos días es Radio nacional de Canarias. (Aplausos).

Señorías, el único objetivo que tiene este real decreto-ley es proceder al desbloqueo de una situación que ya no se puede mantener por más tiempo. Era necesario proceder a esta modificación. Decía usted que en la ley del año 2006 hubo una previsión para que en el caso de que hubiese un bloqueo y no se pudiera proceder a la elección del presidente -del primer presidente- pudiera actuar el mecanismo de la mayoría absoluta y no el de los dos tercios. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Por qué entonces el Gobierno era partidario de un mecanismo que posibilitaba pasar de la mayoría de dos tercios a la mayoría absoluta cuando esta se configuraba en torno al Grupo Parlamentario Socialista y, en cambio, no es partidario ahora de pasar de la mayoría de dos tercios a la mayoría absoluta para evitar también una situación de bloqueo cuando la mayoría absoluta se configura no en torno al Grupo Parlamentario Socialista sino al Grupo Parlamentario Popular? Tengo la respuesta, que es muy clara y obvia: si procedemos a un desbloqueo de los órganos de gobierno de la Corporación de Radiotelevisión Española algunos ya no podrán seguir dando instrucciones a aquellos que nombraron en su día justamente para seguir haciendo una televisión poco plural y manipulada en algunos aspectos. (Aplausos). Señorías, el objetivo del presente real decreto-ley que se trae para convalidación es que se pueda desbloquear la situación y proceder al normal funcionamiento del ente, entre otras cosas, aprobar las cuentas y los presupuestos.

Acabo. Señorías, ustedes podrán dar lecciones de muchas cosas, pero hay cuestiones sobre la que desde su grupo no puede dar lecciones -al menos al nuestro- de genética sobre pluralismo y manipulación. Si usted quiere de verdad recibir una lección relativa a manipulación, el único ejercicio que le recomendaría es que se plante usted delante de un espejo y verá realmente la expresión de la manipulación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, si algo ha quedado claro es que ustedes lo tienen claro; su modelo de televisión pública es un modelo de manipulación política para tapar la libertad de expresión. (Aplausos). Yo no sé cómo denominan a la radiotelevisión canaria o a la radio canaria, pero a usted posiblemente le puedan poner el apodo del ministro pirómano, porque ustedes lo que han hecho ha sido incendiar la Radiotelevisión Española, pero no lo van a poder apagar. (Rumores). Sí, sí, sí; ustedes lo que han hecho ha sido incendiarla. Lo que ustedes quieren -vergüenza toda, y toda la dignidad democrática del mundo- es manipular la radiotelevisión pública. ¿Para qué? Para que las cargas policiales de Valencia no se vean (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores), para tapar la reforma laboral y los miles de despidos, para tapar los recortes sanitarios y los despidos de los trabajadores; para eso lo quieren. Se lo he dicho antes, forma parte de su genética, de su cultura política. Ustedes necesitan gestionar y manipular la radiotelevisión pública para demostrar a los españoles cómo gobiernan porque, si no, no pueden; es consustancial con sus genes, y se equivocan. Por cierto, señor ministro, nosotros nunca impedimos la entrada en los estadios, nunca; eso lo dice usted. Ustedes lo que ponen de manifiesto es una clara insensibilidad con el modelo de servicio público homologado en el resto de Europa y que tenía España. Mire usted, señor ministro, no sé si de esto entiende mucho o poco, pero tras treinta años de democracia por primera vez el anterior Gobierno socialista emprendió lo que se ha denominado desarme unilateral en el año 2004. Es decir, por primera vez hemos ido a una radiotelevisión plural, neutral, independiente (El señor Grau Reinés: ¿Cuál? ¿Cuál?-Rumores.-Aplausos), donde dimos entrada en el consejo de administración a sindicatos, a amplios órganos de Gobierno. (El señor Grau Reinés: ¡Venga ya!). Esto les molesta, claramente les molesta. Lo que han hecho durante estos dos últimos meses ha sido articular una campaña para instrumentalizar la negociación. (Rumores). Estábamos hablando, habíamos empezado a hablar, pero ustedes no querían, porque lo que realmente querían ustedes era un claro cambio, un bloqueo, pero el bloqueo de ustedes. Explíqueme, señor ministro, cómo puede usted hablar de bloqueo cuando desde enero de 2010 ustedes han estado bloqueando la designación de los miembros del consejo de administración. ¿Qué pasa que tienen dos caras, Mister Hyde y el doctor Jekyll, en función de si están o no en el Gobierno? (Aplausos). Eso se llama falta de respeto democrático o reminiscencia de tiempos pasados, si ustedes lo prefieren.

Ustedes han mentido y han dado el argumento de la urgencia. El acuerdo estaba planteado para junio. Estamos a cinco o seis días de junio, ¿por qué no han


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podido ustedes esperar a junio? ¿Por qué han actuado de una manera unilateral? ¿Por qué? Díganoslo, señor ministro; díganos por qué han actuado de una manera unilateral, por qué han quebrado las reglas del juego. Díganoslo, señor ministro, ¿porque les interesaba o porque les molestaba este modelo de radiotelevisión pública transparente y plural? Por cierto, es un modelo ampliamente aceptado por la población española y que además cohesiona y equilibra territorialmente al Estado español, crea más España. ¿Les molesta crear más España, ayudar a contribuir con la radiotelevisión pública a cohesionar España? Díganlo. Además me habla usted del modelo de financiación, un modelo de financiación que por cierto ha funcionado. Ahí tienen las cuentas, y con el modelo de financiación hay equilibrio, ha habido equilibrio. Si hay algún problema, díganoslo; se puede hablar, se puede modificar, se puede cambiar. Además usted nos hace un planteamiento. Le puedo aceptar el planteamiento de llegar a un acuerdo sobre mayoría absoluta. Lo tienen muy fácil para llegar a un acuerdo sobre mayoría absoluta, retire el real decreto-ley. Habremos llegado a un acuerdo, intentaremos consensuarlo y, al mismo tiempo, estaremos contribuyendo, como le ofrecían el secretario general y el presidente de nuestro grupo, a un acuerdo de diálogo en un momento en el que los españoles necesitan más diálogo que nunca, en el que los grupos políticos tenemos que ir unidos no solo para trabajar conjuntamente para salir de la crisis sino también para potenciar una radiotelevisión pública plural, independiente, una radiotelevisión pública de calidad y no una radiotelevisión al servicio del partido, como ustedes quieren y están planteando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, si algo ha quedado claro en el debate del día de hoy es que el Grupo Parlamentario Socialista no desea que haya una renovación en los órganos de la Corporación de Radiotelevisión Española y que desean, en cambio, que persista una situación que, por lo que acaba de decir, les es claramente favorable. En cambio, lo que persigue el Gobierno con este real decreto-ley es desbloquear una situación, utilizando además una cláusula contenida en la ley vigente del año 2006, en virtud de la cual ya se decía entonces que en caso de bloqueo no operarían los dos tercios, sino la mayoría absoluta. (Rumores). Esta es la gran diferencia que hay en el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. Le voy a decir una cosa: es legítimo. Es legítima y hasta entendible la posición que tienen; al fin y al cabo ahora mismo todas las personas que están nombradas en lugares de responsabilidad en la Corporación de Radiotelevisión Española lo fueron por el Partido Socialista. Desde ese punto de vista, no le voy a restar legitimidad; permítame solo una cosa, que no esté de acuerdo con ello. (Aplausos). No solo es cierto que el Gobierno de la nación desee una radiotelevisión española más plural, sino que lo que queremos realmente es que, en tanto herramienta pública de comunicación, pueda explicar con objetividad lo que es la reforma laboral, la estabilidad presupuestaria, la lucha contra el déficit público y la reforma energética. (Aplausos). Claro que lo queremos, pero eso, señorías, muy probablemente es lo que le venga mal al Grupo Parlamentario Socialista, porque así probablemente lo que se ponga de manifiesto es eso a lo que usted tantas veces ha aludido, la manipulación. No solo no queremos controlar ningún tipo de ente público, sino que a lo único que aspiramos es a que pueda funcionar ese ente público.

El bloqueo lo han impulsado particularmente a lo largo de estos últimos meses. En primer lugar, adujeron que tenían el congreso federal y que, por tanto, preferían esperar su celebración. Al final lo que ha ocurrido es que se utilizó también Radiotelevisión Española para ir unos contra otros; creo que alguien en su partido podría darles muchos más detalles de los que yo pueda darles a este respecto. (Aplausos). Luego dijeron que había que esperar a la celebración de las elecciones andaluzas, y bien que vimos el motivo. Durante la campaña electoral de las elecciones andaluzas allí no se hablaba del escándalo de los ERE, allí no se hablaba de la comparecencia permanente de los miembros del Gobierno. De lo que se hablaba en Radiotelevisión Española era de otras cosas. (Aplausos). Ahora, que ya ha pasado el congreso federal y las elecciones andaluzas, dicen: Mientras sigamos en esta posición, ¿por qué no vamos a mantenernos? No, no podemos; ahora no podemos porque la responsabilidad política del Gobierno es desbloquear el funcionamiento de cualquier organismo de carácter público y, desde ese punto de vista, la Corporación de Radiotelevisión Española no es una excepción. Esa es la razón por la cual le reitero el deseo de recabar el apoyo de esta Cámara para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Comenzamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, no sé si a lo largo de este debate, cuya densidad argumental creo que es inversamente proporcional a su extensión -al menos hasta el momento un debate largo-, conseguirán el voto de algún otro grupo parlamentario. Es más que probable que en estos momentos estén negociando algún apoyo. Lo que no creo es que vayan a convencer de que el objeto principal de este real decreto es otro que el del control partidario -se ha dicho en esta tribuna-, y yo diría que


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político, de la Corporación Radiotelevisión Española. La mayor dificultad a la hora de tratar de convencer de lo contrario a los aquí presentes radica en el propio texto de este real decreto, el que nos presentaron el pasado mes de abril, que contiene cuatro o cinco páginas de exposición de motivos y dos artículos. El primero de ellos en extensión, el más denso y el más importante, en lo único que trabaja es en la elección del presidente y lo que en cascada se deriva de ello, la elección de presidente de Radiotelevisión Española, en unas condiciones que el Partido Popular en estos momentos considera ventajosas. Lo son; lo son para el Partido Popular, para el partido del Gobierno. Por lo tanto, señor ministro, difícilmente desde la lectura de este texto se nos va a convencer de que el objeto no es otro que el que señalaba en esta tribuna.

Geroa Bai va a votar en contra de este real decreto, primero y fundamentalmente porque no existe otro motivo para el cambio de la ley que la intención de realizar un uso partidario de Radiotelevisión Española; eso, por cierto -quiero apuntarlo-, sin que suponga un juicio de valor previo a la labor que realice el nuevo presidente, cuando sea nombrado. No tiene otro sentido, máxime cuando el modelo hasta ahora vigente y aprobado por consenso amplio -muy amplio, ministro- caminaba en la línea de cierta independencia profesional similar al de otras cadenas, o teniendo como referente otras cadenas europeas de referencia mundial y, sobre todo, que había tenido el refrendo de la audiencia, como lo ha tenido durante estos años. En todo caso, se realiza el cambio de la ley exclusivamente para controlar políticamente, y no nos han presentado un modelo de viabilidad. Es un real decreto con solo dos artículos y sin un modelo de viabilidad. Todo esto representa una absoluta falta de respeto a los profesionales del medio, que han venido demostrando su capacidad en un escenario de dificultades presupuestarias. Como digo, son argumentos más que suficientes para explicar nuestro voto en contra, pero quiero añadir uno más. Esta reforma camina en sentido contrario al de la Directiva Europea sobre Medios Audiovisuales, que introdujo un nuevo concepto regulador más amplio y que trasciende también al ámbito convergente de los medios y servicios audiovisuales. Pese a que el principio de la libre competencia es uno de los ejes centrales de la directiva, corrige los posibles excesos de la Ley de los Mercados, estableciendo como prioritaria la invocación a la diversidad y a la pluralidad. Es decir, Europa, en términos no solo de lógica económica sino también de democracia, solicita un mayor desarrollo y profundidad en la defensa de la libertad de expresión. Esto también, a nuestro entender, en este real decreto es un debate que se cierra con carpetazo.

Votaremos, por lo tanto, en contra, o a favor si así lo solicitara algún grupo para que se tramite como proyecto de ley este real decreto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé si he entendido este debate o lo que hemos visto del mismo hasta ahora, este partido de ping-pong, este toma y daca sobre quién controla Radiotelevisión Española, si el PP o el PSOE. ¿Y el Parlamento? ¿Y los profesionales de la televisión? ¿Y la gente, la ciudadanía? Yo creo que el control parlamentario, como representantes de los electores que somos, es lo que se tendría que estar discutiendo en esta Cámara. En cualquier caso, nos encontramos de nuevo hoy, por tercera vez, ante otro decreto imperial -de la antigua Roma- que, bajo el nombre de modificación del régimen de administración de la Corporación de Radiotelevisión Española, representa un golpe de mano a la libre información en este Estado. Por un lado, pues, tenemos que lamentar que este real decreto-ley disminuya el poder de los representantes del pueblo por medio de esta Cámara para ejercer un control sobre esta televisión pública que pagamos todos y aumente los poderes palatinos de La Moncloa, del Ejecutivo español para intervenir en estas emisoras de radio y de televisión públicas.

Aplicar una mayoría absoluta en la decisión de quién compone el Consejo de Administración que controla Radiotelevisión Española es claramente un abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara que huele a macarthismo, huele a caza de herejes. Ya hemos visto otros episodios, y este es uno más. Ya vimos cómo se expulsaba a diputados de la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales; ya vimos como en Cataluña presionan para que se expulse a la directora de TV3, Mònica Terribas, una gran profesional, admitido por consenso, y ahora vemos cómo se expulsa la pluralidad misma, la pluralidad informativa de Radiotelevisión Española.

Este es el modelo de televisión de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Volvemos al modelo de televisión que vimos con Alfredo Urdaci, con los grandes profesionales de la televisión -porque hay grandes profesionales que sostienen estos medios de comunicación- sometidos a un modelo de manipulación informativa, tragándose la píldora amarga del modelo orwelliano, del the Big Brother is watching you, del Gran Hermano que os vigila y que os controla. Por otro lado, aprovechando que el Llobregat pasa por Sant Vicenç dels Horts, garantizan que las radios puedan acceder a los estadios de fútbol. Enhorabuena, pero eso tiene todo el aspecto de ser el panem et circenses que acompaña la primera parte del decreto. Por un lado se cargan el respeto a la verdad y acto seguido lo compensan con las rejas abiertas en los coliseos. Esa suma de censura más leones equivale a la vieja dictadura informativa de siempre. ¿Es eso lo que quieren? Allá ustedes, pero sepan que eso se paga caro. Ya lo pagaron muy caro ustedes el 11-M, cuando se culminó un modelo informativo similar al que están promoviendo ahora. El precio más alto -eso es lo que nos sabe mal- no es el que pagará el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular con este tipo de modelo; es el que pagarán los electores y los


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espectadores; el que pagaremos todos con nuestro tedio y nuestro hastío. Por eso, porque tendremos la televisión pública peor, más aburrida y llena de monólogos políticos, recurrimos para terminar a Las Catilinarias de Cicerón diciéndoles a ustedes: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señorías del PP, abusarán de nuestra paciencia?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, hoy nos trae el Gobierno para su convalidación otro real decreto-ley, en este caso el 15/2012, de 20 abril, de modificación del régimen de la administración de la Corporación Radiotelevisión Española, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. El real decreto-ley, a pesar de ser breve, incluye una serie de cuestiones, o de mentiras, o al menos de no verdades, cuya localización en el texto nos permite entretenernos un rato. He de reconocer que personalmente me he divertido al estudiarlo. En primer lugar, porque el título no refleja del todo el alcance del real decreto-ley. En el mismo no se incluye la reforma de la Ley 7/2010, a la que dicho real decreto también afecta, que es la modificación legislativa con la que se pretende facilitar el acceso de las radios a los estadios y recintos deportivos. En segundo lugar, porque se justifica la urgente necesidad en la deteriorada situación de los órganos rectores de la Corporación Radiotelevisión Española y en el impacto en los costes y en la propia actividad de la televisión pública. Sin embargo, no me negarán que esta necesidad viene ya de lejos. Si antes también era necesaria y urgente la modificación de la Ley 17/2006 y no se modificó, no veo que precisamente ahora la supuesta urgencia obligue a que la modificación se tramite como proyecto de ley. Por ello, más que la urgente necesidad, que también existía hace unos cuantos meses, este real decreto-ley forma parte de un modo de hacer, de un proceder de marcha militar que el PP ha impuesto a la producción legislativa tratando de evitar el debate, las enmiendas y haciéndonos un flaco favor tanto a los parlamentarios como al propio sistema democrático. Y en tercer lugar, se falsea al decir que se respeta la independencia, neutralidad y objetividad cuando se pasa de exigir una mayoría de dos tercios en la Cámara para elegir al presidente y a los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española a una simple mayoría absoluta, que está casi siempre en manos del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, en este caso del PP, pero que en el futuro lo será posiblemente del PSOE. Lo que es cierto es que nunca será del Partido Nacionalista Vasco. Tampoco contábamos antes para formar esa mayoría de dos tercios, pero antes del cambio, antes de esta reforma, el PSOE y el PP tenían que ponerse de acuerdo en los nombramientos. Ahora basta con la sola voluntad del Partido Popular y en el futuro puede ser que del Partido Socialista. Por lo tanto, el presidente y los consejeros de Radiotelevisión Española estarán al dictado de quienes les nombren y a nuestro juicio eso afectará negativamente a la necesaria pluralidad, diversidad e independencia. Además la experiencia nos dice que la falta de pluralidad e independencia a la que me refiero no es una hipótesis sino una realidad. No nos vendan pues democracia, transparencia y pluralidad cuando va a ocurrir todo lo contrario o al menos existe un gran riesgo de que ello ocurra.

Estamos de acuerdo, sin embargo, en que el número de miembros del consejo es excesivo, en que hay que reducirlo y que los consejeros, salvo el presidente, no deben tener una asignación fija mensual sino una indemnización por el ejercicio de su labor. En el Grupo Vasco creemos también muy positivo solventar el conflicto que se había suscitado con las emisoras de radio al no poder entrar en los estadios y en los recintos deportivos a retransmitir los encuentros. La solución nos parece razonable.

Para concluir, tan solo quisiera señalar que mi carcajada al leer el texto ha subido de tono cuando en el último párrafo del apartado I del preámbulo he leído lo siguiente: "Las modificaciones que se llevan a cabo mediante el presente real decreto-ley garantizan la independencia de la radio y televisión pública que proclama la Ley 17/2006, al mantener la posibilidad de que exista un consenso político en la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española". Es decir, ustedes, señores del PP, presentan los candidatos y no nos impiden al resto de los grupos que los votemos a favor; solo faltaba que no pudiéramos votar lo que nos pareciera razonable. Pero, eso sí, ustedes son los que proponen y dicen: son lentejas, y si quieren las comen y si no las dejan. Pues podría ocurrir, señores del PP, que en este momento en vez de lentejas lo que prefiera son alubias.

Está claro que estamos conformes con la racionalización y con el tema de las radios, pero no lo estamos con la urgente necesidad ni con hacerlo por real decreto-ley y, mucho menos, con alterar las mayorías que nos hagan creer que se mantiene la independencia y la pluralidad y en definitiva la democracia. Somos mayores y por lo tanto, señor ministro y señoras y señores diputados, el Grupo Vasco votará en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que no hay mejor ejemplo del concepto de televisión pública que tienen los dos grandes


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partidos de este país que el propio debate que han mantenido aquí esta mañana, que más que un debate ha parecido una pelea por un hueso. El hueso es la televisión pública y ustedes creen que es de uno o de otro cuando no es de ninguno de los dos, es de los ciudadanos, que la financian y que tienen derecho a través de ella a estar informados, al entretenimiento y a la educación que proporciona una televisión pública.

La verdad es que ha sido bastante lamentable ver cómo se ha podido hablar tanto tiempo sobre quién tiene más culpa, o quién tiene más responsabilidad, o quién es mejor de los dos manipulando, cuando lo cierto es que nosotros -que en ese sentido somos bastante ecuánimes porque todas las televisiones nos tratan mal- sabemos que la responsabilidad es bastante compartida. A nosotros se nos ha excluido de los debates en Canal 9, se nos ha excluido de la información en Canal Sur -lo hemos llevado a los tribunales y lo hemos ganado- y también se nos ha excluido en Televisión Española. Por lo tanto, estamos en condiciones de neutralidad para decir que hay una tendencia general en los dos grandes partidos a convertir las televisiones públicas en televisiones de sus respectivos partidos. Sin embargo, como a mí me gusta -como decía Cioran- distinguir entre los distintos grados de lo deplorable, tengo que reconocer que la Televisión Española de los últimos años ha alcanzado un mayor pluralismo, al menos en la medida en que estaban más atendidos los dos grandes partidos, si bien también tengo que decir a los señores del Partido Socialista que el pluralismo no se consigue con dos partidos sino integrando todas las visiones de la sociedad, incluso las visiones no partidistas. Para ustedes a veces no es fácil entender que no todo el mundo se ve a través de los partidos, que hay otras maneras de contemplar la vida que no tienen nada que ver con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, ni con UPyD; a veces les cuesta integrar esas visiones realmente plurales.

En todo caso, el señor ministro ha defendido un decreto con el que se pretende poner fin a varias situaciones insostenibles. En cuanto al problema de las radios en los campos de fútbol nos parece bien que se haya solucionado y nos parece bien la solución que se ha encontrado, pero perdóneme que le diga, señor Soria, que no nos termina de sentar bien el sermón que nos ha soltado a cuenta del derecho a la información precisamente con el motivo de las radios cuando ese derecho a la información en muchos otros aspectos les cuesta a los profesionales ejercerlo porque el Gobierno no ejerce como debería su deber de informar, de informar a los ciudadanos, de informar a los medios y de informar a esta Cámara en numerosos aspectos que son mencionados a diario por todos los grupos parlamentarios. Se ha solucionado el problema, ya ha terminado la liga, ya tenemos -como decía el señor Bosch- garantizado el circo, a ver si también el Gobierno nos garantiza el pan, que hay días que se ve bastante más complicado.

En cuanto a los sueldos del Consejo de Administración, era una petición que mi grupo ha formulado en dos ocasiones en la Comisión parlamentaria correspondiente y verdaderamente agradecemos al Gobierno que haya tomado esta medida porque por una cuestión de mera ética y de vergüenza ajena pensábamos seguir pidiendo durante toda la legislatura que se redujeran o se eliminaran esos sueldos, así que ahora ya podemos dedicarnos a otras cosas en esa Comisión.

Respecto al aspecto fundamental del decreto, que es el desgobierno que se había creado en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, me deja perpleja que ese desgobierno y esa situación de descabezamiento que había en Radiotelevisión Española se plantee como si fuera un acontecimiento de la naturaleza. Hay una frase del decreto que es particularmente llamativa que dice: Dimitió el primer presidente, dos consejeros han renunciado a su cargo, hay tres vacantes... Y luego, dice: Como consecuencia de los citados acontecimientos... Como si fuera una tormenta, como si nadie fuera responsable, y los citados acontecimientos o, mejor dicho, los acontecimientos que no se citan en el decreto son que ustedes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tenían que ponerse de acuerdo en nombrar los cargos que van quedando vacantes. El acontecimiento no es que el presidente dimitiera, es que al día siguiente ustedes tenían la obligación de nombrar otro y no lo han hecho; tenían la obligación legal. La ley anterior no les invitaba al consenso, les obligaba. Es decir, desde julio del año pasado ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, están incumpliendo la ley y ahora, de repente, vienen ustedes a solucionar esto por la vía de urgencia como si no hubieran tenido tiempo hasta ahora de encontrar una solución consensuada. Da la impresión de que están ustedes incumpliendo la ley hasta el día que se levantan decidiendo que van a cumplirla, pero que van a cumplir una nueva. Son como unos bomberos que estuvieran un año mirando cómo arde un bosque y, al cabo de un año, dijeran: Hay que hacer algo, llamemos a los bomberos. Ustedes son los bomberos que llaman a los bomberos. Había ya una ley que ustedes tenían que cumplir y que les obligaba a consensuar esos nombramientos, los del presidente del consejo y los de los consejeros que estaban y que siguen estando caducados en su mandato. Esa era la obligación que han incumplido, pero además quiero recordar aquí lo que significa el consenso, que también es una palabra que ha quedado desvirtuada sucesivamente por este tipo de nombramientos, no solo en Radiotelevisión Española sino en otros organismos. El consenso significa encontrar un nombre que sea aceptable para todos, a ser posible, idealmente, para todos los miembros de esta Cámara pero si no, al menos por la mayoría que estipula la ley. Significa encontrar un nombre aceptable para todos, no significa repartirse las cuotas en función de intereses partidistas. Eso es el consenso, lo otro son las cuotas que convierten a una televisión pública en una televisión de dos partidos y que, a partir de hoy, será la televisión de un solo partido y será la televisión gubernamental, que es la que usted facilita con este decreto, señor Soria.


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Nosotros somos partidarios de una televisión pública que sea verdaderamente independiente y verdaderamente de calidad, y la cuestión es que se puede conseguir; la cuestión es que hay muchos ciudadanos que ya ven, gracias a la televisión digital y a la televisión por cable, cómo en otros países hay informativos y programas que son verdaderamente independientes de los Gobiernos y que respetan el pluralismo de la sociedad. Y, como se puede hacer, los ciudadanos se preguntan por qué no se hace, y la única explicación para que no se haga es que es un instrumento fabuloso de control de la sociedad. Por eso, no puedo dejar de señalar cómo este decreto revela, además, cuál es la prioridad de este Gobierno y cómo es su manera de gobernar. Ha dicho usted que no es una excepción la situación de Televisión Española, y claro que no lo es. Resulta que el Tribunal Constitucional está en una situación de crisis igual o peor desde el año 2007, señor Soria, desde hace cinco años -el Tribunal Constitucional, que se encarga de amparar los derechos fundamentales de los españoles-, pero eso parece que a ustedes no les corre prisa. En el Tribunal de Cuentas desde el mes de noviembre hay doce cargos por renovar -el Tribunal de Cuentas, que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas, la cuentas de las administraciones públicas en España- y eso tampoco les corre prisa. El Defensor del Pueblo terminó su mandato en 2010 y desde entonces su segunda está ejerciendo ese cargo de Defensor del Pueblo en condiciones de interinidad. Y todo esto a ustedes no les corre prisa. En vez de cambiar la realidad de esos tribunales, de ese Defensor del Pueblo tan importante para que funcione este país, prefieren cambiar por la vía de urgencia la televisión, que es lo que a ustedes les da el control de la percepción de la realidad. Ustedes no cambian la realidad de las cosas, cambian el organismo que les permite controlar la percepción de la realidad. Esa es su forma de gobernar, tratar de cambiar la percepción de la realidad que tiene la gente; es decir, la propaganda, en lugar de cambiar la realidad de las cosas.

Por todos estos motivos creo que sobra decir, señor ministro, que vamos a votar en contra de este decreto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Desde luego si algo ha fracasado en la gestión que hoy nos ocupa es la gestión bipartidista del nombramiento porque ni el Gobierno ni el Partido Popular se han dirigido al grupo que ahora represento para tratar de consensuar nada, no sé si al resto de grupos minoritarios de la Cámara se han dirigido. No hemos tenido la oportunidad de valorar las propuestas del grupo mayoritario para conseguir dos tercios de la Cámara.

Hoy se trae a ratificar a esta Cámara un doble despropósito: constitucional y político. Lo primero implica un abuso claro y meridiano de la capacidad que el artículo 86 de la Constitución otorga al Gobierno para que en casos de extraordinaria y urgente necesidad pueda dictar disposiciones legislativas provisionales. La exposición de motivos de este Real Decreto-ley 15/2012 es la que con su pobreza argumental mejor ilustra la inexistencia de necesidad extraordinaria y urgente para usar -en este caso abusar- de esta constitucional ruptura de la separación de poderes. No es cierto que el hecho de que la presidencia del Consejo de Administración de la Corporación se esté ejerciendo de forma rotatoria entre sus miembros impida de facto el funcionamiento de la sociedad y muchísimo menos que ello ponga en peligro el cumplimiento de las funciones de servicio público. Televisión Española emite, Radio Nacional emite y seguirán emitiendo. Como es público y notorio, el servicio público no corre ningún peligro, se sigue y se seguirá dando sin ningún problema de continuidad. El Gobierno, en esta vía de escape hacia ninguna parte que está recorriendo a golpe de real decreto-ley, vuelve a suplantar una vez más la capacidad legislativa de esta Cámara convirtiéndola en un mero órgano para refrendar la legislación que emana del Poder Ejecutivo. Pero esta vez no es la urgente y extraordinaria necesidad de aplacar unos mercados financieros insaciables la que pudiese disculpar ni remotamente reformas urgentes e inaplazables, las más de las veces inútiles; esta vez la justificación está tan cogida por los pelos que la inconstitucionalidad de este real decreto-ley es evidente. Por eso los miembros del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa, Chunta, los miembros de La Izquierda Plural, defendemos la necesidad de plantear un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional y por ello hacemos un llamamiento al resto de grupos de la Cámara que también comparten esta certidumbre a que se tramite el mismo de forma plural, lo más plural posible.

En segundo lugar, este real decreto-ley es un despropósito político porque está dirigido a acabar con la pluralidad y la mínima independencia en la dirección de la corporación. La reducción del número de miembros del Consejo de Administración y el cambio en su régimen de dedicación implica de hecho una disminución en la representación, pluralidad política y sindical, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El verdadero objetivo del Gobierno con este real decreto-ley es tomar el control directo de la dirección de la radio y televisión pública. El pretendido ahorro no es más que una mala excusa aprovechando el nefasto momento económico que vivimos y que el Gobierno es incapaz de paliar. Lo de menos para el Gobierno en este caso es el ahorro, lo sustancial es posibilitar que se controle el nuevo modelo de gestión que se quiere imponer. La garantía de la mayoría cualificada en la elección de determinados órganos es la forma en que nuestro ordenamiento jurídico trata de forzar la necesidad de acuerdos entre las fuerzas políticas para salvaguardar en lo posible la independencia y en todo caso


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la pluralidad de la composición. El Partido Popular se niega a asumir su parte de responsabilidad en la búsqueda de consensos y prefiere cambiar la norma para forzar la imposición de una decisión unilateral aprovechando una mayoría absoluta espuria que solo se apoya en el 44 % de los votos emitidos el pasado 20 de noviembre y que solo por la desproporción que consagra la Ley Electoral se convierte en absoluta en esta Cámara. Lo que en realidad nos trae hoy aquí el Gobierno es el final de un intento de gestión plural e independiente de la radio y la televisión pública y la imposición de su propio modelo, un modelo que no es nuevo, que es viejo, que ya conocimos durante la anterior etapa de gobierno del Partido Popular, una forma de manipular los medios que alcanzó su paroxismo entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 de una forma tan terrible que acabó moviendo masivamente las conciencias de la ciudadanía adormecida previamente. Con esta reforma el Partido Popular nos lleva nuevamente al pasado, a aquella oscura caverna en la que la realidad se deformaba hasta el esperpento.

Pero este no es un menú de plato único. El Gobierno nos tiene preparadas otras delicatessen en esta dieta de adelgazamiento de lo público, de la pluralidad y de la independencia. La reforma legal en trámite de la Ley 7/2010 que pretende eliminar la prohibición de privatizar los servicios informativos de las televisiones autonómicas vendrá a ser otro elemento más para terminar con la independencia y la pluralidad de los servicios informativos en las cadenas públicas. El Partido Popular ya sabe mucho de todo esto, lleva muchos años desarrollando un modelo de gestión de los medios públicos tremendamente ruinoso y, lo que es peor, manipulador y teledirigido desde sus gobiernos. El Partido Popular está acostumbrado cuando gobierna al ordeno y mando, a disponer de un mando a distancia de hierro para seleccionar y cortar lo que debe o no debe ser emitido por las cadenas públicas, un modelo de gestión televisiva tan censurador que incluso llega a prohibir la emisión de la TV3 en el País Valenciano, mientras se llenan los canales de nuestros televisores, de los televisores de nuestras casas, de adivinos, telepredicadores y vendedores de mercachifles. Es un modelo que lleva muchos años privatizando la gestión de casi todo, excepto de aquello que la ley les prohíbe, los informativos, y que ahora también se les va a permitir entregar a las productoras ideológicamente afines al Partido Popular. Son unas privatizaciones ruinosas que han llevado a endeudamientos insostenibles como el ya proverbial de Radiotelevisión Valenciana, de Canal 9, que bate récords, que nadie sabe cómo se va a poder pagar, que ha hundido y ha hecho desaparecer buena parte del sector audiovisual valenciano por los impagos. Ese es el modelo de gestión televisiva del Partido Popular, el de la privatización ruinosa de la gestión, y de esa gestión son ustedes los únicos responsables. De eso no le pueden echar la culpa ustedes a ningún otro, ni a los que gobernaban antes ni a los de fuera. La culpa de la gestión de esa televisión pública ruinosa que ha sido Canal 9 es toda suya, toda del Partido Popular.

El real decreto-ley que nos ocupa tampoco viene a solucionar lo que sí es una necesidad urgente para el libre ejercicio de la comunicación audiovisual, la defensa de los derechos de los menores, la transparencia, el pluralismo, la independencia y la imparcialidad. Para velar y garantizar todo esto la legislación prevé el establecimiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. El anterior Gobierno no fue capaz de ponerlo en marcha. El actual, con ese habitual desparpajo declarativo, a veces contradictorio, a veces amenazante a que nos tiene acostumbrados, ha mostrado su nula voluntad de ponerlo en marcha y, bien al contrario, pretende unificar en un único y revuelto organismo regulador de mercados y competencia a aquellos que hasta ahora la legislación había establecido por separado.

Al final, para el Gobierno los ciudadanos solo somos una parte de los insaciables mercados, todo es competencia y los trabajadores ya solo somos empleados. El neolenguaje trata de ocultar y desdibujar la realidad, pero la realidad es tozuda y se manifiesta y golpea cacerolas en las calles de forma insaciable. Por la dejadez gubernamental anterior y presente en poner en marcha este ente independiente regulador de los medios de comunicación, los derechos y la protección de los menores se ven continuamente conculcados, al igual que las normas legales sobre límites de publicidad o prácticas tan al uso como subir el volumen de emisión cuando se pasa a publicidad. A las cadenas que realizan estas prácticas prohibidas les sale más barato incumplir la ley que cumplirla y eso no se le escapa a nadie lo que implica: el anti-Estado de derecho.

Concluyo ya. La aprobación por el Gobierno de este real decreto-ley es un despropósito porque no respeta el precepto constitucional de urgente y extraordinaria necesidad. Por tanto, entendemos que es inconstitucional. Además, es una vuelta al pasado, al peor y más negativo de los pasados: de manipulación informativa, de falta de pluralidad y de control independiente. Nuevamente el Partido Popular va a volver a introducir en nuestras casas el gris ceniciento de la información monocolor y adepta a los principios fundamentales que emanarán de Moncloa. ¡Triste programación nos espera! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, en Convergència i Unió, aunque discrepamos de la forma en que se ha llevado a cabo esta modificación, podemos compartir el fondo por los motivos que se van a expresar a continuación. Por ello ya anunciamos que votaremos favorablemente la convalidación del presente real decreto-ley de modificación del régimen de administración de la Corporación de Radiotelevisión Española.


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Decía que no compartíamos la forma por la que el Gobierno ha llevado a cabo esta modificación y así lo dijimos desde el primer momento, antes incluso de poder valorar detenidamente el contenido de los cambios en el régimen de administración, porque nos parecía, y continúa pareciéndonos, cuestionable que haya una extraordinaria y urgente necesidad para regular por decreto-ley cambios en la composición y elección del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, estableciendo nuevas pautas en estos ámbitos. Ciertamente, desde la pasada legislatura arrastramos una situación compleja y de provisionalidad en la dirección de Radiotelevisión Española después de la dimisión del anterior presidente, circunstancia que, junto con otras, ha provocado momentos especialmente tensos entre los partidos mayoritarios en la Comisión Mixta de Control de Radiotelevisión y que precisamente hoy también se han reflejado en este debate -es evidente-, pero es dudosamente justificable que se deba regular por este procedimiento excepcional la nueva composición, sistema de elección y régimen de incompatibilidades. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional afirma sin fisuras que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad, que es el fundamento exigido para legislar por decreto-ley, no puede ser -dice- una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes. En nuestra opinión, el contenido del real decreto-ley cuya convalidación estamos debatiendo responde a una práctica abusiva por parte del Gobierno en la aprobación de reales decretos-leyes, al igual que han manifestado portavoces de distintos grupos que me han precedido en el uso de la palabra en otras iniciativas y también en esta. Además, también es interesante, y quiero destacarlo, que el Govern de la Generalitat de Catalunya recientemente ha llevado a cabo una reforma similar en el ámbito audiovisual y se ha realizado mediante proyecto de ley. En cambio, otros grupos de esta Cámara, que de hecho hoy lanzan críticas respecto a la elección del real decreto-ley para abordar la reforma -me refiero a los que estaban con el tripartito hace escaso tiempo-, son los menos indicados para criticar, porque cuando gobernaban, mediante decreto legislativo -que es equivalente al real decreto-ley- impusieron a su presidente, cosa que de ningún modo hemos hecho Convergència i Unió recientemente porque, como he mencionado antes, lo hemos hecho a través de una ley y buscando en todo momento el consenso con todos los grupos parlamentarios. Por tanto, no aceptaremos lecciones de nadie, absolutamente de nadie e, insisto, me refiero a los que formaban parte del tripartito.

Entrando ya en el contenido de la presente reforma, reitero que desde Convergència i Unió la compartimos por las razones que a continuación expondré. Este real decreto-ley, en primer lugar, reduce el número de miembros del Consejo de Administración, como se ha dicho, de 12 a 9, de los que 5 serán elegidos por el Congreso, antes eran 8, y 4 por el Senado, igual que antes. En segundo lugar, hasta ahora los miembros del consejo necesitaban una mayoría de dos tercios para ser designados en la Cámara correspondiente y a partir de ahora, si no se alcanzan los dos tercios, veinticuatro horas después se repite la votación y será suficiente la aprobación por mayoría absoluta. En tercer lugar, hasta el momento el presidente de la corporación se elegía en el Congreso y requería una mayoría de dos tercios. Ahora, si no se consiguen los dos tercios, veinticuatro horas después se repite la votación, como ya se ha expuesto, y será suficiente la aprobación por mayoría absoluta. En cuarto lugar, los miembros del consejo dejan de tener dedicación exclusiva y la incompatibilidad de cargos tan solo se les aplica en lo establecido por legislación mercantil para los administradores, por tanto, ya no se les aplica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado. En cambio, para el presidente de la corporación se mantiene la dedicación exclusiva y todas las incompatibilidades hasta ahora vigentes. En quinto lugar, se cambia el régimen retributivo de los miembros del consejo, a quienes se eliminan las retribuciones fijas. En sexto lugar, se suprimen las tres vacantes que actualmente hay en el consejo, dejando fuera así a los sindicatos, aunque el real decreto-ley no lo dice específicamente. Por último, se establece el libre acceso de los medios deportivos a los recintos deportivos.

Pues bien, en líneas generales, tenemos que decir que estas reformas van en la línea de lo propuesto por Convergència i Unió en anteriores reformas legislativas, concretamente en el régimen jurídico de Radiotelevisión Española. Me refiero a enmiendas que ya presentamos en esta Cámara en la tramitación de la Ley 17/2006. Además, esta reforma también va en la misma dirección que la impulsada por el Govern de la Generalitat de Catalunya en el proyecto de ley del ámbito audiovisual al que me he referido anteriormente, en la que -insisto- hemos buscado el máximo consenso con todos los grupos parlamentarios. Pero lo que es más importante es que Convergència i Unió considera inadmisible el bloqueo institucional al que se ha visto sometido Radiotelevisión Española. No podemos tolerar, y menos en las circunstancias actuales, que Radiotelevisión Española, por la incapacidad de los partidos mayoritarios de llegar a acuerdos, se encuentre paralizada e inmersa en una prolongada situación de incertidumbre. Afortunadamente, la profesionalidad de sus trabajadores ha hecho que esta situación no repercuta hasta el momento en el servicio público que presta Radiotelevisión. En consecuencia, como apoyamos todos estos motivos, vamos a votar a favor de esta convalidación. Otra de las razones por las que mi grupo parlamentario apoyará la convalidación de este real decreto-ley es por responsabilidad, porque de ningún modo podemos aceptar la situación, como decía, de parálisis, de bloqueo institucional a la que hace meses se ve sometida Radiotelevisión Española.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde el mes de julio de 2011 la Corporación Radiotelevisión Española se halla inmersa en una inestabilidad institucional y en una maraña de dificultades insalvables para lograr su normal funcionamiento, provocadas por la dimisión del presidente de la corporación -recordemos que es el segundo desde enero de 2007 que deja el cargo- y por la inexistencia de un mecanismo legal efectivo para sustituirlo. Como se dice en la exposición de motivos del real decreto-ley, la solución de una Presidencia rotatoria, adoptada por el consejo de administración en julio pasado, no permite ostentar o cumplir ninguna de las facultades de dirección ejecutiva ordinaria de Radiotelevisión Española. Así lo han determinado todos los informes jurídicos que se han solicitado y conocido al respecto en los últimos meses. Esta es, pues, la razón de más peso que aconseja vivamente, que nos obliga más bien a salir cuanto antes de la precaria situación actual y son, por tanto, circunstancias extraordinarias y sobrevenidas las que justifican la urgencia del Gobierno para recurrir en este caso a la figura del real decreto-ley. Los que dicen que la decisión no era urgente deberían explicar si no formular las cuentas anuales, no poder elaborar un proyecto de presupuestos ni aplicar un ajuste económico imprescindible o no poder sustituir siquiera a aquellos directivos del primer nivel que han comunicado su deseo de salir de Radiotelevisión Española, no son objetivamente motivos graves y urgentes para encontrar un remedio inmediato a este problema.

Está más que acreditado que la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, es inservible, entre otros muchos aspectos, para procurar establecer o fijar algún procedimiento que resuelva la parálisis que se sufre actualmente en la dirección y gestión de Radiotelevisión Española. El sistema de designación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española -se dice también en la exposición de motivos del real decreto-ley- se ha demostrado igualmente ineficaz y nada ágil para abordar el caso de la vacante del presidente de Radiotelevisión Española y la de los otros consejeros que han renunciado a su cargo. Después de diez meses de zozobra e inseguridad, la Corporación Radiotelevisión Española clamaba por un desenlace positivo y una solución viable. Ciertamente, hay otros organismos públicos con algunos de sus miembros en funciones, pero ningún caso es semejante al de la Corporación de Radiotelevisión Española. Ni una sola queja de los ciudadanos ha dejado de tramitarse por parte de la Defensora del Pueblo. Tampoco se han dejado de dictar sentencias por parte del Tribunal Constitucional, aunque últimamente cope su atención la ingente cascada de recursos que anuncia el Partido Socialista. Tampoco han dejado de elaborarse dictámenes o resoluciones en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el Tribunal de Cuentas, por poner solo algunos ejemplos. Sin embargo, el Consejo de Administración de la Corporación RTVE no ha podido ni puede aprobar sus cuentas de 2011, no ha podido ni puede elaborar sus presupuestos para 2012, no ha podido ni puede acometer el necesario ajuste presupuestario, no ha podido ni puede tomar una sola decisión ejecutiva para gestionar adecuadamente su actividad, aunque -según hemos oído esta mañana- están encantados desde el Grupo Socialista de mantener esta situación.

El real decreto-ley que nos ocupa establece que si no se logra la mayoría de dos tercios en una primera votación, la elección de los miembros del consejo de administración y del presidente se realice por mayoría absoluta del Parlamento. Hay que decir, por tanto, que el objetivo de obtener el mayor consenso posible no se abandona; jamás se ha abandonado ni se ha renunciado a él en ningún momento. Esto conviene que quede claro. Otra cosa es que ese objetivo se tome como excusa para negar cualquier concurso o colaboración en el empeño de lograr ese consenso, pero la realidad es que únicamente tratamos de evitar situaciones de bloqueo e ingobernabilidad como la que se produce hoy y que impide de iure y de facto una diligente y necesaria renovación en Radiotelevisión Española. No renunciamos, por tanto, al consenso y, además, queremos recordar que el Grupo Parlamentario Popular lo ha alcanzado en las dos ocasiones en las que ha habido que elegir al presidente de la corporación desde 2006. Es muy oportuno refrescar este antecedente para contrastarlo con la nula disposición al acuerdo que están mostrando y demostrando otros grupos, aunque hoy aquí se niegue sin ningún pudor. Esta previsión del real decreto-ley no es una originalidad ni un invento del Gobierno del Partido Popular. Se encuentra recogida con los mismos y exactos términos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 17/2006, que con tanto fervor audiovisual aprobó en su día el Partido Socialista. Y no solo en esa ley. Fíjense. El 30 de marzo de 2010, un decreto-ley del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya modificó la Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y lo hizo introduciendo en la elección de los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, presidentes y vocales, el doble procedimiento de la mayoría de dos tercios en primera instancia o mayoría absoluta en una segunda votación. Tres partidos políticos, el célebre tripartito, Partido Socialista -repito, Partido Socialista-, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya, gobernantes entonces de la Generalitat de Catalunya, avalaron este criterio para evitar que la mayoría de dos tercios exigida hasta entonces -y cito textualmente- pueda convertirse en un mecanismo que conduzca al bloqueo por parte de ninguna minoría en el momento de renovar las vacantes que se puedan producir. Este decreto-ley se convalidó el 15 de abril de 2010 por el Parlamento de


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Cataluña. Más recientemente, también en Cataluña, en la Ley 2/2012, de 22 de febrero, se modifican varias leyes en materia audiovisual y se mantiene la forma de elección de los miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña, presidentes y consejeros, mediante el sistema de mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, señorías, Convergència i Unió, que gobierna ahora en Cataluña, ratifica el sistema de elección que el presidente Montilla y sus socios impusieron para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales extendida al Consejo Audiovisual de Cataluña. Así -podemos leer en la introducción de la citada Ley 2/2012- se asegura la plena continuidad en la gobernanza de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, dejándola al margen de las contingencias propias de cada coyuntura. Señorías, es cuanto menos chocante y llamativo que representantes de algunos de estos mismos partidos políticos que califican como normal, necesaria, conveniente y eficaz la previsión de un doble trámite de votación para los organismos públicos audiovisuales en Cataluña, hayan podido decir tantas barbaridades, hayan cometido todos los excesos dialécticos imaginables y hayan calificado con los más duros epítetos la misma iniciativa que ahora propone el Gobierno de España para salir de la ingobernabilidad de Radiotelevisión Española. Llegados a este punto deberíamos subrayar que la coherencia política es un valor en sí mismo y que la actitud de la oposición por la oposición rechina estrepitosamente en esta materia.

Como ya se ha dicho, la disposición transitoria cuarta de la Ley 17/2006 incluye el recurso a la mayoría absoluta si no es posible alcanzar los dos tercios de una primera votación para designar a los miembros del consejo de administración. Esta previsión se introdujo durante el trámite de debate y aprobación de la citada ley en el Senado mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés -que algo tendrá que ver con el Partido Socialista, ¿verdad?-, cuya justificación escrita se limitó a una lacónica expresión de: mejora técnica. Otra enmienda de Izquierda Unida en la Cámara Alta abogaba por el mismo fin. En la defensa de la referida enmienda de Entesa, la número 108, en el Pleno del Senado de 26 de abril de 2006, el senador Guillot calificó su iniciativa como enmienda antibloqueo y se aprobó por 127 votos a favor y 120 en contra. Por su parte, el senador de Izquierda Unida, Cuenca Cañizares, antes de retirar su enmienda y sumarse -eso sí, enfáticamente- a la de Entesa, dijo que ese quórum especial para buscar un amplio acuerdo no podía ser sinónimo de bloqueo. Que se recuerde, no se les acusó entonces a ninguno de ellos de ser el toro que mató a Manolete, ni se produjeron tampoco entonces los aspavientos ni las reacciones airadas y atronadoras que los mismos grupos políticos han protagonizado en estas últimas semanas y hoy mismo con esa teatralidad que acompaña en este asunto siempre al Grupo Socialista. Posteriormente, en el debate que sobre esta misma disposición transitoria se produjo en el Pleno del Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2006, el representante de CiU, el señor Vilajoana, se mostraba muy de acuerdo con la enmienda de Entesa y decía: no es admisible la situación que se ha dado de que no se pueden hacer cambios en el consejo de administración sencillamente porque el partido que sea no se pone de acuerdo. El senador Guillot, citado anteriormente, es el mismo senador Guillot que no hace mucho, el 29 de febrero de este mismo año, manifestaba en la Comisión Mixta de control parlamentario sobre Radiotelevisión Española: soy de los que consideran que este consejo de administración no está en condiciones necesarias para poder abordar una situación crítica por los recortes. Y añadía: hay que tener cuajo, teniendo la mayoría absoluta, para criticar la provisionalidad e interinidad del actual consejo. Este, señorías, es el sabio consejo del senador socialista catalán, el señor Guillot, padre intelectual del mecanismo de la doble votación para elegir al Consejo de Radiotelevisión Española.

En resumen, tenemos un mecanismo de elección de los miembros del Consejo de Radiotelevisión Española que comparte la inmensa mayoría del Parlamento, como creo ha quedado demostrado, aunque de cara a la galería aparenten escandalizarse y digan cosas tremendas como que peligra la libertad de expresión, que se ha pretendido dar un golpe de Estado institucional y otras zarandajas y barbaridades semejantes, cuya única finalidad es hacer, como siempre, mucho ruido y una oposición nada constructiva que además no resuelve absolutamente nada.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor MORENO BUSTOS: Acabo, señor presidente.

Es probable que hayan logrado despistar a algunos ciudadanos, pero confiamos plenamente en que desde hoy todo el mundo sepa qué grupos y partidos, como el Partido Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han defendido con entusiasmo una fórmula que evita los vetos y el bloqueo en la renovación de un organismo público como es Radiotelevisión Española. ¿Y el bloqueo existe? Claro que existe, por parte del Partido Socialista, en el caso de Radiotelevisión Española. Es una realidad, el PSOE no dijo la verdad, el PSOE mintió cuando aseguraba...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar ya.

El señor MORENO BUSTOS: ...en Radiotelevisión Española, como quedó demostrado en su momento. Como hay bloqueo y como hay una necesidad imperiosa de resolver un problema que estrangula a Radiotelevisión Española, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente a la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.


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- REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. (Número de expediente 130/000017).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir el último Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señor presidente, señorías, acudo hoy a esta Cámara para solicitar a las señores y los señores diputados su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medias urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es una medida que forma parte del programa de reformas del Gobierno y que recoge el compromiso de su presidente para acabar con las incertidumbres y problemas que se han generado en los últimos años sobre nuestra sanidad.

Como saben ustedes, propuse un pacto sociosanitario que se basaba en un primer acuerdo con las comunidades autónomas. Este real decreto es también fruto del diálogo y el acuerdo en el marco de ese pacto con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con esta reforma del sistema sanitario el Gobierno atiende a varios desafíos, sobre los cuales destaca una deuda cercana a los 16.000 millones de euros, que ha puesto en serio riesgo nuestro sistema sanitario público. Es urgente devolver la confianza a la sociedad en nuestro sistema de salud y, para ello, es imprescindible que garanticemos su sostenibilidad. Este es el mandato que se desprende de nuestra Constitución en el artículo 43, que recoge expresamente el derecho a la protección de la salud, y de la normativa vigente, especialmente el artículo 2 de la Ley General de Sanidad, que dice textualmente: Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Y es algo que necesariamente ha de hacerse a través de la legislación básica estatal y en coordinación con los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, que son quienes tienen transferidas las competencias en materia de gestión sanitaria.

Todas las fuerzas políticas y las distintas comunidades autónomas han coincidido en señalar los mismos problemas y la necesidad de adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Estos problemas, a los que me voy a referir brevemente, son, en primer lugar, la ausencia de normas claras sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional y de los procedimientos para hacerla efectiva, algo que estaba generando tensiones y dificultades. Otro problema es la falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea, que ha abierto las puertas a los abusos del llamado turismo sanitario y ha ocasionado gastos indebidos por valor de más de 1.000 millones de euros en un solo ejercicio económico, en el año 2009. La evolución desigual de las prestaciones en función de la comunidad autónoma amenazaba con romper la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, algo a lo que se ha referido en numerosas ocasiones el Defensor del Pueblo. La falta de eficacia a la hora de gestionar los recursos disponibles generaba duplicidades y usos poco eficientes, además hay obstáculos que han encontrado los profesionales sanitarios para desarrollar su carrera profesional y su movilidad. Es un gasto sanitario, por tanto, insostenible, que conduce a la inviabilidad económica de nuestro modelo, con un uso poco racional de los medicamentos, entre otras cosas por el poco valor que le damos a los mismos. En los puntos Sigre se acumulan más de 3.770 toneladas de envases, que suponen cerda de 1.000 millones de euros desperdiciados. En cuanto al uso de los genéricos, en España supone el 33 % del total de medicamentos dispensados a través de receta, mientras en otros países lo utilizan entre el 40 y el 60 %. También hay diferencias importantes entre comunidades autónomas, que van desde el 20 % de utilización de genéricos al 41 % en otras comunidades autónomas. Por último, tenemos un modelo asistencial que ha perdido en capacidad de adaptación. Fíjense ustedes que, a pesar de la evolución demográfica, todavía tenemos un sistema diseñado para las enfermedades agudas y no diseñado para las enfermedades crónicas.

Señoras y señores, paso a detallar ahora el contenido del real decreto-ley que estamos trayendo a convalidación en esta mañana. En primer lugar, me gustaría destacar que las medidas contenidas garantizan el actual modelo sanitario recogido en la Ley General de Sanidad y mejora procedimientos para el acceso a la asistencia sanitaria evitando incertidumbres, inseguridades y abusos. Por tanto, señorías, nada ha cambiado en cuanto a la extensión del derecho. Hay una clara apuesta por la universalización de la sanidad y se clarifican y unifican los procedimientos de acceso a la asistencia sanitaria para evitar el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese acceso a la tarjeta sanitaria. Esto es lo que ha permitido, entre otras cosas, que determinadas personas viajasen a nuestro país a sacarse la tarjeta sanitaria, volviesen al suyo para operarse, por ejemplo, y la sanidad española se hiciera cargo de pagar esa operación. El sistema de aseguramiento que recoge este real decreto no es ninguna novedad; además de ser la expresión técnica de referencia usada en los reglamentos de la Unión Europea, refleja la vinculación histórica del Sistema Nacional de Salud con la Seguridad


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Social. En este sentido, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establecía de manera inequívoca, como principio de nuestro sistema sanitario, el aseguramiento público, tanto es así que desde el año 2004 existe dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una comisión permanente de aseguramiento, financiación y prestaciones.

Señorías, con las mismas garantías que tienen los españoles es como se va a aplicar el procedimiento para los ciudadanos de otras nacionalidades que obtengan la condición de asegurados. A ellos les serán de aplicación específica las normas europeas, los convenios bilaterales o las exigencias de extranjería que se requieran según el caso. Con esta medida nos equipararemos a los países de nuestro entorno y evitaremos determinados abusos que se venían produciendo sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. Tal y como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas, el sistema sanitario español estaba asumiendo, indebidamente, con cargo a nuestros presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que ya la tenían cubierta bien por sus instituciones de Seguridad Social en su país de origen o bien por esquema de seguros privados. Este hecho se ha ocasionado por la incomprensible no incorporación al derecho español del artículo 7 de la Directiva 2004/38 de la Comunidad Europea, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Es lo que ha provocado que solo en un año, en el 2009, nuestro país haya dejado de facturar 1.000 millones de euros a otros países por la asistencia sanitaria a más de 700.000 ciudadanos, ciudadanos que, como digo, vienen, se operan y vuelven a sus países de origen, siendo el Sistema Nacional de Salud el que debe hacerse cargo de los gastos generados por esa operación y, lo que es peor, asumiendo gastos futuros ocasionados por la tarjeta sanitaria que les hemos otorgado.

Señorías, este real decreto-ley también aborda la cartera común básica de asistencia sanitaria partiendo de criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia. Va a garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y el acceso a las mismas prestaciones, independientemente del territorio en el que vivan. La nueva cartera de servicios, así como su actualización permanente, se basará en las propuestas e informes técnicos de los expertos de la nueva Red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que hemos puesto en marcha. En definitiva, serán criterios técnicos, científicos, de calidad y de coste-efectividad los que darán base a los acuerdos que se adopten a este efecto en el seno del Consejo Interterritorial de Salud en el que están presentes todas las comunidades autónomas. En función de todo ello, la cartera común básica seguirá incluyendo todos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y todos estos servicios seguirán estando cubiertos completamente por la sanidad pública y los ciudadanos no tendrán que pagar por ellos. La cartera común suplementaria es la que regulará aquellas prestaciones cuya provisión se realiza de forma ambulatoria y que ya están sujetas a aportación del usuario. Se trata de prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y dietoterápicas, y a ellas se unirá lo que se establezca en materia de transporte sanitario, según los distintos supuestos que puedan establecerse y teniendo especialmente en cuenta las condiciones geográficas y la insularidad en los grupos de trabajo que están trabajando en el seno del consejo interterritorial.

Por lo que se refiere a la prestación farmacéutica, tenemos que resolver algunos problemas que se habían acumulado; en primer lugar, que España, pese a no ser el país más poblado ni, desde luego, el más enfermo, sea uno de los mayores consumidores mundiales por volumen de medicamentos. El gasto farmacéutico en España solo en recetas supone el 19,3 % del gasto sanitario total. Si se le añade la farmacia hospitalaria, el gasto total rebasa ampliamente el 20 %. En segundo lugar, que el anterior sistema de aportación al pago de prestación farmacéutica creemos que generaba serias injusticias, como por ejemplo las que afectaban a los parados que no reciben prestación y que tenían que abonar el 40 % de sus medicamentos. Era inaplazable dar respuesta a esa situación. Por último, que se tiraban toneladas de medicamentos cada año sin ser utilizados. Señorías, hemos pedido un esfuerzo muy importante a la industria farmacéutica para que colaboren en la reducción del coste de los medicamentos y también para que sigan invirtiendo en innovación, en inversión y desarrollo. También les hemos pedido que las presentaciones de los envases se adecuen a la duración media de los tratamientos, ni una pastilla más ni una pastilla menos. Asimismo, vamos a potenciar el uso de medicamentos genéricos, la revisión de los precios de referencia y otros procedimientos que comportarán ahorros para el sistema sanitario público. Por último, hemos revisado el actual esquema de participación de los ciudadanos. Es decir, hemos buscado una fórmula más justa y más equitativa para que aporten más quienes más tienen y que los que menos tienen no aporten nada o aporten menos. Hemos incorporado en este sentido nuevos colectivos exentos de aportación, en especial los parados de larga duración, que dejan de pagar el 40 % de los medicamentos y no pagarán por ellos hasta que no encuentren un puesto de trabajo. También hemos tenido en cuenta criterios de renta, edad y grado de enfermedad. Para los pensionistas, para las personas mayores, se establecen límites máximos de aportación, que no superarán los 8 euros al mes en un 91 % de los casos. Además, los pacientes de enfermedades graves y los pacientes crónicos seguirán con una aportación reducida del 10 % en estos medicamentos y productos sanitarios.

Con respecto a las prestaciones ortoprotésicas y dietoterápicas, también a través de este real decreto-ley, tras los estudios e informes de los grupos de trabajo constituidos al efecto, se garantiza un tratamiento homogéneo en estas sensibles materias para todas las comunidades autónomas, evitando injustificadas desigualdades como las que han venido ocurriendo hasta ahora. Otro tanto


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hay que decir de la prestación del transporte sanitario no urgente, cuya regulación será fruto de los informes que se elaboren por el correspondiente grupo de trabajo en el marco del consejo interterritorial y que, como he dicho anteriormente, tendrá en cuenta cuestiones como el tipo de enfermedad y las situaciones geográficas como la insularidad.

Señorías, en este real decreto-ley hemos dado respuesta a demandas históricas de los profesionales sanitarios. A tal efecto, el real decreto abre el camino a soluciones a la equivalencia entre categorías profesionales, criterios del sistema retributivo respecto a la acción social y la movilidad de los mismos. Además, se quiere dar un impulso definitivo a la troncalidad y a las áreas de capacitación específica que, pese a su importancia, se han mantenido en el dique seco durante muchos años. Asimismo, vamos a crear un registro estatal de profesionales que nos permitirá disponer de información fiable y actualizada sobre los diferentes aspectos que configuran la práctica profesional. Contando con los profesionales estoy convencida de que se podrán hacer progresos significativos en la calidad asistencial y en la eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de Salud.

Señorías, otro de los aspectos fundamentales de esta reforma lo constituyen las medidas de eficiencia que hemos tomado. Cálculos oficiales de la Organización Mundial de la Salud sostienen que entre un 20 y un 40 % del gasto sanitario en los distintos países es consecuencia de la ineficiencia. Un país que solo en 2009 dedicó un 7,5 % de su producto interior bruto a sanidad pública y que tiene una deuda de 16.000 millones de euros, no puede permitirse el lujo de derrochar el gasto, porque lo que hay que hacer es invertir en salud. Con este real decreto-ley damos un impulso decisivo a una serie de medidas de eficiencia que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita más que nunca. En este sentido, la plataforma centralizada de compras de productos, materiales y equipamientos permitirá adquirir elementos a un precio menor, con el consiguiente ahorro estimado de entre un 15 y un 50 %, frente al sistema de compras individualizado. Solo la compra centralizada de vacunas -la vacuna de la gripe que hemos implantado este año- ha generado un ahorro de más de 6 millones de euros respecto al año pasado. También la Red de agencias de evaluación supondrá una importante apuesta por la eficacia.

Señorías, también estamos decididos a culminar la implantación intensiva de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la salud, es lo que denominamos e-salud. Sin duda, esta apuesta por la tecnología sanitaria constituirá una de las herramientas más útiles para garantizar una atención de calidad. En este sentido, juega un papel esencial la tarjeta común interoperable, que acabará con situaciones tan paradójicas como la existencia de dos y hasta tres tarjetas de salud para una misma persona en función de la comunidad autónoma o, lo que es peor, la dificultad para recibir asistencia médica en otra región. Igualmente, impulsaremos la receta electrónica y la historia clínica digital, que permitirá mejorar la calidad asistencial del paciente cuando se desplace por el territorio nacional y evitará la duplicidad de pruebas diagnósticas. Por último, para garantizar la cohesión y la calidad del Sistema Nacional de Salud vamos a crear un fondo de garantía asistencial que cubrirá los servicios prestados por las comunidades autónomas a pacientes desplazados y pacientes limítrofes.

Termino ya, señora presidenta. Señorías he tratado de exponer brevemente a la Cámara los puntos más importantes de este real decreto-ley. Una reforma que tiene tres objetivos fundamentales: El primero, garantizar la sostenibilidad de un Sistema Nacional de Salud cuya deuda, más aún en este contexto de crisis, se ha vuelto insostenible; el segundo, actuar con urgencia y determinación para impedir que la situación económica del Sistema Nacional de Salud se volviese irreversible, y el tercero, preservar y garantizar el derecho de todos los españoles a una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. Sin duda, el último de estos objetivos es el más importante y es el que nos ha movido a elaborar este real decreto-ley, pero también les diré que los dos primeros se vuelven condición sine qua non para lograrlo. El Gobierno ha cumplido con su compromiso. Hemos hecho una reforma de calado que va a garantizar la permanencia del modelo sanitario español sin imponer el copago de asistencia sanitaria. Nuestra única pretensión -antes y ahora- es velar por el interés general de los ciudadanos, por su bienestar y por su salud, pero especialmente por aquellos que están sufriendo más la crisis. Sé que algunas de las medidas contenidas en este real decreto-ley pueden exigir esfuerzos importantes a la población. Pero estos esfuerzos de hoy son los que lograrán garantizar la sanidad pública de mañana. Esta reforma tiene su raíz en el consenso entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas. Todos estamos de acuerdo en que es imposible mantener la calidad del Sistema Nacional de Salud si no garantizamos su viabilidad. Estoy convencida de que esta reforma constituye un importante punto de partida para lograrlo.

Señorías, nuestro siguiente reto es avanzar en la culminación del pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales que he propuesto en esta Cámara; un pacto en el que hemos conseguido el primer acuerdo con las comunidades autónomas, el acuerdo de la sanidad. Traeremos en los próximos meses el acuerdo social y trataremos de debatir aquí, en el Parlamento, junto con las conclusiones de la subcomisión parlamentaria de sostenibilidad que está constituida en esta Cámara. Con esas dos cuestiones y con un grupo de trabajo, una ponencia que pretendemos presentar para que se organice un grupo de expertos, debatiremos cuál es el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud y juntos presentaremos una ley de servicios básicos que cierre definitivamente la reforma de la sanidad y los servicios sociales que culminará este pacto que he propuesto.


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De esta manera, al igual que hicimos con las pensiones y con el Pacto de Toledo, nos proponemos dejar fuera del debate partidista estos dos asuntos tan importantes para todos los ciudadanos. Por todo ello, señorías, y porque el grave contexto económico en el que nos encontramos requiere de una aplicación efectiva e inmediata de las medidas contenidas en este real decreto-ley, vengo a solicitar a la Cámara su voto favorable a la convalidación. Su apoyo, junto con el de las comunidades autónomas, el de los profesionales y el de los ciudadanos en general, es esencial para un objetivo tan fundamental como es garantizar el derecho a la protección de la salud.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha pedido el turno en contra. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, creo que hoy es un día triste para el Estado del bienestar porque vamos a constatar en este debate que se cambia el modelo sanitario, que se recortan las prestaciones y los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria, que se excluye a colectivos de la cobertura sanitaria y, lo que es peor, que se perjudica la salud de la ciudadanía. Lo voy a tratar de argumentar.

Señora Mato, el Partido Socialista le trasladó, usted bien lo sabe, una oferta de diálogo sin condiciones previas y usted no ha querido hablar con nosotros ni un solo segundo. Por tanto, por favor, respete a la Cámara, respete a este grupo y no vuelva a hablar de pacto por la sanidad si no habla del mayor cambio que se va a hacer al sistema sanitario en la democracia. Porque todo esto, además de hacerlo con el rechazo del diálogo y sin apoyos de profesionales, de pacientes, de la ciudadanía y de muchos grupos parlamentarios como aquí se constatará, lo hacen en términos políticos, permítame, de una manera cobarde porque niegan todos los efectos que yo he comentado y que ahora le voy a tratar de fundamentar, con argumentos por su parte que son carentes de veracidad. No abordan de frente las reformas que realmente están acometiendo en el Sistema Nacional de Salud. No se reúnen con los sindicatos, no convocan la mesa sectorial de Sanidad, no se reúne con los grupos parlamentarios o, al menos, no se ha reunido con el nuestro. Le voy a hacer una pregunta: ¿Cuántas comunidades autónomas han apoyado este real decreto-ley en el consejo interterritorial? ¿Cuántas? Porque aquí lo que han hecho es un autopacto, el de su partido.

Señora Mato, desgraciadamente yo creo que va a pasar a la historia por acabar con el Sistema Nacional de Salud que hemos conocido en la democracia. Cambia el modelo, da pasos atrás, supone un enorme retroceso de leyes como la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad que cambia precisamente el artículo que pactamos el Grupo Parlamentario Socialista con Ana Pastor cuando era ministra en el Gobierno de Aznar y quitan la cobertura a todos los ciudadanos para cambiarla por el aseguramiento. Vamos a dejar de comentar que el decreto-ley que trae usted a consideración de esta Cámara es una auténtica chapuza jurídica, fruto de la incompetencia, sinceramente de la incompetencia política. Es la primera vez que un real decreto-ley tiene luego una serie de correcciones de errores que además cambian importantes aspectos sobre lo aprobado.

La gestión de este real decreto, la aprobación de este real decreto, las correcciones de errores de este real decreto nos dan la razón a quienes, como yo, estamos convencidos de que la responsabilidad política como autoridad sanitaria de España le viene grande, señora ministra. (Aplausos). ¿Sabe por qué? Se lo voy a argumentar. Primero, porque cambia el modelo sanitario. Segundo, porque acaba con el mejor sistema sanitario de Europa y además el más eficiente, independientemente de que tenga una deuda acumulada por la crisis económica. Tercero -que es más grave, señora Mato-, porque va a dañar la salud de los ciudadanos y se lo voy a demostrar. Y eso ese inadmisible.

En relación con el cambio de modelo, le señalaré el primer cuarto de hora de la primera clase de un máster de salud pública, para que se lo aprenda, por favor. Un Sistema Nacional de Salud es el que tiene cobertura universal por razón de ciudadanía, no por ser asegurado sino por ser ciudadano. Es el que es financiado por impuestos. Es el que tiene una cartera única y común para todos sin discriminaciones, cartera única y común para todos sin discriminaciones. Tiene política de lucha frente a la desigualdad y tiene como orientación la promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación. Eso es un Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que definía la Ley General de Sanidad; eso es lo que definía la Ley de Cohesión; eso es lo que definía la Ley General de Salud Pública que se aprobó en octubre pasado, y eso es lo que usted ha cambiado. Hay un cambio de modelo. Lo dicen todos los expertos y los académicos. Por favor, no insulte a la evidencia que en este sentido hay también en el ámbito académico. Y lo peor de todo es que este es un real decreto que se ha originado con el fin de conseguir que el objetivo del déficit impuesto por Bruselas sea una realidad. No es un real decreto-ley generado para la sostenibilidad de la sanidad.

La segunda pregunta que le hago, señora ministra -la primera era cuántas comunidades autónomas apoyan este real decreto-ley-, es la siguiente: ¿Me puede usted asegurar que los euros que entren en el sistema sanitario por el copago y los euros que se ahorren por las medidas de recorte de prestaciones y de medidas de eficiencia van a quedar en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas? Esta es la segunda pregunta que le hago. Le digo que no y podremos verlo en el mes de diciembre con los presupuestos de las comunidades autónomas para el año 2013,


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los compararemos con los del año 2012 y veremos que son menores y, por tanto, no quedarán para la sostenibilidad de la sanidad. Como no van a conseguir ese objetivo ni van a conseguir el objetivo de déficit, le anticipo que le espero aquí con más recortes sanitarios. Porque las medidas las aplican precisamente para conseguir el control del déficit público, no de la sostenibilidad de la sanidad. Con sus palabras, diciendo que este sistema es insostenible, asusta a los ciudadanos pero no calma a los mercados. No hay más que ver los resultados de su política económica.

Sobre el cambio de modelo, se pasa de tener un derecho por ciudadanía a ser asegurado lo que te da el derecho. Ese es un cambio de modelo absolutamente evidente. La tercera pregunta que le hago es: ¿En qué artículo de su real decreto-ley viene la cobertura universal? ¿En qué artículo de su real decreto-ley viene la cobertura de los mayores de veintiséis años, de las mujeres que están separadas, de los colectivos que están diciendo que se quedan fuera? ¿En qué artículo? Es una reforma profunda porque hace realidad una cartera complementaria, que lo que va buscando -ayer lo declaró claramente el consejero actual de Sanidad de la Comunidad de Valencia- es la entrega de capital privado en la gestión de lo público. ¿Una sanidad pública insostenible que las empresas privadas de sanidad quieren quedarse con su gestión? Eso no lo entiende nadie. Claramente es una puerta abierta a la privatización de la sanidad. Y a ustedes, señores del Partido Popular, se les nota desde hace muchos años que quieren desarrollar la entrada del capital privado en la gestión del sistema público. Recuerdo las palabras de Felipe González: Aquí hay una operación para generar un negocio; saquen por la ventana al que toque el sistema sanitario. ¡Qué acierto tenía! En el apartado de cambio de modelo, que no era necesario para la sostenibilidad de sanidad, esto es lo que ustedes han hecho. No se justifica la situación económica para tomar estas decisiones. Aquí han roto el pacto con el Partido Socialista. Pero en el apartado de recortes perjudican a los pacientes, especialmente a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a los pacientes con enfermedades raras. ¿En qué artículo de su real decreto-ley dice que los pacientes crónicos van a tener una aportación reducida? Porque me parece que usted no sabe que la aportación reducida es de los medicamentos, no de las enfermedades. Haga el favor de que sus asesores y asesoras le informen mejor.

Fíjese, le traigo aquí los medicamentos de María J.H., de Guadix. Son unos medicamentos por los que va a tener que pagar; y no despilfarra nada. (Aplausos). Si quiere, luego le paso el caso clínico. Son medicamentos por los que tiene que pagar 35 euros una mujer que gana 630. Le van a devolver 27, en un periodo de hasta seis meses. Puede decidir no tomarse este. (Muestra una caja de medicamentos). ¿Sabe por qué? porque hay un medicamento de los que toma que vale 180 euros y se supone que tiene que pagar 18. Le expropian el 5 % o el 6 % de su salario o de su pensión. No digo nada si mi vecina María se va a Murcia a visitar a su hijo un mes y compra ese medicamento en Murcia. Me tiene usted que aclarar en qué parte de su real decreto-ley se interconexiona la comunicación para que se le devuelva ese dinero a esa pensionista. Me lo tiene que aclarar. (Aplausos).

Ustedes justifican las medidas por la herencia. Le reitero, autoherencia. Hay muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, especialmente el de Madrid, que tienen un déficit que ustedes conocían y que han generado ustedes. Hay herencia de comunidades socialistas y autoherencia de comunidades del PP. Pero son sus decisiones, porque hay alternativas para conseguir el ahorro de 6.500 o 7.000 millones de euros -ustedes no quieren hablar con nosotros- que evitarían copagos y recortes de prestaciones. Le voy a decir cuál es la herencia. En sanidad somos un país pionero. En transplantes somos referente en el mundo: en 2004, 3.680 trasplantes; en 2012, 4.218; en el periodo de ocho años del Gobierno socialista, 31.000 trasplantes. En 2004, 315 hospitales públicos, 338 en 2011. 12.900 centros sanitarios en 2004, 13.150 de atención primaria en 2011. 322.000 médicos y enfermeras en 2004, 410.000 en 2011. Listas de espera, 406.000 personas en 2004, con setenta y siete días de espera, 380.000 y solo sesenta y un días en 2011. En gasto farmacéutico, crecimiento del gasto farmacéutico del 11 % en abril de 2004, decrecimiento de -8,5 en diciembre de 2001. (Aplausos). Y le puedo decir más, un país pionero en investigación: diagnóstico preimplantatorio, bebés medicamento, transplantes de piernas y de cara. Este el balance de la gestión del Partido Socialista y de las comunidades autónomas. No me hable usted de herencia, esta es la herencia que les dejamos nosotros en materia sanitaria, esto es lo que ustedes se van a cargar. (Aplausos).

Siguiente cuestión, ministra. Utilizan torticeramente la cuestión del turismo sanitario. Es falso. Lo que plantea el Tribunal de Cuentas es que se han dejado de cobrar por incompetencia de los centros sanitarios de las comunidades autónomas asistencias que están recogidas en la legislación y, por lo tanto, alerta de que hay que cobrar más esas asistencias, que son derechos de los ciudadanos de Europa. No es verdad lo que usted plantea. Pero me parece mucho más fuerte la utilización de la inmigración en los términos en que usted la utiliza. Aparte de que es un planteamiento xenófobo y carente de ética política dejar a la gente sin asistencia sanitaria, cuarta pregunta: ¿en qué artículo de su real decreto-ley viene la cobertura de los inmigrantes para decir usted que no se va a quedar nadie fuera de esa cobertura? Porque hoy la tienen los inmigrantes irregulares. Pero lo peor de todo esto no es que sea xenófobo e injusto, lo peor de todo esto es que con eso no protege usted la salud de los españoles, y le voy a decir por qué. Suponga usted que viene otra pandemia de gripe. Con la ley que están aprobando hoy, las personas que son inmigrantes irregulares no tienen derecho a ser cubiertas por la vacuna de la gripe. No solo


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es inhumano no cubrirles, es ineficaz porque no nos cubre a los españoles, y se lo reprocho como médico y como ciudadano, señora ministra. Su responsabilidad es ayudar a su Gobierno a conseguir los objetivos de gasto público y de control del déficit pero sin afectar a la salud de las personas. Ese es el límite, esa es la barrera, esa es la línea roja de un ministro cuando se enfrenta a discutir con el dirigente económico de su partido. (Aplausos).

Se lo voy a explicar todavía mejor. Hay muchos lugares de España donde están trabajando irregularmente ciudadanos inmigrantes. En un mismo invernadero puede haber un colectivo de diez personas trabajando, siete españoles y tres irregulares, y uno de los españoles puede debutar con un caso de tuberculosis. El tratamiento desde la perspectiva de los médicos -donde usted no se debe meter- es coger el caso y tratarlo, coger a los contactos familiares, tratarlos y vacunarlos, y coger a los contactos de su trabajo, tratarlos y vacunarlos. Pero como hay tres, en este ejemplo que le pongo, que no están cubiertos por su decisión política, no tendrán la cobertura, no estarán curados y seguirán infectando a la comunidad, y en la comunidad hay españoles. Por lo tanto, usted no nos protege y se lo censuro políticamente, demuestra su incompetencia como autoridad sanitaria y, perdone que se lo diga, en esto me acompañan las profesiones sanitarias, no lo toleran, se van a someter a insumisión. (Aplausos). Y aunque usted venga ahora a decirnos que va a resolver el tema con conexión y con acuerdos con organizaciones no gubernamentales, le pregunto en qué artículo de su real decreto-ley viene la cobertura de estas situaciones. Por tanto, es censurable su actitud desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista médico. Por no decirle que ya la sociedad española de urgencias y emergencias ha alertado que obligarán a los inmigrantes a tener que ir a las urgencias hospitalarias a resolver situaciones por las que no tendrían por qué estar allí.

Por tanto, señora ministra -voy a terminar cumpliendo mi tiempo-, con sus decisiones pone en riesgo la salud de los ciudadanos, también de los españoles, primera censura que le hago. No van a conseguir el ahorro de los 7.000 millones de euros, lo dicen los propios consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en el ámbito de la sanidad; vendrán más recortes; tratan injustamente a los ciudadanos, a los que tienen necesidades, a los pensionistas, a María, sí, a los de las enfermedades raras que están allí, a los pacientes crónicos (Una señora diputada: Y al medio rural), y no tienen el apoyo de ninguna organización profesional en este tipo de medidas. Por lo tanto, le pediría rectificación. Le vuelvo a ofrecer diálogo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez, tiene que finalizar.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Han roto las posibilidades de un pacto sanitario si no tramitan esta norma como proyecto de ley, porque lo que creo que ustedes no quieren hacer es reconocer ante la ciudadanía que aprovechan la crisis para cambiar el modelo, para hacer un ajuste ideológico del modelo sanitario.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.

Rogaría a los fotógrafos que eliminaran de las fotografías del señor Martínez los nombres de los medicamentos por aquello de que aquí no hacemos publicidad de ninguna empresa privada.

Señora ministra de Sanidad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.

Señoría, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, hay algo que es muy deseable y es que todos estemos a la altura de las circunstancias. (Protestas.-Aplausos). Es esencial respetar el debate político pero, sobre todo, es esencial respetar al adversario político. Reconozco que usted es un maestro en demagogia pero es el peor alumno en lo que se refiere al trato a las personas (Rumores) y desde luego al juego limpio en este Parlamento, y lo demuestra usted cada vez que interviene en esta Cámara. (Rumores). También le puedo decir, señoría, que cada vez que voy al ministerio sé más y también le puedo decir que cada día que pasa y voy al ministerio sé más de lo que usted hacía en el ministerio y de los intereses que defendía. (Aplausos.-Protestas). Señoría, no me hable de corrección de errores porque le tengo que recordar, aunque no creo que a nadie en esta Cámara se le haya olvidado y menos a los medios de comunicación que nos acompañan, que fue mediante una corrección de errores como aumentaron ustedes el límite de endeudamiento de los ayuntamientos, señorías. (Varias señoras y señores diputados: ¡Hala!-Protestas). Es más, les voy a decir exactamente...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora ministra, por favor.

Señores diputados, hemos escuchado con suma atención la intervención del señor Martínez. Exijo el mismo tratamiento con la señora ministra, exactamente el mismo. (Aplausos.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). ¡Señora diputada!

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Es más, señorías, les voy a decir exactamente lo que dijo su vicepresidenta, la señora Salgado, el 26 de mayo del año 2010, y sobran el resto de las palabras: Todos los BOE llevan corrección de errores, todos los decretos y más uno tan complicado como este; no tiene la mayor importancia, señorías. (Aplausos).

Señorías, existen principalmente dos actitudes ante los problemas que afectan a los españoles: En primer lugar, ignorarlos, negarlos y desentenderse de ellos; en segundo lugar, enfrentarse a ellos con soluciones valientes, responsables y necesarias. El Partido Socialista


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elige siempre la primera opción, que es ignorar los problemas, negar una crisis que ha llevado al paro a más de 5,5 millones de españoles. Señoría, desentenderse de la grave situación económica que España está viviendo solo les ha conducido a una última deriva, la de ocultar los datos de las cuentas públicas no solo a las instituciones comunitarias sino, lo que es más grave, a todos los españoles. Esta constante ha hecho a España y a los españoles más pobres, más endeudados y ha provocado una pérdida de la confianza internacional nunca antes conocida. Ningún líder responsable hubiera ignorado la situación económica, ustedes sí. Esa es la manera socialista de gobernar, dejando un país arruinado, con grandes secuelas en la economía y sobre todo en la sociedad del bienestar. Especialmente en uno de sus pilares, la sanidad, que se encuentra en grave riesgo de quiebra tras ocho años de Gobierno socialista; ocho años en los que ustedes han permanecido cruzados de brazos mientras 16.000 millones de euros en facturas se quedaban sin pagar, cerraban empresas proveedoras y los medios de comunicación recogían una posible alarma de desabastecimiento. Entre 2009 y 2011 la deuda del sector sanitario ha aumentado un 173 %, señorías, y solo en 2011 ha crecido un 83 %. (Muestra un gráfico). Ante esta situación de quiebra técnica, hemos tenido que establecer medidas para evitar que eso ocurra, protegiendo la sanidad de los efectos de la crisis. El real decreto-ley que hemos presentado supone un ejercicio de responsabilidad para solucionar los problemas que padece la sanidad y que venía reflejando la opinión de los ciudadanos tanto en el barómetro sanitario, como en el CIS. Desde esa responsabilidad hemos querido contar con las propuestas de las administraciones autonómicas que dedican, como usted sabe, más del 40 % de su presupuesto a sanidad, tanto en reuniones bilaterales como en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha vuelto a recuperar el protagonismo que perdió con ustedes.(Rumores). Entre todos, Gobierno y comunidades autónomas, hemos aprobado soluciones de emergencia ante problemas urgentes en este primer acuerdo, sobre el que me preguntaba cuántas comunidades lo habían apoyado. Le diré que este primer acuerdo se aprobó en el último Consejo Interterritorial de Sanidad con el apoyo de prácticamente todas las comunidades autónomas (Rumores), es más, le diría que de todas salvo Andalucía, que estaba en elecciones y, por tanto, estaba un Gobierno en funciones. (Aplausos). Señorías, hay pruebas fotográficas para corroborarlo.

Señoría, no se confunda. Los derechos de las personas que garantiza nuestra Constitución están muy por encima de la demagogia a la que nos tiene acostumbrados su partido. Ni usted, ni yo, ni nadie está por encima de nuestra Constitución, que establece en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud. Nada ha cambiado del marco normativo en cuanto a la definición del derecho, usted lo ha explicado muy bien, nada ha cambiado de ese marco normativo. El real decreto-ley establece los cimientos para que las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en gestión, puedan mejorar y ganar en eficacia. Se sientan las bases para corregir las deficiencias y las duplicidades, y así lograr el ahorro suficiente que garantice la viabilidad de la sanidad sin merma de derechos, ni de calidad asistencial. Señorías, no sé si cumpliremos o no el objetivo planteado con la reforma que hemos elaborado que, como le digo, es una reforma urgente para una etapa excepcional. Lo que sí le digo es que algunas comunidades autónomas la han cuantificado, alguna de ellas hace breves días, y su cuantificación era de 373 millones de euros de ahorro con las medidas de este real decreto-ley. Por tanto, si sus comunidades autónomas, las que gobierna su partido más las que gobiernan otros partidos, hacen unos ahorros similares a estos, no haría falta ni siquiera adoptar medidas como el recorte -ese sí es un recorte- del 5 ó el 15 % a los funcionarios que han llevado a cabo en alguna comunidad autónoma que usted conoce muy bien y que perjudica especialmente al personal sanitario. (Rumores).

Señorías, les reitero que no ha cambiado el modelo, porque toda la normativa sigue vigente. El artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad -se lo vuelvo a leer, porque parece que no me ha escuchado en la primera intervención- dice: Son titulares de derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Tampoco ha cambiado el régimen de financiación, señorías. El régimen de financiación de la sanidad pública sigue establecido en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, no se ha modificado. Lo que sí que ha cambiado a mejor es el avance de la universalización de la asistencia sanitaria pública. Creía que le iba a gustar esa noticia. Mediante este real decreto-ley, todos los españoles tienen garantizado el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria. Los únicos que han puesto condiciones a esa universalización han sido ustedes, señorías, tanto en la Ley de Salud Pública -léase la disposición-, en función de la evolución de las cuentas públicas, como en la Ley General de Sanidad, se efectuará de manera progresiva. Ahora, sin embargo, cada ciudadano es sujeto del derecho a la asistencia sanitaria por sí mismo. Es el gran avance de esta norma hacia la universalización, tantas veces nombrada y nunca solucionada. Con el real decreto-ley aseguramos el derecho de todos los españoles, estableciendo un único procedimiento de reconocimiento, el mismo exigible a ciudadanos de otras nacionalidades. Todas, señorías, todas las posibles situaciones en las que se puede encontrar un ciudadano español están recogidas en alguno de los supuestos del real decreto-ley, salvo que usted nos quiera convencer en esta Cámara de que pasar de ser beneficiario de una tarjeta sanitaria a ser titular de la misma es perder el derecho a la asistencia sanitaria. Señoría, un poquito más de rigor (Rumores.-Aplausos).


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El concepto de aseguramiento no es nuevo, incluso había una Dirección General de Aseguramiento y Planificación en el Ministerio de Sanidad -no sé si entonces estaba usted- en el año 1994. La Ley General de Sanidad habla del sistema de aseguramiento público y único y ustedes fueron los que aprobaron la normativa europea que lo regula. La Fundación Alternativas, que usted conoce perfectamente, hizo un informe -lo tengo aquí por si usted quiere verlo, aunque lo conocerá perfectamente- en el que decía lo siguiente -leo textualmente-: El derecho -se refería el derecho a la sanidad- debe poder ser ejercido por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, lo que convierte el aseguramiento único en el gran reto político de la universalización dada la situación actual. Añadía además que se considera imprescindible una definición clara del aseguramiento. Por tanto, ahora y antes existía vinculación con la Seguridad Social y la única diferencia es que ahora hay un procedimiento único, como por cierto recomendaba la Fundación Alternativas, a instancias del ministerio, a instancias de su Gobierno. Por otro lado, la afiliación a la Seguridad Social se sigue solicitando por las comunidades autónomas. Señorías, ya sé que es un dato poco importante, pero lo cierto es que para obtener la tarjeta sanitaria en las web de las comunidades autónomas de los servicios de salud se requiere expresamente la afiliación a la Seguridad Social. Señora presidenta, con esta norma hemos establecido que los extranjeros tengan por lo menos las mismas condiciones que los españoles y que en sus países nos exigen a nosotros cuando viajamos fuera, cosa que no ocurría hasta ahora. Hemos establecido un freno a determinados abusos a los que la sanidad pública española estaba siendo sometida y que ustedes han permitido. Son ustedes los que tienen que explicar por qué no incorporaron el artículo 7, un único artículo de una directiva que recoge de forma explícita la prohibición de desplazarse en busca de atención sanitaria, el único artículo que no se incorporó al derecho español. Esta decisión -no creo que fuera un error- ha provocado que España no haya podido facturar la asistencia sanitaria en 700.000 casos -así lo dice el informe del Tribunal de Cuentas- y ha ocasionado un gasto extra de 1.000 millones de euros solo en el año 2009.

Señorías, este olvido del Gobierno socialista ha dejado a los españoles en inferioridad de condiciones con respecto a los europeos, que disfrutaban en España de una magnífica sanidad a costa del contribuyente español. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Se daba la situación -escuche un poco- de que a un español se le exigía, se le exige en cualquier país de Europa justificar medios suficientes, la tarjeta europea o un seguro médico y en España los ciudadanos de otros países podían obtener la tarjeta sanitaria por el simple hecho de empadronarse en nuestro país. El real decreto-ley corrige esta situación y contempla la igualdad de trato como principio, es decir, que los españoles recibamos el mismo trato que los ciudadanos de cualquier otra nacionalidad dentro y fuera de España, y decir lo contrario, señorías, no se corresponde con la verdad.

En cuanto al tema de los inmigrantes, señorías, no se pueden equiparar dos situaciones que son diferentes. Ya sé que es un debate permanente entre el Partido Socialista y el Partido Popular y entre distintos grupos, pero no se pueden equiparar, porque además sería injusto, los derechos de las personas que conviven con nosotros en situación de legalidad, con todas las de la ley, con los de aquellas que están en situación irregular. Señorías, también les podría decir, pero no tengo tiempo y no quiero que la señora presidenta me llame la atención, que la atención que se presta en otros países europeos a las personas que no tienen cobertura sanitaria es infinitamente menor que la que se va a prestar en España. ¿Por qué? Porque en España todo el mundo va a recibir la atención sanitaria que reconocen las leyes españolas, bastante más solidarias -se lo aseguro- con los inmigrantes que las leyes, como decía, de otros países de nuestro entorno. Señorías, lo que en definitiva hace este decreto es corregir una práctica de concesión de la tarjeta sanitaria sin más, que ha provocado que la sanidad pública tenga que pagar independientemente el derecho y también se pueda pagar esa sanidad en otros países.

Señorías, el decreto fija también la cartera de servicios para garantizar que todos los españoles van a acceder a las mismas prestaciones sanitarias, con independencia de la comunidad en la que residan. Estoy segura de que eso a usted le parecerá bien. El contenido se va a establecer en colaboración con las comunidades autónomas, aplicando, como he dicho en mi primera intervención, criterios médicos, científicos y tecnológicos que serán evaluados por la red nacional de agencias de evaluación de tecnologías y prestaciones sanitarias. Esa agencia de evaluación es comparable al NICE británico, al alemán Instituto para la Calidad y Eficiencia de la Sanidad o al INVS francés, que están obteniendo excelentes resultados en la mejora de la eficacia y eficiencia del gasto sanitario. Supongo que eso también le parecerá bien.

Señorías, sobre la cuestión de la cartera sanitaria -lo que ustedes llaman el copago-, les diré que en España, más que copago, lo que ha habido hasta ahora es impago de todas las facturas sanitarias de las que se ha tenido que hacer cargo el Gobierno, porque alguna comunidad autónoma está teniendo retraso de más de 700 días para pagar y más de 1.500 millones de euros en facturas. (Rumores.-Aplausos). Un Gobierno serio y responsable no puede permanecer impasible mientras las empresas cobran con más de dos años de retraso, despiden trabajadores o cierran sus puertas por este motivo; especialmente, como le he dicho, ante la amenaza de desabastecimiento que se recogió en algunos medios de comunicación, como ustedes saben. Digo esto porque la situación era grave -no tratemos de frivolizar- y lo importante es que hemos garantizado la sanidad para los ciudadanos con unas medidas adoptadas de acuerdo con las comunidades autónomas. Por eso también hemos pedido una aportación en función de la renta.

Señorías, es verdad que ya existía una aportación farmacéutica en nuestro país desde hace varias generaciones,


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desde que contamos con un sistema público de sanidad. Sus señorías saben que se pagaba por los medicamentos y lo que había era una división: activos y pasivos. Los activos pagaban el 40 % y los pasivos no pagaban, salvo que fueran de algunas mutualidades, que pagaban el 30 %. Esa era la situación que había y la hemos modificado teniendo en cuenta la renta, el grado de enfermedad y la edad. Hemos modificado el sistema de aportación para hacerlo más justo y más solidario. Así aporta más quien más tiene y menos o nada el que menos tiene. Puede usted hacer mucha demagogia con los medicamentos que trae y pone encima de la mesa, pero yo le quiero decir a María que esté tranquila. Es verdad que hemos pedido un pequeño esfuerzo para pagar un poco de los medicamentos; van a pagar 8 euros máximo al mes los que tienen rentas menores y 18 los que tienen rentas más altas. Pero que esté tranquila, porque este Gobierno le ha garantizado que con eso va a tener sanidad pública gratuita en el futuro. Además, le diré que gracias a eso otras marías, pedros o juanes, que están en el paro y no tenían posibilidad de pagar el 40 % de los medicamentos, van a poder acceder ahora a ellos sin pagar. (Aplausos).

Señorías, es verdad que hemos pedido un esfuerzo a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores -esfuerzo que agradezco- y con ello hemos conseguido no tener que poner copago en la asistencia sanitaria, que, por cierto, muchos miembros de su partido político lo habían reclamado públicamente en varias ocasiones. Y no sé por qué usted todo lo que está en las leyes que siguen vigentes, porque no han sido modificadas por este decreto, dice que no existe. Se mantiene como estaba establecida hasta ahora la exención de la aportación a los enfermos del síndrome tóxico, la aportación reducida a los medicamentos para crónicos y la entrega gratuita de medicamentos de los servicios de farmacia del hospital. Señorías, se establece además -y es importante recalcarlo- que las presentaciones sean adecuadas a las dosis que se dan por los tratamientos -algo similar a lo que llama la gente la monodosis-, lo que era reclamado por toda la sociedad.

Señorías, voy finalizando. Sobre el resto de las prestaciones hemos tenido ocasión de hablar en alguna ocasión. Solo quiero decir que la cartera suplementaria está en estudio con las comunidades autónomas en el seno del consejo interterritorial. Por tanto, no haga usted demagogia al respecto, puesto que toda esa cartera de servicios no está cerrada. Lo haremos con la agencia de evaluación, que para eso se ha constituido, y de acuerdo con las comunidades autónomas. En todo caso, le garantizo que será equitativa e igualitaria para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Señorías, voy a finalizar refiriéndome al pacto, al que doy mucha importancia. Les recuerdo que yo propuse en este Parlamento un pacto. Este es el pacto que propuse. (Muestra un gráfico). Un pacto que tenía dos partes. Una es un acuerdo por la sanidad con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Un acuerdo social que traeremos a esta Cámara de acuerdo con la conferencia sectorial y que luego debatiremos conjuntamente aquí. ¿Cómo lo vamos a debatir? En primer lugar, con la subcomisión para la financiación de la sanidad que se ha constituido. En segundo lugar, voy a proponer que se cree un comité de expertos y una ponencia para estudiar el modelo de sanidad que queremos para el futuro.

Esta reforma que hemos presentado hoy es una reforma para hacer frente a una situación excepcional en un momento de urgencia, y ahora tenemos que consolidar nuestro modelo sanitario, que quiero que quede fuera del debate partidista, como hicimos con las pensiones; ahí insto a todos los grupos políticos, especialmente al grupo mayoritario de la Cámara, para que apoye este pacto, para que se incorpore a estas comisiones y juntos logremos hacer una ley de servicios básicos para los ciudadanos que, como en el Pacto de Toledo, deje fuera del debate partidista lo que significa la sanidad, que es imprescindible para todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Pasamos pues a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Barkos. (Rumores.-El señor Martínez Olmos hace gestos a la Presidencia). Señor Martínez, insistentemente me he dirigido a usted y usted ni se ha molestado; estaría escuchando aplausos que no le gustaron. Pero, señor Martínez, por supuesto que tiene usted su tiempo. Se lo he cedido pero usted no se ha enterado.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Discúlpeme, señora presidenta. Muchas gracias.

Señora Mato, quiero empezar diciéndole que me cuesta admitirle... Se lo voy a decir de otra manera, no le voy a consentir que me diga usted que yo no la he tratado con respeto; personalmente la he tratado con tanto respeto que la señora presidenta no me ha reconvenido en ningún momento. He hecho una crítica en mi derecho de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de su incompetencia como ministra de Sanidad y como autoridad sanitaria de España, aunque a usted no le guste. (Aplausos). ¿Pero sabe que le digo? Que me gusta mucho menos a mí, porque la razón fundamental por la que le he reprochado su incompetencia es porque daña la salud de los españoles, cuestión a la que usted no me ha respondido. Daña la salud de los españoles, lo digo como médico y como socialista, y lo dicen también las organizaciones profesionales (Aplausos.-Rumores) cuando declaran que van a manifestarse insumisos a la no atención de los pacientes inmigrantes irregulares. Por tanto, no tergiverse usted. No le consiento que me diga lo que me ha dicho, no se lo consiento. (Rumores). No me ha reconvenido la presidenta del Congreso de los Diputados.


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Estamos hablando de la principal expropiación de los derechos de un elemento fundamental del Estado del bienestar como es la sanidad. Es un debate muy importante que ustedes están hurtando a esta Cámara porque no quieren tramitarlo como proyecto de ley. Eso requiere una respuesta más contundente, porque representamos a más de 7 millones de ciudadanos que nos han votado y muchos otros que les votaron a ustedes y no están de acuerdo con estas medidas. (Aplausos). Necesitan la voz aquí, en el Parlamento, los pacientes de enfermedades raras, los pacientes crónicos, los profesionales; todos ellos están diciéndole a usted que rectifique. Además, es un proyecto que tiene visos de inconstitucionalidad, y sería importante que esto lo tuvieran en cuenta. Fíjense, están utilizando a los inmigrantes y al turismo sanitario como cortina de humo. Ustedes sigan haciéndolo, están en su derecho, pero no van a convencer a nadie. ¿Y sabe usted lo que más me preocupa de su irresponsabilidad? Primero, que no se ha leído bien el informe del Tribunal de Cuentas. El informe del Tribunal de Cuentas dice que hay asistencias a las que tienen derecho los ciudadanos europeos que nuestros hospitales no han facturado cuando podían hacerlo, y en la medida en que eso es una mejora de la gestión, nosotros lo apoyamos, porque esos son elementos que pueden producir más ingresos a la sanidad pública. Pero con su ostentación, jugando a los campeones de la eficacia y de la eficiencia, lo que pueden ustedes conseguir es que los millones de turistas que vienen a España, no para abusar de la sanidad sino por su atractivo turístico, cultural, histórico y porque tiene un buen sistema sanitario, sean desviados a otros destinos internacionales. (Rumores). Porque la gente no sabe con detalle qué es lo que ustedes están ostentando; ustedes están ostentando que va a ser imposible saltarse las normas. Hay mucha gente que va a competir con nuestro turismo y que va a decir: no vayan ustedes a España que allí hay un Gobierno que ha empezado a poner barreras a la entrada de los hospitales. Por favor, cuiden las cosas. (Aplausos).

Señora Mato, usted no me ha respondido a lo más importante. Ha cogido el argumentario de Génova perfectamente. Hablan de deuda. ¿Sabe usted la deuda que dejaron cuando el señor Rajoy perdió las elecciones? Una deuda de 7.000 millones de euros. Se lo pueden preguntar a Farmaindustria, a Fenin y a los distribuidores del Sistema Nacional de Salud; 7.000 millones de euros. De hecho, en los primeros consejos interterritoriales los consejeros de Sanidad del Partido Popular lo primero que hicieron es reclamar más financiación para la sanidad, porque la Ley de Financiación de 2001 había sido un fracaso. Por tanto, no nos puede dar usted lecciones. ¡Claro que hay que pagar las deudas! ¡Claro que hay que pagar las facturas! Pero es una cuestión que siempre ha sucedido y también les sucedió a ustedes. Lo que pasa es que a usted le duele el balance, la herencia sanitaria que ha dejado el Partido Socialista, a lo cual usted no me ha respondido. Sí, sí, no me ha respondido. Solo hablan de que tienen que hacer esto porque no les queda más remedio. No es cierto.

Señora Mato, rectifique, por favor. No vuelva a hablar de pactos si no quiere dialogar. ¡Si le hicimos una oferta de diálogo! Se la vuelvo a reiterar, pero cambiando el modelo es imposible que usted pueda aspirar a un pacto. Y no me ha contestado a ninguna pregunta de las que le he hecho. Las comunidades autónomas que no le han votado en el Consejo Interterritorial de Salud son más de las que usted ha citado. Sí, señora ministra, son más de las que usted ha citado. Las organizaciones profesionales de médicos y de enfermería que se han manifestado no están con esta reforma, los pacientes no están con esta reforma.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez, tiene que terminar.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Los pacientes de enfermedades raras no están con esta reforma. Señora Mato, rectifique, dialogue, reúnase con su equipo y revise dónde está la universalidad en la ley que usted ha aprobado, por favor. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.

Señor Martínez, un momento. Yo estoy presidiendo esta sesión y soy profundamente respetuosa con las opiniones de todo el mundo en esta casa, en la que llevo 25 años, me gusten o no me gusten, aunque me parezcan excesivamente machistas algunos discursos que algunos hombres realizan en esta casa. (Fuertes y prolongadas protestas de los diputados del Grupo Socialista.-El señor Madina Muñoz pide la palabra). Un momento, señor Madina. Ruego a las señoras diputadas del Partido Socialista que guarden un poco de silencio. Señoras diputadas, escuchen, que no es malo. El señor Martínez, en su intervención, ha hecho referencia -que no tenía por qué- a que yo no le había llamado la atención, y yo he aclarado que jamás le llamaré la atención a ningún diputado que esté en un debate político porque creo en el debate político, simplemente, aunque me parezca o me deje de parecer, me guste o me deje de gustar. Por tanto, no tiene por qué hacer referencia a mi Presidencia. (Fuertes y prolongadas protestas). Señor Madina. Dejen hablar a su propio portavoz, que tampoco es malo.

El señor MADINA MUÑOZ: Señora presidenta, le pido la palabra para trasladarle que usted sabe bien que mi grupo es siempre muy respetuoso con todas las formas de Presidencia que tienen tanto el presidente como los distintos miembros de la Mesa, incluida usted misma, señora Villalobos. Considero que está fuera de todo lugar el comentario que ha hecho sobre la intervención de un hombre, hablando de los hombres, y cómo interviene en su referencia hacia las mujeres tras la intervención de mi compañero Pepe Martínez. Le pido por favor que lo retire del acta porque, en mi opinión,


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está absolutamente fuera de lugar. Usted se ha posicionado de parte y para mi grupo es absolutamente inaceptable. (Aplausos.-Rumores.-El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

En modo alguno, señor Madina. Yo creo que la presidenta ha explicado claramente cuando el portavoz socialista se ha referido a la actitud sobre cómo dirigía el debate la presidenta y en modo alguno la presidenta ha realizado juicio de valor ni menoscabo alguno a las palabras del portavoz socialista. (Protestas). Solo ha establecido una opinión de lo que podía merecer algún comentario, pero nunca en relación con la dirección del debate. (Aplausos.-Prolongadas protestas.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Madina. (Prolongadas protestas). Señor Madina, se ha acabado el debate. (Protestas.-El señor Madina Muñoz: ¡Deme la palabra! ¡Deme la palabra! Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Señor Madina, lo siento. (Protestas.-El señor Madina Muñoz: ¡Pero deme la palabra!). Señor Madina, lo siento. (Protestas. El señor Madina Muñoz pide la palabra). Señor Madina, lo siento; le ruego que se siente, por favor. (El señor Madina Muñoz pide la palabra). Señor Madina, le ruego que se siente. Por favor, señor Madina. (Protestas). Señor Madina, por favor. Yo no he ofendido ni intento ofender al señor Martínez; en absoluto. (Protestas.-El señor Martínez Olmos pide la palabra). Por supuesto, si el señor Martínez se ha sentido ofendido, lo siento. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Lo único que he dicho... (La señora Rumí Ibáñez pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas). Por favor, guarden silencio. Son ustedes incapaces de guardar silencio cuando no les gusta lo que escuchan. (Aplausos.-Protestas). Un momento, por favor. Un minuto, por favor. (Rumores). El señor Martínez ha basado la referencia a su respeto o no a la ministra a que yo no le he interrumpido. (Rumores.-El señor Martínez Olmos pide la palabra). Perdonen, lo que yo he dicho claramente es lo que he dicho. Yo respeto las opiniones de todos los miembros de la Cámara que se expresan aquí (Rumores), me gusten o no me gusten, me parezcan machistas o no me parezcan machistas. Punto. (El señor Martínez Olmos pide la palabra). Señor Martínez, no tiene la palabra, lo siento. (Protestas). Lo siento, señor Martínez. (Aplausos.-Rumores).

Señora ministra. (Rumores).

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.

Señorías, se lo he explicado por activa y por pasiva -incluso se lo puedo decir más alto pero no más claro-, esta reforma garantiza la sanidad pública universal gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, sanidad que ustedes habían puesto en grave riesgo con una deuda de 16.000 millones, y no sé cómo se atreve a venir a esta Cámara a hablar de la herencia que dejó el Partido Popular. Me parece tan increíble que no tengo palabras para expresarlo. (Aplausos).

Señorías, la mayor etapa de prosperidad y bienestar para los ciudadanos fue la etapa de Gobierno popular. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Sí, señorías, rozamos el pleno empleo y nos han dejado 5 millones de parados. (Aplausos.-Protestas). Señorías, nunca pensé que podría llegar a oír eso; cualquiera que le esté oyendo estará impresionado. Dejamos un país prácticamente rozando el pleno empleo y nos han devuelto un país con 5,5 millones de parados. (Aplausos.-Protestas). Y la deuda entre 2009 y 2011 -dos años-, experimentó un incremento del 173 %, señorías. (Muestra un gráfico). Esos son los datos.

Señorías, en esta reforma no hemos modificado el modelo; hemos reforzado el modelo; hemos garantizado la sanidad para todos los españoles; hemos extendido la universalidad; hemos evitado determinados abusos y la mala utilización del sistema sanitario. Nadie se va a quedar desatendido, se ponga usted como se ponga, porque somos solidarios, porque tenemos ética y porque la ley reconoce la atención básica para los inmigrantes. Por tanto, ningún inmigrante, aunque tenga situación de irregularidad, se va a quedar desatendido en este país porque siempre ha sido así y siempre será así. Garantizamos el derecho a la asistencia sanitaria no por el hecho de estar empadronado sino por el cumplimiento de requisitos legales -lo lógico en un Estado de derecho-, y sin dejar por ello de prestar asistencia a todos los que lo necesiten. Avanzamos en equidad, fortalecemos la cohesión y avanzamos también en la salud.

Señorías, voy a finalizar. Espero que ustedes quieran sumarse al pacto que vamos a llevar adelante. Respecto al acuerdo con las comunidades autónomas le enviaré la rueda de prensa posterior al consejo interterritorial, en el que todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, quisieron acompañarme y las declaraciones que todos ellos hicieron. Puede usted comprobarlas en la hemeroteca. En cualquier caso, muy gustosamente se lo enviaré. Pero sí le diré que ese acuerdo me importa porque hemos garantizado la sanidad pública para los ciudadanos, porque estamos trabajando para ellos, porque no estamos haciendo demagogia, porque sabemos que adoptamos decisiones a veces difíciles, porque sabemos que pedimos sacrificios a los ciudadanos, pero son para garantizar la sanidad para hoy y para el futuro, señorías. La asistencia sanitaria sin copago sanitario que


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ustedes nos habían planteado reiteradamente. A veces me parece que lo que a ustedes les molesta es que no lo hayamos puesto en marcha y hayamos hecho una reforma pidiendo sacrificios a otros y no a los ciudadanos.

Señoría, le rogaría que se pusiera a trabajar con nosotros en la subcomisión para la financiación de la sanidad y también, como he dicho, con el grupo de trabajo y en la ponencia que vamos a constituir para lograr sacar del debate partidista a la sanidad y conseguir un pacto de Estado con todas las comunidades autónomas, los sectores sociales y también los grupos políticos. También le diré que los médicos, las enfermeras, todos los sectores, están en contacto -como no puede ser de otra manera- con esta ministra de Sanidad y estamos llegando a acuerdos importantes tanto en ordenación profesional como en el resto de cuestiones. Espero que usted se congratule de eso.

Muchísimas gracias. (Prolongados Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Antes de darle la palabra al Grupo Mixto, si el señor Martínez se ha sentido ofendido por lo de machista, lo retiro. (Prolongados aplausos.-El señor Alonso Núñez: Bien).

Pasamos al Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Me gustaría empezar por recordar que estamos debatiendo un recorte de 10.000 millones de euros en el sistema público de educación y sanidad esta mañana. Lo digo porque la ambición modesta de esta portavoz, como no puede ser de otra manera, es volver al tema. Creo que la sociedad se lo merece. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Señorías, contener el déficit recortando de la educación de los más jóvenes o recortando de la salud de los más débiles no es, o no puede ser, el camino, a nuestro entender. Y si el Partido Popular se ha resignado, la oposición no, porque todavía no lo ha hecho la sociedad y la vamos a acompañar. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Señora ministra, desde que el pasado mes de abril el Ejecutivo presentó el real decreto las declaraciones de su partido, las declaraciones del Gobierno, las suyas mismas y además de manera muy insistente esta mañana, se han centrado en negar la mayor. Se han centrado en tratar de convencernos que nadie va a dejar de ser asistido por la red sanitaria pública, pero no es verdad. Este decreto pone nombres y apellidos a esas miles de personas que se han quedado sin atención sanitaria. Basta con empezar el real decreto por su capítulo I, artículo 1, que quiero recordar que en la reforma de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se ve reformada con este real decreto, con una ampliación de su artículo 3 ter, que especifica claramente qué personas y en qué circunstancias quedan fuera del Sistema Nacional de Salud. Ustedes llevan -como decía- desde el pasado mes de abril tratando de convencernos de la cuadratura del círculo. No. Rompe la universalidad, quedan sin atención, claramente. Y repito, este real decreto pone nombre y apellidos a esos miles de personas.

He empezado por el principio, pero las reflexiones que dimanan del texto son muchas más. Voy a citar tan solo algunas. Las medidas que van a convalidar esta tarde -por cierto, me temo que ustedes y solo ustedes- representan un paso atrás en la política de derechos humanos en el Estado español -lo ha denunciado Amnistía Internacional, es una denuncia pública desde el primer momento- porque la asistencia integral de la salud deja de ser derecho universal. Es un recorte tan arbitrario como improvisado, que no proviene de una reforma en profundidad del sistema que garantice su viabilidad a largo plazo. Es -y lo estamos viendo a lo largo del tiempo- un rosario de tijeretazos inconexo para recortar lo que Bruselas lleva solicitando adicionalmente para el cumplimiento del objetivo del 5,3 % del déficit. Se dejan en manos de las comunidades autónomas sin diálogo y sin consenso previo con ellas los problemas de la aplicación de este real decreto en muchos de sus aspectos y se hace -y esto es importante y hay que recordarlo- sin haber definido previamente la anunciada ley de servicios básicos. Están poniendo el tejado antes que los cimientos. Y lo más importante, este Gobierno ha dejado claro a los ciudadanos cuáles son sus prioridades, dónde recorta y dónde no. Recorta en sanidad, recorta en las necesidades más básicas de las personas haciendo repagar a pensionistas por sus medicamentos -que, por cierto, les recetan los médicos, no se automedican; por lo tanto, parece razonable que la Administración esté ahí-, pero no recorta en gastos de defensa o en fuerzas policiales, cuyos ratios, comparativamente con otras partidas presupuestarias, están muy por encima de la media europea.

Termino, señor presidente. Esto, ministra, se lo digo porque creo que es muy importante que desde su ministerio lidere la posibilidad de que los recortes tengan que ver más con otras partidas que, como digo, en Europa están sufriendo el recorte de manera mucho más drástica de lo que lo han hecho en estos presupuestos. No sé si lo buscan o no -yo no voy a entrar en la acusación directa-, pero lo cierto, señora ministra, es que la consecuencia de este decreto es el empobrecimiento de la sanidad pública y, con ello, el avance, lógicamente, de la red sanitaria privada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Tiene la palabra el señor Salvador. (Pausa). No está el señor Salvador.

Tiene la palabra el señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy se va a perpetrar aquí un nuevo decretazo contra los ciudadanos y lo van a hacer con esa mayoría absoluta que les dio una ley electoral profundamente injusta porque, antes de nada, quiero recordarles que van a cambiar la vida de millones de personas sin tener el 50 % de los votos. Les recuerdo que solo tienen el 44 % de los votos y esa ley injusta les dio el 53 % de los diputados. Les recuerdo que a ustedes solo les votaron 3 de cada 10 personas en edad de votar y ustedes legislan con esos números con total impunidad, con altanería, en solitario, sin consensos, sin escuchar a la calle. La gente está muy preocupada con las consecuencias que se derivan de sus decisiones, como en este caso. La gente está preocupada porque con la aprobación de este decreto se abre una puerta que conduce a territorios inhóspitos y peligrosos, porque peligroso es sustituir el término sanidad universal por el de asegurado.

Las palabras pueden ser puñales que se vuelvan en nuestra contra, que abran la herida de la exclusión y, en este caso, la palabra asegurado es un puñal que se vuelve en contra de los jóvenes de más de veintiséis años que se han pasado toda su vida estudiando y ahora no encuentran trabajo y, por tanto, quedarán excluidos de la sanidad. La palabra asegurado es un puñal que se vuelve contra los inmigrantes, condenando a una marginalidad peligrosa a un colectivo tan vulnerable sin contar con los problemas de salud pública -infecciones incontroladas- o sanitarios -colapso de los servicios de urgencia- que podría generar esta decisión.

Decía Abraham Lincoln: La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores. Y eso hemos oído esta mañana muchas veces; o, sin ir más lejos, al conseller de Sanidad valenciano, cuando saca esta perla que no tiene desperdicio: Diez o doce empresas de alto calado participarán en el diálogo competitivo para establecer el concurso del nuevo modelo de gestión compartida. Demagogia. Eso es lo que ustedes hacen con la idea del copago, demagogia. Digan claramente repago, requetepago, porque la palabra copago es un puñal que se vuelve contra los jubilados, que tendrán que pagar por estar enfermos, que tendrán que adelantar seis meses el pago de sus medicinas. Eso si llegan a cobrar, porque en la comunidad autónoma de donde vengo, el Gobierno del PP, desde hace diecisiete años, tarda mucho, muchísimo en pagar, muchísimo.

La palabra copago es un puñal que se vuelve contra los enfermos crónicos, que tendrán que pagarse la ambulancia o buscarse la vida para llegar al hospital. Por último, detrás del eufemismo revisión de la cartera básica de prestaciones, se esconde el puñal de la disminución de prestaciones sanitarias, el puñal del recorte de prestaciones, la puerta de entrada de una sanidad doble: la sanidad para los ricos y la sanidad para los demás. Cuando pienso en este Gobierno, me viene a la cabeza el título de una película con el nombre cambiado. Sin poder evitarlo, se me aparece el título de Eduardo Manostijeras, pero con otro nombre. Eso sí, tijeras solo con los débiles, solo con los pequeños, solo con la gente corriente; que los fuertes, los grandes, las farmacéuticas se pueden enfadar.

Señorías del PP, una vez más ganarán esta votación, una vez más utilizarán sus votos como una apisonadora, pero, como dijo Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. A nosotros, a Compromís-Equo, desde luego no nos convencen lo más mínimo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

A continuación, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, nosotros, los nacionalistas canarios, opinamos sobre este real decreto que el primer error está en el título. Difícilmente es posible creer que en una política de transformación de un modelo de aseguramiento universal por un modelo como el que se plantea, asociado a un conjunto de políticas, que son las que ha defendido este Gobierno, se puede mejorar la calidad, se puede mejorar la seguridad, se puede mejorar la asistencia sanitaria en España y, sobre todo, hay algo que hay que dejar perfectamente claro: este real decreto prefigura un modelo, por una vía que no es el debate de ley, que ni es universal ni es gratuito. Esta es una afirmación que creo que podemos hacer con la absoluta seguridad de no estar equivocándonos.

Este decreto parte de un supuesto equivocado, y es que actúa sobre una área a la que se acusa de ineficiencia y, por lo tanto, de alta responsabilidad en la deuda pública española. Es necesario volver a recordar que la deuda pública española en este momento es inferior a la de Francia o Alemania; una deuda pública, como sabe, del 68,5 %, y es la deuda privada la que supone el 318 % del PIB. Ese es el problema. Por lo tanto, no es el sector público el responsable de la situación de deuda y, en consecuencia, de la situación de crisis que estamos viviendo. No es aceptable un retroceso a un modelo previo de Seguridad Social, que fue finiquitado en este país al conseguirse un avance histórico, que fue el que generó la Ley General de Sanidad en el año 1986, modelo de aseguramiento universal y gratuito, que es precisamente lo que ahora está en cuestión.

No es posible aceptar que el modelo sanitario español sea acusado de ineficiencia. Es que hablando de comparar, dentro de los países de la OCDE, el Estado español gasta en sanidad sobre el PIB menos que todo el mundo, excepto Portugal y Turquía. Además, genera excelentes indicadores de salud. Por lo tanto, eso es justamente lo que no es ineficiencia. Le tengo que decir desde Canarias dos cosas. Una, incluso los miembros de su partido político en Canarias defendieron una deuda histórica para esta tierra de 1.400 millones de euros. ¡Imagínese la situación en la que nos encontramos! No se resuelven


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los 1.400 millones de euros, más esto. Y dos, hay una situación que nos tiene extremadamente preocupados. Como todo el mundo sabe, Canarias es un archipiélago y los hospitales de referencia están en dos islas. ¿Qué hacemos con el transporte no urgente de las islas no capitalinas a las islas capitalinas? Es absolutamente imprescindible que ustedes consideren esta situación porque el agravio puede ser de tal envergadura que implique la práctica exclusión de un colectivo importante de las islas no capitalinas, además de los demás efectos negativos, de la asistencia sanitaria.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.

A continuación, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, la cal de este real decreto es tan densa que no deja ver la poca arena que tiene. En primer lugar, este real decreto es la manifestación palpable del fraude que este Gobierno representa. Las medidas que se contemplan contradicen absolutamente las promesas electorales del Partido Popular. Pueden darle las vueltas que quieran, han engañado a una parte de sus diez millones de votantes, aunque nos queda la tranquilidad de saber que no han engañado a los más de catorce millones de votantes que no le han votado.

Sus objetivos son adelgazar el Estado y desposeerlo de sus compromisos de garantizar el bienestar a la ciudadanía. Básicamente, su propósito es el de desmantelar el Estado del bienestar, dejar en manos de la iniciativa privada toda posibilidad de negocio, aunque se haga a costa de la salud de las personas. Para justificar estas medidas, ustedes hablan de un sistema sanitario deficitario y dicen que para garantizar su sostenibilidad es necesario adoptar medidas drásticas como estas. Y nos preguntamos: Si el sistema necesita mejorar su financiación, ¿por qué no arbitran medidas fiscales con criterios de progresividad de manera que pague quien más tiene? Es evidente que ustedes de distribución de la riqueza no quieren ni oír hablar, prefieren aplicar la injusticia de que paguen más los que más enferman y dejar en la total desprotección a los más vulnerables y débiles.

Señora ministra, si la sanidad pública se financia a través del sistema impositivo general, ¿por qué la exigencia de estar dado de alta en la Seguridad Social? ¿Tienen en cuenta el gran número de personas que se van a quedar sin derecho de acceso a la sanidad pública debido a estas regresivas medidas? ¿Por qué tienen que obligar a las personas sin empleo a demostrar su situación de precariedad para poder acceder a una tarjeta sanitaria? Y no se amparen en la justificación o el argumento de los emigrantes, señora ministra, porque no son emigrantes, son ciudadanos del Estado español y hacer argumentos de emigración es un ejercicio de xenofobia. (Aplausos).

Señora ministra, no olvidemos la intromisión competencial que este decreto representa. La gestión sanitaria corresponde a las comunidades autónomas, el Gobierno no puede y no debe impedir a un Gobierno autonómico que mejore sus servicios sanitarios; pero ustedes están utilizando una crisis para imponer criterios recentralizadores como muchos de los que usted explicó aquí esta tarde. Hay algo que han conseguido con este tijerazo, aunque usted no lo quiera reconocer: han logrado la unanimidad. Han conseguido unir a asociaciones de profesionales sanitarios, a pacientes, a usuarios, a todos. A todos, señora ministra, incluidos los colegios médicos, que rechazan de plano este real decreto que no ha sido fruto del diálogo, sino de la imposición. Señora ministra, la comunidad médica y científica, el mundo de la sanidad, coincide a la hora de destacar las nefastas consecuencias que estas medidas van a tener en la salud humana.

La aplicación de este real decreto aumentará la carga global de enfermedad de la sociedad española, y la cohesión y la sostenibilidad organizativa y económica del sistema de salud se verán comprometidas, especialmente los servicios de urgencias y de hospitalización. Y esto no lo digo yo, señora ministra, lo dice el informe de la Asociación Salud y Familia, que usted debe tener en su poder.

Señora ministra, el beneficio sanitario no se mide en términos económicos, se mide en términos de salud...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Fernández, debe concluir.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...y usted estuvo aquí toda la tarde dándonos números, pero la sanidad no son números, la sanidad es algo en beneficio de la salud. Disculpe los nervios, pero realmente hoy estamos discutiendo aquí la pérdida de algo fundamental como la sanidad universal, que costó muchísimo conseguir y ustedes están acabando con ella. Por eso los nervios y por eso la tensión.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.

A continuación, el señor Tardà tiene la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy aquí y en tan solo una hora se pretende enterrar la obra de Ernest Lluch. (Aplausos). Ustedes dicen que hay que recortar en sanidad para cumplir con los objetivos de déficit. Nosotros decimos que es mentira. Habrá que recortar en armamento y en ejércitos, en embajadas y en el Instituto Cervantes, incluso en infraestructuras, pero nunca en sanidad. Pero es peor, recortan en sanidad tanto como dan a los bancos (Muestra un cartel), repito, recortan en sanidad tanto como dan a los bancos, y quieren hacer creer que salvan a los bancos para que los pensionistas no pierdan sus ahorros, sin importarles lo más mínimo que, a cambio, estos pierdan


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su salud. Insisto, pretenden enterrar la obra de Ernest Lluch, un sistema de salud basado en la universalidad y en la gratuidad, en que el combate contra la enfermedad y la esperanza de vida iban ligados solo a los avances de la ciencia y no a la renta de las personas.

Este real decreto desguaza el sistema público y convierte la salud en un gran negocio. Esto es un verdadero atraco social, una vulneración de derechos en nombre del beneficio de las ganancias futuras de algunos, porque su objetivo es la privatización de la gestión de los servicios públicos, expulsar a las clases medias del sistema a través de la expansión de las mutuas y, en paralelo, implementar reformas fiscales desgravatorias, con lo cual todavía van a decrecer más las inversiones en los sistemas públicos. Crean un sistema dual de salud para una sociedad dual, por un lado, un sistema público para las clases más desfavorecidas, alejado de la excelencia y, por otro, un mercado para el negocio de la salud, engrasado con el dinero de los que puedan permitírselo.

No hay más. Esto es lo que pretenden, pero son tan cobardes que utilizan la mentira de afirmar que el sistema actual no es sostenible cuando saben que el modelo actual tiene bases de excelencia, sí, a pesar de que en el Estado español el gasto sanitario esté por debajo de la media europea. Además, juegan sucio -repito, juegan sucio-, se niegan a tramitar el real decreto como proyecto de ley porque son más miedosos que democráticos, porque les aterroriza que la ciudadanía acabe enterándose de la magnitud de la tragedia que han maquinado, de la perversidad que supone la exclusión de miles y miles de personas del sistema. Por esto -termino- secuestran al Parlamento impidiendo la tramitación y, no olviden, dan 10.000 millones para bankimafia y en cambio cero para la sanidad. Dejar a miles de personas sin el acceso universal a la sanidad, señora ministra -con todo el respeto personal-, no tiene perdón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

El siguiente orador es el señor Cuadra. Tiene la palabra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, lo primero que quiero señalar es que Amaiur, como otros grupos, concibe el derecho a la salud como un derecho universal, con independencia por supuesto de la situación laboral, social, legal en la que se encuentre cualquier persona y la nacionalidad que esta tenga. Por el contrario, consideramos que este decreto-ley al regular, al relacionar el derecho a la salud con el aseguramiento, abre las puertas por completo a un sistema dual en el que el derecho a la salud, el bueno, tan solo lo van a tener las personas pudientes en unos sistemas privados, que además van a estar subvencionados, mientras que el resto de la población va a tener que soportar en alguna medida unos servicios sanitarios deteriorados y descapitalizados. Esto es aún más grave en una situación como en la que nos encontramos de crisis social y de una reforma laboral reaccionaria, que está haciendo -los profesionales de la medicina lo están diciendo por decenas de miles- que crezcan las enfermedades, la depresión, el insomnio, los problemas cardiovasculares, los digestivos, el estrés. Y no solo esto, sino que además con esta reforma laboral, penalizándose las bajas laborales, se está haciendo que las personas enfermas no puedan pedir la baja y ser atendidas. Esto puede sonar fuerte, pero es así. Recortar la salud, el derecho a la salud es recortar el derecho a la vida, y en esta medida, Código Penal en mano, se puede decir que esta reforma es penalmente criminal, potencialmente criminal, porque realmente deja a sectores amplísimos de la población -a personas mayores, a personas discapacitadas, a personas que se encuentran en una situación de enfermedad crónica, a los inmigrantes- fuera de los circuitos sanitarios públicos.

Es preciso destacar -ya lo ha dicho otro compañero- que este decreto-ley se enmarca dentro de una política más general de privatización de la salud pública que pretende trasvasar a millones y millones de personas de los servicios sanitarios públicos a los privados, al negocio de las mutuas, de las clínicas privadas como la Clínica Universitaria del Opus, en Pamplona; trasvasar a todas estas personas a estos centros para que sigan haciendo de la sanidad, de la enfermedad y de la salud un inmenso negocio. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que agrupa a más de 20.000 profesionales de la salud, se ha manifestado en contra del copago y ha afirmado que esta reforma no va a servir, va a tener escasa capacidad recaudatoria y disuasoria y además tiene un carácter regresivo y perjudicial para la salud de las personas y las rentas más bajas.

Pasemos a los inmigrantes. Organizaciones tan poco sospechosas como Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo de todo el Estado, Médicos del Mundo, el Consejo General de la Abogacía, la Asociación de Amigos de Naciones Unidas, todas ellas se han referido a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha afirmado que el derecho a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismos criterios que a los nacionales. Pues bien, aquí a Europa únicamente se le hace caso cuando habla el Banco Central Europeo, cuando habla Merkel, pero, cuando se habla de derechos humanos y Europa dice que esto no se puede consentir, no se le hace ni puñetero caso.

La industria farmacéutica. Amaiur es completamente partidario de contar con una industria pública, que desde la investigación, pasando por la producción y la distribución, realice sus servicios dentro de los ámbitos públicos y distribuya los medicamentos en las redes hospitalarias y en los centros de salud. Pues bien, este real decreto, lejos de dar paso alguno en esta dirección, lo que hace es dar un tratamiento muy favorable a la farmaindustria, a aquella que hace tres años tan solo nos


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dijo que iba a haber una gripe A, una epidemia tremendamente grave, y que metió a todos los Estados por decenas de millones vacunas que no sirvieron absolutamente para nada, salvo para forrarse estas multinacionales farmacéuticas, y a favor de todas ellas se está haciendo este real decreto.

Voy terminando, también con palabras que no son nuestras.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Cuadra, debe concluir ya.

El señor CUADRA LASARTE: También con palabras que no son nuestras. Lo ha dicho la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública tras analizar este decreto-ley. En suma, señora ministra, este Gobierno solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y, en cambio, es cobarde con las grandes multinacionales. Dicho de otra manera, y eso lo decimos nosotros: guante de seda para el banquero corrupto y la farmaindustria sin escrúpulos; austeridad y recortes para los sectores populares y garrotazo y tentetieso para todas aquellas personas que, como este fin de semana, han salido a las calles aquí en Madrid convocadas por el 15-M para manifestarse en contra de todos estos recortes; en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en nuestro pueblo, Euskal Herria.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Cuadra, concluya, por favor.

El señor CUADRA LASARTE: Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Cuadra.

El siguiente grupo para intervenir es el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, la verdad es que es difícil a estas alturas intervenir y decir algo razonable o relevante. No me atrevo a utilizar la expresión lúcido porque parecería exagerada. Le plantearía una cuestión de orden, señor presidente, sin que sea tan intensa como la anteriormente producida. Yo no sé hasta qué punto estos debates se pueden articular de esta manera y se pueden configurar los plenos de esta manera, tantos plenos sobre cuestiones tan relevantes, tantos reales decretos-ley, mediante intervenciones muy concisas, muy comprimidas, que requieren una exposición intelectualmente relevante si uno es tributario del rigor, que es algo que forma parte del acervo de nuestro grupo parlamentario, que requieren más tiempo y una argumentación más fina que la que estamos oyendo. Uno podría recurrir a reflexiones de trazo grueso, pero no nos parece pertinente cuando nos estamos jugando nada menos que el modelo sanitario español desde dos perspectivas, desde la perspectiva prestacional y desde la perspectiva de su configuración territorial. Yo he estado incluso -voy a ser honesto, señor presidente- a punto de renunciar al uso de la palabra por razones de decoro institucional.

El modelo sanitario español no se puede reformar de esta manera y con este formato normativo, mediante un real decreto-ley, a estas horas de la tarde, prevaliéndose de la astenia de los diputados aquí presentes, o yo no sé si lo que se pretende, más que prevalerse de la astenia de los diputados aquí presentes, es proyectar a los mercados europeos una imagen de trabajo estajanovista para intentar reducir la prima de riesgo española. Sea lo que sea, señor presidente, estas cosas no se deberían hacer así.

Pero, como hay que hacerlas así, le tengo que decir honestamente, señora ministra, que después de una lectura detenida del real decreto-ley que nos ha presentado aquí hay muy pocas cosas que se puedan salvar. Nosotros somos críticos de forma universal sobre el contenido material de este real decreto-ley, salvo en una materia que si tengo tiempo se la podré comentar relativa al turismo sanitario. Usted ha dicho una cosa interesante. El turismo sanitario se produce porque no se traspuso una directiva, la 38/2004, cuando se pudo trasponer. Esto está provocando unas disfunciones con relación al turismo sanitario que existe en el Estado español.

Dicho esto, todo lo demás es insalvable desde cualquier punto de vista desde el que se mire. Está produciendo, señora ministra, y le agradecería mucho que me escuchara si tiene la bondad, efectos que no sé si son deseables o indeseables, se lo tendría que preguntar al Grupo Socialista y se lo tendría que preguntar al Grupo Popular el primero. Un efecto primero es que se ha roto el pacto de gobernabilidad en Euskadi, el pacto que vincula al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Popular. ¿Por qué? Por este real decreto-ley, por el cual los representantes políticos que en este momento gobiernan Euskadi han denunciado este real decreto-ley y han anunciado no solo la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad, sino que han anunciado o han insinuado que van a realizar prácticas de insumisión sobre su contenido material, que es una cosa sobre la cual yo desconozco que existan precedentes sobre una norma. En relación con esto se ha roto este pacto. Yo podría glosarle qué opina seguramente la sociedad vasca sobre la ruptura de este pacto, pero la opinión es valorable, es algo valorativo y los dos grupos aquí concernidos tendrían que hacer esa primera valoración.

En segundo lugar, señora ministra, no es verdad que este real decreto-ley haya sido objeto de consenso ni con las comunidades autónomas ni con los colectivos profesionales concernidos ni con nadie, ni ex ante ni ex post. No lo fue ex ante porque en el consejo interterritorial se aprobaron determinadas cosas que no están consignadas en este real decreto-ley y este real decreto-ley añadió cosas que ni siquiera fueron objeto de debate en dicho consejo interterritorial al que usted se ha referido, como usted sabe perfectamente. No lo será ex post porque no se debatirá como proyecto de ley. Si esto se pudiera debatir como proyecto de ley, nosotros podríamos realizar


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aportaciones seguramente relevantes para mejorar algunos de los problemas o déficits que tiene, algunos de los cuales son de verdadera y real inconstitucionalidad, señora ministra, porque estamos hablando de una modificación del modelo y estamos hablando de una modificación de la configuración territorial del sistema sanitario español. Esta no es una cuestión para despacharla de esta manera, rápido y mal, señora ministra. Yo le pediría que presente un proyecto de ley si quiere acometer reformas de esta profundidad. Nosotros nos comprometemos a tener una actitud proactiva al diálogo, pero esto así no se puede regular.

Le auguro muy poco recorrido a este real decreto-ley, primero porque si se presentan estos recursos de inconstitucionalidad anunciados, el Tribunal Constitucional o el filtro de constitucionalidad no se va a poder sobrepasar por este real decreto-ley, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque se quiebra un principio que está consignado por el artículo 43 de la Constitución, la universalidad de la prestación o de la protección sanitaria. Ustedes reducen la universalidad. Ya no todos los ciudadanos del Estado español, mediante los paradigmas del carácter público de la prestación sanitaria, carácter universal de la prestación sanitaria y carácter suficiente de la prestación sanitaria, están consignados. Es más, están refutados, están negados por este real decreto-ley, porque se desvincula de la universalidad de normas, de seis normas -cinco de las cuales las aprobaron ustedes, su partido político-, reduciendo el carácter universal de la prestación sanitaria a una condición de prestacionario o beneficiario de la prestación sanitaria de aquel que ostenta la condición de asegurado.

¿A quiénes definen ustedes como ostentadores o que posean la condición de asegurados? A los afiliados al sistema público de pensiones, a la Seguridad Social. Se vuelve a retroceder treinta años atrás, antes del año 1986, Ley General de Sanidad, donde se universalizan las prestaciones sanitarias, enfatizando más esta universalización de las prestaciones sanitarias leyes posteriores como la de 2003, de Cohesión del Sistema Sanitario, y fundamentalmente la ley de 2011, relativa al sistema de salud español, cuya disposición adicional sexta usted, señora ministra, se debe releer, donde se establece que todos los ciudadanos del Estado español por su condición de ciudadanos y todos los residentes en el Estado español, sean ciudadanos legales o con condición de ciudadanos legales en el mismo, tienen derecho a la asistencia sanitaria. Esta reducción es la que provoca una vulneración del contenido esencial del precepto que regula el sistema sanitario desde la perspectiva del modelo que ustedes vulneran brutalmente mediante esta constricción, mediante esta reducción de la condición de asegurados a los afiliados a la Seguridad Social. Estamos volviendo al sistema Insalud, aquel que otorgaba a los vinculados a las entidades gestoras y a los vinculados o afiliados al sistema público de pensiones la condición de asegurados y la condición, por tanto, de beneficiarios del sistema prestacional público de sanidad. Esta regresión, señora ministra, sin perjuicio de que es injusta socialmente, puede ser previsiblemente inconstitucional y va a ser muy difícil que este real decreto-ley pueda superar el filtro de constitucionalidad si los recursos de inconstitucionalidad se presentan al respeto. Esta es la primera cuestión que le tendría que comentar, señora ministra.

¿A quiénes se excluye? Se excluye a colectivos importantes. A mayores de veintiséis años que no estén afiliados a la Seguridad Social. Pero es que no son los únicos a los que se excluye, señora ministra. Se excluye a todos los no afiliados a la Seguridad Social, que no son solo los mayores de veintiséis años. Le recuerdo que no puede afiliarse a la Seguridad Social, no puede afiliarse al INSS una persona en situación de desempleo, los mayores de veintiséis años y los mayores de treinta que no han accedido a su primer empleo y los menores de veintiséis años que no han accedido a su primer empleo. No pueden tampoco afiliarse al Instituto Nacional de la Seguridad Social como beneficiarios, y por lo tanto en este momento como asegurados por parte del sistema sanitario, los que han perdido el empleo en primer lugar y los que han perdido, por su agotamiento, la prestación de desempleo, que automáticamente quedan desafiliados del sistema de la Seguridad Social y por ello su atención sanitaria queda al albur de procedimientos benéficos, de procedimientos ajenos al sistema público sanitario que se configura en este real decreto-ley. Quedan excluidos los extranjeros porque se modifica el artículo 11 de la Ley de Extranjería, en relación al cual la jurisprudencia de los tribunales, desde una interpretación iusnaturalista y no positivista del precepto, había consagrado ya la previsión de que los extranjeros empadronados, incluso en situación irregular, tendrían derecho a la misma asistencia sanitaria que los ciudadanos de nacionalidad española. En definitiva, quedan excluidos del sistema de protección sanitaria una serie de colectivos, lo que vulnera un principio constitucional admitido por todos en esta Cámara, que es el de la universalidad de la asistencia sanitaria.

Señora ministra, ha hecho una mención que me preocupa y es que hay que afrontar problemas económicos graves de una deuda acumulada de casi 16.000 millones de euros y una situación patológica como la consistente en que algunas comunidades autónomas están tardando más de ochocientos días en pagar a los proveedores la deuda sanitaria que tienen contraída con ellos. Se le ha olvidado decir a qué comunidad autónoma se estaba refiriendo. Usted sabe a qué comunidad autónoma se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a la Comunidad Autónoma de Valencia, que es la única que tarda más de ochocientos días en pagar a sus proveedores en este momento. (Aplausos). Pero del total de la deuda acumulada que usted pretende utópicamente resolver con las previsiones de recorte de este real decreto-ley, el recorte que solo se circunscribe a la reducción del gasto de las personas que se excluyen de la protección sanitaria usted lo cifra en 6.000 millones de euros, veremos a ver si por la exclusión de estos o va a excluir a más. Ese es el único recorte, porque desde una perspectiva del


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modelo y ante la carencia de memoria económica -que es algo que yo le tengo que reprochar manifiestamente, señora ministra: no sabemos qué otros procedimientos más que la exclusión de personas protegidas van a utilizar en ese recorte-, ustedes pueden llegar a ahorrar 6.000 millones de euros sobre los 17.000 millones de euros que debe la sanidad española, pero que no debe la sanidad española en su conjunto, señora ministra, porque la deuda sanitaria de las comunidades autónomas es manifiestamente desigual. La deuda está concentrada en tres comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Olabarría, por favor, vaya concluyendo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La deuda sanitaria de Osakidetza del Gobierno vasco es una deuda que se puede considerar solo técnica, 88 millones de euros. Lo que tarda en pagar Osakidetza a los proveedores son cuarenta y cuatro días. Compárela con la de la Comunidad Autónoma de Valencia y no generalice mediante medidas restrictivas para todos lo que es un problema provocado por algunas comunidades autónomas por su mala gestión y por su mala configuración de los servicios públicos sanitarios.

Desde una perspectiva competencial, señora ministra, usted retrocede a los tiempos anteriores a la Loapa. Usted está vulnerando el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la Loapa inconstitucional, sentencia 76/1983, que establece que las Cortes Generales del Estado no pueden ubicarse en la misma posición que el legislador constituyente y vulnerar las competencias de los poderes constituidos. ¿Quiénes son estos? Las comunidades autónomas. Y a las comunidades autónomas se les vulneran sus poderes a través de un vaciado de sus competencias mediante un abuso de la legislación básica del Estado, que es el título competencial que a usted la habilita para aprobar este real decreto-ley, o mediante un abuso de los elementos de armonización.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Olabarría, concluya por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente, de verdad.

Está haciendo las dos cosas. Está abusando mediante una regulación abusiva, exhaustiva y prolija de la legislación básica para la que usted está habilitada, vaciando de competencias absolutamente a las comunidades autónomas, y está abusando de sus potestades de armonización. Y como ni desde la perspectiva del modelo ni desde la perspectiva de la configuración territorial del sistema sanitario esto es presentable, señora ministra, le pido que lo vuelva a pensar, que lo vuelva a traer a esta Cámara y que lo vuelva a replantear. Con esto no resolvemos el problema de la sanidad y creamos gravísimos conflictos interterritoriales y conflictos con los colectivos a los que provee un modelo sanitario que entre todos habíamos construido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Olabarría.

El siguiente grupo a intervenir es el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señora ministra, comparto la reflexión del señor Olabarría casi en su conjunto, salvo apreciaciones que tienen más que ver con un debate competencial, pero comparto una parte sustancial que él ha planteado respecto a cómo se hacen los debates; también la relativa al aseguramiento y a la vuelta al antiguo Insalud, que verdaderamente me parece plenamente acertada. Creo que la forma es fondo y no hay manera de hacer bien un debate sobre la reforma del sistema sanitario así, a través de un real decreto, después de un Pleno todo estajanovista, todo a continuación para que dé la impresión, efectivamente -como él decía-, de que trabajamos muchísimo y que por eso vamos a resolver todos los problemas que tenemos. No hay manera de hacer bien las cosas aunque pusiéramos el máximo de voluntad, aunque nos escucháramos mucho y aunque, además de escucharnos, incluso pretendiéramos comprender los argumentos del otro. El formato elegido imposibilita ese debate constructivo y absolutamente necesario para todo, pero particularmente para una cuestión de tanta entidad como es la reforma del sistema sanitario.

Déjeme que le diga, ministra, que usted se ha empeñado en demostrarnos, en explicarnos que esto no es la reforma del sistema sanitario que va a traer su Gobierno, de la misma manera que hace unas horas, esta mañana, el ministro de Educación nos ha explicado con motivo del otro real decreto que aquello tampoco era la reforma del sistema educativo. Resulta que tenemos dos reales decretos que reforman de fondo y a fondo el sistema sanitario y el sistema educativo -sin perjuicio de que vayan ustedes a hacer otras reformas y a traerlas a la Cámara-, pero que además cuestionan las otras reformas que ustedes nos han anunciado, porque al reformar este modelo cuestionan las futuras reformas que podamos hacer. Se han empeñado en explicarnos que no son reformas y realmente estamos reformando lo sustancial, porque el Estado, en las democracias modernas, ha de servir básicamente para garantizar algunas cuestiones: la sanidad, la educación, los servicios sociales, las cuestiones básicas. Si no sirve para eso, ¿para qué sirve, si nos cambian lo que son derechos básicos del conjunto de los ciudadanos en hora y media, sin posibilidad de debate?

Por mucho que nos empeñemos, como le decía, ministra, no es posible hacer un debate riguroso que vaya más allá del trazo grueso. Está tan limitado el debate que a cada uno de los que salimos aquí, aunque buscáramos


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encontrar el máximo denominador común, por el sistema que ustedes han elegido para hacer la reforma, nos obligan a buscar la discrepancia, nos obligan a enfatizar lo que es más diferente, lo que es más crítico, porque ustedes han elegido un modelo para el disenso, no han elegido un modelo para el consenso. Han elegido un modelo para el disenso porque ustedes han decidido hacer dos reales decretos, pero me voy a fijar en este, reformando el modelo pero no con un modelo alternativo, por mucho que se les haya acusado de tener otros modelos alternativos. A lo mejor lo tienen en la cabeza, pero, fíjese, yo eso hasta lo respetaría, lo respetaría sin duda. Ustedes vienen aquí con un modelo alternativo, reconocen que es un modelo alternativo, nos lo explican, podemos no estar de acuerdo, pero sabemos que van ustedes hacia otra cosa. No, niegan que haya un modelo alternativo y niegan que haya un modelo alternativo porque, en el fondo, la única pretensión de este real decreto es hacer caja, es obtener unos recursos, es ayudar a resolver problemas económicos -usted lo ha planteado- y como no son claros, como no lo abordan con claridad y con rigor en el sentido de explicar con transparencia lo que quieren hacer, se confunde por ejemplo algo que me parece un tema de buena gestión: la tarjeta sanitaria única, los ahorros en farmacias, cosas de organización, cobrar a los que tienen país de referencia y que puedan pagar su asistencia sanitaria. Esos no son recortes, eso es buena gestión en todo caso, pero como no quieren reconocer que en otras cosas hay recortes, lo meten todo en el mismo saco y al final son 6.000 millones de euros de recortes, por no hablar claro, por no decir la verdad, por no separar las cosas, por no plantear un debate abierto en el que todo el mundo podamos entrar a fondo, desde la discrepancia política pero desde el respeto también político -el personal no hace falta ni que se lo diga-, también político, de ideas diferentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Aquí estamos ante una cuestión esencial del Estado de derecho, de aquellos artículos de la Constitución que son básicos, que son por tanto innegociables. En la Constitución se pueden negociar y reformar muchas cosas, pero aquellos artículos que proclaman derechos fundamentales no. Estamos ante un debate que aborda eso sin reconocer que lo estamos abordando y obligándonos a la hora de hacer el debate a todos los grupos políticos a encontrar el elemento de diferencia para ver si así nos entienden -por lo menos hablo por mí-, a ver si así entienden por qué les pedimos que lo tramiten como ley: para poder arreglarlo, para poder aportar nuestra opinión sobre estas cuestiones. Salvo que ustedes tengan una idea malévola en la cabeza de terminar con todo lo bueno que se ha podido ir haciendo a lo largo de los años -a mí no me entra en la cabeza que haya ningún gobernante, por muy de derechas o por muy de izquierdas que sea, que tengan una idea a priori malévola de fastidiar a los ciudadanos haciendo las leyes para fastidiar-, si no tienen esa idea, si quieren escuchar a los demás, si parten de la premisa de que todos podemos aportar algo positivo siempre en cualquier debate, ¿por qué se empeñan ustedes en plantearlo de esta manera? ¿Acaso creen que da más crédito para España en Bruselas que parezca que hacen las cosas en contra de todos los demás? ¿Acaso creen que es mejor, que da la sensación de ser un Gobierno fuerte, duro, valiente y que eso va a ser crédito para España y que eso nos va a ayudar en los mercados y en todo eso de lo que se habla? No creo, ¿no?, señora ministra. No creo que hayan llegado a esa conclusión después de algunas de las cosas que vimos al principio, como anunciar la reforma laboral diciendo que iba a ser tan mala que iba a salir tanta gente a la calle y que seguramente por eso era buena. Si no es el caso, le pido que, si hay oportunidad todavía, reflexione y tramite este real decreto como ley, que nos permita de verdad establecer un consenso, establecer un consenso sobre el fondo de la cuestión, que nos permita arreglarlo entre todos, también con más tiempo para escuchar sus razones -porque creo que tendrán razones no malévolas, perdone que insista en ello-, aunque no las compartamos. Hágannos el favor no solo a la Cámara sino al conjunto de los ciudadanos de tratar con el respeto debido una reforma que es sustancial para el conjunto de la sociedad española.

Dicho eso, que me parece que, tal y como estaba el debate, es lo sustancial, la reflexión política -o por lo menos así lo quiero plantear- es que es verdad que en este real decreto hay cosas positivas. No voy a insistir en aquellas que usted ha destacado incluso exageradamente, como por otra parte comprendo. Hay cosas positivas, pero en el tiempo que tengo no me va a quedar otro remedio que hablar de lo que motiva nuestro rechazo. Nuestro rechazo está motivado fundamentalmente por el capítulo I, ese capítulo en el que hacen ustedes desaparecer el concepto de universalidad, porque eso es verdad, ministra, ustedes hacen desaparecer el concepto de universalidad y reintroducen el de asegurado, el aseguramiento. Eso me parece gravísimo, eso es cambiar el sistema.

Quiero destacar también la exclusión de la atención sanitaria a aquellas personas que como dice el propio texto -el señor Olabarría hacía una reflexión larga sobre esto y por tanto no insistiré- no ostenten la condición de asegurado, porque ustedes sustituyen la universalidad por el aseguramiento y luego en el decreto deciden quién es el asegurado y quién no lo es, o quién está de beneficiario con otro asegurado -no hace falta que insista en ello-, pero al determinar quiénes tienen el derecho por la vía del asegurado, dejan a una serie de colectivos y de personas fuera. Desaparece sin debate alguno uno de los pilares de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es ese carácter universal. Creo que esta decisión supone un retroceso de décadas en la configuración de la asistencia sanitaria de España.

Se deja de atender al cien por cien de la población, aunque usted en su intervención decía justo lo contrario, independientemente de su situación económica o de su afiliación a la Seguridad Social. Para introducir esa


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trascendental medida se invoca por su parte un informe del Tribunal de Cuentas que denuncia que nuestro sistema sanitario asume la asistencia de personas que ya la tienen cubierta en otros países. Para cobrar a aquellos ciudadanos de otros países comunitarios que reciben asistencia sanitaria en España no hace falta este decreto, hace falta que nuestras instituciones funcionen bien. No hace falta encontrar la disculpa del turismo sanitario para presentar un decreto y reformar la asistencia universal y cambiarla por el del aseguramiento. Es una disculpa muy pobre, señora ministra. Se trata de eficiencia, de que las instituciones funcionen, de que cobren a aquellos que vienen de otros países europeos -insisto-, que tienen cubierta su asistencia sanitaria...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir terminando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... y a quienes se puede girar la factura.

En suma, señora ministra -sobre todo porque me lo van a agradecer muchas de sus señorías, aparte de porque me lo ha pedido el presidente, naturalmente-, este real decreto es rechazable desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, especialmente por esta modificación, por esa sustitución que se hace pasando de la universalidad al aseguramiento. Es especialmente rechazable por eso. De verdad, es un retroceso brutal en una mañana en dos horas. Es una medida además que no solamente es injusta sino que es ineficaz para corregir eso que a ustedes tanto les preocupa, el gasto, y que puede tener también graves consecuencias en la salud de la población en general. Efectivamente, hay que pagar...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pues termino, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, las cosas se conocen por su origen. El origen de este recorte, recorte sanitario y recorte educativo, no está, señorías, en esta Cámara, ni siquiera está en el Gobierno. Este recorte es una enmienda de totalidad de los fondos europeos y de la Unión Europea al presupuesto general del Estado de su Gobierno, un Gobierno que fue a Europa diciendo que iba a conseguir un porcentaje de déficit y volvió con una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Ese es el origen de estas medidas, ninguna reforma sanitaria, 10.000 millones de euros que hay que repartir entre sanidad y educación.

Señora ministra, no voy a referirme a ninguna publicación española. Hoy tenemos la satisfacción de que el British Medical Journal diga lo que es este decreto español. Dice: Es el principio del fin del servicio nacional de salud español. Y los británicos saben mucho de esto, saben mucho de esto porque soportaron a Margaret Thatcher. Por tanto, señoría, ni siquiera necesito referirme a su propio decreto, que usted parece que decía que no me había leído. Vuelvo a repetirle que su artículo 3 dice claramente que la asistencia ya no es universal, sino que se garantiza a aquellas personas que ostenten la condición de asegurados. Asegurados no son todos los ciudadanos sino una parte de los mismos y por tanto resulta falso decir -como dice y repite usted- que todos los ciudadanos españoles tendrán cobertura sanitaria. Según su decreto no es cierto, no todos los ciudadanos españoles tienen cobertura sanitaria. Por tanto, en primer lugar, es una contrarreforma sanitaria, una contrarreforma sanitaria como dije ayer desalmada, porque, señorías, se ceba en los más débiles.

Señora ministra, me referiré a la prueba de ello. Usted me dijo que no me había leído el decreto y que me habría leído un panfleto -en una muestra también de buen tono y de buen rollito en esta Cámara-. Pues resulta que sí me lo he leído y resulta además que, para mi desgracia, me he leído sus correcciones de errores. Señoría, una cosa es la corrección de errores y otra cosa es un error garrafal, que es lo que es su decreto. Mire, señoría, presenta usted, a un decreto de 10 artículos y algunas disposiciones adicionales, 73 correcciones de errores: a corrección de errores por línea, señorías, con lo cual no se trata de una corrección de errores, sino de un gran error -ese real decreto-, de una falta de rigor absoluta en ese decreto, de una precipitación digna de mejor causa.

Decía usted ayer, señora ministra, que lo que decíamos los portavoces -y lo que decimos hoy- no era verdad. Yo no voy a entrar en verdad y mentira porque eso lo tendrá que arreglar con su confesor, pero sí voy a entrar en lo que significa decir a esta Cámara algo que no se corresponde con el decreto. No se corresponde con el decreto lo que usted le ha dicho a esta Cámara. Decía usted que los de veintiséis años en el decreto tienen garantizada la tarjeta sanitaria. Modificación número 66 de sus correcciones de errores, modificación que dice que a partir de la corrección de errores tendrán tarjeta sanitaria individual. No tenían tarjeta sanitaria, señoría, y a partir de esta corrección de errores parece que pueden tenerla, si una corrección de errores pudiera cambiar aspectos sustanciales de un decreto, cosa de la que me permito dudar. De la misma manera, cambian ustedes en la corrección de errores lo relativo al límite de prótesis y de transporte sanitario. Cambian algo que me parece realmente ilegal y es que permiten a los centros sociales dispensar fármacos hospitalarios, ¡dispensar fármacos hospitalarios! Realmente no sé de dónde lo ha sacado.

La mayor parte de las modificaciones que aborda usted en este decreto es todo aquello que nos dijo ayer


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que era mentira, que mentíamos cuando lo denunciábamos en esta Cámara y cuando le decíamos que la mejor forma de modificarlo no era el reglamento. Señora ministra, usted no es Romanones -Romanones era muy liberal-. Usted es peor que Romanones. Usted no lo modifica por reglamento. Lo modifica, como lo está modificando hoy, a través de una corrección de errores más allá de la legalidad, más allá de la legalidad. (Aplausos).

Pero no quiero quedarme en sus errores. Usted nos dijo ayer y nos intentó convencer de que sus medidas significaban la solución a la insostenibilidad del sistema sanitario. Permítame que rompa estas dos hojas, porque esta contiene lo que aprobaron en Consejo de Ministros y esta otra es la parte relativa a la memoria económica de su decreto. ¿Sabe usted qué diferencia hay, en unas horas, entre el Consejo de Ministros y la memoria económica del decreto? 500 millones de euros. Mire usted (El señor Llamazares Trigo muestra una hoja), Consejo de Ministros: ahorro global, 7.767 millones. Memoria económica (Muestra otra hoja): ahorro global, 7.267 millones. ¿Dónde está el problema? En medidas de eficiencia, en las TIC, plataforma de compras y energía. Señoría, qué poca seriedad. Da la impresión de que esto, por llamarlo de alguna manera, son las cuentas del Gran Capitán. De estos 7.000 millones ni la mitad, señora ministra, porque únicamente se han dedicado a maquillar las cifras para presentarlas ante la Unión Europea, y demostrar que son ustedes los primeros de la clase en recortar a los ciudadanos y en mejorar la situación de los bancos. En eso parece que ustedes quieren dar lecciones a todo el mundo.

Señora ministra, no quisiera terminar mi intervención sin plantearle los grandes problemas de este decreto. En primer lugar, usted no tiene derecho a decirle a esta Cámara que ha propuesto un pacto de Estado. Porque, en términos de su grupo parlamentario, yo diría que este es un pacto trampa, porque nos propone un pacto de Estado con una agenda cerrada, y además cerrada en las materias que más me importan. Si usted me cierra la agenda en la universalidad de la atención, es decir, en el derecho de todos los ciudadanos a la atención sanitaria; si usted me cierra la agenda en la accesibilidad de la atención, es decir, en el derecho a ser atendidos independientemente de la situación económica o geográfica, con el transporte sanitario, si hace todo eso, yo no tengo nada que negociar con usted, señora ministra. Su propuesta de pacto de Estado es una propuesta hipócrita y falsa, porque no pretende el acuerdo. Lo ha dicho hoy claramente; ha introducido un elemento nuevo que no me ha pasado de largo, porque lo propusieron ya en el Pacto de Toledo y no se lo aceptamos, y es que, además de los diputados, haya una comisión de expertos: Fedea, señora ministra; Fedea es la que nos va a decir cómo vamos a mejorar nuestro sistema sanitario. Pues no, señora ministra, no aceptamos ni un pacto trampa ni las lecciones de Fedea en materia de reforma sanitaria. No los aceptamos. (Aplausos).

Señora ministra, es un decreto desalmado que no se modifica únicamente por la corrección de errores. Siguen cebándose en los sectores más débiles de la sociedad española -se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir-, que lo están pasando especialmente mal por la crisis, y ustedes se ceban en ellos. En los crónicos, en los pensionistas, en los pacientes que necesitan tratamientos a largo plazo, en los que necesitan transporte sanitario, en todos ellos se ceban para obtener un magro -porque es la cuenta del Gran Capitán- resultado de ingresos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Señora ministra, usted sin embargo tenía otras posibilidades, de hecho las mezcla en el decreto, pero francamente sin mucho conocimiento. Tenemos márgenes para mejorar la financiación del sistema sanitario y ustedes no los utilizan; márgenes que tienen que ver con el sistema general de impuestos que hacen que los más ricos y los más sanos financien a los más pobres y a los que tienen más enfermedades, base del Sistema Nacional de Salud. También tienen posibilidades de abordar una mayor eficiencia en materia de gasto farmacéutico. No se preocupen tanto porque se pongan aquí las cajas de los fármacos. El problema no es que se pongan aquí los nombres de los fármacos, el problema es que se haga propaganda de los fármacos entre quienes prescriben en el sistema sanitario público, y que no tengan información pública para saber qué fármaco es el más adecuado y el más barato. Esa es la cuestión fundamental. Tienen también margen en relación con la duplicidad de los sistemas de seguro dentro del sistema sanitario; ahí también hay margen para ahorrar. Por tanto tenían margen para ahorrar, pero han preferido cebarse en los más débiles y usar la reforma del sistema sanitario para, como dice el British Medical Journal, hacer un asalto al sistema sanitario, hacer el principio del fin del sistema sanitario público. Así no, señora ministra, así no hay pacto de Estado de la sanidad, así no es posible el acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, realmente hacer un debate sobre este real decreto de medidas sanitarias a esta hora de la mañana -para los que todavía no hemos comido- es un poco difícil. A mí me gustaría realizar mi exposición en nombre de Convergència i Unió de una manera diferente, quizá desmarcándome de algunos discursos que hemos oído aquí durante todo este debate, y en los que desde nuestro punto de vista se ha utilizado mucha demagogia. A mí no me gustaría hacerla, quiero ser realista con este real decreto, y centrarme en las medidas que allí se contemplan. Nosotros, señora ministra, podríamos estar de acuerdo, estamos de acuerdo en el fondo de lo que ustedes buscan con este real decreto.


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Estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para mejorar la sostenibilidad y para mantener además la calidad de nuestro sistema sanitario público. Pero para hacerlo, señora ministra, tiene que estar bien explicado, y en este decreto nosotros encontramos con que la letra, lo que dice, lo que realmente explica este decreto no se corresponde con lo que usted nos explica. En Convergència i Unió la creemos; yo creo, señora ministra, su explicación y sé que no lo hace quizá con la intención, como aquí ha explicado, de querer cambiar el sistema, pero el decreto dice lo que dice y las palabras están escritas, y no podemos estar sujetos a interpretaciones. Nosotros creemos que tenemos que ponerlo claro, que tiene que estar entendido, y que todos tendríamos que interpretarlo bien.

La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que tramitara este real decreto, como le hemos pedido por activa y por pasiva, como proyecto de ley. Nos gustaría colaborar y arreglar todos esos desencuentros entre lo que usted dice y lo que recoge la letra del decreto para que queden claras esas interpretaciones que dice que hacemos mal. Pero es que yo encuentro que aquí todo el mundo lo está interpretando mal, todos los grupos parlamentarios, en la calle, las asociaciones médicas, las asociaciones de pacientes, muchísimos usuarios, y yo creo que cuando todo el mundo lo interpreta mal, es como cuando en la clase todos los alumnos suspenden, siendo quizá el maestro el que no lo hace bien.

Quiero ponerle aquí unos ejemplos. Hay uno que citó ayer en la interpelación el señor Llamazares, que viene de parte de los jesuitas, de unas asociaciones que ellos aquí explican, citándose nombres y apellidos de usuarios que se encuentran en problemas y que se encontrarán con este real decreto. Hoy mismo ha salido un comunicado de prensa de los obispos catalanes, reunidos todos ayer en Tarragona, donde manifiestan su gran preocupación por lo que comportará este real decreto sanitario. Tenemos también aquí cartas que nos han hecho llegar, y nos consta que se han puesto en contacto con usted, haciéndoselas llegar también, desde la Fatec, desde la Federación de asociaciones de la gente mayor de Cataluña, donde nos indican que este real decreto se ha olvidado de una gente muy importante, de todos los pensionistas del SOVI, que es un régimen residual que todavía queda de la Seguridad Social, integrado por 271.500 afectados que cobran una pensión de 395,75 euros. ¡Cómo van a poder pagar estas personas -a quienes no se excluye en este decreto, hay otras exclusiones, pero de estas se han olvidado- un adelanto del 10 % de sus medicamentos, si con lo que cobran ya significa pobreza, y no pueden pagarse muchas veces a final de mes ni un solo café!

Hay muchos temas aquí pendientes de clarificar, señora ministra. A nosotros nos gustaría hacerlo, nos gustaría aclararlo, y nos gustaría llegar a acuerdos. Por eso, y quizá sea la última vez que le pueda hacer este ofrecimiento en nombre de Convergència i Unió, se lo volvemos a pedir. Antes de la votación todavía están a tiempo de tramitarlo como proyecto de ley, que podamos participar, que podamos arreglar todos estos desacuerdos. Pero además, entrando ya en el contenido del decreto -y voy a ser uno más de los que se lo han dicho en este grupo parlamentario-, no puede hacerse de esta forma: cambiar -aunque usted dice que no, así es como se entiende en el decreto- este Sistema Nacional de Salud por el sistema otra vez del asegurado y su beneficiario. Este real decreto, señora ministra, es muy farragoso, es involucionista tal y como está escrito. Aquí tendríamos que aclarar perfectamente lo que usted dice que está allí impregnado, como es la condición de asegurado, indicando que la determina la nacionalidad española, siendo en todo caso la Seguridad Social la fuente de información para determinar la inclusión en las tarjetas sanitarias por parte de las comunidades autónomas a efectos de las aportaciones ligadas a la renta. Pero, tal como está escrito, quita también las competencias a las comunidades autónomas de otorgar sus tarjetas individuales sanitarias. Ya sé que me dirá que no es esa su intención, pero le vuelvo a decir que es lo que dice la letra de la canción, aunque la música la queramos poner diferente. Lo han complicado mucho con esta redacción.

Estamos de acuerdo -lo he dicho al principio- en algunos puntos, y desde Convergència i Unió también lo estamos en que el copago sanitario se haga por niveles de renta: quien no tenga nada, que no pague; quien tenga mucho, que pague más. Pero no nos gusta esta forma ni estos escalados que han hecho. No puede ser que unas personas con 18.000 euros -una persona con 18.000 euros al año es un mileurista- hagan el mismo aporte de copago farmacéutico que uno que gane 99.999, porque es a partir de los 100.000, y desde 18.000 a 100.000, que hay mucho por medio, todos han de pagar el 50 % de lo que cuestan sus medicamentos; los que están cotizando. Además para nosotros hay un tema muy importante: no se distingue en este real decreto entre las familias que tienen a una persona discapacitada y las que no lo tengan. Ayer lo decíamos en la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad, donde compareció el presidente del Cermi: si para una familia que ya tiene a una persona discapacitada en su seno el coste económico es más alto que para el resto de las familias, si además le incluyen todo este tipo de copagos igual que a los que ganan 99.999 euros, es injusto y provoca desigualdad social. Estamos de acuerdo también en que ya había una desigualdad social, que un trabajador en paro y que no tuviera recursos aportara el 40 % y que un pensionista muy rico no aportara absolutamente nada. Pero esa injusticia, que la había, la están arreglando con otra que también es una injusticia en esta escalada de baremos que le acabo de explicar. Ya que lo arreglamos, arreglémoslo bien, y no pongamos a todos en el mismo saco. A estas familias que tienen pacientes crónicos, que tienen personas con discapacidad, que además tendrán que aportar parte del transporte sanitario, que necesitan una rehabilitación obligatoria para mantenerse mejor y para mantener estabilizada su enfermedad, a esas personas no se les puede tratar igual y no les podemos poner el mismo copago que a otras que quizá lo necesitan


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esporádicamente, o que podrían utilizar un transporte público por su condición física en esos momentos. Hay que hacer más distinciones, hay que hacer más diferencias sociales. Lo estamos agravando tal como está el texto de este decreto. Y nosotros nos ofrecimos a arreglarlo, le hicimos una oferta, señora ministra, le hemos hecho muchas enmiendas, incluso usted sabe -y lo tiene- que llegamos a elaborar hasta un texto alternativo con cada cosa que nos parece que teníamos que corregir, y estábamos dispuestos a hacerlo si realmente ustedes querían este diálogo. Porque el diálogo no solamente son ofertas de palabras, el diálogo también son hechos, y nos gustaría tenerlo, nos gustaría muchísimo, señora ministra. A mí, a Convergència i Unió nos molesta el tono que ha habido en esta discusión, porque para nosotros esto es muy serio y nos hubiera gustado colaborar y arreglarlo, pero ustedes nos lo impiden al no querer tramitarlo como proyecto de ley. Por eso se lo digo y se lo vuelvo a repetir, por favor, escúchenos a todos, escúchenos, tramítelo como proyecto de ley, atienda nuestras mejoras y seguro que todos saldremos beneficiados.

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Cervera Taulet.

El señor CERVERA TAULET: Presidente, ministra, señoras y señores diputados, el pasado 1 de febrero la ministra Ana Mato compareció ante la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para exponer las líneas de trabajo de su departamento en la presente legislatura. Adquirió entonces el compromiso de impulsar la sostenibilidad económica y asistencial del Sistema Nacional de Salud, situando al paciente en el epicentro del modelo, contando con los profesionales en la toma de decisiones, gestionando eficientemente, y basándose en un modelo de asistencia sanitaria de calidad, universal, equitativo y gratuito. Y desde el primer día, en un diálogo constante con las comunidades autónomas, se ha trabajado en un real decreto-ley que hoy se convalida aquí en el Congreso de los Diputados y que, señorías, preserva y asegura la viabilidad y el mantenimiento de nuestro modelo sanitario, patrimonio de todos, repito, de todos los españoles. (Aplausos).

Como ha anunciado la ministra, este es el primer paso hacia el gran pacto político que finalizará con una ley de servicios básicos del Estado, que pretende sea el consenso definitivo de todas las fuerzas políticas y sociales, que blinde el Estado del bienestar, e igual que ocurrió con el Pacto de Toledo proteja a la sanidad de la crispación y de la demagogia política, que es lo que nos piden con responsabilidad los españoles, y que algunos de ustedes hoy han olvidado.

Nos encontramos ante la reforma de más calado de los últimos años, porque de una vez por todas se dota a las comunidades autónomas de instrumentos legales que les permitan gestionar de forma eficiente, pero también de forma real, porque no se gestiona de forma real si los presupuestos no reflejan de forma veraz unos ingresos adecuados, que acompañen a los gastos, y esa dificultad de cuadrar ingresos con gastos ha provocado una deuda de 16.000 millones de euros que las comunidades autónomas mantienen con los proveedores sanitarios. ¿Y qué alternativas dio el Gobierno socialista durante los últimos ocho años para salvar esta deuda de 16.000 millones? Aún la estamos esperando.

El Gobierno desde el primer día se ha puesto al lado de las comunidades autónomas, adelantando los anticipos correspondientes, retrasando al máximo los plazos para el pago de los compromisos, y sobre todo permitiendo con líneas de crédito ICO el pago de toda la deuda sanitaria. Señorías, un país es fiable si gasta lo que tiene y paga lo que gasta. Con estas medidas España y las comunidades autónomas ganan fiabilidad y respeto. Por eso no sería la solución si seguimos reproduciendo las dificultades y los problemas que afrontan las comunidades en los próximos ejercicios. Y todas estas medidas que solucionan estos problemas se presentan en el real decreto para evitar las dificultades que ha habido durante tantos años, consensuadas además con la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

Y entrando a comentar dichas medidas y la respuesta ante ellas que se han producido por parte de los diferentes grupos, me gustaría comenzar por lo que algunos han llamado un cambio de modelo. Señorías, el Gobierno del Partido Popular apuesta por un modelo que garantiza la universalidad de la asistencia sanitaria para todos los españoles (Aplausos), no se quita sanidad, se mejora la sanidad. Es una demagogia política la que ustedes hacen. (Un señor diputado: ¡Valencia!) Señor portavoz del Partido Socialista, ha hablado usted de un máster y de quince minutos de máster. Pues vamos a jugar otros quince minutos de máster. Nuestro sistema sanitario no cuenta con una cartera común de servicios. Ustedes no la hicieran común. Nuestro sistema sanitario no es universal todavía, pero nosotros vamos a conseguir que sea universal, y nuestro sistema sanitario va a estar independientemente blindado de las vicisitudes económicas, porque lo vamos a hacer serio y estratégico. (Rumores.-Protestas). Esos son quince minutos de máster, señoría. (Aplausos).

Todos los españoles, todos, tendrán derecho a la tarjeta sanitaria, y no hay más que hablar. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ah!) Todos los españoles tendrán derecho a la tarjeta sanitaria. (Rumores). No busquen en el texto caldo de cultivo para demagogias. (Aplausos). Los mayores de veintiséis años, los divorciados, los discapacitados y todos los españoles, todos, tenemos derecho a una tarjeta sanitaria. No mientan ustedes como están mintiendo durante este debate. Cuando pase el tiempo y comprueben que los españoles, todos, tenemos esa universalidad de la asistencia sanitaria de calidad, ¿dónde estarán ustedes para recoger esas mentiras que nos han dicho en el día de hoy? ¿Dónde les podremos buscar? (Aplausos.-Rumores). Lo que garantiza este real decreto es orden, porque no había


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orden, y porque el Tribunal de Cuentas ha dicho que hay 1.000 millones de desorden al año por tratamientos europeos, ya que las comunidades autónomas que tratan a europeos y ven que tienen que facturar lo que les correspondería a los países de origen protestan, y han pedido que incluyamos esto en el decreto. Y eso es lo que hace el Gobierno del Partido Popular, poner orden. Ningún ciudadano extranjero, ninguno, aunque se encuentre en situación irregular, va a dejar de ser atendido. (Aplausos). Ningún extranjero va a dejar de ser atendido; ningún extranjero va a dejar de tener un tratamiento en un proceso activo; ningún menor de dieciocho años, ninguna embarazada, nadie. Aquí se va a atender a todo el mundo. (Rumores.-Aplausos). Lo único que se va a hacer es poner orden exclusivamente. (Protestas). Y con todo el cariño del mundo le diré que usted no tiene derecho a decir que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular van a permitir que aumente la tuberculosis por no tratar a los inmigrantes. (Rumores). Usted no tiene derecho a decir que vamos a ir en contra de la salud pública, porque si hay gestores de salud que tienen calidad están dentro del Gobierno del Partido Popular, y su ministra lidera a esos gestores. (Aplausos.-Rumores). Las medidas en farmacia -que ustedes pedían y sus comunidades autónomas están pidiendo-, las medidas que coordine la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, las medidas de cartera básica común, y las medidas de sanidad electrónica ayudarán a gestionar mejor.

Con respecto a los profesionales también mienten, porque este decreto se ha consensuado con la Organización Médica Colegial y con el Consejo Nacional de Enfermería, y han aplaudido el decreto y las reformas que se han hecho en el mismo. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Anda!). Por lo tanto estamos con los profesionales y los profesionales están con el Partido Popular y con su Gobierno. (El señor Hernando Fraile: ¡Muy bien!- Aplausos).

Por último y para concluir, este real decreto es el primer paso para blindar, como dije, nuestro sistema de bienestar, no en lo que se refiere a su calidad, porque la intención es seguir mejorándola día a día, sino en el importante ámbito de la sostenibilidad. Todos los expertos sanitarios, consultoras independientes e incluso todos los exministros de Sanidad del Partido Socialista, cuando han dejado el ministerio y la política activa, reconocen y coinciden en señalar que el sistema sanitario español, como el resto de sistemas sanitarios europeos, tiene graves problemas de financiación y sostenibilidad; pero en nuestro caso los problemas son mucho mayores, porque padecemos una crisis económica mucho mayor y por un desempleo récord. La crisis económica mayor y el desempleo récord han sido, sin lugar a dudas, por una mala gestión suya, por una ausencia de conocimiento en la gestión de la crisis, y por negar la crisis todos los días, hasta el último día en que se fueron.

Había que tomar medidas y este real decreto las toma. Ustedes intentaron tomarlas, pero no consiguieron las soluciones. Déjennos a nosotros, al Gobierno, tomar las medidas. Pero sobre todo explicarlo. La clave del real decreto está en el consenso y en el diálogo que la ministra, Ana Mato, ha ofrecido a todas las comunidades autónomas, a partidos políticos, y en general a todo el sector sanitario desde el primer día. Eso ha sido prioritario desde el primer día, como digo, en el ministerio. Este real decreto es el trabajo conjunto de las comunidades autónomas con el Gobierno; se trata de medidas que plantearon las comunidades autónomas y algunas han sido recogidas en el real decreto. No las hemos recogido todas. Este decreto no ha recogido el descenso lineal del sueldo a los funcionarios como ha hecho Andalucía en el día de ayer, porque creemos que se pueden tomar medidas de gestión eficiente sin que esto afecte al bolsillo de los funcionarios, principalmente del personal sanitario. El consenso no acaba aquí, como ha dicho la ministra, sino que continuará, continuará con la ley de servicios básicos del Estado, tratando de sumar a todo el sector sanitario y a todos los partidos políticos que quieran consensuar. Pero les pedimos lealtad y consenso. Aquí hay dos exministras socialistas, y saben perfectamente -y usted, como secretario general del ministerio- que las comunidades del Partido Popular, cuando ustedes gobernaron, fuimos leales (Risas.-La señora Aguilar Rivero hace gestos negativos), en ningún momento hicimos debate político de la sanidad y tratamos de llegar a acuerdos con todos ustedes. Ustedes no están haciendo lo mismo, ustedes no son leales (Varios señores diputados: No, no). y ustedes hacen del debate sanitario un debate torticero y sectario. (Protestas- Aplausos).

Para concluir, con la puesta en marcha de este real decreto el Gobierno hace posible que España siga siendo el país de Europa más social. No tengamos vergüenza en decirlo, somos el país de Europa más social desde el punto de vista sanitario, porque ningún otro país de nuestro entorno -repito, ningún otro país- ofrece una cartera de servicios tan amplia como la nuestra, y gratuita, y usted lo sabe. Ningún otro país de nuestro entorno ofrece una cobertura tan universal para los ciudadanos de origen o de residencia, y ningún otro país europeo ofrece una cobertura asistencial a los extranjeros o a los de situación irregular como ofrece el nuestro. Por todo lo explicado, por la mejora en la gestión, por el ordenamiento de los procesos, y por los criterios coste-efectividad, consenso y diálogo constante, y bajo la premisa de mantener el mejor estado de salud de los españoles, el Grupo Parlamentario Popular no tiene más que dar la enhorabuena, señora ministra, a usted y a todo su equipo, por este trabajo bien hecho.

Muchas gracias. (Risas.-Varios señores diputados: ¡Anda!-Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señorías, solamente intervengo para agradecer a los grupos parlamentarios sus intervenciones, y decirles que todas las aportaciones desde el disenso y las sugerencias que nos han hecho se reciben con gratitud desde el ministerio y las tendremos en cuenta, y seguiré trabajando para conseguir un pacto que garantice una sanidad pública universal de calidad para todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000006).

- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000007).

- TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE) ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000008).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, HECHO EN MADRID EL 30 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente 110/000011).

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID EL 26 DE ABRIL DE 2011. (Número de expediente 110/000012).

- DECISIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE 25 DE MARZO DE 2011 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 136 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON UN MECANISMO DE ESTABILIDAD PARA LOS ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO. (Número de expediente 110/000015).

- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 DE EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN BRUSELAS EL 27 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000020).

El señor PRESIDENTE: Último punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.

Se ha solicitado la palabra en relación con los puntos 32, 33, 34, 37, 38, 41 y 42. En un único turno de fijación de posiciones los intervinientes tienen, y así es, diez minutos para intervenir (Protestas.-Algunos señores diputados: No), pero yo rogaría a los portavoces que pudieran concretarlo en menos, lo que sería muy de agradecer por todos.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina (Algunos señores diputados: No, no).

El señor LARREINA VALDERRAMA: Con su permiso, señor presidente, intervendré desde el escaño, aunque creo que vamos a ahorrar treinta segundos nada más, pero suficientes.


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El posicionamiento de nuestro grupo, Amaiur, sobre los distintos convenios internacionales lo vamos a dividir en dos ámbitos. Vamos a pronunciarnos claramente en contra de tres de ellos, los que se refieren al tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad y al servicio de préstamo de 80.000 millones de euros. En estos tres convenios internacionales mostramos nuestro desacuerdo con la convalidación por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque no van a la raíz del problema generado por los efectos de la crisis sistémica que afecta a la Unión Europea. La Unión Europea está maniatada a la hora de afrontar la respuesta a la crisis por su propia -llamada impropiamente- Constitución europea. Quienes formamos parte de Amaiur en su día nos opusimos a dicho tratado, y pedimos el no en el referéndum. Se ha montado una Europa de los Estados en detrimento de una Europa de los ciudadanos y las ciudadanas, una Europa que da la espalda a sus espacios naturales, a sus pueblos, a sus naciones originarias. Es la Europa de la insolidaridad. Es una Europa presa de los intereses de los especuladores financieros, de la banca, sobre todo en estos momentos de la banca alemana. La Unión Europea ha renunciado a escuchar y a servir a la ciudadanía europea, prorrogando indefinidamente el déficit democrático que impide dar voz, poder de decisión y de control efectivo a los ciudadanos y a las ciudadanas europeos en el Gobierno real de la Unión Europea. Un ejemplo de esta limitación autoimpuesta es el papel y las funciones del Banco Central Europeo. Mientras el Banco Central Europeo no pueda tener las mismas funciones y competencias que la Reserva Federal Norteamericana con respecto al dólar, el euro estará sometido a los vaivenes que interesen a los especuladores financieros y también a los intereses de quienes quieren que el dólar sea el punto de referencia único en el ámbito internacional.

La segunda razón también es importante para quienes formamos Amaiur. Nos oponemos también a la convalidación de estos tres decretos porque nuestra legítima aspiración, nuestra reivindicación estrictamente democrática, es poder ejercer el derecho de autodeterminación, decidir libre y democráticamente el futuro de Euskal Herria para poder seguir formando parte de la Unión Europea en pie de igualdad con el resto de Estados o lo que quede de esos Estados, y en pie de igualdad construir una Europa diferente, una Europa cohesionada socialmente, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres en el reparto del trabajo, del poder y la riqueza, todo ello en armonía con la madre Tierra. En definitiva, mostramos nuestro desacuerdo con la convalidación de estos convenios porque no dan respuesta eficaz a la crisis que sufre la Unión Europea, renunciando a la construcción de una Europa social, porque está renunciando la Unión Europea a la construcción de una Europa de los pueblos y porque no reconoce la realidad nacional de Euskal Herria y su derecho democrático a decidir soberanamente su futuro dentro de la Unión Europea.

En el resto de los convenios no vamos a participar en la votación porque consideramos que nosotros participaremos en aquellos convenios que puedan ser firmados en el futuro por nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Larreina.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.

En atención a su petición y la de otros diputados, seré muy breve. La postura de mi grupo respecto al tratado constitutivo del MEDE, punto 34 y punto 41, quedó explicada con profusión cuando presentamos la enmienda de totalidad. Por lo tanto, no vamos a explicarla de nuevo, solamente precisar que planteábamos fundamentalmente una objeción de forma y solicitábamos en aquel momento al Gobierno que lo tramitara como ley orgánica para poder proponer reservas e incluso mejoras y para fomentar el debate. Esa sigue siendo nuestra postura, por lo tanto nos abstendremos, pero no por una cuestión de fondo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, residente.

Nuestro grupo parlamentario en la primera ocasión en que vinieron convenios internacionales a esta Cámara ya anunció que en todas las ocasiones que tengamos que discutirlos en la Cámara pensamos que el Congreso tiene que escucharnos, como no ocurre ahora, en gran parte por la gente que está hablando, porque estamos a punto de aprobar temas muy importantes que merecen una mínima reflexión por parte de los grupos políticos.

Nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de siete de los quince convenios que hoy llegan a la Cámara, y concretamente voy a explicar en cada uno de estos siete por qué vamos a votar en contra. En primer lugar, el número 32 y el número 33 son convenios de asistencia judicial y de convenios de extradición entre España y el Reino de Marruecos. La causa de nuestro voto contrario es porque actualmente el Reino de Marruecos está ejerciendo de facto una ocupación ilegal, desde el punto de vista del derecho internacional, del territorio del Sáhara Occidental y estamos aprobando un convenio que va a conllevar de forma automática la aplicación a los ciudadanos libres saharauis de las condiciones que firmamos en este convenio, porque el Reino de Marruecos les aplica de facto la legislación marroquí. Por tanto, estamos aprobando, tal vez sin quererlo, una aplicación absolutamente


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ilegal, contraria al derecho internacional que afecta a un pueblo por el cual pedimos el libre derecho de autodeterminación. Sin entrar en la caracterización de la monarquía marroquí, sí entramos en el fondo de que no podemos seguir aprobando convenios internacionales con el Reino de Marruecos que no excluyan de forma concreta a los ciudadanos del Sáhara Occidental que no son ciudadanos ni ciudadanas marroquíes.

En segundo lugar, votamos en contra del convenio de cooperación científica y tecnológica con Estados Unidos que afecta a temas de interés y de seguridad nacional. Estamos aprobando un convenio recíproco de estar de acuerdo con que la legislación estadounidense se aplique a una serie de normativas, contratos y proyectos que desarrollan empresas e instituciones españolas con terceros países. Eso significa que afecta a instituciones académicas, a empresas españolas y a la cooperación internacional española que se pudiera desarrollar con terceros países. Les voy a leer algunas pequeñas perlas para que seamos conscientes de cosas que, tal vez sin saberlo, estamos aprobando en esta Cámara. Dice en la parte preliminar: Control de contratos y de proyectos que podrán ejercer las autoridades norteamericanas. Un control en temas científicos, técnicos, comerciales y financieros que afectan al control (se supone que por parte de funcionarios estadounidenses, no sé si del FBI, de la CIA o de otros organismos estadounidenses) que deberán conocer e informar el contenido de estos proyectos y revisar fotografías, informes, manuales, ensayos, diseños, códigos de fuente, dibujos, escritos técnicos, representaciones pictóricas. El listado es impresionante. No sé, señoras y señores diputados, si ustedes conocen el listado y lo que significa poner en manos de la Administración norteamericana los contratos que puedan firmar las empresas españolas, los convenios que puedan firmar las instituciones académicas o los proyectos de cooperación que podamos hacer con terceros países. Por tanto, el vaciado de soberanía es total y absoluto. Por eso estamos en contra.

En tercer lugar, el convenio de cooperación en seguridad con el estado de Qatar. Pensamos que en vez de tener con este Estado del Golfo Pérsico un convenio de colaboración para pasarnos los secretos, deberíamos firmar un convenio de colaboración para democratizar sus instituciones, para que el aire fresco de la Primavera árabe entre en ese Estado y que España no sea un impedimento para ello.

Finalmente, los tres tratados, el 34, el 41 y el 42, que afectan a temas de la Unión Europea y a los sistemas de estabilidad. Dijimos ya en un pasado Pleno, porque el mecanismo europeo de estabilidad es la segunda vez que lo discutimos en esta Cámara, que este mecanismo es uno de los puntales de la arquitectura institucional europea para tomar las principales decisiones económicas de la zona euro, que, de facto, es un gran mecanismo de rescate que hace que se vacíe la soberanía nacional para España y que al firmarlo perdemos claramente la capacidad de decisión para controlar su política económica; política económica que ha sido decidida fuera de los parlamentos soberanos de los distintos países que componen la zona euro y fuera incluso del Parlamento Europeo; por tanto, de espaldas a los ciudadanos y de forma no democrática. Además, son políticas económicas que sabemos bien cómo funcionan. Igual que la política del Partido Popular en nuestro país: a más políticas de austeridad, sube la prima y baja la Bolsa. Esa es la realidad. A más políticas de austeridad del Partido Popular, a más políticas de austeridad en la Unión Europea, sube la prima... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Nuet. Ruego, por favor, silencio para que podamos oír al orador. (Pausa).

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Y cuando sube la prima y baja la Bolsa ustedes nos hacen una propuesta: más políticas de austeridad. De ese círculo vicioso no salimos. Por tanto, ni por construcción de un modelo europeo con el cual no estamos de acuerdo ni por el contenido de las políticas, podemos apoyar estos tratados.

Acabo. El último tratado, el rescate de Grecia, en estos días muy comentado. Aquí lo primero que hay que aclarar es que estos 80.000 millones de euros no son ni para el Estado griego ni para el pueblo griego porque el debate no es que se vaya a rescatar a Grecia; se van a rescatar los bancos alemanes y los bancos franceses que le prestaron de forma especulativa el dinero a Grecia. Esa es la realidad. Esos préstamos se hicieron en un momento en el que en Grecia gobernaba un partido llamado Nueva Democracia, con un presidente de lo que podríamos llamar el Partido Popular griego. Esa es la realidad y por tanto no estamos salvando a Grecia sino que estamos salvando a los bancos; como siempre, estamos salvando a los bancos. Nosotros estamos muy cercanos al programa antirrescate de un partido llamado Syriza que ha quedado en segundo lugar en las elecciones griegas y que estamos convencidos de que el día 17 de junio va a dar una lección a toda Europa.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, les anuncio que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente todos y cada uno de los tratados que se han sometido a debate y a consideración separada. Lo vamos a hacer porque somos europeístas; porque estamos muy alejados de los planteamientos de aquellos que dicen que son contrarios a los planes de rescate europeos; porque somos partidarios


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de una Europa federal; porque somos partidarios de la solidaridad entre los Estados miembros de los pueblos europeos y porque somos partidarios del mecanismo europeo de estabilidad.

Señorías, vamos a votar favorablemente estos tratados porque somos favorables a una política de buena vecindad con nuestros vecinos -también del sur, con Marruecos- y ahora, como siempre, al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, también del pueblo saharaui, que en todo caso no queda alterado por este convenio, por este tratado internacional.

Vamos a votar favorablemente porque somos partidarios de incrementar los instrumentos de cooperación a favor de la seguridad entre los pueblos, a favor de un convenio que empieza diciendo: Convencidos pues de que los Estados deberían adoptar medidas o suministrar información teniendo en cuenta la necesidad de proteger la confidencialidad de las informaciones, así como los instrumentos internacionales relativos a la protección de la vida privada... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón.

Por favor, no formen grupos en el pasillo y conserven un poco de silencio para oír al orador. (Pausa).

Señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Decía: Instrumentos a favor de la protección de la vida privada y del flujo de datos de carácter personal.

Finalmente, señorías, en el ámbito de la cooperación científica somos partidarios también de las relaciones, que no son de vacío de soberanía sino que son de acuerdo entre Parlamento y Parlamento, de órgano soberano a órgano soberano. También de estos instrumentos de cooperación en el ámbito de la investigación y el desarrollo con Estados Unidos, expresión del vínculo transatlántico y expresión de cooperación con un país democrático cuyo ejército hace ya muchos años desembarcó en Normandía para liberar a Europa de parte de sus totalitarismos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto afirmativo a los tratados y convenios objeto de votación en este acto y para anunciar también con carácter general, porque se ha mencionado por algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la necesidad de reforzar el papel y el control de los parlamentos nacionales en la toma de decisiones de las instituciones europeas y en la aprobación de sus instrumentos legislativos, como ya prevé en gran medida el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. También nos parece oportuno ampliar estos debates sobre la aprobación de tratados y convenios internacionales en Pleno y en Comisión en un ejercicio, por supuesto, de mayor transparencia, democracia y control por los ciudadanos.

Damos nuestro apoyo a la constitución del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que refuerza el gobierno económico del euro y se dota de un instrumento de carácter permanente para reforzar la credibilidad en las intervenciones. Este mecanismo, como conocen, entrará en vigor en 2013 y sustituye a la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Su aprobación debe permitir también financiar la recapitalización de las instituciones financieras mediante préstamos a los Gobiernos, intervenir en los mercados secundarios sobre la base de los análisis del Banco Central Europeo y evitar contagios a la zona euro. En cuanto a la enmienda al Acuerdo del servicio de préstamo de 80.000 millones de euros a Grecia, se trata de facilitar precisamente las condiciones de devolución de los préstamos bilaterales acordados en mayo de 2010 por los Estados de la eurozona, nuestro voto favorable, que facilita el pago a Grecia de estos préstamos y permite hacer compatible las políticas de austeridad, de ajustes, con las políticas de crecimiento.

En cuanto al resto de convenios, que se han mencionado aquí y que han sido objeto de debate, con el Reino de Marruecos, con Estados Unidos -algunos como el de Marruecos ya se aplican provisionalmente desde 2009-, mejoran bajo nuestro criterio la cooperación en materia de extradición, de seguridad, de lucha contra el crimen, de cooperación científica en el caso del convenio con Estados Unidos, y además incorporan garantías homologables con Europa, con el Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

A estas horas de una jornada parlamentaria tan prolongada solamente me queda ser muy breve, hacer dos breves referencias a lo que han aportado los otros grupos. Quiero agradecer al señor Nuet que no estemos en estos momentos debatiendo los convenios sobre Camerún, Kazajstán, Malta. Muchas gracias, señor Nuet.

Sencilla y llanamente al señor Larreina: el Tratado de Lisboa no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo en estos momentos, señor Larreina. La Unión Europea es una construcción basada en los Estados no


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en los pueblos y lo que estamos debatiendo en estos momentos son los acuerdos financieros y económicos.

A la señora Lozano de UPyD: no hay una ampliación de competencias -como bien sabe, la señora Lozano- a través de los acuerdos del MEDE ni tampoco del artículo 136 del Tratado al ser reformado. Se hace sobre la base del artículo 48.6, que permite la revisión parcial del tratado. Aquí no hay una ampliación de competencias, el artículo 93 es suficiente norma de cobertura para realizar estos convenios.

En cuanto al señor Nuet, Marruecos. ¿Qué quiere usted, señor Nuet, no tener relaciones diplomáticas con Marruecos? ¿Deberíamos no firmar ningún convenio porque eso iba a implicar una aplicación de esos convenios en la población saharaui? ¿Debemos en estos momentos eliminar todas las relaciones con Marruecos? Me parece que eso es tan utópico como pensar que Syriza va a ser la solución para Grecia. Apueste usted por Syriza y ya verá usted dónde acaba Grecia tal como está en estos momentos. (Aplausos).

Por último, Estados Unidos. Usted tiene una fijación con Estados Unidos, señor Nuet. Es simple y llanamente un acuerdo para facilitar la cooperación y la lucha contra el terrorismo. En otra ocasión tendremos oportunidad para debatir las relaciones con Estados Unidos, pero evidentemente este no es el momento. Nuestro grupo, como es obvio, va a votar a favor de los siete acuerdos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto. (Pausa).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 14843).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, sobre declaración de actividades de los señores diputados tal y como ha sido discutido esta mañana a primera hora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 265; en contra, 1; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. (Número de expediente 130/000015).

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 179; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Ha sido solicitado por varios grupos que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 137; en contra, 177; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

- REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000018).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 183; en contra, 131, abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Ha sido pedida su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313, abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 15/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE, PREVISTO EN LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO. (Número de expediente 130/000016).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación Radiotelevisión Española previsto en la Ley 17/2006, de 5 junio.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 193; en contra, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

¿Pide algún grupo que se tramite? (Asentimiento). Vamos a proceder por tanto a la votación de la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 122; en contra, 193.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

- REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. (Número de expediente 130/000017).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 178; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Se pide la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 139; en contra, 176.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000006).

- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente 110/000007).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, HECHO EN MADRID EL 30 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente 110/000011).

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID EL 26 DE ABRIL DE 2011. (Número de expediente 110/000012).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, votamos los puntos 32, 33, 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 296; en contra, 13; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

- TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE) ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES


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BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000008).

- DECISIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE 25 DE MARZO DE 2011 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 136 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON UN MECANISMO DE ESTABILIDAD PARA LOS ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO. (Número de expediente 110/000015).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los puntos 34 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 292; en contra, 17; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 DE EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN BRUSELAS EL 27 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000020).

El señor PRESIDENTE: Ahora se procede a la votación del punto 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 297; en contra, 17; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE MALTA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000002).

- PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, HECHO EN PARÍS, EL 27 DE MAYO DE 2010, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000003).

- PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN, AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, HECHO EN NAGOYA EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000004).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CAMERÚN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 26 DE ENERO DE 2011. (Número de expediente 110/000005).

- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR-MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS-OAMI), HECHO EN MADRID EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000009).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, HECHO EN ASTANÁ EL 17 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente 110/000010).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN TIRANA EL 20 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000013).


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- DENUNCIA DEL ACTA DE LONDRES AL ARREGLO DE LA HAYA, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, RELATIVO AL DEPÓSITO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, HECHA EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, ASÍ COMO DEL ACTA ADICIONAL DE MÓNACO AL ARREGLO DE LA HAYA, RELATIVO AL DEPÓSITO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, REVISADO EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, HECHA EN MÓNACO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1961. (Número de expediente 110/000014).

El señor PRESIDENTE: Resto de dictámenes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y cinco minutos de la tarde.

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