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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 12/04/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 26
Sesión plenaria núm. 25
celebrada el jueves,
12 de abril de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión. ("BOE" núm. 72, de 24 de marzo de 2012) (Número de expediente 130/000011) ... (Página4)

Debates de totalidad de convenios internacionales:

- Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 14, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000008) ... (Página13)


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Continuación) ... (Página30)

- Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. ("BOE" núm. 78, de 31 de marzo de 2012) (Número de expediente 130/000013) ... (Página30)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 15 de marzo de 2012. (Número de expediente 121/000004) ... (Página43)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página65)

Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página66)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)

Avocación por el Pleno. (Votación) ... (Página67)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000001) ... (Página67)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Modificación del orden del día ... (Página4)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia solicita al Pleno de la Cámara autorización para que el punto 30 del orden del día, correspondiente a debates de totalidad de convenios internacionales, pase a debatirse después del punto 28, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2012, lo que se aprueba por asentimiento.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)

Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión ... (Página4)

El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista y Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de convenios internacionales ... (Página13)

Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo,


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Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012 ... (Página13)

El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil), presenta a la Cámara el tratado de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Intervienen la señora Lozano Domingo y los señores Bosch i Pascual y Sánchez Amor.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Continuación) ... (Página30)

Real Decreto-ley, 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público ... (Página30)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.

En turno en contra interviene el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página43)

Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero) ... (Página43)

En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen el señor Tardà i Coma y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y las señoras Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista y Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión, se aprueba por 310 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueba por 194 votos a favor y 137 en contra.


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Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 151 votos a favor y 179 en contra.

Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página66)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad al Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012, se rechazan por 12 votos a favor, 302 en contra y 13 abstenciones.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)

Sometidas a votación por separado las enmiendas a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero), todas ellas son rechazadas.

Avocación por el Pleno ... (Página67)

Sometida a votación la avocación por el Pleno, a solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, se rechaza por 149 votos a favor y 180 en contra.

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página67)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página67)

Intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Socialista; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la elección del señor diputado, ningún diputado ha llegado a tener los votos necesarios para ser designado miembro de la Comisión de Secretos Oficiales.

Interviene el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se levanta la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día que ya consulté con los portavoces -y cuya colaboración agradezco-, en el sentido de que el punto 30, relativo al debate de totalidad de convenios internacionales, pase a debatirse tras el punto 28, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia queda aprobada la modificación.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 10/2012, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS FINANCIERAS EN RELACIÓN CON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN. (Número de expediente 130/000011).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el punto VII del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión. Para presentar este real decreto tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Economía y Competitividad.


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El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer con el fin de solicitar el apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley de adaptación de la normativa financiera española a la creación de un sistema europeo de supervisión integrado por las autoridades europeas y las respectivas autoridades nacionales de supervisión, tal y como ahora les expondré. Las medidas contempladas en este real decreto-ley tienen como finalidad adaptar el esquema nacional de supervisión al derecho de la Unión Europea, que establece un nuevo marco de supervisión financiera. En él se incluyen instrumentos imprescindibles para evitar la reproducción de la crisis financiera que estuvo en el origen de la crisis económica actual. Señorías, esto se debe hacer con la máxima celeridad posible, primero porque solo de esta manera el esquema de supervisión europeo tendrá efectiva implementación en nuestro país de forma coordinada con el resto de miembros de la Unión y segundo porque, vencido ya el plazo de trasposición de la directiva comunitaria, resulta imprescindible aprobar en nuestro derecho interno las modificaciones que requieren de rango de ley, a fin de evitar la imposición de sanciones.

El presente real decreto-ley introduce las modificaciones legislativas exigidas por la trasposición de la Directiva 2010/78, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican una serie de directivas: la 98/26, la 2002/87, la 2003/6, la 2003/41, la 2003/71, la 2004/39, la 2004/109, la 2005/60, la 2006/48, la 2006/49 y la 2009/65 en relación con las facultades de la Autoridad Europea de Supervisión, cuyo plazo de trasposición ya venció el pasado 31 de diciembre. Vencido este plazo de trasposición, el 25 de enero de 2012 se inició el procedimiento de infracción del derecho de la Unión Europea contra el Reino de España con una carta de emplazamiento remitida en dicha fecha por la Comisión Europea a nuestro país. Una vez iniciado el procedimiento de infracción, el nuevo escenario diseñado por el Tratado de Lisboa para los incumplimientos de las obligaciones de trasposición establece un procedimiento conforme al cual la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia la imposición de importantes sanciones económicas de forma acelerada.

La gravedad de las consecuencias de seguir acumulando un retraso y la necesidad de restituir nuestro prestigio y credibilidad justifican la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta disposición legislativa. Este real decreto-ley por lo tanto nos permite cerrar el procedimiento de infracción abierto. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias de los años 1993 y 2012 avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución, cuando en este caso ya se ha iniciado un procedimiento de incumplimiento contra el Reino de España. Esta es, en definitiva, señorías, la razón por la que nos hemos visto forzados a traer a esta Cámara este real decreto-ley.

Entrando ya en el análisis de la norma que hoy les presento, la Directiva 2010/78 que ahora se traspone forma parte del llamado paquete de supervisión por el que se crean las nuevas autoridades europeas de supervisión: la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Junta Europea de Riesgo Sistémico. En concreto, la Directiva 2010/78 introduce modificaciones en las directivas sectoriales para integrar a las autoridades europeas de supervisión en el marco europeo de cooperación entre supervisores y permitir en última instancia que estas autoridades europeas cumplan con las funciones establecidas en sus respectivos reglamentos. La incorporación al derecho nacional de las facultades de las autoridades europeas de supervisión y su relación con las autoridades nacionales asegura el correcto funcionamiento del nuevo marco de supervisión financiero.

La crisis financiera ha puesto de relieve, señorías, en el ámbito de la Unión Europea graves deficiencias en la supervisión financiera. Los modelos de supervisión de ámbito nacional no han estado a la altura de la globalización financiera. La crisis ha puesto al descubierto carencias en la cooperación y coordinación en la aplicación del derecho de la Unión y en la confianza entre las autoridades competentes nacionales. Por ello, en noviembre de 2008, la Comisión Europea encargó a un grupo de expertos de alto nivel, presididos por Jacques de Larosière, la elaboración de una serie de recomendaciones sobre cómo reforzar las medidas de supervisión. La principal tarea del grupo de Larosière fue la supervisión del mercado financiero y consideraron necesario la creación de un organismo europeo de supervisión. En su informe definitivo presentado a finales de febrero de 2009 el grupo de expertos recomendó que se reforzara el marco de supervisión.

En el informe se propone crear un nuevo sistema de supervisión con autoridades especiales encargadas de la supervisión de bancos, seguros y mercados de valores; desarrollar una normativa básica común para la supervisión; eliminar las diferencias en su aplicación y armonizar las posibles sanciones a imponer. Según el informe, la crisis financiera se ha producido por fallos de mercados, desequilibrios globales, una regulación deficiente y una supervisión laxa. A raíz del informe Larosière, el Consejo Europeo, en las conclusiones que siguieron a su reunión del 18 y 19 de junio del año 2009, recomendó que se creara un sistema europeo de supervisores financieros compuesto por tres nuevas autoridades europeas de supervisión, lo que dio lugar a la aprobación de reglamentos comunitarios en los que se crean las mencionadas Autoridad Bancaria Europea, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones y Autoridad Europea de Valores y Mercados. Esta modificación de la arquitectura institucional de supervisión establecida en el ámbito de la Unión Europea hizo necesaria la adaptación


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de la normativa comunitaria, lo que se produjo mediante la aprobación de la citada directiva que hoy trasponemos.

Teniendo en cuenta lo anterior y en paralelo a las modificaciones realizadas, el presente real decreto-ley incorpora al derecho nacional las modificaciones introducidas por la Directiva 2010/78, con excepción de las normas relativas al blanqueo de capitales y a las instituciones de inversión colectiva, que tendrán regulación específica. Para llevar a cabo una adecuada trasposición de la norma comunitaria el real decreto-ley que les expongo ha procedido a modificar una serie de leyes y decretos legislativos de nuestro derecho: La Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información; el Real Decreto Legislativo 1298/1986, la Ley 24/1988, la Ley 26/1988, la Ley 41/1999, el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones y la Ley 5/2005, de 22 de abril. A estas modificaciones legislativas habrá que añadir los desarrollos reglamentarios que se requieran posteriormente, tanto a nivel de real decreto como de circulares del Banco de España y de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las disposiciones recogidas en el real decreto-ley que hoy les presento para su apoyo y convalidación son de cinco tipos: primero, de obligación de cooperación con la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Junta Europea de Riesgo Sistémico; segundo, de comunicación a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de diversos aspectos relacionados con la supervisión de la solvencia de las entidades financieras; tercero, de introducción del mecanismo de mediación vinculante de la Autoridad Bancaria Europea y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en caso de conflictos entre supervisores de distintos Estados miembros; cuarto, de obligación de consulta a la Autoridad Bancaria Europea; quinto, de información a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre ciertos aspectos relacionados con la actividad y supervisión de los fondos de empleo. De este modo -entrando más en el detalle de la norma- el real decreto-ley introduce en primer lugar la obligación general de cooperación del Banco de España y de la CNMV con la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Para ello se incluye a estas autoridades europeas de supervisión dentro del conjunto de instituciones que pueden recibir información confidencial de las autoridades supervisoras españolas.

Esta obligación de cooperación se extiende también para el caso del Banco de España en la obligación de intercambiar información con la Autoridad Bancaria Europea en los colegios de supervisores. Asimismo se incluye a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados dentro de las instituciones a las que el Banco de España y la CNMV están obligados a efectuar la comunicación de diversas actuaciones tales como la imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves o la firma de acuerdos de cooperación entre supervisores. El real decreto-ley previene que el Banco de España debe advertir del surgimiento de cualquier situación de emergencia a la Autoridad Bancaria Europea y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico. El Banco de España debe también consultar a la Autoridad Bancaria Europea y tener en cuenta sus indicaciones en relación con la verificación de una normativa de supervisión en base consolidada equivalente a la de la Unión Europea a fin de unificar la aplicación de los distintos supervisores de la legislación financiera europea.

Por su parte la CNMV deberá notificar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados los proyectos informativos que haya aprobado y sus suplementos, a efectos de la validez transfronteriza del folleto, comunicar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados las autorizaciones y revocaciones de mercados de valores y de empresas de servicios de inversión; informar igualmente de las admisiones, suspensiones, exclusiones o negociación de instrumentos financieros, el reconocimiento de sistemas de pagos y las irregularidades observadas en la actividad de entidades que operan con pasaporte; por último, notificar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados las reclamaciones atendidas en el procedimiento correspondiente para la resolución extrajudicial de los conflictos de los usuarios de servicios financieros.

En el ámbito de los seguros, se establece que la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo se haga constar en el registro administrativo correspondiente y se comunique a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Igualmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá notificar a dicha autoridad europea, entre otras, las decisiones de prohibir las actividades de fondos de pensiones de empleo, la revocación de la autorización administrativa de dichos fondos y los requerimientos de cese de actividad de fondos de pensiones de empleo no autorizados.

Por otro lado, en consonancia con las previsiones de la directiva comunitaria que traspone, el real decreto-ley introduce entre los cauces habituales de toma de decisiones conjuntas entre las autoridades supervisoras nacionales el procedimiento de mediación vinculante de la Autoridad Bancaria Europea y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Este procedimiento de mediación proporciona un mecanismo de solución de las diferencias que puedan surgir entre las autoridades nacionales de supervisión. Este procedimiento de mediación vinculante se prevé para los siguientes supuestos. En primer lugar, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga constancia de que una entidad establecida en otro Estado miembro está incumpliendo la normativa de la Unión tomará las medidas supervisoras que considere oportunas para la cesación de dicha conducta. Si la entidad persiste, debe comunicarlo a la autoridad nacional de origen de dicha entidad y si no existe acuerdo entre ambas autoridades, podrá acudir al procedimiento


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de mediación ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados. En segundo lugar, cuando alguna autoridad nacional no cumpla con las obligaciones de cooperación y de información para con otra autoridad establecida en otro Estado miembro la CNMV podrá acudir al mismo procedimiento ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados. También se prevé este mecanismo en caso de desacuerdo entre autoridades nacionales de supervisión en relación con las entidades de crédito en materia de autorización de la utilización de calificaciones internas y de control de nivel consolidado de fondos propios.

Estos son, señorías, los términos del Real Decreto-ley por el que se modifican determinadas normas financieras y para el que pido su convalidación. Es un conjunto de modificaciones legislativas que como ya les dije permiten adaptar la normativa española al nuevo esquema de supervisión establecido en el ámbito de la Unión Europea orientado a mejorar la calidad y la coherencia de la supervisión nacional, reforzar el control de los grupos transfronterizos y establecer un código normativo único aplicable a todas las entidades financieras del mercado interior. Estas reformas no solamente van a contribuir a la superación de la crisis económica, sino que además van a conseguir algo de igual importancia, que cuando este país supere la crisis económica nos encontremos con unas instituciones, con un marco de actuación y con una legislación más segura, estable, sólida y coherente.

No puedo terminar, señor presidente, sin hacer referencia a que en este mismo real decreto-ley se introduce también una modificación del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Esta modificación consiste en aclarar determinados conceptos de dicha norma legal, a fin de facilitar su aplicación urgente e inmediata con mayor seguridad jurídica. Ello resulta de especial relevancia e interés para este Gobierno, dada la incidencia negativa que los retrasos acumulados por parte de las administraciones territoriales en los pagos a proveedores está generando en la liquidez de las empresas afectadas en su actividad y en su propia supervivencia, aspectos contra los que este Gobierno tiene la firme decisión de luchar de forma prioritaria a través de este tipo de medidas, ya que crean el instrumento necesario para proporcionar un plan de pago a los proveedores de entidades locales y de comunidades autónomas, también a través de las reformas del sector financiero y del mercado laboral, que ya se han acometido, y por supuesto a través del resto de reformas necesarias para la recuperación de nuestra economía, en las que el Gobierno se encuentra trabajando desde el mismo momento en que se produjo su toma de posesión. Esta es la razón por la que el Gobierno solicita a todos los grupos parlamentarios que se sumen a esta iniciativa y que con su voto convaliden el presente real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Al no haber solicitado ningún grupo parlamentario realizar un turno en contra, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, con la convalidación de este real decreto-ley se da satisfacción y cumplimiento a las exigencias de la Directiva 2010/78 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican otra serie de directivas, con el fin de adaptar la normativa financiera española al sistema europeo de supervisión. Desde enero de 2011 la regulación de los servicios financieros en toda Europa está supervisada por tres nuevas instituciones que complementan y colaboran con los supervisores de los países miembros: la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Con el establecimiento de estas tres nuevas entidades la Unión Europea busca reforzar y unificar el marco legal de supervisión, así como establecer una mayor coordinación entre los supervisores europeos y sus homólogos en cada país, en el caso español el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El Real Decreto-ley 10/2012 introduce la obligación de cooperación del Banco de España, la Dirección General de Seguros y la CNMV con las autoridades europeas de supervisión para el intercambio de información de carácter confidencial. Además establece mecanismos para la comunicación, entre otras cuestiones, de determinadas sanciones impuestas a entidades supervisadas, así como de la firma de acuerdos de colaboración entre autoridades de supervisión. También se establecen protocolos de información en caso de emergencias financieras en los países miembros y se introduce la posibilidad de mediación vinculante por parte de las autoridades europeas de supervisión en la toma de decisiones conjuntas entre supervisores de los Estados miembros. Por último, otro de los objetivos de la nueva regulación es la unificación de la aplicación de la normativa financiera común en toda la Unión Europea mediante la colaboración de las distintas autoridades supervisoras, punto especialmente importante para competir en igualdad de condiciones en un mercado global y en el que cobra especial importancia contar con representantes que aporten la visión y particularidades de las entidades locales.

En definitiva, la trasposición de una directiva europea que trata de mejorar el sistema de supervisión a nivel europeo tiene sentido en el escenario actual, si bien pone de relieve la importancia de que las autoridades españolas participen activamente en el diseño, implementación y supervisión, en vez de tomar una posición menos activa. La trasposición de la directiva nos parece positiva


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porque supone la coordinación y la cooperación con los órganos reguladores y supervisores europeos y en coherencia la vamos a votar favorablemente, no sin antes señalar que a nuestro juicio no era necesaria la aprobación mediante real decreto-ley, sistema del que claramente -en este caso parece más que evidente- está abusando en exceso el Gobierno. Lo podían y lo tenían que haber traído a nuestro juicio a esta Cámara como un proyecto de ley. Es más respetuoso con la oposición y yo diría que incluso más democrático.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Señor presidente, señorías, el Gobierno, como hace un par de semanas, trae una directiva comunitaria para trasponer al derecho español y para nuestra sorpresa de nuevo esta directiva llega con retraso, como las anteriores. Llega ya con un procedimiento de infracción abierto y esto obliga a que se presente mediante real decreto. Como comentamos hace un par de semanas, la credibilidad y la fiabilidad de un país como socio europeo también se gana con estos pequeños detalles y a nuestro grupo le resulta muy difícil entender el motivo de esta lentitud en las trasposiciones de las directivas comunitarias, sobre todo en un país con un furor legislativo como el que tiene el nuestro, que es capaz de crear nuevos estatutos con espíritu de constituciones y de legislar sobre las licencias de caza. Parece que la única legislación que no nos importa y en la que no tenemos prisa es la trasposición de las directivas comunitarias.

El asunto que trasponemos es importante y está en el origen de la crisis financiera. A raíz del informe Larosière, como recordaba el señor ministro, se han creado tres nuevas autoridades de supervisión europeas, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y lo que aquí se pide es adaptar el marco español de supervisión a este nuevo marco europeo, con lo que se van a ver afectados los procedimientos de funcionamiento en instituciones españolas tan relevantes como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es un asunto importante que afecta a instituciones relevantes y al origen de la crisis financiera, por lo que nos alegra la trasposición y lamentamos la lentitud, que desde luego no se puede achacar en este caso fundamentalmente al nuevo Gobierno, sino seguramente a Gobiernos anteriores.

Al hilo de esta trasposición se podrían hacer algunas reflexiones sobre temas importantes relacionados con ella. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, se deduce de la trasposición que los mercados financieros se han globalizado, son supranacionales, ya no son españoles, casi ni siquiera europeos. También es conocido que las entidades financieras son supranacionales, no son españolas ni siquiera europeas, y esto nos lleva a la necesidad de este nuevo marco de supervisión supranacional. ¿Es lógico en este contexto que en el ámbito español algunas tareas de supervisión hayan ido en sentido contrario, del Estado hacia las comunidades autónomas, que tienen tareas de supervisión en el ámbito de las cajas de ahorro, con los resultados conocidos, en algunos casos en el ámbito de los mercados de valores y en otros, como Valencia, con la creación hace unas semanas de un nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia? Si los supervisores españoles se han quedado pequeños, ¿es la tendencia lógica ir a supervisores de las comunidades autónomas? En nuestra opinión, no.

Un segundo tema relacionado con esta trasposición es que el Gobierno va a cambiar pronto el marco de regulación en España. Me gustaría aprovechar esta ocasión para pedir al Gobierno que este cambio en la regulación sea a mejor, sea para mejorar la calidad de esos reguladores, sea para despolitizarlos, sea para profesionalizarlos y no sea una excusa únicamente para cambiar su color político.

Una tercera cuestión también relacionada es que hay un grave problema en cuanto a la protección de los usuarios de servicios financieros en España, como se ha visto en el caso de la comercialización de preferentes y de la comercialización de hipotecas y como se ve en los informes del Defensor del Pueblo, que están plagados de quejas sobre estas cuestiones. Este cambio en la regulación sería una buena ocasión para ocuparse de este problema e intentar solucionarlo.

No puedo terminar sin hacer una referencia a la sensación de improvisación que da que se aproveche un real decreto que nada tiene que ver para modificar el recién aprobado Real Decreto 7/2012 sobre el Fondo de pagos a proveedores. Nos parece muy mala técnica legislativa, en un real decreto que nada tiene que ver, modificar algo que aprobamos en este Parlamento hace pocas semanas. Dicho todo esto, por supuesto, el sentido de nuestro voto es favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, como ha dicho el señor ministro, con este real decreto pretendemos adaptar la normativa financiera española al sistema europeo de supervisión mediante la trasposición de la Directiva 2010/78 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010. Señor ministro, ustedes pretenden justificar la utilización del real decreto invocando la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2012 y nos estamos refiriendo a una sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto


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por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 9/2000. Pues bien, basta ver la directiva y la mencionada sentencia para constatar que el real decreto-ley que nos ocupa tiene visos de inconstitucionalidad por infringir lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Constitución española en lo referente a la utilización de decretos-leyes solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

Señorías, en efecto, la sentencia 1/2012 del Tribunal Constitucional dice que -y leo literalmente-: Las normas internas adoptadas por la incorporación de las directivas al ordenamiento español deben respetar tanto los condicionantes jurídicos del derecho de la Unión como los del propio marco constitucional. Y añade a continuación lo siguiente: El recurso al decreto-ley como cauce de incorporación al ordenamiento interno del derecho de la Unión Europea por la mera razón de que hubiera transcurrido el plazo de trasposición sin mayores precisiones no se adecuaría el presupuesto habilitante de urgente y extraordinaria necesidad, por lo que constituiría un uso abusivo de una facultad excepcional conforme a la Constitución española, como es la legislación de urgencia, y conduce a un reforzamiento de la posición institucional del Poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo y en especial a una postergación del Senado. Por tanto, señorías, resulta evidente que no solo es relevante el elemento temporal -un patente retraso en la trasposición de las directivas correspondientes- sino muy especialmente el elemento causal, la existencia de procedimientos de incumplimiento contra un Estado mediante sentencias que constataran el correspondiente incumplimiento.

Pues bien, señorías, el plazo para incorporar al derecho español la Directiva 2010/78 terminó el 31 de diciembre de 2011 y que sepamos hasta la fecha no hay abierto ningún procedimiento contra España por ese retraso. Solo, eso sí, se ha producido una simple notificación por parte de Bruselas. Es decir, señorías, falta el requisito de extraordinaria y urgente necesidad que justifique este real decreto-ley por no reunir las precisas condiciones que exige la sentencia 1/2012 del Tribunal Constitucional a la que se alude y esta es una cuestión importante, señorías. Desde que el Partido Popular gobierna se ha producido un verdadero estado de excepción legislativa que ha vaciado de contenido a este Parlamento de su función más importante, que como todos ustedes saben, como usted sabe señor ministro, es aprobar leyes. Señorías del Partido Popular, desde que ustedes gobiernan han aprobado trece reales decretos-leyes y no todos están justificados por la extraordinaria y urgente necesidad.

Con la excusa de la crisis económica ustedes han establecido un estado de excepción legislativa donde el Parlamento ha sido sustituido por el Consejo de Ministros y este por la dictadura de los mercados y los grupos de intereses que se mueven alrededor de su Gobierno, pero nunca se había llegado a un extremo tan burdo como el presente, donde se aprueba o se pretende aprobar -y lo aprobarán ustedes- un real decreto contra la doctrina del Tribunal Constitucional y encima, en la exposición de motivos del real decreto, pretenden ustedes falsificar lo mismo, lo que dice esa sentencia. Se ve que le han cogido ustedes gusto a no acudir al Parlamento y ya no se pueden contener.

Entrando en el contenido del real decreto, comprobamos que la directiva se incorpora de manera defectuosa y siempre de la manera más favorable al capital financiero y más perjudicial para la democracia. Se acentúa en la autonomía del Banco de España, que se ha convertido en un ente ajeno a cualquier control democrático. En la actualidad, el Banco de España solo tiene dos funciones: regulatoria y supervisora. Ahora la función supervisora se vincula directamente a las fuerzas internacionales, y con la excusa de la mejor operatividad y eficacia podrá acelerar acuerdos que le vincularán, pues son exigibles jurídicamente, y todo ello sin ningún control, pues ni siquiera deberán ser públicos. Sin embargo, si el Estado celebra cualquier acuerdo internacional principal, aunque no solamente tratados, esos acuerdos se publicarán y serán objeto de control democrático por parte del Parlamento e incluso de los tribunales. Aquí no solo no hay control, sino que hay opacidad, que se justifica porque la crisis financiera se está gobernando en contra y a espaldas de los intereses de los pueblos y en beneficio exclusivo de aquellos que lo han creado y agrandado.

En cuanto a las modificaciones que afectan a los mercados de valores, llama la atención que, cuando su correligionario, el señor Sarkozy -algunas veces no están ustedes tan de acuerdo con él-, levanta un discurso xenófobo en Francia intentando impedir la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, se dé un paso más a la libre circulación de capitales, introduciendo el folleto único en las emisiones de valores, impidiendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisar los folletos de emisiones autorizados por otros supervisores en otro Estado de la Unión Europea. Aquí solo hay más Europa para el capital, para los mercaderes y cada vez menos Europa para los trabajadores y las trabajadoras. Por eso mi grupo votará en contra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, déjenme hacer una breve exposición de los antecedentes que están en la base del debate de este real decreto. En noviembre de 2008, la Comisión encargó a un grupo de expertos la elaboración de una serie de recomendaciones sobre cómo reforzar las medidas de supervisión con vistas a mejorar la protección del ciudadano y restaurar la confianza del sistema financiero. Ya en plena crisis, más concretamente en febrero


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de 2009, se publicó el informe Larosière, donde un grupo de expertos recomendó que se reforzara el marco de supervisión a fin de reducir el riesgo y la gravedad de las futuras crisis financieras. En consecuencia, se aprobaron tres reglamentos por los que se crean la Autoridad Europea Bancaria, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Este nuevo esquema suponía modificar la arquitectura institucional de supervisión establecida en la Unión Europea, ya que comportaba que se adaptase la normativa a los nuevos procedimientos de supervisión y por ello se aprobó la Directiva 2010/78, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010.

Dichos estos antecedentes, y antes de entrar en el contenido del real decreto, haré tres breves consideraciones: respecto al instrumento utilizado para la trasposición de la directiva, respecto al marco europeo que enmarca y justifica el real decreto y, por último, respecto al contenido del mismo. En relación con el primero, no podemos dejar de señalar que, si bien el Gobierno justifica el uso de la figura del real decreto por el retraso existente en la trasposición de la directiva para evitar la imposición de sanciones de la Unión Europea y justifica, asimismo, su uso sobre la base de la doctrina del Tribunal Constitucional, desde nuestra perspectiva no tiene lógica utilizarlo por su contenido.

En relación con el marco europeo, la crisis ha evidenciado las fragilidades tanto de nuestra estructura económica como de nuestro sistema financiero. La misma crisis por su alcance ha puesto en evidencia la urgente necesidad de revisar y de establecer nuevos mecanismos e instrumentos de control y supervisión a nivel europeo; es decir, mayor transparencia, mayor control, mayor coordinación a nivel europeo, a fin de evitar prácticas financieras que estuvieron en el origen de la crisis que aún padecemos y que contribuyeron a traducir una crisis inicialmente financiera en una crisis plenamente económica y del tejido productivo. La excepcionalidad de la crisis nos ha obligado y nos obliga, señorías, a medidas excepcionales, pero también a mejorar los sistemas de gestión, de control, a racionalizar, a optimizar y a ganar en eficiencia, pero también a acercarnos a Europa en términos de coordinación, y entendemos que todo ello es muy positivo.

Respecto al tercer aspecto, es decir, el contenido del real decreto, introduce las modificaciones legislativas exigidas por la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, y en concreto se establecen las modificaciones en relación con las facultades de la nueva Autoridad Europea de Supervisión, es decir, Autoridad Bancaria Europea, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y Autoridad Europea de Valores y Mercados, con el fin de integrar en el marco europeo de cooperación entre supervisores a las nuevas autoridades creadas y permitir que se cumplan sus funciones. El Real Decreto 10/2012 incorpora las modificaciones introducidas por la directiva del Parlamento y del Consejo, con el fin de adaptar el esquema nacional de supervisión a las obligaciones derivadas de la Unión Europea, del nuevo marco europeo de supervisión, a efectos de proveer al sistema de los instrumentos de control imprescindibles para evitar la reproducción de prácticas financieras que dieron origen a la crisis.

Presidente, señorías, el presente real decreto modifica una serie de normas de orden financiero y de supervisión y las premisas que se establecen para modificar las presentes normas son fundamentalmente cinco: en primer lugar, la obligación de cooperación por parte de las autoridades nacionales de supervisión con la Autoridad Europea de Supervisión; en segundo lugar, el deber de comunicación a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados de los aspectos relacionados con la solvencia de las entidades financieras; en tercer lugar, la mediación vinculante de la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en caso de conflicto entre supervisores de distintos Estados miembros; en cuarto lugar, la obligación de consulta a la Autoridad Bancaria Europea, y, por último, la información a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación en relación con la actividad de supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Por todo ello, se establecen las modificaciones en el articulado de cada ley, donde, sobre la base de estos principios, las diferentes entidades de supervisión deben cooperar, comunicar e informar; es decir, afecta al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Quiero señalar también, y de manera muy concreta, que la disposición final primera del presente real decreto modifica el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Únicamente se incluye la referencia de la Ley de Presupuestos por cuanto se concede el crédito extraordinario para la aportación patrimonial al fondo por importe de 1.500 millones de euros.

Señorías, el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario es favorable: en primer lugar, por tratarse de la convalidación de un real decreto que establece la trasposición de una directiva comunitaria y por estar de acuerdo con el contenido y los principios que lo sustentan, tal como he manifestado en mi intervención. Pero respecto a la utilización del real decreto, insistimos en que, a pesar de que la jurisprudencia en relación con el uso de dicha figura es favorable, hay que añadir que es confusa y que puede ser comprensible en las primeras semanas de gobierno, pero, tal como criticamos al anterior Gobierno socialista, no puede abusarse de esta figura legislativa.

Presidente, señorías, mediante esta trasposición se realizan los ajustes necesarios para que nuestro ordenamiento jurídico garantice la plena aplicación de la Directiva 2010/78 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, y para que también se


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otorgue la máxima certeza jurídica a las actuaciones que en el futuro realice el supervisor español. El supervisor español de ahora en adelante deberá actuar en plena coordinación con el resto de supervisores de los diferentes Estados miembros, así como con la Autoridad Europea de Supervisión. El legislador europeo, señorías, ha sabido dar respuesta a un problema que ponía en duda el funcionamiento de los mercados financieros y es ahora cuando la autoridad supervisora española deberá actuar en consonancia con estos nuevos principios de cooperación. Nos parece adecuado, señorías, que sea la esfera europea la que marque la máxima supervisión en el control de las entidades de crédito, del mercado de valores y del control de la actividad de los fondos de pensión, teniendo en cuenta la a veces discutible actividad inspectora llevada a cabo en los últimos años por las entidades de supervisión españolas.

Termino con una reflexión, y creo que sería necesario hacer balance sobre lo que ha ocurrido en la supervisión del sistema financiero español en estos últimos años. ¿Cómo hemos podido pasar de presumir de tener uno de los sistemas financieros más sólidos de Europa a tener que afrontar una de las reestructuraciones más profundas y dolorosas y con un impacto directo en el sistema productivo? ¿Quién supervisaba el sistema? ¿Por qué la opción ha tenido un impacto muy drástico sobre el sistema de cajas? ¿Por qué ha supuesto la supresión o al menos la modificación drástica del modelo de cajas en vez de arbitrarse instrumentos que pudiesen permitir reforzar su solvencia? ¿Por qué se ha permitido la comercialización de productos financieros sofisticados entre ahorradores modestos que ha causado la pérdida de los ahorros de muchos ciudadanos? Me refiero, por ejemplo, a las participaciones preferentes y a un largo etcétera de actividades del mercado financiero sobre las que el sistema de supervisión ha fallado de alguna manera, con el grave perjuicio que ello ha causado a los ciudadanos, a la seguridad jurídica y a la credibilidad y al prestigio de nuestro mercado y de nuestro sistema financiero.

Por todo ello, valoramos positivamente la directiva en lo que seguramente permitirá una capacidad de anticipación y pueda contribuir a una mayor transparencia en la supervisión de las entidades financieras en beneficio de los ciudadanos y, sobre todo, también de los ciudadanos y de la actividad económica y financiera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley por tres razones. En primer lugar, porque efectivamente es una norma de obligado cumplimiento y de obligada trasposición, y de ella solo se ha producido una parte, la que hizo el anterior Gobierno socialista, la parte correspondiente a las instituciones de inversión colectiva. La trasposición se efectuó en una norma aprobada por esta Cámara pocos días antes de las últimas elecciones generales. En segundo lugar, vamos a dar nuestro voto favorable porque en esta directiva que hoy se traspone en la parte que no lo había hecho hasta este momento el anterior Gobierno socialista participó de forma muy activa al máximo nivel y también al nivel técnico correspondiente. Compartimos el espíritu de la norma, hemos participado en su elaboración y, por tanto, nos alegra que se incorpore al acervo jurídico español. En tercer lugar, lo más importante de todo, desde el punto de vista político, es el hecho de que esta norma europea incorporada a la norma jurídica española permite avanzar, aunque sea tímidamente, en la dirección que consideramos imprescindible, en la dirección precisamente de globalizar la política frente a la globalización de los mercados para corregir los excesos y los fallos que nos han traído hasta aquí, excesos y fallos que conoce muy bien por su experiencia directa en Lehman Brothers el señor ministro de Economía, excesos y fallos que han sido fallos masivos en los mercados, pero también fallos masivos en la gobernanza, en las instituciones, precisamente por la idea absolutamente equivocada de que era precisa la desregulación y la ausencia de supervisión para provocar el crecimiento económico y el bienestar generalizado.

Pues bien, esos fallos masivos nos han traído hasta donde estamos, en el caso de España además con un sobreendeudamiento que es en particular un sobreendeudamiento no del sector público. Señorías, aunque nos recuerden todos los días cuál es el déficit y la deuda pública española, en estos momentos la deuda pública española significa solo el 16% de la deuda española exterior; el gran cáncer de la economía española es el sobreendeudamiento de familias y de empresas y en particular hacia el exterior. Y es ahí donde todo avance en materia de regulación y de supervisión financiera tiene que ser bienvenido como parte de esa transformación de la gobernanza económica europea e internacional para corregir los fallos en esta fase del capitalismo, que algunos definen como capitalismo de casino.

Señorías, ante los cambios que se han producido en los últimos años, parece necesario ese avance en la gobernanza económica europea e internacional y en ese sentido es positivo tener en cuenta lo que nos dice la Comisión Europea -normas, directrices-, lo que dice el Fondo Monetario Internacional o lo que dice la OCDE. Pero este Gobierno hace un uso excesivo y en algunas ocasiones completamente al margen de lo que de verdad dicen esas instituciones para justificar sus decisiones. El caso más flagrante, señorías, es la amnistía fiscal. Ustedes están recordando en esta Cámara una y otra vez que esa amnistía fiscal poco menos que está bendecida por la OCDE. No, señorías. Digan toda la verdad. La OCDE lo que dice exactamente es que medidas extraordinarias


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de este tipo tienen un elevadísimo riesgo de aumentar el fraude fiscal y además comprometen la lucha contra el dinero ilícito y, desde luego, la OCDE dice todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo en este presupuesto que han traído a la Cámara. La OCDE lleva años alertando sobre el riesgo provocado por la desgravación fiscal a la compra de vivienda y el Gobierno ha recuperado, con el correspondiente gasto fiscal que podría emplearse en otras cosas, la desgravación fiscal para la compra a las familias de ingresos más altos. La OCDE insiste en la importancia absoluta del apoyo público a la investigación, al desarrollo, a la innovación y por supuesto a la educación, y los presupuestos que nos traen van en la dirección contraria. Por lo tanto, si utilizamos las referencias internacionales, utilicémoslas plenamente, porque, por ejemplo, cuando se habla por parte de la OCDE de la recuperación de la crisis, se hace un énfasis extraordinario en que esa recuperación solo podrá venir si se avanza hacia una economía baja en carbono. Eso lo dice la OCDE, y desde luego este Gobierno, con el parón a las energías renovables, va exactamente en otra dirección.

Señorías, por lo que se refiere a la importancia de esta norma que ya he subrayado, hay que decir también que, aunque la aprobemos, eso no corrige en absoluto los fallos en el funcionamiento del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que han comportado elementos tan graves para la situación actual como los relativos a las participaciones preferentes o a la escasa supervisión frente al riesgo creciente de exposición de nuestro sistema financiero ante la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, señorías, y en particular, ministro, hay que cambiar otras normas y desde luego el Grupo Socialista traerá a esta Cámara propuestas normativas para prevenir el sobreendeudamiento, para que funcionen mejor las instituciones de supervisión y regulación financiera en nuestro país, porque no basta con que nos coordinemos bien en el ámbito europeo. Y en ese sentido ya le anticipo, señor ministro, que no estamos de acuerdo con alguna de las modificaciones que ustedes ya han anunciado en relación con organismos de regulación y de supervisión no en el ámbito financiero, y me estoy refiriendo a lo que ustedes ya han anunciado en materia de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión Nacional de la Competencia o de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Creemos que esas son medidas que están justificadas exclusivamente por el deseo de tener un mayor control político por parte del Gobierno de esos organismos de regulación y de supervisión.

Señorías, se ha hecho mención por parte de otros intervinientes al riesgo que supone legislar mediante decreto-ley y, aunque vamos a votar a favor, quiero llamar la atención sobre algo que no ha mencionado ninguno de los anteriores intervinientes. Tal como se dice en su preámbulo, este decreto-ley no traspone una parte importante de la directiva europea, la relativa al blanqueo de capitales. Señor ministro, ya que el decreto-ley impide que conozcamos la adecuación normativa de la trasposición que se hace en relación con la directiva europea, tiene usted ocasión de explicar ante esta Cámara si la ausencia de trasposición de las normas europeas sobre blanqueo de capitales tiene algo que ver con el deseo manifestado por el Gobierno de atender en particular las demandas sobre legislación en materia de blanqueo de capitales del empresario que pretende traer a España el proyecto de Eurovegas. Señorías, más allá de nuestro voto favorable, esta es una norma que merece tenerse en cuenta en toda su extensión; por tanto, también en aquello que hoy no nos traen ustedes aquí, que es el blanqueo de capitales. Más allá de esta norma que mejorará la coordinación y la gobernanza económica europea, lo que necesita nuestro sistema financiero son normas que impidan en el futuro que la falta de regulación y de supervisión nos haga caer de nuevo en los errores, en los excesos y en los fallos que nos han traído hasta aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Señor presidente, señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, sobre la convalidación del Real Decreto- ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión.

Nuevamente en un jueves por la mañana tenemos que convalidar reales decretos-leyes que traen causa de directivas europeas pasadas de plazo. Hoy en concreto debatimos aquí la trasposición de una de ellas, la Directiva 2010/78 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, con un proceso de infracción abierto y en riesgo de sanción económica por el artículo 260.3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. De ahí la urgencia en su tramitación y de ahí la necesidad de utilizar un real decreto-ley para no seguir acumulando retrasos y cerrar el procedimiento abierto. Señor Azpiazu, era urgente hacerlo, y la figura utilizada queda plenamente justificada. Señora García, el 25 de enero se inició el procedimiento de infracción con carta de emplazamiento, y era urgente que lo cerráramos. En fin, espero que en breve plazo podamos ponernos al día y así ayudar al cambio de percepción que España tiene más allá de nuestras fronteras, al que no contribuía en nada la indolencia en estas materias del anterior Gobierno. Señor Anchuelo, coincido en esto con usted. Si eran tan conscientes de la importancia de esta directiva y se participó en su confección, no se explica por qué no se incorporó y se trasladó a nuestra normativa en fecha. Es incomprensible.


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Pero, aunque esta no fuera la situación, la trasposición de la directiva, que es una importante iniciativa comunitaria, debe estimular el interés de esta Cámara. Ninguno de nosotros somos ajenos a la importancia de la tormenta que llevamos sufriendo en el sistema financiero europeo y mundial en los últimos años. La crisis financiera evidenció serias deficiencias en la supervisión, tanto para la prevención y gestión de la crisis como en la cooperación, coordinación, coherencia y confianza entre supervisores nacionales. Igualmente se puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema financiero frente a riesgos sistémicos tanto sectoriales como intersectoriales, complejos e interconectados, así como su incorrecta identificación y control. Para mejorar la protección del ciudadano y restaurar la confianza en el sistema, la Comisión comenzó, como se ha señalado con anterioridad, un dilatado procedimiento que se inicia a finales de 2008 con el encargo del informe de Larosière, al que ha hecho mención el ministro y algún otro interviniente con anterioridad, que contiene una serie de recomendaciones en orden a reforzar las medidas de supervisión y concluye con la aprobación a finales de 2010 de los reglamentos 1093, 1094 y 1095 del Parlamento y del Consejo Europeo, por los que se crean respectivamente la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Asimismo, el informe propuso la creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico que con la participación del Banco Central Europeo hiciera un seguimiento y propusiera medidas para evitar la acumulación de desequilibrios financieros de carácter sistémico en Europa. Esta junta fue creada por el reglamento 1092 del Parlamento y del Consejo Europeo en la misma fecha que los reglamentos anteriormente citados. La directiva que este real decreto-ley traspone es la adaptación de la normativa comunitaria existente en esas fechas a los cambios derivados del nuevo esquema de supervisión.

El real decreto-ley tiene siete artículos que modifican siete leyes o decretos legislativos nacionales y, como dice la propia exposición de motivos, adapta el esquema nacional de supervisión a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea, que establecen un nuevo marco europeo de supervisión provisto de los instrumentos que se han considerado imprescindibles para evitar la reproducción de prácticas financieras que estuvieran en el origen de la crisis económica. El plazo de la trasposición concluyó en el mes de diciembre pasado y nos congratulamos de que definitivamente sus prescripciones se incorporen a nuestra normativa en esta fecha; incorporación, por cierto, que se hace de forma escrupulosa, señores de Izquierda Unida, y que no incorpora la parte de blanqueo de capitales porque, como dice el propio real decreto-ley, se hará con el rango legislativo que necesita, que es el reglamentario. Por eso nuestra posición, como no podía ser menos, es favorable a su convalidación.

Señorías, la prevención es muy importante en muchas facetas de nuestra vida: para nuestra salud, como dice el refrán, más vale prevenir que curar; en nuestros montes, cuyos incendios se apagan en invierno antes de que sucedan mediante las labores oportunas de atención y limpieza, como bien saben los expertos, y así podríamos poner múltiples ejemplos. Pues bien, eso es lo que ha regulado la Unión Europea y eso es lo que recoge este real decreto-ley. Esperemos que se consigan sus objetivos y no volvamos a sufrir crisis como las que han agitado al mundo y a Europa, y que lógicamente también han afectado a España.

Por otra parte, el real decreto-ley, en su disposición final primera, efectúa unas modificaciones formales, pero que aclaran la redacción primitiva del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. El pasado 29 de marzo aprobamos su convalidación, por lo que no voy a entrar en el contenido inicial del citado real decreto-ley, pero sí voy a hacer referencia, para que quede recogido en el "Diario de Sesiones", al contenido de estas modificaciones. En primer lugar, se precisa la aplicación presupuestaria para la dotación inicial del capital del fondo; en segundo lugar, se explica de forma técnicamente correcta el sistema de control al que el fondo queda sujeto, el de la Intervención General de la Administración del Estado mediante auditorías públicas; y por último, la extensión del régimen fiscal de la deuda pública a las operaciones del fondo, que no quedaba clara en la referida redacción inicial. Son cuestiones formales pero importantes para que ese procedimiento que va a resolver un grave problema no solo de nuestras entidades locales, sino de muchas pequeñas y medianas empresas en España, y por ende de los españoles, quede claro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.

- TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE) ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000008).

El señor PRESIDENTE: Realizado el debate de este punto, pasamos al siguiente: Debates de totalidad de convenios internacionales. En concreto tramitaremos el Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad


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(MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012.

Para presentar este tratado tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, permítame al volver a subir a esta tribuna dieciocho años después recobrar parte de mi biografía. Tuve la enorme fortuna de ser diputado constituyente y en aquel periodo, gracias al acuerdo de todas las fuerzas políticas, logramos aprobar una Constitución en circunstancias económicas no tan malas como las de hoy, pero desde luego manifiestamente mejorables. Pasé después al Parlamento Europeo, donde he consumido diecisiete años de mi vida entretenido y ocupado con muchas de las cuestiones que hoy nos traen aquí. En los dos sitios he aprendido lo que es el valor, la fuerza y la eficacia del consenso. En Europa he aprendido que el proyecto europeo avanza cuando hay acuerdo entre lo que se llaman las dos orillas del Rin: entre la democracia cristiana de un lado y la socialdemocracia de otro, con apoyo por cierto de otras fuerzas políticas, singularmente las fuerzas liberales.

En el momento en que nos encontramos hoy creo que ese consenso es más que necesario, y eso vengo a ofrecer a sus señorías. Las noticias que nos llegan de Europa son malas. La tragedia griega sigue sin resolverse, y después de dos rescates y una quita gigantesca la directora del Fondo Monetario Internacional no descarta la salida de Grecia de la zona del euro, y Venizelos, ministro que fue de Economía del anterior Partido Socialista, del Pasok, dice que no descarta tampoco un tercer rescate para Grecia. Los cortafuegos que hemos puesto -segunda noticia- para evitar el contagio de Grecia a otros países no funcionan demasiado bien, como demuestra la prima de riesgo que estamos sufriendo entre otros nosotros. En tercer lugar, la zona euro crece menos que nuestros competidores. Crecía menos antes de la crisis y crece menos después de la crisis. Daré solo un dato anterior a la crisis: hasta 2007 Estados Unidos creaba 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos por cada puesto de trabajo destruido como consecuencia de la deslocalización. La Unión Europea solo creaba 0,8 puestos de trabajo por cada puesto destruido por la deslocalización. Después de la crisis las cosas se han repetido. Una crisis que empezó en el otro lado del Atlántico nos golpea a nosotros con mucha más fuerza que a ellos.

La moraleja, la conclusión que quiero sacar de estas tres noticias es que la crisis que estamos sufriendo no es una crisis económica; es una crisis política; es una crisis casi exclusivamente política. Los datos demuestran que tomando en su conjunto la zona euro nuestras cuentas públicas y nuestras cuentas con el exterior están más saneadas que las de nuestros competidores principales: Estados Unidos, Japón o el Reino Unido. Sin embargo los inversores desertan de la zona euro para ir a refugiarse a las zonas que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque se ha extendido la desconfianza de que la zona euro sea una unión monetaria irreversible, y hay muchos inversores que nos ven más bien como una zona de cambios fijos reversible en cualquier momento, y si el problema es político la solución tiene que ser también política. Por eso quiero hoy hacer una reflexión sobre qué es lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado, qué es lo que estamos haciendo para remediar la situación, y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer juntos en el futuro; una reflexión sobre el devenir del proyecto europeo.

Permítanme empezar señalando que cuando se creó el euro todos sabíamos que la zona euro no era lo que se llama un área monetaria óptima; que en la zona euro subsistían unas divergencias que iban a hacer muy difícil la convivencia entre los países que la integraron; que intentar crear una unión monetaria sin una unión política, una unión económica en paralelo es algo así como intentar tener tigres vegetarianos. Se entendió que podíamos ir tirando, salir del atolladero sin crear directamente un gobierno económico basando la zona euro en tres pilares: una política monetaria centralizada encomendada a un banco independiente, el Banco Central; un pacto de estabilidad y crecimiento que encorsetase o embridase los presupuestos que se habían dejado al albedrío de las soberanías nacionales, y en tercer lugar, una especie de coordinación ligera, sin incentivos y sin sanciones, para coordinar las demás política económicas, para cubrir o para eliminar esas divergencias que hacían tan difícil la convivencia. Estos tres pilares -política monetaria, pacto de estabilidad y coordinación ligera- se completaron con tres advertencias básicas: el no bailout, el no default y el no exit. En buen español, el no rescate, la no insolvencia y la no salida.

Durante los años de bonanza la cosa fue relativamente bien. El euro se convirtió en una divisa estable que ganó peso como moneda de reserva; hubo una convergencia de tipos de interés entre los países del euro, y los sistemas bancarios de la zona euro funcionaron medianamente bien y en todo caso mejor que nuestros rivales anglosajones. Pero incluso en esos años de bonanza en que el dinero lo tapaba todo se advirtieron ya algunas grietas importantes en el edificio. En primer lugar, la existencia de un tipo de interés único para zonas económicas diferentes provocó una huida masiva de los ahorros de los países centrales a los países periféricos, sin tener en cuenta el riesgo. En segundo lugar, el Pacto de estabilidad y crecimiento saltó por los aires en cuanto los dos países centrales del sistema, Alemania y Francia, lo incumplieron. En vez de sancionar a estos países se


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decretó una especie de amnistía general y un cambio de las reglas del juego. La coordinación del resto de las políticas económicas, el tercer pilar, tampoco funcionó. En el año 2005 hubo un balance a mitad de camino, el llamado informe Coc, que demostró que los países, que los Gobiernos coincidían en el diagnóstico, aprobaban la terapia, pero cuando llegaban a su casa la aplicaban muy poco, y que las divergencias eran tan profundas como cinco años antes. Finalmente el sistema financiero demostró que carecía de regulación y de supervisión.

Estas grietas se hicieron mucho más evidentes cuando estalló la crisis allá por el año 2007. La crisis se llevó por delante buena parte de los fundamentos del euro y acabó con las tres advertencias disuasorias. El Banco Central se ha visto obligado a tomar medidas extraordinarias, aunque en mi opinión no en la cuantía suficiente. El Pacto de estabilidad y crecimiento es incumplido prácticamente por todos los países de la zona euro, y las divergencias entre los países miembros siguen siendo tan alarmantes que nos encontramos con países que tienen un tipo de interés negativo y otros que tienen tipos de interés absolutamente estratosféricos. Las tres advertencias también han fallado. Hemos tenido ya tres rescates, hemos tenido una quita gigantesca en Grecia, y se comenta en algunos casos que Grecia podría tener que salir del euro.

¿Qué es lo que estamos haciendo para remediar la situación? Porque algunas cosas se están haciendo. En primer lugar, se ha abordado una reforma del sistema financiero. El ministro de Economía acaba aquí de explicar lo que hemos hecho en materia de supervisión. Yo añadiría lo que se ha hecho en materia de regulación, que también ha sido importante. En materia de disciplina presupuestaria, en materia de disciplina macroeconómica se han abordado tres aspectos: el déficit, la deuda y la competitividad o los desequilibrios macroeconómicos. Se ha aprobado el semestre europeo, el llamado paquete de gobernanza y el paquete europlus o Pacto por la competitividad. Aprovecho esta ocasión para reclamar o pedir al Partido Socialista que vote la ley de estabilidad; creo que en estos momentos demostrar que no estamos dispuestos a ser más estrictos que ningún otro país en materia de equilibrio presupuestario es una mala señal para los mercados. El tercer aspecto -reforma del sistema financiero el primero; disciplina macroeconómica el segundo- es el que se refiere al Mecanismo europeo de estabilidad, al que me referiré con más detalle. El cuarto es el Plan de estímulo cuyo borrador acabamos de conocer hoy, borrador que nos pide un cambio de los impuestos que gravan el trabajo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, y su sustitución por impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la energía o impuestos que penalicen la emisión. La crisis -dice este borrador- ha demostrado la interdependencia entre las políticas macroeconómicas y los mercados laborales, y de lo que se trata es de cubrir esas deficiencias.

Paso al Mecanismo de rescate, que es lo que aquí nos congrega. En el Mecanismo de rescate estamos a mitad de camino entre un punto de salida inexistente y un punto de llegada que todavía es difícil de imaginar. Pero déjenme decir desde el primer momento que si la austeridad es necesaria, es condición necesaria, no es condición suficiente. Sin un mecanismo de solidaridad, sin un mecanismo de rescate es probable que el sistema económico de la Unión Económica pudiese subsistir; lo que es seguro es que no podrá subsistir el proyecto político de la Unión Europea. Citaré cuatro acontecimientos para demostrar, para fijar el momento en el que estamos, insisto, a mitad de recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada. El primer acontecimiento es el 9 de mayo de 2009, lo que los periódicos llamaron "la madrugada de infarto". Nos despertamos ese día sabiendo que Grecia tenía una deuda del 113% del PIB, un déficit del 12,7% del PIB, que estábamos en definitiva en una crisis fiscal que llevaba a Grecia al hundimiento, y las agencias de calificación ese mismo día rebajaron la calificación de los bonos griegos y también de los bonos portugueses, lo que pone de relieve el fenómeno del contagio. Ese mismo día se acudió al rescate de Grecia por medio de préstamos bilaterales porque no había un mecanismo de rescate europeo; préstamos bilaterales por valor de 110.000 millones de euros, que es una cantidad importante para cualquier economía, pero mucho más para una economía de las dimensiones de la griega. El mismo día se estableció la llamada Facilidad de estabilidad financiera y el Mecanismo europeo de estabilidad, mecanismos de rescate de carácter común, de carácter global para suplir la insuficiencia que la crisis griega había demostrado. Ese mismo día el Banco Central intervino en el mercado de deuda lo que provocó la dimisión de Weber, que era el candidato alemán a la presidencia del BC.

Siguiente acontecimiento solo unos días después, cuando se anuncia por parte de las autoridades alemanas que se va a pedir a los inversores privados que participen en el coste del rescate. Es decir, convertir la deuda pública como valores seguros en valores similares a la deuda privada. Esa declaración provocó la caída de Irlanda, cuya crisis era distinta. Si Grecia tenía una crisis fiscal, Irlanda tenía una crisis de sobredimensión del sector financiero respecto a la potencialidad del país.

El tercer acontecimiento son los acuerdos del Eurogrupo de 9 de diciembre de 2011, a final del año pasado. Se aprueba entonces el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Económica -el fiscal compact-. Se decide que el Mecanismo de estabilidad entre en vigor antes de lo previsto: que entre en vigor el 1 de julio de este año. Se elimina la participación del sector privado en los rescates, reconociendo el error cometido en las declaraciones anteriores, y se dice que las decisiones se adoptarán por una mayoría cualificada del 85% y no por unanimidad.

El último acontecimiento al que me quiero referir son los acuerdos del Eurogrupo de 30 de marzo de 2012, de anteayer. En estos acuerdos se amplía la potencia de fuego conjunta de la Facilidad y del Mecanismo europeo,


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se establece que el Mecanismo europeo financiará solo los proyectos nuevos y que la Facilidad -el Mecanismo de rescate provisional- se reservará para programas que hayan entrado en vigor antes. Solicito a la Cámara en este momento la autorización de las Cortes para este tratado. Estoy absolutamente convencido de que el tratado no es suficiente, pero haríamos mal en destejer de noche lo que hemos tejido por la mañana. Aprobemos este mecanismo y veamos qué es lo que hay que hacer, y es la reflexión de futuro con la que quiero terminar.

He dicho que empiezo por pedir consenso y este consenso es especialmente importante en este momento de la construcción europea. Estamos redactando un borrador o manifiesto en el llamado Club de Berlín, al que hemos sido convocados por el ministro de Exteriores de Alemania diez ministros de la zona euro. En ese borrador pretendo establecer las líneas que a mi juicio Europa tiene que seguir de ahora en adelante, y para fijar esas líneas me gustaría contar con el consenso de sus señorías. Primero, el desarrollo del mercado interior, muy en línea con la carta que el presidente Rajoy dirigió a sus colegas. En segundo lugar, completar el mercado de servicios financieros para resolver los problemas de restricciones de crédito. En tercer lugar, establecer un gobierno económico con tres objetivos simultáneos: la estabilidad económica y la disciplina fiscal, la sostenibilidad de la deuda para acabar con la hemorragia de la deuda pública, y el crecimiento económico. Este gobierno económico, complemento necesario de la unión económica, debería establecerse en tres fases, de la misma manera que el euro se estableció en tres fases, y solo en la última -en la tercera, en los dos casos- sería necesario modificar el tratado. ¿Por qué digo eso? Porque eso nos permitiría empezar a trabajar desde mañana mismo. En la primera fase debe producirse una convergencia de los países que quieran integrarse en el club. La segunda debería estar inspirada por un principio básico, la creación de un fondo monetario europeo, de un departamento del Tesoro, de una agencia de deuda o con el nombre que ustedes quieran, que plasme ese gobierno económico. Las funciones de ese organismo serían: subrogarse en las funciones que hoy desempeña el Mecanismo de rescate que vamos a aprobar; la emisión de bonos europeos de responsabilidad mancomunada, la famosa cesta de bonos, para la que no es necesaria una modificación del tratado; la emisión de bonos proyecto para facilitar el crecimiento y la huida de la recesión, y la representación exterior del euro en un momento en que todo el orden monetario nacido de Bretton Woods está sometido a revisión. En la tercera fase, fase en la que sí sería necesaria la modificación de los tratados, propondría institucionalizar el grupo, que no lo está; institucionalizar el Fondo monetario europeo; comunitarizar el tratado, el fiscal compact, el pacto presupuestario y el que hoy estamos aprobando, porque si de algo estoy convencido es de que el intergubernamentalismo no sirve en estos momentos; revisar el artículo 125 del tratado para la emisión conjunta y solidaria de las obligaciones europeas.

Permítanme aludir a las dos cuestiones más discutibles y conflictivas, el problema de las obligaciones europeas y el problema del crecimiento. En este momento, insisto, un momento de reflexión hacia el futuro que tenemos que compartir, y cuyas líneas estoy intentando hoy describir, permítanme hacer solo tres observaciones. Las obligaciones europeas, los llamados eurobonos son el final y no el principio de un proceso de convergencia. En segundo lugar, esa emisión conjunta es la señal más clara de nuestra voluntad de permanecer juntos, de disipar las dudas de los mercados a los que me he referido anteriormente sobre nuestra voluntad de permanencia en común, de sostener la zona euro. En tercer lugar, supone un salto político de primera magnitud, por dos razones. Recuerdo -apelando a la historia- que los Estados Unidos nacieron cuando las tres colonias originales decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la guerra de la Independencia contra el Reino Unido. En ese momento una nación vino a nacer. En cuarto lugar, la emisión de obligaciones conjuntas exige un sujeto emisor, que es ese Fondo monetario europeo, que en definitiva es un salto cualitativo en el proceso de la arquitectura institucional europea.

Déjenme referirme, como último apunte en este tema, a los eurobonos. Se ha dicho que los eurobonos permiten, favorecen la indisciplina fiscal. En mi opinión es justamente lo contrario. No voy a entrar ahora en la definición de las distintas versiones, pero ustedes saben que la más conocida divide la deuda nacional de cualquier país en dos tramos: el tramo que es seguro, que se puede devolver, que sería cubierto por esa emisión conjunta, y el tramo cuya solvencia, cuya posibilidad de pago es más discutible, que sería cubierta por emisores nacionales. Los bonos nacionales se pagarían siempre después de los bonos conjuntos, lo cual les coloca en una situación difícil en el mercado. Pero es más, el Fondo monetario europeo podría graduar los préstamos a los Estados, a los países miembros del club en función del grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales contraídas en el Pacto de gobernanza, en el Pacto de competitividad o en el fiscal compact que está discutiendo esta Cámara.

El crecimiento económico es otra de las cosas de las que siempre se habla y poco se concreta. Tengo que decir que los veintiocho folios que he leído del proyecto de la Comisión sobre estímulo me parecen escasos. Creo que hay que hacer algo más y que podemos hacer algo más. En primer lugar, tenemos que utilizar toda la potencia de fuego del Banco Europeo de Inversiones. Solo con que en los diez últimos años el Banco Europeo de Inversiones hiciese el doble de esfuerzo que en los diez años anteriores, en que no había crisis, contaríamos con el mismo dinero con que se contó en el Plan Marshall para rescatar unas economías europeas denostadas por la guerra. En segundo lugar, los bonos proyecto, que permite el tratado, para financiar inversiones de interés europeo, que son como el monstruo del lago Ness, están


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en todos los papeles, pero nadie los ha visto todavía. Y en tercer lugar, un fondo abierto a los inversores extranjeros, que si bien no están dispuestos a participar en un fondo de rescate de la deuda si nosotros mismos no somos capaces de rescatarnos, sí estarían dispuestos a invertir en este fondo de inversiones.

Termino, señor presidente. El proceso de construcción europea es el proyecto más ambicioso que los europeos hemos abordado a lo largo de nuestra historia. El proyecto de construcción europea nos ha permitido el periodo de paz, prosperidad y protagonismo internacional más importante que los europeos hemos conocido nunca. En segundo lugar, el euro constituye el alma de este proceso. El euro no solo es una divisa, sino que obliga a una institucionalización política, a un salto político de carácter cualitativo en el proceso de construcción europea, el mayor desde los tratados de Roma de 1957. En tercer lugar, España está absolutamente embarcada en este proyecto. La Constitución a la que me referí anteriormente nos permitió recuperar las libertades, establecer el Estado de derecho, pero también nos permitió reencontrarnos con nuestra historia, con la Europa de la que habíamos estado apartados durante cuarenta años. Me propongo en el próximo mes o en los próximos meses celebrar un acto de conmemoración de lo que fue el IV Congreso del Movimiento Europeo en 1962, conocido por el periódico Arriba como el contubernio de Munich, como homenaje a los europeístas que nos precedieron en la tarea que hoy tenemos. La cuarta idea es que España es un socio fiable. España cumple sus compromisos. Este Gobierno -lo ha dicho el señor ministro de Economía- desde el mismo momento de su toma de posesión ha empezado a abordar las reformas que España necesitaba; seguiremos en ese camino, y que no tengan duda nuestros socios ni nuestros inversores de que vamos a honrar nuestro compromiso.

Para finalizar diré que espero que España además de cumplir sus compromisos en el interior esté presente como un protagonista fundamental en la discusión, en el debate sobre el devenir de Europa, una Europa extraordinariamente importante y que, aunque vive horas bajas, es el proyecto más importante que tenemos entre manos. Termino con una cita del presidente del Consejo Europeo; decía hace unos días Van Rompuy: Europa está inmersa en un momento particular y paradójico de su historia, un periodo de ansiedad en un marco de éxito incomparable, éxito sí pues nuestro continente -y no tenemos miedo de decirlo- es la región más próspera del mundo, más libre y más estable. En nuestras manos está el que continúe siéndolo en los años que vienen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores.

A este tratado se han presentado dos enmiendas a la totalidad por los Grupos de Unión Progreso y Democracia y Mixto. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, para defender esa enmienda tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Ministro, es una gran alegría haberle tenido aquí para la defensa de este tratado, y me congratulo especialmente en la medida en que la enmienda a la totalidad de nuestro grupo haya contribuido a animarle a estar aquí y a darle al debate el fuste que merece, porque la cuestión de la que estamos hablando efectivamente es muy importante. Me alegro también de que durante su intervención no haya dejado de darnos la razón ni un solo momento. Ha empezado usted hablando de lo que Unión Progreso y Democracia lleva cuatro años diciendo: que esta es una crisis política, que esta es fundamentalmente una crisis política. Me alegro de oírselo a usted porque así no le llamarán a usted populista y demagogo y no le echarán a los perros -como nos los echan a nosotros-, me alegro de que coincidamos en eso también y de que nos dé la razón o se la demos nosotros a usted, que lo mismo da. Y también nos ha dado la razón porque al explicar con todo grado de detalle la crisis y las implicaciones que este Mecanismo de estabilidad tiene para Europa ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene este tratado. Precisamente porque tiene esa relevancia es por lo que mi grupo considera que se debía haber tramitado de otra forma, y es lo que le voy a explicar y a defender en esta tribuna.

El fondo que se crea mediante este tratado, mediante este mecanismo es un fondo que tiene el fin de prestar ayuda financiera a los países que estén sufriendo apuros económicos de manera que no puedan acceder a la financiación normal en los mercados. Por lo tanto todas las implicaciones que tienen esos préstamos y todas las implicaciones que tiene la estricta condicionalidad a la que se someten esos préstamos tocan de lleno todo el Título VII de la Constitución. Afecta a cuestiones de Hacienda pública, de moneda común, a cuestiones presupuestarias. Pero es que además cuando se habla en el tratado de que este mecanismo puede imponer programas de ajuste macroeconómico para condicionar esos préstamos, esos programas de ajuste -como estamos viendo en todos los países europeos donde se están imponiendo- pueden tocar absolutamente cualquier asunto, pueden afectar a cualquier tipo de política, señor ministro, y usted lo sabe. Y por lo tanto, si pueden afectar y condicionar la política de los Gobiernos de una manera tan relevante, creemos que hay dudas de que afecte a cuestiones de soberanía y que por lo tanto se tenga que tramitar como ley orgánica, que es lo que mi grupo le solicita.

Además esos programas de ajuste tienen el propósito de restablecer la reputación -por así decir- de los países que no consigan esos préstamos en el mercado normal ante los acreedores para que puedan volver a tener esa financiación. Por lo tanto si el objetivo es obtener ese marchamo de confianza por parte de los


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acreedores las medidas estarán más encaminadas a los intereses de los acreedores que a los intereses de los propios países, o pueden estarlo en cualquier caso. Y eso es lo que creemos que no debe escapar al control de los gobiernos.

Creemos que este tratado y este mecanismo son necesarios, creemos que es necesario preservar esa reputación y esa confianza de los países ante los mercados, ante los inversores y ante el exterior en general, pero creemos que esa preocupación se debe conjugar con el resto de las preocupaciones del Estado. Es lógico que los acreedores se preocupen fundamentalmente de si sus deudores les van a pagar o no, pero lo lógico también es que los Estados se preocupen de todos los asuntos que constituyen la actuación global de los Gobiernos. Lo que le decimos, señor García-Margallo, es tan razonable como que se determine con claridad el lugar preciso que esa preocupación sobre la confianza debe ocupar en el conjunto de las preocupaciones del Estado, y nos parece que este mecanismo carece de esa visión global.

Ese programa de ajuste que se puede imponer mediante este mecanismo, además de afectar a cualquier ámbito de las políticas, será decidido por un consejo de gobernadores y un consejo de administración que son unos órganos, tal y como están planteados por el momento en el tratado, bastante opacos y no sujetos a controles de carácter democrático. Por eso mi grupo le pide que retiren este texto. Le pedimos que lo tramiten a través del artículo 93 de la Constitución mediante ley orgánica, precisamente por esa atribución de competencias a una institución internacional que se puede producir. Pero la cuestión jurídica sobre todo, y no me quiero detener mucho en ella, nos parece que es la menor, señor ministro. La cuestión fundamental es de carácter político. Sé lo que me va a decir -aunque creo que luego tengo tiempo para la réplica-, me va a decir que hay un informe del Consejo de Estado que recomienda que se tramite por el artículo 94. Dicho informe lo tengo aquí precisamente y termina como todos los informes del Consejo de Estado, con una frase que dice: Vuestra excelencia, no obstante, resolverá lo que estime más acertado. Usted sabe que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes. Pero si el Gobierno decide que a partir de este momento los informes del Consejo de Estado son vinculantes, le animamos a que tengan en cuenta el que propone la reforma de la Ley Electoral en el mismo sentido que defiende Unión Progreso y Democracia.

Le decía que esta es una cuestión sobre todo política y de primera magnitud y, si lo tramitáramos como ley orgánica, se podría obtener para este tratado una mayoría reforzada, un debate reforzado que incluiría los dictámenes de los órganos consultivos y no un debate de baja intensidad. Sobre este asunto queremos tener un debate profundo, serio y riguroso. Creemos que es la mejor forma de obtener esa confianza internacional que tanto ansiamos y necesitamos. Ya sabemos el resultado que tienen sobre la confianza las prisas y las cosas mal hechas. Se reformó la Constitución en agosto pasado de esa forma y miren el resultado que nos ha dado: ninguno. Provoca más desconfianza aún. Creemos que el MEDE es un mecanismo que necesitamos, pero también necesitamos hacer las cosas bien, y ya se hizo mal la aprobación de este tratado en Europa. Este tratado es lo que, con gran acierto, Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner han denominado un tratado extravagante; extravagante en el sentido de que se sitúa fuera de lo que son las normas habituales, los tratados europeos. Es un cuerpo extraño que afecta a aspectos esenciales del funcionamiento de las instituciones europeas y, sin embargo, no comulga con el espíritu europeo. Además, es un tratado que nos perjudica, señor ministro, es un tratado que se negoció mal, porque usted sabe que se establecen unas reglas de voto que no tienen nada que ver con las de Lisboa, sino que se han hecho en función de la aportación económica de cada país, y precisamente a causa de esas reglas de voto España se queda sin poder bloquear de manera autónoma y por sí sola decisiones que pueden perjudicar gravemente nuestros intereses. Contribuimos con un 12%, pero la minoría de veto se establece en el 15%; es decir, es un tratado que establece que, quien paga. manda, y nosotros nos quedamos a las puertas de mandar pero pagando casi como si mandáramos. Ya que no vamos a mandar, por lo menos paguemos poco, porque ese dinero nos hace mucha falta, señor Margallo.

Como le decía, se crea mediante este tratado un nuevo entramado decisorio, un nuevo entramado institucional que tendrá poderes extraordinarios sobre aspectos muy concretos que no estarán sometidos a control democrático. Creo que usted es muy consciente, precisamente porque ha estado en una institución europea tan importante como el Parlamento durante muchos años, de que las instituciones europeas nunca han estado sobradas de legitimidad, pero si hay algún momento en el que su deslegitimación es mayor que nunca creo que es este momento, señor ministro.

También tenemos un problema de coherencia con este tratado. Resulta que estamos criticando que los especuladores lleven su dinero a los paraísos fiscales y este mecanismo se rige por la regla de los fondos de alto riesgo, tendrá sus dineros ubicados en Luxemburgo, no pagará impuestos y además se establecen una serie de privilegios e inmunidades para el medio y su personal, como dice precisamente el informe del Consejo de Estado, y nos parece que si estamos tratando de convencer a la gente de que vamos a acabar con los paraísos fiscales, no es la mejor manera buscar privilegios y exenciones para los propios mecanismos comunitarios.

Ha hablado usted de la idea de solidaridad y yo quiero referirme a ella porque creo que es la idea fuerza del proyecto europeo, creo que la solidaridad y la cohesión han sido la clave de la Unión Europea desde su fundación. El problema es que esta ayuda mutua que se establece mediante este mecanismo pervierte la idea de solidaridad, en apariencia se establece un fondo para ayudar a los países que tienen dificultades para financiarse pero, detrás de esto, cuando se ve que muchos


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países están más interesados en el beneficio que les van a reportar los intereses, es decir, en el negocio, uno puede preguntarse ¿pero no éramos amigos?, ¿no era este un mecanismo de solidaridad y de ayuda mutua? Esto es lo que le ha pasado ya con los fondos de carácter no permanente que existen, lo que pasó con Irlanda, que le estaban dando los préstamos a un interés tan alto que dijo: por favor, que no me asfixien mis amigos, que me bajen un poco los intereses, y se hizo. Esta es la manera en la que se pervierte la idea de solidaridad que, coincido con usted, es muy importante.

Este acuerdo se está tramitando en otros países; en Alemania, por ejemplo, se empezó el debate en el mes de marzo y terminará en verano. Se está negociando con la oposición, yo creo que no merecemos menos que los alemanes, señor ministro, yo creo que merecemos un debate en profundidad. No se puede utilizar el mismo mecanismo para ratificar un acuerdo internacional de tratamiento de residuos con Malta que para ratificar esto; yo creo que esto es mucho más serio. En este caso, además, planteamos sobre todo un problema de forma, si no de fondo, pero creo, como decía Mcluhan, que el medio es el mensaje, por eso le decía que si se hurta la discusión, una discusión profunda, a esta Cámara, si se impone un debate de trámite, un debate corto, un debate con sordina, un debate, en suma, de baja intensidad, me chirría que usted al mismo tiempo nos pida consenso; parece que nos está pidiendo el consenso de los mudos, un consenso en el que todos ustedes hablen lo menos posible para que yo lo ratifique en media hora. Yo sé que ese no es su talante, lo sé, de verdad, señor ministro, pero a veces los procedimientos que se utilizan imponen decisiones que tienen carácter político. El procedimiento no puede suplantar a la política, estamos aquí para hacer política y no para que los procedimientos se impongan sobre las decisiones de carácter político.

Me gustaría mucho que nuestro grupo colaborara en ese consenso que usted ha demandado y una buena fórmula para conseguirlo sería, como ocurre en otros países también, que antes de que los tratados sean firmados, cuando ya no hay ninguna posibilidad de modificarlos o de enmendarlos, se traigan al Parlamento, que se pida autorización previa al Parlamento para que pueda participar el Congreso, para que podamos participar los representantes de los ciudadanos y podamos enriquecer esos textos internacionales que tanta influencia van a tener después sobre la política interior.

Aplaudo su decisión de homenajear a los participantes en el contubernio de Munich pero vamos a homenajear a los europeos de ayer y vamos a homenajear a los europeístas de hoy, que somos nosotros. En mi grupo somos profundamente europeístas, homenajéenos usted también permitiendo este debate profundo y riguroso sobre un tratado tan importante. Este debate, esta tramitación como ley orgánica que permitiría esa profundidad en el debate es necesario, señor ministro, para legitimar el MEDE, para legitimar el mecanismo, pero también es necesario para legitimar las instituciones europeas. Hace escasas semanas estuvo en esta Cámara, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, el comisario europeo de Presupuestos y se lamentaba de cómo la Unión Europea se está convirtiendo en una presencia que impone y castiga. Antes era la Europa que protegía y ayudaba, y cada vez más es la Europa que impone y castiga.

Si escamoteamos estos debates europeos luego no podemos lamentarnos de esa deslegitimación que las instituciones sufren ante los ciudadanos. Nuestra obligación es cambiar esa dinámica y la primera obligación es del Gobierno, porque el Gobierno es el principal intermediario entre las instituciones europeas y los ciudadanos, pero mi grupo también reclama nuestra parte de responsabilidad. Queremos también ser responsables de esa intermediación y acercar las instituciones y las decisiones europeas a los ciudadanos, pero necesitamos que usted nos dé la oportunidad, necesitamos que usted facilite un trámite que nos permita hablar de este asunto para forzar ese debate fuera de esta Cámara, en los medios de comunicación y en la sociedad. Por eso le pedimos que retire el texto y que nos dé la oportunidad de ejercer ese papel de intermediación y contribuir a legitimar las instituciones que tan necesitadas están.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, no tengo claro si mi misión en la vida es exactamente defender una enmienda a la totalidad en un debate sobre la aprobación española de un tratado constitutivo entre europeos. De hecho, lo que mis electores me encomiendan, y lo que a mí me gustaría de verdad cumplir, es decirles que nosotros desearíamos que nuestro país fuera miembro signatario de este Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad junto con otras grandes naciones europeas signatarias como Chipre, Malta, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, etcétera, y España. Si tuviéramos esa condición, eso nos permitiría contratar deuda soberana, incluir ese supuesto en un tratado constitutivo como este, que no es un tratado cualquiera, no le estoy quitando mérito, ni mucho menos, es un tratado importante, necesario e indispensable, pero contratar no más, pero tampoco menos, deuda soberana que otros países, que otros gobiernos para poder sobrevivir en el clima de crisis actual.

Permítanme que les añada que en el momento actual, si Cataluña fuera un Estado independiente, si dispusiera de un Estado propio, como defiende mi coalición y otras formaciones, no habría deuda, teniendo en cuenta que la contribución de Cataluña a las arcas españolas en los últimos años es infinitamente superior a la deuda que contrae el Gobierno catalán. En ese sentido es mi obligación, eso sí, reseñarles que la situación de injusticia o de déficit o de expolio fiscal que sufre Cataluña sí que


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es motivo de preocupación, y para todos ustedes, señorías, debería ser motivo de profunda preocupación si es que ustedes creen, confían o defienden la integridad de España. Si ustedes creen eso, igual que el señor ministro ha situado el origen de los Estados Unidos en una acción combinada de diversos Estados para afrontar la deuda conjuntamente, también les puedo señalar que el nacimiento de esa gran nación que son los Estados Unidos tiene mucho que ver con la percepción de injusticia fiscal, con la reivindicación de sin impuestos o sin representación no tiene que haber carga impositiva o carga impositiva injusta y que la acción del Boston Tea Party y la rebelión contra una injusticia fiscal también está en el origen del proceso de independencia americano. Si quieren tomar nota, fantástico; si no, la historia ya les pasará las notas a posteriori.

Lo que nosotros proponemos con esta enmienda a la totalidad es obligado, es obligado para nosotros porque, más allá de nuestras convicciones y de lo que nos encomienda el electorado, creemos que en la situación actual es indispensable que al menos el Gobierno catalán pueda colocar su deuda, deuda que en estos momentos debemos llamar deuda subsoberana. Evidentemente esa es la situación en la cual nos encontramos, y en este tratado y en esta adhesión española al tratado no se menciona en ningún momento la deuda subsoberana. Nosotros pedimos que eso se incluya, que junto con la deuda soberana se especifique que también en el ámbito europeo tiene que ser tenida en cuenta la deuda subsoberana, por ejemplo, de Gobiernos como el Gobierno catalán, porque si no las dificultades actuales del Gobierno catalán para sobrevivir administrativamente, incluso dentro de los límites estrictos de la autonomía actual, esas dificultades se convertirán en agonía. Por tanto, creemos que eso debe ser incorporado. Esa es la enmienda a la totalidad que nosotros defenderemos. Si no se incluye, por descontado tendremos que votar en contra.

Nosotros creemos que se está cometiendo una injusticia flagrante, porque además de hacer constar el hecho de que el Gobierno español no devuelve el 40% de los tributos que cobra a catalanas y catalanes, no se devuelve en concepto de inversiones, además el Gobierno central, el Gobierno español, acumula tres cuartas partes de la deuda cuando solo es responsable de un 40% del gasto público. Y, a pesar de eso, el Gobierno del Estado acusa a las comunidades autónomas en general de generar una deuda excesiva y frena su capacidad, ya discreta de por sí, de endeudarse. Carga además el Gobierno sobre las comunidades autónomas el ajuste financiero, la parte más rigurosa del ajuste financiero, y amenaza con intervenirlas. Y, para colmo, ahora va y se parapeta en Europa sin reconocer que, aparte de la deuda del Gobierno español, también existen otras deudas de otras administraciones que también son Estado, que forman parte del Estado en estos momentos, nos guste o no nos guste. Claro, eso de parapetarse en Europa para salir del pozo mientras se empuja a Cataluña y a otras comunidades autónomas a hundirse en el mismo pozo me parece de una flagrante injusticia. Como sigan las cosas así, acabaremos reclamando la intervención europea, al menos que venga directamente el primo de Zumosol, que decidan y que no tengamos que contar con la mediación del Gobierno español, que por sus hechos los conocemos y ya sabemos cómo se las gastan en este tema.

Quisiera decir también unas palabras sobre la intervención y la enmienda a la totalidad del Grupo de Unión Progreso y Democracia, entre otras cosas para que se entienda, supongo que ya se entiende pero es por si no quedara claro, que la proximidad física en este hemiciclo no siempre implica proximidad en tantas otras cuestiones. Muchas veces, hablando sobre nuestras propuestas o sobre nuestras intervenciones, voces procedentes de UPyD y de otros partidos, sus señorías del PP u otros partidos de esta Cámara, nos han calificado como nacionalistas insaciables. Tal vez sí, no lo sé, pero qué hay más nacionalista y más insaciable que reclamar como reclaman ustedes en su enmienda insistiendo sobre la independencia y la soberanía del Reino de España, cuando el Reino de España ya es independiente y soberano. Al menos nosotros estamos reclamando algo que no tenemos. Ustedes no están contentos ni con lo que tienen, siempre quieren más. ¿Qué hay que sea más nacionalista y más insaciable que esa posición? Pregunto. El otro día nos acusaban a nosotros -a mi persona en concreto- de actuar con victimismo amenazante. El señor Cantó, a quien saludo amigablemente desde aquí, me acusaba de utilizar un victimismo amenazante. No lo sé, a mí no me lo pareció. Si fue así, me sabe mal. Pero ¿cómo hemos de entender la posición de alguien que presenta una enmienda a la totalidad a un tratado constitutivo europeo y que textualmente en ella acusa al Gobierno de complejos propios de país pequeño y reclama una dosis mayor de orgullo patrio? ¿No es eso victimismo? ¿No están amenazando al Gobierno porque actúa por debajo de lo que le corresponde a una gran nación como España? Me parece que sí; no lo sé. La señora Lozano nos ha apuntado, con convicción, que ellos reclaman europeísmo, que son europeístas como el que más. Pero me parece un poco egoísta e insolidario con respecto al concierto de las naciones europeas quejarse de que España no pueda bloquear el funcionamiento del Mecanismo europeo de estabilidad porque apenas tiene un 12% de participación en este mecanismo. La misma enmienda empieza hablando de nuestros intereses, de que no se defiende apropiadamente lo que pedimos y de que tenemos poco. ¿Eso no es victimismo? ¿Eso no es lamentación? ¿Eso no es ser insolidario con respecto a otros países? Porque, vamos a ver, ¿por qué Alemania, Italia, Francia u otros tienen un 15%? Pues debe ser porque ahí vive más gente, por ejemplo; o porque sus economías son más fuertes, por ejemplo; o porque algunas de estas economías nos tienden la mano y nos quieren sacar del pozo. Ir a morder la mano de esta gente no me parece lo más inteligente en este día.


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Nosotros queremos una Europa de todos y para todos, con cohesión territorial, sin peleas de gallos constantes entre nacionalismos excluyentes, insolidarios y egoístas. Eso es lo que queremos. De lo que siempre se nos acusa quiero ahora hablar y se lo quiero plantear a gente como la que está presentando esta enmienda a la totalidad, que me parece insolidaria, poco europea y nacionalista excluyente española.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Defendidas estas enmiendas a la totalidad, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Señor ministro, en primer lugar quiero agradecerle su presencia. El hecho de que usted haya actuado de ponente en este punto sobre este tratado realza la importancia de lo que hoy estamos discutiendo en esta Cámara.

Señor ministro, señoras y señores diputados, hace poco más de cien años se hundió el Titanic, un trasatlántico teóricamente indestructible. Hoy, con el debate de este tratado, vamos a aprobar nada más y nada menos que un plan de evacuación del Titanic. Imagínese, señor ministro, que usted es el capitán de este barco y que hoy estamos en esta Cámara discutiendo el plan de evacuación del Titanic. El Titanic es nuestro euro, hoy en día la zona euro es nuestro Titanic, y hoy estamos discutiendo el plan de rescate de los pasajeros de este trasatlántico que somos el pueblo español y los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, mientras ustedes, señor capitán, encaminan el barco hacia un gran témpano de hielo a buen ritmo. Yo le quiero pedir a usted, señor ministro, como capitán de este barco, que cambien ustedes el rumbo o nos hundiremos. Ya hay demasiados vigías que han dicho que hay témpanos de hielo en el horizonte, pero ustedes siguen a buen ritmo la misma dirección erre que erre, y ya sabe usted que cuando el Titanic se hundió se salvaron los pasajeros de primera clase, pero el resto de pasajeros siguen en el fondo del océano. (Aplausos). No queremos, señor ministro, que en la zona euro le pase esto al pueblo español. Está bien diseñar un buen plan de rescate, pintar de buen color las barcazas que nos pueden salvar y los flotadores, pero lo más sensato es cambiar el rumbo del barco una vez se ha detectado que hay un peligro eminente si seguimos la misma política económica que ustedes y que gran parte de la Unión Europea siguen practicando.

Vamos a votar en contra de este tratado internacional por dos motivos, uno de forma y otro de fondo. El de forma es que afrontamos un grave problema de déficit democrático, de cómo tratado a tratado y a hurtadillas de los pueblos europeos, de los ciudadanos y ciudadanas europeos, se va construyendo una arquitectura institucional de espaldas a la población y de cara a la gran banca europea y a los lobbies económicos, y siempre en exquisita coordinación con el Fondo Monetario Internacional. No importa que pueblos como el francés, el irlandés o el holandés hayan dicho que no a sus principios europeos; no importa, es sustituible la opinión de estos pueblos y seguir con su política independientemente de la opinión manifestada democráticamente por estos pueblos. No nos reconocemos, señor ministro, en esta Europa que están construyendo, no nos reconocemos en ella; hay otra Europa posible, una Europa por la paz, consecuencia del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay una Europa basada en el Estado social. No nos reconocemos en este proceso de deconstrucción europea que en el último periodo se está protagonizando desde las instituciones europeas, y el Mecanismo europeo de estabilidad es un paso más, un jalón más en este camino. No estamos hoy ante un simple tratado internacional de trámite. El Mecanismo europeo de estabilidad es uno de los puntales de la arquitectura institucional europea para tomar las principales decisiones económicas de la zona euro. Es de facto un gran mecanismo de rescate de la zona euro y un vaciado de soberanía nacional para España, que al firmarlo pierde claramente la capacidad para decidir y controlar su política económica. La filosofía política del MEDE es la misma consecuentemente que la del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica, y consecuentemente profundiza en los mismos errores detectados desde hace tiempo a la hora de afrontar la crisis que estamos sufriendo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Los líderes europeos firmaron el 2 de marzo el nuevo tratado, destinado a fortalecer la disciplina fiscal y la convergencia en la zona del euro. El tratado introduce una regla de equilibrio presupuestario y un mecanismo automático de adopción de medidas correctoras que requiere que los presupuestos estén en equilibrio o en superávit. Estas dos orillas del Rin de las cuales usted, señor ministro, nos hablaba deben ser utilizadas para otra cosa que para hurtar a la población española el derecho de opinar sobre una reforma constitucional que ustedes pactaron a espaldas del pueblo español, sin consultarle. Si las dos orillas del Rin para lo que sirven es para esto, no esperen a una buena parte de la población española y de las fuerzas políticas representadas en este hemiciclo, que no vamos a menos sino que vamos a más, lo digo para que usted lo sepa, señor ministro. Señoras y señores diputados, no tenemos un problema de confianza; tenemos un problema de políticas equivocadas que debemos modificar para no hundirnos más en el pozo. Se dice oficialmente en el tratado: promover la responsabilidad y solidaridad presupuestarias en la unión política y monetaria, pero cada vez con más fuerza se va abriendo camino la idea, de esos vigías que han avisado de que hay hielo en el mar, de que preocuparse únicamente por la deuda pública y su reducción no es ninguna


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salida -al contrario- a la crisis de demanda que estamos sufriendo. Lo que hace falta, señor ministro, es más coordinación europea -estamos de acuerdo-, más regulación laboral y financiera, con banca pública; un estímulo por la vía de la demanda, mayor distribución de ingresos y gasto público, reformas fiscales progresivas y un programa amplio de planificación económica que aspire a corregir los desequilibrios y a cambiar el modelo económico en su conjunto. Eso por supuesto no está en el tratado.

Señor ministro, señoras y señores diputados, vamos a votar favorablemente la enmienda presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia porque en sus dos términos concretos señala correctamente el recorte de soberanía que supone para este Parlamento y para el pueblo español el tratado que hoy a hurtadillas estamos aprobando. También señalan el hecho de que un trámite por ley orgánica daría mayor transparencia y generaría un debate público mejor para un tema de tal calado que debe ser aprobado con el tiempo y las valoraciones suficientes. Deseo decir bien claro que hay alternativa. Lo que hoy se nos trae es más de lo mismo, pero hay alternativa. Nosotros somos la alternativa. Si otros no quieren levantar la bandera de la alternativa en su política económica y en su política europea nosotros sí somos alternativa. Ustedes, Gobierno del Partido Popular, Grupo Popular, cada día son más el paro, la improvisación y la deconstrucción europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, en relación con el debate que nos ocupa avanzamos desde el grupo parlamentario que represento nuestro voto favorable a la ratificación del tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad. El marco institucional de la Unión Europea, unión económica y monetaria, es singular. Es una unión monetaria sin una unión política plenamente desarrollada. Se caracteriza por una política monetaria única fijada a nivel supranacional -zona euro-, un mercado común y unas políticas fiscales ampliamente descentralizadas que permanecen dentro del ámbito de competencia de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, pero que están sujetas a procedimientos de coordinación basados en determinadas normas como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es este marco europeo y el de la actual situación económica crítica desde la perspectiva económica y financiera que atraviesan especialmente algunos países miembros lo que apoya la importancia de la aprobación del Mecanismo de estabilidad financiera.

Presidenta, señorías, el Mecanismo de estabilidad financiera es una fórmula para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro, refuerza el sistema de vigilancia financiera de la Unión y establece un método permanente para suministrar asistencia a los Estados miembros que atraviesen graves problemas financieros, con la condición de que se lleven a cabo estrictos programas de ajuste económico y fiscal en los países que soliciten la ayuda. A propuesta de la Comisión Europea, el Consejo Europeo decidió su creación en diciembre de 2010 sobre la base de la llamada facilidad financiera europea ya existente y aplicada a los Estados que lo han necesitado y que vence en 2013. A partir de esta fecha entrará en vigor el nuevo mecanismo con carácter permanente. Dicho esto, déjeme hacer dos consideraciones. La primera sobre el porqué y el contenido del Mecanismo de estabilidad financiera. Los ministros de finanzas de la zona euro han acordado que se cree un fondo dotado con 700.000 millones de euros con capacidad efectiva de préstamos por valor de 500.000 millones. Esta cantidad asegura la mejor calificación crediticia para obtener fondos en los mercados a bajo interés, pero los Estados solo tendrán que desembolsar una parte en efectivo, 80.000 millones de euros; el resto será capital de reserva y garantías estatales. Se creará también una nueva institución financiera para gestionar ese fondo, dirigida por los ministros de finanzas de la zona euro, el presidente del Banco Central Europeo y el comisario europeo de Asuntos Económicos, con sede en Luxemburgo. El mecanismo, señorías, compromete a los países que forman parte de la moneda única, pero está abierto también al resto de los socios comunitarios que quieran participar. Está previsto también que el nuevo sistema entre en vigor a mediados de 2013, y en el año 2012 la Comisión Europea hará una evaluación de su funcionamiento y resultados. Nuestra segunda consideración está en relación con su mecanismo de actuación, cómo se reparte la dotación del fondo. Cada Estado deberá aportar unas cantidades líquidas en función de su participación en el Banco Central Europeo. Alemania es el primer contribuyente, con 21.600 millones de euros; a España le corresponde el 11,9% del total del fondo, es decir 9.500 millones de euros. La entrega deberá hacerse en varios plazos, la mitad en el año 2013, cuando el mecanismo entre el vigor y el resto en los tres años posteriores. El Mecanismo de estabilidad financiera también contempla la participación del sector privado, sin que por ahora haya regulación previa, estudiándose caso por caso según lo problemas financieros que vayan planteándose. Por último, como en el actual Fondo de rescate europeo, también está prevista la contribución del Fondo Monetario Internacional, todavía sin cuantificar.

Hechas estas dos consideraciones, nos preguntamos si el Tratado de la Unión Europea permite la creación del mecanismo. En este sentido, las actuales reglas de la unión económica y monetaria no dan cabida a un fondo de ayuda permanente, por lo que es necesario hacer una reforma en el Tratado de Lisboa. Será un cambio en su artículo 136, que tendrá textualmente el texto: Los Estados miembros cuya moneda sea el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que será activado,


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si fuera indispensable, para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión de ayuda financiera solicitada bajo el mecanismo estará sujeta a estrictas condiciones.

Señorías, presidenta, el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria requiere que los gobiernos de los Estados miembros garanticen la sostenibilidad de sus propias finanzas públicas, la competitividad de sus economías y la estabilidad de sus sistemas financieros. La falta de cumplimiento de una o de algunas de estas condiciones durante un periodo de tiempo prologado reduce los beneficios netos de la unión económica y monetaria y plantea el riesgo de contagio adverso entre países. Nuestro grupo, señorías, es profundamente europeísta y es favorable a la ratificación. Hacemos votos, esperamos que ningún Estado dificulte su tramitación, especialmente en este momento que vive Europa y que requiere de máximos consensos, de máxima cooperación y de máxima unión. Compartimos que una crisis inicialmente más financiera derivó no solo en una crisis plenamente económica y productiva, que aún permanece viva en algunos Estados miembros como el nuestro, sino también en una crisis política. La crisis económica, señorías, ha evidenciado unas fragilidades políticas de fondo en la construcción europea, en el proyecto político europeo; debilidades y fragilidades que estamos obligados a reconducir. La crisis nos obliga a más Europa y a apostar y establecer mecanismos que contribuyan a reforzar la cooperación entre Estados miembros, a activar conjuntamente instrumentos que nos permitan anticiparnos a futuras crisis y evitarlas, y sobre todo la crisis, más que nunca, nos obliga a reforzar el proyecto político europeo.

Hoy, señorías, ratificamos el Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad, pero más allá de ello ratificamos un compromiso europeo y una apuesta por reforzar el proyecto europeo. Por último y sin que por ello sea menos importante, respecto a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Bosch, en un momento como el actual, estando de acuerdo con los hispanobonos, no podemos paralizar la ratificación de este tratado por una cuestión de responsabilidad. Estamos tan de acuerdo con esta ratificación como con la defensa de los hispanobonos que nosotros, y desde nuestro grupo parlamentario, no solo defendemos sino que ya lo hemos planteado al Gobierno. Somos, señorías, presidenta, tan europeístas como catalanistas. Somos catalanistas en la medida en que somos europeístas y somos europeístas en la medida que somos catalanistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Señora presidenta.

Señor ministro, adelanto la posición de nuestro grupo. Vamos a votar en contra de las enmiendas que han sido defendidas por UPyD y el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lozano, he escuchado atentamente su posición pero me parece que el hecho de tramitar o no el tratado por una vía u otra no depende de una importancia en abstracto, ni de la presencia del señor ministro, ni de que él haya optado por un discurso de política europea general. Es una cuestión puramente jurídica, me parece que en este caso el Consejo de Estado está suficientemente atento. Si el tipo de tramitación del tratado debiera deducirse del tono de la intervención del señor ministro, del tono de la intervención del señor Bosch, deberíamos deducir que esto no requeriría una reforma del tratado; esto requeriría una reforma de la Constitución. Por lo tanto vamos a ceñirnos al trabajo que nos trae, señor ministro, que es la autorización para la firma del tratado.

Nosotros vamos a votar por tanto a favor de la autorización de la formalización en la manera en que ha venido. Por dos motivos, o por dos grupos de motivos: uno -si quiere formal y circunstancial, por el que pasaré meramente de puntillas-, que ha sido un tratado en buena medida negociado por el Gobierno anterior, por lo tanto estamos sustancialmente satisfechos con el contenido normativo que trae; y dos, por una razón de fondo que me acerca al tono y al enfoque que el señor ministro ha dado a su intervención. Señor ministro, muchas gracias por su intervención, no solo por su presencia sino por el tono y por el contenido de esta primera intervención suya tras muchos años, he creído entender, alejado de esta tribuna. Se lo voy a decir con toda claridad y con toda franqueza: va a encontrar en el Grupo Parlamentario Socialista un apoyo rotundo y enfático a su enfoque en los asuntos europeos. Eso no quiere decir que no podamos tener discrepancias, seguramente puntuales. Sinceramente, de su tono, del enfoque que usted ha dado aquí en esta primera intervención ante el Pleno, le aseguro la absoluta lealtad del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a las posiciones generales en política europea, aunque pueda haber discrepancias. Nos va a encontrar usted siempre con el Gobierno, frente a esta pequeña ordalía de discursos de nacionalismos cruzados que al final convergen siempre en un mismo punto, euroescepticismo o europesimismo o, sencillamente, antieuropeísmo. Haber descubierto hoy aquí la pinza europeísta UPyD-Izquierda Unida realmente me ha dejado un poquito estupefacto; vamos a estar, señor ministro, con usted. Enhorabuena por la iniciativa sobre el contubernio de Múnich; nuestra disposición a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el reforzamiento del club de Berlín. Procure no traer posiciones cerradas, hablemos desde el principio porque eso facilitará las cosas.

Ley de estabilidad. Nosotros entendemos -yo entiendo- que es importante enviar ese mensaje -luego hablaré de enviar mensajes-, pero nos parece que el que había que enviar es el que se contenía en el acuerdo de agosto pasado. Según nuestra visión y nuestra lectura, lamentablemente no podremos apoyarlo, porque el mensaje era el que acordamos y no otro que se ha


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creado después. En cualquier caso, ese segundo grupo de razones por las que mi grupo apoya el tratado tal como viene tiene que ver con el asunto central de lo que usted ha hablado aquí, que me da un pie perfecto; es la gobernanza económica europea, de la que el Grupo Socialista Europeo ha estado advirtiendo de su necesidad desde hace años. Durante muchos años pedimos un vector político que acompañara la esencia librecambista y comercial de la entonces comunidad. Ese proceso se desarrolló a partir de los noventa, pero el euro, como usted ha comentado, vino a traer nuevas necesidades de coordinación de políticas económicas financieras y presupuestarias, con esa afortunada expresión que usted decía del tigre vegetariano. Hasta ahí estábamos de acuerdo. La crisis o la sucesión de crisis de estos años ha convertido esa necesidad de la gobernanza económica europea en una angustiosa exigencia derivada de la inestabilidad del sistema económico, hasta tal punto que los mecanismos relativamente largos y complejos de aprobación de sistemas europeos cortafuegos al final incluso dan la sensación de que llegan tarde. Usted ha hecho referencia a que antes de ser aprobado este mecanismo ya ha tenido que ser dotado con 200.000 millones de euros más.

Nosotros venimos advirtiendo desde los noventa de la necesidad de tener mecanismos económicos de coordinación de las políticas fiscales y presupuestarias de la Unión Europea. Este mismo hemiciclo ha sido testigo en la primera mitad de la legislatura pasada de cómo nuestras prédicas en este sentido encontraban una cierta displicencia del Grupo Popular. Su grupo solo comenzó a percibir esa necesidad de una manera fuerte cuando los principios ideológicos liberales, que forman parte de su esquema ideológico, fueron refutados por la situación de la economía y por el comportamiento de mercados que de ninguna manera conducían a una felicidad universal o a una armonía de la sociedad. La verdadera lección para el Grupo Popular la está sufriendo ahora, cuando un Gobierno apoyado por una mayoría parlamentaria absoluta y con solo cien días de ejercicio se está viendo zarandeado una semana sí y otra también, viéndose obligado a correr detrás de esos mercados que acaba de descubrir que son insaciables; unos mercados que no entienden algo tan simple, señor ministro, como que una vez que gobierna el señor Rajoy tienen que estarse quietos y la sola presencia del señor Rajoy en La Moncloa calmaría las aguas financieras de Europa. Por tanto, son unos mercados insaciables y desgobernados que el Partido Popular acaba de descubrir; cuando gobernaba Zapatero no eran esos mercados insaciables los que provocaban la inquietud, sino sencillamente la incapacidad del presidente anterior. El Partido Popular tendrá que asumir durante mucho tiempo su decisión de no apoyar las medidas que el señor Zapatero trajo aquí después de la cumbre de mayo de 2010. Esa actitud irresponsable también es parte de la herencia de esta legislatura. Al PP le gusta mucho hablar de la herencia de los que hemos estado gobernando. Ustedes también traen una herencia de la oposición, y parte de ella es la irresponsabilidad en mayo de 2010, cuando estuvieron a punto de dejar caer un Gobierno por criterios electorales. (Aplausos). Sé, señor ministro, que es injusto que yo se lo diga a usted, porque sinceramente creo que usted hubiera intentado evitar esa situación en mayo de 2010.

Para nosotros es absolutamente nítido que este partido ya no se juega solo en España sino más allá de los Pirineos, y para tener estabilidad y tranquilidad ya no le basta a un Gobierno con tener apoyo de su mayoría parlamentaria nacional, sino que tiene que tenerlos también en esas instancias europeas. Estos días, señor ministro, entre el desgaste político acelerado del Gobierno que han mostrado las últimas elecciones y las precipitadas y desordenadas medidas y contramedidas de estas últimas semanas -unas venían en presupuestos y otras en notas de prensa- hay un extraño aroma a legislatura muy avanzada. Parece que hubieran pasado muchos meses más de los que han transcurrido desde las últimas elecciones. Ayer desde esta tribuna una ministra del Gobierno utilizó una expresión muy clarificadora sobre esa sensación psicológica de legislatura muy avanzada. La señora Mato se refirió al antiguo Gobierno socialista. Al decir la señora ministra, ministra hace tres meses, antiguo Gobierno socialista lo que estaba revelando era que este Gobierno está mucho más desgastado de lo que debería estarlo en condiciones normales en tres meses. Por tanto, acostumbrémonos a la idea de que este Gobierno no puede confiar su estabilidad solo a la aritmética parlamentaria doméstica, que puede ser sacudido por la crisis, con independencia de esa fortaleza parlamentaria que tiene aquí, y que por eso necesita una amplia cobertura de esa gobernanza económica, que ha sido una de las propuestas del Grupo Socialista durante todos estos años.

Señor ministro, la sucesión de movimientos de estos últimos quince días, previos y posteriores a la presentación de los presupuestos, es una muestra dramática de la necesidad de contar con ese tipo de sistemas de ámbito europeo y también -hay que admitirlo- una muestra de la pérdida de influencia tanto de este como de los demás parlamentos nacionales. La dependencia de los mercados y de los resortes comunes europeos para poner cortafuegos a los ataques especulativos se ha hecho de nuevo evidente estas semanas con algunas notas que le menciono brevemente: la incomodidad de las instituciones europeas por la tardanza en presentar los presupuestos, que allí no se entendía y aquí se sabía perfectamente por qué; unos presupuestos que se saltan los compromisos de déficit, a pesar de ser presentados por los ministros del área económica, absolutamente ultraortodoxos en cuanto a cumplirlos a rajatabla; y un gesto que ha sido severamente corregido por la escalada de la prima de riesgo y por unas señales de alarma que fuerzan solo diez días después de la presentación de los presupuestos, sin que se haya iniciado siquiera su tramitación parlamentaria, a reformarlos mediante una oscura operación de recorte de 10.000 millones, que se presenta a


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la opinión pública mediante una nota de prensa que pasará a las facultades de Periodismo como lo que no hay que hacer en materia informativa. Prefiero no saber, señor ministro, aunque me lo puedo imaginar, la temperatura que alcanzaron los teléfonos móviles de los ministros Montoro y De Guindos en este Viernes de Dolores, que no pasó a ser un Sábado de Gloria ni un Domingo de Resurrección, sino un lunes negro para nuestra soberanía económica, para nuestro modelo de sociedad. Todo esto protagonizado por una derecha que ironizaba sobre la sumisión del presidente Zapatero a esos centros de poder europeo. Señor ministro, no me regocijo por la desairada situación de un presidente de Gobierno español saliendo por un garaje porque no puede decir a los periodistas lo que si les dijera con sinceridad alimentaría más el problema que sus medidas precisamente querían paliar. No me alegro de esa desairada situación del señor presidente del Gobierno, porque en este gesto -creo yo- había una cierta rendición de la política, de la política de todos y no solo de la del Partido Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado, tiene que finalizar.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias.

Por tanto, hay que seguir insistiendo, señor ministro, en esta gobernanza europea. Hay que dejarse de prejuicios ideológicos pensando que solamente mandando mensajes tranquilizadores a los mercados esto está solucionado. Hay que atacar esa genética insaciabilidad de los mercados con políticas europeas de gobernanza, en las que -ya se lo digo- va a tenernos usted siempre. Trabajemos, por favor, para sacudirnos en cuanto sea posible esa insoportable e imprevisible tutela de los mercados; trabajemos, señor ministro, para que el voto de los españoles vuelva a ser el determinante de las políticas económicas que se hacen aquí y las que se hagan en Europa. Construyamos esa gobernanza europea también para restituir al voto de la gente esa capacidad para gobernar su economía, porque esta gobernanza europea nos sacará del perverso círculo de las alarmas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado, lo siento, acabe. Su tiempo pasó.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias. Para esto también sirve la gobernanza económica europea, señor ministro, para evitar las salidas por el garaje.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, efectivamente, ha sido un gran acierto que la autorización del Tratado del MEDE haya sido afortunadamente utilizada por el señor ministro para tener este debate sobre política europea general. También ha sido un gran acierto comprobar que hay un amplio consenso en la Cámara a favor no solo de que el Tratado del MEDE sea autorizado para su posterior ratificación, sino de que se confirme lo que siempre ha sido la política europea desde sus inicios, desde la adhesión de España a las comunidades europeas, una política de Estado, una política de consenso. La europeización, el proyecto de integración europea ha sido en realidad el gran objetivo movilizador e integrador de España desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde el Regeneracionismo. Podemos recordar tantos escritores, pensadores de primera fila: Ortega, Madariaga, Costa, María Zambrano. Para todos ellos la europeización era el gran proyecto para que verdaderamente las potencialidades históricas de España pudieran volver a resurgir. En esta Cámara afortunadamente la política europea ha sido una política de Estado y es objetivo de este Gobierno que siga siéndolo, que las bases de la política europea consten de ese amplísimo consenso en la Cámara. Sin embargo, quisiera referirme a varios de los puntos que han sido aquí tratados por los diferentes grupos parlamentarios. Efectivamente, se ha establecido en esta Cámara en el día de hoy un curioso contubernio entre UPyD, Izquierda Unida e incluso Esquerra, cuyo eje de argumentación ha sido la soberanía. Señorías, esto es una enorme contradicción en los conceptos. No estamos en un término de soberanía del siglo XIX, estamos desde el inicio de nuestra adhesión a Europa en un pooling de soberanías; bien claro lo dice nuestro artículo 93 de la Constitución y bien clara es la cesión de soberanía que se ha realizado. No podemos volver atrás, y sobre todo resulta enormemente contradictorio que por un lado se afirme europeísmo y por otro lado se pretenda un recorte con una especie de rescate y vuelta a un concepto absolutamente añejo de soberanía. La Unión Europea ha superado el concepto de soberanía, por eso mismo se tramita este Tratado del MEDE a través del artículo 94 y no del artículo 93, porque este último es norma de cobertura suficiente, ley orgánica en su momento que realizó ya la cesión de soberanía a las comunidades autónomas. Plantearse de nuevo en cada momento en el cual se realice una ampliación del proceso de integración europea una revisión según el concepto de soberanía nacional a través del artículo 93 resulta, efectivamente, una negación de lo que desde el primer momento ha supuesto este consenso europeísta, esta política de Estado y sobre todo la razón de ser del artículo 93 en nuestra Constitución. Por tanto, lejos de ser una deconstrucción del proceso de integración europea, señor Nuet, este paso del MEDE significa un avance más en el proceso de construcción europea. Por tanto, soberanía no, pooling de soberanías; segundo, solidaridad y responsabilidad. Esto es lo que establece y lo que plasma el Tratado del MEDE. Efectivamente, es un acto de solidaridad entre todos los Estados miembros crear un mecanismo que pueda apoyar financieramente aquellos Estados miembros que puedan


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tener en un momento determinado dificultades de financiación, pero esa solidaridad exige también responsabilidad. Por eso, desde el primer momento el Tratado del Mecanismo de estabilidad financiera está estrechamente vinculado al Pacto de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, está estrechamente vinculado al pacto fiscal; no hace falta más que leer el texto del MEDE para darse cuenta de que a partir del 1 de marzo de 2013 aquellos países que no hayan suscrito el pacto fiscal no podrán beneficiarse del mecanismo de rescate. Europa es solidaridad pero Europa también es responsabilidad.

Este Gobierno, como ha señalado el señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, está comprometido con la consolidación fiscal. Es obvio que el Tratado del MEDE no es suficiente pero es necesario. Dentro del contexto de la gobernanza económica es un paso más absolutamente necesario. Soberanía no, pooling de soberanías; solidaridad y responsabilidad. El tercer punto, señorías es que el MEDE va a requerir y requiere ya en el contexto de la gobernanza económica que se den más pasos allá. Quisiera referirme antes en concreto al problema técnico suscitado por el Grupo de UPyD en relación con los artículos 93 y 94. Este Tratado del MEDE en realidad es un tratado internacional como artificio técnico. Se crea una nueva institución financiera internacional y europea pero se utiliza el mecanismo de un tratado internacional como un artificio para poder lograr que se apruebe el MEDE por los Estados miembros. Sabemos perfectamente -así lo establece el texto del tratado- que existe una estrecha vinculación sustancial con la Unión Europea, en primer lugar, con la legislación de la Unión Europea que es subsidiaria a todos los efectos para el Tratado del MEDE -el primer derecho subsidiario del Tratado del MEDE no es el derecho internacional público, es el derecho comunitario-; en segundo lugar, a través de la estrecha vinculación con las políticas comunitarias; en tercer lugar, en la estrecha vinculación con la vigilancia y control que realizan las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo Europeo; en cuarto lugar, el hecho de que la interpretación y la aplicación del MEDE está supeditada al tribunal de Justicia, y en quinto lugar, y este es un elemento importante de avance en el proceso de construcción europea, el hecho de que el MEDE pueda entrar en vigor, y en eso demuestra su naturaleza no estrictamente de derecho internacional público, cuando hayan suscrito el tratado el 90% del accionariado. Nos encontramos con un tratado que está inherentemente unido a los tratados comunitarios que además prevén su futura comunitarización, como también ocurre en el caso del pacto fiscal. Por tanto, la vía no es el artículo 93. La soberanía se ha cedido a la Unión Europea en un pooling de soberanías a través del artículo 93. No se requiere una nueva cesión de soberanía. La cobertura del 93 es suficiente.

En relación a la enmienda planteada por el señor Bosch, hablar de deuda subsoberana en estos momentos me parece bastante contradictorio en los términos. Deuda soberana sí, pero con deuda subsoberana está reconociendo la carencia de soberanía a la cual está aspirando. No tiene mucha lógica. Este es un tratado internacional. Como afirma el dictamen del Consejo de Estado, es un texto íntegro, auténtico y definitivo que ha sido firmado por los Estados signatarios. Requeriría una nueva renegociación con los Estados signatarios poder introducir el tema de la deuda subsoberana, que me parece que no ayuda a su intención. Y, señor Bosch, permítame que se lo diga desde la tribuna de una manera irónica y con afecto, no se trata de un victimismo amenazante, como le dijo en alguna ocasión el señor Cantó. A veces tiene usted un cierto narcisismo persecutorio, y perdóneme, porque no estamos refiriéndonos a su persona, estamos tratando un tema objetivo donde deuda subsoberana, me reconocerá, no tiene excesivo sentido semántico.

Por último, quisiera hacer una referencia y agradecer de nuevo la intervención del ministro. Nuestro grupo reafirma su absoluto compromiso con la integración europea. Ha quedado patente la trayectoria del ministro a la que me sumo desde mis profundas convicciones europeístas y desde mi compromiso desde hace muchos años con la construcción europea. El MEDE es un paso necesario pero no suficiente. El ministro ha aprovechado esta ocasión para hacer una amplia descripción de lo que puede ser el proyecto de futuro de la construcción europea. Hará falta ir a la garantía solidaria, quizás a través de los eurobonos mancomunados. Harán falta también políticas de crecimiento. Hoy por hoy, son excesivamente débiles las que acaba de plantear, ayer mismo, la Comisión Europea.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Beneyto, tiene que terminar.

El señor BENEYTO PÉREZ: El señor ministro proponía otra serie de puntos en donde se puede avanzar.

Quisiera agradecer de nuevo al señor ministro y a los grupos parlamentarios el apoyo a la autorización del MEDE para su consentimiento por el Estado. Debemos avanzar en este consenso europeísta debatiendo en la Cámara. Señora Lozano, por supuesto que hará falta mayor participación de los parlamentos nacionales -estamos absolutamente a favor de ello-, pero este es un paso más. Debemos seguir avanzando, pero es un paso necesario. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Beneyto.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señora presidenta, voy a contestar a todas las intervenciones, que agradezco en el fondo y en la forma.

No tengo gran cosa que añadir sobre el tema procedimental a lo que ha dicho el señor Beneyto respecto a la enmienda a la totalidad presentada por UPyD, por la señora Lozano. Creo que no se trata aquí de atribución


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de competencias a una institución intergubernamental, se trata más bien de un tratado que impone obligaciones financieras, como establece el artículo 94. Pero hay un tema que sí me interesa resaltar. La ley orgánica, que nosotros no tendríamos ninguna dificultad en aprobar puesto que tenemos mayoría absoluta, es un procedimiento más complejo y más oneroso que el que estamos proponiendo nosotros, y creo que en Europa, tanto en la legislación del Parlamento Europeo como en la legislación de los parlamentos nacionales, tenemos que ir a procedimientos más sencillos y más rápidos. Durante mucho tiempo -y hablo desde el Parlamento Europeo- nos hemos debatido en quién hace qué y cómo se hace qué en vez de discutir qué es lo que hay que hacer, y eso ha determinado que el procedimiento legislativo, desde luego en Europa, sea demasiado lento para adecuarse a la velocidad de un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso.

En el tema de la mayoría, subraya la señora Lozano que las decisiones se toman en el mecanismo por una mayoría cualificada del 85% y que eso no nos permite ejercer una minoría de bloqueo puesto que nuestra participación es del 11%. A mí me hubiese gustado que el porcentaje de toma de decisiones hubiese sido todavía más bajo, que se hubiese podido adoptar por mayoría simple. Hemos asistido demasiadas veces al veto o al retraso de decisiones europeas urgentes por la obstrucción de un grupo de países reacios a la marcha europea. Pero ¿para qué quería la señora Lozano una minoría de bloqueo? ¿Qué es lo que hace el mecanismo? ¿A qué autoriza el mecanismo? Préstamos preventivos a los Estados en dificultades, intervenir en el mercado secundario de la deuda para garantizar la estabilidad de los mercados y corregir la hemorragia de la deuda pública y facilitar la refinanciación de entidades financieras en dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que vetar ahí? ¿Para qué nos serviría una minoría de bloqueo?

Termino. El consenso que ofrezco no es en la autorización de una firma para un tratado, que es: lo tomas o lo dejas; es para que discutamos lo que tenemos que discutir en el proyecto europeo. Yo aquí he ofrecido unas líneas de reflexión sobre un documento que ni siquiera está todavía redactado, que es el que se va a discutir en el club de Berlín, que he ofrecido discutir con todos los grupos y, desde luego, con todos los portavoces.

En cuanto al representante de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Bosch, tampoco tengo gran cosa que añadir a lo que ha dicho el señor Beneyto. Ha aludido a un precedente histórico que me es especialmente querido: el Boston Tea Party, cuando los colonos botaron las cargas de té que venían por la metrópoli porque se oponían a la exacción especial impuesta en el Parlamento de Westminster, y parece creer que estableciendo la palabra deuda subsoberana estamos en un avance democrático similar. Le diré que si efectivamente aceptásemos esto, tendríamos que abrir otra vez la discusión del tratado, abrirla en canal, cuando a nosotros nos interesa -a nosotros y a todos- que entre cuanto antes. En segundo lugar, le diré que en Europa existen un montón de Estados compuestos, de Estados complejos, de Estados federales, de Estados incluso confederales; existen un montón de movimientos nacionalistas e independentistas, a nadie se le ha ocurrido reclamar una expresión de ese tenor.

Dice que nosotros somos nacionalistas y soberanistas. No lo somos. Lo ha dicho el señor Beneyto con absoluta claridad. En la Unión Europea estamos en un sistema de soberanías compartidas. El término de la soberanía absoluta nacional propia de Westfalia terminó cuando nos integramos en la entonces Comunidad Económica Europea y se ha debilitado aún más cuando hemos aceptado formar parte de una unión monetaria. Formar parte de una unión política como es la Unión Europea y pretender defender la soberanía nacional al mismo tiempo es una contradicción en los términos, es intentar hacer un círculo cuadrado; como decía el torero: lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Por tanto, no me doy por aludido por la expresión de nacionalismo a la que usted se refiere.

El representante de Izquierda Unida ha hecho también otra reflexión que me es especialmente grata: a términos náuticos. No soy capitán, solo soy patrón, pero algo de navegación sé y de lo que se trata ahora no es de cambiar el rumbo y, desde luego, no se trata de quemar los barcos de salvamento que equivaldría a votar en contra del mecanismo de rescate, insuficiente, pero es el que hay, sino de aumentar la velocidad de las máquinas para llegar cuanto antes a un mecanismo de rescate comunitario, un mecanismo de rescate disuasorio, un mecanismo de rescate que pueda servir de cortafuego real que pueda disuadir a los especuladores de atacar las economías nacionales o las deudas de los países que lo integramos. En cuanto a la forma, soy contrario también y lo he dicho. No me gusta el procedimiento intergubernamental, me gusta el procedimiento comunitario en el que interviene la Comisión e interviene el Parlamento Europeo que tiene tanta legitimidad democrática como los parlamentos nacionales, puesto que los diputados europeos son elegidos por sufragio universal.

Me habla de deconstrucción europea y entonces me propone ir hacia atrás. Estoy hablando de construcción europea y por eso he dicho que hay que ir hacia adelante. He dicho que la austeridad es absolutamente necesaria, pero que la austeridad no es suficiente, que es necesario además estabilizar los mercados, bajar la hemorragia de la deuda soberana porque usted entenderá que es muy difícil vivir cuando los intereses suben de manera que gran parte de los recursos nacionales, en vez de dedicarse a estos usos, se dedican a pagar intereses sin ni siquiera amortizar la deuda. He dicho que hace falta una tercera pata, que es la del crecimiento económico. Por tanto, hay aquí una trinidad canónica, si usted me permite, de austeridad, de estabilización de los mercados y de desarrollo económico por la que he postulado. No le gusta la cuestión de la austeridad, de la disciplina y del equilibrio macroeconómico. Le podría dar muchas citas, pero le


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voy a dar una que decía: La mejor forma de destruir una democracia es envilecer su moneda. No es de Friedman, es de Lenin.

Partido Socialista Obrero Español. Agradezco el tono de la intervención. Estoy seguro de que voy a contar con su apoyo. En el Parlamento Europeo he trabajado codo con codo con la delegación socialista y muy especialmente con Antolín Sánchez Presedo, que era mi corresponsal en la Comisión de Asuntos Económicos, y hemos llegado siempre a acuerdos extraordinariamente favorables.

Me dice que no puede votar la ley de estabilidad porque hemos ido al déficit cero cuando lo pactado era un déficit del 0,4, pero es que las circunstancias eran distintas. Cuando se pactó ese déficit no sabíamos que el déficit que íbamos a tener que lidiar, no voy a decir ni siquiera que heredar, era de la magnitud del que tenemos. Por tanto, cuando cambian las circunstancias creo que hay que cambiar la actitud. Si quiere usted otra cita: Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Y usted qué hace? Keynes.

Me habla de la gobernanza económica. Creo, como situación fáctica, en la importancia de los mercados. No hace falta más que ver que un rumor en un lugar del planeta se traduce en un aumento de la prima de riesgo, se corresponda o no con los fundamentos económicos. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Esa es la realidad a la que aspiro? No. No solo lo he dicho hoy, lo he escrito hace mucho tiempo. Le voy a dar dos datos. En este momento, de las cien economías más importantes del mundo cincuenta y una son empresas multinacionales y solo cuarenta y nueve son empresas soberanas. Ese es un dato que hay que tener en cuenta.

En segundo lugar, creo que hay fechas que son mágicas en la historia de la economía. Una fue 1929 y otra fue 1973, cuando se produce el precio del petróleo, los cambios demográficos que amenazan las bases en que se establecía el Estado del bienestar de los treinta gloriosos años y la competencia de los países emergentes. Eso determina un cambio de escenario, se cierra Keynes y se resucita a Friedman, que es el triunfo en términos políticos de la llamada revolución neoconservadora de Thatcher y Reagan. A mi juicio, esa moda termina en el año 2007 con la caída de Lehman Brothers, que acaba con la moda de la autorregulación y la moda de la infalibilidad del mercado para establecer prácticas. Yo nunca he creído en eso y, como no he creído en eso, precisamente con Antolín Sánchez Presedo hice los informes sobre supervisión financiera, para intentar embridar un sector que, a mi juicio, había campado por sus respetos sin restricción de ningún tipo.

En materia de política nacional, el problema con el que tenemos que lidiar todos, desde luego el Gobierno, es que a los efectos de la crisis general la economía española tiene que hacer frente a tres singularidades típicamente españolas: un endeudamiento público y privado enorme; una inversión en sectores no productivos -le voy a dar solo un dato: en el año 2007 se iniciaron 750.000 viviendas, el año pasado 150.000-, y la falta de competitividad, ya que en el año 2011 España ocupaba el puesto número 36 de 146 en el índice de competitividad y en materia de costes laborales, si coge usted el índice 100 y el año 2005, teníamos un índice de 112, cuando Francia tenía 110 y Alemania 104. Por tanto, endeudamiento, inversión en sectores no productivos, falta de competitividad, que tienen cuatro manifestaciones: caída del crecimiento y empleo, no tengo que darle cifra; desequilibrio de nuestras cuentas con el exterior determinada por esa falta de competitividad y por nuestra dependencia energética; un endeudamiento público, que nos supone tener que dedicar 29.000 millones de euros a pagar intereses; y un problema de restricciones crediticias que está dificultando la vida a nuestras pequeñas empresas. Y el Gobierno ha hecho una hoja de ruta, que a usted le gustará o no le gustará, pero que es perfectamente clara: primero, consolidación fiscal; segundo, reforma del sistema financiero; tercero, reforma laboral; cuarto, liberalización de los sectores no protegidos, abriéndolos al viento de la competencia; reforma del sistema energético; reformas estructurales que afectan a la competitividad, educación, I+D y justicia, y un plan de pymes, además de un plan de internacionalización. Eso es un plan coherente; eso es un plan cerrado. Es un plan que habremos explicado mejor o peor, pero la hoja de ruta existe.

Muchas gracias a Convergència i Unió por su apoyo. Nunca he dudado del europeísmo de Convergència i Unió, he trabajado codo a codo con ellos durante muchos años en el Parlamento Europeo y estoy seguro de que ahí nos vamos a encontrar. He ofrecido -como he dicho antes- traer aquí líneas de reflexión embrionarias, líneas de reflexión ni siquiera bien pergeñadas, para que podamos hacerlo todos juntos. Gracias al representante del Grupo Popular, mi buen amigo José María Beneyto, que ha explicado, de forma más corta y más brillante de lo que yo podría hacer, lo que supone el proyecto europeísta del Partido Popular, al cual nos aferraremos siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.

Señora Lozano, el señor ministro ha abierto el debate. Por lo tanto, tiene usted cinco minutos.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.

Voy a hacer una aclaración para todos, también para la Presidencia de esta Cámara. Todos nos hemos congratulado mucho de que esté aquí el ministro, pero el ministro está porque mi grupo ha forzado este debate. La iniciativa ha sido de mi grupo, que es la iniciativa de la enmienda a la totalidad y por eso el turno de réplica último lo tiene mi grupo, también el otro grupo que ha presentado enmienda a la totalidad, y no lo tiene el


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Gobierno, como es habitual. No tengo cinco minutos porque el ministro haya abierto el debate, sino porque está aquí en el procedimiento del orden del día de hoy, señora presidenta.

Ha dicho usted, señor ministro, que la tramitación mediante ley orgánica es un procedimiento complejo y oneroso. Claro que es complejo y oneroso, la democracia es compleja y onerosa; lo simple y lo barato es cuando vota uno, que debate consigo mismo y que no tiene que consensuar con nadie. Eso sale baratísimo y es muy sencillo, pero se llama dictadura, señor ministro, no se llama democracia. No, ya sé que usted no lo piensa, pero digo que su argumento llevado hasta el final nos lleva a eso. Yo sé que usted no lo piensa, pero claro que la democracia es complicada y sale cara. Dice usted que le gustaría que el porcentaje de toma de decisiones fuera más bajo, a nosotros también, pero no ha sido así. Si se hubiera conseguido un porcentaje más bajo y nadie tuviera la posibilidad de bloquear de manera autónoma como país, estaríamos encantados. Pero como se ha establecido un porcentaje de bloqueo, queremos tenerlo. Dice usted que no sirve para nada. Para algo servirá cuando Alemania y Francia se han encargado de tenerlo y cuando se han encargado de incluir por los pelos a Italia, que tiene también el 15%. Para algo servirá cuando existe y cuando lo quieren tener Francia y Alemania, que son los que mandan.

Ha hablado usted de que el proyecto europeo es de soberanías compartidas. Exacto. Eso es justo lo que pensamos. Nosotros no reivindicamos la soberanía por un prurito nacionalista que no tenemos en absoluto. Reivindicamos la soberanía porque es la esencia de la democracia. La esencia del proyecto europeo es compartir soberanía para ampliar la comunidad política, no para reducirla. Lo que no podemos hacer es ceder esas competencias, esa esencia de la democracia, a los tecnócratas o a consejos opacos que no están sometidos a control parlamentario. Cuando nosotros defendemos la soberanía lo hacemos en ese sentido. No es que nos importe la soberanía -es lo que menos los importa-, lo que nos importa es la democracia. Y precisamente porque pensamos que el proyecto europeo se basa en la cesión de soberanía para aumentar la democracia y no para restringirla a través de pequeños consejos opacos, le ponemos pegas a algunos aspectos de este mecanismo.

En último lugar, solamente voy a hacer una referencia porque me ha irritado particularmente que tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular hayan calificado el hecho de que Izquierda Unida esté de acuerdo con la enmienda a la totalidad que presenta mi grupo. El Grupo Parlamentario Popular lo ha llamado contubernio y el Grupo Parlamentario Socialista lo ha llamado pinza. Al parecer para ustedes una pinza es cualquier acuerdo entre dos partidos en el que no están ustedes. Resulta que Izquierda Unida está de acuerdo con nosotros en esto. No es un consenso porque no lo hemos hablado con ellos, sino que ha surgido aquí. Me encanta tomar lecciones de todo el mundo, pero quien desde luego no puede dar lecciones de consenso son ustedes y ustedes, que no se ponen de acuerdo en nada. Y vienen ahora aquí a decirnos cómo se hace un consenso para que no sea pinza o contubernio. No. El mundo ha cambiado mucho. Resulta que Brasil comercia con India sin pasar por Europa y nosotros nos ponemos de acuerdo con Izquierda Unida sin pasar por ustedes ni por ustedes. Vayan acostumbrándose, porque va a ocurrir muchas más veces.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por su reciente pertenencia a este Congreso le quiero aclarar a la señora Lozano que si se hubiese producido una intervención de turno en contra de su enmienda a la totalidad, sí hubiese procedido el trámite del que ha hecho exhibición aquí. Como no lo ha utilizado absolutamente nadie, le voy a dar la palabra no solamente a usted, sino al portavoz de cualquier grupo que lo pida y que se sienta aludido por las palabras del señor ministro, que ha contestado a cada uno de los grupos. (La señora Lozano Domingo: Naturalmente esa excepcionalidad la puede usted utilizar). ¿El señor Bosch quiere intervenir? (Pausa). Adelante, señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, comparezco ahora no para fijar posición, sino para defender la enmienda a la totalidad que hemos presentado y responder en ese sentido al señor ministro, al que agradezco sus consideraciones. Me mantengo en las discrepancias, mantenemos la enmienda a la totalidad y las referencias al proceso de independencia americano. Si le parece, podemos encontrarnos un día y departir sobre él con tranquilidad, porque también me parece muy ilustrativo e iluminador. El hecho de que unos señores tuvieran que vestirse de indios para defender sus derechos fiscales y para combatir lo que percibían como un abuso fiscal, tal vez sea una lección que nosotros desde Cataluña algún día tendremos que aplicar.

Parece claro que el término deuda subsoberana no le gusta o no lo entiende. Si quiere hablamos de hispanobonos o utilizamos cualquier otro término. No nos pelearemos por las palabras, pero el concepto es importante. Es importante saber que la consideración que tiene la deuda de naciones que no son Estado, como es el caso de Flandes y de algunos Länder alemanes, no es la consideración que tiene la deuda, por ejemplo, de la administración catalana, y eso es a lo que me refería. Buscamos garantías para que esta deuda también sea considerada en el conjunto europeo junto con muchas otras cuestiones en las que no me voy a alargar, voy a tener compasión de sus señorías, ya que como todos aquí tenemos mucho trabajo hoy es aconsejable que acabemos rápido. En cualquier caso, ese era el concepto


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y eso es lo que defendemos, lo continuamos manteniendo. Parece claro que a ustedes, señorías del PP, señorías de Unión Progreso y Democracia y señorías de otros grupos, no les gusta el término nacionalista, no les gusta aplicado a sus personas, a sus ideas. No estoy hablando desde el punto de vista personal, estoy hablando en medio de un debate político sobre términos políticos. Es bueno saber que no les gusta ese término, porque nos lo aplican con bastante generosidad; es bueno saber que nos aplican un término que a ustedes no les gusta, porque entenderemos la intención con la que utilizan ese término. Asimismo, debo congratularme de que al menos tengamos un punto en común buena parte de los que hemos hablado, y es que queremos proteger y defender la independencia, la soberanía de nuestros países. En ese sentido, celebro que ustedes, como yo, sean también independentistas y quieran la independencia de su país, me parece lo más natural. La diferencia quizás radicaría en que nosotros buscamos lo que no tenemos, y eso es todavía más natural que buscar, ahondar, insistir en lo que ya se tiene.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.

¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa). Adelante, señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Muchas gracias, intervengo brevemente, señora vicepresidenta.

Señor ministro, un acuerdo esencial que le reitero. El enfoque era sencillamente el siguiente: tenemos que pasar del goteo de cortafuegos, que además como usted dice son lentos en llegar, a un sistema articulado de gobernanza europea, acuerdo completo. En relación con la ley de estabilidad, era Keynes el que decía que cuando cambian las circunstancias, hay que adaptarse. ¿Y usted qué hace? Si yo tuviera que responder a Keynes, me adaptaría a las circunstancias, como ustedes han hecho. Como las circunstancias han cambiado, ustedes se han saltado el tope en los presupuestos y se han dado más margen, y sin embargo en el tema del déficit en vez de hacer lo propio, llegar hasta el margen que teníamos del 0,4, lo dejan ustedes en el cero. Se trata de un desacuerdo que tiene que ver con el espíritu del consenso y del acuerdo del verano pasado, pero que está en esa misma exposición del margen que se ha dado el Gobierno. ¿Por qué en el presupuesto no podemos utilizar ese margen en los términos del acuerdo que teníamos en agosto?

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez Amor.

¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa). Damos, pues, por concluido el debate.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (CONTINUACIÓN).

- REAL DECRETO-LEY 12/2012, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE INTRODUCEN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000013).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vamos a continuar con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12 de 2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para proponer y defender la convalidación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen determinadas medidas dirigidas a la reducción del déficit público, que flanquea y sustenta el plan del presupuesto del Gobierno que la Cámara tendrá ocasión de debatir en las próximas semanas.

Todas sus señorías conocen la dificultad del momento que atravesamos. Todas sus señorías saben que realmente estamos en momentos extraordinarios que requieren la adopción de medidas extraordinarias. Eso es lo que justifica el contenido de un decreto-ley en materia tributación, la aplicación de las normas que contiene con urgencia para sustentar la recaudación tributaria que necesitan el Estado y, por supuesto, el conjunto de las administraciones públicas españolas... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro. Ruego silencio. Si quieren mantener conversaciones les ruego que lo hagan fuera del hemiciclo para que podamos escuchar a los oradores. Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Insistía en la gravedad de este momento, un momento que lleva a la adopción de medidas como las que propone el Gobierno a la Cámara esta mañana; medidas garantizadoras de la suficiencia recaudatoria del Estado y del conjunto de sus administraciones públicas; en definitiva, medidas orientadas a financiar correctamente los servicios públicos y promover un objetivo de política presupuestaria que es condición necesaria, no suficiente, condición necesaria -insisto- para superar esta situación de crisis económica y volver cuanto antes a la senda de crecimiento económico y de creación de empleo. Reitero que el objetivo es alcanzar la cifra de déficit


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público comprometido por el Estado español con las instituciones europeas, comprometido también en términos de la propia fiabilidad de España ante sus acreedores internacionales. En definitiva, compromiso cuyo cumplimiento facilitaría la posibilidad de volver a financiar un crecimiento económico en España creador de empleo, que es el objetivo último de las medidas tributarias que hoy traemos a esta Cámara y, por supuesto, el objetivo último que debe animar a todos quienes tienen responsabilidad de gobierno en las diferentes administraciones públicas de España. Si la función es reducir el déficit público, si la función es recaudar con suficiencia y añado que si el objetivo es corregir el déficit sin perjudicar el crecimiento económico, las medidas que hoy traemos a la Cámara están orientadas e inspiradas precisamente por este principio: no perjudicar el crecimiento de la economía.

Hay que elegir, hay que seleccionar entre las opciones de recaudación, entre las diversas vías recaudatorias en una situación excepcional como la que estamos viviendo. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas y que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico, y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo, a la demanda interna, me refiero a la imposición indirecta, que aplicada en este momento no traería mayor recaudación, sino que provocaría mayor perjuicio para la actividad económica de nuestro país, así como descenso del consumo, lo que originaría posiblemente destrucción de puestos de trabajo y la continuidad de esta crisis económica. Por eso decía, señorías, que hay que elegir, hay que optar, como está haciendo el Gobierno, por vías recaudatorias, tributarías, muchas de ellas excepcionales. Ese es el contenido del decreto-ley, que también tiene mucho de excepcional al conectar también con la excepcionalidad que supuso la subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas que adoptamos a finales del año pasado como consecuencia del hallazgo de un déficit público no previsto, no programado y, por tanto, un déficit público desviado al alza en 2,5 puntos de producto interior bruto sobre el objetivo inicial, que es, en definitiva, lo que está justificando estas medidas extraordinarias en materia tributaria que está acometiendo el Gobierno de España.

Las medidas vuelven a ser selectivas, vuelven a incidir en aquellos agentes económicos que mayor capacidad tienen de contribuir a corto plazo. La mayoría de ellas no son permanentes en el tiempo. No estamos hablando de subidas de impuestos que van a permanecer, sino de recursos tributarios que tienen finalización temporal bien expresa, bien explícita y bien clara. Por tanto, es así como debe entenderse la propuesta tributaria que está haciendo el Gobierno con motivo de estos Presupuestos Generales para el año 2012, para la financiación de los servicios públicos, así como para lo corrección del déficit público. Esas medidas que proponemos ahora van, por un lado, a recaudar más, a incrementar más, desde la aportación de las empresas de nuestra economía. Pero, insisto, no estamos ante una subida del impuesto que grava el beneficio de las empresas de manera permanente, sino que estamos ante el fraccionamiento, el cambio en la forma de liquidación de ese impuesto sobre sociedades. Por tanto, no estamos perjudicando la influencia que tiene el impuesto sobre sociedades en la formación de las expectativas de las inversiones en nuestro país, tanto para los inversores internacionales como para los inversores de carácter nacional. No estamos ante eso, señorías; estamos ante un cambio de escenario, ante un fraccionamiento de pagos en la mayoría de la propuesta que hoy traemos a esta Cámara. Todos entendemos que en un año en el que el escenario económico es de recesión, estemos siendo muy selectivos en términos de acudir a fuentes financieras que precisamente son las que menos perjudican a ese crecimiento económico.

Al mismo tiempo, se incorporan algunos cambios esenciales en la tributación del impuesto sobre sociedades. Me referiré expresamente a dos cambios. El primero, el más importante, es la limitación en la posibilidad de deducir en la base del impuesto los gastos financieros, que hasta ahora no había existido en nuestro país. Esto es un cambio importante en la estructura de la configuración del impuesto sobre sociedades en España. En definitiva, es un cambio que introducimos en este momento trasladando la normativa como lo hacen otros países europeos, donde sí existe un límite cuantitativo a la deducibilidad de la base del impuesto sobre sociedades en términos de lo que es la aplicación de los gastos financieros, en definitiva, del endeudamiento de las empresas. Esa asimilación con la normativa tributaria europea la entendemos positiva, necesaria, obligada en ese proceso que vivimos de tendencias armonizadoras dentro de la Unión Europea. Por otro lado, y esto es todavía más importante, teniendo en cuenta que el problema económico de España es el exceso de endeudamiento externo que tenemos como país, para poder hacer frente a ese exceso de endeudamiento externo llega el momento de limitar también al sector privado en su capacidad de deducibilidad fiscal en el uso de los recursos financieros. Esto se puede y se debe hacer, como insisto cada vez que hago uso de esta tribuna, de manera equilibrada, de manera ponderada, de manera que no perjudiquemos a los agentes económicos que han recurrido a esta figura y, en definitiva, la financiación de su actividad. El ánimo del Gobierno, por tanto, es cambiar esa circunstancia, hacerlo en la misma línea que se ha hecho en otros países. También el ánimo del Gobierno es, por supuesto, llevar adelante en esa norma un procedimiento que no perjudique esencialmente a los agentes económicos que están liderando la actividad económica de nuestro país y sobre todo la internacionalización de nuestras empresas en el mundo. Pero en política, y en política económica, hay que equilibrar los extremos y evitar que el uso de este tipo de deducibilidad fiscal tributaria lleve a que los tipos efectivos de gravamen


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soportados por empresas, por grandes empresas, sean demasiado bajos en relación con los tipos nominales de esa tributación. La equidad del conjunto del sistema tributario hay que preservarla cuando hablamos no solo de personas físicas, sino también de la presencia de entidades, de personas jurídicas, en el entramado tributario de nuestro país.

Este es el ánimo y la intención de una medida importante que trae el Gobierno, como lo es también la prohibición expresa de la libertad de amortización, en el momento en el que estamos, salvaguardándola para la pequeña y mediana empresa, para la ampliación de plantillas, la creación del empleo, pero dejándola en suspenso para las nuevas inversiones que pudieran acogerse a esa libertad de amortización y creando un periodo transitorio para que aquellas inversiones que ya están en marcha, que están comprometidas, no se resientan, no dejen de utilizar esta figura, porque, en definitiva, la libertad de amortización no es otra cosa que la capacidad de utilización de la deducibilidad en el tiempo. No estamos hablando de reducción tributaria, sino de cuándo se paga, cuándo se está devengando efectivamente el impuesto sobre sociedades. Y en un momento como el que estamos atravesando, señorías, la aportación del impuesto sobre sociedades al conjunto de la financiación del Estado debe evitar la caída que está teniendo estos años, y esa es la razón por la que estamos proponiendo estas medidas, estos cambios que, sin duda alguna, son cambios importantes. Somos conscientes de ellos, pero, insisto, son los cambios que menos perjudican al crecimiento de la economía y sobre todo cuando se comparan, como se hace, de una manera tan simple.

La verdad es que a mí no me deja de llamar la atención -y quiero decirlo desde la tribuna para que conste en el "Diario de Sesiones", para que el día de mañana se lea la valoración, no la opinión, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en ese momento-, me sorprende leer tanto argumento por aquí y por allá, más allá de nuestras fronteras, tanta simpleza sobre las consecuencias que tendría en España la subida del IVA, de la imposición indirecta, en un momento donde está cayendo el consumo, donde la previsión del Gobierno es que caiga el consumo este año, donde la previsión de los analistas es que caiga el consumo este año, donde la previsión del Fondo Monetario Internacional es que caiga el consumo este año, donde la previsión de la Comisión Europea es que caiga el consumo. En consecuencia, no entiendo de dónde sacan el argumento de subir el IVA en un momento en que la base se empequeñece y, por tanto, a partir de ahí se produce un perjuicio económico. (Aplausos). A no ser que la propuesta lo que quiera sea insistir en profundizar en la gravedad de esa crisis. Francamente, señorías, el argumento económico no lo encuentro tan complejo; pero sí me lo encuentro todos los días explicitado y lo respeto, por supuesto, ¡no faltaba más!, pero lo tengo que combatir dialécticamente porque, en fin, uno ya tiene no ya experiencia política, sino experiencia en la economía, experiencia en las cátedras y, a pesar de ello, debo reconocer que en esa insistencia casi monolítica parecen olvidar el contexto económico (Rumores) donde se aplican los impuestos y donde se hacen las propuestas tributarias, lo cual es el absurdo de la propuesta tributaria: ignorar las circunstancias sobre las que pretende aplicarse, ignorar el hecho imponible sobre el que pretende aplicarse.

Como sus señorías conocen, este decreto-ley también contiene una propuesta extraordinaria, que es la regularización de activos que propone el Gobierno a la sociedad española. Es una propuesta, en concordancia con las recomendaciones de la OCDE, que aconseja que en situaciones excepcionales, amparando lo que sería un elemento recaudatorio y también la confidencialidad que debe sustentar este tipo de propuestas de normas tributarias, se acometan estas regularizaciones, insisto, de carácter absolutamente extraordinario en circunstancias extraordinarias. También quiero aclarar, y es muy importante que así aparezca en "el Diario de Sesiones", que no es una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal es un perdón a los procedimientos que ya están detectados y que están incursos; eso es una amnistía. Lo que propone el Gobierno no es una amnistía, es un gravamen sobre la regularización de activos que están ocultos, señorías (Rumores.-Aplausos), y cuyo afloramiento será positivo para la normalización de la actividad económica en nuestro país. Para eso estamos estableciendo un procedimiento que pueda hacer eficaz esta medida y que, en definitiva, haga que lo que hoy está oculto, deje de estarlo y que luchemos contra la economía sumergida, cosa que vamos a hacer con la decisión de adoptar un plan, plan de lucha contra el fraude fiscal que mañana examinará el Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, que también tendré ocasión de presentar al Congreso y al Senado y que ya avanzó ayer el presidente Rajoy diciendo que por primera vez en España se va a limitar el pago en efectivo, poniendo un límite en 2.500 euros para las operaciones del tráfico mercantil y también para las operaciones de personas físicas con operadores mercantiles. Es la primera vez que se va a acometer esa lucha contra el fraude en esas condiciones. También quiero decirles esta mañana que en ese plan antifraude el Gobierno va a establecer la obligación tributaria de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras que se encuentren situadas en el extranjero de las que sean titulares beneficiarios o en las que se figure como autorizados o con poder. Esta también será una obligación legal establecida en ese plan contra el fraude. Por tanto, señorías, estamos hablando de una regularización extraordinaria, excepcional, que va a acompañada de un plan antifraude con medidas de lucha contra el fraude fiscal que nunca se han utilizado antes en España.

Estos son los principales conceptos del decreto-ley, aunque hay otras cuestiones que también son relevantes y que sus señorías conocen, por lo que por prudencia no voy a entrar en ellas para no alargar el desarrollo de una sesión parlamentaria tan importante como la que hoy está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Por


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eso, señorías, en lo que quiero insistir es en la idea de hacer fiable a España. Las propuestas de medidas tributarias, para las que recabamos su voto, son precisamente para hacer fiable la consecución del objetivo de déficit para el año 2011. El apoyo de los grupos políticos de esta Cámara sin duda alguna para lo que servirá es para que la fiabilidad en la consecución del objetivo de déficit público marcado para el año 2012 sea la primera puerta, el primer mecanismo para poder superar la crisis económica y volver cuanto antes a un crecimiento económico, que desde el Gobierno tenemos que insistir en que está más cerca que lejos y que con el esfuerzo y con la ayuda de todos está en nuestras manos conseguirlo.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Hacienda.

¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa). Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, con este real decreto y la subida de impuestos del IRPF de finales del año pasado ya tenemos una composición de la política fiscal del Gobierno del PP, ya tenemos una idea. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Y qué nos parece esa política fiscal? No genera ninguna confianza económica y eso de entrada va contra la actividad económica. Ahí están los indicadores financieros más importantes, que vienen a decir que esa política fiscal no genera confianza. Luego eso no va a favor de la actividad económica. Además, es una propuesta en su conjunto tremendamente injusta y no ayuda a recuperar la demanda, contribuyendo en este caso también a ahondar en la crisis económica. Voy a tratar de demostrarlo más adelante. Hemos pasado de una política fiscal, de una política impositiva más concretamente que persigue a los defraudadores a una normativa fiscal que perdona a los defraudadores y particularmente a las grandes fortunas y a los grandes defraudadores. El 70% del fraude fiscal de este país está concentrado en las grandes fortunas y en las grandes empresas. Hemos pasado de una norma fiscal contra los paraísos fiscales a una norma fiscal pro paraísos fiscales. ¿Qué dice la ciencia de la Hacienda en relación con este tipo de posición del Gobierno? Pues yo creo que la política del Gobierno queda muy mal a ojos de la ciencia de la Hacienda.

Decía al principio de esta intervención que no genera confianza. Ahí están los indicadores. No genera confianza, en primer lugar, porque no hay un enfoque adecuado de política impositiva y, en segundo lugar, porque hay dudas sobre la sostenibilidad de los ingresos y de la política presupuestaria del Gobierno. Voy a tratar también de demostrarlo. El Gobierno ha presupuestado 2.500 millones de euros por el perdón, por la amnistía fiscal. ¿Y qué dicen los expertos, los analistas? ¿Por qué se han presupuestado 2.500? ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde está el argumento de esos 2.500 millones de euros? También se han presupuestado 750 millones de euros por el dinero que vendría de los paraísos fiscales. Allí no tributan o lo hacen con una fiscalidad muy baja y aquí van a tributar al 8%. ¿Por qué esa cantidad? ¿Dónde están fundamentados los 750 millones de euros? Luego hay dudas sobre la sostenibilidad de los ingresos públicos. O cuando se habla de la amnistía fiscal, si no hay una amnistía fiscal el año que viene, es un ingreso por una sola vez y el año que viene tendremos un problema mucho más grande. Luego claro que hay dudas sobre la sostenibilidad y las cuentas públicas. No son creíbles y, evidentemente, esto no va a favor de la actividad económica. Asimismo, cuando usted habla de la eliminación parcial de algunas deducciones del impuesto sobre sociedades y dice que son coyunturales, eso también va contra la sostenibilidad de las cuentas públicas y se generan dudas, en primer lugar en los que nos tienen que financiar, nuestros acreedores nacionales e internacionales. Por cierto, en relación con la limitación de los gastos deducibles de los gastos financieros, no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado, porque han socavado la base impositiva de ese impuesto. Han calculado unos beneficios operativos de una manera muy particular, deberían haberlo hecho como se ha hecho en otros países de la Unión Europea, porque de esa manera hubiésemos tenido una base imponible más sólida y, por tanto, unos ingresos mayores. Tal como se ha concebido parece que se quiere ayudar a algunas pocas empresas grandes del país y no al conjunto del sistema económico español. Por tanto, también hay dudas sobre la sostenibilidad y sobre la actividad económica.

Es una política impositiva no solamente que no genera confianza sino también injusta, muy injusta porque fundamentalmente lo que ha hecho a sido subirle los impuestos a las clases medias trabajadoras de este país y, sin embargo, a las grandes fortunas perdonarle -y de qué manera- muchísimo dinero. Sobre todo si en el caso del IRPF completamos su subida con recuperar la deducción por la compra de vivienda a las personas con más recursos. Eso hace, si cabe, todavía más injusto el sistema impositivo. Tampoco genera ninguna credibilidad que efectivamente haya deducción por la compra de vivienda a las rentas más altas, porque esa deducción está en la génesis de la burbuja inmobiliaria y en gran parte de los problemas económicos que tenemos en este país. Además, es injusta porque, señor ministro, lo de la amnistía fiscal no es sostenible desde el punto de vista económico, de la racionalidad económica, de la eficiencia y no es sostenible desde el punto de vista de la justicia, de la ética y desde el punto de vista de la lucha contra el fraude fiscal. Usted nos hablaba de que hay que elegir alternativas, hay otras alternativas, ponga un impuesto a las grandes fortunas en este país. Hay alternativas a esa amnistía fiscal que, como digo, es inmoral, es injusta y evidentemente es un gran hachazo, arruina la lucha contra el fraude fiscal. Ya le dieron un buen tajo


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cambiando la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ya le dieron un buen tajo a esa política de lucha contra el fraude, pero ahora la arruina, y de qué manera, porque los defraudadores van a pensar que siempre hay otra oportunidad, que siempre podrá haber otra oportunidad. Por tanto, la amnistía fiscal, desde luego, no es buena desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de la confianza en la economía española. Y cuando estamos hablando de impuestos -y efectivamente en el real decreto se habla del impuesto sobre sociedades- pues, como le decía al principio de mi intervención, hemos pasado de una norma fiscal contra los paraísos fiscales a una norma fiscal en pro de los paraísos fiscales. Porque, ¿qué sucede? A los beneficiaros, sociedades o entidades que tengan participaciones de sociedades en paraísos fiscales o en países de reducida fiscalidad, a esos se les va a aplicar solamente el 8 por ciento cuando deberían pagar mucho más. Porque el perdón aquí no es solo que tendrían que tributar a su tipo efectivo, al que le corresponda -en este caso y en el de la amnistía fiscal-, no es solamente eso, es que se les perdonan los intereses y las multas que tendrían que haber pagado como consecuencia de ser defraudadores y grandes defraudadores. Ese es problema, ese es el perdón, ese es el expolio al Estado del bienestar, a los investigadores, a los estudiantes, a los médicos y a los enfermos. Ese es el problema complementario. Y es ineficiente esa política fiscal, la del PP, la del Gobierno porque, señor ministro, si hay un impuesto que afecta a la demanda interna y a la actividad económica ese es el IRPF, porque va a la clase media que tiene una alta propensión a consumir. Ese es el que va directamente a la renta disponible y, por tanto, al consumo a continuación. Ese, ese es el que más va a la renta disponible, a la demanda y, por tanto, a la actividad económica. Señor ministro, desde luego cómo queda de nuevo la ciencia económica con sus análisis hoy aquí en la tribuna y con los análisis concretados en el real decreto que usted quiere aprobar hoy aquí. Por tanto, es una propuesta fiscal, una política fiscal que no inspira confianza ni en este país ni en el extranjero...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego a los que están teniendo conversaciones que las tengan fuera del hemiciclo para que se pueda oír al interviniente. Continúe, por favor.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Les decía que esta propuesta fiscal, esta política impositiva no inspira confianza ni dentro ni fuera, gran problema para la economía española que estamos viviendo y que está ahí en esos indicadores; que es tremendamente injusta y que contribuye a que la recesión sea más importante.

Señor ministro, el problema político no es que usted y su Gobierno, su Gobierno y usted hayan cambiado en materia impositiva, porque usted nos contó durante muchísimo tiempo que había que bajar los impuestos porque de esa manera habría más actividad económica y más crecimiento económico. Oiga, aplique esa lógica ahora: baje los impuestos y habrá más actividad económica. El problema político más importante no es que usted haya cambiado de opinión en materia impositiva. El problema político más importante no es que ustedes hayan cambiado también en relación con la amnistía fiscal, que antes era injusta y que era una ocurrencia. No. El problema más importante es que no tienen un enfoque correcto sobre política impositiva. El problema más importante es que no generan credibilidad. Ese es el problema político más importante. ¿Hay otro enfoque? Por supuesto que lo hay: luchar de verdad contra el fraude fiscal, poner un impuesto a las grandes fortunas, hacer un impuesto sobre sociedades mucho más simple, mucho más atractivo a la empresa nacional e internacional, que acerque el tipo impositivo efectivo al tipo impositivo nominal, al tipo normativo. Hagan un impuesto más sencillo, más atractivo y que recaude más.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el BNG siempre ha defendido la necesidad de modificar el sistema fiscal para avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas sin que se anulen políticas esenciales para favorecer la recuperación económica ni se deteriore aún más el Estado del bienestar. En estos tiempos de crisis, las cuentas públicas están sufriendo las consecuencias de las continuas rebajas fiscales adoptadas a lo largo de la última década. Siempre consideramos que era necesaria una reforma fiscal ambiciosa que incrementase la progresividad en los impuestos directos, equiparase los tipos de gravamen de las rentas altas con las rentas del trabajo y luchase decididamente contra el fraude fiscal. Ustedes sin embargo con este decreto renuncian a este objetivo. Algunas medidas puntuales que en él se contienen nos parecen positivas, como las que afectan al impuesto sobre sociedades. En cualquier caso son totalmente insuficientes, primero por ser medidas temporales, pero sobre todo porque no acaban con la falta de proporcionalidad del impuesto, ya que las grandes empresas continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar por debajo de lo que les corresponde. Los datos son elocuentes. Las empresas que facturan más de 1.000 millones al año tributan en la actualidad a un tipo efectivo medio del 16,88% frente al 22% de las microempresas o el 20% de las empresas medianas y pequeñas.

Sobre todo, señor ministro, votaremos en contra de este decreto porque contempla medidas que nos parecen


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económicamente ineficientes, socialmente injustas, éticamente inaceptables y además manifiestamente ilegales. Me estoy refiriendo a la amnistía fiscal que se contempla en este decreto, porque, déjese usted de eufemismos -ya sé que vivimos en la época de los eufemismos-, este decreto contempla una amnistía fiscal. Es una amnistía fiscal que atenta contra el principio de igualdad tributaria que inspira el sistema fiscal, ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 8% o un 10% y evitando pagar intereses, recargos y sanciones. Esta amnistía fiscal tampoco es justificable por el pretendido efecto recaudador, pues los ingresos previstos son mucho menores de los que reportaría una política decidida de lucha contra el fraude fiscal; un fraude fiscal, por cierto, que tiene una repercusión en las arcas públicas de decenas de miles de millones de euros al año; un fraude fiscal que con esta medida no se combate sino que se incentiva.

Además, señorías, es una medida manifiestamente ilegal, pues el Gobierno exonera vía real decreto-ley de responsabilidades penales a los grandes defraudadores que se acojan a esta amnistía. Es decir, pretenden por decreto eximir de la aplicación de una ley orgánica infringiendo el principio de jerarquía normativa, todo ello, por cierto, con el silencio del ministro de Justicia, tan locuaz en otros asuntos. Por lo tanto, señorías, este decreto atenta contra la justicia y la equidad social. Por estas razones el Bloque Nacionalista Galego votará en contra de su convalidación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señora Jordá.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, dejen que les diga que si amnistiaran a todos los presos condenados por una cuantía inferior al dinero robado por el más pequeño de los defraudadores que hoy van a amnistiar, las cárceles de este país quedarían vacías. Pero mientras los pobres llenan dichas cárceles, los ricos son amnistiados. Yo me pregunto: ¿acaso es menos ladrón aquel que roba el dinero de todos y cada uno de nosotros y nosotras colectivamente que aquel que lo hace individualmente? Porque el robo que producen las grandes fortunas es en buena parte el que estamos pagando con los recortes en sanidad, el que estamos pagando con los recortes en educación y también el que estamos pagando en recortes en políticas sociales. Y mientras nosotros pagamos lo nuestro pero también nosotros pagamos lo suyo, ellos no pagaron, pero permítanme que les diga que tampoco pagarán. Esta insolidaridad es injustificable y a la vez inadmisible y no solo por cómo afecta a las personas más necesitadas, sino por la competencia desleal que hacen a las empresas y a la vez también a los empresarios que cumplen con sus obligaciones y pagan justamente sus impuestos. Así pues, esta amnistía -que no gravamen-, señor ministro, es un agravio a las personas y empresas contribuyentes, penaliza a quien cumple y premia a quien defrauda.

Señorías, es profundamente injusto y socialmente inaceptable que este real decreto por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público sirva para perdonar a quien no paga y en cambio recaiga todo el peso de la ley en quien no puede pagar. Les pondré un ejemplo: las muchísimas familias desahuciadas que hay en este país. Un defraudador no es un emprendedor al que hay que salvar. Un defraudador es sencillamente un delincuente al que hay que detener y debe estar en la cárcel y no, señorías, en paraísos fiscales. Ustedes impulsan unas medidas que son implacables con los débiles y unas medidas que a la vez son rabiosamente condescendientes con los poderosos, que son a la vez permisivas con quien estafa a la Hacienda pública y severas con quien cumple sus obligaciones tributarias que, como ya he dicho, son muchos en este país.

En más de una ocasión hemos criticado al Gobierno de la nación su reiterada obsesión a los dictámenes de Merkel y de Sarkozy, pero esta vez ustedes se han superado. Debemos decirles que esta amnistía fiscal nos acerca más a la Italia de Berlusconi que a los países serios y, tal como denuncia el Financial Times, con este real decreto pueden abrir la puerta a nuevos defraudadores, porque estos, que no son tontos, saben que podrán obtener premio cuando se abra la próxima ronda.

Dejen que les diga para acabar que, como republicanos, sentimos una gran indignación y decepción al ver, en vivo y en directo, cómo se premian los comportamientos socialmente irresponsables, se desprestigia de una manera abismal la cosa pública y se acepta a la vez tranquilamente la convivencia con el fraude. De impresentable, injusta y a la vez antisocial catalogaron ustedes, señorías del Partido Popular, en 2010 la amnistía que hizo el anterior Gobierno socialista. ¿Y saben qué? Aquí sí que les vamos a dar la razón, pero no sin antes decirles que igual o más antisocial, injusta e impresentable es la suya y, además, sin caérseles a ustedes la cara de vergüenza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores parlamentarios.

Señor ministro, desde Amaiur coincidimos con usted en que estamos en un momento tremendamente difícil y que estos momentos tremendamente difíciles exigen


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decisiones importantes, arriesgadas, difíciles también y a veces difíciles de explicar. Incluso coincidimos perfectamente con usted cuando decía que hay que tomar medidas que no perjudiquen el crecimiento de la economía. Estamos de acuerdo también en que no se incremente la imposición indirecta, que consideramos que es un error, ahí coincidimos; incluso coincidimos también parcialmente con la modificación que propone en el impuesto sobre sociedades. Creo que es importante acabar con esas deducciones que en vez de ser facilitadoras para la consecución de objetivos de política general, han sido una forma de elusión fiscal utilizada tradicionalmente y desde ese punto de vista se podría ir incluso mucho más allá de lo que va este real decreto.

Estábamos también de acuerdo con usted cuando decía que había que optar. El problema es que no estamos de acuerdo con aquello por lo que usted ha optado, porque, al final, en esa disposición adicional primera, en ese a más a más que podríamos decir, usted ha optado por la apología del fraude. Ustedes han optado por esa disposición adicional primera que, llámele equis, es una amnistía. Cuando tenemos que explicar cosas a la opinión pública nos hemos caído con todo el equipo normalmente desde el ámbito de la política, porque la gente lo ve o no lo ve, y la gente de la calle ha visto esa medida como una amnistía fiscal. La podemos llamar lo que quiera, regularización u otro nombre, pero es una amnistía fiscal que es tremendamente injusta, porque como le decía antes al final estamos haciendo apología del fraude. Es la cuarta amnistía fiscal y las anteriores amnistías fiscales no han conseguido disminuir el fraude. Hemos visto que ha ido aumentando y usted tendrá datos, como los tengo yo, por ejemplo, a través de la Asociación de Técnicos de Hacienda, que dicen que en los años en los que ha habido esa amnistía fiscal se ha multiplicado por cuatro la cantidad de deuda fiscal, de economía sumergida. Creo que es importante señalarlo. Esto llevará a que se siga por esa vía del fraude fiscal.

Es importante también que se fije por ejemplo en algo que se ha hecho desde Euskal Herria. Todas las instituciones vascas, con el apoyo de todo el arco político, han rechazado la aplicación de esa amnistía fiscal. Instituciones con capacidad normativa como la Diputación de Álava, regida por el Partido Popular, la Diputación de Vizcaya, regida por el Partido Nacionalista Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, regida por Bildu, y el Gobierno Foral de Navarra, regido por el Partido Socialista y UPN, han decidido que no van a aplicar esta amnistía fiscal, porque consideran que es tremendamente injusta, que va en contra de la gente de la calle, que va en contra de la responsabilidad fiscal, que va en contra de la solidaridad que es necesaria en estos momentos de crisis tan importantes. Cuando tenemos un 22% de la población en el Estado español por debajo del umbral de la pobreza es importante establecer la obligación legal de la solidaridad y la obligación legal de la solidaridad es el sistema fiscal y es evitar que haya ese fraude fiscal. Por eso le digo con total claridad que creo que debe centrar sus esfuerzos en atajar el fraude fiscal, en atajar ese, incluso lo podíamos llamar, fraude legal, es decir que no es fraude legalmente, pero es esa elusión fiscal que se produce a través de las sociedades patrimoniales, de las Sicav, de la no existencia de ese impuesto sobre la grandes fortunas. Ahí es donde tiene que fijar su atención y los esfuerzos; ahí es donde le pedimos que centre sus esfuerzos, en la persecución del fraude fiscal.

Me ha resultado significativo que le haya dedicado muy poquito tiempo al tema de la amnistía fiscal, lo que usted llama regularización. Lo ha tenido ahí un poco escondido en mitad de un bote de humo de toda su intervención y luego lo ha intentado justificar o tapar hablando de las próximas medidas que van a tomar sobre la lucha contra el fraude, que me parecen muy bien, pero es ahí es donde tiene que centrarse. Es absurdo que por ejemplo el 80% del tiempo de los inspectores fiscales se dedique a controlar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que ocupan el 30% del fraude nada más. Centre sus esfuerzos en la inspección fiscal, dote de medios a la inspección fiscal para atajar ese fraude que usted pretende que aflore ahora por esa vía de perdón, de perdón de la insolidaridad de todos esos colectivos que han dado la espalda a la propia sociedad a la que dicen que pertenecen. Centre ahí sus esfuerzos, siga el ejemplo de quienes estamos ejerciendo la soberanía fiscal en Euskal Herria y combata el fraude fiscal, que es la mejor forma de dar respuesta a la crisis, la mejor forma de acabar con la injusticia social y la mejor forma de garantizar el reforzamiento del Estado del bienestar y una sociedad más justa y equitativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, intervendré muy brevemente para no alargar innecesariamente la ya cargada agenda de la jornada y porque muchas de las cuestiones ya se han puesto sobre la mesa; simplemente las citaré pero no voy a profundizar excesivamente en ellas.

Intervengo en nombre del Grupo Vasco para fijar la posición en relación con el Real Decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, cuya convalidación se demanda hoy a esta Cámara. Vaya por delante que la diputada y los diputados de nuestro grupo parlamentario votaremos en contra de la convalidación de este real decreto-ley y lo haremos porque discrepamos profundamente de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la amnistía fiscal. Ya sé que al Gobierno no le gusta ese término, pero es exactamente eso, amnistía fiscal, cuando se habla de favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando


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situaciones pasadas, eso sí, además exonerándoles de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de su actuación defraudadora, todo ello al módico precio del 10%, o del 8% si el dinero proviene de los paraísos fiscales: un auténtico diezmo para blanquear el dinero negro, un auténtico chollo para todos aquellos que, en lugar de haber pagado en su día el 20%, el 30%, el 40% o más anual, como les hubiera correspondido, regularizan ahora su situación abonando tan solo el 10% o menos. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos que regularmente cada año han pagado los impuestos que les correspondían, además seguramente muchos de ellos en un porcentaje muy superior, y que ahora ven que muchos sinvergüenzas o insolidarios que huían del fisco a la hora de pagar impuestos, pero que utilizaban y demandaban servicios y prestaciones públicas, ahora tienen la posibilidad de regularizarlo por un precio excesivamente módico?

Señor Montoro, no cabe el borrón y la cuenta nueva como si nada pasara, y menos pasar página y olvidarnos del pasado por solo un 10% o menos. En política, incluso en momentos difíciles de crisis económica como los que vivimos, no podemos olvidarnos de los principios y de la ética. Para aumentar la recaudación luchemos con todos los medios humanos y legales disponibles contra el fraude, que el defraudador sienta el aliento de Hacienda y le sea cada vez más difícil defraudar. Para diseñar e impulsar un plan de lucha contra el fraude contará con nuestro apoyo. Para amnistiar a los grandes defraudadores no le vamos a ayudar.

Por lo demás, el resto del contenido de carácter tributario del real decreto-ley nos parece razonable. Especialmente adecuada nos parece la subida del impuesto sobre el tabaco ad valorem y la reducción de la parte específica. Como es costumbre de nuestro grupo parlamentario, si este hubiera sido el único contenido tributario del real decreto-ley, nos hubiéramos abstenido, como lo hacemos cuando se trata de temas tributarios competencia de las diputaciones forales, pero como he anunciado al principio y he argumentado en mi intervención en relación con la amnistía fiscal, votaremos en contra del real decreto-ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, afortunadamente he tenido tiempo de escuchar a otros portavoces parlamentarios, porque oyendo al señor ministro pensé que me había equivocado de real decreto. En el Real Decreto-ley 12/2012 nos encontramos con una subida de impuestos y con una amnistía fiscal, así que atribuiré a la habilidad retórica del señor ministro sus afirmaciones de que no es eso lo que hay aquí. Le recomendaría que si quiere subir los impuestos, lo diga y explique el porqué. Si quiere hacer una amnistía fiscal porque la considera necesaria, expliqué el porqué y no niegue la realidad, ya que ni los ciudadanos ni los representantes de los ciudadanos son tan fáciles de engañar.

Respecto a las subidas de impuestos, en parte tienen que ver con el impuesto sobre sociedades. Algunas tienen una carácter temporal -se limita el máximo de deducciones y se eleva el importe mínimo de pago fraccionado de las grandes empresas para los ejercicios 2012 y 2013- y otras tienen un carácter indefinido, que tienen que ver con la deducción de gastos financieros y con la libre amortización. Si este fuese el contenido del real decreto, mi grupo lo apoyaría. Creemos que estas medidas son acertadas. Hay un grave problema en España con el impuesto sobre sociedades, que antes de la crisis recaudaba 45.000 millones de euros al año y desde que se inició la crisis recauda 15.000 millones, es decir, ha caído tres puntos del PIB y eso no se puede explicar solo por la crisis porque no sucede en otros países. Tiene mucho que ver con las deducciones. Efectivamente, el anterior Gobierno permitió la libre amortización sin ligarla a ningún requisito de empleo. La deducción de gastos financieros es el otro gran agujero del impuesto. Por tanto, nos parece acertado el cambio que se introduce.

Al decir esto estoy siendo coherente con las posturas de mi partido. En nuestro programa electoral tenemos este tipo de propuestas. Lo que me resulta más difícil es encontrar la coherencia con el programa del Gobierno del Partido Popular, porque toda la IX Legislatura se la pasaron proponiendo más deducciones al impuesto sobre sociedades e iniciaron esta legislatura diciendo que una forma de mejorar la competitividad sería bajar el impuesto sobre sociedades, que es más bajo en otros países. Me gustaría saber los motivos del cambio de postura, aunque supongo que el señor ministro nos dirá que no ha cambiado su postura y que siempre dijo lo mismo, por supuesto.

Hay otras subidas que tienen que ver con los impuestos sobre el tabaco y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el caso del tabaco, las personas que utilizan labores sueltas para liar y pagaban menos impuestos ahora van a ver modificada su situación. En el caso del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, está en marcha una revisión del valor catastral -al alza, por supuesto, ahora que caen los precios de mercado- y esto va a permitir a los ayuntamientos quedarse con el total de esa subida de impuestos. Es decir, sube el impuesto sobre el tabaco, cuando el ministro dijo que no subiría los impuestos especiales, y se van a elevar los impuestos municipales.

Creemos que habría que reformar en profundidad la financiación local y lo hemos dicho más de una vez. Todo esto sigue ligando la financiación local al sector de la vivienda, que no va a salir de sus problemas en un largo periodo de tiempo. Es más, elevando la mirada, no solo habría que reformar la financiación local, sino hacer


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una reforma fiscal en profundidad. El Gobierno va modificando los impuestos decreto a decreto, semana a semana por sus urgencias recaudatorias y esto crea una gran incertidumbre. El ministro nos hablaba de las expectativas. ¿Cuál es el siguiente impuesto que se va a subir? Se nos dice que el IVA no se va a subir. Bueno, veremos cuánto tiempo dura esto, ojalá sea cierto. Para los agentes económicos sería bueno tener un horizonte claro sobre fiscalidad, y para nuestro sistema fiscal, que hace tiempo que lo necesita, sería buena una reforma en profundidad y no andar al socaire de urgencias recaudatorias y de ocurrencias de última hora.

Siempre hemos dicho que estas reformas en la fiscalidad deberían ir unidas a un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude, pero, claro, al decir esto hoy casi dan ganas de llorar. Desde luego es lo que nosotros seguimos defendiendo. Habría que reformar la fiscalidad y habría que mejorar la lucha contra el fraude. Lo que aquí se trae en la lucha contra el fraude es una rendición, es el reconocimiento de un fracaso. Se incluye un tipo especial para defraudadores del 10%, que es lo que hay en este real decreto, que contrasta con el 52% que pagan muchos ciudadanos en el IRPF. Para el que cumple, impuestos suecos; para el defraudador, un impuesto del 10%, y además sin sanciones, intereses ni recargos, todo son facilidades. Se incluye también una exención de responsabilidad penal, que comparto con otros portavoces que es dudosamente legal, porque se está, en un real decreto, modificando una figura penal, y esto se completa con facilidades para repatriar los dividendos de paraísos fiscales al módico gravamen del 8%. Bueno, pues si esto no son amnistías fiscales, llámenlo como quieran, pero se les parece mucho.

Podríamos opinar sobre esta amnistía, pero para qué vamos a utilizar nuestras palabras cuando ustedes han sentado una doctrina tan firme en la anterior legislatura. Se han comentado ya en debates anteriores las palabras de la señora De Cospedal en el año 2010, cuando decía -abro comillas- que era impresentable, injusta y antisocial una propuesta de este estilo que se flotó en su momento; cuando decía -abro comillas-: No es de recibo que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdonen, a lo que el señor Rajoy se sumaba al coro de correctas opiniones diciendo que todo eso era una ocurrencia.

Yo añadiría alguna palabra de nuestra propia cosecha. En nuestra opinión, el señor ministro ha vendido muy barata la conciencia fiscal de los españoles, ha vendido por un plato de lentejas la conciencia fiscal de los españoles porque quiere recaudar 2.500 millones de euros y cada año se defraudan 80.000 millones de euros, es decir, quiere recaudar un 3% de lo que se defrauda cada año. Realmente ha vendido muy barata la conciencia fiscal de los españoles y con ello ha lanzado un mensaje de desesperación hacia el exterior, hacia los mercados, hacia nuestros socios, que yo creo que se está volviendo en contra de nuestra economía y que ha sido contraproducente, porque cuando uno toma medidas desesperadas no suele generar confianza.

Hablaba el señor ministro, como catedrático de Economía, de Ciencia Económica. Yo comparto el gremio con él, también soy catedrático de Economía y querría hablar brevemente de ciencia económica. La literatura económica nos dice que para que una amnistía fiscal tenga éxito tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que se vea como irrepetible. Bueno, en España vamos por la cuarta amnistía fiscal desde que empezó la democracia. Nos juran que es la última, pero es que lo mismo pasó con todas las anteriores. No creo que nadie vea esto como irrepetible. La segunda condición es que los defraudadores piensen que la evasión va a dejar de ser posible, que el fraude va a dejar de ser posible. El señor ministro nos dice: no, este viernes, mañana, va a haber un plan de lucha contra el fraude. Sí, pero para luchar contra al fraude hacen falta medios, y nos encontramos con una Agencia Tributaria que tiene menos medios que en otros países, a la que se le rebaja el presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado en cerca del 5% y a la que se le rebaja el personal, porque de los que se jubilen solo se va a reponer un 10%. Podemos pedir milagros. A lo mejor menos inspectores, con menos medios, recaudan más. Ojalá sea así, pero a lo mejor los que defraudan no comparten este optimismo del Gobierno.

Por último -lo he mencionado antes de pasada-, tengo dudas no personales sino por los expertos que colaboran con nosotros sobre la legalidad de la medida, primero porque atenta al menos contra el espíritu del artículo 31 de la Constitución, que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y de manera más concreta porque se está regulando mediante un real decreto-ley una cuestión penal como es el delito fiscal. Para completar el menú, por supuesto, en el País Vasco y Navarra este tipo de cosas no funcionan. De nuevo, en una cuestión muy importante, dos comunidades autónomas de las más prósperas del país viven al margen de los problemas comunes.

Para concluir, hemos comentado muchas veces en esta Cámara, al menos nuestro grupo, que tenemos una crisis económica, pero que esta crisis económica tiene unas raíces políticas y unas raíces morales. Detrás de los problemas del sistema financiero hay unas raíces morales. Repasemos los mensajes morales que hemos enviado a esta Cámara desde el inicio de la legislatura, aunque podríamos ir más atrás. Hemos enviado el mensaje moral de que, si uno hunde un ayuntamiento, no pasa nada; hemos enviado el mensaje de que, si uno hunde una comunidad, no pasa nada; de que, si uno hunde una caja, no pasa nada; de que, si comercializa preferentes estafando a ancianos, no pasa nada, y hoy completamos este mensaje de restauración moral diciendo que, si uno defrauda impuestos, tampoco pasa nada. No estamos sentando unas bases muy sólidas para


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nuestro futuro, y creo que podrán deducir que nuestro voto va a ser entusiastamente en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.

Subo a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo en torno a una cuestión sobre la que otros grupos se han pronunciado y han revelado también nuestras preocupaciones por este real decreto-ley. Compartimos muchas de esas preocupaciones, pero también advertimos que compartimos parte de su filosofía. Por ejemplo, compartimos que el PP por fin, como hizo el 30 de enero, haya vuelto a hablar de ingresos y no solo de gastos, como había venido haciendo hasta entonces, hasta que ha llevado las riendas del Gobierno. Creemos que también acierta al incrementar técnicamente la progresividad del sistema fiscal, aunque consideramos que se queda muy corto. También creemos que se quedan cortas las rebajas del gasto fiscal que supone esta nueva modificación de las deducciones en el impuesto sobre sociedades. Pero el problema sigue siendo el mismo: el sistema fiscal es en la práctica altamente regresivo, y lo es porque hay grandes agujeros fiscales que se refieren al fraude fiscal, a la economía sumergida y fundamentalmente a todo lo que defraudan tanto las grandes empresas como las grandes fortunas, que, según los técnicos de Hacienda y como ya todos sabemos en esta Cámara, representan el 75% de ese fraude. Por eso lo que no comprendemos es que el Partido Popular no vaya a atacar esos múltiples agujeros negros por los cuales se escapa el dinero. Al contrario, lo que hace con esta amnistía fiscal que va inmersa dentro de este decreto-ley es dar facilidades a esos agujeros negros. No solo no se persiguen, sino que se legitiman porque en esta medida lo que estamos viendo es que cualquier amnistía fiscal tiene muchas formas de diseñarse. Hemos visto muchas amnistías fiscales en los países desarrollados y en desarrollo a lo largo de las últimas décadas -por no ir más lejos, en España hemos tenido algunas-, pero que tengan éxito, entre comillas, dependerá de cómo sea su diseño y de cuál sea el contexto económico en el que se inscribe, y no tengo ninguna duda de que podemos decir que esta es la amnistía fiscal peor diseñada posible. Y es así porque lo que hace es perdonar todas las posibles multas asociadas al fraude que cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, y además se les impone un impuesto que grava el 10%, cuando Alemania, por ejemplo, lo está haciendo al 46% en una amnistía fiscal también censurable, pero, en cualquier caso, más... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio. Los que tengan que mantener conversaciones que se vayan fuera, vuelvo a insistir, para que se pueda oír al interviniente.

Señor Garzón, continúe.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que decía es que el diseño de la amnistía fiscal es determinante para el resultado exitoso o no de esta amnistía en España y lo que estoy diciendo es que la amnistía fiscal del Partido Popular es realmente la peor del mundo porque perdona a todos los defraudadores, legitimando lo que han hecho como delincuentes fiscales y, además, solo les sanciona -entre comillas, les perdona- con un impuesto del 10%, cuando Alemania lo ha hecho con el 46%. Además, si el Gobierno con esa estrategia estuviera jugando aquí al juego del palo y la zanahoria, sería comprensible, pero ¿qué va a incentivar a los grandes defraudadores que ahora se acogen a este plan? Si el señor Montoro hubiera aprobado también un plan muy restrictivo con el fraude fiscal, si hubiera dado recursos a los inspectores de Hacienda y hubiera facilitado y hablado claramente de una fuerte lucha, de un proceso de combate contra ese fraude fiscal, las grandes empresas que están defraudando se verían ante el dilema de acogerse a estas facilidades o esperar y seguir defraudando, pero con el temor de que el Estado se lanzase contra ellas. Pero, como eso no es así, como no existe ese palo dentro de este juego del palo y la zanahoria, las grandes empresas no tienen ningún incentivo para venir a decirnos que eran unos delincuentes fiscales y que se acogen -con un espíritu, podríamos decir, patriota- a este nuevo sistema. Por lo tanto, su éxito en términos económicos es también evidentemente muy limitado por el sistema de incentivos que se genera.

También tenemos que decir que es un problema moral importantísimo, no es una amnistía extraordinaria porque llevamos ya muchas en este país. Por lo tanto, los defraudadores -y ya lo han dicho otros grupos antes- podrán esperar perfectamente a una nueva y futura amnistía fiscal, que, por supuesto, es una condena para quienes sí estamos pagando impuestos. Además, se está incentivando de forma perversa que la gente defraude porque sabe que, si defrauda, el Estado, con esta amnistía, les está lanzando el siguiente mensaje: Defraudar no es tan grave porque yo puedo perdonarte. Eso es completamente inmoral y además es un error económico muy grave porque incentiva y legitima el fraude fiscal.

En definitiva, es una reforma que además no incluye la procedencia de ese dinero que, como decía, se intenta limpiar de forma poco exitosa, porque bien puede ser un dinero defraudado por las grandes empresas en actividades comerciales o bien puede proceder del tráfico de armas o de cualquier actividad de delincuencia más física. Por tanto, creemos que es imposible apoyar este real decreto-ley a partir de las argumentaciones que hemos planteado y que han planteado otros grupos, por


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lo que, aunque reconocemos ciertos aspectos del avance en la progresividad técnica de esta reforma, entendemos que los principales problemas siguen estando ahí. En consecuencia, nuestro grupo votará en contra del real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señores ministros, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a plantear una serie de consideraciones respecto de las medidas de este real decreto-ley, siendo algunas positivas y otras con las que no estamos totalmente de acuerdo, pero que podríamos resolver vía tramite parlamentario en esta ley o en futuras leyes que se puedan trasladar a esta sesión plenaria. Voy a hacer algunas consideraciones respecto de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la declaración tributaria especial. En cuanto a las consideraciones generales, nosotros entendemos que este real decreto plantea medidas orientadas a luchar contra el déficit público. Son medidas que probablemente van a ser positivas y van a incrementar los recursos del Estado, ya que se va a plantear una presión fiscal considerable sobre el sector productivo. Aquí nosotros, señor ministro, entenderíamos que sería interesante que ustedes hicieran un seguimiento especial de esta normativa y de su aplicación correspondiente para evitar que se produzcan deslocalizaciones de algunas compañías multinacionales que ven que se les han cambiado las reglas de juego a mitad de partido. Por lo tanto, pediríamos alertas ante su aplicación y ante las consecuencias que pueda tener.

Celebramos que en este real decreto la aplicación de la libertad de amortización para nuevas inversiones, en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las pequeñas y medianas empresas -medida impulsada por Convergència i Unió-, no se toque y continúe vigente para las pymes. Esta es una buena noticia. Compartimos también la nueva redacción del artículo 21 del impuesto sobre sociedades, que va a favorecer también a todas aquellas compañías españolas que ven orientada su hoja de ruta de cara a la internacionalización. Igualmente, consideramos positiva la medida destinada a atraer las repatriaciones de capitales procedentes de inversiones en el exterior tal como ha sido valorada positivamente en otros países que la han puesto en marcha, como Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver esta medida con la declaración especial, bien o mal llamada amnistía fiscal. Estas cuestiones nosotros las consideramos relativamente positivas.

Al mismo tiempo este real decreto avanza en una reestructuración de la imposición del tabaco, que me parece positiva, y asimismo pensamos que, si se plantea de una manera ordenada, planteará una mayor recaudación para la Administración central y para las comunidades autónomas. La compensación del ad valorem por el específico creemos que es una buena senda y una buena hoja de ruta que tendría que tener el ministerio en el futuro. También se han visto ya los frutos de este nuevo planteamiento respecto a los impuestos especiales sobre el tabaco con una subida de los precios de producción con unos mayores ingresos para la Hacienda pública. En este contexto, habrá que valorar un ajuste del impuesto mínimo para evitar un sondeo en los low cost y una homologación de la imposición de la picadura y del tabaco de pipa. Por lo tanto, en este aspecto creemos sinceramente que este real decreto está bien enfocado.

Hay otros aspectos criticables que podrían ser resueltos en la tramitación parlamentaria. Son todos aquellos planteamientos que hacen referencia a las inversiones a largo plazo, donde se ha cambiado el tipo de deducción. Esta es una cuestión que puede perjudicar la imagen de seriedad de la economía española y de las garantías jurídicas, y valdría la pena estudiarla con cierta profundidad. En todos aquellos aspectos que hacen referencia a los pagos fraccionados para las grandes compañías, esto va a suponer unos ingresos importantes para la Hacienda pública, pero hemos de tener en cuenta que seguramente este cambio de criterio en la contabilidad aplicada va a suponer una falta de liquidez o un drenaje de la liquidez de las grandes compañías que, aunque sean grandes, también les puede suponer algunas dificultades. Y en cuanto al planteamiento de la amortización de los gastos financieros, entendemos, señor ministro, que quizás en este aspecto también valdría la pena estudiar con cierta profundidad cuáles son los planteamientos de algunos países de la Unión Europea para no perjudicar a las compañías españolas.

También hay otro aspecto que nos preocupa y es que, a pesar de que el ministro Montoro siempre dice que todos somos Estado y que las administraciones autonómicas son Estado, en este caso el ministro y el Partido Popular se preocupan de incrementar todos aquellos impuestos que van orientados única y exclusivamente a engordar las arcas del Estado, sin tener en cuenta que las que salen siempre más perjudicadas son las comunidades autónomas. Desde esta perspectiva, debo criticar que, cuando se planteó la subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, este incremento solamente se planteó en el tramo estatal, con lo cual las comunidades autónomas no ven ni un euro. Y en cuanto a las modificaciones del impuesto sobre sociedades la gran beneficiada también va a ser la Administración Central del Estado, en perjuicio de las comunidades autónomas. Esto son reflexiones, señor ministro, y nosotros desearíamos que, de cara a futuros planteamientos, tuviera en cuenta todos aquellos ingresos que hacen referencia a las comunidades autónomas.

En cuanto a nuestra posición y nuestra consideración sobre la declaración tributaria especial -lo que algunos


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denominan amnistía fiscal-, aunque es cierto que la situación económica es muy delicada y obedece a medidas extraordinarias y excepcionales, creemos que es difícilmente entendible para la sociedad una medida de este calibre y de esta envergadura si no va acompañada de una reforma fiscal en profundidad para corregir las carencias fiscales que hoy padece la actual legislación tributaria y si no va acompañada al mismo tiempo de un plan contra el fraude fiscal para acabar de una manera definitiva con la economía sumergida que existe hoy en España, cosa que desgraciadamente hasta hoy -veremos en el futuro- no se ha producido.

Aquí cabría recordar aquella imagen de la novela de Fausto, porque parece que ustedes, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, han vendido su alma al diablo a cambio de dinero. Si esto es así, y el Gobierno y su grupo parlamentario han tenido el valor de apoyar una medida de este calibre, lo que tendrían que hacer en el futuro, a partir de mañana, es emplearse a fondo para que esta medida tenga éxito; es decir, que la regularización sea masiva y que, al mismo tiempo, permita el afloramiento de importantes activos y de una mayor recaudación de recursos. El afloramiento permitiría además aumentar la liquidez de las empresas y del sector financiero y, a pesar de que es una medida criticable desde muchas perspectivas, no tendría una justificación importante si no tuviera un éxito económico relevante. Si es un fracaso, al menos se me ocurren un par de refranes que se podrían aplicar, por ejemplo, además de cornudos, apaleados. Esto solo tendrá éxito, señor ministro, si la aplicación del sistema de recaudación que prevé la disposición adicional primera ofrece suficiente certeza, suficiente seguridad y suficiente claridad. Por tanto, deberían esmerarse en el futuro para que todas aquellas disposiciones reglamentarias fueran en la dirección de promover seguridad, certeza y claridad para que esta legislación sea un éxito y no pase lo que ya nos ha anunciado algún miembro del Gobierno, en concreto, el secretario de Estado de Hacienda, en el sentido de que, si esto es un fracaso, vamos a plantear una reforma del IVA y de los impuestos especiales. A esto, señor ministro, nosotros no jugaríamos, porque entendemos que ustedes han elegido una opción -equivocada o no, criticable o no criticable- y han de ir por esta senda y tratar de que sea un éxito para que aumenten los ingresos.

Señor ministro y señores del Gobierno, esta legislación especial en momentos extraordinarios tal y como la han planteado es muy criticable, y la hemos criticado desde la perspectiva de la novela de Fausto, en el sentido de que ustedes por dinero han vendido su alma al diablo. Si esto es así, debería significar eliminar definitivamente la economía sumergida y también en el futuro eliminar el fraude fiscal. Desde este punto de vista, ya le anunciamos que vamos a plantear en esta Cámara una proposición no de ley para que el Gobierno elabore medidas teniendo en cuenta los indicadores de la economía sumergida. El fin sería cuantificar anualmente una estimación de la economía sumergida y situarla en el mapa de la actividad económica, al objeto de reducirla año a año y que en los próximos años o al finalizar esta legislatura todos los grupos nos podamos alegrar de que, gracias a medidas de este calibre y envergadura, hemos conseguido eliminar el fraude fiscal en España y hemos conseguido de una manera definitiva y absoluta aflorar la economía sumergida en nuestro país.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Amor.

El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente.

Señorías, la convalidación del Real Decreto 12/2012, que hoy trae a esta Cámara el Gobierno, no se puede entender si no lo enmarcamos dentro de un proceso de arreglo de las cuentas públicas, dentro de un proceso de consolidación fiscal y dentro de un proceso de reducción del déficit público. Por ello, anuncio que, una vez examinado detalladamente el real decreto, que no es más que la continuación del de 30 de diciembre de 2011, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor.

La consolidación fiscal es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, es un compromiso que todos los españoles mayoritariamente hemos aceptado con la Unión Europea y que nos obliga a finales de este ejercicio fiscal a estar en el 5,3% de nuestro PIB. Por tanto, este decreto-ley camina en ese camino largo, pero que son los requisitos de sostenibilidad en un mundo globalizado, donde caen diariamente las fronteras, los aranceles, donde cada día hay mayores movimientos de personas y de capitales. Y no se me olvida decir que estamos en una fase donde la competitividad también es fiscal, también es tributaria, y por tanto movimientos indeseados de carácter normativo pueden producir en su momento la deslocalización de personas, de sujetos pasivos y de bases imponibles.

Este Gobierno desde que llegó al poder, hace poco más de cien días, entendió que el objetivo del equilibrio de las cuentas públicas, de no gastar más de lo que se tiene, requería una actitud de fortaleza y de operar rápidamente en la doble vertiente del ingreso y del gasto, teniendo la necesidad además de plantear de forma inmediata una revisión urgente de todos los bienes y de todas las actuaciones del sector público. Pero hoy, sin perjuicio de recordar, aunque sea muy de pasada, las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular en materia de gasto, que van desde la racionalización del sector público empresarial hasta el control y limitación de las retribuciones de los ejecutivos que están al frente, así como la supresión de sociedades innecesarias, la no disponibilidad de créditos y la presentación de los presupuestos con un recorte medio del gasto público ministerial de un 17%, todo ello sin olvidar que posibilita el


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encaje de todas las administraciones públicas a través de la ley de estabilidad pesupuestaria que en el mismo día de hoy vamos a aprobar, sin embargo, nos toca centrarnos en los ingresos públicos de esa doble vertiente y más en concreto en los contenidos en el real decreto-ley.

Siguiendo una línea moderna -en eso siento contradecir al señor Saura- de la imposición directa, en este real decreto planteamos una reducción de los beneficios fiscales aplicables al impuesto sobre sociedades, reducción que tiene un objetivo claramente recaudatorio, pero también un criterio ético y de sostenibilidad, que no es otro que el de intentar ajustar el tipo nominal del impuesto al tipo real. Por tanto, el carácter de este decreto ley en este sentido es -diríamos- claramente no solo defendible, sino también justo y adecuado. En cuanto a las demás medidas contenidas en el real decreto-ley, ya han sido expuestas por el ministro, pero van en la línea que he apuntado anteriormente, desde la reducción en la base imponible de la deducibilidad de los fondos de comercio por las transmisiones y actividades de empresa hasta la aplicación en la libertad de amortización en las cantidades no deducidas en los próximos años, respetando un 40% de deducibilidad en la base imponible para aquellas cantidades pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y reduciéndola al 20% para los ejercicios y las libertades que se apliquen a partir del año 2012. Pero lo más importante de todo no es solo esto, sino tener la posibilidad de que los gastos financieros tengan un límite en cuanto a su deducibilidad, estableciéndose un 30% de la base imponible para aquellas empresas que hayan costado más de 6 millones de fondos propios. En este sentido, también se ha modificado el sistema de los pagos fraccionados, adelantándolos en el tiempo, una medida correcta porque no aumenta la presión fiscal, sino que hace que la periodificación del ingreso tributario se amplifique antes y sea un pago a cuenta del impuesto sobre sociedades. Y en cuanto al gravamen especial de los dividendos de rentas obtenidos en el extranjero, ustedes saben que sobre todo en el sector financiero existen muchas compañías que por razones de emisión de deuda pública tienen que operar con sociedades radicadas en paraísos fiscales. De esta manera, se les da la posibilidad de repatriar los dividendos que obtengan a través de ese tipo de empresa.

No quiero extenderme más. Simplemente quiero decir que también se regula el impuesto sobre el valor de los terrenos a nivel municipal, dando posibilidad de libertad a los ayuntamientos para que puedan rebajar este impuesto siempre y cuando haya habido una revisión catastral con anterioridad, que se suben los impuestos especiales, en concreto el impuesto sobre el tabaco, y también se regulan otra serie de cosas.

Por último, y antes de terminar, voy a centrarme en lo que el impuesto en su disposición adicional denomina declaración especial -yo lo llamo regularización especial- y que no es otra cosa que una declaración especial. Parto de la base de que siempre a cualquier fiscalista frente a una medida de este tipo le va a producir un rechazo inconsciente y de forma inmediata, pero estamos en una situación extraordinaria, muy difícil y que necesita medidas no habituales, sino extraordinarias, que a veces no son comprendidas por el conjunto de los ciudadanos, ni son comprendidas por el conjunto de las fuerzas parlamentarias representadas en esta Cámara. En esta situación en la que estamos en este país, con un déficit en 2011 del 8,5% del producto interior bruto y que tiene los compromisos que tiene a final de año, no nos cabe otra solución que, una vez operado sobre el gasto, exprimir todas las figuras que nos puedan permitir aumentar bases imponibles y sujetos pasivos y, lo que es mejor, meterles en la rueda de la tributación de nuestro país. Por ello, y sin que sirva de precedente, el real decreto-ley aprueba una declaración extraordinaria de rentas y activos ocultos, que no serán en sentido estricto amnistiados -y jurídicamente nadie puede decir que esto sea una amnistía, pues está sometida a gravamen y una amnistía es el perdón, evidentemente, gratis et amore-, ya que esta declaración extraordinaria está gravada con un 10% sobre el importe de lo declarado; eso sí, sin sanciones, ni intereses de demora.

Desde aquí hago un llamamiento a la prudencia al resto de partidos de la oposición, porque, aunque no les guste, esta medida se toma porque además de nuestros voluntarios compromisos con la Unión Europea hay que decir que en el ejercicio de 2011 se quedaron pendientes como déficit 90.000 millones de gasto efectuado por el anterior partido en el Gobierno que no tenían financiación. Y este agujero obliga a tomar medidas extraordinarias y a complementar todos los esfuerzos recaudatorios dentro de la progresividad que este Gobierno ha efectuado con la primera modificación en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de modificación progresiva no solo del impuesto sobre la renta, sino también de las rentas del capital y ahora viene con este paquete de medidas también extraordinarias como consecuencia de la dificultad de la situación que tenemos en este momento y que, desde luego, este Gobierno no ha ayudado a crear. Eso es lo que hace que este real decreto, que tiene un carácter temporal en muchas de las medidas, complete todos esos esfuerzos recaudatorios y es muy importante.

Hay que recordar que en este país ha habido cuatro medidas de este tipo o parecidas y siempre ha sido en momentos extraordinarios, en momentos difíciles y en momentos que requerían una especial atención por parte de la Hacienda pública. La primera fue la de la Ley 50/1977, que es el origen de la creación de nuestro sistema fiscal actual moderno. Esa decisión fue tomada por el que fue ministro y parlamentario de esta Cámara, el señor Fernández Ordóñez, y que evidentemente sirvió para que en un momento de crisis generalizada, de crisis económica, de crisis fundacional, constituyente del Estado se pusieran al día muchas personas que no habían tributado. La segunda vez que se tomó una decisión de este tipo fue en el año 1984 siendo ministro don Miguel Boyer a través de la Ley de Activos Financieros y que


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costó el puesto a otro socialista llamado José Víctor Sevilla Segura, que no estaba tan de acuerdo con la regularización fiscal que había hecho el señor Boyer; quiero simplemente recordarlo. Y el señor Solchaga en el año 1991 hizo otra a través de los denominados Afros, por la cual la gente comprando esos pagarés con retención en origen del 45% podía liberar sus deudas con la Hacienda pública. También son medidas que se han tomado en otros países, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica. Creo que son medidas que se toman cuando las cuentas públicas están en la situación en las que están las de España.

Dicho esto, hay que decir que los esfuerzos que produce fundamentalmente una regularización de este tipo es la de meter en el sistema tributario rentas y bienes hasta ahora no integrados en ese sistema, y los integra no a un solo efecto, sino con carácter básicamente de pervivencia. Negarse a una regularización de este tipo es seguir conviviendo con el fraude fiscal. Esto le da un importante mordisco al fraude fiscal porque habrá muchos defraudadores a quienes no les interese seguir viviendo con esa inseguridad personal, con esa inseguridad jurídica, de poder incurrir incluso hasta en delito penal, siempre que puedan meterse en el sistema de una forma segura, con seguridad jurídica, y que además colaboren no solo a salvar su situación personal, sino a salvar el déficit de nuestras cuentas públicas. Esta regularización será inútil si el Estado no da claros ejemplos de su beligerancia en la lucha contra el fraude fiscal. Esto es lo que hizo el Gobierno en su tercer Consejo de Ministros: aprobar las directrices generales del Plan contra el fraude fiscal. Este plan tiene ya sus bases elementales trazadas, desde actuar básicamente en la explotación de la información que nos puedan suministrar países de baja tributación, países con los que tenemos firmados convenios de doble imposición, hasta la explotación de la información que supone la colaboración con las haciendas forales que nos va a permitir que en España no haya territorios con diferenciaciones de tributación. También se ha anunciado el especial seguimiento de aquellas sociedades pantalla, de aquellas sociedades receptoras de los derechos de imagen de artistas, de deportistas, etcétera, que lo que hacen es diferir los tributos en el impuesto sobre la renta de las personas física, y que es una clara forma de fraude. Igualmente medidas que ya ha anunciado el Gobierno, como la limitación del uso de efectivo en las operaciones sin que intervenga un profesional o cualquier empresario.

Esta lucha contra el fraude es la que nos da fuerza y nos legitima para solicitar el apoyo más amplio en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.

El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Voy terminando, señor presidente. En especial se lo solicitamos al Grupo Parlamentario Socialista que con su gobernanza nos ha llevado a una situación francamente difícil que necesita estas medidas para poder financiar nuestros servicios públicos y mantener el Estado del bienestar. No queremos seguir conviviendo, lo he dicho antes, con una economía sumergida.

Termino. Esta regularización no hubiera sido necesaria si la situación a la que nos llevó el anterior Gobierno no se hubiera producido, que nos dejó un balance de situación que no es otra cosa que el mayor ataque que se ha producido al Estado del bienestar. Díganme qué prefieren ustedes: si bajar las pensiones, que estemos siempre en el alambre, al borde de la intervención de la Unión Europea por incumplimiento de nuestros compromisos de déficit, o que tomemos un conjunto de medidas como las contenidas en este real decreto que nos permitan sacar a este país adelante para que ocupe el lugar que siempre le ha correspondido a España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto IX del orden del día relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Quiero avisar a sus señorías, para que se hagan su composición, que cuando termine este punto, votaremos lo debatido a lo largo de la mañana.

Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de texto alternativo a este proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la reforma laboral del Partido Popular pretende que parezcamos noruegos pero con maquillaje de bazar chino; pretende que seamos paradigma de productividad a precio de plato de arroz, y creo que se equivocan. Las sociedades y los mercados más dinámicos son los de los países con mejores condiciones laborales, mejor protección social y mejores salarios, donde la inversión social se recupera en competitividad. Por esto los republicanos denunciamos en su día el atentado laboral de esta reforma y convocamos a secundar la huelga general, y nadie puede negar que huelga y manifestaciones fueron un éxito. Atónita ante el gran retroceso la ciudadanía salió a la calle consciente de que los derechos laborales, que costaron decenios de sudor y


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lágrimas, en cuatro días todo podía hundirse por orden y mandato de los mercados especulativos, y así es: los mercados aprovechan la coyuntura para imponer una nueva cultura del trabajo basada en la precariedad contractual y salarial, hecha para construir un mercado de trabajo de bajos costes laborales y sociales. ¿Cómo puede defenderse un periodo de prueba de doce meses para todos los contratos indefinidos sin indemnización? Solo desde la idea de ir diseñando el futuro trabajador esclavo de las sociedades low cost postindustriales, trabajadores condenados a vidas asociadas a la inseguridad y a la pobreza.

Señorías, responsablemente los sindicatos instaron al Gobierno al sentido común y a la negociación; la respuesta ha sido negativa, luego ¿qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿La rendición? Seguro que no; ustedes nos abocan al conflicto, por esto presentamos esta enmienda a la totalidad como última posibilidad. Después -fíjense bien- de años de debates sobre cómo convertir la flexiseguridad en el catalizador de la modernidad aplicado al mundo del trabajo, después de buscar fórmulas para que sin menoscabo de los derechos pudiéramos superar algunas rigideces de un mercado pensado para un trabajo que ya casi no existe, y para ser más competitivos en este mundo globalizado, van ustedes, señorías del Partido Popular, y lo pervierten todo en pro de una absoluta y total desregularización, porque de eso se trata, de una desregularización, y además a saco -sí, a saco-, para contentar al capitalismo más salvaje, al capitalismo especulativo que puede generar dinero, pero nunca riqueza. Es el mismo capitalismo que años atrás olvidaba invertir sus recursos en escuelas para formar en álgebra a los trabajadores, que olvidaba velar por la salud de su mano de obra, y que solo rectificó a base de palos en la calle mediante la lucha obrera.

Ustedes saben que el Estado español ya ha perdido el tren del precio, que solo se puede avanzar con el tren de la competitividad y que este tren requiere el carburante de la sostenibilidad social, de la mano de obra que lo hace circular, tal como ocurre en los países más avanzados. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, insisten en la derrota y lo hacen incluso entrando como caballo de Pavía en su sacrosanta Constitución española. Por eso nosotros hacemos un llamamiento a los diputados y diputadas de este Parlamento a presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque ustedes saben que la reforma laboral lo que hace es priorizar los convenios de empresa, por limitar además a dos años el periodo máximo para renegociar un convenio caducado, y por poner en cuestión también el arbitraje ecuánime del que nos habíamos dotado en el ordenamiento jurídico laboral.

Enmendamos a la totalidad porque los mecanismos de extinción del contrato se alejan de las razones sensatas que postulamos en nuestro articulado, que sitúan -atención- como límite y tope de tolerancia las fundadas causas económicas o de prevención de la devolución negativa de la empresa para favorecer su posición competitiva, y punto. Y punto. Su reforma dinamita la estabilidad laboral para ajustar plantillas, rebajando los costes que debían asumir las empresas para despedir, renegando de incentivar la contratación indefinida, abonando la concatenación de los contratos temporales, el uso perverso de la interinidad, y desarmando la negociación colectiva. Sí, desarmando la negociación colectiva. Esto no se puede aceptar porque es la única garantía para prevenir los abusos en la utilización perversa y sucesiva del régimen de temporalidad y otros. Por ello, señorías, postulamos que la movilidad funcional y todos los parámetros que exigiese un modelo económico más competitivo solo tengan cabida en lo establecido en la negociación colectiva o en los acuerdos individuales pactados, y no en la polivalencia absoluta que su reforma impone. Porque, díganme, ¿cómo quieren que salga adelante un país donde un trabajador no sabe si mañana trabajará de lo mismo que hoy, no sabe si le rebajarán el sueldo, y no sabe si le van a cambiar la jornada de forma unilateral y arbitraria? ¿Creen que saldremos de la crisis basándonos en el temor a perder el empleo, de someterse al poder omnipotente? Se equivocan. Al modelo de gestión de personas a través del terror se le llama terrorismo social. Esto no es sostenible, no lo duden, y no tiene nada, ni un ápice de modernidad. Aun cuando pudiéramos aceptar la participación privada en el ámbito de la intermediación laboral, nuestra línea roja, la línea roja republicana se sitúa en el principio de servicio público y gratuidad. Sin embargo en su reforma están dando negocio a algunos, no dando trabajo a todos, y ustedes lo saben. Defendemos un marco catalán de relaciones laborales en los territorios de los países catalanes que con esta reforma se nos impide. Pretendemos con nuestro articulado alternativo que los convenios colectivos tengan el ámbito de aplicación que las partes acuerden, teniendo prioridad, eso sí, la realización de los ámbitos autonómicos.

Lamentamos que Convergència i Unió dé el visto bueno a esta reforma cuando el Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado que invade las competencias estatutarias, por cuanto no ha lugar a la autorización administrativa previa en los procedimientos de despidos colectivos, razón por la cual los Gobiernos autonómicos verán reducida su capacidad de implementación de políticas industriales.

Hoy el Grupo Popular se opondrá a nuestros planteamientos atendiendo a la mayoría absoluta con que cuentan. Optarán por dar carnaza a los mercados de igual manera que les entregarán la sanidad pública y los distintos pilares del Estado del bienestar, un Estado del bienestar construido gracias al progreso de nuestra sociedad generado por el trabajo. Sí, por el trabajo, pero no les quepa ninguna duda de que su política es un gran fracaso. A todo esto, se podría calificar la política del Partido Popular de una sinrazón. De hecho, es pan, muy poco pan para hoy, y hambre, mucha hambre para mañana, hambre a manera de déficit de competitividad para hacer viable, sostenible y rentable el modelo económico, y hambre por cuanto se incrementará el sufrimiento de la ciudadanía a manera de paro y exclusión;


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sufrimiento para las generaciones actuales y posiblemente para las futuras. Porque, ¿dónde están las medidas de retorno al escenario actual para cuando cambie la coyuntura económica? Los no privilegiados estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer sacrificios para salir adelante, pero a cambio de que los sacrificios los hagan todos. Están colmando la paciencia de nuestra sociedad postindustrial. Están gestando una olla a presión sin sus válvulas de escape, y las ollas a presión sin válvula no sabemos ni cuándo ni cómo van a desahogarse. Y por supuesto la manera más estúpida y más reaccionaria de evitar el problema nunca puede ser lo que pretende el ministro del Interior; nunca puede ser lo que pretende el ministro del Interior, es decir, limitar y coartar la libertad de manifestación y de reunión. Que el señor ministro del Interior no se queje; si va por el mundo apagando fuegos con gasolina, que no se queje si las calles se incendian.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Comparecemos ante esta Cámara para manifestar nuestra posición y defender la enmienda a la totalidad del Bloque Nacionalista Galego. Señorías, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, socava las bases sobre las que se asentaban las relaciones laborales, al establecer medidas que limitan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en lo relativo a sus derechos socioeconómicos como a su capacidad para la negociación laboral. Esta reforma laboral contiene numerosos puntos que contradicen derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho a la libertad sindical. Además establece una normativa que en su mayor parte contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, léase la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de la negociación colectiva, y terminación de la relación de trabajo.

Sus medidas, señora ministra, no contribuirán a generar empleo de manera directa, ni tampoco contribuirán a mejorar la estabilidad laboral de las personas con puesto de trabajo en condiciones precarias. El objetivo último de la reforma es asentar un marco laboral más precario y desregular las relaciones laborales, establecer una reducción real de las rentas salariales, que por cierto ya llevaban mucho tiempo sufriendo un gran retroceso. Constatamos así que el verdadero propósito del Gobierno del Partido Popular consiste en utilizar la crisis económica como pretexto para rebajar las condiciones laborales, atacar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y retroceder en la normativa laboral, dentro de la estrategia política global de aplicar una política económica al servicio de quien más tiene en detrimento de las mayorías sociales cuya sostenibilidad depende exclusivamente de su trabajo.

La reforma laboral es contraria al modelo vigente de Estado social y democrático de derecho, fundamentado en un sistema de relaciones laborales que busca un equilibrio entre el poder empresarial y los derechos sociales, articulado de manera señalada a través de la negociación colectiva. Esta reforma laboral propicia un cambio radical porque implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario y destruyendo las bases fundamentales del poder contractual colectivo en la regulación de las condiciones de trabajo. Se reducen los derechos de los trabajadores y se avanza en una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial, sin control ni contrapeso. Podríamos poner el título de todo el poder para el empresario.

Mención específica merecen las diferentes medidas incluidas en la reforma laboral que tienden a aumentar las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Señora ministra, parece mentira, pero su política laboral va a acrecentar la brecha, tanto en el aspecto económico, en el aspecto salarial, hoy con una diferencia superior al 22%, como también en las condiciones laborales. Y me refiero además a cosas concretas de esta reforma que consagra el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, sobre todo en aquellos casos relacionados con medidas destinadas a la compatibilización de la vida laboral y familiar. Esta reforma, señora ministra, atenta contra los avances conseguidos en materia de igualdad y conciliación.

No nos engañen ni traten de hacernos una lobotomía, señora ministra. No nos laven el cerebro. La legislación laboral no es la causante ni de la crisis ni de la falta de competitividad. La destrucción de empleo está determinada por la incapacidad de las políticas económicas dominantes para forjar una estrategia de crecimiento económico sostenible. Su objetivo con esta reforma, señora ministra, no es crear empleo -eso ya lo vemos-; su gran preocupación es servir al amo acometiendo e imponiendo recortes y ajustes que tienen por finalidad dar aliento al maltrecho sector financiero, y satisfacer las ansias de altos beneficios de los inversores internacionales. Es evidente que no está entre sus objetivos incentivar los distintos sectores básicos de la economía productiva. Nos han metido en un bucle peligroso que fagocita todo cuanto encuentra. Todo cuanto tocan provoca más crisis, más paro, y nula recuperación o reactivación económica. Es una espiral endemoniada, y el caso, señora ministra y señores del Gobierno del Partido Popular, es que insisten en lo mismo a pesar de sus efectos perversos. ¿Hasta dónde van a llegar, señora ministra? No me dirijo al presidente porque no se encuentra presente en este momento. Van


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a convertir en oro todo lo que encuentran, sí, pero para el sector financiero. Mientras no exista recuperación económica las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población se están deteriorando a ritmo vertiginoso. Por tanto es más necesario que nunca acometer reformas legales que incrementen su nivel de protección, tanto a través de la garantía presupuestaria necesaria para mantener servicios públicos esenciales, como por la necesidad de retomar derechos que afiancen la posición de las personas más débiles ante la amenaza de un agravamiento de la actual fase de recesión económica.

La propuesta que presenta nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, de régimen jurídico de las relaciones laborales se inspira precisamente en esa necesidad de profundizar en los derechos sociales, con el objetivo de que las trabajadoras y trabajadores, que son el eslabón más débil de la crisis económica, no se vean desprovistos de una cobertura legal que les aboque de forma más precipitada al desempleo y a la precariedad laboral. Este enfoque no parte de una visión corporativa o clasista de la sociedad, como se pudiera pensar, pues no solo favorece a las personas cuyo sustento procede del trabajo por cuenta ajena, sino que en realidad constituye la mejor manera de proteger el interés de las mayorías sociales, y por ende el interés general. Una mayor protección en el régimen laboral a favor de trabajadoras y trabajadores proporcionará también mayor seguridad y estabilidad en el empleo, y con ello mayor confianza en la marcha económica. Contribuiría a dinamizar el consumo y la actividad económica en general, redundando también en un apoyo a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas de los distintos sectores de la economía, pero especialmente en el sector de los servicios, uno de los más afectados por la crisis económica.

Carezco de tiempo, señorías, para explicar todos y cada uno de los puntos de nuestra propuesta, pero quiero hacer mención explícita a algunas de las cuestiones que planteamos en nuestra alternativa. Proponemos una redacción del Estatuto de los Trabajadores que proporcione mayor certeza y estabilidad jurídica a empresarios y trabajadores en lo concerniente al despido objetivo por causas económicas. En lo relativo a los convenios colectivos queremos reducir, simplificar y facilitar la interpretación del artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las cláusulas de inaplicación del convenio no se deben tratar en este artículo. Pedimos la supresión del artículo 21 bis -agencias de colocación- de la Ley 56/2003, del 16 de diciembre, de Empleo. La intermediación laboral debe preservar su carácter público. Por tanto deben mejorarse y potenciarse los servicios públicos de empleo, tal y como recoge nuestro texto alternativo en su disposición adicional segunda. Contemplar la reformulación del abono de indemnizaciones por parte del Fogasa es otro de los asuntos que tratamos, de manera que se devuelvan al Fogasa los fines con los que fue creado, liberando al fondo de sufragar el 40% de las indemnizaciones en determinadas circunstancias. Contemplar un plan que suponga el incremento de plantilla de inspectores y subinspectores es otra de las cuestiones que planteamos, en la medida que entendemos que es necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral. Asimismo demandamos que se incremente la inversión en los servicios públicos de empleo de cara a mejorar la intermediación laboral. En este plan se establece como objetivo converger y alcanzar la media que la Unión Europea destina a estas políticas en relación con el PIB.

Incluimos, señorías, una disposición adicional sexta relativa a la regulación de normas y criterios orientados a las retribuciones del personal directivo de entidades que operan en ámbitos económicos con amplio impacto de la economía, como son las entidades de crédito y las empresas que operan en servicios de interés general, como la energía, las telecomunicaciones, etcétera. También recogemos una disposición adicional séptima en la que se establecen límites a la percepción de salarios en el ámbito del sector público, tanto en los contratos de alta dirección de entidades con personalidad jurídica como controladas por el Estado. Señorías, no nos olvidamos de Galicia en nuestra propuesta teniendo en cuenta la defensa que hacemos de un marco de relaciones propio; en esta propuesta contemplamos en el artículo 9 medidas para mejorar el empleo y la interlocución territorial.

No tengo más tiempo para explicar más pormenorizadamente nuestra propuesta pero, señorías, señora ministra, señor presidente, creemos que con lo que hemos dicho explicamos debidamente las razones por las que entendemos que el Gobierno debe retirar esta reforma laboral; una reforma laboral que está aprobada por un real decreto-ley que hoy tramitamos como proyecto de ley y que creemos que el Gobierno debe retirar, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Realmente pensamos que con la retirada de la reforma laboral la ministra también debería retirarse, pero en principio, señora ministra, nos parece fundamental la retirada de esta reforma laboral porque el señor De Guindos nos sigue diciendo cosas todos los días; hoy aparece la noticia de...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.

Aparece la noticia de las ayudas al I+D, y evidentemente el Gobierno no trabaja para la creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Pasamos a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa). Yo no sé si ha habido un malentendido, pero las enmiendas inveteradamente en este Congreso no se defienden en función del número de miembros, sino al tiempo en que se presentan, y el Grupo Parlamentario Socialista fue muy dinámico y la presentó pronto. Indudablemente no vamos a dejar sin voz al Grupo Socialista. Si no está su portavoz, pasamos a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y que defiende el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en poco menos de un mes vamos a debatir por segunda vez el contenido del Real Decreto-ley 3/2012, ahora convertido en proyecto de ley. El debate de hoy se produce en circunstancias muy diferentes a las del 8 de marzo, que espero que no sean ninguneadas por el Partido Popular. Hoy ya se conocen los primeros efectos de la contrarreforma laboral; de momento ha propiciado un incremento de los despidos, está propiciando presiones empresariales importantes para bajadas de salarios, y ha incentivado las prácticas chantajistas, literalmente, de alguna multinacional con las amenazas de deslocalización. No hace falta que vayan ustedes muy lejos, una experiencia muy cercana la pueden encontrar ustedes saliendo del hemiciclo y encontrándose a los trabajadores de EFE, que han sido víctimas en las últimas horas de la aplicación de esa barbaridad en nombre del empleo que se utiliza a favor del despido fácil y gratuito. No hace falta que se vayan ustedes muy lejos, insisto, los tienen aquí fuera por si no conocen a otros trabajadores afectados.

En este mes ha pasado absolutamente de todo menos lo que ustedes anunciaron, la creación de empleo. Los datos oficiales del mes de marzo demuestran que no han aumentado los contratos de trabajo y que el único incremento que se ha producido, señora ministra, es en los contratos temporales a tiempo parcial, es decir, los más precarios de todos, como ya tuvimos oportunidad de explicar. Pero en esta semana se ha producido también otro acontecimiento importante, y es una exitosa huelga general, aquella que ustedes dijeron que no tendría ningún impacto -si lo llega a tener, no sé qué hubiera sucedido-; una huelga general importante por su seguimiento en las empresas pero también por el apoyo social que ha concitado; una huelga, no se les olvide, miembros del Partido Popular y del Gobierno, que ha canalizado el rechazo social a las políticas del Gobierno del PP. Antes y después de esa huelga los trabajadores y la ciudadanía le han dicho al Gobierno dos cosas: una, evidente, que no se creen que la reforma laboral vaya a crear empleo. Saben -lo han demostrado- que su contrarreforma laboral precariza aún más las condiciones de trabajo, otorga todo el poder al empresario, facilita el despido y debilita los convenios colectivos como instrumento de solidaridad y que interesa también a las empresas. También les han dicho, señores del Partido Popular, que su mayoría es legítima pero no por ello les legitima para imponer sus ideas e intereses sin diálogo social y político. Diálogo de verdad, señora ministra, no de boquilla, como el que usted permanentemente nos propone. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

La enmienda a la totalidad con texto alternativo que presento en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, CHA: La Izquierda Plural les brinda a ustedes, Partido Popular, una nueva oportunidad de diálogo. Se trata de una enmienda sin duda a este proyecto de ley, pero por coherencia política y jurídica también incluye importantes modificaciones a la Ley 35/2010 y al Real Decreto- ley 7/2011 aprobados durante la anterior legislatura. Vaya por delante, para que no haya ninguna duda, que para nosotros la reforma laboral del Partido Popular no tiene comparación posible con ninguna otra, por su dureza en la reducción de derechos, por su desequilibrio sobre todo en la clara voluntad de destrozar la negociación colectiva, pero desgraciadamente, siendo eso así, los trabajadores en algunos aspectos han tenido que sufrir ya antes reformas del Gobierno anterior durante la anterior legislatura. Lo más grave es que aquellas reformas prepararon y abonaron el terreno a lo que ustedes han hecho desde el Gobierno. Sobre todo, y creo que es una cosa a considerar desde el foro de la izquierda, desde el Partido Socialista, hasta qué punto aquella reforma no actuó como un verdadero sherpa ideológico que hizo subir hacia el campamento de ataque del Partido Popular la tan falsa como perversa idea de que para crear empleo lo que hace falta es precarizar las condiciones de trabajo con reformas laborales. Ese es sin duda el drama que hemos vivido en los últimos años, como lo es el drama de que nuestra economía, las empresas y los parados de este país están sufriendo un sistema financiero carcomido. Ese es el verdadero problema de nuestra economía, no nuestro modelo de relaciones laborales.

Por eso nuestra enmienda es una enmienda a la totalidad en el sentido amplio del término, pero es sobre todo una enmienda propositiva, con propuestas en positivo que intentan demostrar que hay alternativas a las falsas soluciones de precarizar el trabajo y facilitar el despido. Llevan meses, señores del Partido Popular y del Gobierno, pidiendo retóricamente que se les presenten alternativas. Se las presentaron las organizaciones sindicales, se las presentaron en forma de acuerdo por el empleo las patronales y los sindicatos y su respuesta a ese planteamiento de diálogo y de propuestas fue un decretazo. Ahora, de nuevo, tienen ustedes la posibilidad de dialogar esta vez en sede parlamentaria. Pueden pensar legítimamente que no lo necesitan, que con su mayoría absoluta y su ejercicio absolutista del poder ya tienen bastante pero, si hacen eso, por favor, dejen de afirmar y de decir con falsedades que su política no tiene


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alternativas. Si la quieren, aquí tienen la alternativa que les presenta el Grupo de La Izquierda Plural, una alternativa claramente contrapuesta a la de ustedes, empezando porque su proyecto de ley está construido sobre un terreno jurídico de arenas movedizas, y no es ningún chiste con relación al candidato de la junta, son las arenas movedizas de la inconstitucionalidad del real decreto-ley, que más pronto que tarde se lo va a decir el Tribunal Constitucional, como se lo dijo al señor Aznar con su decretazo del año 2002. La nuestra, en cambio, es una propuesta elaborada en diálogo con los sindicatos, que recoge los contenidos del acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva firmado por empresarios y sindicatos que ustedes irresponsablemente han ninguneado, que aprovecha las buenas prácticas legislativas de otros países de la Unión Europea y que también incorpora propuestas recibidas de organizaciones sociales que desarrollan una labor importante de colectivos especialmente necesitados de las políticas de inserción laboral y social y que ustedes no han tenido en cuenta en su proyecto de ley. La nuestra es una alternativa que, a diferencia de su decretazo, es respetuosa con el artículo 35 de la Constitución española, que garantiza el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Nuestro texto cumple rigurosamente con los convenios 98, 154 y 158 de la OIT, que su real decretazo ignora y pisotea, y también más pronto que tarde se lo van a decir los tribunales.

Con nuestro proyecto de ley pretendemos diez grandes objetivos, un decálogo. Primero, evitar la privatización en la intermediación laboral y la discriminación de los parados en el acceso al empleo. Es positivo sin duda que los servicios públicos de empleo puedan colaborar con entidades sociales y locales en facilitar la búsqueda del empleo, pero pretendemos prohibir las empresas de colocación con ánimo de lucro, al mismo tiempo que planteamos la negativa a que las ETT puedan actuar como agencias privadas de colocación, por una razón muy evidente, porque cuando el ánimo de lucro entra a gestionar el empleo, el beneficio prima por encima del derecho del trabajo y, por supuesto, eso va a provocar una mayor segmentación de los desempleados. ¿Quién se creen ustedes que va a ser objeto de atención por parte de las empresas de colocación privadas? Aquellos trabajadores más fácilmente empleables; en cambio, aquellos con más dificultades por edad o formativas van a ser excluidos de la actuación de esas empresas privadas.

Segundo objetivo, pretendemos garantizar que los contratos formativos sean para la inserción laboral y no para la precariedad, y para ello es imprescindible limitar la edad y sobre todo el encadenamiento de los contratos de trabajo. Pero en contrapartida y en positivo le proponemos, señora ministra, que ampliemos los colectivos susceptibles de suscribir esos contratos para facilitar que personas en situación de exclusión social, expresidiarios y personas en situación de riesgo por drogadicción puedan beneficiarse de ese contrato con independencia de su edad. Señora ministra, los ninis no son jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis son aquellos que no tienen ética ni sienten escrúpulos cuando aprovechan la situación de desempleo masivo de los jóvenes para contratarlos en condiciones abusivas, y su proyecto de ley lo que hace es incentivar a los ninis sin ética y sin escrúpulos. (Aplausos).

Tercer objetivo. Queremos evitar el despido libre sin causa y gratuito, y para ello es imprescindible la desaparición del contrato indefinidamente temporal. Su contrato estrella es ya hoy un cadáver jurídico, y lo mejor que pueden hacer, señores del PP, es enterrarlo antes de que lo hagan los tribunales. Recuerden que el ejemplo francés que ustedes han copiado fue declarado contrario al convenio 158 de la OIT por la Corte de Apelación de París en el año 2007 y tuvo que ser derogado por el Gobierno francés en junio de 2008. Antes de que les suceda lo que a los franceses, tengan ustedes la dignidad de rectificar. Aunque entendemos que va a ser muy difícil, porque si ustedes entierran la joya de su corona -el contrato para emprendedores-, la reforma laboral se queda desnuda delante de la ciudadanía, se queda como lo que es, como una contrarreforma para incentivar el despido, otorgar más poder al empresario, debilitar la negociación colectiva e individualizar las condiciones de trabajo.

Cuarto objetivo. Queremos garantizar los derechos del contrato a tiempo parcial y evitar que se convierta en otro factor de mayor degradación de la vida de las mujeres trabajadoras. Vuelvo a llamar a la conciencia de las mujeres que votaron favorablemente la convalidación de este decreto; lo que va a hacer en estos momentos su regulación del contrato a tiempo parcial es hacer imposible la vida de las mujeres que tengan ese contrato y además va a permitir el abuso en las horas extraordinarias. Según el INE, ya, en estos momentos y sin su legislación, 72.000 puestos de trabajo no se cubren y se podrían crear si no se realizaran horas extraordinarias ilegales y no retribuidas por parte de las empresas. Eso multiplicado por diez va a ser lo que va a suceder con su regulación del contrato a tiempo parcial.

Pretendemos también impulsar un concepto de flexibilidad con rostro humano porque la flexibilidad no puede ser un objetivo solo al servicio del sacrosanto dios de la competitividad. Hay que recuperar los equilibrios mínimos. La gente, las mujeres, no tienen por qué escoger entre ser trabajadoras o personas; las dos cosas no tienen por qué ser incompatibles. Por eso, es imprescindible acabar con ese poder unilateral del empresario que ustedes han establecido en esa contrarreforma laboral. Si estuviera aquí el señor Rajoy, le preguntaría si ha sido la señora Merkel la que le ha dictado esa parte de la reforma, porque la verdad es que leyendo el poder unilateral que le dan a las empresas uno recuerda una figura de hace cien años -alemana, por cierto- que se conoce en el ámbito jurídico como el empresario señor de su casa. No sé si a lo mejor en alemán a los señores del Gobierno, a la señora ministra, les suena mal. A eso los alemanes lo llaman Herr im Haus, es decir, el señor


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de su casa, paternalista, que se considera con el derecho a hacer uso no solo de las condiciones de trabajo de sus trabajadores sino de su vida. Eso es lo que también pretendemos evitar con nuestra reforma.

También pretendemos, sin duda, recuperar la causalidad en el despido, especialmente económico. Señora ministra, no vuelva a venir a esta Cámara diciendo que no hay precedentes en la legislación europea en ese sentido. Usted sabe, por ejemplo, que en estos momentos los Países Bajos, Holanda, mantienen esa autorización administrativa. Por cierto, los Países Bajos, los que ustedes y otros han puesto en muchas ocasiones como ejemplo de flexiseguridad, tienen establecido ese requisito de la autorización administrativa.

Sin duda, también pretendemos recuperar la nulidad del despido en algunos casos para que la readmisión no sea solo teórica sino real. Por cierto, igual que tienen en Alemania, en Italia para empresas de menos de 15 trabajadores o en Suecia en muchos casos. Vean si hay ejemplos en Europa que pueden copiar antes de fijarse en las peores prácticas contractuales.

También pretendemos impedir que su reforma ataque el derecho a la salud de los trabajadores. Lo que han hecho ustedes con la regulación del despido objetivo por causas absentistas va a terminar en la Organización Internacional del Trabajo, y seguro que les van a condenar por atentar al derecho a la salud, porque no es posible que el único requisito para poder despedir sean bajas, incluso justificadas, que en muchos casos obedecen a situaciones de hospitalización. Sin duda queremos salvar la negociación colectiva de un ataque importante que ustedes han puesto en marcha con esta reforma.

También, sin duda, queremos que se den cuenta de que no es posible avanzar en un marco de relaciones laborales moderno si ustedes incumplen también la Constitución en el apartado de las competencias con las comunidades autónomas en materia de políticas de empleo. Por cierto, el señor Campuzano un día le dijo que parece que lo habían pactado y usted se calló. No sé si eso es síntoma de asentimiento o es que nos preparan alguna estrategia de divertimiento en un pacto PP-Convergència i Unió.

Por último, señora ministra, señores del Gobierno, nuestra enmienda pretende poner el modelo de relaciones laborales al servicio de una economía basada en la formación y en la innovación, exactamente lo contrario de lo que ustedes están planteando. Su propuesta, su proyecto de ley no interesa ni tan siquiera a los empresarios que están compitiendo con formación, innovación, estabilidad y motivación de los trabajadores. Su propuesta, sin duda, va en ese sentido contrario. Ahora entiendo por qué no han hecho caso al último Consejo Europeo, que les exigía, les pedía que durante la crisis no redujeran los presupuestos para educación o investigación. Han hecho exactamente lo contrario, posiblemente porque para una economía en la que el principal objetivo de algunos dirigentes políticos sea conseguir la instalación de Eurovegas su contrarreforma laboral es lo mejor que les va; es, sin duda, la mejor reforma para hacer de España un casino continuo de instalaciones como Eurovegas. Es curioso ver que sobre lo único que discuten el Partido Popular y Convergència i Unió en relación con eso es si Eurovegas debe ir a Madrid o a Cataluña. Pero les va bien no solo Eurovegas sino también la reforma laboral, que propicia que el señor de Eurovegas no tenga necesidad de pedir exención en la legislación laboral...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que finalizar.

El señor COSCUBIELA CONESA: ... porque ustedes ya se la han hecho.

Creo que durante este periodo de tiempo he podido explicar claramente que nuestra enmienda no solo es una enmienda de oposición sino que es una enmienda con texto alternativo, porque eso también nos va a dar autoridad para discutir con ustedes, si así lo desean, las enmiendas parciales.

Termino recordando una cosa. Señora ministra, señores del Gobierno, en democracia las únicas soluciones no existen, porque quienes desde la política defienden las únicas soluciones están empezando a enterrar la democracia. Lo que la economía española y el empleo necesitan no es una contrarreforma laboral que precarice más el empleo, lo que necesitamos de una vez por todas es una reforma financiera en profundidad que ofrezca crédito a las empresas y una reforma fiscal integral que garantice ingresos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, lo siento pero ha terminado su tiempo. Lo siento.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, ha terminado.

El señor COSCUBIELA CONESA: Desgraciadamente, lo que necesita...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Coscubiela, ha terminado. Lo siento.

El señor COSCUBIELA CONESA: Diez segundos, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Cinco segundos, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Cómo le gusta pactar a la presidenta, le pido diez y me ofrece cinco.


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Les quería decir que la reforma que este país necesita es la reforma fiscal y la reforma financiera, esa que ustedes no tienen ninguna prisa en hacer.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidenta, señorías, en primer lugar quiero comenzar esta intervención agradeciendo la amabilidad y la flexibilidad del presidente del Congreso en mi turno de intervención.

Subo a la tribuna para defender el texto alternativo al Real decreto-ley de reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Nuestro texto alternativo está inspirado en tres elementos fundamentales. El primero, como no puede ser de otra forma, en nuestro programa electoral y en las propuestas que incluíamos en él para el mercado laboral. En segundo lugar, el acuerdo de 25 de enero alcanzado entre empresarios y sindicatos; un acuerdo histórico de moderación salarial y de flexibilización interna en las empresas que se constituye como el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado el 25 de enero. Y en tercer lugar, desde la convicción profunda que tiene mi grupo, el Grupo Socialista, de que para generar empleo en nuestro país esto no puede hacerse a costa de la destrucción de los derechos de los trabajadores que hoy lo tienen.

Sin duda alguna, señorías, la creación de empleo es la necesidad más urgente de nuestro país y es la base de la recuperación económica. La crisis económica y financiera de origen internacional, que se ha traducido en una intensa destrucción de empleo, se ha agudizado en España por el estallido de la burbuja inmobiliaria. De los 2.700.000 empleos que hemos perdido, dos terceras partes de estos empleos están en el sector de la construcción y en los servicios vinculados a ella. Señalo esto -lo señala nuestra exposición de motivos del texto alternativo- porque en el texto que enmendamos no aparece ni una sola vez este dato, con lo cual se intenta enmascarar una vez más la realidad para imputar única y exclusivamente a la legislación laboral vigente hasta la aprobación del decreto-ley la pérdida y la destrucción de empleo en nuestro país. Y les digo a los miembros del Gobierno que no es verdad. La pérdida de empleo en nuestro país no tiene su causa y su origen en la legislación laboral.

Señorías, con la legislación laboral anterior creamos empleo en este país en épocas expansivas, lo creó el Gobierno del Partido Popular y también del Partido Socialista. Con la misma legislación laboral la destrucción de empleo tuvo impacto diferente en distintas partes del territorio nacional. Por lo tanto, esta no es la causa, como dice el texto que enmendamos, no lo es la protección de los trabajadores, no lo es que el despido sea muy caro, no lo es el importante papel que tiene la negociación dentro de las empresas. Por eso, ni el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, ni el debilitamiento de la negociación colectiva, ni el abaratamiento del despido pueden crear empleo en España. Por eso, su reforma, señora ministra, no va a crear empleo -lo dicen ustedes mismos-, porque para crear empleo lo que hay que hacer no es facilitar el desempleo, sino generar empleo de calidad, generarlo en sectores estratégicos. Lo que tenemos que hacer es también cambiar nuestro modelo económico, nuestro modelo de crecimiento. Si ese patrón de crecimiento no lo basamos excesivamente en sectores con escasa especialización, de bajo valor añadido y de bajo contenido tecnológico y mano de obra poco cualificada podremos realmente cambiar la situación de nuestro país, donde la caída del empleo es excesivamente dependiente del ciclo económico. Necesitamos más de un 2% de crecimiento del PIB para crear empleo en este país. Lo que necesitamos, por lo tanto, es conseguir que la economía española sea capaz de generar más empleo con menor tasa de crecimiento.

Por lo tanto, su reforma se basa en un criterio erróneo: cambiando la legislación crearemos más empleo en este país. Pero ustedes, a la vez, nos dicen que no va a ser así, porque este año se crearán más de 630.000 desempleos. Señora ministra, eso supone un incremento de un -3,7% en la tasa de desempleo de este país, un 1,7 más que el empleo que se destruyó en 2011. En los tres meses de este año ya se han destruido 328.000 empleos y le tengo que decir que además hay un dato muy preocupante, el dato de la afiliación a la Seguridad Social, 45.000 afiliaciones menos, muchas de ellas en el sector de la Administración pública, muchas de ellas en el sector de la educación y de la sanidad.

Señorías, nuestro texto alternativo tiene dos objetivos claros: restaurar los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, y proponer alternativas para crear empleo. Para crear empleo no proponemos la creación de ningún contrato nuevo, hay suficientes modalidades contractuales en nuestro mercado de trabajo. Los empresarios no hacen más contratos porque tengan pocas modalidades contractuales, hacen pocos contratos porque no tienen crédito. Como no tienen crédito, creamos por primera vez en la legislación laboral una figura en la que unimos la creación de empleo, la creación de un contrato indefinido, a la posibilidad de acceder a un crédito. Por ello creamos un fondo para la creación de empleo de las pequeñas empresas y de los emprendedores. Por cada contrato indefinido que se cree en una empresa con menos de 10 trabajadores o menos de 50 trabajadores cuyo titular sea un autónomo este empresario va a poder acceder a un crédito de hasta 30.000 euros, este crédito de hasta 30.000 euros se va a conceder al Euríbor +0,5 y además le vamos a bonificar en 2 puntos este crédito durante toda la vida del mismo. El acceso al crédito va a ir unido también con el acceso y las mejoras de las bonificaciones: bonificaciones por jóvenes, bonificaciones por desempleados


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mayores de cuarenta y cinco años, bonificaciones por mujeres subrepresentadas en los sectores donde se contrata y bonificaciones por contratar a un desempleado discapacitado. Creamos este fondo, que será el que facilitará el acceso al crédito, como un fondo que estará adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá personalidad jurídica propia, estará dotado inicialmente con 1.000 millones de euros; presentaremos una enmienda en los presupuestos para que de los 1.500 millones de ayudas activas de empleo que ustedes suprimen se dediquen 1.000 millones a este fondo. Este fondo trabajará también captando fondos en el mercado financiero y desde luego actuará y concertará con todas las iniciativas comunitarias que están a nuestra disposición, fundamentalmente con el BEI, que cuenta con 75.000 millones de euros no solo para infraestructuras productivas sino también para pymes, permitiendo multiplicar por 6 el crédito por cada 1.000 millones con los que apalanquemos la posibilidad de dar los créditos. Quiero señalar aquí, señorías, que en el fomento de empleo se dedica una especial atención al colectivo de trabajadores y trabajadoras que sufren duramente el desempleo: los jóvenes. Los jóvenes, señorías, en este contrato de fomento del empleo van a poder también acceder directamente a un crédito de 30.000 euros si estando desempleados forman una empresa o, junto con otros jóvenes, forman una cooperativa para la creación de empleos en sectores estratégicos de la economía española. Además, independientemente de cual sea el tamaño de la empresa, tenga los trabajadores que tenga, podrá acceder a este fondo si contrata a un joven para contrato formativo, si estando en un proceso de internalización de la empresa contrata a jóvenes desempleados para que tengan su primera experiencia laboral. Por lo tanto, es una iniciativa firme que conjuga por primera vez la creación de empleo con las bonificaciones mejoradas existentes en la legislación y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Segundo objetivo del texto alternativo que presentamos: recuperación de los derechos laborales individuales y colectivos. Su reforma, señora ministra, rompe el equilibrio de las relaciones tanto laborales como colectivas de los trabajadores, dan prioridad absoluta al convenio de empresa sobre el sectorial, eliminan la ultraactividad de los convenios y, en caso de conflicto, incorporan un laudo arbitral obligatorio. Señora ministra, su reforma ralla la inconstitucionalidad, especialmente en lo que atañe a la libertad sindical porque la negociación colectiva acaba por diluirse en manos del empresario. Estoy citando textualmente al señor Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su reforma laboral afecta a las bases sobre las que se ha construido el derecho del trabajo y desconoce que los sindicatos están reconocidos en la Constitución como parte importante del sistema y que tienen derechos también reconocidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical que vulnera, viola y desconoce su reforma. Nuestra alternativa recupera los pilares legislativos aprobados por el Gobierno socialista en el Decreto-ley 7/2011, sobre negociación colectiva. Esta norma incorporó flexibilidad interna negociada, resolvió la concurrencia de los convenios e introdujo mecanismos de solución de conflictos a través de arbitrajes acordados entre empresarios y sindicatos. Una forma equilibrada de resolver las discrepancias en los procesos de modificación de condiciones de trabajo colectivas y también en los denominados descuelgues de los convenios colectivos. Fruto de esta norma se alumbró el acuerdo histórico al que me referí al principio entre sindicatos y empresarios el 25 de enero. Y frente al ventajismo laboral que genera la competencia desleal y el dumping social de esta reforma del Gobierno del Partido Popular, el acuerdo entre sindicatos y empresarios asumía una moderación salarial hasta el 2014 que, en términos, reales mejora la competitividad de nuestra economía porque supone una rebaja del coste laboral unitario. Quiero recordarles, señorías, que aquí los empresarios y los sindicatos también son responsables. Por lo tanto, la moderación de rentas en nuestro país es importante. Pero, señores del Gobierno, hay dos formas de hacerlo, un pacto de moderación de rentas que incluya todas, las salariales, los beneficios empresariales, los precios; y hay otra forma muy mala de hacerlo, que es lo que hacen con su reforma: solamente moderamos los salarios, lo hacemos sin acuerdo y única y exclusivamente por voluntad unilateral del empresario. Esto desaparece claramente con el texto alternativo que presentamos. También en este ámbito, nuestro texto alternativo recupera la ultraactividad de los convenios colectivos. Señora ministra, no solamente los trabajadores y los sindicatos están preocupados por esto, también los empresarios, porque en nuestro país los empresarios prefieren un acuerdo negociado a una ruptura sin convenio. Por lo tanto, es necesario recuperar la ultraactividad de los convenios. Finalmente, señorías, nuestro texto alternativo incorpora las reglas que la autonomía de las partes, sindicatos y empresarios, han fijado para establecer la concurrencia de los convenios.

Despido, la estrella de la reforma laboral que nos presenta el Gobierno y que enmendamos. Señora ministra, no es el momento ni de favorecer ni de abaratar el despido. Ustedes favorecen el despido haciendo una modificación de las causas objetivas del mismo, haciendo una abstracción enorme de la causa económica y fijando únicamente los tres trimestres de pérdidas de ingresos o de ventas, que no de pérdidas, de beneficios de la empresa. Ustedes, además, hacen que la autoridad laboral quede relegada a un papel residual en su intervención porque solo puede intervenir en caso de dolo o fraude. Dejan a los representantes legales de los trabajadores en un papel de mero derecho de consulta, con lo cual evitan que los expedientes puedan acabar por acuerdo. Limitan el papel de la autoridad jurisdiccional cuando dicen que solamente pueden apreciar la concurrencia de la causa, sin tener que valorar ningún elemento de proporcionalidad de la medida que provoca el despido.


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Pues bien, señorías, nuestro texto alternativo clarifica y reordena las causas del despido colectivo; establece de forma clara su razonabilidad y proporcionalidad y desde luego recupera el papel de la autorización administrativa y da el nuevo que han que tener los ámbitos jurisdiccionales para valorar la concurrencia, la existencia de la causa, su razonabilidad y la proporcionalidad de esta medida, estableciendo también y pudiendo valorar que se han abordados todos los instrumentos que establecen los convenios y los pactos de empresa antes de llegar a la extinción del contrato.

En relación con el abaratamiento del despido su texto, tal y como dice la exposición de motivos de su reforma tiene como objetivo esencial, y leo literalmente, reconducir la mayor parte de los despidos hacia despidos colectivos y procedentes, es decir veinte días de indemnización. En nuestra propuesta recuperamos la cuantía de las indemnizaciones, suprimimos el despido exprés -este del año 2000 del señor Aznar- y recuperamos los salarios de tramitación, que desaparecen en su texto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que ir terminando.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, presidenta, voy acabando.

Finalmente, señorías, y hablando de despido, suprimimos la disposición adicional segunda porque desde luego no podemos estar de acuerdo. Es necesario reformarlo para que en el ámbito de las administraciones públicas desaparezcan los despidos colectivos, esos ERE, expedientes de regulación de empleo que ustedes regulan precisamente para que solo puedan acabar con la extinción de los funcionarios, empleados públicos de este país. En el ámbito de la conciliación familiar y de las mujeres, recuperamos todas las modificaciones que ustedes han realizado en su reforma que hacen imposible que el contrato parcial sea para conciliar, que la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de ocho años sea una reducción para conciliar; recuperamos el permiso de lactancia y la excedencia por cuidado de hijo, así como establecemos cláusulas de salvaguardia para que no se pueda producir ninguna discriminación por razón de sexo en las medidas acordadas por la empresa.

Señorías, este es un texto más que hoy se presenta. Esperemos que sirva para recuperar un diálogo político entre los grupos con representación en esta Cámara, necesario para modificar un texto claramente inconstitucional -ustedes lo saben-, claramente ineficaz desde el punto de vista económico y que rompe radicalmente con el modelo laboral de España.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, definitivamente tiene que acabar.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Termino.

Señora ministra, el modelo laboral de España no es el del Partido Socialista; es el modelo de la España constitucional, el que hemos ido creando todos y ni tan siquiera 186 diputados -que ayer parecía que al presidente del Gobierno no le dejaban ver el clamor de la sociedad contra esta reforma laboral a la que no dedicó ni un segundo- pueden cambiar.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señores del Gobierno, señora ministra, compartimos con el Gobierno de España la necesidad de acometer urgentemente la reforma laboral pero rechazamos el argumento del Gobierno -el mismo que utilizaba, por cierto, el Gobierno anterior- de que las cosas solo pueden hacerse de una manera. Gobernar es decidir, y decidir significa que hay alternativas. (Rumores). Pero no estamos en este trámite para criticar la ley presentada por el Gobierno sino para explicar nuestra propuesta. La mayor crítica es que hay una enmienda a la totalidad, y la crítica a lo que era la propuesta del Gobierno la hicimos cuando se tramitó el real decreto. Estamos, como diría aquel, para explicar o hablar de nuestro libro. (Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Díez. Por favor, ruego silencio. Si tienen ustedes que abandonar la sala de Pleno háganlo en silencio, por favor, para que podamos escuchar a la señora oradora. Adelante, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Como le digo fundamentalmente al Gobierno pero también al resto de sus señorías, estamos en este trámite para explicar nuestra enmienda a la totalidad, que es, como ha explicado el presidente antes de que se iniciara el proceso, un texto articulado completo, un texto de muchos folios -130 folios-, en el que se incorpora...(Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento.

Señora Moneo, por favor. Ruego que guarden silencio. Su compañera, que tiene que intervenir, es incapaz de escuchar. Gracias.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta, otra vez.

Decía que es un texto articulado, un texto completo que incorpora más de sesenta enmiendas al el texto que el Gobierno presentó; es una reforma en su conjunto que parte de la base de que la reforma es imprescindible y urgente, que aprovecha del texto del Gobierno lo que a nuestro juicio es positivo, porque también encontramos que hay temas positivos en la reforma que el Gobierno


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ha presentado, y es un texto para el que pedimos la atención del Gobierno y del conjunto de sus señorías, la atención no a mi explicación de ahora sino la atención debida al trabajo que completa este texto articulado. Estamos en ese trámite exactamente. Unión Progreso y Democracia ha elaborado, como les decía, esta enmienda a la totalidad desde el convencimiento de que este proyecto de ley presentado por el Gobierno es manifiestamente mejorable. Nuestra propuesta parte de la constatación de que el segmento en el que el mercado laboral entre trabajadores que tienen contrato temporal y aquellos que lo tienen indefinido ha provocado que el sistema no funcione bien. El diseño inadecuado está en la raíz del problema, y eso explica que en España se haya destruido un número significativamente más elevado de empleos que en países de nuestro entorno que han sufrido una crisis económica de características similares. Les daré algunos datos que avalan este diagnóstico. El ajuste en términos de desempleo ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales -eso no lo puede dudar nadie-, por eso mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25% más elevada que la media de la Unión Europea, y ello se debe en parte a la utilización fraudulenta por parte de las empresas de las modalidades de contrato temporal. La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos sectores colectivos, especialmente en los jóvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%. En este colectivo el drama es doble pues convive una generación de jóvenes bien formados que han de buscar alternativas fuera de España con una generación de jóvenes entre dieciocho y treinta años con nivel de formación inferior a la generación anterior, consecuencia del abandono escolar, y sobre los que ha recaído hasta ahora el principal ajuste de empleo.

El desempleo de larga duración en España -este es otro dato- es también más elevado que el de otros países, 5 puntos por encima de los países OCDE. A pesar de que a menudo se tilda a la legislación laboral española de rígida, es probablemente una de las más flexibles de Europa en lo referente a la extinción del contrato de trabajo. Tiene razón la ministra cuando afirmaba a la hora de presentar su reforma que hasta ahora los ajustes solo se hacían en España por la vía de los despidos, y ello se ha visto reflejado en los niveles de destrucción de empleo sin parangón en ningún otro país de nuestro entorno, pero no acierta el Gobierno cuando propone un remedio que puede ser peor que la enfermedad. Me explicaré. Conviene no engañar a nadie. El objetivo de una reforma laboral no es crear empleo, sino establecer unas bases jurídicas de las instituciones laborales que permitan acabar con la precariedad laboral, reducir la dualidad y mantener la protección del trabajador sin desequilibrar la posición entre trabajadores y empresarios pero favoreciendo e incentivando aquellas medidas que mejoren la productividad del país a medio plazo y, por tanto, la renta de los trabajadores. El equilibrio es eso, que le venga bien a los empresarios y que le venga bien a los trabajadores, porque eso será bueno para el país, bueno para los trabajadores, bueno para las empresas. (Rumores).

Estos son los objetivos que guían nuestra propuesta alternativa. Les pedimos que los estudien, señora ministra, como dije al principio; que los estudien como la tarea de la oposición, que es ayudar al Gobierno a hacer mejor las cosas. Esto es lo que nos corresponde. Lo que le corresponde en cualquier sociedad democrática a una oposición constructiva, a una oposición leal, es hacer su tarea de control y de proposición. Esta iniciativa que hoy les planteamos está basada en este convencimiento profundamente democrático. Yo escuché con atención a la ministra cuando presentó el decreto. He leído todo lo que ella ha explicado sobre la cuestión. Tengo profundas discrepancias, pero desde Unión Progreso y Democracia nos hemos empeñado en comprender algunas de las cosas, algunas de las propuestas. Hemos comprendido y aceptado algunas que son reformas. Por eso, en este texto alternativo no las hemos tocado. Es una enmienda a la totalidad porque esto es lo que procede, este es el trámite, y tenemos que hacer un texto articulado completo, pero aquello que nos ha parecido bueno lo hemos aceptado. ¿Por qué? Porque nos parece que esa es la dialéctica de la democracia. (Continúan los rumores).

Les pido a ustedes, por favor, señores del Gobierno, que consideren nuestra propuesta, como la del conjunto de la Cámara, pero que la consideren sin prejuicios, de la misma manera que nosotros hemos considerado la suya. La propuesta de reforma laboral que hoy les proponemos está centrada en la contratación y no en el despido. El objetivo es la flexiseguridad, que tan buenos resultados está dando en países de nuestro entorno. El Gobierno, en su exposición de motivos, también menciona este objetivo, el de la flexiseguridad, pero no ofrece ninguna medida de seguridad, por eso la esencia de su reforma es una desequilibrada flexibilidad. Nosotros reformamos en nuestra propuesta aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional, garantizando la contratación indefinida y otras formas de trabajo, incentivando la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo, pero manteniendo el equilibrio necesario entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios y, finalmente, favoreciendo la eficiencia y la reducción de la dualidad laboral. En el capítulo I de nuestro texto se agrupan diversas medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores, siguiendo el modelo que opera con éxito en la mayoría de los países de la Unión Europea. Se prevé en nuestro texto la necesidad de potenciar el Servicio Público de Empleo garantizando un marco común en toda España, pero también la reforma de las empresas de trabajo temporal. Nuestra propuesta apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales. Por otra parte, hemos establecido una importante novedad, que los antiguos contratos formativos, tanto el de prácticas


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como el de formación y aprendizaje, sean un periodo dentro del contrato único indefinido, lo cual redundará en una adecuada inserción del joven y en la mejora de la productividad de la empresa. En el capítulo II se incluyen diversas medidas dirigidas a fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo, tratando de favorecer especialmente a quienes más están sufriendo la crisis. El trabajo a tiempo parcial constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo, pues en esta modalidad contractual estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, como todos ustedes saben. Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, cuya práctica generalizada en España ha limitado gravemente la eficiencia. En este capítulo también se regula el contrato indefinido único. (Continúan los rumores).

La idea central de esta regulación es acabar con uno de los principales males del mercado laboral español, la dualidad -como dije al principio- entre trabajadores temporales, sobre todo jóvenes, y trabajadores fijos. Esta dualidad no se da en grado tan extremo en ningún otro país de nuestro entorno con sistemas productivos semejantes al español, lo que quiere decir que la regulación laboral es decisiva para este desfase. Por ello, el contrato único indefinido por el que apostamos es un buen instrumento para atacar este problema; un contrato que podrá ser a jornada completa o a jornada parcial, con periodos de formación o sin ellos, pero con un marco común de estabilidad. Esta es la clave, un marco común de estabilidad. Déjenme que me detenga en esta cuestión, no solo porque consideramos crucial este cambio de modelo para el éxito de la reforma, sino porque ha sido -a nuestro juicio- despachado con una absoluta falta de rigor por parte de responsables del Gobierno. No se me ocurre ninguna explicación lógica de cómo han pasado ustedes de la afirmación del señor Rajoy, cuando no era todavía presidente, que lo consideró en julio de 2011 como el eje de su futura reforma laboral, a la tacha de inconstitucionalidad -nada menos- formulada por la ministra de Trabajo. Admito que se puede cambiar de opinión al respecto, pero, señora ministra, ¿inconstitucional? ¿Qué precepto del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución resulta vulnerado por la propuesta de contrato único? Ninguno. Cíteme uno. Podrá considerarse conveniente o no para empresas o trabajadores, para crear empleo, para proteger a los trabajadores, para hacer más competitivas a las empresas; conveniente o no, pero ¿inconstitucional? He escuchado a la ministra decir como única explicación que en España el despido es causal. ¿Y? Porque el contrato único no es incompatible con la causalidad del despido. De hecho la formulación que les proponemos no excluye el despido disciplinario procedente de motivos legalmente tasados, no se descarta la nulidad de determinados despidos discriminatorios o vulneradores de derechos fundamentales y se contempla una escala económica distinta para los despidos procedentes y para los improcedentes. Nuestra propuesta, como detallaré más tarde, no cuestiona la causalidad del despido sino la causalidad del propio contrato. Lo que proponemos es que desaparezcan modalidades supuestamente sustentadas en causas de temporalidad, que en realidad son un coladero y un auténtico fraude de ley. Lo que proponemos es que la relación laboral sea indefinida desde el inicio, aunque la indemnización no sea fija sino creciente en función de la antigüedad. (Continúan los rumores). Lo que proponemos es que se resuelvan, de una vez por todas, la dualidad y el fraude de ley, que los trabajadores estén más protegidos y más incentivados y que los empresarios comprueben que la inversión en formación incorpora competitividad y valor añadido a la empresa. En definitiva, lo que proponemos es una reforma que combata la precariedad y clarifique el modelo de relaciones laborales, dotándolo de seguridad jurídica para empresarios y trabajadores; una reforma que no insista en el modelo diseñado por las seis anteriores, que se han mostrado un fracaso.

Abordamos en el capítulo II otro gran asunto, la flexibilidad interna de la empresa y la negociación colectiva. Dijimos en el trámite del real decreto que el Gobierno se había pasado de frenada en esta materia, se le había ido la mano al pasar de un modelo demasiado sesgado hacia los sindicatos a otro demasiado sesgado hacia el empresario. Por eso incorporamos propuestas concretas para moderar y equilibrar la propuesta del Gobierno, cláusulas que garantizan que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo la cuantía del salario, solo se podrá acordar por el empresario previa justificación de que se han adoptado previamente otras medidas organizativas o productivas. Es decir, el despido es lo último, y el empresario tendrá que garantizar que antes de tomar esa decisión ha adoptado otras medidas productivas u organizativas. Para evitar arbitrariedades personales introducimos la cautela de que cuando la decisión empresarial se adopte sin acuerdo con los trabajadores la reducción del salario sin modificación proporcional de la jornada deberá de aplicarse a toda la estructura empresarial; o sea, si se adopta esa medida se les aplica a todos y evitamos de esa manera algunas cuestiones arbitrarias y de carácter personal. En el mismo orden cuando la decisión empresarial tenga naturaleza colectiva y se adopte sin acuerdo con los trabajadores la reducción del salario conllevará la anulación de los bonos o gratificaciones de similar naturaleza a los directivos de la empresa. Señora ministra, échenle una mirada a esta enmienda porque si todos los trabajadores tienen que sacrificarse, si se justifica un despido colectivo no pactado en función del interés de la empresa y de las condiciones económicas extraordinarias, si es la última decisión, que le afecte a todo el mundo, no solo a los trabajadores sino también a los directivos que no han sabido o no han podido evitar que la situación llegue a ese extremo y por tanto que desaparezcan los bonus o cualquier otro tipo de gratificación similar.


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En el capítulo IV se incluye un conjunto de medidas para favorecer la eficiencia en el mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral, aquí es donde se incluye el contrato único indefinido. En materia de negociación colectiva, si bien se da prioridad al convenio de empresa -quiero referirme a ello- en ciertas materias, establecemos en nuestra propuesta alternativa que el convenio sectorial estatal primará sobre todos los demás. No nos hemos olvidado de precisar las condiciones de disfrute de determinados supuestos de permiso de los trabajadores, tampoco nos hemos olvidado de regular la materia del fraude, pero otra de las propuestas novedosas que incluimos en la reforma que defendemos desde Unión Progreso y Democracia... (Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Díez. Por favor, guarden silencio. Es imposible escuchar a la oradora. Por favor. Adelante, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No sabe, presidenta, cómo se lo agradezco porque cada vez estaba hablando más alto y me empezaba a doler un poco la garganta. La agradezco muchísimo su deferencia.

Decía que otra de las propuestas novedosas de la reforma que defendemos desde Unión Progreso y Democracia es la adopción de la renta activa de inserción como una parte más del sistema de protección social por desempleo. Recuperamos en el texto una vieja reivindicación de nuestro partido, que la mayor flexibilidad vaya unida a una mayor seguridad. Por eso proponemos mejorar la protección de los parados que agotan las prestaciones, ampliando la renta activa a los menores de cuarenta y cinco años y armonizando las rentas mínimas de inserción.

Otra cuestión para finalizar. Llamo su atención sobre el hecho de que hemos aprovechado esta reforma para resolver también una vieja reivindicación de Unión Progreso y Democracia y lo que yo creo que es un problema: incluir en el régimen general de la Seguridad Social a los parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, así como de los parlamentos autonómicos y del Parlamento Europeo, para superar una situación anacrónica que ha llevado, por una parte, a que su protección social se haga vía convenios especiales entre las distintas Cámaras y la Seguridad Social; normativas internas que establecen privilegios ya que otorgan beneficios que complementan a sus futuras pensiones, a nuestras futuras pensiones y prestaciones. Esta modificación que les proponemos no se asimila a los trabajadores por cuenta ajena como antes se hizo con los miembros de las corporaciones locales -hay precedente- y con los altos cargos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene que finalizar, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Todos estaremos directamente incluidos en la Seguridad Social y todos gozaremos y deberemos de participar de la protección por desempleo.

Señorías, señora presidenta, señores del Gobierno, termino. Esta es una propuesta de reforma laboral completa; una propuesta que configura una ley equilibrada de aplicación inmediata al marco de las relaciones laborales en condiciones de seguridad jurídica. Es una propuesta, como les decía, centrada en la contratación y no en el despido; define los instrumentos para acabar con la precariedad laboral, para reducir la dualidad y mantener la protección del trabajador sin desequilibrar la posición entre trabajadores y empresarios, pero favoreciendo e incentivando aquellas medidas que mejoren la productividad del país a medio plazo y que, por tanto, mejoren la renta de los trabajadores. Estos son los objetivos que guían nuestra propuesta alternativa, por ello pedimos al Gobierno quesea tomada en consideración.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Pasamos a los turnos de fijación de posición. Primero, Grupo Parlamentario Mixto, interviniendo en primer lugar la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Señorías, señora ministra, ya votamos en contra de la reforma laboral cuando nos la presentaron en forma de real decreto y volveremos a hacerlo hoy, apoyando lógicamente las enmiendas de devolución que se han presentado desde diferentes grupos de esta Cámara. Nada ha cambiado en nuestra posición porque nada ha cambiado no ya en el texto, que hoy vuelve a este salón de plenos -no toca ahora ciertamente-, sino porque lo que no ha variado en absoluto es la actitud de su Gobierno, la actitud política, entiéndaseme, ante la crisis. Es una actitud que se asoma sin complejos desde las cero horas del 26 de marzo y que en poco más de estas dos semanas ha mostrado la profundidad de los cambios que en la arquitectura del Estado del bienestar está dispuesto a aceptar el Gobierno del Partido Popular. Ministra, desde aquel 8 de marzo, en el que tuvimos ocasión de debatir en torno al texto que nos proponen, ahora tenemos sobre la mesa, además, junto con esta reforma laboral -y todo construye finalmente un todo- un texto de estabilidad presupuestaria que vamos a debatir en próximos minutos que sacraliza el déficit cero hasta el punto de hacerlo incompatible con la inversión para la creación de empleo. Tenemos un proyecto de presupuestos que ha borrado de un plumazo 1.500 millones de euros para el impulso de las políticas activas de empleo. Tenemos una nota de prensa -no sé si esto es muy edificante a la hora de entender la acción del Gobierno, pero es lo que tenemos- en la que nos comunican que van a recortar 10.000 millones de euros en


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capítulos bien básicos, como son el de la educación y el de la sanidad. Dígame cuál es el motivo por el que debiéramos creer en la bondad -en la bondad en términos sociales por supuesto- de beneficio social, de beneficio que para la creación de empleo tiene la reforma que hoy volvemos a votar. Los datos más recientes nos dicen que no es así; los datos más recientes nos dicen que desde la aplicación de este compendio normativo, desde el pasado mes de marzo, la ausencia, por ejemplo, de requisitos de autorización administrativa para la resolución de los ERE ha llevado a una multiplicación de los casos en todo el territorio. Por el contrario, y si nos vamos a la legislación anterior, a la legislación laboral, lo que nos deja es una reflexión diametralmente opuesta; opuesta en el sentido de que no es la legislación laboral la razón central, la causa del desmantelamiento dramático de nuestra red de empleo; todo lo contrario. La diferencia abismal que existe en los índices de desempleo que se dan de manera territorial explica que no es la legislación laboral la misma en todas las comunidades del Estado español; no es, como digo, esta legislación la causa de la pérdida de empleo. Son índices que van desde el 15% hasta más del 30% según las comunidades autónomas con la misma legislación laboral. La razón está en el modelo productivo, y eso es precisamente, señora ministra, señora Báñez, lo que no se han atrevido a atacar.

Termino, señora presidenta. Señora Báñez, con este texto, que hoy vuelve a salvar y va a volver a salvar la mayoría absoluta del Partido Popular, van ustedes a abaratar el despido, a precarizar el empleo, a instaurar la flexiinseguridad laboral y a ahondar en un modelo productivo, y no otra cosa. Es por eso que votaremos sí a estas enmiendas de totalidad y, por lo tanto, volveremos a dar un no a la reforma laboral.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Por el mismo grupo, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, en debates anteriores hemos dicho, y ahora reiteramos, que llevar a cabo una profunda reforma del mercado laboral era algo necesario que todos los expertos de dentro y fuera de España llevan recomendando desde hace muchos, muchos años. Como hemos dicho desde esta tribuna, no habiendo hecho los deberes en el pasado, creemos que esta reforma llega tarde, muy tarde. También hemos dicho, y ahora reiteramos, que con el horizonte de 6 millones de personas sin trabajo y de uno de cada dos jóvenes sin poder encontrarlo la opción de no hacer nada o de dejar que las cosas se queden como están no es desde luego ni una alternativa realista ni, yo añadiría, solidaria.

Durante los últimos treinta o cuarenta años hemos construido con el esfuerzo de todos un Estado del bienestar realmente envidiable sobre la base de un edificio de políticas públicas, de prestaciones sociales que hoy no podemos pagar. Todos sabemos, señorías, que con el actual ritmo de gasto público y con el nivel de ingresos no seremos capaces de sostener en el tiempo el grueso de las políticas sociales de este país. Por desgracia, pero también por méritos propios, hoy demasiados ojos vigilan nuestras decisiones en esta Cámara como para permitirnos trasladar el mensaje de que aceptando las enmiendas a la totalidad presentadas vamos a dejar las cosas como están una vez más. Tanto el Gobierno como la oposición, que hasta hace dos días ha tenido responsabilidades de Gobierno, saben las presiones de todo tipo a las que nos estamos enfrentando. Son conscientes o deberían serlo del momento histórico que estamos viviendo; son plenamente conocedores de que las amenazas que hoy se ciernen sobre España no son ningún farol y de que todos estamos jugando con fuego; ambos saben que ni el populismo, ni el oportunismo, ni mucho menos la demagogia van a crear un solo puesto de trabajo en España. Es más, merece la pena recordar que el Gobierno anterior en los últimos años llevó a cabo un ejercicio notable de pragmatismo, como vulgarmente se dice, se comió muchos sapos en la legislatura pasada; a veces lo hizo solo y otras veces acompañado, no sin coste político, por Unión del Pueblo Navarro.

Yo quisiera pensar que de aquella experiencia todos hemos aprendido algo y que lejos de querer perpetuar un endémico cainismo partidista podemos aprovechar la tramitación parlamentaria de esta norma para llegar al gran acuerdo político que exige esta reforma. Uno tiende a pensar que cuando a un país de la talla de España le amenazan graves peligros lo natural, como alguien ha escrito estos días, sería cerrar filas entre todos. Me niego a aceptar que nuestro destino como país o como sociedad deba ser la desunión o la repetición de los mismos errores una y otra vez. Desde UPN, señorías, vamos a plantear nuestras enmiendas, unas para mejorar el texto y otras para corregirlo en aquello que creamos que se puede mejorar, y vamos a confiar en que en el proceso de tramitación se produzcan los encuentros políticos que esta reforma requiere. Los encuentros políticos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Salvador, tiene que finalizar.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino, señoría.

Ese sería el mejor mensaje que hoy podríamos trasladar a todos los españoles que esperan de nosotros soluciones realistas, justas y que sienten las bases de una economía y una sociedad más dinámica, menos dependiente y más solidaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, quiero comenzar con una anécdota que resume a la perfección lo que siente mucha gente con esta reforma laboral. En mi pueblo el otro día una familia de cuatro miembros, los cuatro en el paro, que les había votado a ustedes dio como explicación que les habían votado porque esperaban que les llegara algún jornal. Cuatro meses después de haberles votado esta familia está arrepentida de haberles votado; cuatro meses después entiende que ustedes y ellos no están en la misma orilla. Y cómo van a estar en la misma orilla, cómo van a tener confianza en ustedes con declaraciones como las siguientes. La del ministro de Hacienda el 13 de febrero: La reforma laboral no creará empleo por sí misma; el 15 de febrero el presidente de la patronal, señor Rosell: Se creará empleo cuando en la economía soplen vientos favorables -una obviedad-; el 3 de febrero el ministro de Economía, señor De Guindos: La reforma no tendrá efectos positivos en la economía a corto plazo; o el 8 de febrero el mismo presidente del Gobierno, señor Rajoy: Durante 2012 empeorarán las cifras del paro. ¿Saben qué? Por una vez y sin que sirva de precedente les doy toda la razón: esta reforma no está creando empleo, al contrario, lo destruye. Se creará empleo cuando la economía vaya bien -eso ya lo sabíamos todos-, no tendrá efectos beneficiosos sobre la economía y encima ustedes admiten que crecerá el desempleo: 630.000 y 38.700 este primer mes de su reforma laboral.

Entonces, ¿para qué han hecho esta reforma laboral? O, mejor, ¿para quién han hecho esta reforma laboral o la anterior, la amnistía fiscal? Es evidente que para la familia humilde de la que hablaba al principio, no; es evidente que para la gente corriente, no; es evidente que han hecho esta reforma para los suyos, para la patronal, para los poderosos, para las grandes empresas. Cada vez tengo más claro que los suyos, que ellos -los suyos-, utilizan sus recursos para asegurarse medidas como esta que les permiten hacerse aún más ricos, que obtienen mayores rendimientos invirtiendo aquí en lugar de hacerlo en tecnología, en investigación o en formación, que usan todos los resortes para que ustedes estén ahí sentados y legislen para ellos. Esta es su reforma y la aprobarán con esa mayoría absoluta que les ha dado una ley electoral injusta, pero sepan que Compromís-Equo, desde la humildad de nuestro único escaño, seguiremos luchando democráticamente para que leyes injustas como esta sean derogadas, para que ustedes no vuelvan a tener ocasión de aplicar medidas antisociales como esta, para que ustedes no vuelvan a tener injustas mayorías absolutas que les permite legislar reformar leoninas y brutales como esta.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, señores diputados, el proyecto de ley para la reforma laboral merece las enmiendas a la totalidad. En el poco tiempo transcurrido desde la aprobación y entrada en vigor se ha evidenciado que la reforma no cumple los objetivos que se propuso el Gobierno. No ha frenado la sangría de destrucción de empleo sino que el país se continúa desangrando con miles de hombres y mujeres en el paro. La reforma no frena sino que acelera la destrucción de empleo; no ha mejorado la flexibilidad interna de las empresas sino que ha creado más inseguridad jurídica, la norma solo facilita el despido; no ha modernizado la negociación colectiva sino que ha generado una confrontación abierta y mayor distanciamiento entre empresarios y trabajadores. Lo que buscaba el Gobierno con la reforma, enviando un mensaje hacia fuera y hacia dentro del país, ha fracasado. En realidad, no ha generado confianza ni dentro ni fuera. Sin consensos, sin acuerdos en la reforma, sin diálogos, aunque tenga la mayoría absoluta de esta Cámara para aprobar las leyes, será muy difícil que una reforma laboral tenga efectos positivos, y por ello será muy difícil salir de la crisis. Para hacer frente a la crisis es necesario un liderazgo; un liderazgo que corresponde al presidente del Gobierno pero que se debe construir sobre el diálogo. El Gobierno ha caminado hasta ahora solo. Debe reconocer que este Gobierno no dialoga, no dialoga con la oposición en este Congreso de los Diputados, no dialoga con los sindicatos y empresarios ni pone las bases e impulsa la negociación entre ambos. En fin, confunde la autoridad del liderazgo consensuado que pide a gritos este país con el mazazo de la mayoría absoluta. Los nacionalistas canarios le invitamos a que explore otros caminos, el Gobierno apoyado por el Grupo Popular, tiene una oportunidad en la tramitación de esta ley, se la brinda el trámite de enmiendas al articulado, para hacer posible un camino de reforma laboral consensuada. En ese trámite haremos nuestras propuestas, que pretenden aportar seguridad jurídica en el marco laboral a las empresas y trabajadores, favorecer el empleo, respetar el derecho a la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos y, desde luego, regular las relaciones laborales en el equilibrio de los derechos y obligaciones de los sujetos del contrato de trabajo.

Por último, en esta materia como en tantas otras, no hay nada más injusto que tratar de forma igual situaciones desiguales. Desgraciadamente, existen comunidades autónomas en las que el desempleo se ceba de forma singularmente grave en la población, especialmente en los jóvenes. Canarias es una de ellas, tenemos un desempleo muy por encima de la media que es en gran parte consecuencia de la incapacidad de los Gobiernos de España de afrontar los problemas de sobrepoblación laboral desplazada al Archipiélago y que ha planteado el Gobierno de Canarias en diversos foros. La consecuencia es que nuestro crecimiento económico ha resultado insuficiente para absorber la demanda de


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empleo y ahora la situación se ha agravado. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Termino, le pido al Gobierno que escuche, que dialogue y que asuma la gravedad de la situación y la absoluta necesidad de adoptar medidas laborales específicas para multiplicar la transformación en empleo de toda la actividad económica que se genera en las islas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señor presidente, señoras y señores, Amaiur no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, si bien nuestro rechazo es global a la misma por cuanto que entendemos supone la mayor agresión a los derechos laborales producida en los últimos cuarenta o cincuenta años. Ya lo hemos dicho desde aquí, entendemos que el objetivo principal de esta reforma es la desestructuración profunda de la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras en el seno de la empresa, así como el vaciamiento de la negociación sindical y de los derechos de los sindicatos por medio de la flexibilidad laboral. Con el aumento de la precariedad, del abaratamiento del despido, de la penalización de las bajas médicas, lo que se pretende es convertir a la clase trabajadora, a la mano de obra en mano de obra kleenex, mil usos, de usar y tirar, y a la par producir el aumento superlativo de poder en el empresario hasta convertirlo en un señor feudal con derecho pleno a cuerpos y vidas. Los empresarios se convierten en señores feudales -lo ha dicho- con derecho de pernada laboral; pernada laboral para los empresarios y despido y precariedad para los trabajadores y trabajadoras, amnistía fiscal para los delincuentes y patadón y desahucio para la gente de a pie. Los ricos cada vez más ricos y poderosos, y los pobres cada vez más pobres y desposeídos. Esta y no otra es la reforma del PP. El actual Gobierno del PP es una mera franquicia del capital y la banca internacional. Entendemos que es un mero correveidile de Angela Merkel y la derecha europea, y el PP, que presume como nadie de patriotismo español, se está convirtiendo desde nuestro punto de vista en el mayor renegado de los intereses de su propia ciudadanía.

Para Amaiur la huelga general del día 29 ha sido la mejor y la mayor enmienda a la totalidad a la reforma laboral de este Gobierno. Más de 10 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras, han participado en la misma, y más de 1 millón lo han hecho en las calles, juntándose allí con estudiantes, con inmigrantes, con trabajadores precarizados, con pequeños comerciantes, etcétera. Amaiur, en primer lugar, quiere solidarizarse con todas estas personas, que salieron a la calle en contra de esta reforma laboral y en positivo, a exigir que quienes carguen con el peso de la crisis sean quienes la crearon y que, como en Islandia, la banca, creadora en gran medida de esta crisis, sea juzgada y los banqueros sean detenidos, procesados y encarcelados como está ocurriendo allí, y la banca sea nacionalizada. Amaiur se solidariza con toda esta gente, así como con todas las personas que en esta huelga general han sido golpeadas, peloteadas, multadas, detenidas y procesadas, y denuncia que la violencia que ha existido en esta huelga general ha sido en esencia la de la policía, la de la patronal, que se ha aprovechado de las condiciones de precariedad en las que vive la gente para chantajear a la misma, y también la de las propias administraciones públicas, que han impuestos mínimos abusivos. También desde aquí queremos solidarizarnos con los familiares, compañeros y amistades de Dimitris Christoulas, asesinado por la reforma laboral en Grecia y símbolo de dignidad para todos nosotros y nosotras.

En Euskal Herria el cien por cien de nuestros sindicatos ha defendido esta huelga general, y no solo en negativo, criticando la reforma, sino en positivo, exigiendo un nuevo modelo económico y social, asentado en parámetros de justicia social y de solidaridad, de reparto de riqueza y de reparto de trabajo, así como de una reforma fiscal profunda. En Euskal Herria la reforma laboral está apoyada únicamente -lo repetimos- por un 22% de la ciudadanía, aquella que vota a UPN y al PP, y esta reforma se quiere imponer al 78% de la población, a quienes estamos en contra. De esta manera, al pucherazo político -derivado de la ilegalización de la izquierda abertzale, que es la que facilita que en la Comunidad Autónoma vasca exista un Gobierno del PSE apoyado por el PP, y en Navarra, de UPN y del PSN- se suma hoy un nuevo pucherazo, el pucherazo laboral con el que esta minoría nos impone al resto algo con lo que estamos completamente en contra. Por eso mismo seguimos reivindicando una vez más la exigencia de contar con un poder, con una soberanía económica y social, con un marco propio de relaciones laborales, de negociación colectiva y de protección social para hacer desde allí la política de la que somos partidarios.

Por todo esto, y si bien las enmiendas a la totalidad del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del BNG y de ERC merecen nuestro aplauso y contienen muchas partes que compartimos plenamente, nos vamos a abstener en relación con las mismas por tres razones, y termino. En primer lugar, por la valoración positiva que se hace en algunas de ellas del acuerdo firmado en enero entre Comisiones, UGT y la CEOE, porque entendemos que el recorte salarial para tres años que allí se contiene es completamente inaceptable y porque también las medidas de flexibilidad, de movilidad, etcétera, que allí se contemplan han abierto la puerta en alguna medida a esta reforma que criticamos y rechazamos. En segundo lugar, por no encontrar en estas enmiendas de forma mínimamente significativa nuestras exigencias de un marco propio de relaciones laborales, negociación colectiva y prestación social. Y por último, también lo decimos, porque se quedan un tanto atrás del conjunto de reivindicaciones que la mayoría sindical vasca ha planteado en su decálogo sindical. Por todas estas


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razones nos abstendremos con respecto a estas cuatro enmiendas a la totalidad y votaremos en contra de esta reforma laboral.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, primero quiero plantear una cuestión de orden. No sé quién organiza y configura plenos de esta naturaleza, no sé si buscan por una parte basarse en la fatiga o astenia de los diputados y que no puedan realizar sus reflexiones con la lucidez de que son capaces en condiciones ordinarias, o no sé, señor Montoro, si es una cosa suya organizar plenos de esta naturaleza y proyectar una imagen de trabajo estajanovista desde esta Cámara para tranquilizar a los mercados y reducir por este procedimiento la prima de riesgo. Sea lo que sea, es difícil ya a estas horas realizar argumentaciones coherentes o que no hayan sido objeto de reflexión por parte de algún otro portavoz de los que me han precedido en el uso de la palabra.

Señora ministra, ayer afortunadamente usted y yo pudimos debatir en un ambiente más tranquilo, más sosegado y quizás con más lucidez cuáles son los problemas de esta reforma desde una perspectiva colateral, desde las perspectivas de las políticas activas, de la reducción brutal que ustedes han acometido en relación con las políticas activas. Señora ministra, le adelanto -con toda honestidad se lo voy a decir- que nosotros vamos a presentar setenta enmiendas a este proyecto de ley. Setenta enmiendas podrían configurar una enmienda de totalidad tranquilamente. ¿Por qué no hemos presentado una enmienda de totalidad o una enmienda de totalidad con texto alternativo? Porque nos fiamos de su palabra. No sé si con fundamento o sin fundamento pero nos fiamos de su palabra. Usted ha realizado dos reflexiones que nos tendría que aclarar cuando intervenga -pensaba que iba a presentar el proyecto de ley, me imagino que intervendrá al final-, que iba a negociar hasta la extenuación -solo hace falta que nos precise y clarifique cuál es el concepto de extenuación desde su perspectiva, como usted lo comprende- pero obviando, marginando de esta negociación hasta la extenuación los aspectos troncales, lo que usted denominaba eufemísticamente aspectos troncales de la reforma. Tampoco conocemos cuáles son esos límites que no son objeto de transacción o de posible negociación, cuáles son los aspectos troncales. Cuando lo sepamos veremos cuál es nuestro posicionamiento, pero ya le digo que hace referencia desde una posición crítica a través de setenta enmiendas a una refutación prácticamente del todo, de los fundamentos ontológicos y filosóficos, obviamente, de esta reforma.

Ayer cuando discutíamos usted y yo -en un ambiente menos agotador que en el que estamos en este momento- indicamos que esa reflexión y esa invocación que usted hacía del artículo 35 de la Constitución -que parece que es el paradigma que ustedes están utilizando para acometer una reforma de estas características-, lo que usted denominaba derecho de los ciudadanos al empleo no es un derecho subjetivo -porque sería invocable ante los tribunales-, es un derecho de orientación, como usted sabe perfectamente. Sobre el derecho al empleo de los trabajadores -no voy a utilizar sarcasmos porque en esta materia resultarían particularmente crueles- en la Constitución se habla primero de deber trabajar, lo establece en términos de obligación, y de derecho a trabajar posteriormente, utilizando este orden, primero la locución deber y luego la locución derecho. Señora ministra, desde este punto de vista, con 6 millones de parados en perspectiva a través de los trabajos de prospectiva de su propio Gobierno y un crecimiento en el mes de marzo que es el más alto desde el año 1977, desde que se secuencian los crecimientos del desempleo, no voy a hacer una glosa de este mandato constitucional referido al derecho y deber de trabajar. Ni tampoco al otro precepto que usted citó o que yo cité, el artículo 40 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a orientar sus políticas económicas hacia el pleno empleo. Con estas cosas, hacer una reflexión o una glosa de esos preceptos y mandatos constitucionales desde la perspectiva de su contenido esencial resulta particularmente cruel en esta coyuntura.

Sin embargo, ustedes en este momento se están fijando en esto desde una perspectiva particularmente contradictoria, porque afirmando usted esto ha reconocido -y lo ha afirmado taxativamente el presidente de su Gobierno, Mariano Rajoy- que esta reforma laboral no es que no vaya a crear por sí misma, en solitario, nuevo empleo o vaya a tener capacidad de crear empleo, sino que lo va a destruir, y lo ha tabulado además con una sinceridad digna de mejor causa, nada menos que en 633.000 puestos de trabajo, llegándose a la cifra simbólica de 6 millones de desempleados, señora ministra. Desde esa perspectiva, parafraseando o interpretando las expresiones del presidente del Gobierno, del Gobierno al que usted pertenece, ya me dirá cuáles son las bondades de una reforma de estas características. Si lo que están buscando es el pleno empleo, yo le puedo explicar en qué momento de la historia no muy antigua, de la historia reciente, existió realmente una situación de pleno empleo, no pleno empleo técnico, tal como se configura en la actualidad, sino pleno empleo absoluto. Fue en los albores de la primera revolución industrial, señora ministra; en los albores de la primera revolución industrial, en el siglo XIX, trabajaban los hombres entre dieciséis y veinte horas al día, también las mujeres y los niños; entre dieciséis y veinte horas al día. Cobraban una retribución escasísima -los hombres exclusivamente, no las mujeres y los niños- que la empresa, mediante procedimientos bastardos, recuperaba obligándoles a consumir en los economatos de la empresa y a adquirir las viviendas


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sociales que construía la propia empresa para la que trabajaban. El único descanso era el dominical matinal para que pudieran acudir a los oficios religiosos, porque los empresarios siempre se preocuparon por el alma de los trabajadores en aquella época y por su espíritu, no por sus necesidades materiales. Pero no solo esto, sino que además en esta coyuntura, señora presidenta, perdón, señora ministra -seguramente, algún día llegaremos a lo que he comentado-, se produjo no solo una situación de pleno empleo, todo el mundo trabajaba en estas condiciones, sino los mayores procesos de acumulación capitalista de la historia, las mayores fortunas que se conocen en la actualidad, con las que algunos de ellos o sus herederos seguimos conviviendo, a base de una destrucción de la cohesión social absoluta que provocó dos guerras mundiales.

Esto, ¿cómo se superó? Esto se superó porque en ese momento afloraron dos movimientos tremendamente interesantes que ustedes han despreciado a la hora de articular materialmente esta reforma laboral, este proyecto de ley, este real decreto-ley originariamente: el movimiento sindical y el movimiento cooperativo, a través del surgimiento de las propuestas teóricas de los pioneros de Rochdale. Desde esta perspectiva de la presión de estos movimientos, el sindical y el cooperativo, y de los conflictos, de la lucha callejera y de la lucha sindical, se logró crear un contrato nuevo, inexistente hasta el momento, para la articulación de las relaciones productivas que se basaban en contratos civiles como el de arrendamiento de servicios o ejecución de obra, o mercantiles como el de sociedad; como decía, un contrato nuevo, el de trabajo, que por primera vez reconocía dos circunstancias o dos valores: la dignidad del trabajador dependiente y la retribución como medio de vida del trabajador. Pero aun esto se consideró insuficiente y se creó un sector nuevo del ordenamiento jurídico, el sector laboral del ordenamiento jurídico, el derecho del trabajo, que se basaba sobre una ontología que partía del presupuesto de que no puede tratarse igual a quienes no están en una condición de igualdad a la hora de suscribir los contratos que articulan y vinculan sus relaciones contractuales bilaterales. El trabajador y el empresario no están en una condición de igualdad, el trabajador está subordinado, a través de la ajeneidad, porque depende de la retribución del empresario, y a través de la dependencia porque depende también del poder de dirección del empresario. Esto requiere un derecho protector, tuitivo, de los intereses y derechos del trabajador.

A usted esto le parece en este momento algo pasado, pero forma parte de la ontología del Estatuto de los Trabajadores porque todo esto se incorporó a la Constitución de Weimar, donde la familia ideológica a la que pertenecen ustedes, el humanismo cristiano, y la otra gran familia ideológica que existía en el periodo de entreguerras, la socialdemocracia, pactaron una constitución donde se incorporaron los paradigmas del denominado Estado del bienestar. Estos paradigmas se incorporaron a todas las constituciones europeas modernas y también están en la Constitución española, en el artículo 40, políticas orientadas hacia el pleno empleo; en el artículo 35, derecho al trabajo; en el artículo 41, derecho a una protección universal suficiente y pública para cualquier situación de necesidad. Pero no solo esto, de la Constitución surgió ya de forma positiva o se positivizó, utilizando esos preceptos constitucionales o principios constitucionales, un Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980 previamente pactado con los interlocutores sociales, como fueron pactadas la práctica totalidad de las cincuenta y dos reformas que posteriormente sufrió este Estatuto de los Trabajadores. Este Estatuto de los Trabajadores que dimanaba de los pactos de La Moncloa, de los pactos escritos y tácitos de la transición política española y de los requerimientos de la propia Constitución, colocan a esta reforma laboral ante una tesitura incierta cuando sea judicializada o sean judicializadas las distintas propuestas que esta reforma laboral plantea en el ámbito de la jurisprudencia constitucional, señora ministra, y usted lo sabe. Estoy convencido que usted no cree en su propia reforma laboral -me costaría mucho creerlo-, ni nadie de su Gobierno, porque usted sabe lo vulnerable que es desde una perspectiva a efectos de superar los requerimientos de una jurisprudencia constitucional que en los distintos ámbitos que se regulan en esta reforma laboral no solo es prolija sino es uniforme y coherente, y de una jurisprudencia ordinaria, la de la Sala cuatro del Tribunal Supremo, que ha sido citada por la portavoz socialista, que es uniforme y coherente, y de la llamada jurisprudencia menor de tribunales de orden jerárquico inferior, que también prevén actuaciones o manifestaciones manifiestamente contrarias a las previsiones de esta reforma. Luego, es muy vulnerable jurisprudencialmente. Le aseguro que en la Administración de Justicia esta reforma va a ser despedazada, señora ministra, y usted lo intuye. Seguramente hasta lo sabrá.

Desde esa perspectiva, tenga prudencia y tenga cuidado, señora ministra, porque una reforma laboral de un partido que pertenece a una familia política llamada humanismo cristiano, no puede basarse en la descausalización de la contratación, en la incorporación de figuras contractuales manifiestamente inconstitucionales...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo.

En la descausalización de la modificación de las condiciones de trabajo, en la descausalización del valor vinculante de los convenios colectivos previstos por el artículo 37 de la Constitución española y en la descausalización absoluta del despido, convirtiéndolo en libre


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y más barato. Los legisladores de Weimar, los legisladores de la Constitución española, los que realizaron la transición política española a través de pactos ocultos, pactos expresos y pactos publicitados no pueden avalar una reforma de estas características. Pero como yo sé -y con esto acabo, señor presidente- que usted lo sabe, espero mucho de sus promesas y sus invocaciones relativas a la exhaustividad de su actitud en materia de negociación sin tocar el tronco, esperando (espero que sea una presunción no iuris tantum, iuris et de iure) que este tronco no sea demasiado grueso, señora ministra, que sea un tronco muy estrecho y podamos arreglar el desafuero que usted está provocando, lesionando de forma casi irreversible la mera subsistencia de un sector del ordenamiento jurídico: el derecho del trabajo, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, mi grupo agradece las enmiendas a la totalidad que han planteado los grupos, aunque solo sea por haber escuchado la intervención del señor Olabarría, siempre pedagógica y que nos ayuda, desde su erudición... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Campuzano. Por favor, ruego silencio porque queda todavía bastante debate. El que no quiera estar aquí que abandone el hemiciclo.

El señor CAMPUZANO Y CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Digo que el señor Olabarría con su erudición siempre nos recuerda cuestiones que es bueno que en este debate los tengamos presentes. En todo caso, los grupos enmendantes han hecho un esfuerzo que mi grupo reconoce, que es articular un texto alternativo a la propuesta del Gobierno. Eso implica un esfuerzo intelectual y político. Incluso, al menos desde la perspectiva de Convergència i Unió, hemos leído sus consideraciones, hemos escuchado sus intervenciones, especialmente algunas de ellas, y les puedo asegurar que hay puntos concretos de sus propuestas que pueden ser coincidentes con las enmiendas parciales que va a plantear Convergència i Unió. En términos generales, el debate está siendo positivo y esperaría del grupo de la mayoría que fuésemos capaces de mantener este tono positivo en relación a una cuestión tan fundamental como es esta reforma laboral.

Convergència i Unió votó a favor de la convalidación del real decreto y de su tramitación como proyecto de ley porque estábamos convencidos de que la tramitación como proyecto de ley podría permitir corregir muchas de las cuestiones que preocupan fuera y dentro de esta Cámara. Por tanto, desde esta convicción no presentamos enmienda a la totalidad y también desde la convicción -y lo hemos reiterado en el seno de la Cámara y en los medios de comunicación, y lo reiterábamos en la pasada legislatura- de que la recuperación económica exigía una reforma laboral en la orientación de la reforma que estamos tramitando y discutiendo, convencidos de que una reforma de estas características debería ayudarnos, cuando el ciclo económico empezase a cambiar, a crecer de manera más sostenida y en un mercado de trabajo más sano que el que hemos tenido durante estos años, y convencidos de que reformas de este tipo aprobadas en la fase alta del ciclo económico nos hubiesen permitido gestionar mejor la propia crisis y que el impacto en términos de destrucción de empleo hubiese podido ser menor.

Hechas esas consideraciones, he de decirles que en el debate de fondo que plantean algunos grupos -especialmente los grupos digamos situados más a la izquierda del Partido Socialista- discrepamos en un elemento fundamental: no creemos que la protección al trabajador tenga que estar vinculada a una alta indemnización por despido. Es más, sabemos que una alta indemnización por despido para trabajadores de pequeñas y medianas empresas y para trabajadores contratados por autónomos es condenar a esas unidades productivas a la desaparición. Eso formaba parte de la realidad de la crisis económica de estos últimos cuatro o cinco años. Y ahí discrepamos y nos movemos en la línea en la que se están moviendo la mayoría -la totalidad, si me permiten- de los países europeos gobernados por el centroizquierda y por el centroderecha, que han abandonado la idea de que la protección al empleo sea la protección por la vía del despido caro.

En este sentido, nos orientamos en otra dirección y ahí hemos coincidido en la pasada legislatura con el Grupo Socialista en las últimas reformas laborales que avanzaron en esa dirección. Seguramente tiene razón el señor Coscubiela cuando nos recuerda que anteriores reformas avalan en la orientación la reforma que está en marcha. Efectivamente, señor Coscubiela, en ese análisis podríamos estar de acuerdo. También, señorías, estamos convencidos de que un mejor derecho del trabajo es aquel que no solo garantiza la protección de los derechos de los trabajadores, sino que permite mejorar los niveles de productividad y competitividad de nuestras empresas. Las reformas que se han hecho en el conjunto de Europa van en esa misma dirección. Una concepción del derecho del trabajo que olvide la competencia global, la presión a la que están sometidas nuestras empresas, señorías, sería un derecho del trabajo equivocado. Y si me permiten -y no quiero entrar en jardines que no son los míos- quizá buena parte de los grupos de la izquierda no han entendido que los cambios que vive nuestro mundo, los cambios que vive nuestra economía exigen políticas distintas para garantizar los mismos valores y los mismos objetivos que creo que la mayoría de la Cámara compartimos o que, en todo caso, Convergència i Unió también comparte: el objetivo del pleno empleo,


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de la protección social, del reciclaje profesional, de la recolocación en el empleo. Sería bueno que gobiernos de centroizquierda analizasen las reformas que han hecho en los países escandinavos, en los países centroeuropeos que se alejan de sus planteamientos políticos. Desde este punto de vista, Convergència i Unió no puede compartir algunos de los planteamientos que hemos escuchado, que son de otra época. Volver al Estatuto de los Trabajadores del año 1980 es volver a condenar a la destrucción de nuestro tejido productivo, volver a la miseria.

Dicho esto, señorías, nosotros tenemos reparos y cuestiones sobre la propuesta que estamos tramitando que vamos a intentar enmendar en el trámite parlamentario. De entrada, existe recientemente la aprobación de un dictamen del máximo órgano consultivo de mi país, de Cataluña, el Consell de Garanties Estatutàries, que advierte de algunos vicios de inconstitucionalidad de la reforma que estamos tramitando, algunos en el ámbito de las competencias autonómicas. En esa materia hay un acuerdo con la señora ministra que vamos a concretar durante el trámite parlamentario para poder resolverlo, pero existen también dudas sobre la constitucionalidad de la atribución a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos de una función de arbitraje obligatorio. Existe esa duda y la queremos resolver en el trámite parlamentario. Estoy convencido de que el Grupo Popular va a tener el mismo interés que Convergència i Unió en garantizar que esa reforma no tenga ningún tipo de duda en relación con su encaje en la Constitución. Hemos de darle una vuelta a ese periodo de prueba de un año que se establece para el contrato de emprendedores. El consell no dictamina que sea inconstitucional, pero realiza algunas consideraciones interpretativas a tener en cuenta. También debemos ser capaces de resolver eso.

Señorías, también preocupa a la opinión pública, creo que también al Grupo Popular, al Gobierno y al conjunto de los grupos de la Cámara, la configuración del despido objetivo por absentismo, hablando en términos coloquiales. Sería bueno que el trámite parlamentario resolviese adecuadamente esa cuestión y que tuviésemos una legislación que nos permitiese ser eficaces en la lucha contra el absentismo injustificado, pero que evitase situaciones manifiestamente injustas que, tal como el texto ha quedado redactado, se pueden provocar. Son tres cuestiones a las que mi grupo va a dar una absoluta importancia. Al mismo tiempo, compartiendo el criterio del texto que estamos tramitando de que la autorización administrativa en los expedientes de regulación desaparezca, tenemos que ser capaces de redefinir el papel de la autoridad laboral para facilitar el acuerdo entre las partes. Señorías, la lógica de esta reforma, que refuerza el poder de decisión de las empresas, traslada la responsabilidad de buena parte de la gestión de las relaciones laborales a los empresarios, y si sobre eso hay mal uso por parte de las empresas, van a aumentar la conflictividad y la litigiosidad en los tribunales. Desde este punto de vista, en la configuración de los expedientes de regulación debemos reforzar la capacidad que tenga la autoridad laboral competente para facilitar acuerdos entre las partes y ser capaces de garantizar que la construcción jurídica del expediente de regulación sea lo más limpia posible y evitar, por tanto, su posible impugnación ante los tribunales, así como reforzar el carácter obligatorio del plan social y la calidad de las políticas del plan social, que es aquel plan orientado a la recolocación de los trabajadores que fuesen afectados por el mismo, en el caso de extinción, o las políticas de formación, en el caso de un expediente de suspensión.

Señorías, va a ser fundamental que esta reforma abra algunos debates, como el debate sobre la necesidad de un verdadero contrato de formación profesional dual, porque el actual contrato para la formación y el aprendizaje no nos es útil; un contrato que de verdad permita a las empresas del sector industrial avanzar hacia ese modelo inspirado en Alemania y en el del País Vasco. Hemos de ser capaces, señorías, de garantizar un retorno al redactado de 1994 en materia de reconocimiento de la negociación colectiva en el ámbito catalán, en nuestro caso, y en el ámbito del País Vasco. La negociación colectiva de ámbito autonómico para nuestro grupo es fundamental.

Termino, señor presidente. Todo este conjunto de políticas deben ir acompañadas por mejores políticas activas de empleo. Es una pésima noticia la reducción de los 1.500 millones de las políticas activas de empleo. Vamos a insistir en que el Gobierno replantee esta decisión y vamos a tener que garantizar una efectiva vinculación entre políticas activas de empleo y políticas pasivas de empleo. Continúa siendo una de las debilidades de nuestra política de empleo, aquella que permita movilizar recursos y esfuerzos desde la política pasiva hacia la recolocación, dando mayor capacidad de gestión a las políticas activas de empleo de las comunidades autónomas, que son aquellas que las pueden realizar mejor.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.

Señorías, espero que en el debate de las enmiendas parciales seamos capaces de corregir esas preocupaciones, que -insisto- son compartidas por la mayoría de la Cámara.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


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La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuevamente viene a este Pleno la reforma laboral, en esta ocasión como consecuencia de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos que aquí las han defendido. La verdad, señorías, es que tanto BNG como La Izquierda Plural, Esquerra Republicana y Partido Socialista básicamente retroceden a la reforma de 2010 y, en algunos casos, más atrás, ya se ha dicho aquí. Es decir, señorías, el bloque de la izquierda se convierte en los conservadores de lo antiguo y no evolucionan frente a una realidad económica y social abierta, globalizada y que exige una puesta al día de las reglas del juego en la línea de lo que ha estado diciendo en este momento el señor Campuzano.

UPyD introduce una apuesta nueva, una cuestión como es el contrato único, que ya ha sido objeto de otra iniciativa en la Comisión y que fue rechazada por los grupos. Al margen de estas posiciones y de algunas otras propuestas, hay aspectos de la reforma del Gobierno que se mantienen en estas enmiendas a la totalidad y, por lo tanto, señorías, realmente nada que no se pueda tramitar y debatir como enmiendas parciales en el trámite de ponencia que vamos a iniciar en los próximos días. Hay que volver a poner de manifiesto la grave situación que tenemos en España que, sin duda, es necesario afrontar -como hace este Gobierno- con decisión, ideas claras, con una hoja de ruta bien marcada y con una acción reformista como nunca se ha conocido en España, todo ello fruto de la responsabilidad asumida por el voto en las urnas y con el convencimiento de que todas las medidas que se están aprobando y llevando a cabo son las que necesita España y nuestra economía para sentar las bases de la recuperación y el empleo. En este contexto, señorías, se enmarca una más de las reformas estructurales, la reforma laboral, que no es la única ni la panacea de la solución -ya lo hemos dicho muchas veces-, pero sí una parte esencial. Y no lo dice el Grupo Popular ni el Gobierno solamente, lo dice el Banco de España, la Unión Europea, la OIT, entre otros. Y así, señorías, el Banco de España ha dicho: con las medidas de negociación colectiva y flexibilidad de esta reforma nos hubiéramos evitado un millón de parados. Un millón de parados, señores socialistas, señora Rodríguez, que llegó tarde a su turno de debate, está ausente del mismo y no sabemos si lo único que buscaba era una nota de prensa para hacer titulares. (Aplausos).

Señorías, la OIT, en el año 2011 -o sea después de las reformas socialistas- estimaba que abordar la dualidad del mercado de trabajo de manera significativa necesitaba de más cambio -después de las reformas socialistas- en los procedimientos de negociación colectiva y que, abro comillas, las empresas requieren un medio más flexible de ajustar los salarios y las jornadas laborales, en lugar de tener que ajustar el tamaño de la empresa cada vez que se enfrenten a una desaceleración económica. Creo sinceramente que la OIT es un organismo muy utilizado por los agentes económicos y sociales y también esta mañana en esta Cámara. Señorías, el Grupo Socialista utiliza este trámite de totalidad -como estamos viendo- como altavoz, pero en este caso, además, para remarcar su incoherencia. Lástima que la situación, señorías, sea muy grave y que no estemos para tener una oposición con tantas contradicciones, frivolidades, oportunismo y falta de responsabilidad.

Señoras y señores diputados, señor presidente, la reforma laboral no se va a tocar porque ya está en el Parlamento. Ahora lo que se va a hacer es desarrollarla y trabajar sobre ella, pero no se va a tocar. La reforma está aprobada y no se va a tocar. Pues no, esta actitud tan rotunda e inflexible no es la actitud del Grupo Parlamentario Popular. Era la actitud del señor Rubalcaba en octubre de 2010, en relación con la reforma del Gobierno socialista, del cual él entonces era vicepresidente. Por lo tanto, ustedes, señorías, señores socialistas, están como el doctor Jekyll y mister Hyde. Si están en el Gobierno digo y hago una cosa, y a los cuatro meses, en la oposición, hago la contraria. Porque ustedes hicieron una reforma laboral -se ha dicho aquí- bien intencionada, una exposición de motivos bien planteada, pero timorata e incompleta en su desarrollo normativo. Se lo han dicho hasta la saciedad todos los organismos internacionales. Tanto es así, que tuvieron que hacer otra, un real decreto sobre negociación colectiva, pero con las mismas características de timorata y de incompleta. Por eso el resultado fueron 1.400.000 parados más después de la reforma, que se sumaron a los 3.600 despidos de su legislatura y con un total -lamentable y socialmente intolerable- de 5.400.000 parados. Ese es el balance y el legado que han dejado ustedes después de pasar por el Gobierno de España.

Señorías, el incremento de la flexibilidad interna de las empresas es un objetivo fundamental de la reforma, que pretende potenciar los instrumentos de flexibilidad interna en el transcurso de las relaciones laborales, favoreciendo la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de producción. La reforma modifica condiciones relativas a los traslados colectivos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, cláusulas de inaplicación salarial y la suspensión de contratos y reducción de jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Todo ello teniendo en cuenta el interés general para que la flexibilidad interna sea un mecanismo de utilización preferente frente al recurso de la destrucción de puestos de trabajo -sic, fin de la cita-. Señorías, porque asumiendo todo lo que acabo de decir, esto está escrito en la exposición de motivos de la reforma laboral de 2010 del Grupo Parlamentario Socialista, de los señores socialistas, del grupo parlamentario del señor Rubalcaba y de la señora Rodríguez. Como decía Pilatos, señorías, lo


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escrito, escrito está. Por lo tanto, a la señora Rodríguez -que no nos acompaña en este debate- tengo que decirle que el despido de los veinte días fue introducido por esa reforma y, además, con una subvención de doce días que pagaba el Fogasa a los empresarios que despedían con veinte días. Luego no nos vengan ustedes ahora a hacer demagogia diciendo que esta reforma favorece las causas por razones económicas. Ya hay jurisprudencia sobre su propia reforma, que recoge que aun habiendo beneficios, si hay disminución en las entradas de caja por caída de las ventas, los despidos sean considerados procedentes. Señorías, sean leales con sus propios planteamientos. Por ello, insisto, su incoherencia es clara y manifiesta, tanto porque sus exposiciones declarativas no se acompasaban con sus contenidos normativos, como por sus críticas a este Gobierno y a este grupo parlamentario por mantener una reforma que estamos convencidos que es la que necesita España, la que potenciará la competitividad en nuestras empresas y, por tanto, la que creará empleo y bienestar para los españoles. Nos critican, señorías, cuando ustedes mantuvieron la suya. Además, voy a repetir la frase: La reforma está aprobada y no se va a tocar, y con huelga general incluida. Que yo sepa -señora Rodríguez ausente- los sindicatos tenían los mismos derechos constitucionales y las mismas consideraciones y ustedes dijeron claramente: no se va a tocar, después de una huelga general. Piden lo que no hacen.

Coincido con el señor Rubalcaba cuando decía también en mayo de 2010: A nadie le gusta dar malas noticias o tomar medidas duras, pero es nuestra responsabilidad; lo vamos a hacer y las vamos a cumplir, porque es muy importante para nuestra economía. La pena es que el señor Rubalcaba no coincida ahora con el señor Rubalcaba. ¿Qué ha cambiado? Pues la voluntad soberana de los españoles de ponerle en la oposición. Y podría seguir poniendo ejemplos de frases, palabras y valoraciones que contradicen con sus propias actitudes en este momento, que claramente, señorías, es un momento de emergencia nacional y que requiere de una grandeza de miras de las que ustedes carecen. Por último les voy a decir, además de sus incoherencias, lo que tiene de novedoso su enmienda a la totalidad, que Rubalcaba enmienda a Rubalcaba, porque en su papel de oposición ve todo diferente y ahora prefiere dar acomodo a las demandas de los sindicatos mayoritarios que a los intereses de los trabajadores autónomos y de las Pymes, que son el 95% de nuestro tejido productivo. Para ello se enmienda a sí mismo y vuelve a posicionamientos remotos anteriores a la reforma de 2010.

Señorías, también hemos oído aquí que proponen la creación de un fondo. Les gusta a ustedes mucho esto del fondo, porque en la ley de políticas activas que, por cierto, no se terminó de debatir en esta Cámara, también lo proponían y tampoco lo pusieron en marcha. Nuevamente más incoherencia a lo que proponen y a lo que hacen según en donde les coloquen los ciudadanos. Pues bien, ustedes pretenden establecer ese fondo creando una entidad de derecho público, señorías. Se propone crear una entidad de derecho público, dotarlo con 1.000 millones de euros financiados con deuda pública, con la que está cayendo. Ustedes que han sido Gobierno hasta hace cuatro meses, ¿se ven llevando esta medida de verdad a la Unión Europea? Reflexionen, por favor. No se lo pedimos desde el Partido Popular, se lo pide España. ¿Ustedes de verdad creen que esto es una aportación? (Rumores.-Risas). Sí, sí, ríanse, España es algo con lo que hay que reírse, señorías; para ustedes eso es lo que significa España, una gran carcajada y la ausencia de su portavoz. (Aplausos). Por cierto, también voy a darle otro consejo a la señora portavoz ausente. (Risas). Primero, que no falte a la verdad y que no diga que del texto del Gobierno desaparecen los salarios de tramitación, porque no es cierto. Se desligan de la indemnización, pero se mantienen para la readmisión. No desaparecen del texto. No se puede mentir. Segundo, le aconsejo que sea un poco más rigurosa, al fin y al cabo es la portavoz del grupo mayoritario de la oposición. No se puede decir en esta tribuna que el texto es claramente inconstitucional. No se le puede admitir eso a una portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Se puede decir que hay indicios o se puede decir que se presume que puede haberlos, pero solo el Tribunal Constitucional puede decir que una cosa es claramente inconstitucional. (Aplausos).

Señorías, con la que está cayendo, con la que está cayendo. ¿Ustedes creen de verdad que todo esto justifica una enmienda a la totalidad a una reforma que es necesaria y que es importante, a una reforma que se va a tramitar en esta Cámara, y sobre la que el Gobierno y este grupo ya hemos dicho que estamos abiertos a debate y mejora? Pues aun les recuerdo la misma frase; hay quien dijo: La reforma está aprobada y no se va a tocar. Y no lo ha dicho ni este Gobierno ni este grupo parlamentario. Señores socialistas, en sus reformas ustedes decían algo más. Decían: Nuestro modelo de convenios colectivos tiene dificultades para ajustar con prontitud las condiciones de trabajo presentes en las empresas a las circunstancias económicas y productivas por las que se atraviesan en determinados momentos del ciclo de coyuntura económica. Por eso, señorías, en esta enmienda que ustedes plantean ahora olvidan esas exposiciones de motivos de entonces y vuelven a mantener un poder omnímodo en lo que son los convenios colectivos en las cúpulas de los agentes sociales. Yo pregunto: ¿sólo por desconfianza? No sé si solo, pero, desde luego, por desconfianza, sí. No confían en la representatividad de los empresarios y de los trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas. Ahí donde se conocen y pueden acordar medidas de flexibilización que hagan que el despido sea el único recurso, y todo ello además, como aquí también se ha dicho, con la lógica tutela judicial en último término. Poco más aportan, señorías. Mantienen bastante de la reforma del Gobierno y desde luego todo lo referido a lo que es formación, algo de lo que ustedes nunca se ocuparon y que ahora esta reforma convierte en un derecho individual del trabajador, esencial para promover su empleabilidad.


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Señorías, también mantienen ustedes, como se ve claramente, las reformas que valientemente este Gobierno ha introducido en la reforma laboral: las indemnizaciones, la reforma de indemnizaciones de extinción, de suspensión del personal directivo negligente de las entidades de crédito y las indemnizaciones máximas del personal directivo del sector público.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, deber ir terminando.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Voy terminando, señor presidente.

Señorías, las propuestas que se contienen en estas enmiendas a la totalidad son modificaciones que se pueden debatir como enmiendas parciales en la ponencia. Y yo invito -y se lo agradezco a los grupos que así lo han propuesto- a todos los grupos a que trabajemos de una manera seria y rigurosa en esa ponencia. Nada justifica, por tanto, si no es el oportunismo político, este debate de totalidad sobre una reforma necesaria, equilibrada y justa que estamos convencidos de que es un instrumento imprescindible en un contexto de recuperación para evitar el despido y facilitar la creación de empleo. Ya puedo decir que hay más de 10.000 contratos que se han hecho al amparo del contrato de emprendedores. También para modernizar nuestras relaciones laborales y no para mantenernos en las relaciones laborales del siglo pasado, como se ha dicho aquí, ni desde luego las del año 1980, sino para que esas relaciones se puedan mover en el ámbito de la globalización y de la externalización de nuestra economía.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Sí, señor presidente.

Por ello, ya anuncio, señorías, si me lo permiten, que votaremos en contra, que trabajaremos seriamente con diálogo y con consenso en la ponencia. Adelanto también, señor presidente, para evitar un turno de explicación de voto, que votaremos en contra de la petición de avocación por el Pleno para este debate. Entendemos, señorías, que ha habido dos debates en Pleno, que ha habido dos ampliaciones de plazo de enmiendas a la totalidad y cuatro ampliaciones al plazo de enmiendas parciales. Por lo tanto, señorías, en la Comisión podemos terminar el dictamen para enviarlo al Senado con urgencia porque se trata de un real decreto que se está tramitando y debería hacerse por trámite de urgencia, como es preceptivo.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Vamos a proceder a votar lo debatido a lo largo del día.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).

- REAL DECRETO-LEY 10/2012, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS FINANCIERAS EN RELACIÓN CON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN. (Número de expediente 130/000011).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las autoridades europeas de supervisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 310; en contra, 13; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

¿Algún grupo quiere que sea tramitado como proyecto de ley? (Denegaciones).

- REAL DECRETO-LEY 12/2012, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE INTRODUCEN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000013).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 194; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

¿Algún grupo quiere que sea tramitado como proyecto de ley? (Asentimiento). Pasamos a votar la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 151; en contra, 179.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).

- TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE) ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE FEBRERO DE 2012. (Número de expediente 110/000008).

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de convenios internacionales. Enmiendas a la totalidad, presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el Grupo Mixto, al Tratado constitutivo del Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. Votamos conjuntamente las dos enmiendas a la totalidad.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 12; en contra, 302, abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). Se han presentado enmiendas con texto alternativo, por lo tanto, votaremos por separado cada enmienda. En primer lugar, enmienda a la totalidad de texto alternativo, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 21; en contra, 198; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la totalidad con texto alternativo formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 109; en contra, 209; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la totalidad con texto alternativo formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila y señor Jorquera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 20; en contra, 199; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la totalidad con texto alternativo formulada por el por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, enmienda a la totalidad con texto alternativo formulada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 6; en contra, 213; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: Ha habido una solicitud del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 149; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000001).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Rumores.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, atendiendo a lo que dispone el Reglamento, le solicito autorización para subir a la tribuna y defender mi candidatura. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Sí, suba, por supuesto. Después de la intervención del señor Tardà, si algún grupo desea intervenir y me pide la palabra, se la concederé por un máximo de cinco minutos. Señor Tardà, tiene usted la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace pocas semanas mi compañero Alfred Bosch subió a esta tribuna y con vehemencia, pero además con un gran espíritu de defensa de la democracia, pidió a todos ustedes que le votaran para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara y, la verdad, Alfred Bosch es diputado en esta legislatura y no entendió por qué razón el Partido Popular lo vetó. Bueno, sí que lo entendió, porque además se lo temía; se temía que su condición de independentista podría dar pie a que el Partido Popular lo vetara. De hecho, así ocurrió, se le vetó por su condición de independentista. (Varios señores diputados: No, no). Sí, sí, tranquilos. (Protestas.-Varios señores diputados: No, no).

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: Se le vetó por independentista, porque además el Partido Popular no ceja en el empeño de criminalizar el independentismo. (Varios señores diputados: ¡No!) Sí. Si Bosch hubiera sido comunista, ustedes no lo hubieran hecho; si hubiera sido socialdemócrata, no lo hubieran hecho; si hubiera sido un demócrata cristiano, un conservador, no lo hubieran hecho. Lo hicieron exclusivamente porque Bosch es independentista, lo cual significa que la España ruinosa antes que rota. (Rumores). Sí, la España intolerante toma cuerpo en ustedes y tienen un problema, tienen un gran problema... (Protestas.-El señor Ayala Sánchez: ¡Anda ya! ¡Anda ya!). Es más, el problema no solamente lo tienen ustedes, lo tenemos todos, lo tiene esta Cámara y lo tiene nuestra sociedad. Nos vetan por independentistas, pero lo más grave es que nos vetan porque nosotros tenemos un proyecto ni mejor ni peor, distinto, y sí, ustedes vetan el independentismo porque tenemos un proyecto democrático distinto. (Rumores). ¿Se dan cuenta de la magnitud de la tragedia? Es muy, muy preocupante, tan preocupante que hoy aquí nos dirigimos -atención- a los partidos y grupos parlamentarios que verbalizaron el apoyo al candidato Bosch. Es decir, hablo como diputado del Parlamento español, pero hablo sobre todo como dirigente y miembro de la dirección nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, que es para mí muy importante, y me dirijo a los partidos políticos con los que tenemos una relación histórica de fraternidad y de compromiso. (Rumores). Es decir, me dirijo al señor Erkoreka, me dirijo al señor Rubalcaba (Rumores), me dirijo al señor Lara y me dirijo a los compañeros de Convergència i Unió -no puedo dirigirme personalmente al señor Duran i Lleida porque no está (Rumores), pero están miembros de su grupo parlamentario-, y les digo que con su apoyo, con el apoyo expresado hace unos días, no es suficiente, porque no han sido capaces de corregir. Hoy les pido que, cuando yo termine mis palabras, suban. Pido al señor Rubalcaba que suba, pido a don Cayo Lara que suba, pido al señor Erkoreka que suba (Rumores), pido al señor Macias que suba; a aquellos grupos parlamentarios que verbalizaron su apoyo, porque el problema no es Esquerra Republicana, el problema es la democracia. Salgan a defenderse, salgan a defendernos. Porque si salen aquí, desde esta tribuna socializaremos el problema (Rumores), socializaremos el déficit y hoy habrá un ejercicio de didáctica, un ejercicio democrático de denuncia de los que no aceptan la diferencia. (Protestas). Porque a nosotros nos ha traído aquí el ejercicio democrático del sufragio universal y no tienen ningún derecho a expulsarnos solo por tener un proyecto político distinto. Así que, repito, pido que hoy


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(Rumores), por favor, salgan. Lo digo en nombre de Esquerra Republicana. Y no olviden que nosotros hemos sido nombrados aquí por los compañeros del grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Mixto compuesto de dieciocho diputados y diputadas...

El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor diputado.

El señor TARDÀ I COMA: Termino, señor presidente

... y ocho fuerzas políticas muy distintas que hemos sabido hacer prevalecer la democracia por encima de las diferencias. Tienen la palabra, porque lo pido en nombre de Esquerra Republicana, el señor Rubalcaba, el señor Erkoreka, el señor Macias y el señor Lara. (Rumores.-Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Para establecer un orden, ¿qué grupos piden la palabra? (Pausa). Era bueno esperar a saber quién pedía la palabra para establecer un orden. Tiene la palabra el señor Erkoreka.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no tenía previsto, como es obvio, tomar parte en este turno de intervenciones, pero no puedo resistirme a la tentación de responder amablemente a la invitación que nos ha lanzado el compañero y amigo Joan Tardà.

Joan, tanto este portavoz como el grupo al que tiene el honor de representar vamos a votarte, vamos a votar a favor de tu candidatura para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Y vamos a hacerlo por dos razones. En primer lugar, porque pensamos sinceramente que te adornan las cualidades de honorabilidad y de fiabilidad que necesariamente creemos nosotros que han de adornar a quienes formen parte no de esa Comisión, sino de todas las Comisiones que se articulan en este Parlamento. En primer lugar por eso. Y, en segundo lugar, porque yo mismo he tenido el honor de compartir sesiones de la Comisión de Secretos Oficiales con portavoces del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en la época en la que esta formación política tenía grupo propio en esta Cámara, con Joan Puigcercós y con Agustí Cerdà, que supongo que eran tan independentistas como lo son ustedes ahora y que sin embargo no tuvieron dificultad para formar parte de esa Comisión y creo que lo hicieron sin reproche ni tacha posible. Por tanto, tanto por su honorabilidad personal como por sus precedentes -que creo que respondían perfectamente al perfil de quienes pueden formar parte de esa Comisión- mi grupo y yo le vamos a votar. De hecho, tengo la papeleta escrita aquí con su nombre y dos apellidos. Ahora bien, aparte de esto usted nos pide: Convenzan al Grupo Parlamentario Popular. Qué más quisiera yo que los 182 diputados del Partido Popular estuvieran a mi disposición, ya me gustaría. (Risas). No puedo convencerles; ya me gustaría que estuvieran todos a mi disposición. Y nos añade: Ríñales. Mire, la discrepancia se constata con la diferencia en el voto, pero somos mayores y yo no les voy a reñir. Creo que usted tiene derecho a estar y yo le voy a votar, mi grupo, juntamente conmigo, también lo va a hacer pero a partir de ahí no puedo responder de lo que vaya a ser el resultado final de la votación de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.

Señor Lara.

El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.

Señor Tardà, ¡vaya horas! (Un señor diputado: ¡Sí!). Pero cualquier hora es buena para defender la democracia. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor LARA MOYA: El artículo 14 de la Constitución española dice literalmente que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y mientras no se diga lo contrario los que hacen esta propuesta se supone que también son españoles y por tanto acogidos a la Constitución española. El artículo 23 habla de participar -y es un derecho fundamental- en los asuntos públicos directamente o a través de representantes de la ciudadanía. Por tanto, nosotros entendemos que con esta decisión que se pretende tomar se está cuestionando la propia Constitución española en sus partes fundamentales. (Rumores). El señor Bosch, como el señor Tardà, han sido elegidos en su circunscripción como los demás diputados y diputadas que estamos en esta Cámara, con los mismos derechos y con los mismos deberes. Ha sido propuesto el señor Tardà, y también lo fue el señor Bosch, por el Grupo Mixto -o por parte del Grupo Mixto, pero propuesto por el Grupo Mixto- y por tanto con ese derecho que tiene a elegir sus representantes en todas las comisiones de esta Cámara. Desde nuestro punto de vista, vetar un nombre para una comisión es igual que vetar a los ciudadanos que han dado el apoyo a los grupos que conforman el Grupo Mixto y que tienen derecho a tener sus representantes en todas las comisiones de esta Cámara. Se supone que aquí todos y todas somos de fiar porque se supone que los ciudadanos que nos han votado lo han hecho porque somos gente de fiar, incluso para los secretos oficiales del Estado.

Por tanto, concluyo diciendo que no creo que el señor Tardà ni creo que ayer el señor Bosch puedan poner el peligro la estabilidad del Estado porque formen parte de


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la Comisión de Secretos Oficiales, porque tienen una cosa importante que se llama honorabilidad. Nosotros no compartimos su proyecto político, estamos lejos de la posición política que defienden, el independentismo, pero eso no quiere decir que no tengamos hoy que defender la democracia en esta Cámara. Por eso, el grupo que yo represento apoyó ayer al señor Bosch, no tanto por su ideario político sino en defensa de la democracia, y por eso hoy apoyamos, aunque sea a estas horas, al señor Tardà, que va a tener el apoyo del Grupo de Izquierda Unida, Iniciativa y CHA.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.

Señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.

De la petición que ha formulado el diputado y amigo Joan Tardà quizás a nosotros, como compañeros diputados por Cataluña, a Convergència i Unió, nos toca hacer un pequeño relato a la Cámara de lo que es Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya es un partido que ya tiene unos cuantos años y que ha dado, entre otros, a España un ministro de Marina, que supongo que debía estar al corriente, en su momento, de los secretos oficiales y que creo que en todo momento fue leal a la República, en tiempos ciertamente complicados. Esquerra Republicana es un partido que se confiesa independentista, así lo dicen sus estatutos, es un partido en Cataluña con una importante representación, ha llegado a ser el tercer partido de Cataluña. Esquerra Republicana es un partido con el cual nuestra fuerza política ha tenido importantes puntos de desencuentro; de hecho, nos mandó a la oposición durante ocho años, pero haciendo legítimo uso del derecho democrático a decidir, con sus aciertos y con sus errores. Por tanto, creo que hoy aquí debemos debatirnos entre un acierto y un error; nuestro grupo lo tiene muy claro y nos gustaría que desde esta historia inequívocamente democrática, con aciertos, pero con errores, desde el punto de aceptar un partido defienda lo que defienda, porque democráticamente tiene derecho a hacerlo, ninguna de sus señorías debe incurrir hoy en lo que a nuestro entender sería un grave error.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señor Madina.

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

El conjunto de la Cámara y usted también, señor Tardà, conocen cuál ha sido la posición de mi grupo parlamentario, repetida y reflejada en varias ocasiones en la Junta de Portavoces y convertida en papeleta y en voto en una votación sucedida sobre este mismo asunto hace algunas semanas en esta misma sala, en el Congreso de los Diputados. El señor Tardà forma parte de un partido democrático que se sienta en esta Cámara porque tiene detrás miles de votos de ciudadanas y de ciudadanos de nuestro país. Sepa usted y toda la Cámara, señor Tardà, que contará hoy con el voto del Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.

Se repite hoy un debate que se realizó hace algunas semanas, exactamente el día 23 de febrero. Entonces pudieron escuchar el Grupo Mixto y el señor Bosch cuál fue la posición del Grupo Parlamentario Popular y tuvieron además la ocasión de comprobar que, a pesar de lo que dicen, aquí no hay vetos ni nada que se le parezca, ni vetos ni crímenes, hay sencillamente votos, la libertad de votar, optar, elegir y valorar la idoneidad de unas personas que forman parte o que se han constituido en candidatos de un Grupo Mixto en virtud de una situación que usted sabe y conoce. Nosotros hemos pretendido dialogar con ustedes; creo que lo hemos hecho. Incluso le hemos ofrecido la posibilidad de una solución. Ustedes no han querido aceptar esa posibilidad ni esa alternativa. Señor Tardà, usted sabe que aquí no estamos juzgando la historia de Esquerra Republicana ni nada que se le parezca, ni la legitimidad de usted, pero también le pido a otros grupos, por favor, señor Lara, que no intente dar lecciones de democracia a nadie. (Aplausos). Porque si hoy hay aquí 185 diputados y diputadas es porque la democracia en este país así lo ha querido, como también ha querido que ustedes sean 11 diputados en esta Cámara y me merece también el máximo de los respetos. Por lo tanto, respeto por respeto, señor Lara.

Por último, quiero decir algo más. He visto en su intervención cierto narcisismo victimista, señor Tardà. Es algo de lo que ustedes abusan en ocasiones, y a la hora de pedir el voto a mi grupo parlamentario lo único que he sentido es sencillamente desprecio, cuando no menosprecio. Eso ha sido lo que se ha derivado de sus palabras. El señor Bosch obtuvo el 23 de febrero 132 votos, señor Tardà. Es decir, aparte de mi grupo hubo otros grupos que tampoco consideraron idóneo al señor Bosch. Exactamente 218 diputados y diputadas de esta Cámara no votaron la idoneidad del señor Bosch. No sé cuál será el respaldo que obtenga hoy usted, señor Tardà, pero mi consideración personal hacia usted sigue presente como siempre, y lo sabe porque hemos tenido la oportunidad de compartir comisiones y debates. Aquí no se juzga la historia democrática de su partido ni nada que se le parezca, lo único que se hace es evaluar si la persona que hoy propone el Grupo Mixto representa lo que


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es la pluralidad de ese grupo. Y, sigo insistiéndole, señor Tardà, me da la sensación de que eso no lo representa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Vamos a proceder a la elección mediante votación por el sistema de papeletas. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o el nombre de un diputado que no pertenezca al Grupo Mixto. En ese caso la papela es nula. La elección se hará por el sistema establecido en el artículo 205, resultando elegido un diputado si alcanza una mayoría de tres quintos; es decir, 210 votos. Ruego al señor secretario que proceda al llamamiento de las señoras y señores diputados.

(Por los señores secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).

El señor PRESIDENTE: ¿Queda alguna señora o señor diputado que no haya sido llamado? (Pausa).

Vamos a proceder a contabilizar los votos en el recuento.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Voy a dar el resultado de la votación, que ha sido el siguiente: votos emitidos, 311; votos a favor del señor Tardà, 139; votos a favor del señor Jorquera, 3; votos en blanco, 167; votos nulos, 2. Ni el señor Tardà, que era el candidato propuesto, ni ningún diputado ha llegado a tener los votos necesarios para ser designado miembro de la Comisión de Secretos Oficiales. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra). Antes de darle la palabra al señor Jorquera, quiero decir que sus votos los cuento en la votación porque, como he dicho antes, son votos nulos todos aquellos votos -y ha habido alguno- que se hagan a diputados que no sean del Grupo Mixto, pero los votos emitidos a favor de un diputado del Grupo Mixto son votos válidos, por eso he enunciado sus votos.

Tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

En cualquier caso, ese hecho me fuerza a hacer una aclaración. No comprendo cómo puedo ser votado cuando no he sido propuesto por mi grupo, porque el BNG comparte la candidatura del señor Tardà, y cuando no me postulo para ser miembro de la Comisión de Secretos Oficiales ni nadie ha consultado conmigo su intención de votarme. Por tanto, quiero aclarar que esos votos no corresponden al Bloque Nacionalista Galego y desde luego nunca aceptaré ser usado como coartada para encubrir posiciones de veto por falta de respeto al pluralismo democrático. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, comprendo sus palabras y me parece muy razonable que haga esa manifestación, pero debo indicar que cada diputado hace lo que le parece y habrá habido quien haya hecho esto que a usted no le parece bien.

Con esto termina este Pleno, pero, como saben todos ustedes, hay otro Pleno con un punto del orden del día que comenzaremos a las cinco y cuarto en punto de la tarde.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.

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