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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 15, de 06/03/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 15
Sesión plenaria núm. 14
celebrada el martes,
6 de marzo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra el fraude fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 7, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 162/000002.) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un plan general de Marca España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 162/000182.) ... (Página11)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 47, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 173/000006.) ... (Página16)


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- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 47, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 173/000007.) ... (Página23)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 47, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 173/000008.) ... (Página30)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página37)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página38)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

Proposiciones no de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra el fraude fiscal ... (Página4)

Presenta la proposición no de ley el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y el señor Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Saura García.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un plan general de marca España ... (Página11)

Presenta la proposición no de ley el señor Floriano Corrales, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora De Las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Floriano Corrales.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página16)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo ... (Página16)

Defiende la moción el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario


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Popular en el Congreso; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; Oramas González-Moro, Jordà i Roura y el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Olabarría Muñoz.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras ... (Página23)

Defiende la moción el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Barkos Berruezo, y los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Coscubiela Conesa.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios ... (Página30)

Defiende la moción la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Susinos Tarrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Gutiérrez del Castillo.

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página37)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra el fraude fiscal, se rechaza por 140 votos a favor y 196 en contra.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un plan general de Marca España, se aprueba por 289 votos a favor, 18 en contra y 22 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página38)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo, se aprueba por 334 votos a favor.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras, con la incorporación de la enmienda de ERC, se rechaza por 36 votos a favor, 181 en contra y 118 abstenciones.

Sometidos a votación separada los puntos 1 y 3 por un lado y punto número 2 por otro, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios, todos ellos son rechazados.

Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento.

En sustitución de don Baudilio Tomé Muguruza, pregunto a doña Sara Cobos Trallero si jura o promete acatar la Constitución.

La señora COBOS TRALLERO: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Doña Sara Cobos Trallero ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 162/000002.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. La primera es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la lucha contra el fraude debe ser una de las prioridades de cualquier Gobierno, debe ser un elemento central en la política fiscal y en la política presupuestaria, fundamentalmente porque si tratamos de reducir el déficit público, eso solo se hace con recortes, no será entendible y tampoco racional desde el punto de vista económico. Hay que plantear incrementar los ingresos. No solamente la vía de reducir el déficit -son los recortes- sino ir al incremento de los ingresos, y el fraude fiscal es una parte importante de esos ingresos. En este país institutos solventes, estudios serios hablan de un fraude fiscal que está muy relacionado con la economía sumergida, que se puede entender que está en torno a los 70.000/80.000 millones de euros, pero si nos ajustamos a la economía sumergida la media de los países de la OCDE en ese fraude fiscal puede estar razonablemente entre 30.000/40.000 millones de euros, luego debe ser una prioridad sobre todo si estamos metidos en la consolidación fiscal. Además prácticamente el 80 por ciento de ese fraude fiscal se concentra en las grandes empresas, en las grandes fortunas. No es el fraude fiscal del fontanero o el cristalero sino el de las grandes empresas y las fortunas. Por eso es importante que cualquier Gobierno ponga el foco, el acento, en la lucha contra el fraude fiscal. Ahora que estamos viviendo esos ajustes; ahora que los ciudadanos están recibiendo sus nóminas y están notando el incremento de los impuestos producto de este Gobierno que decía que no iba a subir los impuestos; ahora que estamos notando los recortes, pues ahora justamente se relaja la lucha contra el fraude.

No es ético, no es moral, no es presentable, no es económicamente racional destituir a ese conjunto de profesionales que están trabajando para luchar contra el fraude y que además han dado unos excelentes resultados: en este país la lucha contra el fraude ha pasado del entorno de 4.000 millones de euros a más de 10.000 millones de euros. Es decir, ese equipo, esa oficina que está luchando contra el fraude fiscal justamente cuando los ciudadanos están recibiendo malas noticias, más recortes, un incremento de los impuestos, se dice, se hace público que se destituye, que se cesa a ese equipo de profesionales independientes, profesionales independientes. ¡Viva la independencia, la profesionalidad, la capacidad del PP a la hora de gestionar la economía, a la hora establecer criterios en el control al Gobierno y a los órganos fiscalizadores! Lo que tampoco se entiende es que en estos momentos se haya puesto al frente de ese equipo, se haya puesto como jefa adjunta de ese nuevo equipo a Pilar Valiente, inspectora fiel al PP que dimitió por los escándalos de Gescartera, una gestión más que oscura y más que dudosa. No es entendible que se cambie a este equipo y que, además, se plantee un plan de lucha contra el fraude muy poco ambicioso. En el año 2011 se consiguió la cifra de 10.400 millones de euros, una cifra pequeña pero un 40 por ciento mayor que la que había al inicio de la legislatura 2004. El nuevo Plan de lucha contra el fraude está por debajo de esos 10.400; en torno a 8.000 millones de euros. Desde luego, eso no es ambición, eso no es poner en el centro de los objetivos presupuestarios y fiscales luchar contra el fraude fiscal en este país. No es de recibo que haya menos ambición en una política, en una palanca fundamental desde el punto de vista cuadrar las cuentas, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la lógica económica, porque si los que no pagan pagaran, el resto de familias, la clase media, el conjunto de empresas pagaría menos impuestos. También desde el punto de vista de la eficiencia es muy interesante, muy razonable luchar contra el fraude fiscal.

Hay razones de fondo en la proposición no de ley que ha planteado el Grupo Socialista. Además de razones de fondo hay medidas; medidas muy concretas que nos gustaría compartir con el resto de la Cámara. Estamos abiertos a incorporar planteamientos, puntos de vista distintos, para enriquecer la proposición no de ley, en definitiva, enriquecer la lucha contra el fraude. No voy a ir enumerando ahora todas las medidas. Me voy a


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centrar fundamentalmente en dos ideas. Primera idea, una oficina integral; concentrar todos los medios humanos, todos los funcionarios preparados que tiene la Administración Central para luchar contra el fraude. Estamos hablando de un cambio de mentalidad; estamos planteando un nuevo modelo. Segunda idea, allí habría que concentrar todas las bases de datos, toda la información. La tercera idea de la proposición no de ley que estamos planteando es poner el foco en la gran fortuna, en la gran empresa, en esa trama organizada para defraudar, en el blanqueo de capitales. Ese es el nuevo enfoque, es el nuevo modelo para luchar contra el fraude fiscal. Estamos planteando también revisar las penas por los delitos económicos, aumentar el plazo de prescripción penal hasta los diez años.

Fundamentalmente les he querido transmitir esta tarde -termino ya- dos ideas desde la tribuna. La primera es que la lucha contra el fraude debe ser una prioridad de cualquier Gobierno, especialmente en este momento que estamos trabajando por la consolidación fiscal. Y la segunda idea es que hay que poner profesionales capacitados e independientes y ser ambiciosos en la política de lucha contra el fraude.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Se han presentado diversas enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, interviene por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme que antes de pasar a defender las enmiendas de nuestro grupo muestre nuestra satisfacción al ver cómo el grupo proponente se sitúa en una lógica diferente a la que mantenían en otra época. Lástima que hayan tenido que perder las elecciones, lástima que hayan facilitado la entrada del Partido Popular al Gobierno para que empiecen a entender que eso de bajar los impuestos a los ricos no era de izquierdas. Les damos la bienvenida a la lógica de entender que una política fiscal justa empieza por luchar de verdad contra el fraude fiscal y a que asuman de verdad que hay que reforzar la Agencia Tributaria, no como cuando se bajaba el 5 por ciento en 2010 o el 6,1 por ciento de su presupuesto. Por eso es importante que hoy aquí se empiece a cambiar de lógica y que se comience a acabar con el discurso de que solo es posible el recorte, de que solamente es posible recortar y recortar. Hay otra lógica, señorías. Hay la lógica de ir a obtener dinero donde realmente está. Hay la lógica de que la crisis la paguen quienes la han creado y, sobre todo, los que han obtenido beneficios de ellas. Por eso nuestra posición es favorable a esta iniciativa y presentamos una serie de propuestas para mejorarla. En primer lugar, planteamos que hay que revisar las penas. En concreto proponemos que se fije la prisión correspondiente a delitos fiscales entre cinco y diez años porque entendemos que hay que aumentarla y que esta propuesta mejoraría si se concretase, y no como sucede ahora que se sigue manteniendo entre uno y cinco años. También les proponemos restringir los pagos efectivos en operaciones comerciales por encima de los 1.000 euros. Es importante fijar esta cantidad porque es la que se adapta a las transacciones de cierta normalidad, por encima de las cuales sería importante que se restringiese el pago en efectivo para evitar que se convierta en refugio de dinero negro. Esa prohibición de pagar en efectivo, en dinero negro, podría también ayudar a que se fuese resolviendo el problema de fraude fiscal.

Proponemos también un punto nuevo en la que instamos al Gobierno a que defienda en las instituciones europeas la eliminación de los billetes de 500 euros. Un billete que no sirve para comprar o para vender, que no sirve para que circule, es un billete que tiene otra utilidad. Las estadísticas nos dicen que cada español o española guarda una media de 2,2 billetes de 500 euros. La verdad es que alguien tiene que tener los billetes de nuestro grupo porque nadie de nuestro grupo tiene billetes de 500 euros. (Risas.-Rumores.) Por la cara de sus señorías, a lo mejor tampoco los hay en esta Cámara. Pues bien, en algún lugar tienen que estar, señorías. Sabemos todos dónde están; están en las cajas de seguridad de los bancos, están en los paraísos fiscales. Su eliminación sería un elemento importante a la hora de dar un mensaje y si hubiese que cambiar estos billetes en una semana veríamos en la puerta de los bancos algún que otro espectáculo. Es una medida que va más allá de que pueda parecer anecdótica, que refleja la realidad y es que el 68 por ciento del dinero que circula en este país está en billetes de 500 euros. -Digo circula, con todas las comillas que pueda haber-. No hablamos de una cantidad residual; estamos hablando de una cantidad muy importante de billetes de 500 euros, que son refugio de dinero negro.

Es fundamental, si queremos darle solvencia y credibilidad a cualquier propuesta de lucha contra el fraude fiscal, para hacer creíble lo que se plantea, que se mejoren y aumenten los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hay que cambiar los procedimientos de trabajo y buscar la calidad. La estadística nos viene a decir que el 80 por ciento de los recursos humanos de la Agencia de Administración Tributaria se dedica a investigar el pequeño fraude, mientras que el 71 por ciento de la evasión corresponde al gran fraude. Aquí algo falla, lo que falla es que se es tremendamente inflexible con los débiles y, sin embargo, se es muy débil y dócil con los poderosos. Les plantemos cambiar la lógica; les planteamos que seamos muy duros con los poderosos, para que luego no tengamos que exigirles a las administraciones, a las comunidades autónomas más recortes. Con esta propuesta se podría claramente evitar que hoy las comunidades autónomas sean una de las grandes sacrificadas


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con los recortes. Por eso la lógica de ir contra el fraude fiscal podría evitar esa lógica del recorte, a la que ustedes tan aficionados son últimamente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Popular tiene la palabra para presentar su enmienda el señor López-Amor.

El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señorías, es que no podemos salir de nuestro asombro cuando tres meses después de dejar el Gobierno el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley para combatir el fraude fiscal. Entendemos que, siendo loable ese intento, han tenido ocho años para profundizar en esa lucha contra el fraude fiscal, y la verdad es que se lo hubiéramos agradecido todos porque nos habrían dejado un déficit bastante menor que el que nos han dejado. Por tanto, aun compartiendo desde nuestro grupo la intención final, que no es otra que conseguir ingresos fiscales haciendo posible una mayor justicia tributaria, también es verdad que en este momento a este Gobierno se le pueden decir muchas cosas, pero que no tenga voluntad de combatir el fraude fiscal es algo que ni siquiera se ha pasado por la cabeza de este Gobierno, y me explico. Señorías, el Consejo de Ministros de 30 de diciembre del año pasado -creo que fue el segundo- ya aprobó una serie de medidas publicadas en el boletín oficial del día siguiente sobre lo que debía ser la asistencia mutua en el tema de explotación de información básicamente con aquellos países con los que se han firmado convenios de doble imposición y de información relativa a paraísos o países de menor tributación hasta ese momento. Por tanto, ya el 30 de diciembre el segundo Consejo de Ministros tomó la decisión de luchar beligerantemente contra el fraude fiscal. Pero no solo ha sido así, sino que en el tercer Consejo de Ministros se aprobaron ya las directrices del Plan de control del fraude tributario, del fraude contra la Seguridad Social y del fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social, porque el fraude tiene muchas maneras de ser y de existir en este país. No solo existe el fraude de carácter tributario sino que existe también un fraude para evitar hacer emerger a aquellas economías sumergidas que amplían la base de contribuyentes y que tan necesarias son, pero que además colocan a los trabajadores en el peor sitio en el que pueden estar, que es en la esclavitud, y sin ningún derecho laboral ni retributivo. En consecuencia, ya en ese tercer Consejo de Ministros se aprobaron las directrices fundamentales de ese control del fraude que, además, se extendía a otros ámbitos y que tenía como objetivo funcional de su existencia la colaboración y la coordinación no solo entre los diferentes órganos de la Administración del Estado sino también con las comunidades autónomas, con las haciendas forales y con las haciendas de los territorios históricos.

Por eso nuestro grupo se ha visto obligado a presentar una enmienda de sustitución, porque la que ha presentado el grupo proponente no nos gusta, y no nos gusta porque entendemos que la nuestra, que voy a dar por defendida, es mucho más omnicomprensiva y además toca un punto que en el futuro tendrá una importancia decisiva y capital, como es la asistencia mutua no solo en el ámbito de la Unión Europea sino también en el ámbito de aquellos países que con España han firmado convenios de doble imposición. En la resolución de 24 de febrero de este año ya queda claro cuál es el Plan de control del fraude y ahí se establecen medidas de todo tipo, no solo medidas de carácter tributario sino también medidas de carácter recaudatorio como puede ser el embargo cautelar en aquellos procesos de ejecución por vía de apremio incluso cuando se inicia el proceso de gestión en el ámbito tributario. Por tanto, es ahí donde hay que incidir y evidentemente todas las modificaciones posibles en este campo están sometidas de forma permanente a estudio, y nuestro Gobierno está en ello y cuando sea necesario tomar las decisiones normativas que haya que tomar las traerá a esta Cámara para que con el conocimiento y la transparencia de todos los diputados se vayan ajustando conforme nos lo exijan las necesidades de esa lucha contra el fraude. Por ello, animo a todos los grupos a que voten nuestra enmienda de sustitución. Está en el mejor espíritu de lucha contra el fraude fiscal, de disminución del déficit y sobre todo de dar a los trabajadores que forman parte de economías sumergidas la posibilidad de que entren a formar parte del circuito productivo con todos sus derechos garantizados.

Quiero terminar esta intervención tan breve recordando unas palabras de la vicepresidenta del Gobierno cuando en su primera comparecencia dijo que el espíritu de la Constitución inspira nuestra forma de gobernar, y la voluntad de superación es el aliento de nuestro Gobierno, y ese va a ser nuestro estilo no solo en este tema sino en todo el ámbito del fraude fiscal. Por último, quiero decir que en el ámbito de la oficina nacional de investigación del fraude ha habido unos funcionarios, que son de libre designación, que han sido cesados en el ejercicio de una potestad absolutamente normal en cualquier país democrático, y que han sido nombrados funcionarios de carrera, alguno de los cuales ya ha estado incluso en ese ámbito.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.

Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.

Señores del Grupo Socialista, en el Grupo Vasco compartimos plenamente la oportunidad de la iniciativa que hoy nos presentan, el diagnóstico y las medidas para


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luchar contra el fraude fiscal. De la misma manera que compartiríamos también cualquier otra iniciativa al respecto que contemplara medidas similares o diferentes, siempre y cuando fueran orientadas de verdad a luchar contra el fraude fiscal. Tenemos las ideas claras al respecto y la voluntad política firme de perseguir y tratar de erradicar el fraude utilizando todas las vías económicas, políticas y democráticas disponibles. Nuestro programa electoral así lo atestigua. Es pues una cuestión sobre la que nos mantendremos firmes y dispuestos a apoyar, a colaborar y a trabajar junto con el resto de los grupos de esta Cámara. En principio votaremos que sí a esta y cuantas iniciativas similares o con idénticas intenciones se presenten. No obstante, quedamos a la espera de la posición del Grupo Socialista en relación con la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Vasco. Tenemos que avanzar hacia una sociedad desarrollada y democrática en la que los ciudadanos consideren que defraudar es robar a otros ciudadanos y que el que defrauda, en vez de ser un ejemplo a seguir es alguien a quien perseguir y a quien denunciar, alguien que debe pagar penalmente lo que evita pagar a Hacienda para mantener las políticas públicas, las políticas sociales, etcétera.

Por lo tanto, el fraude es una cuestión a combatir desde múltiples ámbitos, desde la educación y los valores de la solidaridad, hasta la utilización del Código Penal y cuantas herramientas disponga al efecto el sistema democrático. Así, crear una oficina de lucha contra el fraude puede servir en el empeño de facilitar la necesaria coordinación y cooperación entre los diferentes intervinientes en la lucha y persecución del fraude: Hacienda, la Seguridad Social, las instituciones que persiguen el blanqueo de capitales, etcétera. Las medidas legislativas han de facilitar igualmente la detección de las bolsas de fraude, evitar las grietas de la legislación que permitan huir del sistema a los defraudadores, así como endurecer las penas para aquellos que evadan al fisco. La ingeniería fiscal debe ser dificultada. No es de recibo que los más ricos e informados eviten pagar impuestos utilizando armas que la propia legislación les concede. Ello requerirá, sin duda, la coordinación internacional, la colaboración de otros países, la eliminación de los paraísos fiscales y me temo que muchas dosis de paciencia, a la vez que una intensa concienciación y colaboración ciudadana. No puede ocurrir que sea incluso vox populi que tal actor, tal futbolista o tal deportista tengan el domicilio fiscal en las Islas Caimán, en Andorra o en Gibraltar, y lo aplaudamos. En época de crisis como la que estamos la necesidad de luchar contra el fraude se multiplica. Debería ser, sin duda, la primera fuente de obtención de ingresos antes que subir impuestos y mucho antes que recortar los gastos y especialmente si estos son de carácter social. No pagar los impuestos siempre debería ser motivo de sanción económica, penal y social, pero es especialmente grave cuando muchos ciudadanos lo están pasando mal con la crisis, bien porque están en paro o bien porque les recortan las prestaciones sociales. En este espíritu se inserta nuestra enmienda de adición a la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. Creemos que es importante reformar el Código Penal, de manera que el delito contra la Hacienda pública sea mayor que el establecido para el insolvente punible. Es preciso también endurecer el tratamiento de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal. Planteamos igualmente modificar el tratamiento de las rentas de capital para acercar su tributación, como mínimo, al impuesto sobre sociedades, y el régimen de las Sicav, de manera que su tributación se iguale al tipo máximo del impuesto sobre sociedades, al igual que propugnamos cambiar el tratamiento fiscal de las rentas de deportistas de élite y personas no residentes.

Esperamos del Grupo Socialista, esperamos, señor Saura, que analice nuestra enmienda, que tenga a bien aceptarla o al menos negociarla y, en función de esto, votaremos, pero siempre con el ánimo de que nuestro voto será por la lucha contra el fraude.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, como ha dicho el señor Azpiazu, quienes cometen fraude fiscal son merecedores de la censura penal, de la censura política y de la censura social. Este es, por tanto, un tema, este del que estamos hablando, que se podría llamar un tema de Estado, en el que merecería mucho la pena que tuviéramos un principio de acuerdo, siquiera sobre el principio mismo, valga la redundancia, de que aflore el fraude fiscal. Según distintos estudios de los técnicos de Hacienda, supondría algo así como la recaudación de 70.000 millones de euros al año. Es una cantidad importantísima y, por tanto, en crisis económica, como ya se ha dicho, merece más la pena todavía darnos cuenta de qué cosas podríamos evitar de las que se están haciendo y de qué cosas podríamos evitar hacer sencillamente si consiguiéramos que no hubiera gente que nos defraudara al conjunto de los españoles, porque el fraude no es una cosa que se hace a alguien desconocido, sino que se hace a todas las personas que pagan religiosamente -si me permiten la expresión, aunque sea religiosamente en términos laicos- sus impuestos.

Digo que esta es una cuestión de Estado que merecería, al menos desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, el mínimo de reproche, en el sentido de: Pues mira que lo que hiciste tú, pues anda que tú. Por tanto, no me detendré en algo que a cualquiera le puede llamar la atención, como es el caso de que el proponente es el portavoz en esta materia de un partido que acaba de dejar de gobernar. Es verdad, acaba de dejar de gobernar y por eso quizá dedica una parte importante


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de su exposición de motivos a glosar un plan de lucha contra el fraude que hizo el Gobierno anterior y que desde mi punto de vista -y desde el punto de vista del proponente porque, si no, no plantearía reformas sobre el propio plan- ha sido un fracaso en términos de no conseguir los objetivos pretendidos. ¿Que se mejoró algo sobre el pasado? Algo tan pequeño que realmente el propio Grupo Socialista plantea una reforma del plan que el Gobierno socialista, el Partido Socialista puso en marcha en las dos legislaturas pasadas. Yo creo que por eso sobran explicaciones, pero me quiero poner en la posición de hoy hacia delante. Vamos a ver si somos capaces de consensuar en esta materia algo que haga España precisamente para resolver esta lacra, que es una lacra, además de insostenible, injusta.

Podría decirse -y quiero decirlo; entiéndanme, pónganlo si quieren entre comillas- que en esta materia los gobiernos anteriores han fracasado, y el fracaso está expresado en el hecho de que en este momento hay cifras orientativas, aunque no las hay demasiado fiables. Siguiendo la dinámica que planteaba el propio portavoz del grupo proponente, ahora mimo en España el fraude fiscal se evalúa alrededor del 25 por ciento, mientras que la media europea está en el 13; casi estamos en el doble. Por tanto, en esta materia hemos fracasado. ¿Por qué hemos fracasado? Yo creo que hemos fracasado, que hemos perdido la batalla porque en la lucha contra el fraude fiscal se ha ido a lo fácil, esto es, a perseguir a los trabajadores, a los trabajadores asalariados, a los autónomos, a las pequeñísimas empresas, y no se ha ido a perseguir a las grandes bolsas de fraude, como también algún interviniente ha puesto de manifiesto, hasta el extremo de que se sabe que las grandes bolsas de fraude están en las empresas medianas-grandes, aquellas que facturan más de 6 millones de euros; ahí se concentra el 76 por ciento del fraude, mientras que el 80 por ciento del personal que trabaja en esta materia en la Agencia Tributaria se dedica precisamente a perseguir el posible fraude de los trabajadores asalariados. Es obvio que no estamos bien organizados y que no estamos objetivando el trabajo fundamental. Los técnicos de Hacienda acaban de presentar públicamente un estudio en relación con el proyecto del Gobierno de la nación y lo han calificado como bienvenido, pero a la vez como tímido. Han planteado la necesidad de que se persigan las grandes bolsas de fraude, que se reforme la Agencia Tributaria, que se le dé más capacidad y competencia, que en la organización de la Agencia Tributaria se dedique más esfuerzo a la investigación y no solamente a la persecución de aquellos que ya se denota que están cometiendo fraude, porque los técnicos de Hacienda nos recuerdan en esa información -y son los que más saben, por eso insisto en sus apreciaciones- que el 83 por ciento de los delitos hoy día quedan impunes. Por tanto, hay que modificar la legislación en la línea de una de las propuestas que plantea el Grupo Socialista.

En definitiva, desde Unión Progreso y Democracia creemos que la lucha contra el fraude fiscal está mal enfocada. No nos parece que la solución sea crear oficinas o agencias nuevas, como plantea el Grupo Socialista en su primer punto. Creemos que hay que dotar de medios humanos y materiales a la Agencia Tributaria, revisar sus competencias, darle competencias de coordinación con el resto de agencias tributarias que existen en el conjunto del Estado y otorgarle por tanto poderes para inspeccionar los tributos estatales, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas. Creemos que es muy importante que algunas competencias que no tienen, por ejemplo el control de las Sicav, pasen a depender de la Agencia Tributaria...

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que ir acabando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.

Ahora mismo el control de las Sicav, que es fuente de todo tipo de chapuzas y de fraudes, no depende, como todos ustedes saben, de la Agencia Tributaria, sino de la Comisión del Mercado de Valores. Por tanto, que estén sometidas al control de la Agencia Tributaria me parece que sería un paso en la buena dirección. En ese sentido hemos planteado una serie de enmiendas. No sabemos cuál es el criterio del Grupo Socialista, pero en todo caso sometemos a su consideración la necesidad de hacer de esta cuestión no un elemento de disputa entre nosotros, sino un elemento de verdadero pacto de Estado.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de defender la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario debo decir que estamos convencidos de la necesidad de priorizar y reforzar las políticas y actuaciones orientadas a la lucha contra el fraude fiscal. Así lo hemos hecho desde siempre y en esta línea hemos actuado. Somos conscientes de que es necesario y queremos que se continúen impulsando de forma decidida las acciones orientadas a la identificación, a la consiguiente penalización y a la disminución del fraude fiscal, y todo ello porque es una exigencia de justicia social. No hay nada más antisocial que el fraude fiscal. En este aspecto hay mucho camino por recorrer, y es evidente que aquí la Administración tributaria, con los recursos que tiene a su disposición, tiene un gran campo para poder desarrollar su acción inspectora y demostrar una gran efectividad.

En los últimos años hemos avanzado de manera muy significativa en la lucha contra el fraude fiscal y se han activado diversas iniciativas orientadas a cumplir con estos objetivos. El anterior Gobierno avanzó unas medidas, como la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Se han impulsado diversos


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planes, como el de prevención del fraude fiscal, el integral de prevención del fraude fiscal, los anuales de control tributario -la anterior interviniente de UPyD se refería al último, publicado por el BOE el 1 de marzo- o el Plan de actualización de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la creación de unidades específicas como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Oficina Nacional de Localización de Activos, etcétera, medidas que en los últimos años han doblado los ingresos obtenidos como consecuencia de la persecución del fraude fiscal. Algunos estudios nos ponen de manifiesto el elevado grado que alcanza la economía sumergida y la Comisión Europea nos recuerda, por ejemplo en su propuesta de marco financiero plurianual, que la lucha contra el fraude fiscal tiene una alta prioridad en la agenda de la política fiscal de la Unión Europea.

Entrando ya en la proposición no de ley que en estos momentos debatimos, debemos decir que las medidas reclamadas por el Grupo Parlamentario Socialista no coinciden con nuestro modelo de lucha contra el fraude fiscal. No creemos que con la creación de nuevos organismos, el impulso de reformas legislativas y la imposición de más obligaciones a los contribuyentes consigamos el objetivo que todos podemos perseguir: la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, sino que lo fundamental y prioritario es que se articule un plan completo de lucha contra el fraude. Por tanto, corresponde al Gobierno articular dicho plan. En la enmienda formulada, Convergència i Unió reclama del Gobierno la lucha contra el fraude a gran escala, contra el blanqueo de capitales y contra el fraude a pequeña escala, tanto en su perspectiva fiscal como social; medidas de lucha contra el fraude que, a nuestro parecer, deben centrarse más en luchar contra los rendimientos no declarados y ocultos que revisar exhaustivamente la correcta declaración formal de los rendimientos efectivamente declarados. Si realmente se quiere luchar contra el fraude fiscal debe trabajarse en los hechos no declarados para poner límite al fraude y a la economía sumergida que, a pesar de no disponer de datos oficiales, tradicionalmente, y por desgracia, siempre se sitúa en tasas mucho más elevadas que en Estados de nuestro más directo entorno. Por ello, por esta vía el margen es amplio. Asimismo, medidas que reduzcan la conflictividad entre la Administración tributaria y los contribuyentes, un sistema que actualmente está generando un gran número de conflictos ante tribunales, primero, administrativos y, después, contencioso-administrativos; además, con una elevada tasa de asuntos que finalizan con sentencias no favorables a la Hacienda pública. Como bien se pone de manifiesto de forma reiterada en las memorias de actividades del Consejo General del Poder Judicial -y así lo ha expuesto el presidente de este órgano en la Comisión de Justicia reiteradamente-, la suma de asuntos de naturaleza tributaria pendientes de resolución en la Sala tercera del Tribunal Supremo siempre alcanza cifras muy elevadas. En 2009, por ejemplo, hasta 6.000 millones de euros.

Otra medida que debe impulsarse es el establecimiento de fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la agencia estatal, la Administración tributaria del Estado, y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal. Este aspecto, de forma sorprendente para nuestro grupo parlamentario, no se contempla en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Debemos recordar en este punto que, como contemplan los artículos 203 y 204 del Estatut de Cataluña, corresponde a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos totalmente y dichas funciones, en la medida en que se atribuyan, respecto a los cedidos parcialmente. Además, la previsión de que debe constituirse un consorcio o ente equivalente con participación paritaria entre la Agencia Tributaria estatal y la Agencia Tributaria de Cataluña. Nuestra enmienda reclama la constitución de este ente. Para finalizar, señorías, el marco legislativo es suficiente, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone de medios para luchar contra el fraude. Lo que debe hacerse es centrar la lucha en los rendimientos no declarados y ocultos y reducir la excesiva conflictividad entre la Administración tributaria y los contribuyentes, sin olvidar, como no puede ser de otro modo, la previsión del Estatut de Cataluña en relación a la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

En turno de fijación de posiciones, porque se han acabado las enmiendas, comparten tres oradores el tiempo. Se lo señalo para que lo tengan en cuenta. En primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente. El BNG comparte los contenidos de esta proposición no de ley. Combatir el fraude fiscal debe ser una tarea prioritaria, máxime teniendo en cuenta el gran volumen de fraude y evasión fiscal que existe en el Estado español. Según un informe de Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal en el Estado español equivale al 23 por ciento del producto interior bruto, 10 puntos más que la media europea. El impacto del fraude fiscal en el desequilibrio de las cuentas públicas es evidente; simplemente reduciendo el fraude hasta situarlo en el promedio europeo se ingresarían unos 25.000 millones de euros al año, una cantidad similar a los recortes anunciados por el Gobierno para cumplir con el nuevo objetivo de déficit. Pero, además, el fraude fiscal acentúa la falta de equidad del sistema fiscal dado que la evasión fiscal practicada por las grandes fortunas y las grandes empresas representa más del 70 por ciento del


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total, con un impacto estimado de más de 40.000 millones de euros.

Por estas razones el BNG votará a favor de esta proposición no de ley, muchos de cuyos puntos son coincidentes con propuestas formuladas por el BNG y otros grupos de la Cámara en la pasada legislatura que fueron rechazadas, por cierto, por el grupo que entonces daba soporte al Gobierno. Bienvenida sea por tanto la conversión del Grupo Socialista, pero permítanme que lamente los ocho años perdidos en esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera, porque ha cumplido perfectamente con su tiempo.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el señor Botín tenía más de 2.000 millones de euros ocultos en Suiza y en lugar de estar a buen recaudo -ya me entienden- continúa acumulando inmorales beneficios económicos y además dictando reformas económicas e incluso laborales al Gobierno. De hecho, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han rivalizado en estos últimos años a ver quién era el primero en abrazarse a él y a otros de su misma condición. De manera que, aun cuando vamos a votar a favor, nosotros estamos sumidos en el escepticismo, puesto que sabemos que el fraude fiscal existe y al parecer seguirá existiendo porque no creemos de verdad, de verdad, que vayan a actuar ustedes como tampoco actuó el Partido Socialista en los últimos años. Fíjense si nos preocupa: si consiguiéramos acabar con el fraude fiscal podríamos implementar una renta básica universal de 600 euros para todas las personas sin empleo que han agotado la prestación. Luego, efectivamente, nos estamos jugando todo y más luchando, o en este caso no luchando, contra el fraude fiscal porque además se han elevado a los altares no solamente a personajes como Botín y otros -repito-, sino que incluso hemos convertido en iconos de la juventud a personas que hacen del fraude fiscal, de la escapatoria a contribuir al fisco una norma normalizada, general. Estamos hablando, por ejemplo -tal como ya ha hecho referencia el diputado del Partido Nacionalista Vasco-, de los deportistas de élite. De manera que nosotros -repetimos- estamos instalados en un cierto escepticismo. Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal está protagonizado, está producido por las grandes empresas, los grandes empresarios. ¿Están dispuestos a actuar contra ellos? ¿Estamos dispuestos a meterlos en la cárcel? Por cierto, ¿ustedes creen que el señor Urdangarín va a ir a parar a la cárcel? Pues yo creo que no, sinceramente. La economía sumergida, que ciertamente afecta a los pobres, a las clases populares, de hecho se ha convertido también en una válvula de escape de nuestras sociedades...

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, le recuerdo que comparte su tiempo.

El señor TARDÀ I COMA: Perdone, señor presidente, termino.

Para poder luchar de verdad contra el fraude fiscal hay que atacar a los ricos. Y punto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también vemos con escepticismo esta propuesta que se ha hecho, aunque coincidimos con la necesidad de combatir el fraude fiscal. Quienes hemos intervenido en esta tribuna en nombre de Amaiur hemos subrayado repetidamente que por parte del Gobierno, de este y del anterior, hay un diagnóstico erróneo sobre las causas de esta crisis económica sistémica, que tiene unas características especiales en el caso del Estado español. De este diagnóstico erróneo surgen medidas ineficaces para hacer frente a la crisis, y una de ellas es el planteamiento de la política fiscal con carácter coyuntural, es decir, como hay crisis, vamos a actuar sobre la política fiscal y sobre el fraude fiscal, cuando realmente, si se quiere ir a la raíz de las cosas, tenemos que ir precisamente a una política fiscal que no tenga carácter coyuntural sino permanente. Y esto es así porque con la crisis económica, que está siendo aprovechada para desmontar el Estado del bienestar e impulsar el modelo neoliberal, se están precisamente tapando los problemas estructurales del Estado español. Si se tiene como objetivo el reforzamiento del Estado del bienestar, no solo no se adoptan medidas fiscales coyunturales, sino que se afronta con seriedad la lucha contra el fraude. La política fiscal y la lucha contra el fraude, sobre todo el fraude, entre comillas, legal, debe ser un objetivo prioritario desde el punto de vista de la justicia social, la igualdad y la solidaridad, y en este punto es inadmisible que las grandes fortunas, los grandes capitales, se queden siempre al margen del sistema tributario.

Por esta razón desde Amaiur pensamos que debemos ir más allá y tenemos que abordar los cambios legislativos necesarios para evitar esas actuaciones de ingeniería fiscal que van contra el principio de progresividad, especialmente todas esas operaciones de ingeniería fiscal que se esconden detrás de la tributación de las sociedades patrimoniales y las Sicav. Ese es el elemento fundamental que tenemos que abordar precisamente para dar razón a la justicia social y para reparar las injusticias que sufren los ciudadanos de la calle, que son los que cumplen lealmente con las obligaciones y responsabilidades que tienen como ciudadanos en el Estado. Por eso vemos con escepticismo la propuesta, vamos a votar a favor, porque es difícil no votar a favor de ser buenos y benéficos,


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pero queremos plantear esta reflexión: mientras no se aborde la lucha contra el fraude, entre comillas, legal, el que se esconde detrás de las sociedades patrimoniales y las Sicav, estaremos haciendo un fraude al conjunto de la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Señor Saura, ¿acepta su grupo alguna enmienda?

El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, si me permite, vamos a tomarnos algo de tiempo y antes de la votación le indico las enmiendas que vamos a aceptar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura, hágalo así.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN PLAN GENERAL DE MARCA ESPAÑA. (Número de expediente 162/000182.)

El señor PRESIDENTE: La segunda proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan general de marca España.

Tiene la palabra el señor Floriano.

El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señorías, la confianza del exterior en nuestro país se ha deteriorado en los últimos años. Los errores de política económica nos han presentado ante nuestros socios europeos como un problema y la desorientación en política exterior, como un socio poco fiable. Sin embargo, la imagen de nuestro país es una imagen muy sólida, gracias a nuestra historia, gracias a nuestras lenguas, gracias a nuestros artistas, a nuestros deportistas, gracias a nuestra diversidad, a nuestros creadores y gracias a nuestros ciudadanos. Es sólida gracias a nuestras empresas: el 60 por ciento del volumen de negocio de los miembros del IBEX se obtiene en el extranjero, proceso al que se han incorporado también la pequeña y la mediana empresa, hasta el 30 por ciento del PIB español procede del sector exterior. Por eso, mejorar nuestro sector exterior, mejorar nuestra proyección exterior, mejorar nuestra imagen, recuperar la imagen de socio fiable, de país en el que se puede confiar, puede ser un elemento que contribuya a que crezca nuestro PIB, a que crezca nuestra riqueza y, por tanto, nuestro empleo, que es el principal objetivo del Gobierno, que crezca el empleo. Incrementar la participación del sector exterior en el producto interior bruto en el siglo XXI no puede ser solo a base de lo que ha sido la diplomacia tradicional, sino que debe verse acompañado por lo que se ha dado en llamar la diplomacia pública y la diplomacia económica, de manera que actuando de forma coordinada, y siempre que sea de interés de forma conjunta, se pueda configurar lo que se ha dado en llamar el poder inteligente, el poder blando, que mejore la imagen de la oferta española en un sentido amplio. Me refiero a mejorar la imagen de la oferta española en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito medioambiental o en el histórico; y ser capaces de posicionar a nuestro país en ese segmento de calidad en un mundo global creo que es uno de nuestros grandes retos.

Las Cortes Generales, este Congreso, no podían quedar al margen de la acción del Gobierno, tendente a convertir el Plan de la marca España en la piedra angular sobre la que converjan la diplomacia económica y la diplomacia pública, a las que me refería anteriormente, dentro de las restricciones presupuestarias en las que nos movemos en esta legislatura. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa con un doble objetivo: el primero de ellos es coordinar y trabajar de forma conjunta en todas las acciones que se están llevando a cabo en el ámbito exterior por parte de todo el Estado. Déjenme que me detenga brevemente en esta cuestión. En Sao Paulo, señorías, existen diez oficinas comerciales aparte de las del Estado; en México existen nueve oficinas comerciales aparte de las del Estado; sin embargo, hay cuarenta y siete capitales en el mundo en las que no tenemos oficina comercial aunque sí embajada y cincuenta y cuatro ciudades en las que tenemos consulado pero no oficinas comerciales. Asimismo, en Shangai tenemos siete oficinas comerciales aparte de las del Estado. El coste de la representación exterior autonómica en 2011 va a ascender a 402 millones de euros, a pesar de ser una competencia exclusiva del Estado, que ya cuenta con el ICEX, con Cofides, con Interex, con P4R y el consejo interterritorial, en el que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas. Con los déficits y las sobrecargas que se detectan, resulta razonable coordinar o trabajar, cuando sea de interés, de forma conjunta para obtener el máximo beneficio para todos dentro de la diversidad de la nación española.

En segundo lugar, hemos presentado esta iniciativa para orientar todas las políticas que desarrollamos en el exterior a generar confianza, y para eso es imprescindible, desde nuestro punto de vista, continuar por las sendas de estímulo a la economía a través de las reformas emprendidas y del control de los excesos presupuestarios, así como presentarnos como un socio fiable, defendiendo una política exterior propia de uno de los principales países de la Unión Europea, con importantes intereses en el continente europeo, en el continente americano y en el norte de África. Con esta iniciativa vamos a tratar de dotar a todos los actores que participan en el sector exterior de una estructura institucional que no suponga la creación de nuevos organismos ni la contratación de más personal; no olviden que nos movemos en un escenario de restricción presupuestaria a la que ninguno de nosotros podemos ser ajenos en esta Cámara.

Señorías, el Congreso de los Diputados, en el que representamos a la soberanía nacional, no puede ser


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ajeno a este gran proyecto de que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, respetando la diversidad de nuestro país, confluyamos todos en recuperar la necesaria confianza en nuestro país, también en el sector exterior, así como una acción coordinada de todos los actores que se mueven en el ámbito internacional. Por eso les ofrezco a todos y cada uno de los grupos que nos han presentado enmiendas transaccionales la posibilidad de llegar a un acuerdo desde ahora hasta el momento de la votación y, en cualquier caso, el apoyo a todas y cada una de sus señorías.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.

Se han presentado diversas enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.

Señorías, España necesita un plan para proyectarse en el exterior. Se trata de un plan que es infinitamente mayor que el proyecto de la marca España, pero en cualquier caso se trata de un buen comienzo. Mi grupo lo apoya -se lo digo ya, desde este momento, señor Floriano, para evitar el suspense-, pero, puesto que vamos a promover España en el exterior y puesto que se pretende hacer bajo el marchamo de la calidad y la competitividad de nuestro país, nos gustaría mejorar esta proposición no de ley para que esté a la altura de la ambición que pensamos que debe tener este proyecto. En primer lugar pensamos que, puesto que no se trata de la primera vez que el proyecto de la marca España se plantea en nuestro país, sería útil aprovechar toda la experiencia anterior, toda la documentación anterior y todos los informes que se hicieron -me refiero a la segunda legislatura del Gobierno de Aznar- sobre todo porque el proyecto marca España llevaba una buena velocidad de crucero, pero se detuvo en el año 2004 con el cambio de Gobierno. Pensamos que esto es bastante revelador de cómo, si no se plantea como una política de Estado y como una política de consenso entre todos los partidos de esta Cámara, sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobernar, nos podemos encontrar con que se mine la propia credibilidad del plan. Es decir, si cada cuatro años España suspende sus planes de proyección en el exterior, bastante poca credibilidad vamos a demostrar nosotros mismos en esos planes.

Nos enfrentamos en este momento con una realidad que es pésima. Si bien en aquel momento había una buena realidad económica y estaba constatado que la imagen que proyectaba España en el exterior no se correspondía con la realidad, en este momento la situación es aún más difícil, puesto que lo que tenemos es una realidad, sobre todo económica, pésima, insisto, y por lo tanto será más difícil proyectar esa buena imagen exterior.

Pensamos también que, puesto que se trata de una política nacional, es fundamental que esté dirigida desde el propio Estado central y que las comunidades autónomas se subordinen a ella. Creo que fue el propio ministro de Exteriores, el señor García-Margallo, quien dijo en esta Cámara que cuando uno tiene una imagen, tiene una imagen, pero si tiene dos o tres imágenes, ya no tiene ninguna. En nuestro caso, está ocurriendo que muchas veces en el exterior tenemos diecisiete imágenes de España y que España habla con diecisiete voces. Ha hablado usted, señor Floriano, del asunto de las embajadas. En su mano está mejorarlo. El ministro de Exteriores invitó, al poco tiempo de tomar posesión, a las comunidades autónomas a sumarse a ocupar las legaciones diplomáticas que España tiene en el exterior y después nos informó de que solo dos comunidades autónomas habían aceptado esa invitación. Nosotros pensamos que como Gobierno se puede hacer algo más que solo invitar a las comunidades a compartir sede. De hecho, el Gobierno de la nación está para algo más que coordinar, puesto que coordinar ya se ha visto en muchas ocasiones que no funciona; está para tomar decisiones sobre qué hacer en situaciones como esta.

Para transmitir una imagen nítida de España en el extranjero también pensamos que es fundamental que nosotros mismos lo percibamos con esa claridad. No se trata de vender España a los españoles, pero creo que sí es manifiesta la necesidad que tenemos de un relato nacional, de saber con claridad qué es lo que somos, qué país somos y qué país queremos ser. Esto es algo muy complicado, que no se resuelve con una proposición no de ley ni con un proyecto como el de la marca España, pero en todo caso, como le decía al principio, es un buen comienzo. Es un trabajo muy arduo en el que podrá contar con mi grupo y con nuestro apoyo en todo momento. Y le animamos también a que cuente con todo tipo de personalidades para este proyecto, empezando por el único diputado que tenemos en esta Cámara que ha defendido los colores de la Selección Nacional. Se trata de contar con deportistas, artistas, escritores, músicos, cocineros... Creemos que muchas de esas grandes personalidades estarían muy dispuestas a colaborar en esto y apoyar a nuestro país. Nos parece que nadie sobra en esto y nosotros hemos presentado enmiendas que esperamos que puedan ser apoyadas por ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que la marca España no está viviendo su mejor momento y creemos más en una imagen más diversificada hacia el exterior y menos en la imagen unitaria que propone la proposición


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no de ley de marca España, que entendemos que puede ser hoy más negativa que positiva por la situación económica y social que estamos atravesando fruto de la profunda crisis que vivimos y que tiene un impacto directo en la percepción y en la imagen como país.

Para nuestro grupo, señorías, suma más y muy especialmente en estos momentos la diversidad que la unidad. No creemos que sea el mejor momento para impulsar una marca única sin un producto suficientemente atractivo detrás. Creemos que esta es en este momento una estrategia equivocada. Entendemos en cambio que deben defenderse y promocionarse las marcas que en el marco del Estado incorporan calidad y prestigio y tenemos en el conjunto del Estado español marcas suficientemente potentes y con prestigio que pueden permitir ofrecer productos de calidad y vender una imagen de fuerza en el exterior contribuyendo a su vez a recuperar el prestigio de la marca España. Discrepamos por tanto del contenido y del enfoque unitario de la proposición no de ley, tanto desde un punto de vista político como también técnico. Desde este último punto de vista, si nos planteamos crear una marca lo primero que debemos hacer es pensar en técnicas de marketing y es una mala técnica a nuestro entender la unificación y es una técnica más potente promover la diversidad de marcas. Hoy España está asociada a vulnerabilidad económica. Necesitamos recuperar credibilidad a nivel internacional. Pero la actual coyuntura económica y social no contribuye hoy a la imagen del país. Tenemos la necesidad y la obligación de abordar unas reformas estructurales que nos permitan reorientar el crecimiento y ganar y recuperar competitividad, y recuperar también la imagen de un país económicamente más sólido y competitivo. Hoy en día, señorías, marca España equivale a ofrecer un producto con menores garantías y es por ello que debemos utilizar el prestigio de aquellas marcas con productos reconocidos en calidad y utilizar por tanto el prestigio de la diversidad.

Entendemos, señorías, que tampoco tiene sentido aplicar la marca España a todos los productos del Estado de la misma manera. Al contrario. Es un valor apostar y utilizar la diversidad tal como lo hacen y lo han hecho las grandes empresas y grandes corporaciones que han generado marcas mundialmente famosas y afianzadas en los mercados internacionales con identidad propia. Las marcas tienen un valor en sí mismas y en España tenemos marcas que identificadas con productos de excelencia, innovación, de calidad, constituyen ofertas de valor en los mercados internacionales. Ejemplos como la marca Canarias, vinculada al turismo de sol y playa; la marca Madrid, asociada a la cultura; la marca Barcelona, asociada al móvil; la marca Baleares, y muchos ejemplos más. En un momento de una marca España más deteriorada necesitamos apostar y utilizar la diversidad de marcas que tenemos. Necesitamos llegar al consumidor final y potenciar las ventas a través de las marcas sectoriales de prestigio, que no nos faltan. La diversidad de productos, señorías, se merece también una diversidad de ventas y es por ello que también se hace necesario e imprescindible -y no solo desde un punto de vista político- incorporar en este proceso de promoción y venta a las comunidades autónomas, imprescindibles en su papel y olvidadas en esta proposición no de ley.

Es también necesario incorporar aspectos tan enriquecedores de nuestro Estado como son su carácter plurinacional, plurilingüista y pluricultural, reconocidos por muchos países en sus políticas. No podemos disolver todo el potencial que tenemos bajo el paraguas de la marca España, pues este paraguas hoy en día no sirve como debería servir para impulsar el mercado y dar más nombre a las marcas diversas que tenemos. Al contrario, son estas las que pueden permitir la recuperación de la marca España y las que le pueden permitir ponerla en valor. Ejemplos de países que actúan con este enfoque los tenemos en Estados Unidos con California, en Italia con Toscana, etcétera. Son países que aprovechan su potencial dando marca a sus productos o servicios bajo el reconocimiento de la región y no bajo el nombre del país. Ello tiene una repercusión positiva en el país, que obtiene más reconocimiento y rentabilidad vendiéndose con distinto nombre.

Por todo ello, señorías -y acabo señor presidente-, hemos presentado con este enfoque y estos aspectos que he comentado una enmienda a la proposición no de ley; una enmienda que marca nuestro propio modelo, un modelo que entendemos más ajustado a las necesidades de país, y una enmienda con una redacción que pone de manifiesto los aspectos señalados, instando al Gobierno a desarrollar una campaña exterior de apoyo a la diversidad de marcas existentes en el territorio español, que incorpore la propia especificidad de cada imagen de marca en todos los terrenos, incluido el turístico, y que permita contribuir mejor a impulsar nuestro potencial económico exterior desde la diversidad y como factor estratégico de competitividad. Todo ello, señorías, contando con la participación de las comunidades autónomas y, en su caso, señalando el carácter pluricultural, plurinacional y plurilingüístico del Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Aprovecho esta primera intervención para felicitarle como presidente del Congreso, soriano, como yo, y paso a defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Pero antes, señor Floriano, quería matizar un aspecto en el que estamos básicamente de acuerdo, los errores en política económica. Quiero que figure en acta para que cuando el señor presidente del Gobierno -que hoy no esta aquí- lo lea, se lo recuerde al que fue su ministro de Economía, señor Rato, y al que


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entonces era su compañero de filas, señor Cascos, que ahora deben estar peleados por Asturias. El día 28 de noviembre del año 2003 dijeron que no había burbuja inmobiliaria. Y ahora el propio Rato dice que el principal problema es todo lo que se generó del bum inmobiliario y las hipotecas. Entre el año 1998 y el año 2004 se generaron trece millones de hipotecas, que ahora son las que lastran nuestra economía. Por lo tanto -y termino esta primera intervención con relación a los errores- los errores, en todo caso, compartidos, señor Floriano.

En cuanto a la intervención de la diputada señora Lozano, le voy a presentar el libro de la marca España, de la actuación del Gobierno de España en las dos pasadas legislaturas, todas las actuaciones que hicieron. Voy a dar a la Cámara tan solo dos datos. Gracias a la gestión del Gobierno socialista, que en esto ha hecho una gestión brillante y positiva, se han incrementado el 10,6 por ciento las exportaciones de calzado, apostando por la calidad, la innovación y la marca España. O, por ejemplo, el turismo, donde se ha mejorado sustancialmente; o, por ejemplo, señora Riera, de Convergència i Unió, la película No viviremos otra vez, de Bollywood, gracias a la marca España -fue un catalán quien ganó el premio de fotografía-, incrementó un 50 por ciento el turismo en Barcelona. Por lo tanto, se han hecho actuaciones positivas y lo que hay que hacer -como dice la moción- es desarrollar. Y desarrollar, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es acrecentar o dar incremento a algo; es decir, algo que ya existía, vamos a intentar mejorarlo. Esa es la intención del Grupo Parlamentario Socialista cuando ha presentado la enmienda.

¿Qué trata de recoger la enmienda? La enmienda trata de recoger precisamente que es necesario coordinar con el resto de administraciones públicas. Lo digo para despejar algunas de las incógnitas que han planteado sus señorías, porque es verdad que en un Estado autonómico las comunidades autónomas tienen competencias y las tienen que ejercer. La enmienda socialista resuelve ese problema porque si la propia comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias pacta con el Gobierno qué es lo que interesa al conjunto y también a ese territorio, queda resuelto este primer apartado que nosotros presentamos en la enmienda. Es decir, acordar antes en el ámbito de las competencias y enriquecernos todos; embarcarnos juntos fijando previamente el rumbo. Por tanto debemos buscar, con el esfuerzo compartido de todos, una fortaleza competitiva e innovadora en todos los ámbitos. Estamos sin duda ante una cuestión de Estado y nuestras comunidades autónomas son sin duda Estado. La coordinación y el impulso de políticas estratégicas son un factor clave, un pilar fundamental sobre el que se tiene que asentar el citado Plan de la marca España.

En el Grupo Parlamentario Socialista también decimos que todo plan estratégico requiere también un plan de financiación para darle viabilidad. Cuando se habla de la estabilidad presupuestaria, en el Grupo Parlamentario Socialista hemos insistido una y mil veces en que es necesario acompañarla de las palabras políticas de crecimiento. Y en este caso, como hemos tenido políticas de éxito en el exterior, razón de más, porque todo lo que invirtamos en mejorar todos los productos de la marca España en el exterior revierte hacia la creación de empleo en el interior. Hace muy poco tiempo me reuní con representantes de las empresas tecnológicas y de las empresas TIC de este país, y decían que somos mucho más competitivos que, por ejemplo, empresas alemanas. Es verdad que hay que reforzar la marca España porque no es que nuestros productos sean peores, sino que made in Germany pesa más que made in Spain. Eso es lo que tenemos que mejorar teniendo un gran potencial en muchos sectores. Recordaré iniciativas ya puestas en marcha, como el apoyo a las empresas TIC que he citado, apoyo al turismo, las rutas verdes, el español, el Camino de Santiago, Andalucía, el sector del calzado con un incremento del 10,6 por ciento de las exportaciones -voy terminando ya- gracias a la calidad y el diseño, los contenidos digitales que suponen una oportunidad muy importante gracias a las nuevas tecnologías e Internet, empresas innovadoras y también la contribución de la Selección española y los deportistas españoles. Por eso solicitamos que se acepte nuestra enmienda anticipando nuestro voto positivo a una iniciativa cuyos estudios sin duda arrancaron -y hay que reconocerlo- en el año 2003, pero que se desarrollaron plenamente en la etapa del Gobierno socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, cuando un grupo importante de empresas españolas gana uno de los mayores concursos de obra civil del mundo en Arabia Saudí, eso es hacer marca España. Cuando una pequeña empresa de vinos de un pueblecito de La Rioja o de Navarra -mi tierra- abre mercado en China a este producto o a la gastronomía mediterránea, eso es hacer marca España. Cuando el presidente Obama estampa su firma en la pala de un aerogenerador de última generación construido por una empresa española en Pensilvania, eso es hacer marca país. Cuando nuestros militares ayudan en la reconstrucción de una población en Bosnia, o de un puente en Croacia, o de un hospital en Afganistán, o los habitantes de una población reconstruida por la guerra le ponen a su plaza mayor el nombre de plaza de España, eso es hacer marca país. Cuando una cadena hotelera española abre un nuevo establecimiento hotelero en cualquier sitio del mundo y realiza su actividad con profesionalidad y amabilidad extrema, eso es hacer marca España. Cuando un joven se baja una aplicación en su teléfono, en su


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tableta, en su ordenador, aunque no lo sepa, esa aplicación universal es muy probable que haya sido creada aquí, en España, y eso debería ser un orgullo para todos nosotros. Cuando un grupo de científicos españoles con medios precarios pero con mucho esfuerzo y creatividad descubre un tratamiento para una enfermedad universal, eso mejora la imagen de España. O cuando un misionero o una misionera españoles después de muchos años de ayudar en una comunidad pobre en África, en Asia o en América deciden compartir el destino de esa comunidad ante un escenario de guerra, eso también es hacer España. O cuando Nadal gana Roland Garros año tras año, o los Gasol, Nadal, Ricky, Rudy se comportan con naturalidad ante los aficionados a pesar de ser estrellas mundiales del deporte, o Fernando Alonso gana un premio consiguiendo ser el mejor sacándole todo el partido a su coche; o cuando nuestros seleccionados nacionales compiten en todo tipo de disciplinas -ganen o pierdan- con limpieza, eso también es hacer marca España. Y cuando Andrés Iniesta mete el gol que nos da el campeonato del mundo de fútbol por primera y única vez hasta el momento y se lo dedica a su amigo fallecido Dani Jarque, que era perico, como todo el mundo sabe, eso también es engrandecer la imagen de España.

En UPN, señor Floriano, también creemos que es muy conveniente darse a veces un baño de confianza, un baño de orgullo y volver a creer en nosotros mismos. Por eso le felicito por su iniciativa que votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Don Alfredo Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, saben ustedes cómo se acaba esto. Lo saben, ¿no? Esto se acaba con un monigote y con un garabato; además, un monigote y un garabato nacionalista identitario. Y ese no es el problema, si lo quieren hacer, adelante; si se divierten, adelante, el problema es que detrás de eso se produce un derroche de publicidad que ya conocemos. Y además no sirve; no sirve porque las marcas que sirven, cada vez más, son las marcas concretas, las marcas locales que venden productos concretos. Y otro problema es que después habrá que pagar la factura. Por mí, si lo quieren hacer, háganlo; ustedes sabrán lo que hacen, pero no nos hagan pagar la factura, y menos con los tiempos que corren. Ahórrense el gasto y el ridículo y recurran a fórmulas ya conocidas. Como lema, les propongo el famoso lema "Que inventen ellos", por ejemplo, no estaría mal; o "¿Crisis? ¿Qué crisis?" Si lo que quieren es camuflar la situación de ruina de la economía española, vayan a ello. Y como monigotes, tienen el toro con los cuernos, el sombrero mexicano y, si eso es poco, le suman el brazo incorrupto de Santa Teresa y para adelante. Tal vez eso sí que sería la auténtica marca España. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Vamos a ser serios; vamos a ser serios. (Rumores.-El señor Grau Reinés: ¡A ver si empezamos!) Con la que está cayendo y ustedes con monigotes y con garabatos nacionalistas identitarios.

Si ustedes quieren mejorar la imagen, trabajen, sean serios, sean discretos, olvídense de tonterías, saquen a la gente de la crisis y no nos cobren sus bromas. Esa es la manera de hacer marcas. Tal vez entonces sí consigan una marca de éxito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores del Partido Popular, nos traen hoy aquí una proposición no de ley muy difícil de aprobar. Se dan por supuestas sus buenas intenciones de impulsar nuestro país y, como dicen ustedes, de mejorar su imagen tanto en el interior como en el exterior. Sin embargo, desde La Izquierda Plural no podemos estar más en desacuerdo con el fondo y con las formas. Hay que reconocerles una habilidad innata para mercantilizar absolutamente todo, y de esto no se libra ni el lenguaje. Las palabras responden a una concepción de la realidad creada que se materializa en un objeto o en una imagen, y con ello pretenden -como ustedes dicen- vendernos una realidad que ya viene determinada por un concepto de país caduco y erróneo al más puro estilo neoliberal, que está causando furor en esta ya larga e irresistible temporada. Por eso, de inicio, la palabra marca no nos gusta; no necesita España de marca y etiquetas, se nos antoja más adecuado y oportuno utilizar la de huella, como impresión profunda y duradera dejada en el espíritu de las gentes más allá de fronteras. Ni los españoles y las españolas somos mercancías, ni nuestro territorio es un local en venta para hacer negocio explotando nuestros recursos y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. España son sus ciudadanos y ciudadanas, su historia, su cultura, su ciencia, su arte, sus pueblos. Somos la España diversa, plural, poliédrica. No somos una marca comercial que haya que explotar y que sirva solo para respaldar las actividades empresariales de las grandes compañías españolas en el extranjero. Porque díganme, por favor, con los trabajadores y trabajadoras de aquí, tanto los que tienen un empleo como los que están parados, que son muchos, y que serán -con su reforma laboral- muchos más, díganme, ¿qué hacemos?

Hablan de ver cuál es la percepción aquí y afuera sobre nuestras capacidades. Parece que a ustedes les importa actuar más sobre la imagen que sobre el fondo del problema. Si es cierto que España es percibida desfavorablemente no es por otra cosa que porque su situación real no es favorable. Como dice Gabriel Celaya en


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su poema España en marcha: Somos quien somos. ¡Basta de historias y de cuentos!

Creo que el Gobierno del Partido Popular debería preocuparse fundamentalmente por mejorar la situación de los españoles y españolas y no tanto por ponerle marca para vender España o para vender a España, que se hace difícil encontrar la diferencia.

Hay otro aspecto bastante contradictorio en su exposición de motivos que no quiero dejar de mencionar. Nos dicen que la mala situación económica del país -y cito literalmente- ha deteriorado rápidamente la imagen de España en los mercados internacionales. Es decir, tenemos que mejorar la imagen de nuestro país ante los mercados y los que los manejan que, por ende, son los autores directos de la pésima situación de nuestra economía. Es una paradoja, como poco, muy interesante, señorías. Tenemos que dar buena imagen a aquellos que no paran de deteriorarla y despreciarla, llámense agencias de calificación, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Merkel o Sarkozy. Aclaren bien esto, por favor, y aclárenselo sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de este país porque estoy segura de que no lo van a entender.

En cualquier caso es normal que ustedes sitúen en un plano comercial, mercantil y de puro marketing la cuestión de la imagen de nuestro país. Sus prioridades quedan claras cuando sobre esta cuestión oímos al ministro de Asuntos Exteriores hablar de aquellas instituciones que garantizan y dan brillo y esplendor a la llamada marca España: el rey, las Fuerzas Armadas, el propio ministerio y su ejército y, cómo no, las empresas.

Tal y como se aprecia, señorías, que la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras sea peor que mejor es indiferente; que tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo -que pretenden cargarse poco a poco con los recortes bajo el pretexto para hacer negocio-, también es indiferente; que nuestra educación esté en peligro constante porque tanto en las comunidades autónomas como desde el Ejecutivo central han decidido que hay que recortar y privatizar, eso también parece indiferente.

El señor PRESIDENTE: Señora de las Heras, tiene que ir acabando.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Acabo.

Desde La Izquierda Plural creemos que España debe mejorar su imagen a partir del impulso profundo de sectores cuyos frutos no se ven a corto plazo, pero son garantía del avance social y democrático al que todo país debe aspirar. Poner en valor la España de la ciudadanía, poner en valor nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra ciencia, el arte, las nuevas tecnologías, nuestra cultura, la cooperación, eso es lo que de verdad ayuda. Todo lo contrario no será más que seguir fomentando la España de charanga y pandereta, la del pelotazo inmobiliario y urbanístico...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.

La señora DE LAS HERAS LADERA: ... la España del olé y del turismo, el toro y la peineta, la España del negocio a toda costa y del fraude. Por lo tanto, nuestro grupo no puede apoyar esta proposición, porque consideramos que las soluciones de los problemas de este país se verán de cara al exterior y creemos que deben atenderse otras prioridades que ya he mencionado, porque esto sí redundaría en la mejora de la percepción...

El señor PRESIDENTE: Señora de las Heras, ha terminado su tiempo.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Acabo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Ha acabado ya. No puede seguir.

Señor Floriano, tiene la palabra a efectos de aceptar o rechazar enmiendas.

El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, si usted me permite, al final, en el momento de la votación posiblemente le pueda facilitar un texto para que se vote conjuntamente, si lo aceptan los grupos.

El señor PRESIDENTE: Espero que así sea.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000006.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre la continuidad de los centros especiales de empleo. Tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que nosotros defendemos en este momento hace referencia a los centros especiales de empleo y no quiero dramatizar ni sobreactuar, señor presidente, pero es un último grito a la esperanza, es una última llamada a su subsistencia, a su pervivencia. El empleo protegido que existe desde la Lismi y que se ha mantenido gracias a la existencia de centros especiales de empleo de interés social es algo que, en un contexto en el que el empleo tiene perspectivas tan dramáticas, el empleo es objeto de una constricción -o las expectativas de empleo- tan importante como la que hemos conocido, se va a perder dentro de poco tiempo. No solo


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no se va a crear empleo, sino que se van a perder 630.000 puestos de trabajo. En este ámbito, la discriminación positiva, las actuaciones específicas sobre ciertos colectivos que tienen especiales dificultades de empleabilidad o son particularmente vulnerables en materia de empleo, parece que es un requerimiento indiscutible. Lo es desde una perspectiva de los requerimientos de la propia Constitución, del contenido esencial del artículo 49 de la Constitución, señor presidente, y lo es también desde la perspectiva de los requerimientos de la Convención de las Naciones Unidas del año 2006 y su protocolo facultativo, en donde se establece que la incorporación de los discapacitados, de las personas afectas por discapacidad, a la sociedad se tiene que realizar a través de la integración en el mercado de trabajo.

Desde esta perspectiva, yo hago una invocación muy específica al Grupo Popular -al fin y al cabo, por su número de diputados es el que tiene la llave para desbloquear problemas de esta naturaleza-, muy específica a ellos y también a los demás partidos enmendantes, prácticamente todos los de la Cámara, indicándoles lo siguiente: la subsistencia de los centros especiales de empleo, la subsistencia de 56.000 puestos de trabajo que afectan a personas que padecen enfermedades mentales, discapacidades psíquicas, autismo con un espectro superior al 33 por ciento o discapacidades físicas o discapacidades sensoriales superiores al 65 por ciento depende del mantenimiento de los centros especiales de empleo con las fórmulas de promoción o de subvención de las administraciones públicas preexistentes hasta el real decreto de 2011, en donde estos mecanismos de promoción desaparecieron. Nos estamos refiriendo particularmente -y esto es lo más relevante- a la subvención o ayuda del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada puesto creado por un centro especial de empleo, y por otra parte a determinadas ayudas relativas a flexibilizar la prejubilación de los afectados por estas situaciones de discapacidad.

El pedimento fundamental de nuestra moción es que nos gustaría acercarnos o converger hacia los niveles mínimos de promoción del empleo de los discapacitados en los países de la OCDE, ni siquiera me voy a referir a los países de la zona euro. Estamos hablando de porcentajes del 0,6 por cada mil habitantes que en este momento provee el Estado español a través de sus fórmulas promocionales, que comparativamente con Estados como Polonia -10,2 personas discapacitadas empleadas en centros especiales de empleo de interés social por cada mil habitantes-, Holanda -9,2-, Alemania -5,4- y otros porcentajes que podríamos utilizar nos hacen estar en una situación absolutamente bochornosa y manifiestamente desigual. El mantenimiento de estos centros depende de la incorporación de ayudas públicas que tienen que cohonestarse con el 75 por ciento preexistente desde el año 2009 hasta 2011. Esta es una previsión de la Ley de empleo con relación a la no discriminación, particularmente con relación a la discapacidad de los empleados en la Ley del año 2009, ya venía desde la Liondau y desde leyes anteriores, y la fórmula de mantener el empleo en los centros especiales de empleo necesita el mantenimiento de las subvenciones de la Administración del Estado en términos porcentuales como los que le he indicado: el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada empleo conseguido.

Todos los grupos parlamentarios nos han presentado enmiendas a esta moción. El Grupo Popular particularmente nos ha presentado una en la que se indica que se podría mantener la ayuda a los centros públicos de empleo del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional. Yo he conectado con el sector, he podido realizar actividades de interlocución con el Cermi y con personas conocedoras de la situación y les puedo asegurar que con el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional todos los centros especiales de empleo de interés social están abocados al cierre, 56.000 personas contratadas por estos centros especiales de empleo están abocadas al desempleo y 56.000 familias que tienen personas con estos porcentajes de discapacidad están abocadas a sufrir el drama de esta situación. Y particularmente por conocer que forma parte del acervo ideológico del Partido Popular la promoción de los centros especiales de empleo, pero no solo eso, sino la promoción de los centros especiales de empleo subvencionados con un porcentaje del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, que, como ha validado el informe Olivenza, conocido por muchos diputados de esta Cámara, consigue que estos centros especiales de empleo estén en condiciones de competir con las empresas ordinarias, con las empresas mercantiles, en mejores condiciones de competitividad y mantener en mejores condiciones el empleo de los centros especiales de empleo, yo requiero, imploro prácticamente de todos los grupos de esta Cámara, que atiendan a estos requerimientos.

Estamos hablando de cantidades que en términos macroeconómicos son irrelevantes con relación al gasto, con relación al compromiso de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, pero estamos hablando de un problema social de una profunda dimensión, estamos hablando de 56.000 familias.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que ir acabando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya con estas palabras mi locución, señor presidente.

Como decía, hay 56.000 familias que conviven con enfermos mentales, con discapacitados psíquicos, con autistas con un espectro de autismo superior al 33 por ciento y discapacitados físicos y sensoriales con una discapacidad superior al 65 por ciento. Nadie que se considere a sí mismo como un partido progresista o como un partido sensibilizado con estos problemas, los atinentes a la discapacidad, puede no estar sensibilizado con este pedimento, con esta pretensión. Por lo tanto, solicito a quien tiene la llave para que esta moción prospere que adquiera este compromiso, que es un compromiso


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en términos macroeconómicos sencillo y no particularmente gravoso u oneroso para las arcas del Estado.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esa perspectiva, señor presidente, en estos términos doy por definida mi moción y espero de la sensibilidad con relación al empleo y sobre todo con relación a la discapacidad de todos los grupos parlamentarios que esta moción sea tomada en consideración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Se han presentado enmiendas a esta moción. La primera de ellas por el Grupo Popular, por el que tiene la palabra el señor Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Señorías, en primer lugar, vaya por delante la disposición del Partido Popular en cuanto a la sintonía con el Partido Nacionalista Vasco y con el resto de los grupos de la Cámara en seguir avanzando en la solución de la problemática que tienen las personas con discapacidad y que se encauza, por supuesto, a través del empleo. Es decir, cuando una persona con discapacidad logra un trabajo, se convierte en una persona normalizada que se incluye en la sociedad en igualdad de condiciones. Por tanto, estamos de acuerdo en la filosofía con el Partido Nacionalista Vasco en que hay que fomentar este empleo en cualquiera de las formas establecidas. La ministra, en respuesta a la interpelación que tuvo lugar la semana pasada, mostró su disposición a llegar a acuerdos, a buscar pactos de manera que, conscientes de las carencias que todavía tiene este sector, se vaya avanzando y haya sintonía. De hecho, uno de los compromisos que adquirió y que yo tengo que celebrar en nombre del Partido Popular es que no va a hacer nada por las personas con discapacidad sin contar con ellos. De hecho, días después, el 1 de marzo, tuvo una reunión con el Cermi para tomar posiciones, para tratar de avanzar en la medida en que el sector quiera que se avance.

En la Ley 27/2009 se ampliaban transitoriamente las ayudas contempladas en la Orden ministerial de 16 de octubre de 1998. Estas ayudas establecían -como muy bien ha dicho el señor Olabarría- un incremento de la subvención del salario mínimo interprofesional del 50 al 75 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2010 para las personas con discapacidad y hasta el 31 de diciembre de 2011 excepcionalmente para las personas con una discapacidad severa, es decir, el sector que tiene más dificultades de inserción laboral. Ha citado el señor Olabarría a quienes tienen una discapacidad de más del 65 por ciento, es decir, con unas limitaciones mentales que les condicionan mucho más. Por lo tanto, estábamos de acuerdo todo el mundo cuando se dispuso esa orden ministerial en que era una discriminación positiva que era necesario establecer. Tenía un problema, la norma carecía de una dotación presupuestaria y no tenía consignado un crédito para ello. Esa falta de rigor ha hecho que el funcionamiento haya sido muy dispar según las distintas comunidades autónomas. Esta falta de rigor en el funcionamiento ha sido importante y, por tanto, el Grupo Popular quiere hacer las cosas con buen criterio, pero sobre todo sin fijar nuevas expectativas que frustren esa inclusión laboral, que es la pretensión.

En el artículo 8.3 de la Ley 27/2009 se estableció presentar un informe para valorar la continuidad de esas subvenciones y esta asignación extraordinaria del 75 por ciento. El informe que se tenía que haber presentado al Congreso no se llevó a cabo. Por todo ello, el Grupo Popular propone, en primer lugar, elaborar un informe para, según las conclusiones, tomar las medidas para ampliar o no y, sobre todo, establecer -y en esto estamos de acuerdo con el grupo proponente- criterios de discriminación positiva, ya que dentro de la discapacidad hay muchos grados y, por tanto, son susceptibles de más ayuda. En ese sentido, es interesante que se tenga en cuenta.

En la Conferencia sectorial de empleo y recursos laborales se llegó al acuerdo de constituir un grupo de trabajo para elaborar un diagnóstico con la intención de mantener ese 75 por ciento o buscar fórmulas. En cualquier caso, lo que vamos a necesitar es: primero, elaborar el informe; segundo, sacar las conclusiones, y tercero, tomar las decisiones. En ese sentido y en aras de llegar a un acuerdo con el grupo proponente, el PNV, como ha sido la norma en este ámbito, le proponemos una enmienda in voce que es, según las conclusiones a las que llegue el grupo de trabajo, valorar la posibilidad de establecer durante cuatro meses esa evaluación del informe, sacar el informe adelante y, a partir de ahí, ver la posibilidad de mantener el 75 por ciento según la dotación presupuestaria. En cualquier caso, quiero presentar esta enmienda in voce al grupo proponente, porque -insisto- la vocación tanto del ministerio como del Grupo Popular ha sido llegar a un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, gracias.

Señores diputados, señor Olabarría, en primer lugar quiero decir que Unión Progreso y Democracia votará a favor de esta propuesta. Nos gustaría, eso sí, introducir un par de enmiendas que creemos que la mejoran. Estoy completamente de acuerdo con el llamamiento que ha hecho el señor Olabarría y en cómo se ha dirigido a la bancada del Partido Popular explicando la naturaleza del tema y lo dramático que es este problema. Evidentemente,


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como decía Terencio: Soy hombre, y nada de lo humano me es ajeno. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Además de los planteamientos numéricos, de los que podríamos hablar aquí porque evidentemente son importantes, son casi cuatro millones de personas las que sufren algún tipo de discapacidad y son además numerosos los familiares o personas de su entorno que se ven afectados por los problemas que tienen, me gustaría subrayar algo que siempre me comunican las personas con discapacidad con las que me reúno y también los colectivos con los que hablo. Señorías, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o vamos a sufrir algún tipo de discapacidad. Está bien que recapacitemos acerca de esto a la hora de trabajar en esta Cámara. Es la primera vez en esta legislatura que traemos aquí algo que tiene que ver con un tema tan importante y por eso yo quisiera, aparte de hablar de las dos mejoras que creemos que estaría bien que aceptara el PNV, que habláramos de varias consideraciones generales.

En primer lugar, vamos a terminar hablando de varias cosas que ya hemos subrayado en distintos momentos en esta Cámara, problemas con los que se enfrentan estos centros especiales de empleo, como no puede ser de otra forma en los tiempos que corren: los impagos, los impagos de las administraciones públicas a estos centros; también debemos hablar algún día de la desigualdad entre territorios de la gente que se ve afectada por este problema; la falta de autonomía de las personas que sufren algún tipo de discapacidad; tendremos que hablar aquí algún día de los dos modelos, si nos decidimos por las residencias o por los asistentes personales, ambos coexisten, pero nos gustaría incidir algún día en el de la asistencia personal; también hablaremos algún día, por ejemplo, de la equiparación, de las ventajas que se les dan a las familias numerosas con aquellas familias que tienen dentro de sí alguna persona con algún tipo de discapacidad; o incluso del IVA, nosotros creemos que se debería hablar también algún día de esos elementos necesarios para lograr o acercarse un poquito más en la igualdad de algunas personas con discapacidad, tendríamos que hablar del IVA cuando no cubre esos elementos la Seguridad Social.

Señorías, cuando hablamos de políticas que tienen que ver con la discapacidad, nos encontramos siempre con otro problema recurrente en esta Cámara y es la falta de un marco estable, porque uno se pone a ver, se pone a estudiar cuáles han sido las leyes, y se encuentra con que en el 2009 el importe de estas subvenciones pasa del 50 al 75 por ciento; en el 2011 el PSOE deroga las subvenciones públicas; en el 2011, en noviembre, vuelve a aplicarse la subvención del 50 por ciento, etcétera. ¿En qué punto estamos ahora, señorías? Nos parece que es hora de que afrontemos una regulación seria y estable de los centros especiales de empleo, que son vitales para el empleo de personas con discapacidad. El acceso al mundo laboral es la clave para la integración social y los centros especiales de empleo son el verdadero motor de la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. También me gustaría que en algún momento habláramos del cumplimiento de ese tanto por ciento de empleo a personas con discapacidad en otro tipo de empresas.

Para ir concretando, señor Olabarría, nosotros presentamos dos enmiendas. Una es de supresión, y propone que donde dice: "Se habiliten subvenciones de 75 por ciento del salario mínimo interprofesional reconocido a cada contratado en los centros especiales de empleo de iniciativa social" se suprima "de iniciativa social". ¿Por qué? Nos parece que más de la mitad de los centros especiales de empleo no son de iniciativa social, son de iniciativa privada, siendo estos últimos centros además más dinámicos, con empleo de calidad superior y mejor remuneración. No entendemos, pues, la diferenciación entre centros de iniciativa social y de carácter privado, ya que la función que prestan a nuestro entender es la misma. Y, en segundo lugar, hemos presentado una enmienda de adición. Hay un texto que dice: Se flexibiliza la edad de jubilación anticipada en el caso de las personas con discapacidad, que se corresponda con los baremos expuestos en la exposición de motivos de esta moción. Nosotros proponemos añadir: En todo caso se atenderá a la naturaleza de la discapacidad y a la progresión de la misma para facilitar una salida al mercado laboral digna a estos trabajadores. Me explico. Estamos completamente de acuerdo con cualquier medida que favorezca la jubilación anticipada de las personas con discapacidad, ya que el envejecimiento de la plantilla es mucho más acusado en los centros especiales de empleo que en la empresa ordinaria, y sobre todo en aquellos con discapacidades psíquicas o físicas, de enfermedades degenerativas o delicadas. Espero que acepten estas propuestas.

Gracias, señor Olabarría. Gracias, señores diputados y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, la moción que ha defendido el señor Olabarría es absolutamente oportuna y acertada. Este es un problema que venimos arrastrando desde finales de la pasada legislatura y que sería bueno que en el inicio de la misma lo pudiésemos resolver.

Si hacemos un breve recorrido histórico, Convergència i Unió en esta materia debe recordar que, si en 2009 se incorporó un aumento de la subvención salarial al mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo, fue por una enmienda de este grupo en uno de los múltiples reales decretos que en el campo laboral tramitamos durante la pasada legislatura. Introdujimos aquella enmienda con el apoyo de todos los grupos de


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la Cámara y pactada con el Gobierno socialista y de común acuerdo con todos los sectores sociales agrupados bajo el Cermi para el conjunto del Estado y el Cocarmi en el caso de Cataluña, muy convencidos de que el mantenimiento del empleo en los centros especiales necesitaba un plan de choque en el contexto de una grave crisis que podía atacar a un tejido económico nacido básicamente fruto de la iniciativa social, de la iniciativa de las familias, un tejido económico ya debilitado por muchos cambios que se han vivido en los últimos años, pero que requería una intervención urgente y potente del Gobierno para garantizar el empleo. Aquel aumento de la subvención salarial que durante el periodo de cerca de un año y pico afectó al conjunto de los trabajadores en los centros especiales de empleo y que en el último año afectó solo a las personas con especiales dificultades tuvo un éxito notable; no solo por evitar la destrucción del tejido empresarial de los centros especiales, sino por el incremento de la ocupación de personas con discapacidad, con un aumento del número de contratos en los años 2010 y 2011. Por ejemplo, en el caso concreto del año 2010, se realizaron un 29 por ciento más de contratos que en el año 2009. Además, del conjunto de los contratos realizados en España con características asimilables, un 64 por ciento lo fueron en centros especiales de empleo. Estos son datos del Cermi, que, por otro lado, son públicos. Por tanto, aquella medida fue útil para evitar la destrucción de ese empleo, que, como muy bien argumentaba el señor Olabarría, especialmente en el caso de los beneficiados en el segundo tramo de esta medida, afecta a personas en una situación de especial fragilidad y a las que, si no existiera un apoyo público de estas características, sería casi imposible que la lógica del mercado les pudiera garantizar un empleo. Por tanto, estamos satisfechos de aquella medida que tuvo un impacto positivo.

Es cierto que fruto de aquella iniciativa se continúa arrastrando un problema que padece el conjunto de las comunidades autónomas, y es que el Estado legisló para aumentar esa subvención salarial al mantenimiento del empleo, pero no aprovisionó a las comunidades autónomas de manera suficiente para dar cumplimiento a ese mandato legal. Asimismo, para poder dar cumplimiento a ese mandato legal, las comunidades autónomas, de sus presupuestos no derivados de la conferencia sectorial, que es como se financia esta política, han tenido que incrementar sus recursos en esta política. Pero, a pesar del déficit que generó la misma, nos parece que valió la pena. Es cierto que en aquel mandato de 2009 se introdujo específicamente -fue también una enmienda de Convergència i Unió- una petición de que esa medida se evaluase precisamente para garantizar la posibilidad de que esa medida extraordinaria tuviese continuidad en 2012.

A nuestro entender, hoy sería imprescindible que la Cámara votase favorablemente la moción del señor Olabarría, porque nos jugamos fundamentalmente si ese tejido económico, fruto de la iniciativa social, que garantiza el empleo de las personas más frágiles de nuestra sociedad, tiene continuidad en esta crisis. Debemos estar muy convencidos de que si hoy hay un centro especial de empleo que debe cerrar a causa de la crisis y por la ausencia de esos recursos que el Estado debe tener transferidos a las comunidades autónomas, nos va a ser muy difícil volver a crear ese empleo. Cualquier centro especial de empleo destruido no solo implica la destrucción de los puestos de trabajo, sino la posibilidad de que en el futuro se continúe creando empleo en los sectores más frágiles de nuestra sociedad. Espero contar con el compromiso político a fondo del Grupo Popular y del Gobierno en esta materia. No nos podemos permitir el lujo de hundir el empleo protegido en España de las personas con mayor vulnerabilidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Estamos, señorías, ante un debate importante y oportuno; incluso podríamos decir que en un debate preventivo ante la reforma laboral que quiere imponer el Gobierno y que tanto daño va a hacer a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país y tenemos la obligación de defender y proteger a aquellas personas que tienen especiales dificultades de contratación y para las que se han ideado precisamente los centros especiales de empleo de los que hoy hablamos. Señorías, en nuestro país el 8,5 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad. Hablamos por tanto de un colectivo amplio. Son casi 4 millones de personas, de las que el 65 por ciento aproximadamente está inactivo, y uno de los principales obstáculos que encuentran para lograr su integración real y efectiva es precisamente su dificultad para acceder al empleo. Por esta razón en el año 2008 el Gobierno socialista elaboró una estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, aprobada por el Consejo de Ministros del año 2008, en la que uno de sus objetivos prioritarios era incrementar la tasa de la población activa de las personas con discapacidad. Esta estrategia, vigente hasta hoy, se diseñó con un amplio acuerdo entre el Gobierno, los agentes sociales y económicos, las comunidades autónomas, y por supuesto con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

No tendríamos tiempo de explicar todas las modificaciones legislativas y todas las medidas que se han llevado a cabo en estos años, pero sí creo relevante mencionar la Ley 27/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento de empleo y la protección de las personas desempleadas, y la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Ambas leyes introdujeron modificaciones legales a favor del empleo


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de las personas con discapacidad que reforzaron la propia estrategia, entre ellas destaca la ampliación transitoria de la subvención por el mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo. Una medida muy importante si tenemos en cuenta que los centros especiales de empleo son empresas normalmente vinculadas al tercer sector, cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad un empleo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales, y que facilita su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo porque de otra manera sería imposible, como muy bien han explicado las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista se muestra de acuerdo con el contenido de la moción y la va a apoyar.

En cuanto a la habilitación de subvenciones al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, reconocido a cada contrato en los centros especiales de empleo de iniciativa social, vuelvo a recordar que ya el Gobierno socialista incrementó la subvención del 50 al 75 por ciento, si bien es cierto que, como aquí se dijo también, la prórroga tenía una vigencia temporal que finalizó con carácter general en diciembre de 2010, y respecto de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral en diciembre de 2011. Por tanto, cuando se produjo el cambio de Gobierno, el incremento de la subvención para este colectivo en algunos casos estaba vigente, y era responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy prorrogar la medida antes de que expirara, cosa que no hizo. Esperamos que la aprobación de esta moción sirva para que cumplan su compromiso con el colectivo de las personas con discapacidad, y sobre todo con la magnífica labor desempeñada por los centros especiales de empleo.

Respecto a otro punto de la moción que pide flexibilización de la edad de jubilación anticipada para personas con discapacidad en determinadas circunstancias, hay que volver a recordar que con la publicación del Real Decreto 1851/2009, por el que desarrolla el artículo 161 bis de la Ley de Seguridad Social en cuanto a la anticipación de jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, se produjo un avance significativo. Es por ello que nuestra enmienda va en el sentido de que esta cuestión sea remitida al ámbito del Pacto de Toledo, y que sea aquí donde se estudie en profundidad la flexibilización de la edad de jubilación anticipada en el caso de personas con discapacidad intelectual. Señorías, en estos momentos en los que se están abriendo brechas de desigualdad, estos instrumentos que se han manifestado útiles y eficaces en la inserción de estos colectivos, son también instrumentos potentes contra la exclusión social. En una situación de crisis que se manifiesta dolorosamente en las elevadas tasas de desempleo, somos los poderes públicos y los representantes de la ciudadanía que estamos en esta Cámara los que no podemos olvidar que en la gestión de la crisis tenemos que hacer un esfuerzo para no dejar atrás a los colectivos más necesitados de la solidaridad del conjunto del Estado. Este es un caso claro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Monteserín, tiene que terminar.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Ya termino, presidenta.

Y también debemos tener en cuenta que los centros especiales de empleo son importantísimos para mantener una parte de este empleo que no existiría sin ellos, y que requieren de incentivos y ayudas para su propia subsistencia y viabilidad económica. En este sentido la moción es también oportuna y preventiva como decía al principio de mi intervención.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Monteserín.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, Coalición Canaria y Nueva Canarias felicita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) por la presentación de esta moción, cuyo espíritu y contenido seguramente compartimos todos los diputados y diputadas que integramos esta Cámara, y por permitirnos ahondar en el debate sobre la integración laboral de los discapacitados coincidiendo con la profunda reforma acometida por el Gobierno. No se trata de una cuestión baladí, sino de una reclamación justa y necesaria dado que frente a cualquier coyuntura económica adversa debe prevalecer siempre el estricto cumplimiento de la Constitución, que contempla en su artículo 49 la obligatoriedad de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica.

Ya hemos hablado aquí del informe Olivenza, que es muy claro a este respecto, y subraya que estas personas, al no poder acceder a un trabajo y no hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, o hacerlo en espacios diferenciados o protegidos, corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría. Ese riesgo solo se corrige a través de la integración, un reto que solo se consigue facilitando su acceso al empleo y su integración en el mercado laboral.

Nos queda en España mucho camino por recorrer para cumplir el mandato constitucional y toda la legislación que se ha articulado en nuestro país para facilitar el acceso al mercado laboral de estas personas. Las cifras indican que la tasa de empleo de los discapacitados es tres veces menor que la tasa de empleo general, y en cambio la tasa de paro es aproximadamente el doble. Ya manifestó el señor Campuzano la importancia que tienen los centros especiales de empleo en la integración laboral de casi el 66 por ciento de los empleados en el último año. No se trata por tanto de una reclamación injustificada, sino de una imperiosa necesidad si queremos


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facilitar la contratación de discapacitados a través de la subvención del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada persona contratada en los centros especiales de empleo de iniciativa social.

Termino. No podemos dar la espalda en este debate a unas cifras que expresan por sí solas la situación de desamparo en la que se encuentran quienes más dificultades tienen para obtener un empleo. Por todo ello vamos a apoyar con decisión la moción consecuencia de interpelación que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, se ha dicho por activa y por pasiva a lo largo de esta tarde, en el momento de discutir esta moción, que el Real Decreto 11/2011 no prorrogó la subvención del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para cada trabajador de los centros especiales de empleo, unos centros que pretenden la integración laboral y por tanto también la integración social de las personas con discapacidad. Con este recorte se condena pues a estos centros y también a las personas con discapacidad que trabajan, y especialmente a aquellas con mayores problemas de integración. En tiempos de crisis como los que vivimos las consecuencias para estas personas pueden ser nefastas, de hecho empiezan ya a ser nefastas. Nuevamente la crisis la van a pagar las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión. Además, en unos momentos donde se buscan o se deberían buscar maneras de ayudar a las empresas para mejorar las capacidades y generar empleo, ¿por qué se recortan las ayudas a las empresas de integración de personas con discapacidad? Los centros especiales de empleo no son centros de caridad, tampoco son centros de beneficencia; son empresas con responsabilidad social y es deber del Estado promocionar y consolidar esta responsabilidad social. ¿Cómo? Mediante ayudas directas a ese objetivo y mediante la contratación pública, de la misma manera que el Estado debe velar por el cumplimiento de la ley respecto a las cuotas de integración de personas con discapacidad en la empresa privada, y establecer unas adecuadas sanciones en caso de incumplimiento. Por ello aplaudimos esta moción y la vamos a votar favorablemente.

Pero más allá de esto hemos presentado unas enmiendas con la finalidad de que las políticas activas tiendan a criterios de competitividad, de sostenibilidad, de adaptación a las necesidades individuales y a la priorización de las personas con especiales dificultades para establecer las medidas adecuadas que consigan superar las limitaciones inherentes a cada tipología y grado de discapacidad. Hablamos de competitividad y sostenibilidad porque consideramos que es de vital importancia reforzar los aspectos que garanticen la perdurabilidad, la productividad, la gestión empresarial, y a la vez la profesionalidad de la gestión. De la misma manera -y acabo- hay que impulsar la transparencia, la personalidad jurídica propia de los centros especiales o el fomento de la agrupación de centros especiales de trabajo para su mayor profesionalización y eficiencia. Es deber de la Administración posibilitar el derecho al trabajo y la integración a las empresas de las personas discapacitadas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, tiene que finalizar.

La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, presidenta.

Entendemos que nuestra enmienda refuerza esta moción y engrandece positivamente las políticas activas para las personas con discapacidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Para el turno de fijación de posición tiene la palabra, por el Grupo La Izquierda Plural, el señor Sixto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa, Esquerra Unida, Chunta, somos favorables a la moción que presentó el Grupo Nacionalista Vasco, porque estamos convencidos de que en esta coyuntura de disparo de las cifras de paro solo se puede crear empleo para personas con discapacidad adoptando medidas de apoyo especiales. Prescindir de la que nos ocupa es un serio revés para la sostenibilidad del empleo protegido, el cual cumple un papel fundamental en cualquier caso para la empleabilidad del sector de la discapacidad, pero mucho más en medio de esta crisis tan larga y profunda.

Es cierto que los centros especiales de empleo conceptualmente deben contemplarse como soluciones puente, y por tanto como una transición al empleo ordinario. Sin embargo la excepcionalidad de la situación hace que consideremos con mayor relatividad este criterio que debería ser preferente en un escenario laboral normalizado. Hay que recordar que las medidas de apoyo a la contratación de personas con discapacidad siguen siendo necesarias en todos los ámbitos. No en vano el Real Decreto 18/2003, de 18 de noviembre, reconocía la exención total de cuotas empresariales de la Seguridad Social para todos los trabajadores con discapacidad contratados por la ONCE, precisamente por su asimilación social a los centros especiales de empleo. No tiene sentido actuar en un caso singular de esta manera, y no mantener en general esta línea de apoyo a los que ostentan tal condición.


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En relación con la flexibilidad de la jubilación anticipada, aunque está implantada para buena parte de los colectivos citados y fue ampliada a otros grupos, también resulta conveniente extenderla a las casuísticas reseñadas en la moción que no pueden acceder a este beneficio. Tienen ustedes nuestro apoyo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Si he entendido bien la enmienda del Partido Popular, parecer ser que se acoge nuestra tesis vinculada a la ayuda o subvención del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional condicionada -señor presidente, esperemos que la condición tenga naturaleza suspensiva y no resolutoria- a la disponibilidad presupuestaria. En estos términos estaríamos en condiciones de aceptar esta enmienda, y estaríamos en condiciones de aceptar la enmienda sobre flexibilidad para la prejubilación, cuestión quizá menos relevante con relación a este colectivo constituido por gente particularmente joven, en general joven, presentada por el Grupo Socialista. Por lo tanto, señor presidente, aceptamos estas dos enmienda y nos abstendremos sobre las demás.

Señor presidente, querría...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, usted no se abstiene, o las acepta o las rechaza.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Efectivamente.

El señor PRESIDENTE: Las rechaza.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estas dos enmiendas las doy por aceptadas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA DACIÓN EN PAGO Y LOS ABUSOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. (Número de expediente 173/000007.)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras.

Para su defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero comenzar mi intervención expresando la satisfacción de nuestro grupo por poder debatir en el Congreso la situación de desamparo en que viven decenas de miles de familias embargadas y desahuciadas de su vivienda. Nuestra moción pretende modestamente que discutamos sobre propuestas y soluciones, pero no de placebos con el que tranquilizar las conciencias de todos nosotros. Quiero destacar que si hemos llegado hasta aquí -y hay que reconocerlo- es gracias al trabajo de la Plataforma de afectados por las hipotecas. Con sus movilizaciones han conseguido paralizar desahucios, han propiciado mediaciones y acuerdos, e incluso han conseguido sentencias favorables para las familias embargadas. No creo sinceramente que después de este trayecto las personas de la Plataforma de afectados por las hipotecas vayan a aceptar que este debate se cierre en falso, con falsas soluciones, con placebos o con triquiñuelas de trilero. Es decir, permítanme decirles que cuanto antes abordemos de cara las verdaderas soluciones, mucho mejor para las familias afectadas, y creo que será también mucho mejor para la imagen y dignidad de esta Cámara ante el conjunto de la ciudadanía.

Señoras y señores diputados, si las entidades financieras quieren adoptar buenas prácticas, bienvenidos; en este y en otros temas, como el de los abusos en las participaciones preferentes, bienvenidas las buenas prácticas; que lo hagan. Han tenido más de cuatro años para poner esas buenas prácticas en su actuación cotidiana y desgraciadamente han hecho todo lo contrario. Hoy es evidente que han practicado la usura con los intereses de morosidad e incluso con los gastos de pura gestión, o han especulado incluso con la vivienda de las familias embargadas y desahuciadas. Si las entidades financieras quieren cambiar sus prácticas abusivas por buenas prácticas que lo hagan, pero el Gobierno tiene alguna obligación más que propiciar buenas prácticas por parte de los bancos. La obligación constitucional de un Gobierno es impulsar políticas que generen derechos y obligaciones, en este caso derechos para las familias y obligaciones para las entidades financieras. Por eso nuestro grupo pretende que discutamos a fondo estas cuestiones, y esas son las propuestas que les hemos presentado.

Planteamos que las entidades financieras participadas por el FROB, es decir, con mayoría de capital o en muchos casos el cien por cien de recursos públicos aportados por los ciudadanos, acepten como fórmula de cancelación de las deudas la dación en pago y que con esos inmuebles adjudicados en los procesos hipotecarios garanticen la creación de parques sociales que permitan dar a esa vivienda un uso social. Quiero llamar la atención que para hacer eso el Gobierno no requiere aprobar ninguna norma ni ningún cambio normativo, basta con que como propietario que es a través del FROB de esas entidades dé las instrucciones oportunas a sus gestores para que cambien su actitud y su comportamiento. Somos conscientes de que si eso lo hacen las entidades participadas por el FROB pueden ver en términos contables deteriorado el valor de sus activos, es cierto; pero no más que cuando están aceptando la dación en pago de las inmobiliarias, incluso cuando aceptan como


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dación en pago suelo que hoy no tiene ningún valor en el mercado. Y si para algo, a través de este Parlamento o de las decisiones del Gobierno, se ha decidido facilitar crédito, recursos públicos en forma de capital o de avales a esas entidades financieras que hoy son mayoritariamente participadas por el FROB, si para algo serán facilitados esos recursos es a buen seguro para que con su actuación puedan ayudar a solucionar el grave problema de las familias desahuciadas en este país.

En segundo lugar, proponemos un bloque de medidas por el cual el Gobierno debe en el plazo de tres meses presentar un proyecto de reforma de legislación hipotecaria y mercantil, que entre otras cuestiones aborde problemáticas que todos ustedes en diferentes intervenciones han reconocido que existen en este país. Medidas para evitar el sobreendeudamiento de las familias con el establecimiento de límites en la concesión de las hipotecas. Una reducción drástica de los intereses de demora en el caso de impago y también de los costes de los procesos; es una vergüenza que no puede soportarse que hoy a las personas embargadas para poder renegociar su deuda se les puedan llegar a cobrar hasta 2.000 euros en costes de renegociación, cantidad que supone mucho más que lo que cobran estas familias en dos meses seguidos. Planteamos también el establecimiento de mínimos más elevados para la adjudicación de subasta de las viviendas embargadas, y que estos mínimos tengan alguna relación con la tasación realizada; no puede ser que la tasación sea cien, que en el momento de adjudicarse esas viviendas sea sesenta o menos, y que luego esas entidades las sitúen en el mercado por un precio muy superior, hagan negocio con ellas, y le dejen la mochila de la deuda a la familia que se ha quedado sin vivienda. Planteamos también un incremento de la cuantía de los ingresos inembargables que deben respetar el mínimo de una familia para subsistir dignamente.

En tercer lugar, proponemos un bloque de medidas vinculadas a los procesos de ejecución hipotecaria que están en marcha, porque no podemos decir que vamos a resolver la situación de futuro sin olvidar que diariamente hay familias que se están viendo abocadas a esa situación de pérdida de su vivienda y de riesgo de exclusión social. Estamos profundamente convencidos -y cuando quieran lo discutimos- de que es perfectamente legal aplicar la dación en pago a los deudores en proceso de ejecución actual a través de reformas, no en la legislación sustantiva pero si en la procesal, que se han hecho en estos momentos en esta Cámara, y que si se quiere, se puede. Por supuesto esa dación en pago para las personas que en estos momentos están incursas en procesos ejecutivos requeriría algunos condicionantes, por ejemplo, que se tratara de la única vivienda habitual, que el deudor lo fuera de buena fe, y que fueran personas sobreendeudadas en situación de riesgo de exclusión, a condición de una cosa, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, y es que el umbral de exclusión no se tipifique en los términos planteados por el señor De Guindos en el pasado Pleno. En este sentido proponemos que para regular el umbral de exclusión se tengan en cuenta los datos de Eurostat, que sitúan al 25 por ciento de los españoles en situación de pobreza por tener rentas por debajo del 60 por ciento de las rentas medias.

Por último, vuelvo a insistir -y quiero destacarlo- en que somos conscientes de que las medidas que proponemos sin duda tienen impacto en las cuentas de las entidades financieras -no somos ciegos ante ese tema-, pero no más que el que están provocando las daciones en pago de las inmobiliarias o de los grandes propietarios de suelo, y ahí está la madre del cordero, ahí está el trato discriminatorio que nuestra legislación hace con los ciudadanos en función de su situación. Si a los bancos se les acepta la dación en pago y a las familias no, no es porque los dirigentes bancarios sean especialmente insensibles o miserables -cosa que sinceramente a veces no cabría excluir debido a su comportamiento-, sino que la razón por la cual a los propietarios de las inmobiliarias embargadas sí se les acepta la dación en pago y a las familias no, no es de índole moral, sino económica. Es que los primeros, los grandes propietarios de suelo, las inmobiliarias solo responden con los bienes de la sociedad; en cambio las familias embargadas en su vivienda habitual responden con todos los suyos presentes y futuros. Esa es la gran losa que pesa hoy sobre esas familias.

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que ir acabando.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino ya.

Hoy es bastante evidente que no podemos continuar así. No puede ser que esas familias se vean perseguidas por todo el mundo; sí, por todo el mundo. Hoy las entidades financieras están vendiendo en paquetes, como si fueran productos derivados financieros, las deudas que dejan las familias que dan su piso en dación en pago y no se les acepta, a entidades financieras de los países de los inmigrantes para que los carroñeros de esos países les persigan allí donde vayan, en cualquier lugar del mundo. Eso sin duda lo tenemos que resolver y creo que es un buen momento para hacerlo.

No tengo más tiempo -quiero ser respetuoso con el presidente- pero les sugiero que escuchen ustedes las palabras emitidas por la relatora de derechos humanos, que estuvo en Barcelona la semana pasada. En resumen decía: no estamos hablando en estos momentos de un producto social -hablando de la vivienda-, sino desgraciadamente de una mercancía o de un producto financiero, y las personas no viven en un producto financiero, viven en un lugar que debería ser un derecho humano. Y eso -decía la relatora- no es comunismo o socialismo, es sencillamente civilización y derechos humanos...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que acabar.


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El señor COSCUBIELA CONESA: Termino ya.

Tenemos la oportunidad de afrontar este tema. Sepan que si no lo hacemos hoy, más pronto o más tarde lo vamos a hacer en otro debate. La gente afectada por las hipotecas y nosotros mismos vamos a hacer todo lo posible para que todos los diputados sientan nuestro aliento en el cogote hasta que de una vez por todas abordemos ese problema.

Muchas gracias y espero que sean sensibles al planteamiento que les hemos hecho. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos interviene en primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, nuestro grupo presenta una enmienda a la moción del Grupo La Izquierda Plural con el objetivo de dar respuestas concretas a la problemática de las ejecuciones hipotecarias. Quisiera, como preámbulo a la justificación de nuestra enmienda, recordar que -señor Coscubiela, usted no estaba aquí, pero sí estaba su compañero, don Joan Herrera- quien por primera vez trajo esta cuestión a este Pleno -hará un año y seis meses- fue nuestro grupo, y en aquel momento se avanzó notablemente hasta el punto de que pocos meses después se logró constituir una subcomisión para el estudio de la reforma del sistema hipotecario español. Yo creo que aquella subcomisión, en el seno de la Comisión de Vivienda hoy desaparecida, trabajó de forma notable, hasta el punto de que tanto sus propuestas como las propuestas de la mayoría de los grupos enmendantes beben de las fuentes de dicha subcomisión. Lamentablemente la disolución de las Cortes Generales evitó que la subcomisión pudiera acabar sus trabajos, y por este motivo una de las primeras iniciativas de nuestro grupo presentadas en la actual legislatura ha sido la de urgir cuanto antes la constitución de esta subcomisión. Nosotros creemos que, ante la riqueza de las propuestas que los distintos grupos están poniendo encima de la mesa y ante la necesidad de tener un instrumento parlamentario para ejercer la función de impulso del Gobierno, esta subcomisión es un elemento que habría que constituir cuanto antes. Y me permito hacer una llamada a las señorías de todos los grupos políticos para que, más allá de la moción de hoy, seamos capaces cuanto antes -estoy de acuerdo con usted en que la situación es de suma urgencia- de constituir esta subcomisión.

Al margen de esta cuestión, que me parece que es lo más relevante y respecto de la que como mínimo debería salir hoy el compromiso de todos los grupos, nosotros hemos querido hacer una aportación a su moción en forma de enmienda que recoge un documento que seguramente, señor Coscubiela, usted conocerá porque sus compañeros del Parlament de Cataluña se lo habrán pasado. Usted sabe que en el Parlament de Cataluña hay presentada una propuesta -una proposición de ley- y hay un documento muy trabajado, con aportaciones de todos los grupos políticos, que está en la fase final, para poder construir una proposición de ley para la reforma de determinados aspectos del mercado hipotecario. Sobre la base del borrador de esta proposición de ley -un documento del Parlament de Catalunya que para mí, señor Coscubiela, imagino que también para usted, tiene sumo valor- hemos querido sacar alguna de las propuestas de la misma para adelantarla a sus señorías, porque estoy seguro de que esta proposición de ley del Parlament de Catalunya va a llegar aquí, pero cuanto antes empecemos el trabajo, mucho mejor.

¿Cuál es esta propuesta relevante o el punto más significativo de la aportación, que no es ya solo de Convergència i Unió, que es del Parlament de Catalunya, que yo creo que va a ser asumido por muchos grupos y también -estoy seguro- por el suyo en el Parlament de Catalunya? Se trata ni más ni menos, señor Coscubiela, de dar solución jurídica al gran entuerto, es decir, cómo logramos que se permita la dación en pago, por qué a alguien sí o a alguien no. Usted mismo se preguntaba en función de qué parámetros, dónde ponemos el umbral. Tenemos un procedimiento ya existente, que es el de la Ley Concursal, una ley pensada inicialmente para resolver problemas de empresas, pero que algunos ciudadanos están utilizando con éxito ante los tribunales para resolver problemas de endeudamiento familiar. Vayamos a perfeccionar esta ley, modifiquemos determinados aspectos de la Ley Concursal para que recoja la situación de las ejecuciones hipotecarias y para que en el marco de una base jurídica ya existente demos respuesta con plenas garantías a esta problemática.

Nosotros no hacemos más, señor Coscubiela -no tengo tiempo de reproducir aquí el contenido de nuestra moción, pero es conocida por todas las señoras y los señores diputados-, que situar encima de la mesa una solución factible y estudiada, que creo que va a construir un consenso en una Cámara tan importante para muchos de los que estamos aquí como es el Parlament de Catalunya. Sería bueno que alrededor de este consenso básico encontráramos también la solución para un problema tan importante. Convergència i Unió estaría muy satisfecha de haber contribuido con esta aportación a la resolución de este gravísimo problema.

Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Garrido.

La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.

Señorías, hoy, ante la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario La


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Izquierda Plural sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras, me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular y la voy a utilizar para continuar en la línea de aplicar el sentido común que dejó patente el ministro de Economía y Competitividad en su respuesta a la citada interpelación. También la voy a utilizar para defender unas medidas que de seguro evitarán generar un problema aún mayor que el que pretendemos solucionar.

El ministro de Economía transmitió a este hemiciclo el pasado día 22 que el Gobierno es consciente de que como consecuencia de errores del pasado se han generado situaciones en materia de vivienda difícilmente sostenibles para los segmentos más vulnerables de la sociedad. El Grupo Parlamentario Popular es por supuesto extremadamente sensible a la alarma social producida por la gran cantidad de expedientes generados con este problema. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al tercer trimestre de 2011, el número de lanzamientos a esa fecha, a los nueve meses de 2011, fue de 42.879 y las ejecuciones representan un total de 57.136 procesos.

Señor Coscubiela, somos plenamente conscientes y consideramos que el paro de larga duración, que las familias con todos sus miembros en paro constituyen las secuelas más dramáticas de la crisis, porque su grupo no tiene la exclusiva de preocuparse por estos temas. En el Grupo Parlamentario Popular estamos trabajando para paliar de forma eficaz, racional y equitativa este problema que sufren tantas familias. Discrepamos cuando indica que esta situación no ha merecido ninguna iniciativa de cambio normativo que afronte a fondo los problemas de estas familias y discrepamos porque a nuestro juicio falta a la verdad. O no ha escuchado o no ha querido escuchar la respuesta a la interpelación urgente presentada por su grupo. En el Grupo Parlamentario Popular sí hemos escuchado la respuesta. Hemos escuchado que el Gobierno va a adoptar de forma urgente medidas legales justas para abordar este problema de manera rápida y eficaz. Hacer oídos sordos a estas propuestas nos hace pensar que a usted lo único que le interesa es la crítica política y no afrontar la realidad de los problemas.

Partiendo de esta dramática situación hemos querido incidir en nuestra enmienda en dos aspectos fundamentales, por un lado, en la adopción de una serie de medidas legales, siempre en aras de proteger a los sectores más desfavorecidos, definiendo un umbral de exclusión para favorecer a las personas que se encuentren bajo esta situación económico-social en materia de cumplimiento de obligaciones relacionadas con la vivienda, mejorando los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias y rebajando los intereses moratorios, excesivos en muchas ocasiones. Por otro lado, estas medidas carecerían de eficacia si no vienen acompañadas del fomento decidido por parte del Gobierno de buenas prácticas bancarias para ofertar a los deudores con mayores dificultades. Dentro de estas medidas estaría sin duda la dación en pago como método de extinción de la deuda para aquellas personas incluidas en el umbral de la exclusión.

Sin embargo, nuestro grupo va a huir de planteamientos demagógicos y extremos, porque, como he dicho al principio de mi intervención, podrían llevarnos a afrontar problemas aún mayores del que estamos intentando abordar. En efecto, supondría un mayor riesgo de recuperación, lo que conduciría inmediatamente a un reajuste de equilibrio entre las partes contratantes. Este reajuste, lejos de facilitar la accesibilidad al mercado hipotecario, claramente lo dificultaría, puesto que sus efectos pasarían por una reducción del plazo total concedido para la amortización del préstamo o por la reducción de la cuantía del principal prestado en relación con el valor de tasación o por el posible incremento de los diferenciales sobre los diferentes tipos de referencia y, de seguro, pasaría por la pérdida del acceso al crédito hipotecario de los colectivos con menos recursos.

Señorías, señor Coscubiela, el Grupo Parlamentario Popular considera que es la primera vez que se presenta en esta Cámara en menos de tres meses en relación con este problema un conjunto de medidas completo y directo para paliar de verdad y no con placebos, señor Coscubiela, la dramática situación que viven hoy en día muchas familias españolas. Por ello creemos que estas medidas propuestas deben ser apoyadas y no ignoradas. Presentamos esta enmienda esperando que sus señorías la acojan con interés y sobre todo con responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

La propuesta de La Izquierda Plural me parece que recoge las inquietudes de gran parte de los grupos de la Cámara y desde luego no creo que nadie pueda presentarse como el adalid único o exclusivo de una situación que no estaría mal en esta discusión recordar que tiene un origen político. Al fin y al cabo, el problema de los desahucios, de la morosidad y de las ejecuciones hipotecarias es en gran parte la consecuencia de un periodo feliz en que no solamente se negaba que existiera una burbuja inmobiliaria, sino que esa burbuja inmobiliaria fue estimulada, justificada y legitimada desde sectores políticos muy extendidos aconsejando a la gente que invirtiera en vivienda, puesto que iba a ser la mayor inversión de su vida y que jamás iba a bajar el precio. La consecuencia que tenemos a la vista está. Lo que tenemos es una gran cantidad de víctimas pero de diferentes tipos de una burbuja inmobiliaria que en gran parte fue la consecuencia de una determinada política económica.

En este sentido, compartimos muchos de los objetivos que sin duda persigue esta moción sobre la dación en


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pago; es más, es una cuestión que, como a muchos otros grupos, también nos preocupa. Vamos a tener la oportunidad de que mi grupo les explique a ustedes qué pensamos porque la semana que viene vamos a presentar una proposición de ley sobre esta cuestión precisamente. Dicho esto y estando de acuerdo con la cuestión que quizás es fundamental de que hacen falta cambios legales importantes para modificar la situación actual del mundo hipotecario en España y sobre todo para impedir que las consecuencias de esa burbuja inmobiliaria redunden en mayor exclusión social, en el aumento de la pobreza y en situaciones absolutamente intolerables en una sociedad con una mínima cohesión social, también hay algunas cuestiones que nos alejan o en las que no estamos tan conformes con lo que propone La Izquierda Plural. Me voy a referir solamente a dos en concreto.

Nos preocupa la cuestión de la seguridad jurídica. Nos parece evidente que sea cual sea la solución legal que se proponga y que se acabe aprobando, hay que preservar la seguridad jurídica en los tratos entre particulares, que al fin y al cabo es lo que son los que adquieren una vivienda y los bancos que les prestan. En este sentido hay que decir que además las malas prácticas bancarias no se han limitado solo a abusos ya conocidos como por ejemplo la especulación en el momento de ejecutar las hipotecas o a la hora de presentar subastas, etcétera, sino que una mala práctica muy extendida que hoy lamentamos fue una generosidad completamente inaudita a la hora de prestar créditos a personas que realmente tenían un nivel de solvencia más que dudoso. Lo que pasa es que después la falta de solvencia económica debido a la profundidad de la crisis se ha extendido mucho más allá de aquellos sectores iniciales.

Dicho esto, desde luego nosotros no apoyaríamos, no estaríamos de acuerdo y por eso hemos presentado varias enmiendas -y esperamos con interés la opinión de La Izquierda Plural al respecto- que aseguren que existe seguridad jurídica, en primer lugar, favoreciendo la mediación de los jueces en los casos en que se pueda llegar a un acuerdo o no entre la entidad prestataria y el deudor, de tal manera que sea el juez el que, en el sistema que se conoce en otros países como fresh start, decida que la deuda ya está cancelada con la dación en pago de la vivienda a la entidad bancaria. En segundo lugar, nos parece importante establecer cauces de mediación previos a la solicitud de concurso hipotecario, cosa que ahora está por explorar, y también que se introduzcan otras modificaciones legales, algunas de las cuales están ya recogidas en esta moción de La Izquierda Plural y otras las propondremos en nuestra proposición de ley.

Hay una segunda cuestión que también nos causa cierta perplejidad, que es esta tendencia a reforzar aún más la intervención vamos a decir pública en lo que no dejan de ser tratos privados, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Me referiré a dos aspectos de la cuestión, por un lado, la propuesta de La Izquierda Plural de que se limite por ley el monto de las hipotecas y lo que puede solicitar como préstamo alguien que quiera adquirir una vivienda y, por otro, la distinción en las normas que deberían regir la ejecución hipotecaria entre entidades de crédito que han recibido ayudas del FROB y las que no. En este segundo aspecto nos parece que en realidad las normas legales que se acaben aprobando a este respecto -la modificación de la Ley Concursal, de la Ley Hipotecaria, etcétera- deben afectar por supuesto a todas las entidades financieras y no solo a aquellas que han recibido ayudas públicas, porque se trata de una cuestión legal de igualdad de derechos. Igualmente, pensamos que es un tanto, cómo diríamos, intervencionista y un poco infantil considerar que los consumidores, que los ciudadanos han de ser protegidos de sí mismos y no pueden acordar conscientemente con una entidad bancaria en qué condiciones suscriben un crédito hipotecario.

Más allá de esto, estamos de acuerdo con la idea de normalizar de una vez la dación en pago como el método habitual para extinguir un crédito hipotecario, pero también he de decir que no estaríamos de acuerdo con la pretensión de que fuera el único, es decir, insistimos en que de lo que estamos tratando es de dos cuestiones: solucionar las malas consecuencias de una mala política económica y de una mala supervisión de la actividad de las entidades financieras y resolver de una manera permanente los daños que esto ha causado a personas que se han visto de repente en muchos casos, por una crisis económica, en una insolvencia sobrevenida. Esto es por nuestra parte lo que queríamos decirles. Esperamos con interés su respuesta.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero mandar un mensaje de solidaridad con las cientos de miles de personas afectadas por lo que ya hoy podemos considerar una epidemia social. Esta epidemia social se llama insolvencia, la insolvencia que viene derivada evidentemente de una crisis muy profunda, de un paro consecuencia de esta crisis y de un sobreendeudamiento de la ciudadanía, tanto de familias como de empresas. Lo que la insolvencia podía ser, en símil médico, una enfermedad rara hoy en día podemos decir que es una auténtica epidemia y desde luego las circunstancias que nos dibuja el Gobierno es para que vaya bastante a peor, para que el nivel de insolventes en este país aumente sustancialmente. Es evidente que tenemos que abordar esta problemática y este drama humano y social y hay que abordarlo desde la seriedad, hay que abordarlo desde el rigor y hay que abordarlo desde la objetividad. En este tema es fácil caer en la demagogia y es fácil caer en los cantos de sirena.

Yo quiero hacer hoy aquí un planteamiento muy explícito de la lucha contra la insolvencia. Evidentemente, las


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propuestas que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista son en primer lugar para tratar de que la gente salga de la insolvencia, ayudarla a que salga de la insolvencia, y para ayudar a la ciudadanía a que salga de la insolvencia solamente hay una manera y es una moratoria de las ejecuciones de garantías hipotecarias en este país, una moratoria que nosotros hemos señalado de más de dos años y que están pidiendo los colectivos que representan a estas personas insolventes, a estas personas que por perder la prestación por desempleo han caído en la insolvencia y quieren una oportunidad y quieren salir de la situación de desempleo. Esa oportunidad se la podemos y se la debemos dar nosotros ayudando a esas personas durante un periodo de tiempo a sostener su situación y su bienestar y ayudándolas a crear o a encontrar un puesto de trabajo. Esa es la primera pero principal medida que ninguna enmienda, ni la propia proposición, ha explicitado. Queremos decir que nosotros ya lo hemos intentado desde el Gobierno. Hicimos una ICO-moratoria, que por desgracia no tuvo la suficiente colaboración por parte de las entidades financieras, que solamente ha significado que sean 14.000 familias las que se han podido beneficiar y las que han conseguido esa moratoria, que han conseguido ese balón de oxígeno para salir de la situación de insolvencia.

El segundo objetivo que planteamos es rehabilitar al insolvente. Hay personas que a pesar de esta oportunidad van a seguir en la situación de insolvencia. Tenemos que rehabilitar a los insolventes y para eso tenemos que regular normativamente la dación en pago, que es la que rehabilita. No podemos mantener insolventes sine die y eternamente a muchos ciudadanos. Es llevarlos no solo a la desesperación, es llevarlos a la marginación, es llevarlos a la economía sumergida. No es solamente un problema social, es también un problema económico que deriva de este problema social y tenemos que abordar el riesgo de emergencia y de exclusión social que padecen estas personas en esa difícil situación de insolvencia y es facilitando alquiler de viviendas baratas a estas personas, que se mantengan en su vivienda durante un periodo de tiempo determinado con un tipo de alquiler acorde con su capacidad adquisitiva. Esas son tres propuestas sociales muy importantes para nosotros.

También proponemos otra serie de propuestas de mejora y de justicia a la hora de resolver los embargos y los desahucios en este país. Tenemos que eliminar muchas cláusulas abusivas -sobre lo que ya hemos hecho un importante esfuerzo desde el Gobierno socialista con anterioridad-: cláusulas abusivas en la aplicación de intereses de demora, cláusulas abusivas en las tasaciones, en las empresas tasadoras, en las subastas, en las adjudicaciones de estas subastas, en la información, en la transparencia. Tenemos que mejorar sustancialmente y tenemos que prevenir la enfermedad, y la mejor vacuna es lo que nosotros vamos a plantear: un proyecto de ley de insolvencia personal, un proyecto de ley que regule evidentemente cómo podemos evitar que la gente caiga en la insolvencia y, sobre todo, cómo podemos exigir que se compartan los riesgos en este país, que no caigan solamente en las mismas personas, en los ciudadanos, sino que también sean compartidos por las entidades bancarias.

Esas son las enmiendas que nosotros presentamos y le pedimos al portavoz del Grupo de La Izquierda Plural que las apoye, porque evidentemente es lo que piden las asociaciones. Lo que piden primeramente es la moratoria. Pedimos que hoy salgamos de aquí con un compromiso de aprobar una moratoria de más de dos años en este país, que se suspendan todos los embargos y todos los desahucios y que se den oportunidades a través del sistema bancario para que estas personas salgan de la situación de insolvencia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Mixto y con el tiempo compartido tiene la palabra en primer lugar la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señorías, me gustaría empezar recordando un dato fundamental. En estos momentos y según las estadísticas, en el conjunto del Estado español cada día, también mientras nos centramos en este debate, se producen 300 desahucios por impago de hipotecas. Parece una cifra importante, parece una cifra que debe llamar a la sensibilidad del conjunto de sus señorías para acometer este debate. En este sentido nos parece más que acertada la iniciativa de La Izquierda Plural defendida hoy por el señor Coscubiela en torno a esta cuestión de la dación en pago; iniciativa que defenderemos desde Geroa Bai y también hablo en nombre en este caso del Bloque Nacionalista Galego -me lo sugería así su portavoz-. Apoyaremos, como digo, la iniciativa que hoy nos presenta La Izquierda Plural.

No es además baladí -se ha citado ya en esta tribuna- que somos muchas las fuerzas que tenemos iniciativas pendientes en torno a esta cuestión. En concreto, Geroa Bai espera turno para presentar una PNL en Pleno con aspectos que complementan esta iniciativa que hoy se nos presenta y que se refieren a la necesidad de controlar una hipotética y más que probable, además de posible -eso esperamos- asunción de esta dación en pago, que se refieren a poner control y coto a la posibilidad de que se produjera una subida generalizada de los precios de las hipotecas a futuro y, por lo tanto, a la necesidad de controlar esta cuestión. Hay otros aspectos también que deben ser analizados que van en el sentido de iniciativas que Geroa Bai ha presentado en Pleno, aspectos fiscales que se deducen de la percepción de la dación en pago como una mera venta y que acaban gravando en términos fiscales sobre las personas que acceden a la dación en pago.

Votaremos afirmativamente a aspectos que se nos han presentado en torno a la dación en pago esta tarde, que


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por falta de tiempo me será difícil especificar o subrayar como hubiera sido de nuestro gusto. En cualquier caso, tengamos en cuenta otras instancias absolutamente necesarias y quiero aprovechar mi intervención en este Pleno para subrayarlo. Recordemos que aun con la dación en pago, el desahucio supone la pérdida del padrón y por lo tanto la pérdida de derechos tan básicos como los derechos sanitarios o la escolarización de los menores. Así pues, iniciativas como la que hoy nos propone La Izquierda Plural y como las que veremos seguramente en posteriores plenos habrán de ser apoyadas, ojalá, por la mayoría responsable y sensible con la sociedad de este Pleno.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

¿Cuántos miles de desahucios se han producido desde 2007 hasta hoy? ¿50.000? ¿100.000? ¿200.000? ¿Más? ¿Cuántos centenares de miles de pisos vacíos hay ahora mismo en todo el Estado español? ¿Qué han hecho las administraciones públicas para amparar a las personas que se han quedado sin casa? ¿Qué hace este Gobierno por hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada? Nada, nada y nada, o, mejor dicho, sí que hace alguna cosa, pero no por las personas. Este Gobierno y también el anterior hacen alguna cosa, pero solo por los bancos. Este Gobierno, que es el Gobierno de los poderosos, de Endesa, de Iberdrola, del Santander, del BBVA, de la CEOE, protege y ampara los intereses de las entidades financieras y vulnera de manera deliberada ese derecho básico recogido en nuestra Constitución. Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, están gobernando a golpe de decreto-ley. Han decretado más impuestos, han decretado más facilidades al despido, pero solo contra los ciudadanos, solo contra las personas. Contra las personas, los bastonazos de los decretos-leyes vigentes ya. Contra los bancos, las caricias de ese código de buenas prácticas, que ellos, los bancos, se pasarán por el forro, ya que la dación en pago será voluntaria, y ya sabemos cuál es la voluntad de los bancos.

Señoras y señores del Partido Popular, hoy tienen una oportunidad única de hacer justicia, de votar con los débiles, con las personas y no con los poderosos, con los bancos. Hoy pueden evitar miles de dramas personales. Hoy pueden votar con la gente, a favor de la gente. Piénsenlo antes de apretar el botón rojo. Compromís-Equo lo tiene muy claro: apretaremos el botón verde. Compromís-Equo estaremos al lado de la plataforma contra los abusos hipotecarios ayudando a recoger firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en esta Cámara que acabe con este drama de muchísimos españoles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Finalmente, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente, por haberme ayudado un poco en esta minintervención que me toca.

No estamos ante cualquier problema, señorías. De todos los dramas que sufre una parte cada vez más significativa de la población del Estado español hay uno especialmente relevante y es precisamente la pérdida de la vivienda. Yo hago el esfuerzo de imaginarme en esa circunstancia, en la situación de tener que abandonar mi vivienda, ya que ayuda muchísimo a entender el fondo del drama, asociado además a una condena financiera, en muchos casos de por vida, de aquellas personas o de aquellas familias que han sufrido esta terrible desgracia que, en muchos de los casos, los aboca a la exclusión social y a la economía sumergida. Por ello, los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta moción, que coincide en buena medida con una proposición no de ley que ya tenemos nosotros registrada, expresando una preocupación que creo que coincide en gran parte con la manifestada por Izquierda Plural. Estamos en un horizonte de cerca de 500.000 familias con este drama en el 2012; en Canarias, 28.000. Esto es resultado de dos circunstancias asociadas. Una, el origen de una burbuja inmobiliaria, en la que la crisis actual encuentra en buena medida su origen, y también en el oscurantismo de los contratos hipotecarios, en las prácticas engañosas de determinadas entidades financieras que han adjudicado viviendas sin saberse que podían volver a readquirirlas con el 50 por ciento del valor real siendo el resto para el impositor. Una publicidad engañosa, una especie de mundo feliz, unas tasaciones financieras de la vivienda sobrevaloradas, un lenguaje difícilmente comprensible. Por lo tanto, no es aceptable la asimetría de que los más vulnerables sufran la crisis de una condena de por vida al no poder hacer frente a unas cláusulas hipotecarias que no es su responsabilidad el no poder cubrir. Por otra parte, no es razonable que las entidades financieras perciban ayudas múltiples del Estado, una comprensión exagerada cuando, como todos sabemos, están exactamente en el centro del origen de buena parte de las causas que han generado la crisis en la que nos encontramos. Compartimos los objetivos básicos de alcanzar una liquidación total de la deuda cuando se produce la dación en pago y también de la necesidad de paralizar con carácter inmediato los múltiples desahucios que se están produciendo a través de fórmulas que entendemos que están contempladas en buena parte en esta moción presentada por Izquierda Plural. En consecuencia, reitero nuestro apoyo a lo que consideramos uno de los dramas más relevantes que vive hoy sin duda la sociedad española.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Vasco para fijar posición en relación con la moción de La Izquierda Plural sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. No voy a extenderme en demasía en describir los problemas económicos, personales y familiares que se derivan de las ejecuciones hipotecarias. Es de sobra conocida la dramática situación del paro en el Estado español -ya son 5.300.000 personas las desempleadas según la última encuesta de población activa referida al último trimestre del año 2011- y todo hace apuntar a que a final de año superaremos los 6 millones. A la difícil situación por la que están atravesando millones de personas debido a la pérdida de empleo, hay que añadir en muchos casos la pérdida de su vivienda habitual por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas. A esto hay que sumar que, ante el principio de responsabilidad patrimonial universal por el que se rige el sistema, la imposibilidad de pago puede suponer incluso atravesar el umbral de la pobreza. En este sentido es alarmante el repunte de los porcentajes de pobreza en el Estado español, según se ha publicado recientemente por diversos indicadores económico-sociales. Por todo ello, a nadie se le escapa que es urgente tomar medidas dirigidas a paliar en lo posible la dramática situación a la que se ven abocadas las personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. Estas medidas deben abordarse del modo más integral posible y deben estar enfocadas, en primer lugar, a evitar en lo posible la pérdida de la vivienda habitual y, en el caso de su pérdida, a restringir el principio de responsabilidad patrimonial universal de las personas físicas y que puedan seguir disfrutando de una vivienda, siendo en lo posible la misma en la que vivían. Por todo lo anterior, consciente de la importancia del tema aun a sabiendas de que la solución no es nada fácil y sin adentrarme en todas y cada una de las medidas, queremos dar nuestro apoyo a la iniciativa a la espera de que podamos colaborar en la concreción de las mismas lo antes posible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Señor Coscubiela, a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, le he hecho llegar mi petición. He sido imputado de faltar a la verdad por parte del representante del Partido Popular y, siguiendo el precedente que hace escasamente unos días sentó la diputada Rosa Díez en esta Cámara, pido diez segundos para justificar que creo que no falto a la verdad.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted un minuto.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias.

Creo que no falto a la verdad, nuestro grupo no falta a la verdad cuando dice que hasta ahora no ha sido posible ver en esta Cámara y por parte del Gobierno ninguna iniciativa al respecto. Que a raíz de nuestra interpelación y nuestra moción se quiera presentar es otra cosa distinta. Cuando se presente -parece ser, fruto de la acción del Gobierno, en este próximo Consejo de Ministros- así lo valoraremos. Pero no hemos faltado a la verdad si decimos que el Gobierno ha tenido prisa para aprobar reales decretos leyes en relación a la reforma laboral y no en relación a la dación en pago; quiero insistir en esa cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señora Garrido, ¿quiere contestar? (Denegación.) Entonces, señor Coscubiela, sustanciado este tema vamos al otro que es muy interesante: qué enmiendas acepta o rechaza.

El señor COSCUBIELA CONESA: Primero quiero agradecer la aproximación de todos los grupos parlamentarios al tema pues seguro que nos lleva, más pronto que tarde, a acuerdos básicos. Desgraciadamente los que más se aproximan a nuestras posiciones son los que hoy no gobiernan ni tienen mayoría; y los que tienen mayoría son los que se aproximan poco. Cosas de la vida. Por eso, esos aspectos no los podemos aceptar ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, entre otras cosas porque no aceptan...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que decir usted qué acepta y qué no acepta.

El señor COSCUBIELA CONESA: Íbamos a aceptar la propuesta que nos ha presentado el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, pero no sabemos qué ha pasado porque no han salido a defenderla. Estamos de acuerdo con la enmienda que nos ha presentado Esquerra Republicana de Catalunya porque sí mejora nuestro texto.

El señor PRESIDENTE: Bien, entonces se votará con la aceptación de la enmienda de Esquerra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SUS EFECTOS EN LOS SALARIOS. (Número de expediente 173/000008.)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus


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efectos en los salarios. Para defenderla, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, subo a esta tribuna para presentar la moción consecuencia de la interpelación urgente formulada al Gobierno sobre las repercusiones de la reforma laboral en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios. Señorías, el primer punto de la moción es instar al Gobierno a dejar sin efecto la reforma laboral contenida en el Real Decreto-ley del pasado 10 de febrero. El Gobierno aún está a tiempo de dejar sin efecto una reforma que no es que sea extremadamente agresiva sino que es una auténtica agresión para el conjunto de los trabajadores, tengan estos empleo o estén en paro. El Gobierno aún está a tiempo de dejar sin efecto una reforma que destruye empleo y que ahoga todas las esperanzas de millones de ciudadanos. Ante eso no podemos limitarnos a ver atónitos como el Gobierno prevé más de 600.000 nuevos parados, cientos de miles de despidos en el presente año. Aún están a tiempo de rectificar y dejar sin efecto una reforma que hace saltar por los aires el acuerdo, la negociación colectiva, la autonomía de las partes a la hora de fijar las condiciones de trabajo y los salarios. En definitiva: la base de la paz social. Es hora de pedirle al Gobierno que abandone su prepotencia y su cortedad de miras. Es hora de que el Gobierno emprenda la otra vía: la vía del diálogo, la del acuerdo, la que da seguridad y confianza para generar empleo.

En el segundo punto de nuestra moción instamos al Gobierno a que convoque a los interlocutores sociales para negociar una reforma, porque tiene la magnífica base para el acuerdo, el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para 2012, 2013 y 2014 alcanzado -como saben sus señorías- el pasado 25 de enero. Este es un gran acuerdo firmado por los sindicatos y las organizaciones empresariales que el Gobierno calificó en su momento de histórico y que, sin embargo, ha convertido en papel mojado dinamitando los pilares legislativos que le daban sustento. Un acuerdo cuyo principal objetivo es conseguir en el menor tiempo posible un crecimiento de la actividad económica que permita crear empleo. Frente al equilibrio en el que se basa el acuerdo, el real decreto aprobado por el Gobierno incrementa enormemente la discrecionalidad del empresario a la hora de fijar las condiciones de trabajo y de salarios. Así la reforma laboral rompe el equilibrio que ha caracterizado el modelo de relaciones laborales que, entre todos, hemos construido a partir de la Constitución. En nuestra opinión, el acuerdo del 25 de enero para el empleo y la negociación colectiva es la vía más segura para mejorar la competitividad de nuestras empresas en nuestro país. Como saben, en su apartado sobre rentas apuesta por la moderación salarial. ¿Y qué hace el real decreto? Frente a ese acuerdo basado en el equilibrio, la reforma laboral que plantea el Gobierno hace recaer toda la carga del ajuste sobre los trabajadores y su salario; culpabiliza al trabajador; da el poder unilateral al empresario para el ajuste salarial; rompe el suelo de los pactos y los acuerdos; provoca una carrera descontrolada por la rebaja de las condiciones del trabajo dando al traste con la competencia leal entre empresas; y, sobre todo, deja a los trabajadores en la más absoluta indefensión.

La vía elegida por el Gobierno agravará aún más la espiral recesiva, porque hundirá aún más la demanda y alejará la recuperación económica y la creación de empleo. El acuerdo de 25 de enero, a partir de la negociación colectiva, permite la necesaria flexibilidad interna de las empresas y viene a concretar lo que en nuestro ordenamiento jurídico era la flexibilidad interna negociada para el mantenimiento del empleo. El real decreto sustituye la negociación por un procedimiento formal de consulta en el que prevalece siempre la voluntad empresarial. El Gobierno cambia las relaciones internas de las empresas. De la cooperación y corresponsabilidad vuelve al ordeno y mando, al patrón que impone unilateralmente sus condiciones, dando como única alternativa al trabajador bien la sumisión bien el despido. También, en la estructura de la negociación colectiva el acuerdo supone un gran avance; apuesta por la descentralización de forma tal que los convenios de ámbito estatal o de comunidad autónoma favorezcan el convenio de empresas. El acuerdo dedica un amplio capítulo al empleo, apostando por el equilibrio entre flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores.

El punto tercero de nuestra moción insta al Gobierno a restablecer el equilibrio en las relaciones laborales, con respeto absoluto a la negociación colectiva y a los elementos sustanciales de la misma. Señorías, instamos al Gobierno a dejar sin efecto el real decreto-ley porque esta reforma es desequilibrada, injusta e ineficaz. Anuncian 630.000 parados más en 2012; son 630.000 pruebas de que esta reforma genera paro y no genera empleo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gutiérrez del Castillo.

Se han presentado enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el preámbulo de la Constitución de la OIT que se creó en abril de 1919 afirma que el derecho laboral nace con vocación de garantizar la paz social y universal. En esa época se partía de unas condiciones de trabajo que ni siquiera respetaban los derechos fundamentales. Con el nacimiento del derecho laboral se intentaba salir al paso del gran descontento que existía y que amenazaba, tal y como recogía la Constitución mencionada, abrimos comillas, la paz y la armonía universales, cerramos comillas. Los avances en el reconocimiento de los derechos laborales que se lograron desde


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aquellos incipientes principios han sido el resultado del esfuerzo ímprobo de quienes han creído y creemos en una sociedad justa e igualitaria. Señorías, la regresiva reforma laboral del Partido Popular, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, llega a extremos que resultan alarmantes. Nos preocupa seriamente que de no frenar la indignidad y el retroceso de esta nueva legislación volvamos a retroceder a los tiempos del esclavismo laboral donde el mercado laboral era una especie de selva en el que imperaba el sálvese quien pueda, como en los albores del siglo XX. El tratamiento que se hace de la negociación colectiva nos indica que se está yendo por ese camino. Una negociación que como su nombre indica trata de unir la fuerza del colectivo para garantizar los derechos de los más débiles, pero que este Gobierno tira por la borda, permitiendo que los acuerdos puedan o tengan que alcanzarse entre el empleador y el empleado o empleada, que tiene que aceptar lo que buenamente le ofrecen, habida cuenta del tratamiento contractual y salarial que en esta reforma se contempla.

Por eso, señorías, estamos de acuerdo con los dos puntos de la moción que presenta el Grupo Socialista y le pediríamos que la moción se votara separadamente por puntos, porque el Bloque Nacionalista Galego no puede compartir el punto 2. Por eso presentamos la enmienda, porque los acuerdos alcanzados en el ámbito de los sindicatos y la patronal excluyen a centrales sindicales muy representativas como la nacionalista en Galicia, que tiene aproximadamente el 30 por ciento de la representación y además en esos acuerdos se recogen cuestiones que nosotros tampoco compartimos. De ahí que estemos de acuerdo con los puntos 1 y 3, pero nos gustaría que el Grupo Socialista nos permitiera votar por puntos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, por parte de Amaiur quiero anunciar que nos vamos a abstener con esta moción porque aun cuando compartimos plenamente sobre todo el punto 1 de la misma, y también el 3, estamos radicalmente en contra de lo que se afirma en el 2, por cuanto se reivindica y se hace suyo el contenido de los acuerdos sindicales-patronal firmados en enero por Comisiones, UGT, la CEOE y la Cepyme; acuerdo que entendemos camina en una dirección completamente contraria a la que debiera haberse seguido. Estamos en contra de este acuerdo sindical-patronal porque en definitiva supone un fuerte recorte al poder adquisitivo de los salarios durante nada más y nada menos que tres años, y esta medida supone que el costo importante de la crisis recaiga sobre los bolsillos de las trabajadoras y de los trabajadores y en modo alguno sobre los beneficios, sobre las arcas llenas de banqueros y especuladores que han sido los que han creado esta crisis. Además, el citado acuerdo desde nuestro punto de vista abrió en buena medida las puertas a este decreto-ley del Gobierno, a esta reforma laboral, porque esta ha desarrollado y ha recogido buena parte de los contenidos de aquel acuerdo sindical-patronal. Hago referencia aquí a aspectos tales como la flexibilidad en el marco de la empresa, la precariedad, los descuelgues empresariales, arbitrajes, etcétera. (Rumores.)

Por todo esto, junto con la mayoría sindical vasca pensamos que en vez de afirmarse una estrategia, una vía de conciliación, de consenso, de buen rollo, de amagar y no dar, lo que hace falta es avanzar por una vía diferente, por una vía que apueste por la dignidad, por la resistencia, por la movilización y en definitiva por la confrontación social, porque ante estos brutales ataques de la patronal no caben paños tibios. Hacen falta, como se ha hecho en Euskal Herria con la mayoría sindical, convocatorias como la de la huelga general del 29 de este mes que desde Amaiur saludamos, apoyamos y defendemos plenamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares. (Rumores.) Por favor, ruego que no hagan conversaciones en los pasillos; los que tengan que hablar que se retiren del hemiciclo para que podamos oír al orador.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar el punto 1 de retirada del Real Decreto de Reforma Laboral, mejor diría de ruptura unilateral de las relaciones laborales en nuestro país, pero no votará el punto 2 en el que el Grupo Parlamentario Socialista hace dos cosas que no nos gustan. En primer lugar, patrimonializa el acuerdo entre sindicatos y patronal, lo que no es bueno porque hay que mantener la autonomía de los sindicatos -no nos podemos poner la gorra cuando estamos fuera del Gobierno y quitárnosla cuando estamos en él-, pero lo peor de todo es que propone esta medida, el acuerdo entre sindicatos y patronal, como una medida de pacto de rentas. Señorías, ustedes saben que el acuerdo entre sindicatos y patronal no puede ser y no es un pacto de rentas; un pacto de rentas supone, por ejemplo, hablar de reforma fiscal, supone hablar de la fiscalidad de las empresas, supone hablar de fraude, supone hablar de muchas cosas que no están en esa negociación y que solamente pueden tener lugar con presencia del Gobierno, a iniciativa y a reforma del Gobierno. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa concepción que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Sí estaríamos de acuerdo con incorporar la propuesta de reforma que hacen a través de la iniciativa legislativa popular los sindicatos CCOO y UGT; ese sí que es un modelo diferente de relaciones laborales.


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Señorías, quería decir en nombre de mi grupo parlamentario que rechazamos esta reforma laboral. No es una reforma laboral; es una ruptura unilateral de las relaciones laborales. Podríamos decir además que es el decreto del estado de excepción dentro de la empresa y que tiene precedentes, porque previamente ha habido un estado de excepción constitucional y ha habido reformas que han acentuado o que han abierto este camino: la reforma de 1994, la reforma de 2010, la reforma de 2011. Por tanto, las puertas estaban abiertas y el Partido Popular no ha tenido más que darle una patada a la puerta, que es lo que ha hecho con esta ruptura laboral. Esta ruptura laboral es además un arma de destrucción masiva de empleo; esta ruptura laboral está provocando ya en tres semanas de vigencia un incremento muy importante de la utilización de los mecanismos individuales y colectivos de despido en nuestro país y también provocará una reducción de los salarios. En definitiva, señorías, el objetivo fundamental de esta reforma es, como dirían los clásicos, una devaluación competitiva o, como diríamos en román paladino, un expolio de la renta de los trabajadores, un expolio de las rentas salariales que pretende recuperar la tasa de ganancia de las empresas rebajando las rentas salariales entre un 15 y un 20 por ciento de la situación actual. Ese es el sentido de esta ruptura laboral que viene acompañado de un asalto al convenio colectivo, reconociendo un único actor en la relación laboral, el actor patronal, y también decretando un modelo de excepción en el derecho laboral que, en nuestra opinión, viene precedido, como decía antes, del modelo de excepción en la Constitución española.

Señorías, por esta razón, nosotros vamos a votar que no a esta ruptura constitucional, también a esta ruptura laboral. Vamos a promover iniciativas de todo tipo, iniciativas políticas y sociales para evitar que se ponga en marcha esta ruptura laboral porque mucho nos tememos, señorías, que esta ruptura laboral, si no lo evitamos, acabe en ruptura social. Nosotros no queremos la ruptura social en nuestro país, no queremos el incremento del desempleo, no queremos el deterioro de las relaciones económicas y sociales en nuestro país.

Señorías, termino, en el año 1901 Leopoldo Alas "Clarín" estableció en una negociación en que intervino de mediador que para haber en la negociación equilibrio tenía que haber una negociación entre una parte, la patronal, y un colectivo representado de manera clara, los trabajadores. Estamos volviendo atrás, estamos volviendo a 1901.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que nos enfrentamos a uno de los debates cuya fundamentación ontológica es de las más relevantes de todas las que se pueden concebir en esta legislatura. Sé que no es momento para grandes elucubraciones metafísicas pero la cuestión lo merita. Estamos ante un problema troncal, un problema sustancial, cual es el relativo a la naturaleza del derecho del trabajo, al sector laboral del ordenamiento jurídico que está en trance de desaparecer y cada vez tenemos mayor convicción de que está en trance de desaparecer. Señor presidente, el sector laboral del ordenamiento jurídico se basa en varios principios que forman parte de su ontología, de su fundamentación filosófica, que son los siguientes. El primero es su carácter bilateral, su carácter conmutativo, su carácter sinalagmático, pero esto no es una invención del legislador español ni del legislador de los países que conforman lo que se denomina Estado de bienestar, esta es una creación de la Constitución de Weimar, que se trasladó después a la Constitución italiana, a la alemana, posteriormente a la española, la de 1978, antes a los pactos de La Moncloa, y luego al Estatuto de los Trabajadores del año 1980 y a sus sucesivas reformas, hasta la que nos encontramos y tenemos que convalidar o no el próximo jueves, en donde se muta profundamente las características de un ordenamiento de carácter bilateral, sinalagmático y conmutativo con obligaciones recíprocas y pactadas entre representantes de los trabajadores o los propios trabajadores, según estemos ante contratos colectivos o contratos individuales, y los empresarios. Sin esto el derecho del trabajo no existe, y sin esto deja de existir el sector laboral del ordenamiento jurídico. En esto se pierden sus características tuitivas y protectoras de una relación que contractualmente se basa en dos desigualdades, la dependencia jerárquica del poder de dirección del empresario y la dependencia del poder retributivo del empresario, llamada técnicamente ajeneidad. Lo que hace esta reforma laboral que hemos anticipado o en relación con la cual hemos anticipado el debate del jueves, es mutar, trasladando al empresario la totalidad del poder para designar y configurar las condiciones de trabajo mediante mecanismos absolutamente extravagantes al ordenamiento jurídico, tal y como está concebido en todos los países del mundo civilizado: posibilidades contractuales o de contratar absolutamente precarias, posibilidades de modificar las condiciones de trabajo a través de fórmulas como el descuelgue o la modificación de condiciones laborales basadas en la voluntad unilateral del empresario y posibilidades de flexibilidad externa o de despedir absolutamente descausalizadas. Esto no solo vulnera el pacto ya suscrito entre los interlocutores sociales el día 25 de enero, pacto que no nos gusta porque centraliza la negociación colectiva laboral. Por lo tanto, de la misma manera pero por razones contrarias a las signadas por el señor Llamazares, vamos a pedir votación separada y vamos a votar también en contra del pacto segundo o del número segundo de esta proposición no de ley.


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En cuanto a lo demás, totalmente de acuerdo, señor presidente, porque lo que se creó por la Constitución, lo que se creó por la transición democrática formaba parte de los principios ontológicos de la transición democrática española, por los Pactos de la Moncloa, y lo que constituye un elemento de equilibrio social a la hora de configurar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores no puede ser objeto de un desequilibrio que deslice la totalidad del poder hacia una de las partes que signan o los convenios colectivos o los contratos de trabajo, desapoderando de todo el poder a la otra parte, que es la parte representada por los trabajadores que configuran la relación laboral mediante una previsión consignada por el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, que se basa en dos principios técnicamente denominados norma mínima y condición más favorable. El convenio colectivo no puede ser regulado por lo que dispone la ley. La ley dispone mínimos y los convenios colectivos complementan los mínimos. Quien vulnere esta regla esencial vulnera los principios ontológicos del derecho del trabajo de cualquier país que se denomine pertinente o atinente o que esté ubicado en lo que jurídica, ontológica y filosóficamente se denomina Estado del bienestar. Esta transmutación de contenido jurídicamente imposible, puesto que vulnera incluso la propia Constitución española, nosotros la refutamos.

Por lo tanto, sobre el punto dos de la moción presentado y defendido por la representante o la portavoz del Partido Socialista -y con esto ya predeterminamos nuestra posición sobre la convalidación del real decreto-ley del próximo jueves-, vamos a votar a favor. Es una argucia estratégica la que ustedes han utilizado, es anticipar el debate para crear opinión. Pero es una argucia que forma parte de los usos parlamentarios de forma muy prolija y, en virtud de lunga storia, consagrados por esta Cámara, y nosotros aceptamos esas argucias en tanto en cuanto forman parte de los usos parlamentarios ordinarios. Pero, señor presidente, vamos a votar...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, no se apure con pedirme que finalice porque nadie está escuchando mi intervención, salvo los directamente afectados por...

El señor PRESIDENTE: Solo le escucho yo que miro el tiempo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Además del tiempo, existe la otra circunstancia que podría ser una causa objetiva para el despido también. Si se continúa durante tres trimestres consecutivos esta forma de desentender las locuciones de una persona que está interviniendo, se podría proceder o para modificar las condiciones de los diputados o para expulsarles de la Cámara durante tres trimestres consecutivos. (Risas.-Aplausos.) En todo caso, señor presidente, estoy muy agradecido por su generosidad y ya adelanto la posición de nuestro grupo en relación con una reforma laboral que no es una reforma, sino una contrarreforma en el sentido más jesuítico del término.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El Grupo de Unión Progreso y Democracia también se opone a la reforma laboral propuesta por el Gobierno, pero por razones muy diferentes a las que plantea el Partido Socialista, porque en esta moción que ustedes presentan subyace un espíritu de inmovilismo, de mantener lo existente o cambiarlo lo menos posible. En nuestra opinión, este espíritu de inmovilismo no se puede mantener a la luz de los datos que arroja nuestro mercado de trabajo. Si nos fijamos en los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2011, que no se pueden atribuir a la reforma laboral, nos encontramos con una situación en la que el paro alcanza el 22 por ciento, en que hay 5.300.000 parados, en que la tasa de paro juvenil es del 48 por ciento... Son datos conocidos, pero su simple enumeración es apabullante. No solo se trata del desempleo, que en algunas comunidades llega al 30 por ciento, se trata también del tipo de trabajo, del tipo de empleo que se crea. Un 93 por ciento de las contrataciones son temporales, e incluso en la época de prosperidad sucedía esto, alcanzamos una tasa de temporalidad del 33 por ciento.

Ustedes perdieron una ocasión muy buena de reformar el mercado de trabajo en los años de prosperidad, cuando se pudo hacer con mucho menos coste social, y ahora proponen mantener una situación que los datos demuestran que es insostenible. Eso no quiere decir que nos guste la reforma del Gobierno, todo lo contrario, creemos que la reforma del Gobierno sigue la filosofía de las reformas anteriores, que es precarizar progresivamente la contratación. Va a seguir existiendo una modalidad de contrato temporal limitada a dos años, pero que se encadenará, porque ya hubo limitaciones en el pasado que no funcionaron. Va a haber un contrato de formación hasta los 30 años, con pocas horas de formación y en la propia empresa. Va a haber un contrato llamado indefinido, pero con un año de prueba, con lo que funcionará en la práctica como un contrato temporal. Son todas modalidades precarias de contratación, con el añadido de que el empleo indefinido probablemente se va a destruir con fuerza, al menos en el corto plazo, porque se abarata fuertemente su despido. Saben ustedes que va a ser mucho más fácil el despido por causas económicas, porque por la crisis muchas empresas cumplen el criterio de la caída de ingresos en el porcentaje que sea, y sinceramente, aunque no lo cumplan, cualquier empresa


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puede aplazar sus cobros y cumplir artificialmente este criterio. Cabe esperar, por tanto, una reducción fuerte del empleo indefinido, y tememos que no solo por la recesión, sino por un proceso de sustitución de trabajo indefinido por trabajo temporal.

UPyD apuesta por un modelo de contratación estable, y creemos que se ha perdido una oportunidad histórica de ir a ese modelo. Es el contrato único indefinido con indemnización creciente. Los trabajadores entrarían con un contrato indefinido, con una indemnización parecida a la del actual contrato temporal -es lo que hacen ya en el 93 por ciento de los casos-, pero a partir de ahí se convertirían paulatinamente en trabajadores indefinidos, en vez de caer en esa trampa de temporalidad de la que nunca salen en la actualidad. Esto sería bueno para el trabajador, pero también para el empresario, porque daría un horizonte estable a la relación, tendrían incentivos para formar a los trabajadores, que ahora no tienen, y eso ayudaría a mejorar la productividad y la competitividad. Como ven, nuestro modelo no coincide con el modelo del Partido Socialista ni con el modelo del Partido Popular.

Algo parecido sucede con la negociación colectiva. La moción propone mantener el modelo anterior; un modelo muy rígido, muy sesgado a favor de los sindicatos, con convenios de ámbito amplio, sectorial o provincial que no tienen en cuenta la situación individual de la empresa, que una vez que se firman se prorrogan indefinidamente por la ultraactividad, y del que era muy difícil descolgarse. Hay muchos miles de empresas que han desaparecido por esta rigidez. El problema es que nos vamos de un modelo muy rígido en un sentido a un modelo muy rígido en sentido contrario, a un modelo que va a permitir al empresario cambiar las relaciones laborales en términos de salario, de horario o de movilidad geográfica del trabajador, en una situación de lo toma o lo deja, lo acepta o es despedido con un año de indemnización. Por tanto, no nos gusta la reforma que plantea el Grupo Popular, como manifestaremos en el debate del jueves, pero estamos totalmente en contra del espíritu de inmovilismo de la moción del Grupo Socialista y por eso votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano. (Rumores.) Ruego, por favor, que suspendan las conversaciones, sobre todo en los pasillos. El que tenga que hablar que por favor abandone el hemiciclo, porque es muy difícil oír al orador.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, la señora Gutiérrez nos anticipa el debate de este próximo jueves, mi grupo se lo agradece en cualquier caso porque estamos hablando de una cuestión importante y de aquello que más preocupa a la ciudadanía, las políticas relacionadas con el empleo. Este no va a ser el único debate; estoy seguro de que los debates van a ser reiterados en los próximos meses. Sepa, señora Gutiérrez, que Convergència i Unió comparte globalmente la orientación de la reforma y la comparte porque parte de un diagnóstico que incluso ustedes compartieron la pasada legislatura porque, entre otras cosas, esta tampoco es una reforma que subvierta los principios en los que funciona el derecho del trabajo en el Estado español. Ahí mi grupo discrepa de algunas visiones apocalípticas que se dan en relación a esta reforma y le preocupa que se traslade a los ciudadanos y a los trabajadores más temores de los que son estrictamente necesarios y que se cree un clima de miedo en relación a esta reforma. Digo que es continuista respecto a reformas operadas en 2009 y en 2010, por ejemplo, porque en la reforma laboral de 2009 avanzamos ya en la generalización del contrato de fomento de empleo con una indemnización en los supuestos de despido improcedente de 33 días y con esta nueva reforma se da un paso para normalizar definitivamente lo que tenía un cierto sentido común, que tuviésemos en España un solo contrato indefinido. En la reforma de 2009 ya se avanzó en una clarificación de las causas que permiten el despido por razones económicas, técnicas u organizativas para facilitar mayor certidumbre por parte de las empresas a la hora de decidir un despido, de tal manera que el éxito de la reforma que ustedes propiciaron llevó a que el número de despidos declarados improcedentes respecto a la tendencia existente hasta esa reforma disminuyese casi en 10 puntos. En 2009 se avanzó también en reformas que permitían mayor flexibilidad interna de las empresas para adaptarlas a las situaciones cambiantes del mercado de trabajo.

Su diagnóstico, que les llevó a las reformas de 2009, de 2010, incluso a las reformas de 2006, igual que los diagnósticos que se hicieron en 1997 y en 2002, son muy coincidentes sobre los defectos que tiene nuestro sistema de relaciones laborales. Lo que hace esta reforma es dar un paso más profundo en las direcciones que allí se apuntaran, pero los principios de causalidad en la extinción, causalidad en la duración del contrato, tutela judicial efectiva por la jurisdicción de lo social, invitación al acuerdo entre las partes, fomento de medidas de arbitraje en el campo de la negociación colectiva, establecimiento de árbitros, forman parte de las aproximaciones de quienes entienden que efectivamente ese marco de relaciones laborales necesitaba una puesta al día, no tanto por su impacto en la creación de empleo sino en el objetivo de mejorar la posición competitiva de nuestras empresas, mejorar nuestros niveles de productividad y evitar que en las situaciones de crisis nuestro mercado de trabajo operase bajo la lógica del despido y no del ajuste de jornada, de tiempo o de salario.

Ahora bien, ¿la reforma que el Gobierno presenta es la reforma de Convergència i Unió? No, es la reforma del Gobierno. Vamos a tener ocasión en el trámite parlamentario que va a empezar este próximo jueves de


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mejorar todo aquello que podamos la propuesta que nos traslada el Gobierno. Es más, si los agentes sociales en las próximas semanas, en aquellas materias que acordaron en el marco del Estado español recientemente o que se acordaron, en el caso de Cataluña, en el marco de la AIC trasladan a los grupos parlamentarios posiciones coincidentes que permitan que aquello que se acordó en el seno del diálogo social puede incorporarse a esta reforma, Convergència i Unió va a estar abierta a facilitar esas mejoras. Porque sí que es cierto que en esta materia de las relaciones laborales una efectiva aplicación e implementación de cualquier reforma siempre va a tener mayor eficacia y mayor utilidad si se produce desde el acuerdo entre la representación de los trabajadores y la representación de los empresarios. Y en nuestra modestia queremos que el trámite parlamentario sirva para eso y también, señorías, para que esta reforma no sea tan solo una reforma del grupo de la mayoría, que tiene los votos suficientes para que definitivamente prospere, sino que pueda ser mejorada con el concurso de todos los grupos, incluido lógicamente el del Grupo Socialista. Porque, señorías, la situación del empleo en España no podría haber permitido de ninguna de las maneras que el Gobierno estuviese ausente en la iniciativa legislativa y en la iniciativa política en este campo, partiendo además -y termino- de que efectivamente la reforma en sí misma es insuficiente en la generación de empleo. Eso va a tener que ver con las políticas orientadas al crecimiento económico y en este sentido esa reforma laboral debería ir acompañada de aquello de lo que no ha ido acompañada, de un plan de choque con medidas orientadas a la creación de empleo en el corto plazo. Esa es la principal crítica que Convergència i Unió formularía al Gobierno en esta cuestión.

En todo caso, señora Gutiérrez, vamos a tener ocasión de discutir con ustedes y con todos los grupos en los próximos días, semanas y meses, y espero que ese diagnóstico que ustedes y nosotros compartíamos en los últimos años nos permita mejorar la reforma que vamos a tramitar próximamente. Y, señoría, rechazamos su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Susinos.

La señora SUSINOS TARRERO: Señor presidente, señorías, la moción presentada por ustedes nos parece totalmente irresponsable e insolidaria teniendo en cuenta la situación que están viviendo en nuestro país millones de personas. Que ustedes estén solicitando al Gobierno que deje sin efecto el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral supone dejar sin efecto una serie de medidas que tienen como objetivo fundamental frenar la intensa destrucción de empleo que estamos padeciendo y sentar las bases de la recuperación económica y social para que cuanto antes pueda volverse a crear empleo en nuestro país, empleo de calidad. Lo que ustedes están solicitando con esta moción es que condenemos a más de 5.300.000 personas que quieren trabajar y no pueden a no tener futuro ni expectativa de empleo, entre ellos casi un 50 por ciento de nuestros jóvenes; a que condenemos también a miles de pequeñas y medianas empresas al cierre. Señorías, la pasada legislatura se destruyeron 160.000 empresas y desaparecieron más de 133.000 autónomos y no podemos olvidarnos de que los emprendedores, pymes y autónomos de este país constituyen el 80 por ciento del tejido productivo. Lo que nos están pidiendo con la retirada del real decreto es que los trabajadores, en especial nuestros jóvenes, no tengan una formación permanente, que los empresarios y trabajadores no puedan superar juntos los problemas que surjan en la empresa y que la única salida que se le deje al empresario sea la del despido, cuando el despido debe de ser el último recurso.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta propuesta que ustedes nos traen aquí ante el asombro de esta Cámara, que puede comprobar hoy cómo quienes nos han causado esta situación ahora se dedican a hacer demagogia y a predicar exactamente lo contrario de lo que hicieron. El que ahora es presidente del Gobierno no cesó en la anterior legislatura de pedirles coherencia, responsabilidad, medidas concretas y reales, y ustedes, ¿qué hicieron? Siguieron con un ritmo de gasto como si no hubiera mañana y han hipotecado nuestra nación. Realidad, señorías, eso es lo que nosotros traemos aquí; no prometemos sueños. Por eso no pueden pedir que volvamos hacia atrás, al punto donde lo dejaron ustedes porque tenemos la enorme responsabilidad de dar solución a esos más de 5.300.000 parados que están viviendo un auténtico drama social y familiar, porque nuestro principal objetivo son los parados. El paro es hoy la primera preocupación para el 83,3 por ciento de los españoles, pero también nos preocupa la situación de nuestro país a medio y largo plazo, que este país pueda crecer económicamente y que podamos crear unas expectativas de futuro favorables para nuestros hijos. Por ello el Gobierno ha trabajado de forma intensa, seria y responsable y en poco más de un mes ha presentado una reforma laboral que ha sido calificada como útil, completa y equilibrada. Y así es esta reforma, señorías, por cuanto que recoge una serie de medidas que, por un lado -como he dicho anteriormente-, pretenden frenar la destrucción de empleo y, por otro lado, favorecer la empleabilidad, elevando las oportunidades a los colectivos más castigados por el desempleo, como son los jóvenes y los parados de larga duración. Se establece el contrato para la formación y el aprendizaje, elevando de 25 a 30 años la edad máxima para acceder a él y se reconoce por primera vez el derecho de los trabajadores a la formación permanente. Se plasman también una serie de medidas para fomentar la contratación indefinida por parte de autónomos y de


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pymes con unas deducciones fiscales muy importantes y también se recogen una serie de medidas de flexibilidad interna, que van a permitir que empresas y trabajadores superen juntos las situaciones de crisis y que el despido sea la última alternativa del empresario. También se recogen medidas para combatir el fraude y la economía sumergida, que ayudarán en gran manera a reducir las cifras del paro.

Señorías, nadie en este momento está pidiendo la retirada de este real decreto salvo ustedes, que tras siete años en el Gobierno han sido incapaces de crear una sola medida eficaz para crear empleo, es más, nunca ha habido un despido tan masivo como en la última legislatura, cuando gobernaban ustedes. Apelamos a su responsabilidad. Somos realistas y conscientes de la difícil situación por la que estamos atravesando y no tenemos tiempo que perder. Señorías, es momento de trabajar y de tomar decisiones, y esta reforma laboral es fundamental para que más de 5.300.000 personas tengan una oportunidad. Trabajemos juntos para crear empleo. Hagámoslo. Pero no desde la confrontación. Aporten alternativas a esta reforma, pero desde aquí, desde el Parlamento, donde nos encontramos, que es desde donde debemos hacerlo, señorías, no en las calles.

Y votaremos en contra, como le he dicho anteriormente, porque nos importan las personas. Porque detrás de cada desempleado hay una persona que tiene dificultades para llegar a fin de mes o para dar de comer a sus hijos; o hay un joven buscando otra opción en el extranjero porque no la encuentra en su tierra. Y esta mujer o este hombre o este joven tienen el derecho, y nosotros así lo creemos, de vivir dignamente. Por este motivo hoy les vamos a decir a los millones de personas que se encuentran en esta situación tan difícil, desde aquí, desde el Congreso, que estamos con ellos y que no dejaremos de trabajar hasta que recuperen su esencia de ciudadanos libres y dignos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Susinos.

Señora Gutiérrez del Castillo, ¿acepta la enmienda? ¿Cómo quiere que sea la votación?

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: No aceptamos la enmienda, pero aceptamos la votación separada por puntos.

El señor PRESIDENTE: Entonces sería votación de los tres puntos cada uno por separado, o primero y tercero y segundo...

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Como el presidente...

El señor PRESIDENTE: No, como usted diga.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Primero, tercero y luego el segundo.

El señor PRESIDENTE: ¿Primero y tercero juntos, o no?

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Sí.

El señor PRESIDENTE: Primero y tercero, y luego segundo. Eso haremos. Muy bien.

Estamos llamando a votar y en dos minutos pasaremos a votar. (Pausa.)

Señorías, cierren las puertas, vamos a proceder a las votaciones.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 162/000002.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Se va a votar una transaccional, por lo tanto pregunto: ¿algún grupo se opone a que se vote esta transaccional? (Denegaciones.) Entonces vamos a proceder a la votación que todos ustedes conocen.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 140; en contra, 196.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN PLAN GENERAL DE MARCA ESPAÑA. (Número de expediente 162/000182.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan general de marca España. También aquí se vota una transaccional. ¿Algún grupo se opone a la votación de la transaccional? (Denegaciones.) Como ningún grupo se opone, procederemos a la votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 289; en contra, 18; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000006.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo.

Hay una transaccional que conoce la Mesa y conocen los grupos. ¿Algún grupo se opone a la votación de la transaccional? (Denegaciones.) Entonces, votamos la transaccional.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA DACIÓN EN PAGO Y LOS ABUSOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. (Número de expediente 173/000007.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. Se vota en sus términos con la enmienda de ERC.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 36; en contra, 181; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SUS EFECTOS EN LOS SALARIOS. (Número de expediente 173/000008.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios.

Tiene tres puntos y vamos a votar en primer lugar los puntos 1 y 3.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 136, en contra, 200.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazados.

Pasamos ahora a votar el punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 105; en contra, 204; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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