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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 10, de 15/02/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 10
Sesión plenaria núm. 9
celebrada el miércoles,
15 de febrero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página4)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. (Número de expediente 172/000004.) ... (Página22)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) destinado a fines sociales. (Número de expediente 172/000008.) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones "Amaiur" y "Bildu". (Número de expediente 172/000006.) ... (Página31)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas. ... (Página4)

De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué iniciativas emprenderá su Gobierno para mejorar la calidad de nuestra democracia? (Número de expediente 180/000017.) ... (Página4)

Del diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para la inmediata implantación de un sistema de arrendamiento financiero para buques que permita salvar el sector astillero? (Número de expediente 180/000019.) ... (Página5)

Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el presidente que las medidas que está tomando su Gobierno son las que necesita este país? (Número de expediente 180/000023.) ... (Página6)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera la vicepresidenta que las medidas que están anunciando los ministros están a la altura de las circunstancias que atraviesa el país? (Número de expediente 180/000024.) ... (Página8)

Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuándo piensa el Gobierno despejar las previsiones presupuestarias de ingresos de las comunidades autónomas? (Número de expediente 180/000025.) ... (Página9)

Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Para reforzar la seguridad y capacidad de la prestación del servicio de cercanías de Barcelona, usado por más de 100 millones de viajeros al año y para evitar accidentes como los que se han producido repetidamente, piensa instalar el Gobierno el nivel 2 de funcionamiento del sistema de gestión europeo ferroviario Ermts, tal como ha solicitado la Generalitat? (Número de expediente 180/000018.) ... (Página10)

Del diputado don Alfred Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Piensa el Gobierno que compiten en igualdad de condiciones el aeropuerto de Barajas y el resto de aeropuertos, especialmente el de Barcelona-El Prat? (Número de expediente 180/000021.) ... (Página11)

Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lomban, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la puesta en funcionamiento de la variante ferroviaria de Pajares? (Número de expediente 180/000026.) ... (Página12)

Del diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las razones de su repentina decisión de modificar los temarios de oposiciones de docentes aprobados recientemente? (Número de expediente 180/000027.) ... (Página13)


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De la diputada doña María José Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Ha tenido en cuenta el ministro de Educación, Cultura y Deporte los perjuicios ocasionados a los opositores al cambiarles el temario para el ingreso en los cuerpos docentes? (Número de expediente 180/000028.) ... (Página14)

De la diputada doña María Pilar Alegría Continente, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera que tienen el rigor necesario sus decisiones como ministro de Educación, Cultura y Deporte? (Número de expediente 180/000029.) ... (Página15)

Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Piensa el Gobierno que su reforma laboral creará empleo? (Número de expediente 180/000033.) ... (Página16)

De la diputada doña María Pilar Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cree que la reforma laboral aprobada el viernes va a generar empleo? (Número de expediente 180/000030.) ... (Página17)

Del diputado don José Cruz Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones está realizando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para mejorar la actual propuesta de política agraria común? (Número de expediente 180/000022.) ... (Página18)

De la diputada doña María José Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cuál es la posición del Gobierno de España ante el acuerdo de libre asociación UE-Marruecos en materia hortofrutícola? (Número de expediente 180/000031.) ... (Página19)

De la diputada doña María Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Ha valorado el Gobierno suficientemente todas las consecuencias de su decisión de paralizar y retrasar el despliegue en la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia para el Grado I, niveles 2 y 1, recogida en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre? (Número de expediente 180/000032.) ... (Página21)

Interpelaciones urgentes ... (Página22)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario ... (Página22)

Formula la interpelación el señor Duran i Lleida, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover), en nombre del Gobierno.

Replica el señor Duran i Lleida y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardá), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) destinado a fines sociales. ... (Página27)


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Formula la interpelación el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.

Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.

Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones "Amaiur" y "Bildu" ... (Página31)

Formula la interpelación la señora Díez González, en nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz), en nombre del Gobierno.

Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro del Interior.

Se suspende la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS EMPRENDERÁ SU GOBIERNO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRA DEMOCRACIA? (Número de expediente 180/000017.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Rosa Díez González, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Cuando los ciudadanos se desentienden de la política, suelen llegar a las instituciones políticos que se desentienden de los ciudadanos y eso, como sus señorías deben comprender, es muy malo para la democracia. Yo le pregunto señor presidente del Gobierno ¿qué iniciativas piensa tomar su Gobierno precisamente para combatir esta lacra? ¿Qué iniciativas piensa tomar su Gobierno para mejorar la calidad de nuestra democracia?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora Díez, en primer lugar quiero decirle que no comparto que los ciudadanos se desentiendan de la política. Se interesan por la política, de la misma forma que se han interesado a lo largo de estos años. Puede haber políticos que se desentiendan de los ciudadanos, pero también hay muchos políticos que están pendientes de los problemas de los ciudadanos.

Dicho esto -que creo que era importante decirlo-, le diré que estamos tomando, y vamos a tomar, medidas de austeridad cuyo objetivo básico es gastar bien el dinero del contribuyente. Creemos que es una obligación de cualquier Gobierno. Vamos a tomar medidas en materia de transparencia. Presentaremos pronto aquí en las Cortes una ley de transparencia. En materia de regeneración democrática, dentro de muy pocas fechas, presentaremos una ley de reforma de los organismos reguladores; también una ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; también una propuesta para que doce vocales, de los veinte del Consejo General del Poder Judicial, sean elegidos por los jueces; y una serie de normas que con más detalle puedo darle bien en la segunda parte de mi intervención o bien en cualquier momento en las Cortes. En cualquier caso, sí que es importante señalar que una de las cosas que va a hacer este Gobierno es decir la verdad y no hacer demagogia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Es evidente, señor presidente, que hay una enorme desafección entre ciudadanía y política y que no es un problema español; es un problema de todas las democracias del mundo. No reconocer esa realidad hace imposible combatirla. Es un problema que tenemos del que no acuso a nadie, pero es importante que compartamos siquiera el diagnóstico para poder enfrentarnos con éxito a él.

El último informe de transparencia internacional recomienda a España que tome cuarenta y cuatro medidas concretas para mejorar la calidad de nuestra democracia. Destacan, entre las medidas recomendadas, un pacto nacional contra la corrupción; una normativa para los partidos políticos para mejorar la calidad democrática de los partidos políticos; la necesidad de modificar el sistema electoral; la necesidad de impulsar una democracia interna en los partidos; la necesidad de despolitizar los órganos de la justicia y del Tribunal Constitucional; y la necesidad de aprobar de manera


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urgente una ley de acceso a la información. Añado otra consideración, la necesidad de despolitizar el sistema financiero y de exigir responsabilidades a aquellas personas que han llevado a la quiebra a muchas de nuestras instituciones.

Convendrá conmigo, presidente, que existe en España esa desconfianza institucional y una baja implicación cívica que hay que corregir con autocrítica y medidas concretas. No es que lo diga yo, es que lo dicen los ciudadanos cada vez que se les pregunta. Corregirlo con autocrítica y con medidas concretas, algunas de las que usted ha anunciado, me parece que es lo que hay que hacer. ¿Cómo mirar para otro lado cuando en el informe de 2011 sobre el índice de la corrupción se sitúa a España en el puesto número 32, un puesto y una décima por encima de Botswana? ¿Eso es algo de lo que nos tengamos que congratular, o tengamos que decir que aquí no pasa nada? Por no citar datos de pobreza o exclusión que sitúan a millones de ciudadanos españoles fuera, al margen. Tenemos que resolver esos problemas también porque no les podemos exigir a los ciudadanos que sigan confiando en nosotros, los políticos, si no contribuimos a resolver los problemas de todos ellos. Le animo, presidente, a tomar iniciativas valientes. No es solo economía, hay que resolver la crisis política y la crisis institucional...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Una cosa es lo que digan los informes, que son muy respetables, pero yo le digo lo que plantea hacer y lo que ya está haciendo el Gobierno que yo presido. En materia de austeridad, a lo que yo doy mucha importancia porque es respetar los recursos y los dineros del contribuyente, hemos hecho y vamos a continuar en la reducción de estructuras administrativas, vamos a hacer un redimensionamiento del sector público empresarial y fundacional; hemos reducido las subvenciones a los partidos políticos -y estoy dispuesto a seguir hablando de este asunto y a atender a sus propuestas- y también a los sindicatos y organizaciones empresariales; vamos a hacer un amplio plan de reducción del gasto corriente y optimización de recursos en la Administración; vamos a traer en este periodo de sesiones una ley de transparencia; vamos a crear un portal de transparencia; vamos a elevar a rango de ley una serie de principios éticos y de conducta que deben regir la actuación de miembros del Gobierno y altos cargos; normas claras para ofrecer información completa sobre presupuestos y situación patrimonial de los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales; publicidad de los indicadores que permitan evaluar políticas públicas; publicidad de las subvenciones y de sus beneficiarios; más transparencia a la contratación administrativa; vamos a homogeneizar la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales; y vamos a establecer un marco de referencia de salarios de altos cargos en el conjunto de la Administración. Sobre esto estoy dispuesto a hablar con usted y con todos los grupos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LA INMEDIATA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA BUQUES QUE PERMITA SALVAR EL SECTOR ASTILLERO? (Número de expediente 180/000019.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josu Erkoreka del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, desde mediados del año pasado, como seguro que no se le oculta, el sector naval español se encuentra en la UVI. Se encontraba ya enormemente debilitado como consecuencia de la competencia asiática. De hecho, durante los últimos veinticinco años Europa ha pasado de representar el 25 por ciento de la cuota del mercado mundial a tan solo el 5 por ciento. Y dentro de ese 5 por ciento europeo, los astilleros españoles suponen tan solo el 11 por ciento, el 11 por ciento del 5 por ciento global; el debilitamiento es evidente. A mediados del año pasado se le vino a dar la puntilla definitiva. Una investigación formal iniciada por la Comisión Europea ponía de manifiesto que lo que viene a conocerse como el sistema español de arrendamiento fiscal podía ser incompatible con el derecho europeo de la competencia y, por tanto, acordó su suspensión inmediata. Desde entonces, en los astilleros no hay pedidos y entre sus empleados no hay trabajo. La situación es francamente dramática y puede todavía empeorar más si no se toman medidas de inmediato.

Solo en Euskadi -fíjese hasta qué punto la situación es dramática- el sector da trabajo directo a 7.000 personas e indirecto aproximadamente a 10.000. Por eso, es imprescindible que el Gobierno tome medidas. Es preciso sacar al sector naval de la UVI en la que se encuentra ahora. Y para eso es urgente e importante que el Gobierno negocie ante la Unión Europea una autorización de la Comisión para un nuevo sistema de arrendamiento fiscal que sustituya al actualmente vigente, al que venía utilizándose hasta ahora, de manera que los astilleros puedan recuperar su actividad de modo inmediato. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Tiene usted razón, y comparto su inquietud. Creo conocer bien el tema porque no hace muchas fechas estuve reunido en Vigo con el presidente de la Xunta de Galicia y con representantes de distintas organizaciones sindicales que me trasladaron el problema. Afecta, sin duda alguna, al sector de la construcción naval en España, particularmente importante en el País Vasco y en Galicia y también en algún otro territorio de nuestro país. Lo que usted ha dicho es cierto, en el mes de junio del pasado año la Comisión Europea inició un expediente contra España por una posible calificación como ayuda de Estado de las normas sobre impuesto de sociedades, que eran incompatibles con el derecho comunitario. Y desde que nosotros llegamos al Gobierno intentamos trabajar, tomar decisiones y plantear, como usted ha señalado, este asunto en la Comisión Europea.

Por parte de los ministros de Industria, Energía y Turismo, y Hacienda y Administraciones Públicas, se están teniendo distintas reuniones con diferentes miembros de la Comisión Europea tanto a nivel técnico como a nivel político. Por mi parte lo que quiero decirle es que el Gobierno que presido y yo damos prioridad absoluta a la implantación de este sistema de financiación de buques para el sector de la construcción naval y, por lo que usted ha dicho y porque es así sin duda alguna, hemos venido trabajando intensamente con los servicios técnicos de la Comisión Europea en la definición de los instrumentos que conforman el nuevo sistema, que es lo que usted pide; asimismo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Tributos, ha presentado el día 3 de febrero el borrador a la Comisión Europea para conseguir su visto bueno formal; las negociaciones se están desarrollando de una manera razonable; hay algunos países con un régimen especial, como seguramente usted conoce, en concreto Francia y, por tanto, creemos que la Comisión tiene que darnos un régimen similar, y yo espero que dentro de no demasiadas fechas tengamos una solución razonable y una solución que sea satisfactoria para la Comisión y sobre todo, que es lo que más nos importa, para el sector naval.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Erkoreka.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, permítame que insista en dos ideas que son fundamentales para sacar al sector del atolladero: primera, el nuevo sistema que se instituya ha de garantizar la competitividad del sector, que ha perdido ya muchos puntos en la cuota de mercado mundial y, segunda, es urgente. El nuevo sistema que haya de implantarse debe estar en vigor durante el primer trimestre del año 2012, si no, el sector se muere, señor presidente, y no creo que quiera usted vivir el honor de ser el presidente del Gobierno en el momento en que un sector con tanta tradición y que durante tantos años ha dado tantos puestos de trabajo desaparezca definitivamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.

Estoy de acuerdo. Tiene que garantizar la competitividad y es urgente. Hacemos todo cuanto está en nuestras manos para resolverlo. Yo le añadiría una cosa más: Y no producir efectos retroactivos, porque sin duda alguna generaría muchos problemas y dificultades a personas que utilizaron este sistema basándose en la legislación existente en ese momento.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE QUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO SU GOBIERNO SON LAS QUE NECESITA ESTE PAÍS? (Número de expediente 180/000023.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, ¿considera que las medidas que está tomando su Gobierno son las que necesita este país?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rubalcaba.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Yo creo que sí. Lógicamente, si no lo creyera, no las tomaría o tomaríamos otras distintas. Creo que también hay que tomar más y en eso estamos trabajando. Y todas estas medidas


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-aprovecho la oportunidad para decírselo- creo que no van a producir efectos en el corto plazo por la situación económica que se está produciendo en nuestro país y por el entorno internacional, especialmente por el entorno europeo. Pero creo que estamos sentando las bases para crecer en el futuro de manera sostenida y estable y, por tanto, para generar empleo, que es el principal objetivo que tiene el Gobierno que presido.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Pérez Rubalcaba.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

El viernes ustedes aprobaron la reforma laboral. Se pasaron la campaña diciendo que no abaratarían el despido. Han hecho justo lo contrario, donde había cuarenta y cinco días han puesto ustedes veinte; donde había treinta y tres, veinte. Han abaratado el despido y, lo que es peor, señor Rajoy, abaratar el despido cuando se aproxima una recesión es la mejor forma de incrementar el paro. Usted dijo que simplificaría el número de contratos. No lo ha hecho, ha creado uno más, un contrato nuevo. Ya le adelanto que la idea de rebajar cotizaciones sociales para fomentar el empleo es una buena idea, lo que pasa es que ustedes la han convertido en un monumento a la precariedad, han creado un contrato con un año de prueba o, lo que es lo mismo, un año de despido libre y gratuito. Lo llaman contrato indefinido pero no es así, es un contrato definidísimo, máximo 364 días. Finalmente, usted dijo que iba a hacer una reforma equilibrada y ha hecho lo contrario. Ha roto todos los equilibrios que durante muchos años se han construido en nuestro sistema de relaciones laborales, por la vía de dar todos los poderes al empresario, poderes omnímodos para reducir desde el horario hasta el salario.

En Europa se han hecho muchas reformas laborales, señor Rajoy. Todas ellas pretendían dar flexibilidad a las empresas y seguridad a los trabajadores; lo llaman flexiseguridad. Usted ha creado un nuevo concepto, que es la flexiinseguridad: inseguridad en quien tiene contrato, porque no sabe cuáles van a ser sus condiciones de trabajo; inseguridad en quien tiene un nuevo contrato -estos que ustedes creen-, porque no sabe cuánto le va a durar el periodo de prueba; inseguridad sobre todo en los jóvenes que no tienen ni han tenido nunca ningún tipo de contrato, porque, al no tener desempleo que aportar a los nuevos contratos, para ellos no hay nada. Y la inseguridad, señor Rajoy, en este momento es lo peor para nuestra economía, para la creación de empleo y para el crecimiento económico.

Le diré una última cosa. Usted en realidad ha presentado una enmienda a la totalidad a nuestro sistema de relaciones laborales, al que hemos creado en democracia. Se lo simplificaré. Se podría decir que su reforma laboral es algo así como lo siguiente: o aceptas la bajada de salarios o ahí tienes la cuenta. Y, señor Rajoy, esa no puede ser la fórmula para crear empleo en España. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Alfredo!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Ha centrado usted la práctica totalidad de su intervención en un punto concreto de las reformas que hemos planteado, en concreto, la reforma laboral. Quiero decir que este Gobierno está tomando decisiones, tiene un programa de política económica y está actuando en todos los ámbitos en los cuales debe actuar. Nosotros hemos reducido el déficit público en 1,5 del producto interior bruto; hemos aprobado una ley de estabilidad presupuestaria cuyo objetivo fundamental es que ninguna administración dilapide los recursos públicos y gaste más de lo que tiene; hemos aprobado una norma sobre reestructuración de nuestro sistema financiero para que vuelva el crédito; hemos aprobado algunas otras medidas, y quizá la más importante es la reforma laboral.

Yo entiendo perfectamente que a usted no le guste la reforma laboral que ha planteado el Gobierno, pero la situación anterior no nos llevaba a ninguna parte porque, como usted muy bien sabe, España tiene, desgraciadamente, el récord de paro de la Unión Europea, más de 5 millones de españoles quieren trabajar y no pueden. Tenemos más paro que el doble de la media de la Unión Europea. Habla usted de los jóvenes, pero el problema de España es que entre el 45 y el 50 por ciento de los jóvenes no pueden trabajar. Y en una situación de estas características podemos hacer dos cosas: o no hacer nada o hacer reformas laborales como la que, con todos los respetos, hicieron ustedes y no sirvió absolutamente para nada, o hacer una reforma laboral en la línea que se está planteando en Europa. Hay un contrato de veinte días, que ya lo había pero que no funcionaba porque estaba mal redactado; hay un contrato de treinta y tres días, que ya existe desde el año 1977, pero ahora los dos van a funcionar de verdad; hay normas para garantizar la flexibilidad y la movilidad dentro de la empresa; se crea efectivamente un contrato para contratar jóvenes, porque de lo que se trata es de facilitar la contratación de jóvenes. Se le da un cambio a la formación, y es verdad que aquí van a perder muchas posibilidades -o mucho poder, si quiere usted- tanto las organizaciones empresariales como las sindicales (Rumores.), pero es que nosotros tenemos que gobernar para la gente, para los trabajadores, para que... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁN ANUNCIANDO LOS MINISTROS ESTÁN A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATRAVIESA EL PAÍS? (Número de expediente 180/000024.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno. Pregunta la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ¿Considera la vicepresidenta que las medidas que están adoptando los ministros están a la altura de la situación que vive España?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, nueva portavoz, pero vieja pregunta. Se estrena usted preguntando lo mismo que preguntó el señor Rubalcaba el miércoles pasado. Parece que andan ustedes poco sobrados de elementos de críticas a este Gobierno. (Aplausos.) Le voy a decir una cosa. Podemos hablar de nuestras medidas, de las medidas que con urgencia está adoptando el Gobierno o de sus circunstancias, de las circunstancias en las que el Gobierno en el que usted estaba dejó España. Y sí, señoría, las medidas que está adoptando este Gobierno están a la altura de la gravedad de la situación que dejaron ustedes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: En los cincuenta y cinco días que llevan gobernando hemos conocido anuncios de los ministros y todos ellos suponen una clara involución y marcha atrás en los derechos sociales, económicos e individuales. (Rumores y protestas.) Pero el viernes conocimos su reforma laboral, una verdadera contrarreforma, agresiva, injusta, desequilibrada, que reducirá el salario, facilitará el despido y acaba con la negociación colectiva, que es la base de la paz social.

Hoy sus promesas electorales se vuelven en contra de todos ustedes: no abarataremos el despido. No hace falta, señora vicepresidenta, que le recuerde sus palabras en este hemiciclo para descalificar una reforma laboral que viniera sin diálogo político, sin acuerdo social y facilitando el despido. No necesita eso España. Ustedes han mentido en campaña electoral, en el discurso de investidura. Ha mentido el señor Rajoy, tan solo hace un mes, cuando con el presidente Sarkozy dijo que la reforma laboral estaría vinculada a las enmiendas que ustedes en la oposición presentaron a la reforma laboral de 2010. Ni rastro de estas enmiendas. Pero lo más terrible es que usted mintió en la rueda de prensa después de aprobar el decreto-ley. Usted ocultó el verdadero alcance de la reforma, que, por ejemplo, permite que los trabajadores de este país vean reducido su salario de forma unilateral por el empresario. Le aconsejaría que se plantee hacer las ruedas de prensa los sábados cuando tengamos el Boletín Oficial del Estado y podamos contrastar sus palabras con el contenido del boletín. Han mentido a los representantes de los sindicatos y de los empresarios, al menos a los sindicatos cuando les dijeron: siéntense a negociar. Y cuando han llegado a un buen acuerdo de rentas les han ignorado totalmente en esta reforma. Por eso ustedes solo han dicho la verdad en Bruselas a micrófono cerrado o cuando creían que estaba cerrado, manifestando que era una reforma extremadamente agresiva y que provocaría una huelga general.

Les pido que reflexionen, les pido que rectifiquen. Ustedes saben que este no es un instrumento para crear empleo, pero saben que esta reforma debilita los derechos sociales, los derechos laborales de los trabajadores y desde luego también, sí, la cohesión social de este país. Por eso les pido que rectifiquen para, sobre la rectificación, poder construir una reforma que... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Mucha descalificación y poco argumento contra la reforma laboral del Gobierno. (Rumores.-Aplausos.) Ya vemos que va a ser una oposición de poco sustantivo y mucho adjetivo descalificativo, pero no hay problema.

Hacemos esta reforma laboral porque entendemos que es justa, porque no es justo que uno de cada dos jóvenes españoles esté en el paro y el Gobierno no haga nada, como no hicieron ustedes. (Rumores.) Hacemos esta reforma para dar estabilidad en el empleo; sí, para dar seguridad, porque nosotros fomentamos los contratos indefinidos y no nos ajustamos a la medida socialista de permitir encadenar sine die los contratos temporales. (Rumores.) Hacemos esta reforma laboral porque hay 2 millones de parados de larga duración y más de 1,5 millones de familias en las que no entra ni un solo sueldo.

Usted habla de abaratar el despido y yo quiero recordarle que la reforma del despido a veinte días, el despido objetivo, fue una reforma del Partido Socialista y que la generalización del contrato a treinta y tres días también fue una reforma socialista; pero ni una reforma más en los diez reales decretos-leyes que ustedes presentaron a


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esta Cámara. ¿Sabe cuál es el despido más barato, el despido más fácil? El que ha colocado a España en 5.200.000 parados. Ese es el despido más fácil, señoría. (Aplausos.) Esa es la situación en la que vivimos. Habla usted de bajar los sueldos unilateralmente; ha venido aquí a hablar de sueldos, salarios y retribuciones. Yo quiero recordarle que el único empresario que unilateralmente bajó los sueldos de un mes para otro fue el Gobierno socialista, los sueldos de los empleados públicos, un 5 por ciento; (Aplausos.) que las únicas retribuciones que ha bajado este Gobierno son las retribuciones de los bancos; de esas indudablemente no hablan ustedes.

Les voy a decir una cosa. Esta reforma se pone del lado de los 5 millones de españoles que buscan un empleo. Lo verdaderamente constitucional, señoría, es hacer efectivo el artículo 135 de la Constitución, ese que reconoce el derecho al trabajo, el que tienen esos 5.200.000 parados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO DESPEJAR LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000025.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta don Antonio Hurtado, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Señor Montoro, recientemente les ha comunicado usted a las comunidades autónomas que iban a percibir entregas a cuenta para el mes de enero y que se mantendrían hasta nueva orden. ¿Cree que esa indefinición, esa provisionalidad, colabora a la consecución de los objetivos de estabilidad en este país?

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Señor Hurtado, sí condicionan y aportan a los objetivos de credibilidad del país. Los anuncios que ha hecho el Gobierno se refieren a anticipos a cuenta realizados con las previsiones de ingresos contenidos inicialmente para el año 2011. A partir de que el Gobierno elabore las nuevas proyecciones relativas al presupuesto de 2012, las comunidades autónomas verán corregidos o modificados esos anticipos a cuenta. Como se hace todos los años, señor Hurtado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Señor Montoro, es evidente que en un mes y medio que llevan ustedes en el Gobierno están batiendo el récord de artimañas y argucias (Rumores.) para ocultar lo que es un secreto a voces, y es que no quieren ustedes enseñar las cartas hasta que concluyan las elecciones andaluzas. (Rumores y protestas.) No cabe duda de que, entre esas artimañas, la última la conocimos ayer. La agencia Reuters nos informaba, con fuentes de la Comisión Europea, de que habían inflado los datos de déficit público para 2011. (Protestas.) El comisario de Asuntos Económicos no lo ha desmentido ni lo ha confirmado. Lo que sí ha confirmado es que este país necesita unos presupuestos, que tienen que aportar ustedes unos presupuestos y que se están retrasando por las elecciones del 25 de marzo. Tampoco son capaces de traer aquí las estimaciones macroeconómicas, argumentando que necesitan las de la Unión Europea, algo que jamás se ha tenido en consideración. Tampoco son capaces de traer aquí otros datos importantes, como de qué forma afectan a las comunidades autónomas los recortes de 8.900 millones de crédito no disponible, no saben las comunidades autónomas cómo les va a repercutir, y tampoco son capaces ustedes de definir cuáles van a ser las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. No cabe duda de que esa indefinición, esa incertidumbre, no está colaborando a la consecución de los objetivos de estabilidad. Señor Montoro, cumpla usted con sus deberes y entonces podrá liderar las necesidades de consecución de esos objetivos de estabilidad en este país.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, el primer deber de este Gobierno y de toda la Cámara es recuperar la credibilidad perdida por el anterior Gobierno de España, la credibilidad perdida cada vez que se han presentado unos presupuestos generales del Estado durante toda la anterior legislatura. Esta es la tarea en la que todos nos tendríamos que empeñar y, si ustedes estuvieran haciendo un mínimo de oposición constructiva -que ya hemos visto esta mañana qué sentido de oposición constructiva tienen sus señorías- (Rumores y protestas.), estarían apoyando que comencemos haciendo reformas estructurales, la primera la del sector público, la primera relativa a la ley de estabilidad


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presupuestaria, que es el gran condicionante sobre el que elaborar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y a partir de ahí, y con las obligaciones que se derivan de esa ley, contar con la previsión de la propia Comisión Europea sobre el crecimiento del año 2012. ¿Por qué? Para ganar fiabilidad y credibilidad, señoría. Y tengo que insistirle y recordarle que en España no hay ningún vacío normativo presupuestario, tenemos unos presupuestos en vigor que son presupuestos prorrogados, y en definitiva también actualizados por el real decreto-ley que aprobó este Gobierno y refrendó esta Cámara el 31 de diciembre, y que era relativo a gastos e ingresos públicos. Señoría, estamos trabajando desde el primer momento, estamos trabajando para corregir el déficit público abultado y oculto que ustedes nos dejaron, (Rumores.) porque hay que tener aquel para que suba usted a esta tribuna a decir que los déficits públicos de determinadas comunidades autónomas en España, como aquella de la que es usted original, se han atenido al objetivo de déficit público del año pasado. (Aplausos.) Por eso, señorías, para dar credibilidad y confianza, mida usted las palabras y. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CERCANÍAS DE BARCELONA, USADO POR MÁS DE CIEN MILLONES DE VIAJEROS AL AÑO Y PARA EVITAR ACCIDENTES COMO LOS QUE SE HAN PRODUCIDO REPETIDAMENTE, PIENSA INSTALAR EL GOBIERNO EL NIVEL 2 DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EUROPEO FERROVIARIO ERMTS, TAL COMO HA SOLICITADO LA GENERALITAT? (Número de expediente 180/000018.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. En primer lugar, el señor Macias del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, para reforzar la seguridad y capacidad de la prestación del servicio de cercanías de Barcelona, que es usado por más de cien millones de viajeros al año, y para evitar accidentes como los que se han producido repetidamente, ¿piensa el Gobierno instalar el sistema de gestión Ermts, tal como ha solicitado el Gobierno de Cataluña y además tal como está previsto en el Plan de cercanías? Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, sí se va a instalar porque estamos comprometidos, como sabe, con la seguridad y con la calidad de nuestras infraestructuras ferroviarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora ministra, de entrada por esta primera afirmación a la que lógicamente comprenderá que tengo que poner corolario. Se va a instalar, pero cuándo. Le hago esta pregunta porque este sistema, según versa la propia revista de la empresa Renfe donde indica que se ha instalado el sistema en cercanías de Madrid, la instalación del sistema, además junto a otro factor muy importante que es un esfuerzo importantísimo en formación, ha comportado -y las estadísticas lo avalan- una mejora extraordinaria de la calidad del servicio de cercanías de Madrid, de lo cual, como usted puede imaginar, mi grupo se alegra profundamente. Sin embargo esto contrasta radicalmente con la situación en Barcelona que usted conoció por cierto ayer. Algunos ciudadanos me preguntan si usted ha viajado en cercanías -lo hizo ayer-; cada día son 400.000 los ciudadanos que utilizan el servicio de cercanías de Barcelona; por desgracia están acostumbrados a un mal servicio: continuas averías, impuntualidad absoluta, pero en estos momentos los ciudadanos además de esto temen por la seguridad, y como usted comparte absolutamente -estoy seguro, señora ministra- la seguridad es absolutamente prioritaria. Usted, nosotros, todos los que estamos aquí debemos tener un compromiso absoluto y radical con la seguridad de los ciudadanos, y por tanto usted comprenderá que yo le demande, con toda la capacidad de convicción que puede imaginarse, que por favor nos dé algún calendario porque la seguridad de los ciudadanos, de los usuarios de cercanías nos lo reclama.

Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Macias. El 90 por ciento de las líneas actuales de cercanías en Barcelona, como usted conoce bien porque es un experto en la materia, están equipadas con un sistema que se llama ASFA. Efectivamente, como también usted ha dicho, el sistema Ermts es un sistema que permite mejorar la operatividad y la seguridad en todas las vías. España ha sido pionera en la incorporación de esta tecnología que mejora la


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seguridad en nuestra red ferroviaria, pero como usted también sabe en este momento poner un kilómetro de Ermts vale 300.000 euros la parte de vía y 200.000 euros el equipamiento de cada uno de los trenes. Nosotros vamos a iniciar en cercanías en Cataluña la instalación del Ermts o del Ertms, que le llaman otros, y lo vamos a hacer porque estamos seguros de que si hay un lugar en España donde hay que mejorar la seguridad es en las cercanías de Cataluña.

Señorías, en estos últimos días hemos vivido accidentes que afortunadamente no han tenido consecuencias para la seguridad de las personas, pero sí las han tenido para el resto y las podrían tener mayores en el futuro. Le quiero anticipar, señor Macias -no estuve ayer en Barcelona, estuve anteayer-, que hemos constituido esa comisión bilateral porque vamos a trabajar no solo para poner el Ermts, sino que vamos a trabajar para dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, para ver cómo está toda la red semafórica, y en segundo lugar, cuando hay una curva y llega un tren -y esto lo entienden todas sus señorías- hay una cosa que es un semáforo rojo y una norma que es tren a la vista. Pues bien, para mí no hay trenes a la vista, hay semáforos seguros y semáforos no seguros. Por tanto la seguridad es lo primero para este Gobierno. La seguridad será lo primero, pero también iniciar, como lo hemos hecho en Madrid en el túnel de la risa, la instalación de Ermts en las cercanías de Cataluña.

Gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON ALFRED BOSCH I PASCUAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE COMPITEN EN IGUALDAD DE CONDICIONES EL AEROPUERTO DE BARAJAS Y EL RESTO DE AEROPUERTOS, ESPECIALMENTE EL DE BARCELONA-EL PRAT? (Número de expediente 180/000021.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula don Alfredo Bosch del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente. Si no le sabe mal, Alfred Bosch. Gracias.

La pregunta es: señora ministra, ¿cree su Gobierno que Barajas y el resto de los aeropuertos, especialmente el de Barcelona-El Prat, compiten en igualdad de condiciones?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señoría.

Sí, creo que El Prat compite en este momento en igualdad de condiciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Aquí discrepamos, porque vemos un modelo de tintes cuasi soviéticos en el cual no se fomenta la competencia, sino la incompetencia. ¿Cómo explica usted si no los 23 convenios firmados por el Gobierno de España con otros gobiernos que obligan a las compañías de bandera de estos gobiernos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas? ¿Cómo se explica el monstruoso binomio Barajas e Iberia en virtud del cual se inyectaron 1.400 millones en su momento para ayudar a la llamada privatización de la compañía de bandera española? O esos 700 millones de euros de ayudas en subvenciones de todas las administraciones en publicidad, en pinturitas en el fuselaje, etcétera, usted ya me entiende; o el trato de favor escandaloso hacia Barajas en temas de slots, de tarifas o en la misma construcción de la terminal T4.

Tampoco es un modelo que fomente la igualdad, sino la desigualdad. Las pérdidas de AENA de 12.000 millones de euros básicamente se explican por las pérdidas atribuibles también al aeropuerto de Barajas, donde se invierte el 55 por ciento de los recursos, cuando es un aeropuerto que tiene solo el 25 por ciento del tráfico aéreo. Es un modelo sostenido por los aeropuertos turísticos periféricos, que son los que realmente en estos momentos generan beneficios y están pagando este modelo. Ya lo dijo hace unos días Josep Piqué, ex ministro del PP, y ahora presidente de Vueling: lo que necesitamos es una gestión individualizada. Solo Rumanía y repúblicas ex soviéticas como Bielorrusia tienen modelos remotamente parecidos a este, un modelo intervencionista, caro, centralista, burocrático y ruinoso, y eso se debe a una obsesión dirigista por tierra, mar y aire que cree que solo desde Madrid se puede acceder al cielo. Como catalán y como contribuyente le pido que nos deje volar en libertad, a nuestro aire.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señoría.

He escuchado sus afirmaciones y siento decirle que no coincido con muchas de las cosas que usted ha dicho aquí. Lo primero que quiero decirle es que desde luego este Gobierno y la ministra que le habla lo que van a hacer, en el tiempo que tenga responsabilidad de


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Gobierno, son varias cosas. En primer lugar, solucionar el agujero de más de 14.000 millones de deuda que tiene el conjunto de los aeropuertos de nuestro país. En segundo lugar, señoría, los aeropuertos, y además el aeropuerto de El Prat en este momento, tienen unos costes de operación extremadamente competitivos. Fíjese, señoría, en que no solo son competitivos, sino que han mejorado sus tráficos. En concreto en España una compañía aérea paga de media 2,4 veces más en aeropuertos similares como Roma, Munich, Orly en París o Zurich que en España. Para que usted lo sepa, el coste total por pasajero en España son 9,9 euros y el coste de personal por pasajero 1,8 euros. Barajas y todos los aeropuertos tienen infraestructuras de calidad. Barajas y El Prat han tenido un crecimiento de tráficos impresionante. Por ejemplo en el año 2011 el aeropuerto de Barcelona, El Prat, superó los 34 millones de pasajeros, y Madrid-Barajas los 49,7 millones de pasajeros. Ambos son gestionados, como el resto, con igualdad. ¿Sabe lo que significa con igualdad? Que se atiende desde el operador, que es AENA, a todos los aeropuertos. (El señor Bosch i Pascual hace gestos negativos.)

Pero sí coincido con su señoría en una cosa: en las subvenciones. Usted debe de saber mucho de eso, porque formaba parte de un equipo de gobierno que puso en marcha un proyecto que ha terminado poniendo en la calle a más de 4.000 personas, y que fue el de las subvenciones a la compañía Spanair que usted conoce bien. (Aplausos.) Por eso, señoría, quiero decirle que vamos a trabajar para que todos los aeropuertos sean capaces de salir adelante, como lo están siendo, y de tener más pasajeros. También le anticipo que si usted quiere participar con nosotros lo podrá hacer, porque queremos que las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales, y los ayuntamientos participen en la planificación de todos los. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE PAJARES? (Número de expediente 180/000026.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Antonio Trevín del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señora ministra, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para la puesta en funcionamiento de la variante ferroviaria de Pajares?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.

Señoría, nuestro compromiso es que el AVE llegue a Asturias y además pagar los 3.752 millones que faltan para que llegue a Asturias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señora ministra.

Lamento decirle que no me ha dicho nada, aunque lo esperaba. ¿Por qué es importante saber cuándo va a ponerse en funcionamiento la variante ferroviaria de Pajares? Por una razón, señora ministra. Porque desde ese momento vamos a poder hacer el recorrido desde Oviedo hasta Madrid en ferrocarril en tres horas aproximadamente. Esto es lo que están esperando los ciudadanos en Asturias: saber cuándo podrán llegar a Madrid por tren en tres horas. Cuando entre en funcionamiento la variante ferroviaria de Pajares se podrá hacer.

Usted sabe que puede hacerse este año, o si tiene que ajustar el déficit, el que viene. Dígamelo. Espero que me lo diga en su contestación posterior. Y es posible, señoría, porque usted se ha encontrado más del 90 por ciento de esa variante ya acabada. Se la ha encontrado porque ha habido un intenso proceso de inversión en ocho años de los gobiernos socialistas en la variante ferroviaria de Pajares. Comparativamente, en su etapa anterior de gobierno ustedes se gastaron 25 millones de euros al año en ferrocarriles en Asturias, y el Gobierno socialista se gastó 200 millones de euros al año, ocho veces más. Eso ha permitido acabar prácticamente la infraestructura; está a falta de remates y este otoño la puede tener acabada. Empiece usted a adjudicar la superestructura. Sabe que ya tiene el carril adjudicado -además, bien cerca, con Arcelor- y solo hay que colocarlo. ¿Va usted a contratar la colocación este año? ¿Va usted también a contratar la colocación de las catenarias y la seguridad para dejar ya la superestructura resuelta? Dígamelo. ¿O me lo va a decir después del 26 de marzo? ¿O va a seguir ocultándonos cuánto va a dedicar a la variante ferroviaria de Pajares este año para que no podamos saber cuándo vamos a acabar?

Señoría, en esta historia todos tenemos pasado. Ustedes también. Entre 2002 y 2004 se comenzó. ¿Sabe cuánto se adjudicó en su época anterior de gobierno y cuánto construyeron de la variante ferroviaria de Pajares? Lo suficiente para gastarse 7 millones de euros; de los 3.006 que vale, 7 millones de euros. Nosotros nos hemos gastado más de 2.700 millones de euros en nuestra época de gobierno. Hay que rematarlo ahora. Si hubiésemos seguido a su ritmo de construcción, hubiéramos tardado más de quinientos años en acabarla. Le pido que ahora no siga con ese ritmo en su nueva época, porque si no para los 300 millones de euros tardaremos más de sesenta años en acabar la variante ferroviaria de


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Pajares. (Aplausos.-Una señora diputada: Muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias.

Señoría, yo le voy a explicar a usted -seguro que lo sabe por la responsabilidad que ha tenido hasta hace apenas mes y medio, y porque es asturiano- cómo está la situación, cómo me han dejado la situación. (Rumores.) Señoría, la situación que me he encontrado es la siguiente. Tengo varios tramos del túnel y del resto de la vía que llegará a Asturias con la plataforma todavía sin ejecutar. Por ejemplo, el tramo La Robla-Pola de Gordón todavía está por terminar. (El señor Trevín Lombán hace gestos negativos.) Señoría, tranquilo. También falta Viadangos-Telledo, y también faltan como usted sabe todas las obras de remate del túnel. Asimismo faltan Tellado-Sotiello y Sotiello-Campomanes. Y fíjese, ustedes licitaron el balasto -la piedra que se pone debajo de la vía- y el carril, pero tenían pendiente de licitar las traviesas -que yo sepa, para que haya tren tiene que haber traviesas-, e igualmente todas las obras de montaje de la vía. Pero hay algo peor, señoría, y usted seguro que lo conoce porque era su partido el que estaba en el Gobierno: la señalización, la energía y las telecomunicaciones están pendientes de licitar. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque el día 16 de agosto de 2011 el Ministerio de Hacienda socialista informó desfavorablemente la licitación de la vía por CPP. ¿Sabe cuánto tiene todavía por pagar la variante de Pajares? 495 millones de euros de los más de 3.000 que le digo que faltan para que llegue el AVE a Asturias. Y por eso, señoría, de esos 3.752 millones de euros lo que le puedo decir es que los vamos a pagar, porque para nosotros es fundamental. Y lo que voy a hacer como ministra de Fomento de España es trabajar por los asturianos y trabajar por que llegue el AVE, y no hablar, hablar y no dar trigo, como ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE SU REPENTINA DECISIÓN DE MODIFICAR LOS TEMARIOS DE OPOSICIONES DE DOCENTES APROBADOS RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/000027.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

En primer lugar, pregunta del diputado don Mario Bedera, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

Señor ministro, el pasado 7 de febrero su ministerio dictó una orden por la que se derogan los temarios de oposiciones para docentes aprobados en noviembre, sin consulta previa a las comunidades autónomas, como es jurídicamente preceptivo; sin informar por cortesía parlamentaria a esta Cámara, donde usted acababa de comparecer días antes; ignorando a la comunidad educativa y a los sindicatos a los que prometió su diálogo y su mano tendida cuando tomó posesión; y lo peor, perjudicando gravemente a miles de opositores. ¿Qué razones tiene para esta actuación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, la única razón, como para el resto de decisiones que se adoptan en mi ministerio, es la de mejorar la calidad del sistema educativo español y facilitar a los alumnos una educación basada en la excelencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor BEDERA BRAVO: Señor ministro, las razones que ha dado ahora y que ha dado usted en los distintos medios no se sostienen. No se sostiene la excusa de la cercanía de las elecciones en las que sacó la orden el anterior Gobierno, porque este es un tema estrictamente técnico. Ya me dirá usted qué carga ideológica tiene un temario de matemáticas o de física. Ustedes por cierto aprobaron no una orden, sino todo un real decreto de acceso a la profesión quince días antes de las elecciones de 2004. Tampoco se sostiene esto que acaba usted de decir de que el profesorado no estaba bien preparado y que le quieren mejorar. Insulta usted, señor ministro, la inteligencia de los más de setecientos profesores de todas las ramas que han trabajado durante año y medio para confeccionarlos, y a la comunidad educativa que lo reclamó insistentemente. ¿Acaso son mejores los temarios de 1993 a los que les obliga a volver, que no contemplan el ADN, el genoma humano; que en vez de hablar de nuevas tecnologías en el aula o de Internet hablan de magnetofones; que retroceden a una Unión Europea que era de doce miembros solamente, y donde se hablaba entonces en pesetas? Pero lo peor de todo, señor ministro, es que ha frivolizado usted con un asunto muy serio. Los opositores no están precisamente dando saltos de alegría,


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como usted insinuaba, sino muy indignados con su frivolidad; y los profesores también, sobre todo los de francés, de los que usted ha dicho que podían aprobar oposiciones sin saber el idioma. Infórmese, señor ministro, artículo 20.1 de ese real decreto que aprobaron quince días antes de las elecciones, y que hasta hoy dice lo siguiente: todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos se desarrollarán en el idioma correspondiente. Señor ministro, no tiene razones para derogar los temarios salvo castigar con el boletín a las comunidades que quieren sacar oposiciones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bedera, como usted sabe perfectamente el Gobierno del que usted acabó formando parte aprobó la Ley Orgánica de la Educación en el año 2006, y se comprometió, en las disposiciones de desarrollo de la misma, a aprobar unos temarios que se adaptaran a los nuevos currículos. Sin embargo los temarios de 1993 se mantuvieron hasta el día 15 -publicación el 18- de noviembre de 2011. Es más, incluso en el año 2009 prorrogaron la vigencia de los temarios de 1993, que eran también obra de un Gobierno socialista. De modo que no deberían estar tan desfasados; por lo menos no debían parecer tan desfasados en 2009. Finalmente dos días antes de unas elecciones, en las que quizá el único que no anticipaba el resultado que se podía producir era su señoría, decidieron cambiarlos echando por tierra el trabajo de muchos opositores, años de trabajo. Los opositores obviamente concurren a las oposiciones confiando en lo que dice el artículo 103.3 de la Constitución de que a la función pública se accede en función de los principios de mérito y capacidad. Realmente eso es de lo que estamos hablando, eso es de lo que tenemos que hablar, de cómo se respeta mejor el principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Porque, señoría, usted sabe perfectamente como lo sé yo que el sistema actual de acceso da lugar a que un aspirante con resultados mucho mejores en la fase de oposición no obtenga plaza por falta de méritos en la fase de concurso. Y lo contrario, que un aspirante con peores resultados pueda pasar por encima de uno con mejores resultados. Y quizá esté usted de acuerdo conmigo, señor Bedera, en que ese sistema no es el más apto para seleccionar a los mejores. Señoría, ustedes cambiaron el sistema y no cambiaron los temarios; nosotros queremos coherencia, se va a cambiar el sistema y se van a cambiar los temarios, y mientras tanto se repone lo anterior. Para nosotros el objetivo es el objetivo final, no los instrumentos. El objetivo es disponer... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ MORILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿HA TENIDO EN CUENTA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS OPOSITORES AL CAMBIARLES EL TEMARIO PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS DOCENTES? (Número de expediente 180/000028.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula doña María José Vázquez.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Educación, no sé lo que usted entiende por hacer política, por gobernar. Yo le diré que la primera obligación de cualquier responsable político es solucionarle los problemas a los ciudadanos; para eso nos eligen. Usted, con esto de cambiar los temarios, ha provocado un problema a miles de ciudadanos. Su balance en este sentido, permítame que le diga, es lamentable. Por eso yo quiero preguntarle si pensó usted por un momento en los perjuicios que ocasionaría a esos miles de opositores con su decisión de cambiar los temarios, y con la nocturnidad que lo hizo además.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.

Señora Vázquez, claro que tuvimos en cuenta a los opositores, pero como le he recordado a su compañero a quienes principalmente tuvimos en cuenta fue a los alumnos que se merecen el mejor sistema educativo posible. Ojalá su compañero los hubiera tenido también en cuenta porque entonces no hubiera aprobado esos temarios. (Un señor diputado: Muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor ministro, quiero decirle que a usted le han dado una competencia que es muy seria, como es la educación de este país. Y le estamos viendo unas actuaciones con las que parece que usted frivoliza en esta materia. Usted está utilizando la educación como arma de confrontación política; usted se reúne solo con sus comunidades autónomas, con las de su color, que están despidiendo a miles de profesores de la enseñanza pública, y pretenden -y les convencen- que todos hagamos lo mismo. Mientras que el PP está


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boicoteando la educación pública, en Andalucía -por hablarle de mi comunidad- el Gobierno socialista está apoyando la educación pública y no va a permitir y no va a reducir ni medio recurso en apoyar la educación pública, entre otras cosas porque tenemos el 80 por ciento de la educación pública. Pero con esa actuación de boicotear la educación pública usted no está perjudicando a la Junta de Andalucía, usted perjudica a los profesores, a los opositores y a los alumnos, a los que no pierden el tiempo cada vez que van a Andalucía en insultar; y mientras ustedes hacen eso, en Andalucía apostamos por la educación pública, por los profesores y por los alumnos. Usted ha creado un grave problema, sí, usted ha creado un grave problema a miles de personas que además se encuentran en una situación muy angustiosa. Por eso -como le decía al principio- yo creo que eso no es gobernar, señor ministro, eso es juego sucio. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.

Señora Vázquez, fíjese si considero que es seria la competencia que se me ha encomendado que tengo entre otras la misión de intentar enmendar un porcentaje inadmisible de fracaso escolar, que es el que ha dejado el sistema en el que ustedes han embarcado a la educación de España. (Rumores.-Un señor diputado: Muy bien.) Y, señoría, fíjese, fíjese, yo estoy de acuerdo con usted en una única cosa: puede haberse producido un perjuicio de algunos aspirantes, que empezaron a estudiar con el temario que ustedes aprobaron y publicaron el 18 de noviembre, y por tanto que han estado estudiando dos meses y medio con ese temario, y yo sinceramente lo lamento. Y además le voy a explicar por qué, porque desde el 18 de noviembre al 6 de febrero no van seis meses, como he escuchado a alguno de sus compañeros decir, sino exactamente dos meses y medio, ochenta y un días para ser exacto. Si tenemos en cuenta que el 19 de diciembre publicaron ustedes una corrección de errores de esos temarios que tenía 66 páginas, es decir, casi más páginas que los temarios, el perjuicio se queda reducido a cincuenta días. Ahora, obviamente también hay muchos opositores que estaban estudiando con los temarios anteriores desde hace dos, tres y cuatro años, esos no creo yo que se hayan sentido perjudicados.

Hemos tenido en cuenta a aspirantes que llevan mucho tiempo preparando la oposición; hemos tenido en cuenta sobre todo el compromiso de este Gobierno con los electores y con todos los ciudadanos para mejorar el sistema educativo; y desde luego hemos tenido en cuenta muchos más factores de los que ustedes no tuvieron en cuenta no acometiendo las reformas necesarias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR ALEGRÍA CONTINENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA QUE TIENEN EL RIGOR NECESARIO SUS DECISIONES COMO MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE? (Número de expediente 180/000029.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula la diputada doña María Pilar Alegría del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Gracias, presidente.

Señor ministro, desde que asumió la cartera de su ministerio estamos viendo y escuchando con mucha atención las propuestas que está planteando a todos los españoles en materia de educación. Ciertamente esperábamos que estas propuestas tuvieran como objetivo mejorar el sistema educativo español, sin embargo estamos comprobando y viendo cómo usted ha querido comenzar por un combate ideológico. Por eso le pregunto: ¿considera que tienen el rigor necesario las decisiones que está adoptando como ministro de Educación, Cultura y Deporte? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Alegría, si considerara que no tienen rigor, no las habría tomado. Naturalmente yo entiendo que no todo el mundo comparta mi criterio de lo que es una medida rigurosa; sin embargo, señoría, le voy a decir con claridad que yo prefiero tomar algún riesgo y hacer lo que debe hacerse a otra forma de comportarse, que usted conocerá muy bien, la de no hacer nada, que alguno, no yo, podría calificar como rigor mortis. (Aplausos.- Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Efectivamente, señor ministro, la palabra rigor no la entendemos igual. Su primera decisión como ministro ha sido eliminar la asignatura educación para la ciudadanía, que según ustedes adoctrina ideológicamente. Por cierto, cuando dan por sentando que una asignatura adoctrina, ¿qué pretenden decirnos? ¿Qué pretenden hacer: poner en cuestión la profesionalidad de muchos docentes que la están impartiendo? (Rumores.-Varios señores


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diputados: No.) Señor ministro, si algo necesita nuestro sistema educativo es del apoyo de los poderes públicos. No pueden ustedes estigmatizar a tantos y tantos profesionales que se dedican a lo más preciado de esta sociedad, a su educación. Llevan meses insinuando que nuestros profesores no trabajan lo suficiente, cuando lo que ellos necesitan es el apoyo y nuestro aliento. Señor ministro, es difícil mejorar la educación de este país si se olvidan ustedes de lo mejor, de sus educadores y sus educadoras. Denles apoyo, adopten medidas para mejorar su labor y no vuelvan a tomar decisiones sin contar con ellos. Además, usted ha continuado cambiando los temarios de las oposiciones. Le hemos escuchado también cómo desprestigiaba el sistema educativo andaluz, aunque he de reconocerle que en eso usted ya va tarde, porque no hace muchos meses su compañera la señora Mato ya se despachó también a gusto.

Como último punto, ayer conocimos unas propuestas inquietantes en materia de becas. Desde que ustedes han llegado a este Gobierno hay algo que ha desaparecido de esta Cámara y es la búsqueda del acuerdo, y algo que ha vuelto, que es el rodillo parlamentario. (Rumores.) Ustedes confunden el apoyo de los ciudadanos con patente de corso para imponer su ideología. Señores, el modo que ustedes adoptan en la educación es absolutamente sectario y discriminatorio. Donde ustedes hablan de mérito se esconde privilegio y donde ustedes hablan de esfuerzo se esconde esfuerzo económico de las familias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Alegría, en primer lugar, las decisiones que en materia de educación -en la que usted se ha centrado- se están tomando en mi ministerio responden sobre todo a una cosa, a un Gobierno que ha sido votado mayoritariamente por la voluntad de los ciudadanos y que este Gobierno está comprometido en desarrollar. En segundo lugar, dentro de eso, lo que estamos intentando desarrollar -y en lo que estamos comprometidos- es un compromiso con la calidad, que queremos ver reflejada en todas las áreas del ministerio. Yo no he hecho prácticamente ninguna de las afirmaciones cuyas consecuencias usted me ha atribuido en su réplica. En particular me interesa dejar bien claro que en ningún caso he hecho ninguna afirmación en descrédito de la educación en Andalucía. Me he limitado a reflejar unos datos que están en un informe en el que sale Andalucía y se llama el informe PISA. El informe PISA no lo hago yo, señora Alegría; el informe PISA se hace por una instancia objetiva. (Rumores.) Señoría, ni yo hago el informe PISA ni un Gobierno del Partido Popular decide cuánta es la inversión pública en educación en Andalucía. No es mi culpa que la inversión por alumno en Andalucía sea la más baja y sea la mitad de la que se da en otra comunidad. No me haga gestos, señora Alegría, porque eso se puede consultar en papeles escritos.

En tercer lugar, nosotros estamos comprometidos con una estrategia de calidad y con una estrategia de mejora de resultados y sobre todo estamos comprometidos con que esa estrategia sea equitativa, es decir, que las distintas comunidades, y particularmente aquellas que sufren una situación de desventaja mayor, puedan recuperar el tiempo y el espacio perdido. Señoría, por supuesto que ofrezco mi voluntad de diálogo y mi voluntad de compromiso para intentar compartir con todos ustedes las reformas necesarias para mejorar la educación en España. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE SU REFORMA LABORAL CREARÁ EMPLEO? (Número de expediente 180/000033.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, una nueva pregunta o formulación de pregunta del diputado don Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra de trabajo, 5.200.000 desempleados no pueden ser la excusa para un decreto como este. Este decreto es el decreto del estado de excepción laboral en nuestro país (Rumores.), un decreto de estado de excepción laboral que se hace además de manera ilegítima, porque ustedes no lo tenían en su programa, porque usted no consultó con los sindicatos y porque usted, en la última Comisión de Trabajo, al señor Cosculluela y a mí no nos dijo nada. Nos dijo lo contrario. Nos dijo que no iba a haber más contratos de los que ya había. Nos dijo que nunca habría un minijob en España porque era inconstitucional. Nos dijo muchas cosas, señora ministra, y todas las ha incumplido. Mi pregunta es ¿nos mintió, nos ha mentido a todos, o realmente le han impuesto este decreto de estado de excepción? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor Llamazares, este Gobierno dice siempre la verdad. (Rumores.) Empezando por rectificarle, este ministerio es el ministerio


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del empleo, señor Llamares, y dice la verdad y afronta con seriedad los problemas que hoy tienen los ciudadanos. Usted ha dicho bien, 5.300.000 parados. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra preocupación y nuestra ocupación. Por eso hemos hecho una reforma laboral para que se frene cuanto antes la destrucción de empleo en nuestro país y se sienten las bases de la creación de empleo estable en el corto plazo, señor Llamazares. Ese es el compromiso del Gobierno con los ciudadanos, especialmente con los parados y con los jóvenes, que hoy no tienen oportunidades. (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Yo estoy de acuerdo con usted: ustedes no mienten, nunca mienten por principio. Entonces tengo que concluir que le han impuesto esta reforma. Esta reforma es la reforma de la troika, la reforma del señor De Guindos genuflexo, de Olli Rehn y de los mercados. Es una reforma que en primer lugar convierte el Estatuto de los Trabajadores en el estatuto de los empresarios. Yo nunca me he creído que haya equilibrio laboral, nunca lo he creído. Hay un desequilibrio con límites. Ustedes traducen ese desequilibrio en un desequilibrio sin límites, es decir, en la ley del más fuerte, señora ministra. Ese es el principal aspecto de su reforma laboral, que se cargan la legislación laboral, que debilitan enormemente la relación laboral.

No solo es eso. En esta reforma ustedes llevan a cabo un expolio sin precedentes del salario y del despido. ¿Sabe lo que significa? Un empobrecimiento de la renta salarial de los trabajadores y tiene números. Pretenden ustedes empobrecer a los trabajadores en un 20 por ciento de su renta salarial para que sea la forma de salir de la crisis. Pero así no salimos de la crisis, así empeoramos la situación de crisis, así aumentamos la recesión. Señora ministra, o retiran esta iniciativa como en Irak o finalmente habrá conflicto social y ... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor Llamazares, ni las descalificaciones ni las mentiras crean puestos de trabajo. Señor Llamazares, con 5.300.000 parados, este Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar, presentar propuestas y llevar a cabo reformas para salir cuanto antes de la crisis. Eso es lo que hemos hecho. Hemos presentado una reforma que va a traer más empleo y más empleo estable para que se acabe la precariedad y la temporalidad en este país. Señor Llamazares, esta reforma trae más derechos: el derecho a la formación para que una persona mejor formada tenga más oportunidades de encontrar empleo en este país. Señor Llamazares, esta reforma es la reforma de la flexibilidad para que los trabajadores y los empresarios puedan superar juntos la crisis y no haya que ir al despido como único mecanismo de ajuste. Señor Llamazares, en esa flexibilidad hemos contado con el diálogo social, hemos contado con los sindicatos y con los acuerdos interconfederales de los sindicatos y la patronal y hemos llevado su acuerdo de negociación colectiva a nuestro texto normativo. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos.) Espero además que funcionen las soluciones extrajudiciales de conflictos laborales. Ese es el deseo del Gobierno que respeta el diálogo social.

Señor Llamazares, es tiempo de responsabilidad. Es el tiempo de todos. Ahora se inicia la tramitación parlamentaria y yo le invito a que presente soluciones y dejen atrás las movilizaciones, porque eso sí que no crea futuro ni puestos de trabajo. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CREE QUE LA REFORMA LABORAL APROBADA EL VIERNES VA A GENERAR EMPLEO? (Número de expediente 180/000030.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Pilar Lucio, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.

La señora LUCIO CARRASCO: ¿Cree usted, señora ministra, que la reforma laboral aprobada el viernes va a generar empleo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora Lucio, la reforma laboral del Gobierno, junto a todo el conjunto y la agenda reformista, va a dar más oportunidades a los parados y a los jóvenes en este país y sin duda conseguiremos más pronto que tarde que se frene la destrucción de empleo en este país y cada día se sienten las bases de una creación de empleo más estable. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Más pronto que tarde es un poco indefinido. Nos encantaría saber qué quiere decir más pronto que tarde, porque, señora ministra, 5 millones de desempleados,


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18 millones de trabajadores, 11 millones de esos trabajadores que tienen contrato indefinido están sintiendo en este momento que esa reforma que ustedes tildan de histórica y revolucionaria es realmente el mayor retroceso histórico en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de este país en la democracia.

En su comparecencia en la Comisión utilizó muchos calificativos bondadosos acerca de esta reforma. Yo también quisiera utilizar calificativos, porque decía la vicepresidenta que mucho calificativo y poco sustantivo. Creo que habría que hacerlo en la justa medida, como usted lo hizo la semana pasada en Comisión. Yo diría que en lugar de equilibrada es una reforma desequilibrada, porque una parte sale ganando sobre otra clarísimamente. En lugar de flexibilidad estamos hablando de inseguridad, porque se han perdido todas las garantías para las personas que tienen contrato y para las que pueden llegar a tenerlo. También hablaría de desigualdad teniendo en cuenta que se precariza extendiendo los contratos por un año. ¿Realmente cree usted que así dejarán los jóvenes españoles mejor formados de salir al extranjero a buscar una oportunidad de empleo?

También diría que es una reforma irrespetuosa: irrespetuosa con el diálogo social, con los acuerdos bipartitos y en definitiva con el estilo de las relaciones laborales que han marcado nuestra democracia en los últimos años. Diría también que es engañosa, por varios motivos pero fundamentalmente porque llaman contrato indefinido al contrato libre, y eso mejorará la estadística, señora ministra, pero no mejorará la realidad de tantas personas que están pasando por un momento difícil.

Para terminar le diré que un empleo sin derechos no es trabajo, que el trabajo es otra cosa, que tiene un valor intangible y otro que es muy tangible, que es el valor que le proporcionan los derechos conseguidos a lo largo de la historia. Dígame usted si considera que el valor del trabajo se va a mantener o si por el contrario un empleo a cualquier precio es lo que pretende esta reforma.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora Lucio, lamento profundamente las afirmaciones que ha hecho hoy en esta Cámara. (Rumores.) Señora Lucio, no se puede tirar la piedra y esconder la mano y le voy a decir por qué. Los gobiernos socialistas de España y de Extremadura, del señor Rubalcaba y de su gestión como consejera de Empleo en Extremadura, han traído en España y en Extremadura más paro y más crisis (Protestas.), más precariedad y menos empleo. (Aplausos.) Eso es lo que han sido las políticas socialistas en España y en Extremadura. Y, claro, me llama mucho la atención que me dé usted lecciones de cómo se crea empleo en España de calidad y estable cuando ha dejado usted con su gestión en Extremadura la tasa de paro en el 28 por ciento (La señora Lucio Carrasco hace signos negativos.-Protestas.), cifra récord en todas las comunidades autónomas de España. Pero, señora Lucio, estamos aquí para construir el futuro. Es menos momento de confrontación y más momento de responsabilidad. (Rumores.) Con la gestión de los gobiernos socialistas de Rubalcaba y de Zapatero hay 5.300.000 parados en España y la mitad de los jóvenes no tienen oportunidades. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra.

Ruego silencio, por favor, para que se pueda oír a la señora ministra. (Pausa.) Continúe.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Sí, señor presidente, muchas gracias.

Han dejado una España sin oportunidades y han dejado una España en crisis absoluta, crisis social, señora Lucio, porque los 5.300.000 parados son personas que no tienen un futuro, que no tienen esa ilusión de encarar su futuro con más oportunidades. Eso es lo que ustedes han hecho, los socialistas, señora Lucio. (La señora Lucio Carrasco pronuncia palabras que no se perciben.)

Me habla usted del despido. ¿Despido? Se ha despedido en este país con gobiernos socialistas como nunca: se han destruido 2.700.000 empleos. Esas son las políticas socialistas, las políticas del despido fácil, aunque sea caro, en este país. Lo que ha hecho un Gobierno del Partido Popular es traer una reforma responsable, una reforma que piensa en los parados, que piensa en los jóvenes, que piensa en los emprendedores, en esas pequeñas y medianas empresas y en esos autónomos que son los que nos van a sacar de la crisis y van a traer a España la recuperación. Todos estamos en este barco, todos los agentes sociales, todos los agentes económicos, y ustedes también deberían sumarse con sus propuestas y con sus soluciones y no con la confrontación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARA MEJORAR LA ACTUAL PROPUESTA DE POLÍTICA AGRARIA COMÚN? (Número de expediente 180/000022.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, pregunta del diputado don José Cruz Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular.


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El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el pasado 12 de octubre se aprobó la propuesta de reforma de la política agraria comunitaria para el periodo 2014-2020. Es una propuesta de reforma que no satisface a nadie en nuestro país y que si no se modifica y se aplica tal y como está redactada perjudicará enormemente al sector agroalimentario y también negativamente a muchas regiones de España. Por eso le preguntamos qué actuaciones van a llevar a cabo en su ministerio para mejorarla y se lo preguntamos con el máximo interés, ya que somos conscientes de lo que la PAC supone para ese principal sector productivo de nuestro país, que es el agroalimentario, un sector que factura más de 100.000 millones de euros al año -repito, 100.000 millones de euros al año-, lo que es más del doble de lo que facturan el sector de la automoción o el sector químico. Además es un sector exportador, con una balanza comercial positiva para nuestro país, y que da trabajo en todos sus eslabones a más de 3 millones de personas.

Es importante no solo por lo que factura y por el empleo que genera, sino porque además es el sector que alimenta a nuestro país, y la PAC incide sobre toda esa cadena alimentaria, sobre ese sector alimentario. Estamos hablando del pan, la leche, la carne, el vino o el aceite, y la PAC, como le digo, incide sobre toda la cadena y sobre todos esos productos, desde la transformación a la producción y a la comercialización. Es importante no solo porque alimenta al país, por el empleo y por la economía que genera, sino también porque es una política que en los últimos años nos ha dado mucho dinero en nuestro país, más de 7.000 millones de euros han venido de la PAC al año a nuestro país, que han afectado y han beneficiado las rentas de más de un millón de personas. Por eso indirectamente también ha beneficiado al sector del consumo.

Ante esta realidad nos ha preocupado enormemente la falta de posición y la falta de defensa que hemos tenido en los últimos años en la Unión Europea; por eso tenemos esta propuesta de reforma. También le quiero decir que nos satisface ver de nuevo que nuestro país vuelve a la senda del entendimiento con Francia, Alemania... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha acabado su tiempo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Pérez Lapazarán. El Gobierno está analizando en profundidad las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión porque, como ha dicho usted, tiene elementos muy sensibles para España que hay que evaluar y sopesar en todo su alcance. En este momento estamos configurando una posición española que defienda que los textos que se acuerden finalmente respondan a las necesidades de ese importante sector agrario y agroalimentario español que su señoría ha mencionado y que además contribuyan a mantener la diversidad y riqueza de orientaciones y estructuras productivas que caracterizan a nuestro sector agrícola.

En el ámbito nacional hemos constituido un grupo de trabajo en el seno del ministerio para en primer lugar hacer un análisis en profundidad de la propuesta y consensuar una posición con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias. Cuando tengamos definida una propuesta sobre todos y cada uno de los temas de la reforma la haremos llegar a los debates tanto en Comisión como en el Parlamento Europeo. Fundamentalmente en el Parlamento Europeo, que ya está comenzando sus trabajos, dotaremos a nuestros parlamentarios de todos los partidos políticos de un bloque de información importante para que puedan articular la mejor defensa de los intereses agrarios españoles y estamos buscando alianzas y puntos de encuentro con otros países europeos. El lunes estuve en Portugal, ayer estuve en Francia y hemos podido constatar que tenemos un bloque de países con intereses similares que pueden permitir una sólida base con más peso en la fase final de negociación comunitaria.

Sobre los aspectos concretos de la reforma, creo que lo fundamental en este momento es consolidar un presupuesto agrario suficiente para financiar esta política agraria común con los mismos importes actuales y sin reducción para España o incluso con alguna mejora si conseguimos en la redistribución interna obtener un resultado satisfactorio. Creemos que hay que mejorar las ayudas directas adaptándolas a la realidad productiva española, que los instrumentos de gestión de mercado son poco ambiciosos, que en materia de desarrollo rural tenemos que hacer una fuerte defensa de estas políticas con programas nacionales y autonómicos y que tenemos que avanzar sobre todo en las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria reforzando el poder de negociación de los productores para establecer mecanismos claros que permitan la concentración de la oferta. Todo eso queremos hacerlo con la colaboración de este Parlamento, de sus señorías, en un espíritu claro de diálogo y transparencia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA ANTE EL ACUERDO DE LIBRE ASOCIACIÓN UE-MARRUECOS EN MATERIA HORTOFRUTÍCOLA? (Número de expediente 180/000031.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


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La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la ratificación comercial entre la Unión Europea y Marruecos constituye en estos momentos la primera preocupación para nuestro sector hortofrutícola, que ve seriamente amenazada la existencia de unas mínimas reglas para competir en los mercados europeos, pese a la excelencia de sus productos, entre otros y especialmente la fresa o el tomate. Por esta preocupación que compartimos y porque nos sorprendió que en su primera comparecencia por más de dos horas en la Comisión de Agricultura no hiciera alusión a este asunto, le pregunto por la posición del Gobierno ante este acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

El Gobierno, señora diputada, está siguiendo muy de cerca el proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo del protocolo agrícola del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y actuará en consecuencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor ministro, sus palabras no casan con el hecho de que el señor Rajoy no haya incorporado en su agenda europea ni en su visita a Marruecos este tema, ni tampoco con que desde que usted es ministro haya mantenido una posición ciertamente sospechosa entre el silencio y la ambigüedad. Han sido ustedes más contundentes con los guiñoles de Francia que con un acuerdo que, de no incorporar, como planteaba el anterior Gobierno como requisito para apoyarlo, modificaciones en el reglamento de precios de entrada, mecanismos de control más eficaces y medidas compensatorias, compromete el futuro de nuestros productores y pone en riesgo miles y miles de empleos, así que más allá de las palabras, señor ministro, háblenos de los hechos, porque no conocemos ni una gestión suya que vaya precisamente en la dirección de garantizar un marco de relaciones comerciales que no sea lesivo a nuestros intereses.

Díganos, ¿está ahora de acuerdo con la ampliación de cupos y calendarios para la fresa y el tomate? ¿Está conforme con que se siga sin asegurar el funcionamiento de los mecanismos de control para que se cumpla de manera efectiva todo lo relativo a contingentes, precios de entrada o calendario? ¿Van a exigir que se garantice la reciprocidad en cuanto a calidad, seguridad alimentaria, condiciones ambientales o fitosanitarias de los productos marroquíes? Díganos, señor ministro, si piensa reclamar medidas de compensación para resarcir a nuestro sector de los perjuicios que ocasiona la constante entrada de productos marroquíes por la puerta falsa.

Señor ministro, hemos comprobado la complicidad con la que hablan algunos miembros de su Gobierno, incluso al oído, a los comisarios europeos. Por eso le pregunto, ¿no será que ustedes ya le han dado el visto bueno a este acuerdo ante algún responsable comunitario? Aclárenos si mantiene una posición contraria al acuerdo, que puede que se ratifique, como sabe, en estos días. Acláreselo también a los agricultores y ahórrese lo de la herencia, primero porque el convenio aún en vigor y que usted mismo calificó como equilibrado con motivo de su ratificación siendo ministro de Agricultura ha sido y es un antecedente muy negativo, pese a que usted lo calificó como muy equilibrado; segundo, porque tienen ustedes una responsabilidad ineludible desde el 20 de noviembre. Entiendo que se hayan instalado en la estrategia de la oposición -verdaderamente han estado muy cómodos estos años-, pero les toca... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.

Resulta asombroso que su señoría le pida energía al Gobierno del Partido Popular cuando ha sido el Gobierno socialista, el 14 de diciembre de 2010, el que le ha dado el visto bueno a este acuerdo. (Aplausos.) ¿A qué estamos jugando, señoría? El protocolo agrario de asociación se discute y se negocia desde el año 2005 -y estaban ustedes en el Gobierno- hasta 2010 y sería su ministra de Asuntos Exteriores la que le daría el visto bueno, porque en el procedimiento comunitario hay dos fases: la fase de los acuerdos en el Consejo y la fase de los acuerdos en el Parlamento. En el Consejo es cuando habla el Gobierno y el Gobierno español habló en 2010 y dijo sí al acuerdo; no solo el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura en el año 2011, dio su visto bueno al acuerdo y lo votó favorablemente. Recuerdo que el Partido Popular votó en contra y ustedes, cuando han llegado las elecciones autonómicas andaluzas, parece que han cambiado su voto, pero cuando tenían que haber defendido los intereses españoles, que fue en diciembre de 2010, exigiendo modificaciones en los mecanismos de precios de entrada para frenar las importaciones sin pagar los aranceles aduaneros, sus ministros se callaron y ahora le pide usted al señor Rajoy, cuando ya no tiene trámite en la Unión Europea, que se ponga al frente de la manifestación. Eso se lo podían haber pedido al señor Rodríguez Zapatero, que se sentaba aquí (Aplausos.), pero entonces no tuvieron ustedes ni su grupo parlamentario el valor de abrir la boca y ahora se


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les llena con la defensa del sector. Nosotros vamos a defender al sector. Ya me he reunido con el comisario Ciolos para modificar el reglamento de frutas y hortalizas. Lo he pedido en el Consejo de Ministros, ayer estuve con el ministro francés hablando de este tema y vamos a plantear en la reforma de la PAC una profunda modificación de los mecanismos de precios de entrada para evitar la competencia desleal de países que exportan a la Unión Europea sin respetar los contingentes, sin precios de entrada que abonen aranceles compensatorios y hundiendo los precios de nuestras producciones. Lo vamos a hacer de frente y por derecho. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿HA VALORADO EL GOBIERNO SUFICIENTEMENTE TODAS LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN DE PARALIZAR Y RETRASAR EL DESPLIEGUE EN LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA PARA EL GRADO I, NIVELES 2 Y 1, RECOGIDA EN EL REAL DECRETO-LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/000032.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tiene la palabra la diputada doña María Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el pasado 29 de diciembre más de 300.000 españoles durmieron siendo beneficiarios del derecho a la Ley de Dependencia y el día 30, como regalo de fin de año de su Gobierno, despertaron sin derecho alguno. Con la crisis como excusa han dado un verdadero hachazo a este nuevo derecho que puso en marcha un Gobierno socialita y lo han hecho con el que se ha convertido en el lema de su Gobierno: donde dije digo, digo Diego, engañando a los ciudadanos y al Parlamento. Esto no figuraba en su programa ni lo anunció el señor Rajoy en la investidura, todo lo contrario, afirmó su voluntad de mantener y mejorar los servicios públicos y el servicio de la dependencia: ni voluntad ni palabra. Apenas unos días necesitaron para romper el modelo de protección de la dependencia y con ello generar inseguridad y pánico sobre el presente y el futuro a los beneficiarios y a sus familias, al sector público y al sector privado, al tercer sector, y además disminuyendo la generación de empleo, que ha sido seña de identidad de la ley. Por eso, señora Mato, le pregunto si ha valorado usted suficientemente todas las consecuencia de la paralización y el retraso del derecho a la dependencia para el grado I, niveles 1 y 2. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, el Gobierno, como usted sabe, ha adoptado una medida necesaria para garantizar la viabilidad de la dependencia. Tengo que decirle que esta medida no hubiera tenido que adoptarse si hubiera sido distinta la gestión de los ocho años de Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señora ministra, no me hable de herencia porque aquí tenemos una herencia clara los socialistas: un nuevo derecho que puso en marcha un Gobierno socialista, 750.000 beneficiarios de prestaciones en este país -200.000 de ellos andaluces, el 30 por ciento-, que podrían ser más si sus comunidades, Madrid, Valencia y Murcia, hubieran hecho su trabajo. (Aplausos.) Más de 165.000 empleos, señora ministra, 50.000 de ellos en Andalucía. ¿Qué les va a decir usted a los andaluces? ¿Qué les va a decir a tantas personas en este país a las que ha dejado sin derecho? A eso es a lo que tiene usted que responder. Forma usted parte de un Gobierno para el que los derechos son de quita y pon, ustedes los quitan y nosotros los ponemos. Deja desprotegidos a los dependientes y a sus familias y destruye empleo, como ha sucedido ya con los datos del mes de enero, en un sector motor de la economía productiva, de la reactivación económica, y generador de empleo como se ha demostrado en este tiempo. Estas son las verdaderas consecuencias. Si no lo han valorado, señora ministra, malo y si lo han valorado, que creo que lo han hecho, muchísimo peor. (Varias señoras diputadas: ¡Muy bien! -Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, no dice usted la verdad. No hemos quitado ningún derecho. Lo único que hemos hecho ha sido garantizar el futuro del sistema. Está usted hablando con un Gobierno responsable y con un Gobierno comprometido y por esa misma razón le digo que ninguna persona,


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ninguna, que necesite asistencia va a quedar desprotegida. Vamos a seguir prestando apoyo a través de los servicios sociales, los cuales, por cierto, ustedes han sacrificado hasta el punto de haber abandonado programas tan importantes, por ejemplo, como el Plan Gerontológico Nacional, que pasó de 57 millones de euros a cero euros, o haber reducido en un 85 por ciento el Plan de atención a las personas con discapacidad. Y si hablamos de dependencia, los únicos que han recortado han sido ustedes, que redujeron 80 millones de euros en el presupuesto de 2011, justo cuando entraban en el sistema más de 200.000 nuevos beneficiarios, es decir, 80 millones menos para 200.000 dependientes más. (Rumores.) Así que, como comprenderán, señorías, sobre recortes, lecciones poquitas porque, aunque usted se haya olvidado o no haya querido decirlo, mejor dicho, este Gobierno es el mismo que el pasado día 30 de diciembre aprobó una revalorización de las pensiones que ustedes, un gobierno socialista, habían congelado por primera vez en la historia. (Varios señores diputados: ¡Bien!-Aplausos.) Y es el mismo Gobierno que ese día aprobó un crédito extraordinario de 30 millones de euros para la teleasistencia, dando cobertura con ello a 251.722 personas, mayores y discapacitados que, de otra manera, se hubieran quedado sin ella.

Señorías, es el momento de recuperar los principios de una ley que es patrimonio de todos y por eso le pido que se sume al pacto que hemos propuesto por la sanidad y los servicios sociales para garantizar estos servicios a todos los españoles. Ya que ustedes han sido, en gran medida, responsables del problema, confío en que quieran formar parte de la solución.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 172/000004.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, comenzamos con la interpelación urgente sobre la sostenibilidad del sistema sanitario del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Tiene la palabra el señor Duran.

El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, usted sabe que yo no soy experto en sanidad ni soy el portavoz de la Comisión de Sanidad ni lo soy de la Comisión de Hacienda, y cito Hacienda expresamente por lo que al final de mi intervención va a concluirse, pero sí durante la campaña electoral puse un énfasis especial en la necesidad de defender, me comprometí por tanto y procuro cumplir con mis compromisos, esta interpelación. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Quiero defender una interpelación que pretende -al final lo explicaré- crear una ponencia en el seno de la Comisión de Hacienda para estudiar qué medidas o cómo y de qué manera puede resolverse un problema que sin duda tiene planteada la sanidad en el conjunto de España, sin olvidar que el gasto está en manos de las comunidades autónomas, como es que crece mucho más y que no tiene una fuente de ingresos asegurada.

Quiero en ese sentido, como referencia y como antecedente, citar algo que también fue iniciativa de Convergència I Unió en el año 1993, el pacto conocido como pactos de Toledo, en ese caso aplicado a las pensiones. Es evidente, y usted lo conoce tan bien como yo, que la sanidad y las pensiones son dos partes fundamentales, dos columnas vertebrales de nuestro Estado o, como cada vez me gusta más llamarlo, sociedad del bienestar social. Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en materia de pensiones para evitar que las pensiones fueran objeto de confrontación política entre los diversos partidos o entre los diversos grupos parlamentarios; si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en materia de pensiones para garantizar la estabilidad y seguridad de su sistema; si fuimos capaces, por otra parte, también de ponernos de acuerdo en ese contexto del Pacto de Toledo para asegurar la estabilidad de la Seguridad Social desde una perspectiva entonces muy relacionada con la sanidad, porque usted conoce bien que en aquel momento, y esa fue precisamente una de las decisiones del Pacto de Toledo que acabó con ello, había una caja común para Seguridad Social y para Sanidad que se nutría de las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores y empresarios; si fuimos, por tanto, capaces de hacer todo eso para las pensiones; si fuimos capaces de tomar medidas que han sido una referencia indiscutible en materia de pensiones y que se han respetado en esta Cámara, a excepción del último Gobierno, en relación con la revalorización de pensiones para el año 2011, ¿por qué no, a nuestro juicio y en ese sentido lo planteamos, ponernos también de acuerdo y ser capaces de crear un instrumento parecido al de pactos de Toledo sobre pensiones, en este caso para sanidad?

Es evidente que con la transferencia de las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, señora ministra, lo que se hizo fue pura y simplemente transferir una competencia que lo que provoca es que, no existiendo como existía antes una financiación asegurada, como le acabo de recordar, a través de la cuotas de Seguridad Social, son las comunidades autónomas las que deben atender mediante sus presupuestos lo que se devenga en materia de gasto sanitario, que en muchos casos llega a constituir el 50 por ciento del gasto, me refiero al 50 por ciento del gasto general, por supuesto.


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Por tanto, si fuimos capaces de consensuar en materia política de pensiones las medidas necesarias para hacer sostenible ese pilar de la sociedad o del Estado del bienestar social que son las pensiones, ¿por qué no ser capaces en esta Cámara de hacer posible el consenso mediante el previo diálogo de intentar consecuentemente garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario? Usted sabe mejor que yo, señora ministra, que si bien el gasto en pensiones constituye el 10 por ciento del producto interior bruto de nuestro país, no es menor el de la sanidad, que constituye un 6 por ciento de nuestro producto interior bruto, y usted sabe que, a pesar de que prácticamente las comunidades autónomas apechugan -si me permite la expresión- con el 93 por ciento del gasto público en sanidad y solo el Estado con el 7 por ciento restante, en cualquiera de los casos que el gasto es creciente por razones muy diversas. El gasto es creciente en materia de sanidad por razones demográficas, afortunadamente la población vive más años, consecuentemente hay que atenderla también en materia de sanidad durante muchos años más. Hay otro motivo que también provoca ese incremento de gasto y son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías comportan precisamente capacidad de respuesta a enfermedades de los pacientes, es decir, de los usuarios, en definitiva, de las personas, pero ese incremento de las nuevas tecnologías comporta también un incremento del coste y en consecuencia un incremento del gasto. Hay todavía una tercera razón que justifica ese incremento que se produce en el gasto de la financiación de la sanidad, y es que a más renta -y es evidente que España en su conjunto y cada una de sus comunidades autónomas ha ido creciendo en cuanto a renta se refiere-, mayor demanda de servicios en materia de sanidad. Por tanto, si tenemos un problema como es el incremento de gasto y no hemos sido capaces de consensuar una serie de medidas para afrontar este gasto, qué duda cabe que a nuestro juicio debería repetirse la experiencia que, reitero, a instancias de Convergència i Unió en su día, año 1993, esta Cámara empezó con una ponencia creada en aquella ocasión en la Comisión de Presupuestos y acabó con unos grandes acuerdos, los pactos de Toledo, en el año 1995 que se han ido renovando a posteriori. En este sentido, creo que hay tomar decisiones complejas seguramente en el ámbito de la sanidad y lógicamente hay que hacerlo de la manera más consensuada posible.

El Estado se ha reservado competencias decisivas sobre la generación del gasto, por ejemplo, la aprobación de la cartera de servicios o la autorización de nuevos medicamentos. Eso ha garantizado la unidad de prestación de servicios en todo el territorio del Estado, pero al mismo tiempo ese mismo Estado ha sido incapaz de compensar adecuadamente de acuerdo con el principio de lealtad institucional a cada comunidad autónoma la atención que prestaba a los desplazados, que prestaba a residentes o que prestaba en razón de esas decisiones que iba tomando el Estado en esa materia de reserva competencial. La diferencia, por ejemplo, entre lo que cuesta a Cataluña la atención a los desplazados y la compensación que realiza el Fondo de cohesión sanitaria significa un coste para la sanidad de prácticamente 55 millones de euros. La financiación, por ejemplo, de un solo medicamento que le voy a citar, el Dabrigatán, para la prevención del ictus y la embolia sistémica cuesta a la Generalitat 66 millones de euros. La incorporación de tres anticonceptivos como consecuencia de una medida adoptada por el Estado entre los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud cuesta a la Generalitat 30 millones de euros. ¿Por qué la Generalitat, y cuando hablo de la Generalitat me refiero al conjunto de comunidades autónomas no pueden ser compensadas por el cien por cien de este gasto? Y si deben ser compensadas por el cien por cien de este gasto, ¿qué medidas son las que hay que adoptar en el contexto de ese diálogo y de ese consenso sabiendo que solo de esta manera será posible que finalmente podamos garantizar una sanidad sostenible en el futuro?

La sanidad no es barata. Es más, ya le indiqué antes las causas por las que cada vez la sanidad es más cara. Por tanto, tenemos la obligación de transmitir pedagógicamente a la ciudadanía que la sanidad es algo que no deben pagar nuestros hijos y nuestros nietos, es algo que debemos pagar nosotros. Desde este punto de vista, si no hay en la actualidad el incremento necesario en materia de financiación, habrá que ver cómo y de qué manera se adoptan medidas. Reitero que este grupo parlamentario cree que en este caso el marco para adoptarlas sería la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Hacienda, como finalmente propondré. Usted sabe perfectamente que el gasto público en sanidad crece mucho más que el PIB de nuestro país. En el periodo 2003-2009 el gasto sanitario creció cada año a un ritmo que superaba en tres puntos el aumento del producto interior bruto y tanto la Comisión Europea como la OCDE -por citar dos organismos internacionales- coinciden en que en los próximos años el gasto público en sanidad seguirá creciendo por encima del PIB. Por tanto, tenemos un problema: la necesidad de garantizar y hacer sostenible el servicio de atención a las personas en materia sanitaria, porque es pieza básica de la sociedad del bienestar social y columna vertebral del Estado del bienestar. Al mismo tiempo somos conscientes de que cada vez eso cuesta más dinero; dinero que no se pone en el sistema y que provoca gran déficit en las comunidades autónomas. De hecho, el Estado transfirió las competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas justo después de que no fuesen financiadas por la caja de la Seguridad Social. En el fondo lo que hizo fue transferirles competencias, pero también un gran déficit.

Señora ministra, proponemos la creación de esa comisión -y por ahí irá el contenido de la moción que se va a presentar en la próxima sesión plenaria de este Congreso de los Diputados- que emule la que en su día se creó sobre pensiones y que se ha conocido como pactos de Toledo. Lo menos relevante es el nombre, lo importante


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es el contenido, las funciones que debería desempeñar y las conclusiones a las que debería llegar toda la Cámara mediante el consenso y el diálogo para hacer sostenible el sistema de sanidad. Como decía antes, si hace veinte años supimos entre todas las fuerzas políticas parlamentarias consensuar un procedimiento y unas medidas que han hecho posible que hasta el día de hoy tengamos un sistema de pensiones sólido y sostenible -aun sabiendo que últimamente hemos tenido que adoptar decisiones duras, por ejemplo, la edad de jubilación a los 67 años de manera progresiva-, ¿por qué no tomar este otro tipo de medidas, las que sean necesarias? Este grupo parlamentario no va a avanzar ninguna, porque en la medida en que se avanza algún tipo de medida se inicia la controversia política y el uso demagógico por parte de otras fuerzas políticas. Seamos todos conscientes de que en este caso no sirve la demagogia. Hoy mismo acabo de escuchar palabras demagógicas a mi juicio en torno a servicios, etcétera. Seamos conscientes de que entre todos tenemos la obligación de asegurar servicios, pero que estos son caros. Consecuentemente, como decía antes, hay que hacer pedagogía sobre el coste de los mismos y tomar medidas para poder garantizar su sostenibilidad. Por tanto, señora ministra, y con ello acabo, la intención es que se cree en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas una ponencia o una subcomisión -como finalmente se estime oportuno por parte de nuestro grupo parlamentario o, por encima del criterio de nuestro grupo parlamentario, por acuerdo de la Cámara- que afronte como afrontamos en su día el problema de las pensiones para garantizar la sostenibilidad de la atención sanitaria en el futuro.

Funcionó en la legislatura pasada una comisión para hablar del pacto de sanidad, que presidía precisamente el diputado don Gaspar Llamazares, pero sus conclusiones no llegaron a buen puerto fundamentalmente por las discrepancias entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista y seguramente también porque se precipitó un posible acuerdo entre Izquierda Unida y socialistas y, al final, por falta de tiempo no hubo pacto. Hay que tomarse tiempo, pero hay que tomárselo sabiendo que es una cuestión urgente garantizar a este país un sistema de salud justo, equitativo y que asegure en cualquier caso, como es nuestro deber constitucional y nuestra vocación política, la sostenibilidad del sistema sanitario.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Duran.

A continuación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, señor Duran, su interpelación porque ofrece al Gobierno la oportunidad de exponer nuestro punto de vista sobre una cuestión que, como sabrá, es de nuestra máxima prioridad. Señoría, compartimos con ustedes la preocupación por una situación que si bien no es nueva sí se ha visto agravada en los últimos años. Además, creo que es una posición compartida por la mayoría de grupos de esta Cámara que los problemas que hoy afloran son en esencia estructurales, aunque se expongan con mayor virulencia en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Si no hacemos algo ahora la crisis pasará -porque les garantizo que la superaremos-, pero los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario seguirán ahí.

Señorías, ignorar un problema no equivale a resolver; es, por el contrario, una temeridad y España no está en estos momentos para temeridades. Por eso, señorías, durante mi primera comparecencia en esta sede parlamentaria expuse a los grupos parlamentarios la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales que garantizara a nivel nacional un sistema sostenible de sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y que girara sobre un principio inamovible: el ciudadano como eje del sistema. A él se orientará toda la atención sanitaria y social porque las personas son nuestra prioridad. Quiero, por tanto, un acuerdo -y coincido plenamente con usted- que, a imagen y semejanza de lo logrado con el Pacto de Toledo, traslade a la sociedad un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro y que configure un modelo de sanidad preparado para dar respuesta a las necesidades de una sociedad en constante evolución: un pacto, en definitiva, que aleje de confrontaciones partidistas nuestra sociedad del bienestar.

Señorías, por mi parte tengo claro que el papel esencial del Ministerio de Sanidad es el de facilitar el diálogo e impulsar la colaboración en el marco de una probada lealtad institucional y desde el escrupuloso respeto, como no puede ser de otra manera, a las competencias de las comunidades autónomas. En este proceso estoy segura de que podré contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios -usted ya nos lo ha dicho-, por supuesto en un debate sereno, alejado de tópicos recurrentes y centrado únicamente en lograr para el futuro un sistema sanitario sostenible. Señorías, precisamente la sostenibilidad de la sanidad no es un debate nuevo, ha estado presente en esta Cámara en la legislatura precedente y en algunas muy anteriores. Los trabajos de la subcomisión para el pacto de Estado por la sanidad a los que usted hacía referencia volvieron a reflejar, como ya lo hiciera hace veinte años el informe Abril, la necesidad de consolidar un modelo sostenible para la sanidad que garantice su suficiencia financiera y racionalice el gasto sin mermar los derechos de los usuarios y pacientes. Es fácilmente comprensible por todos la urgencia que nos apremia hoy en día, habida cuenta del grave escenario de crisis económica que


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padecemos y su impacto sobre los presupuestos públicos del Estado y también de las comunidades autónomas. Han sido precisamente estas últimas, las comunidades autónomas, las que antes y durante la crisis han planteado la necesidad de articular fórmulas que aseguren la sostenibilidad del sistema sanitario; sostenibilidad que en todo caso pasa por garantizar la igualdad de acceso en todo el territorio nacional a unas mismas prestaciones de calidad, es decir la cohesión del Sistema Nacional de Salud. En ese camino creo que avanzamos todos, como quedó demostrado con los acuerdos alcanzados en el consejo interterritorial de marzo de 2010, donde se aprobaron medidas tendentes a promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad de este sistema. Sin embargo, compartirán conmigo que en muchas ocasiones, para cuando las medidas entran en vigor, estas ya se han visto superadas por la celeridad de los hechos, y los hechos, señorías, es que a día de hoy 5.273.600 parados y un 8 por ciento de déficit de nuestro producto interior bruto desbordan las previsiones realizadas. Esta dramática situación nos obliga a reaccionar. No podemos quedarnos anclados en el inmovilismo, y para eso tenemos que hacer reformas y adquirir compromisos para hacer viable la sanidad, para mejorar la calidad de nuestro sistema y desde la responsabilidad proteger y fortalecer la sociedad del bienestar como también a usted le gusta llamarla.

Señorías, también debemos poner freno a un gasto sin control que acaba convirtiéndose en dispendio, mientras paradójicamente los proveedores dejan de cobrar o las facturas sin pagar se acumulan en los cajones. Por eso quiero sentar las bases de un sistema de sanidad y de servicios sociales que además de ser altamente valorado por los españoles sea responsable en la gestión de unos recursos que -no está mal recordar de vez en cuando- se financian con los impuestos de todos. Puedo decirle que, de las reuniones mantenidas con los consejeros de todas las comunidades autónomas, he recibido la petición unánime de abordar cuanto antes esta situación pues si bien es cierto que todas ellas ya están tomando medidas para hacer frente a sus dificultades existe un consenso generalizado en que es necesaria una respuesta coordinada. En ese sentido, y creo que coincidimos, mediante un pacto de Estado tenemos que lograr una respuesta coordinada e integral a los retos de nuestro Sistema Nacional de Salud garantizando en todo caso la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la sanidad pública independientemente de donde residan, algo que por otro lado ya venía demandando la mayoría de los programas electorales de los grupos políticos presentes en esta Cámara en las pasadas elecciones generales. El Gobierno de la nación quiere y desea encontrar una solución adecuada a la naturaleza del problema, una solución extensible en el tiempo y que parta del máximo respeto a las competencias de las administraciones concernidas. Aspiramos, señor Duran, a la máxima cooperación y colaboración entre todas las partes implicadas y desde luego -y también coincido con usted- los precedentes hablan en nuestro favor. Recordará usted -lo ha recordado ya- que en el año 1995 en virtud del diálogo y la buena disposición de todos los grupos parlamentarios logramos suscribir el Pacto de Toledo, un pacto que sigue vigente diecisiete años después y gracias al cual logramos crear un marco estable y seguro para nuestras pensiones. El Pacto de Toledo es el más claro exponente de que cuando las fuerzas políticas trabajamos desde el consenso, sin acritud, sin imposturas partidistas y nos centramos solo en hacer nuestro trabajo, que es servir de la mejor manera posible a los ciudadanos, podemos hacer muchas cosas juntos. Sin embargo, el Pacto de Toledo es reflejo también de lo mucho que se puede contribuir desde un grupo parlamentario a generar consensos que acaban fructificando en verdaderos acuerdos de Estado. No olvido, señor Duran -aunque usted me lo ha recordado y así lo reconozco-, que fue su grupo parlamentario el que presentó la proposición no de ley que dio origen al Pacto de Toledo. Por eso, señorías, en mi comparecencia en esta Cámara presenté una propuesta para alcanzar este pacto, un nuevo marco que dote de estabilidad nuestro sistema sanitario, que refuerce sus principales características como servicio público de excelencia, que le confiera financiación suficiente y sostenible en el tiempo y que además nos permita abordar con garantía los retos presentes y futuros; pero sobre todo, señorías, un pacto que haga efectivo el derecho de todos los ciudadanos a acceder en igualdad de condiciones a las mismas prestaciones, independientemente del territorio en el que se encuentren. Es un objetivo irrenunciable para mí lograr un modelo sostenible de sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y que tenga al paciente en el centro del sistema y, además, me gustaría que quedara fuera de la confrontación partidista. En ello pondré todo mi empeño y a ello dedicaré este propósito, esfuerzo, lealtad y colaboración, lo mismo que pediré a todas las partes afectadas. Quiero hacer de la sanidad un punto de encuentro entre todos para lograr las máximas adhesiones y en este sentido estoy segura de que podremos establecer cauces de colaboración mediante comisiones y pactos concretos que hagan posible que llevemos a buen puerto el pacto que espero que más pronto que tarde se haga realidad. Sé que cuento con su apoyo, con su dilatada experiencia y también con su lealtad institucional. Quiero que sepa -y no dude- que es un sentimiento recíproco y confío en que pronto podamos avanzar en la línea que también usted plantea en su interpelación.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Para la réplica tiene la palabra el señor Duran.

El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, creo que la expresión o la frase que usted utilizó -ignorar no equivale a resolver- es la


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clave de lo que en el fondo estamos discutiendo. Soy consciente, conozco su comparecencia en Comisión y conozco de qué manera usted concretó esa propuesta de pacto de Estado, pero debo decirle con todo respeto que, en cualquiera de los casos, eso no es, si me refiero a contenidos, lo que propone exactamente Convergència i Unió. Usted -y nos lo acaba de recordar- lo que nos viene a decir es: hay que ponerse todos de acuerdo respecto a la creación de una cartera de servicios tanto en materia de sanidad como en materia de servicios sociales. Nosotros invertimos la reflexión, la pregunta y, en consecuencia, el método de trabajo: antes que ponernos de acuerdo en qué cartera de servicios, para sanidad o para servicios sociales, conviene saber con qué recursos contamos para poder atender esos servicios y será a partir de los recursos con que contemos cuando podamos después ponernos de acuerdo en los servicios que garanticen ese servicio básico -estamos hablando hoy de sanidad-, al que antes yo aludía reiteradamente en mi primera intervención.

La propuesta de pacto de Estado, que le hace Convergència i Unió a esta Cámara y a usted, señora ministra, en particular, hoy por hoy es distinta: es diálogo y consenso para saber cómo se paga todo eso, porque ese es el problema. Y, si en el Pacto de Toledo la interlocución de esta Cámara fue con los agentes sociales, en este pacto de Estado sobre sanidad la interlocución de esta Cámara debe ser con las comunidades autónomas, por la simple razón que antes ya reiteré en mi explicación de la interpelación. Exige una cohesión -dice usted- interna en el Sistema Nacional de Salud, completamente de acuerdo, pero seamos conscientes -y ahí es donde voy a dar explicación del porqué de la interlocución con las comunidades autónomas- de que el Estado lo que ha hecho es transferir el gasto a las comunidades autónomas pero no transferir la capacidad en la intervención de la aprobación de lo que después se deriva en gasto. ¿Por qué las comunidades autónomas, señora ministra, no pueden intervenir en la aprobación de unos medicamentos que difícilmente después pueden financiar? ¿Por qué razones, en ese sentido, el Estado no financia el aumento de gasto que deriva de esos nuevos medicamentos, de estos nuevos acuerdos? Por tanto, si empezamos la casa al revés, no acabaremos nunca de construir un auténtico pacto de Estado. Aquí el problema no está tanto en los deseos de qué catálogo de servicios deben atender todas y cada una de las comunidades autónomas, para que todos y cada uno de los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, del conjunto del Estado, tengan los mismos servicios, sino en de qué manera realmente puede financiarse, porque es evidente que hoy, como la sanidad está transferida y, reitero, no tiene otro tipo de ingreso que el propio presupuesto de las comunidades autónomas, lo que hace es provocar gravísimos problemas de financiación y, por tanto, acaba afectando, y más en tiempo de crisis. Además -y usted lo citó, y muy bien citado- provoca una tardanza en lo que es el pago de las facturas a proveedores, que a su vez provoca que esas empresas, en la mayoría de los casos pequeñas y medianas empresas o farmacias, etcétera, tengan graves dificultades para su supervivencia.

Señora ministra, lo que necesitamos es un gran pacto de sanidad que de una vez por todas aborde lo que es fundamental. La sanidad comporta un gasto y ese gasto es hoy por hoy insostenible. ¿De qué manera, porque lo necesitamos, hacemos sostenible el gasto que comporta la prestación por sanidad? Ahí está la clave del pacto; ahí está el motivo del diálogo; y ahí está en cualquier caso la causa que nos obliga a consensuar medidas diversas para poder atender el gasto. Si no lo hacemos así, estaremos simplemente mareando la perdiz: continuaremos poniéndonos de acuerdo sobre el catálogo de servicios, etcétera, pero no resolveremos el punto fundamental, que es el gasto, y lo que conviene, insisto, es resolver eso. Usted citó el informe Abril Martorell, es un buen ejemplo. ¿Dónde esta ese informe? En el cajón de algún ministerio o en el cajón de alguna Presidencia de Gobierno. ¿Y por qué está en el cajón? Porque simplemente apuntaba aquel informe una serie de propuestas sobre las que rápidamente algunos agentes sociales se echaron a la yugular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Bien, hagamos, por tanto, un trabajo distinto, que no sea un informe del Gobierno -como hicimos en pensiones-, que no se utilicen propuestas de sanidad para ir a la yugular unos contra otros, que todos seamos conscientes, porque si realmente somos sinceros y realmente somos sensatos todos debemos ser conscientes, de lo que implica la obligación y necesidad, por devoción, por vocación y por compromiso político y constitucional, de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y, al mismo tiempo, la imposibilidad en función del gasto. Ahí está la clave y para eso queremos el pacto de Estado, señora ministra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Duran, por su intervención. En términos generales creo que compartimos el contenido de la cuestión, aunque podemos matizar algunos aspectos con respecto al método de llevarlo adelante. Lo importante es que confío en que podamos alcanzar, desde el diálogo y el consenso, un pacto al que sin duda habremos de dedicarle mucho esfuerzo, pero estoy segura de que los ciudadanos nos lo agradecerán. Ya tuve ocasión de señalarlo en la comparecencia -voy a referirme a él de nuevo aquí-, y lo primero que planteo es que el pacto tiene que hacerse desde el absoluto respeto a las competencias de las comunidades autónomas, porque ellas son quienes tienen encomendada la gestión de la sanidad y los servicios sociales en nuestro país y porque las partidas


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destinadas a estas políticas representan cerca del 65 por ciento del presupuesto autonómico. Por eso, la labor de este ministerio es la de impulsar estos acuerdos, y para hacerlo desde luego vamos a empezar por la comisión interterritorial que tenemos convocada para el próximo día 29 de febrero.

Quiero que sepa que, tal y como hemos planteado el pacto, creemos que se tiene que sustentar sobre dos grandes acuerdos, por empezar la casa por los cimientos, que se tienen que hacer, en primer lugar, con las comunidades autónomas competentes. Dentro de esos dos grandes acuerdos tendríamos uno por la sanidad y otro por las políticas sociales, que pactaríamos con las comunidades autónomas a través del comité interterritorial y con las conferencias sectoriales de políticas sociales. Ahí, sin ninguna duda, tendremos que avanzar también en el sistema de financiación. Avanzaremos sobre un nuevo modelo farmacéutico -que tendremos que hacer-: la cartera de servicios, tanto para sanidad como para políticas sociales. Lo haremos conjuntamente con este grupo parlamentario y también con todos los de la Cámara. Lo que es verdad es que tenemos que buscar la fórmula para que todo eso lo podamos combinar conjuntamente y al mismo tiempo. También, como usted sabe, pretendemos que de esos dos grandes acuerdos surja un compromiso sociosanitario, que creo que está reclamado por todo el mundo y que, especialmente, sería clave para la mejora del cuidado y la atención de las personas. Durante demasiado tiempo hemos dejado que el ámbito sanitario y el ámbito social caminasen por la misma acera en la misma dirección pero sin comunicarse, y hemos de lograr que esos dos ámbitos de asistencia hablen entre sí prestando un servicio coordinado al ciudadano. Si me permite el símil, que una mano sepa lo que hace la otra. Creo que sería conveniente que intentáramos también avanzar en esa dirección. Señorías, no tiene sentido que en un país como España, con un sistema de bienestar tan expandido y consolidado como el nuestro, el ámbito sanitario no esté estrechamente vinculado con el social cuando, en realidad, ambos ofrecen servicios esenciales para los ciudadanos. Precisamente por eso y por esta interconexión de sistemas creo que se lograría una mejora sustancial también en las perspectivas de sostenibilidad. Por eso digo que también es importante que trabajemos en los dos ámbitos o en los tres acuerdos que se van a hacer, con el sociosanitario, porque nos permitiría saber cuál es la financiación que necesitamos para conseguir que ese sistema sea sostenible manteniendo la calidad que estamos prestando ahora mismo a los ciudadanos.

Señor Duran, estoy convencida de que si las generaciones que nos precedieron fueron capaces de construir un sistema sanitario público de la máxima calidad, también será posible para nosotros mantenerlo, incluso en una situación económica adversa. A todos nos une este objetivo fundamental, que es lo más importante, y si en su día conseguimos alcanzar amplios consensos con las pensiones estoy segura de que también podremos hacerlo con la sanidad. Estoy convencida de que el pacto es necesario para atender a las demandas de los ciudadanos. Estoy convencida de que es una obligación de los grupos parlamentarios llegar a ese acuerdo que consolide -igual que se consolidaron las pensiones- la sanidad y los servicios sociales para todos los ciudadanos, y que se quede fuera del debate partidista permanentemente. De lo que estoy segura es de que con este pacto reforzaremos el modelo sanitario que nos hemos dado, que tiene en la universalidad, la gratuidad, la calidad y el carácter de servicio público los rasgos esenciales que le definen. También les digo, señorías, señor Duran, que no será por el método por el que no lleguemos a acuerdos. Por lo tanto, estamos dispuestos a estudiar la moción que presente la semana que viene y trataremos de buscar una hoja de ruta conjunta para que caminemos y consigamos todos llegar a un pacto por la sanidad y los servicios sociales que los ciudadanos nos agradecerán.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL GRUPO MIXTO (SEÑOR TARDÀ) SOBRE LAS TRANSFERENCIAS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN QUE SE REALIZA EN CATALUÑA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) DESTINADO A FINES SOCIALES. (Número de expediente 172/000008.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Mixto sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a fines sociales. Para ello, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la verdad es que no le esperábamos a usted -pero no nos importa, en absoluto-; nos ha parecido cambiado. De hecho nosotros pretendíamos hacer la interpelación a la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, pero no importa, lo fundamental es hacérsela al Gobierno. Digo esto porque nosotros habíamos celebrado las palabras de la ministra, señora Mato, en su primera comparecencia en esta legislatura ante la Comisión cuando le transmitimos la satisfacción en Cataluña y en otras comunidades autónomas del Estado español al conocerse las dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y la otra del Tribunal Supremo, contra unas ordenes ministeriales de los gobiernos anteriores en cuanto a todo aquello que compete a las subvenciones a las políticas sociales, de aquellas que se desprenden del 0,7 del IRPF recaudado para finalidades sociales en


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las declaraciones de renta que hacen los ciudadanos. De hecho, la ministra nos dijo palabras que fueron tranquilizantes. Es más, ello nos ha llevado a presentar esta interpelación urgente porque creemos que es bueno trasladar al Pleno aquello que fue mencionado en Comisión y que se apruebe, a fin y efecto de que el Gobierno sepa cuál es la determinación que debe de tomar, es decir el acatamiento de estas dos sentencias. Digo que la ministra ya habló del compromiso de buscar fórmulas que hicieran compatible el acatamiento de las sentencias y, por otro lado, resolver este complejo problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y que ha sido motivo de múltiples debates en esta Cámara.

Repito, las dos sentencias son muy claras. De ellas se desprende que estamos en nuevo escenario. Ahora es el momento del diálogo, es el momento de buscar fórmulas que resuelvan el problema y además de manera urgente. Porque a nadie se le escapa que dentro de 60 ó 90 días -creo que no podemos hablar de mucho más tiempo- el Gobierno, ahora ustedes, deberá ya presentar la nueva convocatoria. Por esto, nosotros lo que vamos a reclamar en esta moción es precisamente no solamente el acatamiento sino su traducción en la nueva convocatoria que debe aprobarse o salir de la factoría de La Moncloa dentro de un par de meses. De manera que ustedes entenderán la importancia política que tiene para nosotros y para muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, hace pocos días el mismo presidente de Galicia ya manifestó públicamente que estaba muy satisfecho por las sentencias que se había promovido desde Cataluña y que tenía mucho interés en ser beneficiario también de aquello que desde Cataluña se había reclamado, o también desde Aragón, ya que el Gobierno de Aragón en su momento presentó sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la territorialización de los recursos, porque ahora el problema se agrava. ¿Y por qué se agrava? Por el contexto económico y porque estamos viviendo momentos muy difíciles para las clases populares, para la ciudadanía y, sobre todo, muy difíciles para el eslabón más frágil de la ciudadanía que son las personas con menos recursos o que viven en la exclusión, en la enfermedad o bien en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de gente mayor, discapacitados, infancia, programas de inclusión social, inmigración, voluntariado, jóvenes exreclusos, afectados por el sida, etcétera; es decir la cara B de nuestra sociedad que a veces pretendemos ignorar. Lo que es cierto y creo que a nadie se le escapa es que en el caso catalán, por ejemplo, pero -repito- puede hacerse extensible a otras comunidades autónomas, ha habido un esfuerzo por parte de la sociedad civil y también del Gobierno de Cataluña -al margen del color político del Gobierno- para hacer campañas ante la ciudadanía para fomentar que las personas marquen la casilla del 0,7 para finalidades sociales. Con lo cual es cierto que hay comunidades autónomas que recaudan mucho dinero; es el caso catalán. No tiene nada que ver, hay un décalage extraordinario entre aquello que se recauda y aquello que se recibe. Es más, lo que se recibe está muy por debajo del índice o porcentaje que se podría establecer de forma razonable en términos de población, mucho menor, incluso yo diría que tiene mucho menos protagonismo lo que se recibe, se habla de 20 millones -puedo dar cifras pero son debates que aquí han sido muy recurrentes y ustedes entenderán que tampoco vamos ahora a mencionar muchas cifras, pero son evidentes-. Recaudamos el 25 por ciento en el caso catalán, la población es el 19 por ciento del Estado y los fondos recibidos son el 14 por ciento, con lo cual hay un diferencial traducido en euros de 20 millones de euros entre lo que se aporta y lo que se recibe; este no es el problema. El problema es que estamos en un Estado compuesto, que hay unas competencias -en este caso en servicios sociales- que son exclusivas y hay un problema endémico que no se resuelve; además es histórico.

Yo soy diputado desde el año 2004, cuando llegué aquí entonces creo que una de las primeras iniciativas del grupo republicano fue ésta, pero encontramos al compañero Carlos Campuzano, de Convergència i Unió, que ya llevaba años y años trabajando en este ámbito, así como los compañeros de Izquierda Unida, de Iniciativa, e incluso alguna diputada del PSC -repito, del PSC, de Cataluña-. Nosotros lo que hacemos es sumarnos desde hace muchos años a una reivindicación que creo que es de sentido común, y finalmente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo nos han dado la razón. ¡Cuántas energías perdidas, desperdiciadas, cuando ha habido gobiernos más amigos -los del Partido Socialista Obrero Español- y gobiernos quizás menos amigos! Debo decirles en honor a su coherencia que en muchos de estos debates el diputado valenciano señor Barrachina siempre se había opuesto. Siempre he dicho que ustedes engañan menos. Siempre dijeron que esto no lo veían claro y a veces ciertamente se quería incluso esconder el verdadero debate. No nos vamos a engañar, aquí hay unas nomenclaturas madrileñas de organizaciones de ámbito estatal que tienen miedo de que la territorialización pueda afectarles -cosa que no debería pasar si buscamos una fórmula con sentido común-, creen ver peligrar su infraestructura. Esto no debería pasar. Es más, este riesgo hace que se digan tonterías tan enormes, tan enormes... Tonterías por no hablar de ofensas al Estado compuesto. Hay por ejemplo unas declaraciones -permítanme que las mencione, no para inculpar a nadie ni por querer ridiculizar a nadie-, hay una persona muy importante que preside una organización muy relevante de ámbito estatal que dijo que estaba muy preocupada, muy preocupada, por qué podría llegar a pasar si estos recursos llegaran a las comunidades autónomas. Esto tiene un aire no solamente cavernícola sino incluso de falta de respeto al orden constitucional. ¿Cómo uno se puede atrever a decir, representando lo que representa, una gran organización de ámbito estatal, que está preocupado porque el dinero, si llegara a las comunidades autónomas, se iba a malbaratar o incluso a utilizar para


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otras cosas mucho peores? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos instalados en un discurso que debemos superar. Creo que estamos en el momento de querer superarlo.

Señor ministro, problemas mucho más gordos -si se me permite la expresión popular-, mucho más importantes que este deberá encararlos y superarlos esta Cámara en esta legislatura. Este problema es pequeño, doméstico comparado con los problemas que tendrá usted, toda la sociedad española y este Parlamento por supuesto en esta legislatura. Hay que ser capaces de ir resolviendo problemas heredados del pasado, y, si me permite, creo que sería un buen ejemplo de que, a pesar de todas las diferencias, estamos por la labor de buscar sinergias y puntos de encuentro. Esta es nuestra voluntad. Creo que incluso deberemos superar problemas tan graves como el de hace dos años en el que se intentó incluso que las entidades de ámbito autonómico no pudieran presentarse al concurso y al programa del ministerio. Por suerte la acción combinada de todos los grupos frenó al Gobierno socialista; creo que también el Gobierno socialista dio muestras en aquel momento de sentido común.

Estamos en un nuevo escenario y espero su respuesta para ver cómo, de aquí al martes próximo, podemos llegar a un posible acuerdo. Espero su respuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor Tardà. Con mucho gusto subo a la tribuna a representar al Gobierno en una interpelación que en absoluto es de tono menor, puesto que está abordando cuestiones de política social de las que depende el bienestar de mucha gente en Cataluña y en toda España. Los procedimientos de distribución de la conocida como casilla del 0,7, cuando los contribuyentes la rellenan y por tanto predestinan la asignación de los recursos que van a pagar en el impuesto sobre la renta, ha venido siendo tradicionalmente territorializada a través del consejo territorial, donde se han tenido en cuenta baremos diferentes, necesidades objetivas a atender y, en definitiva, se ha traducido en cifras los acuerdos políticos alcanzados por los representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas en nuestro país. De manera que debo insistir en este planteamiento desde el comienzo. Este es el procedimiento: que en la cuota estatal aparece esa recaudación pero que, como corresponde al Gobierno de España, en esa llamada cuota estatal no se hace otra cosa que la distribución territorial que establece ya el consejo en sus reuniones para sus aplicaciones finales. A ese respecto debo recordarles como hacía el señor Tardà, la utilización de las cifras y de los porcentajes a que se refiere. Las cifras y porcentajes que tengo aquí delante, consecuencia de las asignaciones de los años 2008 y 2009, son en definitiva asignaciones para Cataluña en concreto que están rondando el 25 por ciento del total, no el 14, como decía su señoría. Eso es lo que se ha hecho en consejos territoriales, liderados en aquel momento por los gobiernos socialistas -estoy hablando del periodo anterior de legislatura-, por tanto con mandato también para el Gobierno, donde están estableciéndose esas cuantificaciones, esas asignaciones también con el Gobierno anterior de la Generalitat de Catalunya, en el que estaba presente su partido político, su formación política. De manera que esto es lo que ha venido funcionando a partir, le insisto, de esas aplicaciones.

Los datos que yo poseo esta mañana respecto a la asignación territorial para Cataluña están situados en el 25 por ciento, señor Tardà, que es una cifra muy relativa también a lo que representa Cataluña en el total, no ya de la riqueza nacional -estamos hablando en este caso de atenciones sociales que cubren la menor riqueza de personas que, viviendo en territorios con mayor riqueza de nivel de vida, necesitan de esas políticas sociales- sino teniendo en cuenta también la población de Cataluña en el conjunto de la población de España. Estas son las aplicaciones que se han llevado adelante. Dicho esto, también hemos de recordar esta mañana que la política social del Estado no acaba en esta rúbrica, que la política social que hace el Estado circula, por así decirlo capilariza por otro tipo de instrumentos y por tanto se territorializa a través de otro tipo de instrumentos; me refiero a convenios municipales, puesto que son también las corporaciones locales las encargadas de ello, y también a cualquier otra acción que corresponde a la Administración General del Estado y que va dirigida a esa aplicación, que es mantener, mejorar la cohesión social en todo el territorio español. Por tanto, el 0,7 y la aplicación es una partida, pero hay que verla encuadrada también en las funciones sociales propias del Estado.

Añado, como no puede ser de otra manera, que un Gobierno -usted ha escuchado en esta legislatura las intervenciones relativas a nuestro Estado de las autonomías, que es una materia que, como responsable del Ministerio de Administraciones Públicas e incluso como responsable de la Hacienda pública del total de España, me atañe por completo- no puede sino respetar y completar la doctrina del Constitucional a ese respecto, que es muy clara, muy explícita y que otorga a la Administración central, al Gobierno de España capacidad de regulación básica y la gestión de esos servicios a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Por tanto, quienes estamos defendiendo desde antes de que comenzara esta legislatura que vayamos a una Administración más eficiente en todos los ámbitos, es decir que vayamos al esquema de una Administración una competencia, no podemos sino por mor de la coherencia decirles que hacemos nuestra esa doctrina del Constitucional y que respetamos y acatamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, igual que yo subo aquí, como representante del Gobierno


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de España, a acatar esa sentencia, también me gustaría que con la misma normalidad todos los miembros de esta Cámara acataran todas las sentencias que vienen de los tribunales de justicia, con independencia de las instancias de los mismos. Ahora se sube aquí a reclamar -y con mucho gusto yo lo atiendo- algo que es consustancial al Estado de derecho, pero a veces veo a determinadas señorías rebelándose contra sentencias y pienso que deberían ser más considerados con respecto al significado auténtico del Estado de derecho, no vaya a ser que cuando las sentencias de los tribunales superiores de justicia nos interesan políticamente entendamos que estamos avanzando en la misma institucionalización del Estado de derecho y cuando, por lo que fuere, no nos parecen pertinentes a nuestra política digamos que están mal planteadas y que hay que revisar el Estado de derecho. Por eso decía que yo agradezco mucho la intención del planteamiento y que el propio señor Tardà suba a la tribuna a decir que respeta el Estado de derecho español en todas sus vertientes, que es la coherencia que hemos de tener todos si queremos ese Estado de derecho vigente en nuestro país. (Aplausos.)

Por lo demás, estamos en una intención constructiva, en un diálogo pertinente, que se inscribe en la reforma de las administraciones públicas. Estamos en ello, no estamos en la reproducción de funciones, y menos de carácter social. En mi opinión, señor Tardà, las políticas sociales las tienen que hacer las administraciones más cercanas al ciudadano. Esta es mi opinión que expreso claramente en esta Cámara. Espero que a partir de esa opinión trabajemos todos los grupos políticos en la definición de competencias de esas administraciones públicas para que quienes mejor conocen la realidad social, quienes saben cuáles son las personas, las familias que necesitan de esa atención social, sean los que estén gestionando los recursos, con independencia de dónde se obtengan, como sería en este caso de un impuesto equitativo y progresivo, como es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no confundiendo en el debate político. En Cataluña un impuesto progresivo funciona igual que en Extremadura, lo están pagando los ciudadanos de mayor renta proporcionalmente. No paga Cataluña como entidad, lo pagan los ciudadanos de Cataluña de mayor renta. Eso es un impuesto equitativo y progresivo, y en buena parte esa renta conseguida a través de un impuesto progresivo debe ir aplicada, como no puede ser de otra manera, hacia fines sociales, hacia esa política social. Por eso, señor Tardà, estaremos muy atentos al contenido de esa moción. Seguro que el Grupo Parlamentario Popular lo estudiará para el próximo Pleno y también lo haremos desde el ámbito del Gobierno de España para ver dónde existen esas coincidencias, dónde podemos llevar adelante esos progresos, buscando siempre que sean las administraciones más eficaces las que lleven adelante las políticas que son absolutamente imprescindibles para mantener, cuando no para mejorar, el bienestar social de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la verdad es que si en algún momento no me interesa el pasado es en este, porque soy muy consciente de dos variables, la primera de ellas cuál es la correlación de fuerzas en este Parlamento. Como puede usted entender fácilmente, es un momento difícil para sacar pecho, no lo escondo; la correlación de fuerzas es la que es, ustedes tienen mayoría absoluta, con lo cual ¿qué hacemos nosotros? Intentar recoger el fruto de todo el trabajo que hemos hecho durante estos años intentando explicar a ustedes y a la ciudadanía que la causa que defendíamos -no hablo de si es justa o no- es razonable. Precisamente porque creo que finalmente hicimos entrar un tanto -poquito- en razón al Grupo Socialista, ahora lo que hacemos es encarar el debate con ustedes. Estamos en un nuevo escenario, en donde reconozco nuestra debilidad, ustedes tienen mayoría absoluta, pero también es cierto que todo el trabajo que hicimos no fue en balde. Ahora tenemos dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, lo cual lleva a la gente inteligente a razonar, a debatir y a dialogar, ustedes desde la fuerza que les da estar en la gobernación del Estado y tener una mayoría absoluta en el Parlamento y nosotros desde este nuevo escenario que hemos creado con las dos sentencias. Aun cuando yo he sido el primero en decirle que no vale la pena echarnos las cifras por la cabeza, en el año 2011 en Cataluña se recibieron 29 millones de euros y se recaudaron 49 millones. Este es un dato, y tiene de objetivo todo lo que tiene de dígitos. Por tanto, esta es una realidad objetiva, pero como políticos, como parlamentarios, lo más importante, si me permite la expresión, es lo mencionado anteriormente, lo que hemos dicho desde esta tribuna: una nueva realidad y la posibilidad de resolver la cuestión. ¿Por qué? Porque en este ámbito no se entiende, porque hay que fomentar el compromiso de la ciudadanía y ciertamente de todos, pero sobre todo de aquellos más pudientes, en la cosa pública, en la res pública. Repito, si en Cataluña ha habido mayores aportaciones, no caigan en lo fácil, en decir que es porque hay gente que vive mejor; es porque hay 4.000 entidades -por cierto, al margen de la confesión religiosa, al margen de los territorios, unas provenientes de la izquierda incluso radical, otras del mundo católico-, todas, repito, 4.000 entidades comprometidas desde hace años no solamente en los servicios sociales y en la ayuda y el compromiso para con las personas más desfavorecidas, sino haciendo y ganando la batalla ideológica de educar a la ciudadanía que debe comprometerse en la resolución de las diferencias sociales y las injusticias, razón por la cual también se han recaudado mayores cantidades.

Hay un marco competencial que hay que respetar, incluso debo decirle que la necesidad de dialogar se


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desprende del mismo contenido de la sentencia porque la sentencia del Tribunal Supremo tampoco nos da absolutamente al cien por cien la razón a nosotros. Dice: Respecto a la exclusividad de la misma en cuanto a la fijación de las bases para la distribución y control de las ayudas. Es decir, queda claro que en todo aquello que concierne a la fijación de las bases para la distribución y control de las ayudas pertenece a las comunidades autónomas, pero luego dice: Aunque el Estado pueda -subjuntivo- determinar el montante. Es decir, ¿qué nos dicen? Ustedes tienen que entenderse, diálogo. Esta es nuestra voluntad, reconociendo todos los pros y, por desgracia, todos los contras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Tardà, si la base de la interpelación es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... (El señor Tardà i Coma: Del Tribunal Supremo.) Entiéndame, insisto en la idea. Primera idea, la vamos a aplicar y desarrollar porque para nosotros, lejos de violentar, lo que hace es completar algo tan interesante y tan importante como es la aplicación de recursos destinados a políticas sociales dentro de nuestro marco competencial. Insisto, es trabajo del Gobierno reforzar esa distribución competencial, de manera que sean las corporaciones locales las que prioritariamente desarrollen la política social en Cataluña y en toda España.

El segundo asunto que plantea -y yo le comprendo- es que usted habla de Cataluña y no de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas que pagan en Cataluña, esa es la palabra clave. Quiero decirle que no es así, que Cataluña no paga el impuesto sobre la renta, es que no existe una entidad jurídica llamada Cataluña sujeto del impuesto sobre la renta, igual que no existe en ningún país desarrollado del mundo desde que se acuñó el concepto de impuesto sobre la renta de Haig-Simons a comienzos del siglo XX, es que realmente no llegamos a más, a definir los territorios como sujetos pasivos que tienen hechos imponibles. Es que no es así. Es que en Cataluña -afortunadamente para Cataluña- hay más gente con más renta que tiene que pagar un impuesto progresivo, y eso hace obviamente -y no hay función más social- que deban pagar en función de su capacidad económica. Porque yo subo con mucho gusto a defender la progresividad de los impuestos, lo hice con motivo del real decreto-ley del 31 de diciembre y alguno de ustedes me miraba con extrañeza. Claro que los impuestos tienen que ser progresivos, lo determina nuestra Constitución. Comprendo que desde la perspectiva de la izquierda se tendrán que buscar otros argumentos, pero el Gobierno del Partido Popular defiende la progresividad de los impuestos y va a explicar que es bueno que haya más gente que pague más impuestos porque eso significa que hay más gente que tiene más nivel de renta, y es lo que le ocurre a Cataluña. Por tanto, no existe ningún otro circuito financiero o tributario que no sea en ese sentido el que le corresponde al principio de equidad tributaria. Y a partir de esa equidad tributaria, señor Tardà, podemos y debemos hablar, y deben hacerlo en esta Cámara, sobre la aplicación de esos recursos que vienen del pago del impuesto hacia fines sociales, eso es de lo que tiene que hablar esta Cámara. Efectivamente tiene que ver con la crisis económica y con las consecuencias de la crisis económica porque la crisis económica agudiza las necesidades sociales, y eso nos tiene que llevar a todos los miembros de esta Cámara a ser cada vez más responsables con que esos recursos lleguen a quienes tienen necesidad objetiva de llegar. Este debe ser el planteamiento de la interpelación, del debate y de su plasmación en una moción, que espero que salga con los apoyos pertinentes, y es el de que desde esta Cámara haya un compromiso general y común para que la gente en Cataluña y en toda España sea atendida como tiene que ser atendida en cualquier circunstancia, pero mucho más en una crisis económica como la que estamos viviendo. Ese sería el argumento, señorías, y a partir de él he de celebrar también que el Grupo Mixto de esta Cámara presente interpelaciones que puedan conducirse hacia planteamientos donde haya esa coincidencia; coincidencia de una mayoría y respeto de esas minorías, eso es la democracia, señor Tardà, esa es la democracia que deciden los ciudadanos con sus votaciones, constitución de grupos mayoritarios para dar estabilidad política y apertura y diálogo político para llevar iniciativas parlamentarias e iniciativas de gobierno desde el mayor de los acuerdos posible. Esa es la democracia española que tiene que vencer esta crisis, la crisis del paro, y que tiene que vencer también la atención eficiente como desafío de esas atenciones sociales que mucha gente en Cataluña y en España necesitan con urgencia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA ILEGALIZACIÓN DE LAS COALICIONES AMAIUR Y BILDU. (Número de expediente 172/000006.)

El señor PRESIDENTE: Finalizamos las interpelaciones con la interpelación urgente sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones Amaiur y Bildu, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías. Sé, señor ministro, que no tengo que explicarle quiénes son los enemigos de la democracia, quiero utilizar esta interpelación urgente para animar al Gobierno a usar todos los instrumentos del Estado de derecho para combatir a los enemigos de la democracia, todos y cada uno de los instrumentos del Estado de derecho. Sé que no tengo que explicar a sus señorías ni al señor ministro que esta no es una iniciativa que tenga que ver con las ideas políticas, porque el Gobierno y el ministro saben que hay ideas que son tan profundamente contrarias a la propia democracia, esas ideas que requieren de la aniquilación del adversario para que triunfen, que no son compatibles con el sistema democrático. No solamente no son compatibles con el sistema democrático, sino que la democracia tiene la obligación de perseguirlas persiguiendo a las personas que las sustentan. Esto es doctrina constitucional, es doctrina del Tribunal de Derechos Humanos y los españoles la llevamos a nuestro ordenamiento jurídico cuando aprobamos en el año 2002 la Ley de Partidos, que sigue vigente. Fue precisamente para eso, para defender la democracia de los enemigos de la democracia.

En este caso no estamos hablando en abstracto y quiero plantearlo absolutamente en concreto. Estamos hablando de la organización terrorista ETA, una organización totalitaria que a lo largo de su historia ha combinado dos instrumentos, dos formas de hacer: el crimen y la extorsión y la utilización de instrumentos legales -entre comillas- que le da el Estado de derecho para colarse en las instituciones y, desde dentro de las instituciones, derrotar a la propia sociedad plural y democrática, en la que obviamente no tiene sitio porque es la sociedad a la que combaten y a la que quieren destruir. Esta ha sido la historia del totalitarismo y la historia de ETA, que tampoco tengo que recordarles porque la inmensa mayoría de los que aquí estamos -no todos- la hemos sufrido; algunos la han protagonizado y otros -la inmensa mayoría- la hemos sufrido.

El objeto de la interpelación al Gobierno es hacerle considerar -a usted, señor ministro, que es quien me va a contestar, en primer lugar- si, como decía al principio, están utilizando todos los instrumentos del Estado de derecho para protegernos o no. A mi juicio no lo están haciendo. Quiero darles algunos datos para convencerles. Mi intención es convencerles de que hay instrumentos que no utilizan y que, al no utilizarlos, la sociedad está indefensa porque solo los pueden utilizar ustedes. Aquellos ciudadanos que quisiéramos que se utilizaran esos instrumentos para defender la democracia no tenemos la capacidad de iniciativa, más allá de plantear aquí la reflexión y el debate. Insisto en que quiero convencerles y quiero que quede claro. Casualmente hoy, en un magnífico artículo que les recomiendo publicado en El País, Fernando Savater establece todas estas premisas. Dice Fernando Savater que conviene recordar a todos -en este caso sí a todos, también a los enemigos de la democracia- que no peleamos contra ETA porque mataba a los nuestros -y los nuestros son todos-, sino que ETA mataba a los nuestros porque peleábamos contra ella. Esa es la cuestión y el centro de la reflexión que quiero plantearles a todos ustedes. No nos enfrentamos a los terroristas, a los totalitarios, porque nos mataban, sino que nos mataban porque nos enfrentábamos a ellos. No podemos a estas alturas hacer como que no pasó nada. No podemos contribuir a echar la alfombra por encima del lodo, como que no pasó nada y como que todos sufrimos. No podemos aceptar esa idea que se está instalando en una parte del País Vasco por parte incluso de algunos representantes institucionales de que todos somos iguales, de que todos hemos sufrido y de que da igual los guardias civiles que han muerto asesinados por ETA que los asesinos de ETA que han muerto mientras perpetraban un asesinato o mientras lo organizaban. No, unos son víctimas y otros son verdugos. Me pueden decir ustedes y el ministro que tienen claro que eso es así. Y yo le digo: si lo tiene claro, le pido que me permita repasar con usted algunas cosas que han ocurrido y que constituyen suficientes indicios para que el Gobierno actúe e inicie un proceso de ilegalización de Bildu y de Amaiur.

Bildu está en las instituciones vascas y navarras. Amaiur está aquí. Contra Bildu hubo un recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no permitió que se presentara; el Tribunal Constitucional, sí. Contra Amaiur no hubo nada. Les dejaron entrar sin ningún tipo de recurso ni de apelación. Y luego cambiamos la ley y en la reforma de la Loreg establecimos un criterio: incluso cuando estén dentro, si se dan las circunstancias de que se demuestra que hay una relación personal y política entre ellos y un partido ilegalizado por formar parte de ETA, se puede actuar. Pues yo les quiero dar algunos ejemplos que demuestran que ya se dan esas circunstancias. En el caso de Bildu el Tribunal Constitucional lo dice en su sentencia: No encuentro pruebas, pero si se dieran después la ley permite actuar. Yo les voy a tratar de demostrar que se han dado esas circunstancias, que hay pruebas de relación y que por tanto cabe que el Gobierno actúe.

Les citaré algunos ejemplos de nombramientos de la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián en relación con Bildu que prueban la relación política y la relación personal entre esa organización, que entró avalada por el Tribunal Constitucional, y personas que han sido condenadas y han formado parte de la estructura política de ETA. Por ejemplo, el diputado general de Guipúzcoa nombró a Iñaki Errazkin, exalcalde de Azpeitia por ANV, ilegalizada por el Tribunal Supremo por probar que era marca sucesora de Batasuna, que fue forzada a abandonar su escaño tras votar en contra de la condena de ETA en un pleno municipal; Juan Carlos Alduntzin, exalcalde de Pasajes desde 1993 a 2003 por Euskal Herritarrok, otra de las marcas blancas de ETA, responsable del departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, nombrado así por


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la Diputación de Guipúzcoa; María Beitialarrangoitia, exalcaldesa de Hernani por ANV, directora de Comunicación. Todos ellos han formado parte de la organización terrorista ETA porque así lo dictaminó el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y después el Tribunal de Derechos Humanos en una sentencia de 2009 a la que luego me voy a referir. Hay innumerables ejemplos en el Boletín Oficial, algunos también del Ayuntamiento de San Sebastián. Por ejemplo, Juan Carlos Izaguirre, el alcalde, ha nombrado a conocidas personas del entorno de ETA-Batasuna. Destaco como un ejemplo el nombramiento de Josetxo Ibazeta, exedil de Euskal Herritarrok, conocido dirigente histórico de Batasuna.

En resumen, señor ministro, es fácil comprobar para cualquiera que quiera hacerlo sin mirar para otra parte, sin eludir su responsabilidad, que todas estas maniobras constituyen un fraude de ley, que ese mundo -por llamarlo así- se rodeó de personas -entre comillas- independientes, no relacionadas para burlar la justicia, pero que una vez que han asumido responsabilidades dentro de las instituciones han tirado no del entorno, sino que han tirado de responsables de ETA, porque Batasuna es ETA, según sentencia del Tribunal Constitucional, y está disuelta, también según sentencia del Tribunal Constitucional avalada por el Tribunal de Derechos Humanos. Por tanto, estamos hablando de dirigentes de ETA que están en las instituciones democráticas tratando de destruir estas instituciones desde dentro. Hay un fraude de ley evidente.

Como decía antes, el Tribunal Constitucional nos dijo por dónde había que caminar si se probaba después que había una relación personal. ¿Qué más hay que probar? Yo creo que está probado; bueno, en realidad probado solo está cuando hay sentencia de los tribunales, pero hay pruebas indiciarias. No se puede decir: no, cuando haya pruebas, ya haremos. Pruebas no hay hasta que no hay sentencia. Tiene que haber suficientes indicios como para que uno actúe. Yo le pido al Gobierno que actúe, que actúe en esta materia porque, además de lo que he dicho sobre Bildu, tenemos entre nosotros, aquí en la Cámara, otro ejemplo sobre el que también llamo su atención y sobre el que planteo que se inicie un procedimiento de ilegalización. Me refiero naturalmente a Amaiur. Como dije antes, en el caso de Amaiur no hubo recurso previo; el Gobierno socialista, que es al que le correspondía entonces, a través de la Abogacía o de la Fiscalía del Estado, ni siquiera planteó un recurso. Recuerdo varias declaraciones de dirigentes del Partido Popular animando a que ese recurso se planteara, pero no se presentó en su momento y hoy están aquí. Están aquí haciendo el discurso de ETA. Esto también está sentenciado en el Tribunal de Derechos Humanos. No vale que los estatutos sean legales. Dice esa sentencia de 2009 a la que me he referido en varias ocasiones que han de demostrar con su comportamiento que no defienden la filosofía política de la organización terrorista, que lo han de demostrar con su comportamiento. Dice esa sentencia en unos de sus artículos, y en este caso es referido a ANV y a su ilegalización, que la no condena es vinculación y la no condena es colaboración. No lo dice Rosa Díez; lo dice en este caso creo que el punto 91 de esta sentencia. Yo he oído en la Comisión de Interior, y lo ha oído el ministro porque estaba compareciendo, al representante de Amaiur en esa Comisión de Interior hablar con la voz y con el proyecto político de ETA. He oído defender la teoría de los presos políticos y del Estado que condena y que masacra a los ciudadanos vascos. Le he oído hablar de la necesidad de defender a todas las víctimas y de citar a los terroristas como víctimas. Le he oído expresarse así y he estado presente mientras, a petición del ministro que le instaba a condenar a ETA, no decía nada, realmente no condenaba. Y vuelvo a citar al Tribunal de Derechos Humanos, que dice que la no condena es colaboración y puede entenderse como colaboración. Es decir, España tiene el aval de nuestros propios tribunales y el aval de los tribunales europeos. Recuerdo bien cuando se ilegalizó Batasuna, Euskal Herritarrok, todas las marcas de ETA. Recuerdo bien las dudas que teníamos de si esto pasaría el filtro europeo; estábamos convencidos de la justicia de lo que estábamos haciendo pero teníamos, lógicamente, las dudas de si esto pasaría ese filtro. ¿Por qué? Porque sabemos que, naturalmente, hay una sensibilidad como tiene que haber precisamente para proteger derechos y para no confundir lo que es el discurso político con los derechos fundamentales y con aquellos que son enemigos de la democracia. Y tuvimos una sentencia en 2009 que nos reconcilió, que dejó claramente establecido que el Estado de derecho y los gobiernos -y se refería al Gobierno de España- tienen la obligación de perseguirlos. Dice expresamente esa sentencia que no podemos esperar a que desde dentro de las instituciones democráticas terminen con la democracia. Pero lo dice expresamente, podría leer los entrecomillados.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe usted ir acabando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.

Que ningún gobierno puede esperar desde dentro de las instituciones a que los enemigos de la democracia terminen con la democracia. Que tenemos la obligación de proteger a los ciudadanos.

Yo, señor ministro, señores del Partido Popular pero fundamentalmente señor ministro, porque esta es una interpelación que le hago al Gobierno de la nación -tiempo tendremos la semana que viene de hablar de la moción consecuencia de esta interpelación-, le pido que revise todos estos indicios, que revise todas estas pruebas y que utilice todos los instrumentos del Estado de derecho para perseguir a los enemigos de la democracia. Ustedes pueden hacerlo; nosotros, sencillos ciudadanos aunque en este caso les hable desde la representación ostentada por la votación de los ciudadanos, no podemos más que instarles a que lo hagan. Nosotros no podemos defendernos; usted tiene, desde mi punto


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de vista -así se lo digo-, no solamente la posibilidad sino el deber y la obligación de hacerlo. (Aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor presidente, señorías, señora Díez, a mí no me ha de convencer ni al Gobierno al que represento evidentemente de lo que es ETA, de lo que es Bildu y de lo que es Amaiur, pero vivimos en un Estado de derecho y el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en relación a quien está en condiciones, como fuerza política legal, de comparecer en unas elecciones y representar a los ciudadanos. No confundamos lo que nos pueda repugnar políticamente a usted, a mí y a la inmensa mayoría de esta Cámara, con lo que jurídicamente es posible. Y digo esto en el comienzo de mi intervención porque en algún momento he tenido la sensación de que más que interpelar al Gobierno, y en este caso a mí en nombre del Gobierno, estaba interpelando a Amaiur, al mundo de ETA o a lo mejor a otra institución del Estado. Desde luego, a mí no me ha de convencer -insisto- de lo que es ETA y de lo que hemos de hacer para que ETA no solo declare, como declaró el pasado 20 de octubre, que de manera definitiva e irreversible deja, en su terminología, su actividad armada, en la nuestra, su actuación terrorista, sino que, en coherencia con el dejar de obrar, deje de ser, deje de existir, y el Gobierno ya ha fijado claramente su postura al respecto. Nosotros lo que esperamos es que ETA no solo deje de actuar sino que ETA deje de existir y, en coherencia con eso, el Estado de derecho, con toda la fuerza de la ley y con todos los instrumentos que el Estado pone a su disposición y dirigidos por el Gobierno, va a seguir actuando implacable para que ETA deje de existir.

Dije en mi comparecencia en la Comisión de Interior que el Gobierno no quiere vivir contra ETA; el Gobierno quiere vivir, como todas sus señorías o casi todas sus señorías, sin ETA. Y pedí en esa comparecencia, y creo que me entendieron a juzgar por sus respuestas, que en este tránsito del dejar de actuar al dejar de existir hemos de actuar con toda la fuerza del Estado de derecho pero utilizándola con inteligencia, con prudencia, con discreción y manteniendo la unidad de los demócratas. Y dije yo en la Comisión de Interior: unidad de los demócratas con la que entiendo que me voy, de todos los demócratas menos uno, y todos entendimos -creo- lo que yo estaba queriendo decir y a quiénes me estaba queriendo referir en aquel momento.

Me dijo usted en esa comparecencia, señora Díez, literalmente lo siguiente en su turno de portavoz: No hace falta que le diga -me decía a mí, señora Díez- que puede contar con Unión Progreso y Democracia y con la portavoz que les habla -su señoría- no solamente para apoyar la estrategia que yo había definido en mi intervención, sino para definir la táctica. Y usted legítimamente, por supuesto, si entiende que apoyar la estrategia y definir la táctica es presentar una interpelación sin hablar antes con nosotros -cosa en la que está en su perfecto derecho-, si eso es lo que usted entiende por apoyar la estrategia y definir la táctica, interpelar en los términos que ha interpelado al Gobierno, sencillamente me parece que estamos hablando con lenguajes diferentes. Y yo no me quiero pelear con su señoría en términos dialécticos, ideológicos, parlamentarios o políticos sobre esta cuestión, porque en la unidad de los demócratas yo quiero incluir, como es evidente también, al partido al que usted representa.

Insisto, hemos llegado a esta situación, a la situación del 20 de octubre no porque ETA se haya convertido a la democracia, no porque ETA haya considerado que ética y moralmente era injustificable desde todos los puntos de vista pretender obtener presuntos objetivos políticos por la vía de la extorsión, del chantaje, del asesinato, en definitiva, de lo que es la actividad propia de una organización terrorista como ETA, sino porque evidentemente ha triunfado el Estado de derecho. Y ha triunfado el Estado de derecho por la actuación implacable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la vigencia y la aplicación adecuada de la Ley de Partidos Políticos, que ha sido un instrumento fundamental en esa lucha de deslegitimación social del terrorismo, por la unidad de las fuerzas políticas democráticas, por la actuación de los jueces y tribunales, por la cooperación internacional, por el testimonio ético y moral, que tiene una fuerza indudable, de las víctimas del terrorismo. (Aplausos.) Todo eso, todo eso es lo que nos ha llevado, señora Díez, y usted lo sabe perfectamente, a la declaración por parte de ETA, con la escenificación que necesitaba ETA y la izquierda abertzale, del 20 de octubre de que de manera definitiva e irreversible -y presunta- deja la actividad armada.

Yo tengo que decir que nosotros -y cuando digo nosotros hablo del Gobierno y en particular de quien tiene que dirigir en el Gobierno la lucha antiterrorista, el Ministerio del Interior- no nos conformamos con las palabras y mucho menos nos fiamos de la palabra de una organización terrorista. Y por eso mantenemos la guardia alta, y por eso la Policía, la Guardia Civil y todos los instrumentos del Estado están muy atentos a lo que está haciendo ETA. Y tenemos información, tenemos inteligencia y estamos operando, y por eso se producen y se seguirán produciendo cuantas detenciones procedan, porque mientras ETA exista, en tanto que es una organización terrorista, una persona que pertenezca a ETA es un terrorista y, por tanto, con requisitoria o no de la Audiencia Nacional, será detenida y puesta a disposición de la justicia, como estamos acreditando y vamos a seguir acreditando.

Pero, señoría, yo hablaba de inteligencia, hablaba de prudencia, hablaba de discreción y hablaba de unidad. Y espero que esta interpelación, con la moción subsiguiente, no nos lleve a actuar sin unidad y, cuando


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menos, sin discreción, sin prudencia y, sobre todo, sin inteligencia. Señoría, usted sabe perfectamente lo que ha sucedido en relación con la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, en relación con el intento de ilegalización de Bildu, en relación con la ilegalización sobrevenida que permite la Loreg en la reforma de enero de 2011. Todo eso lo sabemos, pero la conclusión fue que la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por nueve votos a seis, declaró que Bildu era ilegal, porque concurrían en ella los requisitos que establece al efecto la Ley de Partidos Políticos y la doctrina ya acuñada por parte del Tribunal Constitucional. Pero después, en sentencia de 5 de mayo pasado, el Tribunal Constitucional revocó el fallo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo y declaró que Bildu podía comparecer; dejémoslo así. Y Bildu compareció a las elecciones municipales, a las elecciones forales en el País Vasco y es verdad que, después, Amaiur ha comparecido a las elecciones generales y los tenemos aquí. Cuando yo hablo de inteligencia y de prudencia, quiero decir, por ejemplo, que, si no tenemos elementos probatorios suficientes, bajo el principio de rebus sic stantibus, como para de manera razonable esperar que se hayan modificado sustancialmente las circunstancias de hecho fácticas y jurídicas que llevaron a ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, haríamos un mal favor a la democracia si iniciáramos ese procedimiento que usted nos está pidiendo y volviéramos a tener una doctrina y una sentencia similar por parte del Tribunal Constitucional. Sería una victoria para los que usted quiere combatir y nosotros también. No sería una victoria del Estado de derecho, o mejor dicho, de la democracia y de los demócratas. Y, sobre todo, hablo de prudencia e inteligencia, porque sabe usted que está pendiente un fallo del Tribunal Constitucional en relación con Sortu. Sortu fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y Sortu está pendiente del recurso de amparo que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

Señora Díez, a la vista de los hechos acaecidos que le acabo de recordar, ¿no le parece a usted inteligente y prudente que esperemos a ver qué dice el Tribunal Constitucional sobre Sortu, para ver si modifica su doctrina y, en consecuencia, sobre la base de los elementos probatorios y de hecho que la Policía y la Guardia Civil va acumulando, porque está muy alerta a todo lo que sucede, en ese caso iniciemos la acción que usted está persiguiendo? ¿No le parece prudente que esperemos a que sobre Sortu se pronuncie el Tribunal Constitucional, que se ha de pronunciar? Porque, insisto, ha sido ilegalizada por el Tribunal Supremo y el amparo ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. En todo caso, sepa usted -insisto- que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía están muy atentos a lo que está sucediendo, y todos los elementos probatorios que puedan servir de base para que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado y, en su caso, la Fiscalía del Estado, ejerza la acción que la Ley de Partidos Políticos establece y determina a los efectos de, en su caso, producir la ilegalización o la ejecución de sentencia que su señoría nos está solicitando.

En todo caso, le quiero volver a insistir, señora Díez, que no confundamos lo que nos repugna políticamente, a lo que usted se ha referido exhaustivamente aquí -y digo nos repugna porque compartimos la repugnancia política-, con lo que es posible jurídicamente. Las sentencias del Tribunal Constitucional son fuentes de derecho, se publican en el Boletín Oficial del Estado, y los miembros del Gobierno, cuando tomamos posesión de nuestros cargos, juramos o prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Lógicamente, en ese juramento o promesa se incluye todo el ordenamiento jurídico, en el que se integran también las sentencias del Tribunal Constitucional, que son publicadas en el Boletín Oficial del Estado, con las que democráticamente se puede discrepar, evidentemente, pero que el Gobierno, le gusten más o le gusten menos -y es evidente que algunas le gustan de una manera indescriptible-, tiene que acatar y respetar. Esas son las reglas del Estado de derecho, que valen para sentencias del Tribunal Supremo que afecten a personas singulares, que afecten a partidos políticos, y sentencias que afecten a personas físicas y personas jurídicas por parte del Tribunal Constitucional.

Concluyo, señoría. Tenga usted la seguridad -insisto- de que mi voluntad como ministro del Interior y la voluntad del Gobierno es hacer cumplir absolutamente el ordenamiento jurídico, de no permitir que ETA de una u otra manera esté presente en las instituciones y de que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo. Pero, evidentemente, estamos en un Estado de derecho en el que hay división de poderes, en el que hay un Poder Judicial independiente, en el que hay un Tribunal Constitucional. Usted interpela al Gobierno, no interpela porque no puede interpelarlos al Tribunal Supremo ni al Tribunal Constitucional, está interpelando al Gobierno y yo le respondo en nombre del Gobierno. Por parte del Gobierno se va a hacer, se está haciendo todo lo que en derecho procede y todo lo que operativamente procede con inteligencia, prudencia y eficacia para que todos los elementos probatorios que puedan hacer ejecutiva la sentencia en los términos que usted solicita o la ilegalización sobrevenida a la que usted se está refiriendo se ponga a disposición de quien procede según la ley para incoar ese procedimiento. Pero nos parece que la inteligencia, la prudencia y la eficacia exigen, en todo caso, esperar a ver qué hace el Tribunal Constitucional en relación con el recurso de amparo interpuesto respecto de la ilegalización decretada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo sobre la fuerza política Sortu.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, se lo voy a explicar de otra manera; lo mismo, pero de otra manera. Usted apela a la unidad, a la inteligencia y a la prudencia para rechazar el objetivo de esta interpelación. Dice que traer aquí una interpelación sin haberla consensuado previamente no es una demostración de querer mantener la unidad. Yo entiendo que las interpelaciones no se consensúan porque entonces ni ustedes hacen su tarea ni nosotros la nuestra. Me afea el que yo incumpla, según usted, lo que le prometí o lo que dije en la Comisión de Interior, eso de estar dispuesto a ayudarle en la estrategia y a definir la táctica. Pero es que para tener una estrategia común hay que definirla comúnmente, hay que definir la táctica comúnmente. Yo no tengo duda de que usted quiera acabar con ETA, supongo que para los dos significa lo mismo acabar con ETA. Pero sí discrepo de su táctica, de la táctica del Gobierno. Usted viene aquí y me habla de que el Gobierno tiene que respetar las sentencias. ¿Le he dicho yo que no las respete acaso? Me dice que el Tribunal Constitucional tiene que dictaminar sobre Sortu y que lo inteligente es esperar a que haya sentencia del Tribunal Constitucional antes de actuar. ¿Y por qué ustedes han decidido derogar la ley del aborto antes de que dictamine el Constitucional? Es una opción política legítima, esperar o no esperar. Yo lo que le planteo es que no esperen, que actúen. A lo que usted llama prudencia, yo le podría llamar cobardía. Quienes no se atreven a ganar pierden siempre, y en la lucha contra ETA hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia muchas pulsiones, había gente que nos decía que no hiciéramos eso porque, si salía mal, entonces les íbamos a dar una victoria. Pero muchos hemos pensado, hemos defendido, y lo hemos defendido con éxito -y la aprobación de la Ley de Partidos es un ejemplo paradigmático de esto que le estoy diciendo-, que hay que arriesgarse a ganar y que el victimismo que puedan hacer porque ganemos los demócratas no nos tiene que preocupar. La Ley de Partidos fue un ejemplo de que, cuando nos arriesgamos a ganar, ganamos.

Lo que le digo es que utilice todos los instrumentos del Estado de derecho, que no los está utilizando, a mi juicio, para ganarles, para expulsar de las instituciones democráticas a quienes son enemigos de la democracia, para actuar contra aquellos que llegaron a las instituciones por una sentencia del Constitucional -que ya lo creo que respeto, no me cabe otro remedio que respetarla-, en la que entraba la reflexión de que, si se producían actos que demostraban su relación con la organización terrorista, se podía actuar. Y le he citado una serie de actuaciones posteriores a esa sentencia del Tribunal Constitucional que vinculan a los que dirigen esas instituciones en Gipuzkoa y en San Sebastián con la organización terrorista ETA y le he citado algunos puntos de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que avala esta petición que le estoy haciendo, que nos da argumentos para ir al Constitucional. Y usted dice: Cuando ya tengamos todo, cuando esté claro... ¡Cuando esté claro, ya no hay que ir a ningún sitio! Es que ustedes tienen la capacidad, la posibilidad -y yo creo que la obligación- de actuar; -insisto- de arriesgarse a ganar. Y me dice que me fíe, que la Guardia Civil y la Policía están actuando. ¡Pero a mí de eso no me tiene usted que convencer! De que actúan la Guardia Civil y la Policía a mí no me tiene que convencer, yo soy una convencida. Gracias a que existe la Guardia Civil y la Policía Nacional. Soy una convencida. Pero es que yo no interpelo aquí a la Guardia Civil y a la Policía, le interpelo a usted, al Gobierno para que actúe. Y usted me habla de cumplir la ley, de cumplir sentencias. Permítame que le diga: no se puede utilizar el derecho en contra de la justicia. Y usted apela al derecho en contra de la justicia, de una reclamación justa, que es actuar contra los enemigos de la democracia, siguiendo el mandato del Tribunal de Derechos Humanos, que nos lo dice de una manera clarísima en los puntos 88 y 81, que no se los leo porque no tengo tiempo. El Estado, cualquier Estado democrático tiene que protegerse, no tiene que esperar a que desde dentro destruyan la democracia.

Se lo dije en mi intervención inicial: lo sabemos. Le agradezco mucho que me reconozca que estoy de la parte de los demócratas, pero realmente no necesitaba que me lo reconociera. En todo caso, se lo agradezco. Sabemos, conocemos la historia del totalitarismo, en España como en Europa. Los totalitarios no matan porque les guste matar, matan porque matar es un instrumento para imponer su modelo de sociedad contra la sociedad plural y democrática. Y nosotros tenemos que defendernos y tenemos que hacerlo utilizando -insisto- todos los instrumentos del Estado de derecho.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que ir acabando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.

Yo le he dado, señor ministro, varios ejemplos de hasta qué punto se ha cumplido lo que el Tribunal Constitucional previó. Se ha demostrado la relación personal y política más allá de toda duda entre quienes entraron en las instituciones por la sentencia del Tribunal Constitucional y quienes siguen perteneciendo a la organización terrorista ETA. Y yo le digo: ¿a qué esperan? ¿A qué esperan para actuar? ¿A qué esperan para actuar contra aquellos y a qué esperan para actuar contra estos que aquí, en esta Cámara, defienden el discurso político de la organización terrorista ETA? ¿A qué esperamos? Por favor, señor ministro, reflexionen y actúen. (Aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Señora Díez, a lo mejor hubiera deseado yo que usted, que lo tiene tan claro, fuera magistrada del Tribunal


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Constitucional. Pero, como ministro, tengo que leer el Boletín Oficial del Estado y leer las sentencias del Tribunal Constitucional, porque evidentemente tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. Eso es lo que he jurado. (Aplausos.) Además, tengo a mis órdenes al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, 155.000 efectivos. Evidentemente, la interpelación no va contra ellos, ya lo sé; pero es que son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil fundamentalmente quienes dan al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, los elementos fácticos probatorios que en todo caso pueden servir de fundamento para un eventual ejercicio de la acción correspondiente por parte del Gobierno, de acuerdo con la legitimación activa que le concede la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está claro y, por lo tanto, como usted puede imaginar, señora Díez, cuando yo digo que la Guardia Civil y la Policía están haciendo su trabajo, me refiero a que están haciendo su trabajo de información, de investigación, de inteligencia y operativo, dentro de eso se incluye lógicamente que nos van aportando todos los fundamentos, todos los hechos fácticos que nos puedan servir para, en su caso, ejercer esa acción. Por lo tanto, a todo lo que usted me ha dicho, con todos los respetos, muchas gracias, pero es eso y mucho más, señoría.

Evidentemente, yo sé lo que usted sabe y bastante más, como es lógico y como puede usted imaginar, pero creo -ya se lo he dicho- que tenemos un concepto distinto de lo que significa apoyar estratégica y tácticamente la política antiterrorista del Gobierno, que yo fundamenté en el objetivo de conseguir la desaparición de ETA, sin que obtenga a cambio concesiones políticas y consiguiéndolo con una única hoja de ruta, que es el cumplimiento estricto de la ley. Y dije: Necesitamos que la unidad de los demócratas, que nos ha servido para llegar hasta la declaración del 20 de octubre, se mantenga, y que ese tránsito lo hagamos sin romper esa unidad y actuando con inteligencia, con prudencia y con discreción. Y usted viene aquí diciéndome que, en lugar de prudencia, estamos actuando con cobardía. No esperaba, señora Díez, que usted llegara hasta ese punto. A lo mejor le tengo que recomendar que lea el tratado de Gracián sobre la prudencia, para no confundirla ni con cobardía ni con pusilanimidad, porque es una virtud muy aconsejable en la vida en general y de manera muy especial en la vida política. Se lo recomiendo. En todo caso, a lo mejor usted es la que confunde el oportunismo político con la salvaguarda del Estado de derecho. (Aplausos.)

La labor de un ministro del Interior en todo momento y muy singularmente en este en el que estamos, con una sociedad vasca y española en general esperanzadas con que podamos vivir ya sin ETA y lograr que ETA pase a ser una pesadilla del pasado, es gestionar este proceso que le he dicho, desde dejar de actuar a dejar de ser, sin apartarnos de la ley y todos los demócratas juntos, con inteligencia, con prudencia y con discreción. Le digo con todo afecto y con toda claridad, señora Díez, que creo que esta interpelación no sirve a esos objetivos, porque no se trata de arriesgarse y de que solo los que se arriesgan ganen. No, se trata de ser inteligentes, de ser prudentes y de ser eficaces. Si por arriesgarnos lo que conseguimos es todo lo contrario a lo que pretendíamos, evidentemente lo que habremos hecho es todo lo contrario a lo que usted quiere y, en lugar de ver derrotados a los que quieren derrotar la democracia, seguramente les daremos alas, y es lo que a lo mejor, si siguiéramos la estrategia y la táctica que usted que me está diciendo, conseguiríamos.

El pasado 13 de septiembre, en esta Cámara, por 315 votos a favor se aprobó una iniciativa del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto -de don Carlos Salvador, de UPN-, y usted la apoyó también, señoría. En ella se decía fundamentalmente lo que estoy defendiendo hoy desde aquí. Yo no sé qué ha cambiado sustancialmente para que usted, desde esa fecha y desde la fecha de mi comparecencia hace escasos días en la Comisión de Interior, me diga que, en lugar de con prudencia, estamos actuando con cobardía y que hay que arriesgarse para ganar. Yo creo que hay que actuar -insisto- con eficacia, haciendo las cosas como hay que hacerlas, con seriedad, con discreción, con prudencia y con inteligencia. Porque le voy a decir una cosa, señora Díez -y estoy seguro de que me va a interpretar perfectamente-, ETA hoy en día no es especialmente un problema policial, sigue siendo un problema policial porque sigue existiendo, pero no es fundamentalmente un problema policial. Hoy tiene una dimensión política que no podemos obviar y por eso hemos de saber gestionar esta situación, no como corresponde a una ETA cuando estaba en plenitud de capacidad operativa, asesinando, aterrorizando y extorsionando, sino como corresponde hoy a una ETA que está diezmada, a la que ha derrotado el Estado de derecho y que ha hecho esa declaración. Tenemos que saber convertir esa derrota policial en una victoria política de los demócratas, no en una victoria política del mundo que ha jaleado durante todo este tiempo al terrorismo. ¿Verdad que nos entendemos? (Aplausos.)

En ese camino, señora Díez, espero y deseo que usted y su grupo nos acompañen.

Confío en que la moción que se debatirá y votará el próximo martes en este Pleno haga que usted siga en esa senda que yo le pido, la de que todos juntos, los demócratas, casi todos los que estamos aquí, y nos entendemos, de manera inteligente, discreta y unidos, hagamos que ETA desaparezca sin conseguir evidentemente, como no va a conseguir mientras este Gobierno sea el que es y estemos todos unidos, ninguna concesión política.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se suspende la sesión.

Eran las doce y veinte minutos del mediodía.

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