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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 09/02/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 8
Sesión plenaria núm. 7
celebrada el jueves,
9 de febrero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. (BOE núm. 24, de 28 de enero de 2012). (Número de expediente 130/000002.) ... (Página4)

Preguntas. (Continuación.) ... (Página23)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del "Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras". (Número de expediente 172/000001.) ... (Página33)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución Española. (Número de expediente 172/000005.) ... (Página38)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos ... (Página4)

El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto de referencia.

En turno en contra interviene el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Duplica el señor Segura Clavell.

Cierra el debate el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas y las señoras Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene de nuevo el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Sometida a votación la convalidación del real decreto ley debatido, se aprueba por 182 votos a favor, 127 en contra y 29 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 153 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.

Preguntas. (Continuación.) ... (Página23)

De la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera el Gobierno que la alta tasa de abandono escolar justifica la necesidad urgente de una reforma educativa? (Número de expediente 180/000006.) ... (Página23)

Del diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Dónde ha encontrado el Gobierno el adoctrinamiento que atribuye a la asignatura "Educación para la ciudadanía"? (Número de expediente 180/000013.) ... (Página24)

Del diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué propuestas tiene el Gobierno para reducir el alarmante nivel de paro de los jóvenes? (Número de expediente 180/000002.) ... (Página25)


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Del diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuáles son los criterios con los que piensa abordar el Gobierno la reforma laboral anunciada? (Número de expedien- te 180/000014.) ... (Página26)

De la diputada doña Leire Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cómo va a abordar el Gobierno la reforma de la Ley de Costas? (Número de expediente 180/000015.) ... (Página27)

Del diputado don Sabino Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cuál va a ser la actuación a llevar a cabo por el Gobierno en relación a la central térmica de Castejón -Navarra- tras la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, declarando la nulidad del proyecto de construcción de dicha central? (Número de expediente 180/000003.) ... (Página29)

De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cree el Gobierno que es posible defender en Bruselas la unidad fiscal europea y mantener o ampliar la desunión fiscal en España? (Número de expediente 180/000005.) ... (Página30)

Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para cumplir los acuerdos de la Comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado? (Número de expediente 180/000010.) ... (Página31)

Del diputado don Joan Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Mantiene el Gobierno su intención de retrasar la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012? (Número de expediente 180/000011.) ... (Página32)

Interpelaciones urgentes ... (Página33)

Del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del "Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras" ... (Página33)

Formula la interpelación el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), en nombre del Gobierno.

Replica el señor Yuste Cabello y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española ... (Página38)

Formula la interpelación el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.

Replica el señor Saura García y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se levanta la sesión a la una y treinta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 1/2012, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREASIGNACIÓN DE RETRIBUCIÓN Y A LA SUPRESIÓN DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA NUEVAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE COGENERACIÓN, FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y RESIDUOS. (Número de expediente 130/000002.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Quiero comunicar a sus señorías, para que hagan sus cálculos, que la votación de este decreto-ley, que se hará cuando termine su discusión, en ningún caso será antes de las diez y media.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en esta primera intervención que tengo el altísimo honor de hacer ante este Congreso de los Diputados para solicitar de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración de fuentes de energía renovables y también de residuos.

Me gustaría hacer dos consideraciones iniciales al respecto. Lo que se suspende, señorías, son preasignaciones adicionales. El real decreto, por tanto, no afecta en modo alguno a preasignaciones que ya hayan sido inscritas en el correspondiente registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En segundo lugar, se suprimen incentivos económicos para nuevas instalaciones. Por tanto, el real decreto, cuya convalidación se solicita, no afecta a las instalaciones que ya estén en marcha.

Señorías, de acuerdo con las estimaciones que obran en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los costes estimados del sistema eléctrico para el año 2012, si no se toma ninguna medida por parte del Gobierno, serían los siguientes. Costes financiados con cargo a los peajes: el régimen especial -por tanto, todo aquello que incluye energía renovable, cogeneración y residuos- supondría el 37,81 por ciento del conjunto de los costes con cargo a peajes; en segundo lugar, los costes del transporte supondrían el 9,02 por ciento; en tercer lugar, los costes de la distribución y gestión comercial supondrían el 29,81 por ciento; los costes imputables al déficit de tarifa ya acumulado supondrían el 11,52 por ciento; otro tipo de costes serían el 11,84 por ciento, hasta totalizar el cien por cien.

Quiero resaltar, en relación con el real decreto que nos trae hoy a está Cámara, que los costes del régimen especial estimados para el año 2012 -por tanto, los que tienen que ver con el régimen especial de renovables, cogeneración y residuos- supondrían 7.220 millones de euros, de los cuales un 44 por ciento sería destinado a energía solar termoeléctrica y fotovoltaica; un 27 por ciento sería la correspondiente a eólica y un 29 por ciento al resto, es decir, cogeneración, biomasa, biogás y residuos. Como los ingresos no son, de acuerdo con las previsiones de que disponemos, suficientes para cubrir esa estructura de costes estimada, también se producirá un déficit de tarifa en el año 2012, con lo cual en este año en el que estamos el ritmo de incremento del déficit de tarifa seguirá siendo una realidad. Por tanto, en primer lugar, hay que frenar el ritmo de crecimiento de acumulación -de generación, en definitiva- de ese déficit y, en segundo lugar, también hay que dar solución al déficit que ya se ha acumulado a lo largo de los últimos años.

Señorías, respecto al régimen especial y al cumplimiento de los objetivos que están previstos en el Plan de energías renovables 2005-2010, quiero hacer una serie de consideraciones. En lo que respecta a la energía eólica, la potencia que se ha instalado efectivamente al año 2010 es de 21.046 megavatios. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) El objetivo de la potencia para ese año eran 20.155, por lo que la potencia real instalada en materia de energía eólica está a un 104 por ciento, cuatro puntos por encima del objetivo establecido para esta fuente en el Plan de energías renovables 2005-2010.

Por lo que respecta a la modalidad de energía solar termoeléctrica, hay que señalar que el objetivo que había para el año 2010 era de 500 megavatios instalados. La realidad, sin embargo, pone de manifiesto que al año 2010 la potencia realmente instalada no son esos 500, sino que son 849 megavatios. Por tanto, va a un 170 por ciento, lo que significa un 70 por ciento adicional respecto al objetivo que había para el año 2010 en el Plan de energías renovables. Por lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, el objetivo en megavatios previsto para el año 2010 estaba en 371 megavatios, y sin embargo la potencia real instalada en el año 2010 -en fotovoltaica, insisto- es de 4.196 megavatios, por tanto un 1.131 por ciento con relación al objetivo que se había establecido.


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Primera conclusión, señorías. Si comparamos los objetivos del Plan de energías renovables 2005-2010 con los objetivos que realmente se han conseguido a ese año, están claramente sobrepasados en las tecnologías eólica, fotovoltaica y termosolar. Estas tecnologías del régimen especial venden su energía en el mercado, pero con una particularidad, y es que la venden a un precio que viene dado por el precio del pool más la prima correspondiente. Saben sus señorías que las comunidades autónomas son las competentes para autorizar o no, a través de una autorización administrativa, las instalaciones correspondientes, y lo que corresponde a la Administración General del Estado es el otorgamiento o no de la prima, y a tal efecto se establece el procedimiento de las preasignaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

¿Cómo funciona ese sistema de preasignación? El régimen económico primado, al ser un recurso escaso, hay que ordenarlo de alguna forma, y la forma a través de la que se regula es el procedimiento de preasignación. Para ello lo que hacen los promotores es presentar ante el Ministerio de Industria la correspondiente petición, eso sí, cuando ya disponen de la correspondiente autorización administrativa de la comunidad autónoma, cuando disponen de la correspondiente licencia municipal del municipio donde va a ser la instalación, cuando disponen de un punto de conexión y además, cuestión no menor, cuando disponen de un aval bancario que les permita en términos financieros llevar la operación adelante. Por cierto, quiero decir que este tipo de proyectos suelen tener apalancamientos que van entre el 80 y el 90 por ciento, a veces con equities que están entre el 10 y el 20 por ciento y con unas rentabilidades que oscilan normalmente a partir de un 13 o un 15 por ciento. El ministerio inscribe en el registro de preasignación, y a través de ese acto está garantizando un derecho económico a quien ha solicitado la inscripción, siempre y cuando se cumpla otro requisito adicional, que es que la instalación esté construida en un plazo máximo de entre 16 y 36 meses a partir del momento de la inscripción. En todo caso, es un requisito necesario para poder tener derecho al régimen primado.

No es un requisito necesario, sin embargo, el requisito de la preasignación para construir cualquier tipo de instalación de esta naturaleza y vender la energía al precio del mercado. Señorías, en España antes de este real decreto y en España después de este real decreto cualquier persona física o jurídica que desee montar una instalación de esta naturaleza tiene absoluta libertad para hacerlo. Por tanto, por parte del Ministerio de Industria no hay ninguna objeción para este tipo de instalaciones. Por todo ello, este real decreto-ley tiene como objetivo sentar las bases para interrumpir el crecimiento del sobrecoste para el sistema por la incorporación de nuevas instalaciones primadas cada año para poder abordar en condiciones adecuadas el mayor problema que hoy tiene el sector energético en España y que viene derivado de la tasa anual de generación del déficit y el déficit acumulado que se ha experimentado a lo largo de los últimos años, por cierto, particularmente desde el año 2005. Esta constituye una primera medida para resolver el problema del déficit. No estamos diciendo en modo alguno que sea la única, lo que hace el real decreto-ley es suprimir la prima para nuevas instalaciones, lo que hace es suspender el procedimiento de preasignación para nuevas instalaciones. No afecta en modo alguno, cuestión muy importante, a ningún derecho previamente adquirido, y además tiene un carácter temporal, un carácter transitorio.

Señorías, hoy el déficit tarifario es el problema más importante que enfrenta el sector energético en general, y particularmente el sector eléctrico, para su sostenibilidad en un futuro, y es un obstáculo insalvable, si no se remedia, para poder continuar con la política de fomento a las energías renovables. A lo largo de los últimos años, señorías, se han tomado por parte del Gobierno distintas medidas para intentar paliar el problema que hoy nos trae aquí. En efecto, en el año 2009, por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y en 2010 por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, el Gobierno de entonces adoptó distintas medidas que en aquel momento se declararon como medidas urgentes para disminuir el déficit tarifario. Respecto a aquellas medidas mi grupo parlamentario, entonces en la oposición, no las apoyó por considerarlas inadecuadas al propósito que se establecía. De hecho, hay que resaltar los siguientes datos: en el año 2008 ya había un déficit energético acumulado de 13.757 millones de euros, las primeras medidas se toman en el año 2009 y, sin embargo, en el año 2009 el déficit acumulado había pasado de esos 13.757 a 16.265. Pero luego, en el año 2010, había pasado de 16.265 a 20.040 millones de euros y en este año 2011 que acabamos de terminar, y todavía pendiente de que la Comisión Nacional de la Energía haga las liquidaciones números 12, 13 y 14, la cuantía del déficit acumulado es ya de 21.717 millones de euros. Por tanto, da la impresión de que aquellos decretos que se aprobaron en 2009 y 2010, con la voluntad de ir en contra de la generación adicional de déficit de tarifa, al menos a estos efectos, no fueron eficaces.

Señorías, el déficit tarifario hoy es un problema serio, junto a la tasa de acumulación anual del mismo. No podemos quedarnos quietos, no podemos, en nuestra opinión, volver a cometer los mismos errores, hay que atacar el problema de raíz. Y en la raíz del problema del déficit tarifario hay fundamentalmente dos factores: primero, es verdad que se ha producido una caída en la demanda eléctrica que ha generado una caída en los ingresos del sistema, pero no es solo una causa por el lado de los ingresos, también se ha producido una variación por el lado de los costes, ha habido a lo largo de los últimos años un incremento persistente en los costes del sistema.

Respecto al factor atribuible a la caída en la demanda eléctrica, hay que decir que ha sido un efecto directo de la desfavorable evolución de la economía española a lo largo de los últimos años. Y eso, señorías, no requiere


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solo una solución energética, sino que requiere una solución económica global para arreglar, por tanto, una parte del problema, no en su totalidad, pero una parte del problema, aquella que viene del lado de los ingresos. Lógicamente, hay que hacer reformas económicas que permitan sentar las bases que nos lleven a una recuperación que genere consumo, que genere inversión, que genere exportaciones, que genere, por tanto, crecimiento y que, al final, pueda traducirse también en empleo. Se precisan reformas como las que el Gobierno ya ha puesto en marcha, reformas en el gasto público, como la que presentó ante esta Cámara a través de la ley de estabilidad en el gasto de las administraciones públicas el ministro de Hacienda para contribuir a solucionar una de las mayores restricciones que hoy tiene la economía española, que no es otra que el nivel excesivo de déficit público. En segundo lugar, se precisan reformas en el sistema financiero, como las que ya ha aprobado el Consejo de Ministros, para que el crédito, para que los recursos, para que los préstamos fluyan desde las entidades financieras hacia quienes pueden crear empleo en una economía de mercado: las empresas, y muy particularmente las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesaria una reforma laboral para impulsar el empleo, como la que mañana va a presentar en el Consejo de Ministros la ministra de Empleo y Seguridad Social. Esas y otras reformas deberán incrementar el potencial de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo para que así pueda aumentar la producción industrial, para que pueda aumentar la demanda eléctrica y también para que con ello puedan aumentar los ingresos derivados del sistema. Eso por el lado de los ingresos. Pero eso, señorías, es solo una parte. De hecho, hay que señalar que esa caída de ingresos a lo largo de los últimos años, en concreto desde el año 2004 hasta 2011, ha sido del 10 por ciento. Más grave ha sido en la configuración del déficit tarifario el lado de los costes, porque entre el período que va del año 2004 hasta el año 2011, el incremento de los costes atribuidos al sistema está en un 140 por ciento, y dentro de tales costes, el incremento en el coste de las primas a renovables ha subido por encima de un 400 por ciento.

Señorías, el Gobierno tiene un compromiso claro, el Gobierno tiene un compromiso inequívoco, el Gobierno tiene un compromiso irreversible con las energías renovables, con un mix energético donde las energías renovables tengan un papel importante. Durante su discurso de investidura, el presidente del Gobierno dijo textualmente que la política energética en España debe buscar un equilibrio adecuado entre sus objetivos para incrementar la competitividad, para procurar una mayor seguridad en el suministro y también para dotar de mejores efectos al medio ambiente. Ayer, el presidente del Gobierno volvió a reiterar aquí su compromiso con la competitividad y con la disminución en el coste de la energía. Sin embargo, señorías, en los últimos años, el aumento de las tecnologías que se incluyen dentro de lo que se define como régimen especial ha superado con creces, tal como antes indicaban los datos, los objetivos del Plan de energías renovables para 2005-2010. De hecho, quiero resaltar también que la potencia eléctrica total instalada en España en el año 2011 es de 106.000 megavatios, sin embargo, la demanda punta no llega ni siquiera a 40.000. La superación de los objetivos del Plan de energías renovables 2005-2010 ha generado, por tanto, el desequilibrio que hoy traemos como objeto de este real decreto.

Por todo ello, parece de sentido común, para abordar el problema de la tasa de incremento del déficit tarifario, limitar el aumento en el sobrecoste incorporado directamente a las energías incluidas en el régimen especial. No es, en modo alguno, una medida aislada. Forma parte de un paquete de medidas en las que ya está trabajando la Secretaría de Estado de Energía. Pero era un paso previo necesario para abordar de raíz el déficit de tarifa.

¿Cabrían otras alternativas distintas a las medidas contenidas en este real decreto? Muy probablemente. Cabría no hacer nada, cabría la inacción, pero eso, señorías, nos llevaría a convertir lo que hoy es un problema solo del sector energético a que, a la vuelta de unos años, pudiera verse convertido, por esa tasa de acumulación progresiva del déficit, en un problema financiero similar al que hoy tenemos en otros ámbitos de la economía española.

Quiero informar en esta Cámara, señorías, que en paralelo a la aprobación de este real decreto por parte del Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo envió a la Comisión Nacional de la Energía un oficio solicitando a este órgano regulador un pronunciamiento sobre los aspectos que considera relevantes con el fin de definir un nuevo marco regulatorio, y en particular que hiciera referencia a los siguientes aspectos: en primer lugar, respecto a las retribuciones de las actividades reguladas; en segundo lugar, respecto a la justificación de las cuantías de los activos declarados, y, en tercer lugar, respecto a las necesidades de inversión, respecto a los planes de inversión de los distintos operadores.

El Gobierno respeta en toda su integridad el compromiso europeo de que en el año 2020 el 20 por ciento de la energía final consumida provenga de fuentes renovables. El margen de maniobra disponible al efecto es más que evidente con los datos de ejecución de que hoy disponemos. Además, señorías, es conveniente que el nuevo marco regulatorio recoja los efectos sobre los costes de la maduración tecnológica que se han operado en el sector a lo largo de los últimos años, así como el efecto aprendizaje de las instalaciones ya existentes; tales efectos deberán revertir en última instancia en beneficio del consumidor.

Al propio tiempo, quiero señalar que el real decreto que hoy se trae para su convalidación a esta Cámara considera que el sistema de balance neto es una alternativa real al desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño en función de que fomenta el autoconsumo de energía eléctrica en pequeñas instalaciones. Hay ya un proyecto de real decreto que se ha enviado a la Comisión Nacional


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de la Energía que, en cuanto llegue al ministerio, será remitido al Consejo de Estado para su preceptivo informe.

Señorías, el real decreto no solo no supone paso atrás alguno en el apoyo al desarrollo de las tecnologías renovables de cogeneración o biomasa, antes al contrario, deben saber sus señorías que el Gobierno sigue apoyando todo tipo de instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan en la red, eso sí, con la remuneración resultante del mercado, y será el promotor de dichas instalaciones quien asuma el riesgo de su inversión, pero sin prima generadora de déficit tarifario, que en estos momentos ni el sistema ni la economía española puede seguir permitiéndose. La temporalidad de la suspensión, por tanto, no afecta en modo alguno a la planificación de la actividad empresarial, ya que cada promotor tiene la libertad de proceder o no a acometer inversiones siempre que las considere oportunas, eso sí, sin que estas temporalmente estén primadas.

El real decreto, señorías, no aspira a ser la única medida para sentar las bases para disminuir el déficit tarifario, al contrario, hay que interpretarlo como una condición necesaria para iniciar la reconversión y la reconducción de este problema, una condición necesaria que requiere ser acompañada de otras medidas en las que ya está trabajando la Secretaría de Estado de Energía, otras medidas que incidirán directamente en la estructura de otros costes y también medidas que van a influir directamente en la estructura de los ingresos. Señorías, serán medidas de las que tendrá cumplida cuenta esta Cámara una vez que estén desarrolladas y llevadas al Gobierno. Todas ellas estarán dirigidas a disponer de un sistema energético que sea seguro, con garantía de suministro, eficiente, y con una estructura de ingresos y costes que permita un coste razonable para las familias, las personas y las industrias, y que nos permita competir con economías de nuestro entorno, sobre todo con aquellas con las que competimos más directamente con una similitud en cuanto a los costes. Será un sistema energético que combine con el máximo equilibrio posible las tecnologías y formas de obtener energía eléctrica, sin infrautilizar ningún tipo de fuente energética. España es un país muy dependiente del exterior desde el punto de vista energético, y por tanto la economía española no puede permitirse infrautilizar ningún tipo de recurso energético autóctono, y mucho menos infrautilizar instalaciones energéticas cuya vida útil permite seguir obteniendo de ellas energía eléctrica a un coste más reducido.

Esta, señorías, no será la única medida que el Gobierno tomará respecto a la energía. Los problemas de déficit y de su acumulación exigen medidas de calado en la vertiente de los ingresos y en la vertiente de los costes. Por ello el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya trabaja en ellas. Pronto estarán preparadas para ser llevadas al Gobierno, y con posterioridad a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.

¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura Clavell.

El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, la posición inequívoca del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la convalidación de este real decreto-ley que se nos presenta, y que acaba de ser defendido por el ministro del ramo, no es otra más que el no. Nuestra posición es negativa porque entendemos que este real decreto-ley es inútil incluso para los fines que dice perseguir y que defendió el ministro, y es inútil también por sus negativos efectos sobre la industria y el empleo en España. Además, con su contenido imperativo, imposibilita la consecución de los objetivos ambientales del 20-20-20 a los que nos hemos comprometido como Estado con los socios comunitarios, y que han sido refrendados por las Cortes Generales. Con el real decreto-ley que se pretende convalidar se produce un parón en la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos, tanto a las energías renovables como a la cogeneración y a la producida a partir de residuos.

Señor ministro, usted lo ha justificado con el pretendido ahorro de más de 7.000 millones de euros que iban a destinarse a las primas al régimen especial en el año 2012, de los cuales el 70 por ciento corresponde a las renovables. Nosotros entendemos y estamos en condiciones de defender que esta supresión -que no es suspensión temporal, porque no se establece la temporalidad ni se cuantifica el periodo de tiempo de la suspensión- va a evitar, según nuestro criterio, la instalación con primas de más de 500 megavatios renovables en toda España. Esta potencia va a evitar el pago de incentivos de más de 200 millones de euros, no de más de 7.000 millones de euros. En primer lugar, entendemos que el real decreto-ley crea una imagen falsa en la opinión pública sobre los causantes del déficit de tarifa. Se criminaliza a las energías renovables haciéndolas aparecer como las únicas causantes del problema, cuando saben sus señorías que este es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que ya no funciona como asignador eficiente de precio, que no recoge los costes reales del sistema ni los costes reconocidos se transmiten después a los consumidores. Creemos que desde la óptica de una política de Estado existe la obligación de tener presente que el desarrollo que han experimentado las renovables no ha sido excesivo, ha sido un desarrollo de éxito, nos ha convertido en campeones en el mundo -permítanme esta terminología deportiva- en la implantación de energías renovables en los distintos sectores: eólico, biomasa, en todos los que podamos enumerar. Nos imitan países como Alemania, Japón, Estados Unidos, y hemos creado unas industrias superespecializadas


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generando tecnologías, avanzando en I+D, produciendo empleo, generando riqueza, haciendo aportación al desarrollo de nuestro país.

Si con este sistema ha habido años en los cuales el déficit de tarifa ha sido igual o superior al total de las primas a las energías renovables es evidente que hay otros factores que influyen de manera importante en el resultado final, por lo que nosotros defendemos que cualquier medida de este tipo, parcial, como la que ha traído el señor ministro, tendría que enmarcarse en una reforma global del sistema. De la misma manera que existe el Libro Blanco de la energía en el seno de la Unión Europea, que mandata a los países miembros a elaborar el equivalente, en una especie de trasposición homotética del libro blanco en cada uno de los países, señor ministro, no pierda la oportunidad, tráiganos un libro blando de la energía, le costará dos o tres meses elaborarlo; la documentación está, las líneas de trabajo están, y también la resolución espléndida que la pasada legislatura de estas Cortes Generales trajo consigo, la creación de una subcomisión especializada que durante cuatro años condujo a la elaboración de un documento que obra en el ministerio, que está a disposición de todos y cada uno de los miembros de esta Cámara, y que además constituye el software básico para la elaboración de ese libro blanco.

Señor ministro, según datos que obran en poder del Grupo Parlamentario Socialista, a modo de curiosidad, podemos decirle que si analizamos por comunidades autónomas y nos fijamos en algunas de ellas, la paralización que va a experimentar un montón de sectores resulta espectacular. Comencemos, por ejemplo, con Andalucía. Nos encontramos con que actualmente hay en Andalucía instalaciones de solar térmica de baja temperatura de casi 715.000 metros cuadrados de superficie, instalaciones de termosolar con 548 megavatios, el 58 por ciento de los instalados en España, 207 megavatios de generación eléctrica con biomasa, 630.000 toneladas equivalentes de petróleo en biomasa para uso térmico exclusivo, 815.000 toneladas equivalentes de petróleo en capacidad de producción de biocarburantes, 769 megavatios en fotovoltaica, 3.055 megavatios en eólica. Y esto solo en la comunidad andaluza. ¿Somos capaces de evaluar o de expresar lo que significan los datos que acabo de dar y que se han generado en una década? ¿Lo que significa de I+D, de nuevas instalaciones, de avance en la lucha contra uno de los graves riesgos que asolan, amenazan a la humanidad, que es el cambio climático, el calentamiento global derivado de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Con esas instalaciones que he mencionado en Andalucía se coadyuva a la disminución de esa emisión de gases nocivos que tan largo periodo de vida tienen en la troposfera y en la estratosfera.

Señorías, ¿qué va a ocurrir en Andalucía? Les he mencionado el conjunto tecnológico del que nos sentimos satisfechos y que ahora ya está consolidado. ¿Pero qué es lo que se va a frenar en Andalucía con este real decreto-ley? Con este real decreto-ley se van a frenar proyectos de 260 instalaciones de biomasa, de biogás, de cogeneración, de eólica, de fotovoltaica, de residuos, de termosolar, instalaciones que ha priorizado la comunidad andaluza que están pendientes de instalación ni más ni menos que en 137 municipios en Andalucía, en todas sus provincias. Son unos proyectos que permitirían incorporar teóricamente, si se ejecutasen, más de 5.300 megavatios de potencia obtenida de fuentes renovables, que supondrán 14.000 millones de euros de inversión y que generarán más de 50.000 empleos. Y ahora esto se paraliza sobre la base no suficientemente razonada de naturaleza exclusivamente económica, de naturaleza exclusivamente numérica, muy discutible por cierto, en base al déficit tarifario.

Pero, señorías, señor ministro, en Extremadura, otra comunidad con unas características idóneas para la potenciación de elementos de energía renovable, hay actualmente 3.787 megavatios de fotovoltaica, 632 de termosolar, 20.744 megavatios de eólica, 825 megavatios de biomasa y de biogás. Y esto es fruto de qué. Es fruto del éxito del Plan de energías renovables, cuyos objetivos usted dice que se han rebasado. Pero si tenemos que aplaudir a las comunidades autónomas, a los empresarios, a los trabajadores, a los tecnólogos nuevos. Tenemos que sentirnos muy satisfechos. Avancemos todavía más. ¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica, de empleo, de nuevas tecnologías en nuestro país? (Aplausos.) ¿Y qué es lo que se va a paralizar, señoría? Se van a paralizar en Extremadura 80 megavatios en fotovoltaica, 200 megavatios en termosolar, 550 megavatios en eólica, 70 megavatios en biomasa y biogás -¡es asombroso!- que van a generar del orden de 10.000 puestos de trabajo y -reitero- que van a coadyuvar en la gran lucha de la humanidad contra el calentamiento global. Y de eso usted no ha hecho ni la más mínima referencia. Claro, está cuadriculado con los numeritos que le dicta el señor Guindos.

Permítame que le indique también otra comunidad, la gallega. Usted bien sabe que los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han dirigido a la señora Cospedal, a la dirección nacional del Partido Popular, para decirle: frenen esto, que es un disparate; frenen un poco al señor Soria y a su staff. Le he mencionado Andalucía, le he mencionado Extremadura, y le voy a mencionar Galicia. En Galicia los dirigentes de la comunidad gallega, según he leído en medios de comunicación y no ha sido desmentido, han propuesto al ministerio que se mantengan las ayudas para los parques eólicos de la región en función de la caracterizada, consolidada y comprobada eficacia en lo que se refiere a rendimientos y a la optimización de los recursos energéticos. En concreto lo piden para aquellos que alcanzan las 2.500 horas de viento al año, teniendo en cuenta que la media de los parques españoles es de 220.000 horas al año; los gallegos superan los 2.600, y es posible incrementarlo con algunos parques que


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pueden llegar a los 3.500. Con ese panorama de esa intensidad eólica, en Galicia ni más ni menos esta moratoria, porque es una moratoria, va a dejar en el aire concursos autonómicos con una potencia conjunta, señor Soria, de 11.000 megavatios, con lo que eso significa. Estos proyectos ya contaban con el permiso de la Administración autonómica, tenían pendiente el visto bueno del ministerio para entrar en el registro de preasignación, al que usted ha hecho referencia, y este real decreto-ley lamentablemente deja sin ayudas públicas a las inversiones que no figuran en ese registro estatal.

Pero si seguimos con otras comunidades -porque es evidente que son ámbitos competenciales de ayuntamientos y Administración autonómica-, por ejemplo en Castilla y León -porque el tiempo no da para más- está documentada la información que le transmite este interviniente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, de que son 1.750 megavatios los que se frenan; en Cantabria 1.336; en la Comunidad Valenciana 350; en Canarias 600. ¿Verdad que le suena lo de Canarias? ¿Cómo es posible que en una comunidad como Canarias, que en efecto son seis sistemas termoenergéticos aislados, porque el kilovatio/hora que se produce en cada isla se consume en cada isla, no puede recibirse de la isla de al lado ni tampoco desde luego transmitirse a la isla de al lado, el 99 por ciento del kilovatio/hora que consumimos quienes allí residimos, las industrias, los particulares, proceda del fueloil, del gasoil, de tecnologías primitivas, tecnologías de la década de los cuarenta? ¿Cómo es posible que usted no sienta un poco de sonrojo y de tristeza? Intuyo que la tiene, aunque a usted no le criminalizo. Criminalizo el contenido del real decreto-ley. En Canarias hay que aprovechar ese artículo 3 del real decreto-ley; en Canarias y en toda la península.

El Partido Socialista -su Comisión Ejecutiva Federal- hace dos días sacó un comunicado y le pidió que retirase este real decreto-ley. ¿Cómo lo va a retirar teniendo mayoría absoluta y en condiciones de votarlo plenamente? Nosotros lo que le pedimos, si no lo retira, es que reconduzca el artículo 3 y posibilite que todas esas peticiones a las que he hecho referencia puedan materializarse. Canarias, las regiones ultraperiféricas como Ceuta, Melilla y la Comunidad balear, aunque ésta con otras características y otro tipo de conexión gasístico y a través de un cable tendido por red eléctrica con la península, no tienen los problemas de las extrapeninsulares. Lo ha sacado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde lo introdujo el anterior ministro, y lo mete en el déficit tarifario, incrementándolo. Pero desde el punto de vista político un demócrata no puede seguir soportando que a base de martillazos de reales decretos-leyes se destroce un mix energético y se produzca un retroceso. Somos demócratas, señor Soria. Traiga un proyecto de ley; traiga un libro blanco. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, gracias, señor Segura, por su intervención, por el tono de la misma e incluso por el contenido. Alguna de las cosas que ha dicho las comparto, la mayoría no, pero en todo caso se lo agradezco. Ha terminado usted su intervención diciendo que un demócrata no debe gobernar sobre la base del real decreto. Este es el real decreto uno del año 2012, por lo tanto el primero que este Gobierno ha adoptado en este año. Creo que debería mirar usted hacia otro lado si quiere encontrar verdaderos especialistas en gobernar a través de reales decretos, en vez de hacerlo a través de proyectos de ley en esta Cámara. (Aplausos.)

Señor Segura, este real decreto no solo no es negativo para la industria, sino que es justamente lo contrario. Y no es lo contrario por el hecho de que este real decreto vaya a terminar con el problema que nos trae hoy aquí, que es el problema del déficit tarifario, sino porque el problema del déficit tarifario, de no ponérsele solución, va a derivar en un problema mucho más serio para la industria, para la economía y para el empleo. Por tanto no solo no es un real decreto que va en contra de la industria, sino todo lo contrario. Lo que pretende y a lo que aspira es a sentar las bases para que, una vez que se complete con el conjunto de medidas sobre reformas energéticas que el Gobierno ya está preparando, podamos disponer de un sistema energético que no sea tan vulnerable como lo es hoy a los incrementos de costes, a las disminuciones de ingresos, y por lo tanto a la generación de déficit eléctrico.

Dice usted que el real decreto supone un parón al desarrollo de las energías renovables; no es así. No es así porque en España hay plena libertad para cualquier operador para establecer una instalación eólica, fotovoltaica, termosolar, de cogeneración, de biomasa, de biogás. No hay ningún tipo de restricción por parte del ministerio. Cuestión distinta es que luego una comunidad autónoma o un ayuntamiento decida dar o no la autorización administrativa, decida o no dar la licencia municipal. En lo que respecta a las competencias del Gobierno, del Ministerio de Industria, no hay ningún tipo de restricción. Por tanto no es verdad que haya parón.

Le diré algo más. Llevo cinco o seis semanas en el ministerio y a lo largo de este tiempo -ya antes de este real decreto- han venido operadores de dentro y de fuera de España al ministerio plateando proyectos de energías renovables que estuviesen remunerados a precio de pool sin ningún tipo de prima. La pregunta relevante es: ¿por qué hay algunos operadores que con la tecnología disponible hoy -porque lógicamente el coste de la tecnología ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años- están dispuestos a hacer inversiones al margen de las primas, y hay quienes solo pueden afrontar


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estas inversiones con primas? ¿Tendrá algo que ver eso con la generación de expectativas, absolutamente legítima en todo caso? No tiene que ver con el hecho de que los costes no lo permitan. Hay operadores que están dispuestos a hacerlo.

Señor Segura, yo no dije que con este real decreto se fuese a producir un ahorro de 7.200 millones de euros en el año 2012. Yo dije que los 7.200 millones de euros -y si me expresé mal le pido disculpas, aunque yo creo que usted no me entendió bien- eran el importe de las primas a renovables dentro de la estructura total de costes prevista para el año 2012. Y dije que de esos 7.200 millones previstos para el año 2012 solo las energías renovables iban a comportar un 39 por ciento la eólica, la fotovoltaica y la termosolar. No estamos diciendo que con este real decreto en el año 2012 ya desaparezca el déficit tarifario. Es más, yo le digo que en el año 2012 con este decreto va a seguir habiendo déficit tarifario, porque este real decreto -por cierto, a diferencia de los reales decretos del año 2009 y a diferencia del real decreto del año 2010- no tiene carácter retroactivo. Yo creo que usted recordará que aquí a esta Cámara vinieron decretos que usted mismo apoyó -mi grupo parlamentario no- que a diferencia de este decreto llevaban efectos retroactivos, y sin embargo usted no tuvo ningún inconveniente en apoyar aquellos decretos. (Aplausos.)

Por tanto, señor Segura, no tiene ninguna intención ni es el objeto de este real decreto crear una imagen falsa sobre las energías renovables en la opinión pública. Al contrario, he hablado en mi primera intervención de que una de las prioridades de este Gobierno es el real decreto de balance neto que va a permitir que en una familia pueda haber una instalación en una casa de una placa fotovoltaica para poder tener autoconsumo, para que si tiene sobrante de autoconsumo pueda verterlo a la red, para que haya un balance y que después no tenga que pagar el día que tenga una demanda superior a ese consumo que le genera su placa, y eso va a impulsar no solo la cultura de utilización de renovables en general, sino particularmente para cada uno de los usuarios particulares.

Comparto con usted lo que ha dicho en relación con el potencial exportador evidente que tiene esta industria. Soy muy consciente del posicionamiento que tienen las empresas de energía en general y particularmente las de energías renovables en el resto del mundo. Este real decreto no afecta en absoluto al posicionamiento de estas empresas en los mercados exteriores en los que tienen inversiones; no afecta en absoluto. Eso dependerá de las reglas de juego que haya en esos mercados, pero creo que esta industria está lo suficientemente madura como para que pueda seguir exportando cada vez más y seguir siendo, tal y como usted ha indicado, una industria de exportación puntera en nuestro país.

¿Hay otros factores -se preguntaba usted- que influyan en la generación del déficit aparte de las renovables? Claro que sí; no he negado en ningún momento de mi intervención que esta sea una medida que tenga que ser complementada con otras. Ahora bien es una medida que también comporta un componente importante de mensaje al sistema de que no podemos seguir asumiendo que el déficit tarifario siga subiendo como lo ha hecho a lo largo de los últimos años. Miren ustedes, señorías. (Muestra un gráfico.) Año 2003: el déficit acumulado era de 1.344 millones de euros. Pero quiero decir que en el año 2003 no se generó déficit tarifario; esa cuantía venía del déficit acumulado en los años 2002, 2001 y 2000. En tres años 1.344 millones de euros, porque en el año 2003 propiamente dicho no se generó déficit. Y a partir del año 2004 incluso disminuye, porque tampoco se generó déficit en 2004. Cuando empieza la carrera alcista en el déficit tarifario es curiosamente a partir del año 2005. Fíjense ustedes: 2005 -lo pueden ver aquí-, 5.752 millones de euros, que ya en 2006 habían pasado a 8.601; que ya en 2007 eran 13.557; que ya en 2009 eran 16.265, y así en una curva ascendente que pueden ver hasta llegar a la cifra de déficit acumulado en el año 2011. Señorías, como antes les decía, es evidente que si siguen las cosas como están lo que hoy es un problema del sector energético podría traducirse en un problema serio adicional del sistema financiero. Estamos en la obligación de tomar medidas para intentar paliarlo.

Decía el señor Segura que afecta a distintas comunidades autónomas. Es verdad. Y le diré más, hay comunidades autónomas que han planteado al ministerio dejar fuera el tema de la cogeneración porque en esa comunidad autónoma es la fuente que más interesa. Otras han pedido dejar fuera la biomasa. Otras la eólica. Y otras la fotovoltaica o la termosolar. La pregunta relevante es: si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de las comunidades autónomas? ¿Qué criterio seguimos? En segundo lugar, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto? Y si no tenemos real decreto, ¿qué hacemos con el déficit tarifario? Me decía el señor Segura: ¿por qué no hacen un libro blanco? A mí me parecen muy bien todas las reflexiones profundas y análisis que se hagan durante mucho tiempo y que queden reflejadas en un libro blanco, en un libro verde o en un libro rojo, pero en este momento tenemos que adoptar medidas respecto a las cuales no tenemos tiempo, porque si no empezamos a adoptar esas medidas, el problema del déficit tarifario se va a convertir en un problema mucho más serio del que tenemos.

Es verdad que algunas comunidades autónomas obtienen a través de estos proyectos recursos que les vienen bien a sus arcas en un momento en que hay una restricción creciente de recursos, y eso no lo voy a negar. La pregunta es: ¿tiene que ser el sistema de energías renovables el sistema a través del cual se financien las comunidades autónomas o las corporaciones locales? ¿Tiene que ser ese el sistema a través del cual se les inyecten recursos y en paralelo eso supone un incremento en el déficit acumulado de tarifa, o bien las medidas que hay que adoptar son aquellas que ha traído


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ante esta Cámara el ministro de Hacienda, para establecer medidas que puedan desahogar los pagos de las comunidades autónomas y de las entidades locales a los proveedores, a través de créditos ICO? Yo creo que eso sí que son medidas relevantes para aligerar las cuentas públicas y los déficit de las comunidades autónomas, pero no es muy acertado -lo digo con todo el respeto- plantear un sistema de financiación a base de incrementar paulatinamente el déficit tarifario.

He creído entenderle que es una medida discutible en derecho, no sé si le he entendido bien. De acuerdo con los informes de la Abogacía del Estado del ministerio -que son los informes por los cuales creo que deben guiarse las decisiones del ministerio- este es un real decreto cuyas medidas están plenamente adaptadas a derecho. Usted me decía que discutía esa legalidad y, sin embargo, no discutió la de los decretos de los años 2009 y 2010. Yo tampoco discuto la legalidad de aquellos decretos, cuestión distinta es que no compartiéramos el contenido. Como digo, yo tampoco la discuto pero quiero poner de manifiesto lo curioso que me parece que usted no discuta en absoluto la legalidad de unos preceptos que introducen retroactividad sobre determinados derechos y en cambio esta, que es una medida que establece efectos cara al futuro, usted la discuta en derecho; en todo caso tiene su perfecto derecho. La pregunta relevante que debemos hacernos es si, en una economía cuyo sistema eléctrico tiene una capacidad de potencia instalada de 106.000 megavatios y una demanda punta que no llega a 40.000, hemos de seguir aumentando hoy esa capacidad de potencia instalada. ¿Tenemos hoy en España un problema de suministro de energía? ¿Debemos seguir incrementando además esa capacidad potencial instalada -que más que dobla la demanda punta- a través de primar justamente aquellas energías que más caras son precisamente por ese sistema de primas? Nosotros entendemos que no, señoría; creemos que es el momento de hacer una reflexión y, temporalmente, ver cuáles son los efectos de esta medida, junto a otras que también traerá el Gobierno ante esta Cámara.

Finalmente una consideración respecto a lo que ha comentado de Canarias. Usted sabe como yo, señor Segura, que Canarias tiene un régimen especial, pero no por este real decreto ni porque usted y yo seamos canarios; tiene un régimen especial porque el sistema eléctrico en Canarias no tiene nada que ver con el sistema eléctrico del resto de España. Si por ejemplo en Extremadura se da un cero o un apagón total, el Sistema Eléctrico Nacional puede alimentarlo con energía que puede venir de cualquier otra parte de España, porque hay una interconexión en toda la península Aquí, en la Península, estamos interconectados con Portugal y con Francia; otra cosa es que tengamos que mejorar las interconexiones, que también vamos a mejorar. Ahora bien, cuando se da un cero en la isla de El Hierro no hay manera de traer luz de La Gomera; cuando se da un cero en la isla de La Palma no hay manera de traer energía eléctrica de la isla de Gran Canaria, porque en Canarias no hay un solo sistema eléctrico, hay seis, señorías, porque las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las únicas que están interconectadas. En Canarias -tal como usted ha señalado muy bien- resulta que producir es mucho más caro que en el resto de España. ¿Por qué? Porque en Canarias, por la distancia, lógicamente, es mucho más costoso llevar los inputs y las materias primas. Se da otra circunstancia en Canarias, por la abundancia de horas sol, superior al resto de España, y por la abundancia de horas viento, superior al resto de España; se da la paradoja de que es más barato producir con energías eólicas y solares fotovoltaicas que producir por ejemplo con las fuentes de energía primarias convencionales. Claro que Canarias tiene un régimen especial pero, insisto, no por este decreto, ni antes del decreto, ni después del decreto. Canarias tiene un régimen especial, porque si no existiera tampoco existiría el régimen conocido como de los costes de las extrapeninsulares, que justamente están destinados a paliar el aumento de coste que se produce en Canarias y en Baleares, aunque Baleares, como usted ha señalado también, es un archipiélago que tiene una conexión con el resto de España, con la Península.

Señoría, como le decía al principio, algunas de las cosas que ha planteado las comparto, la mayoría no. Este es un real decreto que no solo no desfavorece a las energías renovables, sino que estas pueden seguir instalándose con absoluta libertad en cualquier parte de España. Quiero subrayar que hay iniciativas para instalar energías renovables sin que tengan que estar primadas. Una de las grandes ventajas del desarrollo de estos sistemas a lo largo de los últimos quince años ha sido precisamente que se ha podido disminuir el coste, que nos ha hecho competitivos y que además nos permite exportar esa tecnología, invertir fuera y posicionarnos en el resto del mundo.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Vamos a pasar al turno de fijación de posición. (El señor Segura Clavell pide la palabra.) ¿Señor Segura?

El señor SEGURA CLAVELL: Pido un turno de réplica. El Reglamento lo posibilita.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No ha sido usted muy contradicho, pero tiene tres minutos.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, desde hace treinta años he publicado artículos académicos sobre el sistema energético canario. Entiendo que ni usted ha pretendido darme clases ni yo pretendo darlas; conocemos la singularidad, y vamos a dejarlo así. Desde el ejercicio responsable de su ministerio, desde luego le pido, utilizando el artículo 3, que


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posibilite el relanzamiento, el aprovechamiento de un contenido energético que nos caracteriza. Tenemos una energía propia: el viento, el sol, la masa forestal; y así ocurre en otras comunidades. Primer aspecto. Segundo, señor ministro, soy un veterano parlamentario de este grupo, del Grupo Parlamentario Socialista; he vivido varias legislaturas, he votado reales decretos-ley y tenía la misma sensación: alguna vez hay que parar. Aprovechen la oportunidad de esta mayoría absoluta. Haga un proyecto de ley nuevo del sistema eléctrico nacional. No lo saque fraccionadamente, sector por sector. Tercera consideración. Desde esa veteranía a la que he hecho alusión, recuerdo, gobernando don José María Aznar en el año 1997 y teniendo como ministro de Hacienda al señor Rato y como ministro del ramo al señor Piqué, colega suyo, la modificación de la Ley del Sector Eléctrico nacional y aquella fórmula tan discutida, de la que tanto se beneficiaron los grandes lobbies energéticos españoles, que fue el coste a la transición. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En el año 2005 -porque usted ha empezado desde 2003- se acumularon 8.500 millones de euros de beneficio para los grandes operadores derivados de ese coste de la transición. No tengo el más mínimo rubor, ni mi grupo parlamentario, de mirar hacia atrás y desde luego de mirar hacia delante en un plan constructivo y positivo.

Hay mucho por hacer. Se ha celebrado la cumbre de Copenhague, la de Durban, la de Cancún, y se avanza, se diga lo que se diga, en esa lucha mundial que tiene la humanidad contra el cambio climático. ¿Cómo es posible que este país, que ha sido abanderado de nuevas tecnológicas, dé este paso atrás? Por último, coja la prensa de hoy y de toda la prensa regional, de todas las comunidades autónomas, y se quedará escandalizado porque ponen el grito en el cielo con respecto a la convalidación de este real decreto-ley. Sugiera a sus compañeros paralizarlo e intentar reconducir una situación que en nada nos beneficia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor Segura, sabe que le tengo un gran respeto y un gran afecto. Sé de su especialidad en materia industrial y energética y sé de su actividad muy prolífica escribiendo. Yo tengo que confesarle que en treinta años he escrito muchos artículos, pero no de energía, sin embargo respeto mucho los que usted ha escrito. Eso no significa que en mi condición de ministro de Industria y Energía no pueda traer hasta esta Cámara algunas decisiones y medidas como las que están incluidas en este real decreto, porque están inspiradas, estudiadas y analizadas por expertos en energía, que los hay, y muy buenos, en el Ministerio de Industria y Energía, que tienen un conocimiento del sector muy profundo y en los cuales, a los efectos de medidas de carácter técnico como estas, baso prácticamente el cien por cien de la decisión. Yo no soy un veterano parlamentario. De hecho, me he estrenado en el día de hoy ante esta Cámara, he estado algunos años en el Parlamento de Canarias, pero yo celebro que después de tantos años de veteranía que usted tiene en este Parlamento hoy por fin haya manifestado su deseo de que no sea una práctica habitual gobernar a base de decretos-leyes. Lo único que lamento es que no expresara exactamente lo mismo hace muy poco tiempo, cuando no gobernaba mi partido sino el suyo. (Aplausos.)

En tercer lugar, en relación a los costes de transición a la competencia es verdad que las medidas para paliar el déficit de tarifa en su doble componente -tanto paliar el déficit acumulado como taponar el ritmo de crecimiento anual del déficit- no pueden ser solo medidas por el lado de los ingresos ni de los gastos, no pueden ser solo medidas por el lado de los costes que afecten a las renovables. Por eso he insistido tanto a lo largo de mi exposición en que lo que hoy se trae aquí es un conjunto de medidas que forman parte de un todo, en las que está trabajando ya la Secretaría de Estado de Energía y que, en cuanto estén culminadas, serán llevadas al Gobierno y luego traídas a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Culminado el turno en contra pasamos ahora al turno de fijación de posiciones de los grupos. Comenzamos con el Grupo Mixto, que tendrá tres intervinientes, y empieza el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley, y lo haremos por dos motivos fundamentales: el primero, porque consideramos que los efectos de este decreto, pese a que usted lo niegue, serán la paralización de las inversiones y de la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables. El Gobierno apela al incremento del sobrecoste por el concepto de primas para justificar este decreto, pero no tiene en cuenta otros factores extraordinariamente relevantes. Primero, las energías renovables son las responsables de que España haya dejado de ser importadora de energía eléctrica en términos netos. Segundo, su aportación a reducir las emisiones de CO2 y la dependencia de los combustibles fósiles no solo es importante por razones medioambientales, también lo es desde el punto de vista económico en la medida en que reduce nuestra dependencia energética y contribuye a equilibrar la balanza comercial. En tercer lugar, además, las energías renovables constituyen un sector económico emergente, formado por empresas


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con importante presencia en el exterior y con una importante aportación de conocimiento, tecnología y valor añadido a la actividad económica. En definitiva, es un sector fundamental para modificar el patrón de crecimiento que nos llevó a esta crisis económica. Segundo motivo de nuestra oposición: la tramitación de esta norma no ha sido consensuada con las comunidades autónomas, pese a que tienen importantes competencias en la materia. Les recuerdo, señores del Grupo Popular, que su partido criticó con dureza el borrador de real decreto que el anterior Gobierno presentó en octubre de 2011 y que pretendía una rebaja de las primas del 44 por ciento. Ahora, ustedes abrazan de manera entusiasta su total y definitiva desaparición. El propio conselleiro de la Xunta de Galicia afirmaba que aquel borrador restaba competencias a las comunidades autónomas, primaba la ineficiencia y generaba inseguridad jurídica en los inversores. Señorías, todo esto es de aplicación con mucho más motivo a este decreto; un decreto que además será muy perjudicial para Galicia, donde las energías renovables deben favorecer la industrialización de nuestro país e inducir inversiones asociadas. De hecho, señorías, en 2008 en Galicia se puso en marcha un ambicioso concurso eólico que aseguraba una inversión en nuestra tierra de 1.400 millones de euros. A pesar de ser revocado este concurso por el actual Gobierno autonómico, el Gobierno del señor Feijóo tramitó un nuevo concurso que, según sus propios datos, por muy exagerados que fuesen, conllevaría una inversión de 3.500 millones de euros y el compromiso de realizar proyectos industriales asociados por valor de otros 3.000, así como la creación de 14.000 puestos de trabajo. Un plan que ahora este decreto deja total y absolutamente en papel mojado. En suma, este decreto frena en seco el desarrollo de las energías renovables, confiando el futuro energético del sector español a los intereses de las grandes compañías eléctricas y a la dependencia de los recursos exteriores. Además, este decreto impide que Galicia pueda desarrollar su economía y su sector energético a partir del aprovechamiento integral de recursos renovables endógenos. Estas, señor ministro, son las razones de nuestra rotunda oposición.

Permítame, antes de concluir, hacer otras dos consideraciones. En primer lugar, cualquiera que sepa escuchar entre líneas, después de haber oído su intervención llegará a la conclusión de que lo que ustedes pretenden es nucleares sí, renovables no. Eso es lo que se esconde claramente en este decreto. Además, si quieren modificar, si quieren corregir el déficit tarifario, les propongo que modifiquen la Ley del Sector Eléctrico, una ley heredada del Gobierno Aznar, una ley que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo la valentía de modificar. Modifiquen la Ley del Sector Eléctrico para evitar, entre otras cosas, lo que en el sector se conoce como beneficios caídos del cielo, fruto de la sobrevaloración de los costes de generación de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica, instalaciones que están total y absolutamente amortizadas y que proporcionan a las compañías eléctricas unos beneficios total y absolutamente escandalosos. Empiecen por ahí, en vez de decir no a las energías renovables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Continúa ahora la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, empezaré con una constatación, las energías renovables son el futuro, pero lejos de apostar por este futuro, mediante este real decreto este futuro lo van a obstaculizar en beneficio de la patronal eléctrica, de cinco grandes empresas, casualmente las cinco participadas en buena parte por bancos y fondos de inversión. Esquerra defiende las energías renovables básicamente por tres motivos: el primero, porque son energías limpias, también porque son energías propias y, básicamente, porque además son energías generadoras de empleo. Ustedes, sin embargo, apuestan por la energía nuclear, con los graves peligros sociales, económicos, medioambientales y humanos que comporta. También apuestan por los hidrocarburos, que incrementan la dependencia del exterior y por lo tanto el déficit comercial, así como las fuertes emisiones de CO2.

Sigo con otra constatación. La tendencia de las renovables es el abaratamiento del precio, mientras que la tendencia a los hidrocarburos es el del encarecimiento, con el consiguiente impacto que tendrá en la factura de la luz y sin tener presente que no se paga el negativo impacto medioambiental. Por cierto, se ha dicho aquí, me parece recordar: incumplirán todos los compromisos y directivas europeas en eficiencia energética y renovable. Se argumenta estos días y se demoniza también sobre las subvenciones en las energías renovables, pero sin tener en cuenta los pagos públicos a costes externos al sector eléctrico como los de las infraestructuras gasísticas o las sonadamente pagadas infraestructuras hidráulicas o nucleares. Asimismo, tampoco se tiene en cuenta el encarecimiento de los precios pactados por el cartel energético, el déficit y dependencia exterior o incluso el gasto diplomático y armamentístico para garantizar los suministros. Señorías, las subvenciones de las renovables no son gasto, las subvenciones a las renovables son inversión. Afortunadamente, la península Ibérica tiene unas condiciones geográficas que benefician la proyección de estas energías. Gracias a la iniciativa empresarial y a una política adecuada particularmente basada en la investigación podríamos estar a la vanguardia mundial especialmente en energía fotovoltaica, pero hasta en esto nos ha superado Alemania. Si en lugar de importar energía y pagar a los trabajadores que la producen en otros países apostáramos por esa proyección, supondría una mayor generación de empleo aquí en lugar de destruirlo, como hacen con este real decreto. Para colmo, en un momento de paro histórico, se ceba con un sector


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generador de empleo y además lo hace en zonas rurales y en zonas especialmente deprimidas, pero eso no es todo. Debemos sumar también a esa cuenta el castigo a todas aquellas empresas, a todas aquellas familias que invirtieron en su día en la producción fotovoltaica; unas familias y unas empresas que creyeron en las políticas de incentivación de las renovables que el propio Gobierno impulsó, por cierto prácticamente la mitad de ellas familias y pequeñas y medianas empresas. Y para mayor inri, más allá de la inseguridad jurídica presente y desconfianza futura, van a ser las que más dificultades tengan para renegociar su financiación y salvarse o para buscar amparo en la justicia.

Un breve apunte sobre lo que significa este real decreto en Cataluña. En las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre el impacto sería enorme. Un total de 46 proyectos eólicos están en peligro, 32 de las Terras de l'Ebre y 14 del Camp de Tarragona. Entre los proyectos amenazados se encuentran los 3 parques previstos en Tivissa, 3 más proyectados en el límite del Priorat con la Ribera de l'Ebre, uno en Montferri, en el Pinell de Brau, en Flix, en Riba Roja d'Ebre, en Vilanova de Prades y en Riudecols, entre otros. Aparte de estos, hay que añadir los adjudicados mediante concurso público de la Generalitat a la Terra Alta, la Ribera de l'Ebre-Baix Camp y Segarra-Conca de Barberà. En cuanto a la biomasa, parece que quedará parado el proyecto de Albons, en el Alt Empordà, Comarques Gironines, y aparcará definitivamente la posibilidad de darle salida a la central de Cercs que se podría reconvertir en una central de biomasa. Voy acabando. Asimismo, en las Comarques Gironines al menos 8 plantas de biogas proyectadas por dos ingenierías podrían quedar paradas si el Gobierno no aprueba un nuevo sistema de bonificación en la producción de este tipo de instalaciones. Por cierto, esperamos que los regímenes económicos específicos las incluyan y no castiguen más, por favor, a Cataluña. Pero ese real decreto, no solo pone en peligro...

El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, tiene que acabar.

La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, señor presidente.

No solo pone en peligro a determinadas empresas y territorios sino a la propia industria en sí. La pregunta, señor ministro, es muy clara: ¿Quiénes son entonces los beneficiarios de este real decreto? ¿A Quién beneficia este real decreto? La respuesta debemos buscarla en la factura en la luz y, si no, en las cuentas de resultados de las empresas que nos envían dicha factura de la luz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Como último interviniente del Grupo Mixto, la señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor presidente, señorías, señor ministro, sabemos que la política energética es estratégica por sus importantes implicaciones sociales, medioambientales y económicas, y lo es sea cual sea el modelo socioeconómico por el que apostemos, modelo en el que naturalmente Amaiur y este Gobierno diferimos; es estratégica también en cualquier ámbito de decisión, tanto en el marco soberano que reivindicamos para el País Vasco como para este en el que nos encontramos. Desde esa premisa y viendo que el modelo energético al que dirige este real decreto-ley se aleja totalmente del que defendemos, queremos trasladar aquí nuestro planteamiento pensando que la apuesta por los modelos energéticos sostenibles es la única con futuro y buena para todo el mundo. Es decir, es necesaria una actuación pública no dependiente de intereses privados para lograr otro modelo energético basado en tres pilares fundamentales: uno, la reducción del consumo energético -por cierto bajar un grado en estas instalaciones también estaría bien-; la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos; y, muy importante, la progresiva sustitución de las energías fósiles por las renovables.

Ayer mismo decía aquí el señor Rajoy que hace falta una política global para salir de esta crisis y sobre todo crear empleo, y la política energética es parte fundamental de esa política global, muchísimo más aún en estos tiempos de crisis en que debemos replantearnos tantísimos aspectos. También dijo en la sesión de investidura que España sería totalmente diferente después de esta crisis, y desde luego se están empeñando ustedes en ello. Hasta ahora todas las medidas van dirigidas a echar este coche marcha atrás, mirando por el retrovisor: recortes sociales y económicos, subidas de impuestos, amenazas de medidas medioambientales, retrocesos en Justicia y ahora en energía. Todas las medidas van en el sentido contrario a la sostenibilidad social, económica y ambiental, pero directamente a la dependencia sostenida de agentes energéticos. ¿Por qué no se deja de subvencionar a las demás formas de energía? Porque imperan otros factores políticos, militares y diplomáticos. ¿Por qué no se eliminan los pagos con capacidad y se siguen permitiendo, como antes decía el compañero del BNG, los beneficios caídos del cielo que disfrutan las centrales nucleares e hidroeléctricas? La ONU ha declarado 2012 Año internacional de las energías sostenibles y paradójicamente, nada más comenzarlo, se decide este parón de las energías limpias. Con la excusa de que se ha superado el objetivo de la potencia instalada y el famoso déficit tarifario, ocultando muchos datos a los consumidores y consumidoras, por ejemplo todas las medidas que se podrían llevar a cabo sin perjudicar el desarrollo de las energías limpias y desde luego apostando por el beneficio a las grandes compañías eléctricas -que ya se ha comentado-, se anima a seguir quemando combustibles fósiles -con su dependencia, este Estado es importador neto de combustibles- y sus gravísimas emisiones de CO2. Se nos dice


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que la capacidad de generación instalada proveniente de todas las fuentes de energía es más que suficiente para cubrir la demanda prevista para los próximos años; claro, pero es que tiene que haber un proceso de sustitución de energías fósiles por las renovables, y eso es lo que parece que no interesa. Efectivamente, aquí lo ha comentado el señor Soria, España tiene instalada una potencia eléctrica que es más del doble de la que necesita, pero este último año ha aumentado más del 25 por ciento la emisión de CO2 porque ha bajado un 10 por ciento la producción de renovables. Es decir, hay que apostar por la sustitución de renovables, no vale solo con construirlas si luego son las primeras en apagarse cuando hay una superproducción.

El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, tiene usted que terminar.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Sin embargo, sí se apuesta -y esto es más preocupante aún- por las nucleares, esa supuesta energía barata, con costes incalculables e inadmisibles. Este Gobierno, que para otros temas hace un seguimiento tan fiel de lo que marca la señora Merkel, debería tomar nota de su trayectoria. Alemania pretende eliminar la energía nuclear en diez años y para el año 2050 el 80 por ciento de la energía de ese país procederá de fuentes renovables. Su decisión no viene de tan lejos, es a raíz del desastre de Fukushima cuando cancela siete reactores y la última planta inaugurada y se toman decisiones para sustituir la nuclear por la eólica. Tomemos nota. Mientras tanto, nosotros tenemos la amenaza de Garoña, de prolongar la vida de la central más vieja y obsoleta de Europa; y en Navarra, que es puntera en tecnologías renovables, sigue en marcha ilegalmente la central térmica de Castejón.

El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, tiene usted que terminar porque su tiempo es compartido como Grupo Parlamentario Mixto.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Sí, acabo enseguida, señor presidente.

Todo esto parece un despropósito mirándolo desde cualquier ángulo. Cuando lo lógico sería ahorrar en consumo de energías que agravan la crisis y suben el déficit comercial, los precios y las emisiones de CO2, se anima a consumirlas más y a frenar las inversiones en fuentes renovables, que impulsan el empleo, la innovación tecnológica y la competitividad, con una importante participación en el PIB. Es decir, se apuesta por la destrucción de empleo, la deslocalización industrial y la transferencia tecnológica a terceros países.

El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, ha terminado su tiempo, que ha excedido con mucho. Le ruego que dé por terminada su intervención.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Antes de nada quisiera señalarle, señor ministro, que comparto plenamente su preocupación en relación con el déficit tarifario y, por lo tanto, el motivo principal del real decreto-ley que hoy nos trae para su convalidación. Nuestro grupo parlamentario votó en su día a favor de la paulatina desaparición del déficit tarifario y creemos, en coherencia, que no debe ni puede seguir aumentando sine díe. Hoy alcanza una cifra cercana a los 24.000 millones de euros y, de no poner remedio cuanto antes, puede seguir aumentando con el consiguiente perjuicio que de ello se deriva en la actual y en la futura tarifa eléctrica. Los ciudadanos y las empresas no deben ser los paganos de estas facturas vía recibo de la luz o vía impuestos, especialmente en una situación difícil como esta en que nos encontramos merced a la crisis económica. Se han de controlar y racionalizar los costes energéticos y este real decreto-ley lo pretende, aun haciéndolo a nuestro juicio de modo excesivamente parcial. Creemos, pues, que hay que reducir el déficit tarifario, pero de la misma manera consideramos que no solo es posible hacerlo con lo que ya se denomina hoy el parón renovable. Como señalaré, hay otros muchos factores que forman parte del déficit y que habría que tomar en consideración a la hora de reducirlo. Quiero señalar en esencia que el tema es lo suficientemente importante y complicado como para tomarlo en serio y planificarlo adecuadamente.

El punto de partida o la situación actual están configurados por multitud de factores que es preciso considerar. La crisis económica ha motivado que la demanda eléctrica esté hoy en niveles inferiores a los del año 2008; es decir, el negocio eléctrico se comprime. Por otra parte, existe una burbuja inversora, consecuencia de errores de previsión privados y de mala gestión pública que ha generado un evidente exceso de oferta -al menos en lo relativo a los ciclos combinados y a las fotovoltaicas-, agravado por la ausencia de cierres significativos de tecnologías convencionales como la nuclear o el carbón. También la irrupción de nuevas tecnologías renovables es un factor a tener en cuenta que ha alterado el statu quo del sector, ante lo que no todas las empresas tradicionales han reaccionado con la misma rapidez ni de la misma manera. Se ha producido una consolidación definitiva de las energías renovables, que pasan de ser algo anecdótico a formar parte integrante y creciente del mix energético. El marco regulador también es complejo, señor ministro, con una gran intervención de las comunidades autónomas, que son competentes en gran parte de las materias energéticas. También existe un mandato europeo claro a favor de la sostenibilidad energética y defensa del cambio climático. Además, a partir del


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año 2005 aparece el famoso déficit tarifario, que se retroalimenta y que actualmente ha escapado al control que debería haber tenido.

A pesar de este panorama, creemos que la política energética es una política estructural de medio y largo plazo, cuyos fines e instrumentos han de ser estables y consensuados por las administraciones públicas, por los grupos políticos y por las empresas del sector. El déficit, con toda su relevancia, es un problema meramente coyuntural y su necesaria solución no debe contaminar la política estructural, que es la de resolver la falta de independencia energética, la seguridad de suministro y la sostenibilidad medioambiental, que han de determinar el mix energético. Todas estas cuestiones, que ya fueron abordadas incluso en la subcomisión de estrategia energética en la pasada legislatura, deben ser revisadas y, a nuestro juicio, objeto de un nuevo consenso. Tenemos que tratar de evitar culpabilizar a las renovables como las únicas responsables del déficit tarifario. Quizá sea necesario plantear el ritmo de crecimiento de las renovables, que en el pasado aumentaron en exceso por problemas administrativos y políticos por todos conocidos, sin olvidar que las primas de las energías renovables suponen tan solo un 15 por ciento del coste energético. La distribución, los déficits pasados, la interrumpibilidad, los extracostes insulares, el carbón y los pagos por capacidad conforman también una parte sustancial de dicho coste. Le invito, por lo tanto, señor ministro, a ahondar en el análisis, en la evaluación y en la toma de medidas en relación con el conjunto de los factores que conforman el déficit tarifario. Además, creemos que el real decreto-ley debería establecer el periodo concreto en el que se produce el parón y que los afectados, las empresas del sector, deberían conocer el alcance real de este decreto. Me temo, señor ministro, que en este real decreto-ley no se contemplan todas las medidas, ni mucho menos, que el Gobierno va a tener que adoptar en este campo. Si me lo permite, quisiera también señalarle que consideramos necesario que para aquellas tecnologías que no hubieran cubierto sus objetivos de potencia, y de acuerdo a la excepción que se establece en el artículo 3.3 del real decreto-ley, el Gobierno estableciera en el plazo más breve posible los regímenes económicos específicos para que las instalaciones de cogeneración, biomasa y residuos pudieran continuar su desarrollo, que permitiría, además de aportar consecuencias positivas para la economía y el empleo, mejorar el tejido industrial y agrícola, tan necesario en estos momentos.

Para finalizar, nuestro grupo quisiera decirle lo siguiente: queremos participar en el debate sobre las medidas que el ministerio trate de impulsar en materia energética, si es posible. Entretanto, dados los argumentos expuestos con relación a la complejidad del sistema y lo puntual de las medidas que recoge el real decreto-ley, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de las mismas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, presidente.

A nuestro grupo le interesa sobre todo averiguar si el actual real decreto-ley que estamos debatiendo fija realmente una tendencia y una política en dos cuestiones importantes. La primera de ellas es si va a haber por fin una verdadera política energética nacional. En lo que hay consenso y acuerdo entre todo el mundo es en que en España hasta ahora lo que hemos tenido han sido ocurrencias energéticas, quizá algunas muy enérgicas pero lo que no ha habido es una verdadera política energética nacional. De manera que la primera cuestión que nos interesa es si este real decreto avanza en ese sentido, si va a servir por tanto para implementar una verdadera política energética nacional o si, sencillamente, es una más de las ocurrencias que se han ido sucediendo desde que, creo que allá por 1997, cuando gobernaban ustedes, otra inició el problema del déficit tarifario. La segunda cuestión relevante respecto a este real decreto es si avanza la política de transparencia que ustedes anunciaron como el estilo fundamental del Gobierno actual. Lo digo porque hay también un general acuerdo en que uno de los problemas que tenemos es justamente la opacidad y oscuridad de todo lo que tiene que ver con la fijación de precios de la energía. Uno de los objetivos que debería tener esa política energética nacional es fijar un sistema de formación de precios de la energía que fuera claro y transparente.

Por tanto, nos interesaría averiguar, saber si este real decreto avanza en esos dos sentidos: si vamos hacia una verdadera política energética nacional, digna de tal nombre, y si esa política energética nacional va a tener esa cualidad democrática esencial de la transparencia. A ese respecto, la conclusión es que este real decreto resulta confuso, por dos razones. En primer lugar, porque fija como sus objetivos avanzar hacia la supresión del déficit tarifario y, por otra parte, porque también pretende avanzar hacia una mejora del déficit público, es decir, hacia un ahorro de las inversiones en el campo de la energía. ¿Con qué nos encontramos a este respecto? En realidad, el déficit tarifario, causado, según parece ser -en esto tampoco hay un gran acuerdo-, por las primas a las renovables, no supone un gran avance... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Martínez Gorriarán. Ruego silencio, porque es imposible que se oiga al orador si no hay silencio en los escaños.

Siga, señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Además, es un tema luminoso. Creo que debemos prestarle alguna atención.


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Decía que este decreto, en lo que se refiere al déficit tarifario, difícilmente significa un progreso, porque ese déficit tarifario está básicamente imputado a la prima de renovables que pagamos los consumidores en la factura eléctrica. En la medida en que este decreto-ley no tiene efectos retroactivos, esas primas se van a pagar prácticamente igual. Esas primas significan, según algunos cálculos -ya digo que este es un campo oscuro-, el 22,2 por ciento de la factura de la luz que pagamos todos los consumidores, los domésticos y también, en otro nivel, los industriales. Como el decreto no tiene efectos retroactivos, eso no va a cambiar; la factura de la luz no va a bajar de precio y el déficit tarifario tampoco.

Respecto al ahorro público de inversiones en el campo de las energías, la estimación es que esto significaría un ahorro de unos 160 millones de euros anuales durante su periodo de vigencia, que, por cierto, tampoco establece. Creo que sería muy razonable, como ya se ha dicho, que esta moratoria a las primas tuviera un plazo de tiempo definido y no que estableciera una indefinición que, digan ustedes lo que digan, sí daña las inversiones en un campo en el que se crea incertidumbre, sobre todo para los nuevos inversores, para las pymes de la energía, a lo que luego haré una breve mención. ¿Es sensato y razonable proponer un ahorro anual de 160 millones de euros en subvenciones públicas a los sistemas energéticos nuevos? Puede serlo en una situación de crisis como la actual y con una crisis de deuda como la que tenemos, pero no deja de ser paradójico que en lo que debería ser una política energética nacional no se tome en cuenta ni se considere qué es lo que ocurre con las subvenciones al llamado carbón nacional, que, si no estoy equivocado, significa una inversión anual hasta el año 2014 de aproximadamente 800 millones de euros, la mitad de los cuales paga el Estado, es decir, todos nosotros, y la otra mitad pagan las compañías eléctricas, y además no se pueden imputar al déficit tarifario. Resulta bastante contradictorio desde nuestro punto de vista que el ahorro en el déficit público o el ahorro en la inversión pública se haga en un sector, el de las renovables, que, como también se ha dicho aquí y hay un acuerdo generalizado, es uno de los pocos sectores con alto valor añadido en los que España tiene una posición de vanguardia, y que además tiene consecuencias en el sentido de que es uno de los pocos sectores en el que todas las partes del proceso se desarrollan en gran parte en España, la investigación básica, la I+D, la instalación y el consumo. En cambio, seguimos subvencionando, o al menos no se dice nada de esto, dentro de un marco de política energética en general, fuentes energéticas como la del carbón nacional, de poca calidad y que, además de no producir valor añadido, causa, debido a las emisiones de gases penalizados por el Protocolo de Kioto, un gasto adicional por emisiones de CO2. Esto nos parece profundamente contradictorio.

Se ha comentado en este debate qué ocurre con el sector de las renovables. Evidentemente, el sector objeto fundamental de este decreto-ley es el de las fotovoltaicas. Se habla muy poco de la termosolar, precisamente aquel sector que más gasto público en forma de subvenciones y de ayudas públicas generaría en los próximos años y a cuyo desarrollo no le afecta apenas este decreto. Nos da la impresión -y espero que usted lo aclare, señor ministro- de que este es un decreto-ley que forma parte de esa historia desgraciada de ocurrencias, porque viene a crear un problema donde no lo había. Me refiero a que crea un problema al desarrollo o, al menos, a la estabilización del sector de las renovables, lo cual podría además promover efectos indeseables como la deslocalización de empresas actualmente localizadas en España, que efectivamente exportan mucho, pero que desde luego si no tienen cifra de negocios suficiente en España es muy posible que tomaran la decisión, bastante lógica, de trasladar su negocio a otros países donde sí se realizan inversiones en el campo de las fotovoltaicas o de otras energías renovables.

Estamos en un momento no solo de crisis económica, sino de cambio del modelo de negocio energético y de cambio del modelo de producción de energía. Ustedes hacen referencia en el decreto al autoconsumo. Nos parece estupendo que se desarrolle, pero da toda la impresión de que se trata de frenar un modelo de cambio de negocio, lo cual podría ser legítimo. Es decir, si el Gobierno cree que el futuro modelo de negocio energético en España es que haya tres o cuatro grandes empresas eléctricas y que desaparezcan o que sean irrelevantes o marginales las pymes que se han ido creando estos años, díganlo y lo discutiremos. Lo que no es un ejercicio de transparencia es soslayar este problema, eludirlo y decir sencillamente que se trata de conseguir un ahorro de la inversión pública con vistas a la reducción del déficit, cuando el ahorro que se va a conseguir es francamente marginal. Por esas razones, y porque creemos que la crisis económica también es una oportunidad para hacer reformas que lleven por fin al cambio de modelo económico del que todos hablamos y para el que tan poco se hace, este real decreto nos parece que no avanza en los objetivos que se propone y que elude las cuestiones de fondo fundamentales. Esperaremos a que ustedes presenten esos planes de política energética nacional para discutirlos en detalle y, entre tanto, respecto a este real decreto nos abstendremos y pediremos que sea tramitado como proyecto de ley porque precisamente las cuestiones que toca son fundamentales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el grupo Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz Castellví.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, esta es su primera medida legislativa y tengo que decirle en nombre de mi grupo que no empezamos


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bien. Empieza con toda una declaración de intenciones -se lo comenté el día de su comparecencia en Comisión-: primero anunciando alargar la vida útil de Garoña y luego con un decretazo, ya conocido como el decretazo de parón a las renovables. Empezamos mal en contenidos y también en las formas: con trámite de urgencia, sin hablar con el sector, sin diálogo en un ámbito estratégico para la energía, la economía y el empleo.

Usted decía que el anterior Gobierno también gobernaba con decretos. La verdad, yo esta filosofía del consuelo de muchos no la acabo de entender. También dice que es el primer decreto en el Gobierno. El Gobierno lleva un buen ritmo, dos decretos en ocho días y seguimos así; mañana habrá un tercero. Yo creo que el Gobierno no puede continuar gobernando de excepción. Les pedimos, por favor, que no tengan miedo de la democracia, ni del Congreso, ni del debate. Es fundamental poder hablar precisamente de energía en un marco más amplio, escuchando a todo el mundo.

En nuestro grupo creemos que el sector eléctrico de nuestro país necesita reformas profundas; es cierto, necesita un cambio de regulación y abordar el déficit tarifario, pero así no, señor ministro. La complejidad obliga a que ustedes aborden los cambios legislativos con un debate en profundidad sobre el modelo energético de nuestro país, que escuchen y no decidan precipitadamente secuestrados por su obsesión por los recortes y por el lobby de las eléctricas porque el resultado es letal en términos energéticos, medioambientales, económicos, tecnológicos y en puestos de trabajo. Vamos a votar en contra de la convalidación y les pedimos que tramiten este decreto como proyecto de ley para poder, como mínimo, incluir cambios y enmiendas que palíen el impacto de esas medidas. El sector de renovables ofrece diálogo y renuncias porque son los primeros que saben que las primas acabarán desapareciendo, pero lo que plantean ustedes con este decreto es arbitrario e inasumible para el sector. Dejen seguir trabajando también desde el Congreso y, como mínimo, poder paliar los efectos de este texto. No se lo pedimos solo nosotros, desde Iniciativa, Izquierda Unida o CHA, se lo piden incluso los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas, conscientes del impacto que tiene esto en su economía y en los puestos de trabajo.

Entrando a fondo en el decreto, votaremos en contra porque no compartimos el contenido ni los supuestos en los que se fundamenta este decreto, porque es un decreto que llueve sobre mojado después de la nefasta gestión del ministro Sebastián con las renovables. Usted viene a dar el golpe final al sector. Lo peor es que este decreto va a ser inútil para el objetivo que plantea porque se basa en un análisis sesgado y en los prejuicios; se basa en la teoría de la demonización de las renovables, haciendo un flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en tecnología. Precisamente lo que le tocaría a usted es lavarle la cara al sector de las renovables, que ya viene sufriendo una estigmatización por los gobiernos anteriores. Le pedimos que sean estratégicos porque ustedes van al revés del mundo: se llenan la boca de hablar de emprendedores, de creación de empleo, y atacan precisamente a un sector que es líder internacional.

Hay muchas razones para que ustedes retiren el decreto y podamos abordar la cuestión de forma integral, abordar la reforma eléctrica, de todo el sector. Le iré dando motivos. En primer lugar, la motivación que ustedes plantean. Usted atribuye a las renovables el déficit tarifario, y no es así. El déficit es la diferencia entre los costes regulados y la tarifa. ¿Por qué no entramos a ver qué es lo que marca el precio de esos costes regulados? Usted ha planteado solo una parte de esa realidad. ¿Quién incrementa los costes? ¿Quién contribuye? ¿En qué porcentaje contribuye cada sector a aumentar los costes? Señor ministro, el déficit tarifario ha aumentado todos los años a pesar del abaratamiento de las renovables. ¿Esto no le indica algo? Precisamente el gráfico que usted mostraba no iba en correspondencia con los costes de las renovables. En 2008 no había prácticamente fotovoltaica y había 6.000 millones de euros de déficit de tarifa. Por eso le decimos que miren de frente al problema y no planteen una realidad distorsionada. Busquen los agujeros donde los hay, donde se especula con el carbón, con la tarifa del último recurso o con los pagos por capacidad. ¿Por qué no cuestionan todos esos costes? Olvidan en su diagnóstico la aportación positiva que hacen las renovables. El sector de las renovables ha contribuido claramente a reducir los costes de la energía en el mercado, fijando precios marginales más bajos. Ustedes castigan a un sector que colabora en reducir costes, mientras tenemos otras energías que son parasitarias del mercado: las nucleares o la hidroeléctrica, por ejemplo, que usted tanto defiende, que ya hemos visto que son energías que no internalizan los costes. Usted vino a la Comisión a decir que era energía barata, pero ¿barata para quién? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo puede ser que la hidroeléctrica cobre 11.000 millones de euros anuales cuando lo que utiliza es un bien público y una infraestructura pública y amortizada? Como mucho, sus costes deben de ser de 1.000 millones de euros anuales y cobra 11.000. Usted dice que la nuclear nos sale barata. ¿Y quién lo nota? ¿Quién nota esa energía barata? Ni los consumidores, ni las arcas del Estado. Por lo tanto, acabe con esto. Y dice usted que ahora nos podemos permitir el parón de renovables porque ya tenemos suficiente potencia instalada. Y entonces, ¿por qué quiere usted ampliar la vida útil de Garoña si ya tenemos suficiente potencia? No tiene sentido. Le enseño este gráfico porque yo creo que también es ilustrativo. Aquí se ve cómo baja la economía española, la riqueza; aquí se ve el crecimiento de las renovables, los beneficios, y aquí, el crecimiento del sector eléctrico. Yo creo que precisamente esa diferencia es lo que ilustra quién se lleva los beneficios de una mala regulación del sector eléctrico. ¿Por qué no se atreve precisamente con los beneficios caídos del cielo? Bueno,


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del cielo, son beneficios caídos de las arcas del Estado y de los consumidores. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre y se atreven con las eléctricas? Ustedes, en cambio, castigan a los más débiles del sistema y a los que contribuyen a reducir costes y a democratizar la energía en un sector de oligopolio. Castigan a los que permiten participación de consumidores y la generación distribuida, mientras las eléctricas se frotan las manos. Hoy precisamente nos hemos levantado leyendo que las eléctricas preparan propuestas para acabar con la deuda acumulada. Es decir, ¿es con las eléctricas con quien gobierna este ministro, con quien decide cuáles van a ser las medidas de futuro? Sinceramente, nos preocupa.

Estamos perdiendo puestos de trabajo y este es un argumento fundamental, los puestos de trabajo y los costes de su medida. Las primas son una parte del coste evitado en las renovables, esa es la definición de las primas, por eso les decimos que no tienen una visión de conjunto. Para ahorrarse 160 millones, ustedes y todos nosotros lo pagaremos muy caro. En su memoria dicen que no tiene impacto presupuestario. ¿Cómo puede un Gobierno poner que una medida como esta no tiene impacto presupuestario? Lo pagaremos en puestos de trabajo y por tanto en Seguridad Social y en menos recaudación. Este decreto se suma la política de destrucción de empleo que ya inició el anterior Gobierno, frente a unos planes aprobados que preveían una creación de 300.000 empleos en el sector para 2020, y tiene especial impacto en comunidades con el sector infradesarrollado y que ya tenían sus planes, por ejemplo, en Cataluña. La compañera precisamente ha hablado antes del impacto en Tarragona y en Girona.

Sé que hablan ustedes de inseguridad jurídica, acusando al otro Gobierno. Pues ustedes también plantean en este decreto inseguridad jurídica con ciertos elementos claros de retroactividad, como en el caso de la fotovoltaica.

Lo preocupante es que se llenan la boca de reforma laboral para crear empleo y, sinceramente, por mucho que lo repitan no es la legislación laboral la que crea puestos de trabajo sino la expectativa de crecimiento de un sector y la inversión en tecnología y en I+D, precisamente lo que hace el sector de las renovables que ustedes destruyen. Ustedes se dedican a destruir empleo y a precarizar el que queda en pie: una mala combinación. La mala gestión anterior destruyó 20.000 puestos de trabajo en el sector de las renovables y ustedes empeorarán la situación, pero la destrucción también conlleva deslocalización industrial y la transferencia de tecnología a terceros países, que nunca recuperaremos. Y el problema es que lo hacen de tal manera que no tiene marcha atrás. El sector de renovables ofrece reducción de primas, replantearlas; por ejemplo, el sector fotovoltaico tiene claro que en poco tiempo consigue el umbral de competitividad y ustedes no lo han escuchado.

Quiero ponerle sobre la mesa otra razón, el balance negativo para el bolsillo del Estado. Las renovables representan 10.000 millones en nuestro PIB y aportan 750 millones de ingresos fiscales, mucho más de lo que usted va a ahorrar. Y seguimos sumando: la moratoria de renovables se produce en un escenario de incremento de precios del petróleo y del gas. España gasta cada año un mínimo de 40.000 millones de euros en importar hidrocarburos. Estas importaciones tienen un impacto negativo en la economía y en la balanza de pagos y a usted le da igual, situación que nos preocupa porque observamos una actitud temeraria del ministro. Cuando le hablamos de ahorro energético durante la comparecencia nos dijo que usted no quiere ahorrar.

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene que ir acabando.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy acabando, señor presidente.

Nos dice que usted no quiere ahorrar en energía porque ahorrar significa decrecer, y ese es el problema, el concepto que hay detrás. Señor ministro, cuando hay un atasco aumenta el PIB pero no el bienestar de los ciudadanos, y no plantear el ahorro energético o no apostar por las renovables es la miopía que guía a este Gobierno. Les pedimos por favor que replanteen, que como mínimo tramiten este decreto como una ley para poder abordar el debate, para hablar con la sociedad civil, porque este decreto va en contra de las directivas europeas. Le pedimos por favor que aborde realmente los temas del sector eléctrico; le pedimos que haya otras medidas, que retire este decreto, que explique claramente de cuánto tiempo de moratoria hablamos, que impulse el ahorro y la eficiencia. También le pedimos que cuestione, por ejemplo, el pago por capacidad, que sea valiente con las eléctricas y que hable con todo el mundo, que no se quede secuestrado.

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene que acabar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Acabo ya.

Le pedimos que por favor tengan en cuenta, aunque sea un poco, el cambio climático, la dependencia energética y los puestos de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro de Industria, lo que va a hacer el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a lo largo de esta legislatura desde la perspectiva energética e industrial va a ser exigir -políticamente hablando y dentro de nuestras posibilidades- y plantear una política energética que vaya en la dirección


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de la seriedad, una política energética seria, rigurosa y solvente que pueda llevar a cabo las reformas estructurales que consigan los siguientes objetivos. En primer lugar, conseguir unos precios de la energía más competitivos, tanto para las familias como para las empresas. Hoy, señor ministro, no hemos de olvidar que los precios energéticos españoles están un 15 por ciento por encima de la media europea y sería importante corregir esto. En segundo lugar, así como en la pasada legislatura su grupo parlamentario y Convergència i Unió, con el soporte de los demás grupos parlamentarios, fuimos capaces de constituir una subcomisión energética para poder determinar un mix energético en el horizonte de los próximos treinta y cinco años, valdría la pena aprovechar estos trabajos para conseguir este consenso para determinar un mix energético en el horizonte de los próximos veinticinco o treinta años. En tercer lugar, tendríamos que ser capaces de reducir el déficit tarifario, que hoy está en unas cifras realmente preocupantes -alrededor de los 24.000 millones de euros- y que, de acuerdo con un real decreto que aprobamos la pasada legislatura, en el año 2013 tendría que ser cero, tendríamos que poner el contador a cero. Finalmente, este grupo va a plantear una serie de medidas que vayan en la dirección de conseguir en el año 2020 el 20 por ciento de reducción de emisiones de CO2, el 20 por ciento de ahorro energético y el 20 por ciento de energías renovables. Somos partidarios de que en el horizonte de los próximos años las energías renovables jueguen un papel importante para poder llegar a este 20 por ciento en su peso específico en el año 2020. Sobre la base de estas consideraciones previas, cabría preguntarnos si el primer paso que ha dado su departamento a través de este real decreto que plantean convalidar hoy en el Congreso de los Diputados va en la dirección de lograr una política energética seria, rigurosa y solvente. Desde esta perspectiva, tenemos unas dudas razonables que nos gustaría que el señor ministro pudiera esclarecer porque nos parece que este primer paso no va en la dirección que acabamos de plantear.

Entendemos que hay que poner orden en el sector energético y hay una serie de consideraciones que quiero exponer en este trámite parlamentario. En primer lugar, es cierto que este real decreto, de entrada, choca con la política industrial y energética que plantea el Gobierno de la Generalitat en esta nueva singladura de hace un año aproximadamente. Desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya entendemos que una política orientada hacia las energías renovables tendría que ser una política tractor en los próximos años, y más dado que también en la Generalitat de Catalunya, por causas que no es de recibo plantear en estos momentos, tenemos un índice de energías renovables muy por debajo de la media española. Por lo tanto, de entrada, este real decreto choca frontalmente con la política que el Gobierno de la Generalitat está llevando hasta la fecha. Hay un segundo aspecto que para nosotros es más importante, y también desde esta perspectiva nos gustaría que usted nos pudiera esclarecer las dudas razonables que tenemos al respecto. Este real decreto plantea una indefinición temporal en cuanto que no queda claro hasta cuándo esta suspensión va a ser efectiva para que puedan continuar desarrollándose las energías renovables con unas primas que estaban establecidas hasta la fecha. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta indefinición en la temporalidad también genera una gran desconfianza económica, genera incertidumbre en una serie de sectores económicos muy importantes que en España han desarrollado unas tecnologías puntas, pero al ver coartadas temporalmente estas posibilidades de percibir una serie de primas que estaban perfectamente reguladas en el Boletín Oficial del Estado, esta suspensión temporal sine díe también puede perjudicar notablemente un sector emergente, un sector industrial muy potente, un sector que tiene planteadas unas inversiones a medio y a largo plazo que también pueden verse muy perjudicadas con esta suspensión sin una fecha de caducidad. Desde esta perspectiva, a nosotros, señor ministro, nos gustaría muchísimo que hoy pudiera decirnos también, si fuera posible, ante la Cámara del Congreso de los Diputados si usted tiene claro hasta cuándo van a estar suspendidas estas primas; si efectivamente su Gobierno cree que hoy sería el momento de paralizar temporalmente las energías renovables, esta industria tan potente, pero al mismo tiempo también de decirles: señores, hasta tal fecha, dentro de doce, quince o dieciocho meses, se hace esta suspensión, pero inmediatamente después, para poder alcanzar estos objetivos del 20-20-20, ustedes volverán a gozar de una primas que estaban perfectamente reguladas a través del Boletín Oficial del Estado.

También querríamos plantearle algunas consideraciones que están relacionadas con las energías renovables pero que desde nuestra perspectiva tienen un peso específico industrial muy importante y podrían jugar -y han de hacerlo- un papel relevante en el futuro de la industria española. Me referiré muy rápidamente a tres o cuatro aspectos que nosotros entendemos que tendrían que tener un tratamiento especial en un futuro inmediato. Uno de ellos sería el sector de la cogeneración, ya que hasta la fecha ha dado un impulso a la actividad industrial desde el ahorro y la eficiencia energética, y quizás nosotros no la consideramos una energía renovable que pueda ser equilibrada o asimilada al resto de las energías renovables. La cogeneración está muy unida a la eficiencia energética y a la política industrial del país y entendemos que en un futuro inmediato tendría que tener algunas consideraciones especiales. También desde esta perspectiva entendemos en cuanto a la biomasa, dado que la diversidad de energías renovables y sus potencialidades ponen de relieve, bajo criterios de eficiencia y eficacia, que el Gobierno no tendría que legislar homogéneamente sobre todas las renovables, que se tendrían que tener en cuenta las especificidades correspondientes a una energía renovable que usted sabe que en determinadas comunidades autónomas puede jugar un papel muy relevante desde la perspectiva de la eficiencia energética


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y del desarrollo industrial. También hay otro sector u otra energía renovable que no está madura pero que puede jugar un papel relevante en un futuro inmediato, que es la eólica marina. Es una energía renovable incipiente que tiene muchas posibilidades de aplicación a la investigación, al desarrollo y al conocimiento, y nosotros entendemos que también podría tener alguna consideración especial en un futuro inmediato.

Usted también ha hecho mención en su intervención a todas las energías que están referidas en un real decreto que usted ha mandado ya a la Comisión Nacional de la Energía, que serían todas aquellas energías renovables fotovoltaicas desde la perspectiva del consumo doméstico. Entendemos que este es un campo importantísimo dentro del sector de las renovables y valdría la pena que este real decreto se pusiera en marcha rápidamente para poder dar más musculatura en un futuro inmediato al peso global de las energías renovables en España.

Finalmente, nuestro voto va a estar muy condicionado a la respuesta que usted nos pueda dar en cuanto a la temporalidad de esta suspensión. Entendemos que sería interesante poder dar al sector industrial orientado a la energía y a la industria de las energías renovables alguna perspectiva fiable y segura de hasta cuándo va a durar esta temporalidad. Si es una temporalidad corta con el fin de poner orden en el sector para gozar de este mix energético que finalmente nos dé una energía más competitiva, estaríamos por la labor, pero entendemos que el sector también necesita de esta seguridad jurídica y saber cuándo se va a poner fin a esta temporalidad que sin fecha de caducidad crea incertidumbre en la economía española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Erias.

El señor ERIAS REY: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, la política desarrollada por el anterior Gobierno en materia energética ha provocado un incremento sustancial del déficit de tarifa que incluso ha llegado a ser reconocido por algunos como insostenible económicamente. Por ello, con el fin de incorporar la necesaria racionalidad en el camino hacia la descarbonización de la economía, el Gobierno del Partido Popular trae hoy aquí este real decreto 1/2012, que apuesta por un planteamiento limpio. Este planteamiento limpio nace de la acción política del Partido Popular, de un partido que ya en el año 2004 intuyó la necesidad de afrontar los desafíos de alcanzar esa necesaria descarbonización de la economía, basada en darle una mayor racionalidad y disponer de una estrategia energética limpia. En consecuencia, es ya a través del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, cuando el Partido Popular inicia el empuje y explicita su compromiso con las energías renovables. Se trataba, en consecuencia, de un planteamiento manifiestamente opuesto a la estrategia energética que el Gobierno del Partido Socialista ha estado desarrollando durante los últimos siete años, a pesar de sus graves y negativas consecuencia económicas, así como del riesgo regulatorio al que sometía con su acción política al sector energético.

Sin duda alguna, con la política energética llevada a cabo en el periodo 2004-2011 por parte del Partido Socialista podemos ver las consecuencias de la rotura del equilibrio basado en la racionalidad de una estrategia energética coherente. El hecho de que durante el citado periodo se legislase a impulsos, llegando incluso a contrarregularse casi de un día para otro, ha tenido dos efectos muy negativos, entre los que se aprecia una relación de causalidad, conformándose el siguiente círculo vicioso: generó un caos que ha provocado que España sea percibida como un país con riesgo regulatorio, del cual los inversores no se fían y las propias empresas del sector no pueden, al no fiarse tampoco, planificar sus propias inversiones. Esta situación ha provocado una contracción del sector, que pierde competitividad a la vez que sigue incrementándose el déficit tarifario. Lo más grave, señoras y señores diputados, es que toda la regulación que se ha desarrollado desde entonces no ha conseguido atajar este problema, que ya se está convirtiendo en estructural y que amenaza con convertirse en público, poniendo en riesgo los objetivos de control del déficit del Estado asumidos por el nuevo Gobierno.

En 2009, mediante el Real Decreto-ley 6/2009, se fijó una senda de reducción del mismo, estableciéndose topes anuales para conseguir la eliminación del déficit de tarifa en el año 2013. Un año después, debido a que los peajes aprobados, una muestra más de incompetencia regulatoria, seguían sin reflejar el coste de las actividades reguladas, mediante el Real Decreto-ley 14/2010 se fijó otra nueva ruta, al haberse alcanzado en dicho ejercicio una cifra récord de déficit anual. En síntesis, los hechos son tozudos y demuestran con toda claridad la realidad de las políticas energéticas de ambos partidos. Con el Partido Popular, señor Segura, el déficit acumulado hasta 2004 era de 2.266 millones de euros, totalmente titulizados. Con el Partido Socialista, el déficit de tarifa entre 2004 y 2010 alcanzaba la cifra de 24.000 millones de euros en el año 2010. En otras palabras y para que se entienda, el mismo Gobierno que generó el déficit de tarifa no ha sido capaz de combatirlo con eficacia. Frente a este escenario, fiel reflejo de la herencia socialista, no es de extrañar la decisión adoptada por el Gobierno actual el pasado 27 de enero por la que se aprobaba el Real Decreto-ley 1/2012, el cual, como es sabido, implica una moratoria temporal en el régimen especial. Hay que decirlo, el régimen especial, no las renovables; renovable es cogeneración y residuos. Se trata de una iniciativa legislativa que pretende enviar un mensaje de responsabilidad por parte del Gobierno a todos los agentes del sector eléctrico español.


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Señorías, es necesario adoptar medidas que desde la racionalidad envíen señales inequívocas de que España es un país fiable, un país en el que no existe riesgo regulatorio y conseguir, gracias a esta acción, que se reactiven y se relancen las inversiones en el sector energético y en otros sectores, a la vez que se acote el incremento del déficit tarifario y se defina una senda para la suficiencia progresiva de los peajes de acceso. El Real Decreto-ley 1/2012 explicita la necesidad de una actuación indispensable, una actuación que se adopta desde el máximo respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica para sentar las bases y afrontar de manera eficaz el problema heredado del déficit de tarifa. Precisamente debido a la apuesta firme desde el Partido Popular por las energías renovables y siendo conscientes de la necesidad de compatibilizar el sistema de retribución percibido por ellas con la actual situación de crisis económica y descenso de la demanda, resulta imprescindible llevar a cabo esta moratoria temporal del sistema retributivo, con el fin de no poder incrementar el déficit de tarifa a través de esas ayudas a instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación del régimen especial. Una medida que si consideramos, por un lado, los objetivos de potencia planificados para el año 2020 y, por otro lado, el hecho de que la capacidad de generación actual instalada es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, no afectará a la capacidad de suministro ni a los compromisos adquiridos por España de cara a 2020 con la propia Unión Europea.

En consecuencia, al tratarse de una moratoria temporal, al no afectar a las plantas que ya han sido inscritas en los correspondientes registros de preasignación y, sobre todo, al no ser retroactiva, el Real Decreto-ley 1/2012, podemos afirmar, no supone en absoluto traba alguna para el desarrollo de las energías renovables en España. Repito, el real decreto-ley no impide el desarrollo de las energías renovables en España. En primer lugar, por las instalaciones afectadas. De acuerdo con el texto del artículo 2.1, las medidas afectan exclusivamente a aquellas instalaciones que a fecha 28 de enero de 2011 no hubieran sido inscritas en el registro de preasignación al que hace referencia el Real Decreto-ley 6/2009, así como el Real Decreto 1578/2008. Y en segundo lugar, por el carácter temporal de la medida, tal y como se desprende de la propia exposición de motivos, una decisión inteligente del Gobierno para eliminar cualquier duda al respecto. El Gobierno está comprometido, por tanto, con el respeto, reiterando los compromisos europeos del objetivo 20-20-20, como el reconocimiento del derecho de las instalaciones a obtener una prima de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico, Ley 54/1997. Además, las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 1/2012 están alineadas con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea sobre energías renovables, que sugieren estas recomendaciones para el momento actual: revisar los esquemas de apoyo a la producción de energía de régimen especial, fundamentalmente cogeneración y renovables; para los contratos en vigor, estudiar la viabilidad de acordar con los propietarios de las instalaciones una renegociación de las primas vigentes; para los nuevos contratos, revisar las primas actuales a la baja, garantizando que las mismas no sobrecompensen los costes acometidos por los productores y que incentiven el progreso hacia una rápida madurez de estas tecnologías, y finalmente, para basar las decisiones referentes a las inversiones en energías renovables en un análisis riguroso, particularmente en el caso de las tecnologías menos maduras.

En resumen, señorías, la herencia que hemos recibido del Gobierno anterior exige actuar con urgencia y responsabilidad por parte del nuevo Gobierno. Señorías, era necesario interrumpir el crecimiento del sobrecoste que ha de afrontar el sistema energético español por la incorporación de nuevas instalaciones primadas cada año y para frenar el problema que el déficit de tarifa genera a la economía nacional. Este Gobierno lo ha hecho enviando un mensaje en el que se reafirma la voluntad de eliminar el déficit de tarifa en el año 2013, siguiendo la senda marcada por el anterior Gobierno en el Real Decreto-ley 14/2010, así como en un apoyo claro y decidido a las energías renovables, tal y como hoy también ha reafirmado el señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.

Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero agradecer todas las aportaciones y sugerencias, sin duda de sumo interés, respecto a las cuales he ido tomando nota y voy a compartir con mis colaboradores en el ministerio. Estoy seguro de que algunas de ellas van a poder ser incorporadas a futuras medidas que el ministerio adopte con el fin de seguir aprobando planteamientos para contribuir a la disminución del déficit de tarifa. Solo una cuestión en relación a la temporalidad que planteaba el portavoz del Convergència i Unió. La temporalidad en relación a la fecha exacta, a día de hoy es desconocida pero sí puedo decirla respecto al momento. Desaparecerá esta temporalidad en el momento en el que hayamos sido capaces, junto a otras medidas a partir de esta, de lograr que el ritmo de acumulación del déficit tarifario anual se haya podido reducir y reconducir para que no se siga acumulando. Por tanto, es una temporalidad limitada en el tiempo. Finalmente, agradezco a los grupos parlamentarios que han expresado su apoyo, al Grupo Parlamentario Popular y también a los que han expresado su abstención, Convergència i Unió, UPyD y el PNV.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Estamos llamando a votación, que comenzará en breves instantes. (Pausa.)

Vamos a proceder a la votación, por tanto pido que cierren las puertas. Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 182; en contra, 127; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, convalidado. (Aplausos.)

Por lo que se ha visto en el debate y me dicen los portavoces, hay varios grupos que piden que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por lo tanto, vamos a someter ahora a votación la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 153; en contra, 181; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará, por tanto, como proyecto de ley. Muchas gracias. (Pausa.)

Señorías, vamos a continuar con las preguntas que no fueron resueltas ayer, por lo tanto ruego a los que no quieran seguir este punto que abandonen el hemiciclo con cierta celeridad. (Pausa.)

PREGUNTAS. (CONTINUACIÓN.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA ALTA TASA DE ABANDONO ESCOLAR JUSTIFICA LA NECESIDAD URGENTE DE UNA REFORMA EDUCATIVA? (Número de expediente 180/000006.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las preguntas. Pasamos a las preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, la pregunta que formula doña María Sandra Moneo Díez del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hace algo más de una semana que usted comparecía en esta Cámara para explicar, entre otras cuestiones, las líneas generales de su departamento en materia educativa. Es un plan de trabajo a juicio del Grupo Parlamentario Popular ambicioso, riguroso y, sobre todo, cumplible. Es un plan bien recibido por la inmensa mayoría de la sociedad española, especialmente por quienes, lejos de adoctrinamientos y de posiciones inmovilistas, consideran importante y persiguen como objetivo único -al igual que nosotros- la mejora del sistema educativo español.

Señor ministro, usted es conocedor del profundo fracaso del sistema educativo español. Informes nacionales e internacionales así lo atestiguan. Nuestros alumnos fracasan o, mejor dicho, les condenamos a fracasar. Cuando hace algo más de diez años el entonces Gobierno del Partido Popular planteó la reforma del sistema educativo, uno de cada cuatro alumnos no finalizaba con éxito la educación obligatoria. Diez años después las cifras, lejos de mejorar, han empeorado. Señor ministro, señorías, somos un país incapaz de mejorar y esto se debe a una razón fundamental: tenemos el mismo sistema educativo desde hace algo más de veinte años. Es un modelo educativo que ha expulsado de las aulas valores tan importantes como la cultura del esfuerzo; el gusto por el trabajo bien hecho; el mérito; el esfuerzo, la protección y el reconocimiento de la actividad de los profesores; y la libertad como garantía de calidad. Es un modelo más preocupado de instalar la ideología en el aula que de elevar el nivel de conocimiento de los alumnos.

Pues bien, somos conscientes de que a pesar de estos nefastos resultados habrá quien quiera seguir instalado en el conformismo y en la mal entendida estabilidad y habrá también quien cinco minutos antes de marcharse del Gobierno apruebe determinadas normativas destinadas, única y exclusivamente, a dificultar reformas posteriores. Pero habrá otros que queremos desterrar para siempre la política de la resignación y abordar con decisión e inteligencia aquellas reformas que posibiliten la mejora de la calidad de nuestras enseñanzas. Por eso, le pregunto, señor ministro, si a su juicio la alta tasa de abandono escolar justifica la necesaria y urgente reforma educativa.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Señor ministro de Educación.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Moneo.

Como saben sus señorías, la tasa de abandono escolar temprano en España asciende, según el último informe disponible, a cerca del 29 por ciento. Los países de nuestro entorno que obtienen en esta métrica mejores


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resultados son aquellos que configuran la posibilidad de opción y la posibilidad de elegir con flexibilidad itinerarios de educación a edades más tempranas. El caso paradigmático es el de Alemania, donde esa opción se realiza a los 12 años. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)

Les agradezco mucho su colaboración a la mejora escénica de la respuesta a la pregunta. Soy debutante, señor Jáuregui, esa es la explicación. (El señor Ayala Sánchez: Usted puede mirar donde usted quiera.) Se lo agradezco.

El señor PRESIDENTE: Por favor, centrémonos en la pregunta.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Yo se lo agradezco. Espero que no me compute el tiempo, señor presidente.

Estamos hablando ahora mismo de introducir esa flexibilidad en nuestro sistema educativo, estamos hablando de facilitar la opción por la formación profesional, una de las peores carencias que en este momento tiene nuestra educación secundaria, un año antes y estamos seguros de que la introducción de esa flexibilidad va a redundar en una reducción de la tasa de nuestro abandono escolar temprano, porque es más difícil que una vez que alguien está haciendo lo que considera que se ajusta mejor a sus aptitudes, a sus capacidades y a sus intereses en definitiva, abandone el sistema tempranamente que aquel que se encuentra como enjaulado, como sometido a la fuerza a ese sistema. Por eso pensamos que la reforma que tiene esos elementos de cambio en la arquitectura del sistema y tiene también por supuesto aquellos elementos a los que su señoría se ha referido al hablar de los valores, es una reforma que va a conseguir reducir el abandono escolar temprano que, como digo, es no solo un problema educativo, es también un problema económico, es un problema social y es un problema moral.

Por tanto, señoría, respondiendo muy concretamente a su pregunta, creo rotundamente que es nuestra obligación propiciar todas aquellas reformas que acaben redundado en una reducción, además en una reducción significativa, del abandono escolar temprano en nuestro país. (Aplausos.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿DÓNDE HA ENCONTRADO EL GOBIERNO EL ADOCTRINAMIENTO QUE ATRIBUYE A LA ASIGNATURA "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA"? (Número de expediente 180/000013.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta que dirige don Mario Bedera, del Grupo Parlamentario Socialista, al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.

EL señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ante el anuncio de modificar los contenidos de educación para la ciudadanía por ser adoctrinadores, y dado que tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea o Naciones Unidas aconsejan la creación de asignaturas que además de los principios constitucionales desarrollen otro tipo de actitudes y valores como la tolerancia, la igualdad entre sexos, etcétera, le pregunto dónde ha encontrado ese adoctrinamiento en el real decreto que regula los contenidos mínimos de dicha asignatura.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.

Señor ministro de Educación.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, si me atengo a los términos literales de la pregunta que formuló, que se refería a dónde habíamos encontrado el adoctrinamiento que se atribuye a la asignatura, y si me atengo igualmente, que me parece lo adecuado, a cómo define la Real Academia de la Lengua el adoctrinamiento -cito-: instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias, me resultaría más fácil y sobre todo más breve responderle a dónde no he encontrado ese adoctrinamiento. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Señor ministro, se lo dije la pasada semana en su comparecencia, que con contrarreformas como esta o como la de derogar los temarios de oposiciones, por la que hemos pedido su comparecencia urgente, solo hace el juego usted al sector más radical de su partido y contenta a sectores tridentinos (Aplausos.), pero hace un flaco servicio a la educación de nuestros jóvenes, señor ministro. Contenta usted a sectores que o bien propugnan o bien niegan que se deba educar en valores en el aula, o bien lo que quieren es que se explique una determinada moral, solamente la suya, la de estos sectores. Fíjese, precisamente contra esto vacuna la asignatura, educación para la ciudadanía es la vacuna contra el pensamiento único, porque prepara para la pluralidad. Yo le reto, señor ministro, a que demuestre en esta Cámara un solo contenido adoctrinador en el Real Decreto 1631/2006, que regula esta asignatura, uno solo; por cierto, contenidos que fueron


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pactados entre otros con la patronal de los colegios religiosos. Le invito también a que haga un repaso a los currículos de los casi treinta países que imparten esta asignatura en Europa.

Por último, señor ministro, como no sale usted muy bien parado con la cita en la cadena SER de un supuesto libro adoctrinador de educación para la ciudadanía, le recomiendo la lectura de un opúsculo atribuido a Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que lleva por título El arte de la mentira política. (Muestra un ejemplar.) En él se señala -cito textualmente- que la regla de oro de la mentira es que sea creíble, porque -dice Swift- el arte del disimulo no se rige por los excesos y conviene sustraer las mentiras a cualquier posible verificación o refutación, para no quedar expuesto a la vergüenza y al apuro de verse pronto desmentido. Pues eso.

Gracias, señor ministro. Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bedera, pensé que me iba a citar algo de El asesinato como una de las bellas artes. (Rumores.) No, me refería a la cita de Swift. Estoy totalmente de acuerdo con la definición que realiza el Consejo...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.

Ruego silencio. Este es un tema muy tasado y en el tiempo del ministro hay que escucharlo, y luego se podrá protestar o no.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Me da la sensación de que aquí se aprecia la literatura lo justo. (Rumores.)

Señoría, estoy de acuerdo con la recomendación del Consejo de Europa, estoy de acuerdo con la educación en valores, estoy de acuerdo con el pluralismo y, le voy a decir una cosa más, pienso que la educación en valores es una tarea transversal del sistema educativo. La objeción, lo que nos lleva a tramitar legislativamente -así se hará- un cambio en esa asignatura, es justamente tratar de evitar que la misma se convierta en un instrumento del pensamiento único o por lo menos de un determinado pensamiento único. ¿Quiere usted cargas adoctrinadoras? A ver qué le parece como expresión de pensamiento objetivo y, desde luego, no adoctrinador esta cita -las citas son literales; no voy a referirme a la editorial por no incurrir en el riesgo de causar daño de reputación a ninguna de las editoriales, pero están a disposición de todas sus señorías-. (Rumores.) ¿Saben ustedes lo que es para un libro de texto de educación a la ciudadanía la revolución soviética de 1917? Pues una que -cito literalmente- instauró un régimen de igualdad y libertades colectivas, que se llamó socialismo. (Rumores.-Aplausos.) ¿Sabe usted lo que para otro texto de esta asignatura, también un libro de texto, son las consecuencias del neoliberalismo? Cito literalmente: el neoliberalismo económico, en principio, perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras. (Rumores.) Ustedes llaman adoctrinamiento a aquello que no coincide con su ideología... (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ PROPUESTAS TIENE EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL ALARMANTE NIVEL DE PARO DE LOS JÓVENES? (Número de expediente 180/000002.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta del diputado don Pedro Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora ministra, me alegro sinceramente de que sea usted quien me responda en esta primera sesión de control de la legislatura. Quisiera preguntarle sobre un tema que nos afecta a todos, y en especial a los más jóvenes que lo sufren en sus propias carnes. Deseo conocer las ideas, intenciones y proyectos del Gobierno para crear empleo suficiente para los más jóvenes. No quiero ahogarle en datos, pero, como usted bien sabe, casi el 50 por ciento de los menores de 30 años está hoy parado. Hace cuatro años, al inicio de la crisis, su tasa de paro era del 21 por ciento, elevada en todo caso, pero nada comparable a la de hoy en día. Los jóvenes, que se habían ido acostumbrando a la precariedad y a ser becarios permanentes, al mileurismo o al menos eurismo, hoy lo tienen que hacer al no eurismo, con lo que eso significa de frustración, de ruptura de proyectos de vida y de pérdida de unos recursos humanos excelentemente formados en muchos casos, con los consiguientes prejuicios que de ello se deriva también para la economía. Y, encima, los que peor lo tienen son los menos cualificados y formados, aquellos que abandonaron incluso los estudios para incorporarse al mercado de trabajo impulsado por la burbuja inmobiliaria. Otros muchos con mayor formación están marchándose a otros países en busca de una oportunidad de empleo y un proyecto de vida. Alemania, Francia, Reino Unido y otros quieren aprovecharse de la situación


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de nuestro mercado de trabajo y de unos jóvenes bien formados a los que pueden sacar un buen rendimiento.

No podemos permitir esa fuga masiva, señora ministra, y mucho menos que se instale en la mente de los jóvenes la idea de que aquí no hay nada que hacer, de que no hay trabajo ni habrá a corto y medio plazo, y que la única solución es emigrar o amoldarse a la situación. Por razones humanitarias, sociales y económicas tenemos que ofrecer a los jóvenes un horizonte de esperanza basado en compromisos políticos firmes, para lo que le ofrezco el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Por ello, le pregunto qué ideas y qué propuestas tiene el Gobierno para reducir el alarmante nivel de paro de los jóvenes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Azpiazu, al Gobierno le ocupan y le preocupan los jóvenes. Por eso el presidente del Gobierno, en este último Consejo Europeo, planteó que parte de los fondos estructurales no asignados se dedicaran a la lucha y al combate contra el paro juvenil. De ahí se han asignado a nuestro país 10.700 millones de euros que dedicaremos a combatir el paro juvenil. Además tenemos la buena noticia de que en el futuro se incrementarán los fondos para combatir el desempleo juvenil procedentes de los Fondos Feder y del Fondo Social Europeo. El Gobierno está trabajando -como sabe por los datos que usted magníficamente ha expuesto esta mañana- en dos grandes líneas: en la formación de los jóvenes para que tengan más oportunidades -porque un joven mejor formado tiene más oportunidades-, y en facilitar su entrada en el mercado de trabajo. Por eso, y siguiendo la iniciativa europea, Juventud en movimiento, hemos decidido abrir una mesa de diálogo desde el Gobierno, desde varios ministerios, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y ayuntamientos y con expertos en la materia, para que todos pongamos las mejores soluciones sobre la mesa para convertir en empleo el paro juvenil.

En el Gobierno estamos trabajando en temas concretos. Estamos empezando a pensar en la formación. En la reforma laboral que se aprobará mañana vamos a plantear una reforma de la Formación profesional para orientarla al empleo. Esta es una reforma importante que contará con una gran novedad, que es la cuenta Formación; una cuenta que acompañará, como la cuenta de Seguridad Social, al joven, al trabajador durante toda su vida laboral para que tenga mejores itinerarios de formación y empleo en el futuro. También vamos a simplificar los contratos y reorientar las bonificaciones para el empleo de los jóvenes. Vamos a orientar las políticas activas de empleo con comunidades autónomas para que el empleo de los jóvenes sea una realidad, y podamos sacarlos del desempleo y colocarlos nuevamente en el mercado de trabajo. Tampoco nos olvidamos de las políticas de autoempleo juvenil. Para eso pondremos en marcha a medio plazo la capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes que decidan hacer su carrera de negocio o iniciar una actividad empresarial por cuenta propia.

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, ha acabado su tiempo.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): En ese camino estamos trabajando. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Simplemente, señora ministra, para agradecerle la respuesta y para reiterarle nuestro compromiso de colaborar con el Gobierno en todas estas medidas que, de verdad, sirvan para solucionar el problema de los jóvenes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS CON LOS QUE PIENSA ABORDAR EL GOBIERNO LA REFORMA LABORAL ANUNCIADA? (Número de expediente 180/000014.)

El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta tiene la palabra don Jesús Caldera, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, le deseamos lo mejor. Tendrá toda nuestra cooperación en aquellas decisiones correctas que ayuden a los españoles a encontrar empleo. Enero ha sido un mes malo. Se han producido dos fenómenos. Uno, no se han prorrogado muchos contratos, probablemente a la espera de lo que ocurra con la reforma laboral anunciada; y dos, destrucción de empleo público de forma notable, algo que no había ocurrido en los últimos años. Por todo ello, le pregunto si nos puede indicar en esta Cámara cuáles son las líneas esenciales de la reforma laboral que pretenden o quieren aprobar mañana.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Caldera, gracias por sus palabras de ánimo. La reforma laboral que apruebe el Gobierno va a ser una reforma para el empleo estable, pensando en los ciudadanos, pensando sobre todo en esos 5 millones de españoles que hoy no tienen trabajo, y también en los jóvenes ya que uno de cada 2 no tiene oportunidades. Señor Caldera, la reforma que prepara el Gobierno pretende ser una reforma completa, no un parche. Durante la pasada legislatura se hicieron más de dieciséis cambios normativos en el mercado de trabajo. Será una reforma además que piense en el equilibrio, es decir, no va contra nadie; va simplemente para facilitar que los 5 millones de españoles que hoy no tienen empleo tengan oportunidades y, sobre todo, un gran grupo de jóvenes que no lo pueden hacer. Será una reforma útil que consiga en el corto plazo parar la sangría de destrucción de empleo, ya que -como usted bien ha dicho- en enero hemos visto que siguen aumentando las cifras de paro. Será también una reforma que ponga las bases para que el empleo que se cree cuanto antes sea un empleo estable y sea un empleo de calidad. Demasiada temporalidad y demasiada precariedad en estas últimas etapas en la creación de empleo, señor Caldera. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el señor Caldera.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.

De momento todo son generalidades, veremos mañana lo que se aprueba. Lo que sí sabe su señoría es que el elemento esencial para la creación de empleo es el crecimiento económico, así lo demuestra nuestra experiencia. En los últimos treinta años solo cuando ha habido crecimiento económico se ha generado empleo. (Rumores.) Ha habido múltiples reformas del mercado laboral, condición necesaria pero no suficiente; no con ello conseguiremos generar empleo. Por cierto, nuestro modelo lo indica, hay con la misma norma provincias donde el paro está por debajo del 12 por ciento y provincias donde está por encima del 30 por ciento. Por tanto, no es esta la vía esencial; sí lo es la del crecimiento económico, y por el camino que vamos no atisbamos que haya un programa de estímulo al crecimiento económico que le permita generar empleo cuanto antes. En todo caso, valoraremos mañana la reforma. Lo que sí le solicito, señora ministra, es que me diga si lo que hoy publican muchos medios de comunicación es cierto, que nos diga algo en este Parlamento. Por ejemplo, si van a respetar el acuerdo de negociación colectiva que han hecho los empresarios y los sindicatos, porque ese es su campo de trabajo. No fuera a ser que ustedes les impongan normas que luego ellos no apliquen, o no quieren aplicar. Dígame también si van a rebajar los costes del despido, porque en las anteriores reformas -que, por cierto, conviene que se desarrollen- ustedes criticaban al Gobierno por una pretendida rebaja de los costes del despido, que no fue tal. (El señor Olabarría Muñoz hace gestos al orador.) No, señor Olabarría, no fue tal, porque una parte de la indemnización iba a cargo del Fondo de garantía salarial, garantizándose los derechos del trabajador. O que nos indique también si van a tocar el despido objetivo. ¿Sabe usted por qué? Porque si hacen todas esas cosas seguramente no habrá más empleo, pero sí disminuirá la protección social de los españoles. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor Caldera, parece mentira que diga algunas cosas que ha dicho esta mañana. El crecimiento económico es fundamental para el empleo, sin duda. Pero ustedes -porque llevamos treinta días en el Gobierno- nos han dejado un país en recaída económica, un déficit de más del 8 por ciento y 5 millones de parados a los que este Gobierno les va a buscar una solución y les va a dar oportunidades. Señor Caldera, parece mentira que esta mañana diga usted esas cosas. (Un señor diputado. ¡Muy bien!-Aplausos.) Y se encontraron algo muy diferente cuando gobernó el Partido Popular. Se encontraron una economía que lideraba el crecimiento en la Unión Europea y que ocho de cada diez empleos en Europa eran españoles. Esa es la diferencia de cuando gobiernan ustedes y cuando gobierna el Partido Popular. Pero aquí estamos para solucionarles los problemas a los españoles. Mire, hemos puesto un plan de reformas en marcha. También va a ir mañana la reforma laboral al Consejo de Ministros, que va a buscar tres cosas fundamentales: la estabilidad en el empleo; la flexibilidad interna en la empresa para que los empresarios y los trabajadores cuando vienen mal dadas se pongan de acuerdo y no haya que recurrir al despido como única solución de ajuste; y algo muy importante también, más derechos, la formación como derecho individual de los trabajadores. Más oportunidades, más derechos, una reforma equilibrada... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE PAJÍN IRAOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO VA A ABORDAR EL GOBIERNO LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS? (Número de expediente 180/000015.)


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El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta la diputada doña Leire Pajín, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.

La señora PAJÍN IRAOLA: Señor ministro, inició su responsabilidad de una forma, digamos, abrupta, con anuncios y rectificaciones. Hasta ahí nada nuevo, porque este Gobierno improvisa y unos ministros rectifican a los otros. (Risas.) Pero en un tema tan importante para nuestro país como es preservar nuestro patrimonio natural y nuestras costas, usted empezó anunciando una profunda reforma de la Ley de Costas que luego pasó a ser suave y que después nos dijo que serviría para aprovechar nuestras costas. Por eso le pregunto: ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esa reforma?, ¿pretendemos una modificación legal o una aplicación más flexible de la actual?, ¿quiere usted legalizar situaciones de difícil justificación?, ¿cuál es el fondo de esa reforma, señor ministro? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pajín.

Señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.

El Gobierno va a abordar la reforma de la Ley de Costas con la mejor técnica jurídica, con la experiencia adquirida en la aplicación de la vigente ley y por supuesto preservando los valores ambientales del litoral como eje inspirador fundamental. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Pajín.

La señora PAJÍN IRAOLA: Debo decirle, señor ministro, que su respuesta no me tranquiliza (Varios señores diputados: ¡Oh!), porque precisamente la ley vigente es una ley garantista; una ley que ha concluido en un proceso de deslinde de más del 95 por ciento; una ley que es equilibrada y que busca preservar nuestros recursos naturales al mismo tiempo que disfrutar de nuestra costa. Ustedes hablan del desarrollo turístico, con el que por supuesto estamos de acuerdo -yo vengo de una región eminentemente turística-, pero precisamente por eso lo que queremos es un modelo turístico sostenible, que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa. ¿Sabe lo que creo, señor ministro? Que ustedes quieren volver al espíritu de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno del señor Aznar y que trajo después especulación inmobiliaria y una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro. Eso es lo que creemos que hay detrás, porque si quisiera hacer algo equilibrado, como usted dice, habría garantizado y culminado el proceso de deslinde, escucharía a todos los grupos parlamentarios, a las organizaciones ecologistas, a los ayuntamientos e iniciaría así el debate. Pero usted no ha hecho eso; ha anunciado una reforma profunda de la Ley de Costas que, mucho me temo, tiene estas intenciones detrás, y eso, señor ministro, es francamente preocupante. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pajín.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señora Pajín, lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el Gobierno socialista. Lo preocupante son casos como el del Algarrobico, que a su señoría le debe gustar mucho, aprobados por ayuntamientos socialistas y bendecidos por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas.

Señoría, vamos a hacer una reforma para mejorar la seguridad jurídica y para compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas, y vamos a estudiar la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de derecho público; es absurdo que las concesiones tengan duraciones distintas. Vamos a analizar los requisitos para hacer obras en el litoral necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones y para mantener y conservar en buen estado el litoral. Vamos a analizar la transmisión de los derechos de ocupación. Vamos a estudiar en materia de deslinde los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de los bienes en el dominio público marítimo terrestre, y vamos a ver qué ha pasado con los expedientes de reconocimiento de derechos preexistentes. Vamos a poner en marcha procedimientos de desafectación mucho más ágiles y vamos a coordinar a las distintas administraciones públicas para garantizar de modo sostenible la actividad turística en el litoral, y vamos a buscar un amplio consenso parlamentario. No hay ninguna contradicción. Dijimos desde el principio que íbamos a modificar la Ley de Costas y lo vamos a hacer, porque queremos resolver varias cosas: la inquietud en los propietarios de viviendas y en los que tienen parcelas en la costa sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos de treinta años de concesiones empiezan a expirar en 2018, polémica que se ha llevado ante el Parlamento Europeo en el informe Auken para que se inste al Gobierno español a modificar esta ley. Vamos a resolver la acumulación de expedientes sin resolver: tienen ustedes 24.500 expedientes sin resolver; no han hecho nada en siete años. (Aplausos.) Vamos a ver por qué los cambios de criterio de ocupación de playas han causado inseguridad en el sector


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hostelero, y vamos a terminar el deslinde administrativo del dominio público, que muchas veces ha sido caprichoso y arbitrario con lindas de deslinde que no van en línea recta sino haciendo zigzags en función de interpretaciones de las demarcaciones de costa. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Vamos a poner sentido común en las costas españolas. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro se ha acabado su tiempo. Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON SABINO CUADRA LASARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CUÁL VA A SER LA ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CENTRAL TÉRMICA DE CASTEJÓN -NAVARRA- TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, QUE RATIFICA LA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA, DECLARANDO LA NULIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DICHA CENTRAL? (Número de expediente 180/000003.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta del diputado don Sabino Cuadra, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor diputado.

El señor CUADRA LASARTE: La palabra es muy sencilla, ¿qué va a hacer el Gobierno con la central térmica de Castejón, Navarra, tras la sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad de pleno derecho de este proyecto? Y la pregunta se concreta en algo todavía más sencillo, señor ministro: ¿iría usted a vivir a un pueblo como Castejón, que cuenta con una central térmica sita únicamente a 67 metros del casco urbano?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ve motivo para que la Resolución del 25 de noviembre del año 2005, que autorizaba a Eléctrica Ribera del Ebro a la instalación del segundo grupo en la central térmica de ciclo combinado de Castejón, pueda ser convalidada una vez que ha desaparecido el vicio de nulidad que había y que motivó la sentencia a la que usted hace referencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, lo siento pero me parece que ha hecho la del chipirón, ha soltado tinta para enturbiar un poco lo que se está preguntando de forma muy concreta; ha salido por peteneras. Los hechos son muy sencillos. El Gobierno de Navarra dio la aprobación inicial al Plan superior de incidencia supramunicipal por el cual se autorizó esta central. Posteriormente, el Ministerio de Industria dio también su autorización para que se pusiera en funcionamiento, y ahora el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que dice que es nula de pleno derecho, que es nula de pleno derecho -y esta sentencia es firme e irrecurrible- la aprobación que dio el Gobierno de Navarra. De esto se deriva también de forma directa que hoy esta central está funcionando de forma completamente ilegal y su ministerio lo está autorizando. Y lo mismo que en su día autorizó la puesta en funcionamiento, lo que procede de forma inmediata es que se paralice esta actividad, que es molesta, que es insalubre, que es nociva y que es peligrosa, y que no solo cuenta con estas cuatro características, sino que hoy es ilegal.

La legalidad que muestra el Partido Popular es muy curiosa. Hoy en día, es posible cerrar un bar o una cafetería porque se incumple la Ley del tabaco, porque el humo de unos cigarrillos vulnera esta ley, pero se permite que una central térmica que emite toneladas de CO2 y de otros gases tóxicos similares, que vulnera las normativas existentes en materia de emisión de ozono, siga funcionando. Se permite esto. Nosotros creemos que el Gobierno tiene dos varas para aplicar la legalidad. Hay una legalidad que es generosa, que es para las empresas, las grandes empresas y las multinacionales del sector, y hay otra cicatera, tremendamente cicatera, para los consumidores, para los vecinos y vecinas de Castejón...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha terminado su tiempo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, usted me habla de generalidades. Yo le voy a hablar de aspectos muy concretos de las distintas disposiciones. El día 25 de noviembre del año 2005, la Dirección General de Política Energética y Minas adopta una resolución en virtud de la cual se autoriza a Eléctrica Ribera del Ebro para instalar un segundo grupo en la central térmica de ciclo combinado de Castejón. Esta resolución fue, en efecto, recurrida en alzada ante el Ministerio de Industria; fue recurrida porque esta instalación -se argumentaba- estaba a menos de 2 kilómetros de un núcleo de población y, por tanto, incumplía el artículo 4 del reglamento de actividades molestas, insalubres y nocivas del año 1961, un reglamento de tiempos de la dictadura. Es verdad que estaba vigente en el momento de la solicitud de la autorización, pero más tarde fue derogado. Ese


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recurso en alzada fue desestimado por resolución de la subsecretaría del 4 de abril del año 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 17 de septiembre del año 2010, anuló la resolución de la Subsecretaría de Industria. Pero el mismo tribunal, el 14 de julio del año 2011, anuló la sentencia anterior del propio tribunal, argumentando que había habido indefensión del titular de la autorización por no haber sido previamente citado. Recientemente, la compañía ha solicitado al ministerio la convalidación de aquella resolución de la subsecretaría, y además hay que tener en cuenta que hoy ya no existe aquel requisito de la distancia mínima de los 2 kilómetros a un núcleo más próximo de población. Por lo tanto, han desaparecido esos motivos y, a tenor de lo que dicen los servicios jurídicos del ministerio -más en concreto, la Abogacía del Estado-, esa resolución puede ser convalidada en los términos que he expresado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE EL GOBIERNO QUE ES POSIBLE DEFENDER EN BRUSELAS LA UNIDAD FISCAL EUROPEA Y MANTENER O AMPLIAR LA DESUNIÓN FISCAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000005.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. La primera es la pregunta de doña Rosa Díez, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, señor Montoro, el señor Rajoy me negó ayer, moviendo la cabeza, que él estuviera defendiendo en Europa una fiscalidad común para Europa, para que fuera posible una política económica común. Lo que le quería pedirle, señor ministro, es que me confirme si su Gobierno en esta materia no está de acuerdo con la posición sostenida por la señora Merkel y por el señor Sarkozy. ¿Puede usted confirmarnos esto en este turno de aclaraciones y preguntas?

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Con mucho gusto, y además agradezco que haya cambiado usted la pregunta que trataba de formularnos en el Pleno. El Gobierno español y el presidente del Gobierno están apoyando ese Pacto fiscal, como se llama en Europa, pacto voluntario de pertenencia de los países miembros del euro o no miembros del euro, para tener normas cada vez más comunes en todos los ámbitos, en el ámbito presupuestario y concretamente en el ámbito tributario. ¿Aclarado, señora Díez?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Montoro. Señor ministro, me tranquiliza usted mucho. Parece que, efectivamente, el Gobierno de España está defendiendo en Europa una política fiscal común y entonces ahora me siento con toda autoridad dispuesta y en posición para requerir a su Gobierno en este trámite de preguntas que defienda en España lo mismo que defiende en Europa, una política fiscal común, una política que evite tratamientos discriminatorios para los ciudadanos y, por tanto, para los territorios. Son los ciudadanos los titulares de los derechos y son los ciudadanos los que hemos de ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley. No puede ser que se defienda en Europa por parte del Gobierno de la nación una política fiscal común -insisto, instrumento fundamental para una política económica común- y que en España haya paraísos fiscales, dentro de nuestro propio país, algo que lleva, por ejemplo, a don Artur Mas, como usted muy bien sabe, a decir la semana pasada en un medio de difusión alemán -de muchísima difusión-, que él quiere para Cataluña la misma soberanía fiscal que tiene el País Vasco. Esto no es sostenible, usted lo sabe bien, señor ministro. No es sostenible extender el modelo fiscal vasco o el modelo fiscal navarro al conjunto de España. No es sostenible porque suma más de cien. No es una cuestión de derechos históricos o de otro tipo. No es una cuestión de mantener aquí un invento del señor Cánovas del año 1871, correligionario ideológico suyo -quizás por eso usted defiende tanto este modelo-, es que es un modelo injusto y que no se puede extender a toda España, es un privilegio. La diferencia, además de otras -de los moluscos y los seres humanos-, es que nosotros tenemos la obligación de analizar las leyes a la luz de sus consecuencias y, si una ley ha sido negativa para la igualdad y la cohesión de todos los españoles, hay que cambiarla. Es la hora de revisar estas leyes.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Señoría, la pregunta se la tendría que dirigir usted al señor Mas, porque parece que lo que le inquieta es un planteamiento político del presidente de la Generalitat de Catalunya y esto no es objeto de debate con el Gobierno de España. Señora Díez, usted ha sido miembro de un Gobierno, del Gobierno vasco, que es el líder, el protagonista de las haciendas forales. España es un país con regímenes económicos fiscales diferentes, y eso viene de los ancestros de la historia de España. Es España, con su Régimen Económico y Fiscal de Canarias desde los ancestros, es el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y Melilla, son las haciendas forales, que se insertan en siglos atrás. Todo ello lo estamos haciendo coherente con la integración europea. Eso es lo que hace el Gobierno, buscar la convivencia y el entendimiento entre los españoles, buscar que nuestras leyes sean armonizadoras de la fiscalidad dentro de esa Hacienda diferente y diversa que existe en España, y eso es lo que está inspirando la próxima ley de estabilidad presupuestaria que traeremos a esta Cámara, donde vamos a reforzar la armadura institucional de España para hacer más transparente la gestión en todas nuestras administraciones públicas. Señora Díez, bájese usted de ese discurso y apoye las iniciativas de un Gobierno que está trabajando en Europa para estabilizar el euro y promover el crecimiento en España y para reforzar esa arquitectura institucional en España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN BILATERAL JUNTA DE ANDALUCÍA-ESTADO? (Número de expediente 180/000010.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Antonio Hurtado, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, la semana pasada dos consejeros del Gobierno andaluz estuvieron reunidos con usted. Una de las cuestiones por las que se interesaron fue el déficit de inversiones de los ejercicios 2008 y 2009 para Andalucía, como sabe usted establecido en la disposición adicional tercera de su estatuto. ¿Cuáles son los planes que usted tiene con los acuerdos a los que se llegó en la Comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Hurtado, la verdad es que si a un gobierno que lleva cinco o seis semanas en el ejercicio del gobierno usted le pide que se comprometa con Andalucía lo hace sin pestañear. Vamos a estar cumpliendo con Andalucía exactamente igual que tendrá que reconocerme que no ha cumplido el Gobierno anterior, el Gobierno que ustedes estaban apoyando, porque esa reivindicación de los consejeros actuales se corresponde con los incumplimientos. Añado además que la fecha en la que se celebra esa comisión bilateral es cuando las elecciones generales ya están convocadas, es en el mes de septiembre. Ya me contará usted los acuerdos a los que se llega cuando un periodo electoral está convocado. Más compromisos reales es lo que le hace falta al Gobierno de España con Andalucía, pero reconociendo que ha habido un fracaso y una falta de identificación con los objetivos de desarrollo de Andalucía concretada en falta de inversiones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Señor Montoro, el Gobierno al que usted pertenece lleva trabajando desde que se constituyó en clave de elecciones andaluzas, y lleva trabajando en esa clave desde la deslealtad institucional. Las declaraciones que usted hizo después de esa reunión fueron lamentables, chulescas, prepotentes, impropias de un ministro. (Un señor diputado: Sí, señor.-Rumores.) Están siendo ustedes desleales a Andalucía, están siendo ustedes desleales a una institución, a un Gobierno tan legítimo como el suyo. (Aplausos.-Rumores.) En ese sentido, les pido el mismo trato con otras comunidades. ¿Por qué no va usted a otras comunidades y les suelta la cantidad de mentiras que están soltando sobre Andalucía, que le están perjudicando, sobre su solvencia, sobre su situación financiera? ¿Por qué no va usted a Valencia? (Un señor diputado: Sí, señor.-Rumores.) ¿Por qué tratan distinto siempre a Andalucía?

Señor Montoro, le quiero decir una cosa, las contiendas electorales son entre partidos políticos, no entre gobiernos, y ustedes están haciendo una contienda electoral desde el Gobierno. Señor Montoro, le pido que me conteste y me diga qué va a hacer usted con los compromisos de los 1.504 millones de esa comisión; le pido que pida disculpas al Gobierno andaluz; le pido que pida


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disculpas a los andaluces (Rumores.); le pido, por otra parte, que realmente se comprometa y colabore legítima y honestamente con el Gobierno de Andalucía para superar las dificultades que todo el mundo está viviendo (Rumores.), y le pido también que presente de una vez por todas los Presupuestos Generales del Estado (Un señor diputado: ¡Muy bien!) con los compromisos con Andalucía. (Rumores.-Aplausos.) No hable de los compromisos con Andalucía, plásmelos en el papel y plásmelos en los Presupuestos Generales del Estado, es lo que esperamos. (Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La coherencia intelectual mínima, el rigor mínimo, señoría, estamos hablando de Andalucía porque usted está interpelando a un miembro del Gobierno de España sobre Andalucía. Hasta ahí llegamos y coincidimos. Dicho esto, voy a repetir en sede parlamentaria exactamente las mismas palabras que pronuncié a la salida de ese encuentro con los consejeros de la Junta de Andalucía. Voy a expresar públicamente en sede parlamentaria mi preocupación por las cuentas de Andalucía; voy a expresar en sede parlamentaria mi preocupación por el incumplimiento supuesto que se deriva de las palabras de la consejera de Hacienda de Andalucía de los objetivos de déficit público marcados para la Junta de Andalucía el año pasado. ¿O es que se han cumplido esos objetivos, señoría? Entonces, ¿por qué descalifica usted con esos términos? En este Parlamento estamos para intercambiar opiniones y usted podrá, efectivamente, ejercer el control del Gobierno, y ese control está en el compromiso de Andalucía y en decir la verdad sobre las cuentas de Andalucía y sobre las cuentas de todas las comunidades autónomas de España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOAN RANGEL TARRÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿MANTIENE EL GOBIERNO SU INTENCIÓN DE RETRASAR LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012? (Número de expediente 180/000011.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pregunta del diputado don Joan Rangel, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, más allá de que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado constituye una función básica de las Cortes Generales, desde el punto de vista político es la norma donde se ponen de manifiesto y se cuantifican los objetivos del Gobierno para cada ejercicio. La situación es suficientemente delicada como para que los ciudadanos y ciudadanas constaten que del debate político pueden surgir las medidas más acertadas para salir de dicha situación que están padeciendo los ciudadanos y ver el futuro con más optimismo y esperanza. Es una buena forma de acercar la política a la ciudadanía. Podemos acordar o discrepar, pero con argumentos y alternativas. Por lo tanto, el debate de los presupuestos para el ejercicio 2012 no admite demoras. Por dicho motivo, le pregunto: ¿mantiene el Gobierno su intención de retrasar la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Señoría, no hay retraso ninguno. El Gobierno está cumpliendo el calendario que estableció el presidente del Gobierno en su debate de investidura e incluso previamente, cuando anunció, y volvió a reiterar ayer, que estamos pendientes de que la Comisión Europea establezca los nuevos escenarios, actualice los escenarios de crecimiento económico para este año, de evolución económica, puesto que no va a haber crecimiento, para este año para España y para la zona euro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Señor ministro, hay otros países europeos que han aprobado el presupuesto. Mi opinión es que no son razones técnicas, sino de voluntad política. Se ha afirmado en esta Cámara que hay quien pone los Presupuestos Generales del Estado al servicio de su partido y quien los pone al servicio de los intereses generales de la economía y la sociedad española. Hoy, la demora injustificada en su presentación es más síntoma de lo primero que de lo segundo. Les insto a que rectifiquen y antepongan el interés general a cualquier otro interés. Hagamos pedagogía de la política. Consigamos que los jóvenes que hoy nos han visitado como tantos otros, o los ciudadanos que nos sigan, vean que es posible que del debate político salgan los mejores acuerdos. Creo que nos lo van a agradecer. Por lo tanto, le insto a que cuanto antes presenten dichos presupuestos y la sociedad española nos lo va a agradecer.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, claro que hay una razón política para que en España no se hayan actualizado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, la razón que explicó suficientemente el presidente del Gobierno ayer en la tribuna, la razón es que ha habido unas elecciones generales anticipadas. Cuando el anterior presidente del Gobierno de España promueve el anticipo explica que ese anticipo es para que el nuevo Gobierno elabore los Presupuestos Generales del Estado. Nadie puede pensar que un gobierno conformado a finales del mes de diciembre es capaz de traer a estas Cortes un presupuesto nuevo, distinto del anterior, marcando una orientación distinta del anterior, en cuatro semanas, y sobre todo en un escenario económico que ha cambiado. Estamos haciendo un planteamiento de realismo, señorías. Además, tenemos un presupuesto actualizado ya, un presupuesto que ya está prorrogado. Asimismo, con el decreto-ley del 30 de diciembre aprobado por el Consejo de Ministro y refrendado en esta Cámara, hemos cambiado elementos sustanciales de lo que es ese programa de gasto y de ingreso público. Por tanto, señorías, ya hemos trabajado como Gobierno en las bases de ese nuevo presupuesto y lo haremos en el tiempo que restará, tiempo récord de elaboración de un presupuesto, que será cuando tengamos, a finales del mes de febrero, el nuevo escenario que marca la Comisión Europea y, a partir de ello, elaboremos el techo de gasto, elaboremos el proyecto de presupuestos en prácticamente cinco semanas. Nunca se habrá hecho tan rápido un presupuesto en España, señoría. Por tanto, hay una causa política, pero también hay una premura, efectivamente, por toda la política del Gobierno: devolver a España el crecimiento económico, la creación de empleo y devolver la confianza como socio fiable en Europa y ante los inversores mundiales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL "PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS". (Número de expediente 172/000001.)

El señor PRESIDENTE: Terminado el punto correspondiente del orden del día a preguntas, pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, comenzamos con la interpelación urgente sobre el cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Para su defensa tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, supongo que no hace falta que me extienda en justificar la necesidad de un esfuerzo público sostenido que acompaña al sector de la minería del carbón en esta etapa tan difícil, en el arranque del siglo XXI, tras décadas de reconversión, especialmente en la necesidad de generar un desarrollo económico alternativo, esto es, la necesidad de actuar en sectores ajenos a la minería que permitan garantizar la viabilidad futura de las comarcas mineras en un escenario más o menos inmediato, diversificado, más allá del monocultivo de este recurso energético. No olvidemos que desde 1998 las ayudas a la producción del carbón van acompañadas de recursos para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras o, como se dice desde 2006, por un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. En 2005, cuando se evaluó el plan de 1998, se concluyó, y cito textualmente, que las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras no han conseguido promover en general un nivel de actividad suficiente y diversificado para superar la dependencia que dichas comarcas tienen respecto a la minería del carbón. Resulta necesario, por tanto, persistir en el esfuerzo para fortalecer la base económica de las áreas afectadas por la ordenación de la minería del carbón. Hasta aquí la cita. Por eso, se hizo el plan vigente 2006-2012, un plan que acaba de sufrir un terremoto por la decisión draconiana, injustificada e injustificable adoptada por su Gobierno el pasado 30 de diciembre. En el primer Consejo de Ministros decisorio de la era Rajoy ustedes han decidido eliminar de un plumazo la financiación de las infraestructuras del Plan Miner, precisamente las infraestructuras que debían contribuir a hacer más atractivas estas comarcas y, por tanto, favorecer la atracción de proyectos empresariales generadores de empleo; estamos hablando de infraestructuras de comunicación, de redes gasísticas, de equipamientos sociales en compensación por el cese de actividad de las minas; eso es lo que han eliminado ustedes de un plumazo en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, y lo hicieron sin hablar con nadie, sin atenerse ni a Dios ni al diablo, sin dar cuenta a los agentes sociales ni a las comunidades autónomas ni a las administraciones afectadas. Lo hicieron sin convocar siquiera la Comisión de seguimiento del Plan Miner. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Ese recorte


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ha provocado, como es natural, una ola de incertidumbre y de indignación en las comarcas afectadas desde Asturias a Teruel, desde León a Córdoba, desde Mequinenza a Puertollano. Llevamos seis semanas de pronunciamientos diversos, de declaraciones de los distintos actores implicados, de acuerdos institucionales, algunos de ellos con el voto favorable del Partido Popular, acuerdos unánimes, sin ir más lejos el último ayer mismo en el Pleno de las Cortes de Aragón. Seis semanas también de convocatorias sindicales y todo ello en contra del recorte producido en el Plan Miner y pidiendo, exigiendo a su Gobierno explicaciones.

Señor ministro, se generaron muchas expectativas en torno a su primera comparecencia parlamentaria en Comisión la semana pasada. Las gestiones de distintos responsables autonómicos del Partido Popular en los territorios afectados fueron alimentando la creencia incierta, como hemos visto, de que iba a haber algún tipo de compensación, de que iba a haber algún tipo de modulación en la posición, de que iba a haber algún tipo de acuerdo, alguna solución que dejara satisfechos a los agentes sociales y a las instituciones de las comarcas mineras y, sin embargo, no ha sido así, al menos hasta ahora. Quiero recordar que usted mismo alimentó esas expectativas, cuando el 9 de enero en Zaragoza asistió a la toma de posesión del delegado de Gobierno y declaró lo siguiente: estamos negociando para que ese ajuste no se haga con cargo a esa partida -al Plan Miner, se refería-, sino que se haga con cargo a otra partida. Eso es lo que dijo usted el 9 de enero en Zaragoza. Sin embargo, su intervención del pasado día 31 en la Comisión de Industria, Energía y Turismo fue frustrante, frustrante. No solo anunció que no iban a dar marcha atrás en los recortes, sino que iba a haber todavía más; usted lo lamentaba pero dijo textualmente: tendrá que haber más ajustes adicionales. Por si fuera poca mala noticia, usted añadió que no iba a reconocer los compromisos pendientes del Gobierno anterior, literalmente dijo: vamos a responder de nuestros incumplimientos, pero de los del Gobierno anterior lógicamente tendrán que responder otros -luego volveré a esta cuestión-. Usted, por lo tanto, echó un jarro de agua fría sobre las expectativas que se habían generado, por eso hemos decidido presentar esta interpelación, para darle a usted la oportunidad de rectificar -ojalá- o al menos de que intente explicar un poco la situación de las cosas que tenemos entre manos.

El otro día, usted reconoció que el recorte de 1.091 millones de euros en su ministerio lo había impuesto el ministro de Hacienda, que es el competente en estas cosas, pero no me respondió por qué el Miner, por qué; por qué eliminar esta partida concreta consignada en los Presupuestos Generales del Estado en 289 millones de euros en el presupuesto prorrogado. El único recorte de su ministerio que se especificó en el acuerdo de no disponibilidad era precisamente el del Plan Miner, ¿por qué? ¿No había otra fórmula para recortar esos 280 millones más equilibradamente entre distintos programas? Si el presupuesto de su ministerio se recortaba en un 18 por ciento, ¿por qué no plantearon recortar -o ajustar, como dicen ustedes- las inversiones del Plan Miner en un 18 por ciento y no en un cien por cien? ¿Por qué? Sinceramente, cuesta entender sus razones. No las entienden ni en Mieres ni en Andorra ni en El Bierzo. ¿Por qué no informaron al sector? ¿Por qué no han ido a las comarcas mineras a explicar las causas y, sobre todo, las consecuencias de esta decisión? Ya sé que el Partido Popular ha ganado las elecciones y que ustedes son los que toman las decisiones, pero no tienen un cheque en blanco para gobernar de espaldas a la gente. Ustedes tienen que cumplir los compromisos legalmente adquiridos y tienen que contar con los órganos de participación existentes, en este caso la comisión de seguimiento del Plan Miner. Han tardado cincuenta y dos días en convocar la comisión de seguimiento. Han tenido que aprobar los sindicatos un calendario de movilizaciones para que ustedes se acuerden de que tienen que convocar la comisión de seguimiento; cincuenta y dos días desde el decretazo, desde la decisión del 30 de diciembre hasta el 20 de febrero en que han convocado esa reunión de la comisión de seguimiento. Así no se hacen las cosas, señor ministro.

¿En qué situación queda el Plan Miner si se elimina el último año de vigencia, el 2012? Creo que sería bueno que hiciera el ejercicio de intentar explicar con algo de detalle lo que debemos esperar del Plan Miner a partir de ahora. ¿Se retrasa todo un año o simplemente debemos dar ya por finalizado el plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras? ¿Va a afectar solo a infraestructuras, como se nos ha dicho, o en marzo con los presupuestos del Estado se recortarán también los programas de proyectos empresariales o de formación? ¿A qué debemos atenernos, señor ministro? ¿O debemos preguntarle al señor Montoro -que veo que sigue atentamente la interpelación-?

He dicho antes que su intervención de la semana pasada en Comisión fue frustrante, pero lo más grave a mi juicio fue que dijo que no respondía de los incumplimientos del Gobierno anterior; esto es, que usted se desentendía de los proyectos en ejecución correspondientes a ejercicios anteriores. Son proyectos que se están ejecutando en estos momentos, proyectos consignados correspondientes a ejercicios anteriores y usted vino a decir que no los iba a pagar. Eso es lo que quiso decir, eso es lo que entendimos todos. Todo el mundo entendió eso, desde La Nueva España hasta el Diario de Teruel. Señor ministro, su Gobierno tiene que cumplir los compromisos legalmente adquiridos por el Gobierno anterior. Le recuerdo que ese Gobierno era el Gobierno de España. No era el PSOE, era el Gobierno constitucional y ustedes no pueden trazar una línea en el suelo y decir: hasta aquí, que le pidan explicaciones al señor Sebastián y, a partir de aquí, actúo yo. No; esto no funciona así. Su presidente habla mucho de ganar confianza en Bruselas, en Berlín y en todos esos lugares. Pues cumpla con sus compromisos aquí. Cumpla aquí primero.


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Gánese la confianza de Asturias, de León, de Aragón y de las cuencas mineras de la península, gánese la confianza. (Aplausos.)

Concluyo ya. Nos estamos jugando el futuro de estas comarcas y sus posibilidades de desarrollo en el futuro inmediato. Nos estamos jugando la vida de nuestras comarcas y el portazo al Plan Miner supone un golpe mortal y una condena al abandono. Por eso, desde La Izquierda Plural, haciéndonos eco del clamor de las cuencas mineras de Asturias, de Aragón, de León, de Córdoba, de As Pontes, de Puertollano, de Berga o de Mequinenza, le exigimos que rectifique y que mantenga en su integridad el Plan Miner para el desarrollo alternativo de las cuencas mineras sin recortes. Es más, le instamos a que convoque a las comunidades autónomas y a los agentes sociales para empezar a preparar un nuevo plan con el horizonte de 2018, ese mismo horizonte que impuso el reglamento europeo. Hay que hacer los deberes en desarrollos alternativos de las cuencas mineras antes de esa fecha. No lo olvide, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.

Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, como saben, en España el Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras se reguló mediante el Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas para la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras. Actualmente, tras la finalización del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en julio del año 2002, el marco actual en el que se desarrolla el funcionamiento y reestructuración de la minería del carbón es el que está contemplado en el Reglamento de la Comunidad Europea 1407/2002, del Consejo de 23 de julio de ese año, sobre ayudas estatales a la industria del carbón. Dicho reglamento tiene en cuenta los siguientes aspectos importantes: uno, las repercusiones sociales y regionales relacionadas con la reducción de la actividad; dos, la necesidad de mantenimiento como medida de precaución de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso a la reserva; y tres, la cobertura de cargas excepcionales no relacionadas con la producción corriente.

Señorías, al amparo de este nuevo marco normativo, se inició un proceso de diálogo que concluyó con la firma del nuevo plan estratégico, Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012, que es al que se refiere la interpelación por la que comparezco en el día de hoy. Dicho plan hace referencia a la continuada situación de crisis, a las sucesivas reconversiones y a la histórica dependencia del carbón propia de las comarcas mineras. Por ello, y con el objeto de paliar las desventajas competitivas existentes en ella, el plan contempla las siguientes actuaciones: primero, reactivar las comarcas destinadas al desarrollo de infraestructuras; segundo, promocionar y desarrollar actividades económicas alternativas a la minería del carbón; tercero, financiar proyectos empresariales generadores de empleo; y cuarto, fomentar actuaciones formativas destinadas a incrementar la empleabilidad de las personas residentes en las comarcas mineras.

En relación con el cumplimiento del plan, desde el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, se gestionan, como es sabido por sus señorías, las distintas líneas de ayuda de este plan, la regulación europea y el Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 junto con el nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Tales líneas consisten en lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a las ayudas de reestructuración y racionalización para la minería del carbón, principalmente ayudas por costes laborales mediante prejubilaciones. En segundo lugar, dentro de la línea de ayuda a la explotación minera, hasta diciembre del año 2010 esta línea regulaba el acceso a las reservas estratégicas del carbón, pero en el nuevo marco europeo está dedicada a las empresas explotadoras para que se acojan a las ayudas por el cierre en caso de no ser competitivas. En tercer lugar, líneas de ayudas a proyectos de infraestructuras, reactivación de las comarcas. Los beneficiarios de estas líneas son las administraciones regionales, las locales, las entidades sin fines de lucro y las empresas públicas. Estas ayudas derivan de la necesidad de proseguir el proceso de reestructuración y evitar el declive de las zonas mineras mediante una política de desarrollo alternativa. Y, en cuarto lugar, línea de ayuda a proyectos empresariales generadores de empleo, reactivación de las comarcas. La finalidad de estas ayudas es la mejora del desarrollo de las regiones desfavorecidas mediante el apoyo a la inversión. Señorías, la gestión de las ayudas dirigidas a la minería y a la formación corresponden al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Asimismo, la gestión de las ayudas a los proyectos empresariales y a las infraestructuras requiere la participación de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y del propio instituto, incluso requiere la participación de las mesas de la minería de las comunidades autónomas en el caso de las infraestructuras.

¿Cómo se han utilizado tales asignaciones a lo largo de los últimos años? En un análisis de estas asignaciones se observa lo siguiente. En primer lugar, a excepción de las cuantías que han sido dedicadas a prejubilaciones, que han sido cuantías crecientes a lo largo de todo el periodo, se observa un recorte de las dotaciones presupuestarias a este tipo de ayudas generalizado a partir del año 2009 -reitero, con excepción de las ayudas a las prejubilaciones-. En segundo lugar, el ajuste a 30 de diciembre del año 2011, el que se ha tomado por decisión del Consejo


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de Ministros de 30 de diciembre del año 2011, se concentra en las ayudas de menor ejecución presupuestaria. Si lo analizamos por tipos de ayuda, y partiendo de una primera aproximación, los ajustes que se van a producir en este año 2012, concretamente en el periodo de prórroga de los presupuestos del año 2011, puede resumirse lo siguiente. En el caso concreto de las prejubilaciones, a lo largo de todo el periodo, desde el año 2002 hasta el año 2011, van aumentando paulatinamente las cuantías que están dedicadas a prejubilaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando vamos a las ayudas que se dan directamente a la industria para la minería del carbón, vemos, en cambio, que en el año 2009 se produce una disminución del 3,15 por ciento; en el año 2010, una disminución del 8,08 por ciento, y en el año 2011, una disminución del 14,4 por ciento. Estas ayudas sí están afectadas por el ajuste que ha aprobado el Consejo de Ministros.

¿Qué ha ocurrido con la evolución de las cuantías destinadas a infraestructuras? Hablo de los últimos tres años. En el año 2009 hay una caída del uno por ciento, en el año 2010 es del 15,2 por ciento y en el año 2011 la caída es del 25,8 por ciento. ¿Qué ha ocurrido con las ayudas que están destinadas a proyectos empresariales? En el año 2009 aumentaron un 25 por ciento, es verdad, pero en el año 2010 disminuyeron un 7,28 y en el año 2011 un 37,7 por ciento. Por todo ello, señorías, las partidas que mayor ajuste han tenido después de la decisión del Consejo de Ministros del día 30 de diciembre del año 2011 son aquellas que han registrado igualmente unas cuantías menores desde el punto de vista de su ejecución.

Sobre el total presupuestado para el periodo 2002 a 2011, el menor grado de ejecución se registra en las asignaciones a los proyectos empresariales, un 39 por ciento a lo largo de todo el periodo, del total asignado; seguido de las ayudas al desarrollo de infraestructuras, un 42 por ciento del total asignado; y, muy a distancia, las ayudas a la industria minera del carbón, un 83,79 por ciento. En otras palabras, señorías. Si contemplamos el periodo de 2002 a 2011, en lo que tiene que ver con las ayudas destinadas a prejubilaciones, es verdad que hay un grado de ejecución incluso por encima del que había previsto, en concreto un 100,57 por ciento. Ahora bien, si vamos al grado de ejecución de las ayudas a la minería del carbón, periodo 2002-2011, el grado de ejecución es del 83,79 por ciento. Si vamos a las ayudas en infraestructuras, 2002-2011, el grado de ejecución es del 41,8 por ciento. Y si vamos a los proyectos empresariales, periodo 2002 a 2011, el grado de ejecución es del 39,7 por ciento. Si vamos a los proyectos empresariales que están incluidos dentro del instrumento mínimis, el grado de ejecución, durante el periodo 2002-2011, es del 7,89 por ciento. Es verdad que esa menor ejecución responde a una complejidad de todo el proceso de concesión de ayudas y a las características de las mismas. Eso es verdad. Además, específicamente, las ayudas que hay para proyectos empresariales se encuentran con dificultades para acceder a la financiación ajena con la que han de ejecutar una parte del proyecto empresarial que financia el propio empresario. Ahora bien, estas dificultades de financiación, lógicamente, están vinculadas a la evolución del ciclo económico y particularmente a las restricciones en cuanto al crédito que se deriva de esa evolución del ciclo.

Por su parte, hay que señalar que los retrasos de ejecución en los proyectos de infraestructura se deben a los procesos de decisión de las actuaciones a realizar y, también, a los retrasos en la elaboración de proyectos, firma de convenios, autorizaciones y obtención de permisos de distintos ámbitos administrativos. En definitiva, a la burocracia.

Por todo ello, las acciones que el ministerio plantea en relación con los ajustes que se han producido, por la decisión del día 30 de diciembre del año 2011, consisten en lo siguiente. El ministerio ya está analizando el encaje de esos ajustes para el año 2012. En este trabajo se considera prioritario garantizar las actuaciones comprometidas que tengan perspectivas de finalizarse, no aquellas que no tengan ningún tipo de perspectiva de finalizarse, sino aquellas que tengan una perspectiva de finalización. Lo que no va a hacer el ministerio -creemos que no es bueno hacerlo- es seguir firmando nuevos convenios que terminen por no realizarse y pasen a engrosar la cifra actual de 179 convenios caducados, cancelados o anulados. Pensamos que esa no debe ser la actitud del ministerio. En la situación actual, la Secretaría de Estado de Energía ya está trabajando sobre el ajuste presupuestario que permitirá asumir el recorte que ha sido propuesto por el Ministerio de Hacienda. En efecto, ¿quién va a proponer un ajuste presupuestario que no sea el ministro de Hacienda? Lógicamente, tiene esa función. ¿A mí me hubiese gustado, como ministro de Industria, que no hubiese habido ningún tipo de ajuste en el Ministerio de Industria? Me hubiese encantado. Ahora bien, yo formo parte de un Gobierno; este es un todo; todos somos corresponsables, y en el ámbito de mi departamento el ajuste ha ascendido a la cuantía de 1.100 millones de euros.

Finalmente, el ministerio no tiene previsto firmar ninguno de los convenios que están caducados y, además, vamos a analizar el pago de los 214,9 millones de euros de los convenios firmados y pendientes de pago, en los cuales hay tres tipos de situaciones distintas. Hay proyectos cuya ejecución comienza con cargo a ese compromiso presupuestario, sin que se haya firmado ni siquiera el convenio; hay casos de esta naturaleza. Por tanto, son casos que la Secretaría de Estado de Energía está estudiando. Hay proyectos que están ejecutados y terminados y, desde luego, van a ser pagados por el ministerio. Y hay proyectos que están en ejecución y sin finalizar que están siendo estudiados por parte del ministerio. Desde luego, los proyectos que no han sido empezados aún, lógicamente, el ministerio no puede responder de ellos.


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Señorías -y con esto concluyo-, la cuantía del ajuste que se ha producido a los efectos del contenido de la interpelación -como consecuencia del ajuste de la decisión del Consejo de Ministros del 30 de diciembre del año 2011- es inferior al grado de inejecución que, por causa del ejercicio 2011, no se ha llevado a cabo a lo largo de ese ejercicio. Por tanto, pensamos que no va a suponer un coste adicional respecto a lo que ha sido la realidad de los hechos de la ejecución de los proyectos en el año 2011.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, usted ha hablado de cuatro líneas de trabajo de ese instituto, y lo que han hecho es eliminar la tercera de las líneas y no me ha dicho nada sobre la cuarta de las líneas que se encuentra amenazada o, al menos, desde los sectores implicados la encuentran bastante amenazada. Al final, lo que han hecho ustedes es que, como se han ejecutado poco algunos proyectos, directamente los eliminan. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Usted sabe que los proyectos de infraestructuras tienen una serie de problemas burocráticos. Usted lo ha explicado muy bien. Esos problemas burocráticos en la tramitación hacen que se ejecuten con retraso, especialmente una burocracia que se agravó en el ejercicio anterior, el año pasado, porque había que pedir la autorización del ministro de Economía y Hacienda de entonces. Por tanto, son problemas burocráticos y ahora encima son castigados por esos problemas. Vamos a ver. ¿Merecen castigo porque la Administración no sabe gestionar ágilmente los proyectos de infraestructura del Plan Miner? Por favor, eso es castigar a la sociedad civil; eso es castigar el desarrollo de las comarcas por unos proyectos. Usted ha dicho que hay un nivel de inejecución o de retrasos en la ejecución. No sé qué porcentaje habría que barajar, ¿el 40 por ciento, por ejemplo? Sin embargo, con ese 40 por ciento de retraso y de inejecución usted elimina el cien por cien. Oiga, esto no me parece ni medio serio.

Además, usted ha hablado de que la decisión la toma el ministro de Hacienda. Hay que entender que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacer el trabajo difícil del Gobierno, alguien tiene que hacer de malo, pero usted como ministro de Industria tiene que defender lo suyo. Usted tiene que defender a su gente y su gente es la gente que está dependiendo de las decisiones que como ministro usted toma en el ámbito industrial, energético, minero, turístico, etcétera. Usted tiene que defenderles. Usted tenía que haber dicho: No, yo decido de dónde saco los 1.100 millones, pongo a trabajar a la Secretaría de Estado de Energía y al resto de secretarios de Estado de mi ministerio y me pongo a trabajar para ver de dónde recorto para llegar a esos 1.100 millones, pero no dar por hecho que el primero que cae en la batalla es el Plan Miner. Eso es una barbaridad. Usted no debía haber consentido eso y además lo ha hecho sin hablar con la comisión de seguimiento. Podría haber ido a la comisión de seguimiento y decirles: Tengo que recortar 1.100 millones, del Miner me toca tanto porcentaje, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Hablando se entiende la gente, y hasta hubiera podido lograr que se le entendiera. Desde luego lo que no pueden entender las cuencas mineras desde Asturias a Aragón, pasando de León a Córdoba, es la decisión que se ha tomado y encima sin contar con la comisión de seguimiento del Plan de la minería.

En estos momentos me consta que hay diversos responsables autonómicos y agentes sociales que han estado durante todas estas semanas dirigiéndose a usted y a su colega el ministro de Hacienda para intentar buscar una solución a este asunto. Me temo que las reuniones han sido infructuosas, me temo que las gestiones han sido infructuosas porque la respuesta que usted me da es realmente preocupante. No solo nos quedamos seguro sin esos 289 millones que habría presupuestados para infraestructuras en el presupuesto de 2011, que se prorroga en 2012, sino que encima dice que lo que está sin ejecutar no se va a asumir, que en todo caso los proyectos que están ejecutados y acabados sí, pero que hay que estudiar lo que está en marcha. Realmente creo que son malas noticias para las comarcas mineras.

Estamos hablando de un volumen económico importante. En las cuencas mineras de Asturias se habla de que puede haber en torno a 600 millones de euros que están en riesgo de perderse con la decisión que han tomado ustedes; en Aragón se habla de 76 millones de euros. Yo no conozco la cifra global, estaríamos hablando de en torno a 800 millones, quizás 1.000 millones de euros que se van a perder en el presupuesto, que las comarcas mineras van a perder para su desarrollo alternativo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y eso es lo que entiendo que debería preocuparle a usted. Me gustaría que desmintiera esas estimaciones. ¿De qué cifra estaríamos hablando? ¿Qué cifra es la que se va a sacrificar del presupuesto de este año y de la ejecución de años anteriores? Y hay otra cuestión. Estamos hablando de proyectos que de entrada se podían ejecutar hasta 2014. Usted traza una raya en el suelo y dice: aquí se acaba todo. ¿El 30 de diciembre se acaba todo o es previsible que en los años siguientes se pueda seguir ejecutando hasta el año 2014? Creo que debería aclarar esa cuestión y también debería explicar si tiene previsto su Gobierno -y concluyo con esto- plantearse un nuevo plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras...

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, tiene que concluir.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo.

... con el horizonte 2018, que es el que ha fijado el Reglamento europeo. Me gustaría que contestara a esa cuestión.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Tiene la palabra para concluir el debate el señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, es verdad que ante el planteamiento del Ministerio de Hacienda de proceder a un ajuste cifrado en 1.091 millones de euros para el Ministerio del Industria, Energía y Turismo hubo otro planteamiento para que una parte del mismo, en vez de ir con cargo a capítulos 4, de transferencias corrientes, 6, de inversiones reales, y 7, de transferencias de capital, fuera al capítulo 8, de activos financieros, que, como sabe, son préstamos que además no se habían llegado a cubrir. En cualquier caso, entendimos el argumento de por qué no lo aceptaba el Ministerio de Hacienda, y es que al final el capítulo 8, como sabe, no computa en el déficit. Por tanto, haberlo pasado de alguno de esos capítulos al 8, de activos financieros, a estos efectos no habría tenido ninguna consecuencia. Bien que me hubiese gustado, pero entendí la explicación del Ministerio de Hacienda.

Quiero decirle algo. De lo presupuestado para los capítulos 4, 6 y 7 en el año 2011, que fueron 1.071,9 millones de euros, se ejecutaron 713,9 millones de euros. Por tanto, se ejecutó un 66,6 por ciento de los tres capítulos, lo cual quiere decir que se quedaron sin ejecutar 358 millones de euros. Quiero recordar que el acuerdo de no disponibilidad que afecta a estos tres capítulos es inferior, es de 323 millones de euros. Por tanto, si todavía a lo largo de este año el grado de ejecución es el mismo que el del año pasado, con el acuerdo de no disponibilidad aún estaríamos por encima de lo que efectivamente se ha utilizado en cuanto a recursos para el conjunto de los programas a los que he hecho referencia con anterioridad. Desde ese punto de vista -y teniendo en cuenta que es un año de restricciones- no vamos a negar que la contención del déficit público tiene que ser, tal como explicó aquí hasta la saciedad en la mañana de ayer el presidente del Gobierno, un objetivo inequívoco de este Gobierno porque, si no, no vamos a recuperar la confianza; lo necesitamos para que haya financiación y para que pueda haber generación de empleo.

En cuanto a los problemas que han dificultado que ese grado de ejecución haya sido más elevado, citaba con anterioridad los problemas de acceso al crédito de los proyectos empresariales financiados con cargo a transferencias de capital. Pero, como también adelantaba con anterioridad, este es un problema que solo podrá ser encauzado cuando haya préstamos, créditos; en definitiva, cuando haya recursos del sector financiero hacia el sector privado, fundamentalmente hacia las pequeñas y medianas empresas. Las cantidades destinadas al pago de prejubilaciones son una prioridad para el Ministerio de Industria, porque además las cuantías destinadas a prejubilaciones, como decía con anterioridad en mi primera intervención, incluso están por encima de lo que era el objetivo para todo el año 2011, por tanto, van a seguir siendo una prioridad.

Asimismo, quiero recalcar que los proyectos de infraestructuras que ejecutan los ayuntamientos y las comunidades autónomas con cargo al capítulo 7 tuvieron en el ejercicio 2011 un grado de ejecución solamente del 38 por ciento; no llegaron ni a la mitad. De los 289 millones de euros disponibles para la ejecución de proyectos de infraestructuras, se ejecutaron obras por importe de 110 millones -110 sobre 289 millones-, es decir, un 38 por ciento de crédito disponible. En 2011 se dejaron de ejecutar, por tanto, en este concepto 179 millones de euros. La política del ministerio respecto de este capítulo va a ser priorizar, señorías, las infraestructuras que ya estén en curso, no aquellas que estaban previstas pero no se han iniciado, no, no, pero las que estén en curso ya lo creo que las vamos a priorizar. De tal forma que se van a intentar -eso es en lo que estamos trabajando ya de cara a la confección de los presupuestos para el próximo año- posicionar en los presupuestos las cantidades que previsiblemente hagan posible ejecutar lo que para el año 2012, en relación con lo que realmente se ha ejecutado en el año 2011, sea posible y realista determinar que se va a ejecutar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 172/000005.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente y última interpelación urgente es sobre la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las administraciones públicas, en desarrollo de las previsiones del artículo 135 de la Constitución española, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente.

Señorías, señor ministro, conviene realizar algunas consideraciones que yo diría que son básicas, porque un mal diagnóstico nos puede llevar a unas políticas equivocadas, y como le he oído a usted en varias intervenciones, me gustaría plantear esas cuestiones básicas. En primer lugar, una familia, una empresa no deberían gastar más de lo que ingresan, pero eso tiene que ser a lo largo del ciclo. Yo conozco a muchas familias que no ahorran, pero hay otras muchas que ahorran para gastar cuando tienen que gastar. Las administraciones también


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tienen que estar equilibradas, pero a lo largo del ciclo. Esa es una consideración a mi juicio importante.

En segundo lugar, la política fiscal no puede ser procíclica, tiene que ir contra el ciclo, y lo que está sucediendo y lo que ha sucedido estos últimos años en la economía española es que el endeudamiento excesivo viene del lado del sector privado, que ahora está sufriendo un proceso de desapalancamiento. Y el sector público, el Gobierno tienen que hacer una política fiscal y tienen que hacer ese proceso, pero de una manera más equilibrada, porque de lo contrario vamos a una recesión y a un incremento del paro mayores.

Hay también alguna cuestión básica a mi juicio, y es que la primera ley presupuestaria del Partido Popular, la ley del déficit cero, hubiese impedido el superávit público en tres años, en los tres únicos años que ha habido superávit en la democracia, 2005, 2006 y 2007, un superávit que en 2007 estuvo incluso por encima del 2 por ciento. Quiero decir estas cosas que, como decía al principio, a mi juicio son necesariamente básicas para poder concluir una política económica adecuada. Yo creo que con su anteproyecto de ley actúan con la fe del converso, y me explico, para ocultar lo que hacen cuando gobiernan. Dicen que los ayuntamientos tienen que estar equilibrados y que debe haber déficit cero. Bien, pero todo el mundo sabe que usted tiene al lado, en el Consejo de Ministros, a un alcalde que es el que más ha incumplido ese objetivo. Afirman en su anteproyecto de ley que las comunidades autónomas no pueden superar el 10 por ciento de la deuda. Todo el mundo sabe que hay una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que tiene en este momento un 20 por ciento de deuda en relación con el PIB.

También quiero hablar sobre alguna otra cuestión de carácter básico que, como digo, es importante. El principal problema que tienen las empresas es, señorías, que no venden. El segundo problema que tienen las empresas es que una parte de lo que venden no la cobran. Y el tercer problema que tienen las empresas es de financiación. Si el Gobierno no hace una política adecuada, una política fiscal equilibrada las empresas van a tener más problemas a la hora de vender y van a tener más problemas a la hora de cobrar, y por tanto su cuenta de resultados en este momento va a ser aún peor así como la generación de empleo. Como consecuencia, no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor.

Le voy a hacer alguna otra consideración de carácter básico, señor ministro. De acuerdo con las últimas estimaciones de economistas de referencia, Fedea o el BBVA, un menor crecimiento de acuerdo con el previsto para el año 2012 va a generar mayor déficit, entre el 1,8 y el 2 por ciento. Lo que vienen a decir estos economistas -como digo, de referencia- es que si no se alarga la senda, si no se negocia una senda más adecuada, vamos a tener un decrecimiento no del 1,5 en el año 2012, sino de prácticamente el 3 por ciento en el año 2012. Cuando esas estimaciones las llevamos a la evolución del mercado de trabajo, las cosas son bastante peores. Podría, dicen ellos, llegarse a una tasa de paro de prácticamente el 26 por ciento y a prácticamente 6 millones de parados.

¿Qué es lo que dice el presidente del Gobierno? ¿Qué dice el señor Rajoy? Pues veamos las perspectivas macroeconómicas de la Unión Europea y con ellas ajustamos el presupuesto. Lo que dice la mayoría de economistas de referencia es lo contrario: negociemos una nueva senda de déficit y a partir de ahí podremos hacer unas estimaciones macroeconómicas mucho más adecuadas a las necesidades de las empresas, de la economía española, y de los trabajadores de este país. Es decir, todo el mundo sabe que las dos magnitudes están relacionadas en una doble dirección. Por tanto negociemos una nueva senda y nuestros objetivos macroeconómicos serán ligeramente mejores, las perspectivas de crecimiento para los próximos años no serán tan negras.

Dicho todo esto, entrando en el anteproyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria que hemos conocido, nosotros distinguiríamos dos periodos: el periodo transitorio hasta el año 2020 y a partir del año 2020. A nosotros nos parece que el periodo transitorio hasta el año 2020 es muy importante, por dos razones: primero, porque estamos inmersos en una gran crisis, y segundo, porque van a ser los años que vamos a vivir de manera mucho más directa. Hablemos de ese periodo transitorio. Lo que creemos es que más que estabilidad presupuestaria hay rigidez presupuestaria. El objetivo de llegar al 60 por ciento de deuda en relación con el PIB en 2020 de manera inflexible no está en la reforma de la Constitución de manera inflexible, tampoco está de manera inflexible en el nuevo Tratado de estabilidad de la unión económica y monetaria. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque ellos tienen una deuda por encima del 80 por ciento. Pero el Fondo Monetario Internacional ha estimado que vamos a tener una deuda en 2013, en el caso de la economía española, por encima del 80 por ciento. Si tratamos de cumplir de manera inflexible ese objetivo, la recesión va a ser más profunda y más larga en el tiempo.

Pero no acaba ahí la cuestión de esa fe del converso, de ese dogmatismo, de esa ortodoxia. No acaba ahí porque las restricciones que se incluyen para llegar al año 2020 son restricciones muy complicadas desde el punto de vista del crecimiento económico y de la generación de empleo. Voy a poner un ejemplo, señor Montoro. El apartado a) de la disposición transitoria primera -estoy hablando del periodo transitorio hasta llegar al año 2020- dice: la ratio de deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Dicho de otra manera, si consideramos un crecimiento del 0,1 por ciento para el año 2013, o consideramos un crecimiento del 0,01 real para el año 2013, no solamente tendremos que reducir el déficit estructural -en eso estamos-, no solamente habrá que reducir el déficit cíclico -que en eso estamos, porque estaríamos en una tasa de recuperación económica-, no, es que tendríamos que pasar a reducir deuda


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en relación con el PIB, con un crecimiento del 0,01 por ciento, un crecimiento que evidentemente no es compatible con la generación de empleo ni con una mejora del crecimiento potencial de la economía española. Por eso le digo que estamos hablando de unas restricciones para cumplir los objetivos muy complicadas desde el punto de vista de la creación de empleo y de la generación de riqueza. Dicho de otra manera, la transición hasta el año 2020 debería ser transitable. De lo contrario la recesión sería aún mayor y como digo más larga en el tiempo.

¿Qué es lo que se establece en esa nueva ley de estabilidad presupuestaria a partir del año 2020? El pacto con el PSOE definía la estabilidad presupuestaria como equilibrio, superávit o déficit estructural que no podía superar el 0,4 por ciento del PIB, pero el Gobierno ha modificado esos términos y ha limitado ese margen del 0,4 por ciento solo para el caso de que el déficit se combine con reformas estructurales. Ello supone una mayor restricción en momentos complicados y no responde al acuerdo de septiembre que dio origen a la reforma de la Constitución. Además el propio artículo 11 del anteproyecto se aleja del acuerdo con el PSOE, porque indica que se puede incluir un déficit estructural en los casos de catástrofes naturales, recesión económica, emergencia extraordinaria, etcétera. Sin embargo en el contenido del pacto PP-PSOE/PSOE-PP se indicaba que en estos casos se podría sobrepasar el 0,4 con relación al PIB.

Una consideración con relación a la confianza. Con este anteproyecto que han planteado ustedes tenemos un doble problema: si no se cumple lo que está escrito, malo, desde el punto de vista de la confianza, para los mercados; si se cumple, peor, doblemente peor. Si no se cumple, malo; si se cumple, peor. Es un anteproyecto por tanto que responde más a razones políticas, más a razones de esa fe del converso que a razones económicas desde el punto de vista de la salida de la crisis de la economía española y la generación de empleo, señor Montoro. Por tanto, estabilidad presupuestaria, sí; rigidez presupuestaria, no. Es lo que está planteando el Grupo Parlamentario Socialista.

Nosotros pensamos que hay un consenso cada vez mayor de los economistas de referencia, de los institutos de análisis, con relación a la política fiscal: primero, hay que tener un plan fiscal a medio plazo, con un ancla visible, clara; en segundo lugar, dicho plan tiene que tener una senda temporal soportable, que sea a su vez asumible y por tanto creíble para todos los agentes económicos, y que no genere más recesión y mayor pérdida de empleo. En dicha consolidación fiscal hay que respetar las herramientas para propiciar la reactivación económica. Y por último, también es necesario un plan de empleo y de reactivación y estímulo de la actividad económica por parte de la Unión Europea.

Señor Montoro, lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que se sienten el PP y el PSOE, el PSOE y el PP a mirar ese acuerdo, porque el acuerdo que dio paso a la reforma de la Constitución no dice lo que ustedes han escrito en la futura ley de estabilidad presupuestaria.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Saura, si esa es la conclusión de la interpelación, que se sienten a negociar, esta tarde. Yo esta tarde tengo tiempo, estoy seguro de que la dirección del grupo parlamentario tiene tiempo esta tarde, y nos sentamos. Ya está hecho. Estoy a su disposición y a la de todos los grupos de esta Cámara para sentarnos en las próximas horas a hablar de algo tan importante como es lograr el mayor acuerdo político posible sobre una ley que todavía no ha llegado al Parlamento, que no ha entrado en el Parlamento, que está en fases consultivas, que es como se tramita una ley en una democracia. Todavía no ha entrado y ya me interpelan. Es muy conocida, porque al estar en esa fase de consultas obviamente la tienen todos, incluyendo los grupos parlamentarios de esta Cámara; la tienen las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y dentro de nada estará en el Consejo de Estado. Por tanto la intención del Gobierno es traerla con la máxima urgencia. En ese sentido ayer mismo, entrando por el pasillo de este Congreso -faltaría más- tuve ocasión de intercambiar también palabras con uno de los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura que fue negociador de esa reforma de la Constitución.

Quiero dejar de lado lo de la fe del converso -eso sí que me ha hecho gracia-, porque llamar converso a quien se ha convertido, no será a mí, porque a quien ha creído siempre en la estabilidad económica, en la estabilidad presupuestaria que le hablen de fe del converso... (Aplausos.) Habrá otros conversos en esta Cámara, señoría, y bienvenidos sean. Me ha hecho gracia esa expresión, señor Saura, pero no es por nada; que me esté mirando a los ojos y me llame converso sobre la estabilidad, me podrá llamar de otras maneras, pero yo estoy convencido de que la estabilidad económica es la fuente de crecimiento económico y de creación de empleo para España y para Europa, convencido de que la estabilidad presupuestaria es esencial en la construcción europea, en la base del euro. Pero si está en el Tratado de Maastricht, es la base del Tratado de Maastricht, no el único extremo, la estabilidad económica está también en la estabilidad de los precios. Eso es lo que hemos hecho en el euro, señorías, esos son los principios. Por tanto, con gran satisfacción -y hablo ya de la etapa anterior- tuve el honor de representar al Grupo Parlamentario Popular en la oposición para llevar adelante una reforma con ustedes, con el Grupo Parlamentario Socialista, de la


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Constitución española. De esa reforma que, promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero evidentemente, puesto que tenía la mayoría en esta Cámara, dio lugar a una de las reformas más importantes a favor de la estabilidad presupuestaria y de la estabilidad económica que se ha hecho nunca en las democracias occidentales. Solo hay otro precedente, que fue por otro camino, el caso de Alemania.

También tengo que decir aquí, en sede parlamentaria, porque estuve en esa gestión, que si hicimos lo que hicimos en la reforma de la Constitución fue para dar satisfacción al Grupo Socialista, para dar satisfacción al actual secretario general del Grupo Socialista. Por eso elegimos la fórmula de constitucionalizar el cumplimiento del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Señorías, que quede en el "Diario de Sesiones", que lo refleje el "Diario de Sesiones" de hoy. Por tanto cuando le veo ahora a usted o al señor Rubalcaba sufrir en esta tribuna sobre si son más o menos prodéficit o recortadores o relajadores del déficit, les veo poco... Hicimos aquel acuerdo efectivamente con las convicciones con que lo hicimos. Somos el primer país europeo que ha constitucionalizado el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Ese tratado es el que establece esos límites cuantitativos, señoría, el límite del 60 por ciento de deuda pública es el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Se puede decir que no, comprendo todas las posturas políticas, pero insisto en que los contenidos son los contenidos. Sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, señoría. Le garantizo que lo sabíamos muy bien, y estoy seguro de que todos los diputados de esta Cámara que votaron en su día sabían lo que estaban haciendo, y sabían lo que significaba realmente hacer esa reforma de la Constitución.

Ahora, el Gobierno se ve urgido efectivamente por un problema de financiación de la economía, señor Saura; tenemos un problema muy grave de financiación de la economía española. Dicen que hay que recuperar la confianza de los mercados, recuperar la capacidad de financiar el crecimiento económico, y la ley de estabilidad presupuestaria es un instrumento que fortalece nuestro armazón institucional para llegar a ello. Por eso es bueno preservar ese pacto político. Por eso el Gobierno, y quien les habla, lo que quiere es preservar en todo momento el pacto político que dio lugar a la reforma de la Constitución. Que quede claro, clarísimo. Si alguien busca distanciamiento no será el Gobierno, no será el Grupo Parlamentario Popular -y no me corresponde decirlo a mí-, no será esa posición y no será quien está hablando ocupando esta tribuna, se lo aseguro, señor Saura. En este asunto estamos buscando el máximo entendimiento con ustedes y con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque es fundamental ese entendimiento, es básico para la credibilidad y la confianza de España. Además es consecuencia de un acuerdo político que se hizo avanzada la noche, como se hacen siempre esos acuerdos políticos. Ya saben que esto de las negociaciones si no se hacen en la madrugada parece que no se negocia algo importante. Dicho esto, sí hubo un acuerdo político plasmado en un documento, revisable con una doble fecha: 2015 y 2018. La voluntad de este Gobierno es respetarlo, porque además tiene la revisión en 2015. ¿Por qué quieren hacer de esto una causa política ahora? No hagan una causa política de lo que no es ni siquiera un proyecto de ley que ha entrado en esta Cámara. Si su disposición es la de negociar los contenidos, no hace falta presentar una interpelación y la moción consecuencia de la misma. Hagamos una moción de coincidencia y de respeto máximo de ese acuerdo político para el próximo Pleno, porque ese es el contenido del anteproyecto de ley. No hay otro contenido. No vean fantasmas que pisan suelo falso. No hay ninguna intención que no sea llevar adelante las consecuencias de la reforma constitucional del artículo 135. No entren en debates ideológicos. Fíjense que no he entrado en ningún debate ideológico esta mañana. Solo he dicho que es una premisa para recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo, una condición sin la que España no puede aspirar a superar esta recesión económica.

Dada la importancia de esta cuestión le pido al Grupo Parlamentario Socialista sentido de responsabilidad, se lo pido a usted señor Saura, y espero que ahora, en su réplica, diga que están dispuestos a sentarse, usted y los que participaron en esa negociación. Dos personas del Grupo Parlamentario Socialista siguen sentados como diputados. Podemos sentarnos otra vez las mismas personas que hicimos esa negociación para ver dónde están las diferencias, y para que contrastemos y marquemos las posturas. Porque si se está buscando una posición política diferente, hacer de esto una causa política de confrontación creo que no es una cuestión que vaya a perjudicar a nadie ni al Gobierno, sino que a quien se está haciendo un daño muy grande es a la imagen de España, a la estabilidad de España, y por tanto se están cercenando las capacidades de recuperación de nuestra economía, la salida cuanto antes de una crisis, y el freno a la destrucción de empleo, que es lo que debe inspirarnos a todos en esta Cámara, con independencia de que nos sentemos en el banco azul o lo hagamos en cualquiera de los escaños de esta Cámara.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, nosotros nos sentamos esta misma tarde sin ningún problema. Pero permítame decirle que a la reunión irán los miembros de nuestro grupo que determine el Grupo Parlamentario Socialista, pero esta misma tarde. Ahora bien, si usted lo tenía tan claro, tan claro que quería un acuerdo, que se respetara el acuerdo con el Partido Socialista, ¿por qué antes de


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presentar el anteproyecto no habló con la otra parte? Porque ese anteproyecto no se corresponde claramente, tanto en el tránsito al año 2020 como a partir del año 2020, ni con el acuerdo ni con la reforma de la Constitución que se aprobó aquí en las Cortes. Si tan claro lo tenía, ¿por qué no habló con la otra parte que negoció con el Grupo Parlamentario Popular ese acuerdo? ¿Por qué? (Aplausos.) Lo que le digo es que esta misma tarde nos sentamos a hablar, y efectivamente le demostraremos, como he tratado de demostrar aquí, que el planteamiento que ustedes hacen es un planteamiento que nos va a llevar a más recesión y a más paro.

La condición necesaria para la recuperación económica no es el dogmatismo, es el equilibrio presupuestario; no lo dice el Grupo Socialista, lo está diciendo ya todo el mundo, es verdad que el primero en plantearlo públicamente fue el portavoz socialista, fue Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el primero en verbalizarlo, pero ahora ya todo el mundo está diciendo -fuera de España el Fondo Monetario Internacional, pero también todos los institutos de referencia españoles- que la senda se tiene que renegociar porque al final eso influye en el crecimiento económico, una senda más restrictiva tiene que ver con un menor crecimiento. Se lo ponía como ejemplo en mi primera intervención, lo que vienen a decir Fedea y BBVA es que si no lo renegociamos no vamos a tener un decrecimiento del 1,5, sino un decrecimiento del 3 por ciento. Pero si hasta usted mismo lo ha dicho en los medios de comunicación, señor ministro. Por tanto ese anteproyecto no responde ni al sentido político ni a la racionalidad económica, y desde luego nosotros hemos puesto en duda en mi primera intervención esa idea, esa voluntad de acuerdo de su parte y de su Gobierno porque no hemos hablado, no han hablado con nosotros antes de plasmar un acuerdo que es muchísimo más rígido, y que no tiene que ver con la estabilidad presupuestaria.

Sobre alguna otra cuestión que ha comentado decía que el acuerdo de su grupo es porque el señor Rubalcaba, el portavoz del Grupo Socialista, tenía necesidad, lo había pedido. Pero, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Cree usted o no en la estabilidad presupuestaria? ¿Cree o no usted en unas cuentas públicas ordenadas? Porque le digo a continuación, cuando le he hablado anteriormente de la fe del converso, que estando en la parte alta del ciclo ¿en algún momento de los ochos años en los que ustedes gobernaron tuvieron superávit presupuestario, en algún año, estando en la parte alta del ciclo? En ningún año. Aquí quien únicamente ha tenido superávit presupuestario ha sido el Gobierno socialista, el Partido Socialista, durante tres años. Por eso le hablaba de la fe del converso; una cosa es lo que usted cuenta, otra cosa es lo que escribe, y otra cosa bien distinta es lo que hacen, por eso le hablaba de esa fe del converso. (Aplausos.) Pero continúo. Si tiene usted de compañero de Consejo de Ministros al alcalde más moroso en su momento y con mayor déficit del conjunto de los ayuntamientos de este país. (Rumores.) Por eso lo digo que una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo que hacen cuando gobiernan. Por no hablar de la Comunidad valenciana, que está en una ratio del 20 por ciento. (Rumores.) Ustedes dicen: en 2020 hay que llevar la ratio de las comunidades autónomas al 10 por ciento. Pero, ¿cómo va a llegar esa comunidad autónoma? Por eso le hablaba de que la credibilidad se demuestra escribiendo cosas que se pueden realizar. ¿Cómo puede esa comunidad autónoma pasar del 20 por ciento de deuda en relación con el PIB al 10 por ciento en el año 2020? Imposible, imposible, luego eso no es creíble en los mercados. Los mercados se van a creer algo razonable y tenemos que cumplirlo.

El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene usted que acabar.

El señor SAURA GARCÍA: Termino ya.

Se van a creer algo razonable y creíble, porque, de lo contrario, si no cambiamos este anteproyecto -y estamos dispuestos a cambiarlo con ustedes-, vamos a tener dos problemas. Si se lleva a cabo, muy malo y si no se lleva a cabo, malo: doblemente malo porque la credibilidad se demuestra escribiendo cosas que se pueden cumplir y, desde luego, una cosa es la rigidez presupuestaria, lo sabe perfectamente usted, y otra una política fiscal equilibrada.

Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

A veces, cuando uno busca el acuerdo cuesta y se lo ponen difícil. (Rumores.) Insisto en los argumentos y no quiero ya entrar en más profundidad en este debate. Estamos hablando de un compromiso por escrito que se deriva de la reforma de la Constitución. Estamos hablando de un anteproyecto de ley que, como tal, no ha entrado en esta Cámara. Estamos enunciando las bases de ese anteproyecto de ley y yo mismo informé al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista antes de celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después celebramos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local e informamos sobre los contenidos de ello. A reglón seguido, nada más aprobar el Gobierno el anteproyecto de ley, fue enviado a todos los grupos y a todos los partidos políticos, señoría. No tardamos ni dos minutos en informarles. Les informamos de las previas y de todos los contenidos.

Señor Saura, le veo en una posición política en la que no me gustaría verle -se lo digo con toda franqueza- y espero que el Grupo Socialista, el Partido Socialista


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cumpla su compromiso derivado de la reforma de la Constitución, espero que lo cumpla, porque en esa ley no hay nada que contravenga la senda acordada en aquel momento, absolutamente nada. Está confundiendo y mezclando los objetivos de la política presupuestaria para un año de recesión económica como 2012 con la senda. Eso es lo que está haciendo. Está mezclando churras con merinas y no tienen nada que ver.

Estamos en una recesión, señor Saura, esa recesión es consecuencia del estrangulamiento financiero de la economía española, es una restricción crediticia y eso tiene mucho que ver con las políticas que se han aplicado en este país en el último año y tiene mucho que ver con el endeudamiento externo de nuestro país y tiene mucho que ver con la imagen que dé España en términos de capacidad para hacer frente a ese endeudamiento. Para eso necesitamos estabilidad presupuestaria, pero no únicamente estabilidad presupuestaria. Por eso el Gobierno está planteándose otras reformas estructurales muy importantes en el ámbito bancario, laboral y energético y en lo que será la posición o la actitud económica de sectores estratégicos de la economía española. Pero, dicho esto, la estabilidad presupuestaria es fundamental, porque estamos atravesando una crisis de deuda soberana en Europa, estamos sufriendo las consecuencias de esa crisis y España, como miembro del euro, debe apostar por esa estabilidad presupuestaria de manera convencida y firme. Eso no tiene nada que ver con los objetivos presupuestarios de un año en recesión. Eso no tiene nada que ver. La propia Comisión Europea hará una adecuación, sin duda alguna, del escenario económico y, por tanto, el programa de estabilidad del Reino de España que vendrá a esta Cámara será confrontado con el resto de los socios y con la propia Comisión Europea. Pero ahora estamos hablando de principios, del establecimiento de unas bases, que es una ley de estabilidad presupuestaria. Estamos hablando de cómo se traduce eso en un proceso hasta el año 2020, un proceso que es revisable en 2015 y en 2018. Es un proceso y entonces, si usted ya sube a descalificarlo...

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted que acabar.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Acabo diciéndoles que ahí está la invitación para que nos reunamos cuanto antes, para que despejemos la duda y, sobre todo, para promover que el Grupo Socialista no ocupe esta tribuna para lanzar la duda sobre lo que sería la aprobación de una ley tan importante para la estabilidad económica y para recuperar antes el crecimiento económico y la creación de empleo de España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se levanta la sesión.

Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

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