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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 122, de 13/06/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 122
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles,
13 de junio de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete):

- Para que informe de las medidas del Gobierno en relación al sector lácteo y los contratos homologados. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000002) ... (Página2)


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- Para que explique por qué razón ha desaparecido la mención a la pesca en la nomenclatura del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000023) ... (Página2)

- Para informar sobre la situación del sector del aceite de oliva ante la caída continuada de precios en origen. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000054) ... (Página2)

- Urgente, para informar sobre la importancia y consideración que el Gobierno de España concede al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de que España lo presida. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000121) ... (Página2)

- Para que informe sobre las consecuencias del nuevo acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos, especialmente para el tomate canario, que pretende ratificar el 15 de febrero el Pleno del Parlamento Europeo, previa aprobación de la Comisión Internacional de dicha Cámara. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000131).... (Página2)

- Para que informe sobre el "Pacto Nacional del Agua". A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000135) ... (Página2)

- Para que explique las medidas que va a adoptar su Gobierno en defensa del sector agrícola español tras la aprobación del acuerdo agrícola con el Reino de Marruecos en el Parlamento Europeo. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000161) ... (Página2)

- Urgente, para informar acerca del nuevo Consejo Coordinador Agroalimentario y del proceso electoral de ámbito estatal, que permita fijar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000164) ... (Página2)

- Urgente, para informar sobre las previsiones que tiene el Gobierno en relación con la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000165) ... (Página2)

- Urgente, para informar acerca del acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea y Marruecos en materia hortofrutícola y sus efectos en el campo español. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000172) ... (Página2)

- Para que explique cuál es la posición del Gobierno en relación a la reforma de la política agraria común (PAC) y qué propuesta va a llevar la UE, y para que informe de su posición del respecto a la reforma de la política común de pesca (PPC), especialmente para que aclare cuál es la propuesta y alternativas para la defensa del sector pesquero de España ante la Unión Europea. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000204) ... (Página2)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Como todos ustedes saben, hoy se celebra esta sesión dedicada a la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente atendiendo a las solicitudes formuladas por los diversos grupos parlamentarios. Creo interpretar el sentir de todos ustedes cuando le traslado al ministro el reconocimiento de esta Comisión por la disponibilidad, porque es un hito que se responda a once peticiones de comparecencia, y por la celeridad con la que comparece después del consejo que ha tenido lugar el lunes y el martes en Bruselas y Luxemburgo.

Todos ustedes tienen el orden del día y, conforme a los acuerdos tomados en la Mesa, les recuerdo cómo se


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van a distribuir los tiempos entre los diversos grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, así como el orden de intervenciones. El Grupo Socialista va a tener treinta minutos; el Grupo de La Izquierda Plural, que solicitó dos comparecencias, va a disponer de doce minutos; el Grupo Mixto va a tener que distribuir su tiempo entre el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria, con quince minutos, así que les rogaría que se pusieran de acuerdo teniendo en cuenta que el Bloque Nacionalista Galego ha pedido dos comparecencias y Coalición Canaria una; UPyD que ha solicitado una comparecencia va a disponer de siete minutos para defenderla y, por último, los demás grupos parlamentarios van a tener un margen de ocho minutos para fijar su posición. (El señor Cantó García del Moral pide la palabra). Perdone, señoría, estoy en el uso de la palabra. Los demás grupos parlamentarios son, de menor a mayor, Vasco, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular y van a disponer de ocho minutos cada uno. El compareciente va a disponer, como ustedes saben y señala el Reglamento, del tiempo que considere conveniente para que en una primera intervención, tal y como se acordó en la Mesa que ordenó el debate que va a tener lugar hoy, desarrolle de forma acumulada las comparecencias.

Dicho esto y sin más dilación iniciamos la sesión. Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señorías, creo que para una mejor comprensión de los temas y para atender de manera ordenada todas las solicitudes de comparecencia las voy a contestar agrupándolas por materias. Empezaré por pesca, contestando a las dos comparecencias presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto; pasaré a medio ambiente, sobre la importancia del Pnuma, del Grupo Socialista, y Pacto nacional del agua presentada por los grupos que integran La Izquierda Plural y terminaré contestando las de agricultura, alimentación y desarrollo rural, solicitadas por casi todos los grupos que integran esta Comisión.

El Grupo Parlamentario Mixto pide una comparecencia, concretamente el Bloque Nacionalista Galego, preguntando por qué razón ha desaparecido la mención a la pesca -literalmente- en la nomenclatura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Quiero reiterar lo que dije en mi primera comparecencia con motivo de la intervención de la diputada Fernández Davila, este Gobierno le concede la mayor importancia a la pesca, la actividad pesquera y el sector pesquero. De hecho, lograr una pesca sostenible y con futuro estaba en nuestro programa electoral. El presidente del Gobierno hizo mención expresa a la pesca en su discurso de investidura, comprometiéndose a actualizar la normativa para adaptarla a la nueva política pesquera común que estamos negociando. Mi pregunta alternativa sería: ¿Dónde estaba la pesca en el anterior Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino? Se llamaba Medio Marino pero la palabra pesca no estaba en ninguna parte. Es más, cuando desapareció la mención a la pesca fue en 2008, con motivo de la unión de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Se creó una Secretaría General del Mar, que no de la Pesca, como ahora. Ha sido este Gobierno el que ha recuperado la mención a la pesca, creando específicamente y para este cometido una Secretaría General de Pesca y nombrando un secretario general de Pesca para defender exclusivamente los intereses pesqueros españoles. Por tanto, contamos con una Secretaría General de Pesca, igual que tenemos una Secretaría General de Agricultura y Alimentación, ambas con funciones y cometidos concretos en sus ámbitos y sectores. Añadido a todo lo anterior -para que vean la sensibilidad de este Gobierno hacia la pesca- hemos recuperado la Subdirección general de caladero nacional y agricultura, para satisfacción de los pescadores, dado que es el patrimonio con el que contamos. De hecho, gran parte del esfuerzo de esta legislatura se va a volcar precisamente en nuestro caladero nacional.

Al inicio de esta legislatura se aprobó en Comisión sectorial de pesca un grupo de trabajo para la ordenación definitiva de la actividad pesquera en el mismo, al objeto de alcanzar un aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros disponibles diferenciado por caladeros: Cantábrico noroeste, golfo de Cádiz, Mediterráneo y Canarias, teniendo en cuenta las características específicas de las especies de cada zona. Por lo tanto, lo importante es que estamos llevando a cabo ahora una política pesquera rigurosa y seria y defendiendo nuestros intereses pesqueros en la Unión Europea. En estos cinco meses largos que llevamos de legislatura tanto el secretario general de Pesca como yo hemos mantenido múltiples reuniones con el sector afectado, con las comunidades autónomas; hemos convocado a los consejeros y a los consejos consultivos de pesca previo a los Consejos de Ministros, y en el marco de esta política de actuaciones dirigida a mejorar la posición de España en la Unión Europea me he reunido con mis homólogos de Francia, Holanda, Portugal e Italia; he viajado a Marruecos y a Mauritania y es mi intención seguir trabajando en todos los aspectos y medidas que repercutan en una mejora de la situación de nuestro sector de la pesca y de la acuicultura.

Además, para apoyar al sector afectado por la suspensión del Acuerdo Unión Europea-Marruecos, el 25 de febrero publicamos dos órdenes ministeriales estableciendo ayudas a armadores o propietarios y tripulantes con un presupuesto de 9.110.000 euros por la paralización temporal de la actividad pesquera para cubrir las indemnizaciones del periodo del 15 de diciembre al 14 de junio, que estamos abonando en este momento. Es intención del Gobierno prorrogar estas ayudas por paralización temporal de la flota durante un periodo máximo de seis meses adicionales. Hemos tenido muchos contactos con la comisaria Damanaki para impulsar las negociaciones con Marruecos, con las autoridades marroquíes y además de estas acciones en materia de


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acuerdos con terceros países hemos dedicado mucho tiempo a defender nuestra postura ante la reforma de la política común pesquera como voy a exponer a continuación.

Como conocen sus señorías, estamos inmersos en el proceso de revisión de la propuesta de la nueva reforma de la política común pesquera y con el objetivo de defender en Bruselas una posición española consensuada la hemos discutido con las comunidades autónomas siempre afectadas en los consejos consultivos previos a los Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, de forma que contamos con las opiniones y las experiencias de todas ellas, al igual que con las del sector, en las reuniones técnicas que hemos mantenido. Debo decir que ayer mismo estuvimos negociando en Luxemburgo gran parte del paquete de la reforma con la presencia permanente de la consejera responsable de materias de pesca de la Comunidad Autónoma de Galicia, que estuvo hasta las cinco de la madrugada, sentada al lado del ministro viendo cómo se desarrollaba esta complejísima negociación.

En los Consejos de la Unión Europea de marzo, abril y mayo de este año hemos analizado aspectos de la reforma que pasaré a mencionar incluidas las dimensiones socioeconómica y medioambiental. El Gobierno considera prioritario que la dimensión social y económica de esta política común aborde las necesidades de empleo y bienestar de los trabajadores del sector pesquero, no solo a medio y largo plazo sino también a corto plazo y que se recoja así de forma expresa en el futuro reglamento. Hay comunidades autónomas, como Galicia, en las que el sector pesquero supone entre el 5 y 6% del producto interior bruto, el empleo en este sector en la región gallega supone el 10% de todo el empleo del sector pesquero europeo y hay puertos pesqueros como Ribeira o Burela, en los que el empleo generado por la pesca es casi un 40% de la total actividad económica; por lo tanto, el Gobierno es muy sensible a este altísimo peso de la pesca en algunas comunidades autónomas. Quiero resaltar que en la propuesta del Fondo europeo marítimo de la pesca se ha incluido a las mariscadoras dentro de los colectivos que se pueden beneficiar como tales de las ayudas. El Gobierno consciente de la importante labor desarrollada por el colectivo de rederas y empacadoras defiende también su inclusión en los beneficiarios de aquellas medidas en las propuestas del Fondo europeo marítimo y de la pesca.

En cuanto a las exigencias medioambientales consideramos adecuado tener en cuenta los efectos de la pesca sobre el medio marino en la misma medida que los efectos producidos por otras actividades económicas que se desarrollan en él. El desafío es llegar a un equilibrio entre sostenibilidad medioambiental y rentabilidad a largo plazo de la actividad pesquera. Otro aspecto importante de la reforma de la política común pesquera es la pesca artesanal, para la que el Gobierno defiende la inclusión de los pesqueros menores de 15 metros o que hagan mareas inferiores a 24 horas, y esta flota tiene que disponer de ayudas a las paralizaciones definitivas y temporales de la actividad durante todo el periodo de programación de este fondo.

En este contexto el Gobierno permanentemente viene solicitando una revisión de lo que se considera pesca artesanal en la que predomina más el componente socioeconómico, para salvaguardarla del sistema de concesiones de pesca trasferibles, más apropiado para las pescas de altura y gran altura, ya que su aplicación a la pesca artesanal podría provocar que zonas altamente dependientes de la pesca se vieran privadas de posibilidades de pesca necesarias para su supervivencia. Con respecto a las ITQ, consideramos que el nuevo reglamento tiene que permitir la libre transferencia de concesiones de pesca y su aplicación únicamente en la gestión de pesquerías para las que tienen establecidos TAC y cuotas, abogando además por que el mar Mediterráneo quede por ahora excluido de este sistema salvo para el caso del atún rojo.

Otro aspecto relevante en la reforma de la política común pesquera es el relativo a la regionalización, que el Gobierno considera elemento clave para aplicar medidas de gestión. El modelo de decisión basado en planes plurianuales propuestos y aplicados por los Estados miembros implicados en una región de la Unión Europea refuerza la participación de los actores verdaderamente interesados en cada pesquería. También es conveniente reforzar el papel de los consejos consultivos regionales para que además de órganos de consulta tengan capacidad para formular medidas técnicas, entre otras las dirigidas a la gestión del esfuerzo y eliminación y reducción de los descartes. Sobre la política de descartes el Gobierno comparte plenamente el objetivo de la Comisión Europea, pero siempre y cuando su aplicación esté adaptada a la realidad pesquera de la Unión Europea. Por eso, hemos venido sosteniendo -y ahora comentaré los resultados del Consejo de ayer- que la reducción de los descartes tiene que ser gradual, apoyarse en fondos europeos para mejorar la selectividad y permitir aprovechar la menor mortalidad mediante el aumentos de las TAC en un enfoque pesquería por pesquería y con especial atención a las pesquerías mixtas. Además, las especies a incluir serían todas las comerciales de las que se dispone o haya fijada una cuota de capturas y, en las pesquerías del Mediterráneo, a las especies objetivo que constituyen la mayor parte de las capturas.

Todos estos aspectos no serían posibles si no mejoramos la situación de las poblaciones pesqueras. Para ello, se enmarca otro objetivo en este reglamento, que es lograr el rendimiento máximo sostenible de las pesquerías. El Gobierno comparte el objetivo de la Comisión -como no podría ser de otra forma- de alcanzar el rendimiento máximo sostenible como mecanismo que permitirá asegurar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar un nivel de ingresos suficiente y estable al sector pesquero. Este objetivo es muy claro para las pesquerías monoespecíficas, pero sin embargo


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en las pesquerías mixtas hay problemas prácticos de implementación, ya que no existen técnicas de captura que permitan seleccionar una sola especie de captura. En este caso, tendríamos que tener sistemas específicos para estas pesquerías. Por otra parte, la fecha de 2015 marcada por la Comisión para la consecución de los RMS no es realista, habría que hacerlo siempre que fuera posible y de no ser así fijar como fecha objetivo el año 2020 aplicando los criterios de Nagoya.

Estas eran las prioridades del Gobierno para la reforma de la política común pesquera, pero creo que es mi obligación informarles de una fase más avanzada, puesto que cuando se hizo la petición de comparecencia se pedía que el Gobierno informase de su posición. Lo cierto es que hemos entrado a mucha velocidad en una fase definitiva de la negociación y en el Consejo de Pesca de la Unión Europea que se celebró en Luxemburgo los días 11 y 12 de junio de 2012 -este lunes y este martes, que ha terminado en la madrugada de este miércoles a las 5 de la mañana- se ha alcanzado un acuerdo general sobre algunos de los principales elementos de la reforma de la política común pesquera.

Desde la perspectiva del Gobierno el acuerdo alcanzado supone una clara mejora para España respecto de las propuestas iniciales de la Comisión Europea. El Gobierno español valora muy positivamente que la fecha límite para alcanzar los rendimientos máximos sostenibles de los stocks pesqueros se haya establecido para el año 2015 siempre que sea posible y, si no lo fuera, en el año 2020. Antes aludí en mi comparecencia que era el objetivo del Gobierno que hubiera esa flexibilidad, porque en las pesquerías multiespecíficas o mixtas el rendimiento máximo sostenible habrá que alcanzarlo teniendo en cuenta las interacciones entre la gestión de las distintas especies. En este ámbito ha habido un progreso fundamental, respondía a la estrategia del Gobierno y por lo tanto el resultado de la negociación ha sido satisfactorio. Sin embargo, también había un tema que preocupaba mucho a la flota, que era la eliminación de los descartes. Creo que resulta positivo que no se haga de modo instantáneo y traumático, como pedían algunas delegaciones en el Consejo, que querían que inmediatamente hubiera una obligación de desembarco de todas las capturas accesorias que hubiera llevado a la extinción de las cuotas y a que la flota tuviera grandes problemas de funcionamiento. Por eso, nosotros veníamos defendiendo un procedimiento gradual y dotado de mecanismos flexibles para que la flota se adapte a las nuevas reglas de manera progresiva.

Se nos han otorgado estos mecanismos de flexibilidad y por eso entre estos mecanismos destaca que va a haber un aumento de manera generalizada de las cuotas; va a haber más posibilidades de intercambio de cuotas con otros Estados miembros y con otros Estados no comunitarios que pertenezcan a organizaciones regionales de pesca; se va a introducir la obligatoriedad de desembarco de todas las capturas de forma escalonada y por pesquerías, comenzando por las especies pelágicas y la pesca industrial en el año 2014 y terminando por las especies de marsales en el Mediterráneo en 2019; va a haber además una derogación general para poder seguir descartando hasta un 5% del total de capturas y se va a poder utilizar el 10% del tonelaje de cuota de la especie objetivo para cubrir la captura de las especies accesorias. El Consejo ha dejado abierta -sin cerrar- la negociación para el establecimiento de cuotas adicionales para capturas accesorias en el caso de que los mecanismos anteriores no resultaran suficientes, y la Comisión Europea, por medio de una declaración expresa, se ha comprometido a continuar trabajando con los Estados miembros para encontrar soluciones técnicas a los problemas de España y otros Estados con vistas a conseguir el objetivo de eliminación de los descartes pero sin reducir nuestras posibilidades de pesca. Además, en los términos que se negociaron ayer, se establecerán incentivos económicos para quienes practiquen una pesca más selectiva y contribuyan a la reducción de los descartes. Los acuerdos alcanzados en el Consejo mantienen el sistema actual de acceso a las aguas en la zona de las 12 millas, que estará reservado a las flotas del Estado miembro respectivo, lo que supone una garantía para la actividad de las flotas artesanales. Y los Estados miembros de una región tendrán una influencia decisiva en la adopción de medidas de gestión pesquera, haciendo propuestas conjuntas sin que puedan interferir otros Estados sin intereses en la zona. En las regiones ultraperiféricas como es Canarias, la zona reservada a la flota española es de 100 millas y las regiones ultraperiféricas francesas que se incorporen a la política común pesquera tendrán que respetar la actividad tradicional de los buques españoles en sus aguas. Se crea también por primera vez en los acuerdos que hubo ayer en el Consejo un sistema de concesiones de cuotas pesqueras transferibles y se otorga a los Estados miembros la posibilidad de su establecimiento con carácter voluntario. Además debo decir que el Consejo ha accedido a la petición española de que se establezca un sistema comunitario de coetiquetado para los productos de la pesca. Por primera vez se introduce, a la hora de gestionar las pesquerías, junto a los informes técnicos y científicos, el impacto socioeconómico como venía demandando España. Por tanto, globalmente el Gobierno está satisfecho de la negociación que ha habido ayer, que vamos a seguir en el Parlamento Europeo; hoy mismo ha habido un encuentro del secretario general de Pesca Marítima con los parlamentarios europeos en Estrasburgo para darles a los parlamentarios españoles la posición del Gobierno español en las enmiendas que queremos articular a los reglamentos en el Parlamento Europeo, de manera que tengamos una acción de Estado coordinada con todas las fuerzas políticas que complete la negociación en el Consejo y que nos permita tener un resultado definitivo, dado que el Parlamento tiene codecisión legislativa en el marco de la política común pesquera.

Paso a los temas de medio ambiente contestando el segundo bloque de comparecencias e iniciando por las que se refieren al Pnuma. Señorías, el pasado 5 de junio


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celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año tiene un significado especial porque se conmemora el 40º aniversario de la histórica Conferencia de Estocolmo de 1972, que supuso un hito en la preocupación por la conservación de la naturaleza a nivel internacional. Coincide además con el 20.º aniversario de la Cumbre de Río 92 y el 10.º de la Cumbre de Johannesburgo, cuyo lema, Economía verde, se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible conocida como Río+20 que tendremos la próxima semana. En este importante año para el medio ambiente el Gobierno ha asumido la continuidad de la presidencia del Pnuma hasta febrero del año 2013, dada la importancia que otorga el Ejecutivo a los asuntos multilaterales y sobre todo a las cuestiones ambientales internacionales. Como saben, en febrero de este año España presidió la 12ª sesión especial del consejo de administración del Pnuma, celebrada en Nairobi, que ha sido la última reunión multilateral de ministros de Medio Ambiente antes de Río+20; el foro se centró en el tema general de la Agenda ambiental en un mundo en transformación, de Estocolmo a Río, y el debate se articuló a su vez en torno a tres grandes áreas: perspectivas del medio ambiente mundial, economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

El Consejo aprobó una declaración ministerial en la que los ministros presentes en Nairobi mostraron su compromiso con el papel del Pnuma como autoridad mundial en temas ambientales, liderando la agenda internacional y promoviendo la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Este hecho reviste una especial relevancia, ya que en la última década solo se adoptaron este tipo de declaraciones en dos ocasiones en los periodos de sesiones celebrados en los años 2000 y 2010. La reunión sirvió también para celebrar el 40º aniversario de la creación del Pnuma, encontrándonos a tan solo unos meses de la celebración de la Conferencia de Río+20; la coincidencia de ambos acontecimientos debe llevarnos -y así se ha visto en las discusiones mantenidas- a una profunda reflexión y a explorar las formas más efectivas de lograr una adecuada integración del pilar ambiental en el marco más amplio del desarrollo sostenible. La conducción de esta reunión por parte de la presidencia española en especial la consecución de la mencionada declaración en tan solo tres días fue alabada por todos los participantes en la misma. Con posterioridad, durante el mes de marzo se ha celebrado una reunión del bureau del Pnuma, que España ha presidido, para analizar los resultados del foro ministerial y su seguimiento de cara a la celebración de Río+20. España está encargada, por tanto, de canalizar el resultado de esta reunión en el proceso de preparación de Río+20 y de procurar que el Pnuma desempeñe un papel clave en la preparación y desarrollo de la conferencia; conferencia que tiene por objetivos, entre otros, fortalecer la coherencia y fomentar los vínculos entre las dimensiones social, económica y medio ambiental del desarrollo sostenible y contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio para 2015.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está realizando un trabajo intenso con el objetivo de contribuir al éxito de esta conferencia, entendiendo por éxito la consecución de compromisos internacionales que garanticen la transición hacia una economía verde baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. De manera más concreta, en relación con el papel del Pnuma en el marco de las preparaciones de Río+20, se pueden hacer las siguientes puntualizaciones. En relación con la llamada economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, España dentro de la posición comunitaria viene apoyando la llamada hoja de ruta para la economía verde, que se sustenta en una serie de objetivos y metas concretas. En este sentido y con vistas a poder acordar compromisos tangibles, la Unión Europea presentó, durante la segunda ronda de negociaciones en Nueva York en el pasado mes de abril, un conjunto de metas y objetivos cuantificados que se articulan en torno a cinco áreas prioritarias: energía sostenible, agua, gestión del territorio y ecosistemas, océanos y eficiencia de los recursos. En relación con el llamado marco institucional para el desarrollo sostenible y en concreto la posibilidad de reforzar el Pnuma, España no se opondrá ni romperá el consenso europeo plasmado en las conclusiones del Consejo de 9 de marzo, las cuales reiteran el apoyo a que el Pnuma pueda transformarse en un organismo especializado de Naciones Unidas para el medio ambiente. En cualquier caso, como presidencia del bureau del Pnuma creemos que será necesario apoyar aquella fórmula de refuerzo institucional que garantice el mayor consenso entre todos los Estados miembros del consejo de administración del programa que sea la más eficaz desde el punto de vista técnico y financiero. En este mismo sentido y con respecto a la gobernanza medioambiental, somos conscientes de la necesidad de contar con la visión de la sociedad civil en todas las instancias de debate y toma de decisiones tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de ello es que organizamos a principios de mayo a través de la Fundación Biodiversidad un encuentro con ONG y empresas para tratar de los temas incluidos en la Agenda Río+20 y poder canalizar las contribuciones de la sociedad civil. Además se ha habilitado una página web para informar sobre las negociaciones y conocer las posiciones de los actores involucrados en la preparación de esta conferencia. Esta colaboración no se detendrá aquí, queremos organizar reuniones adicionales en Río para informar de forma transparente sobre el desarrollo de las negociaciones y recabar la opinión de los actores no gubernamentales. Sin embargo, nuestro compromiso con el Pnuma y la dimensión ambiental no terminará en Río aunque ahora se enmarque en ese foro, sino que seguirá plenamente vigente, asegurando una adecuada valoración de los resultados que se obtengan en la conferencia. Esto es un


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ejercicio de responsabilidad y de coherencia centrado en los compromisos que España ha suscrito.

Paso a las comparecencias para informar sobre el Pacto nacional del agua. Señorías, en mi intervención en esta Cámara el pasado 1 de febrero para explicar las líneas generales de la política de mi departamento anuncié que con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el apoyo solidario de todas las comunidades autónomas, abordaremos la puesta en marcha de un Pacto nacional del agua, será de larga duración y tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. El resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos. El planteamiento del Pacto nacional del agua por el nuevo Gobierno obedece a la necesidad de poner orden en las políticas que en materia de agua se desarrollan en España y cumplir con nuestras obligaciones como miembros de la Unión Europea. Queremos recuperar el espíritu del Plan hidrológico nacional de 2011 que se puso en marcha en el seno del Consejo Nacional del Agua y que fue aprobado prácticamente por todas las comunidades autónomas incluyendo Cataluña y Castilla-La Mancha. La ruptura de este consenso y la modificación del Plan hidrológico nacional en 2004 y 2005 dieron paso a un nuevo periodo en España donde la política en materia de aguas giró 180º: de acusar al anterior Gobierno de realizar obras faraónicas para trasvasar agua se pasó a planificar e iniciar -que no finalizar- obras faraónicas para desalar agua. Vuelvo a recordarles, como hice en mi primera comparecencia, que el programa de desaladoras del anterior Gobierno ha dado unos frutos que ya hoy todos conocemos: de las 51 instalaciones programadas en el Plan hidrológico nacional, tan solo 17 están en explotación y 15 en trámite de construcción, 3 licitadas, 4 en trámite administrativo y 8 en construcción. Se ha realizado una inversión de 1.674 millones de euros y faltan todavía otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas que todavía están ejecutándose. Hay instalaciones produciendo de forma general a la mitad de su capacidad por falta de demanda e incluso algunas que no llegan ni al tercio de su capacidad instalada, ello con precios de producción en planta que oscilan entre los 60 céntimos y los 90 céntimos de euro por metro cúbico, incluso alguna hasta 1,1 euro por metro cúbico, los cuales son difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura.

Con la atención centrada en el abastecimiento, se ha olvidado que también se tiene la obligación de depurar las aguas residuales y que hay que dar cumplimiento a lo que establece la Directiva 91/271 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales. Veinte años después de la aprobación de la directiva y más de siete después de la obligación indicada para 2005, España sigue sin depurar una parte importante de sus aguas residuales. Para acometer este trabajo, el anterior Gobierno lanzó el Plan nacional de calidad de las aguas, saneamiento y depuración 2007-2015, un plan sin compromisos establecidos, ya que estos se establecerían con posterioridad en acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas, un plan que prometía una inversión de 6.233 millones de euros por parte del antiguo Ministerio de Medio Ambiente, pero sin comprometerlos en ningún documento. Después de cinco años de la aprobación de este plan y a tres de su finalización prevista, parte de las comunidades autónomas no han suscrito ningún acuerdo con el Gobierno central en esta materia y, en aquellas comunidades donde sí se ha suscrito, su desarrollo ha sido insuficiente. Esto ha provocado que la Comisión Europea iniciara contra España dos procedimientos sancionadores y un requerimiento, cuyo balance es el siguiente. De las treinta y ocho aglomeraciones incumplidoras en zonas normales, doce son conformes, en dieciocho están adoptando medidas y siete tienen medidas programadas. De las cincuenta y ocho aglomeraciones incumplidoras en zonas sensibles, cuarenta y cinco están conformes ya y hay trece con medidas programadas. Quiero insistir en que España mantiene su compromiso con el cumplimiento de la Directiva 91/271, para lo cual el pasado 6 de junio, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se repasaron los procedimientos sancionadores con todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la planificación hidrológica, según lo establecido en la Directiva marco del Agua, se debería haber terminado en el mes de diciembre de 2009 el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. Para España se han definido veinticinco, dieciséis intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en las que la responsabilidad planificadora es del ministerio. En total, veinticinco planes, de los cuales hasta la fecha solo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, que es el de Cataluña. Por este motivo, la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España. Este importante retraso, y a fin de cuentas incumplimiento de nuestras obligaciones con Bruselas, tiene su base en los largos procedimientos de información pública y de negociaciones y en la mala coordinación entre los distintos actores del territorio -regantes, sindicatos, asociaciones de usuarios- y los distintos niveles de gobierno, llevando a una situación de lentitud e inoperancia. Resulta paradójico que el Gobierno del consenso, del diálogo y del talante no haya sido capaz de poner de acuerdo a todos esos actores y desbloquear así la situación que actualmente vive la planificación hidrológica en España.

La situación que se ha descrito obliga a realizar una profunda reflexión y al planteamiento de las medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva, sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones como miembro de la Unión Europea, pero sobre todo planteando soluciones racionales que duren en el tiempo. Este importante reto


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ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación de la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas, con las que se conseguirá agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos -esperemos- lo antes posible. El avance más significativo en este proceso y que demuestra la voluntad del Gobierno de solventar la situación heredada ha sido la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, celebrada el 2 de mayo, y posteriormente el inicio del periodo de información y participación pública, publicado en el BOE el 12 de mayo pasado, del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro, la cuenca más grande de España. Esto se ha logrado gracias a un clima de colaboración y entendimiento que ha puesto de acuerdo a las nueve comunidades autónomas con competencias en esta cuenca, algo que nos proponemos conseguir igualmente en el resto de España. De la misma manera, el Gobierno va a seguir trabajando para lograr que a lo largo del año 2012 el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, cuencas mediterráneas andaluzas, Miño-Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros.

El proceso de planificación que se debe abordar en España se desarrollará en el marco del Pacto nacional del agua que se ha planteado. Debe entenderse como una necesidad para solventar nuestros problemas, pero también como una oportunidad donde se reflejarán las demandas reales de cada territorio y los objetivos y criterios para dar una respuesta a la medida de cada caso concreto. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos, recogiendo el trabajo desarrollado durante la aprobación de los planes de las veinticinco demarcaciones existentes en España. Este nuevo plan hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes y propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, de manera que se asegure la suficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso.

Señorías, entro ahora a contestar las comparecencias de agricultura, empezando por las tres del acuerdo de Marruecos. Seguiré con la del aceite de oliva y del sector lácteo, a continuación informaré sobre la Ley de Desarrollo Rural y seguiré con el nuevo consejo coordinador agroalimentario y el proceso electoral de ámbito estatal para la representatividad de las OPA, para terminar informándoles sobre la postura del Gobierno sobre la reforma de la PAC.

Señor presidente, señorías, dado el objeto de las comparecencias formuladas por ciertos grupos sobre el acuerdo Unión Europea-Marruecos, me van a permitir que dé respuesta a las mismas de forma conjunta, aunque abordaré los extremos que en cada caso constituyen la principal preocupación de cada grupo en concreto. El acuerdo ha suscitado la preocupación de los grupos en el sentido de que hay que reconocer los efectos del mismo sobre el sector hortofrutícola, las medidas que el Gobierno va a adoptar para la defensa del sector agrícola español tras su aprobación y, finalmente, las consecuencias del acuerdo sobre el sector del tomate canario.

Como conocen sus señorías, el acuerdo alcanzado recientemente entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos constituye la fase final de cumplimiento de los acuerdos establecidos entre dichas áreas geográficas en el marco de las decisiones del proceso de Barcelona, en 1995, con el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo. En relación con los efectos del acuerdo, hay que comenzar por decir que un análisis del contenido de este acuerdo y sus repercusiones implica tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que la liberalización del comercio se ha venido realizando paulatinamente a lo largo de los últimos años, con lo que el presente acuerdo supone una liberalización limitada en relación con las condiciones en que se importan productos de terceros países con carácter general. En segundo lugar, que los sectores de ambos países han venido experimentando una adaptación progresiva a la nueva situación de liberalización del comercio. En tercer lugar, que la liberalización no es total, ya que se han mantenido importantes mecanismos de protección de las producciones más sensibles. Y que se haya producido una liberalización gradual durante los últimos años supone que la apertura reflejada en el actual acuerdo es limitada y variable para los distintos productos y calendarios. Que se hayan mantenido mecanismos de protección de las producciones más sensibles implica que se van a mantener precios mínimos en los mercados comunitarios con el fin de impedir que se produzcan desequilibrios de la oferta y la demanda por un posible incremento descontrolado de las importaciones.

Por lo que se refiere al sector de las frutas y hortalizas, según las distintas producciones, los efectos del acuerdo, que son muy complejos, se pueden agrupar de la siguiente forma. En primer lugar, productos para los que simplemente se ha incrementado el contingente exento de arancel ad valorem. Dado que este incremento es mínimo, no se esperan repercusiones significativas que pudieran producir desajustes dramáticos entre oferta y demanda, bien por lo reducido de la ampliación o porque gran parte de las importaciones de Marruecos ya estaban liberalizadas. Es el caso de los ajos, del calabacín, de la clementina, de la fresa, del pepino y del tomate. En segundo lugar, productos para los que se ha suprimido el contingente anteriormente existente, aunque se mantiene el precio de entrada en el caso de que existan. Tampoco se esperan incrementos sustanciales de importaciones a corto ni medio plazo, ya que los contingentes anteriormente existentes no eran utilizados por Marruecos. Es el caso del aceite de oliva, los albaricoques, las cerezas, los melocotones, las alcachofas, los apios, hongos y espinacas,


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las cebollas, las coles, la lechuga, la naranja, la patata temprana y otros productos hortofrutícolas transformados o semitransformados y el vino. Además, sus productos procedentes de cultivos leñosos están protegidos por precios de entrada en los periodos de comercialización españoles. En tercer lugar, los productos que se liberalizan totalmente, aunque ya estaban liberalizados sin límite de cantidad en un determinado calendario coincidente con el calendario de exportación de Marruecos. Esto implica que la exención de aranceles que ahora se acuerda corresponde a épocas en las que las producciones y exportaciones de Marruecos son insignificantes. Es el caso de la berenjena, la ciruela, los espárragos, las frambuesas, los guisantes, la judía verde, el melón y la sandía. En cuarto lugar, productos para los que se suprimen los derechos arancelarios íntegramente y que hasta ahora no tenían concesiones. Se trata de productos sin prácticamente producción en explotaciones marroquíes, como es el caso de las manzanas y peras, aunque se mantienen los precios de entrada sin modificación, lo que garantiza un precio mínimo en los mercados. En quinto lugar, productos para los que se reduce hasta un 30% el precio de entrada. Se trata de los albaricoques, melocotones, nectarinas y uva de mesa para los que las exportaciones de Marruecos son insignificantes, por lo que no se espera un incremento llamativo de las mismas. El mantenimiento de un precio de entrada, aunque sea reducido, permite el de un precio mínimo en el mercado. No obstante, el alcance de la reducción del derecho ad valorem, entre un 15 y un 20%, es importante, por lo cual el Gobierno deberá seguir muy de cerca la evolución de estas producciones. Finalmente, he de señalar que para determinados productos de importancia para el sector español, bien por su nivel de producción o la localización de la misma, el nuevo acuerdo no tiene ninguna influencia, puesto que sus exportaciones ya estaban liberalizadas antes de comenzar las negociaciones de este acuerdo. Es el caso del pimiento y el limón, para los que se mantiene el precio de entrada, los higos, dátiles, aguacates, granadas, albaricoques, melocotones y papayas secas, macedonia de frutas y otros.

A la vista de lo expuesto se puede señalar que no se prevén repercusiones negativas significativas en el sector agrícola español y que el Gobierno no comparte los escenarios catastrofistas que anunciaron determinadas organizaciones agrarias.

Por otro lado, y esto no suele resaltarse suficientemente, la conclusión del acuerdo también supone la apertura del mercado marroquí a importaciones de productos de la Unión Europea y españoles. Así, se suprimen los derechos arancelarios en Marruecos, que actualmente se sitúan en niveles muy altos, para todas las hortalizas así como para los cítricos; se liberalizan en un plazo de cinco años las exportaciones a Marruecos de melocotones, cerezas, albaricoques, aguacates y otros; se aumenta en aguacate el contingente existente exento de arancel para exportar a Marruecos hasta 1.000 toneladas. También en distintos plazos se reducen o eliminan sustancialmente los aranceles para la importación a Marruecos de productos como los cereales o los productos agrarios transformados, lo que supone una posibilidad de incrementar nuestro comercio exterior en producciones donde Marruecos es muy deficitaria y donde sus producciones están muy protegidas.

De todo lo expuesto podemos concluir que, si bien el nuevo acuerdo supone una mayor apertura del mercado comunitario a las importaciones de Marruecos, el posible efecto de esta apertura debe ser limitado para las producciones europeas y españolas en particular.

Señorías, paso ahora a abordar el aspecto que constituye la principal preocupación del Grupo Parlamentario de UPyD con respecto al acuerdo. En definitiva, qué instrumentos tenemos para evitar perjuicios a nuestros agricultores y sus producciones. En este sentido es importante señalar que se siguen manteniendo mecanismos que suponen una importante protección del mercado comunitario, dado que la liberalización del comercio de ambas zonas geográficas no es total. Estos mecanismos se refieren, en primer lugar, a los precios de mercado y al nivel de la oferta procedente de importación. Estas protecciones, que afectan a una parte muy importante de la producción y exportaciones españolas, que podemos valorar en un 50% de las mismas, consisten en el mantenimiento de los precios de entrada y en la limitación de las cantidades importadas para las que establecen concesiones preferenciales y que se reflejan en los contingentes recogidos en el acuerdo, con el objetivo de impedir que se produzcan desequilibrios entre oferta y demanda por un posible incremento descontrolado de las importaciones. Así, las importaciones de tomate, pepinos, alcachofas, calabacín, naranjas, clementinas, mandarinas, limones, uva de mesa, manzanas, peras, albaricoques, cerezas, melocotones, nectarinas y ciruelas disponen de precios de entrada, lo cual implica que los productos de importación no pueden entrar en la Unión Europea por debajo de estos precios, lo que debe permitir el mantenimiento en el mercado comunitario de unos precios mínimos, evitando perturbaciones derivadas de posibles importaciones a precio bajo. Además, los productos más sensibles, como los tomates, las fresas, el calabacín, el pepino, las clementinas y los ajos, productos donde Marruecos tiene una mayor capacidad de producción y exportación, como se ha demostrado en los últimos años, están sometidos a contingentes, lo que implica que las condiciones del acuerdo solo afectan a cantidades limitadas. Por otra parte, el sector español de frutas y hortalizas dispone de un mecanismo de apoyo a la mejora de su competitividad a través de los programas operativos de las organizaciones de productores en el marco de la política agraria común, mecanismo de apoyo que en estos días está siendo objeto de consulta pública a efectos de lograr su mejora, como sabrán sus señorías. Estos programas operativos contemplan actuaciones de inversión dirigidas a mejorar la producción, la comercialización y la calidad de productos de forma respetuosa con el medio ambiente, lo que permite mejorar costes de


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producción, redes de comercialización y adecuar las producciones a las exigencias del consumidor, tanto desde el punto de vista de calidad como de los compromisos medioambientales; programas que están financiados al 50% por la Unión Europea y que en España suponen la aplicación de fondos con fines de mejora del funcionamiento de las organizaciones de productores del orden de 160 millones de euros anuales. Además de esta línea general de ayuda a la Unión Europea por parte de España y con ayudas nacionales compatibilizadas por la Unión Europea, se vienen ejecutando programas sectoriales de mejora para la reestructuración y reconversión de fruta dulce y cítricos, con la finalidad de adecuar la oferta a la demanda, tanto en calidad como en calendarios y también apoyo a la mejora del sector de la patata y de las flores y plantas ornamentales, fomentando la constitución de agrupaciones de productores y canalizando a través de las mismas ayudas a las inversiones, con la finalidad de mejorar su competitividad y su situación en el mercado.

Pero, señoría, qué duda cabe que nuestra mejor defensa consiste en que los mecanismos de protección de los mercados comunitarios que se mantienen en vigor funcionen adecuadamente. En este sentido, es intención del Gobierno llevar a cabo un seguimiento preciso de las corrientes de importación-exportación para conocer su evolución y adelantarse a posibles perturbaciones de los mercados comunitarios que pudieran perjudicar los intereses de nuestros agricultores. De la misma forma, es prioridad del Gobierno y estamos trabajando juntamente con Francia e Italia para mejorar la regulación del control del precio de entrada para aquellos productos que disponen del mismo, en el sentido de que los precios de importación no se sitúen realmente por debajo de los niveles de precio de entrada fijados en la normativa comunitaria. Fruto de estos trabajos es la presentación en el próximo comité de gestión de la OCM única de mañana día 14 de una propuesta concreta sobre la mejora de la regulación del régimen de precios de entrada en el marco de actuaciones en relación con las frutas y hortalizas.

Por lo que se refiere a los precios de entrada, la Comisión recoge en su propuesta de reglamento la introducción de una serie de documentos que deberán presentar los importadores cuando despachan el producto de aduanas, que permitan garantizar la trazabilidad del producto, tanto por lo que se refiere a su precisa identificación como por lo que se refiere a los distintos operadores que han intervenido en la comercialización y los justificantes de costes del proceso. Todo ello con el fin de mejorar sustancialmente el proceso de cálculo de los derechos específicos que, en su caso, deban abonar los importadores, respetando lo acordado y consiguiendo así un precio mínimo de mercado del producto importado que tanta influencia tiene sobre el buen desarrollo de las campañas de comercialización de nuestras producciones.

Otro ámbito de la defensa del sector que vamos a reforzar es la vigilancia que actualmente hacemos con respecto a las medidas previstas en la normativa comunitaria en materia de inspección y control de importaciones de productos agrícolas procedentes de Marruecos, con el fin de limitar el riesgo de entrada a agentes nocivos que pudieran constituir una amenaza fitosanitaria. La normativa española de protección contra la introducción y difusión de organismos nocivos en los vegetales procedentes de países terceros está recogida en el Real Decreto 58/2005, que es trasposición de una directiva comunitaria y quiere decir que todos los vegetales y productos vegetales que se introducen en España tienen la obligación de cumplir con lo dictado en la normativa comunitaria, independientemente del origen de los mismos. El control fitosanitario que se establece en la mencionada normativa es competencia de mi departamento y se lleva a cabo con el máximo rigor y meticulosidad en los puntos de entrada de mercancías en territorio español. En este sentido, merece la pena resaltar que, en el caso de productos sensibles como el tomate, mi departamento ha adoptado la decisión de llevar a cabo una aplicación más exigente de las normas en materia de inspección y control fitosanitario, por lo que, aunque de carácter facultativo según la normativa comunitaria, el código arancelario de los frutos frescos y el tomate se encuentra sometido a un control fitosanitario obligatorio y sistemático en nuestros puntos de inspección fronteriza. Además del cumplimiento de la normativa vigente en la materia referida, el ministerio pone un especial énfasis en la formación completa y continuada del personal inspector que lleva a cabo los citados controles para garantizar y mantener actualizada su competencia técnica.

Finalmente, señorías, cerraré mi intervención sobre el acuerdo con Marruecos refiriéndome a la cuestión planteada por el Grupo Mixto, Coalición Canaria, en relación con las consecuencias sobre el tomate canario. El tomate fresco, en el que hay que incluir el tomate canario, es el producto sobre el que se han realizado todos los esfuerzos posibles para incorporar las mayores restricciones a su importación procedente de Marruecos. Aquí es donde el acuerdo presenta su lado más restrictivo, más protector, de nuestras producciones y menos liberalizador del comercio. En este caso, las producciones comunitarias, y la de Canarias en particular, se ven protegidas mediante diferentes mecanismos: el sistema de contingentes, el régimen de precios de entrada y el sistema de vigilancia de protección sanitaria.

En el régimen de contingentes hay que señalar varios aspectos. En primer lugar, la concesión en materia de tomates se reduce a un incremento de 52.000 toneladas importadas a la Unión Europea en régimen preferencial en un plazo de cinco años, comenzando con un incremento de 20.000 toneladas el primer año de aplicación, que será 2012-2013. Es un incremento reducido que no debe dar lugar a grandes perturbaciones en los mercados de la Unión Europea. El incremento del contingente durante el primer año es menos del 2% de los envíos de España y Marruecos a la Unión Europea, cifra mínima


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si además se consideran las propias producciones de los países comunitarios productores y, por tanto, del consumo del conjunto de la Unión. Además, los contingentes asignados se distribuyen por meses en el periodo octubre-mayo, lo que implica disminuir el riesgo de que se produzcan perturbaciones puntuales de la oferta por acumulaciones anormales de la misma en algunas fases de la campaña. La distribución del contingente entre el periodo señalado implica, además, que las posibles cargas derivadas de las condiciones preferenciales de las importaciones se distribuyan entre todos los Estados miembros al coincidir con los calendarios de producción de todos ellos.

Otro mecanismo de defensa en la producción comunitaria, y canaria en particular, lo representa el precio de entrada que debe respetar el tomate importado de Marruecos en el momento de su introducción en la Unión Europea. Como ya he señalado, la existencia de este precio garantiza un precio mínimo en el mercado comunitario para todo el producto que concurre en un determinado periodo. El acuerdo adoptado no supone ninguna nueva concesión en este aspecto, por lo que tampoco se espera ninguna repercusión negativa.

El tercer mecanismo de protección lo constituyen las obligaciones de las importaciones de productos agrícolas procedentes de Marruecos en materia de inspección y control fitosanitario, con el fin de eliminar el riesgo de entrada de agentes nocivos que puedan ser una amenaza fitosanitaria. En el caso del tomate, he señalado anteriormente que, con carácter general, mi departamento ha considerado necesario llevar a cabo una aplicación más exigente de las normas comunitarias en materia de inspección y control fitosanitarios, que solo lo exigían con carácter facultativo, por lo que se ha incluido el código arancelario de los frutos frescos y el tomate entre los sometidos a control fitosanitario obligatorio y sistemático en frontera. Por otra parte, Canarias tiene su propia regulación fitosanitaria que data de 1987, derivada del reconocimiento de su singularidad agroclimática, cuyas normas se aplican a la importación, exportación y tránsito de vegetales por su territorio.

A la vista de lo expuesto, no cabe esperar consecuencias negativas significativas en el mercado del tomate canario como consecuencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, sin perjuicio de que los mecanismos de protección que se mantienen en vigor los pongamos en práctica extrayendo de ellos todas sus potencialidades tanto en lo que se refiere al seguimiento preciso de flujos comerciales, como colaborando estrechamente con los países con los que compartimos estos intereses, Francia e Italia, en la vigilancia de los precios de entrada de este producto en el territorio europeo. Sin embargo, hay que señalar la necesidad de seguir llevando a cabo medidas de mejora de la competitividad del sector, no solo por las mínimas consecuencias derivadas del acuerdo sino por la necesidad de competir en el mismo mercado con otros países comunitarios que están llevando a cabo importantes medidas de modernización del sector. En el caso de Canarias existen importantes líneas de apoyo financiero a la mejora de la situación de los sectores hortofrutícolas, y particularmente del tomate, procedente del presupuesto comunitario contemplado en el Posei.

Termino mi exposición en relación con las demandas formuladas por los tres grupos y paso a informar sobre la situación del sector del aceite de oliva ante la caída continuada de precios en origen, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

Señorías, el olivar es un cultivo estratégico para la agricultura y la economía española por su aportación a la producción final agraria, que es un 6%, como por su capacidad para generar empleo, así como por las externalidades positivas que genera en materia de protección del medio ambiente, paisaje, cultura, etcétera. Además, está distribuido por toda la geografía española superando el 10% de la superficie agraria útil, con casi 2,6 millones de hectáreas y con una tipología muy variada de las explotaciones. España cultiva el 47% de la superficie de la Unión Europea y el 24% de la mundial. Las cosechas españolas son el 56% de la producción de la Unión Europea y el 42% de la producción mundial, lo cual da idea de la eficacia productiva de nuestro olivar. En los últimos años se ha incrementado de forma importante la dimensión del olivar español y su tecnificación y modernización. La superficie se ha incrementado un 30% en los últimos veinte años y la producción un 66%, pasando de una media de 700.000 toneladas en el periodo 1990-2000 a una media de 1.143.000 toneladas en el periodo 2000-2010. Este incremento de oferta se viene equilibrando con una consolidación paralela a los mercados, particularmente en lo que se refiere al mercado exterior. Las exportaciones representan el 60% del comercio total del aceite de oliva en España, con más de cien países de destino y con una tendencia al alza, como lo demuestra el hecho de que desde la campaña 2000-2001 hasta la de 2010-2011 las exportaciones se han incrementado un 71% en volumen, y en la pasada campaña 2010-2011 se logró el cuarto récord consecutivo de exportación con 827.700 toneladas. Por contra, el consumo interior está más estabilizado en cifras de 550.000 toneladas y, aunque con diferencias de campaña, la tendencia ha sido de un ligero incremento desde mediados de la década de los 2000.

En resumen, nos encontramos actualmente con un volumen comercializado próximo a 1.400.000 toneladas anuales, cifra similar a las producciones obtenidas en las campañas 2009-2010, 2010-2011, que fueron las más altas de los últimos años. Ello implica la consolidación de un crecimiento en los flujos de comercialización que compensan los incrementos de producción de los últimos años y refleja el gran dinamismo que está mostrando nuestro sector, en el que hay que llevar a cabo la labor que está desarrollando la organización interprofesional, sobre todo en materia de promoción e investigación. Ahora bien, la producción de aceite de oliva se ha caracterizado


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históricamente por la alternancia de sus rendimientos unitarios y sus niveles de producción; alternancia ligada estrechamente a condiciones climatológicas en que se desarrolla cada campaña, singularmente en lo que se refiere a pluviometría. Reflejo de esta dependencia de la climatología son los rendimientos y las producciones obtenidas en las tres últimas campañas, y particularmente la de 2011-2012, que ha sido un hito histórico en la producción de aceite de oliva en nuestro país con una cifra que finalmente ha sobrepasado 1.600.000 toneladas, un 16% más que la precedente y un 27% más que la media de las cuatro anteriores. Esta producción tan notable ha provocado un significativo desequilibrio entre la oferta disponible y dificultades en la comercialización.

Otros factores que concurren actualmente en el stock del aceite de oliva son los efectos de la crisis económica que está repercutiendo en las condiciones de consumo en nuestro mercado interior y en los mercados más habituales de exportación, así como una fuerte competencia de nuevos países en los que se está desarrollando su producción compitiendo con el aceite español en sus mismos mercados. Todo ello sin olvidar la creciente debilidad del sector productor en la cadena de valor caracterizada por estar muy comprimida como consecuencia de la presión de los precios de venta al público, por un lado, y de una excesiva concentración de los precios a las diferentes categorías comerciales, por otro, por lo que hay una escasa valoración de la calidad. Como consecuencia de todos estos factores, nos encontramos con una situación desfavorable de los precios que en la presente campaña han continuado con una tendencia decreciente hasta situarse en niveles de 1,7 euros/kilo para el aceite de oliva virgen, desde los niveles de 2,4 euros en la campaña 2007-2008.

Para paliar esta situación de precios, en la presente campaña el Gobierno obtuvo la aprobación por la Comisión Europea de dos operaciones de almacenamiento privado, lo cual va a suponer retirar temporalmente del mercado un excedente coyuntural de 200.000 toneladas de aceite, lo cual tendrá un efecto positivo en la regulación de las operaciones comerciales. La primera operación de almacenamiento se autorizó en el mes de febrero, un poco más de un mes desde mi toma de posesión, para un periodo de almacenamiento de ciento cincuenta días. Hubo dos licitaciones, pero no hubo que recurrir a la segunda porque en la primera se presentaron ofertas por 309.000 toneladas que superaron las 100.000 previstas y que fueron adjudicadas. El importe de la ayuda se estableció en 0,65 euros/tonelada/día. La segunda operación se ha establecido por el reglamento 430/2012, de 22 de mayo, y tienen dos licitaciones de 100.000 toneladas durante un periodo de ciento ochenta días. Cerrada la primera licitación el pasado 7 de junio, se presentaron ofertas por 110.000 toneladas y se han adjudicado 86.281 toneladas al mismo importe de 0,65 euros/tonelada/día. En la segunda licitación, las restantes 14.000 toneladas se licitarán en un proceso cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 19. Los aceites que se almacenen como consecuencia de esta operación saldrán al mercado, previsiblemente, hacia enero del próximo año. En su conjunto, de cubrirse en la totalidad las cantidades previstas, el monto de ayudas de las dos operaciones va a superar los 21 millones de euros. En claro contacto con esta gestión, el anterior Gobierno tuvo muchas más dificultades para conseguir los almacenamientos privados, y en estos momentos se están consiguiendo con fluidez. Pero, con independencia de esta operación de almacenamiento puesta al servicio del sector, es necesario también resaltar la importancia de los fondos económicos que actualmente se destinan a este cultivo mediante ayudas directas -1.035 millones de euros anuales- que suponen del orden del 30% de la totalidad de los pagos directos en nuestro país. Estos apoyos están permitiendo paliar en alguna medida las dificultades de precios registradas en el sector, a la espera de que los parámetros de producción y mercado de aceite de oliva se normalicen y el sector pueda desarrollar su actividad satisfactoriamente ante las grandes posibilidades de futuro.

El Gobierno está convencido de que al margen de coyunturas desfavorables, el sector del aceite tiene un futuro incuestionable. Es un producto muy versátil, de calidad, con evidentes referentes científicos en cuanto a su beneficio para la salud, y con una potencialidad de consumo muy considerable, porque en este momento solo el 2% del total consume aceites y grasas comestibles en el mundo. Además, hay países en los que está incrementándose el consumo de manera notable como Estados Unidos, Japón, China, Rusia o India. A nivel global las producciones demuestran cierto equilibrio por el consumo, aunque dependiendo de las cosechas. La producción de los países comunitarios es más estable y he de señalar la disminución del incremento de superficie registrado en España. Igualmente, se ha contenido el incremento de superficies y el interés por las nuevas plantaciones ha disminuido en otros países con motivo de la caída de los precios registrados en los mercados en los últimos años.

No obstante, para que se vean materializadas estas perspectivas, es preciso que las administraciones implicadas juntamente con el sector sigan trabajando para la mejora de la competitividad del sector y para la internacionalización del mismo. Hay que continuar el proceso de modernización, que siga reduciendo costos de producción y transformación, y continuar en la senda de calidad y diferenciación de nuestros aceites. La investigación y la innovación en momentos de crisis es la puerta para lograr nuevas vías de comercialización y mayores márgenes productivos. Por otra parte, a través de la organización interprofesional de aceite de oliva se están llevando a cabo campañas de promoción en mercados interiores que tienen que continuar. Desde el punto de vista del Gobierno, y en el marco de la política agraria común, es objetivo prioritario el sector del olivar en cuanto a que la regulación de ayudas directas recoja la


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realidad de nuestra agricultura mediterránea como la potenciación de mecanismos de regulación que permitan amortiguar las alternancias típicas de las producciones en este sector. Estamos trabajando para disponer de mecanismos comunitarios de regulación ágiles y eficaces en potenciar el asociacionismo y la autorregulación del sector, adaptando las normas de la competencia que permitan llevar a cabo estas operaciones. A este fin, hemos mantenido contactos con la Comisión para atraer su interés y encontrar soluciones a la problemática por la que atraviesa el sector. Fruto de esos contactos ha sido la visita que giró a los olivares andaluces el comisario Ciolos durante la que tuve ocasión de manifestarle pormenorizadamente junto con representantes del sector todos los temas que afectan a la economía de la producción olivarera. Como resultado de esa visita, el comisario se comprometió a presentar, antes de fin de este mes, un plan de acción para mejorar la situación del sector del aceite de oliva, plan cuyas propuestas va a debatir junto con los ministros de los países productores de la Unión Europea en el próximo consejo de Agricultura que se celebrará el día 18 de junio.

Como he tenido ocasión de manifestar en numerables ocasiones, de ese plan espero que se consigan acciones que mejoren el funcionamiento del sistema de almacenamiento privado cuyos precios de referencia a efecto de desencadenamiento hay que actualizar porque datan de 1998. Igualmente espero que, del mismo modo que se ha hecho con el caso de la leche, la Comisión adopte medidas que permitan la concentración de la oferta para negociar conjuntamente el precio del aceite de oliva por las organizaciones de productores que se asocien a este fin. Al margen de estas acciones comunitarias, por nuestra parte seguiremos apoyando todas las acciones del sector que contribuyan al incremento de la calidad y a una apuesta en inversión de I+D+i que junto con las medidas de promoción van a generar bases sólidas para favorecer el incremento del consumo de aceite de oliva en el mundo y lograr una mayor internacionalización. En definitiva, señorías, España, primer productor mundial de aceite de oliva a la vanguardia de la tecnología, debe y puede aprovechar esta circunstancia y ser el país de referencia del mercado oleícola mundial, independientemente de las dificultades coyunturales que en este momento podamos atravesar. Para ello, el Gobierno dedicará todos los esfuerzos necesarios, y espero comparecer pronto ante esta Cámara para darles la buena nueva de que para bien de todos los que forman la cadena de valor, el mercado de aceite de oliva español aquí y en el mundo genere beneficios que hagan atractiva la producción, la comercialización y la distribución de un producto que tantas ventajas aporta a la salud de quienes tienen la fortuna de consumirlo.

Seguiré con la comparecencia relativa al sector lácteo y los contratos homologados. Me van a permitir que comience esta comparecencia refiriéndome a los contratos tipos homologados, sus características más relevantes, situación actual en el sector de la leche de vaca, para luego referirme a su relación con las medidas a adoptar en este sector por las que se interesa el Bloque Nacionalista Galego del Grupo Mixto. Como saben sus señorías, los contratos tipos homologados para productos agroalimentarios vienen regidos por la Ley 2/2000, reguladora de los mismos. Tiene un carácter de modelo al que pueden acogerse todos los operadores de la cadena agroalimentaria del sector para el que se proponen de forma voluntaria. Pueden ser propuestos por organizaciones de productores, comercializadores o por las organizaciones interprofesionales, si existen. Una de las características que los definen, además de la voluntariedad de su utilización y un clausulado mínimo, es el establecimiento de comisiones de seguimiento para el control, vigilancia y seguimiento y fiscalización de dicho contrato tipo. Estas comisiones, además, pueden realizar recaudaciones económicas para realizar la gestión de las tareas que les son propias.

Para el sector lácteo se ha homologado en los últimos años un contrato de leche de oveja en 2009, otro de leche de cabra en 2010 y tres de leche de vaca en 2008, 2009 y 2010. Refiriéndonos a los contratos homologados de leche de vaca citados, comoquiera que la vigencia de las homologaciones es de un año, ninguno de los tres está vigente en este momento. En relación con estos contratos, las acciones del Gobierno van encaminadas principalmente a propiciar y fomentar su utilización que, no lo olvidemos, siempre depende de la voluntad de las partes para solicitarlo, pues no es posible su homologación sin una solicitud expresa.

Con independencia de lo que representa este modelo de contrato voluntario para regular la compraventa de leche de vaca, a raíz de la crisis de este sector a nivel europeo, en 2009 se constituyó un grupo de alto nivel. Sus trabajos dieron lugar a lo que se conoce como el paquete lácteo, entre cuyas conclusiones figuraba la de hacer que todas las compraventas de leche de vaca obligatoriamente se llevaran a cabo previa suscripción del correspondiente contrato. Las citadas conclusiones hacían hincapié de manera muy clara en aspectos como son la débil posición negociadora de los productores de leche en la cadena de suministro, así como su indefensión manifiesta al desconocer los términos en los que vendían leche a los compradores, al no disponer en muchos casos ni siquiera de contrato formal. Por ello, dos de las conclusiones fundamentales que el grupo de alto nivel hizo a la Comisión estaban relacionadas con estos aspectos. Se recomendaba, por un lado, promover el uso de contratos formales por escrito y por adelantado con una serie de elementos mínimos -precio, volumen, etcétera- y, por otro, se estudiaban las propuestas que permitieran a las organizaciones de productores constituidas por los ganaderos lecheros negociar conjuntamente las cláusulas de los contratos, incluido el precio. Ambos aspectos siempre desde el respeto a la norma de competencia y dentro de los márgenes que dichas normas permiten.


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Así, el paquete lácteo incluye un grupo de medidas relativas a las relaciones contractuales, el poder de negociación de los productores y la transparencia del mercado que han sido objeto de un intenso debate a nivel comunitario y nacional en los dos últimos años, que finalmente se ha plasmado en la publicación el pasado mes de marzo de un reglamento que aborda, entre otros aspectos, la posibilidad de establecer la obligatoriedad de contratos a este sector. Este Gobierno está convencido de que los contratos obligatorios son el elemento clave para la estabilidad, el equilibrio y sostenibilidad del sector productor. Por ello, se ha decidido hacer uso de la potestad otorgada a los estados miembros en el paquete lácteo para establecer la obligatoriedad del contrato en nuestro territorio.

No obstante, no se trata en ningún caso de extender la obligatoriedad del contrato homologado, que es un modelo que tiene carácter voluntario, sino de establecer la exigencia de que exista un contrato obligatorio escrito y por adelantado, sea el modelo que sea. La obligatoriedad del contrato implica que todas las transacciones de leche cruda que se realicen en España entre el productor y el transformador en las etapas intermedias de la comercialización deberán estar cubiertas por un contrato que habrá que hacer por adelantado y por escrito, con una serie de elementos mínimos, entre ellos el precio establecido. Adicionalmente, los contratos que tengan como suministrador a un productor, es decir la primera etapa de la cadena, deberán tener una duración mínima de un año, salvo que el productor decida rechazar esta duración mínima por escrito.

En cuanto a su regulación, hemos optado por derogar el Real Decreto 460/2011, que ya anticipaba la aplicación del paquete lácteo en nuestro país, que por imperativo legal no podía ser de aplicación hasta la entrada en vigor del reglamento comunitario. De esta manera, en aras de la clasificación y con el objetivo de adaptar la normativa española al reglamento comunitario finalmente publicado, así como incluir los aspectos recogidos en los reglamentos de la Comisión, se ha decidido elaborar un nuevo real decreto para regular el paquete lácteo en nuestro país. La primera versión del real decreto ya ha sido revisada con los representantes de las comunidades autónomas. También hemos analizado con los representantes sectoriales algunos detalles prácticos de la aplicación del paquete lácteo. De manera inmediata vamos a iniciar la tramitación oficial del proyecto de real decreto mediante el trámite de audiencia a las comunidades autónomas y sectores afectados. Por lo tanto, la primera medida fundamental y de carácter inminente para materializar la obligatoriedad del contrato en nuestro país es iniciar la tramitación del nuevo real decreto. Paralelamente desarrollaremos, en coordinación con las comunidades autónomas, un sistema de control oficial para comprobar su rendimiento.

Por otro lado, vamos a desarrollar el convenio firmado entre el ministerio y la interprofesional láctea en septiembre de 2011 para avanzar en la gestión de la base de datos de los contratos mediante la creación de un comité de seguimiento de la implantación de un contrato obligatorio constituido por representantes del ministerio y del sector, que trabajarán de manera conjunta con el objetivo de ir solucionando los problemas prácticos que vayan surgiendo por la aplicación del contrato obligatorio. Finalmente somos conscientes de que para un mayor éxito en la contratación obligatoria es fundamental que se constituyan organizaciones de productores potentes, que puedan afrontar con éxito la negociación colectiva de los contratos más allá de los reducidos ámbitos locales y autonómicos, y seguiremos profundizando en la creación y el registro de estas figuras. En la actualidad la base de datos para el registro de las organizaciones ya está en funcionamiento y las comunidades autónomas han iniciado ya el proceso de registro. Esperamos que en las próximas semanas tengamos registradas organizaciones de una importante magnitud que en la actualidad se están formando. Sin perjuicio de esta actuación concreta, el sector lácteo se verá fortalecido en su conjunto por la aplicación de las modificaciones que queremos introducir en la Ley de 30 de diciembre de 1994 que regula las organizaciones profesionales agroalimentarias. Se van a incorporar al texto de la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y persiguen dos propósitos fundamentales: asignar a las organizaciones de profesionales nuevas funciones de carácter comercial, entre otras, y aumentar su representatividad y su alcance y dimensión.

Por lo que se refiere a las funciones, merecen destacarse las que se refieren a la adopción de medidas para regular la oferta, y la de negociación colectiva de precios cuando así lo prevea la normativa comunitaria. En cuanto al aumento de la representatividad, el alcance y dimensión de las organizaciones, los aspectos más relevantes serán: que solo se va a reconocer una única organización por sector o producto; que el porcentaje de representatividad necesario para reconocer una organización en su ámbito territorial y en su sector se eleva del 35% al 51%; que una vez constituidas las nuevas adhesiones requerirán una representatividad de al menos el 10% de la rama profesional, y que las organizaciones de ámbito autonómico tendrán su presencia garantizada siempre que representen al menos el 50% de la rama profesional en dicho ámbito.

Las propuestas de extensión de norma para ser aprobadas tendrán un doble requisito: un respaldo del 50% de cada una de las ramas implicadas de la organización que represente como mínimo al 75% de las producciones afectadas, en lugar de al 66% actual. Además, los acuerdos de extensión de norma aprobados y publicados para una organización que sean de carácter general y estatal de un sector, serán vinculantes para las asociaciones reconocidas incluidas en ese mismo sector, ya sean de calidad diferenciada o de carácter regional.

Quiero concluir mi intervención sobre el sector lácteo dejando patente que confiamos plenamente en que las partes implicadas sabrán aprovechar las ventajas de las


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medidas hoy disponibles que ponemos en sus manos así como las que en un futuro inmediato puedan arbitrarse, conforme avancen los procesos normativos a los que acabo de hacer mención, medidas que estamos seguros redundarán en la estabilidad y el beneficio de todo el sector.

Paso a informar sobre las previsiones que tiene el Gobierno en relación con la ley para el desarrollo sostenible del medio rural, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Como ya tuve ocasión de exponer en mi comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero, tras un primer análisis no eran pocas las dificultades de aplicación de la ley derivadas de su contenido y planteamiento, máxime en el momento de crisis económica en que se encuentra el país. Por ello plantée la necesidad de reconsiderar el enfoque de la ley tras una primera reflexión sobre los problemas encontrados, modificando aquellos aspectos que permitieran hacerla operativa y práctica. Se trataba de facilitar y abreviar los trámites previos a su aplicación en todas las comunidades autónomas que optaran por llevar a su territorio las acciones que en la ley se contemplan, y es que a pesar de todo el esfuerzo y de los trabajos realizados y coordinados por el ministerio no se puede decir que el éxito haya presidido su desarrollo. La amplitud en el ámbito de aplicación de la ley ha implicado la búsqueda de una articulación que permitiera aunar a la práctica totalidad de las instituciones que trabajan en y para el medio rural. Se ha pretendido coordinar la actuación de dichas instituciones sin que existiera la necesaria correlación entre los limitados recursos existentes y los ambiciosos objetivos perseguidos. No hay ni una estrategia claramente definida, y esta excesiva amplitud de la ley ha sido uno de los principales motivos de su reducido éxito.

Como consecuencia, después de más de cuatro años desde la aprobación de la ley y dos desde que se aprobó el programa de desarrollo rural sostenible por real decreto, hay comunidades autónomas que continúan en pleno proceso de elaboración de sus planes de zona. Únicamente seis comunidades se encuentran lo suficientemente avanzadas tras haber elaborado dichos planes y haber concertado su contenido con la Administración General del Estado. Son La Rioja, Galicia, Aragón, Asturias, Navarra y Castilla y León; el resto de las comunidades tiene una situación muy desigual, algunas están en fases muy preliminares y no han reunido ni siquiera las pruebas de participación en las zonas rurales y tampoco han sometido a información pública sus planes de zona.

A toda esa dificultad hay que sumar el complejo sistema de gobernanza que estableció la ley en su articulado con la creación de tres órganos consultivos que, a pesar de demostrar su voluntad e interés, no han cumplido con las expectativas creadas, creándose una participación más teórica que efectiva y real. Todo ello ha supuesto un largo proceso para poner en marcha una ley burocrática y compleja y ha generado una gran frustración en el medio rural por los retrasos interminables que han reducido de modo significativo las expectativas despertadas. Pero además la situación de crisis económica que atraviesa el país no ha ayudado a facilitar este proceso de aplicación, dificultándolo y ralentizándolo aún más. En efecto, en el año 2011, la ley de Presupuestos Generales del Estado incorporó la disposición adicional cuadragésimo primera, que establecía que la suscripción de convenios con las comunidades autónomas que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2009 o 2010, cuando aquellos conlleven una transferencia de recursos del sector público estatal a la comunidad autónoma incumplidora precisarán con carácter previo a su autorización informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda.

Como consecuencia de esto, que limita los convenios solo a las comunidades autónomas que han cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, solo ha sido posible firmar convenios con dos comunidades con las que se había concertado previamente actuaciones de sus planes de zona, con La Rioja, que se materializó el pasado 16 de diciembre de 2011, y ya en 2012, con Galicia, cuyo convenio específico se firmó el pasado 7 de mayo. En cualquier caso, el Gobierno sigue apostando por la aplicación de una política de desarrollo en nuestro medio rural para seguir actuando en aquellas zonas rurales más desfavorecidas y deprimidas en las que hay que hacer mayores esfuerzos para evitar su abandono y despoblamiento. Por esta razón, en la agenda del ministerio está prevista la modificación de la ley para hacerla más operativa y eficaz, orientando el desarrollo del medio rural mediante acciones que potencien y favorezcan su desarrollo socioeconómico, especialmente centradas en los sectores agrario, forestal, alimentario y pesquero, abordando si cabe otras actuaciones fuera de este ámbito, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Con este fin se están haciendo las correspondientes reflexiones y realizando los estudios y análisis pertinentes con los que elaborar una propuesta de norma más adecuada a la realidad en cuanto a su alcance, objetivos, dotación presupuestaria y procedimiento de aplicación por el que obtener mejores resultados que los que desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos realizados, arroja la aplicación de la ley en vigor.

Paso a informar acerca del nuevo consejo coordinador agroalimentario y del proceso electoral de ámbito estatal, a petición del Grupo Socialista. Con la finalidad de institucionalizar la función de consulta, la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, establece dos órganos en materia agroalimentaria: el Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario. La función del primero es constituirse en el órgano de debate de las grandes orientaciones


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de la política agraria desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta las interrelaciones que se producen dentro del sector agroalimentario y sus múltiples dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales. En él, están representadas las OPA, organizaciones empresariales de la cadena alimentaria y sectores agroalimentarios, así como organizaciones sindicales. En su composición se integran representantes de las OPA de carácter general más representativas a nivel estatal, las asociaciones más representativas del cooperativismo, las asociaciones de la industria agroalimentaria, las organizaciones sindicales de trabajadores y las organizaciones empresariales más representativas. Además, está el Comité Asesor Agrario, que es el órgano de participación específico de las OPA, en el que están representadas las organizaciones profesionales agrarias más representativas. Su cometido es tratar los asuntos generales relacionados con la agricultura como sector productivo y con los intereses del medio rural para asesorar a la Administración General del Estado. Las funciones del consejo y del comité son muy similares: informar, formular sugerencias y recomendaciones y proponer medidas no vinculantes. Ambos carecen de autonomía, tanto por la composición paritaria entre la parte privada y la parte pública como por el carácter no vinculante de sus deliberaciones ya citado.

La Ley 10/2009 establece criterios respecto de la representatividad de las organizaciones que forman parte de los dos órganos consultivos en lo que se refiere a las OPA, pero no al resto de las organizaciones, a pesar de que la exigencia de ser más representativas afecta a todas. La ley considera más representativas a nivel nacional a las OPA que alcancen un 15% de los votos en el conjunto de los procesos electorales realizados por las comunidades autónomas para su participación en órganos y entidades consultivos autonómicos, habiendo concurrido en al menos nueve comunidades, o las que tengan este reconocimiento como tales en diez comunidades. Esta ley contempla también la participación proporcional en los niveles de representación correspondiente al Comité Asesor Agrario de acuerdo con los resultados obtenidos en los respectivos procesos electorales, pero no en el Consejo Agroalimentario del Estado. Sin embargo, el reglamento de desarrollo ha traducido esta previsión a una fórmula que presenta dificultades en su aplicación, otorgando un representante adicional a las organizaciones que obtengan un 40% de los votos electorales, lo que es muy difícil que se produzca en la práctica.

El real decreto de desarrollo admite los procesos electorales realizados por las comunidades autónomas para la participación de las OPA en órganos y entidades consultivos autonómicos, que pueden ser tanto elecciones a corporaciones como a cámaras u otros órganos consultivos. A juicio del Gobierno, este diseño de la estimación de la representatividad de las OPA presenta insuficiencias notables. Por un lado, la falta de transparencia en el método de reconocimiento por diez comunidades autónomas, ya que los criterios utilizados en la medida de la representatividad son distintos en cada una de ellas. Por otro, en el caso de procedimientos electorales se produce falta de seguridad e incertidumbre por la aplicación de la regla del 15% de los votos en nueve comunidades autónomas, que podría dejar fuera nada menos que a ocho, que pueden ser las comunidades con mayores censos. Suponiendo que todas las comunidades tuvieran censos iguales, el porcentaje de representatividad nacional quedaría reducido al 8% real y, teniendo en cuenta la enorme disparidad de condiciones agrarias y de población entre comunidades autónomas, los nueve censos más cortos pueden otorgar una representatividad nacional con menos del 5%.

Con independencia de las modificaciones que convenga realizar para hacer operativos como órganos de consulta tanto al comité como al consejo, conviene subrayar que la opinión de las organizaciones no resulta más relevante o influyente en función del número de representantes con que cuente cada una, salvo que se reformulasen ambos órganos dándoles una nueva dimensión y su dictamen tuviera carácter vinculante. Hasta la fecha no se ha constituido formalmente ninguno de los órganos consultivos de referencia y el tiempo transcurrido desde los procesos electorales celebrados en once de las diecisiete comunidades autónomas, así como la dispersión temporal en que se han llevado estos a cabo, hacen necesaria una medición actualizada de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

La Ley 10/2009 considera electores a las personas físicas que estén afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias y a las personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo conforme a sus estatutos y que efectivamente ejerzan actividad agraria. Sin embargo, esta previsión puede dejar fuera a personas que ejerzan la actividad agraria sin ajustarse a ninguna de las situaciones anteriormente indicadas, por lo que se están analizando otros colectivos complementarios que en su caso se integrarían en este censo con el fin de representar íntegramente a los intereses agrarios y responder a la misión de órgano consultivo anteriormente citado. Este análisis, junto con la evaluación de la forma en que el proceso deba desarrollarse, se encuentra en fase de estudio actualmente y tan pronto como se encuentren culminados darán paso al desarrollo del proceso electoral del sector agrario de acuerdo con la propuesta que formulé en mi comparecencia en esta Comisión el pasado 1 de febrero, en la que me reafirmo.

Termino, señorías, explicando la posición del Gobierno en torno a la reforma de la política agraria común y la propuesta que defenderemos en la Unión Europea, haciéndoles saber que de momento tenemos unas orientaciones básicas que se han establecido tras consultar a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias, pero que en la conferencia sectorial que celebraremos el próximo viernes las aprobaremos definitivamente. Por tanto, el próximo viernes ya tendremos una


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posición definitiva del Gobierno y las comunidades autónomas. El fortalecimiento de nuestro sector productor y la vertebración del sistema agroalimentario español constituyen los ejes en torno a los cuales se propone orientar la posición española en el proceso de negociación de la reforma de la PAC. La nueva PAC que resulte de la reforma tiene que incorporar los recursos financieros, las medidas y los elementos de flexibilidad necesarios que permitan su aplicación integrada y coherente dentro de una política agraria española que tiene como propósito último hacer de nuestro sistema agroalimentario un referente dentro y fuera de Europa, generador de riqueza e integrado con el medio ambiente, para cuya consecución el concurso del acuerdo entre Administración del Estado y comunidades autónomas es indispensable.

Quiero centrar la posición española en quince puntos fundamentales. En primer lugar, la propuesta de presupuesto para la PAC recogida en la comunicación de la Comisión Un presupuesto para Europa 2020, de 29 de julio de 2011, constituye el mínimo aceptable para España en las negociaciones del marco financiero plurianual 2014-2020. El alcance de la reforma de la PAC deberá estar supeditado al mantenimiento de las dotaciones presupuestarias.

En segundo lugar, España apoya la propuesta de la Comisión de establecer una convergencia progresiva y limitada de las ayudas medias por hectárea entre Estados miembros, siempre que estos puedan limitar la superficie sobre la que se apliquen los pagos directos a una superficie del orden de magnitud de la utilizada en el cálculo de la convergencia: 21 millones de hectáreas en el caso de España.

En tercer lugar, la transición a un modelo regional debe limitarse a un porcentaje de las ayudas que no ponga en peligro determinadas producciones y territorios. El periodo transitorio tiene que ser lo más amplio posible y se propone que los derechos históricos puedan representar el 90% del pago base al inicio y un porcentaje a determinar al final.

En cuarto lugar, España defenderá la aplicación de criterios flexibles en la aplicación regional del pago básico, en concreto la posibilidad de utilizar criterios mixtos, administrativos, económicos y de potencial productivo para la definición de las mismas, integrada dentro de un enfoque de carácter nacional.

En quinto lugar, consideramos que el importe del 30% de ayudas directas destinadas al componente verde se considera excesivo y debe reducirse y que las penalizaciones por incumplimiento que pudieran aplicarse deberían limitarse a su importe, sin afectar al pago base.

En sexto lugar, las medidas deben proporcionar beneficios medioambientales sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones. En concreto la superficie de tierras de cultivo sujeta a diversificación debe elevarse y el número de cultivos reducirse. El porcentaje de superficie de interés ecológico debe reducirse e incluir como tal a los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua y las leguminosas. El mantenimiento de la superficie de pastos permanentes hay que realizarlo a nivel de Estado miembro.

El pago a jóvenes agricultores debe ser obligatorio, debiéndose destinar un máximo del 2% de las ayudas directas, como propone la Comisión. La ayuda asociada debe ser ambiciosa en su concepción y dotación y su aplicación debe ser flexible, debe extenderse a otros sectores en dificultades con relevancia socioeconómica o medioambiental. El pago para zonas con limitaciones naturales puede permitir abordar situaciones y problemas específicos que se planteen como consecuencia de la aplicación de la reforma. El régimen para pequeños agricultores es una buena oportunidad para simplificar la gestión, si bien para que la simplificación sea real y efectiva se debería poder incluir automáticamente a los agricultores que cumplan sus condiciones, salvo que se manifestaran en contra.

Con el objetivo de evitar remanentes sin ejecutar al final de cada ejercicio, se deben diseñar instrumentos que permitan el máximo aprovechamiento de los límites financieros de cada Estado miembro. España considera una prioridad disponer de una red de seguridad para el sector agrario, por lo que vamos a defender unas medidas de mercado más eficaces, más rápidas y automáticas, que permitan el desencadenamiento del almacenamiento público y privado sin retrasos innecesarios, mediante precios de referencia actualizados. Asimismo, defendemos el mantenimiento de los regímenes de limitación de la producción en los términos actuales como elementos claves para garantizar la estabilidad de los mercados. Me refiero a los derechos de plantación del viñedo o las cuotas de la remolacha o las cuotas lácteas.

La reforma de la PAC debe, además, mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones y los fines de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, de manera que puedan tener más protagonismo en la gestión de mercados y en el control de la oferta, considerando para ello la posibilidad de introducir excepciones en la normativa sobre competencia que tengan en cuenta las especificidades del sistema agroalimentario. Consideramos que las provisiones del paquete lácteo referidas a la mejora del poder de negociación de los agricultores a través de la figura de las organizaciones de productores y el refuerzo de las relaciones y negociaciones contractuales pueden servir de referencia para muchos más sectores.

Finalmente, las medidas relacionadas con la pérdida de confianza del consumidor deben ser financiadas en su totalidad por la Unión Europea. Asimismo, las producciones vegetales deben ser incluidas en las medidas extraordinarias que cubran posibles restricciones al comercio como consecuencia de la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales.

Quiero terminar, señorías, reiterando que la posición a defender por España se va a consensuar con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial que mantendremos


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este viernes 15 de junio. A partir del día 18 de junio los ponentes de la reforma en el Parlamento Europeo van a presentar sus informes y vamos a trasladar la posición que esté pactada entre Gobierno y comunidades autónomas en forma de enmiendas a nuestros parlamentarios europeos de todos los grupos políticos para intentar, en sede parlamentaria, tener el máximo apoyo a la posición que pacten el Gobierno y las comunidades autónomas.

Termino mi intervención agradeciendo a sus señorías la atención y disculpándome por la extensión de la intervención, pero he querido atender en la medida de lo posible todas las cuestiones planteadas. Me pongo a su disposición para contestar las dudas o preguntas que me quieran formular.

El señor PRESIDENTE: Tal y como se ha dicho al inicio de esta sesión y como se había acordado en la reunión de la Mesa que preparó el debate de esta comparecencia, por el orden de antigüedad en la solicitud de las comparecencias tiene la palabra el Grupo Mixto, que según me comunican se reparten el turno de quince minutos entre tres intervinientes.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, creo que ese no es el acuerdo que acordamos en la Mesa. En la Mesa -y el señor letrado tiene ahí el acuerdo- se dijo que el Grupo Socialista tenía treinta minutos. Ese es el acuerdo y el orden. No entiendo por qué ahora quiere cambiarlo. La primera intervención corresponde al Grupo Socialista, que tiene cuatro peticiones de comparecencia y que además es el grupo mayoritario de los que han pedido comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, me permito discrepar con usted. No es así. El orden cronológico es el que marca el debate y el Grupo Socialista no formuló la primera petición. Como están mezcladas todas las peticiones, no hay otra manera de ordenar el debate. En cuanto al tiempo, se dijo en esa Mesa y hoy al principio de la sesión se ha vuelto a decir que el Grupo Socialista tiene 30 minutos, tal y como se había acordado.

Sin más dilaciones, tiene la palabra el Grupo Mixto.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, que conste que el Grupo Socialista acepta la decisión de la Presidencia porque es quien ordena los debates, pero eso no responde al acuerdo de la Mesa ni a lo razonable: que un grupo mayoritario ha solicitado cuatro comparecencias del ministro y debe intervenir en primer lugar en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Cuando lea con detenimiento el acta, verá que estamos de acuerdo. Además, no hemos hecho más que invocar los precedentes y siempre se ordenan los debates por el orden cronológico en que se han efectuado las peticiones, y la primera solicitud de comparecencia, como aquí hay muchos asuntos mezclados, fue formulada por el Grupo Mixto.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor ministro, por esta exhaustiva comparecencia. Son muchos los temas a tratar y algunos de ellos merecerían una comparecencia específica, que espero que en algún momento tenga a bien hacerla en esta Comisión. Me refiero fundamentalmente a la cuestión de la PAC porque en un momento en el que van a empezar las negociaciones en la Unión Europea en relación con este asunto merecería la pena hacer un debate serio, riguroso y exhaustivo de la cuestión.

La primera comparecencia estaba relacionada con la exclusión en la nomenclatura del ministerio de la denominación de pesca. Comprenderá que seis meses después nuestra preocupación ya no es la misma, nos parece que ya no tiene importancia, aunque agradecemos la respuesta que nos ha dado. Pero no podemos compartir todo lo que ha dicho. No entendemos que, independientemente de todo lo que ha comentado de la organización del ministerio, tenga que excluirse la pesca de la nomenclatura del mismo.

Por otro lado, y dado que tenemos muy poco tiempo por el reparto que hacemos en el Grupo Mixto, quisiera comentar algunas cuestiones en relación con los últimos acuerdos de pesca y, concretamente, los establecidos en la madrugada de hoy. Señor ministro, la primera pregunta es si está cerrado ya el debate en relación con la política común de pesca o hay aún posibilidades de modificar algunas cosas. A pesar de que reconocemos que ha habido dado avances en relación con el documento presentado por la Comisión, esos avances son tan tímidos en relación con las necesidades del sector que esperamos que existan posibilidades de avanzar muchísimo más. En concreto, al principio de su intervención comentó algunas cuestiones que quiero recordar, entre otras cosas porque fueron acuerdos unánimes de Comisión o de Pleno de todos los grupos parlamentarios y no sé si se trataron o no, pero desde luego no ha habido ninguna conclusión al respecto en estos acuerdos que nos ha comentado. Por ejemplo, la revisión del principio de estabilidad relativa que pudiera favorecer a determinados países sobre otros, como ocurre en la actualidad. No sé si trataron este tema o si tienen previsto hacerlo, pero desde nuestro punto de vista este asunto es fundamental para el sector porque existe un claro desequilibrio. Otro asunto es garantizar la gestión diferenciada de la pesca artesanal. Es fundamental para nosotros porque, aunque hubo acuerdos en relación con la exclusión de la pesca artesanal del reparto de cuotas, eso no resuelve, según nuestra opinión, el problema de la pesca artesanal, que creemos que tiene que tener un tratamiento diferenciado. Sabemos que no es fácil, que hay que hacerlo consensuadamente con el sector, pero es importante precisamente por lo que representa en las zonas costeras,


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donde es fundamental tanto en la base económica de estos pueblos costeros como en el asentamiento; es decir, desde el punto de vista social. En relación con los descartes, señor ministro, le diré que nos parece positivo relativamente, porque al final solo es un 5%. Lo que sí nos parece bien es que se haga progresivamente, se flexibilice, siempre y cuando en este tiempo en el que se flexibiliza el establecimiento de la cuestión se tomen las medidas necesarias para que no tenga la afectación que podría tener su implantación en este momento. Me refiero a si se va a trabajar para mejorar las artes de pesca, que ya descarten por sí mismas antes de que lleguen a tierra estos peces. Hay otras muchas cuestiones como garantizar las competencias de las comunidades autónomas; seguramente esto ustedes no lo han tratado en esta reunión, pero nos gustaría conocer la posición del Gobierno al respecto. También está la introducción de nuevos sistemas de control del esfuerzo pesquero, porque tampoco nos ha aclarado nada. Nos ha comentado que se van a incrementar gradualmente las cuotas, pero también es verdad que estos días ha aparecido la noticia de que en muchas pesquerías ya se ha comprobado que hay un nivel no solamente óptimo, sino más que óptimo, concretamente en las pesquerías del rape, el jurel o la merluza. Una de las cuestiones en la que estábamos de acuerdo todos los grupos políticos y el sector era que las cuotas y los TAC tienen que estar en consonancia con la realidad de las pesquerías y sobre todo las cuotas basarse en los estudios que verifiquen la necesidad de esas limitaciones de pesca. Esto, desde nuestro punto de vista, no ha sido tratado y no sabemos si lo van a tratar.

Como no tengo más tiempo, señor ministro, me gustaría que nos respondiera a las preguntas que le acabo de hacer y, sobre todo, a nuestra preocupación por si, además del proceso parlamentario, que no es competencia del Gobierno, va a continuar el diálogo y la negociación tanto con el Consejo como con la Comisión para poder avanzar más en este documento porque, aun con estas modificaciones acordadas esta madrugada, no responde en absoluto a las necesidades del sector.

Paso, señor ministro, al sector lácteo. Nos acaba de comentar que van a hacer un nuevo...

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, ustedes han decidido que se repartirían el tiempo. Le recuerdo que está restando tiempo a sus compañeros.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente. Dos minutos nada más.

En cuanto al sector lácteo y el real decreto, y de acuerdo a lo que se establece en el reglamento de la Unión Europea, nos gustaría saber si ustedes van a contemplar, además de la medida del contrato homologado si es que efectivamente va a ser obligatorio, medidas que posibiliten la negociación del sector. Es decir, si no hay posibilidades y capacidad de negociación de los productores con la industria para poder establecer un precio, ese contrato no va a ser absolutamente de ninguna eficacia, porque la experiencia actual -concretamente en Galicia- no ha servido hasta ahora para mejorar los precios. Es necesario un precio de referencia para que se pueda establecer una negociación.

En cuanto al tema de la PAC, señor ministro, esperamos tener una oportunidad para poder tener una comparecencia sobre esta cuestión concreta porque no tengo tiempo ahora ni usted ha tratado en relación con este asunto cuestiones de relevancia, pero sí queremos decir que desde nuestro punto de vista una PAC debe recuperar instrumentos de regulación del mercado eficaces, que las ayudas directas deben estar vinculadas al mantenimiento de la actividad agraria y que el apoyo a la renta de los productores debe avanzar en la línea de establecer una ayuda única por unidades de trabajo. Estas son grosso modo algunas de las cuestiones que a nosotros nos gustaría tratar en una comparecencia específica.

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que se ha consumido prácticamente la mitad del tiempo que tienen asignado.

Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Pensábamos que la Mesa, como en otras Comisiones, cuando se cumplía el tiempo de cada uno de los comparecientes avisaba. De todos modos, seré más breve y no pasa nada porque además el ministro conoce perfectamente los temas canarios. Así, me voy a limitar a hacer tres preguntas y una afirmación.

Con respecto a la PAC creemos que es buena la propuesta con el mantenimiento de Canarias como región ultraperiférica y dejando fuera el desacoplamiento y la modulación. Sí nos preocupa la reducción de las perspectivas financieras, como usted entenderá, y ese reparto que se va a hacer con respecto a las regiones. Y entrando ya en la problemática del tomate canario, empiezo por el final. Si no hay controles en los contingentes y los precios de entrada del tomate marroquí a la Unión Europea el futuro del sector canario es desaparecer. Y como el ministro tiene historia, le digo: ¿Cómo es posible que cuando estábamos fuera de la política agraria común existieran controles a la entrada de los tomates de Canarias porque a estos efectos éramos países terceros y ahora que hay más medios técnicos no se controle a Marruecos? ¿Se acuerda de los precios de referencia que provocaban de forma automática la expulsión del tomate español del mercado europeo de entonces por las altísimas tasas que teníamos que pagar? Por eso, me parece fundamental que no sea un tema de voluntad el refuerzo de los controles que ha dicho el ministro. Creo que es importantísimo y que es de obligado cumplimiento.

Termino con dos cuestiones. Usted dice que no cabe esperar perspectivas negativas. A nosotros lo que nos preocupa es, si sobrevive el tomate canario en dos o tres años considerando los niveles salariales en Marruecos de 0,5 euros la hora de trabajo y la agresiva política de


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captación de inversiones prevista para dicho país para este sector, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene previsto el ministerio para esta situación a la que se va a enfrentar el sector tomatero canario? Porque al final estamos hablando de 20.000 empleos directos y de la destrucción de un tejido productivo. El ministro es conocedor de esto, luchó por los temas canarios, pero en este momento hay una gran preocupación en Canarias por el futuro del sector del tomate. Termino preguntándole por cuál es la última hora -porque usted lo ha llevado personalmente- del acuerdo pesquero con Mauritania.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: De todos es sabido la importancia que tiene el sector de las frutas y hortalizas en cuanto a producción, en cuanto a empleo, en cuanto a número de explotaciones y en cuanto al valor de sus exportaciones, por eso, sobre el acuerdo de libre asociación de la Unión Europea y Marruecos el señor ministro ha afirmado que el Gobierno no comparte los augurios catastrofistas de las organizaciones agrarias. No sé si el Gobierno y el ministro los comparten o no, pero sí sabemos cuál es la opinión y qué es realmente lo que están viviendo los agricultores, en concreto los agricultores valencianos, los citricultores, por poner un ejemplo muy claro. Entendemos que por parte de su ministerio habrían de calcular las repercusiones que va a tener ese acuerdo con Marruecos y establecer algún tipo de compensaciones por esta mala política -a nuestro entender- de acuerdos que está perjudicando a un sector económico europeo; por tanto, está perjudicando a ciudadanos comunitarios. De todos es sabido que durante la vigencia del anterior acuerdo con Marruecos se superaron amplia y continuamente los contingentes de importación, sobre todo en tomate o en naranjas, por eso Compromís quiere saber si el ministerio va a instar un mayor control y presión de los inspectores en los puntos de inspección fitosanitaria, ya que con esto se evitaría la entrada de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias, de etiquetaje, etcétera, que tenemos y exigimos a los productores europeos.

Por último, quiero saber si se ha valorado el impacto medioambiental de este acuerdo; es decir, si se ha valorado el impacto de este acuerdo sobre el clima y sobre la población y el medio ambiente marroquí, porque allí se utilizan productos fitosanitarios no permitidos en la Unión Europea, muy contaminantes, y se produce con salarios diez veces más bajos que los salarios valencianos o los españoles, sin seguridad social, sin libertad y sin democracia. Señor ministro, los agricultores tienen la sensación de que se está pactando con dictaduras por intereses económicos que benefician básicamente a los países del norte y que están hundiendo la agricultura mediterránea.

Para terminar, quiero hacer unas preguntas muy concretas sobre el tema de las elecciones agrarias. Queríamos saber si se va a garantizar una representación legítima a los agricultores y si eso va a pasar efectivamente por unas elecciones y cuándo se van a hacer, porque en la pasada legislatura se dejó fuera a muchos agricultores que no estaban en la COAG, ni en Asaja, ni en UPA.

Por último, en relación con el agua, quiero saber si se piensa abordar el tema de la sobreexplotación del acuífero de La Mancha. Y un segundo tema, si después de hecho el trasvase Júcar-Vinalopó, donde hay una toma final en el Júcar aguas abajo, se piensa reabrir el debate río arriba, como están demandando algunos especuladores de Alicante. Por último, queremos saber cuándo piensan terminar el plan de cuenca del Júcar, que lleva un retraso considerable.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene el turno La Izquierda Plural, que se reparte el tiempo entre sus dos portavoces. Tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré brevemente porque doce minutos no dan para mucho, sobre todo cuando se acumulan tantas comparecencias; al final, quedan convertidas más en un trámite que en un debate. Nosotros agradecemos la amplia intervención del ministro, pero la desproporción de tiempo no permite que realmente sea útil y, repito, finalmente esto se convierte en un trámite, que no es lo que nosotros quisiéramos.

Dicho esto, quiero referirme telegráficamente a dos temas, no por el mismo orden que el ministro. Sobre el tema del aceite, quiero recordarle que han pasado años desde que discutimos aquella OCM del aceite, en la que le advertimos que si no había mecanismos de regulación pública, si no había un control del mercado era imposible evitar que finalmente fuese el sector intermediario quien controlase la cadena y se llevase los mayores beneficios y que finalmente iban a pagar los que menos culpa tenían. Ahora parece que se dan cuenta de que son necesarias medidas de regulación ágiles y eficaces. Si no son públicas, la verdad es que nosotros seguimos pensando que no van a tener esa eficacia. La realidad es que se nos ha venido a dar la razón y, aunque sea a tiempo pasado, nos gustaría que desde ese lugar empezásemos a construir. Efectivamente, nos preocupa la situación del aceite de oliva, nos preocupa porque es un sector que en algunos lugares del Estado es prácticamente la única fuente de riqueza y hoy está en serio peligro. Nosotros planteamos la necesidad de un acuerdo sin trampas. Un acuerdo sin trampas quiere decir que finalmente los beneficios no vayan a manos de unos pocos; usted sabe que ese fue el acuerdo con trampas de la anterior OCM. Un acuerdo que sirva para dar trabajo, que sirva para dar riqueza y ahí nos encontrará como nos encontró la ministra Loyola en anteriores trámites de la reforma del aceite porque sabemos lo que nos jugamos; pero, repito, sin trampas.


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Si finalmente vamos a trabajar para que unos pongamos la carne de cañón y otros se lleven el dinero, ahí nos encontrará usted en frente.

Sobre los acuerdos con Marruecos, le diré telegráficamente que usted y nosotros sabemos a quiénes benefician los acuerdos, quiénes controlan las tierras más productivas de Marruecos y por tanto de quién estamos hablando. Usted sabe también que la preocupación de nuestros agricultores no es porque sean insolidarios sino porque, como dicen en mi tierra, al perro flaco todo se le vuelven pulgas; y claro, cuando se está al borde de la desaparición y usted viene aquí y minimiza las consecuencias de estos acuerdos, choca con la realidad. La realidad es que no se pueden minimizar hoy los efectos del acuerdo y hay que plantear, porque también es importante independientemente de a quién estamos beneficiando con estos acuerdos, una salida para nuestra agricultura que no es la que hoy se vislumbra.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor ministro, yo me sumo a la dificultad de tratar todas las temáticas en tan poco tiempo, seguramente es mejor hacer monográficos en estas sesiones y que podamos abordar todos los temas. En este sentido me sumo a la petición de la diputada del BNG porque creo que la PAC se merecería una sesión monográfica de esta Comisión, sobre todo porque en la mayoría de países el posicionamiento se adopta a nivel parlamentario. Creo que es bueno poder hacer un debate en esta Cámara y que podamos entre todos ver cuál es la posición que tiene España en el marco de la Unión Europea y de la reforma de la PAC.

Dicho eso y telegráficamente, en primer lugar expresamos nuestra disconformidad, pero en otro sentido, sobre el acuerdo de pesca al que se llegó ayer. Precisamente hace quince días discutíamos en esta Comisión una propuesta de nuestro grupo sobre rendimiento máximo sostenible. No debemos adoptar una posición de miopía política y económica; entendemos que España se juega mucho precisamente en mantener el rendimiento de nuestros mares y que deberíamos tener una posición ambiciosa de inversión en el futuro. Este acuerdo, que ningunea el acuerdo al que llegó el Parlamento europeo, va en detrimento precisamente del futuro de la pesca en España. Entendemos que esa transición es una cuestión complicada, pero creo que sería mucho más valiente y mucho más rentable invertir ahora esfuerzos para que en el futuro tengamos realmente más productividad en nuestros mares.

Ahora sí entro en el objeto de la comparecencia que habíamos pedido, que era sobre el Pacto del agua. Estoy de acuerdo en que usted haya empezado hablando de herencia y puedo compartir que vamos tarde en la planificación hidrográfica, eso lo podemos compartir; lo que nos asusta un poco es que usted ha planteado que en el Gobierno del Partido Popular se llegó a una gran entente, a un gran consenso, según su punto de vista, que sinceramente no es el recuerdo que yo tengo de esos años, sino todo lo contrario: un conflicto territorial instalado permanentemente. Yo vengo de Cataluña y sé lo que se vivió precisamente a raíz del agua. Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de conflicto territorial, de amenaza de trasvases. Al final, ya no es tanto poner una bandera u otra, una frontera u otra, sino que lo que le preocupa a nuestro grupo parlamentario es la salud de nuestros ríos, porque los planteamientos de ese plan hidrológico nacional lo que menos en cuenta tenían de todo era la salud y el estado ecológico de nuestros ríos. Usted ha hablado de la Directiva-marco del Agua, de la necesidad de cumplir, de que hay expedientes, pues lo que han planteado hasta ahora y lo que hemos visto de la actuación del Gobierno hasta ahora va en contra de la Directiva-marco del Agua. Han podido matizar el lenguaje, mejorar la retórica, pero los objetivos de fondo y los instrumentos que ustedes plantean van en contra de cumplir la Directiva-marco del Agua. Un ejemplo sobre el incumplimiento de directivas es el mismo decreto que han planteado de medidas de medio ambiente. Cuando usted habla -porque también lo ha planteado hoy- de racionalización, de productividad, de mejora, esto lo que significa cuando lo vemos por escrito son rebajas de la protección ambiental y aumentar la discrecionalidad del Gobierno. En lugar de una relación horizontal con las administraciones, ustedes vienen y toman la decisión, incluso ninguneando el trabajo que se había hecho. Usted decía: tenemos que hacer un pacto del agua para que el agua sea barata, se rebajen los costes. Yo creo que en el siglo XXI, con lo que se ha empeorado, con el recorrido que llevamos hecho, no podemos plantear que el agua, que es un recurso escaso y que es caro, sea barata. Si no lo entendemos, estaremos minando nuestro propio futuro. No podemos planificar desde el punto de vista urbanístico ni desde el punto de vista agrícola que el agua es un recurso barato porque lo ha dejado de ser, y más en nuestro país con la escasez que tenemos de recursos. Y ustedes en el planteamiento que hacen de plan hidrológico no internalizan los costes ambientales.

Nos preocupa también lo que le comentaba de la recentralización y esta discrecionalidad. Usted dice que ahora hay un consenso con las nueve comunidades autónomas. Yo no sé dónde existe este consenso, lo que sé es que el Consejo de sostenibilidad del delta está en alerta y que desde la Generalitat de Cataluña también han planteado la alarma en relación con los caudales ecológicos que plantean en el plan hidrológico para la cuenca del Ebro. Realmente nos resulta alarmante. Yo no sé cómo usted puede venir aquí a decir que hay consenso, sobre todo porque en el caso del Ebro y en el caso de Cataluña sí que se habían hecho los deberes y sí que se había planificado, se habían hecho los caudales ecológicos de todas las cuencas internas, incluido el Ebro. Y lo que plantean supone que han pasado por alto todo el trabajo, los estudios técnicos y los caudales ecológicos


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que había fijado precisamente la Agencia Catalana del Agua que había trabajado con todo el territorio; se pasan por alto. Sí, sí, ministro, porque no ha tenido para nada en cuenta los caudales fijados. Le pongo algunos ejemplos: en el Noguera Ribagorçana, dos tercios inferior a lo que se planteaba en 2008 por parte de la Agencia Catalana del Agua; en el Noguera Pallaresa su plan hidrológico no fija ningún caudal; en la mayoría de los embalses no hay ningún caudal fijado, y en la parte inferior del Ebro prácticamente es la mitad de lo que planteaba la Agencia Catalana del Agua. Por tanto, no han tenido en cuenta nada de lo que se había hecho y, lo que es peor, con una falta de transparencia absoluta, porque no han publicado los informes técnicos en los que se basan para fijar ese caudal. Es verdad que es un borrador, es verdad que está en exposición pública pero cómo vamos a abordarlo si no sabemos la metodología que han utilizado y no tenemos los estudios técnicos para saber y cuando no han partido de un trabajo que se había hecho bien desde Cataluña. Y lo que nos preocupa son los riesgos que esto supone para el río. La Directiva-marco del Agua fija claramente los criterios en la planificación hidrográfica, que son los contrarios a los que usted ha planteado hoy. La Directiva-marco del Agua habla, primero, de la salud de los ríos; en segundo lugar, del agua para uso doméstico y, en tercer lugar, del resto. Usted todo el rato ha estado hablando de una inversión en esos criterios: primero miremos la demanda de todo y, cuando lleguemos al mar, seguramente para el río no va a quedar nada. Nos preocupa. Y está hablando de tener una planificación porque los expedientes se acumulan. Con esta planificación los expedientes se van a multiplicar y las demandas al Tribunal de Justicia Europeo también se van a multiplicar.

Algo de lo que no ha hablado hoy -porque usted hablaba de que su referencia era 2001-: me pregunto si todavía insistirán en el tema de los trasvases porque con la alarma que fija este plan hidrológico para el Ebro vuelve la pesadilla del trasvase. Seguramente no es el mejor contexto económico presupuestario para apostar por trasvases, pero como usted está abogando mucho por esa colaboración privada, por la financiación privada de infraestructuras, queremos que sepa que no nos gustaría que apareciera esa ocurrencia de un trasvase financiado por capital privado. Lo digo por si está explorando esa posibilidad. Sinceramente, le pedimos que mejore el diálogo, que hable con todos los agentes, con todos los sectores, no solo con algún sector interesado, sino con todos; que hable con las administraciones, con las comunidades autónomas y también con los municipios. Le pedimos que sea razonable y racional porque usted está planteado aquí un plan de acuerdo con unas inversiones de infraestructuras que no se están dotando en los presupuestos ni se van a dotar en los presupuestos de 2013 ni tampoco en los de 2014, por tanto no puede plantear una política hidráulica basada en continuar gestionando que ya haremos las infraestructuras y la tecnología ya nos vendrá dada para cumplir con esos objetivos. Por tanto, le pedimos que rectifique, que mejore la transparencia, que mejore el diálogo y sobre todo que clarifique cuáles son las intenciones. Esperemos que esas intenciones no sean el escenario de 2001, porque de consenso nada y sería volver a instalarnos en ese conflicto territorial.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el Grupo Socialista por un tiempo de treinta minutos, que distribuirán entre sus portavoces. Tiene la palabra su portavoz en pesca, doña Consuelo Rumí.

La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, mi intervención se va a referir a las dos solicitudes de comparecencia del Grupo Parlamentario Mixto. Sobre la primera, simplemente quiero decir que la pesca merece que ustedes le dediquen toda la atención, no solamente por el volumen de nuestra flota pesquera -somos el primer país de la Unión Europea en flota, pero el segundo en consumo de pescado-, sino también por el volumen de ingresos y de puestos de trabajo que genera. En cuanto a la segunda, la política pesquera común, quiero trasladarle la necesidad del consenso, del acuerdo político. Mi partido y mi grupo parlamentario somos partidarios de trabajar en una única posición consensuada ante las instituciones europeas. Creemos que es necesario encontrar a todos los niveles lo que nos une como sector, como país y como espacio común europeo. Por eso considero muy adecuada la iniciativa que se ha llevado a cabo en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación -aquí sí tenemos la nomenclatura de pesca- del Senado español, tratando de consensuar una posición de todos los grupos para trasladarla a la Comisión del Parlamento Europeo. Todo lo que sea unificar posturas en este proceso nos conviene porque nos hace más fuertes y le tengo que trasladar que para que esto sea posible la comunicación debe ser fluida y no enterarnos de los resultados de las negociaciones a través de la prensa. Hay que tener en cuenta también que, aunque busquemos una reglamentación única, debemos respetar la pluralidad de formas de organización de las industrias que existen en el continente. No es lo mismo las pequeñas flotas artesanales de bajura que las flotas que operan a miles de kilómetros. No son las mismas necesidades y por tanto no pueden tener el mismo tratamiento. La política pesquera común debe contribuir a mantener una actividad económica, una industria, pero también una forma de vida que es deseable preservar.

Paso ya a tratar algunos de los planteamientos. Estos deben ser creíbles, realistas y han de conjugar todos los intereses -económicos, sociales, medioambientales- que están en juego en el proceso, así como defender el equilibrio entre el mantenimiento de la flota y el sector pesquero, considerado en su sentido amplio, y la sostenibilidad de los caladeros. Para que todo esto sea posible, se debe trabajar en paralelo en la reforma del Fondo europeo de pesca, que debe orientarse según estos objetivos y otros que no puedo trasladar aquí, y mantener la


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intensidad de la asignación a España de este fondo. Es muy importante. Necesitamos un sector pesquero que resulte sostenible, adaptado a los recursos pesqueros disponibles, que garantice un nivel de renta digno para los pescadores y demás trabajadores del mar, que mantenga los puestos de trabajo y en consecuencia que permita asentar la población en las zonas de costa de nuestro país. Ese es el gran reto y de ese reto debemos salir bien. Si usted quiere, mi grupo parlamentario desde luego sí quiere, estamos dispuestos a trabajar en esta dirección.

El señor PRESIDENTE: Doña Leire Pajín.

La señora PAJÍN IRAOLA: Bienvenido, señor ministro, de nuevo a esta Comisión y a esta Cámara.

Esta comparecencia se celebra después de la aprobación en Consejo de Ministros y de la toma en consideración en esta misma Cámara del real decreto-ley que modifica leyes básicas de protección ambiental, que van justamente en sentido contrario a lo que la comunidad internacional está pidiendo estos días y a las que ahora me referiré. Son modificaciones que hacen más lasas la capacidad de protección de nuestros recursos naturales, que abren la puerta a la especulación de recursos fundamentales, como es el agua, y que cambian el sistema de residuos y de reciclaje de nuestro país, que tan solo tenía siete meses de vigencia, y todo eso en nombre de la seguridad jurídica. Además, se produce después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros y del debate en esta Cámara de unos Presupuestos Generales del Estado que contemplan una reducción presupuestaria del ministerio por encima de la media de los recortes en el resto de departamentos, que impide poner en marcha o desarrollar leyes tan importantes como la de desarrollo rural y que nos va a impedir ser exigentes, como correspondería, con los planes de mitigación de la contaminación, por ejemplo del aire y del agua, que impiden sostener muchos de nuestros parques naturales y que hacen inviables muchos de los programas de reforestación y de conservación ambiental a los que luego me referiré. Por tanto, tiene lugar en un momento en el que estamos a pocos días de una cumbre internacional de primer nivel, la Cumbre Río+20, a la que se ha referido el ministro.

Debo confesar que nos ha causado un profundo estupor escuchar al Gobierno de España hablar de falta de contundencia y de exigencia en la agenda internacional de esta cumbre cuando es precisamente el Gobierno de España el que está aplicando una hoja de ruta contraria a la agenda que la comunidad internacional está consensuando para esta cumbre. Es más, el Gobierno y el secretario de Estado en las últimas reuniones de la Unión Europea han demandado legislaciones más lasas en varios de los ámbitos ambientales mientras se exige a la cumbre de Río que se sea todavía mucho más ambicioso. Fíjese, señor ministro que no se lo dice la oposición, que no se lo han repetido solo otros grupos parlamentarios que han hablado antes que el Grupo Socialista, que no se lo indica solo el Grupo Socialista, sino que se lo acaba de decir la Comisión Europea, que en su último informe les da un verdadero tirón de orejas y consejos bastantes serios acerca de cuál es la hoja de ruta ambiental que está adoptando este Gobierno. Concretamente, en la página 25 de este informe reconoce claramente cómo España iba en 2010 por el buen camino en cuanto a la reducción de las emisiones -un 4% menos que en el año 2005- y a continuación advierte de una profunda preocupación por el hecho de que en este momento el Gobierno se está desviando respecto a ese objetivo. Nos llama también severamente la atención la Comisión Europea sobre el parón del apoyo a las energías renovables, que no solamente van a hacer que seamos más dependientes energéticamente, sino que también van a destruir muchos empleos en nuestro país, tal y como el Grupo Parlamentario Socialista ha advertido una y otra vez. Y también enmienda claramente la plana a las últimas modificaciones que en materia de agua y de residuos ha aprobado el Gobierno y que estamos a punto de debatir como proyecto de ley en esta misma Cámara.

Señor ministro, el Gobierno ha desarrollado una hoja de ruta contraria a lo que la comunidad internacional y la sociedad civil están pidiendo y, señorías, el papel lo aguanta todo, pero no se puede ir a Río a exigir una agenda ambiciosa en materia de desarrollo sostenible y después aplicar justamente las medidas contrarias en un mismo país. En este sentido, quería hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el Gobierno debería ir a Río con una posición de país y no solo de Gobierno y celebro que esta vez sí, ya que no ha sido posible en el decreto-ley, en los órganos preceptivos, escuche a la sociedad civil, pero le voy a hacer una sugerencia que espero apoyen todos los grupos parlamentarios. Lo lógico sería -ha habido otros precedentes en los últimos años- que también convocara a los portavoces de los grupos parlamentarios y pudiéramos discutir con el Gobierno cuál es la posición oficial que el Gobierno de España va a llevar a dicha conferencia. Por tanto, le sugiero que nos invite y que podamos discutirlo antes de que la delegación oficial vaya allí. Lo coherente sería también que, si se va a exigir una agenda ambiciosa, se empiecen a cambiar algunas de las leyes que se han presentado en esta misma Cámara. El reto más importante de la cumbre Río+20 es precisamente diseñar una agenda económica que sea capaz de integrar un modelo de economía verde ambiental y socialmente sostenible, que apueste por un nuevo modelo de economía basado en la investigación, en el desarrollo y en la innovación, que han sufrido una bajada de presupuestos sin precedentes en los Presupuestos Generales del Estado que se acaban de ver en esta Cámara, que apueste de una forma muy clara por fomentar la cultura participativa de la sociedad civil, de todos los ciudadanos, en un momento en el que en España se aprueban leyes sin ni siquiera tener en cuenta a los consejos preceptivos. Se pide en la Cumbre de Río apostar claramente por la fiscalidad


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verde. En el debate presupuestario les reprochamos que habían perdido la oportunidad de apostar por la fiscalidad verde y de obtener ingresos para desarrollar políticas ambientales y siguen mirando hacia otro lado. La comunidad internacional y la sociedad civil apuestan por un modelo de economía verde que garantice los derechos laborales y sindicales, y fíjese que en España acaban ustedes de aprobar una reforma laboral que no solo hace el despido prácticamente libre, sino que también rompe el equilibrio histórico de las relaciones laborales entre sindicatos y patronal.

La agenda de Río busca garantizar una gestión pública en la economía de forma transparente, y fíjense los días que llevamos con impedir comisiones de investigación sobre Bankia o con no llamar a las cosas por su nombre. Señorías, señor ministro, no se puede hablar de ambición cuando además se ha reducido la ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, no podemos ni siquiera cumplir con nuestros compromisos en los fondos de desarrollo sostenible y de lucha contra la pobreza en los diferentes programas de Naciones Unidas. Le preguntábamos por el Pnuma en esta Comisión, aquello a lo que usted no le daba importancia y sobre lo que ahora afortunadamente ha cambiado de opinión. Me alegro, pero quiero preguntarle si además de no oponerse va a tener el Gobierno de España alguna posición sobre la reforma de este organismo, sobre su competencia para tener una mayor capacidad de ser una agencia de Naciones Unidas o si se va a poner de perfil. En definitiva, señor ministro, me gustaría que España estuviera a la cabeza de la exigencia de esa hoja de ruta en la Cumbre de Río, pero no solo con palabras, sino cumpliendo en su propio país con la legislación que fuera coherente en ese sentido.

Acabo, señor presidente, con dos temas que ha tocado el ministro y que me parecen fundamentales. Uno de ellos lo habíamos pedido en la solicitud de comparecencia y tendremos, espero, ocasión de poder discutirlo de forma más pormenorizada. Tiene que ver con el Pacto, supuesto, de agua, un pacto de Estado que me gustaría saber a qué agentes abarca, si esta vez los grupos parlamentarios vamos a tener algo que decir, sobre qué premisas, porque hoy tampoco nos ha contado grandes avances sobre sus planes y, sobre todo, si va a basarse en el consenso entre todos los sectores o vamos a vivir otra vez, como se ha dicho hace unos minutos, esa política de división de territorios que no garantizó el agua en los momentos difíciles y que, sin embargo, provocó una división muy importante entre ciudadanos. Usted ha hablado de proyectos faraónicos en lo que se refiere a las desaladoras, esos proyectos que han garantizado el agua en los momentos más duros de sequía en los últimos años, esos proyectos que además han sido boicoteados por comunidades autónomas del Gobierno del Partido Popular y que ustedes van a tener que poner en marcha, como en Torrevieja, de forma muy clara. Me gustaría saber también con qué dinero va usted a desarrollar esos supuestos planes que no nos acaba de contar y que quiere poner encima de la mesa. Por último, señor ministro, le recuerdo que estos días estamos viviendo un incendio en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mostramos nuestra solidaridad con las familias desalojadas y le advertimos una vez más de la necesidad de aumentar los recursos en prevención de incendios porque la lucha contra los incendios no solo se apaga con la extinción sino que se previene con recursos que usted ha bajado también en los Presupuestos Generales del Estado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora don Alejandro Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, han negociado usted y el presidente de la Comisión un formato de comparecencia poco habitual, once temas que nos impiden tratar en profundidad a todos los grupos políticos. En este sentido, no tengo más remedio que aceptar la mayoría parlamentaria, es su decisión. Simplemente, señor ministro, sabe que le aprecio, le sugiero que venga con frecuencia al Parlamento. Estoy seguro de que aquí le vamos a tratar mejor que en el Consejo de Ministros, visto el resultado de la negociación presupuestaria de este año, y seguramente para sus negociaciones en temas importantes, como el tema financiero de la PAC o la ley de la cadena alimentaria, el apoyo del Parlamento a lo mejor no le venía mal, visto lo visto hasta este momento.

Son muchos temas, voy a comenzar con el que más preocupa en el sector agrario y al que usted hace referencia en todas las comparecencias públicas que se celebran, hoy también. Me refiero al compromiso del Gobierno de remitir una ley de equilibrio de la cadena alimentaria. Tiene todo nuestro apoyo, nosotros esperamos ver ese proyecto cuanto antes aquí en el Parlamento, apoyamos la iniciativa, y, por tanto, cuanto antes venga, mejor. En este sentido, le digo que lamentamos, no sé si lo conoce, que el Grupo Popular votara en contra en la última Comisión en una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista que estoy seguro que le hubiera venido bien en sus negociaciones difíciles con comercio y con economía para traer una ley trascendente que resuelva los problemas. En este sentido le pregunto, señor ministro, ¿cuándo va a mandar la ley, si puede darnos una fecha? En segundo lugar, ¿esa ley va a regular, va a determinar, va a definir lo que son prácticas comerciales abusivas en la cadena alimentaria, que sabe usted como yo que se dan? ¿Si esa ley va a determinar o va a crear un organismo que se encargue de vigilar, controlar, perseguir y evitar este tipo de prácticas? Señor ministro, este es un tema preocupante, usted lo sabe. Esto a mí me ha llegado hoy seguramente a usted también, señor ministro, esto se da casi todas las semanas. (Muestra un cartel). Se ha hablado aquí de aceite de oliva. Miren, señores del Partido Popular, aceite de oliva, una oferta de una gran cadena comercial, 6 euros, 5 litros de aceite virgen extra. Esto, señor ministro, es una práctica comercial inaceptable, o no es aceite de oliva virgen extra lo que tiene dentro o es una práctica comercial que


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debería perseguirse. En ese sentido, le urjo a la presentación de la ley y me gustaría saber si el Gobierno ha iniciado alguna actuación sancionadora ante prácticas como esta que yo hoy mismo le denuncio.

El segundo tema de preocupación es el de la PAC, usted ha dicho que va a consensuar una posición común con las comunidades autónomas. Nos gustaría participar de ese consenso nacional y le invito, le ofrezco la colaboración del Grupo Socialista para defender en Europa una PAC fuerte, bien dotada, con medidas trascendentes. Nuestra preocupación pasa fundamentalmente por el presupuesto. Nosotros sabemos, y usted mucho mejor que yo, que hay iniciativas en Europa que pretenden rebajar el presupuesto de la Unión Europea en un 20% y que la PAC está en el punto de mira de la rebaja de determinados países europeos. Nos preocupa que usted pueda sacar adelante un mantenimiento de las ayudas, el cheque español mantenerlo íntegro, y me gustaría que hoy se comprometiera aquí en el sentido de que el Gobierno español, no usted, el Gobierno español no va a aceptar bajo ningún concepto que la ficha financiera española se rebaje en un solo euro. Estoy seguro que aquí en esa línea tendrá todo nuestro apoyo. Ha fijado la posición en algunos temas, pero me gustaría conocerla sobre otros a los que no se ha referido, no sé si por olvido o porque todavía no están terminados. ¿Nos puede decir qué es un agricultor activo para el Gobierno español? ¿Cuál es la definición de agricultor activo para el Gobierno de España? Me gustaría saber efectivamente cuál es su propuesta alternativa de greening que pudiera convencer en este momento al resto de países y al comisario en el sentido de ir adelante con el presupuesto manteniendo una PAC verde. Me gustaría conocer un poco más este criterio que ha dicho de no ampliar el número de hectáreas, es decir, que la hectárea que no haya tenido ayudas nunca no la podrá tener por los siglos de los siglos. No lo sé, este es un tema de la legibilidad que nos gustaría que nos profundizara un poquito; también si está de acuerdo el Gobierno español en el establecimiento de topes, es decir, el sistema de capping que ha propuesto la Comisión. En cualquier caso, vuelvo a repetir, es un tema que merecería la pena que lo debatiéramos con más tranquilidad.

En relación con Marruecos, señor ministro, efectivamente me ha dejado usted alucinado porque ha dicho usted que ha oído declaraciones catastrofistas de organizaciones profesionales agrarias. A mí me gustaría que hubiera escuchado o leído las declaraciones de sus colegas aquí, a derecha e izquierda de su partido, presidentes de comunidades autónomas, en relación con la futura firma de ese acuerdo cuando gobernaba el Partido Socialista frente a lo que hoy nos ha dicho en el sentido de que aquí no pasa nada. Señor ministro, con independencia de a quién le quiera usted echar la culpa, el acuerdo fue recibido en el campo español con indignación, con preocupación, esto es una realidad. En ese sentido, creo que no se puede minimizar los posibles efectos después de que el Partido Popular haya llegado al Gobierno. Usted tiene, señor Arias Cañete, el triste récord de ser el protagonista de los dos acuerdos, los dos acuerdos con Marruecos, el anterior y este, se han firmado siendo usted ministro. (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete: Estábais vosotros). Y usted, señor ministro, va a ser el responsable de la gestión del acuerdo, de si tiene efectos positivos o negativos. Nosotros hemos dicho que este acuerdo, y por eso se votó en contra en el Parlamento Europeo, necesitaba de un sistema justo de compensaciones en caso de que se produzcan pérdidas y por eso reclamábamos la necesidad de que la Unión Europea se comprometiera a asegurar el cumplimiento de medidas eficaces de control. Hay que conseguir una modificación sustancial de los precios de entrada, señor ministro, hay que conseguirlo, pero hay que conseguirlo cuanto antes y hay que lograr garantías de la Unión Europea para que en ningún caso se rebasen los contingentes ni se incumplan los acuerdos. Usted puede decirnos que en los puertos de España se cumplen los requerimientos de inspección y control, pero ¿y el resto de productos que entran en las distintas aduanas o puertos de la Unión Europea? ¿Usted puede usted asegurarnos que en los distintos puertos de la Unión Europea se cumplen los requisitos de inspección sanitaria que usted dice que se aseguran aquí? ¿Tienen inspectores con instrucciones suficientes para controlar este tipo de cosas?

Señor ministro, creo que además de ir a celebrarlo con su colega marroquí -que sí hubo un apresuramiento en ir a Marruecos a celebrar el acuerdo, no lo discuto, es una gestión que sí consta en las hemerotecas-, debe trabajar intensamente en la Unión Europea para evitar los efectos negativos que ustedes, los responsables del Partido Popular, denunciaban con anterioridad a la firma de este acuerdo.

En cuanto al desarrollo rural, señor ministro, efectivamente tenemos una ley vigente, sobre la que usted dijo en su primera comparecencia que iba a hacerle una modificación profunda. Han pasado cinco meses y nosotros no sabemos que se haya hecho ninguna modificación profunda. Sí sabemos que ha habido temas en los que el Gobierno ha tenido interés político de modificar leyes; aquí está el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia medioambiental o los diecinueve o veinte reales decretos-leyes que el Gobierno ha remitido al Parlamento cuando ha considerado urgente hacer una modificación de ley. La realidad es que es una ley que está vigente y usted nos tiene que decir si la va a cumplir o no la va a cumplir; o lo que nos tememos, que la vaya a cumplir en aquellas comunidades autónomas en las que al Partido Popular le pueda interesar el cumplimiento de esta ley.

De la reforma profunda de la ley lo único que sabemos, hasta este momento, es que usted ha modificado profundamente el presupuesto, ha dejado la ley prácticamente sin presupuesto, y de 200 millones que había el año pasado lo ha dejado en 28 millones. Usted que sabe que tiene un programa aprobado, dieciséis protocolos de


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colaboración firmados con dieciséis comunidades autónomas -todas menos Madrid-, los planes de actuación de la mayoría de las 214 zonas elaborados por las comunidades autónomas, más de cincuenta convenios para la aplicación de la ley con planes piloto. Es verdad que la ley tiene dificultades, esto no se lo discuto, pero lo que usted no puede es decir que va a modificar profundamente una ley -todos interpretamos que la iba a derogar- y apresurarse a ir a firmar un convenio con Galicia, que publicaba el Boletín Oficial del Estado ayer o anteayer, en el que usted compromete con Galicia 87,11 millones de euros. Esta es la nota del ministerio. O sea, que el ministerio dice: olé la ley, 87 millones para Galicia, en unas medidas magníficas para Galicia y para su presidente y candidato en los próximos meses. ¿Usted, señor Cañete, cree que es razonable dejar el presupuesto en 28 millones y firmar el primer convenio que compromete 87 millones, gasto plurianual, para los próximos años? ¿Va a firmar convenios similares con todas comunidades autónomas? Le invito a que lo diga; que la comunidad autónoma que tenga condiciones va a tener su convenio con una financiación similar a la que usted le ha dado a Galicia esta misma semana. He leído en prensa de Castilla y León que la consejera dice esta semana que de forma inminente se va a firmar. El convenio con Castilla y León comprometería el 18% del presupuesto nacional. Si usted firma con Galicia y con Castilla y León la próxima semana, no sé yo si con las previsiones presupuestarias -28 millones para este año y no sabemos si el año que viene más o menos- va a cumplir esta ley. Aquí hay unas incertidumbres, señor ministro, que debería usted despejar lo más rápidamente posible. No creo que usted se atreva a modificar profundamente la ley y dejar la aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural para tres o cuatro años en La Rioja y Galicia y Castilla y León, a lo mejor, si llega la semana que viene, y dejar en la estacada al resto de comunidades autónomas. No creo que se atreva ni creo que esté en su pensamiento.

Por último, paso al tema de la representatividad. Señor ministro, le voy a hacer una argumentación similar. Usted tiene una ley vigente. Le recuerdo que es una ley que fue pactada íntegramente -con un acuerdo escrito firmado por su compañero de partido que está a su izquierda en este momento en la Mesa- en su contenido entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Una ley que venía de un consenso con las comunidades autónomas, con todas, y de una petición previa, un acuerdo con los tres sindicatos agrarios, en ese momento mayoritarios, Asaja, UPA y Coag. Yo respeto un cambio de posición política, todos lo podemos tener, pero usted debería explicar aquí qué motivos o a qué responde ese cambio de posición política en el Partido Popular, que pacta una ley comprometiendo unos acuerdos con unas organizaciones profesionales y que cuando llega al Gobierno la cambia, aunque de una manera que todavía no sabemos. ¿Se lo ha pedido alguien? ¿Atiende a una petición de alguien en concreto? Sería bueno conocerlo. La anterior sí sabemos que la pidieron Asaja, UPA y Coag. Ahora no sabemos si esto lo pide alguien o responde a algún acuerdo político o de otro tipo y usted, señor ministro, debería aquí ayudarnos a despejar esa duda. Me gustaría preguntarle cuándo va a remitir esa ley. Hemos escuchado a algún responsable del ministerio que ha hablado de que la ley estará antes de que finalice el año y que podría haber elecciones a principios del año que viene, pero me gustaría que fuera usted el que nos informara de cuándo va a mandar la ley, cuál es el sentido de la modificación, cuáles son los objetivos de mejora en la canalización de la representatividad entre el Gobierno y las organizaciones profesionales representativas del sector. En cualquier caso, señor ministro, le pediría que si el tema es complicado y va a tardar, nos dijera aquí si va a cumplir la ley vigente. Me gustaría que nos dijera si va a constituir o no -porque sabe que se han aprobado, en la última fase de la legislatura, las resoluciones que otorgan las definiciones de organizaciones más representativas, que las organizaciones designaron sus representantes- un órgano de interlocución con la ley vigente o la va a derogar o modificar en un plazo que deberíamos saber. Entiendo que las organizaciones profesionales agrarias, con todo este rosario de problemas que tenemos por delante, merecen que esté establecido un órgano de participación formal organizado al que todo el mundo pueda someterse.

También me gustaría, señor ministro, que en el marco de ese planteamiento de modificación de la ley -algo nos ha dicho y me gustaría que me lo confirmara-, ¿usted va a modificar los electores y los elegibles en este proceso? ¿Lo va a modificar? (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete: Sí, claro). ¿Sí? Pues me gustaría que fuera un poquito más claro. Hasta ahora sabemos en España quién tiene derecho a votar en todos los procesos electorales que se han celebrado en todas las comunidades autónomas, de derechas y de izquierdas, que son los autónomos que están inscritos en el régimen de la Seguridad Social. Ahora usted dice: yo quiero ampliarlo. ¡Claro, me gustaría saber quién va a votar aquí! Si usted lo tiene claro, cuanto antes nos lo diga, mejor. Por otra parte, ¿hará un proceso electoral que repita las elecciones -por ejemplo, en Cataluña donde ha habido elecciones recientemente, o en Valencia o en otras comunidades autónomas- o, además de ese proceso electoral, usted pondrá una urna nueva en todos y cada uno de los pueblos para elegir a los representantes que hablarán con el Gobierno? Es decir, en esas comunidades autónomas que, además, tienen competencia exclusiva en estas materias, ¿usted repetirá un segundo proceso electoral o validará los existentes? Claro, si valida los existentes tendrá que aceptar el sistema electoral vigente, porque si lo cambia no vale. Si Valencia celebra elecciones con un censo electoral y usted lo convoca con otro... Creo, señor ministro, que este es un jardín en el que usted se está metiendo bastante complicado. No sé si tiene el


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consenso con alguien, pero sí nos gustaría que fuera lo más preciso posible.

Por mi parte nada más, no tengo más tiempo, veo que está el semáforo en rojo.

El señor PRESIDENTE: Antes de conceder la palabra al siguiente interviniente, no sé si el señor Alonso añora tiempos pasados y se ha empeñado con tanta obstinación en mantener un debate con esta Presidencia, pero tengo que recordarle dos cosas. Hablando de récords, la señora doña Rosa Aguilar en más de un año compareció dos veces para responder a cinco solicitudes de comparecencia. (Un señor diputado: Eso no procede). Y la anterior ministra compareció seis veces en tres años. Efectivamente, el señor ministro que viene a responder a once peticiones de comparecencia, ha batido un récord. (Protestas.-La señora Cunillera i Mestres: El señor presidente no interviene en el debate.-Un señor diputado: Esto no es moderar un debate). Para terminar, déjeme que le diga otra cosa más. Dijimos que para que no se nos acumularan tantas peticiones de comparecencia y para que no perdieran actualidad teníamos que hacer un barrido y presentarlas en esta Comisión. Lo que no puede ser es lo imposible: responder a muchas peticiones de comparecencia, como han solicitado todos los grupos, y además disponer de todo el tiempo del mundo. Por eso acordamos una distribución de tiempos con el acuerdo de la Mesa. (La señora Pajín Iraola: El ministro se basta para defenderse).

El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, por favor, si usted se dirige a un diputado le debe dejar hablar. Le solicito un minuto por lo menos para contestar las manifestaciones que hace en relación a lo que yo he dicho, que además no he dicho.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, no quiero la más mínima polémica con usted. Ya tuve bastantes en la pasada legislatura y será de lo peor que me ha pasado en política; lo peor. (Risas). Le he sugerido al ministro que venga con frecuencia a la Comisión, no he criticado si ha venido mucho o poco. He dicho: venga con frecuencia a la Comisión. Estoy seguro de que el señor ministro va a atender mi recomendación, justificado en que aquí, vuelvo a repetir, tendrá mejor tratamiento que en el Consejo de Ministros. Pero polémica con la Presidencia, ninguna.

El señor PRESIDENTE: Como esta Presidencia no quiere repetir tan amargas experiencias, tiene la palabra el señor Cantó, por el Grupo de UPyD.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero agradecer al señor ministro su comparecencia. Es obvio que se trata de un ministro que sabe muy bien de lo que está hablando, otra cosa es que podamos estar o no de acuerdo en la aplicación de algunas de las políticas. Usted sabe perfectamente que estamos hablando de un sector muy importante, el sector agroalimentario, un sector poco endeudado que genera mucho empleo pero que abarca una parte muy vasta de la problemática de nuestro país. Podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de agua, podemos hablar de empleo, podemos hablar de fijación de poblaciones en el campo. Lo cierto, señor ministro, es que cada vez que me reúno con los agricultores, sobre todo los de mi tierra, los de Valencia, se preocupan, en primer lugar, en comunicarme que están en una situación muy delicada, una situación dramática. Ellos tienen un horizonte real de dos o tres años en el que me comunican continuamente que se pueden ver abocados a desaparecer. Esto conlleva dos dramas muy grandes, un drama personal muy grande pero también un drama medioambiental muy grande. Son miles y miles de hectáreas las que se están abandonando cada año. Hemos estado hablando con usted en su primera comparecencia de la necesidad de dotarles de herramientas para dimensionarse mejor y poder negociar con mayor fuerza ante los productores de insumos y ante los distribuidores de los productos que ellos trabajan. Nos gustaría saber si el ministro está pensando hacer algo al respecto. ¿Qué cree que podríamos hacer? Hablábamos en aquella comparecencia de la marca España, de la creación de clusters, de la investigación y del control. De eso me gustaría hablar ahora porque quisiera empezar mi charla con aquello por lo que nosotros hemos pedido su comparecencia que es el tratado con Marruecos.

Cuando se habla del tratado de Marruecos tiene uno la sensación de que la horticultura española puede ser la víctima propiciatoria de los favores que la Unión Europea quiere hacer a Marruecos. Si son requeridos instrumentos de desarrollo que a través del comercio impulsen a nuestro vecino del sur, hágase. Pero hágase con seriedad, incluyendo un estudio serio, real, de los escenarios para la industria española que incorpore un plan de acción adecuado a cada escenario. Nosotros tenemos la sensación de que nos encontramos con un gran problema, señor ministro, y es la inspección de aduanas, el control. Está claro que están pasando contingentes incontrolados, está claro que no se están pagando aranceles debidos, está claro que está entrando mucha mercancía etiquetada como originaria de España cuando no es así. No sé si mis datos son correctos, pero creo que en nuestro país tenemos alrededor de 3.000 agentes de aduanas. En un país como Francia existen 300.000. Me parece que la diferencia es abismal. Nos gustaría saber qué quiere hacer usted al respecto. Usted hablaba ahora de este tipo de problemas y hablaba de controles, pero quisiera hablar al final también de sanciones. Ha dicho usted que no es así, pero es cierto, lo han dicho otros compañeros. Han sido frecuentes las declaraciones al respecto de gente que incluso es de su partido. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha anunciado


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hoy que presentará en Bruselas una propuesta de resolución del acuerdo de asociación entre Unión Europea y Marruecos con obligaciones para que el acuerdo se cumpla con garantías. En particular, él hablaba de estos mecanismos de vigilancia aduanera. La consejera de la Junta de Andalucía Clara Aguilera decía: vamos a denunciar todas las entradas de tomate irregular de Marruecos, incluidas las de Algeciras. La de Valencia, Maritina Hernández, decía que en relación con el incumplimiento de los acuerdos en materia de aranceles y cupos también se han pronunciado en este sentido las asociaciones como Asaja y COAG. Miguel Ángel Blanco, su portavoz, decía que el control del fraude en las aduanas es prácticamente inexistente y se ve favorecido por una normativa débil y hecha a medida de aquellos que quieren evadir el pago de tasas. En fin, son múltiples las denuncias que inciden en esta problemática. Nos gustaría saber qué es lo que va a hacer el ministerio para aumentar este control y, sobre todo, para algo que también me parece importante. Usted habla de controles. La realidad, señor ministro, es que estos controles se han venido saltando y se seguirán saltando continuamente. ¿Qué va a hacer usted para que esto deje de suceder? Pero, sobre todo, ¿qué pasa con esas sanciones que ni siquiera se pagan? ¿Esto va a seguir sucediendo así? ¿Qué va a hacer el señor ministro al respecto? Nos gustaría saber también cuál es su opinión acerca de la gran ventaja que se tiene en Marruecos por el tipo de mano de obra que se maneja allí y por los diferentes controles fitosanitarios que tienen. Esta es la preocupación que queríamos trasladarle y conocer sus respuestas en torno al acuerdo de Marruecos. Luego me referiré rápidamente, porque no tengo mucho más tiempo, al resto de las cosas que se han citado aquí.

En cuanto al sector lácteo, España junto con Francia fue uno de los países que más claramente se posicionó a favor de esos contratos obligatorios aprobados. Hemos escuchado sus explicaciones a los compañeros del BNG. Nos gustaría manifestar nuestra preocupación por que esas palabras no se manifiesten en hechos. Hablaban otros compañeros del asunto nominalista en cuanto al Ministerio de Pesca, etcétera. No nos preocupa tanto lo nominalista, pero es un sector que sí nos preocupa y nos ocupa. Los españoles, al menos eso recuerdo yo de pequeño, nos hemos criado pensando que éramos una de las grandes potencias pesqueras. Creo recordar que era junto a Perú y Japón. Nuestra dieta incorpora una parte muy importante de pescado. Se nos dice a menudo que tenemos uno de los grandes mercados del mundo, Mercamadrid. Yo lo he podido vivir que hay lugares como Vigo en los que este mercado no solo es importante sino que además es la propia ciudad culturalmente importante. Nos gustaría saber cuáles son, según usted, los problemas que aquejan al sector y cuáles son las soluciones, pero sobre todo nos gustaría saber qué reflejo tiene eso en los presupuestos. Esta es mi principal preocupación. No he oído hablar -hablamos de eso en su primera comparecencia- de los estudios sobre el estado real de los caladeros. Nos gustaría saber si en esos presupuestos, aunque creo que no existen, vamos a poder aumentar esos estudios para que sean más eficaces.

Hablábamos del aceite de oliva también. Los precios caen, los almacenamientos se incrementan. Mi pregunta es: ¿realmente cree el ministro que es un problema coyuntural que se debe, como ha dicho usted, al tiempo? Tengo la sensación de que estamos hablando también de un problema estructural. Me gustaría saber su opinión. Y, si es así, cuáles son las medidas que cree el ministro se deben tomar al respecto. No quisiera oír hablar de la PAC y de las comunidades autónomas, es algo de lo que hemos oído hablar mucho a los anteriores responsables de su ministerio y nos parece que es una manera de escabullirse del tema.

En cuanto al tomate canario, creo que la pregunta está incluida en todo lo que le he contado acerca del acuerdo con Marruecos. No me voy a alargar más al respecto.

Acerca del nuevo Consejo Coordinador Agroalimentario y del proceso electoral de ámbito estatal, para nosotros esto es instrumental. Entendemos la petición, pero para nosotros lo sustantivo debería ser la edad media de los agricultores españoles, fijar la población en comarcas agrarias, la estrategia para crear un catálogo de bienes y servicios que permitan vivir dignamente del campo gracias a explotaciones modernas, dimensionadas y bien gestionadas que sacan su producción mediante productos con valor añadido gracias a empresas líderes. Eso para nosotros es lo importante, pero por supuesto entendemos que otros, defendiendo otros intereses, planteen esas prioridades.

En cuanto al medio ambiente y la energía -ya sé, no me queda nada de tiempo-, me preocupa que la Pnuma no cuente con recursos financieros estables, suficientes y predecibles. Creo además que las amenazas sobre el medio ambiente deben combatirse a tiempo y con medios necesarios. Y me preocupa la coordinación con las actividades regionales de las naciones pero empezando por España y las comunidades autónomas. Con respecto del desarrollo sostenible del medio rural, vuelvo a hablar de comunidades autónomas. Me gustaría hacer una simple matización acerca del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama, porque tengo curiosidad por saber si usted cree que se cumple con la propuesta del plan director de parques nacionales. Y me gustaría hacer simplemente tres anotaciones respecto del plan hidrográfico. No está explicado, señor ministro, el retraso previsto por el ministerio en la aprobación de estos planes para 2013. Deberían explicarse las causas, que no son técnicas, creo que son políticas y competenciales, y por tanto hay que identificar claramente los problemas y enunciar líneas de actuación. Creemos que deben recuperarse competencias del Estado en materia de aguas, en una primera fase todas aquellas que constitucionalmente están adscritas al Estado por corresponder a cuencas intercomuntarias. Y, por último -y ya acabo, y gracias, señor presidente-, debemos reclamar la visión futura de que las competencias en gestión de los


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recursos naturales como el agua vuelvan a ser competencia del Estado para garantizar normas comunes y una gestión uniforme en todo el territorio nacional.

Para finalizar y por cortesía parlamentaria, señor ministro, es posible que no pueda estar presente cuando usted me conteste. Ya sabe que son los gajes de los grupos pequeños, tendré que intentar asistir al final de otra Comisión, pero seguiré atentamente en el "Diario de Sesiones" y en video sus respuestas.

El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el trámite de solicitud de comparecencias que han formulado los diversos grupos parlamentarios, por lo que el ministro ha respondido a once solicitudes de comparecencia. A partir de ahora, entramos en el turno de fijación de posición para aquellos grupos que no han solicitado comparecencia. Como viene siendo habitual, por orden de menor a mayor, en nombre del PNV, tiene la palabra la señora doña Arantza Tapia por un tiempo de ocho minutos, como se fijó en la Mesa.

La señora TAPIA OTAEGUI: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro las amplias explicaciones que nos ha dado a lo largo de esta tarde. Trataré de hacer referencia a algunos de los temas que ha abordado hoy, aunque no a todos, evidentemente.

Quiero mostrar mi extrañeza por algo que ha comentado al inicio de su exposición, y no porque esté en desacuerdo sino todo lo contrario. Nos hablaba de que la regionalización de la pesca es un elemento clave para su Gobierno y cuando recientemente -la semana pasada, creo recordar- hablábamos de la regionalización de la PAC en la propia Comisión, creo que todos los grupos, excepto Convergència i Unió y nosotros, se posicionaron en contra. Quiero reiterarle la posición de nuestro grupo de que es importante la regionalización en la pesca pero también en la PAC. Si repartimos el sobre nacional apostando por ese modelo regional entre las distintas comunidades autónomas, seremos capaces de compensar ciertos problemas que se producen en la capacidad productiva agrícola en zonas de especial dificultad o por hándicaps naturales. Por tanto, aquello que es un elemento clave para su Gobierno en pesca también queremos que lo considere en lo que a la PAC se refiere. No voy a hacer más referencia a la política agrícola comunitaria porque creo que ustedes la están abordando de forma bastante rápida, pero sí nos gustaría -y ahí quiero unirme al resto de los grupos- que lo tratáramos de una forma mucho más exhaustiva en algún momento, cuando esté más adelantada.

Comentaba algún otro grupo que en la política pesquera se están produciendo avances. Usted mismo decía que esta noche ha cerrado una serie de acuerdos que han mejorado aquello que estaba previsto. Hasta donde yo sé -y corríjame si me equivoco-, hasta el día 18 de este mes hay posibilidades de realizar enmiendas al documento en el Parlamento Europeo y quiero formularle una serie de consideraciones que nuestro grupo estima importantes y que nos gustaría poder tratar con su ministerio y con usted si fuera posible. Igual que ocurre en otros temas, sería importante que la postura del Gobierno la hubiera tratado con los portavoces de esta Comisión, nos gustaría que pudiera avanzarse en ese sentido.

En relación con la política pesquera, sé que ha habido algunas mejoras pero nos gustaría hacer referencia a un par de cuestiones concretas. En el rendimiento máximo sostenible creemos que tenemos que hacer especial hincapié en analizar cómo está la población pesquera para poder tomar decisiones a posteriori y que se establezca un equilibrio claro entre la flota pesquera que tenemos y la disponibilidad de recursos, de acuerdo con ese rendimiento máximo sostenible, no solo desde el punto de vista de la pesca sino también desde el punto de vista de la flota, que quizá lo hayan tratado ustedes pero yo no lo he escuchado o se me ha escapado. Discúlpeme si así ha sido. En ese sentido, me gustaría hacer referencia a la pesca artesanal, a la que usted también se ha referido. En poblaciones pequeñas en las que el desarrollo del medio rural también está asociado a la política pesquera es realmente importante que esa pesca de pequeña escala, esa pesca artesanal y costera se vea reforzada en sus cuotas, en la posibilidad de continuar trabajando con sus artes pesqueras y que la política pesquera comunitaria los tenga en especial consideración, sobre todo en lo que a artes de pesca se refiere.

Por último, me gustaría hacer referencia a dos temas muy concretos. Una vez que se haya hecho la adaptación del tamaño de flota que se requiera para todos los tipos de pesquería específica, si se estima que hay que disminuir el tamaño de flota, creemos necesario que se ofrezca una red de Seguridad Social adecuada para aquellos pescadores que tengan que abandonar el sector. Quizá ustedes lo hayan considerado y me gustaría saber si se ha abordado este tema en concreto o si tienen pensado abordarlo en algún momento.

Por lo que se refiere a la política de medio ambiente, hacía referencia a la importancia de la economía verde como erradicadora de pobreza y decía que se van a referir a ello en la Cumbre Río+20. Pero -y reo que ya lo hemos comentado también en esta Comisión- teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la política de reducción de emisiones, la política low carbon, hacer de esa economía verde un pilar importante de la nueva economía en el Estado español puede ser algo que nos permita, por una parte, disminuir esas emisiones que estamos realizando en este momento e intentar conseguir unos parámetros de calidad del aire y de calidad de vida mejores y, por otra parte, reactivar económicamente todo el sector relativo a energías renovables, incluso de construcción y rehabilitación de viviendas. Por tanto, que esa política de economía verde no solamente sirva para erradicar la pobreza sino que sea también un motor de cambio para un país como en el que vivimos.

En cuanto al Pacto del agua, estamos plenamente de acuerdo en que tiene que haber solidaridad y colaboración


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entre todos y creemos que tenemos que ir a dos compromisos muy claros: a la calidad del agua y por otra a la seguridad del suministro. Para ello habrá que realizar todas las obras y las actuaciones que sean necesarias. Así como en el sistema eléctrico trabajamos en calidad y en seguridad del suministro, también el agua tiene que ser tratada de la misma manera. Estoy plenamente de acuerdo con la señora Ortiz cuando decía que rebajar los costes del agua no tiene que ser una prioridad en sí misma, sino que tenemos que repercutir en el agua todos los costes que se produzcan por esas infraestructuras, por esas actuaciones que tengamos que llevar a cabo, e internalizar los costes que suponga todo eso; así como se hace en la política de transporte, hacerlo en la política del agua en este caso, por qué no.

En lo relativo al acuerdo con Marruecos, estamos de acuerdo en que hay que hacer una vigilancia, una inspección y un control de todo eso que entra y aplicar una normativa de calidad y asegurar unos parámetros de calidad que sean cuando menos iguales a los que se exigen al resto de producciones tanto del Estado español como del resto de la Comunidad Europea, que esos parámetros sean iguales para cualquier producto que entre, sea de Marruecos o de cualquier otro lugar, si bien, como también hemos manifestado en alguna otra ocasión, no nos gusta en exceso el acuerdo al que se ha llegado por el tema de toda la población saharaui y el problema que ello supone, pero no voy a reiterar ese asunto.

Por último, me gustaría hacer referencia tanto al aceite de oliva como al tema de cuotas lácteas. Hablábamos de la importancia de las organizaciones de productores. Creemos que es algo con lo que tenemos que trabajar, estamos plenamente de acuerdo, pero nos gustaría saber su postura acerca del papel que pueden tener las cooperativas que hasta este momento están trabajando, que creemos que han tenido un papel muy importante, y cómo van a ser consideradas en esas futuras organizaciones de productores que son las que pueden fortalecer esa posición débil que en este momento pueden tener los productores en solitario.

El señor PRESIDENTE: Ruego a los asistentes que sepan disculpar la interrupción de la sesión por un minuto. (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona por un tiempo de ocho minutos.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Bienvenido, señor ministro. Empezamos la intervención el 1 de febrero deseándole suerte. No hemos cambiado, le seguimos deseando suerte. El tema de momento es complicado. Tras la lectura con tranquilidad de su intervención del día 1 de febrero, que también fue muy extensa y muy densa, podemos compartir gran parte del diagnóstico del sector que usted hizo en aquel momento. Otra cosa es que podamos discrepar del tratamiento de algunas de las propuestas que usted hizo. Concretamente hizo -después el ministerio pasó la nota- sesenta y seis propuesta para desarrollar durante esta legislatura. Del 1 de febrero a hoy, 13 de junio, han pasado ya cinco meses. Muchas cosas han pasado en cinco meses. Sigue habiendo muchos temas abiertos, como es lógico, y creemos que se mantienen o se acentúan algunos interrogantes.

Uno, por ejemplo, es el gran interrogante abierto en el sector después de la aprobación de los presupuestos, que no generan una confianza y que no tienen ni mucho menos la complicidad de todo el sector. El segundo interrogante que se mantiene, crece o en cualquier caso está presente, es el tema de la PAC, la política agraria común, como se ha comentado aquí, que a día de hoy entendemos que aún carece de posicionamiento común. He de recordar que dos días después de que usted compareciera en Comisión el día 1 de febrero, el día 3 de febrero, compareció aquí en otra sala el comisario europeo, señor Ciolos, que más allá de despejar algunas dudas que teníamos, al contrario, las incrementó, ya que derivó en el Estado, por tanto en el Gobierno español, cualquier decisión de flexibilidad en cuanto a repartir, organizar o gestionar las ayudas obtenidas de la PAC. Entre tanto, del 1 de febrero al día de hoy, parlamentos como el de Cataluña hemos aprobado, en concreto el día 5 de mayo, un documento consensuado con todas las fuerzas en el cual definíamos el posicionamiento catalán con respecto a la PAC. Lo digo porque hay parlamentos que han hecho los deberes. Por tanto, entiendo que a esta conferencia sectorial que se celebrará el próximo viernes, como usted ha anunciado, llegarán con los deberes hechos.

Lo que nos sorprende -y permítame el comentario- es que el encargo de un grupo de expertos para elaborar una propuesta de posicionamiento de la PAC solo quede en orientaciones básicas a dos días de una conferencia sectorial. Entendemos que estas orientaciones básicas son más bien un tema dialéctico que efectivo porque, si no, tenemos un problema el día 18. Celebramos que dentro de estas orientaciones básicas que se presentarán en esos quince puntos haya -puntos 3 y 4- el concepto de modelo regional, los conceptos de derechos históricos de mantenimiento y el tema de la flexibilidad de pagos regionales. Esto hace una semana, en una proposición no de ley del grupo que yo represento, Convergència i Unió, se calificó como de que això ara no toca -esto ahora no toca- por los grupos de la Cámara. Aquí no hemos venido a hablar de lo mío. Pues yo celebro que a partir del viernes esto que algunos catalogaron como hablar de lo mío en el sentido figurado pase a ser hablar de lo de todos, porque entonces entiendo que tendremos un papel un poco más relevante en este posicionamiento.

Me sumo, cómo no, a las propuestas de hacer un monográfico de la PAC. Entendemos que es un tema importante. Yo haría una pregunta que parece simple, pero quizá la respuesta es más compleja. ¿Qué papel nos tiene guardado el ministerio a los diferentes grupos de la Cámara para poder participar o no en el debate sobre


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posicionamiento común de la política agraria comunitaria? Como saben usted y los diferentes grupos, Cataluña tiene competencias exclusivas, pero lo que no tiene es la capacidad directa de negociar porque lo tiene que hacer el Gobierno español. Por tanto, queremos tener una actitud activa y proactiva en este tema.

Usted ha despejado alguna de la consideraciones que tenía, pero me gustaría que se concretara un poco el calendario de aprobación de la PAC por el Parlamento Europeo a partir del viernes, a partir de la Comisión Sectorial, a partir del 18, cuáles son los nuevos plazos, los nuevos términos presentados en el tiempo.

De su exposición del 1 de febrero y de la que ha hecho hoy aquí había, como he dicho, sesenta y seis propuestas que vamos a ver cómo se van articulando en el tiempo. La crítica mayor al presupuesto es que se catalogue de estratégico y prioritario y que después tenga la dotación que tiene. Por eso genera dudas y falta de consenso en el sector. Hay cosas que se dijeron que serían inmediatas y rápidas, y queremos saber cómo están. Por ejemplo, para cuándo la ley sobre la cadena alimentaria, para cuándo la propuesta de incremento de las dimensiones de las explotaciones agrarias y -hablando un segundo de Marruecos- cómo se estima el impacto económico del acuerdo con Marruecos. Lo que nos ha sorprendido -y por eso hacemos la reflexión un poco sobre la marcha- es que se nos dice que no se espera un fuerte impacto económico. El concepto no se espera no es una unidad de medida, no se espera es indefinido. Dudo mucho que el Gobierno español -sea cual sea me da igual si es del PSOE o del Partido Popular- haya entrado en un acuerdo sin que haya un documento sobre el impacto económico del mismo. Por eso queremos preguntar cómo está. También queremos preguntar sobre la representatividad y cómo están los procesos electorales a las cámaras agrarias, cuestión ya tratada. Atenderemos a las respuestas a las preguntas, para no reformularlas, que ha hecho el portavoz socialista en este asunto y también cómo quedará el Plan nacional de regadíos.

Déjenme entrar un momento en el Plan nacional del agua y, en concreto, en la cuenca hidrográfica del Ebro, en la que convergen, como todos saben, dos administraciones, la del Estado y la de la Generalitat de Catalunya. Las dos administraciones no coinciden -si no coinciden entiendo que no hay consenso- en la propuesta sobre el caudal ambiental para el tramo final del río que ha presentado la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado mes de abril, órgano perteneciente a su ministerio. La propuesta, en trámite de exposición pública, entra en total contradicción con estudios científicos de la Generalitat. Los caudales de los estudios de la Generalitat son muy superiores. Estos caudales están presentados y validados por la Comisión para la sostenibilidad de las tierras del Ebro, que ya se reunió el pasado 25 de mayo para analizar el documento de la confederación. Creemos que no se han tenido en cuenta los trabajos presentados anteriormente desde Cataluña, pero que la propuesta no tenga en cuenta el necesario cumplimiento de la normativa comunitaria es más grave y más si es la Directiva-marco del Agua. La propuesta que hace su ministerio no es suficiente para dotar el delta de los caudales necesarios para garantizar los objetivos ambientales exigidos por la normativa comunitaria.

Señor ministro, ¿los caudales mínimos que propone la confederación permitirán cumplir las funciones ecológicas del río, del delta y del ecosistema marino asociado? Nuestro temor no solo alcanza al posible impacto ecológico, sino también a las consecuencias económicas que se derivan para el tejido productivo del territorio y, por tanto, para las familias y para muchos puestos de trabajo vitales para nuestro territorio. Nunca desde el ministerio se ha valorado contrariamente la propuesta hecha en el año 2009 por la confederación ni se han realizado trabajos para contrastar técnicamente los resultados y buscar una solución buena y consensuada. Nuestro grupo parlamentario manifiesta su firme oposición a la propuesta de caudales inicial definida por la confederación en este proceso y trabajará para mejorar sustancialmente la propuesta. Creemos que durante la tramitación se puede trabajar para incorporar aspectos técnicos fundamentales que podrían afectar a la disponibilidad de los caudales en ese tramo final del río. Esperamos y les pedimos -al tiempo que les ofrecemos nuestra voluntad política- su disposición para trabajar en este sentido. No hay consenso, pero que no haya consenso no quiere decir que no haya voluntad para conseguirlo. Esto hay que remarcarlo. No podemos permitir que se rebajen artificialmente los caudales ambientales del río en su tramo final por las razones citadas anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Para nosotros al Ebro no le sobra ni una gota, por lo que tenemos que trabajar para garantizar un caudal adecuado.

En pesca solo quiero utilizar diez segundos. Leeremos atentamente la intervención transcrita para poder ver el alcance de los acuerdos adoptados ayer.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, que se va a distribuir el tiempo entre sus dos portavoces.

En primer lugar, tiene la palabra don Joaquín García Díez.

El señor GARCÍA DÍEZ: Señor ministro, he escuchado esta tarde no solo cómo le agradecían el resto de portavoces su amplia explicación, sino que le deseaban suerte y le daban la bienvenida a esta Comisión. Evidentemente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me sumo a todos esos comentarios, pero quiero añadir alguno más. Quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo personal y político que ha realizado el ministro para estar hoy aquí, después


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de asistir a un Consejo de Ministros de Pesca europeo durante dos jornadas y haber terminado en la madrugada de este miércoles a las cinco de la mañana. (Aplausos). Que conste claramente como un esfuerzo y una capacidad negociadora que echábamos de menos en estos últimos ocho años en los que yo he sido portavoz de pesca. (Aplausos). Por primera vez podemos escuchar buenas noticias -al menos yo como portavoz de pesca- tras consejos de ministros europeos de Pesca. Por tanto, es compartida por este grupo parlamentario y por el portavoz que les habla la valoración que el señor ministro nos ha hecho cuando ha definido como una clara mejora los objetivos alcanzados en este Consejo de Ministros. ¿Cómo no va a ser una clara mejora alcanzar el rendimiento máximo sostenible, que estaba inamovible, para el año 2015 y que la comisaria Damanaki no se movía de ahí desde hacía mucho tiempo? Ahora ya se puede añadir la expresión: siempre que sea posible y, en todo caso, con un horizonte del año 2020.

La portavoz de Izquierda Unida decía que esto es un ninguneo al Parlamento Europeo y que esta es una cuestión de miopía. Lo que es posible es posible y lo que es imposible es imposible. Esto era imposible de cumplir, salvo que cumpliéndolo hiciéramos imposible la supervivencia del sector pesquero español y europeo. Me alegro personalmente de que se haya conseguido este cambio de actitud. La eliminación de descartes, un procedimiento gradual, no para mañana, tiene que ser gradual, por pesquerías. Creo que es una clara mejora. Hablaremos en la próxima semana de pesca ya que hay una comparecencia del secretario general de Pesca pendiente, por lo que yo mismo y el resto de portavoces tendremos ocasión de ampliar el tema del ecoetiquetado, del impacto socioeconómico, etcétera.

¿Debemos felicitarnos por estos avances? Evidentemente. No solamente nos tenemos que alegrar en esta Cámara cuando nuestra Selección nacional mete un gol o gana un partido, también cuando se consiguen objetivos como estos en un Consejo de Ministros de Pesca. Hasta ahora puede ser que se hubiese practicado la política pesquera en estos consejos de ministros como una política que podríamos definir, sin ánimo de ofender a nadie- de talante, pero, usando las palabras del señor ministro, hoy y en adelante llamaré a la política pesquera que hace este ministerio y este ministro como la PPRS, política pesquera rigurosa y seria.

Enhorabuena, señor ministro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José Cruz Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor ministro, le doy la bienvenida. Quiero decirle que, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo que nos ha dicho nos ha gustado. Hay que mostrar la satisfacción por su extensión, por la seriedad y por la rigurosidad de todo lo que ha dicho que, en definitiva, es nuestro programa de Gobierno y los compromisos que adquirimos el 1 de febrero. Por tanto, le felicito por su intervención.

Entrando en materia, quisiera, en primer lugar, referirme a algo de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre la ley de cadena alimentaria. Vamos a traer en menos de un año una ley de cadena alimentaria; algo que ustedes no hicieron en siete años y medio nosotros lo vamos a hacer en un corto periodo de tiempo. Ha dicho que hay que buscar un compromiso del Gobierno español para no perder ni un euro de la PAC. Le quiero recordar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que en las perspectivas financieras de 2007-2014 que negoció el Partido Socialista España perdió 44.000 millones de euros frente a las que negoció el Partido Popular para el periodo 2000-2007. Eso nos ha supuesto una merma de 6.000 millones por año, de los cuales han sido 1.000 en materia de política agraria comunitaria. Por tanto, nos exige algo que ustedes no se exigieron y que el señor Zapatero, cuando salió de la negociación, vino a decir que era un buen compromiso para España. A España le costó financiar el 25% de los costes de la ampliación frente a otros países que tuvieron muy poco que financiar.

En materia de medio ambiente, quería decir en relación con Río+20 que al Grupo Parlamentario Popular le complace -ya lo ha dicho el ministro- que España apueste por una economía verde, baja en carbono y eficiente en el uso de sus recursos y que cumple con sus compromisos. Esto también lo dice el Partido Popular.

En cuanto al agua, valoramos muy positivamente la apuesta del ministro y del Gobierno por un gran pacto nacional del agua y por la recuperación del consenso, consenso perdido en 2004 con la aprobación unilateral de un programa AGUA que ha salpicado de desaladoras todo el litoral; por cierto, desaladoras que están a medio funcionar y que son inviables para la agricultura y el regadío por sus costos. Creo que esto es muy diferente de lo que en estos momentos plantea el señor ministro.

Respecto a Marruecos, sobre las tres comparecencias solicitadas, creo que en estos momentos lo más aconsejable es esperar para ver cuáles son las consecuencias del acuerdo de Marruecos. Lo que sí hay que decir es que hay que hacer un seguimiento, tanto en la OLAF del estricto cumplimiento de los acuerdos habidos con Marruecos, sobre todo -y ya se ha dicho aquí- en materia de precios de entrada, en contingentes, en cupos, en exigencias fitosanitarias y con especial incidencia a todas aquellas cuestiones que afectan a Canarias. Nosotros a Canarias la vamos a tener siempre en nuestro punto de mira y en el mayor y mejor cumplimiento del acuerdo con Marruecos.

En materia de aceite de oliva creo que hay que felicitar a este Gobierno por dos almacenamientos privados. Es bien cierto que el sector olivarero español en diez años ha duplicado su producción, ha incrementado sus exportaciones y tiene un exceso de producción en un comercio mundial que está en estos momentos a la baja. Creo que lo que hay que hacer es insistir en la promoción, felicitar


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e incentivar al ICEX para que siga promocionando el aceite de oliva de nuestro país y en ese sentido el Partido Popular y el Gobierno va a seguir insistiendo en esta materia.

En materia de leche, creo que aquí se han dicho temas muy importantes. Lo más importante y lo más positivo es que en estos momentos tenemos en España casi el 50% de leche en contrato; es decir más de 3 millones de toneladas. El ministro ha anunciado un borrador de real decreto que, de alguna manera, va a incentivar, va a propiciar y va a hacer una extensión de la norma a todos aquellos que firmen contratos; es decir que se va a una negociación colectiva en materia de leche.

En materia de Ley de desarrollo sostenible ya se ha dicho todo. No hay ninguna otra comunidad que pueda firmar en estos momentos un acuerdo. No cumplen las condiciones que ustedes -el Gobierno del Partidos Socialista- en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011 en el artículo 41 introdujeron. Es decir, no se van a poder destinar fondos de las comunidades autónomas a cofinanciar programas si tienen un nivel de déficit elevado. Esto es así, no insistan porque creo que en ese sentido se demuestra que esta Ley de desarrollo sostenible es compleja y complicada y que no es aplicable. Nosotros la reformaremos.

En cuanto a las elecciones, ustedes saben qué es lo que ocurre en nuestro país con respecto a la representatividad del sector. Hay muchas comunidades autónomas que no han celebrado elecciones en el campo. En estos momentos, la representatividad que tenemos se pone en duda en muchos ámbitos y en ese sentido creo que lo que ha dicho el Gobierno, lo que ha dicho el ministro, lo que figura en nuestro programa electoral es que vamos a intentar clarificar estas cuestiones. Creo que en ese sentido deberíamos todos anteponer el interés general y la necesidad de clarificar la representación del sector agrario y apoyar al Gobierno en todas las cuestiones que puedan establecerse en materia de mejorar esta representación y mejorar estas elecciones. Esto es todo lo que les puedo decir porque ya veo que el señor presidente me está haciendo señales y tengo la luz roja encendida. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias a todas sus señorías por sus aportaciones y sus brillantes intervenciones que denotan el interés que todos y cada uno tienen en los temas que han sido objeto de esta múltiple comparecencia.

Empezaré por señora Fernández Davila. Me hacía una pregunta que tiene su importancia: ¿Se han cerrado ya todos los acuerdos o todavía tenemos márgenes de negociación? Creo que hemos avanzado bastante en temas muy claves, fundamentalmente en descartes y rendimientos máximos sostenibles con posiciones políticas bastante concretas que van a servir de base para el diálogo del Consejo con el Parlamento. Creo que en esos márgenes podremos avanzar probablemente más al final pero sobre la base del diálogo que hagamos con el Parlamento. En el reglamento base los temas están muy cerrados, no así en el Fondo europeo de la pesca, donde están todas las cosas muy abiertas. Tenemos que seguir negociando la definición de las flotas artesanales, las ayudas a las paralizaciones temporales de los desguaces, las ayudas a la acuicultura, las ayudas a la industria conservera -hemos insistido mucho nosotros en que se le trate igual que a la acuicultura, no entendemos por qué la industria de transformación y la industria conservera tienen que quedar al margen de acción de este tema-. Ahí queda mucho camino por andar, no se avanzó tanto. En el reglamento de mercados no se entró a fondo ayer en el Consejo, pero es que hay un acuerdo básico, en el reglamento de mercados no tenemos grandes problemas.

Donde teníamos grandes problemas era en los descartes, donde la Comisión mantenía una posición muy dura durante mucho tiempo y los sucesivos debates en los consejos de ministros le han llevado a la conclusión de que podía flexibilizar, con dos bloques muy claros. Los países nórdicos y Reino Unido, que tienen muchas cuotas, muchos TAC y que no tienen problemas con descartes y pueden aplicar el descarte pasado mañana sin ningún problema. Los países como España, que entramos en la Unión Europea con una negociación pesquera muy dura, con poquísimas cuotas y sobre todo sin cuotas para capturas accesorias, si nos imponen la obligación del descarte desde el día cero sin ninguna flexibilidad lo que hacen es que nos impiden pescar las exiguas cuotas que tenemos.

No sé si fue usted o la señora Rumí la que planteó el tema de la estabilidad relativa. El mayor escollo que nos hemos encontrado en todo este debate es que se utiliza el principio de estabilidad relativa como un dogma de fe que no se puede modificar en la Unión Europea. Es una batalla contra los molinos de viento, la estamos dando, la damos siempre, pero estamos muy muy solos en esa batalla porque afectamos a todos los demás y ahí el grado de solidaridad es manifiestamente mejorable -para ser muy correcto con el uso del vocabulario-. Lo que sí hemos conseguido es que la Comisión comprenda el problema de España y haya hecho una declaración, y es que, a pesar de que va a haber un aumento de cuotas para facilitar los descartes, a pesar de que haya un porcentaje del 5% que se puede seguir descartando, a pesar de que pueda haber intercambio de cuotas con otros países, a pesar de que un 10% de la cuota de la especie objetivo se puede aplicar a las capturas de descarte, en el caso de que fuera insuficiente habría que estudiar cuotas adicionales para capturas accesorias y se ha comprometido a trabajar con los Estados miembros para técnicamente ver cómo podemos solucionar el problema de España y de algún otro.

Nosotros vamos a presentarle a la Comisión los estudios objetivos técnicos de qué pasa en la pesquería


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cuando se hace un lance para merluza qué es lo que sale en las redes. Si sale rape, si sale jurel o cualquier otra cosa en la que no tienes cuota tienes un problema de desajuste. Creo que también ha habido una declaración expresa de la Comisión regulando el caso español y por eso nosotros estamos globalmente satisfechos de los grandes pasos que se han dado en el descarte. Si me lo hubieran dicho ustedes el día que me hicieron ministro la primera vez que fui a ver a la comisaria, hubiera creído que esto era imposible de conseguir. Ayer se movieron mucho las cosas, solo hubo seis países que votaron en contra por razones muy distintas. Los suecos, que querían más todavía; los holandeses, que también estaban alineados en otras tesis y pequeños países. Francia votó con España, Italia también, Bélgica y Portugal creo que votó en contra, pero básicamente hubo un consenso de casi veintiún países, y los nórdicos tuvieron que admitir todas estas flexibilidades en materia de descartes que venían no admitiendo.

¿Cuál es la segunda línea? Quiero explicar la estrategia en materia pesquera. Al llegar al ministerio me encontré con una estrategia para la reforma de la política común pesquera muy definida, ya estaba establecida. Estaba pactada con el sector y pactada con las comunidades autónomas, me pareció razonable y por lo tanto, hemos utilizado la que había pactado el Gobierno anterior porque tenía un amplio consenso, comunidades autónomas y sector. No ocurría lo mismo en agricultura. Por lo tanto, en esta lo que hemos hecho es defender esa estrategia. ¿Y ahora en qué fase estamos? En lo que se pactó en esa estrategia común, los máximos, en el día de hoy se les ha pasado a los parlamentarios europeos los principios generales redactados y las enmiendas técnicas redactadas punto por punto en los reglamentos. Ahora todos los parlamentarios de todos los grupos políticos tienen el mismo paquete de enmiendas y cada grupo político en uso de su discrecionalidad y de su libertad política decidirá cuáles apoya y cuáles no apoya, pero el Gobierno le da la misma información a todos los grupos del Parlamento Europeo.

En agricultura pasa una cosa un poco distinta, ese ejercicio no se había hecho. Por lo tanto, tuvimos que empezar de cero, primero con un grupo técnico que lo elaboró, después los servicios de la casa lo filtraron, después se pasó un cuestionario a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias y el próximo viernes por la tarde en conferencia sectorial esperamos poder cerrar una posición. A partir de que haya una posición básica de comunidades autónomas y Gobierno de la nación, no tengo el menor inconveniente en que podamos hacer una comparecencia monográfica, como han pedido algunos portavoces, porque el tema tiene suficiente importancia. Pero en agricultura las cosas van más lentas y tienen más recorrido. Van más lentas en el Consejo, no así en el Parlamento Europeo, donde los próximos días 18 y 19 los ponentes van a presentar sus informes. Por eso el Gobierno a los parlamentarios los días 18 o 19 les va a entregar el grupo de enmiendas y yo mismo viajaré a Estrasburgo a entrevistarme con todos los grupos políticos el día 4 de julio. Pero buscaremos una comparecencia para desarrollar cuál es esa posición en cuanto las comunidades autónomas lo tengan.

Es verdad que hay un escollo, y contesto tanto al Grupo Vasco como al Grupo Catalán. En el modelo que está encima de la mesa de PAC defendemos una aplicación nacional de la redistribución de los fondos que obtengamos dentro de España una vez que sepamos claramente cuáles son las cantidades que tenemos asignadas y una vez que tengamos todos los marcos regulatorios para poder trabajar. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque hay que entender que cuando hablamos de regiones en la PAC hablamos de regiones agronómicas, no de regiones geográficas o de comunidades autónomas, entendiendo que el olivar de baja producción de Lleida tiene que tener el mismo nivel de apoyo que el olivar de baja producción de Jaén, porque los dos compiten en el mismo mercado con los mismos costes de producción, porque, si cada comunidad autónoma empieza a apoyar más a un sector que a otro, además de los problemas que ya tenemos, crearíamos una guerra comercial dentro de España de muy difícil asimilación. Esa es la explicación.

Siguiendo con algunas de las preocupaciones sobre el paquete lácteo que ha comentado la señora Fernández Davila, nosotros tenemos prácticamente terminado el real decreto para desarrollar al máximo las posibilidades que nos da el paquete lácteo de la Unión Europea, porque es verdad que los contratos escritos no lo resuelven todo, pero es verdad que la Unión Europea nos permite una concentración de oferta que si pudiéramos estimular las organizaciones de productores y cooperativas, tendríamos una capacidad de negociación que no tiene el sector lácteo español en este momento y que solo se concede sin vulnerar las normas de competencia hoy por hoy en el sector lácteo, por eso estamos trabajando además en la ley de la cadena alimentaria, que alguien me ha preguntado para cuándo. Señor Alonso, estamos trabajando en una ley que es muy complicada, porque tiene que tener una interacción muy clara con las autoridades de competencia y, como conoce usted, el sector agrario y el sector agroindustrial han tenido muchos problemas con las autoridades de competencia en el pasado, cuyos máximos responsables no han sido designados por este Gobierno y estamos dialogando para buscar explotar al máximo el informe que competencia hizo sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria.

¿Cuál es el calendario? Tenemos ya algún borrador, vamos a empezar contactos con los sectores, con las organizaciones agrarias y con la distribución a lo largo del mes de junio y a mí me gustaría que los anteproyectos fueran al Consejo de Ministros en el mes de septiembre u octubre, me gustaría para que el proyecto de ley entrara antes de que acabara el año en las Cortes. Ese sería el calendario que me gustaría a mí pero es una ley de enorme complejidad, porque se puede hacer la ley de la cadena de dos maneras: una ley vacía -y algún


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proyecto he visto yo encima de las mesas que no tenía ningún contenido-, o una ley con ambiciones. Hacer una ley con ambición que pueda tener funcionamiento es complicado.

En paralelo a esa ley, esa ley tiene una parte importante que es la regulación de la interprofesión y potenciar la extensión de norma, y hay que evitar que proliferen dos interprofesiones simultáneamente en un mismo sector como está pasando en el mundo del aceite, donde de pronto surgen interprofesiones paralelas o territorios que se niegan a contribuir a la extensión de norma y a contribuir en las acciones de promoción de las que se benefician. La interprofesión la regularemos en la ley de la cadena. Pero estamos trabajando en unos mecanismos de integración cooperativa y estudiando las fórmulas jurídicas para posibilitar que vayamos a fórmulas asociativas para facilitar la comercialización de forma más potente. El problema ya lo conocen sus señorías. Hoy por hoy cuando hay una cooperativa en un territorio de una comunidad autónoma que se fusiona con la comunidad de al lado deja de percibir ayudas de la comunidad de origen en diez minutos porque la comunidad de origen considera que ya no es de su territorio, no es un hijo suyo, por lo tanto no le interesa promoverlo. En un mercado como el español, donde hay una concentración de la gran distribución, o vamos a unas integraciones cooperativas muy potentes, a integraciones de organizaciones de productores, a plataformas de cooperación muy potentes estableciendo que tengan carácter prioritario para acceder a las ayudas públicas y buscando un consenso en la conferencia sectorial para estos temas, o va a ser muy difícil que podamos integrar la oferta. Por tanto, estamos trabajando en las dos cosas: cadena alimentaria, pero facilitar los procesos de integración de oferta.

Se ha referido también la señora Fernández Davila al tema de la PAC, de una comparecencia y demás. Yo estoy dispuesto tan pronto como tengamos la posición común a realizar una comparecencia, estoy seguro de que habrá más peticiones y, si no, la pediré a petición propia para explicar la posición común y la estrategia que vayamos a seguir. Me gustaría hacerla después de tener el contacto con los grupos políticos en el Parlamento Europeo, porque va a ser muy importante el Parlamento Europeo esta vez. Tiene codecisión legislativa, un Parlamento con codecisión legislativa es la primera vez que lo vamos a enfrentar y es un Parlamento que puede ayudar a los desarrollos en el Consejo o puede también ser muy complicado.

En materia de pesca hay que seguir muy de cerca el debate en el Parlamento Europeo porque las sensibilidades son las que son y también las influencias. Algunos de ustedes sabrán la presión que ejercen los grupos ecologistas sobre los temas de pesca. A mí me dedicaron en el diario El País una página -lo cual denota cierta capacidad de financiación importante porque una página de publicidad en El País no debe ser precisamente barata-. Ayer cuando entrábamos en el Consejo de Ministros Greenpeace no dejaba entrar a ningún coche, pacíficamente eso sí; no era Greenpeace, era una organización ecologista, pero en el ambiente del Consejo de Ministros se notaba la presión. El Parlamento Europeo tiene mucha capacidad de presión proveniente de asociaciones ecologistas y los temas medioambientales vinculados al sector pesquero tienen su dificultad de gestión en el Parlamento Europeo, por lo tanto, el debate en el Parlamento Europeo es un tema que tenemos que seguir muy de cerca.

Creo que hemos hecho algo muy equilibrado y muy razonable, porque la decisión importante que hemos tomado es que vamos a eliminar los descartes, que no se va a volver a tirar pescado al mar, y ya tiene fecha de empiece y fecha de final. Habrá gente a la que le gustaría hacerlo pasado mañana, pero es un cambio revolucionario para la mentalidad de los hombres y las mujeres del mar. Es decir, la gente estaba acostumbrada a cubrir su cuota y, si cogía especies accesorias, las tiraba al mar, ahora ya tiene que desembarcarlas, tiene que vigilar las cantidades, incluso hicimos alguna propuesta de que pudieran ir a beneficencia, que no fue admitida, pero, en fin, seguiremos trabajando este tema.

La señora Oramas me preguntaba por la PAC, hacía reflexiones del pasado, de los problemas de las perspectivas financieras y hablaba de preocupación. Lo que le quería decir tanto a ella como al señor Alonso es que, desde luego, cuando el Gobierno español ha analizado la estrategia cara a las perspectivas financieras, ha establecido una prioridad absoluta en la defensa de los gastos vinculados al sector agrario, primer pilar y segundo pilar. Por tanto, en la negociación por lo menos sabemos cuál es el sector que prioritariamente queremos defender. Me dice: dígame usted que no van a ceder... Yo no voy a estar en ese Consejo de Ministros y las negociaciones son complicadas, pero sí sabemos claramente que la política agraria común es una política que tiene un retorno muy importante, seguro, cíclico, que lo absorbe la economía española francamente bien, que fija población en el medio rural, que hay un millón de perceptores en este momento y que supone un 30% de la renta agraria, entre el 27% y el 30% en unos momentos de enorme dificultad en los mercados. Por tanto, el Gobierno es muy consciente del reto y también somos conscientes de que en momentos en que hay tensiones presupuestarias en los Estados miembros lo más fácil es reducir el presupuesto europeo en lugar del presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional tiene un coste político directo y el europeo lo tiene indirecto. Pero creemos que en este esfuerzo hay muchos países de la Unión Europea que consideran que la PAC es muy importante y, por lo tanto, hay más aliados que con la estabilidad relativa, para entendernos. Aquí hay aliados, hay estrategia y hay prioridades.

Me planteaba el tema del tomate canario. Cuando yo hablo del catastrofismo -vuelvo a lo del catastrofismo que mencionaba el señor Alonso-, cuando hoy se leen comunicados en que se dice: se van a perder con ocasión


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del acuerdo de Marruecos 500.000 empleos, que es la cifra que se dijo, eso es catastrofismo, porque todos los activos del sector agrario son un millón, lo cual quiere decir que este acuerdo que le da a Marruecos unos miles de toneladas iba a destruir la mitad del empleo agrario en España, eso es catastrofismo, señor Alonso. Yo prefiero que me diga alguien que vamos a perder 250.000 toneladas y 20.000 empleos y ya con eso me preocupo una barbaridad. O dos empleos y me preocupo otra barbaridad, pero cuando me dicen 500.000, entonces... Yo creo que se pierde la razón con la exageración de los datos. Yo respondo de mis palabras, de las mías. Alguien me dice: Este incendio va a producir la mayor catástrofe ecológica de Galicia. Que las Fragas se quemen es una tragedia, pero vamos a ver la dimensión que tiene cada cosa y pongámosla en sus justos términos. El acuerdo tiene impacto, obviamente. Marruecos es un país que en este momento produce 4,1 millones de toneladas de tomate, 2 millones para la transformación industrial, un millón para el consumo nacional y un millón para la exportación, es obvio que si se le dan 100.000 toneladas más, hay más competencia, en los mercados puedes tener más competencia. Me preguntan qué hace el Gobierno. Primero, señor Alonso, el señor Margallo no se llama doña Trinidad Jiménez. (Risas). La que firma el acuerdo es doña Trinidad. El señor Margallo en aquel momento era un feliz eurodiputado, no era doña Trinidad, que es la que firma el acuerdo, lo negocia y tendría que haber hecho los estudios socioeconómicos de impacto en su caso. Cada cosa es como es. Y en 1996 no era José María Aznar el presidente del Gobierno, sino don Felipe González, que establece la senda del acuerdo hacia la zona de libre cambio. Nada que objetar por otra parte. Ahora tenemos este acuerdo y preguntan qué vamos a hacer. Pues lo que yo hice desde el primer momento fue irme a Bruselas a ver al comisario y decirle: comisario, el sector reiteradamente me dice que no hay control de los volúmenes que se importan, que se sobrepasan los contingentes y no se pagan los precios de entrada. Pues algo habremos hecho cuando mañana, día 14, la Comisión presenta un sistema de mejora de la regulación en el Comité de gestión de precios de entrada, además de otras actuaciones en frutas y hortalizas que espero que salgan bien, pero no las quiero anunciar porque no me gusta vender el oso antes de cazarlo. Por tanto, en precios de entrada la Comisión va a recoger en su propuesta de reglamento -esta sí la he visto- la introducción de los documentos que tienen que presentar los importadores que despachan para garantizar la trazabilidad del producto: identificación, operadores que han intervenido, comercialización y justificante de coste. Se trata de que el operador no utilice cualquier tipo de documento para justificar un precio de entrada que no es verdad y no tener que pagar. Si tú lo has metido a 23 euros y el precio de entrada son 44, tienes que pagar el diferencial. Vamos a modificar primero la normativa comunitaria para calcular los derechos específicos que tienen que pagar los importadores y que haya un precio mínimo en el mercado. Si a esta norma, que es mucho mejor que la anterior, se le une un control efectivo de las autoridades aduaneras, que es la segunda cosa que vamos a hacer, sobre todo en los mercados relevantes de importación, en Francia y Alemania, podremos tener un control razonable de este tema. En eso vamos a trabajar.

En segundo lugar, es verdad que nosotros no tenemos los puestos de inspección fronteriza en Rotterdam ni en Marsella sobre todo, pero sí tenemos los de España, que hay volúmenes importantes. Lo que estamos haciendo es un análisis mucho más profundo de control fitosanitario, que se va a hacer con el máximo rigor y meticulosidad, de manera que nuestros puestos fronterizos garanticen que la producción importada no tenga límites máximos de residuos de productos que no estén permitidos en España. Al hilo de esto -no me puedo resistir, señor Alonso-, yo no me fui a celebrar el acuerdo, entre otras cosas porque como yo no lo había firmado (Risas), no lo había negociado, no tenía nada que celebrar. Fui porque había unos pescadores en Canarias y unos en Andalucía a los que una decisión del Parlamento Europeo les había hecho pagar las actividades pesqueras para impulsar con Marruecos el convenio pesquero con Marruecos. A eso fui a Marruecos. (El señor Alonso Núñez: Llevando debajo del brazo...). No, yo no llevaba debajo del brazo absolutamente nada. Y fui para trasladar al Gobierno de Marruecos la preocupación que tiene el Gobierno español de que se respeten los contingentes y los precios mínimos de entrada. No fui a celebrar nada. Yo celebro las cosas que hago yo. Anoche a las cinco de la mañana sí celebré el fin de una negociación en la que me pareció que habíamos avanzado más de lo que al principio de la misma esperaba que pudiéramos avanzar.

El señor Baldoví ha planteado el tema de la situación de los cítricos, de los fitosanitarios, si se había valorado el impacto medioambiental, etcétera, y ha hablado de las elecciones y de la representatividad. Me va a servir para contestar a los demás. Es verdad que hubo un acuerdo parlamentario y que hay organizaciones que dicen que son representativas pero que no se les reconoce. Y es verdad una cosa que es mucho más clara: el mecanismo que se ha utilizado para decir lo que es más representativo ha conducido a que en la práctica las tres teóricamente grandes organizaciones son representativas al 33,3333 para todo, para subvenciones de funcionamiento y para todo. Pues yo quiero averiguar una cosa, el grado de verdad de representatividad que tienen las organizaciones agrarias, que es una cosa que debería ser normal, porque además estamos usando mecanismos distintos en cada comunidad autónoma. Hay elecciones a cámaras que no existen, a cámaras que se hicieron en el siglo XIV, pero que son representativas por resultado histórico. Lo único que pretendo es que el mismo día a la misma hora o la misma semana en toda España se fije la representatividad nacional; no dentro de una sola comunidad autónoma, sino nacional. España distrito único y no diecisiete autonómicos. Para eso cada autonomía


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tiene su representatividad de las que dialogan con ella y establece el sistema, pues la autonomía tiene competencia exclusiva. Yo establezco un sistema nacional. Y me dice usted que cuál va a ser el censo. Hay muchas posibilidades y estamos viendo todas. Hay una que me gusta mucho: los que paguen impuestos. En el impuesto sobre la renta hay un régimen, el régimen de estimación objetiva, que es agrario y se aplican unos módulos. Hay un montón de ciudadanos que pagan impuestos por una actividad agraria y les interesará que los defienda alguna organización agraria, porque es una fuente de ingresos por la que pagan impuestos. En segundo lugar, podemos decir que paguen impuestos y que además estén dados de alta como autónomos en la Seguridad Social para que tengan una presunción de actividad. Y las sociedades anónimas que tengan como objeto exclusivo único la actividad agraria y que además se compruebe. Yo tengo muchas bases de datos a mi disposición. Tengo la Tesorería de la Seguridad Social con la base de datos de los autónomos y la Agencia Tributaria a la que puedo preguntar quién declara ingresos por el campo y puedo poner porcentajes. Ya tengo dos. Estamos viendo qué puede ser lo más razonable. En función de eso se ve quién es más representativo a nivel nacional. Si sale un censo de 650.000 agricultores en España y alguien tiene 65.000 votos, ya es representativo, aunque tenga la mitad en Cuenca, la mitad en Lleida, la otra mitad en Galicia y la otra en Castilla y León. Eso me parece elemental. Entre tanto, cumpliré la ley actual. ¿Qué voy a hacer? Pues cumplir las leyes, como todo español -estamos sujetos al imperio de la ley-, y convocaré estos consejos, que no han sido convocados nunca, aunque también existían. Yo soy especialista en convocar consejos de leyes que yo no he hecho y que los demás no han convocado. (Risas). A mí me gusta mucho el diálogo y por lo tanto seguiré convocándolos.

El señor Centella ha planteado el tema del aceite. Ya no está por aquí, pero tengo mucho interés en contestarle. En el aceite tenemos que ser francos, sabiendo lo que está pasando; es decir, este era un país que tenía una producción de 700.000 toneladas y que no era capaz de exportar más allá de 200.000: 500.000 toneladas de consumo interior y 200.000 que exportaba. Se realizan unas buenas negociaciones comunitarias, el aceite empieza a ser un producto muy atractivo y empieza una expansión y una intensificación del cultivo y se nos dispara la producción, y afortunadamente también la exportación. En este momento tenemos una apuesta por la calidad, tenemos unas producciones muy importantes, tenemos un mercado interno con atonía por la crisis económica y tenemos unas exportaciones que van bien en volumen y mal en precio. Tenemos un problema de precio porque no sabemos comercializar. Hemos apostado por la calidad, tenemos superproducción y no sabemos vender en el exterior, que vendemos a granel mucho, ni en el interior. Y además se producen los fenómenos que me indica el señor Alonso. Pero el tema es mucho más preocupante, no es solo ese tema, el tema es que nuestras estructuras de venta son a base de cooperativas muy pequeñas sin capacidad de influencia en el mercado, mientras que hay una fuerte concentración de la gran distribución, porque es verdad que en muchas ocasiones el aceite, la leche y otros productos son productos reclamo que tienen un precio bajo. No hay soluciones mágicas: ley de la cadena, por un parte, para contrarrestar este tipo de pérdidas y análisis de calidad incesantes para ver qué hay en esa botella, y ya oirá hablar usted de algunas cosas que estoy haciendo. Las cosas que se hacen hay que hacerlas con la adecuada discreción para no perjudicar a los productos en su conjunto, porque buscar titulares es muy fácil, pero si el precio del titular es hundir un sector, a mí no me compensa, y a usted tampoco. Como ha tenido usted responsabilidades de gestión, igual que las tengo yo, usted conoce perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿el Gobierno en qué va a trabajar? En concentración de oferta, en facilitar todos los mecanismos de concentración de oferta a todos los niveles; en promoción exterior, toda la que podamos y con acciones más potentes cada vez; en reforzar nuestras delegaciones en el exterior de los agregados agrarios para que tengan una acción de punta de lanza en el exterior. Fíjese que en el vino, que es otro sector parecido, teníamos un problema espectacular hace dos años, todas las cooperativas inundadas de productos y el precio por los suelos. En este momento no hay un litro en una sola cooperativa, el precio ha subido y a lo mejor somos capaces de vender a precio alto durante mucho tiempo, ojalá. ¿Por qué lo que ha pasado en el vino no puede pasar en el aceite? Somos la mayor potencia del mundo, tenemos el aceite de más calidad. ¿Somos más tontos que otros para comercializarlo a precio razonable? Creo que no. El Gobierno lo que va a hacer es trabajar en la puesta en marcha de las estructuras que favorezcan esos procesos. Para esto tenemos que trabajar también en la reforma de la PAC, porque necesitamos concentrar oferta, necesitamos que las interprofesiones puedan establecer regulación de mercado ellas mismas, lo mismo que las agrupaciones de productores de frutas y hortalizas. No es solo el almacenamiento privado comunitario, es que haya regulación de mercado por la propia interprofesión cuando esto se desarrolle inteligentemente. Si en leche podemos tener el 30% de la producción nacional en manos de un operador único, imaginemos que en España hubiera dos o tres grandes operadores en el mercado que podrían hablar de tú a tú con la gran distribución y exportar a terceros países en condiciones más razonables. Por lo tanto, creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer.

La señora Ortiz me hablaba de la disconformidad del acuerdo de pesca hablando de los RMS. Creo que en los rendimientos máximos sostenibles se ha hecho una cosa racional, es decir, cuando es un stock que está conocida su situación claramente, y hay datos que permiten conocer la situación del stock, se puede ir a fijar un ren


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dimiento máximo sostenible desde ya en el año 2015. ¿Qué pasa en España? Que casi todas las pesquerías son multiespecíficas, por ejemplo, el Mediterráneo es multiespecífico. Entonces no es lo mismo, porque, ¿cuál es el RMS que se utiliza? ¿El de la especie teóricamente objetiva? ¿Qué pasa con las otras? Hay que dar más tiempo para ver qué mecanismos de gestión podemos poner en marcha en pesquerías de carácter multiespecíficas. No es un problema de ser más o menos conservacionista, es que cuando hay pesquerías multiespecíficas el sistema de aproximación para establecer los rendimientos máximos sostenibles es más sofisticado, no es tan sencillo. Luego hablaba del Pacto del agua, de Cataluña, de que no había habido Pacto del agua. Cuando yo llevé el Plan nacional de regadíos al Consejo Nacional del Agua y cuando se llevó el Pacto hidrológico nacional al Consejo del Agua hubo un consenso absoluto, Cataluña la primera. Yo conservo el documento de la firma del acuerdo con Cataluña, se firmó, lo que pasa es que luego hubo un episodio en Tortosa, donde ciertas protestas movieron a cierto cambio de posición, pero cuando se definió lo que se iba a hacer de Plan hidrológico Cataluña estaba en aquel consenso. A mí eso no me lo cuenta nadie, fui protagonista. El acuerdo se firmó en el Congreso de los Diputados, yo lo puedo decir, soy consciente. En el Consejo Nacional del Agua se votó lo que se votó, está en las actas, a mí no me dejarán por mentiroso en esto. Ahora estamos en otra fase distinta. Pregunta ¿en qué fase están?, ¿por que no hay plan? Yo no tengo un plan hidrológico ahora mismo, yo estoy haciendo los planes de demarcación, que tenían que haber estado hechos en el año 2009 y no estaban hechos. Ese es el problema que me encuentro, el problema es que no estaban hechos los planes de demarcación. He empezado por los planes de demarcación y cuando sepa exactamente de cada cuenca hidrográfica las disponibilidades, y hablaremos ahora del Ebro, entonces estaré en condiciones de saber qué volúmenes de agua tengo, en qué cuencas y para qué. Estamos en esa fase. En el Ebro estamos en información pública. Dice que ustedes tienen otros estudios; yo no he inventado los estudios ayer por la tarde, los estudios del Ebro se vienen haciendo desde el año 2009 por los que tenían la responsabilidad del Ebro en su momento, que no eran tampoco unos partidarios del plan hidrológico del año 2001, sino que eran otros ciudadanos, y se ha hecho con muchísima participación formal. Ha habido 16 foros sectoriales y han participado en los encuentros 1.205 entidades: 207 sociales y medioambientales, 189 económicas, 250 comunidades de regantes, 400 ayuntamientos, 74 organismos públicos y reuniones bilaterales con todas las comunidades varias veces. Diálogo el Ebro lleva, y ahora mismo estamos en información pública. A partir de ahí nos dicen que los caudales ecológicos no son los que quiere Cataluña. La metodología para calcular los caudales de cualquier río está en el reglamento de planificación hidrológica, que es la misma para toda España. No hay reglas según el río, no cambiamos la planificación. Hay un reglamento de planificación hidrológica de 6 de julio de 2007, del Partido Socialista, y una instrucción de planificación hidrológica de 10 de septiembre de 2008. Con arreglo a estas dos se han hecho todas las determinaciones, o se van haciendo. Pero cuando se dice: caudales ecológicos, 12.000 hectómetros cúbicos en año húmedo; 9.691 en año medio; 7.035 en seco, luego hay que empezar a poner eso en paralelo con el resto de la cuenca. Para llegar a estos caudales habría que hacer una expropiación masiva de derechos y aprovechamientos en todas las comunidades de la cuenca; es decir, allí hay una serie de concesiones que existían, aprovechamientos que existen para dar de beber a poblaciones, para el regadío, para no sé cuánto, se van sumando. Además, cuando no estaba el embalse de Mequinenza y el de Ribarroja estos caudales ecológicos por supuesto eran mera quimera. El Gobierno no interfiere en la labor de los técnicos, han sido los técnicos, de acuerdo con la normativa vigente y los estudios que tienen, los que han fijado los que sean. Yo todavía no he empezado la planificación hidrológica porque no la conozco, necesito ver todos los ríos de España simultáneamente y desearía -me comprometí con la Comisión Europea- que antes de finalizado 2013 tuviéramos totalmente cerradas las demarcaciones en España. A partir de ese momento podemos hacer un esbozo de planificación y buscar un pacto nacional del agua en función de lo que haya de agua. Cómo le voy a decir que voy a trasvasar de aquí, si no sé si va a haber agua. Lo que sí voy a hacer es aplicar la misma metodología en todos los ríos españoles, porque si no entramos en una dinámica en la que cada cual manipula lo que quiere para lo que le conviene. Por lo tanto, tiene que haber reglas homogéneas para todo desde la racionalidad. No estamos obsesionados ni por el modelo de 2001 ni por ningún otro modelo, simplemente queremos resolver los problemas de este país.

A mí las desaladoras no me parecen lo más inteligente ni medioambientalmente ni por precio del agua, pero lo que no tiro son recursos públicos. Terminaré las que están en marcha; las concluiré y buscaré la financiación. Luego tendré que buscar cómo se explotan, porque ¿cuál es el problema que estamos teniendo en este momento con las depuradoras y con las desaladoras? Que como no son rentables, no hay ningún ayuntamiento que las quiera recibir ni explotar. Se le entrega al ayuntamiento la depuradora y al día siguiente se cierra porque no tiene dinero para gestionarla. Por lo tanto, tendremos que ir a una gestión integral del ciclo del agua de acuerdo con la Directiva del Agua. Y, entonces, me dirán ustedes: ¿Por qué quiere usted venderla al sector privado? Pues porque, en este momento, con el sector público la experiencia está dando lo que está dando. Tenemos todas las administraciones con tensiones presupuestarias, con situaciones muy difíciles, los alcaldes se resisten a cobrar el costo del agua real y entonces tenemos un problema en toda España. La Directiva del Agua nos obliga a internacionalizar los costes, y tendremos que hacerlo, pero


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hay que hacerlo de manera inteligente. Tenemos que recuperar el tiempo perdido en depuradoras, en desaladoras y luego haremos esa planificación hidrológica. Porque este país recuperará el crecimiento económico. Estoy seguro de que en el año 2014-2015 empezaremos a tirar económicamente y podremos empezar a planificar a medio y largo plazo. Hay que hacer proyectos. Yo siempre digo que el mejor ministro no es el que más inaugura. A lo mejor es un buen ministro el que le deja muchos proyectos al siguiente para que pueda empezar a trabajar ya. Cada época tiene su afán.

Me decía la señora Pajín que vamos en sentido contrario con el real decreto-ley. Mire, en materia de medio ambiente nosotros vamos a mantener los niveles de protección, pero vamos a simplificar y a facilitar la vida de los ciudadanos. En la conferencia sectorial están de acuerdo todos los consejeros autonómicos en que tenemos un marasmo de legislación medioambiental -todos sin excepción- que tenemos que simplificar, y estamos trabajando en una simplificación pactada, sin merma de protecciones medioambientales, pero simplificando, reduciendo plazos y haciendo las cosas mucho mejor. Porque tenemos una legislación medioambiental maravillosa sí, pero las declaraciones de impacto ambiental no salen en cuanto son complicadas. ¿Que Balboa es complicada? No la resuelve nadie. ¿Que el dragado del Guadalquivir es complicado? No lo resuelve nadie. Cuando hay un problema no se resuelve. Bueno, pues vamos a empezar a resolverlo.

Sobre el tema de Río+20, y vengo del Consejo de Medio Ambiente del lunes pasado, España está jugando a apoyar a la Presidencia, danesa en este caso, que es la que está ejerciendo, y al comisario para que tengamos una posición ambiciosa y lleguemos a conclusiones reales. El problema es que en este momento, de las 350 que hay previstas, tenemos cerradas 70 a menos de una semana. Están los equipos trabajando y se nos han cruzado con los que estaban diseñados inicialmente para la conferencia; se nos han cruzado los objetivos de desarrollo sostenible, liderados por Colombia y muchos países latinoamericanos, que hay que casar, primero, con los objetivos del milenio y luego con todo lo que estaba previsto de economía verde, agua, todo lo que estaba diseñado en su momento. Nosotros estamos apoyando la mejora en la gobernanza medioambiental internacional, que exista una verdadera agencia de medio ambiente en Naciones Unidas, la potenciación del Pnuma, hemos oído a la sociedad civil, hemos montado a través de la Fundación Biodiversidad jornadas para oír a la sociedad civil, estamos informando a las comunidades autónomas y lo que queremos es tener un buen resultado. Sería una tragedia que, después de toda la preparación que ha tenido, esta conferencia no tuviera resultados tangibles. En este momento la preocupación del comisario europeo es clara, no se lo oculto. El mensaje que nos dio es que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en esta semana y durante la conferencia para intentar cerrar acuerdos concretos. Vamos a ver si Brasil, como país anfitrión, es capaz de liderar esa fusión final, pero en este momento la situación es ciertamente complicada.

Me decía que nuestra política medioambiental con respecto a las emisiones es la contraria. Nosotros, todo lo que hemos hecho en materia de residuos es establecer como carácter voluntario un sistema de recogida de residuos. ¿Por qué? Porque ahora mismo en España tenemos dos sistemas que ha costado mucho poner en marcha, uno para vidrio y otro para envases, y están funcionando razonablemente bien. Cuando vea usted las cifras de este año verá que ya estamos cumpliendo, incluso en vidrio, los objetivos de la Unión Europea. Si tenemos dos sistemas que están funcionando bien, no distorsionemos con sistemas que son mucho más complicados de poner en marcha y cuya eficiencia además no está acreditada. Pero no estamos queriendo que los envases no se recojan, queremos cumplir los objetivos comunitarios.

En materia medioambiental me hablaba usted de emisiones. Me toca un tema muy querido. Este año vamos a tener una superación de emisiones espectacular por la influencia del carbón nacional. Me dice: le tira la Unión Europea de las orejas. Claro que me tira, porque este año hemos incrementado emisiones espectacularmente por el uso del carbón nacional; pero espectacularmente. Esto es así. Más se contamina utilizando el carbón más contaminante. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir y que nos va a obligar a trabajar mucho más duro en los sectores difusos en este momento, es obvio. Por tanto, aquí ha habido intervenciones en el sentido de que teníamos que trabajar en los sectores difusos, en eficiencia energética, en rehabilitación de viviendas. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo he convocado ya la Comisión Interministerial de Cambio Climático para empezar a trabajar en estos planes y también en la fiscalidad verde, lo que pasa es que, en un momento como el que estamos, hacer un cambio radical de la fiscalidad requiere un análisis, pero, repito, el Gobierno ya está trabajando en escenarios de nueva fiscalidad verde, viendo todos los escenarios posibles. Queremos en la próxima comisión interministerial poner encima de la mesa algunas ideas, siendo conscientes también de la complejidad que tiene el tema.

Paso ahora a la Ley de Desarrollo Rural. Nosotros hemos analizado la Ley de Desarrollo Rural y hemos visto cómo ha funcionado. Hemos visto la dificultad que tenían los mecanismos operativos que se ponían en marcha -es una ley de enorme complejidad-, hemos analizado que prácticamente estábamos trabajando en muchos ámbitos que no eran propios del Ministerio de Agricultura porque era una ley que quería tocarlo todo, con pocos recursos por supuesto, y además es una ley que se nos ha complicado todavía más por las restricciones presupuestarias que se establecieron en el año 2011, en el sentido de que si se incumplía en 2009 y 2010, y ahora con los escenarios de déficit público, no se podían cerrar convenios que supusieran aportación de


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fondos del presupuesto del Estado a las comunidades autónomas. Eso ha llevado a que solo pudo firmar La Rioja con el Partido Socialista en 2011. Cuando analizamos la situación de todas las comunidades autónomas, la única que podía firmar era Galicia porque tenía plan terminado y cumplía los objetivos. Ahora mismo se está analizando lo que pasa con Castilla y León porque tiene sus dificultades y lo está viendo el Ministerio de Hacienda. Nosotros somos conscientes de que tenemos restricciones presupuestarias. No hemos sido los responsables de que España gastara 90.000 millones de euros más de lo que ingresaba. Nos ha tocado hacer un ajuste muy duro y hemos hecho el ajuste en las partidas que considerábamos, dejando como prioritarias aquellas que considerábamos que eran absolutamente fundamentales. Por eso hemos mantenido contra viento y marea por ejemplo los seguros agrarios, porque éramos conscientes de que estábamos en un escenario en el que había sequía e iba a haber problemas este año con los seguros agrarios, que los ha habido y muy importantes. Hemos incrementado los presupuestos de lucha contra incendios y prevención en un 3,56%, en un año de austeridad, y además hemos ampliado las tareas preventivas y hemos empezado a hacerlas siete meses antes y no solo tres meses antes. Cuando tenemos pocos recursos, tenemos que administrarlos de manera razonable.

El señor Solsona, de Convergència i Unió, me hablaba de la restricción presupuestaria, que es verdad, y decía que en la PAC no tenemos hoy un posicionamiento común. Hemos avanzado mucho en la búsqueda de un posicionamiento común en la PAC y espero que lo tengamos con el máximo grado de consenso posible en casi todos los temas. Puede que haya alguna divergencia, pero espero que seamos capaces de conseguirlo el próximo viernes. Cuando el comisario Ciolos le habla de flexibilidad, tiene sus razones. Lo que a España no le va es el pago único por hectárea común para todos los cultivos, todas las explotaciones y todas las regiones. Necesitamos enorme flexibilidad. Flexibilidad para elegir hectáreas, señor Alonso, y para ver qué introducimos en la PAC. Piense que tenemos muchos problemas. Había 21 millones de hectáreas históricamente, 18 o 21, según se quiera; después, en las declaraciones del pago único llegaron a 24; las hectáreas elegibles son 38 millones. Tenemos que ver qué se hace con el vino, qué se hace con las frutas y hortalizas, qué se hace con los pastos. Si metemos todo, 38 millones de hectáreas. Si usted mete 38 millones de hectáreas donde había 21, las ayudas van al 50%. Una simple operación matemática. Y si al olivar de Jaén se le dice que de 600 euros de hectárea pasa a 275, el señor Zarrías se levanta desde aquí e inmediatamente tiene un altercado conmigo, porque ni él puede volver a Jaén, ni yo puedo ir a Jaén en mi vida. (El señor Zarrías Arévalo: Yo sí podría ir.-Risas). Eso nos obliga a cierta flexibilidad para buscar los recursos que tengamos y cómo seguimos manteniendo el potencial productivo en todo el territorio. Puede haber alguna comunidad autónoma que crea que eso lo hace mejor. Nosotros queremos hacerlo por igual en toda España. La política de desarrollo rural sí permite a cada comunidad autónoma hacer los ajustes finos en su territorio, pero desde la base de un mantenimiento de igualdad, el principio de igualdad básico.

Lo de las regiones en la PAC es lo que le quería decir. Lo que tenemos que hacer es una regionalización, pero por orientaciones agronómicas, más sofisticada. Tenemos ya elaborado un mapa para ver lo que se podría hacer y hemos hecho muchos estudios de aplicación de una PAC en el futuro, que es muy complicada, buscando mantener los niveles de apoyo más similares a los actuales y sabiendo que tenemos una amenaza también cuando se dice que en 2019 todo el mundo tiene que converger hacia un pago único igual por hectárea, lo cual es muy complicado y también tendremos que pelearlo, fundamentalmente yo. Me agrada que el Parlamento catalán tenga una posición. Entiendo que el conseller catalán cuando venga el próximo viernes lo que me va a traer es la posición del Parlamento de Cataluña. Otros consejeros lo traerán a la conferencia sectorial donde el ambiente es bueno y donde podremos buscar muchos puntos de encuentro.

La portavoz del Grupo Vasco me planteaba el problema de la pesca artesanal, de los RMS, a los que he aludido, también de la economía verde y los temas del Parlamento Europeo. Consideramos absolutamente fundamental en los dos procesos -agricultura y pesca- al Parlamento Europeo. Hoy día no podemos hacer el debate como lo discutimos en 2003 o en 2004. Es radicalmente distinto y mucho más complicado porque tenemos que hacer un debate en la Comisión de Agricultura y un debate en el Pleno, que no es lo mismo. En materia de pesca, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tiene una enorme sensibilidad en los temas pesqueros. El Pleno no tanto. Ya lo hemos visto en el acuerdo con Marruecos. En agricultura pasa algo parecido. La Comisión de Agricultura apoya mucho los temas y conoce muy bien el trabajo, pero cuando las cosas llegan al Pleno cambian radicalmente. Voy a pedir la colaboración de todos los grupos políticos en la búsqueda del máximo nivel de acuerdo.

Es verdad que todavía no hemos entrado a resolver todos los problemas de la pesca artesanal, en primer lugar, la definición, porque nosotros tenemos que jugar no solo con definiciones de eslora sino con definiciones de marea. Pesca artesanal no es solo el barco que tienen menos de determinada eslora sino también aquel que sale por la mañana y vuelve por la noche y que tiene una actividad vinculada habitualmente a un mercado, a una lonja, y con unos hábitos de pesca muy distintos de los de otro tipo de barco. Tenemos que tener una consideración especial para la pesca artesanal en cuanto a nuevas construcciones, seguridad, modernización, apoyo; en definitiva, en todo lo que podamos hacer en este tema. A nosotros nos importa, primero, conseguir una buena definición y luego un fondo europeo del mar y de la pesca, de modo que podamos tener fondos suficientes.


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Estoy de acuerdo en que el tránsito a la economía verde tiene muchas oportunidades para los países desarrollados, pero también supone un cambio de mentalidad en la orientación de las políticas públicas y un cambio de mentalidad de los empresarios que se orienten hacia estas actividades, que es algo que estamos viendo. Cuando países como Alemania o Reino Unido apuestan tan claramente por el avance hacia una economía verde es porque está clarísimo que ven oportunidades económicas en liderar ese proceso de desarrollo hacia esa economía verde.

El señor Cantó me planteaba que por qué soy muy partidario de recuperar competencias; creo que soy de los que ha experimentado lo que es la recuperación de una competencia: la recuperación del río Guadalquivir. Eso sí que requiere una comparecencia como la de la PAC, porque podría contar a sus señorías lo que ocurre cuando se recupera una competencia. Cosas complicadas, pero no quiero hablar yo hoy de ese tema. Sí me gustaría decir que lo que hemos querido recuperar es la policía sobre el dominio público hídrico; nos parecía que tenía que tener una aplicación unitaria. Creo que tiene mucho sentido recuperar el principio de unidad de cuenca.

Se preocupaba el señor Cantó por el retraso en los planes hidrológicos de demarcación. Esto ocurre porque se dio una mala interpretación de la directiva-marco en materia de planificación hidrológica; se han incluido muchos más temas que los exigidos por la Unión Europea; nos hemos metido en muchos libros de caballería en lugar de ceñirnos a la normativa comunitaria para hacer los planes de demarcación que la Unión Europea nos exigía; tampoco ha habido una dedicación continua de los organismos de cuenca a la aprobación de los planes sino que han estado más en el día a día de la gestión de la cuenca que en la planificación a medio y largo plazo, y luego el procedimiento de participación pública es muy largo, son seis meses de procedimiento. Por tanto, en esta legislatura queremos revisar también los procedimientos, de manera que, garantizando la participación social, la sostenibilidad y el rigor científico, podamos, en los plazos previstos cada cinco años, poner al día las planificaciones de las cuencas porque varían las circunstancias.

He contestado básicamente a casi todas las preguntas. Quiero tranquilizar a sus señorías porque la ley de la cadena va rápida, junto con la ley de integración cooperativa o de -veremos el nombre que le damos- establecimiento de organizaciones prioritarias en materia de comercialización. La de desarrollo rural -estamos viendo los retoques- va algo más lenta; la de representatividad está muy avanzada, pero no creo que estemos en condiciones, señor Alonso, de que ese proyecto de ley llegue aquí antes de enero de 2013. Por tanto, la situaría en ese escenario -las elecciones, cuando procedieran, serían más tarde-, pero hay voluntad política de ponerla en marcha. Esto es lo que puedo decir a sus señorías, asumiendo el compromiso de comparecer en sede parlamentaria para hablar extensamente de la posición en materia de reforma de la PAC.

Solo me falta decir una cosa, porque me pidieron una aclaración sobre el greening. El capping no es de los problemas prioritarios para ninguna comunidad ni para el Gobierno. Tal como está no produce efectos negativos. No tenemos supergrandes explotaciones, como los alemanes, que tienen unas cooperativas a las que les afecta mucho. Aquí tenemos comunidades de bienes, pero las comunidades de bienes tienen imputaciones de renta, con lo cual tampoco es el problema. En el greening hay dos ideas básicas, señor Alonso, la primera es que el 30% del greening es excesivo. Ya sé que hay organizaciones ecologistas a las que no les gusta que yo diga esto pero es un pago que está sujeto a nuevos condicionantes adicionales a la previa condicionalidad que ya tenían los agricultores. La segunda idea es que si se incumple el greening, no se pierda el pago base. Tal como está configurada la propuesta, si hay un incumplimiento en el greening se pierden todas las ayudas, es decir el agricultor pierde el 60 o el 70%. Por tanto, que se aíslen los incumplimientos; que modifiquemos las rotaciones de cultivos; que incrementemos el número de hectáreas a las que está uno sujeto, una finca de 7 hectáreas, no, de 20 hectáreas por lo menos; que en vez de 3 cultivos sean 2 cultivos, porque hacer una rotación de tres cultivos en una finca de 7 hectáreas parece poco inteligente desde un punto de vista agronómico. Y luego que en los requisitos de reverdecimiento haya una lista de opciones más grande que pueda permitir a los agricultores elegir. A eso sumemos que yo estoy defendiendo -y creo que después del vuelo en helicóptero por Jaén el comisario se empieza a convencer- que los cultivos permanentes son greening per se, es decir, los olivares de Jaén están fijando CO2 todo el día, y por tanto al señor que tiene un olivar no le puedo exigir prácticas medioambientales accesorias porque, como digo, los cultivos leñosos permanentes prácticamente son greening. También los cultivos bajo el agua y las leguminosas. Son cosas de sentido común desde el punto de vista agronómico.

Estos son básicamente los temas del greening para no olvidarme, sin perjuicio de que hagamos una comparencia más amplia. A los eurodiputados les vamos a dar las conclusiones básicas que hemos sacado, más desarrolladas que las que hoy les he dicho brevemente porque habrá una comparecencia extensa, pero también el paquete de enmiendas completo a los reglamentos técnicos. Y a partir de que conozcamos los informes de los ponentes, tendremos que volver a reelaborar nuestras posiciones para ver las ideas que se están manejando.

Una de las ideas que se está barajando en la Unión Europea en este momento con mucha intensidad -y nos lo están proponiendo irlandeses y portugueses- es que establezcamos un límite máximo a lo que puede perder cualquier perceptora de ayudas en este momento, es como una especie de red de seguridad, lo llaman el túnel en la jerga comunitaria. Creo que el portavoz socialista, Greg Boulos, quiere poner un


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límite del 30%, Irlanda quiere uno más bajo, el 15%, Portugal quiere el 5 o el 10%. Cada país tiene su idea. Nosotros no nos hemos posicionado pero sí estamos en contacto con este grupo de países porque todo lo que sea poner redes de seguridad nos parece razonable en este momento.

Señorías, si me he dejado algo en el tintero, me lo recuerdan y si no les contesto por escrito. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, muchas gracias por su amplia y puntual información. Ya sabe que en esta, que es su casa, será muy bien recibido, como viene siendo proverbial hasta ahora.

Damos por finalizada la sesión de hoy.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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