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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 112, de 30/05/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 112
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles,
30 de mayo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Para armonizar las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000345) ... (Página2)

- Sobre la cadena alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000225) ... (Página4)


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- Sobre la regionalización de la política agraria común (PAC). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000311) ... (Página8)

- Sobre la prevención y extinción de incendios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000447) ... (Página12)

- Relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un acuerdo de pesca UE-República Gabonesa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000572) ... (Página16)

- Sobre el rendimiento máximo sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000360) ... (Página19)

- Relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000414) ... (Página23)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Les comunico que las votaciones no van a tener lugar antes de las seis y media.

En la reunión que hemos mantenido Mesa y portavoces se ha llegado al acuerdo de alterar el orden del día en función de diversas propuestas de los portavoces de las iniciativas, con lo cual paso a leer el nuevo orden del día. La proposición que se va a ver en primer lugar es la proposición no de ley para armonizar las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola; está propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y antes figuraba como punto 3.º En segundo lugar se va a ver la proposición no de ley sobre la cadena alimentaria, propuesta por el Grupo Socialista y que antes figuraba como punto 1.º En tercer lugar se va a debatir la proposición no de ley sobre la regionalización de la política agraria común, que antes figuraba como punto 2.º En cuarto lugar se debatirá la proposición no de ley sobre la prevención y extinción de incendios, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y que antes figuraba como punto 6.º En quinto lugar se verá la proposición no de ley relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un acuerdo de pesca UE-República Gabonesa, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y que antes figuraba como punto 7.º En sexto lugar se verá la proposición no de ley sobre el rendimiento máximo sostenible, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y que antes figuraba como punto 4.º Por último, en séptimo lugar se debatirá la que figuraba como punto 5.º, que es la proposición no de ley relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.

Se ha acordado también la distribución de tiempos. Los grupos proponentes van a contar con un tiempo máximo de siete minutos para defender su iniciativa. Los grupos que defiendan enmiendas van a disponer de un tiempo máximo de cinco minutos y los restantes grupos van a disponer de cuatro minutos como máximo. El orden de intervención de los grupos que han presentado enmiendas seguirá el orden cronológico, el orden de presentación en registro. Por último, a la hora de fijar posición se seguirá, como viene siendo habitual, un turno de menor a mayor.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- PARA ARMONIZAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE CON EL DESARROLLO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000345).

El señor PRESIDENTE: Sin más dilación, tiene la palabra para defender la proposición no de ley para armonizar las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, don Conrado Escobar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Quiero empezar esta intervención agradeciendo que la Presidencia de la Comisión, la portavocía del grupo y el resto de los portavoces nos hayan facilitado alterar el orden del día; se lo agradezco a todos los que han hecho posible que este debate se desarrolle en primer lugar.

Entrando en materia, lo que traemos a esta Comisión de Agricultura y Medio Ambiente es una preocupación del sector vitivinícola; una preocupación del sector riojano, pero una preocupación que hago extensiva a todo el sector del vino español. La proposición no de ley,


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como describía el propio presidente al enunciar el texto, tiene tres objetivos: en primer lugar, justificar y apoyar la utilización del dióxido de azufre en la desinfección de barricas de vino; en segundo lugar, aclarar que esta práctica no supone ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente en las condiciones de uso tradicionales, y en tercer lugar, instar a continuar con la búsqueda de alternativas económicamente viables y ambientalmente aceptables para la limpieza y desinfección de barricas de vino que sirvan como base para la innovación del sector. En este sentido, me van a permitir que muy rápidamente explique de qué estamos hablando. Estamos hablando de una práctica tradicional en el sector bodeguero, en el sector vitivinícola, que consiste en el empleo de lo que tradicionalmente se ha llamado pajuela, mechado o pastilla de azufre, y que se trata simplemente de introducir en la barrica, una vez que ya ha sido vaciada, un palo, una pajilla o un alambre que permita que haga sus efectos precisamente el dióxido de azufre en la parte final. ¿Por qué? Porque la barrica, al ser de madera, es un elemento vivo, el vino también lo es y es normal que en la fase final arroje algún tipo de producto desaconsejable para un posterior uso de la barrica. Hay que desinfectar la barrica y el método tradicional, el más eficaz, el más seguro, es el que viene produciéndose sin ningún riesgo para la salud. Estamos hablando de una práctica contrastada ancestralmente por el sector vitivinícola.

¿Por qué tenemos que hablar de esto ahora mismo? Tenemos que hablar de esto en sede parlamentaria porque la Directiva 98/8 de la UE se somete periódicamente a revisión. En esas revisiones -que lo son de las sustancias biocidas autorizadas- se elabora una lista con la incorporación o no de esas sustancias que están autorizadas. De no incorporarse el dióxido de azufre, el azufre en general, evidentemente estaríamos perjudicando esta práctica. Por eso hay que salir al paso y asegurarnos de que en esa revisión esta práctica no sale prohibida dentro de las instancias europeas. ¿Cómo se puede conseguir esto? Se puede conseguir apoyando al sector, que tiene la oportunidad de presentar un estudio técnico de nivel que aclare, en definitiva, lo que proponemos nosotros en nuestra iniciativa: que no hay una alternativa posible hoy al sulfuroso y que además su uso no presenta ningún problema, ni medioambiental ni para la salud. Estamos en plazo de hacerlo y creemos que nuestra obligación en el Congreso de los Diputados es apoyar lo que ahora mismo se está haciendo, que es ese estudio. ¿Quiénes están implicados? El sector, por supuesto, a través de la Organización Internacional del Vino, por ejemplo; están implicados todos los consejos reguladores -y permítanme que destaque el Consejo Regulador de Rioja-; están implicados países como Francia, Alemania y, por supuesto, España y nuestro propio Gobierno. Pero fundamentalmente, insisto, de quien parte la iniciativa es del propio sector vitivinícola.

¿La supresión de esta práctica puede tener consecuencias? Señorías, les voy a dar simplemente algunos datos: el sector del vino en España ha exportado el año pasado 2.150 millones de litros que, traducido a euros, son más de 2.200 millones de euros que han beneficiado a la economía española. Gran parte de este número de litros se ha elaborado siguiendo este método tradicional. En La Rioja -me van a permitir que dé algún dato- hay 45.000 hectáreas de viñedo, 18.000 viticultores y más de 500 bodegas. Solamente esas cifras ya justificarían en sí la presentación de la proposición no de ley, pero es que el 65% de las ventas de la denominación de origen calificada de Rioja y de gran parte del sector vitivinícola español está criado en barrica: crianza, reserva y gran reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que la barrica requiere -volvemos al mismo argumento- esta práctica, insisto, ancestral.

Hay otras razones técnicas que justifican nuestra proposición no de ley. La primera es que la prohibición del sulfuroso no es aconsejable puesto que la adición de este producto ya está autorizada en el propio vino. La segunda razón es que su utilización es ancestral para la conservación y nunca se ha comprobado un riesgo cierto para la salud. Y la tercera razón, también de índole técnica, es que los sulfitos se producen ya de forma natural en la fermentación del vino. Luego ya forma parte de la elaboración natural del vino. A partir de ahí, lo que pretendemos es una llamada nueva de atención a las instancias europeas, una llamada nueva que espero y deseo que sea con el mayor apoyo posible de esta Comisión.

Acabo con tres cuestiones. Un deseo: que sus señorías respalden esta proposición no de ley. Es una proposición no de ley que no va contra nadie, que va solo a favor del sector. Segundo, un reconocimiento a la labor del sector, de los consejos reguladores, de la Federación del Vino, del Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas y de las consejerías, en especial de la Consejería de Agricultura de La Rioja, del Parlamento de La Rioja, que hace pocos días se pronunció también al respecto. Y tercero, una certeza: nos consta que el Ministerio de Agricultura va a hacer todo cuanto esté a su alcance para apoyar esta legítima y muy saludable pretensión del sector vitivinícola.

El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa). De menor a mayor, el Grupo de UPyD tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos, por favor.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Seré más breve que eso, señor presidente.

Apoyamos sin restricciones lo que presenta el Partido Popular. No existe vino sin azufre, en forma de dióxido de azufre. Creemos que así se evitan tratamientos que serían mucho más caros. Es cierto que se están estudiando alternativas, pero todavía están en fase de experimentación y son notablemente más caras que este sistema de toda la vida. No hay vino sin azufre, para nosotros eso es lo importante. Es cierto que hay que


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controlar las dosis que se aplican en cada uno de los procesos, pero también es cierto que ya existen unos controles al respecto, puesto que sin esos controles no se obtienen las certificaciones al uso en el sector, aparte de que los grandes de la distribución, que vehiculan la mayor parte del consumo, también hacen análisis por su parte. Por tanto, solamente quiero decir que apoyamos la propuesta que ha traído el Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra por el Grupo de Convergència i Unió el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Tal como se describe en la proposición no de ley, actualmente no hay una alternativa suficientemente eficaz y económica para sustituir el uso del dióxido de azufre para la limpieza y desinfección de barricas. Las tecnologías basadas en el uso del ozono, de productos basados en reacciones oxidativas o de otro tipo, ofrecen alternativas interesantes al dióxido de azufre, pero suponen un fuerte incremento de coste en el proceso. La desinfección de barricas es una operación clave en enología para evitar problemas microbiológicos en los vinos de crianza. Todo esto junto supone que es importante, pues, disponer de productos que aseguren la correcta desinfección de las barricas a un coste razonable que permita mantener los costes de producción. En estos últimos meses se ha publicado en diferentes medios de comunicación que la Comisión Europea ha solicitado al sector vitivinícola europeo un dictamen científico-técnico que justifique ante las autoridades comunitarias la necesidad del uso del dióxido de azufre en la desinfección de barricas para poder decidir así sobre la prohibición o no del uso del dióxido de azufre. Esta PNL incide en dar apoyo a los estudios científicos y técnicos para justificar el uso del dióxido de azufre, así como también al estudio de alternativas viables técnica y económicamente. Por tanto, dicho esto, nuestro voto también será a favor de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señor Luena.

El señor LUENA LÓPEZ: Un breve turno para anunciar el voto a favor del Grupo Socialista a esta iniciativa, que desde luego es oportuna y tuvo en zozobra a todo el sector. Comentaba con el portavoz del grupo, el señor Alonso, que es cierto que esta iniciativa, apoyada en esta Cámara, puede beneficiar a todo el sector, pero básicamente va a beneficiar al sector Rioja, no solo por la calidad reconocida, como sus señorías saben, sino también porque el método de envejecimiento en barrica donde más se utiliza es en Rioja, es para el rioja. Por tanto, es necesario que la limpieza y la desinfección sigan llevándose a cabo con este método tradicional del mechado, de la pajuela, en cualquier caso del dióxido de azufre, básicamente por una razón, porque no hay otra alternativa. Es cierto que quizá no se ha empleado tiempo y esfuerzo en que haya una alternativa y debiera haberla, pero el caso es que no tenemos alternativa y por tanto es necesario tranquilizar en un mundo donde la competitividad es tan importante. En el mundo del vino, con los costes tal como se encuentran en este momento, introducir un elemento de cambio en la desinfección y limpieza de barricas podría perjudicar la competitividad de nuestros vinos porque perjudicaría el envejecimiento, y más en este momento, como digo, de crisis económica.

También quiero lanzar un mensaje de tranquilidad por parte del Grupo Socialista en cuanto a la ausencia de riesgos para la salud, tanto de los trabajadores como de los consumidores. El señor Escobar, autor de la iniciativa, lo ha explicado bien, por lo que no voy a emplear más tiempo. Creo que sus señorías lo han comprendido a la perfección y por tanto tranquilidad.

Sí quiero incidir en una cuestión y es que es necesario que los Gobiernos -en este caso el Gobierno de España, pero también el Gobierno de La Rioja- empleen impulsos políticos y recursos públicos para buscar esa necesaria alternativa, que de momento no se da. En su momento, el Gobierno de España anterior apoyó constituir una plataforma tecnológica nacional del vino, que se encargara precisamente de estos estudios. Hay empresas en el sector Rioja que lo están haciendo y creemos que asimismo los poderes públicos deben hacerlo.

Para terminar, creemos que es necesario apoyar esta proposición no de ley en cuanto que debe seguir utilizándose el dióxido de azufre puesto que ahora es imprescindible porque no existen alternativas, pero de forma paralela debemos introducir todos los esfuerzos públicos y el apoyo a aquellas iniciativas de investigación privada para que el dióxido de azufre tenga en su momento una alternativa viable y económica, porque solo será una alternativa posible para el sector, para los viticultores, para los bodegueros, para los pequeños y medianos bodegueros, cuando sea económicamente razonable.

- SOBRE LA CADENA ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000225).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a debatir el siguiente punto del orden del día, una proposición no de ley sobre la cadena alimentaria que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista, en esta primera oportunidad que tiene de presentar una proposición no de ley sobre temas de política agraria, ha decidido que el primer tema sea referido a la mejora de la cadena alimentaria; en definitiva, tratar de corregir los desequilibrios que en este momento tiene la cadena alimentaria de la producción agroalimentaria española. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Porque en todos los documentos que elaboran las organizaciones profe


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sionales agrarias, las organizaciones representativas de las cooperativas y de la industria agroalimentaria cuando se les pide que evalúen los problemas que tiene nuestro sector agroalimentario sitúan en primer lugar la mejora de la cadena alimentaria. Todo el mundo coincide -creo que aquí, en la Comisión, no habrá discrepancias al menos en el planteamiento- en que la cadena agroalimentaria española presenta desequilibrios y que en todo este proceso que va desde que se produce un alimento en una explotación agrícola, en una granja, hasta que lo consume un consumidor español o europeo hay toda una cadena de valor, una escalada de incorporación de costes que claramente presenta graves desequilibrios. Tenemos una cadena agroalimentaria ineficaz y, lo que es más grave, porque esto se puede ir corrigiendo poco a poco, creemos que es injusta. Es una cadena agroalimentaria que no reparte bien los beneficios y, sobre todo, que cuando hay problemas por exceso de oferta, por crisis sanitarias o por otros motivos los hace soportar en el sector más débil, que siempre es el agricultor, el sector primario. Siempre los más perjudicados de toda esta cadena son los agricultores, los ganaderos; en segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, y siempre sale mejor parado de esta situación de dificultad quien tiene mejor posicionamiento en la cadena, que es la gran distribución, tampoco exenta de problemas. Pero, efectivamente, hay desequilibrios que convendría corregir. Como decía al principio, el objetivo de mejorar la cadena y la necesidad de tomar medidas administrativas y de promover cambios que mejoren la eficacia es algo que está asumido por la Administración española y por las instituciones de la Unión Europea. Los problemas en España no son distintos de los que tienen otros países de nuestro entorno, pero también es verdad que algunos países de nuestro entorno han avanzado más y mejor que nosotros en la vertebración del sector y en la organización y canalización de este tipo de iniciativa. Por poner un ejemplo, en relación con la crisis del sector lácteo, una cooperativa láctea de un país europeo tiene más cuota láctea que todo el Estado español, que tiene cientos, miles de empresas vendiendo y comprando leche por los distintos territorios. En definitiva, es necesario tomar iniciativas que favorezcan la vertebración del sector y para evitar malos usos en la compraventa de productos en toda la cadena. Como digo, se han tomado iniciativas en el ámbito europeo. La Comisión Europea ha reconocido que la cadena alimentaria en Europa tampoco es una cadena eficaz; unos países tienen unos problemas y otros países tienen otros, pero podríamos decir que en todos los sitios cuecen habas. La Unión Europea ha ido creando foros para hablar de este tema. Creó un foro de alto nivel y tomó una decisión en relación con la mejora de la cadena alimentaria que debemos utilizar como guía a la hora de mejorar la cadena, que es aquel denominado paquete lácteo aprobado por la Comisión, por la Unión Europea, que estableció nuevas normas para ayudar a corregir los desequilibrios en el sector lácteo.

Bajo a nuestro ámbito de responsabilidad. El tema en España está planteado desde hace tiempo. En la pasada legislatura ya el Gobierno anterior estuvo trabajando durante meses con las organizaciones profesionales, con las cooperativas, con las federaciones de empresarios, con los consumidores, realizando consultas en el sentido de elaborar un proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria y creo que en España el debate está supersustanciado; está claramente fijada la posición de todo el mundo en relación con qué debe incluir esa ley de mejora de la cadena agroalimentaria. Podríamos decir que el trabajo está hecho y, por tanto, lo único que hace falta es voluntad política para plasmar en un documento legislativo, en un proyecto de ley que eleve a norma de rango legal esas previsiones, esas peticiones que están haciendo en este momento los sindicatos agrarios, las cooperativas, la FIAB -la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas- y el resto de operadores del sector.

Alguien me preguntará por qué no se hizo esto en la pasada legislatura. Reconocemos que no llegamos a tiempo. El Gobierno anterior presentó un proyecto de ley que no dio tiempo a tramitar por el adelanto de elecciones. El Gobierno actual, fruto de las últimas elecciones, creo que en este caso de forma eficaz, ha tomado el testigo. El ministro ha anunciado aquí, en sede parlamentaria, que para el Gobierno del Partido Popular también es un objetivo prioritario elaborar un proyecto de ley, una ley de mejora de la cadena alimentaria y, por eso, el Grupo Socialista presentó en febrero, y hoy lo vemos en la Comisión, una proposición no de ley que pretende reforzar la posición del Gobierno -del ministro de Agricultura especialmente, que sé que en el redactado final tendrá problemas con las autoridades de competencia, de comercio, de economía- en el sentido de que el Parlamento nacional inste al Gobierno a que en el plazo de tres meses remita el proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, un proyecto de ley que contribuya a eliminar los desequilibrios de la cadena, que contribuya a repartir equitativamente el valor añadido a lo largo de la cadena y a mejorar, en definitiva, la vertebración del sector. Creemos que en España debe regularse por ley lo que son prácticas abusivas, no deseables, perseguibles, y por tanto la ley tiene que establecer la definición de qué prácticas no deben ser permitidas y qué organismo público debe encargarse de vigilar, controlar y perseguir si se producen en las transacciones comerciales prácticas no deseables o abusivas. Esto lo podría hacer la Comisión de Defensa de la Competencia, si es que tuviera competencias, y si no nuestra proposición no de ley dice que se establezca un organismo específicamente dedicado a vigilar este tema. Por otra parte, creemos que debe modificarse la normativa actual que tiene que ver con las organizaciones interprofesionales y la Ley de Contratos en esta misma ley, precisamente para dar fortaleza al sector y, sobre todo, para fortalecer la posición de los productores en la negocia


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ción de precios en la relación de comercio con pymes y la distribución.

Termino, señor presidente; ya he visto el semáforo en rojo.

El señor PRESIDENTE: Quería hacerle una sugerencia. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta propuesta y quería preguntarle si acumulaba en su intervención el tiempo que le corresponde por la presentación de enmienda. A lo mejor, eso le facilita.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Perfectamente.

El señor PRESIDENTE: En todo caso, tiene más tiempo del que disponía, aunque ya ha rebasado un minuto y medio.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Se lo agradezco, señor presidente.

Precisamente esto que estaba comentando es objeto de nuestra enmienda. En la enmienda lo que incluimos es que la ley debe establecer una regulación específica sobre lo que se denomina prácticas abusivas, las que no debemos tolerar, y el establecimiento de un órgano independiente que vigile, controle, evite y sancione si estas se producen. Hemos recogido fielmente en el redactado lo que han venido planteando en las negociaciones con el ministerio tanto las organizaciones profesionales como las cooperativas y la FIAB. Es decir, que el redactado que damos es del propio sector.

Termino, presidente. Hay varias enmiendas de distintos grupos y vamos a presentar una enmienda transaccional recogiendo parte de las iniciativas de CiU, del PNV y del Grupo Popular -enmienda que acabo de facilitársela a los tres grupos-, para ver si es posible que se pueda llegar a una votación de unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, entiendo que da por defendida su enmienda y le ruego que facilite a esta Mesa el texto de la enmienda transaccional, si es que llegan a un acuerdo, para que pueda ser propuesta a votación.

A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se han presentado otras enmiendas. La primera de ellas, en orden cronológico, le corresponde defenderla al Grupo Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Solsona, por un tiempo máximo de cinco minutos.

El señor SOLSONA AIXALÀ: El Grupo de Convergència i Unió presentó una pregunta a principios de esta legislatura con el objeto de saber si el Gobierno tenía previsto presentar un proyecto de ley sobre la cadena alimentaria. La respuesta del Gobierno fue que había constituido un grupo de trabajo que estaba redactando el anteproyecto. Cabe recordar también que en la comparecencia del ministro en esta Comisión y dentro de lo que se denominó sus 66 propuestas, había una para elaborar un plan para el reequilibrio de la cadena alimentaria que contaría con diferentes medidas, una de las cuales era hacer un proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Según nota del ministerio, este proyecto de ley persigue mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena y conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus distintos operadores, evitando aquellas prácticas que, favoreciendo a una parte, van en claro detrimento de la fortaleza del grupo. Por lo tanto, esta PNL va en sintonía con la voluntad expresada por el ministro, con nuestra pregunta formulada a principios de legislatura y también con diferentes iniciativas presentadas por nuestro grupo en la pasada legislatura.

Si nos ceñimos estrictamente a esta proposición no de ley, tenemos que hacer alguna apreciación para nosotros importante. En el punto primero hemos presentado una enmienda relativa a que se respeten aquellas comunidades autónomas que dispongan de código de buenas prácticas comerciales, debido a que Cataluña firmó un código de buenas prácticas comerciales el pasado verano. Por primera vez, todos los agentes de la cadena alimentaria se comprometieron a mejorar las prácticas comerciales, la trazabilidad y la percepción del consumidor. Este código fue firmado por la Asociación Española de Cadenas de Supermercados -ACES-, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados -Asedas-, La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución -Anged-, el Consell de les Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya -Cedac-, Mercabarna, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya -Pimec-, el Foro interagroalimentario, Unió de pagesos, y Joves agricultors i ramaders de Catalunya. Este código tiene como objetivo principal mejorar las relaciones entre los diferentes tipos de operadores a lo largo de toda la cadena de valor, mediante el establecimiento de un marco de referencia contractual que permita una mayor agilidad y seguridad en las transacciones comerciales y que esto mejore también la eficiencia. También se pretende mejorar la información que reciben los consumidores y la trazabilidad, así como poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, una mayor seguridad alimentaria y que sean más sostenibles y más respetuosos con el bienestar animal.

En cuanto al segundo punto, el de promover ante las instituciones europeas una modificación de las reglas de la competencia con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la cadena, estamos plenamente de acuerdo, ya que la ampliación y el refuerzo de las funciones de las organizaciones interprofesionales y de las organizaciones de productores, especialmente en relación con la contratación, se considera que se pueden convertir en instrumentos eficaces para los objetivos que se persiguen para el reequilibro de la cadena. Nosotros ya hemos manifestado al portavoz socialista nuestra intención de votar a favor de esta proposición no de ley. Estaríamos de acuerdo no solo con la inclusión de nuestra enmienda,


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sino también con la transaccional que se propone y, por lo tanto, si hay un acuerdo nuestro voto será a favor.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender la enmienda presentada a esta iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Romero.

El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en esta proposición no de ley y también para defender la enmienda que hemos presentado a la misma. Es cierto que, tal como se expresa en la exposición de motivos de la proposición no de ley, la cadena alimentaria evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación, lo que da lugar a una falta de transparencia en la formación de los precios y a prácticas comerciales desleales y contrarias a la competencia, que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario.

Quiero decirle al representante del Grupo Socialista que, efectivamente -y así lo ha reconocido el representante de Convergència i Unió-, el Gobierno ya ha anunciado en esta Cámara que se iba a presentar un plan para corregir el reequilibrio de la cadena alimentaria. Lo hizo el día 1 de febrero de este año, cuando presentó las líneas generales que iba a seguir su departamento en esta legislatura. Y lo anunció también en la Cámara Alta contestando a una pregunta del senador de UPN, señor Yanguas. Allí anunció que se iba a presentar una ley para conseguir el reequilibrio en la cadena alimentaria y dijo textualmente que se iba a presentar a finales de este semestre o principios del segundo, para que sea discutida y aprobada a lo largo del año 2012. Por tanto, quiero decirle al portavoz del Grupo Socialista que voluntad política por parte del Gobierno, toda, y ya está expresado así en esta Cámara y en Senado. Digo esto porque su señoría es habilidoso en esta materia, ya que el ministro anunció en esta Cámara que iba presentar esa ley el día 1 de febrero y su proposición no de ley tiene fecha 8 de febrero. Así que voluntad política por parte del Gobierno, toda, y así se demostrará y se presentará el proyecto de ley en el periodo que ha dicho el señor ministro.

Hay algo que nos gustaría señalar, porque el Grupo Socialista presentó en la anterior legislatura un proyecto de ley que no llegó a debatirse pero que, con todos los respetos, no llegaba a tener los objetivos necesarios en un proyecto de ley de estas características. Y eso se demuestra porque usted lo ha reconocido en la propia enmienda que ha presentado a su proposición no de ley, donde recoge algunas de las cosas que efectivamente venían en aquel proyecto de ley y otras nuevas que faltaban en el mismo. Desde nuestro punto de vista, los objetivos que debe tener este proyecto de ley son los siguientes. Primero, hay que aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario. Hay que mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, que usted no lo recogía en su proposición no de ley. Hay que conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores. Hay que fortalecer al sector productor a través de la potenciación de las actividades de las organizaciones interprofesionales alimentarias. Hay que contribuir a la garantía de los derechos del consumidor mediante la mejora de la información sobre los alimentos y su calidad. Y para conseguir todos estos objetivos, la futura ley indudablemente tendrá que introducir una mayor seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre los operadores, estableciendo una serie de obligaciones y previsiones relativas a la contratación y a las prácticas comerciales. Igualmente será necesario...

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor ROMERO GIRÓN: Termino en seguida, señor presidente. No sé si me he pasado del tiempo, pero me quedan dos minutos.

Igualmente, será también necesaria una nueva configuración del Observatorio de precios de los alimentos para que tenga competencia en la corrección de las posibles disfunciones que se detectan en el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En definitiva, en la enmienda que hemos presentado, tanto en el primero como en el segundo punto, se recogen todos los objetivos y los mecanismos necesarios para conseguir el reequilibrio en esta cadena alimentaria. Respetamos que sus señorías lo pidan y nosotros así lo reconocemos, pero ya dijo el ministro en su comparecencia que es necesaria la presentación de una ley, pero una ley con unos objetivos superiores a los que usted plantea tanto en su proposición no de ley como en la propia autoenmienda que ha presentado. Espero que no tenga inconveniente en aceptar las dos enmiendas que nosotros hemos presentado y así votaremos a favor; en caso contrario, nos veremos obligados a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Nacionalista Vasco, PNV, que salvo que algún grupo quiera darla por defendida va a decaer porque no está presente.

El señor SOLSONA AIXALÀ: La damos por defendida.

El señor PRESIDENTE: Se someterá a votación.

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Seré muy breve, señor presidente.

Yo hubiese preferido escuchar por parte del Grupo Socialista un no quisimos, más que un no pudimos, porque es difícil creerse que en dos legislaturas no se puede llegar a hacer ninguna propuesta como la que nos traen aquí esta tarde. Ya digo que hubiese preferido eso.


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Yo creo que todos sabemos de lo que estábamos hablando. Este sábado me he reunido con la Asociación Valenciana de Agricultores y me han presentado unos datos muy curiosos. Me mostraban que por 20 kilos de naranjas percibían el precio de un café -yo creo que es muy claro-, por 14 litros de leche el de una cajetilla de tabaco y por 5 kilos de cordero el de un pintalabios, etcétera. Todos sabemos a qué viene el problema, a la gran dimensión que tienen los que producen insumos, a la gran dimensión que tienen los que compran y distribuyen y a la atomización de nuestros agricultores. Pero claro, esto no se arregla viniendo aquí y haciendo brindis al sol, o diciendo cosas como que no pudimos; esto se arregla haciendo políticas concretas. Hay un Plan estratégico de cooperativismo agroalimentario español, nacido como consecuencia del libro blanco del cooperativismo, que marca líneas de actuación que son para nosotros necesarias y muy convenientes. Pero no se ha hecho nada en concreto. Los ejes estratégicos son, por ejemplo, en primer lugar, mentalización empresarial de dirigentes y directivos, redimensionamiento estructural, mejora de competitividad, comunicación y difusión, etcétera. Nosotros hubiésemos querido hablar de este tipo de cosas y, por eso, nos vamos a abstener, porque -repito- nos parece que la proposición del Grupo Socialista es un mero brindis al sol. Creemos que hay que dar ayudas que tengan en cuenta la rentabilidad; que hay que hablar de las ratios indicativos de reducción de costes estructurales; que las empresas agroalimentarias deben tener una preferencia en todas esas políticas que se vayan haciendo en nuestro país -ojalá- en cuanto a internacionalización, I+D+i, inversiones, formación, etcétera; y que tiene que haber una gestión del presupuesto que se dirija a una de las cosas que nosotros creemos que es una solución, la ventanilla única. Nos parece que hacer este brindis al sol y pretender que con estas buenas intenciones se va a arreglar algo y que con eso también nuestros agricultores se van a quedar contentos, es conocer poco la realidad del campo de este país.

- SOBRE LA REGIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000311).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a debatir el punto 3.º del orden del día, que se refiere a la proposición no de ley sobre la regionalización de la política agraria común, que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió presentamos esta proposición no de ley con la voluntad de sumar esfuerzos y acercar posiciones en relación con la reforma de la PAC y en cómo se distribuirán las ayudas directas de la misma después de la reforma. Es curioso que un tema de crucial importancia como la reforma de la PAC, sea a día de hoy un tema olvidado para esta Comisión; y digo esto porque siendo un tema de tanta importancia, no ha habido ninguna intención por parte del Gobierno en saber cuál es la posición, al menos de nuestro grupo, en referencia a buscar un consenso común en este tema. Por eso, presentamos esta proposición no de ley para que desde Cataluña podamos por lo menos dialogar, aunque sea a golpe de PNL, con el Gobierno.

La regionalización no solo es un tema importante para nuestro grupo. En el documento de posicionamiento consensuado en el Parlament de Catalunya se recoge la regionalización como un tema básico para nosotros. Entendemos que la regionalización es un tema estrictamente de voluntad política y, por eso, presentamos esta PNL con la voluntad de sumar sensibilidades políticas a la causa de la regionalización. El mismo comisario europeo de Agricultura, el señor Ciolos, dijo en su intervención en la Comisión el pasado 3 de febrero de este año -cito textualmente-: El Gobierno español contará con la flexibilidad para calcular el nivel regional más apropiado para aplicar el pago -hablaba de las ayudas directas-. Por lo tanto -sigue diciendo-, el Gobierno español puede decidir si desea contar con una sola región con el mismo nivel, si desea contar con cinco, diez, quince o veinticinco, empleando a tal efecto diferentes criterios o incluso combinaciones de criterios. Por tanto, el Gobierno español podrá emplear a tal fin criterios agronómicos, económicos, administrativos o una combinación de todos estos criterios a la hora de definir el nivel regional más apropiado para aplicar el pago.

Por todo esto, nosotros instamos al Gobierno a asumir la regionalización de la PAC basada en dos criterios, el institucional y el productivo, al objeto de que las comunidades autónomas alcancen una mayor capacidad de decisión y autonomía en la gestión del sistema de ayudas para adaptarlo a la realidad productiva de cada comunidad. No hace falta recordar, porque todos ustedes lo saben pero lo haremos, que Cataluña posee competencias exclusivas en agricultura y, por tanto, a día de hoy ya ha demostrado sobradamente su capacidad de gestión en el ámbito agroalimentario, ganadero y también agroindustrial. Cada territorio tiene una realidad productiva diferente, cada territorio puede tener diferentes realidades productivas. Por eso, porque lo conocemos y porque lo administramos a diario, hemos de tener la capacidad de decidir cómo repercutir y canalizar las ayudas directas de la PAC.

En referencia a las enmiendas presentadas, la enmienda del Grupo Popular rebaja absolutamente la mínima pretensión de esta proposición no de ley; la del PNV no encaja en los términos; y con relación a la del Grupo Socialista, entendemos que no podemos aprobar una enmienda en la cual no se recoge la esencia de la misma proposición no de ley al no salir ni una sola vez la regionalización en la propuesta de las diferentes


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enmiendas. Por todo ello, emplazo a una transaccional para que se pueda incorporar el concepto regionalización en una de estas enmiendas. Por eso, porque es un tema de voluntad política lo expresó aquí para que comencemos a avanzar en el debate consensuado de lo que tiene que ser la reforma de la PAC.

El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Por orden de presentación cronológica tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Serrano.

El señor SERRANO CALURANO: Señorías, para situarnos me van a permitir ustedes que les comente brevemente, debido al poco tiempo que tenemos, de qué estamos hablando. Como todos ustedes saben, en España se está aplicando en estos momentos lo que se aprobó en la reforma de la PAC del año 2003, mediante el Reglamento 1782, que posteriormente se modificó por el Reglamento 73/2009. Estamos hablando de la reforma de la PAC que estableció unos criterios históricos a la hora de recibir ayudas de la política agraria común. Es decir, se fijaron unas referencias históricas de 2000 a 2002 en unos cultivos y añadiéndolo al año 1999 para el olivar. Esto es lo que se llamaba y se llama actualmente derechos de pago único. Estamos hablando que en nuestro país están asignados de la última campaña más de 16 millones de derechos de pago único, 16,6 millones concretamente, que se reparten más de 4.636 millones de euros en nuestro país, que lo perciben algo más de 928.000 explotaciones también en nuestro país; dinero exclusivamente del primer pilar, señoría. Esto, para que todos nos situemos, viene a suponer el 40% de la renta agraria de una explotación, de lo que un agricultor o un ganadero recibe habitualmente de su explotación. Por tanto, estamos hablando de algo de vital importancia para el sector agrario en nuestro país; importante porque además somos entre el tercer y el cuarto país perceptor de fondos de la Unión Europea, dependiendo del año en que lo miremos. (Un señor diputado: El segundo o el tercero.) Segundo también algunas veces, sí, cierto. A partir del año que viene España pasa a ser contribuyente neto, es decir, vamos a pagar más de lo que vamos a recibir y la PAC va a ser la única vía de retorno de fondos europeos que vamos a tener para nuestro país. Por eso de lo que estamos hablando es sumamente importante.

La propuesta que se presentó el 12 de octubre de 2011 para esta modificación de la PAC que tenemos en vigor ahora mismo va a suponer un cambio radical en cuanto a las ayudas de la PAC en nuestro país. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora, es una reforma muy peligrosa para el conjunto de la agricultura y la ganadería de nuestro país por múltiples razones. Primero, como he dicho anteriormente, porque va a sufrir un cambio radical que va a suponer que lo que nuestros agricultores y ganaderos están cobrando ahora de la política agraria común no sea absolutamente nada parecido a lo que posiblemente puedan cobrar después del 1 de enero de 2014. Es mala tal como está redactada por los siguientes puntos. Primero, no recoge la realidad productiva de nuestro país y mucho menos la diversidad de cultivos que tienen nuestras distintas comunidades autónomas. Si le hablo de la tierra de donde yo vengo, que es Extremadura, tenemos tomates, tabaco, arroz, cultivos herbáceos, dehesa, al igual que en otras comunidades autónomas de nuestro país. En segundo lugar, se olvida de la productividad y de la competitividad de nuestras explotaciones agrarias. Es decir, no premia una agricultura productiva, sino una agricultura de salón que nada tiene que ver con lo que debe ser el sector agrario y ganadero en nuestro país. En tercer lugar, hace al sector agroganadero un mero cuidador del medio ambiente y encima responsable de ese medio ambiente, que ya lo somos, pero aún así todavía más. Y lo peor aún es que se destina el 30% del presupuesto nacional a estos menesteres, lo cual nos parece una verdadera barbaridad. En cuarto lugar, se olvida de la reciprocidad en cuanto a la productividad de países terceros. Es decir, no se nos exigen las mismas normas a los agricultores y ganaderos europeos que las que se exigen a los agricultores y ganadores de países fuera de Europa. También se olvida de esto. Y, cómo no, en quinto lugar, no actualiza, ni siquiera habla de medidas de mercado y, si lo hace, lo hace levemente. Por eso entendemos, señorías, que esta reforma de la PAC para el próximo 2014-2020 es una tarea muy complicada.

Les puedo decir que el ministerio, con el ministro Arias Cañete a la cabeza, ya ha hecho un amplio despliegue por toda la Unión Europea, primero, para buscar aliados. Saben ustedes que a partir del 1 de enero de 2010 en Europa entra en vigor el Tratado de Lisboa y todo se hace por codecisión, es decir, hay que buscar aliados en el Consejo, hay que buscar aliados en la Comisión y hay que buscar aliados en el Parlamento. Por lo tanto, no se puede permitir ninguna rebaja de la ficha financiera que actualmente recibe España, que tiene que reconocer la realidad productiva que tiene nuestro país y que esa reforma que acabe aprobándose defienda los intereses de nuestros agricultores y ganaderos.

Señores de Convergència i Unió, señores del Partido Nacionalista Vasco, ahora no toca hablar de qué hay de lo mío; ahora toca dar la batalla en Europa, ahora toca defender el presupuesto para nuestros país, ahora toca discutir que España salga en la foto en su conjunto. Tiempo habrá después de discutir qué modelo aplicamos en nuestro país; no es hora de hablar de qué hay de lo mío.

El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, vaya acabando.

El señor SERRANO CALURANO: Voy terminando, señor presidente.

Tenemos ejemplos muy gráficos. El programa de desarrollo rural nacional se ha dividido en 17 partes de


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comunidades autónomas; la ejecución a día de hoy es de 18,7 de media, aunque hay algunas comunidades autónomas que solo han desarrollado el 2,48. Este es un modelo de regionalización que no se debe de producir. Les pedimos prudencia al pedir que se regionalicen las ayudas, porque todavía pueden ustedes verse perjudicados. Ustedes están cobrando en estos momentos 324 euros de media en sus explotaciones agrarias, cuando la media nacional está en 277. Por tanto, tengan ustedes prudencia porque pueden salir perjudicados con lo que están pidiendo.

El señor PRESIDENTE: Señor Serrano.

El señor SERRANO CALURANO: Votaremos en contra de su proposición no de ley porque hemos presentado una modificación y, si no se acepta, no votaremos a favor de la misma.

El señor PRESIDENTE: Se ha presentado otra enmienda a esta propuesta por el Grupo Socialista, que va a defender la diputada doña Teresa Cunillera.

La señora CUNILLERA I MESTRES: En primer lugar, antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley, quiero manifestar mi sorpresa por la inclusión en el orden del día de esta proposición que ha hecho Convergència i Unió. No lo digo porque piense que la reforma de la PAC no sea un tema importante -que lo es-, pero es verdad que en este momento yo creo que estamos en un contexto temporal y de búsqueda de acuerdos que se ha ido haciendo a lo largo de este tiempo que ha parecido fructífero y que lo podemos quebrar a veces por búsqueda de intereses que no son precisamente los comunes a todos. Esta proposición es de fecha 21 de febrero de este año y se presenta como reacción a un proyecto legislativo que presenta la Comisión Europea el 12 de octubre. Efectivamente, en ese tema estaríamos en una lógica de tiempo, pero entre el 21 de febrero y el día de hoy han pasado cosas que son de capital importancia en los tres ámbitos en los que a nosotros nos parece que debe enmarcarse el tema de la PAC. Traer aquí la discusión hoy de este tema podría obviar estos acuerdos, pero también podría introducir elementos que me parece que en la búsqueda de consensos no ayudan. En primer lugar, es verdad que aquí, en este Congreso, ha habido una opinión unánime de rechazo desde el momento en que se conoció el proyecto de la Unión Europea. Hubo aquí movimiento por parte de todos los grupos -y me remito al "Diario de Sesiones" y a las informaciones que pueda haber en las hemerotecas- porque todo el mundo tuvo claro en ese momento que era importante, que estábamos frente a una agresión que se estaba produciendo a nuestro sistema agrario y que, para eso, era necesario contar con el concurso de todas las fuerzas políticas a la hora de dar respuesta a ese proyecto pero también en base a fortalecer la posición del Gobierno de España, que es el que va a ir a negociar ese tema frente a la Comisión Europea. En este momento el Gobierno de España tiene una ventaja que no tuvo el Gobierno socialista, que va a contar con un Partido Socialista en la oposición que no solo no le va a poner palos en las ruedas, sino que en aquello que va a poder ayudar y echar una mano para que la posición española sea más fuerte y se reivindique mejor va a poder contar con nosotros. Pero fíjense, en aquel momento había una confrontación entre grupos -seguramente de los niveles más altos que ha habido en esta casa- y pese a eso fuimos capaces, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, de alcanzar un acuerdo de todos los grupos gracias, sin ninguna duda, al talante negociador y hábil que tiene el portavoz de mi grupo en esta Comisión, señor Alonso, pero también al que tiene el presidente en aquel momento de la Comisión Mixta para la Unión Europea y hoy ministro de Agricultura, señor Arias Cañete. Ellos fueron capaces de tejer una alianza entre nosotros, pero esa alianza tiene que tener también una repercusión cuando estemos hablando en el ámbito europeo con otros países.

La posición española que tendrá que defender el Gobierno de España en Bruselas tiene que conformarse de acuerdo y con el concurso de las diferentes comunidades autónomas. Así se entendió y todas las fuerzas políticas que estamos representadas en el Parlament de Catalunya, todas, sin que ninguna quedara excluida, incluido el Partido Popular, el día 5 de marzo de este año -y recalco la fecha porque me parece que es posterior a la presentación de esta proposición no de ley y no debería dejar de marcar la posición del grupo proponente en este momento- todos los grupos hicimos un esfuerzo por decirle al Gobierno de la Generalitat: puede usted defender la posición de Cataluña con el acuerdo de todos los grupos. Es verdad que es difícil, conociendo a la fuerza gobernante en Cataluña, que se resista a la tentación de capitalizar como propios los méritos que son de todos los grupos. Esta proposición no de ley puede introducir algún quebranto en esa unidad y para eso, al menos con nosotros, no cuenten. Si no somos capaces de esto, lo tendremos muy difícil luego, en el tercer ámbito, donde a nuestro entender es muy importante también esta posición de unidad. Como recordaba el portavoz del Grupo Popular, el Parlamento Europeo tendrá potestades en este momento de la negociación que nosotros debemos aprovechar. Tenemos que aprovechar que el Parlamento Europeo también tendrá que tejer consensos, complicidades y acuerdos para defender una posición importante y que le vaya bien a la posición española. Una vez más, podemos ver de qué manera diferente puede uno abordar el intento de influir o potenciar esa influencia del Parlamento Europeo. Esta misma semana, el Partido Socialista de Cataluña ha organizado unas entrevistas en Barcelona, en Lleida, con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, don Paolo de Castro, donde ha estado también la eurodiputada doña Iratxe García, hablando con todos los sectores, empapándose para tener una posición


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común. En el mismo momento en que se produce esta manera de actuar, se está intentando llevar al ánimo del Parlamento Europeo una parte de lo que habrá de influir en la posición española. Hoy mismo el conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya está en Bruselas presentando unas alegaciones...Sí, señor presidente, no me mire mal, que voy a acabar enseguida.

El señor PRESIDENTE: No me malinterprete, que yo siempre la miro a usted muy bien. (Risas).

La señora CUNILLERA I MESTRES: ¡Ay que bien, ha quedado constancia en el "Diario de Sesiones"! (Risas). Hoy mismo, el conseller está presentando en Bruselas unas enmiendas y unas alegaciones que desconozco si cualquier otro grupo de los aquí representados conoce. Mi grupo ha tenido conocimiento de estas enmiendas esta misma mañana a las 12:38. A mí no me parece que este sea un proceso de unidad. A mí no me parece, señor Solsona, que esa sea una manera de conformar una posición común. Por eso le decía al principio que creo que esta proposición no de ley hoy ayuda poco porque no está reforzando el acuerdo unánime del Parlament de Catalunya, no refuerza la posición que entre todos habremos de conformar aquí. Por eso, estuvimos pensando muy seriamente si presentábamos o no una enmienda. Al final, decidimos presentarla porque creo que es mucho mejor que el texto de la proposición no de ley. Agradezco que el señor Solsona haya hecho un esfuerzo por incorporar parte de nuestros puntos, pero justamente el punto que usted no nos recoge es el que creo que dice mejor aquello que usted quiere decir. En este momento el problema de España es el presupuesto, las perspectivas financieras y posteriormente veremos de qué vamos a hablar. En este momento -supongo que a todos nos dicen lo mismo, no creo que a usted le digan algo distinto- lo que nos están pidiendo los sectores es que haya un buen estudio económico del impacto que cualquier distribución de las ayudas tenga en el sector. Por tanto, creo que nuestra enmienda es mejor y en este momento lo que nos interesa es saber cuánto vamos a tener; luego hablaremos de quién lo reparte.

El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera...

La señora CUNILLERA I MESTRES: Ahora me ve un poco menos bien, ¿no? (Risas).

El señor PRESIDENTE: Es que la miro tan bien, que he sido mucho más generoso con su tiempo que con el del portavoz del Partido Popular, que es el que me está mirando mal. (Risas).

La señora CUNILLERA I MESTRES: No sabe cómo se lo agradezco. Voy a acabar diciendo que me parece que si acepta nuestra enmienda en su totalidad, en ella está incluido lo que usted reivindica pero también lo que nos dice a nosotros la gente del sector que les conviene más. Sepamos de qué dinero estamos hablando, y luego hablemos de quién lo reparte. Muchas gracias, sobre todo a usted, señor presidente, por su comprensión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea que se mantenga viva la iniciativa a efectos de votación y se da por defendida? (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)

Señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: EL Grupo Socialista da por defendida la enmienda del PNV a efectos de que pueda ser considerada por el proponente.

El señor PRESIDENTE: Así será, señor Alonso, a efectos de votación.

Pasamos a la fijación de posiciones. Por UpyD, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy rápidamente voy a manifestar mi preocupación por dos cosas. En primer lugar, porque oigo al representante del Partido Popular hablar de las dificultades de la negociación, de la PAC y de todo eso, y me entra el miedo. Me entra el miedo de verle con cierta actitud de arrojar la toalla cuando creo que nuestro país podría estar en una posición negociadora bastante más fuerte. Espero que coja fuerzas y pelee por lo que debe. Y en segundo lugar, mi preocupación también porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista hablan de lo que realmente es importante en esta proposición no de ley de Convergència i Unió, que tiene todo el derecho del mundo a presentar esta propuesta ahora o cuando le dé la gana; me gustarla escucharles a ustedes hablar del fondo de lo que ellos proponen y de su posicionamiento ante lo que ellos proponen. Porque a nosotros no nos cuesta ni nos da ningún rubor decir que nos parece que es muy mala, que es muy malo para nuestro campo lo que ellos proponen, que no es lo que se necesita. Me retrotraigo a mis palabras en la propuesta anterior. Creemos que hemos de dimensionarnos y que no debemos hacernos pequeñitos. En ese sentido hemos hablado de ventanilla única, pero a mí me gustaría recordar lo que la regionalización ha dado como resultado. Ha dado como resultado debilidad en la representación de los intereses españoles; inadecuación del discurso político por falta de una visión global; dispersión de recursos, resultando en un uso subóptimo, por decir lo mínimo; inducción al minifundismo en algunas líneas de ayuda; excesiva sensibilidad hacia el lobbysmo más localista e irreflexivo; indefinición de prioridades estratégicas y hasta contradicciones; complicación hasta el absurdo en materias medioambientales y otras de similar naturaleza; multiplicación de la burocracia para las empresas, especialmente para aquellas con ámbito suprautonómico; confusión ante la industria y la distribución europea y extranjera ante la proliferación de organismos y cuasi marcas, incapacidad


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de posicionar la marca España país y, por tanto, de lograr un premio a nuestras exportaciones; castigo intencionado o no hacia los proyectos y empresas más ambiciosos, generalmente suprautonómicos, que son los que necesitamos para dimensionarnos mejor en lo que hablábamos antes entre insumos y distribuidores; concurrencia de diversas representaciones en ferias o incluso presentaciones con pocas fechas de diferencia haciendo trabajo complejo e ineficiente.

La línea a seguir, según Unión Progreso y Democracia, es la contraria, que las comunidades autónomas colaboren mucho más significativa y notablemente, o que el Gobierno de España asuma un liderazgo decidido frente a la ineficiencia, el despilfarro y la confusión actual. No podemos seguir siendo un ejemplo de esa descoordinación institucional que, llevada al ámbito europeo, nos puede arrastrar al desastre a todos los europeos, como ya parece haber sucedido con los españoles. Se debe señalar que esto no se hace por manía ni odio a nadie, no; es al contrario, realmente es amar los productos de la tierra, sean da la Noia o sean del duranguesado, y defender los intereses de los agricultores, pescadores y de la industria agroalimentaria; es eso. La ecuación más localismo igual a más amor a lo propio es una de esas falsedades que se han repetido hasta hacer que los crédulos piensen que es verdad. Me hubiese gustado escuchar cuál es el posicionamiento real de los dos grandes partidos sobre la propuesta que ha presentado aquí, con todo el derecho en el tiempo, Convergència i Unió.

El señor PRESIDENTE: Sobre esta iniciativa se han presentado unas enmiendas al grupo proponente y me gustaría saber si las acepta o no, pues es el dueño de la iniciativa.

El señor SOLSONA AIXALÀ: No. Ya lo había dicho al final de la intervención.

- SOBRE LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000447).

El señor PRESIDENTE: Como punto 4.º del orden del día, tenemos una proposición no de ley sobre la prevención y extinción de incendios, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la portavoz, señora Alegría.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, el pasado invierno ha sido el invierno más seco de los últimos setenta años, según la Aemet, y el aumento de las temperaturas y el periodo de sequía meteorológica ha estado favoreciendo los incendios forestales que hemos sufrido intensamente durante este invierno. Como saben sus señorías, en los pasados meses de marzo y abril, y también en este mes de mayo, han sucedido graves incendios en gran parte de España, en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Cataluña y Aragón; incendios que han supuesto un duro revés desde el punto de visto ecológico y medioambiental, y por supuesto, incendios que generan un duro revés muy complicado y crítico cuando hay alguna pérdida de vida humana en las labores de lucha contra el fuego. Me van a permitir que recuerde esos pueblos afectados duramente por el último incendio de marzo, pueblos de la Ribagorza altoaragonesa, que son los pueblos que yo más conozco, donde el revés ha sido, como he dicho, durísimo, pues en la mayoría de los casos sus habitantes viven del sector agropecuario y del turismo. Saben sus señorías que a fecha 29 de febrero del presente año han sido arrasadas por el fuego el 93,25% más de las hectáreas que en el mismo periodo del año anterior; esto supone un total de 13.541 hectáreas de superficie quemada y supone también que el número total de siniestros es de 3.092. Estas cantidades representan unos números muy superiores a los registrados en los últimos años. Estos datos, que son graves y llamativos, han hecho que tanto mi grupo parlamentario como distintas asociaciones y sectores como agricultores o ganaderos, emplazasen al Gobierno a adoptar de inmediato medidas de lucha contra la sequía; y digo adoptar medidas reales, no medidas en forma de calderilla, porque, señorías, ni los bosques ni el monte ni el campo español pueden seguir soportando la falta de compromiso del Ejecutivo del PP ante esta situación de crisis. Y es que, les guste o no, la realidad es la siguiente: más de 5 millones de hectáreas de cereales de secado afectados ya; más de 270.000 explotaciones de ovino, vacuno de carne y leche, y caprino seriamente condicionadas; Extremadura por primera vez en su historia con declaración de riesgo medio de incendios en pleno mes de marzo; el Pirineo ardiendo en unas fechas en las que otros años estaba cubierto de nieve; la superficie quemada duplicando ya en hectáreas a la afectada por incendios en las mismas fechas en 2011; niveles de contaminación atmosférica desbocados en algunas ciudades como Madrid; dramáticas previsiones de cosechas ya perdidas en Aragón, Cataluña o Navarra, y el sector de la apicultura temiendo perder el cien por cien de su cosecha en primavera.

Y las respuestas dadas por este Gobierno, ¿dónde están? Yo solamente les voy a recordar un par de esas respuestas. Una, frente al año climatológico adverso que estamos viviendo, las partidas presupuestarias destinadas a la prevención de incendios son menores que las destinadas en un año normal y por supuesto mucho menores a las de años anteriores. En este presupuesto yo no he encontrado cómo va a atender una situación climatológica tan adversa -heladas, sequías- una situación tan difícil y, desde luego, tampoco he encontrado cómo van a hacer ustedes -la gente del Gobierno, el Partido Popular- frente a algo tan importante en materia de incendios como son las actuaciones para la prevención de los mismos. Segunda respuesta: han eliminado y decapitado la Ley para el desarrollo sostenible del medio


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rural, suprimiendo en un 85% su financiación, y saben ustedes perfectamente que con esa reducción se eliminan proyectos y programas que tienen que ver con la gestión forestal, que es la clave para la prevención de incendios.

Señorías, todos somos conscientes de que el problema que nos atañe es un problema complicado y sensible, y por eso el Gobierno, especialmente después de estos meses y las situaciones tan dramáticas vividas, ya no puede continuar sumergido en la táctica del encargo de estudios y más estudios, cuando ya se dispone de todo un conjunto de evaluaciones que los sectores afectados van actualizando semana a semana y los daños ya se contabilizan por millones de euros. No se puede entender, al menos desde mi grupo así lo vemos, que el señor ministro, el señor Cañete, haya permanecido insensible y ausente ante los problemas que la sequía y los incendios están provocando en el sector agroalimentario y en los bosques y montes españoles. Bien es cierto que después del clamor de los territorios, organizaciones agrarias, colectivos conservacionistas, el señor ministro por fin decidió convocar la mesa de la sequía. No obstante, mi grupo cree que los gobernantes -y ahora les recuerdo que ya no están en la oposición, sino que está gobernando el Partido Popular- tienen que anticiparse en la activación de los correspondientes protocolos desde el primer día, porque estaremos de acuerdo en que no se puede esperar a que las divinas providencias hagan algo y mientras, se aplace la toma de decisiones. Digo lo de las divinas providencias porque el señor ministro Cañete, en El Correo Gallego del pasado 7 de marzo, decía textualmente: La situación puede cambiar radicalmente si empieza a llover; confío en que los refranes tradicionales se hagan realidad, por lo menos en abril lluvioso. Dios lo quiera. Yo, además de aplazar las decisiones y citar refranes populares, le hubiera recomendado al señor ministro que al menos en una ocasión hubiera visitado los territorios afectados y hubiese mantenido al menos algún encuentro con los sectores afectados; sinceramente no hubiera estado de más.

Mi grupo con esta proposición quiere que el Gobierno adopte y active de forma inmediata los correspondientes protocolos como, por ejemplo, el de la lucha contra la sequía, y los planes de prevención y lucha contra incendios. Queremos que se mejoren los mecanismos de coordinación con las administraciones competentes, y ya aclaro que mi grupo es absolutamente respetuoso con las competencias de las administraciones, pero el fuego no es respetuoso ni con fronteras ni con esas competencias y lo único que estamos pidiendo es que cuando un fuego que se extinga en la provincia de Castellón pase a la provincia de Tarragona, la Administración correspondiente apague ese fuego; eso es lo único que estamos pidiendo. Y por supuesto, queremos dotar de mejores recursos económicos, materiales y personales la aportación estatal para la prevención de incendios, aunque, conociendo los presupuestos del Partido Popular y que ninguna de las tres enmiendas aprobadas son relativas a este asunto, se me hace difícil averiguar cómo lo van a hacer. Mi grupo quiere trabajar para solucionar y aminorar este problema que todos los años, desgraciadamente, sufren los montes y los bosques de nuestro país. Ahí estaremos siempre. Nuestra propuesta en materia de prevención y extinción de incendios es clara, tal y como se recoge en nuestra proposición no de ley, y entendemos que mejorable, pero lo que no compartimos ni entendemos es que el Grupo Popular haya presentado una enmienda que, más que mejorar o adicionar a nuestra proposición no de ley, la enmiende cien por cien y la sustituya. Y además, aparte de relatar en su enmienda el cumplimiento de la ley, que faltaría más que no se cumpliese, se olvidan de un detalle muy importante, el incremento de medios. De eso nada de nada. Por tanto, voluntad de apoyo he visto que ninguna. Y ya le adelanto, señor presidente, que en relación con el resto de enmiendas, hay una del PNV que vamos a aceptar y otra de Izquierda Unida con cuyo portavoz no he tenido todavía la oportunidad de hablar para llegar a un acuerdo. Si llegase a ese acuerdo, les pasaríamos las pertinentes transaccionales. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en nombre de La Izquierda Plural, su portavoz, doña Laia Ortiz, para defender dos enmiendas. Dispone de un tiempo máximo de cinco minutos para las dos.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Menos, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para manifestar que se trata de dos enmiendas que defienden el marco competencial sobre la materia. Estamos de acuerdo con el contenido de la iniciativa presentada. Sabemos que en el fuego no hay fronteras, pero entendemos que hay mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas y territorios para hacer más efectiva la respuesta en caso de incendios y también en las políticas de prevención. Compartimos la preocupación que hay detrás de esta iniciativa, pero hay que ser respetuosos con un marco competencial, y el marco competencial es compatible con ser efectivos y dar respuesta a esta problemática. Por tanto, lo único que decimos es que se incluya el marco competencial, que se respeten las competencias. En ese sentido, no tendremos ningún problema en darle apoyo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Popular, su portavoz, el señor Collarte.

El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: No sé muy bien por dónde empezar para contestar a la señora Alegría Continente. Por cerrar un primer capítulo inmediato, el presupuestario, que tanto le preocupa, le diré que los recursos para la extinción de incendios son exactamente iguales a los de los dos últimos años, por lo que no sé muy bien por qué se monta esta historia. En cuanto al resto del contenido de su enmienda, tanto CECO como los comités de lucha contra incendios se han reunido y


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los mecanismos se han puesto en funcionamiento. Eso es lo que hay. Si queremos seguir discutiendo y peleándonos con el tema de los incendios forestales, podemos seguir haciéndolo, pero no creo que eso solucione el problema. Tampoco quiero pensar que las condiciones climatológicas que hemos tenido estos cuatro primeros meses sean culpa del Partido Popular. Tenemos la culpa de casi todo, pero echarnos la culpa de que no llueva creo que es mucho. (Una señora diputada: ¡Será la herencia!). Será la herencia, seguramente será parte de la herencia que no llueva. Por lo tanto -por reconducir el tema-, puedo entender que en los asuntos de prevención nunca hay recursos suficientes -es evidente que siempre es así-, y en los temas de extinción no ha habido ninguna variación sobre los medios en los dos últimos años. El Partido Popular no solamente no ha reducido aquí, sino que ha hecho una excepción en su -según ustedes- afán de recortar, ya que lo hemos incrementado en un 3,56%, pasando de 71,77 millones de euros a 74,32. Como se ha centrado mucho en el aspecto presupuestario de la enmienda, en esta primera parte de mi intervención quería hacer hincapié en ese aspecto.

Solventado y puesto claramente de manifiesto que el tema presupuestario no se ha visto afectado, me gustaría insistir en por qué el Partido Popular ha presentado una enmienda que, según usted dice, es casi de sustitución, y es porque lo que pretende el Partido Popular es orientar la solución en el tema de los incendios forestales. Solamente manejando un poquito la documentación uno encuentra el CECO, el Comité de lucha contra incendios forestales, el Comité de coordinación de información, la comisión interministerial o la comisión paritaria de los ministerios. Así pues, lo que se pretende es crear una comisión que centralice. Sé que está el tema competencial por medio -profesionalmente algún tiempo lo he sufrido-, pero es muy importante que haya alguien que coordine todos los medios. En épocas de incendios forestales hay 270 aeronaves funcionando en este ámbito. Bien organizadas, 270 aeronaves son más que suficientes para apagar todo lo que se presenta. Si no funcionan bien es que no hay coordinación. Lo primero que tenemos que resolver o conseguir es una buena coordinación sobre los medios que tenemos, que son muchos y muy importantes. El segundo tema importantísimo es la formación y la seguridad; la formación del personal que se dedica al tema de la extinción y la seguridad de dicho personal. Y la tercera pata es la información, tanto de la extinción como de la prevención. Muchas veces tarda en llegar esa información, tardan en accionarse los dispositivos para la extinción, y eso normalmente termina generando problemas mucho más graves.

Yo quería terminar, si se me permite, con el llamamiento a una concienciación social sobre la tragedia que suponen los incendios forestales. El otro día un alcalde de mi pueblo, en Orense, decía algo absolutamente trágico, y era que en su municipio había menos incendios porque el señor que los provocaba desgraciadamente se había muerto; desgraciadamente para él y afortunadamente para los montes de ese municipio. Quiero decir con esto que muchas veces somos muy consentidores, no tenemos una conciencia absolutamente crítica con el tema de los incendios forestales. Se lo dice un señor que es diputado por una provincia donde se producen la mitad de los incendios forestales de Galicia y, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Afortunadamente hemos llegado a crear una conciencia social contra los problemas de violencia de género o los problemas de violencia sexual contra la mujer y, sin embargo, todavía no hemos sido capaces de generar una conciencia social sobre este tema. Es un problema de educación y de formación que yo espero que esta Comisión impulse. No hemos sido capaces de crear una conciencia social que haga hincapié en la tragedia que hay detrás de cada incendio forestal. Yo le pediría a todos los grupos que estamos en esta Comisión que entre todos seamos capaces de impulsar eso por encima de cualquier otra cosa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa).

Señor Cantó, tiene la palabra.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente, señor presidente. De nuevo me habría gustado que se hubiera hablado del fondo, porque he escuchado que el problema que tenían algunos de los grupos intervinientes era el tema competencial, y yo creo que eso es de lo que estamos hablando aquí. Se ha dicho que el fuego no admite fronteras, estoy completamente de acuerdo, pero es que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente no admite fronteras por razones obvias. Para nosotros el problema no es solamente que no admite fronteras, sino que además encontramos que hay diferentes comunidades autónomas, diferentes ayuntamientos o lo que sea que no tienen los mismos medios y que crean grandes problemas de descoordinación en el medio ambiente, algo que, como he dicho antes, nos afecta a todos. Para mí, hay que ir al fondo del problema. Por supuesto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley que nos trae aquí el Partido Socialista, pero hubiésemos querido ir a más. Es decir, para nosotros el medio ambiente es algo que debería ser competencia del Estado. De esto es de lo que nos gustaría hablar a nosotros algún día y de lo que me gustaría oír hablar a los grandes grupos, porque parece que lo hacen o dicen algunas cosas que tienen que ver con esto pero con la boca pequeña.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Antes de iniciar mi intervención, quisiera expresar mi aturdimiento. Yo iba a hacer una intervención defendiendo a toda la gente, trabajadores y todo el personal funcionarial


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que está en los cuerpos que defienden nuestro medio natural y que trabajan para preservarlo, y entre los dos grupos grandes veo una guerra política utilizando los incendios y las desgracias que ocurren, y el señor Cantó diciendo que hay que centralizar todos los recursos, cuando mi intervención va a decir que se está funcionando, que tienen sus mismos sistemas de evaluación y mejora, que la coordinación es buena y que los resultados son buenos, valorados desde el interior de los cuerpos de seguridad y de los cuerpos profesionales que se dedican a esto.

Dicho esto, voy a iniciar mi intervención que espero que dé un poco de luz al tema, y que no sea una cuestión de interés político y de defensa siempre de las mismas posiciones, cogiendo los titulares. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió creemos que el actual modelo de gestión y coordinación de la extinción de incendios forestales ha estado funcionando los últimos años con un balance positivo. A través del Comité de lucha contra incendios forestales se ha mejorado la coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central en todos los campos, pero especialmente en la predicción de los días y zonas de riesgo de incendios forestales, así como en los mecanismos de activación de los recursos estatales. Igualmente, las comunidades autónomas han establecido sus normas de coordinación entre comunidades limítrofes para la activación de recursos en caso de incendios forestales en zonas limítrofes.

Por todo ello, creemos que la proposición no de ley sobre la prevención y extinción de incendios no es necesaria, y todavía más después de oír las manifestaciones de los portavoces, por los siguientes motivos. Las competencias de prevención y extinción de incendios forestales están transferidas a las comunidades autónomas. La distribución de las competencias de prevención y extinción de incendios forestales en las distintas comunidades autónomas no son homogéneas. Los modelos de gestión, tanto de prevención como de extinción de incendios forestales, son muy diversos, especialmente en el ámbito de la extinción, existiendo modelos de servicios de extinción de incendios integrales, como en Cataluña, y modelos en los que existen bomberos que intervienen en incendios forestales y bomberos que intervienen en el resto de las emergencias. Por tanto, los mecanismos de coordinación actuales han superado esta heterogeneidad y han funcionado correctamente.

La Administración General del Estado ya dispone de mecanismos de coordinación, como el Comité de lucha contra incendios forestales, el cual implica a todas las comunidades autónomas y los órganos competentes del Gobierno central, así como a la Unidad Militar de Emergencias, la UME. En el Comité de lucha contra incendios forestales se establecen los protocolos de actuación y se coordinan todas las acciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Existen normas de coordinación entre comunidades autónomas para el caso de siniestros, como desplazamientos de medios entre comunidades. Estas normas están pensadas para incendios forestales, pero el buen funcionamiento de las mismas las ha hecho extensivas a otras emergencias. El Gobierno central ya dispone de mecanismos, a través de los planes de emergencias forestales de las comunidades autónomas, para intervenir en caso de que el incendio afecte a más de una comunidad autónoma. La Unidad Militar de Emergencias dispone de un mecanismo de activación en caso necesario a partir del Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, por lo que entendemos que el actual marco de actuación en la previsión y extinción de incendios forestales entre comunidades autónomas y el Gobierno central es adecuado, no siendo necesario ningún cambio de rumbo que afecte a su buen funcionamiento. Los recursos que proporciona el Gobierno central son imprescindibles para intervenir en las zonas de mayor riesgo en caso de incendio forestal. Los mecanismos de activación y coordinación que en estos momentos existen también han funcionado correctamente, y la ayuda prestada por medios aéreos y terrestres del Gobierno central han sido siempre eficaces. También en prevención funciona la previsión de periodos de sequía y se toman las medidas excepcionales oportunas, y ya se han tomado este invierno pasado. La reiteración de coordinación y colaboración no es necesaria, pues las reuniones se producen de una forma sistemática coordinando a las administraciones implicadas y a través del Servicio de prevención de incendios forestales.

El incremento de recursos económicos que se dedican a la prevención y a la extinción sí sería necesario. Se están acabando inversiones de planes económico-financieros del periodo 2008-2011 que afectan a la Generalitat de Catalunya y al mismo ministerio. Por cierto, hay convenios que existían y que no se han dotado, y han dejado obras de restauración de zonas quemadas, de hidrología torrencial y otras de tratamientos silvícolas sin ejecutar.

El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En definitiva, señor presidente, el texto y la exposición, incluso la enmienda del Partido Popular, tienen un interés: la recentralización de unas competencias transferidas que se están gestionando muy bien. La proposición no de ley quiere fomentar e impulsar una política pública de prevención y extinción de incendios que ya existe y que ya tiene interiorizados sistemas de evaluación y mejora constantes. Reunir, activar, coordinar y colaborar en prevención y extinción de incendios ya se hace. Por estos motivos, aceptando la necesidad de incrementar los recursos económicos a las comunidades autónomas para mejorar la prevención, no apoyaremos las propuestas de la proposición no de ley, que pretenden recentralizar una vez más competencias de las comunidades autónomas aprovechando estos episodios extraordinarios de incendios.


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- RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE PESCA UE-REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA Y A LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO DE PESCA UE-REPÚBLICA GABONESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000572).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a debatir el siguiente punto del orden del día que, como ustedes saben, figuraba en último lugar en el orden del día. Es una proposición no de ley relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un acuerdo de pesca UE-República Gabonesa. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Joaquín García Díez.

El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero comenzar recordando la finalidad fundamental que tiene esta iniciativa, que no es otra que prestar desde esta Comisión y a través del acuerdo que hoy les propongo un claro apoyo del Congreso al sector pesquero español.

Señorías, disponer de acuerdos como los que figuran en esta iniciativa tiene una doble finalidad. Por una parte, permiten ejercer una actividad, la actividad extractiva en la pesca, que da ocupación a miles de personas de forma directa e indirecta. Y, por otra, permiten conseguir el suministro de un producto que es muy apreciado, muy demandado -somos el segundo país consumidor de pescado de la Unión Europea-, y sin estos acuerdos sería inviable dar respuesta a esta demanda. Este tema de los acuerdos pesqueros no es nuevo, lo hemos tratado en distintos puntos a partir de diferentes iniciativas durante las últimas legislaturas, son una parte fundamental de la política pesquera de la Unión Europea, y España -hay que recordarlo- está haciendo un buen uso de esta política. También hay que recordar una vez más que desde la adhesión de España a la Unión Europea es competencia de la Unión Europea la negociación del acceso de todos los buques pesqueros comunitarios a las aguas de terceros países, bien a través de acuerdos de primera generación o bien de segunda generación.

Nuestra posición como Grupo Parlamentario Popular y también como partido sobre el porqué de estos acuerdos ha quedado reflejada, tanto en nuestra etapa de oposición como ahora en la etapa de Gobierno, manteniendo la coherencia de prestar siempre nuestro sí, nuestro apoyo a estos acuerdos de pesca. También, como pueden comprobar sus señorías, formó una parte importante del programa electoral del Partido Popular en las últimas elecciones.

Son muchos los datos que evidencian la importancia de los acuerdos de pesca, pero por falta de tiempo solo citaré alguno. Por ejemplo, permítanme que les recuerde que la contribución a la oferta de los productos pesqueros de la flota que faena bajo estos acuerdos eleva hasta 400.000 las toneladas en toda la Unión Europea, de las cuales el 70% se consumen, como les decía al principio de mi intervención, en España. Señorías, el compromiso de esta apuesta por los acuerdos de pesca quedó manifiestamente claro no solamente por las iniciativas a las que hice referencia en la pasada legislatura sino ya en esta, en la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante esta Comisión. Leo textualmente sus palabras: "Exigencia a la Comisión de una acción política más decidida y más comprometida, tanto en las relaciones tradicionales de pesca como en los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con terceros países". Y estas palabras, estos compromisos, están llevándose a la práctica. En los escasos meses del Gobierno del Partido Popular han sido varias las muestras del cumplimiento de este compromiso del ministro Arias Cañete, desde obtener el mandato de negociación del Consejo para la renovación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos en un tiempo que yo calificaría de tiempo récord, hasta el viaje a Mauritania -que finalizaba ayer mismo- del propio ministro Arias Cañete, que ha tenido como objetivo establecer contactos al más alto nivel con el fin de acercar posiciones en relación con la renovación del acuerdo al que nos estamos refiriendo en esta proposición no de ley. Yo espero -sé que todas sus señorías también- que los resultados de la misma se vean reflejados en la convocatoria inminente, que es lo que ha pedido el ministro, de la sexta ronda de negociaciones.

La primera parte de esta proposición no de ley, por tanto, se refiere al acuerdo de pesca con Mauritania, que calificaría como el más importante de todos los que tiene firmados la Unión Europea con otros países. Son aproximadamente setenta y uno los buques pesqueros españoles de distintas comunidades autónomas que faenan al amparo de este acuerdo, fundamentalmente gallegos, andaluces, canarios o vascos, y estos setenta y un buques están dando empleo en este momento en torno a 850 marineros, a los que habría que sumar otros dos mil empleos indirectos. También me gustaría dejar constancia de que el sector ha hecho un esfuerzo importante para demostrar que el caladero es sostenible económica y biológicamente y que lo que pesca la flota comunitaria -esto es importante porque es objeto de alguna enmienda que he tenido ocasión de estudiar- son los excedentes de pesca de estas aguas, siendo el destino mayoritario el mercado europeo.

La segunda parte de nuestra proposición no de ley hace referencia a otro acuerdo pesquero, el de la Unión Europea con la República de Gabón, que ha permitido pescar en aguas del país africano durante el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de marzo del año 2006 y el 2 de diciembre del pasado año 2011 a más de cuarenta buques comunitarios, y que no ha podido renovarse por una coletilla en dicho texto a la que me referiré ahora para ir finalizando. Son cuarenta buques comunitarios que pertenecen a España, Francia y Portugal, más de la mitad de ellos españoles, veintiséis embarcaciones.


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Como les decía, expiró en diciembre del pasado año por las negativas de la autoridades gabonesas a permitir que Bruselas incluyese en el protocolo una cláusula en la que se exigían garantías de respeto a los derechos humanos. Gabón entendió que esto es inmiscuirse en cuestiones de soberanía del país y se negó a firmarlo por esta coletilla a la que me acabo de referir. Tampoco -tengo que decirlo- colaboró mucho la postura de la comisaria María Damanaki, que dio su brazo a torcer por la exigencia del Parlamento Europeo, y tampoco se atendieron las peticiones del sector, que recordaban que Libreville es firmante de los acuerdos de Cotonou, que incluyen ya el compromiso de respetar los derechos humanos. A criterio del Grupo Parlamentario Popular, no nos parece apropiado que en los acuerdos pesqueros se incorporen este tipo de cláusulas si somos coherentes con los criterios que se aplican al resto de políticas comerciales y de cooperación que lleva a cabo la Comisión Europea, donde no se introducen este tipo de coletillas.

Somos conocedores de que el Gobierno no ha dejado de realizar gestiones ante la Comisión Europea para conseguir, en primera instancia, suscribir una prórroga que hubiera impedido el paro forzoso al que se ha visto abocada la flota, al que me refería hace un momento, a partir del 3 de diciembre del año pasado, y posteriormente colaborando con la Comisión Europea, como sigue haciendo, en la búsqueda de soluciones satisfactorias para las dos partes que puedan permitir en breve la reanudación de estas actividades pesqueras.

Termino ya, señor presidente, pero quiero recordar que hay unas enmiendas presentadas a esta iniciativa nuestra, fundamentalmente dos grupos de enmiendas. En primer lugar, las que presenta el Grupo de La Izquierda Plural, que tocan distintos aspectos pero fundamentalmente dos. Uno, la representación, participación o consulta -como se quiera denominar- con organizaciones medioambientalistas. Yo les tengo que decir que tienen su mesa para opinar de todos estos temas, fundamentalmente en los consejos consultivos de larga distancia que tiene la Unión Europea. Y en cuanto a la duda que les pueda suponer la sostenibilidad de estos recursos, ya lo he dicho en mi intervención: lo que se está pescando aquí son los excedentes de pesca de quienes fijan los criterios a pescar, es decir, de los propios países, con los informes científicos que recaban estos países.

Finalmente, existe una enmienda del Grupo Socialista con cinco puntos. He tenido ocasión de contrastarla y de hablarla con su portavoz, la señora Rumí, y creo que hay buena voluntad por parte del que les está hablando y también del Grupo Parlamentario Socialista para incorporar de entre los cinco puntos que nos plantean -si así lo aceptase el grupo proponente en esta enmienda- el punto número 4 de dicha enmienda como adición a los tres puntos que contiene ya la propia proposición no de ley que estoy defendiendo, con el siguiente texto. Con su lectura, que son cuatro líneas, termino mi intervención: Realizar los esfuerzos necesarios para potenciar la investigación pesquera que permita tener un mejor conocimiento de la situación de estos caladeros y su aprovechamiento sostenible.

Insisto -y termino como empecé, señor presidente-, con esta iniciativa pretendemos trasladar un claro apoyo al sector pesquero español a través del acuerdo de esta PNL, si puede ser, por unanimidad de esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que está proponiendo una transaccional al Grupo Parlamentario Socialista en los términos que usted ha planteado y que no aceptaba la enmienda que ha propuesto el Grupo de La Izquierda Plural. ¿Es así?

El señor GARCÍA DÍEZ: Es así.

El señor PRESIDENTE: La señora portavoz del Grupo Socialista ya se pondrá de acuerdo, si lo estima oportuno, para presentar la enmienda transaccional.

A continuación, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervengo para presentar la enmienda que ha planteado nuestro grupo. Básicamente es una enmienda que hace referencia a la responsabilidad que tiene España como potencia pesquera, pero también en coherencia con el resto de políticas. De la misma manera que defendemos políticas de cooperación, de defensa de la soberanía alimentaria, de acceso a los alimentos básicos o a que el resto de países puedan también ejercer la actividad, creemos que si se trata precisamente de excedentes, como planteaba el portavoz del Grupo Popular, nuestra enmienda debe de ser aceptada. De lo único que se trata es de hablar no solo con el sector pesquero, sino también con la ONG y otros colectivos que están precisamente trabajando con todo ese sector, pero también con las organizaciones de referencia en los países de los que se trata. Por otro lado, solo hablamos de que se incluya esa cláusula de responsabilidad, de que se asegure la sostenibilidad del recurso. Presentamos esta enmienda a esta iniciativa porque España tiene una tradición precisamente de no ser responsable y los caladeros de casi todos los países vecinos donde faena gran parte de la flota pesquera se han ido agotando. Un ejemplo es Marruecos, y hablamos también del Tratado de pesca con Marruecos. Ahí nuestro grupo también hizo un acto de responsabilidad. Si queremos continuar pescando en estas aguas tenemos que ser responsables y garantizar la sostenibilidad de estos caladeros. El caso de Marruecos es un ejemplo claro: los únicos caladeros a los que ahora se puede acceder son los del Sáhara, porque el resto están también sobreexplotados no solo por las pesquerías españolas sino también por las marroquíes. Creo que tenemos una tradición de ir más allá de lo que el medio ambiente y la biodiversidad permiten. Si es así, si se trata de excedentes, creo que es aceptable precisamente nuestra enmienda. Se habla de diálogo con las ONG y el sector medioambiental y, por otro lado, que se asegure la sostenibilidad


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del recurso y el buen uso de los fondos públicos, permitiendo precisamente el desarrollo de actividades pesqueras locales. Lo que no tiene sentido es que estemos agotando recursos de países vecinos, que luego vayamos y hagamos asistencialismo vía cooperación y, en cambio, no dejemos que también ellos mismos puedan pescar. Estamos hablando de coherencia, de sostenibilidad, y si es compatible, como decía el portavoz del Grupo Popular, creemos que debería aceptarse nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.

La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, esta iniciativa plantea una cuestión con la que estamos totalmente de acuerdo, la necesidad de concluir o, en su caso, de prorrogar alguno de los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países en materia de pesca. Por tanto, el Grupo Socialista comparte esta finalidad. No obstante, nos parece que el grupo proponente podía haber sido más audaz en el planteamiento de esta cuestión y por eso presentamos la enmienda a la que se ha hecho referencia y que creíamos se podía compartir, sobre todo porque estamos convencidos de que es bueno llegar a un acuerdo para fijar posición como país en un tema tan importante como este.

En primer lugar, me gustaría destacar que debemos entender lo que podemos llamar dimensión exterior como una parte fundamental de la política pesquera común cuya reforma se está ya negociando con los Estados miembros de la Unión Europea. Los acuerdos pesqueros para la Unión Europea que se firman con terceros países -Mauritania, Marruecos, Guinea-Bissau- tienen, a efectos de abrir nuevos caladeros a la flota europea, una importancia incontestable. Por ello no pueden desligarse del procedimiento de reforma de la política pesquera común ni tampoco de la política exterior de la Unión Europea. Es necesario, por eso, promover de forma urgente ante las instituciones europeas la renovación o celebración de estos acuerdos que benefician tanto a los Estados miembros y especialmente a nuestro país, que tiene un importante sector pesquero.

Por todo ello, apoyamos la necesidad subyacente a esta proposición no de ley de instar al Gobierno español a promover ante las instituciones europeas las negociaciones para renovar el Protocolo de pesca con Mauritania y la celebración de un nuevo acuerdo con Gabón. El Protocolo con Mauritania expira el próximo 31 de julio y es de vital importancia; lo es para las flotas de arrastre del cefalópodo y del marisco que tienen muy difícil encontrar caladeros alternativos. En cuanto al Acuerdo con Gabón, cuya vigencia expiró el pasado mes de diciembre, es también de una importancia fundamental, por ejemplo, para los atuneros vascos. Lo que no entendemos es que se haya excluido de esta iniciativa el Protocolo de pesca con Marruecos -ya suspendido- que es fundamental para las flotas, por ejemplo, de Andalucía y de Canarias. No creía que hubiera ningún problema por incluirlo puesto que hace escasos meses se debatió y se aprobó en el Pleno de esta Cámara a iniciativa del grupo mayoritario. Estuvimos de acuerdo, sobre todo para hacer un trabajo conjunto de cara a la negativa del Parlamento Europeo de prorrogar el Acuerdo pesquero Unión Europea-Marruecos. Habrá que estar pendientes también, señorías, porque este año expiran otros acuerdos internacionales como son el de Kiribati, el de las Islas Salomón o el de Madagascar.

Una segunda cuestión que plantea nuestra enmienda es la necesidad, en el marco de los acuerdos internacionales de pesca que nos ocupan, de potenciar la investigación de los caladeros para su explotación sostenible, tema al que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular. Y, finalmente, considerábamos también necesario incluir un punto para que, en el caso de que no se culminaran estos acuerdos entre las instituciones europeas y los terceros países, se estableciese un sistema de ayuda, como ha sucedido en el caso de Marruecos, al sector tanto para pescadores como para armadores frente a eventuales paradas temporales.

En definitiva, lo que el Grupo Socialista defiende con esta enmienda no es otra cosa que garantizar que la posición del Gobierno español ante las instituciones europeas sea la de defender la pesca y que esta defensa no sea sacrificada por otros intereses en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Defendemos estos acuerdos internacionales y lo hacemos porque son vitales para el sector pesquero español y para toda la industria que depende del mismo. Señorías, en temas europeos debemos ir juntos porque juntos seremos más fuertes para conseguir este objetivo. Por eso -ya conozco la posición del Grupo Popular- me hubiera gustado que se hubiera aceptado la enmienda en sus términos o con alguna otra transaccional y un mayor compromiso. El portavoz, don Joaquín García, me decía que no íbamos a poner la tirita antes que la herida. Bueno, en las circunstancias en que vivimos es preferible tener la tirita antes de que se produzca la herida, pero si estoy pidiendo que vayamos todos juntos porque unidos somos más fuertes ante la Unión Europea hay que predicar con el ejemplo. Por tanto, aceptamos la transaccional que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular y votaremos a favor de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, el texto del punto 4, que me ha facilitado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es: Realizar los esfuerzos necesarios para potenciar la investigación pesquera que permita tener un mejor conocimiento de la situación de estos caladeros y su aprovechamiento sostenible. Quedaría incorporado a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. (La señora vicepresidenta, Falcón Dacal, ocupa la Presidencia).

La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Para fijar posición tiene la palabra, en primer lugar, el señor Cantó, por UPyD, y después el señor Pàramo, por CiU.


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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos la proposición.

Lo de las consultas al sector y a las comunidades autónomas no tiene buenos antecedentes, es el único pero que pondríamos, porque muchas veces parece que los dos grandes partidos y sus marcas en diferentes zonas del país se dedican a torpedearse a sí mismos. Eso es un valor muy indicativo que conceden al papel del Gobierno de España. Si se me permite acabar en modo irónico diré que estos dos acuerdos no parecen lo más difícil para empezar a ensayar este nuevo espíritu que parece que hoy demuestran también los dos grandes partidos. Además, como los negocia la Unión Europea, es un buen entrenamiento para ese nuevo espíritu, para que el Partido Popular y el Partido Socialista, en vez de juntarse para defender a sus grupitos y franquicias, puedan dedicarse a defender de veras, con profundidad, el interés del Reino de España.

Por tanto, apoyaremos la propuesta.

La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señorías, Convergència i Unió no negará la conveniencia de aprobar esta PNL. Somos conscientes de la enorme importancia que tiene apoyar la rentabilidad del capital español y europeo que se invierte en el sector pesquero en flotas que faenan en aguas africanas y el resto de los mares y océanos. Es muy importante, sobre todo para la economía.

Ahora bien, aprovecho esta intervención para hacer un llamamiento a toda la Comisión a tomar conciencia de la dramática situación que están viviendo los pescadores y sus familias, hombres y mujeres que viven de la pesca en toda nuestra costa mediterránea. Se lo manifiesto con conocimiento de causa. Mi relación con el mundo de la pesca catalana es muy estrecha y viene de muy lejos. A diferencia de las grandes empresas pesqueras, en el Mediterráneo trabajan los pescadores en empresas pequeñas o muy pequeñas, a menudo propiedad del propio patrón, y necesitan ayuda. Para compensar, Gabón, 5 millones de euros; a Mauritania, 305 millones de euros. No voy a proponer nada en concreto, señorías, hago un llamamiento a tomar conciencia del problema. Es muy importante también para la economía, pero, sobre todo, para las personas.

- SOBRE EL RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000360).

La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Pasamos a la sexta proposición no de ley, sobre el rendimiento máximo sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. La defenderá doña Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Creemos que esta iniciativa es oportuna porque se enmarca en el debate actual de la reforma, imprescindible a nuestro entender, de la política pesquera común y, también, del Fondo europeo marítimo y de pesca. Existe la necesidad de que España tenga una posición responsable, inteligente y no cortoplacista porque como país pesquero nos jugamos mucho y, sobre todo, nuestro futuro. Partimos de esa perspectiva. Hoy habrá muchas intervenciones en la línea de que España se juega mucho, es un país pesquero, nuestra economía depende de ello. Precisamente, entendemos que esta iniciativa es responsable porque lo que quiere es defender el futuro pesquero de nuestro país y la sostenibilidad de la pesca y de los recursos marítimos. Partimos de un estudio publicado por la New Economics Fundation con este planteamiento, que habla de los empleos perdidos vinculados a la sobrepesca. Estamos obteniendo mucho menos de lo que se podría si apostáramos por recuperar el buen estado y la salud y lo gestionamos de forma sostenible. Este es el planteamiento que ha hecho el estudio, cómo podríamos recuperar empleos en este sentido. De hecho, en otros países la legislación fomenta la adaptación de límites cautelares teniendo en cuenta épocas de veda y limitando mucho más de lo que se hace en Europa. Esto pasa en Australia y en muchos otros países y ha sido mucho más efectiva. En cambio, en Europa, tras treinta años de política pesquera común, hemos pasado de tener uno de los caladeros más productivos a una degradación mucho mayor de los ecosistemas, una degradación enorme, en algunos casos hemos perdido entre el 60% y el 80% de la producción de nuestros caladeros. Precisamente el sistema de subvenciones de la política pesquera de estos treinta años ha contribuido claramente. Ha contribuido en dos sentidos: por un lado, a este exceso, a la sobrepesca, y por otro lado, a un desequilibrio, porque estamos destruyendo muchísimo empleo precisamente en el sector de la pesca artesanal con unas prácticas de pesca mucho más sostenible. Esta propuesta tiene tras de sí tres reflexiones, como decía al principio. Por un lado, la reflexión medioambiental, que es fundamental; por otro, la reflexión social y económica. Entendemos que si no tenemos en cuenta en primer lugar la medioambiental no tendrá sentido en el corto o en el medio plazo hablar de la dimensión social y económica de la pesca, porque sin medio ambiente, sin biodiversidad y sin unos mares con vida ya no podremos hablar de ninguna otra dimensión. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

A nuestro entender, la mala gestión y la miopía actual está drenando precisamente puestos de trabajo y beneficios. De hecho, el informe -del que también hablamos en la exposición de motivos- de la New Economist Foundation analiza cuáles son los empleos perdidos en el mar y cómo se podrían reconstruir y recuperar estos empleos si se reconstituyera la buena salud de cuarenta y tres poblaciones de peces. De hecho, ponemos algunos ejemplos: restaurar estas cuarenta y tres poblaciones de peces hasta su rendimiento máximo sostenible generaría


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hasta 3,5 millones de toneladas adicionales, precisamente garantizando la demanda actual de pescado que hay en la Unión Europea. O también el valor en puestos de trabajo, porque la restauración de estas especies crearía más de 100.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales más del 80% beneficiarían precisamente a países de la Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que es una iniciativa responsable y realista porque cuanto antes actuemos más rentable será y más rentable también será la pesca y la producción.

A nuestro entender la nueva política pesquera se queda corta y esquiva el problema. Por eso, exigimos al Gobierno una actitud responsable y que no sea miope. Somos muy conscientes del papel que tiene la pesca en nuestro país, en nuestra economía y especialmente en algunas regiones de nuestro país que son claramente dependientes de este sector. Pero para nosotros diluir, posponer, evadir o esquivar la situación actual de nuestros caladeros a lo único que nos llevará es a perder biodiversidad, dinero y también puestos de trabajo en el corto plazo. Por ello, instamos al Gobierno a que en la nueva política pesquera común se establezca la obligación de fijar los stocks pesqueros a un nivel por encima del rendimiento máximo sostenible. Para nosotros esto es una inversión en el medio plazo que garantizará esa biodiversidad y que se continúe pescando no en los próximos cinco años sino en las próximas décadas, que creo que es lo que la política debería de hacer, mirar el medio y largo plazo y garantizar la pesca y la biodiversidad en nuestros mares.

El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Es verdad, coincidimos con la señora Ortiz en que esta iniciativa es oportuna y, por tanto, es oportuno el debate que el Grupo de La Izquierda Plural plantea. El rendimiento máximo sostenible en el ejercicio de la pesca es absolutamente imprescindible y mi grupo está completamente a favor de este objetivo, lo está ahora y lo estuvo durante el tiempo que permaneció en el Gobierno, cuando además se empezó a abrir este debate a favor de un sistema de gestión encaminado a garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos en condiciones económicas, medioambientales y socialmente sostenibles. El rendimiento máximo sostenible es necesario para acabar con el agotamiento de algunos recursos pesqueros, aquí se ha hablado de esa cuestión, y es necesario también para el medio ambiente marino en general, ya que va a permitir aumentar la disponibilidad de los recursos y reequilibrar los ecosistemas. Sabemos, además, que el rendimiento máximo sostenible disminuye los descartes y a largo plazo es beneficioso desde un punto de vista competitivo; sin ninguna duda compartimos muchas de las cosas que se han dicho esta tarde aquí. Por tanto, ojalá estuviéramos en condiciones de poder cumplirlo en el año 2015, tal y como pide esta iniciativa de La Izquierda Plural, pero no es así, a pesar de lo mucho que se ha avanzado. Señora Ortiz, no es un problema de miopía, esto no solo le ocurre a nuestro país, no solo le está ocurriendo en este momento a España ni mucho menos; Letonia, Francia, Bélgica, Irlanda, Lituania, por citar algunos países, ya han reclamado a la Comisión Europea mayor flexibilidad para lograr el objetivo de forma más gradual en el tiempo. De hecho, la propia comisaria María Damanaki parece estar dispuesta, según las últimas noticias, a revisar estos plazos a pesar de que se mostró muy inflexible al principio. Casi todas las personas expertas en esta materia con las que el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado coinciden en señalar -desde el punto de vista pesquero, también es cierto- que es imposible aplicar este principio en tan poco tiempo. Por eso mi grupo tiene claro que aunque la referencia debe ser el año 2015 -y esto no lo tenemos que olvidar, tiene que ser una referencia para nosotros-, nos tendremos que poner el marco de la estrategia 2020 para conseguir totalmente este objetivo.

Como le digo, es imposible aplicarlo a pesar del trabajo que ha hecho nuestro país durante estos últimos años para reducir el esfuerzo pesquero. Por un lado, ha sido uno de los países que mejor ha cumplido los límites fijados por la propia Unión Europea, la flota española es la que ha hecho un mayor esfuerzo de adaptación a los recursos al reducir su flota y su capacidad de extracción y además, fíjense, el año pasado la cuarta parte de todos los barcos pesqueros destruidos en Europa fueron españoles. Por otro lado, hay estudios biológicos concluyentes en todos los caladeros y por tanto es imposible cambiar las artes y las técnicas de toda la flota en tan poco tiempo, sin contar además que el coste sería inasumible si no lo financia el Fondo europeo del mar y la pesca y en esa línea va uno de los puntos de la enmienda que nosotros presentamos. Además es imprescindible formar y concienciar a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras del sector de cara al nuevo escenario, y para ello hay que destinar recursos, al igual que para la investigación en todos los campos.

Yo les voy a contar un ejemplo de algo que ha sucedido. Un equipo de investigación ha conseguido un diseño de anzuelos que impide que las aves marinas queden atrapadas en los palangres destinados a capturar peces, con eso se consigue preservar especies ajenas sin interés comercial y de alto valor ecológico. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que en torno a este debate y en torno al propio debate más global de la política pesquera común tenemos que hablar mucho de investigación, tenemos que hablar mucho de desarrollo. Esto es una muestra de mi argumento. Lo que digo es que, con más tiempo, estamos convencidos en el Grupo Socialista de que se lograrán los dos objetivos: el del rendimiento máximo sostenible en la pesca y el de la sostenibilidad de nuestro sector, que es importantísimo para la economía de muchas comunidades autónomas. Por ejemplo en la mía, en Galicia, la proporción de


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empleo pesquero sobre la media europea es 15 veces superior. También podemos hablar de lo que supone el sector pesquero para la franja cantábrica, lo que supone para Andalucía, para provincias en concreto como Cádiz, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social.

Quiero que quede muy claro aquí que no hay ninguna duda de que apostamos por ambas cosas y por ello planteamos una enmienda entendemos que realista. Por una parte queremos que se fijen los espacios temporales en razón de cada caladero, de cada flota, de cada especie, teniendo en cuenta las especificidades propias para alcanzar el objetivo del rendimiento máximo sostenible del caladero; también su preservación de la actividad económica y el mantenimiento del empleo. Pero aquí tiene que quedar una cosa muy clara: ni todos los caladeros son iguales ni todas las especies están amenazadas. Hemos hablado y es verdad, la señora Ortiz lo ha citado, hay estudios que alertan de que en algunos hay un 80% de especies en extinción, pero no todas las especies están en la misma situación ni todos los caladeros que nos afectan están en la misma situación. Al segundo punto ya he hecho referencia, tiene que ver con el Fondo europeo del mar y la pesca. Entendemos que en este mecanismo, en este nuevo fondo hay que poner en marcha mecanismos e instrumentos financieros que permitan la adecuación de embarcaciones y artes para la consecución del objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible. Entendemos que hay que posibilitar la adecuación de las embarcaciones y de las artes. Por último, en este nuevo marco, de nuevo vuelvo a hablarles de la importancia que tiene la concienciación, vuelvo a hablarles de la importancia que tiene la educación, vuelvo a hablarles de la importancia que tiene la formación y la investigación. Este tercer punto va destinado efectivamente a estas cuestiones, a que se incrementen los fondos destinados a proyectos de investigación que permitan un mayor conocimiento de las poblaciones de peces, la búsqueda de artes y técnicas más convenientes desde el punto de vista medioambiental y el aprovechamiento integral de los productos de la pesca. Muchos de estos grupos de investigación están muy vinculados directamente a estas zonas que yo he citado antes.

Señora Ortiz, coincidiendo en muchos de los planteamientos que usted ha hecho en su proposición no de ley, en el fondo el marco debe seguir fijado en el año 2015 como meta, pero tenemos que saber, y con esto termino, señor presidente,...

El señor PRESIDENTE: Señora Seara, le ruego que vaya concluyendo.

La señora SEARA SOBRADO: Termino ya, señor presidente.

Es imposible llegar a 2015 con estos objetivos cumplidos y lo que pretendemos es, desde luego, ampliar, igual que lo han pedido otros muchos países, este plazo para que nos movamos efectivamente en la estrategia 2020 y que en esa fecha hayamos cumplido completamente con el objetivo final sobre el que versa esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz, ¿sería tan amable de decirnos si acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista en sus propios términos?

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Aunque compartimos casi todos los puntos, para nosotros es importante mantener el objetivo del calendario.

Compartimos el tema del fondo, destinar más recursos a la educación, a la investigación, a la ayuda de la adaptación de las flotas, de las embarcaciones, pero para nosotros, si no fijamos el calendario en 2015, en el año 2020 será demasiado tarde y nos costará todavía más dinero.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). De menor a mayor, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy rápidamente quiero decir que desde Unión, Progreso y Democracia no vamos a despreciar ningún estudio científico, pero tampoco vamos a endiosarlo. Hemos repetido en numerosas ocasiones que nos gustaría que en los presupuestos se hubiera visto reflejado algo más de dinero para esto precisamente, para saber cuál es la situación real de nuestros caladeros y hasta qué punto podemos explotarlos sin dañarlos definitivamente sin ningún remedio y también sin temor a dañar al legislar sobre industrias como la pesquera y la conservera española.

Necesitamos más recursos para investigar, necesitamos zonas libres de pesca, necesitamos también más investigación y desarrollo para nuestra industria de piscifactorías extendiéndolas a nuevas especies, haciéndolas más competitivas por su eficiencia, también menos contaminantes y nuevas artes como se ha dicho. En fin, estamos básicamente de acuerdo con el espíritu de la propuesta que trae aquí La Izquierda Plural, pero nos parece que debería ser el Estado el que tuviera a su alcance los medios suficientes para hacer un estudio del que nos pudiéramos fiar al cien por cien.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: En relación con esta proposición no de ley sobre que se establezca la obligación de gestionar los stocks pesqueros sobre el rendimiento máximo sostenible del año 2015, tal y como ya manifestamos en el posicionamiento sobre la reforma de la política comunitaria pesquera, nos mostramos contrarios a la aceptación de este objetivo en el plazo fijado, ya que consideramos, recogiendo criterios apor


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tados por el sector pesquero, la comunidad científica, la Administración catalana y hasta algunas ONG, que este calendario es inasumible para todas las especies y pesquerías con carácter general.

Apostamos para que en el sí de la Unión Europea, de acuerdo con los países del Mediterráneo, se profundice en la realización de estudios y se adopten medidas para garantizar la sostenibilidad futura de la pesca en este mar y en nuestras costas. Este tema lo deberemos afrontar tarde o temprano. Este posicionamiento está respaldado también por la mayoría de los Estados miembros en el pasado Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el que se manifestó la voluntad de todos los Estados miembros de conseguir el rendimiento máximo sostenible siempre y cuando ello sea posible, pero con un calendario adecuado a la realidad. Este hecho es especialmente importante en las pesquerías mixtas del Mediterráneo, como la catalana, en las que actualmente no existen medios técnicos para fijar el rendimiento máximo sostenible de una sola especie en pesquerías multiespecíficas. Se requiere un análisis previo y singularizado de cada pesquería y caladero con el fin de ajustar los límites biológicos. En este sentido, defendemos que la nueva política comunitaria pesquera incorpore como objetivo el hecho de hacer posible el rendimiento máximo sostenible, pero que los plazos se adecuen a la realidad, especialmente a la mediterránea, y que se mantenga el calendario fijado en anteriores acuerdos internacionales, lo que, si no recuerdo mal, nos lleva al 2020.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Díez.

El señor GARCÍA DÍEZ: Intervengo para fijar posición, para explicar la posición contraria -lo adelanto ya- a la propuesta formulada por la señora Ortiz. Hay que entender de lo que estamos hablando. Cuando se habla de rendimientos máximos sostenibles, cuya abreviatura en el argot pesquero es RMS, tenemos que recordar que estamos hablando de porcentajes de captura, de mortalidad por pesca, porcentajes que permiten a las poblaciones de peces recuperarse. Por encima de esos porcentajes esa población no podría recuperarse y siempre hablamos con el fin de garantizar la explotación de las especies pesqueras en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

Quiero llamar la atención sobre dos aspectos. En primer lugar, la implantación de este sistema de rendimiento máximo sostenible, que figura en la nueva política pesquera común, va a obligar a introducir cambios en la gestión de explotación pesquera y a basarlos en el principio de precaución, lo que orienta -es lo que estoy tratando de pedir en esta intervención- a una reflexión para evitar una aplicación precipitada de esta cuestión. En segundo lugar, no podemos -lo acaba de decir el portavoz del Grupo Catalán- tratar nunca una pesquería monoespecífica, como puede ser la caballa, que se pesca con un único arte, el cerco, como suele ser habitual, igual que una pesquería multiespecífica, como puede ser el rape, la merluza el lenguado o cualquier otra, que están siendo capturados con distintas modalidades de artes. Este ya es un principio de precaución que pido que se tenga en cuenta.

En la exposición de motivos de la iniciativa que la señora Ortiz ha defendido hay cuestiones sobre las que me gustaría llamar la atención, porque en todo caso contiene afirmaciones discutibles. Las TAC y cuotas para el año 2012 que se han establecido están en torno a 3 millones de toneladas para las distintas modalidades y caladeros. Si analizamos las 195 stock-áreas, que son las zonas que hay a lo largo de nuestro globo terráqueo que el Consejo Internacional de Exploración del Mar, el CIEM, ha identificado, en el 54% de ellas no se conoce -insisto, no se conoce- cuál es la situación de la población con respecto a estos límites biológicos de seguridad. Por tanto, nos deberíamos preguntar cómo vamos a establecer un rendimiento máximo sostenible para especies de las cuales desconocemos en qué estado se encuentra el recurso. También el señor Cantó ha hecho una breve referencia a este tema. De ahí que mi grupo, otros países miembros, además de España, y el propio sector pesquero estemos diciendo que es necesario realizar más años de series históricas de mortalidad de pesca para tener datos objetivos antes de implantar el rendimiento máximo sostenible. Por tanto, ese periodo de 2015, al que se refería también la proponente, a nuestro juicio -lo hemos manifestado en distintos foros- es insuficiente y se hace necesario ampliarlo como mínimo hasta el año 2020.

Siguiendo con la exposición de motivos -ha citado un informe de la New Economics Fundation, de la NEF, y otros datos de la Comisión-, también veo aquí contradicciones importantes. La Comisión está diciendo que implantar este sistema de cuotas para alcanzar el rendimiento máximo sostenible va a suponer -¡ojo al dato!-, según sus estimaciones, una pérdida de 30.000 empleos hasta el año 2020-2022. Sin embargo, según el informe que ha citado la señora Ortiz, se está hablando de que implantar el rendimiento máximo sostenible va a suponer para la Unión Europea un incremento de 83.000 puestos de trabajo. Fíjense el margen de maniobra, 30.000 destruidos y 83.000 creados.

Hay otra contradicción importante en este informe que ha citado la señora Ortiz. NEF indica que se incrementará la producción comunitaria nada menos que 3,53 millones de toneladas. Es decir, va a duplicar las TAC y cuotas que tiene para todas las especies pesqueras en este momento -que es de 3,1 millones de toneladas en todos los países del mundo-, mientras que la Comisión está proponiendo reducir un 25% al año los stocks de estas áreas a las que me refería hace un momento, en las cuales desconocemos en qué estado se encuentra el caladero e insisto en que son el 54% de ellas. Les pongo un ejemplo para terminar. Dinamarca con esta recomendación pasaría de las 217.000 toneladas a las que tiene derecho


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en este momento a 21.000 toneladas en el año 2020. Apliquémoslo a cualquier otro país y veremos en qué situación nos encontramos. Les pregunto cómo vamos a aumentar la producción comunitaria al doble con estos planteamientos. Por tanto, esta propuesta nos parece fundamentada en informes que no quiero cuestionar -no soy quién para hacerlo-, pero que parecen no tener todo el rigor científico necesario.

La señora portavoz socialista ha hecho mención a la postura del Gobierno durante los últimos años y le digo que el Gobierno actual hizo suyo -lo digo así de claro- el planteamiento del anterior Gobierno, que no es otro que señalar un horizonte más realista para implantar y alcanzar el rendimiento máximo sostenible, y estamos hablando de 2020.

Finalizo recordándoles que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se celebró en Johannesburgo en el año 2002 la Unión Europea y todos sus Estados miembros se comprometieron a luchar contra la disminución de muchas poblaciones de peces y en aquel momento dijeron que lo harían estableciendo niveles compatibles con el principio del rendimiento máximo sostenible, que se alcanzaría cuando fuera posible; y lo entrecomillo porque he sacado las palabras de esa declaración.

El señor PRESIDENTE: Señor García, termine, por favor.

El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, son mis últimas palabras.

Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones que pueden obedecer muchas veces a informes que tienen intencionalidad medioambientalista -no la quiero cuestionar-, pero que ponen en juego muchos puestos de trabajo y muchos recursos pesqueros. (Aplausos).

- RELATIVA A LA LIBERALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PLANTACIÓN DE VIÑEDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000414).

El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos. Era el punto 5.º del orden del día y, gracias a la comprensión de todos los grupos políticos, se ha postergado al 7.º Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, doña Arantza Tapia.

La señora TAPIA OTAEGI: Señor presidente, como usted bien decía, quiero agradecer en primer lugar a todos los grupos la deferencia que han tenido con nuestro grupo al permitirnos defender esta proposición no de ley en último lugar, así como las intervenciones que me consta que ha habido previamente a lo largo de la sesión de la Comisión.

El objetivo de esta proposición no de ley no es otro que hacernos eco de la reivindicación que se está produciendo en distintos países de Europa en contra de la liberalización de los derechos de plantación de viñedos. Nos consta que muchas organizaciones agrarias en todo el Estado también suscriben esta reivindicación y en el caso de nuestro grupo nos hacemos eco en lo referente a la producción del txakoli, así como del vino de Rioja. En ese sentido nuestra postura es muy clara en contra de la liberalización. ¿Por qué? En todo el Estado se está haciendo un esfuerzo importante en cuanto a la producción vitivinícola a favor del control de las plantaciones. Es una medida que garantiza el equilibrio entre la oferta y la demanda y que nos permite asegurar la calidad del vino producido. Es un recorrido que se ha hecho a lo largo de muchos años y entendemos que el incremento de la superficie de viñedos con la liberalización de los derechos de plantación no ayudaría ni a mejorar el equilibrio ni a mejorar la calidad del producto que estamos elaborando. Por tanto, creemos que esta liberalización supone una amenaza importante y reclamamos que ante la Unión Europea sigamos manifestando una postura clara y rotunda en contra de la liberalización.

No podemos olvidar que el tema de las organizaciones de productores tampoco está exento de una cierta controversia, porque existen distintas organizaciones de agricultores que están viendo como un cierto peligro el formato en el que está apareciendo el sistema de organizaciones de producción. Tenemos una larga y dilatada experiencia en todo el Estado sobre lo que son las cooperativas, que están dando un resultado muy interesante, y entendemos que este modelo de cooperativa tendría que ser considerado como una organización de productores, como un modelo interesante dentro de esa concentración de oferta que se pretende llevar a cabo. Es decir, hay que aprovechar los mecanismos y las experiencias que ya existen en este momento y continuar trabajando en ellas. Por supuesto también teniendo en cuenta no solo estas organizaciones sino el esfuerzo que se está realizando dentro de las diversas comunidades autónomas. Nos consta que es una reivindicación a lo largo de toda Europa y que existen informes que avalan que la calidad de la producción y el equilibrio se están consiguiendo con el actual sistema y, a pesar de que Europa tiene en este momento puesto en marcha un grupo de trabajo importante, nos gustaría que el Gobierno continuara con la postura que se ha estado manteniendo hasta este momento.

En este sentido hemos trabajado en una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo de Convergència i Unió. Se trata de la enmienda que se ha hecho llegar a la Mesa y que tiene tres puntos: en primer lugar, mantener de forma clara y rotunda la oposición a la liberalización de derechos de plantación de viñedos; en segundo lugar, apoyar la prórroga del actual modelo de derechos de plantación entretanto este


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grupo de trabajo en la Unión Europea continúa y se llega a una solución adecuada; y en tercer lugar, estudiar tanto con los representantes de las comunidades autónomas como con organizaciones agrarias la consecuencia que la creación de estas organizaciones de productores puede tener en el sector, tal y como se contempla en la actual organización común del mercado. Es aquí donde creemos que las cooperativas que en este momento están desarrolladas tienen un papel muy importante que realizar. Esta sería la enmienda transaccional alcanzada. Por mi parte, solo me queda agradecer a los dos grupos su voluntad para llegar a este acuerdo.

El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado distintas enmiendas. En concreto, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo parlamentario coincide con dos de los tres puntos que recoge esta proposición no de ley. Como es lógico, nuestra postura es de mantener los derechos de plantación de viñedos. En todo caso, se considera apropiado tener en cuenta las reflexiones del Grupo europeo de alto nivel, que presentará sus conclusiones durante el último trimestre del año 2012.

Por lo que se refiere a los puntos de la PNL, como he dicho, coincidimos en los dos primeros, pero hemos presentado una enmienda para suprimir el tercer punto, ya que no entendemos el rechazo a crear organizaciones de productores en el sector vitivinícola cuando nosotros pensamos que pueden ser una alternativa válida para encontrar puntos en común con los diferentes agentes del sector. Conociendo la voluntad, como ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, y dado que hemos suscrito la transaccional, lógicamente votaremos a favor de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: El Grupo Parlamentario Vasco nos ha presentado una proposición no de ley sobre la que el Grupo Popular, estudiando la redacción original, estaba en el fondo de acuerdo, lo que pasa es que después de hablar con los portavoces del Grupo Vasco y del Grupo Catalán hemos considerado conveniente mejorar la redacción y hacerla más precisa.

La verdad es que el Grupo Popular está de acuerdo en oponerse a la liberalización de plantaciones, y no es que lo digamos ahora, lo llevamos diciendo desde hace un año. En concreto, el Partido Popular fue el primer partido político de España que se posicionó en contra de la liberalización de los derechos de plantación y, fíjense, esa oposición se fijó el día 3 de abril en el Senado francés y precisamente lo manifestó este portavoz en una jornada sobre derechos de plantación. Fuimos, por tanto, el primer partido político español que se posicionó claramente. Después de fijar posición el Partido Popular, nueve países de la Unión Europea firmaron una carta, en concreto el 14 de abril, es decir, que a posterior, aunque es bien cierto que ya se venía hablando del posicionamiento de estos nueve países. Y, posteriormente, el Gobierno de España, en concreto el 5 de mayo, se sumó y el ministerio remitió una carta sumándose a esta iniciativa. Por tanto, creemos que es más factible cambiar el texto original por el que figura en la transacción, mantener de forma clara y rotunda la oposición a la liberalización de los derechos de plantación, como siempre hizo el Partido Popular.

Estamos de acuerdo con esta moción por muchas razones. En primer lugar -ya lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco-, porque lo han pedido los consejos reguladores, lo han pedido las comunidades autónomas, lo han pedido las organizaciones, pero por abundar más, analizando lo que ocurriría en nuestro país con una liberalización absoluta de los derechos de plantación, es que se podría producir una deslocalización de viñedos entre países, también deslocalización de viñedos de unas regiones a otras, e incluso dentro de las nuevas regiones, de las zonas de ladera a las zonas de llano, en definitiva, unos problemas medioambientales muy importantes. Pero es que, además, al irse estas plantaciones a las zonas más productivas podría darse, incluso dentro de la Unión Europea y de nuestro país, una sobreproducción de vino. También, la liberalización provocaría una mayor concentración de vino en esos mayores operadores. En definitiva, se podría dar una desaparición de pequeñas explotaciones vitivinícolas, incluso la desaparición también de algún consejo regulador. Ante todo ello y ante un sector tan atomizado, lo mejor es, en primer lugar, mantener de forma clara y rotunda esa oposición a la liberalización de derechos de plantación y, en segundo lugar, lo que dice esta transacción, mientras no se produzca una no liberalización, prorrogar el modelo de derechos de plantación.

En cuanto al tercer punto, aquí hay enorme controversia. Por un lado, en la proposición inicial se decía: rechazar la creación de organizaciones de productores agrarios. Con la redacción que proponemos lo que les decimos al sector y a las comunidades autónomas es que estudien la mejor forma de organizarse, y dentro de lo que dice la moción, organizaciones de productores. Ahí nosotros queremos decir cooperativas, queremos decir organizaciones de productores, incluso también otras pequeñas asociaciones que de alguna manera puedan aportar opinión en cuanto a la mejor manera de autorregularse, de autoorganizarse. En ese sentido, con esta enmienda transaccional se llega a una redacción más adecuada, que recoge el contenido y la filosofía de lo que plantea el Grupo Parlamentario Vasco, es decir, una oposición frontal a la liberalización de plantaciones de viñedo en nuestro país. Lo único que va a ocurrir es que va a defender un sector y a un país que tiene la mayor superficie de viñedo del mundo, 1,1 millones de hectá


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reas; hay más de 6.000 bodegas en nuestro país, de las cuales 4.800 están en denominaciones de origen, que produce más de 1.100 millones de euros de vino, en definitiva, 3.840 millones de litros, y este año, como decía el portavoz que me precedió en la primera proposición no de ley, exporta por más de 2.200 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante un modelo vitivinícola español atomizado y que este sistema que tenemos actualmente en cuanto al control de las explotaciones de viñedo iría en beneficio de todo el sector vitivinícola español incluido en todas las denominaciones de origen.

Una forma de colaborar con el sector es tener el máximo apoyo y que el máximo número de partidos políticos se sumen a esta iniciativa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Hay otro grupo que ha presentado enmiendas. Don Alejandro Alonso, dos enmiendas, por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra.

El señor ALONSO NÚÑEZ: La proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco es relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedo. Este es un tema que en esta Comisión y fuera suscita la unanimidad de todos los que en este momento nos acercamos a tratar este asunto. Además el texto dispositivo de la PNL incluye un segundo tema, que se refiere a las organizaciones de productores en el sector vitivinícola. Por tanto, son dos temas completamente diferentes y cada uno merece un comentario en una línea distinta. En el caso del Grupo Socialista quiero decirles que nosotros apoyamos sin ningún reparo el planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco de oponernos a la liberalización de los derechos de plantación, al sistema, es decir, a lo planteado en su momento por la OCM del sector vitivinícola por la actual Comisión Europea. Además, nos parece tremendamente positivo que el conjunto de partidos políticos conservadores europeos, en este caso, se posicionen en contra del proceso ultraliberalizador que ha ido marcando las decisiones en la Unión Europea en los últimos años.

España -como ya se ha dicho- es el país que tiene más derechos. Tenemos más de un millón de hectáreas de derechos de viñedo y, por tanto, con la liberalización, con la pérdida de valor del derecho, sería España, el país que más perdería, y en el caso de mi región, Castilla-La Mancha, que tiene más de 600.000 hectáreas de derechos, lógicamente, sería la que más perdería; estaríamos perdiendo valor. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de la proposición no de ley. Esto podría traer riesgo de deslocalización, riesgo de que determinados productores localizaran sus explotaciones con sistemas dirigidos a un incremento de los rendimientos de la producción en detrimento de la calidad y, por tanto, coincidimos con las organizaciones profesionales, con las cooperativas, con los consejos reguladores y con todos los que hasta ahora se han manifestado en contra de la liberalización. En este sentido, quiero decir también que en España la posición inicialmente no fue unánime.

La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, que es la patronal que agrupa a las principales bodegas comercializadoras, su posición inicial -no sé la de este momento- fue contraria; ellos sí querían que se liberalizara, y de ahí quizá los primeros momentos de dudas en España en el sentido de fijar una posición u otra. Pero creo que en este momento la posición española es clara y vamos a reiterarlo en esta proposición no de ley. Tanto el ministro actual como la ministra anterior ya hicieron llegar a la Comisión la posición contraria del Gobierno de España, y lo que hay que tratar es de seguir reiterándola y aportar información, documentación justificativa en este sentido. Efectivamente, el comisario ha recogido el guante, ha creado un grupo de alto nivel, un grupo abierto a la participación de los países productores vitivinícolas, pero también a los sectores implicados en la producción y la comercialización y van a analizar los efectos que la liberalización podría tener. Si estamos tratando de establecer modificaciones sobre la actual OCM, seamos inteligentes de cara al futuro y no pongamos todos los huevos en la misma cesta. La OCM es mucho más que los derechos de plantación; la OCM son 1.400 millones de euros; la OCM es en este momento el mantenimiento de todas las medidas de regulación, la destilación, las ayudas al mosto, las ayudas a la promoción y, por tanto, tratemos de tener una posición fuerte española en defensa de una OCM del sector vitivinícola que está siendo beneficiosa para el conjunto del sector.

En cuanto al segundo tema, con todos los respetos, no entiendo qué argumentos justifican que el sector vitivinícola sea una excepción en el sentido de favorecer la creación de organizaciones de productores, una figura que la Unión Europea y el Gobierno de España están tratando de fortalecer para, en definitiva, hacer más fuertes a los productores. ¿Frente a quién? No sé quien inspira este posicionamiento contrario a que se creen organizaciones de productores, porque en España -y de este tema tengo un conocimiento preciso- hay más de seiscientas cooperativas. Las cooperativas en este momento producen y gestionan el 70% del vino de España, sin embargo, solo comercializan y exportan el 15%.

Si nosotros filosóficamente decimos diariamente que queremos favorecer la posición del productor viticultor, favorezcamos la creación de figuras, organizaciones de productores; démosle dimensión a las cooperativas para que el valor que genera la comercialización, la exportación, vuelva a manos de quien ha estado cultivando la vid. Por tanto, no podemos estar de acuerdo y en nuestra enmienda proponemos la supresión del punto 3.º porque, no solo no creemos que no haya que favorecerlo sino que el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas deberían hacer normativa para favorecer la creación de organizaciones de productores. De las palabras del ministro en su comparecencia, cuando


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habló de fortalecer la creación de cooperativas prioritarias de mayor dimensión, entiendo que el Gobierno actual va por este camino, por ello, no he entendido la posición del Grupo Popular en el sentido de que este tema se estudie porque este es un tema que está estudiado y lo que hay que hacer es favorecer la creación de organizaciones de productores en el sector vitivinícola. Nosotros queremos que se favorezca.

En cualquier caso, puesto que la proponente ha anunciado que hay una transacción modificando la oposición a la creación de organizaciones de productores por una fórmula más light en el sentido de que se estudie, y como se votará conjuntamente, nosotros votaremos la transaccional que se ha firmado dejando constancia que nuestra posición es de apoyo a la creación de organizaciones de productores en el sector vitivinícola y en cualquier otro sector, porque sabemos que a futuro la mayoría de medidas de apoyo a los distintos productos van a venir canalizadas a través de las organizaciones de productores. Y si no hay organizaciones de productores constituidas, España podría perder a futuro importantes recursos de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición -les ruego que sean lo más breves posible-, tiene la palabra, por el Grupo de UPyD, el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero decir muy brevemente que sabemos que la liberalización traerá muchos problemas. Sabemos que, como se decía aquí, en Castilla-La Mancha y en España en general es perjudicial porque puede producir una deslocalización, una pérdida de tejido productivo, una pérdida también de calidad de vino, que va en detrimento no solo del propio sector sino también del paisaje, de nuestra población rural. Hemos de ser un poco más realistas y contarles la realidad a nuestros trabajadores y a nuestra industria porque la experiencia nos dice qué es lo que ocurre en Europa, sobre todo ahora en momentos económicamente complicados en los que se están pagando ingentes cantidades de dinero cuando realmente hay un producto excedentario. He de decir que echamos en falta medidas para preparar a nuestros trabajadores, a nuestra industria, ante ese más que probable escenario, por eso nos abstendremos en esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muy brevemente porque coincido con muchos de los argumentos que han expuesto los grupos. Nosotros daremos apoyo a esta iniciativa porque entendemos que la liberalización de las plantaciones es una amenaza en distintos aspectos a nuestro sistema tradicional de producción. Yo soy una diputada que viene de un territorio también productor de vino con muchas denominaciones distintas y con una forma de producción muy vinculada al territorio, muy local y con producciones de pequeña escala, pero creemos que esta es una fórmula de éxito, por la sostenibilidad de las propias prácticas, y aquí entendemos que la amenaza de la liberalización no es solo sobre la producción de vino y sobre los productores actuales sino también una amenaza desde el punto de vista medioambiental, y algún diputado lo apuntaba. A nuestro entender también es una amenaza en el sentido de que entren nuevas variedades no autóctonas y es una amenaza a la biodiversidad, pero también a las formas de producción en el sentido de que se introduzcan formas intensivas de riego que no son las que ahora se están llevando a cabo y que son claramente menos sostenibles.

A nosotros, nos hubiera gustado un término medio en la definición última sobre las organizaciones de productores. Creíamos que la primera a lo mejor daba lugar a confusión o a una mala interpretación, pero creemos que la transacción a la que se ha llegado se queda un poco corta. Nosotros sí que defendemos el modelo de cooperativismo y la riqueza que supone el cooperativismo de...(Rumores)

Disculpe presidente, es un poco complicado continuar la intervención.

Como decía, nosotros defendemos el modelo de cooperativismo, de vinculación al territorio y de prácticas sostenibles y creemos que a lo mejor se debería ir un poco más allá de estudiar las consecuencias. Creemos que habría que batallar ante la Unión Europea para que se contemple la diversidad de organizaciones de productores y que se incluya la definición y los sistemas de organización que hay en nuestro país.

Nosotros daremos igualmente apoyo a la transacción a la que se ha llegado.

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia tiene un par de dudas antes de suspender la sesión por un periodo máximo de cinco minutos para ordenar las votaciones.

Con respecto a esta proposición hay una transaccional. ¿El Grupo Parlamentario Popular también entra en esa transaccional?

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Sí, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: La tenemos aquí. Transaccional entre el grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el Grupo Convergència i Unió y el Grupo Socialista. De acuerdo.

En cuanto a la proposición 4.ª, quería preguntar a la señora Alegría Continente qué ha pasado con la propuesta del PNV, que creo que ha quedado ligeramente modificada. ¿Han llegado a un acuerdo?

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Sí, aceptamos la enmienda del PNV con una pequeña modificación, que es la eliminación de una palabra de su enmienda.


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El señor PRESIDENTE: Le rogaría que la hiciera llegar a la Mesa porque se va a proponer una enmienda transaccional y se va a someter a votación.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: De acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante cinco minutos como máximo. (Pausa).

Vamos a proceder a la votación. Les ruego, por favor, que tomen asiento y que faciliten el control de las votaciones, porque además estamos coincidiendo con un acto importante que se celebra en estos momentos con la presencia del presidente del Congreso de los Diputados, y varios diputados han expresado su deseo de asistir al mismo. Por lo tanto, les ruego que colaboren lo máximo posible con el desarrollo de las votaciones.

Vamos a someter a votación las proposiciones no de ley -que figuran en el orden del día, que como saben ha sido alterado-. El punto 1.º es una proposición no de ley para armonizar las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola. La ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. No hay enmiendas y, por lo tanto, se somete a votación en su propios términos.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

El punto 2.º es una proposición no de ley sobre la cadena alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta iniciativa se ha presentado una transaccional que es conocida por todos los grupos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El punto 3.º es una proposición no de ley sobre la regionalización de la política agraria común. Su autor, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no ha aceptado enmiendas. Por tanto, se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 4.º proposición no de ley sobre la prevención y extinción de incendios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha aceptado una enmienda transaccional a la que se ha incorporado el PNV con una ligera corrección.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El punto 5.º es la proposición no de ley relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un acuerdo de pesca UE-República Gabonesa. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, esta transaccional se somete a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 6.º proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural sobre el rendimiento máximo sostenible. Se vota en sus propios términos porque el grupo proponente no ha aceptado ninguna enmienda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 42; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, punto 7.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la liberalización de los derechos de plantación de viñedos, que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y que ha sido objeto de una transacción en la que han participado casi todos los grupos, que está en la Mesa y que es conocida por los grupos que han participado en dicha transacción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.

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