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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 87, de 08/05/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 87
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
8 de mayo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa:

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (Número de expediente 121/000008) ... (Página2)

Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (Número de expediente 121/000008) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, comenzamos la sesión de la Comisión de Presupuestos con el primer punto del orden del día, que es la ratificación de la ponencia que ha elaborado el informe del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. ¿Ratifican sus señorías la ponencia? (Asentimiento).

EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Como saben ustedes, lo haremos por títulos y secciones, comenzando ahora por los títulos I y II, que se debatirán conjuntamente. No habrá votaciones hasta las ocho de la noche aproximadamente. Como he dicho, vamos a comenzar por los títulos I y II, a los que hay enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo de Convergència i Unió, del Grupo Mixto y del Grupo Popular. Comenzamos, como es habitual, de mayor a menor, por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Señorías, tengo el honor de dirigirme a todos ustedes para presentar las enmiendas parciales de mi grupo, no solamente a estos títulos sino al conjunto de la ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. En congruencia con lo que ya se defendió por parte del presidente de nuestro grupo en el plenario en el debate a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, entendemos que el planteamiento que hace el Gobierno es un planteamiento de apuesta única a la consolidación fiscal, cuando nuestra economía necesita de estímulos para crecer y nuestra sociedad de apoyos para cohesionarse. En ese sentido y en la misma línea hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales que intentan dar otra visión de las posibilidades que tenemos en cuanto al ingreso, ofreciendo una propuesta alternativa de ingresos para financiar los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de la misma manera que en el conjunto de enmiendas planteamos mejoras sustanciales en dos aspectos que creemos muy importantes: por una parte, un conjunto de medidas encaminadas a estimular nuestra economía, sobre todo en aquellos sectores que en estos momentos están dando una respuesta positiva de actividad económica en ámbitos como la investigación al desarrollo; pero también apoyo a la empresa, actuaciones en el ámbito rural, así como todo aquello relacionado con la educación, como una apuesta inversora muy importante para la formación del capital humano, que es básico para nuestro país y para nuestra economía; además también ponemos un especial énfasis en todo aquello que implica garantizar la cohesión social, sobre todo en unos momentos en que hay una parte importante de nuestra ciudadanía que lo está pasando muy mal y que necesita el apoyo de los poderes públicos para ver el futuro con un poco más de esperanza partiendo de lo que hoy se está sufriendo.

Para finalizar, y eso afecta directamente a los títulos que vamos a ver a continuación, recuperamos el respeto por lo que normas básicas, como son los estatutos de autonomía aprobados y llamados de segunda generación, contemplan en cuanto a sus inversiones, y precisamente una enmienda de nuestro grupo, así como la de algún otro grupo, va encaminada a recuperar la posibilidad de que por parte de los Presupuestos Generales del Estado se dé cumplimiento a las normas estatutarias que prevén determinado tipo de inversiones o determinado volumen de inversiones. Eso es lo que vamos a defender a lo largo de las sesiones que vamos a celebrar y espero que el entendimiento entre los grupos sirva para que todos podamos expresar nuestra visión respecto de esos presupuestos, que en el momento de presentación analizamos y que lógicamente es discrepante de lo que ha planteado el Gobierno. Yo voy a terminar aquí, presidente, porque creo que tenemos una jornada muy larga por delante y tendremos ocasión de ir defendiendo parcialmente nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Yo también intentaré ser lo más breve posible, dada la larga jornada que tenemos por delante. Me gustaría aprovechar para poder posicionar nuestro grupo en lo que se refiere de nuevo al tema de los ingresos. En estos presupuestos -hemos anunciado ya nuestra posición en numerosas ocasiones- vemos una manifestación de cómo un Gobierno intenta atacar los síntomas de la crisis y no sus causas. Por eso entendemos que además lo va a hacer erróneamente: al combatir el déficit única y exclusivamente lo único que está haciendo es combatir el síntoma de la crisis, la consecuencia de la crisis, que es el déficit; el déficit y la deuda pública fueron consecuencia de la crisis porque se dispararon después de tener que hacer los planes de inversión pública, después de tener que salvar a los


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bancos y después de ver cómo los ingresos caían en picado.

El Gobierno nos está diciendo continuamente en todas sus respuestas que no hay dinero, que hay que ajustarse el cinturón, que la gente tiene que acostumbrarse a los recortes y, sin embargo, vemos cómo en días como el de ayer el dinero público sale de repente dispuesto a salvar a los grandes bancos y a salvar a determinados sectores de la población, poniendo de relieve la contradicción, la paradoja de este Gobierno que realmente, nosotros insistimos, hace política de clase, de clase social por supuesto, porque en estos presupuestos hay una amnistía fiscal para permitir que las grandes fortunas, las grandes empresas que han defraudado y han debilitado el Estado del bienestar se puedan ir de rositas por sus crímenes fiscales, que han deteriorado la calidad de los servicios públicos que benefician a la mayoría de la población y sin embargo, y mientras eso sucede, se suben los impuestos a la mayor parte de la sociedad. Esta no es la única opción que existe desde un Gobierno; se puede hacer política de otra forma y por eso las enmiendas que nosotros planteamos a estos presupuestos proponen hacerlo de otra forma.

Desgraciadamente, nuestro país es la décima potencia mundial en fraude fiscal, y ese es verdaderamente un agujero negro que deberíamos combatir con mucha más contundencia de lo que lo hacen los pocos gestos que mantiene el Partido Popular en esta legislatura, cuando de ahí es de donde podemos sacar el dinero suficiente para poder financiar los gastos derivados del mantenimiento del Estado del bienestar. Por eso nuestra filosofía es absolutamente distinta a estos presupuestos, por eso planteamos una enmienda a la totalidad en su momento y por eso intentamos presentar enmiendas parciales que mejoran la calidad de los servicios públicos y sobre todo distribuyen de una forma muy distinta, radicalmente opuesta, los costes de la crisis a como lo está haciendo el Partido Popular, que, insistimos, con estos presupuestos describe una política profundamente de clase, en el sentido de que hace recaer los costes de la crisis sobre la mayor parte de la población dejando que los responsables de ella, tanto económicos como políticos, se puedan ir de rositas e incluso acrecienten sus fortunas, como desgraciadamente estamos viendo. Baste el ejemplo de que en el año 2009 el 50% de la deuda pública española estaba en propiedad del sector financiero. Esto quiere decir que cuando se ha disparado la deuda el Gobierno de España ha pedido prestado a las mismas entidades a las que estamos salvando. Dinero hay pero estamos pidiendo prestado lo que deberíamos haber recogido por impuestos. De modo que hay posibilidades de obtener ingresos, pero hay que tener voluntad política y esta enmienda pide al Gobierno que tenga la voluntad política suficiente para recoger impuestos de aquellas fortunas y aquellas grandes empresas que verdaderamente tienen ese dinero y que no lo están utilizando para fortalecer nuestra economía.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre, a quien ruego excuse que haya cambiado el orden de intervención.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, nuestro grupo parlamentario querría homenajear, si fuera posible, a una persona que durante muchísimos años ha ejercido de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Presupuestos, don Francisco Marugán, que era habitual en todos los trámites presupuestarios y que siempre tuvo una gran relación y complicidad con todos los grupos parlamentarios sin excepción, estando en el Gobierno y en la oposición. Hoy, por cuestiones políticas y personales, no está esta Comisión, pero realmente su espíritu y su alma continúan estando presentes en esta Comisión. Esperemos también que su espíritu negociador y conciliador esté presente y que el portavoz a quien corresponda asuma algunas de las características y virtudes de Paco Marugán a fin y efecto de que su presencia pueda seguir notándose aquí, así como su sensibilidad en las futuras negociaciones que se desarrollen en próximas sesiones presupuestarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre, en nombre del presidente. El espíritu y algo más; estoy seguro de que está estudiando al compás que nosotros los presupuestos de este año.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Yendo directamente a la cuestión que nos atañe y al posicionamiento del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su momento nosotros ya nos manifestamos en el sentido de que eran unos presupuestos muy restrictivos, que probablemente tendrían un impacto social y económico muy negativo y que afectarían muy negativamente a las familias, a las clases sociales más débiles y también al tejido productivo. Por este motivo presentamos una enmienda a la totalidad que posteriormente hemos transformado en 563 enmiendas parciales que van en la dirección de intentar que el Gobierno del Partido Popular recobre la seriedad que había manifestado en la época en que estuvo en la oposición y en el debate de investidura. El señor Rajoy expresó con mucha contundencia que el Partido Popular era un partido serio y que como tal asumiría y pagaría todas las deudas que pudiera tener contraído el Estado con las diferentes administraciones. Lo ha hecho y lo ha planteado correctamente, ya que a partir de ahora los proveedores que tengan deudas con las administraciones autonómicas y con los ayuntamientos y las corporaciones locales van a cobrar, pero no lo ha hecho en estos presupuestos, y de esto sí nos quejamos puesto que todas aquellas deudas que el Estado tenía contraídas con diferentes comunidades autónomas y concretamente con la Generalitat de Catalunya en lo relativo a las partidas del año 2009 y 2008 en relación con la disposición adicional tercera


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no han sido reconocidas. Voy más allá, porque como ustedes saben esta disposición adicional tercera fue vapuleada por una sentencia del Tribunal Constitucional pero no es menos cierto que en la Comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat se reconocieron las cantidades de la disposición adicional tercera del año 2008. Nosotros queremos que a través de las enmiendas que presentamos también se puedan reconocer las deudas que tiene el Estado correspondientes al año 2009, como fueron reconocidas en la Comisión bilateral. Desde esta perspectiva creemos que el Estado no tendría que ser moroso con las diferentes comunidades autónomas y en este caso con la Generalitat de Catalunya, y este es uno de los aspectos relevantes que hemos planteado en las enmiendas.

Hay otro grupo de enmiendas que persiguen recuperar las dotaciones correspondientes a las políticas de empleo y en particular las políticas activas de formación y recolocación que ejecutan las comunidades autónomas. Ha habido una disminución sustancial de casi un 40% y en nuestras enmiendas planteamos que valdría la pena llegar a un acuerdo con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Hay un tercer bloque de enmiendas que pretenden implementar políticas activas para incrementar la actividad económica del país, como evitar las reducciones del gasto en políticas de investigación, innovación e internacionalización, así como el impulso del tejido industrial, ya que estas políticas son las más eficaces para activar la economía y generar empleo. Finalmente, hay otro grupo de enmiendas que se refieren a las inversiones, unas de carácter estratégico que nosotros consideramos fundamentales y con un enorme impacto económico y territorial como es la aceleración de las obras de los accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona, de las obras del corredor del Mediterráneo, de las inversiones pendientes de las Cercanías de Barcelona y la finalización de los desdoblamientos de las carreteras del Estado, etcétera. Estas enmiendas pretenden evitar que en estos presupuestos Cataluña sea la comunidad autónoma más castigada en inversiones por parte del Gobierno dentro del conjunto del Estado. Por lo tanto, repito, estas son las consideraciones fundamentales por las que nuestro grupo en su momento optó por presentar una enmienda a la totalidad que después hemos transformado en estos cuatro grandes grupos de enmiendas que contienen estas 563 enmiendas.

Yendo ya directamente a los dos aspectos que estamos debatiendo, el título I y el título II, en primer lugar, tenemos la enmienda 2750, que es de las más importantes que nuestro grupo presenta a este presupuesto. En ella se habla de que en el articulado no se establece la autorización por parte del Gobierno al ministro de Hacienda para que pueda dotar de recursos aquellas partidas que están necesitadas de estos recursos para que el Estado pueda cumplir con los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas. No solamente no están las cantidades, sino que se ha eliminado la autorización al ministro de Hacienda para que pueda dotarlas, con lo cual es fundamental que podamos llegar a un acuerdo positivo sobre esta enmienda con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno.

En cuanto a las enmiendas al título II, que hace referencia a la gestión presupuestaria, son enmiendas que habitualmente presenta nuestro grupo parlamentario relacionadas con la financiación y la cualificación profesional en tanto no se desarrollen las previsiones de la LOE y también con la posibilidad de que las comunidades autónomas con competencias incrementen los módulos establecidos en unos anexos que hemos detallado perfectamente en dichas enmiendas. También hemos trasladado la previsión contenida en la LOE relativa al incremento de los módulos de los centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, así como la dotación de los recursos necesarios para la atención de alumnos con carencias lingüísticas, competencias o conocimientos básicos y del alumnado con necesidad de apoyo educativo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Empiezo dando por defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto a los títulos I y II. Aprovecho este turno para expresar brevemente los criterios que inspiran el conjunto de enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Voy a ser breve en la medida en que entiendo que los argumentos básicos ya fueron expuestos en el debate de totalidad.

En Europa está en estos momentos en el centro del debate si para hacer frente a la crisis económica se deben priorizar las políticas llamadas eufemísticamente de austeridad o las políticas de crecimiento. Digo políticas llamadas eufemísticamente de austeridad porque bajo este concepto realmente lo que se esconde, desde nuestro punto de vista, es la apuesta por que haya una menor presencia del sector público en la economía y por introducir drásticos recortes de contenido claramente antisocial que están provocando una regresión en materia de derechos sociales sin precedentes. Lo que se oculta bajo estas políticas, desde nuestro punto de vista, es el desmontaje progresivo del Estado del bienestar y de la propia presencia del Estado en el conjunto del sector público y en la economía. Creemos que todos los indicadores demuestran de una manera evidente que las políticas centradas en los recortes y ajustes solo están contribuyendo a deprimir aún más la economía, agudizar la crisis económica, a prolongarla en el tiempo y a romper la cohesión social, repartiendo de manera total y absolutamente inequitativa los costes de esta crisis. Además, está teniendo como consecuencia en la periferia de la zona euro el hecho de condenar a los Estados de dicha periferia al precipicio. Frente a la obsesión por las políticas de recortes, que sitúan la consolidación fiscal


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antes que la apuesta por el crecimiento económico como condición previa para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas, nosotros creemos que hay otro camino. Este camino consiste en reacomodar el ritmo de reducción del déficit para que no se vean comprometidas políticas públicas imprescindibles que favorezcan la recuperación económica. También operar sobre los ingresos, abordando una reforma fiscal ambiciosa, integral, que reparta de manera más justa y equitativa el esfuerzo fiscal, eleve la presión sobre las rentas altas y contribuya a combatir la escandalosa bolsa de fraude fiscal. Es necesario apostar por políticas de estímulo, que impulsen la inversión productiva -necesaria para favorecer la recuperación económica-; por prestar especial atención a la inversión productiva en aquellas áreas que contribuyan a cambiar el modelo productivo que nos llevó a esta crisis, como la apuesta por la educación, por la I+D+i, la apuesta por las políticas sociales imprescindibles para asegurar la cohesión social. Además, apostando por el gasto social también se genera dinamización económica y empleo. También la apuesta por reducir el gasto superfluo e improductivo.

Este es el camino que inspira el conjunto de enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los distintos artículos y secciones de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En estas enmiendas hay algunas que se refieren específicamente a Galicia porque entendemos que es necesario introducir un mayor equilibrio en inversión en nuestro territorio que el que se contempla en este proyecto de presupuestos. Prácticamente el 50% de la inversión en Galicia la absorbe la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Ourense a su paso por el territorio gallego, dotando, desde nuestro punto de vista, de manera artificiosa esta actuación, dado que la cantidad que se consigna creemos que es inejecutable mientras que se desatienden otras actuaciones básicas para el progreso de nuestro país. Por tanto, nuestras enmiendas intentan introducir un mayor equilibrio en la inversión en Galicia.

Por último, aprovecho para dejar constancia de que a lo largo de mis intervenciones me voy a centrar en la explicación y defensa de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a los distintos artículos y secciones de este presupuesto, pero, por supuesto, doy por defendidas las enmiendas presentadas por el conjunto de las formaciones del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Los enmendantes ya han intervenido y ahora hay grupos que no han enmendado pero que quieren, como ha manifestado el señor Anchuelo de UPyD, intervenir.

Tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: En efecto, mi grupo no ha presentado enmiendas concretas a los títulos I y II, pero quería aprovechar esta primera intervención para dar una visión general de los presupuestos.

En la tradición parlamentaria el debate presupuestario es el más importante y con razón, porque es el debate que traduce en cifras las políticas del Gobierno. Hemos leído esa traducción en cifras y nos preocupa el mensaje que lanza porque no coincide con el mensaje que se envía mediante las palabras. Los mensajes de las cifras y de las palabras no son coherentes. Como manifestamos en nuestra enmienda a la totalidad, la estrategia del Gobierno centra mucho el ajuste de las cuentas públicas en la Administración central, con el problema de que la Administración central ya es relativamente pequeña. Si quitamos la Seguridad Social solo controla el 20% del gasto y buena parte de ese gasto son intereses de la deuda y prestaciones por desempleo. Lo que queda, que es donde se está concentrando el ajuste, son gastos esenciales que tienen que ver con el crecimiento de la economía y con el gasto social. Se recortan drásticamente partidas que van a afectar al crecimiento económico, en fomento, en inversión pública, en I+D, en educación, en industria; recortes del orden del 20-30%, no cualquier tipo de recortes. Incluso en partidas que ayudarían a las exportaciones o a la internacionalización de la empresa española, lo que va en contra de la estrategia de crecer en el exterior. También se recorta drásticamente el gasto social en partidas muy sensibles, especialmente la de desempleo, en la que hay un recorte en el gasto en prestaciones, mientras que se espera un aumento del paro en más de 600.000 personas, por lo que no parece coherente. También hay recortes en políticas activas para la formación de estos parados. Por ello se va a ver afectado el crecimiento de la economía y la sociedad.

Junto a esto, nuestra segunda objeción es que los presupuestos no son creíbles. Es cierto que tienen un escenario macroeconómico más realista que el de presupuestos anteriores, pero las diferentes secciones de los presupuestos nos generan importantes dudas. Por ejemplo, en el propio escenario macroeconómico se contempla un crecimiento de las exportaciones que no nos parece creíble con Europa en recesión y se contempla una pequeña caída del consumo que pensamos que puede verse superada. Se esperan unas cuentas de la Seguridad Social equilibradas mientras está cayendo el número de cotizantes. En el caso de los ingresos se prevé una subida, pese a los efectos de la recesión, y se contempla una amnistía fiscal que, como otros grupos, condenamos enérgicamente. Al lado de esa amnistía fiscal se reducen los recursos de la Agencia Tributaria para combatir el fraude. Incluso en el caso de la deuda pública se espera un crecimiento grande, de casi 10 puntos del PIB, hasta cerca del 80% del PIB, pero creyendo que no habría que poner dinero público para rescatar la banca. Si esto al final no es así, esas previsiones de deuda también pueden verse superadas.

Por último, por no abusar de la generosidad del presidente y por concluir ya, la estrategia básica del presupuesto tiene un único objetivo, que es controlar el tamaño del déficit. Creemos que ni siquiera ese único objetivo se va a lograr, como el propio Fondo Monetario Internacional


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prevé. Al contrario, si algún acontecimiento imprevisto no lo remedia, este presupuesto está condenando a la economía española a un agravamiento de la recesión con el riesgo de un círculo vicioso semejante al que han padecido otros países, de menor crecimiento, de menores ingresos y más déficit. Nuestras enmiendas intentan corregir esto. También tenemos enmiendas parciales, con aspectos concretos, que esperamos que otros grupos puedan compartir.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: A pesar de que nuestro grupo no tiene enmiendas al título I ni al título II agradezco la posibilidad de intervenir en esta primera ronda.

Lo quiero hacer, en primer lugar, para agradecer, al igual que lo ha hecho el compañero Sánchez i Llibre, a Paco Marugán los desvelos, los trabajos y la dedicación a los presupuestos a lo largo de estos últimos años. Ha sido un placer y una gran ocasión haber trabajado con él. Seguramente, algunos le vamos a echar mucho en falta.

No quiero repetir ahora la posición de nuestro grupo en el debate de totalidad. Hemos mostrado ya nuestra posición contraria a estos presupuestos, que evidentemente seguimos manteniendo, y lo hicimos porque creíamos que sacralizar el objetivo del déficit público iba a conducir a una mayor crisis. Mayor austeridad y mayores restricciones conllevan, necesariamente, un menor crecimiento, un mayor desempleo, etcétera. Creo que es algo que incluso Europa y algunos líderes ahora, parece que a partir de Hollande, están reconociendo y esperemos que así sea. Además entendemos también que a pesar de que nos pueden meter en una crisis más profunda de lo que lo harían en el caso de que los presupuestos fueran más expansivos, tampoco sientan las bases de crecimiento económico futuro en el sentido de que recortan gastos que son imprescindibles para un crecimiento futuro, como son los de infraestructuras o innovación. Aparte de esto, nuestro grupo argumentó que las exiguas inversiones que los presupuestos en general suelen plantear en materia de inversiones para Euskadi son también exiguas en este ejercicio. Solo hay una inversión que tiene cierta entidad, que es el de la Y ferroviaria vasca, cuyo proyecto ha experimentado ya enormes recortes y sucesivas demoras. En primer lugar iba a estar finalizado para el año 2011, después en 2013, ahora se habla de 2016 y en realidad no sabemos cuándo va a acabarse este proyecto. Para ello nuestro grupo parlamentario ha presentado 80 enmiendas con el objetivo de tratar de paliar estas cuestiones que he planteado: que sean presupuestos que sirvan para salir de la crisis y que no ignoren completamente a Euskadi. En este sentido, agradecería al PP que tuviera cierta sensibilidad porque a lo mejor, mirando con cierto detenimiento las enmiendas de los grupos parlamentarios, puede haber algunas cuestiones que sean realmente aprovechables y beneficiosas para estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular va a distribuir su tiempo. En primer lugar, habla el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Como todo el mundo sabe, este título recoge las normas básicas y la instrumentación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2012; recoge las grandes cifras que permitirán alcanzar los objetivos políticos y económicos fijados por el Gobierno. También, como viene siendo habitual, recoge las normas de modificación, limitación y ejecución de créditos presupuestarios y las atribuciones en cuanto a competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. Los créditos incluidos en los programas y las transferencias entre los subsectores de los estados de gastos aprobados alcanzan la cifra de 343.000 millones de euros. Esta cifra lógicamente incluye los Presupuestos Generales del Estado, los organismos autónomos, la Seguridad Social, las agencias estatales, los organismos públicos cuya normativa específica confiere un carácter limitativo a los créditos del presupuesto de gastos. No me extenderé sobre las valoraciones técnicas en referencia a estos puntos que acabo de citar, pero sí que quiero hacer unos comentarios previos, al igual que han hecho el resto de portavoces, respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012. Luego, como ha bien ha dicho el presidente, mi compañera Sandra Moneo hablará un poco más del título II.

En primer lugar, quiero volver a recordar que la convocatoria de elecciones anticipadas de septiembre de 2011 impidió elaborar los presupuestos en 2012 en los plazos ordinarios. Se prorrogaron forzosamente los presupuestos de 2011 para este ejercicio, tal y como señala el artículo 134 de nuestra Constitución. En segundo lugar, también quiero hacer referencia al hecho de que la importante desviación presupuestaria confirmada recientemente por Eurostat, que sitúa el déficit del conjunto de las administraciones españolas en el 8,51%, ha obligado al nuevo ejecutivo del Partido Popular a aprobar un paquete de medidas, el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, en materia presupuestaria, tributaria y financiera, incluyéndose todas las medidas aprobadas en este presupuesto. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones durante el debate de presupuestos, el principal objetivo de este presupuesto es devolver la estabilidad a las finanzas públicas, condición indispensable para crear empleo y para que volvamos a la senda del crecimiento económico. Este presupuesto es una herramienta más para alcanzar los objetivos dentro de un ambicioso paquete de reformas estructurales que permita la dinamización de nuestra economía, la mejora de nuestra competitividad, que se facilite el acceso al crédito de familias y empresas y que asegure la solvencia de unas cuentas públicas para garantizar nuestro Estado del


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bienestar. La estabilidad de las cuentas públicas es una obligación derivada de los compromisos a los que el Reino de España ha llegado con nuestros socios europeos. También la reforma reciente del artículo 135 de la Constitución española nos invita a que trabajemos en esta línea, así como las directrices marcadas por la aprobada ya Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde nuestro punto de vista es una obligación reconducir los ingresos y los gastos hacia una senda equilibrada, de forma que las finanzas públicas supongan un apoyo para la recuperación de nuestro potencial de crecimiento. El déficit del conjunto de la Administración Central del Estado no debe superar el 3,5% del PIB, una reducción del déficit del Estado, más de 17.000 millones para este año 2012. El presupuesto está basado en un cuadro macrorrealista. Es un presupuesto basado en la austeridad, riguroso y que se ajusta a las actuales circunstancias de la economía española. Ya nos gustaría invertir más, ya nos gustaría poder presentar más carreteras, más puertos, más dotación para impulsar otro tipo de gastos, desde luego, pero la situación es la que es y nos resulta muy complicado realmente que se pueda gastar en estas circunstancias.

Para examinar las cuentas del Estado y alcanzar los objetivos antes mencionados, el Gobierno de Partido Popular se ha visto obligado a aprobar nuevas medidas tributarias excepcionales y temporales para aumentar la recaudación. También este presupuesto recoge una muy notable reducción de los gastos corrientes no productivos. Recuerdo que hay una reducción media de los gastos corrientes en los ministerios de en torno al 17%. Asimismo, este presupuesto apuesta por una clara racionalización del sector público español. Las inversiones públicas se acercan a la inversión ejecutada del pasado ejercicio y sobre este presupuesto recoge partidas que permiten responder a nuestras obligaciones financieras. (El señor Blanco López: Ya le digo yo que no). Una de las principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado son 29.000 millones para gastos financieros con los que pagar los vencimientos de la deuda emitida por gobiernos anteriores. También aumentan las transferencias a las administraciones territoriales para garantizar su suficiencia financiera, respetando el actual sistema de financiación. Se está colaborando lealmente con todas las comunidades autónomas para ayudar también a consolidar las cuentas públicas de las diferentes administraciones territoriales, nuevas líneas ICO, el Plan proveedores, al que alguien antes ha hecho referencia; se han introducido modificaciones para diferir el pago de las devoluciones negativas de los años 2008 y 2009, anticipos, avales de deuda pública, etcétera. También si miramos el gasto social en términos homogéneos crece un punto respecto del presupuesto de 2011, se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, se garantizan las prestaciones por desempleo, se mantiene el poder adquisitivo de los funcionarios y desde luego este presupuesto también hace algo que no venían haciendo los presupuestos anteriores, que es reconocer las obligaciones económicas de ejercicios anteriores. Incluye las herramientas y una dotación para hacer efectivo el Plan proveedores, que recuerdo que es una herramienta de más de 35.000 millones de euros que va a permitir que miles de empresas en este país finalmente puedan cobrar las facturas que les deben las administraciones. Pensamos que es una herramienta que va a estimular desde luego el crecimiento. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en las afirmaciones que han hecho algunos grupos en el sentido de decir que este presupuesto apuesta solo por la austeridad. Como ya dije durante el debate en el Pleno, no conozco ningún país en Europa que ponga el 3,5% de su PIB a disposición de las empresas para que puedan cobrar las deudas. Creo que es un auténtico y verdadero estímulo al crecimiento de la economía.

Respecto de las enmiendas que ha presentado el resto de grupos, nosotros legítimamente opinamos que ponen en riesgo los objetivos de este presupuesto. Son enmiendas que pueden servir para hacer política, pero no para hacer política económica y son enmiendas que están algo alejadas de la realidad, tan alejadas que cuando estos mismos grupos han gobernado no las han puesto en marcha.

Aquí me planto. A lo largo de las jornadas de hoy y de mañana debatiremos con amplitud todo el conjunto de programas de gasto de las diferentes secciones. Desde luego, nosotros pedimos al resto de grupos que entiendan las circunstancias y filosofía de este presupuesto.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno, tiene la palabra doña Sandra Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Señorías, aunque es evidente que a lo largo de estas jornadas y del debate presupuestario lo escucharemos con cierta frecuencia, creo que es importante comenzar esta intervención diciendo que este es un presupuesto que no puede ni debe entenderse sin la consideración de la excepcionalidad del momento actual y evidentemente por la obligación al sometimiento a los principios de austeridad y de eficiencia; y en este título -que tengo el honor de defender- es donde más deben sostenerse esos principios de austeridad, pero sobre todo el principio de eficiencia. Aquí se han hecho una serie de planteamientos generales con relación al presupuesto y me gustaría incidir en algunas cuestiones referidas a enmiendas de otros grupos parlamentarios con las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que a nuestro juicio no influyen en la defensa, en este caso, de un principio fundamental que se desarrolla a través de las actuaciones económicas de este título II, como es la libertad de enseñanza.

Como decía antes, seguramente estaremos de acuerdo en la filosofía y en los planteamientos políticos de algunas enmiendas, pero con toda sinceridad, pensamos que el desarrollo pleno del artículo 27 de la Constitución española, la defensa de la libertad de enseñanza, es un capítulo que cuando menos tenemos que perfeccionar,


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pero ni es este el momento, ni es el lugar, ni por supuesto a través de las enmiendas que han presentado algunos grupos parlamentarios podemos lograr esta finalidad. Es más, la actual Ley Orgánica de Educación, la LOE, en su disposición adicional vigésimo novena ya contemplaba algunos instrumentos de perfeccionamiento del actual sistema de financiación de los centros sostenidos con fondos públicos. Es precisamente en ese ámbito donde debiéramos haber dado por finalizada esa comisión que debía valorar el coste real del puesto escolar, la viabilidad del sistema de conciertos y, por tanto, condicionar en función de ese coste del puesto escolar y la efectiva financiación de los centros sostenidos con fondos públicos, los presupuestos posteriores. Por lo tanto, no podemos sostener esa defensa de los centros sostenidos con fondos públicos exclusivamente bajo el principio de incremento del gasto. Nosotros a lo largo de nuestra trayectoria, tanto en la oposición como en las iniciativas que actualmente estamos presentando como grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, hemos defendido y hemos sostenido la eficiencia de la inversión en educación. Es fundamental invertir, pero tan fundamental como invertir o más es hacerlo bien. En estos momentos tenemos un escenario donde la eficiencia de la inversión en educación demuestra que esa inversión no se corresponde con los resultados. Por lo tanto, lo que pedimos y lo que desarrollaremos a lo largo del propio debate de la sección 18 es que seamos muy rigurosos con relación a los instrumentos, a los compromisos económicos y a la eficiencia que busquemos dentro de esos compromisos económicos.

Por otra parte, buena parte de las enmiendas que han presentado algunos grupos -en particular el Grupo de Convergència i Unió- que hacen referencia específicamente a ese sostenimiento de los centros concertados son a nuestro juicio innecesarias, muchas de ellas están contempladas dentro del propio desarrollo de la Ley Orgánica de Educación. También se pide un incremento de los módulos de concierto por parte de las comunidades autónomas, cuando es una realidad que las propias comunidades autónomas tienen ese margen de actuación que permite el incremento de los módulos de conciertos adecuados a la propia exigencia del currículum; la necesaria financiación de nuevas unidades de formación profesional con relación a la demanda existente -por otra parte algo que contempla la propia Ley Orgánica de Educación-, especificando también que estos centros de formación profesional pueden expedir otro tipo de titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad y también se contempla en la Ley reguladora de la formación profesional la financiación para estos centros. En definitiva, señorías, medidas con relación a la modificación de ratios, incremento de mejoras retributivas, reducción de horarios, medidas que deben entenderse dentro de la financiación de los centros sostenidos con fondos públicos, dentro de ese marco de política de austeridad que exigimos, que hemos impuesto a la propia educación pública sin merma, por supuesto, de la calidad de enseñanza y que no entenderíamos que se hiciese una excepcionalidad cuando de lo que se trata es de mantener esa eficiencia en el ámbito de la educación, eficiencia -como señalaba antes- absolutamente compatible con la defensa del principio de la libertad de enseñanza y con la calidad y la futura mejora de la calidad de la educación.

El señor PRESIDENTE:: Pasamos al título III, hay enmiendas de todos los grupos.

Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora diputada Meritxell Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Dentro de este título III de gastos de personal, para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental uno de los aspectos que recoge su regulación, como es la oferta de empleo público. Nos parece que es fundamental establecer una oferta de empleo público en estas circunstancias capaz de garantizar el mantenimiento de un sector público fuerte, un sector público que pueda ofrecer las necesidades a aquellos ciudadanos que precisamente tienen mayor debilidad en el estrato social y capaz también de garantizar la prestación de unos servicios públicos mínimos que nuestra propia Constitución tiene regulados. Para ello, nos parece que la previsión del 0% de tasa de reposición, tal y como recoge el artículo 23 presentado en el proyecto de ley, no ofrece en absoluto estas garantías de ofrecimiento de servicios públicos básicos y de afrontar las necesidades de los ciudadanos que menos tienen.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista partimos de la conciencia de necesidad de austeridad y desde la responsabilidad, precisamente, es desde donde presentamos el conjunto de enmiendas que hace referencia a la oferta de empleo público. Son un conjunto de enmiendas que buscan su aprobación, porque pensamos que ofrecen precisamente un buen equilibrio entre la austeridad que sabemos que hay que mantener, pero también la cobertura de necesidades mínimas para nuestros ciudadanos. En este sentido, presentamos una primera enmienda, la 795, en la que se propone una tasa de reposición general que pase del 0% al 10%. Es verdad que no es un gran aumento, pero nos parece que precisamente buscando ese equilibrio que anunciaba, podría garantizar al menos priorizar dentro de este 10% aquellas necesidades que cada una de las administraciones públicas valoren a la hora de prestar los servicios que tienen encomendados. Por tanto, es una oferta de empleo público limitada, de acuerdo con criterios de austeridad, pero que evita la descapitalización de la Administración pública. Además, la enmienda permitiría continuar con los procesos de consolidación de empleo respecto de aquellos funcionarios interinos que llevan prestando servicios en la Administración muchos años.

Hay una segunda enmienda que hace referencia a los sectores prioritarios para los que el proyecto de ley establece una tasa de reposición del 10%. Nosotros consideramos que esa tasa de reposición debería elevarse


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al 30%. Además, añadimos dos sectores prioritarios que creemos que el Gobierno del Partido Popular ha omitido, no sé si por descuido o por voluntad política, pero en todo caso nos parece que sería fundamental que se añadieran a este artículo 23 apartado uno.2, como es el caso de la Administración de Justicia. Nuestra modernización del sistema judicial requiere este esfuerzo por parte de la Administración pública y, por tanto, pensamos que ese 30% vendría a cubrir las necesidades que esa Administración de Justicia necesita. En segundo lugar, consideramos que es muy importante incluir los sectores de universidades públicos, organismos públicos de investigación y la Agencia Estatal CSIC, respecto de las plazas de personal docente e investigador, porque la pérdida de capital humano en este sector no podría recuperarse en el futuro con un mero aumento de recursos, por lo que se preciso evitar que esta pérdida se produzca en estos momentos. Es inversión en el futuro de España y nos parece que, por una cuestión de responsabilidad, el Gobierno debería aceptar esta enmienda 798. En este sentido, nos parece que el artículo 23 debería incluir una excepción a la limitación de contratación establecida respecto del personal docente y de investigación con cargo a subvenciones finalistas en las universidades públicas, los organismos públicos de investigación y la Agencia Estatal CSIC. En la actividad de I+D+i es frecuente la contratación de este personal temporal con cargo a subvenciones finalistas, y este tipo de contratos son imprescindibles para el funcionamiento del sistema, favorecen además la movilidad y en ningún caso, desde nuestro punto de vista, son comparables a otros contratos temporales del sector público.

Dentro del paquete de enmiendas referidas a la oferta de empleo público, quiero hacer referencia a una enmienda de adición de una nueva disposición adicional que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en la que pide al Gobierno la presentación de un estudio anual de necesidades de recursos humanos de la Administración General del Estado tras el análisis riguroso de la situación de las plantillas de personal. Por tanto, que se ponga de manifiesto la necesaria austeridad para cubrir efectivamente aquellas plazas, pero que esa austeridad vaya acompañada del rigor y de un criterio de necesidades, no que sea una austeridad transversal aplicando el mero criterio económico de manera transversal, porque por el camino nos pueden quedar sectores que realmente necesiten más funcionarios, más personal público para cubrir, como decía, servicios esenciales. En esta misma enmienda también creemos que es importante que la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado garantice de alguna manera la prestación de los servicios, por eso acaba con un párrafo diciendo que el número anual de plazas garantizará como mínimo el funcionamiento de los servicios públicos. Por tanto, nos parece que la oferta de empleo público, desde la razonabilidad de la política de recursos humanos de la Administración General del Estado en todos sus aspectos, tiene que garantizar en todo caso esa prestación de servicios.

Finalmente, quería destacar una última enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista referida a este título III, que hace referencia a los planes de pensiones. Se prohíbe la aportación a planes de pensiones pero sin especificar que sea la destinada solo a la cobertura de la contingencia de la jubilación. Pensamos que seguramente es un error del proyecto de ley, porque esto tendría como consecuencia que los empleados del sector público que cuenten con un sistema de protección social complementaria que dé cobertura a otras contingencias, estoy pensando en contingencias de riesgo de invalidez y fallecimiento principalmente, junto a la contingencia de jubilación a través de un plan de pensiones o seguro colectivo, dejarán de estar protegidos frente a las citadas contingencias de invalidez y de fallecimiento al imposibilitarse de manera general la aportación a dichos instrumentos con independencia de la cobertura que protejan. Por tanto, pediríamos la aceptación de esta enmienda en la que se deja claro que se mantiene la prohibición de aportación a los planes de pensiones en lo que tiene relación con la contingencia de jubilación, pero se suprimirían por tanto de esta prohibición de aportaciones otras contingencias como la invalidez y el fallecimiento.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas que hacen referencia al título III de los gastos de personal. De estas seis enmiendas hay una muy relevante desde la perspectiva política que es la 2763, por la cual instamos al Gobierno a que tenga la capacidad y la valentía política suficiente de si presenta un presupuesto restrictivo, que puede tener repercusiones muy negativas tanto en el ámbito social como en el familiar como en el de la economía productiva, para poder implementar políticas de crecimiento alternativo al crecimiento económico, tendría que hacer lo que ya hemos hecho algunas comunidades autónomas en el sentido de intentar plantear una reducción de los gastos de las retribuciones del sector público español. En la Generalitat de Catalunya concretamente hemos abordado esta situación para poder plantear un presupuesto más justo y más equitativo, y hemos presentado ya en los presupuestos del año 2012 una reducción de las retribuciones del personal del sector público catalán. Desde esta perspectiva, instamos y animamos al Gobierno a que desde su posición contemplen esta posibilidad de reducir de esta forma el déficit público de una manera objetiva y real. Por tanto, en la enmienda 2763 planteamos la reducción del 5% de las retribuciones del sector público del Estado español.

Al mismo tiempo, hay una serie de enmiendas que van en la dirección de la eliminación de la excepción de


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la reducción de la oferta de empleo público de las plazas de militares de tropa y de marinería. Este sería un ejemplo a seguir de reducción del gasto público con la eliminación de estas excepciones. Al mismo tiempo también planteamos, desde la perspectiva inversa, eliminar la limitación del 10% para la reposición de efectivos para la Policía local y para los cuerpos de extinción de incendios en todas aquellas zonas donde existan carencias importantes de estos dispositivos que puedan afectar a la seguridad ciudadana y también en todas aquellas zonas donde es posible que se puedan producir incendios en un futuro inmediato. Prácticamente estas son las dos enmiendas más relevantes de nuestro grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, el señor Garzón tiene la palabra.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo está extraordinariamente preocupado por el efecto de estos presupuestos sobre el empleo público y el personal en general. Entendemos que estos presupuestos, con su establecimiento de la tasa de reposición cero a excepción de algunos sectores, lo que están haciendo es derribar el punto de control de los salarios para poder presionar a la baja el resto de salarios privados. En este sentido, la congelación de salarios públicos que se ha establecido lo que intenta hacer, junto con el efecto de la reforma laboral, es deprimir la masa salarial, el conjunto de los salarios de los trabajadores en España para generar -entendemos- un modelo productivo de competición basado en esos bajos salarios al estilo de países como China o países del este, que sean competitivos pero no por la vía de investigación y desarrollo, sino por la vía de bajos salarios. Creemos además que la manifestación del Partido Popular al establecer una tasa de reposición del 10% en lo que se refiere a inspectores de Hacienda, es la manifestación de sus pocas ganas de querer luchar con eficacia frente al fraude fiscal. Entendemos que si hay que luchar contra el fraude fiscal como nosotros queremos y exigimos, hay que establecer una tasa de reposición del cien por cien también en el sector de las inspecciones técnicas de los técnicos de Hacienda, porque no podremos luchar de otra forma contra las grandes empresas y las grandes fortunas, que son las responsables del 72% del fraude fiscal según los mismos inspectores de Hacienda.

También nos preocupa extraordinariamente el destino y futuro de los investigadores, de los profesionales más cualificados en España, que llevan decenas de años alargando continuamente contratos de carácter extraordinariamente precario y que ahora con estos presupuestos se ven lanzados por la borda por la falta de presupuestos. El mantenimiento de los empleos públicos debería ser una prioridad en estos presupuestos, presupuestos que, como decía anteriormente, sin embargo describen que la prioridad es salvar a los bancos, salvar al sistema financiero por encima de cualquier otro gasto, tal y como establecía el pacto constitucional del año pasado del Partido Popular y Partido Socialista y como desarrolla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Creemos que es un grave error, creemos que hay que poner por encima de todo los servicios públicos y el mantenimiento del empleo público y, por eso, hemos presentado enmiendas que intentan hacer ver que hay alternativas a ese cambio de prioridad que tiene el Partido Popular. Por tanto, con esta filosofía doy por defendido el conjunto de enmiendas que hemos presentado a este título.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Un año más se pide a los empleados públicos un importante esfuerzo en estos presupuestos, fundamentalmente por dos vías: por un lado, mediante la congelación salarial, una congelación salarial que se une a las congelaciones de años anteriores, incluso a las reducciones de años anteriores, y se presenta esto como que no se baja el sueldo de los funcionarios. Hay una pérdida de poder adquisitivo, durante estos años ha habido tasas de inflación del 2 ó 3% y eso unido a la bajada salarial, que fue de una media del 5 %, pero en algunos colectivos mayor, lleva a una acumulación de pérdida de poder adquisitivo notable en un colectivo que no se caracteriza por sus altos salarios de partida. En segundo lugar, se establece una tasa de reposición del 0%, que solo se exceptúa en casos muy particulares, permitiendo que sea del 10%, y esto se presenta como un aumento del 10%. No es un aumento del 10%, es una disminución de solo el 90%. Nosotros podríamos haber presentado muchas enmiendas a este título III, pero hemos preferido seleccionar pocas, pero cargadas de razón. La enmienda 1375 busca extender esa tasa de reposición del 10% a los empleados públicos relacionados con actividades de investigación y desarrollo. Como dijimos en la primera intervención, consideramos que las cifras tienen que ser coherentes con las palabras. La política del Gobierno es muy proclive a la investigación, al cambio de modelo productivo, no parece una petición exagerada que se considere un sector prioritario, con una tasa de reposición del 10% que, insisto, quiere decir que de cada cien vacantes, noventa no se cubren. Igual que se ha hecho en otros sectores, la investigación lo merece. Todos los estudios económicos señalan que el I+D es esencial para el crecimiento a largo plazo. Todos los índices españoles de I+D están claramente por debajo de los de la Unión Europea y, como señalaba algún interviniente anterior, los procesos en I+D son lentos, es muy fácil deshacer lo que hay y muy difícil volver a organizarlo. Por eso, pedimos que la tasa de reposición del 10% se extienda a las actividades públicas de I+D como una actividad prioritaria.

Las otras dos enmiendas, 1376 y 1377, se centran en el colectivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional. También es un colectivo al que muchos responsables


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públicos loan merecidamente por su labor, pero de nuevo las palabras y las cifras no coinciden. Este colectivo ha sufrido las mismas congelaciones salariales y las mismas pérdidas de poder adquisitivo que los demás, pero con el agravante de que el nivel de partida es mucho más bajo. Se ha hablado durante muchos años de equipara sus salarios a los de las policías autonómicas y locales, pero la equiparación está muy lejana y no se está produciendo, ni siquiera se está tendiendo hacia ella. A esto se une que, como es de conocimiento público, trabaja a menudo en condiciones de precariedad, tanto en sus instalaciones deterioradas, como en el material que utiliza. Por si todo esto no fuese bastante, en estos presupuestos además se añade que se reduce un 10 % su complemento de productividad, un complemento que se suele utilizar para remunerar horas extras, dado que este colectivo tiene un horario que es difícil de ajustar a un horario prefijado. Pedimos que esa reducción del 10% del complemento de productividad se suprima.

Como verán sus señorías, y espero que valoren los miembros del partido mayoritario, no son enmiendas que supongan un gran aumento del gasto, corregirían situaciones delicadas de colectivos que lo merecen. Entiendo el papel del grupo mayoritario en este debate, pero también entiendo que para que este debate tenga algún sentido, este tipo de enmiendas deberían ser consideradas por el partido que sustenta al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo ha presentado tan solo una enmienda a este título III, en concreto, al artículo 22.3. Lo que se propone es que se modifique este apartado 3, y donde pone: seguros colectivos que incluyan la cobertura de contingencia, que diga: seguros colectivos referidos a la contingencia. A continuación, añade un texto en el que se dice: no obstante, las aportaciones para prestaciones de jubilación y aportaciones para la cobertura de contingencias de riesgo, como fallecimiento o incapacidad, que se deriven de los planes de empleo y se articulen a través de entidades de previsión social voluntaria, solo podrán realizarse para aquellos que hubieran sido suscritos antes de 31 de diciembre de 2011 y sin incremento de su cuantía. Consideramos que esta modificación es importante, dado que el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, convalidado en el Congreso de los Diputados el día 11 de enero del año 2012, ha provocado, con relación al régimen de aportaciones al sistema de previsión social del sector público, una incertidumbre generalizada y graves problemas de seguridad jurídica, poniendo en cuestión todo el sistema de previsión social complementaria, con una grave daño muy especialmente a la viabilidad futura de las entidades de previsión social voluntarias. Todo ello se enfrenta radicalmente a la política europea en la materia y singularmente a las orientaciones establecidas en el libro blanco. A nuestro juicio, en los planes de empleo se está produciendo el bloqueo de las aportaciones institucionales referidas a compromisos ya en vigor y el freno absoluto a la creación de otros nuevos. Como consecuencia de ello, y singularmente en aquellos sistemas en donde se comparte la aportación entre la institución pública y el trabajador, se puede producir una reconsideración por parte de los empleados públicos concernidos, que pueden demandar la suspensión de su aportación y el abandono del modelo. Todo ello conlleva una grave afección a los compromisos en pensiones asumidos en el sector público, que se ha realizado con independencia del tipo de vehículo utilizado, bien sea en el plan de pensiones de empleo, contratos de seguro colectivo, mutualidad de previsión social o plan de previsión empresarial, ignorando la distinta naturaleza jurídica de unos y de otros. Adicionalmente, y como consecuencia de la poco afortunada redacción del precepto mencionado, la afección se extiende también a las contingencias de fallecimiento, viudedad, orfandad e incapacidad, con un grave daño y clara inseguridad jurídica, especialmente para las personas que ya en los primeros meses de este ejercicio de 2012 se han visto afectadas por tales situaciones.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 reproduce literalmente lo prescrito en el real decreto-ley, si bien introduce una clara contradicción. Si el apartado 2 del artículo 20 señala el criterio firme de congelación retributiva, sin modificación al alza y también sin forzar una reducción a la baja, prohíbe, no obstante, destinar una parte de la masa salarial a financiar aportaciones a sistemas complementarios de previsión. Dichas aportaciones a estos sistemas, que fueron pactadas en la negociación colectiva, son obviamente un salario diferido del trabajador que ya fue comprometido. En atención a ello, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco lo que pretende es no cuestionar el objetivo de control de gasto en personal al servicio de las administraciones públicas bajo el criterio de congelación retributiva, diferenciar claramente el tratamiento de las entidades de previsión social voluntarias, dada su distinta naturaleza, así como el protagonismo que están llamados a desarrollar para la construcción del segundo pilar del sistema y, en tercer lugar, resolver claramente los efectos colaterales producidos, seguramente de forma no voluntaria, sobre el aseguramiento de las contingencias de riesgo.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, ha presentado cuatro enmiendas a este título. La primera enmienda, la 2579, afecta al artículo 22, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio


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del sector público. En nuestra enmienda proponemos aclarar que las bases contenidas en este artículo se refieren a las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir el déficit de explotación. Desde nuestro punto de vista, el establecimiento de criterios ordenadores en materia de gastos de personal debe estar vinculado a la política de ingresos o gastos presupuestarios, por lo que no se debe aplicar a aquellas sociedades que, aun siendo públicas, no reciben financiación presupuestaria, sino que proviene de ingresos privados, conforme a la actividad que desarrollan en virtud de sus estatutos y su objeto social. Es una enmienda razonable que, por la falta de aclaración de este aspecto en este artículo, pretende evitar que se vean afectadas cuestiones consolidadas en convenio. Por eso, le pedimos al Grupo Popular que tenga un trato singular con esta enmienda, porque no afecta a la filosofía que afecta a estos presupuestos.

Las otras tres enmiendas se refieren al artículo 23, oferta de empleo público. La enmienda 2580 propone que la tasa de reposición de empleo público, que para algunos sectores se fija en el 10%, se suprima y se establezca, por tanto, en el cien por cien. Desde nuestro punto de vista, el primer objetivo de la política presupuestaria debería ser contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo y consideramos que en este campo el sector público debe jugar también un papel importante. Además, la limitación establecida para reponer efectivos no debe aplicarse a sectores sensibles, por desempeñar funciones relacionadas con servicios públicos básicos o áreas de actividad prioritaria durante 2012. La enmienda 2581 es concomitante con la enmienda anterior y propone que la exclusión, en aplicación de la tasa de reposición del 10% en las ofertas de empleo público, se haga extensiva al servicio público de empleo y a las administraciones públicas con competencias en esta materia y también a las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales y atención a la dependencia. Por último, la enmienda 2582 propone la supresión del apartado quinto del artículo 23, dado que consideramos que la amortización de plazas producidas por jubilación supone la destrucción de empleo en el sector público con carácter estructural, a pesar de que en el Estado español no tenemos las ratios de empleo público de Estados de nuestro entorno y, además, medidas como las que se contemplan en nuestros presupuestos contribuyen a generar menos oportunidades de empleabilidad en el futuro. Estas son las razones que fundamentan nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Señorías, el título III de la ley de presupuestos recoge las disposiciones sobre los gastos de personal referidos a la Administración General del Estado y también las normas básicas presupuestarias que afectan al conjunto de los gastos del personal al servicio del sector público en su conjunto. La situación económica de nuestro país y la aplicación del mandato constitucional relativo a la estabilidad presupuestaria hace necesario que, con carácter general, se establezca en estos presupuestos que no habrá incremento de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas en el ejercicio 2012. Efectivamente, señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 congelan las retribuciones de los empleados públicos. Hubiéramos preferido no tener que hacerlo, pero entre rebajar las retribuciones, como se hizo en mayo de 2010 o como incluso se ha llegado a proponer esta mañana, o congelarlas, el Gobierno ha optado por la opción que cree menos perjudicial, teniendo en cuenta, además, la importante pérdida de poder adquisitivo, como también se ha recordado aquí, desde mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista dispuso el recorte del 5% en la nómina de los funcionarios, y su congelación en el año 2011. Somos conscientes de que estamos pidiendo al conjunto de los empleados públicos un esfuerzo adicional, por ejemplo al ampliar en dos horas y media su horario laboral, que va a permitir ahorrar al conjunto de las administraciones públicas territoriales más de 2.500 millones de euros, 1.470 en comunidades autónomas y 1.092 en corporaciones locales. Por todo ello, los gastos de personal activo se reducen un 2,6%, aunque al subir las clases pasivas los gastos totales en personal se incrementan.

En segundo lugar, señorías, se incluye en este título III la regulación de la oferta de empleo público y la presente ley, como ya sucedió en otras ocasiones, establece que a lo largo de 2012 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Se excepciona, aplicando una tasa de reposición del 10%, a ciertos sectores y a administraciones en relación con servicios públicos esenciales. Señorías, la mayoría de las enmiendas presentadas, excepto a la que ha hecho referencia el señor Sánchez i Llibre, significan un incremento del gasto, imposible de asumir en unos presupuestos como los que estamos debatiendo a partir de hoy, y sus señorías lo saben perfectamente. En una situación como la actual pretender tasas de reposición del 30% o, incluso, del cien por cien, como propone algún grupo, es estar fuera de la realidad. La tasa de reposición tiene que ser, en unas circunstancias como las actuales, del 0%, salvo excepciones muy concretas, en las que se fija el 10%, cuando se trata de servicios públicos esenciales. Señorías, se ha puesto en duda esta mañana, pero quiero decir que hay plenas garantías de cumplimiento de esos servicios públicos básicos y esenciales, aun existiendo esas tasas de reposición del 0%, con las excepción de ese 10% para determinados servicios y actividades. No parece necesario que recuerde que en


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una situación de dura crisis económica el conjunto de los empleados públicos no se ha reducido; tan solo en la Administración General del Estado en este último año se ha reducido apenas un 0,53% y en comunidades autónomas y en corporaciones locales el personal se ha incrementado, y no parece lógico y, además, es insostenible en una situación como la actual.

En tercer lugar, también se recoge en este título, concretamente en el capítulo 2, las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la nación y sus órganos consultivos, altos cargos que verán también su sueldo congelado y no experimentarán incremento respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011. Señorías, quiero recordarles que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en setenta el número de altos cargos y tenemos, además, cuarenta y seis subdirecciones generales menos. Le voy a decir más: entre el personal eventual o de confianza hay más funcionarios que nunca; solo en el ámbito de Presidencia, de trece altos cargos once son funcionarios y solo dos eventuales; y de veintiuna subdirecciones generales dieciséis son funcionarios y solo cinco eventuales. Eso significa y se llama ahorro y respeto y consideración a los funcionarios de carrera.

Quiero referirme, por último, a una cuestión que se ha comentado también aquí esta mañana. Los empleados públicos sirven a los intereses generales del conjunto de los españoles y el Grupo Popular va a defender, y lo está haciendo, su trabajo profesional e independiente. La Función pública necesita reformas para hacerla más eficaz y más eficiente y necesita también que su dimensión sea coherente en cada ámbito territorial, en cada uno de los niveles territoriales, en el ámbito de la Administración General del Estado, en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Es imprescindible ir adecuando la estructura y los costes de las administraciones públicas a la realidad económica actual y a la necesidad del Estado español. Por eso, medidas como la congelación salarial, la limitación de la tasa de reposición y la aplicación de la reforma laboral son absolutamente necesarias e imprescindibles, que en parte hacen posible que no se adopte una medida como la que se ha propuesto aquí por algún grupo de volver a reducir el sueldo de los funcionarios públicos.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos los títulos IV y VIII y sección 07. Tenemos enmiendas del Grupo UPyD. Tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Otro de los colectivos sacrificados en este presupuesto del Gobierno es, un año más, el de los pensionistas. Como en el caso de los empleados públicos, se podría decir que siempre nos toca a los mismos. El Gobierno nos dice que ha subido las pensiones -efectivamente, han subido un 1%-, pero en términos de poder adquisitivo esto es una bajada de las pensiones, frente a tasas de inflación del 2 o 3% como las que hay en nuestro país. Además, el colectivo de los pensionistas se ve afectado en su renta disponible no solo por unos precios que suben más que esta subida del Gobierno, sino por la subida de determinados impuestos especiales que gravan bienes que ellos consumen o la subida de la electricidad, el transporte, que utilizan como los demás ciudadanos o, en algunos casos, con mayor intensidad. Es decir, de nuevo hay una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, contraviniendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y las promesas electorales del Partido Popular. En nuestra enmienda 1378 proponemos paliar esta pérdida de poder adquisitivo para las pensiones más bajas, haciendo una subida por tramos que, en el caso de las pensiones modestas, pueda ser del 1,5 o incluso del 2%, en cuyo caso sería de nuevo una pérdida de poder adquisitivo o, en el mejor de los casos, un mantenimiento, pero nunca una subida en términos reales. Este es el sentido de la enmienda que hemos planteado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto, el señor Jorquera, que tiene también enmiendas.

El señor JORQUERA CASELAS: El Grupo Mixto, a iniciativa del BNG, ha presentado dos enmiendas a este título, que se refieren al régimen de pensiones. Desde nuestro punto de vista las pensiones del régimen de clases pasivas deben actualizarse de acuerdo con la evolución del IPC, pues la previsión inicial de incremento del 1% puede significar una congelación encubierta, que penalizaría aún más al colectivo de pensionistas, un colectivo que percibe rentas muy bajas, además de constituir, desde nuestro punto de vista, una forma antisocial de equilibrar las cuentas públicas. Consideramos además que, si se contempla esta actualización de acuerdo con la evolución del IPC, se atenuarían medidas adoptadas por este Gobierno que incumplen sus compromisos programáticos y electorales y que van a afectar al colectivo de pensionistas con una merma del poder adquisitivo. Me estoy refiriendo a la subida del IRPF y a la última medida anunciada del establecimiento del copago en el régimen de medicamentos.

Estas son las razones que fundamentan las dos enmiendas que ha presentado el BNG y las razones por las que solicitamos el apoyo del conjunto de los grupos.

El señor PRESIDENTE: Para manifestar su posición han solicitado la palabra algunos grupos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Batet, que va a compartir su tiempo con el señor Gómez. Señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Respecto del título IV, pensiones públicas, y del título VIII, cotizaciones sociales, quería empezar haciendo una reflexión. Es verdad que en esta legislatura el Grupo Parlamentario Popular empezó haciendo una declaración de intenciones, revalorizar las pensiones públicas en un 1%, pero la realidad es que las pensiones públicas han bajado; han


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bajado un 2% por el efecto de la subida del IRPF, por el copago establecido en farmacias del 10%, porque les hacen pagar por las prótesis y porque les quitan el transporte sanitario no urgente. Además, adicionalmente, en Cataluña les hacen pagar un euro por receta y ahora el Conseller Mas-Colell propone además que se paguen 5 euros por día de ingreso. Si esto es subir las pensiones, la verdad es que ustedes y nosotros tenemos un concepto distinto de lo que supone realmente mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas y por tanto mejorar su calidad de vida. Pero lo peor no es el engaño; al fin y al cabo, este engaño no se perpetúa porque los ciudadanos son conscientes de esto y saben perfectamente que sus pensiones no han subido, lo peor desde nuestro punto de vista es el perjuicio real que van a sufrir los pensionistas de nuestro país.

En este trámite de los títulos IV y VIII quería hacer defensa de dos enmiendas que efectivamente no son a estos títulos concretamente pero hacen referencia a dos disposiciones, una disposición adicional y una disposición final, que tienen mucho que ver con el contenido de estos títulos. En primer lugar, presentamos una enmienda, la 809, de supresión de la disposición adicional vigésima sexta. Para las viudas mayores de 65 años que tienen como ingreso único la pensión de viudedad, que ahora cobran el 52% de la base reguladora del marido, se estableció mediante la Ley 27/2011 que pudieran ir subiendo esta base reguladora un punto cada año hasta alcanzar el 60%. Esto, como digo, se aprobó el año 2011 pero quedó suspendido por el primer decreto-ley del Gobierno popular, el Decreto-ley 20/2011. Por tanto, no se pudo proceder a esta subida de la pensión de viudedad. Las viudas afectadas por esta medida serían alrededor de 525.000, con pensiones mínimas, y al Grupo Parlamentario Socialista nos parece que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado sería un buen momento para corregir lo que de manera precipitada se aprobó en este Decreto-ley 20/2011.

Y en segundo lugar quería hacer defensa de otra enmienda, la 868, que propone una disposición final nueva de modificación de la Ley de Clases Pasivas del Estado, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al régimen general de la Seguridad Social. No parece que tenga sentido que los huérfanos de padres cotizantes de la Seguridad Social tengan un trato y que, en cambio, los huérfanos de padres sujetos a clases pasivas tengan otro trato. Nos parece que es una corrección que se debería incluir y que estos Presupuestos Generales del Estado deberían recoger. En este sentido, estamos seguros de que el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta enmienda porque es una cuestión de justicia.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno, tiene la palabra el señor Valeriano Gómez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: En el ámbito de las cotizaciones sociales, nuestro grupo ya ha puesto de manifiesto, tanto en las comparecencias como en la enmienda a la totalidad, lo que nos parece una incertidumbre como consecuencia de las dudas que se introducen en el cumplimiento del capítulo de ingresos en cuanto a cotizaciones sociales. Siendo, no obstante, esta una materia que goza de la posibilidad de ampliación y de la prórroga presupuestaria correspondiente en la medida en que se trata de derechos subjetivos, no haremos ninguna modificación en el capítulo de tipos de cotización vigentes en el año 2012. No lo haremos salvo en una materia donde ya hemos manifestado la conveniencia de que el Gobierno proceda en su día a realizar un cambio en el sistema de cotizaciones al desempleo, introduciendo mayores cargas, mayores tipos de cotización para los trabajadores con contratos temporales y reduciendo en la misma proporción, para mantener el equilibrio financiero del sistema, las que se corresponden con los contratos por tiempo indefinido.

Salvo esta cuestión, nosotros no hemos introducido ninguna otra enmienda de significación al articulado en el capítulo de cotizaciones sociales, aunque -insisto- mantenemos nuestras observaciones -creo yo que fundadas- de insuficiencia en cuanto al nivel de presupuestación de las cotizaciones sociales en este ámbito, tanto en lo que se refiere a las pensiones como en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo. En ambos casos hay un desfase, que hemos estimado en unos 11.500 millones de euros, entre los ingresos -presupuestados en más- y los gastos -presupuestados en menos-. Aproximadamente 5.000 de esos millones corresponden a la prestación por desempleo, con unos ingresos por cotizaciones que no responden a un escenario de evolución para el empleo como el que se plantea para el año 2012 -una pérdida de aproximadamente 637.000 empleos perdidos- y tampoco se corresponden con la evolución futura del presupuesto de gastos. Insisto en que se trata de créditos ampliables, pero es lógico que introduzcamos en este momento nuestras dudas respecto al contenido entero de este capítulo. Por eso, en su día introdujimos una enmienda que directamente producía su devolución.

El señor PRESIDENTE: La señora Susinos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

La señora SUSINOS TARRERO: Señor presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular diciendo que el proyecto de ley de presupuestos para el año 2012 recoge una serie de medidas extraordinarias enmarcadas dentro de la difícil situación por la que está atravesando el país. Todos sabemos que es el presupuesto más austero de nuestra democracia, con medidas -repito- totalmente extraordinarias pero necesarias para que nuestro país pueda iniciar cuanto antes su recuperación económica.

En cuanto a los títulos IV y VIII, que son los que nos corresponde analizar ahora, quiero recordar que en año 2011 la Seguridad Social presentó un estado de


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déficit que en términos de contabilidad nacional alcanzó el 0,1% del PIB, casi 1.000 millones de euros, y que, a pesar de la difícil situación por la que estamos atravesando, en la que todos los capítulos de gastos se han recortado manteniendo el criterio de máxima austeridad, el gasto para pensiones ha aumentado, no perjudicando a quienes peor lo están pasando y aportando confianza y tranquilidad en un contexto económico como el actual, muy delicado. Con estos presupuestos, con ajustes tan duros, se están favoreciendo los derechos sociales y a los ciudadanos más vulnerables. El presupuesto de 2012 financiará más pensiones y más altas y lo hará cumpliendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las pensiones contributivas y las de clases pasivas se han revalorizado un 1% y las pensiones mínimas, las no contributivas, las del SOVI y las familiares se han revalorizado un 2,9% al recuperar la desviación respecto al IPC de 2011.

En cuanto al título IV, nuestro grupo parlamentario ha introducido tres enmiendas referentes a los artículos 41.2, 44 y 47. Las enmiendas a los dos primeros artículos son enmiendas técnicas que tienen como propósito consignar adecuadamente la referencia al artículo 42 de la Ley 32/1988. En cuanto a la enmienda al artículo 47, se trata de evitar cualquier tipo de duda acerca de quién puede ser el beneficiario del complemento de pensión para el alquiler de vivienda del pensionista de pensiones no contributivas.

En cuanto al título VIII, nuestro grupo parlamentario ha presentado varias enmiendas de modificación referentes al artículo 120. Con ellas pretendemos subsanar los errores detectados. Son enmiendas técnicas dirigidas a corregir erratas y omisiones detectadas y a mejorar la redacción del artículo. También hemos presentado una enmienda con la que pretendemos adaptar la redacción del artículo 120, relativo a la cotización por desempleo, a lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores como consecuencia de la modificación de este último por el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas de reforma del mercado laboral. Y respecto a las disposiciones adicionales, las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario también van dirigidas a corregir erratas y a mejoras técnicas.

En cuanto al conjunto de enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios, valoramos positivamente y agradecemos el trabajo realizado por todos los grupos, pero reitero que se trata de un presupuesto de emergencia en el que prima la austeridad en el gasto. Por ello, nuestro grupo parlamentario va a apoyar dos enmiendas, la 1423 de UPyD y la 2798 de CiU, que son enmiendas con idéntico contenido: la modificación de la disposición adicional quincuagésima, incluyendo los programas de actuación de inserción laboral de personas con discapacidad para la ejecución de la estrategia global de acción para el empleo del colectivo. El resto de las enmiendas -no puedo entrar a valorar una a una por falta de tiempo- no vamos a apoyarlas, unas porque son enmiendas que quedan fuera del ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y otras porque, como he dicho al principio, estamos ante un presupuesto de emergencia que tiene como objetivo recuperar la estabilidad presupuestaria y por tanto tenemos que mantener la austeridad del gasto. Sí me quiero detener en algunas enmiendas que han sido presentadas por varios grupos aunque no las vayamos a apoyar por lo dicho anteriormente, como es la enmienda a la disposición adicional vigésima sexta, que suspende sin determinación de plazo el porcentaje del 60% a aplicar a la base reguladora -ahora es el 52%- en las pensiones de viudedad de beneficiarios mayores de 65 años en los que esta pensión sea su principal fuente de ingresos. La aplicación debía llevarse a cabo de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir del 1 de enero de 2012, pero posteriormente el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público aplaza la aplicación de esta medida. Repito, es una medida que se aplaza, ya que el coste hubiera supuesto un aumento del crédito de pensiones en 90 millones de euros en 2012. Otra enmienda que tampoco vamos a apoyar desde nuestro grupo parlamentario pero que también quiero mencionar por ser una enmienda presentada por varios grupos parlamentarios es la referente a la disposición adicional cuadragésima quinta, la no suspensión del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes. Esta disposición adicional no supone la supresión del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, sino el no dotar presupuestariamente dicho fondo en el ejercicio 2012. La dotación de este fondo siempre ha estado vinculada al marco presupuestario planteado para cada ejercicio, pero esto no pone en entredicho la capacidad del Estado para desarrollar políticas de integración de los inmigrantes en colaboración con las comunidades autónomas, a través principalmente de la Conferencia Sectorial de Inmigración. Por último, quiero referirme a una enmienda referente a la modificación de la disposición adicional trigésima primera para permitir la formalización de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Plan integral de empleo de Canarias. La realización y formalización del Plan integral de empleo de Canarias está recogida en la disposición adicional trigésima primera y las cantidades para financiarlo se recogen en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. En concreto, la dotación para 2012 asciende a 42 millones de euros.

Para concluir mi intervención, quisiera agradecer nuevamente en nombre de mi grupo parlamentario la disposición y el trabajo realizado por sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de los títulos IV y VIII y la sección 07 y entramos a debatir el título V y la sección 06. Tiene la palabra el señor Hurtado para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor HURTADO ZURERA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este título, concretamente al capítulo III, artículos 55 y 56, dos enmiendas, 800 y 801. Este capítulo III trata sobre las relaciones del Estado con el ICO y las enmiendas tratan de aumentar sustancialmente la dotación de recursos a dos fondos específicos de cooperación internacional: el Fondo para la promoción del desarrollo y el Fondo de cooperación para el agua y el saneamiento. En concreto, nos preocupa mucho la política marcada en este proyecto de presupuestos por parte del Gobierno, con una reducción drástica de la ayuda al desarrollo en un 72%. La reducción no solo se pone de manifiesto en distintos tipos de ayudas no reembolsables, como son ayudas en el programa de cooperantes, o ayudas para la seguridad alimentaria, o incluso las aportaciones a la Agencia Española de Cooperación Internacional, sino que esa reducción también se ha visto plasmada en estos dos fondos. La aportación al Fondo de promoción al desarrollo se ha reducido de 945 millones en el año 2011 a 275 millones, una reducción drástica. Nosotros proponemos un incremento de 410 millones más. Sería una forma de compensar la drástica reducción del 72 por ciento en cooperación internacional plasmada en estos presupuestos. Es necesario aplicar políticas de austeridad y reducir los gastos, pero tan drástica y desequilibradamente como se ha hecho en estos presupuestos en relación a la cooperación internacional sería un enorme paso atrás. España ha sido referente en la lucha contra la pobreza a nivel internacional. Hemos sido pioneros en el esfuerzo para la dotación de recursos y creemos que esta reducción es excesiva. Esto vale también para el Fondo de cooperación al agua y saneamiento, un fondo de apoyo a muchos países que tienen problemas de suministro y que requieren de estas aportaciones para hacer inversiones básicas de supervivencia. Creemos necesario que la reducción no sea tan grande y por tanto que se incrementen 25 millones de euros más.

Con relación a la sección 06, deuda pública, hemos incluido la enmienda 873, que trata de compensar las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario a la sección 32, partidas ampliables, que se tratarán posteriormente. Es una forma de mostrar el rigor del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de la presentación de las enmiendas porque estas enmiendas a la sección 32 se financian con cargo a más deuda pública y, por tanto, con gastos y costes financieros añadidos que se han valorado en torno a los 90 millones de euros. Quiero hacer mención especial a la deuda pública, que en este proyecto de presupuestos tiene un significativo aumento. Voy a dar datos porque hay que tenerlos en consideración y hay que hacerlos públicos, porque parece que la herencia es la culpable de todo. Se nos está midiendo en los mercados financieros por dos ratios fundamentalmente, el déficit público y el endeudamiento. De hecho, es a la hora de cubrir nuestras necesidades de financiación con la emisión de más deuda pública cuando se está valorando el nivel de confianza que se tiene en nuestra economía. Esa valoración se plasma de forma inmediata en la prima de riesgo, que en estos momentos está en 416 puntos básicos, una prima de riesgo bastante elevada. Los datos de emisión de deuda pública en este proyecto de presupuestos significan que vamos a pasar de un nivel de endeudamiento de la Administración del Estado del 52,1% con respecto al producto interior bruto en 2011 al 60% en 2012; pero en el total de administraciones públicas vamos a pasar de un 68,5% a un casi 80%, en concreto el 79,8%. Y hay otro dato significativo, que para cubrir el coste financiero de esta deuda pública vamos a tener que dedicar casi 29.000 millones de euros, esto es que casi 2 de cada 10 euros del presupuesto de la Administración Central se destinan a compensar los costes financieros de la emisión de deuda pública. Esto pone de manifiesto el efecto que está teniendo la prima de riesgo sobre nuestras cuentas públicas y que es fundamental luchar de forma estratégica para reducir esta enorme prima de riesgo con el fin de ponernos a la altura que hemos estado hace escasos años -prácticamente equiparable al bono alemán- y que en estos momentos se ha disparado. El Grupo Parlamentario Socialista ha tomado iniciativas y cree necesario tomar iniciativas también a nivel internacional. No cabe duda de que esta crisis de deuda soberana tiene que tener respuestas importantes a nivel europeo con, por una parte, la emisión, la exigencia de emisión de eurobonos y, por otra parte, la posibilidad de que el Banco Central Europeo desempeñe un papel distinto al que viene ocupando, un papel que no solamente sea de adquisición de deuda en mercados secundarios, sino que pueda ayudar directamente a los Estados para la colocación de esta deuda y, por tanto, en el control y la reducción sustancial de sus respectivas primas de riesgo. El Grupo Parlamentario Socialista también ha tomado una iniciativa a nivel interno, porque no cabe duda de que si nuestra prima de riesgo es elevada, la prima de riesgo de las comunidades autónomas está por encima de la nuestra. Hay situaciones insostenibles, con tipos de interés de deuda pública en algunas comunidades autónomas en torno al 7 o al 8%, coste financiero inasumible y que, evidentemente, tiene que salir de recortar otros gastos, gastos de servicios básicos y que desde nuestro punto de vista no se pueden recortar, como son la sanidad, la educación o el Sistema de Dependencia. En este sentido, nuestra iniciativa ha sido, a través de una proposición no de ley, la emisión de hispabonos, e incluso la posibilidad de cobertura a través de avales a la emisión de esta deuda pública y, si no, de líneas directas de financiación a través del ICO. Por tanto, según los datos que se aportan en el proyecto de presupuestos -muy preocupantes, lo tengo que decir puesto que es muy alta la estimación que se hace de ese coste financiero, ya que son casi 2 de cada 10 euros, lo que significa que la perspectiva que el Gobierno vislumbra a lo largo de este año es de una prima de riesgo elevada- la lucha contra la prima de riesgo y la solución a la crisis de la deuda soberana deben ser objetivos importantes


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que nos debemos marcar no solamente por parte del Gobierno sino también haciendo ver a determinados países de la Unión Europea -que son los que están definiendo en gran medida cuáles son las políticas monetarias que hay que abordar en la Unión- que la solución está perfectamente definida y lo único y decisivo es hacer realidad esas soluciones que, como he dicho, están claramente definidas en todos los ámbitos: técnicos y políticos. Por tanto, instamos a seguir haciendo esfuerzos para conseguir esas medidas en Bruselas y hacer realidad los hispabonos, los avales y las líneas ICO a través de nuestra política interna.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Al título V, operaciones financieras, nuestro grupo parlamentario ha planteado única y exclusivamente tres enmiendas. En primer lugar, una que va en la dirección de mayor dotación del Fondo para la promoción del desarrollo. En segundo lugar, otra que quiere suprimir la referencia a que en 2012 no se podrán autorizar con cargo al FIEM operaciones de carácter no reembolsable. Y, en último lugar, la autorización de operaciones de carácter no reembolsable en el FIEM, las cuales se financiarán con cargo al cobro de intereses que se generen.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: A mi grupo también le parece pertinente hacer una breve reflexión en este título V, operaciones financieras, en torno a la situación de la deuda pública en España.

Como bien recordaba un interviniente anterior, el nivel actual es del 68,5% del PIB, cerca del 70%, y en estos presupuestos se prevé que llegue a final de año a un nivel del 79,8%, una subida en torno a 10 puntos. Con estas previsiones habremos duplicado nuestro nivel de deuda pública en términos de PIB desde el inicio de la crisis. Empezamos la crisis en el año 2008 con un 39,7% de deuda pública. Las consecuencias son que buena parte de estos presupuestos se dedican al pago de intereses de la deuda, 28.900 millones, una cantidad parecida al pago en prestaciones por desempleo, y que superamos ya con claridad el nivel de referencia marcado por la Unión Europea, que es del 60% del PIB, y será complicado volver a ese nivel.

Junto a estas reflexiones generales quería ligar lo que se presupuesta sobre deuda con los últimos acontecimientos. Mi grupo parlamentario planteó al ministro de Economía en su comparecencia en la Comisión de Economía y en el Pleno con el Real Decreto de Reforma Financiera que era improbable que su afirmación de que no iba a haber fondos públicos en el rescate bancario acabase resultando cierta. El tiempo nos ha dado la razón, como estos días se está demostrando. Nos gustaría saber qué repercusiones va a tener esto en la deuda pública. Si va a haber fondos públicos para el rescate -cosa que hasta ahora se había negado-, de qué dimensión son. Sería una aclaración importante porque la afirmación genérica de que se hará lo que haya que hacer es muy vaga. Esto se une al riesgo sobre la deuda que implica la repercusión de la situación de las comunidades autónomas y ayuntamientos y al efecto que estos presupuestos van a tener sobre el crecimiento, sobre el PIB.

Hecha esta reflexión general sobre la deuda pública, en este título, como en los anteriores, hemos planteado enmiendas muy específicas que me complace ver que coinciden con preocupaciones de otros grupos. Consisten en dotar mejor dos fondos que consideramos especialmente importantes. En la 1379 aparece el Fondo de cooperación para el agua y saneamiento. Dentro de la reducción tan drástica de la ayuda al desarrollo, este fondo se ha visto envuelto en la caída y debería singularizarse por su especial importancia, dado que ayuda a la prevención de enfermedades como el cólera en países en desarrollo. La segunda enmienda, la 1380, se dedica a dotar mejor el Fondo para la internacionalización de la empresa, pues si la estrategia de salida de la crisis pasa por el refuerzo del sector exterior de la economía española, parece contradictorio recortar tan drásticamente el FIEM.

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Mixto, señor Jorquera, no está presente.

Ha solicitado también la palabra para exponer su posición, en nombre de Izquierda Unida, el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda a este título, pero nos gustaría elevar una reflexión al calor de lo que podríamos llamar el problema de la deuda pública. Entendemos que el Partido Popular no va a modificar sustancialmente estos presupuestos, pero creemos que se equivocaría radicalmente si no afrontara el problema de la deuda pública, el problema del pago de intereses, desde una visión más amplia, más global, de lo que está significando este problema. A nuestro juicio, la deuda pública se ha convertido en un aspecto a demonizar, igual que el déficit, cuando, como decía en mi intervención anterior, son realmente los síntomas de la crisis. Por tanto, cuando uno intenta resolver los síntomas no está yendo a las causas y nos podemos encontrar con una situación más grave. Esto parece indicar la dinámica que está siguiendo España desgraciadamente: entrar en un círculo vicioso en el que se llega a situaciones como la actual, en la que se paga más en cantidad de intereses a la deuda pública que en cantidad de prestaciones por desempleo. Pero esta situación no hará más que empeorar en la medida en que nos encontramos en una grave recesión económica sin un modelo productivo claramente definido y sin tener, porque no se han planteado en estos presupuestos,


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medidas de estímulo suficientes para crecer económicamente. Es decir, enfrentamos un escenario en el que desgraciadamente los intereses del pago a la deuda pública van a seguir creciendo. Aquí, tal y como se ha dicho en otras intervenciones, el problema podría plantearse simplificadamente hablando de la prima de riesgo, pero la prima de riesgo, al final, lo único que acaba identificando es una situación que es previa en los mercados financieros, concretamente en el mercado financiero de deuda pública, tanto el primario o el secundario, como el mercado de seguros de impago. Esto quiere decir que intentar calmar a los mercados es realmente una actitud que no va a ser exitosa en ninguno de los casos. No se puede calmar a los mercados porque los mercados, a nivel concreto, son gestores que tienen unas pantallas delante y que están intentando maximizar sus beneficios, revalorizar su capital, cueste lo que cueste a nivel social y a nivel económico. Por tanto, es imposible calmar a figuras cuya lógica interna es la de maximizar beneficios, aunque sea a través del recorte en los servicios públicos de los diferentes países. En este punto, no nos podemos por tanto obsesionar con la prima de riesgo. Es un simple indicador, una especie de sismógrafo, pero complejo y lo que hay que hacer es regular los mercados financieros, establecer nuevos mecanismos para financiar al Estado y romper con la configuración institucional que ha sido dominante hasta ahora. Siempre que no se plantee esto desde el primer momento, vamos a seguir jugando con unas reglas del juego que, por un lado, nos imponen la austeridad en el control del déficit público y, por otro lado, vamos a seguir absorbiendo como Estado los costes de la crisis, como hemos visto con Bankia y como estamos viendo con tantos otros eventos. Esos dos fenómenos paralelos van a significar, poco a poco pero en realidad muy deprisa, una aniquilación del Estado del bienestar. Por eso es fundamental poner de relieve que la deuda pública está siendo usada como un mecanismo para desmantelar el Estado del bienestar pero que además no es la culpable de la crisis, es el síntoma. La deuda pública estaba a niveles muy razonables antes del comienzo del estallido de la crisis -igual que el déficit, porque teníamos superávit- y, por tanto, su estallido es consecuencia de una crisis. Hay que buscar responsabilidades, porque por supuesto que las hay, económicas y políticas, pero ir a por los síntomas, como se hace en este presupuesto, no hace más que mantener el problema fundamental, no atacar el problema de raíz y, si no elevamos esta reflexión más allá de estos presupuestos, desgraciadamente es muy previsible que el Gobierno, porque quiera o porque no tenga más remedio, se encuentre el año que viene con unos presupuestos aún más agresivos que corten directamente el tronco del Estado del bienestar. Elevar esta advertencia nos parecía importante en este título.

El señor PRESIDENTE: El señor Jorquera tenía una enmienda. Hemos pasado porque no estaba presente, pero tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: La doy por defendida, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: El título V y la sección 06, como todo el mundo sabe, recoge las autorizaciones de endeudamiento del Estado, los avales públicos permitidos y las relaciones del Estado con el ICO, entre otros aspectos. Están en consonancia con la sección 06, por eso las tratamos de manera conjunta, en la que se contemplan las grandes operaciones de financiación del Estado. La sección 06 es la segunda más importante del Presupuesto General del Estado atendiendo a su dotación económica -más de 78.000 millones de euros, un 21,79% del total del presupuesto del Estado-; solo es inferior al presupuesto de la Seguridad Social. Como es natural, las operaciones recogidas en esta sección se corresponden con la totalidad de gastos financieros del Estado, que alcanzan una cifra, como han comentado anteriormente algunos compañeros, de casi 29.000 millones de euros, y la amortización de la deuda que vence en 2012, por un total de 50.050 millones de euros.

La deuda del Estado este año varía como consecuencia de varios factores: las emisiones que realiza el Tesoro público para hacer frente a sus necesidades de financiación -en otros términos, déficit de caja del Estado-, la aportación al Fondo de financiación de pago a proveedores y por nuestros compromisos europeos -por el llamado MEDE-. Por tanto, las necesidades de financiación del Estado superan los 36.000 millones de euros para el año 2012; 36.800 millones concretamente. Y luego, como todo el mundo comprenderá, tenemos que pedir también dinero para devolver aquellos bonos y letras que vencen este año. Tenemos que refinanciar los vencimientos de deuda del presente ejercicio; por tanto, tenemos que refinanciar deuda que se ha ido solicitando a lo largo de los últimos ejercicios, que se negocia en otro contexto económico y altera esas variables. La cifra estimada para refinanciar la deuda es de 149.300 millones, aunque también dependerá de emisiones de letras a corto plazo que se realicen a lo largo del año 2012. Por tanto, la refinanciación viene a ser similar, en términos presupuestarios, a la que se hizo en el año 2011.

En suma, de la necesidad de financiación neta y las amortizaciones resultan unas emisiones brutas del Tesoro público en 2012 de alrededor de 186.100 millones. Debemos captar esos recursos para hacer frente a esas operaciones, refinanciar los vencimientos de deuda en el año y cubrir las nuevas necesidades financieras. La práctica totalidad de estos importes se concentra, como todo el mundo sabe, en letras, bonos y obligaciones del Estado, y también en productos vinculados a otro tipo de divisas, a otro tipo de monedas extranjeras. Si restamos a las emisiones brutas el importe de las amortizaciones,


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obtendremos las emisiones netas, que coinciden con las necesidades financieras efectivas, es decir, alrededor de 36.800 millones, que viene a ser el objetivo de déficit público del Estado para el año 2012, que será en torno al 3,5%. Efectivamente, como han dicho algunos portavoces de los otros grupos políticos, durante 2012 aumentará la ratio deuda-PIB. Este comportamiento se explica tanto por el aumento de la necesidad de endeudamiento privado derivado de la crisis económica como por el impacto de instrumentos tales como el FROB, el Fondo de amortización del déficit eléctrico, el Plan de proveedores y la parte asignada del préstamo a Grecia que, si bien no supone un incremento en las obligaciones del Estado siguiendo criterios de contabilidad de Eurostat, sí tiene un efecto claro sobre el incremento de la ratio deuda-PIB. Algunos portavoces a lo largo de la mañana piden al Gobierno que se reduzca la deuda -hemos escuchado ahora que se trabaje en la reducción de la deuda pública-, piden que se reduzca el déficit público pero no tan rápido, también piden que aumentemos gastos a través de las enmiendas -yo veo que piden mucho aumento de gasto-, piden mucho aumento de inversiones y, en paralelo, nos piden que bajemos la deuda y que bajemos el déficit. Eso es magia. Se puede hablar de inventarnos impuestos o de la lucha contra el fraude, que el Gobierno se toma muy en serio, pero desde luego la experiencia de gobierno pone de manifiesto que este tipo de discursos quedan muy bien, los soporta muy bien el papel, pero son complicados de llevar a la práctica. Los grupos apoyan la operación. Todos los grupos de este Parlamento apoyan la operación del Plan proveedores: 35.000 millones puestos a disposición de las empresas para que puedan cobrar las facturas y esos 35.000 millones de euros, lógicamente, tienen un impacto sobre la deuda pública española. No se puede decir que aumenta la deuda pero que el Plan de proveedores estaba estupendo. Hay que ser más coherente a la hora de lanzar mensajes, porque no podemos quedarnos con todas las cosas. Todas las iniciativas que plantea el Gobierno desde luego tienen unos efectos: o sobre la deuda o sobre el déficit. Efectivamente, vamos a subir al 60% la deuda de la Administración Central del Estado, el conjunto de las administraciones españolas va a subir cerca de 11 puntos, al 79,8% del PIB en términos de deuda, y es verdad lo que decía el portavoz de UPyD de que a lo largo de los últimos cuatro años, desde el inicio de la crisis, nuestro país ha doblado la deuda. Este dato tiene que preocupar a todos los responsables políticos y desde luego eso se tiene que reducir. Esa escalada de crecimiento de la deuda no puede ser imparable. Por tanto, a nosotros también nos preocupa la prima de riesgo pero, como todo el mundo sabe, no se puede parar el incremento de deuda si no se reduce el déficit público. Lo que no se nos puede pedir es que no reduzcamos el déficit público y en cambio haya una reducción importante de la deuda. No se puede. No hay ningún país en el mundo que con esa nueva teoría pueda reducir su deuda. Por tanto, este debate vuelve a poner en evidencia que es fundamental que el Estado continúe con las políticas también de austeridad; no solo políticas de austeridad, pero también políticas de austeridad y de control de los gastos del Estado.

En cuanto al problema de la deuda española, todavía estamos por debajo de la media europea en términos de deuda pública -la media europea está en torno al 90% y España va a acabar este año en un 79,8-, pero lo que desde luego preocupa a los mercados es el incremento tan notable de la deuda en estos últimos cuatro años. No es tanto el volumen como la velocidad de crecimiento de nuestra deuda. Es verdad que en las actuales circunstancias, en esta crisis de deuda soberana en la que vivimos, las primas de riesgo han crecido en las últimas semanas, pero no solo en las últimas semanas. Hace un año la prima de riesgo estaba también por encima de los 400 puntos y no gobernaba el Partido Popular, porque a veces uno escucha que desde que Gobierna el Partido Popular la prima de riesgo está arriba. No, no, yo recuerdo cómo estaba en mayo de 2010 la prima de riesgo y cómo estaba en agosto del año pasado. Por tanto, no podemos lanzar mensajes simplistas en el sentido de decir que cuando gobierna el Partido Popular la prima de riesgo está arriba y que cuando gobierna el Partido Socialista la prima está abajo. Hay que tener un poco de memoria histórica económica.

Entendemos y compartimos lo que ha comentado el portavoz del Grupo Socialista. Es verdad que el Banco Central Europeo se tiene que comprometer con la ayuda a España, que tiene que seguir trabajando, inyectando liquidez para que nuestra economía pueda salir adelante de la actual circunstancia. Creo que está bien recalcar este consenso. Y en relación con el problema de las comunidades autónomas, también coincido con el portavoz del Grupo Socialista. Hay determinadas comunidades autónomas en nuestro país que se encuentran en una situación tremendamente compleja y en este caso el Estado también se tiene que hacer responsable de la actual situación. Por tanto, como bien saben, desde el Gobierno se está trabajando en lo que hacía referencia el portavoz del PSOE, en los hispabonos, y se han puesto en marcha líneas de avales y líneas ICO para financiar a las comunidades autónomas. De hecho, algunas comunidades autónomas ya están haciendo frente a esta situación.

Quisiera hacer un pequeño apunte también sobre los 28.000 largos millones de euros que destinamos a los gastos financieros. Es una cifra espantosa, y creo que no exagero. No puede ser que destinemos esa cantidad tan importante a pagar intereses de la deuda, pero insisto en que son intereses de la deuda que hemos recibido, porque en 120 días de Gobierno no nos ha dado tiempo a pedir tanto dinero fuera como para tener que pagar ahora 30.000 millones de euros en intereses. Por tanto, ahí cada uno tiene que asumir la parte de responsabilidad que le toca y todo el mundo tiene que saber lo que ha hecho en el pasado cuando ha gobernado.


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Acabo. Las iniciativas que pone en marcha el Gobierno para reducir el déficit público son fundamentales para reducir la deuda pública. Por tanto, como he dicho antes, no se puede decir una cosa y la contraria, no se puede pedir al Ejecutivo que no reduzca el déficit y por otro lado que pare el incremento de la deuda. Eso es literalmente imposible. A nosotros también nos preocupa el crecimiento de la deuda y en ese sentido vamos a continuar con las políticas que defienden estos Presupuestos Generales del Estado en este título V y sección 06.

El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del título V y la sección 06, pasamos al título VI. El Grupo Socialista tiene enmienda y para defenderla tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Intervendré de una manera también breve.

En este título VI querría plantear tres cuestiones de carácter general. La primera es que probablemente sea el título de los presupuestos donde el PP -más concretamente Rajoy- más ha incumplido su palabra. Es bueno recordar que el Gobierno actual, el PP, ha venido diciendo que bajando los impuestos habría más actividad económica y por tanto más recaudación. Ese es el relato que planteó cuando estuvo en la oposición, aunque desgraciadamente ha hecho todo lo contrario: ha subido -y de qué manera- los impuestos. Esa es la primera idea y por eso creo que este capítulo responde más a los incumplimientos del Partido Popular en materia económica. La segunda, es verdad que no estamos de acuerdo con la estimación de ingresos y de gastos que ha planteado el Partido Popular. No estamos de acuerdo pero, una vez que fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad, hemos dado por buenos los números de los ingresos de los gastos y también los objetivos de déficit. Una oposición rigurosa, seria, que plantea una alternativa de más gasto también tiene que proponer una alternativa de más ingresos y nosotros hemos realizado enmiendas que tratan de incrementar en este capítulo los ingresos de manera sostenible con el incremento de los gastos que propone el Grupo Parlamentario Socialista. La tercera cuestión es que esas enmiendas de más recaudación para las arcas del Estado evidentemente tratan de resolver uno de los problemas de la política económica del Partido Popular y es que la clase media es la gran pagana de la crisis económica. La clase media es la que sufre tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los recortes, por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos, a la clase media se le suben los impuestos directos, los impuestos indirectos, los precios, las tasas. Es la gran pagana. Por tanto, debemos equilibrar en estos presupuestos el esfuerzo que hace esa clase media con lo que se le perdona a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas.

Por eso hemos planteado unas enmiendas que rápidamente comento porque como están en el tocho de enmiendas las conocen todas sus señorías. La primera es la supresión de la subida del IRPF para las rentas del trabajo. Mantenemos la que tiene que ver con las rentas del capital, pero no lo que tiene que ver con la renta del trabajo. Esta subida que el PP dijo que en ningún caso se iba a producir y que no es buena desde el punto de vista del consumo, pues precisamente esa clase media es la que más propensión a consumir tiene. Por tanto, no estamos de acuerdo y pensamos que se tiene que eliminar.

La supresión o eliminación de la amnistía fiscal, como hemos comentado en muchas ocasiones, nos parece inmoral y nos parece ineficiente desde el punto de vista económico. Igualmente la supresión de la deducción por compra de viviendas para rentas altas a partir de 24.000 euros. Todos los agentes económicos y analistas consideran que no es una medida adecuada desde el punto de vista de la racionalidad económica y tampoco añade equidad al sistema fiscal español, sino todo lo contrario; añade injusticia porque si lo que hacemos es combinar esta supresión de deducción por la compra de vivienda por parte de las rentas más altas con el incremento de los impuestos por IRPF, hacemos un IRPF más injusto aún si cabe.

Planteamos también una enmienda para la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, ya que pensamos que es algo que empieza a estar homologado en el conjunto de Europa. Creo que tiene que ir por ahí la fiscalidad del futuro, una fiscalidad más justa y también más eficiente. Al final, los empresarios invierten fundamentalmente si hay demanda, si hay negocio, si hay rentabilidad. No tratemos de mezclar una cosa con la otra. Creemos que esto es justo y eficiente. También una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades, ya que pensamos que se debe tener una tributación mínima del 15% sobre la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Con ello lo que estamos planteando es un impuesto mucho más sencillo, más atractivo, más simple, con una base más amplia y, por tanto, con unas posibilidades de recaudación mayores. Vuelvo con el mismo razonamiento anterior, pensamos que esto añade justicia fiscal y no es más ineficiente, no desincentiva la inversión, la creación de empleo, porque -como digo- la variable clave de una empresa es la rentabilidad de su inversión y que haya demanda. Esto es lo verdaderamente importante. Y lo que ha sucedido con el impuesto de sociedades en este país ya lo conocemos, y es que hay un tipo efectivo muy bajo que se aleja cada vez más del tipo nominal. (El señor vicepresidente, Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia).

Hemos planteado otra enmienda que tiene como gran objetivo la modificación de la limitación de la deducción por gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. ¿Cómo? Haciendo una base del impuesto más amplia, más sostenible y, por tanto, la recaudación para el Estado va a ser sustancialmente mayor. Junto con una política más ambiciosa en la lucha contra el fraude fiscal, porque en este país justamente la clase media tiene una presión fiscal real mucho más alta que la teórica. Recientemente


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nos ha dicho Eurostat que la presión fiscal teórica de este país está en el 35%, es decir, lo que se recauda en relación con el PIB. La presión fiscal real, es decir, la presión fiscal de lo que realmente pagan es muchísimo mayor; probablemente entre 8 y 10 puntos por encima de esa presión fiscal. Por lo tanto, entendemos que la lucha contra el fraude fiscal debería ser un objetivo prioritario del Gobierno. No lo es en la medida en que ha planteado la amnistía fiscal y en la medida en que todavía no conocemos cómo va a ir esa prometida lucha contra el fraude, ese prometido proyecto de ley del Gobierno. Desde luego, los objetivos son menos ambiciosos este año 2012 que los de 2011. En definitiva, hemos planteado unas enmiendas para que haya más ingresos, en la medida en que el Grupo Socialista ha planteado también más gastos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado una serie de enmiendas en el título VI, que hace referencia a las normas tributarias. Algunas de ellas van en la dirección de la actualización de todos aquellos mínimos personales y familiares, todas aquellas reducciones aplicables a trabajadores por cuenta ajena y a trabajadores autónomos. Al mismo tiempo, plantean también este tipo de actualización a todas aquellas reducciones por rendimientos de trabajo, actividades económicas y mínimos personales y familiares que afectan directamente a personas con discapacidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En su momento, nuestro grupo se posicionó en la votación a favor del incremento en la renta de las personas físicas, a pesar de que en nuestro programa planteábamos que no estaríamos de acuerdo en más presión fiscal para las familias desde la perspectiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Atendimos a esta cuestión debido al carácter excepcional y a la coyuntura extremadamente delicada de la economía española, pero entendemos que no es de recibo incrementar los impuestos y al mismo tiempo tener la picaresca de que, aunque se incrementen los impuestos, no se actualicen todos aquellos mínimos exentos personales y familiares que se actualizaban en cada presupuesto. Por lo tanto, creemos sinceramente que es de justicia aplicar estas actualizaciones.

Todos aquellos ingresos adicionales que se obtienen por este gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas van única y exclusivamente a la Administración central, a las arcas generales del Estado, sin tener en cuenta que hubiera sido justo y razonable que una parte de estos incrementos de rentas fuera destinada a las comunidades autónomas, que son las que prestan aquellos servicios en educación, sanidad y servicios sociales. Por ello valdría la pena recapacitar y trasladar una buena parte de estos ingresos a las comunidades autónomas que prestan dichos servicios.

Finalmente, hay otra cuestión que también es de justicia, como es plantear una elevación de la deducción por la creación de empleo para todos aquellos trabajadores minusválidos y modularla según el grado de discapacidad.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Resulta difícil hablar del título VI, normas tributarias, sin hacer un breve balance de la política tributaria que ha seguido el Gobierno hasta el momento que, siendo benévolos, habría que calificar, cuando menos, de errática. El Partido Popular ganó las elecciones prometiendo una bajada de impuestos y ha subido el IRPF a niveles similares al de los países nórdicos. Se pasó la legislatura anterior prometiendo bajadas en el impuesto de sociedades porque así se iba a mejorar la competitividad de la economía, y ha subido el impuesto de sociedades y la política errática continúa, no se sabe cuál va a ser en el futuro. Por ejemplo, en el caso del IVA parece que va a haber una subida en el futuro pero no se aclara.

Creemos profundamente equivocado tomar decisiones fiscales a golpe de improvisación, a golpe de necesidad recaudatoria, porque eso afecta gravemente a la actividad económica. Las decisiones empresariales dependen de las expectativas de futuro, las decisiones de consumo también, y es muy difícil planificar la actividad económica cuando no se sabe cuál es el siguiente impuesto que se va a variar. Sería un enfoque mucho más lógico aplicar una reforma fiscal integral que permitiera aumentar la recaudación, cosa importante para equilibrar las cuentas públicas -no se puede hacer solo por el lado del gasto- y que permitiera obtener certidumbre a los agentes económicos, tanto empresarios como ciudadanos, de manera que dejaran de vivir en vilo cada viernes de cada semana.

Entendemos la postura del portavoz del Partido Popular sobre que la lucha contra el fraude no puede ser la panacea, pero sí hay más margen de actuación. Si se reducen los recursos de la Agencia Tributaria es difícil recaudar más o si se conceden amnistías fiscales, pero el margen de actuación está ahí, porque la economía sumergida sigue superando el 20% del PIB. No va a desaparecer de la noche a la mañana, no se va a eliminar en veinticuatro horas, pero creemos que el margen de actuación es mucho mayor de lo que piensa el Gobierno. Esto sería otra vía de aumento de los ingresos que podría tener importancia, porque un 20% de economía sumergida equivale a 6 o 7 puntos del PIB por pérdida de recaudación cada año.

Pasando a defender las enmiendas concretas que hemos presentado en este título VI, la enmienda 1381 cuestiona la subida del IRPF en la línea planteada por portavoces anteriores, no porque estemos en contra de la equidad, no porque estemos en contra de la progresividad del sistema fiscal -todo lo contrario- sino


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porque creemos que se está haciendo recaer el esfuerzo desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo dependiente, que es lo que básicamente grava hoy el IRPF en España. Solo un 4% de los contribuyentes declaran rentas superiores a 60.000 euros, y esto es muy indicativo de que las personas más pudientes no tributan precisamente por el IRPF. Centrar el esfuerzo tan desmesuradamente en ellos, en las rentas del trabajo dependiente, porque es una cantidad fácil de recaudar, una cantidad controlada por Hacienda, no nos parece justo para este colectivo.

Las otras tres enmiendas son mucho más específicas y tienen que ver con el impuesto sobre el valor añadido. Querría llamar la atención a los portavoces del partido mayoritario sobre la enmienda 1413, que propone el IVA superreducido para los libros electrónicos. Esta es una propuesta que hizo UPyD en la Comisión de Cultura el 8 de marzo de este año y se aprobó allí una proposición no de ley para igualar el IVA en los libros electrónicos al IVA de los libros tradicionales. Volviendo a la idea de que el presupuesto plasma en cifras las políticas del Gobierno, como esa PNL se aprobó, sería ahora una buena ocasión de ponerla en práctica y de modernizar nuestro sistema fiscal porque cada vez se utiliza más el libro electrónico y es un producto cultural similar el libro tradicional.

Las enmiendas 1414 y 1415 también tienen que ver con el IVA y proponen la aplicación de un IVA reducido para usos agrícolas, en el caso del gasóleo y la electricidad, que es algo que la normativa europea permite y que ayudaría a paliar la grave crisis que padece el sector agrario de nuestro país.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, doy por defendida la enmienda presentada por el señor Baldoví y las cuatro enmiendas presentadas por la señora Jordà i Roura.

Como he comentado en la exposición inicial, el Bloque Nacionalista Galego considera que hay que operar también sobre los ingresos para ir equilibrando las cuentas públicas sin comprometer políticas públicas básicas para asegurar la cohesión social y favorecer la recuperación económica. Desde nuestro punto de vista el Estado español no tiene un problema de exceso de gasto público, lo que tiene es un problema de déficit fiscal, y los datos a este respecto son elocuentes. El conjunto del gasto público de las distintas administraciones y empresas pertenecientes al sector público empresarial en el Estado español representa una cantidad anual inferior en 66.000 millones de euros a la media europea, incluso si prorrateamos esta media en relación con el producto interior bruto de cada Estado. En cambio, los ingresos públicos son inferiores en 86.000 millones de euros a la media europea corregida en relación con el producto interior bruto de cada Estado. Es decir, el gasto público por habitante en el Estado español es significativamente inferior a la media europea y en el último informe Eurostat advertía que el Estado español ya está a la cola de la recaudación en la zona euro en relación con el producto interior bruto. Por lo tanto, tenemos un problema de auténtico déficit fiscal fruto del desarme fiscal a que han conducido las políticas de los últimos gobiernos, y esto es lo que hay que corregir para no desatender políticas públicas básicas y para luchar por la recuperación economía y por mantener la cohesión social. Esta es la filosofía que inspira la mayoría de las enmiendas que hemos presentado a este título.

La enmienda 2586 pretende mejorar el tratamiento fiscal de las prestaciones por desempleo.

La enmienda 2587 propone la modificación de la ley sobre la renta de los nuevos residentes para que la exención de los rendimientos derivados de la deuda pública obtenidos en mediación de establecimiento permanente en España en ningún caso sea de aplicación a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de los paraísos o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, y que tampoco sea de aplicación cuando la sociedad matriz tenga su residencia fiscal o el establecimiento permanente esté situado en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal.

La enmienda 2588 propone que en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible y en las operaciones sujetas a gravamen cuyos sujetos pasivos se encuentren en la categoría de empresas de reducida dimensión o bien en la categoría de trabajadores autónomos, el IVA se devengue en el momento del cobro total o parcial del precio de los importes efectivamente percibidos. Creemos que mantener la exigibilidad del IVA con el vigente sistema del devengo supone que la empresa morosa pueda deducir un IVA que no ha pagado, mientras que la empresa proveedora tiene que liquidar e ingresar ese IVA, pese a que no ha cobrado la factura. Se trata, por lo tanto, de una medida necesaria para luchar contra la morosidad que acentúa los problemas de liquidez de numerosas pymes y autónomos.

La enmienda 2589 propone adoptar una escala de gravamen más progresiva para las rentas del capital, de forma que los tramos se equiparen con las de las rentas del trabajo. Por lo tanto, es una enmienda que pretende mejorar la progresividad del sistema fiscal de cara a conseguir un reparto más justo y equitativo de la carga fiscal.

La enmienda 2590 propone recuperar en las rentas del trabajo el requisito del plazo de permanencia para calcular la tributación de las plusvalías suprimido en la reforma fiscal de 2008. Se refiere a las rentas del ahorro no a las rentas del trabajo, como he dicho. No nos parece justo ni equitativo que las vigentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de un tipo impositivo más favorable que el que grava la renta general. Estas plusvalías no aportan valor añadido a la economía, no benefician


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a la economía productiva y perjudican al adquiriente, que sufrirá el aumento del precio, especialmente en el caso de operaciones especulativas sobre inmuebles.

La enmienda 2591 propone la supresión del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. La opción por el régimen favorable para los impatriados está limitada en estos momentos a aquellos que obtienen rentas inferiores a 600.000 euros. Sin embargo, sigue sin ser justo que las millonarias retribuciones de los aún numerosos deportistas de alto nivel o de los directivos de empresas y multinacionales impatriados tributen al tipo fijo del 24% del impuesto sobre la renta de no residentes, que es prácticamente el tipo marginal mínimo que se aplica a cualquier ciudadano residente en el Estado español. Este régimen favorable para los impatriados se justificó en su día para atraer hacia España a los directivos de multinacionales y con ellos las sedes de las mismas, pero la experiencia ha acreditado que esas expectativas no se han cumplido y que dicho beneficio es utilizado ampliamente por los clubes deportivos, que fichan a jugadores extranjeros con altísimas retribuciones netas de impuestos por un plazo máximo de seis años para aprovechar la ventaja fiscal. Estas personas son tan residentes como cualquier trabajador al que se le aplica la tarifa general del tributo y no existe ninguna justificación superior para que este beneficio fiscal a personas de altísimos ingresos prevalezca sobre el interés general.

Por último, la enmienda 2592 propone un gravamen especial del 35% para empresas que superen los 100 millones de euros de beneficios. Entendemos que las grandes empresas que obtienen beneficios por encima de esa cantidad pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público y, por lo tanto, es una enmienda congruente con la filosofía que inspira la reforma fiscal que proponemos a lo largo de distintas enmiendas a este proyecto de Presupuestos Generales del Estado que, como decía al principio, apuestan por operar también por la vía de los ingresos para conseguir un sistema fiscal más equitativo, más justo y que corrija el déficit fiscal objetivo que existe en el Estado español.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, la posición del Grupo Popular frente al conjunto de enmiendas que han presentado los diferentes grupos políticos se puede resumir con un solo argumento: España tiene la urgente necesidad de proceder a la reducción del déficit público si queremos financiarnos, si queremos cumplir con nuestros compromisos asumidos con la Unión Europea y si queremos que haya, en definitiva, crecimiento económico y creación de empleo. Tenemos que cumplir este año el objetivo de déficit del 5,3% y por ello debemos rebajar el déficit desde el 8,5 al 5,3%. Esto se puede hacer de dos maneras: o bien reduciendo el gasto público o bien aumentando los ingresos, que es de lo que estamos hablando fundamentalmente en este título VI.

El señor Saura hablaba antes de incumplimiento y nosotros queremos hablar de responsabilidad. Por eso, el 30 de diciembre, nada más llegar al Gobierno, el nuevo gabinete cogió el toro por los cuernos y aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Así se marcaba, señorías, el inicio de un camino de consolidación fiscal que debe culminar con la aprobación de estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Unos presupuestos que tienen que ser la base de la garantía para la sostenibilidad de nuestras futuras cuentas públicas y para la recuperación económica y la creación de empleo. Por eso el Gobierno, como decía, tomó una decisión dura, difícil y valiente, que fue adoptar y subir temporalmente algunos impuestos. Esta decisión no la hubiera adoptado el Gobierno si se hubieran cumplido algunos de los compromisos de déficit público anunciados por el anterior Gobierno. Se han realizado por tanto ajustes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre bienes inmuebles y se han adoptado también medidas -a las que han hecho referencia diferentes portavoces- para aflorar activos no declarados que hoy pagan 0 euros, no pagan absolutamente nada, porque queremos aumentar los ingresos de nuestra Hacienda pública. Esta última medida -la de la regularización de activos ocultos- tiene su explicación precisamente en el contexto de una situación dificilísima y extraordinaria, en el contexto de unos presupuestos que son los más austeros de la historia de la democracia. Además, es una medida excepcional y que solo va a tener efectos en el año 2012. Pero también quiero puntualizar que esas medidas de regularización de activos ocultos van acompañadas de fuertes medidas de lucha contra el fraude fiscal porque hay ya un anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal en el que se está trabajando, con fuertes sanciones para aquellos que no declaren deudas que tengan en el extranjero. También se está trabajando en la no prescripción de las rentas que no se declaren, que se oculten en el extranjero. Esas deudas no van a prescribir nunca- hasta ahora existía un periodo de prescripción, como saben, de 4 años-, esas deudas que la Hacienda pública descubra y que no hayan sido declaradas no van a tener periodo de prescripción. Se está trabajando en la limitación de pagos en efectivo y en un conjunto de medidas de lo que constituye un objetivo prioritario para este Gobierno, que es la lucha contra el fraude fiscal.

Efectivamente, el Gobierno también ha planteado aumentar el impuesto sobre sociedades, pero únicamente a las grandes empresas, algo de lo que los portavoces -y especialmente el del Partido Socialista- se olvidan de mencionar en sus intervenciones. Porque está comprobado que son las grandes empresas las que pagan al final un tipo medio efectivo en el impuesto sobre sociedades inferior al que están pagando los pequeños y medianos empresarios. Por eso eliminamos la libertad


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de amortización para las grandes empresas, limitamos la deducibilidad del fondo de comercio y limitamos la deducibilidad de los gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. En definitiva, un conjunto de medidas que van a ayudar a España a recaudar de manera extraordinaria en un momento en el que la recaudación fiscal ha caído exageradamente y que va a servir sobre todo para la sostenibilidad de los servicios públicos de los españoles. Por ello, señorías, valoramos muy positivamente todas las aportaciones que los grupos políticos efectúan en este título VI, de normas tributarias, pero lamentablemente rechazamos prácticamente todas ellas porque, como decía, estos son unos presupuestos de emergencia. Por eso, vamos a rechazar las enmiendas del Partido Socialista que hacen referencia a la supresión de la regularización fiscal que se ha establecido para el año 2012. Vamos a rechazar también lo que propone el Grupo Socialista respecto a la supresión del gravamen complementario del IRPF y que también propone el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Vamos a rechazar la propuesta que hacen para implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, no solamente el Grupo Socialista sino también La Izquierda Plural y el Bloque Nacionalista Galego. Nos parece contradictorio en el caso del Grupo Socialista, que fue precisamente el que eliminó el impuesto sobre patrimonio con argumentos como que al final ese impuesto no gravaba realmente a las grandes fortunas sino a las clases medias, que además esas grandes fortunas siempre tenían mecanismos para eludir el pago del impuesto y que además el impuesto sobre patrimonio tenía una escasa capacidad recaudatoria. No delimitan cómo se van a establecer este impuesto sobre grandes fortunas y por tanto creemos que es un brindis al sol, una propuesta demagógica y que no va a conducir a una mayor recaudación tributaria. Vamos a rechazar también la reducción del límite para la deducción por inversión en vivienda habitual, así como la enmienda que propone el Grupo Socialista relativa a una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades.

Respecto a las enmiendas de Unión Progreso y Democracia, voy a hacer referencia solo a algunas de ellas, en especial la que habla de medidas para incrementar la lucha contra el fraude fiscal y para incrementar los recursos materiales y humanos de los que dispone la Agencia Tributaria. Tengo que decir, y esta enmienda también se ha planteado por otros grupos como La Izquierda Plural, que el objetivo prioritario de este Gobierno es la lucha contra el fraude fiscal por lo que tiene de insolidario y de injusto para nuestro sistema tributario. En la comparecencia de la directora de la Agencia Tributaria ya dejó claro que los recursos de la Agencia Tributaria no son solamente los que se consignan en el apartado correspondiente de la sección 15, sino que hay una serie de generaciones de crédito en función de la recaudación y de las liquidaciones que se efectúan en la Agencia Tributaria que van a suponer un esfuerzo importante de dotación presupuestaria para dicha agencia, precisamente porque entendemos y compartimos ese objetivo de lucha contra el fraude fiscal. Además, en lo que hace referencia a las dotaciones de personal es una de las pocas excepciones que establece esta ley de presupuestos para el no incremento de efectivos de personal. Una de las excepciones es precisamente la Agencia Tributaria y eso demuestra el compromiso de este Gobierno en dotar de medios a la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal.

También nos propone UPyD una serie de IVA superreducidos e IVA reducidos que también comparte en algunos casos con otros grupos políticos como Esquerra Republicana o como CiU. Como saben ustedes, el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto armonizado que está muy regulado en el seno de la Unión Europea. Por tanto todos estos IVA reducidos deben ser consensuados en ese seno, máxime cuando se tiende a una mayor armonización fiscal en lo que se refiere al establecimiento de IVA superreducido. Por ello creemos que no es este el marco adecuado para hablar de estas propuestas.

Con respecto a La Izquierda Plural, también me gustaría hacer una referencia al rechazo del Grupo Parlamentario Popular a establecer en esta ley de presupuestos un impuesto sobre transacciones financieras, entre otras cosas porque también este impuesto es objeto de debate en el seno de la Unión Europea. Pensamos que debemos estar a expensas de lo que se debata en la Unión Europea para adoptar decisiones conjuntamente y evitar deslocalizaciones que sean indeseables para nuestro país, para España. También propone La Izquierda Plural implantar impuestos medioambientales y utilizaré el mismo argumento que ya he utilizado para el impuesto sobre las transacciones financieras.

Me gustaría también hacer una breve referencia a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, la 2588, sobre el pago del IVA en el momento del cobro de la factura y no en el momento del devengo, algo que el Grupo Popular planteó en numerosas ocasiones en la pasada legislatura y con lo que estamos absolutamente de acuerdo, que se va a recoger ya en el futuro proyecto de ley de emprendedores que el Gobierno va a presentar en un futuro próximo en este Parlamento, pero referido en un primer momento, y dada la situación excepcional y extraordinaria que viven nuestras cuentas públicas, a los pequeños empresarios que tengan deudas pendientes de cobro con las administraciones públicas.

Por último, quiero hacer también una referencia a la enmienda 2774, planteada por CiU, y que el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar, que propone destinar parte del recargo del IRPF establecido por el Gobierno del Partido Popular a las comunidades autónomas porque, como muy bien sabe el señor Sánchez i Llibre, las comunidades autónomas, también la Comunidad Autónoma de Cataluña, tienen sus propias capacidades normativas para decidir y establecer recargos sobre el IRPF en la tarifa autonómica sobre la que tienen competencias. Señorías, para terminar mi intervención quisiera


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reiterar nuestro agradecimiento al conjunto de las aportaciones que han hecho todos los grupos políticos porque sin duda compartimos lo esencial, que es que estos presupuestos sirvan a todos los españoles para salir de la crisis y para generar empleo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del título VI, pasamos al título VII. De los grupos que tienen enmiendas, comenzamos por el Grupo Socialista y tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Al título VII y a los capítulos 1 y 2 hemos presentado diversas enmiendas. Una de ellas, en concreto la enmienda 805, trata de liquidar de una vez por todas la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la denominada deuda histórica que tiene pendiente aún de pagar el Estado, de 1.900.000 euros. Por tanto, es una enmienda que trata de reconocerse en esa cláusula, en ese articulado, y que significaría concluir el proceso de reconocimiento, de liquidación y de pago de esa deuda histórica, de esa disposición adicional segunda de ese Estatuto andaluz. Por tanto, esperamos que sea apoyado por todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, porque imagino que habrá muchos parlamentarios andaluces del propio Partido Popular que están reclamando el apoyo a esta enmienda.

Asimismo presentamos otras enmiendas con nuevas disposiciones adicionales que tienen también que ver con los estatutos de autonomía. En primer lugar, quiero manifestar que nos resulta incomprensible que en este proyecto de presupuestos se hayan saltado a la torera, por completo, compromisos contraídos por el Estado, a través de los estatutos de autonomía de las respectivas comunidades autónomas; estatutos que establecen cláusulas especificas, algunos de inversiones y algunos de otros derechos incorporados, y que han sido aprobados como estatutos vigentes por el propio Parlamento español. Para nosotros la novedad que incorporan estos presupuestos es no tener en consideración los estatutos de autonomía de las distintas comunidades. Es la primera vez porque en los anteriores proyectos y presupuestos aprobados siempre se han cumplido con estas exigencias. Desde luego, consideramos que es una enorme falta de respeto hacia una norma que crea una inseguridad jurídica evidente, sobre todo a las poblaciones de los respectivos territorios, de las respectivas comunidades autónomas. En concreto, incorporamos tres enmiendas para la Comunidad Autónoma andaluza. Una de ellas, a través de una disposición adicional que trata de incluir en la sección 32 créditos ampliables para compensar la deuda contraída por el Estado con la Comunidad Autónoma andaluza en la correspondiente comisión bilateral, como queda establecido en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía andaluz. Una deuda cifrada, por desviaciones de los ejercicios 2008 y 2009, en 1.504 millones de euros. Consideramos que debe ser esa comisión bilateral quien defina de qué forma y con qué calendario se van a transferir a la Comunidad Autónoma andaluza esos recursos, insisto, cuantificados y contraídos a través de la correspondiente comisión bilateral. Esta transferencia ha de hacerse con la periodificación que se acuerde en la Comisión pero a través de la sección 32, créditos ampliables.

También incorporamos otra disposición adicional que trata de reconocer para este ejercicio 2012 lo establecido en esa disposición adicional tercera del Estatuto andaluz, que en concreto explicita que las inversiones que el Estado debe destinar a inversiones para Andalucía será un porcentaje atendiendo a su población. Este porcentaje está en el 17,8% cuando realmente lo dotado en inversiones en este proyecto de presupuestos está en el 14,6%. Es muy fácil cuantificar cuál es el déficit de inversiones que le corresponde a Andalucía según los presupuestos, que queda cifrado en 496 millones de euros para este ejercicio 2012. Por tanto, creemos necesario que se incorpore no solamente la disposición adicional segunda, sino también el crédito correspondiente en la sección 32 y que sea la propia Comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado la que defina el tipo de inversión. No obstante, se incluye un anexo, el anexo XVI, donde se explicita el tipo de inversiones que se pueden incorporar a este proyecto de presupuestos; inversiones que están perfectamente definidas y que corresponden a obras en infraestructuras, en carreteras, en ferrocarril, en aeropuertos, en puertos y demás infraestructuras productivas. Insisto, sería respetar, asumir y dar respuesta a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con tres claros déficits o desviaciones que no han sido asumidas por este proyecto de presupuestos: deuda histórica por 1.900.000 euros, déficits o desviaciones de la disposición adicional tercera de los ejercicios 2008 y 2009 por 1.505 millones de euros y déficit de la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz para el ejercicio 2012, déficit de inversiones por no alcanzar el 17,8% del total de inversiones que le correspondería atendiendo al Estatuto de Autonomía de Andalucía y que está cifrado en torno a los 497 millones de euros. Espero que los parlamentarios andaluces apoyen estas enmiendas. Espero que hagan ver al Gobierno que no son solamente reivindicaciones justas sino que son derechos adquiridos a través de una ley como la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, una ley aprobada en el Parlamento autonómico, en el Parlamento español y refrendada por referéndum en la propia Comunidad Autónoma andaluza. Espero, por tanto, un apoyo explícito del Partido Popular, del resto de partidos políticos, con un especial empeño por parte de los representantes de las distintas provincias andaluzas en este Parlamento.

No solamente incluimos estas enmiendas para lo establecido en el Estatuto de Autonomía andaluz, también lo incluimos para otros estatutos de autonomía que también explicitan claramente compromisos en los presupuestos que se elaboren en este Parlamento. Incluimos dos enmiendas, la 842 y la 843, para la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se define una disposición


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adicional para compensar y establecer recursos suficientes que atiendan a lo establecido en su Estatuto de autonomía a través de la sección 32 y un anexo, que sería el anexo XVII, donde se concretan inversiones que pudiesen ser cubiertas con estos créditos de partidas ampliables. También incluimos otras dos enmiendas para el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en concreto la 844 y la 845, del mismo tenor: crédito ampliable en la sección 32 y anexo, en este caso anexo XVIII, para posibles inversiones a incluir con cargo a estos créditos. También incluimos para el Estatuto de Autonomía catalán en concreto las enmiendas números 846, 847 y 848, incorporando como novedad la desviación que ha existido al igual que ha habido para Andalucía durante los ejercicios 2008 y 2009, cifrada en torno a los 978 millones de euros. Y también se incluye el anexo número XIX con la relación de inversiones correspondientes. Incluimos dos enmiendas para el Estatuto de Autonomía de Extremadura, las números 849 y 850, incluyendo la disposición adicional correspondiente en la sección 32 y el anexo número XX de inversiones a poder realizar en esa comunidad. Incluimos también lo establecido en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, e incorporamos dos enmiendas, números 851 y 852, con el anexo XXI de relación de inversiones y con el correspondiente crédito en la sección 32, créditos ampliables a través de la disposición adicional. Incluimos también una enmienda, la 869, que significaría compensar a las comunidades autónomas con relación a cambios normativos que se han llevado a cabo en una figura tributaria como es la venta de hidrocarburos. En la venta minorista de hidrocarburos el cien por cien de su recaudación era para las comunidades autónomas, pero no era así en la recaudación del impuesto especial de hidrocarburos, que solamente iba para las comunidades autónomas el 98%. Al eliminarse el impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos e incorporarse en el impuesto especial de hidrocarburos es necesario que la recaudación correspondiente revierta a las comunidades autónomas y no se sientan perjudicadas por este cambio normativo. E incluimos también la 837, una disposición adicional para Canarias y convenios en materia de inversiones y planes de empleo establecidos.

Con respecto a los entes locales, incorporamos dos enmiendas: una para incrementar la dotación de los planes provinciales de obras y servicios que se han visto sustancialmente mermados; hay que recuperar el crédito de 63 millones de euros y también el Fondo especial para financiación a favor de municipios de población no superior a los 20.000 habitantes; hay que recuperar la dotación correspondiente a los 45 millones de euros. Esperamos el apoyo de estas enmiendas porque consideramos que si el proyecto de presupuestos no incorpora sobre todo lo establecido en los distintos estatutos de autonomía, serían claramente unos presupuestos que no cumplen con la norma en vigor y con una norma de un alto rango como son los estatutos de autonomía.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió solamente tiene presentadas tres enmiendas al título VII, entes territoriales, a las que vamos a destinar un breve espacio de tiempo y que van dirigidas en la siguiente dirección. En primer lugar, planteamos que se puedan reconocer todas aquellas obligaciones para la financiación de los servicios específicos del área metropolitana de Barcelona por un importe de 4,3 millones de euros y al mismo tiempo, como hacemos prácticamente en cada presupuesto, la creación de un fondo especial para la financiación de municipios de una población no superior a 20.000 habitantes. Finalmente, la enmienda 2778 va en la dirección de sustituir al artículo 102.a) por una disposición final en la que se pueda establecer que a partir del 1 de enero del año 2014 la condición de disponer de un plan de movilidad sostenible para la concesión de ayudas o subvenciones destinadas al transporte público urbano o metropolitano pueda ser una realidad.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: El título VII trata sobre los entes territoriales. Voy a abstenerme de recordar el discurso general de UPyD sobre esta cuestión dado que es conocido e incidimos habitualmente en él en nuestras intervenciones en el Pleno, y me voy a limitar a hacer dos comentarios generales antes de entrar en la defensa de nuestras enmiendas concretas a este título. Uno tiene que ver con que nos sorprende que en este entorno de austeridad y de recortes generalizados del 25 ó 30% en partidas sociales, en partidas que tienen que ver con el crecimiento se haya encontrado hueco para aumentar las transferencias a las administraciones territoriales; es de las pocas partidas en el presupuesto en que hay un aumento.

El segundo comentario general tiene que ver con las cláusulas estatutarias a las que intervinientes anteriores han hecho referencia. UPyD señaló desde hace tiempo que era incongruente que en cada estatuto la comunidad respectiva se autoatribuyese una participación distinta en las inversiones estatales, primero, porque va en contra de la filosofía de que las inversiones estatales tienen que ir adonde hay una mayor necesidad social pero por algo más evidente que debería hacernos reflexionar como Congreso incluso como país, y es que las leyes de la aritmética no se pueden derogar mediante disposiciones legales. Cada comunidad se ha atribuido un porcentaje en función del criterio que más le convenía: unas según la población, otras según el PIB, otras según la superficie, de forma que al final esa suma de porcentajes superaría el cien por cien.

Hechos estos comentarios generales me ceñiré a las dos enmiendas que hemos presentado, que son la 1384


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y la 1385; ambas tienen que ver con una mayor dotación para el Fondo de compensación interterritorial. Esto es algo que UPyD ha planteado también en presupuestos anteriores, porque el Fondo de compensación interterritorial es un fondo reconocido en la Constitución a diferencia de otros fondos que se han ido creando y tiene un importante papel en la política de cohesión, va destinado fundamentalmente a infraestructuras en las comunidades con menor renta per cápita. Dadas las desigualdades entre las comunidades españolas tiene una importante función que desempeñar, especialmente en un contexto en que han ido disminuyendo los fondos europeos que hasta ahora realizaban esta función. Nos sorprende por tanto que se le vacíe cada vez más de contenido, que en cada nuevo presupuesto se vaya reduciendo la cantidad asignada, porque creemos que tiene un importante papel que jugar. Estas enmiendas, repito, la 1384 y la 1385, proponen reforzar este fondo para que pueda realizar ese papel de cohesión entre las diferentes comunidades y pueda paliar la pérdida de fondos europeos que nuestro país viene sufriendo.

El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, doy por defendidas las dos enmiendas presentadas por la señora Jordà i Roura y la enmienda presentada por la señora Oramas.

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado dos enmiendas a este título. La enmienda 2593 propone crear un fondo especial para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes al objeto de asegurar una financiación similar a la de años anteriores para los municipios de pequeño tamaño, pero quiero conceder especial importancia a la enmienda 2594. En esta enmienda se propone la inclusión de un mecanismo de revisión del Fondo de suficiencia global del vigente modelo de financiación autonómica, que permita corregir los déficits de financiación para mantener la calidad de servicios públicos básicos cuando objetivamente estos déficits sean originados por costes derivados de la prestación de estos servicios, evitando así tener que aplicar drásticos recortes en servicios esenciales para la ciudadanía. Quiero recordar, señorías, varios datos que son elocuentes. Las comunidades autónomas gestionan el 44% del conjunto del gasto público en el Estado español. Gran parte de este porcentaje del gasto público total que gestionan las comunidades autónomas es gasto social; de hecho, casi el 70% de este gasto es en educación, sanidad y servicios sociales. En el año 2011, pese al desvío en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, las comunidades autónomas tan solo fueron responsables del 34% del déficit imputable al conjunto de las administraciones públicas; por tanto, diez puntos por debajo del porcentaje de gasto público que tienen la responsabilidad de gestionar. Pese a esta realidad, en 2012 se les exige que no superen el 25,8% del déficit público total. Con ello se está abocando a las comunidades autónomas, dado que buena parte de su gasto es gasto social, a tener que acometer ajustes brutales que van a redundar en una precarización de servicios tanto en la enseñanza como en la sanidad y en una peor calidad de servicios básicos para asegurar estándares dignos de bienestar para el conjunto de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades. Para corregir esta situación proponemos este mecanismo a través de la enmienda número 2594.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Estamos en el título VII, pero se han introducido algunas enmiendas y reflexiones sobre otras secciones, como la sección 32 o incluso la sección 33 en esta última intervención. Señor presidente, yo voy a hacer una intervención global lo más breve posible y con eso podemos quitar incluso la sección 33 a la que solamente hay enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia para esta tarde.

Como decía, estamos en el título VII, entes territoriales, y voy a hacer una intervención general sobre la financiación de los entes territoriales para referirme luego a algunas enmiendas concretas del Grupo Socialista y del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Es muy curioso porque este último critica, por una parte, que la financiación territorial se incremente, pero, al mismo tiempo, propone incrementos en el Fondo de compensación interterritorial. Es algo contradictorio, pero es lo habitual y a lo que estamos acostumbrados cuando se escucha a los representantes de este grupo parlamentario.

La financiación de los entes territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales, constituye sin duda una de las partes fundamentales de los Presupuestos Generales del Estado. En unos presupuestos muy austeros y que contemplan un escenario económico en recesión el esfuerzo por garantizar y mejorar las transferencias y la financiación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales es significativo. Esto no se hace porque sí, sino porque en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales reside la responsabilidad de gestionar los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso este esfuerzo está a nuestro juicio justificado. Los presupuestos son, como digo, muy austeros pero son, al mismo tiempo, justos y equitativos. Por eso, junto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, del seguro por desempleo o el sueldo de los empleados públicos, se posibilita también con la financiación de las entidades territoriales que se preserven los servicios públicos esenciales que hoy recibe el conjunto de los españoles y que prestan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y diputaciones: sanidad, educación y servicios sociales.

Como se ha comentado en las distintas intervenciones, hay determinados proyectos o partidas que disminuyen


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respecto al presupuesto de 2011, pero quiero poner de manifiesto que, en unos presupuestos en los que el gasto de los ministerios se reduce un 17% y en los que ha habido que hacer un ajuste sin precedentes de 27.000 millones de euros, las transferencias globales a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales se incrementan casi un 9%, 3.500 millones de euros. El total de los recursos del sistema de financiación autonómica y local asciende a 98.557 millones de euros, un incremento del 1,35%. La financiación autonómica asciende a 84.263 millones, lo que supone un incremento del 0,19%. Para lograr esta evolución positiva, la Administración General del Estado aporta 16.602 millones adicionales. En 2010 la financiación autonómica descendió en 16.000 millones respecto a 2009 y en 2011 respecto a 2010 en 3.518. La financiación autonómica se eleva ligeramente a pesar del contexto de claro descenso de la parte cedida a las comunidades autónomas -IRPF, IVA e impuestos especiales- y eso sucede por las siguientes razones que, después de las intervenciones que se han producido esta mañana, es necesario explicar. Primero, hay un extraordinario esfuerzo presupuestario de la Administración General del Estado. Así, mientras que los presupuestos de gastos de los ministerios bajan un 16,9%, el presupuesto de gastos de la Administración territorial crece un 8,9% en lo que se refiere a la financiación autonómica, FC incluido, subvenciones y transferencias. En segundo lugar, todos los mecanismos -y esto es muy importante- del sistema de financiación autonómica y local se han presupuestado al completo y al cien por cien de sus dotaciones, cosa que no ocurrió en los ejercicios anteriores y que, por cierto, originó muchísimos recursos judiciales de las comunidades autónomas y errores en los presupuestos de las comunidades autónomas que han incrementado el déficit público. En tercer lugar, la Administración General del Estado ha incluido en el presupuesto 14.066 millones adicionales para que las comunidades autónomas puedan atender a los servicios públicos fundamentales, que son, como decía, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se han añadido además 2.536 millones para aplazar a 120 mensualidades las devoluciones negativas del sistema de financiación de las comunidades autónomas de los años 2008 y 2009, consecuencia de presupuestos falsos hechos para ocultar la crisis económica en España. En quinto lugar, la cifra de recursos adicionales para las comunidades autónomas llega a 16.602 millones de euros. Sin ellos la financiación autonómica hubiera descendido un 4% al disminuir las entregas a cuenta de IRPF, IVA e impuestos especiales. Por último, las actuaciones del Gobierno a través del Real Decreto-ley de 30 de diciembre de 2011 han contribuido a lograr más recursos para las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

En cuanto a la financiación municipal, tendría que decir lo siguiente. En primer lugar, el conjunto del sistema de financiación de las entidades locales crece un 8% alcanzando los 15.644 millones de euros. En 2010 esa financiación de las entidades locales se rebajó en 3.053 millones. Se han presupuestado también aquí al completo todos los mecanismos del sistema de financiación. Se han añadido 620 millones para el aplazamiento a 120 meses de las liquidaciones negativas en 2008 y 2009 y las medidas del Real Decreto-ley de 30 de diciembre contribuyen también a lograr más recursos. Sin aportaciones adicionales, la financiación municipal habría descendido en torno al 4,5%.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha en tres meses medidas para garantizar la viabilidad y la liquidez de las entidades locales y, con ello, la viabilidad de los servicios públicos que prestan estas a los ciudadanos. Medidas muy importantes y que venía reclamando la Federación Española de Municipios y Provincias desde hace ya muchos meses, y expresamente en su décima asamblea del mes de septiembre, hacen referencia, por ejemplo, al mecanismo de pago a proveedores -10.000 millones de euros; casi 5.000 municipios y 177.000 empresas se van a ver beneficiadas-, al aplazamiento de las devoluciones de 2008 y 2009 -620 millones de euros-, al anticipo de la liquidación de 2010 -1.000 millones de euros- y al Real Decreto de 30 de diciembre 918 millones de euros.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha sido desde el principio muy claro y muy leal con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, con el conjunto de las administraciones territoriales. Por eso, al mismo tiempo que se ha exigido el compromiso del conjunto de las administraciones públicas con la estabilidad presupuestaria y con los objetivos de déficit público, hemos puesto en marcha importantes medidas para garantizar la viabilidad y liquidez de las administraciones territoriales. España somos todos y, por tanto, el Gobierno no se va a desentender de las dificultades de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales y eso es lo que ha hecho en estos meses y con estos Presupuestos Generales del Estado. Señorías, este no es un presupuesto para discutir tal o cual proyecto, por muy importante -y los hay- que sea. Este no es un presupuesto para discutir intereses territoriales concretos; es un presupuesto de emergencia que no se puede entender dejando al margen el agujero de 25.000 millones de euros que nos hemos encontrado y que obligan a hacer este año y el próximo lo que otros irresponsablemente dejaron de hacer en el año 2011.

Concluyo. Estos son unos presupuestos que tienen como objetivo fundamental garantizar los servicios públicos esenciales que prestan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que ven incrementados de una forma muy importante y sustancial la financiación y las transferencias que realiza la Administración General del Estado, que es el Gobierno.

Por último, señor presidente, quiero mencionar como decía al principio algunas enmiendas concretas a las que ha hecho referencia especialmente el portavoz del Grupo Socialista. Al comienzo de su intervención se ha referido en particular a la enmienda 805, relacionada con la disposición


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adicional segunda del Estatuto de Andalucía en la que se reclama una cantidad por este concepto. Señor Hurtado, quiero decirle dos cosas. En primer lugar, no existe ninguna deuda reconocida a la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y, en segundo lugar, el Gobierno socialista andaluz dio por cerrada la llamada deuda histórica en 2010. Tengo aquí una portada de un diario de su provincia, Diario de Córdoba, de 10 de marzo de 2010, con una foto de los señores Griñán y Zapatero, cuyo titular dice: Zapatero y Griñán liquidan la deuda histórica andaluza treinta años después. (Rumores.-Aplausos). Por tanto, señorías, no sé a qué viene ahora recuperar este asunto. Le voy a decir más. El Gobierno andaluz, por boca de su consejera de Hacienda en el Parlamento de Andalucía, el 7 de abril de 2010 literalmente dijo: Se da, pues, así total y definitivo cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional segunda de nuestro estatuto. Es más, otro documento de la Junta de Andalucía, de 19 de marzo de 2010, dice que dentro del plazo establecido por el Estatuto de Autonomía se procedió a la liquidación definitiva. ¿En qué quedamos, señor Hurtado?

Por último, en relación con las enmiendas no solo del Grupo Socialista, sino de otros grupos que tienen que ver con la sección 32 y las disposiciones adicionales relacionadas con las inversiones previstas, o que se contienen en los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas a las que se ha referido el señor Hurtado, quiero decirle muy claramente lo siguiente. Respecto a estas enmiendas relacionadas con las inversiones derivadas del Estatuto de Autonomía, tengo que decirle que este tipo de compromisos presupuestarios reflejados en estos estatutos de autonomía no vinculan al Estado en la definición de sus políticas de inversiones, ni pueden condicionar la voluntad del legislador en el ejercicio de sus funciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. Los compromisos recogidos en esos estatutos -y usted lo sabe- son compromisos políticos y no imperativos que tengan que ser reflejados en los presupuestos. Tal y como reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, el Estado no solo debe decidir si procede dotar crédito a tal efecto, sino que, en el caso de que así fuera, determinará su cuantía. Según el literal de la sentencia, no puede admitirse que la disposición adicional vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues es al Estado a quien le corresponde en exclusiva decidir si procede dotar en su caso y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14ª de la Constitución. Según el Tribunal Constitucional, señor Hurtado, para que el Estado esté obligado a dotar una concreta partida presupuestaria es preciso un acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente, y es algo reconocido ya incluso por el Gobierno catalán. No sé si sirve para algo la sentencia del Tribunal Constitucional, para ustedes parece que no. Yo le digo, señor Hurtado, menos demagogia, más memoria y un poco más de responsabilidad.

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado así el título IV y comenzamos el debate de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos. Como habrán podido comprobar, algunos señores diputados han utilizado alguna de sus intervenciones para hablar ya de estas disposiciones.

Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, muchos grupos han destinado una parte de su tiempo a defender algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales, pero mi grupo ha optado por defenderlas globalmente en este turno de posición. Por ello, a pesar de que voy a intentar ser lo más rápido posible, quizás me puedo extender un poco más del tiempo que he mantenido a lo largo de toda esta mañana.

Mi grupo va a defender, dado que ha presentado muchísimas enmiendas en este capítulo de disposiciones adicionales, finales y transitorias, las enmiendas más relevantes. En primer lugar, voy a defender todas aquellas que hacen referencia a las excepciones para que se puedan crear agencias estatales de investigación, con relación a la limitación de creación de agencias estatales durante el ejercicio 2012. Nosotros entendemos que se pueden eliminar algunas, pero hay que excepcionar todas aquellas que van orientadas a las actividades de I+D+i, porque son las que, en definitiva, van a producir valor añadido y van a poder generar empleo en un futuro inmediato. También hemos planteado una enmienda, que está de acuerdo con el título II de estos presupuestos, que va en la dirección de la racionalización del número de efectivos de las Fuerzas Armadas. De la misma manera que queremos excepcionar todas aquellas agencias estatales de investigación, también queremos que no se incluyan las limitaciones previstas en el artículo 23 para la reposición del personal de las fundaciones y consorcios relacionados con actividades de I+D+i.

Respecto a los convenios que se puedan suscribir entre la Administración y las comunidades autónomas, en el sentido de poder eliminarlos en todas aquellas comunidades autónomas que no hayan reducido su déficit, estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo entendemos que a aquellas comunidades autónomas que ya han empezado a reducir su déficit con unos planes de ajuste relativamente importantes se les puede proveer de estos convenios entre el Estado y las comunidades autónomas.

Hay otra cuestión que tiene una gran relevancia social, al menos para este grupo parlamentario. El Partido Popular, en este caso el Gobierno, ha procedido al aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional que recogía que las pensiones de viudedad pudieran incrementarse un 1% la base reguladora durante los próximos diez años. Entendemos que las clases pasivas se van a ver muy perjudicadas con esta supresión del incremento


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del 1% de la base reguladora. Nosotros proponemos a través de esta enmienda que se pueda suspender la supresión de dicho aplazamiento.

Otra enmienda que es importante, y que es habitual que defienda este grupo a lo largo de los diferentes presupuestos presentados en estos últimos años, es la que hace referencia a la territorialización de los fondos destinados a la formación continúa de trabajadores, así como también la garantía de que las cuotas sociales recaudadas en concepto de formación continua se puedan destinar únicamente a estos objetivos. Por lo tanto, la territorialización y la formación es uno de los aspectos en los que cada año hacemos hincapié en las mismas.

La enmienda 2798 hace referencia a la atención prioritaria al mecenazgo de los programas de actuación en materia de inserción laboral para personas con discapacidad, pero no la defiendo porque ha sido aceptada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención anterior.

A continuación, hay tres enmiendas que hacen referencia a acontecimientos institucionales de interés público que constan en los presupuestos correspondientes al Campeonato Mundial de Natación. Nosotros planteamos que los beneficios fiscales contemplados en la misma se amplíen hasta el 31 de junio de 2014. Asimismo, entendemos que deberían ampliarse los beneficios fiscales hasta el 14 de septiembre del 2014 para Barcelona World Race. En cuanto a la Fundación Barcelona Mobile World Capital, a la que también se le aplicaron estos beneficios de acontecimiento de excepcional interés público, entendemos que dichos beneficios, previstos hasta el año 2018, tienen que ser tanto para la Fundación Barcelona Mobile World Capital como para el consorcio competente, para que los dos sean los mecanismos de inversión que faciliten que dichos acontecimientos sean un éxito cuando finalicen.

La enmienda 2803 va en la dirección de que se invaden competencias en la supresión de la regulación del horario laboral del sector público, toda vez que invade competencias de las comunidades autónomas, en este caso también de la Generalitat de Catalunya. La 2806 y la 2807 son dos enmiendas complementarias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que van en la dirección de clarificar el destino del superávit presupuestario de las corporaciones locales y de las diputaciones contempladas en dicha ley. Se trata de clarificar dichos conceptos en el sentido de que todas aquellas corporaciones o diputaciones que han gestionado muy bien sus recursos no se vean encorsetadas por un afán de seguridad de dicha ley. Estamos hablando con el Grupo Parlamentario Popular a fin y efecto de que puedan tener esta sensibilidad de no perjudicar a todas aquellas entidades y corporaciones locales que han hecho bien su trabajo.

Otro aspecto relevante para nuestro grupo parlamentario es la enmienda 2815, en la dirección de que se puedan programar beneficios fiscales para el año 2014 en el Año Internacional de la Dieta Mediterránea. Entendemos que valdría la pena poderlo considerar de interés público en los diferentes niveles, tanto social como medioambiental como cultural.

Al mismo tiempo, hay otros aspectos que ya hemos planteado en el Título II que hacen referencia a cuestiones de ofertas de empleo público, en este caso básicamente para el Ayuntamiento de Barcelona, en el sentido de que se puedan aplicar dichas excepcionalidades en todos aquellos aspectos que hacen referencia al número de efectivos de las plantillas de la guardia urbana, así como también de los servicios de prevención de incendios, o sea, los bomberos.

Hay dos cuestiones relevantes que hacen referencia a todas aquellas recaudaciones en concepto de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los órdenes civil y contencioso administrativo de la Generalitat de Catalunya. De acuerdo con nuestro estatuto, entendemos que -enmiendas 2818 y 2820- tendrían que ser depositadas en una cuenta de la Generalitat de Catalunya. Planteamos otra enmienda relevante desde la perspectiva agrícola para excluir de la base del impuesto sobre sociedades la renta positiva que se obtenga de transmisiones patrimoniales de fincas rústicas o elementos patrimoniales propiedad de pequeñas y medianas empresas como consecuencia del proceso de expropiación.

La enmienda 2825 va en la dirección de que para todos aquellos ingresos que se puedan obtener de la declaración tributaria especial, que el Gobierno calcula que pueden ascender a los 2.500 o 3.000 millones de euros, pueda existir una participación directa en la financiación de las comunidades autónomas. Es una enmienda complementaria para que las comunidades autónomas se puedan beneficiar de estos ingresos procedentes de la declaración tributaria especial.

Hay dos enmiendas que consideramos muy importantes, que son las que motivaron en cierta medida el planteamiento de la enmienda a la totalidad de nuestro grupo parlamentario, que son la 2826 y la 2827, que van en la dirección de que se puedan reconocer todos aquellos recursos establecidos en la disposición adicional tercera. Es cierto que una sentencia del Tribunal Constitucional derogó esta disposición, pero no es menos cierto que estos recursos estaban perfectamente clarificados y estipulados en la Comisión bilateral Generalitat-Estado, con lo cual estos recursos, que estaban incorporados a los presupuestos del año 2008 y que ascienden a 759 millones de euros, han de ser resarcidos por el actual Gobierno del Partido Popular. Esta misma explicación vale para todos aquellos recursos provenientes de la disposición adicional tercera del año 2009, que entendemos que han de ser reconocidos en la Comisión bilateral y pagados por la Administración central y que ascienden a 211 millones de euros.

Finalmente, ha habido un descenso de 872 millones correspondientes a las inversiones del Estado en Cataluña, que son siete puntos por debajo de los previstos en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en


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el cual se prevé que dichas inversiones se corresponderían a la aportación del PIB catalán al PIB español, con lo cual existe una diferencia notable de 872 millones de euros, y pretendemos que el Estado sea consecuente e incorpore estos recursos en dichos presupuestos.

Hay otra enmienda en la que planteamos que el Gobierno haga todas las gestiones posibles en la Unión Europea para que el Instituto Catalán de Finanzas de la Generalitat pueda ser considerado banco. Finalmente, planteamos que sería bueno utilizar estos presupuestos para aprovechar todos aquellos incentivos fiscales que ofrece la Ley 49/2002 con motivo de la designación de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona.

En cuanto a las disposiciones finales -voy acabando, señor presidente-, me voy a referir única y exclusivamente a la enmienda 2834, que propone la modificación para ampliar la prórroga prevista hasta el 31 de diciembre del año 2012 en lugar de hasta el mes de agosto de este año para plantear la posibilidad de que estos mil quinientos contratados en las oficinas de ocupación no sean despedidos antes de que finalice el contrato, con lo cual ahorraríamos unas indemnizaciones importantes.

Por último, planteamos la aplicación del IVA reducido para el sector agrícola español en las tarifas de la energía eléctrica y en la adquisición de gasóleo como carburante y combustible y dos temas muy puntuales, uno que hace referencia al puerto de Barcelona, que tampoco representa un incremento de recursos importante, como es la eliminación de la prelación de liquidar la tasa de mercancía al concesionario, con el fin de que la autoridad portuaria se dirija indistintamente a cualquiera de los sujetos pasivos sustitutos, y otro para que se pueda permitir que todas aquellas instalaciones sin ánimo de lucro que fomenten actividades náuticas, pero que no disponen de lámina de agua para almacenamiento de las embarcaciones se puedan acoger a la bonificación regulada de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante y clarificar que la bonificación es aplicable a la totalidad de la concesión.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista repartirán tiempo la diputada señora Lucio y la diputada doña Angelina Costa. Tiene la palabra la señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: Aunque mañana tendremos ocasión de hacerlo más extensamente, concretamente en la sección 18, hoy defiendo aquí dos enmiendas de educación, una de adición, concretamente la 866, en la nueva disposición final, en la que pediríamos que quede derogado el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el sistema educativo. El motivo es que este real decreto pone de manifiesto los recortes injustos que se han hecho en educación. Porque si la reducción en política educativa ha sido una de las más importantes que tienen estos Presupuestos Generales del Estado, presentados en esta ocasión, todavía nos faltaba algo peor, que es la reducción en 3.000 millones a la educación en general. Por tanto, como nos parece que esto concretamente es más lesivo incluso que los presupuestos generales, creemos que debería derogarse este decreto-ley. Esta sería nuestra posición.

La siguiente enmienda que presentamos es una de modificación al anexo VI, coste de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Lo que nosotros queremos es modificar la cuantía prevista para el personal no docente, tanto funcionario como laboral, fijándola en 31.674.360 euros. La motivación sería: dadas las características especiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, incorporar, en primer lugar, 2.340.000, correspondientes a la consolidación de empleo de personal laboral temporal; y, después, dadas las especiales características de la plantilla, también la incorporación de 2.325.000. Por tanto el total sería 31.674.360 euros. Es absolutamente de justicia que este personal, que se ha incrementado muchísimo en los últimos años, ahora no vea mermadas sus posibilidades de empleo, por eso el Grupo Socialista presenta esta enmienda de modificación.

El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, tiene la palabra.

La señora LUCIO CARRASCO: Presentamos enmiendas a las disposiciones adicionales de la sección 19, empleo e inmigración: cinco enmiendas de adición y dos enmiendas de supresión. En primer lugar, se propone una disposición adicional nueva para la creación de un fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas y para emprendedores. Es en coherencia con la propuesta, que aún está por debatir en enmiendas parciales, sobre nuestra alternativa a la reforma laboral, en la que creamos este fondo para ayudar a la creación de empleo a empresas de menos de 10 empleados, a aquellas que están entre 10 y 50 empleados y cuyo titular se encuentra de alta en el régimen de trabajadores por cuenta propia, o a aquellos trabajadores por cuenta ajena que contraten con carácter indefinido a trabajadores desempleados. Este fondo está residido en el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá condición de ente público y un importe de 1.000 millones de euros con cargo a la aplicación presupuestaria 27.03.923-M.873. Este fondo lo que pretende es facilitar crédito a las empresas, a las que nos hemos referido anteriormente, para dinamizar el mercado laboral y con la intención de que la contratación de personas les sirva a las propias empresas para mejorar en sus proyectos de innovación, de modernización, de adecuación al nuevo sistema productivo. Este fondo quiere ligar el crédito a la creación de puestos de trabajo de carácter indefinido y con incrementos netos de plantilla para colectivos especiales, personas desempleadas, mujeres, jóvenes y parados de larga duración. Esa sería la disposición adicional nueva para la creación de este fondo.


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En segundo lugar, proponemos una nueva disposición adicional para dotar durante el año 2012 al Servicio Público de Empleo Estatal con 1.000 millones de euros para la financiación de políticas activas de empleo y para destinar estos 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas que tengan mayores dificultades en cuanto a la tasa de paro, por el crecimiento que está teniendo o bien por la tasa que llevan arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Con estos 1.000 millones de euros para políticas activas de empleo pretendemos mejorar las medidas de orientación profesional, la formación, la recualificación, el aprendizaje, es decir todas aquellas políticas activas de empleo, incluida la garantía de las personas que ahora mismo están ejerciendo su empleo como orientadores y promotores de empleo, apoyando para dar un mejor servicio público a las personas desempleadas.

En tercer lugar, proponemos una disposición adicional para la elaboración de un estudio que analice el impacto del sistema de protección por desempleo de la contratación temporal en relación con la contratación indefinida. Creemos que hay que darle una vuelta al sistema de cotización, ya que los tipos deberían ser diferentes, y pretendemos que se haga ese estudio y análisis. También presentamos una enmienda con una nueva disposición adicional de gestión durante el 2012 del programa de empleo agrario en comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Teniendo en cuenta el retraso que han tenido en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, este programa aún no se ha puesto en marcha, y pedimos a través de esta disposición adicional que en un plazo improrrogable de quince días se ponga en marcha en Andalucía y Extremadura. La última enmienda propone una disposición adicional en la que solicitamos la reducción del número de jornadas reales cotizadas para los trabajadores eventuales agrarios afectados por la sequía. Esta reducción se plantea precisamente por la sequía que ha habido a finales de 2011 y a primeros de 2012. Se pretende que, cuando se cumplan las condiciones, se acredite un número de treinta y cinco jornadas cotizadas para aquellos trabajadores eventuales agrarios que afectados por la sequía hayan cotizado por veinte jornadas.

Proponemos una enmienda de supresión de la disposición final decimocuarta sobre la actividad de los promotores de empleo. Esta disposición final decimocuarta reduce hasta el 31 de junio de 2012 la actividad que están desarrollando 1.500 promotores de empleo en toda España, que están apoyando a los servicios públicos de empleo autonómicos para hacer posible la atención al creciente número de desempleados en este país. Por tanto, pedimos que se suprima esa disposición decimocuarta para que estas personas puedan al menos desarrollar su trabajo hasta el final del año 2012, como así estaba estipulado. Por último, presentamos otra enmienda de supresión, la de la disposición adicional cuadragésimo quinta, que pretendemos que se apoye, debido a la suspensión del Fondo de apoyo de acogida e integración de inmigrantes y de refuerzo educativo en este país, que realmente ha estado cohesionando y apoyando tanto a las personas inmigrantes como a las personas receptoras. Pretendemos que con esa enmienda de supresión podamos continuar con este fondo.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, Izquierda Plural, el señor Garzón tiene la palabra.

El señor GARZÓN ESPINOSA: En este punto nosotros hemos presentado un gran número de enmiendas así que nos limitaremos a hacer mención a algunas y de forma lo más breve posible. En este sentido las más preocupantes, las que reflejan nuestras mayores preocupaciones, son fundamentalmente cuatro; tres de las cuales las defenderé yo y otra mi compañero Nuet. La primera tiene que ver con el personal docente investigador por su situación precaria, en la queda aún más después de estos presupuestos. Creemos, e insistíamos antes también, en lo que se refiere a los empleados públicos, en la necesidad de priorizar el mantenimiento de los empleados públicos, especialmente los que tienen una función en el sistema social, en el sistema de educación y de sanidad, el personal docente investigador. Estamos hablando de personas altamente cualificadas que han venido ejerciendo una función básica y primordial en nuestro sistema de educación y que, sin embargo, van a quedar desamparadas en gran medida como consecuencia de estos recortes presupuestarios que se tienen en cuenta en estos presupuestos.

Otra cuestión importante es la que tiene que ver con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, conocido como CDTI. En estos presupuestos se renuncia a seguir manteniendo la forma de financiación que se tenía hasta entonces. Hay que entender que este centro lo que proporcionaba eran créditos a tipo interés cero a aquellas empresas que quisieran innovar e investigar en elementos que iban a permitir a la economía española ganar avances en productividad. Estos presupuestos anulan esa posibilidad y establecen a partir de ahora que nunca podrán ser de tipo de interés cero, sino que como mínimo tendrán que tener la referencia del tipo de interés de la deuda pública. Entendemos que esto es absolutamente denigrante porque no se puede encarecer de esa forma la financiación de las empresas que verdaderamente generan conocimiento e investigación y desarrollo en nuestra economía. De la misma forma, otra cuestión que nosotros planteamos, y que creemos que no solo va a tener trascendencia en estos presupuestos sino que lo vamos a ver en sucesivos debates más adelante, es la que se refiere al impuesto de las transacciones financieras. Pedimos la instauración y las gestiones que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que llevar a cabo para permitir establecer mecanismos e instrumentos como el llamado ITF, impuesto a las transacciones financieras, que permitan recaudar dinero suficiente para mantener un adecuado nivel de gasto público en servicios fundamentales, pero también para desincentivar la inversión especulativa


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que se mantiene en los mercados financieros por aquellos sujetos económicos -fundamentalmente grandes bancos, grandes empresas y grandes fortunas-, que son, como hemos venidos insistiendo, los grandes beneficiarios de esta crisis y de esta salida de la crisis.

Finalmente, quiero hacer una reflexión muy rápida. Uno de los portavoces del Grupo Popular a lo largo de esta mañana ha dado a entender que las propuestas de la oposición no se corresponden con propuestas razonables de política económica. De forma despectiva se ha insinuado que lo que hacemos es una especie de populismo al no estar fundamentada sobre la base del conocimiento económico; nos decía que era imposible subir el gasto público e intentar acometer las reformas que llevaran a una caída del déficit y de los presupuestos, hablando de una posible teoría nueva de ciencia ficción que llevase a esa resolución. Yo quería aprovechar la ocasión, aunque dicho portavoz no se encuentra en la sala, para dejar constancia de que todas nuestras formulaciones económicas tienen una base rigurosa, que no hay una teoría nueva que permita rebajar el déficit subiendo el gasto, sino que precisamente esa teoría tiene ya más de cien años. La inauguró un economista polaco, Kalecki, la prosiguió Keynes, y permitió establecer que precisamente con subidas de impuestos, con inversión públicas, en ambos casos, se puede conseguir acabar con el déficit incrementando la inversión pública, de forma que una subida de impuestos, por ejemplo, a las clases que más consumen, como son las clases altas, permitiría no afectar tanto sobre el consumo, permitiría tener ingresos suficientes con los acometer planes de inversión pública que llevaran a un incremento posterior de los ingresos públicos y rebajar el déficit. Por lo tanto, nuestras propuestas son rigurosas, serias, factibles y técnicamente viables. El Grupo Popular no puede creerse que únicamente esté él en posesión de la verdad absoluta en ciencia económica, que por tanto todas sus propuestas sean rigurosas y las del resto de los partidos son populismo. Es una falacia y, por tanto, me gustaría manifestar en esta oportunidad que todas las enmiendas están basadas en una rigurosa formación económica que tenemos quienes las hemos realizado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Intervengo para presentar la enmienda a la disposición adicional septuagésimo sexta, a la que desde nuestro grupo parlamentario damos una gran importancia. Se refiere concretamente a la financiación de la Iglesia católica en nuestro país en un momento de crisis como este. En la enmienda queremos defender de forma clara una propuesta para que el Gobierno del Partido Popular lleve a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación que termine el 31 de diciembre del año 2014, para la completa autofinanciación de la Iglesia católica a través de las donaciones de sus fieles y de sus propios. En este plazo de adaptación se revisarían los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia católica con el objetivo de su progresiva desaparición y se eliminaría definitivamente la aportación que la Iglesia católica recibe en concepto de asignación tributaria a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, también con vigencia desde el 1 de enero de 2014 quedarían sujetos y no exentos en el impuesto sobre bienes inmuebles los bienes inmuebles de la Iglesia católica en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. El objetivo de esta enmienda, por supuesto, no es otro que recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia católica en el IRPF, con la finalidad de que esta participé en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis, tal y como se ha efectuado con las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia católica a su autofinanciación. Todo ello está basado en el principio de igualdad ante la ley que señala nuestra Constitución y en cumplimiento del apartado 5 de los acuerdos económicos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979, en los que la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo parlamentario ha presentado numerosas enmiendas a esta parte de los presupuestos, en concreto treinta y cuatro, y de temas muy variados. Voy a dar todas por defendidas y voy a centrar la atención de sus señorías únicamente sobre algunas de ellas. Por ejemplo, las enmiendas 1403 y 1404, que buscan el ahorro público mediante el uso del software libre y la licitación electrónica en las administraciones españolas, ya que creemos que esta sería una medida que modernizaría nuestras administraciones y permitiría lograr ahorros. En el campo de los ingresos, la enmienda 1425 incide en la amnistía fiscal, y no puede sorprender a sus señorías que vaya en la línea de derogar la amnistía que el Gobierno ha declarado. Como señalamos en el Pleno, creemos que esta amnistía fiscal deteriora la conciencia fiscal de los españoles a cambio de unos ingresos inciertos y de una cuantía que no justifica la excepcionalidad de la medida tomada. Me referiré a continuación a la enmienda 1406, que incide en un problema que nos preocupa especialmente en Unión Progreso y Democracia, que es el enorme número de parados que va perdiendo todo tipo de prestaciones y de coberturas. La tasa de cobertura está cayendo aceleradamente y aproximadamente un tercio de los parados, es decir más de 1,5 millones de personas, camino de los 2 millones, ha perdido todo tipo de prestaciones. En estos presupuestos esto se ve como una vía de ahorro, como


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una forma de disminuir el gasto en desempleo, olvidando las grandes tensiones sociales que esto puede provocar en nuestro país. Nuestra enmienda 1406 propone cambiar el actual sistema de 420 euros, que se van renovando cada seis meses para los parados que han agotado otras prestaciones, por la ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años. La renta activa de inserción es un programa muy similar al Prodi, pero es estable, es permanente y da una cobertura de once meses en vez de seis. Soy consciente de que es un gasto, pero el recorte del gasto debería ser selectivo; ahorrar en cobertura de los parados cuando el paro se dispara no parece la forma más sensata de ahorrar.

Hay otro bloque de enmiendas que se refiere a las personas con discapacidad, para mejorar su accesibilidad al empleo y su situación fiscal. Son la 1419, 1420, 1421 y 1422, además de la 1423, que el partido mayoritario ha mostrado su disposición a aceptar, lo que le agradecemos. Por último, hay un bloque de medidas, que podríamos calificar de ejemplarizantes en el sentido de que no lograrán grandes recortes del gasto público, pero que transmitirán a la ciudadanía el mensaje de que los recortes son equitativos porque no solo afectan a los ciudadanos, sino que afectan de manera generalizada a la sociedad. Una de ellas es la enmienda 1395, que incide en algo que nuestro grupo planteó ya en el Pleno, y es el régimen de los expresidentes del Gobierno. Quiero insistir en que nos aproximamos a la figura de los expresidentes del Gobierno desde el máximo respeto por la labor histórica que han realizado, pero, insistimos, a riesgo de que se nos descalifique como en otras ocasiones, que no parece razonable que tengan altas remuneraciones privadas a las que se suman remuneraciones públicas. No parece razonable y desde el máximo respeto insistimos. La enmienda 1405 también insiste en un tema que hemos planteado en otras ocasiones y que se refiere a la integración de los parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, como de los parlamentos autonómicos, en el régimen general de la Seguridad Social. De nuevo, desde el máximo respeto a la figura parlamentaria, de la que formamos parte -y lo consideramos un honor-, es una cuestión de simple coherencia pues creemos que si tomamos decisiones sobre la Seguridad Social de los ciudadanos nos debemos ver involucrados en esas decisiones plenamente, para mal y para bien; por ejemplo, esto permitiría a los parlamentarios el acceso a las prestaciones por desempleo.

Hay otras dos enmiendas, la 1402 y la 1416, que tienen que ver con el ámbito deportivo. La primera se refiere a las deudas con Hacienda de los equipos de fútbol. Creemos que no hay justificación para el tratamiento excepcional a los equipos de fútbol cuando tienen deudas con Hacienda. La 1416 se refiere a las federaciones deportivas, solicitando una mayor transparencia en sus cuentas.

Son muchas las enmiendas a las que no me voy a referir, pero insisto en que las doy por defendidas porque sus señorías disponen del texto y sería demasiado largo y farragoso entrar en cada una de ellas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo ha presentado dos enmiendas a las disposiciones. La primera es una enmienda de supresión de la disposición adicional trigésimo octava y de la disposición derogatoria segunda, relativa a los extra costes de generación de energía eléctrica insular y extrapeninsular. También hemos planteado una enmienda con una nueva disposición adicional al proyecto de ley de presupuestos en la que se propone que, para que se dé cumplimiento a un acuerdo por unanimidad del debate sobre el estado de la Nación, el Ministerio de Industria y Energía habilite un crédito por importe de 50 millones de euros para arbitrar medidas dirigidas a la incentivación de la demanda de máquina herramienta mediante ayudas directas a la compra de estos equipamientos industriales. Entendemos que este es un sector clave, que tiene un enorme efecto multiplicador y con un efecto importante sobre el empleo. Creemos que es una medida adecuada en este momento de crisis y, además, teniendo en cuenta que hubo unanimidad en el debate sobre el estado de la Nación del año 2010, no estaría de más cumplir una resolución de estas características.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, repartirán el turno entre el señor Jorquera y el señor Quevedo. En primer lugar, señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas del resto de los componentes del Grupo Mixto, excepción hecha de las enmiendas de Coalición Canaria-Nueva Canarias, dado que las defenderá el señor Quevedo. Quiero comunicar también la retirada de la enmienda 720.

Centrándome ya en la defensa de las dieciséis enmiendas planteadas por el Bloque Nacionalista Galego, voy a procurar ser selectivo, debido al límite de tiempo. En primer lugar, quisiera hacer mención a la enmienda 2600, que guarda cierta concomitancia con la enmienda que acaba de defender el señor Nuet. En esta enmienda proponemos recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia católica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Quiero hacer una aclaración. El BNG es partidario de que, de acuerdo con el carácter laico del Estado, las distintas confesiones religiosas se autofinancien, por tanto que no sean sostenidas con fondos públicos. En cualquier caso, consideramos que por lo menos y mientras no se aborde este problema es exigible que la Iglesia católica participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis. No es comprensible que se haya recortado la asignación a partidos políticos, a organizaciones sindicales, a organizaciones empresariales y no se contemple en cambio un recorte a


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la asignación tributaria a la Iglesia católica. Esa es la razón que fundamenta esta enmienda.

La enmienda 2601 emplaza al Gobierno, a través de una nueva disposición adicional, a remitir en el plazo de tres meses un proyecto de ley de modificación de la Ley de instituciones de inversión colectiva, de las famosas Sicav, porque entendemos que siguen siendo un instrumento de elusión fiscal del que se valen grandes patrimonios para eludir el pago de impuestos. La enmienda 2602 añade también una nueva disposición adicional emplazando al Gobierno a remitir en el plazo de tres meses un proyecto de ley para la creación de un impuesto sobre grandes fortunas y patrimonios, que tendrá por objeto crear un gravamen especial a las personas que posean un patrimonio superior a los 600.000 euros. Entendemos que es una reforma fiscal necesaria, en línea con otras muchas enmiendas planteadas por el BNG cara a avanzar hacia un sistema fiscal más justo, más equitativo, que permita también, por la vía de los ingresos, ir reduciendo el déficit público sin comprometer políticas básicas. No hay una única política económica posible; todos los datos demuestran que las políticas fundamentadas en los recortes ni están favoreciendo la recuperación -al contrario, están deprimiendo más la economía- ni están contribuyendo a reducir el déficit, dado que están provocando una caída de los ingresos públicos. Por tanto, somos partidarios de una política fiscal que contemple políticas de estímulo, políticas de inversión pública de apuesta por el gasto social y que se complementen con una amplia reforma fiscal que permita incrementar los ingresos por vía tributaria. Por ese motivo, también hay un paquete de enmiendas, dentro de las enmiendas promovidas por el Bloque Nacionalista Galego, que propone la supresión de una serie de medidas que nos parecen de marcado contenido antisocial como es la supresión del aplazamiento de la entrada en vigor de los derechos contemplados en la Ley de la Dependencia, la suspensión de la colaboración con las comunidades autónomas en programas de reinserción de inmigrantes, la suspensión de la contratación de orientadores en los servicios públicos de empleo o el retraso de la entrada en vigor del permiso de paternidad.

Por último, quiero referirme a la enmienda 2609. En ella proponemos suprimir el carácter permanente a las limitaciones de endeudamiento de las corporaciones locales. La limitación temporal al recurso a crédito para la financiación de inversiones por las entidades locales y entes dependientes que se estableció como una medida de carácter coyuntural para 2010 y 2011, prorrogada para 2012, se pretende transformar ahora en indefinida, lo cual contradice el espíritu por el que fue creada y supone además una modificación sine die del statu quo de las haciendas locales. Por ese motivo y dada la excepcionalidad de la situación económica actual, consideramos más razonable continuar prorrogando la medida hasta que se den las circunstancias que permitan el levantamiento de esta suspensión.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Pedro Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Como es la primera intervención que tenemos en esta Comisión en el día de hoy, interesa señalar que Coalición Canaria-Nueva Canarias mantenemos todas las posiciones que mantuvimos a la hora de defender la enmienda a la totalidad de estos presupuestos por entender que ellos no son la vía para alcanzar lo que se pretende: ni la creación de empleo, ni la generación de actividad económica, ni nada que se le parezca. No hay evidencia empírica de que esto haya ocurrido en ningún lugar donde se han aplicado estas recetas. Sinceramente, parece que va siendo hora de empezar a atender a lo que está ocurriendo en otros lugares donde gran cantidad de personas están sufriendo por seguir aplicando la receta que promueven aquellos que son responsables de la crisis. Creemos que esta es una vía inadecuada, lo cual no impide que, decaídas nuestra enmienda a la totalidad y todas las demás, tratemos de formular un conjunto de enmiendas que están planteadas con la voluntad de ser sensatas, razonables y que afectan desde luego a lo que podemos nosotros abarcar con nuestra dimensión, que es fundamentalmente a los intereses generales de Canarias, que creemos que pueden ser mejorados a través de estas enmiendas.

Planteamos un conjunto de enmiendas; no las explicaré todas en su totalidad porque son unas cuantas y no dispongo de tiempo para ello ni me parece razonable, pero quiero comentar algunas de ellas. Concretamente, la enmienda 2520, en relación con el apartado 5 de la disposición adicional trigésima, donde planteamos una modificación porque, así como pensamos que es entendible que en la Administración central del Estado pretenda establecerse mecanismos de control sobre las comunidades autónomas, nos parece que para que se suscriban convenios a través de un procedimiento de conocimiento previo de la realidad parece poco razonable que no se exprese la frase: se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Se establece aquí: se podrán tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de evaluar a cada comunidad autónoma. No es razonable que entre dos administraciones públicas se produzca una relación de sumisión a través de este tipo de planteamientos y proponemos incorporar que se atienda al endeudamiento de las comunidades autónomas con relación a la tasa de paro de cada una de las comunidades de las que estamos hablando. No es lo mismo una comunidad con una tasa de paro del 17% que una con el 32%. Y lo mismo con relación al nivel de inversión estatal media en cada uno de los territorios, porque no es razonable tratar igual -y vuelvo a insistir en esta idea- lo que es desigual.

La siguiente enmienda, la 2521, es una enmienda de modificación a la disposición adicional trigésimo primera, en la que planteamos que realmente se comprometa en el presupuesto una línea de desarrollo del Plan integral de empleo de Canarias, a través del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Universidades


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y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. La vinculación de la formación con el empleo nos parece un elemento determinante y no creo que sea necesario insistir en las cifras de paro y los negativos indicadores de éxito escolar que lamentablemente adornan en este momento a la Comunidad canaria.

También hay una enmienda de modificación en la que hablamos de la necesidad de que se suprima la intención de tener que acreditar mediante un certificado de empadronamiento la posibilidad de acceder a la bonificación al transporte regular de pasajeros. Esto es generar un obstáculo al acceso de los ciudadanos a un servicio fundamental cuando vivimos en un archipiélago y además genera nuevos impuestos, porque esto cuesta dinero. Creemos que es el documento nacional de identidad la fórmula que debe utilizarse, por ser operativa, razonable y suficientemente garantista. Otra cosa es que se establezcan mecanismos de lucha específica contra el fraude en esta materia, que sin duda compartimos, siempre que no tengan que pagar la mayoría por una supuesta minoría que no sabemos a cuánto ascendería. Esto puede perjudicar muchísimo la movilidad de la gente que se mueve del Archipiélago.

Con relación al ITE, hay una reivindicación histórica. Como conocen, este es un impuesto extinto. A pesar de ser un arcaicismo, consideramos que su recaudación debe ser utilizada en los criterios de financiación de la comunidad.

Hay una cuestión relativa a los profesores ayudantes y doctores, que se encuentran en una situación dramática. Como hemos planteado la prohibición de incorporar nuevo personal docente, se está produciendo una situación dramática para profesionales de la educación que han acreditado suficientemente su solvencia. Esto va a dar con los huesos en la calle de un montón de gente que son excelentes docentes.

Por último, como me estoy excediendo en el tiempo, doy por defendido el resto de las enmiendas que hemos planteado, pero quiero hablar de dos temas que nos preocupan extraordinariamente. Uno de ellos con relación a los extracostes de la generación de energía eléctrica insular y extrapeninsular. Ha desaparecido cualquier referencia y garantía a que es necesaria la financiación de esos extracostes. No sé si a alguien le parece que tener un archipiélago alejado es demasiado caro para el Estado, pero esto nos coloca en una situación de indefensión extremadamente preocupante, se lo puedo garantizar. Igual ocurre con las bonificaciones al transporte aéreo de residentes insulares y de Ceuta y Melilla, que también han desaparecido. Hay una derogación de este derecho. Nosotros planteamos la supresión de ambas medidas porque esto está generando una alarma inusitada en el Archipiélago, se lo puedo garantizar. Además hay un conjunto de medidas relacionadas con la conectividad, que es un tema que siempre nos preocupa. En cuanto a la bonificación de las tasas aeroportuarias, se ha discutido mucho sobre este tema. Les pedimos una reflexión sobre esta cuestión, porque son intereses estratégicos de Canarias en momentos graves y especialmente difíciles, como ya hemos señalado anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos terminado las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos. Entramos en el debate de las secciones. En primer lugar, las secciones 01 a la 05 y 08. Tiene enmiendas el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, La Izquierda Plural. El señor Nuet tiene la palabra.

El señor NUET PUJALS: Intervengo para defender enmiendas a las secciones 01 y 05. En concreto, con respecto a la sección 01, el mismo discurso que hemos hecho antes sobre la Iglesia católica queremos hacerlo sobre la Casa Real, una Casa Real que en este momento está en el punto de mira por circunstancias nada apetecibles y que, independientemente de que pueda ganarse la vida de una forma distinta a la asignación que recibe de los Presupuestos Generales del Estado, estaría bien que recibiera también un recorte en su asignación para de alguna forma ponerse a la altura del esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad española. Estamos convencidos de que, aunque se pueda producir una disminución de sus ingresos, la Casa Real sabrá componérselas para vivir de forma digna con el resto de los ingresos que se le puedan asignar. Por tanto, se propone recortar la asignación presupuestaria a la Casa de su majestad el rey en un 20%, con la finalidad de que esta participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis, tal y como se ha efectuado con las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal.

En la sección 05, en lo que corresponde al Consejo de Estado, al alto asesoramiento del Estado, también sería importante una asignación, de manera que el Estado pueda implementar las medidas necesarias para promover el asociacionismo de mujeres e impulsar de forma decidida su participación en lo público, como mínimo en aquellos órganos y consejos promovidos por y desde la Administración pública.

Doy estas dos enmiendas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo. (El señor vicepresidente, Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia).

El señor ANCHUELO CREGO: Vuelvo a la reflexión anterior sobre el gasto ejemplarizante. Nuestras enmiendas a las secciones 01 y 02 no solucionarían el déficit público, pero sí darían a los ciudadanos la sensación de que los esfuerzos son compartidos. Nuestras enmiendas 1426 y 1428 se refieren a la Casa Real. Se hace un flaco favor a la institución, a la monarquía, manteniéndola al margen de los recortes, recortándola un 2% cuando el recorte medio en los ministerios es del 15%. El recorte en la Casa Real debería ser similar al del conjunto de los ministerios y proponemos un 13% de recorte adicional, hasta el 15%. Insisto, con este


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recorte adicional no atacamos a la institución monárquica, sino que la defendemos, porque haremos más comprensible por los ciudadanos la situación presupuestaria si la enmarcamos en la situación del conjunto del país. En los momentos delicados que vive la institución por los últimos acontecimientos nos parece especialmente pertinente, nos lo parecería en cualquier caso, pero más en el momento actual.

Las enmiendas 1429 y 1430 se refieren al gasto de traducción simultánea en el Senado. Consideramos que este es un gasto prescindible, que supone 6.000 euros por sesión del Senado, unos 350.000 euros anuales. Dado que todos los senadores comparten el idioma común que fija la Constitución, no parece que sea un gasto imprescindible. En ningún caso lo sería, pero en el actual momento de recortes presupuestarios nos parece especialmente cuestionable esta partida. En esto compartimos el espíritu y la letra de lo que el Partido Popular planteó el año pasado, cuando no formaba parte del Gobierno. En su intervención utilizaba estos argumentos correctos, que nosotros compartimos. Consideramos que el hecho de que esté en el Gobierno no ha cambiado la situación objetiva, por lo que esperamos que sea receptivo a estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: El señor Jorquera tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, manifiesto que doy por defendida la enmienda 72 a la sección 01, presentada por la señora Jordà i Roura, y la enmienda 724 a la sección 02, presentada por el señor Salvador Armendáriz.

Quiero llamar la atención de la Mesa por el hecho de que en el índice para el debate y votación de enmiendas no figura en la sección 01 una enmienda presentada por el BNG, la 2611, que sí que está registrada en plazo y está publicada, pero en cambio no figura en el índice. La enmienda tiene bastante concomitancia con lo que expuso tanto el portavoz de La Izquierda Plural como el portavoz de Unión Progreso y Democracia; en ella proponemos una reducción del 17% en la asignación a la Casa Real frente al 2,2% previsto. No tenemos ninguna objeción a que la reducción fuese del 20%, como plantea el señor Nuet, simplemente hemos optado por defender una reducción similar a la reducción presupuestaria que de media se aplica a los distintos ministerios. Como es sabido, el Bloque Nacionalista Galego es una fuerza republicana, pero no pretendemos cambiar el régimen, la forma de Estado, vía enmiendas a los presupuestos. En cualquier caso, sí que nos parece exigible que en un contexto de crisis como en el que estamos el esfuerzo que se le impone a la Casa de su majestad el rey sea acorde con los ajustes que se hacen en otros departamentos, razón por la cual defendemos esta reducción. Creemos que hay momentos en los que es necesario ante todo enfatizar la necesidad de comportamientos ejemplarizantes -y no me voy a referir ahora a hechos recientes-, por ello la aceptación de esta enmienda tiene más sentido que nunca.

El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, para su información, el posible error del que usted habla es que se aplica a la sección de alta, y entonces está en la sección 31. Es decir, que no hay error en el sentido de que está aplicada a la sección 31, según la ordenación del debate, por lo que se encuentra en dicha sección.

El señor JORQUERA CASELAS: Perfecto. En cualquier caso, entendía que lo pertinente era defenderla en el marco de esta sección.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Nosotros no hemos presentado enmiendas a estas secciones y, por lo tanto, lo único que quería poner de manifiesto es que, de las enmiendas que se han presentado, nos vamos a oponer a la que ha defendido mi compañero de UPyD, porque no creemos que se resuelva el problema del déficit público evitando que en la Cámara de representación territorial, que es el Senado, los diversos senadores y senadoras se puedan expresar en su lengua materna. Creo que este es un avance importante, pero no creo que por ahí venga la resolución de nuestros problemas económicos y financieros. Por lo demás, no tengo nada más que comentar.

El señor PRESIDENTE: Hay cuatro intervinientes por el Grupo Parlamentario Popular, pero solamente veo a tres. En tal caso, daré la palabra a los tres que están presentes. En primer lugar, tiene la palabra el señor Albendea.

El señor ALBENDEA PABÓN: Voy a empezar por la enmienda que ha dado por defendida el señor Jorquera, la enmienda 72, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. Esta enmienda reincide en un intencionado error. Por lo pronto, la sección que quiere enmendar ni siquiera la denomina correctamente. La sección se denomina Casa de su majestad el rey, que es como se llama en la Ley de Presupuestos y en el artículo 65 de la Constitución, y no Jefatura del Estado. Se conoce que a los señores de Esquerra pronunciar la palabra rey les produce urticaria. Además, dan de baja la partida de la sección 01 y no la asignan a ninguna parte, con lo cual la enmienda está técnicamente mal formulada. Pero entrando en el fondo, es enojoso reiterar los argumentos de hace ya varios años. La asignación presupuestaria de la sección 01 no es una asignación personal al rey, es una asignación a un órgano del Estado que se denomina Casa de su majestad el rey, en cumplimiento del citado artículo 65.

Les voy a explicar a ustedes cómo se distribuyó el presupuesto de la Casa de su majestad el rey en el ejercicio


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pasado. De los 8.434.280 euros, el 9,65% de ese importe, es decir, 814.128 euros, comprenden la retribución y gasto de representación de su majestad el rey, su majestad la reina, su alteza real el príncipe de Asturias, su alteza real la princesa de Asturias, su alteza real la infanta Elena y su alteza real la infanta Cristina. El 47,89% del presupuesto correspondió a gastos de personal. Quiero hacer constar que en el año 2010 las retribuciones de la familia real y de los altos cargos de la Casa del rey se redujeron el 15%, exactamente igual que los altos cargos del Gobierno de la nación; y quiero recordar a este respecto que, según la Constitución, estos fondos los distribuye el rey libremente, es decir, que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Otro infundio que los republicanos lanzan por ahí es que la familia real no paga impuestos, pero los paga exactamente igual, con los mismos criterios que usted y que yo.

Siguiendo con la distribución del presupuesto, quiero informar que el 38,83% se destinó a gastos corrientes en bienes y servicios, como arrendamientos de equipos para procesos de información, reparaciones, mantenimiento, conservación, material, suministro, etcétera. Esta información está al alcance de todos los ciudadanos y la pueden consultar en la página web de la Casa Real. Por tanto, como es de suponer -ya es tradición de mi grupo-, vamos a votar en contra de esta enmienda, que lo único que pretende es producir un agravio a la Corona que, como ustedes saben, es la institución que nos ha permitido disfrutar de treinta y tantos años de normalidad democrática y de prestigio internacional no conocido hasta entonces, circunstancias valoradas muy positivamente por el pueblo español.

Me refiero ahora a las enmiendas 1426, 1427 y 1428, de Unión Progreso y Democracia, que proponen reducir un 13% la asignación de la sección 01 para equiparar la reducción a la media de las secciones ministeriales. Yo ahora le hago a UPyD la siguiente pregunta: ¿por qué no han buscado ustedes esa equiparación todos los años? Me he molestado en ver cómo evolucionaba la sección 01 durante los últimos años en comparación con el conjunto del presupuesto. Mire usted, en el año 2005 el presupuesto de la Casa del rey creció el 3,5%, frente al 6,2% del total del presupuesto; en el año 2006 el crecimiento de esta sección fue también del 3,5% y el crecimiento del total del presupuesto del 7,6%; en el año 2007 la sección 01 creció un 3,2%, frente al 6,7% del conjunto; en el año 2008 la sección 01 creció un 4,5%, frente al 6,7% del total; en el año 2009 creció el 2,7%, frente al 3,3% del conjunto; en el año 2010 se congeló la partida respecto al año anterior, es decir, no creció nada, mientras el conjunto crecía un 17,3%; y en el año 2011 descendió la Casa del rey un 5,2% y los presupuestos generales descendieron un 18,9%, pero esto no se debió a que bajaran los ministerios, sino a que el sistema de financiación de los entes territoriales descendió un 46% porque se cambió el sistema de financiación.

Miren ustedes, el presupuesto del año 2012 de la Casa de su majestad el rey es inferior al del año 2007, circunstancia que no concurre en el total del presupuesto del año 2012 en comparación con el del año 2007, pese a la importante baja de este año. En el año 2007 importaba el presupuesto total 142.925 millones de euros, y en el año 2012 es de 158.571 millones. Luego esta petición de reducir el presupuesto de la sección 01 porque solo baja un 2% deberían ustedes haberla tenido en cuenta en anteriores ejercicios, cuando se congeló esta sección o creció año tras año mucho menos que la media. Por tanto, no nos parece razonable ni equitativo aplicar el criterio de igualdad cuando se trata de reducir y no aplicarlo cuando se trata de incrementar. Vamos a votar, pues, en contra de las tres enmiendas.

También vamos a oponernos a la enmienda 1768, de La Izquierda Plural. Trata de equiparar un órgano del Estado, como es la Casa de su majestad el rey, con los partidos políticos, los sindicatos y la patronal. No tiene absolutamente nada que ver, y ya he explicado por qué no sería justo reducir más la asignación de la sección 01. En la enmienda 2484 mezcla muchas secciones y pretende dar el mismo tratamiento a la Casa de su majestad y a diversos ministerios que a los partidos políticos. Se ve que no le ha sentado muy bien la reducción del 20%. Además, al repetir lo de la Casa de su majestad en esta enmienda la reducción no sería del 20% sino del 40%. Finalmente, la enmienda 2611, del Bloque Nacionalista Galego, incide en la misma pretensión que UPyD, solo que en lugar de reducir un 13% propone que se reduzca la sección 01 en un 17%. Ya ha quedado claramente expuesta la injusticia que representaría esa reducción. Votaremos también en contra.

En cuanto a la sección 02, de las Cortes Generales, las enmiendas 1429 y 1430, de Unión Progreso y Democracia, proponen suprimir del Senado el coste de los servicios de traducción simultánea de las lenguas regionales. Aunque pudiéramos estar de acuerdo con el objetivo perseguido, no podemos estarlo con el procedimiento. Los servicios de traducción simultánea del Senado son consecuencia de una reforma reglamentaria que se hizo el 13 de julio del año 2010 en la Comisión de Reglamento de la Cámara Alta. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor del uso de las lenguas regionales y 12 votos en contra. Los votos en contra eran del Grupo Popular. Por tanto, sin reformar el Reglamento, por la vía de suprimir la partida presupuestaria no es posible modificar esa norma. Por esa razón formal y legal nos vamos a oponer a esta enmienda.

La enmienda 1405, de UPyD, sobre régimen de la Seguridad Social de los parlamentarios, me parece que desconoce tres cosas. El régimen de cobertura de cada diputado es el que tenía antes de acceder a la condición de diputado. Desde la Ley de Presupuestos no se pueden hacer incursiones en los reglamentos de los parlamentos autonómicos, y mucho menos en el Parlamento Europeo, como se dice en la enmienda. Y en relación con esta materia, los miembros de las Cortes Generales carecemos


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de prestación por desempleo y hoy los miembros de las Cortes Generales tampoco tenemos indemnización por cese. Dicha indemnización hoy solo se contempla en situaciones límite. Por tanto, vamos a votar en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): También por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Quiero indicarle al señor portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que no acierta, lamentablemente, pues la enmienda está mal formulada, dado que la aplicación de alta no está detallada suficientemente, quizá porque es difícil, es cierto. Pero dar de alta las consignaciones que pretende resulta, por ello, inasumible. Además, nos parece que la modificación propuesta en esta enmienda ni siquiera resulta adecuada, no tanto por su bienintencionado propósito, que incluso podríamos compartir, sino porque no debemos olvidar que en el actual marco de crisis económica la obligación primera de los presupuestos es la de priorizar. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular considera oportuno que, para la consecución de los objetivos establecidos para el presente ejercicio, esta no deba ser considerada una de las prioridades para el Consejo de Estado. Es por ello por lo que esta enmienda no va a ser aceptada por mi grupo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Terminada esta parte en relación con las secciones 01, 05 y 08, pasamos a las secciones 12 y 34. En primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: La sección 12 corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y mi grupo ha presentado dos grupos de enmiendas. Una primera enmienda es de devolución porque no es comprensible ni asumimos que este ministerio encaje una reducción de gasto del 54,45% este año. Es una reducción incompatible con el propio nombre del ministerio. Debería ir acompañada de la eliminación de la letra ce, de cooperación, en su título, puesto que la cooperación al desarrollo se reduce nada más y nada menos que en un 72% en este presupuesto.

Es evidente que vivimos un periodo de austeridad, y no somos nosotros lo que negamos la necesidad de tomar decisiones complicadas, pero no compartimos el fondo de este presupuesto que parece orientar la política exterior española hacia unos parámetros ideológicos y de fondo muy diferentes a los que venía siguiendo en los últimos años. La cooperación al desarrollo, entendida como una acción del Estado impulsada por la voluntad de los ciudadanos en el resto del mundo, desaparecerá si se sigue esta estela y será a partir de ahora una actividad que quedará en manos de los sectores privados, los sectores incentivados vía desgravaciones fiscales o vía futura ley de mecenazgo, en absoluto comprometidos con el bienestar del resto del mundo.

Quiero, por ejemplo, destacar que la ayuda humanitaria se reduce en un 76% en este presupuesto y que incluso partidas pequeñas y que afectan a ciudadanos españoles son eliminadas, demostrando poquísima sensibilidad y compromiso del Gobierno con su acción exterior. Por ejemplo, creemos inexplicable que se reduzcan los 2 millones destinados a la ayuda a españoles que en el exterior necesitan ayuda letrada o repatriación urgente por casos de enfermedad.

Hemos presentado una serie de enmiendas que me corresponde hoy defender para, en primer lugar, elevar la cooperación, no a los niveles alcanzados en años anteriores, sino a un nivel que entendemos compatible con el mantenimiento del prestigio y la reputación de nuestro país en el exterior. Una enmienda ya ha sido debatida en el articulado sobre la incorporación de fondos adicionales para Fonprode. Proponemos asimismo una serie de medidas, por ejemplo, 20 millones de euros para ayuda humanitaria, 1,9 millones de euros para que los españoles en el exterior sean protegidos en caso de necesitarlo -es una obligación del Estado- y una serie de medidas destinadas a mejorar la participación de España en los Fondos de ayuda multilateral o bilateral en coordinación con las diferentes organizaciones no gubernamentales. Creemos también necesario mejorar ciertas aportaciones, dentro de su modestia, a algún instituto de política exterior así como recuperar el programa de jóvenes cooperantes con una cantidad asumible, por ejemplo, 280.000 euros, para no truncar las carreras personales de tantas personas que ven en la cooperación un sector de futuro como profesionales.

Queremos también destacar dos cuestiones. En primer lugar, la reducción del presupuesto que afecta a la parte de acción exterior y consular del ministerio que entendemos preocupante porque va a reducir su capacidad de acción. Creemos que es incompatible con el ejercicio de propaganda que se está haciendo desde el Gobierno en cuanto a la difusión de la llamada marca España y que difícilmente se va a poder llevar a cabo con este presupuesto este tipo de objetivos. También queremos destacar que no solamente no existe ningún tipo de plan estratégico que acompañe esa acción exterior para estos años de austeridad presupuestaria, sino que incluso en los días posteriores a la comparecencia de los secretarios de Estado y del subsecretario hemos ido conociendo noticias que afectaban al contenido de este mismo presupuesto, por ejemplo, la eliminación en cooperación de 184 plazas de lectores de español en el exterior. Queremos destacar que la eliminación de 184 lectores de español en el exterior equivale más o menos a la eliminación de entre 15 o 20 centros Cervantes, si atendemos a su capacidad lectiva y a su capacidad docente. Creemos que es muy difícil andar sacando pecho con la marca España cuando se están eliminando estas plazas de lectores, sobre todo eligiendo para su eliminación los destinados en universidades de países de África o Asia,


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de menor renta y menor desarrollo, orientando la acción cultural y docente del español y de otras lenguas cooficiales que también son impartidas por estos profesores y lectores en aquellos países que tienen menos recursos o menos potencialidad comercial o económica. En definitiva, una enmienda de devolución y una serie de enmiendas que entendemos que mejoran claramente desde la coherencia. Las enmiendas presentadas por mi grupo permiten y garantizan el cumplimiento del objetivo de déficit y desde luego exigen la generación de ingresos adicionales por otras vías, como se ha defendido en esta Comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Desde Convergència i Unió hemos presentado a esta sección las enmiendas que van desde el número 3063 al 3070, que tienen básicamente por objetivo dotar correctamente algunas instituciones que tienen sede en Cataluña pero que efectúan una labor de difusión internacional o bien de representación internacional (El señor presidente ocupa la Presidencia). Algunos ejemplos pueden ser el Instituto Europeo del Mediterráneo, la fundación privada Casa América, la Casa Asia o la Fundación Salud Global. Todas ellas son, repito, instituciones en las cuales participa el Estado y cuya escasa dotación impide que puedan ejercer sus funciones. Hay también una partida destinada a subvenciones del Estado y otros proyectos en la ayuda a la cooperación, y finalmente hay también una dotación para un centro que hace una función importante en la difusión de la cultura, como es el centro Unescocat, en Cataluña. Nos parece que la dotación de estas partidas contribuiría a la mejora sustancial del presupuesto de la sección de exteriores y cooperación.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad de la sección y, de forma concreta, enmiendas parciales en temas de cooperación personal y limitación del servicio exterior de España, porque, como muy bien dijo el ministro, este es el presupuesto de la guerra. Lo decía especialmente hablando de su ministerio, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación es el número uno de la clase, el de mayor recorte de todos los ministerios, el 54,4%. Y por tanto ya tenemos claro a quién le declara la guerra este presupuesto en este ministerio: a la cooperación, al personal del servicio exterior de España y, en definitiva, a la política exterior de España. Como digo, tenemos muy claro quiénes son los afectados.

De forma global presentamos una enmienda a la totalidad de la sección porque este recorte tan brutal afecta a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, por supuesto, a las políticas de cooperación, que casi están heridas de muerte con este presupuesto. Hay un recorte en distintos conceptos -no me voy a alargar ahora en definirlos de forma concreta- de entre el 40% y el 80%. En definitiva, los objetivos de España de conseguir el 0,7% en el presupuesto del año 2015 hoy, con el Gobierno del Partido Popular, están más lejos que nunca. Con este presupuesto vamos hacia atrás, como los cangrejos, el 0,24%. Por tanto, parece como si la historia no estuviese pasando y volviésemos hacia atrás.

En segundo lugar, lo van a pagar los trabajadores y trabajadoras del servicio exterior de España, porque los siete millones doscientos y pico mil que se recortan van a significar menos personal, menos capacidad de contratación y más cargas de trabajo por un servicio exterior de España que en muchos aspectos en algunas embajadas y consulados están muy recargados. Por tanto, lo van a pagar los trabajadores; recuerdo, unos trabajadores sin convenio colectivo y en una situación muy precaria. Resulta que en vez de solucionar estos problemas -dijo el señor ministro que con la nueva ley del servicio exterior de España íbamos a dar un salto cualitativo- posiblemente sin presupuesto no haremos nada y la ley se quedará en agua de borrajas, sin ninguna capacidad efectiva por falta de presupuesto.

En tercer lugar, quien lo paga en general es la marca España y el servicio de España en el extranjero. ¿Qué significa que de setenta embajadas, consulados y delegaciones en organismos internacionales bajemos a treinta y cinco? Significa que la presencia española en el extranjero baja más de un 50%. Por tanto, un Gobierno que en muchas ocasiones se ha sentido orgulloso de llamarse nacionalista español, resulta que está haciendo una política antinacional desde el punto de vista de limitar de forma muy grave el servicio de España en el extranjero. Eso es preocupante, pero lo que más nos preocupa es que, con la crisis que está malgobernando el Gobierno del Partido Popular, cada día más hombres y mujeres de este país se tienen que ir a trabajar a Francia, a Alemania y a Inglaterra, y en estos lugares necesitan buenos servicios consulares, embajadas que funcionen. Hay actividades culturales que realiza un amplio espectro de asociaciones de españoles organizadas en el extranjero que ahora también van a recibir un recorte brutal de sus subvenciones. Por tanto, menos España en el extranjero es lo que el Partido Popular nos trae también con este presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Por UPyD el señor Anchuelo tiene la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: A la sección 12, referida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mi grupo plantea once enmiendas. Un conjunto de enmiendas tiene que ver con atenuar el recorte en el caso de colectivos con los que España tiene una especial responsabilidad por nuestra propia historia. Me refiero,


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por ejemplo, al caso de los campamentos saharauis. Las enmiendas 1432, 1433 y 1435 atenúan el recorte de fondos dedicados a estos campamentos saharauis. Lo mismo podemos decir de los exiliados de Guinea Ecuatorial en España. Las enmiendas 1438 y 1439 intentan preservar parte de la ayuda que recibían. El tercer colectivo con el que consideramos que España tiene una especial responsabilidad histórica es el de antiguos presos cubanos exiliados en España, a los que se refiere la enmienda 1440.

La enmienda 1434 insiste en el tema del Fondo de agua, al que me referí anteriormente. Es un fondo de cooperación al desarrollo especialmente importante por su relación con la prevención de enfermedades como el cólera y que dentro del recorte generalizado de ayuda al desarrollo debería haberse tratado de manera diferencial.

Por último, la enmienda 1441 se refiere al Instituto Cervantes y la 1436, a la UNED, que son instituciones que realizan un importante papel difundiendo la cultura y la imagen de España en el exterior, y nos parece incoherente el fuerte recorte que sufren con las iniciativas del Gobierno en torno a la promoción de la marca España. Estas instituciones desempeñan incluso un papel económico facilitando indirectamente nuestras exportaciones al hacer nuestra cultura más popular o darle una imagen más positiva en otros países.

No querría terminar sin poner de relieve el contraste que supone este fuerte recorte del aparato estatal de representación exterior mientras el aparato autonómico de representación exterior le supera en tamaño, pese a que las competencias exclusivas en este terreno son de la Administración central.

El señor PRESIDENTE: No están presentes ni el portavoz del PNV ni el portavoz del Grupo Mixto, por lo que es el turno del Grupo Popular, que repartirá su intervención entre el señor Beneyto y el señor Grau.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Posteriormente, hablará mi compañero don Juan Carlos Grau, sobre todo en lo referente a los temas de cooperación.

El presupuesto presentado en la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, responde básicamente a los objetivos que se ha trazado este Gobierno. El objetivo principal es la reducción, control del déficit y estabilidad presupuestaria. Por tanto, todo está supeditado a ese objetivo fundamental y los ajustes presupuestarios que se han debido llevar a cabo tienen esa legitimación y esa justificación.

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en 2012 se han dotado recursos presupuestarios por un importe total de 1.680,15 millones de euros en relación con la acción del Estado en el exterior, la cooperación internacional y la función y difusión de la cultura en el exterior, lo que supone una disminución de 1.067,58 millones de euros respecto del ejercicio anterior. Esta reducción presupuestaria exigirá durante 2012 la adopción de una serie de medidas de contención del gasto y una gestión eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles, todo ello sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos previstos para la política exterior.

Como saben sus señorías, el objetivo es claro, pero a la vez también el Gobierno se ha fijado poder cumplir ambiciosos objetivos en política exterior con los medios a disposición. Eso significa hacer más con menos de manera más eficaz, pero está clarísimo que hay toda una serie de posibilidades de eliminación de ineficiencias en nuestra Administración exterior que pueden hacer posible, como digo, esos objetivos ambiciosos del Gobierno. Esos objetivos los hemos ido fijando y los vamos a desarrollar a través de toda una serie de planes: en primer lugar, el plan estratégico de la acción exterior del Gobierno; en segundo lugar, el plan estratégico de cooperación; en tercer lugar, la ley de servicio exterior, que complementará y que dará el marco legal para los planes estratégicos del Gobierno. Todo ello va a potenciar enormemente nuestra acción exterior. Hablamos de acción exterior, no únicamente de diplomacia, porque entendemos que actualmente la acción exterior del Estado desborda lo que es la diplomacia tradicional. Hay que actuar con todos los mecanismos de la diplomacia pública, y todo ello dentro, por ejemplo, del contexto de lo que va a ser el desarrollo y la promoción de la marca España. Los objetivos del Gobierno son claros, ambiciosos, pero teniendo en cuenta el objetivo de déficit se ha visto obligado a realizar los ajustes presupuestarios que están previstos en el presupuesto que hoy estamos discutiendo.

La política exterior contempla asimismo actuaciones de carácter general y horizontal, que con una dotación de 79,90 millones de euros permitirá, entre otras actuaciones, continuar con el desarrollo del plan de información y comunicaciones para aplicar la administración electrónica a la administración exterior. Es decir, estamos en la smart diplomacy, en el intento de obtener todos los beneficios de las nuevas tecnologías para el desarrollo de la acción exterior.

Por último, quisiera señalar la acción cultural a través de los medios tradicionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y su Dirección General de Acción Cultural, y sobre todo a través del Instituto Cervantes, que recibe una aportación presupuestaria importante para llevar a cabo todos sus fines y que constituye uno de los instrumentos principales en la acción cultural exterior del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno tiene la palabra el señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: La cooperación internacional, centrada fundamentalmente en la ayuda oficial al desarrollo, la AOD, tiene como principal objetivo adaptarse a un marco presupuestario restrictivo, potenciando la calidad, la eficacia y la eficiencia. Para ello mejorará la eficacia en la actuación de la Aecid para que


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sea más estratégica y selectiva, elaborándose un plan de concentración en tres ámbitos -geográfico, sectorial y multilateral- y un nuevo plan director para el periodo 2013-2016. Este año 2012 el ministerio gestionará el 42% del total de la AOD a cargo de la Administración del Estado, principalmente a través de la Aecid, el Fonprode y el FCAS.

A estos presupuestos de cooperación se han presentado una totalidad de cincuenta enmiendas a la sección y cuatro al articulado: cuatro del Grupo Mixto, Esquerra Republicana; tres del PNV; siete del Grupo Mixto, Geroa Bai; ocho del Grupo Socialista; cinco de UpyD; quince de La Izquierda Plural; una del Grupo Mixto, Comprimís, y siete de Convergència i Unió. En general, desde el punto de vista económico se rechazarán las enmiendas que suponen un aumento de presupuesto. El presupuesto del ministerio recoge las prioridades que se han considerado más idóneas en relación con la política exterior en el marco de la prioridad absoluta asignada a los objetivos de control del déficit y de estabilidad presupuestaria sobre el conjunto de objetivos y necesidades en los diferentes ámbitos sectoriales. Además, en los casos en que se propone financiación con cargo a la sección 31 será necesario computarlo con todas las enmiendas con financiación similar y comprobar si tiene cabida en el departamento que va a soportar la baja. La mayor parte de las enmiendas están técnicamente mal planteadas. Es requisito indispensable que el aumento en cuantía de un departamento se corresponda con una minoración en la misma sección y programa, no pudiendo además tratar partidas del capítulo 8 con otras de fuera de este. Es necesario también especificar el concepto de las partidas de alta y de baja y recoger la repercusión de las modificaciones en las transferencias del Estado en su caso.

Por ejemplo, en las enmiendas 134, 135, 136 y 137 del Grupo Mixto, Esquerra Republicana, se considera que las disponibilidades que se puedan consignar a favor de la Agencia Catalana de Cooperación no deberían provenir de la Aecid. El presupuesto de la agencia no debería venir financiado desde el Estado central. Entre las finalidades de la Aecid no está financiar la Agencia Catalana al Desenvolupament. Además, en enmiendas como la 493 del PNV se propone una dotación de fondos para la lucha contra el sida a través de partenariados público-privados. De la misma manera, la presentada por La Izquierda Plural en su enmienda 1772 apoya los programas de acceso a salud sexual y reproductiva. Para el Grupo Parlamentario Popular la salud forma parte de nuestros ejes estratégicos de trabajo, y siempre hemos estado comprometidos con el problema del sida en el mundo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, estas partidas están ajustadas a los presupuestos actuales y además al instrumentalizarse a través del Fonprode sus cuantías quedarán fijadas en el momento en que se planifiquen las distintas operaciones. En cuanto a la enmienda 1773 de La Izquierda Plural, hay que mencionar que la ayuda humanitaria se encuentra presupuestada dentro de la Aecid y no de la Secipi. En cuanto a las enmiendas 1774 y 1775 del mismo grupo, La Izquierda Plural, el compromiso de alcanzar el 0,7 es un objetivo al que nos aferramos y que vamos a conseguir, sin embargo, como ya ha mencionado el ministro en diferentes ocasiones, el plazo en el que lo vamos a alcanzar desgraciadamente todavía no está determinado. Dentro de este grupo, en relación con la enmienda 736 del Grupo Mixto, Geroa Bai, a los argumentos anteriores tenemos que añadir la importancia que tienen las ONG para el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno. En el marco de ajustes del ministerio, las ONG constituyen el 50% del presupuesto de la Aecid, sin contabilizar capítulos 1 y 2.

En relación con las enmiendas de UPyD 1432, 1433 y 1435, además de los argumentos ya citados, cabe destacar que los créditos destinados a ayuda humanitaria se definirán en su momento en sus respectivas partidas. Además, no se considera oportuno ni disminuir la disponibilidad de otras aplicaciones presupuestarias de la Aecid ni habilitar créditos de otra sección del presupuesto. Específicamente, la enmienda 1434, la financiación que propone disminuiría los gastos de funcionamiento de la Aecid, dificultando así la correcta gestión de la AOD por parte de la agencia.

El caso de las enmiendas 3064, 3065, 3066, 3068, 3069 y 3070 de Convergència i Unió es similar a los citados anteriormente, haciendo referencia a subvenciones a consorcios o entidades sin ánimo de lucro. De la misma manera, estando comprometidos con estas partidas, las dotaciones deben ajustarse al criterio de austeridad mediante la mejora y la eficacia de la gestión. En particular, en el caso de la enmienda 3067, cabe mencionar que la deuda externa compete al Ministerio de Economía y Competitividad, y que las posibles dotaciones para la formulación salud global de Barcelona pertenecen a lo que se define dentro de las políticas del Fonprode.

En cuanto a las enmiendas 735, 738, 739 y 740 del Grupo Mixto, Geroa Bai, en las cuales se propone aumento de gastos de personal, consideramos que en el actual contexto económico no es prioridad mantener ni incrementar los gastos en recursos materiales y humanos de las instituciones, por el contrario, en este contexto apostamos por un mayor ajuste de las partidas para poder priorizar en ayudas que lleguen a las personas más desfavorecidas. Apostamos por suplir el ajuste en partidas de personal y recursos materiales para, a través del esfuerzo y la coordinación, lograr una mejora de la asignación de recursos y una mayor eficacia. Los medios materiales y humanos disponibles para la gestión de la cooperación se adecuan a los recursos y a los programas de cooperación a desarrollar. En cuanto a las enmiendas 1794 y 1795, no procede crear un concepto nuevo para atender los convenios de erradicación del trabajo infantil, puesto que ya existen partidas presupuestarias dotadas suficientemente que atienden a estos compromisos en los presupuestos del ministerio y de la Aecid.


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Respecto a la enmienda 1436 de UpyD, en la que se pide recuperar la aportación de la Aecid a la UNED, tenemos que decirle que los créditos destinados a las retribuciones de personal que se mencionan en la anterior enmienda se consignan en los presupuestos como resultado de la aplicación de la normativa vigente relativa al monto actual de estas y la estructura orgánica del departamento. Actualmente solo hay dos cargos en la Secipi. En relación con las enmiendas 800, 801, 1379 y 2769 se corresponden también con lo ya mencionado en el articulado sobre el Fonprode y el Fondo sobre el agua, por lo que no lo mencionaremos de nuevo en la línea argumental de los presupuestos generales de 2012. En el marco prioritario de cumplimiento de los objetivos de control de déficit no se considera idóneo modificar esta partida.

El señor PRESIDENTE: Con esto terminamos las secciones 02 y 34. Como ven ustedes, no vamos a interrumpir para la hora de la comida, pero por si alguna señora diputada o señor diputado no lo sabe, en la sala de enfrente, en la sala Lázaro Dou, hay un viático reparador al que pueden acudir mientras continuamos la sesión.

Pasamos a la sección 13 en la que por parte del Grupo Socialista hay enmiendas que va a defender el señor Sáez.

El señor SÁEZ JUBERO: En cuanto a esta sección 13, de justicia, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de devolución y diecinueve al articulado. La enmienda de devolución se justifica por el descenso de los presupuestos de justicia del 6,34%, 1.574 millones de euros, de los cuales 1.279 millones se dedican al capítulo 1, por tanto el 81,26% del presupuesto, lo que compromete seriamente los programas de modernización de la Administración de Justicia y las reformas estructurales y organizativas previstas, específicamente en el despliegue de la nueva oficina judicial. Con estos presupuestos vamos a dar pasos atrás en el proceso de modernización iniciado en las legislaturas anteriores. Las enmiendas al articulado de nuestro grupo parlamentario, de la 888 a la 906, van en la línea de corregir partidas destinadas a la modernización de la Administración de Justicia y específicamente en infraestructuras judiciales del territorio ministerio, atendida la total insuficiencia de la previsión presupuestaria en inversiones reales del proyecto de presupuestos que tiene una disminución del 42,55% en relación con el presupuesto de 2011. También quería hacer una especial mención, porque creemos que esta insuficiencia de previsión también es en el capítulo 1, a las nuevas plazas de jueces y fiscales y de personal al servicio de la Administración de Justicia. Hemos querido corregir con esa enmienda que hemos presentado al título III, para aumentar la tasa de reposición del cero al 30% al considerarlo esencial para sostener las condiciones del servicio público de la justicia y reforzar este capítulo.

Aprovecharé este turno porque a nuestro grupo parlamentario le parece importante alertar especialmente porque conocemos muy bien los copagos, los repagos y ajustes que se han hecho en otros servicios públicos como la sanidad y la educación. Pero en justicia, el anuncio del aumento de las tasas judiciales anunciadas por el ministro Gallardón en un anteproyecto de ley y el repago de los servicios públicos de justicia va a generar una dualidad en nuestra justicia. Es decir, una justicia para ricos y una justicia para pobres, que me parece oportuno tener en cuenta en el capítulo de ingresos, ya que el Gobierno prevé ingresos de 300 millones de euros en este capítulo. Quiero poner un ejemplo para que sus señorías lo conozcan. En un juicio ordinario con unas tasas de 150 euros y que no pagan los particulares, con el aumento de tasas que propone el Gobierno aumentaría hasta 420 euros. Son tasas casi confiscatorias. En el caso de Cataluña, si me permiten comentarlo porque han entrado en vigor las nuevas tasas, una doble imposición rozaría criterios de inconstitucionalidad, porque los ciudadanos de Cataluña para tener acceso a los servicios públicos de justicia se van a ver sometidos a unos costes distintos a los del resto de comunidades autónomas.

Esto me viene bien para justificar nuestra abstención a las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hacen referencia a transferencias a comunidades autónomas, porque con estas nuevas tasas judiciales y ese anuncio de que su recaudación va a ir en parte a la modernización de la Administración de Justicia tendrán que establecerse nuevos criterios para que parte de esa recaudación de las tasas se vea compensada en las comunidades autónomas en que la justicia tenga un coste superior. En relación con el resto de enmiendas, vamos a apoyar las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, con la única salvedad de que nos vamos a abstener en cuanto a la petición que hacen de creación de un juzgado en la ciudad de Ávila, porque es criterio de este grupo parlamentario esperar al nuevo proyecto de ley de demarcación y planta para apoyar esta creación de los juzgados.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta a esta sección cuatro enmiendas que tienen un objetivo común, mejorar las competencias a las comunidades autónomas competentes para que puedan acometer con garantías sus programas de modernización de la Administración de Justicia -la enmienda 3071, la 3072, y especialmente, la 3073 y la 3074-. Nos parece que, llevando el mayor peso de la Administración de Justicia las administraciones de las comunidades autónomas en la mayoría de territorios, es de justicia que puedan disponer de los medios adecuados para llevar a cabo su cometido. Nos parece también que los fondos deben proceder de las partidas del propio Ministerio de Justicia,

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puesto que en cualquier caso se trata de poder repartir mejor los recursos existentes, que sabemos que son escasos, y conocemos el esfuerzo que el Gobierno hace a través de unas tasas para poder dotar mejor. En este sentido, nosotros compartimos esta filosofía siempre y cuando no afecte al derecho de todos los ciudadanos que tengan pocos o ningún recurso a ser defendidos y a poder ejercitar sus derechos ante la Administración de Justicia, y nos parece oportuno que el reparto de todos estos recursos -los que financie la Administración General del Estado y las propias tasas que el Estado va a cobrar en virtud de la aprobación de dichas tasas en estos Presupuestos Generales del Estado- pueda ser equitativo.

Nos parece que la Administración de Justicia tiene un cometido excepcionalmente importante en estos momentos de crisis y queremos hacer una especial llamada a dos ámbitos que creemos que hay que atender especialmente. Por una parte, la justicia mercantil, todo aquello que en estos momentos debería colaborar a que todos aquellos procedimientos para intentar salvar empresas puedan hacerse con la mayor celeridad posible y, por tanto, la dotación de los juzgados mercantiles es importante. Pero también en estos momentos cabe que la justicia dedique sus esfuerzos a todos aquellos aspectos vinculados a las personas que han perdido su puesto de trabajo -me estoy refiriendo a la justicia laboral- y, por tanto, a todos los ciudadanos que tienen una situación personal comprometida a partir de estar en una situación sobrevenida de paro o de dificultades laborales. Estas son las prioridades y, por tanto, estas son las cuatro enmiendas que Convergència i Unió ha presentado.

También quiero decir, con relación a las enmiendas de los otros grupos, que vamos a apoyar las enmiendas 1787, 1789, 1790 y 1793 del Grupo de La Izquierda Plural. En el resto de las enmiendas vamos a abstenernos.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, ha presentado una enmienda de totalidad a esta sección y una serie de enmiendas -en torno a una decena- particulares, parciales. En relación con la sección, presentamos una enmienda de totalidad porque creemos que las medidas presupuestarias que adopta el Gobierno, en nuestra opinión, no responden a las necesidades que en estos momentos tiene el servicio público de la justicia. El Gobierno sigue preocupándose más de la justicia como poder que de la justicia como servicio público y nos parece que está en peligro la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Esto se ve claramente también en las encuestas en las que los ciudadanos plantean los principales problemas que detectan: una justicia lenta, una justicia a veces que interpretan como arbitraria, una justicia que es insatisfactoria. En ese sentido, las propuestas presupuestarias o el proyecto de presupuesto del Gobierno, en nuestra opinión, consolidan una visión elitista de la justicia y margina la concepción de la misma como servicio público. Esto se demuestra, además, no solamente en un recorte -que es verdad que es menor en relación con el conjunto del presupuesto-, sino sobre todo en los repagos, en las tasas, que en nuestra opinión significan una barrera y una barrera muy importante en distintos ámbitos de la justicia, por ejemplo en la justicia que tiene que ver con los derechos sociales y laborales. Nos parece realmente una barrera escandalosa que si unimos a las medidas de reforma laboral nos encontramos con una total indefensión de los trabajadores ante medidas arbitrarias que se tomen por parte de la empresa.

Señorías, sin embargo contrasta esta sección con un tratamiento muy favorable del Consejo General del Poder Judicial, tratamiento tan favorable que disminuye menos que el conjunto del ministerio, y en algunas materias se concreta alguna dotación económica al consejo general que no tiene sentido, por ejemplo, la dotación para el proyecto de incidencia en el servicio público de la justicia, que en muchas ocasiones se trata de una competencia transferida, y se le da una cantidad al Consejo General del Poder Judicial, en una vis expansiva que hemos denunciado en diversas ocasiones con respecto al Consejo General del Poder Judicial que entra de lleno en las competencias ejecutivas por parte del Ministerio de Justicia. Los problemas pendientes como son la modernización, la implantación de la oficina judicial, el nuevo mapa judicial, la revisión de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido o la mejora en materia de infraestructuras y nuevas tecnologías quedan pendientes para otra ocasión. Pero lo que más nos llama la atención en estos momentos es no solamente el tratamiento de la nueva oficina judicial, para la cual no hay prácticamente una partida nueva en esta materia, sino el tratamiento a la presencia de la justicia en los territorios, que está produciendo una gran incomodidad y un rechazo por esa propuesta que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial de simplificación de la justicia, sin tener en cuenta su vinculación al territorio, su vinculación también a la ciudadanía.

En ese sentido hemos propuesto una serie de enmiendas, un bloque de las cuales tiene que ver con aquella parte de la justicia que nos parece más frágil y más necesaria en un momento de crisis: todo lo que tiene que ver con la familia, con menores o con la justicia social. En este momento de crisis, también hacen referencia al programa Greco de lucha contra la corrupción, tema que parece ser que se olvida. Solamente se utiliza como arma arrojadiza entre fuerzas políticas en campaña electoral, pero luego nos olvidamos de la importancia que tiene para la dignificación de la política. Proponemos otra serie de enmiendas que tienen un concepto más territorial, de distribución de la justicia en el territorio, de creación también de nuevos juzgados: Juzgado de


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Violencia de Género en Valladolid, de Villablino o de Ávila, como ha dicho algún parlamentario.

Por último, presentamos dos enmiendas en concreto en materia de memoria histórica. Creemos que el Gobierno deroga una ley por la vía presupuestaria y eso no se puede hacer: la ley existe y la ley obliga, independientemente de que el Gobierno tenga en esa ley una preocupación o no. Hay dos enmiendas nuestras que tratan de dotar de recursos a la Oficina de Víctimas del Franquismo y a las familias para la exhumación de esas víctimas del franquismo. Ese es el sentido de nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Ya antes de estos presupuestos nuestra justicia presentaba un panorama de enormes retrasos, de juzgados colapsados en los que entran más expedientes de los que los jueces pueden resolver con la consecuencia de enormes dilaciones en la resolución de los casos. Esto, junto a otros inconvenientes, tiene importantes efectos económicos, tanto en el ámbito hipotecario como en el ámbito concursal. Son difíciles de medir pero desde luego tienen importantes efectos económicos cuando los casos que llevan a la justicia empresas o agentes económicos tardan años en resolverse.

Hemos presentado una enmienda a la totalidad de esta sección de los presupuestos porque consideramos que este panorama, ya de por sí desolador, no solo no va a mejorar sino que va a empeorar con las cuentas que aquí se nos traen. Es la enmienda 1442. No convocar oposiciones a la carrera judicial en una situación como la descrita no parece la mejor solución, además de frustrar los sueños de tantos opositores que han estado años preparándose. La forma de descongestionar los juzgados no puede ser nunca dificultar el acceso a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de rentas más bajas, mediante la imposición de tasas. Los ciudadanos no suelen pleitear por gusto y si van al juzgado es porque tienen un derecho que quieren ejercitar. Por tanto no nos parece adecuada la filosofía de descongestionar juzgados dificultando el acceso por criterios económicos, que siempre afectarán más a los ciudadanos de rentas bajas.

Junto a esta enmienda de totalidad hemos presentado una enmienda más concreta, la 1443, para dotar de más fondos a una tarea que nos preocupa y consideramos prioritaria, que es establecer la compatibilidad de los sistemas informáticos de justicia de todas las comunidades autónomas. No entendemos cómo esa compatibilidad se ha podido perder en algún momento en el ámbito de la justicia o en otros ámbitos en que esto ha sucedido como la sanidad, pero dado que el problema ha surgido, cuanto antes se resuelva, mejor. Creemos que es una tarea prioritaria que además va en la línea de objetivos como los que defiende en su programa el Gobierno del Partido Popular de restablecer el mercado interno. Una de las facetas de ese restablecimiento de un mercado interno español unificado es una justicia unificada, al menos en cuanto a que los sistemas informáticos de las comunidades se entiendan entre sí. Por eso en la enmienda 1443 proponemos una mayor dotación de fondos para esta tarea que consideramos de tal interés.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor presidente, intervengo en este trámite para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas presentadas a esta sección 13. A estos efectos comenzaré con las planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto se refiere a la enmienda a la totalidad de la sección me van a permitir la siguiente valoración y es que no debemos analizar las cifras en su aspecto general sin considerar que en plena crisis resulta obligada la reducción del gasto en todos los ministerios. Con este panorama es indudable que en política de justicia se ha hecho un gran esfuerzo de austeridad si lo comparamos con los dos últimos años, pero también de generosidad si lo comparamos con las partidas que tradicionalmente se han destinado a este servicio público. Además, el hecho de que la justicia sea una prioridad gubernamental en términos comparativos queda claramente demostrado si ponemos en relación la participación del presupuesto del Ministerio de Justicia con el total de los presupuestos, pues esta crece respecto al presupuesto del año anterior. Así, mientras la reducción media del resto de departamentos ministeriales es del 16,9%, la reducción del correspondiente a Justicia es tan solo de un 6,3% con respecto a 2011. De esta manera, sin perder de vista la actual coyuntura de crisis económica, lo cierto es que los presupuestos que ha presentado el Gobierno para el año 2012, con créditos afectados a la sección 13 que alcanzan los 1.574 millones de euros -cifra similar a la de los presupuestos del ejercicio 2009 que al PSOE le parecían tan magníficos e históricos-, son unos presupuestos que ante todo son suficientes, responsables y consecuentes con las políticas del Gobierno y que sin duda permitirán la necesaria transformación de nuestro sistema judicial, así como atender las demandas continuas de modernización e incremento de los niveles de servicios que deben ser ofrecidos a los ciudadanos.

En todo caso, si los actuales objetivos varían sustancialmente de los objetivos del Ministerio de Justicia de legislaturas anteriores es porque entre otras cosas la orientación actual pretende romper con la incoherencia mantenida por los Gobiernos socialistas, incapaces, con toda la buena voluntad, deseos e intenciones que les queramos presumir, de desarrollar una política en materia de justicia eficaz y razonable. Es por este motivo, por esa misma incapacidad que demostró cuando estaba en el Gobierno, por lo que ahora, en la merecida oposición, el Grupo Parlamentario Socialista no sabe advertir que


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el nuevo camino marcado es el adecuado. Por ello la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que carece de cualquier fundamento, va a ser evidentemente rechazada por el Grupo Parlamentario Popular y esperamos que así lo hagan el resto de los grupos de la Cámara.

Junto a la enmienda a la totalidad de la sección el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diecinueve enmiendas parciales, concretamente de la número 888 a la 906, que presentan un denominador común, pues se refieren a una serie de inversiones en infraestructuras para la construcción de nuevos edificios de juzgados, así como diferentes obras de rehabilitación y reformas de edificios judiciales. A este respecto quiero hacer una reflexión general porque afecta a enmiendas de otros grupos y porque indudablemente se pueden tratar todas de manera conjunta. Así pues, si bien el proyecto de presupuestos incluye para 2012 algunas dotaciones para infraestructuras, como la correspondiente a la redacción del plan director especial de equipamiento e infraestructuras del campus de la Justicia de Valladolid o para adecuar al Plan general de ordenación urbana la ampliación de la Audiencia Provincial de Palencia o la correspondiente a la terminación de la redacción del proyecto de obras para la reforma del edificio de los juzgados de Trujillo, lo cierto es que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en el proyecto de presupuestos no se prevén cantidades para la ejecución de obras de construcción de nuevos edificios de juzgados ni para el inicio de los trabajos de redacción de proyectos de reforma o rehabilitación debido a que no se considera factible su inicio dentro del ejercicio, teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la licitación, adjudicación y formalización de los correspondientes contratos. Además -y creo que todos debemos compartir este planteamiento- la creación de órganos judiciales de cualquier orden jurisdiccional no puede responder a reivindicaciones aisladas de una provincia o de una comunidad autónoma, sino a una planificación global que permita adaptar la planta judicial a las necesidades reales existentes conforme a la evolución de las cargas de trabajo y teniendo en cuenta que, como los recursos no son ilimitados, se hace necesario compatibilizar este objetivo con una adecuada racionalización de los recursos humanos disponibles.

Entiendo que el Grupo Socialista haya centrado todas sus enmiendas parciales en la creación de juzgados en distintas poblaciones, pues la demagogia en esta materia es relativamente fácil y permite obtener importantes réditos publicitarios con tan escaso trabajo, pero a este Gobierno lo que le interesa es la adecuada reorganización de los recursos disponibles, su mejor gestión y aprovechamiento, pues es patente la insostenibilidad del actual sistema organizativo, cuya reforma está perfectamente diagnosticada. En esta línea, las previsiones presupuestarias han tenido que considerar que la nueva ley de demarcación y planta judicial junto con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial van a definir un nuevo modelo organizativo del sistema judicial que sin duda condicionará en gran medida las actuales estructuras funcionales y la propia configuración de los edificios judiciales. Todos compartimos que la Ley 38/1988, que nos trajo una nueva planta judicial, hoy en día tiene que ser revisada porque ha sufrido un importante desfase que nos obliga a adaptarla a un nuevo modelo que permita cumplir con las exigencias de la nueva oficina judicial y el Ministerio de Justicia ya se ha puesto a ello. Señorías, esa es la línea a seguir, esa es la forma en que desde el Partido Popular entendemos que se debe acometer la reforma de nuestra justicia, con una nueva demarcación, con un nuevo diseño de planta consensuada con las comunidades autónomas que permita garantizar el requisito de efectividad que el artículo 24 de nuestra Constitución vincula con el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial. Por estos motivos las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista no van a ser apoyadas por nuestro grupo.

Con el número 1442 el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta enmienda a la totalidad de la sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado, tratándose de una oposición muy parcial en todos los sentidos, en la que no han sabido o podido brindarnos argumentos sólidos. Ustedes presentan la enmienda a la totalidad para reprochar al Gobierno que la distribución de créditos prevista no garantiza que se puedan alcanzar los objetivos que ustedes consideran prioritarios, pero no sabemos cuáles son esos objetivos, porque no los han identificado, ni siquiera los han sugerido en su escrito. No existe pues ni una sola propuesta en la que aparezca claramente cuál es ese cambio o modificación al que su grupo aspira y que bien nos hubiera gustado conocer.

En todo caso, les recuerdo que es el Gobierno quien como tal tiene la responsabilidad de orientar las prioridades y objetivos de las instituciones a su cargo y, a este fin, adecuar los fines mediante la cobertura presupuestaria adecuada. Como las dotaciones presupuestarias incluidas en el proyecto de presupuestos para este ejercicio sí que resultan adecuadas para cumplir con los objetivos programados por el Gobierno, de acuerdo con las prioridades establecidas por este, su enmienda a la totalidad de la sección no va a contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular.

La segunda enmienda de UPyD, la 1443, tiene como objetivo incrementar la dotación para la compatibilización de los sistemas informáticos. Pues bien, hay un motivo sólido para el rechazo y es que esta actuación está dotada adecuadamente, pues el capítulo 6, de gastos de inversión, prevé una cantidad de más de 60 millones de euros para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. Con esta consignación presupuestaria se va a llevar a cabo, entre otras actuaciones y en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades autónomas, la construcción de una arquitectura que haga viable la compatibilidad de los diferentes sistemas informáticos y las comunicaciones entre los diferentes operadores jurídicos.


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El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural también presenta enmienda a la totalidad de la sección 13, respecto a la cual les adelanto -y supongo que no les sorprenderá- nuestro voto en contra. Puedo dar por reproducido el argumentario ya expuesto al abordar las otras dos enmiendas a la totalidad, la del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, pues parece que todas tienen un defecto en común, posiblemente fruto de una elaboración demasiado apresurada. Tan solo así podríamos entender que esta enmienda tampoco proponga ninguna alternativa razonable para la asignación de los recursos y que nos dejen sin conocer, a pesar del esfuerzo que ha realizado en este acto su portavoz para adornar su enmienda, cuáles son sus argumentos.

El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural ha presentado, junto con la enmienda de totalidad a la sección, una serie de enmiendas más específicas. Las enmiendas 1796, 1797, 1951 y 1956 se pueden tratar de manera conjunta y como se refieren a una serie de inversiones en infraestructuras para la construcción de nuevos edificios de juzgados, en algunos casos coincidentes con las propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, que han tenido ya suficiente respuesta, damos por reproducidos los fundamentos de nuestro rechazo.

Llamo la atención ahora sobre las enmiendas 1786 y 1788, que pretenden un incremento de la dotación para la prestación de justicia gratuita por considerar que la consignada en los presupuestos es insuficiente para que esta prestación garantice este derecho a los ciudadanos con menos recursos. Carecen de justificación absoluta estas enmiendas porque si precisamente existe un dato extraordinariamente llamativo en unos presupuestos tan austeros como son los que estamos tratando, es que el capítulo de justicia gratuita experimenta una subida tan importante que representa una asignación de 34 millones de euros. Concretamente, las dotaciones presupuestarias asignadas para el Consejo General de Procuradores de España, como aportación del Estado para indemnizar a los procuradores en asuntos de asistencia jurídica gratuita, se han incrementado en un 12,54% y las correspondientes al Consejo General de la Abogacía, por este mismo concepto, se incrementan en un 6,79%. En cuanto a la enmienda 1787, que tiene como objeto dotar transferencias a aquellas comunidades autónomas que desarrollan tareas de dignificación y exhumación de fosas comunes, y la número 1791, que solicita el alta de otros 2 millones de euros para gastos de justicia en apoyo a las familias que soliciten la exhumación de fosas, le indicaré que, sin entrar en el fondo de las mismas, como se les viene respondiendo desde hace años, pues repiten una y otra vez las mismas enmiendas, estas no tienen encaje en las competencias propias de esta sección, pues la tramitación y gestión de las mencionadas subvenciones nunca han estado residenciadas en el Ministerio de Justicia sino en el Ministerio de la Presidencia, donde se ha dotado crédito por importe de 2,5 millones de euros para subvencionar las actuaciones que se solicitan en ambas enmiendas. Tomen nota, pues, para el próximo presupuesto.

Respecto de las enmiendas 1789, 1790 y 1793, relativas a acometer la mejora del funcionamiento de los juzgados de vigilancia penitenciaria, menores, familia e incapacidades -en su mayoría transferidos a las comunidades autónomas-, como son otro clásico de su grupo, deberán tener igualmente la respuesta clásica de rechazo, que por otro lado es la única posible. Así pues, independientemente de los errores técnicos de las enmiendas, en los que por razones de tiempo no voy a entrar, le indico que las transferencias en materia de Administración de Justicia están sometidas al régimen de financiación establecido por la normativa general aplicable, cuya dirección y gestión es competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de un sistema de financiación tasado, del que el Ministerio de Justicia no se puede apartar.

Respecto de la enmienda 1792, destinada a incrementar la aportación de España al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, este año, desde el Grupo Parlamentario Popular les reitero que las aportaciones anuales que el Ministerio de Justicia hace al Greco están determinadas por los criterios que sigue el Consejo de Europa, que es quien fija criterios para todos los Estados, atendiendo a que en su financiación participen estos de forma proporcionada y lo más equilibrada posible. Por tanto, la configuración de la aportación española se fijó en el acuerdo de adhesión al Greco y el importe consignado se corresponde con el aprobado por el propio organismo para este ejercicio, sin que conste que hayan solicitado el incremento propuesto en la enmienda, como tampoco que en la agenda del mismo existan actividades o programas que pudiesen justificarlo.

Pasamos a la enmienda número 1798, ampliación de recursos humanos y técnicos del Juzgado de Violencia de Género de Valladolid, para indicarles que todos los juzgados de violencia de género exclusivos y mixtos en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, como es el caso de Valladolid, se encuentran debidamente dotados en recursos humanos, materiales y económicos con cargo a los capítulos 1 y 2 del proyecto de presupuestos en tramitación. Cualquier nueva necesidad que pueda surgir en estos juzgados podrá ser satisfecha con las consignaciones globales de los citados capítulos presupuestarios. Por este motivo, mi grupo tampoco va a apoyar esta enmienda.

Para terminar y respecto del Grupo Parlamentario Catalán, me voy a referir muy brevemente a sus cuatro enmiendas, las numeradas de la 3071 a la 3074, con el objetivo de dotar de nuevas partidas de transferencias a las comunidades autónomas. Estas enmiendas adolecen de la falta de información necesaria que permitan instrumentarlas de manera correcta ya que es erróneo el programa presupuestario que proponen en la aplicación de alta. En todo caso, como ya hemos señalado anteriormente, las trasferencias en materia de justicia están sometidas al régimen de financiación establecido por la


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normativa general aplicable, cuya dirección y gestión son competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de un sistema de financiación que se encuentra tasado. Por otro lado, las comunidades autónomas con competencias asumidas pueden distribuir sus créditos para justicia como mejor estimen conveniente.

Sin más, habiendo pretendido no extenderme demasiado, pero con la cortesía obligada de contestar a todas las enmiendas de los grupos, doy por concluida mi intervención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la sección 13 y antes de pasar a la sección 14, quisiera hacer una advertencia a los señores diputados y de manera especial a los portavoces de los grupos. Lo que nos queda, en función de lo que tenemos previsto para la tarde, podría terminar sobre las seis. Como está anunciado que las votaciones serán a las ocho, entre las seis y las ocho tenemos que esperar, pero después de votar, a partir de las nueve, vamos a continuar con las secciones 17 y 23. Si fuera posible tratar, después de las seis, las secciones 17 y 23, con eso adelantaríamos y no habría sesión nocturna, pero para ello los portavoces tienen que avisar a los que no están presentes para que vengan a las seis en lugar de a las nueve y evitaríamos así la sesión nocturna si es posible. Si dentro de un rato están ustedes en disposición de saber que los portavoces están presentes, lo haríamos de esta manera con el acuerdo de todos.

Pasamos a la sección 14. Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa el señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO: Señorías, nuestro grupo, como lo ha expresado muchas veces, está convencido de que la política de defensa es una política de Estado y por tanto una política que debe ser compartida por los distintos grupos políticos -esencialmente por los dos grandes grupos políticos-, siempre que se sitúe sobre bases sólidas, y siempre estaremos dispuestos a ese acuerdo, a ese consenso que debe presidir la política de defensa, política que en sus líneas generales naturalmente se proyecta, como pasa con otras políticas, en los números de los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros, por esa razón, no tendríamos inconveniente en señalar que son perfectamente razonables los objetivos que expuso en su comparecencia el secretario de Estado de Defensa en esta Cámara el 17 de abril, objetivos en relación con las cuentas públicas que propone el Gobierno, que básicamente eran tres, según decía el secretario de Estado: la rigurosidad en el gasto de los recursos, la eficiencia en su uso -en el uso de los medios ya existentes- y la estabilidad y previsión que permitan saber en todo momento de qué recursos disponemos y con qué podemos contar. Nosotros compartimos esos objetivos y naturalmente el objetivo de la seguridad y operatividad de las Fuerzas Armadas, que es también algo que hay que conseguir en todo momento.

Lo que sucede es que estos presupuestos que nos presentan sencillamente no cumplen estos objetivos, no se adecuan a estos objetivos que ustedes mismos han planteado y que son muy razonables. No los cumplen porque, en primer lugar, en cuanto a la rigurosidad en el gasto, no hay criterios políticos explicables y explicados en esta Cámara sobre por qué se ha producido esta reducción del presupuesto de Defensa más allá de que evidentemente son presupuestos presididos por el rigor, por la austeridad y que tienen que ver naturalmente con la crisis económica en la que estamos, pero da la impresión de que ha habido una decisión un tanto automática de reducción numérica, sin atender a elementos cualitativos a la hora de los distintos ítems que tiene el presupuesto de Defensa, algo que sucede también, por otra parte, con otras secciones de este presupuesto.

En segundo lugar, tampoco hay un criterio de eficiencia en el uso de los medios. Solamente voy a poner un ejemplo. Los gastos de personal del presupuesto de Defensa se elevan a una cifra récord del 73,4% del presupuesto del ministerio, según nos indicaba el señor secretario de Estado de Defensa en la comparecencia a la que he hecho alusión, una estructura absolutamente desproporcionada de gastos de defensa sobre el conjunto de los medios. Si no hay un equilibrio entre gastos de personal y gastos materiales, no hay una eficiencia suficiente. Esto es algo que técnicamente está comprobado y señalado por los especialistas, que consideran que el gasto en defensa, en personal, debe estar en el entorno del 50% o algo más respecto del conjunto de los gastos de defensa. Es un porcentaje que es el que podemos ver en los presupuestos de los países de nuestro entorno -con la excepción de Italia-, todos están en el entorno del 50%. Aquí sin embargo se elevan al 73,4%. Pongo este ejemplo porque tampoco podemos ver de una forma clara el criterio que el secretario de Estado de Defensa consideraba como algo importantísimo en unos presupuestos, como es la eficiencia en el uso de los medios existentes.

En tercer lugar, tampoco vemos este tercer objetivo que señalaba el señor secretario de Estado de Defensa -siempre me estoy refiriendo a las palabras del señor Argüelles en el Parlamento hace unos días-, la estabilidad y la previsión sobre cuáles son los recursos de que disponemos y con qué podemos contar; estabilidad y previsión, pero resulta que hay una parte del gasto que se supone que debería estar previsto, como es el de los programas especiales de armamento -y también voy a escoger este ejemplo como el más significativo y relevante-, que no tienen prácticamente ninguna asignación presupuestaria. No tienen ninguna asignación presupuestaria aunque el secretario de Estado de Defensa evaluaba que esos programas especiales de armamento necesitarían que en este año 2012, al que se refiere este presupuesto, se pagasen -porque hay un compromiso de pago para este año- del orden de 2.370 millones de


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euros. No existen estos fondos en los presupuestos que tenemos delante de nosotros, sencillamente no existen. Por tanto, no se va a atender ese compromiso de pago. Hay unos presupuestos que ignoran esta situación y que por tanto plantean graves dificultades en relación con la industria y con nuestros socios, situación que proviene, como es sabido, de estos compromisos exagerados, absolutamente fuera de lugar, que se adquirieron en épocas de los Gobiernos de José María Aznar sin tener previsión de un posible futuro -como ha sucedido- desplome de ingresos públicos que da lugar a que el Gobierno viene aquí y nos plantea que sobre esto no hay nada en los presupuestos, pero que tendríamos que pagar 2.370 millones de euros. Y el secretario de Estado solamente nos dice que a ver si nos podemos reunir para ver qué hacemos. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con la estabilidad y con la previsión, que eran algunos de los objetivos muy razonables y muy sensatos que planteaba el secretario de Estado de Defensa en su comparecencia previa a esta sesión en la Comisión de Presupuestos.

Por esa razón, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de totalidad de devolución a la sección 14, Ministerio de Defensa, por considerar que estamos ante presupuestos que no tienen suficiente fundamento político ni económico, y eso que -como es sabido- ustedes han dilatado la presentación del presupuesto por razones que nada tienen que ver con las exigencias económicas o los intereses económicos de España. No hay una imprescindible revisión estratégica sobre la que fundamentar estos presupuestos en el nuevo escenario que tenemos y en relación también con nuestra política europea, con los objetivos de la política de seguridad común europea. No hay una solución a problemas estructurales de fondo del Ministerio de Defensa, y por esa razón son presupuestos, al menos en esta sección, no aceptables por razones de fondo, creo que muy sólidas, y que planteamos con toda responsabilidad.

En relación con esta enmienda de totalidad, en coherencia con la misma, hemos presentado dos propuestas de disposición adicional que entiendo, señor presidente, que puedo defender conjuntamente con la enmienda de totalidad. En una de ellas pedimos que el Gobierno presente ante esta Cámara, antes del 30 de septiembre, un programa de reducción de efectivos de las Fuerzas Armadas para adecuarlas a las necesidades reales de la defensa nacional. Por eso no hemos planteado cifras concretas improvisadas, sino que entendemos que este es un asunto, el de las Fuerzas Armadas, que hay que abordar seriamente con un programa de reducción de efectivos, sin ninguna clase de dudas, donde cada vez es más importante la especialización técnica, pero donde debe haber una proporción entre efectivos personales y medios materiales, y eso debe ser discutido en esta Cámara, debe ser tratado en profundidad, y debe conseguir un consenso fundamental; un consenso fundamental -reiteramos y reiteraremos siempre- para el cual estamos absolutamente dispuestos. Además de eso planteamos en nuestra enmienda sobre la disposición adicional que el Gobierno, en los mismos términos que he dicho anteriormente, antes de que se presente el siguiente presupuesto, presente un plan sólido y serio de reestructuración de los programas especiales de armamento para hacer frente a las obligaciones de financiación existentes, a las que no da respuesta este presupuesto. Creemos que es algo de suficiente importancia como para que sea discutido aquí y que el Gobierno nos haga una propuesta; corresponde al Gobierno lógicamente tener la iniciativa en este aspecto, y por eso presentamos estas dos propuestas reunidas en una disposición adicional, a las que añadiría también la enmienda adicional concreta en donde planteamos que deben mantenerse con toda solidez los créditos presupuestarios para asegurar el completo funcionamiento y el mantenimiento de la operatividad plena en capacidades formativas. La enseñanza es un elemento esencial de nuestras Fuerzas Armadas sobre el cual hemos aprobado por unanimidad sendas proposiciones no de ley en la última reunión de la Comisión de Defensa. Hablamos de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, en Lleida, y del Centro de Formación de Tropa número 1, ubicado en el acuartelamiento de Santa Ana, Cáceres, sobre el que ha habido una serie de rumores no desmentidos sobre una posible desaparición o cierre de unos establecimientos tan importantes como estos, y además en el caso de Talarn, de suboficiales, que es una de las columnas vertebrales esenciales de los ejércitos modernos.

Por último, hemos presentado una enmienda a la disposición adicional en relación con la misión en Líbano. Ya el ministro de Defensa ha anticipado -no aquí en el Parlamento, sino fuera- una reducción. Nosotros entendemos que deberíamos llegar a una reducción de un 25% de la presencia de tropas españolas en la misión Unifil en Líbano, en coherencia con la revisión estratégica de esa misión llevada a cabo por el secretario general de Naciones Unidas.

Señor presidente, termino reiterando nuestro deseo de consenso y colaboración con el Gobierno, con el Grupo Popular en la política de defensa, y con el objetivo de conseguir unas Fuerzas Armadas eficaces, unas Fuerzas Armadas que tengan absoluta seguridad, que tengan absoluta operatividad, y que cumplan las necesidades de España en el ámbito de la defensa e igualmente que sean Fuerzas Armadas sostenibles económicamente, sostenibles en el medio y largo plazo, y que se adecuen a una estrategia de fondo, de largo alcance, sobre las necesidades de las Fuerzas Armadas, que no está ni explícita ni implícitamente presente en estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra don Pere Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo tiene presentadas cuatro enmiendas a esta sección, de las cuales tres corresponden a temas locales, referidas a antiguas ubicaciones del Ministerio de Defensa que en


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estos momentos conviene retornar al destino civil. En cualquier caso, nuestra política en relación con la defensa pasa por unos parámetros de buscar también un amplio consenso, y en este sentido nos parece que es en el seno de la Comisión de Defensa donde deben ser llevados a cabo. Compartimos la necesidad de que se lleve a cabo cuanto antes, y como han hecho otros países parecidos a España, una reducción de la plantilla destinada a los ejércitos; creemos que los costos de la plantilla son excesivos en relación con lo que podemos destinar, y este presupuesto es buena prueba de ello, ya que hoy día la eficacia en el ejército no se mide tanto en miles de personas a su servicio, sino que se mide básicamente en organización, en estrategia y en medios tecnológicos. Por tanto esta es nuestra voluntad y en este sentido nosotros no hemos querido formular modificaciones concretas, más allá de estas puntuales y de una que diré a continuación, por cuanto creemos, repito, que es en el seno de la Comisión de Defensa donde deberían ser consensuados estos aspectos en torno a cómo deben gastarse los recursos que destinamos a la defensa del Estado.

A nosotros nos parece que en estos tiempos de austeridad valdría la pena eliminar las partidas muy importantes destinadas a publicidad y propaganda de la mayoría de programas del Ministerio de Defensa. Creemos que hoy día esto no es necesario, las cantidades gastadas son muy importantes, y por tanto nosotros creemos que hay otras prioridades y aquí sí que hacemos -no suele hacerse, pero lo hacemos- una baja en estas partidas, de más de 6 millones de euros, para que puedan ser destinadas a otras necesidades más acordes con los tiempos que estamos viviendo. En definitiva estas son nuestras cuatro enmiendas.

En relación con las enmiendas del resto de grupos parlamentarios he de decir que vamos a votar afirmativamente a las enmiendas 79, 80 y 81 de Esquerra Republicana de Cataluña.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Todos los presupuestos definen prioridades de un gobierno y definen evidentemente cuál es la línea que cualquier gobierno tiene a la hora de gastar los fondos públicos, y este no puede ser menos. Nosotros vemos cómo en estos presupuestos la partida, de defensa no desciende en la misma medida que descienden otras partidas y eso evidencia cuáles son las prioridades del Partido Popular a la hora de presentar estos presupuestos. Ya hemos dicho en otras sesiones cómo partidas que nosotros entendemos que debían descender tampoco descienden. Vemos que en este ministerio hay una disminución de un 11% respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media general vemos cómo es de casi el 17%, pero si lo comparamos con la del Ministerio de Educación y Cultura, que es del 21%, si la comparamos con la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que cae un 31% o con la del de Fomento, que cae el 18%, comprobamos claramente cuáles son las prioridades y hacia dónde nos llevan estos presupuestos del Partido Popular.

Además, como ya dijimos en la comparecencia del Gobierno para explicar los presupuestos, hay un criterio, que es el que señala la OTAN, que lo que aconseja es sumar todas aquellas partidas que están relacionadas con defensa, con partidas militares en otros ministerios, y aquí ya las cifras son todavía más significativas porque en estas partidas encontramos el doble de gasto que lo que corresponde al Ministerio de Defensa, es decir, de 7.411 millones de euros pasamos a 15.834 millones. Eso es lo que suma realmente el gasto militar de este Gobierno, y aquí el porcentaje de disminución ya se sitúa en el 6,9%, es decir, en un momento en el que el Gobierno pide a los españoles sacrificios, en unos momentos en los que el Gobierno plantea que no hay dinero para afrontar gasto en sanidad y en educación, el Gobierno sí tiene dinero para gastos militares, y por sí solo se va definiendo.

Nosotros creemos que si este Gobierno realmente tuviese interés en equilibrar las cuentas tendría otra política. Otra cosa es que quiera aprovechar la crisis, que quiera aprovechar esta situación de preocupación de muchos españoles para imponer con menos coste social medidas que no podría imponer de otra manera, medidas de recorte que van en la línea de una clara situación ideológica de defensa de lo privado y de tratar de eliminar lo público. Porque si se quisiera realmente disminuir, sanear como se dice el déficit podríamos reducir y podríamos incluso anular los grandes contratos de armas. Si se acometiese la supresión de estos grandes contratos de armas se podrían ahorrar varios miles de millones de euros, y sí se podría realmente así empezar a hablar ya de déficit y de disminución. Ustedes siempre nos contestan lo mismo: ¿qué hacemos con la industria militar? Eso es trampa, porque también hay alternativas que no son ni más ni menos que la reconversión de la industria militar en industria civil; que es la reconversión de la industria militar en economía productiva, que es realmente lo que puede hacer que este país pueda afrontar el futuro de la crisis con alguna perspectiva. Sé que esto a ustedes les suena a música lejana, pero realmente lo que le suena a mucha gente como indignante es que ustedes sigan por este camino mientras este país cada vez se desangra más y cada vez hay menos economía productiva.

Hablando de reducir, ustedes también podrían reducir el gasto militar con la retirada de las tropas españolas en el exterior. Con esos 860 millones que se gastan no para defender a este país, no para defender la democracia, sino para dar curso a los intereses que defiende la OTAN, a los intereses que defienden otros Estados, sí podríamos también seguir avanzando en el recorte de fondos. En definitiva -no me voy a alargar más porque yo sé que ustedes rápidamente utilizarán su mayoría para eliminar esta enmienda- lo que planteo a ustedes y al conjunto


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de los españoles es que estas medidas permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales, que podrían evitar esa falta de dinero en la educación pública y en la sanidad pública, y que ustedes dicen que es porque no queda más remedio. Para que ustedes vean que hay otra lógica, que no es solamente la lógica de recortar lo público, y que ya afortunadamente muchos pueblos en Europa empiezan a descubrir. A ustedes también se les empieza a ver el plumero en este país. Por tanto, repito, hay que disminuir el gasto militar para que haya más gasto social. Esto justifica con creces la presentación de esta enmienda de totalidad y también las enmiendas parciales que a lo largo de este debate presupuestario iremos defendiendo.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo querría, por responsabilidad, terminar con el estigma asociado al gasto en Defensa. Desde luego en una época de crisis como la que vivimos no debe ser un área prioritaria, pero año tras año viene sufriendo recortes importantes y nos preguntamos dónde está el límite, cuál es el modelo final de defensa que queremos para nuestro país. No deberíamos olvidar que la amenaza externa existe, como episodios no tan lejanos en el tiempo demuestran. Puede ser más o menos grave, ojalá nunca se materialice, pero la función básica del ejército, hacer frente a una posible amenaza externa, no es superflua en nuestro país. Junto a esto, como todos sabemos, hay importantes misiones internacionales que nuestras Fuerzas Armadas desempeñan. Conviene recalcar también la asociación entre el gasto en defensa y la innovación, cómo hay un gasto en I+D militar que tiene importantes aplicaciones civiles. Por eso, al iniciarse la crisis, fue acertado reducir el gasto en defensa, pero estamos llegando al límite de plantearnos hasta dónde puede continuar este proceso sin ver amenazadas las funciones esenciales que nuestro ejército tiene que desempeñar.

Para romper este estigma modestamente hemos presentado tres enmiendas, que son la 1446, 1447 y 1448, que incrementan la dotación de recursos que hay en los presupuestos destinados a estas misiones internacionales de paz, a las que antes me he referido. Otras tres enmiendas, la 1449, 1450 y 1451, que aumentan la dotación en las diferentes ramas del ejército en gastos sobre todo de mantenimiento, porque al margen de nuevas adquisiciones hay un material que ya existe y que habrá que mantener en funcionamiento. Nuestras dudas generales sobre el efecto de los presupuestos sobre la operatividad de las Fuerzas Armadas son las que nos llevan a que se haya planteado también una enmienda de totalidad, la 1444.

El señor PRESIDENTE: Como el señor Jonquera, del Grupo Mixto, no está presente, el señor Ferrer en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar, quiero disculparme con sus señorías por la que procuraré sea breve intervención, porque indudablemente no hace justicia al esfuerzo que han desplegado todos los enmendantes, y muy especialmente, si por esa misma razón no hago mención expresa a algunas de las planteadas. Tengan la seguridad de que he estudiado con atención todas y cada una de ellas, pero como decían los clásicos latinos, y don Alfonso con su proverbial discreción ha apuntado, tempus fugit.

Me centraré en aquellas enmiendas que piden la devolución de la sección en su conjunto, y a este respecto debo decirles que sus señorías no han tenido conmigo ni un atisbo de piedad; me han tenido en esta semana en un sinvivir. Lo digo porque dos de las enmiendas, las correspondientes al Partido Socialista y a Izquierda Unida, consideraban excesivo el gasto en defensa y apostaban por su recorte, y la tercera en discordia, y nunca tan acertada la expresión, formulada por UPyD, entendía el esfuerzo presupuestario insuficiente y apuntaba hacia su incremento. Eso me ponía en la tesitura de, en nombre del Partido Popular, argumentar una cosa y la contraria. Intentaré que no sea así, aunque tampoco les garantizo el resultado. Vamos por partes.

La enmienda de Izquierda Unida rezuma toda ella la idea -por otra parte muy querida para algunos sectores de la izquierda- de que España gasta siempre demasiado en defensa. El razonamiento es erróneo, pero porque la premisa es falsa, señoría. En un reciente debate tuve la oportunidad de exponerle que nuestro país invierte en defensa el 0,6% sobre el PIB, es decir, menos de la mitad de la media europea. Si hiciéramos un listado del gasto militar de nuestros socios en la Unión, España ocuparía el tercer lugar por la cola, seguida muy de cerca, como les apuntaba, por Luxemburgo. Seguro que sus señorías sospechan, como yo, que nuestro país tiene que hacer frente a algunas responsabilidades y obligaciones más que el Gran Ducado. Lo digo por lo que comentaba su señoría de que muchos países en Europa estaban viendo recortado el gasto. La inmensa mayoría gastan bastante más que nosotros en Defensa. Por otra parte, si bien es cierto que el presupuesto se ha visto reducido en aproximadamente un 9%, las inversiones lo han sido en un 35%, y no se puede olvidar que el presupuesto de defensa lleva un recorte acumulado desde hace cuatro años, que previo a estas presupuestos, alcanzaba ya el 25%.

Por último, señorías, insistir -este es un mal del que no es únicamente Izquierda Unida culpable- en la necesidad de reducir el presupuesto de defensa y pedir la inversión en el proyecto 8x8 resulta un tanto difícil de casar. He intentado entenderlo. Parece bastante evidente que en el caso de sus señorías no se trata de un tema de paisanaje, porque se fabrican en Asturias -evidentemente no es esa la razón-, pero no acabo de entender


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por qué hemos de hacer el 8x8, que es un proyecto bastante caro, si su señoría entiende que nuestro gasto en defensa es excesivo.

En relación con la enmienda socialista, enmienda que tiene, como bien apuntaba don Diego, su natural extensión en la 829, que concreta la cuestión de la reducción del gasto en una reducción de plantilla, y al mismo tiempo da un plazo de cuatro meses al Gobierno para solucionar el modelo de financiación de los PEA, en primer lugar, mi solidaridad con el ponente, porque si me tenía atribulado el riesgo de caer en contradicciones al tener que oponerme a argumentos tan dispares, en lo tocante a superar contradicciones don Diego ha hecho frente a los trabajos de Persiles, es decir, un esfuerzo más que notable. Primero, no entiendo muy bien cómo se pudo defender hace escasamente unos meses que los efectivos que precisaban para llevar a cabo sus misiones nuestras Fuerzas Armadas eran 83.000 y solicitar ahora una sensible disminución de los mismos, porque si bien el portavoz ha sido notablemente prudente, esa prudencia no fue compartida en su momento por el presidente de su formación. Don Alfredo tuvo a bien hablarnos de 40.000 efectivos de reducción, lo que dejaría a las Fuerzas Armadas en la mitad de lo que tienen en este momento. Claro, uno no deja de preguntarse en estos pocos meses qué ha cambiado, por qué razón se produce esto. He repasado mentalmente este periodo de la historia reciente de nuestro país, y el único cambio significativo que recuerdo es que nosotros ganamos las elecciones. Ese sí fue un notable cambio en este último periodo. Lo digo porque, salvo que sus señorías consideren que un nuevo Gobierno por el mero hecho de ser del Partido Popular puede hacer lo mismo que ustedes o más con la mitad de efectivos, no acabo de comprender el argumento, don Diego.

En segundo lugar, nos preocupa extraordinariamente la refinanciación de los PEA y le aseguro que trabajamos en ello a marchas forzadas, pero francamente, ¿les parece razonable imponernos un plazo de cuatro meses para resolver un problema que tres ministros socialistas no han logrado solucionar en ocho años? Me parece cuando menos un poco precipitado. En cualquier caso, recojo el guante de su oferta, y efectivamente quisiera que unos y otros hiciéramos un esfuerzo en este sentido, porque este es un problema nacional, para ver si alumbramos una solución que sea del gusto de todos, y especialmente del gusto de los ciudadanos de este país.

Finalmente podrían decirme, para que se lo explique al ministro de Defensa, qué quieren ustedes que haga, porque en este mismo presupuesto aparece una enmienda -lo mismo que sucedía con el programa 8x8- en la que se solicita la construcción de una nueva serie de buques de guerra -hablo de los famosos BAM- y, claro, el gasto en defensa comparte con el gasto en general la peculiaridad de no poder disminuir y aumentar al mismo tiempo. Es una dificultad inherente al gasto de defensa.

En relación con la enmienda de UPyD, señoría, compartimos su preocupación, pero tal y como le dije recientemente a su compañera este es un presupuesto de equilibrio entre dos objetivos fundamentales e irrenunciables. Por un lado, por supuesto, garantizar la defensa nacional -esta es la primera de las cuestiones-, pero también contribuir al esfuerzo nacional de austeridad que al final la grave crisis por la que estamos atravesando demanda. Sabemos que exigimos sacrificios a nuestros militares, pero su señoría compartirá conmigo la opinión de que ellos mejor que nadie, o por lo menos tanto como cualquiera, entienden perfectamente que la situación lo exige. Me permitiría introducir un argumento menor, pero que no es despreciable. Señorías, una de la principales fortalezas de nuestras Fuerzas Armadas es su identidad con el país y la ciudadanía. Si esta no percibiera solidaridad en el sacrificio por parte de nuestros Ejércitos correríamos el riesgo de abrir una brecha que en nada beneficiaría a nadie, ni a la nación ni a los ciudadanos ni a las Fuerzas Armadas.

Por último, no hay decisión tomada sobre las instalaciones de Talar o de Cáceres. La situación de algunos colectivos que aparecen en alguna de las enmiendas de Izquierda Unida -si no recuerdo mal- debe ser abordada en el ámbito de la reforma de la Ley de la Carrera Militar. No cabe a nuestro juicio realizar inversiones en instalaciones que en la mayoría de los casos ya han sido cedidas, tal y como apuntaba Izquierda Unida. La fijación de las plantillas es una cuestión muy seria y debe ser consecuencia razonable de un estudio en profundidad de cuáles son las necesidades nacionales. No podemos hacerlo al revés, es decir, no podemos definir la plantilla y a continuación, como consecuencia de nuestras disponibilidades, dibujar cuáles son los compromisos internacionales o las necesidades de la defensa. Tiene que ser al revés. Por tanto, invito a sus señorías a que esperamos a los informes que van a aparecer en este sentido para que podamos abordar con cierto grado de seriedad y profundidad un tema tan importante como es el de las plantillas. No acabo de entender muy bien el sentido de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que pide una reducción del 25% de los efectivos desplegados en Líbano una semana o semana y media después de que el ministro anunciara que esa disminución se iba a producir. Pero tampoco soy quién para indicar qué es lo que pueden o no hacer.

Para terminar, siento que no esté el representante de Esquerra Republicana pero en cualquier caso le diría que sus enmiendas no son de este mundo. Con esto doy también por defendidas las enmiendas presentadas por mi grupo, y recojo y ofrezco la mano tendida para llegar a acuerdos que permitan que la defensa sea asumida por todos los grupos -asumo la responsabilidad como el primero- como una cuestión del máximo interés nacional. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, permítame que le haga una pequeña corrección. El Grupo Parlamentario Popular no tiene enmiendas. Las tuvo. Ya pertenecen al dictamen. Están incorporadas al dictamen.


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Hemos terminado la sección 14. Pasamos a las secciones 15 y 36. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista también ha planteado una enmienda a la totalidad a la sección 15 y fundamentalmente tiene que ver con la confianza. Uno de los problemas de confianza internacional en nuestra economía tiene mucho que ver con la política presupuestaria. Hay otro problema con el sector financiero, que genera muchas dudas en el contexto internacional, pero a la par está -si cabe- el problema para los agentes internacionales de la política presupuestaria. La política impositiva dentro de la política presupuestaria introduce dudas muy serias sobre la sostenibilidad a corto y medio plazo de la financiación de los servicios públicos. Esa es una duda que está dentro de la política presupuestaria, ante los agentes internacionales y también nacionales, pero también la política impositiva en estos presupuestos es muy injusta. Podríamos poner muchos datos encima de la mesa, pero dos ideas muestran que la política impositiva es injusta. Hemos pasado de una política presupuestaria, que persigue a los ciudadanos que no pagan a una política impositiva que libera, que perdona a los ciudadanos que no pagan. Hemos pasado de una política impositiva que luchaba contra los paraísos fiscales a una política tributaria e impositiva pro paraísos fiscales; y esto nos preocupa muchísimo. Esa carrera a la baja de los impuestos, esa carrera hacia el fondo en materia impositiva es tremendamente complicada y genera múltiples problemas en muchos países del mundo desarrollado, pero particularmente en España. Es una política equivocada desde el punto de vista del crecimiento, porque no puede financiar el crecimiento económico cuando lo necesitamos, y es también una política equivocada desde el punto de vista de la cohesión social. Al final afecta a las personas más humildes, que no tienen gasto público para poder resolver sus problemas más importantes, pero también nuevamente a la clase media, que tiene que financiar, se ven sometidos a recortes por el lado del gasto y, además, como otros no pagan, ellos tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar los precios públicos, las tasas; las clases medias son, como decía esta mañana, las verdaderas paganas de esta estrategia impositiva, de esta estrategia presupuestaria que el PP ha comenzado a poner encima de la mesa y que a nosotros nos preocupa enormemente.

Por eso nosotros hemos planteado una enmienda a la totalidad y por eso hemos planteado enmiendas en la dirección de transferir más recursos a la Agencia Tributaria, porque si hay recortes en la Agencia Tributaria luego hay recortes en la política social. La mejor manera de que no haya recortes en la política social, en la política de inversión, es que no haya recortes en la Agencia Tributaria; por eso pensamos que tiene que haber, en primer lugar, más recursos hacia la Agencia Tributaria y, en segundo lugar, una política ambiciosa en la lucha contra el fraude fiscal. Hay estimaciones en esta dirección. Quiero poner encima de la mesa dos elementos. En primer lugar, uno de los especialistas europeos en materia de economía sumergida, el señor Schneider, ha publicado a finales del año 2011 un artículo reciente que viene a estimar que la economía sumergida va a ganar peso en este país, en España, en el año 2012. Estamos hablando del especialista más importante en materia de economía sumergida. Es decir, mientras que en la media europea va a disminuir, en España va a ganar la economía sumergida. En segundo lugar, hay estimaciones que vienen a decir que los ciudadanos tienen que pagar en torno a 840 euros de media adicionales como consecuencia de que hay gente que no paga. Es decir, probablemente se podrían haber ahorrado desde el Gobierno algunas subidas impositivas. Este dato, que no es del Partido socialista, es un dato de los técnicos de Hacienda, viene a decir que los ciudadanos pagan 850 euros más de media como consecuencia de que otros no pagan, de lo que resulta que su presión fiscal real es superior a la teórica. Por eso nosotros hemos planteado en esa dirección una enmienda en materia de lucha contra el fraude, una política que desde nuestro punto de vista debería ser ambiciosa. Esta política también introduce las dudas sobre la política presupuestaria que, como decía anteriormente, generan problemas de confianza. Además esas dudas también se asientan sobre la política de gastos. En primer lugar, a la hora de estimar el gasto y, en segundo lugar, en relación con las prioridades del gasto, ya que eso genera problemas de confianza a nivel internacional y a nivel nacional. Ni el I+D+i, ni la educación, ni la internacionalización; mucho hablar y llenársenos la boca de internacionalización y de que las exportaciones tienen que sacar a este país, pero han disminuido un 15% los recursos destinados a la internacionalización, incluidos los créditos. Por tanto, eso genera dudas.

En cuanto a la sostenibilidad de los servicios públicos, nosotros hemos planteado una enmienda para dotar los planes provinciales; hemos planteado otra enmienda para dotar de más recursos al Plan único de obras y servicios de la Generalitat de Cataluña y una enmienda para dotar de más recursos presupuestarios al Plan especial para municipios de menos de 20.000 habitantes.Y luego nos ha llamado la atención que, a la hora de elaborar el presupuesto, se hayan olvidado de dotar el fondo para pagar a los proveedores. Dos decretos-leyes y, al final, se han descuidado. Ya hemos visto que en el trámite de enmiendas han planteado una en esa dirección, pero nos llama la atención.

En definitiva, planteamos una enmienda a la totalidad en esta sección porque nos parece que es una sección clave, desde el punto de vista del presupuesto, y señala fundamentalmente dos cosas: A), si generamos confianza o no y, B), si tenemos un sistema impositivo eficiente y justo. Se puede tener -eso la derecha no lo tiene muy claro- un sistema impositivo justo y eficiente, que incentive la inversión privada.


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El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo ha presentado nueve enmiendas a esta sección, de las cuales una parte importante se refiere a la actuación presupuestaria en relación con las entidades locales. Algunas, de hecho, coinciden con lo que se ha expresado por el portavoz socialista.

Nos extraña de forma notable que haya desaparecido la financiación que en los últimos años percibían los ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes. Los pequeños municipios, que ahora alguien quiere hacer desaparecer, los de menor población y menor capacidad recaudatoria, se ven fuertemente afectados por estas medidas y la situación económica de los mismos se verá muy agraviada sin la dotación de este fondo. Es una de las enmiendas a la que damos más importancia.

Otra de las enmiendas fundamentales se refiere al fomento de la inserción y estabilidad laboral. El ámbito local sigue siendo el principal escenario donde se desarrollan las diversas políticas activas de empleo y de fomento de los emprendedores. Por ello, consideramos que los Presupuestos Generales del Estado deberían contener medidas dirigidas a reconocer la dimensión local de la política de empleo e instamos a que se establezcan los mecanismos de colaboración oportunos y de participación para la ejecución de programas para la creación de empleo. Estos presupuestos no solo no hacen esto sino que el esfuerzo que suponen los 1.500 millones de políticas activas van a tenerlos que sufragar de forma importante las entidades locales. Las entidades locales son un elemento clave para que las políticas activas de empleo logren una mayor efectividad por su cercanía al territorio y al ciudadano. Por tanto, pedimos que se incremente la dotación a las entidades locales para planes de inserción en la cantidad de 19 millones de euros.

Otra de nuestras enmiendas va destinada a dotación a las diputaciones, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales y ayuntamientos de Ceuta y Melilla como aportación a la financiación de la inversión de las entidades locales por cooperación económica del Estado. Aquí también vemos que la aportación ha disminuido de forma importante, 62.940.000 euros, cantidad que prevemos que se pueda restablecer para que los pequeños municipios, a través de la cooperación que todas estas entidades -diputaciones, cabildos, etcétera- ejecutan, puedan luchar con eficacia contra la crisis en cada uno de estos pequeños municipios.

Al margen de estas partidas de gran contenido económico, prevemos también una enmienda que establece una transferencia a la Generalitat de Cataluña como aportación a la financiación de las inversiones de las entidades locales por cooperación económica local del Estado. Es una aportación que lo único que hace es incorporar la dotación presupuestaria a fin de paliar el déficit acumulado en ejercicios anteriores, así como la cuantía que corresponde a la Administración General del Estado en el presente ejercicio presupuestario. Por tanto, es una partida para poder cubrir los compromisos establecidos.

Dentro de este epígrafe, ya no en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pero sí en el Ministerio de Hacienda, proponemos una dotación complementaria a la Agencia EFE. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, la Agencia EFE tiene grandes dificultades para poder competir, sobre todo en el ámbito internacional, con grandes agencias como, por ejemplo, la agencia francesa France Press que está copando todo aquello que está dejando a nivel internacional la Agencia EFE. Se le hace muy difícil competir a esta agencia sin una adecuada dotación presupuestaria. Se trata de corregir su dotación con una cantidad de 3 millones de euros. Nos parece que esto sería de absoluta justicia, por lo que prevemos también en nuestras enmiendas esta aportación suplementaria.

Desde el punto de vista de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, vamos a votar que sí a dos enmiendas del Grupo Socialista, 909 y 910, porque coinciden -tal como he relatado- con nuestras enmiendas; así como a las enmiendas 1811, 1812, 1814 y 1815 de La Izquierda Plural.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado una enmienda a la totalidad a esta sección con el objetivo de denunciar lo que, a nuestro entender, es una triple injusticia de estos presupuestos en lo que se refiere al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, la injusticia por la vía de los ingresos. En esta sesión se ha hablado sobradamente de la falta de búsqueda de nuevas fórmulas para encontrar ingresos que financien los servicios públicos, pero también la decisión claramente injusta de primar y favorecer a los defraudadores mientas se penaliza las rentas del trabajo. En nuestra enmienda a la totalidad planteamos todo un conjunto de alternativas por la vía fiscal, denunciando precisamente la injusticia de esta amnistía fiscal, ese premio a los defraudadores y a los paraísos fiscales mientras también se mantienen las Sicav. Por otro lado, tampoco se plantea ningún instrumento de recaudación por la vía, por ejemplo, de la fiscalidad verde. Por ahí la parte de los ingresos.

En segundo lugar, entendemos injustos estos presupuestos por la penalización de los empleados públicos y, por tanto, de los servicios públicos. El Gobierno ha calificado de justos estos presupuestos porque no han rebajado el sueldo de los empleados públicos. A nuestro entender es una falacia, porque de hecho en 2010 se rebajó un 5% el sueldo de los empleados públicos y este


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Gobierno avala esa reducción del sueldo. De hecho los empleados públicos acumulan más de un 30% de reducción de su salario desde 1991. Por tanto, es un castigo indirecto a los propios servicios públicos.

En tercer lugar, creo necesario referirme a que son unos presupuestos al servicio de la recentralización política que el Gobierno está imponiendo por la puerta de atrás. Por un lado, tenemos la Ley de Estabilidad Presupuestaria pero luego unos presupuestos cuya distribución de los gastos también es claramente recentralizadora e injusta. Además, entendemos que esto es injusto de cara a la población porque estamos castigando precisamente los servicios públicos básicos. Entes locales y comunidades autónomas destinan más del 80% a servicios sociales, educación y sanidad. Precisamente el Gobierno y estos presupuestos son muy desleales con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la prestación de estos servicios. Un ejemplo claro es la falta de lealtad institucional y el incumplimiento de las disposiciones adicionales de los estatutos y las inversiones necesarias, en concreto la disposición adicional tercera del Estatut de Autonomía de Catalunya. No es que no se cumpla la inversión, pero la inversión del Estado se reduce un 25 y la inversión en Cataluña un 45; ya no es que se incumpla la disposición adicional, es que es directamente una falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y también una falta de lealtad por el incumplimiento de la propia legislación y de todas las partidas que son cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales.

Por lo que se refiere a nuestras enmiendas particulares, concretas, son escuetas y algunas repiten las que han planteado otros grupos. Por un lado, el necesario aumento de financiación a los municipios y a los fondos de cooperación con los entes locales, especialmente la partida de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, que había desaparecido y que reponemos por vía enmienda; por otro, la necesidad de financiar algunas cuestiones como la cooperación con los ayuntamientos para cofinanciar servicios públicos de transporte colectivo urbano, cuya partida también queremos dotar más. Finalmente, hay otras enmiendas que también van en la línea de ayudar a los entes locales, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas en la prestación de servicios.

Para terminar, me quiero referir también a una dotación presupuestaria que ampliamos tanto a Radiotelevisión Española para la prestación del servicio público de radio y televisión como a la Agencia EFE. Nosotros entendemos que es momento de austeridad y por tanto hay sacrificio en todos los servicios públicos, pero una cosa es reducción presupuestaria y otra el desmantelamiento vía presupuestaria de los servicios públicos de comunicación. En una democracia es fundamental mantener unos servicios públicos de comunicación que sean plurales, que sean de calidad y que puedan competir con el sector privado. Entre el Gobierno anterior, que suprimió la publicidad de Televisión Española y unos presupuestos que desmantelan de facto Radiotelevisión Española, no se cumple el objetivo de lo que deberían ser unos servicios públicos que además tienen también la función de ser tracción económica en todo el sector de producción audiovisual. Estas son las enmiendas que hemos presentado a la sección 15.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: A la sección 15, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mi grupo ha presentado once enmiendas. Un bloque de enmiendas que tiene que ver una vez más con la mayor dotación de medios a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude, que es un tema que ha salido antes en el debate y aprovecho para replicar alguna de las intervenciones anteriores o aportar nuevos argumentos. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado tiene unos datos muy concluyentes que muestran que la ratio entre habitantes e inspectores en España es muy distinta a la que hay en Alemania o en Francia: nuestros inspectores tienen que controlar un grupo de población algo más de dos veces superior al que controla un inspector francés o alemán. Estos datos también muestran que hay una edad relativamente avanzada entre los inspectores españoles, con lo que las jubilaciones serán abundantes en los próximos años y la tasa de reposición será importante. Nosotros insistimos en que parece lógico pensar que con más inspectores se combatirá mejor el fraude. Se nos puede hacer creer que no es así, que con menos se va a hacer más, hay una posibilidad con medios informáticos, efectivamente se pueden quedar parte de lo que recaudan, pero no se lo pongamos tan difícil. La lógica más elemental nos indica que si aumentamos el número de inspectores, que está infradotado en nuestro país, será más fácil luchar contra el fraude, y es tal la bolsa de fraude que probablemente estos gastos se autofinanciarían, si no más. Así que insistimos en nuestra propuesta que nos parece adecuada, al contrario de lo que opina fundamentalmente el Grupo Popular.

Otra propuesta tiene que ver con una cuestión que otros grupos han señalado también, que es la dotación de medios para los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Al decir esto, me temo que enseguida se me argumentará a continuación que estoy siendo contradictorio, porque UPyD, como ustedes saben, propone la fusión de los pequeños municipios. Creo que no hay ninguna contradicción, así que permítanme que intente anticiparme a la crítica. Precisamente la situación de esos municipios demuestra el problema que nosotros señalamos: que tienen una población muy pequeña, dificultad para mantener esas estructuras administrativas y prestar servicios en condiciones. Si se fusionasen en grupos de población más amplios, habría economías de escala y prestarían mejor sus servicios. Dicho lo cual, mientras esa fusión no se produzca, habrá que prestar los servicios en el entorno actual y por eso no hay contradicción entre lo que queremos -que se fusionen los pequeños municipios-


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y lo que pedimos aquí, que mientras existan no queden descolgados del resto de los municipios.

Otro grupo de enmiendas -las 1454, 1455 y 1456- se refiere a los funcionarios del Estado. En alguna intervención anterior señalé el sacrificio que hacen en términos de pérdida de poder adquisitivo, las reducciones salariales que han tenido en el pasado y las congelaciones subsiguientes. Creemos que es demasiado limitar también los fondos que se dedican a la asistencia social de los funcionarios. Bastante sacrificio hacen por otras vías. Por eso estas enmiendas intentan corregir esa reducción del gasto en asistencia social a los funcionarios.

Por último hemos incorporado otra enmienda, la 1462, que veo con agrado que coincide con las inquietudes de otros grupos como CiU e Izquierda Unida, que tiene que ver con la Agencia EFE. Como los portavoces de estos grupos han explicado bien la situación no voy a reiterar sus argumentos.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quisiera dar por defendidas la enmienda presentada por el señor Baldoví, las tres enmiendas presentadas por la señora Oramas y la enmienda presentada por la señora Jordà.

Centrándome brevemente en las cuatro enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Gallego a esta sección, la enmienda 2615 propone que exista una dotación de 1.500.000 euros en concepto de compensación al ayuntamiento de Ferrol por las instalaciones militares existentes en este término municipal. Tengan ustedes en cuenta que una parte importante de la superficie municipal de este municipio está ocupada por grandes instalaciones militares exentas de pagar impuestos municipales. Eso no exime al ayuntamiento de tener que prestar una serie de servicios con los costes que esto genera. Ferrol es un ayuntamiento que maneja un presupuesto a través de ingresos sensiblemente inferior a municipios de un tamaño poblacional análogo, fruto de esta anomalía de la exención fiscal de la que goza el Ministerio de Defensa. Entendemos que ante esta singularidad es necesaria una compensación para que no se vea mermada la calidad de servicios que puede prestar este ayuntamiento.

La enmienda número 2614 propone también, como lo hacen otros grupos, incrementar el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Comparto los argumentos expuestos por otros portavoces y, por tanto, no me voy a reiterar.

Quisiera prestar especial relevancia a las enmiendas 2612 y 2613. La enmienda 2612 propone incrementar la aportación patrimonial de la SEPI en 3 millones de euros que irían directamente destinados a la agencia de noticias EFE para dotar a la misma de mayores medios materiales y humanos con el fin de que pueda seguir realizando su labor informativa tanto en el interior del Estado español como a nivel internacional. Por lo tanto, es una enmienda también coincidente con enmiendas que formulan otros grupos. Comparto la necesidad de evitar el desmantelamiento de los servicios de comunicación públicos y, además, debe tenerse en cuenta que la agencia France Press, la competidora directa de EFE, está ocupando los nichos de mercado que hasta ahora ocupaba esta agencia debido a la continua política de recortes y a las carencias presupuestarias. Esto es lo que queremos corregir con esta enmienda.

Por último, la enmienda 2613 propone incrementar en 15 millones de euros la dotación a la Agencia Tributaria para reforzar los programas de acción contra el fraude y la evasión fiscal, con objeto de poner en marcha un plan especial de control tributario dirigido a aflorar bolsas de fraude y evasión fiscal. La bolsa de fraude fiscal en el Estado español es total y absolutamente escandalosa. Ese es uno de los factores que motivan eso que en mis intervenciones de la mañana de hoy definía como el déficit fiscal existente en el Estado español, el bajísimo nivel de ingresos públicos y por lo tanto en vez de amnistías fiscales, como las que impulsa este Gobierno, nosotros entendemos que hay que reforzar todas aquellas medidas que permitan un control y una lucha más eficaz contra la evasión y el fraude fiscal. De ahí la necesidad de reforzar los recursos materiales y humanos de la AEAT; de ahí el sentido de esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Debo reiterar -ya lo hice esta mañana en la defensa del título VI, relativo a las normas tributarias- que no es posible que entendamos estos Presupuestos Generales del Estado y los de cada uno de los ministerios si no los enmarcamos dentro del gran esfuerzo de austeridad que está haciendo el Gobierno para poder cumplir con los objetivos de consolidación fiscal que nos hemos comprometido cumplir con la Unión Europea. España tiene la urgente necesidad de proceder a la reducción del déficit público, y por ello tenemos que alcanzar ese objetivo al que nos hemos comprometido llegar del 5,3% del PIB. Así, este Gobierno ha tomado, como dije esta mañana, decisiones valientes desde el primer momento, que incluyen también medidas extraordinarias de reducción del gasto. (El señor vicepresidente, Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia). Ya que estamos hablando ahora del gasto de una sección concreta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre esas medidas de recorte del gasto se disminuye de media un 17% el gasto de todos los ministerios. Y, como no puede ser de otra manera, el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas procede también a reducir el gasto que corresponde a la sección 15, a la sección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lógicamente,


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el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe hacer un tremendo esfuerzo de austeridad, dando ejemplo como el que más, y ha recortado casi 800 millones de euros en el gasto. También vemos reflejado ese esfuerzo por la austeridad y la racionalización en el funcionamiento de las administraciones públicas en la propia fusión que se ha efectuado de los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas porque la prioridad en la consecución del objetivo del déficit público requiere sin duda una mayor coordinación de la actividad financiera del conjunto de las administraciones públicas. Por eso no estamos en absoluto de acuerdo con las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos y, como no me es posible hacer un relato pormenorizado de todas y cada una de las enmiendas que se han presentado a esta sección 15, he hecho un esfuerzo por agrupar aquellas que van en la misma dirección y que se repiten por parte de los distintos grupos parlamentarios para así intentar sintetizar la máximo.

Respecto de las enmiendas a la totalidad, se han presentado por parte del Grupo Socialista, por parte del Grupo de Unión Progreso y Democracia y por parte de La Izquierda Plural. En cuanto a la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, señor Saura tengo que decirle una vez más que ha dicho usted auténticas barbaridades porque sostienen ustedes una cosa, como decía mi compañero el señor Ferrer con mucha locuacidad, y justamente la contraria. Dicen que nuestra política de ingresos es poco creíble y al mismo tiempo están pidiendo la supresión del recargo que hemos introducido en el impuesto sobre la renta de las personas físicas precisamente para permitir la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Es un recargo progresivo, justo y equitativo, que intenta poner el acento y poner la mayor carga tributaria en aquellas personas físicas con mayor poder adquisitivo. Dicen también que les preocupa mucho ahora el tema de la lucha contra el fraude fiscal y cuando hasta hace cinco meses que yo sepa gobernaba aquí el Partido Socialista no hicieron ustedes absolutamente nada -y lo digo así de claro- en la lucha contra el fraude en los paraísos fiscales. Es más, trataron con guante blanco a todas las personas físicas que tenían cuentas en los citados paraísos, mandándoles una carta de invitación muy amable para que declararan. Por lo menos nosotros lo regulamos mediante un real decreto y decretamos una regularización fiscal que el Partido Socialista hizo dos veces cuando gobernó en España; además, lo hacemos junto con un plan de lucha contra el fraude que intenta disuadir a todos aquellos que no declaren ahora en esta regularización, con fuertes, fortísimas, sanciones para las personas que tengan depositados fondos o bienes en paraísos fiscales y que no declaren a la Hacienda Pública. Por tanto, como decía mi compañero señor Ferrer se mueven ustedes en un mundo de contradicciones que no entendemos.

Por otro lado, se ha presentado también un conjunto de enmiendas, bastantes enmiendas, dirigidas a dotar de un fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes y casi todos los portavoces de los grupos parlamentarios han hecho referencia a esta partida presupuestaria. En concreto son la enmienda número 909 del Grupo Socialista, la 2614 del Bloque Nacionalista Galego, la 3081 de CiU, la 1457 de UPyD y la 1812 de La Izquierda Plural. Saben ustedes que el objetivo de este fondo era en su día articular un sistema que permitiera una garantía financiera a los municipios menores de 20.000 habitantes que tengan una menor participación en los tributos del Estado. Vamos a rechazar esta enmienda porque, en el marco del actual proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, se ha tomado la decisión de limitar la financiación de las administraciones territoriales estrictamente a los recursos derivados del vigente sistema de financiación. Ese sistema de financiación de las entidades locales se mejora en estos Presupuestos Generales del Estado para las entidades locales en un 8%; se mejora también la financiación de las entidades locales porque se ha hecho una importantísima inyección de liquidez en estas sin precedentes en la historia de nuestra democracia, de 35.000 millones de euros, aunque algún grupo parlamentario ha puesto también en duda que estuviera dotado con la partida presupuestaria adecuada. El Estado, a la entidad jurídica que es el Fondo de pago a proveedores -que tiene su propia personalidad jurídica-, lo ha dotado ya con 1.500 millones de euros, y el resto, hasta los 35.000 millones, lo emitirá esta entidad jurídica por sí misma y separadamente de la deuda pública. Por tanto consideramos que ese aumento en la financiación de las entidades locales compensa suficientemente esta partida presupuestaria, compensa ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno por inyectar liquidez en los ayuntamientos, por eso este conjunto de enmiendas va a ser rechazado.

También podemos agrupar las enmiendas 911, del Grupo Socialista, porque es prácticamente igual a la 1461 de UPyD, a la 1811 de La Izquierda Plural y a la 3083 de CiU. En esta enmienda se propone un aumento de la aportación a la financiación de las inversiones de las entidades locales por cooperación económica local del Estado. El objetivo de esta partida, cuando se creó, fue la colaboración en la dotación y mejora de infraestructuras locales; los beneficiarios de estas subvenciones son las diputaciones provinciales de régimen común y las comunidades autónomas uniprovinciales. La distribución del crédito estatal se efectúa con arreglo a la situación socioeconómica de cada provincia aplicando una fórmula con distintas variables. En el año 2012, con el objeto de cumplir con nuestros objetivos de consolidación fiscal, no se prevé aumentar esta partida presupuestaria y aprobar cofinanciación de los planes provinciales, porque la cantidad que aparece consignada en los presupuestos se destina a hacer frente a los compromisos de ejercicios anteriores.

Por otro lado presentan también las enmiendas números 912 y 1813, de La Izquierda Plural, que solicitan incrementar la dotación presupuestaria a la Federación


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Española de Municipios y Provincias con el fin de que pueda continuar desarrollando sus funciones. Nadie más interesado que el propio Partido Popular, que además preside actualmente la Federación Española de Municipios, en dotar con el mayor número de recursos presupuestarios a esta Federación Española de Municipios y Provincias. Como les decía, las limitaciones presupuestarias, el cumplimiento del techo de gasto máximo establecido ha hecho necesario y nos ha obligado a la reducción en la mínima cuantía posible de esta partida presupuestaria. También voy a mencionar, porque así lo han hecho los diferentes portavoces parlamentarios, las enmiendas 2613 del Bloque Nacionalista Galego y la 1453 de UPyD, que hacen referencia a aumentar los medios materiales y humanos puestos a disposición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para cumplir con sus objetivos de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Ya les advertía esta mañana también en el debate del título VI de normas tributarias que la Agencia Tributaria tramita cada ejercicio una serie de generaciones de crédito por su participación en la recaudación derivada de actos de liquidación y gestión recaudatoria. La agencia tiene previsto generar en 2012 un importe de 331 millones de euros, por lo tanto el presupuesto final para el año 2012 de la Agencia Tributaria se cuantifica en 1.358.000 euros. Así, se ha hecho un esfuerzo de disminución mínima en la partida destinada a la Agencia Tributaria porque, como ya decía esta mañana, uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno es incrementar y poner el acento en la lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno estima que los créditos previstos en el capítulo segundo del presupuesto de la Agencia Tributaria cuenta con las dotaciones necesarias para el desarrollo del Plan anual de control tributario y aduanero y en el caso de que se pusiera de manifiesto insuficiencia de medios la dotación de recursos adicionales podrían llevarse a cabo incrementando el importe de estas generaciones de crédito a los que la Agencia Tributaria está autorizada. Teniendo en cuenta los recursos presupuestarios de los que va a disponer la Agencia Tributaria para el cumplimiento de sus funciones entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que son suficientes y que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad por parte de la Agencia Tributaria. Por tanto, vamos a rechazar las enmiendas presentadas en ese sentido.

También ha hecho referencia el portavoz de UPyD a las enmienda 1454, 1455 y 1456, relativas a un aumento en las dotaciones asistenciales para protección de las familias para servicios sociales y para asistencia social en los créditos que tiene asignado Muface para este fin. Entendemos que la dotación presupuestaria que se hace en estos presupuestos es suficiente y adecuada para conseguir los objetivos previstos, dentro siempre de ese contexto de austeridad que marcan estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Por último, me voy a referir a las enmiendas 3085 y 3086 presentadas por Convergència i Unió, relativas a un aumento de los créditos destinados a los planes de formación a las comunidades autónomas. Vamos a rechazar también estas enmiendas porque los créditos destinados a planes de formación proceden de la distribución entre las diversas comunidades autónomas de fondos de formación para el empleo aprobado el pasado 22 de marzo por la comisión general de formación para el empleo de las administraciones públicas. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular quiere ser respetuoso con esa distribución y va a rechazar estas dos enmiendas que se han presentado.

Antes de terminar, me gustaría hacer una referencia a las enmiendas que han defendido algunos portavoces relativas a la entidad pública Radiotelevisión Española y la Agencia EFE. Quisiera hacer una remisión a que estas enmiendas serán defendidas y debatidas mañana en la sección relativa a las entidades del sector público empresarial y fundacional. Por tanto, mis compañeros del grupo parlamentario encargados de la defensa de esa sección harán la defensa pertinente de esas enmiendas. Con esto concluyo mi intervención.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Pasamos a la sección 16. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Paso a defender la enmienda de devolución a la sección 16 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué presentamos una enmienda de devolución? Fundamentalmente por tres razones. La primera es porque estos presupuestos, y en concreto esta sección, revelan una contradicción importante; en segundo lugar, porque estos presupuestos nos llenan de preocupación; y, en tercer lugar, porque evidencian un importante cambio de rumbo en la política de seguridad española. Empiezo por la primera. Esta propuesta de presupuestos revela una contradicción entre lo que creían que era necesario hacer en seguridad hace un año los componentes del Grupo Popular y lo que están haciendo ahora cuando han llegado al Gobierno; un cambio radical. El portavoz en esta Comisión del Grupo Popular es hoy director general de Policía y decía: En comandancias y en comisarías hay vehículos que no se pueden reparar sino que tienen que ser canibalizados para poder poner en funcionamiento otros vehículos. Para esa situación que se está viviendo en el día a día de las comisarías y las comandancias de la Guardia Civil, ustedes reducen el gasto del capítulo 2 en un 2%; muy bien. Este año en vehículos, sobre 7,5 millones que estaban destinados el año pasado a la Guardia Civil, destinan 29.000 euros -sí, señorías, 29.000 euros, han oído ustedes bien- y el año pasado planteaban que prácticamente no iba a poder ser operativa la Guardia Civil porque había una reducción y se había quedado en 7,5 millones de euros; no digamos ya en embarcaciones, elemento fundamental para diferentes operativos de vigilancia de la Guardia Civil donde se ha pasado de 8,5 millones de euros en el ejercicio pasado a 300.000 euros en este año. Pero no solamente es en esto, sino que el propio director


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general, que hace un año como parlamentario nos advertía de todos los males que iban a caer sobre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con los presupuestos que presentábamos, nos trae ahora para su propio departamento lo siguiente. En un aspecto que le preocupaba fundamentalmente, el de armamento, decía: En el Cuerpo Nacional de Policía hay hasta tres tipos distintos de armas: la nueva pistola HK que se está comprando tanto para la Policía como para la Guardia Civil, las unidades de investigación e información que mantienen el revólver Astra y otra parte de la plantilla que mantiene una pistola con más de veinticinco años de antigüedad. Pues bien, señorías, el año pasado teníamos destinado a armamento en el Cuerpo Nacional de Policía 2.026.000 euros y este mismo señor, como director general, ha destinado 850.000 euros este año. Estoy diciendo que hay un cambio drástico entre lo que creían que era necesario para mejorar la situación de la seguridad en el país quienes eran oposición hace un año y hoy son Gobierno y lo que están haciendo desde que han llegado al Gobierno. En segundo lugar, les decía que nos llena de preocupación el presupuesto, por eso presentamos esta enmienda, porque reduce la inversión de forma drástica en seguridad ciudadana, en protección civil y en seguridad vial; es decir tres elementos fundamentales que hacen referencia a la seguridad integral de las personas. Hasta tal punto es así que en algunos aspectos de la seguridad ciudadana y fundamentalmente con la Guardia Civil, que queda maltratada en este presupuesto desde el punto de vista de la inversión, existe la posibilidad de que no puedan desarrollarse aspectos básicos de su actividad. Tres ejemplos exclusivamente. Para que puedan seguir funcionando las aeronaves, reducen a menos de la mitad el presupuesto -de 5 millones a 2,5 millones; no llega a 2,5 millones-; en equipos informáticos lo reducen un 60%. Fíjense bien, hasta en algo que puede sonarles singular, que es el departamento de caballos y perros, que es un elemento muy importante para el trabajo de la Guardia Civil, no se han librado ni los caballos ni los perros de este recorte; y de 185.000 euros se pasa a 20.000. Por tanto, ahí tenemos una preocupación fundamental que compartimos con Protección Civil donde sistemáticamente el Grupo Popular en la oposición nos indicaba que no podía seguir reduciéndose el presupuesto porque era ya más que menguado. Pues bien, este año vuelve a reducirse el presupuesto cerca de 2 millones de euros en un presupuesto que ya se consideraba menguado. Lo que decían y lo que hacen. Hasta reducen en seguridad vial. Es tan evidente que hasta el propio responsable no lo pudo evitar en su comparecencia y tuvo que reconocerlo. Nos dice: El ajuste presupuestario que experimentan las partidas para seguridad vial, respecto al año 2011, de 24,11 millones de euros -repito, 24,11 millones de euros- no debe impedir el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad vial. Pues va a ser que no, porque sin llegar a aprobar el presupuesto estamos empezando a tener repuntes en materia de accidentabilidad que rompen la tendencia de los últimos ocho años. Este es un tema en el que creo que debíamos estar todos de acuerdo, que era uno de los mejores logros de la sociedad española de los últimos ocho años. Pues bien, por un cierto sectarismo he escuchado solo una vez críticas de la directora general hacia el director general anterior poniendo en duda sus estadísticas y diciendo que iba a contarlo de otra manera. Por desgracia, todos sabemos que los accidentes y sus consecuencias, se cuenten como se cuenten, son los que son en fallecidos y en heridos. Además consideraron que no era la mejor política desde el punto de vista de las inversiones que se realizaban ni de las campañas y las han cambiado, y curiosamente en ocho años es la primera vez que tenemos un cambio radical en la evolución de la accidentabilidad y sobre todo en sus graves consecuencias para las personas. Por tanto, también en seguridad vial tenemos un problema, y estos presupuestos no son la contestación a ese problema.

En tercer lugar, estos presupuestos evidencian un importante cambio de rumbo en la política de seguridad. Lo que nos están diciendo los presupuestos es que la seguridad pública no es ya una prioridad para el actual Gobierno de España; repito, la seguridad pública. La seguridad pasa por mantener efectivos. En ocho años habíamos ganado 45.300 efectivos de Policía y Guardia Civil porque estuvimos haciendo un esfuerzo muy importante para volver el PIB en materia de seguridad al 0,63. En el año 1995 la participación en el PIB de los gastos de seguridad era del 0,63, en el año 2004 eran el 0,48 y el pasado año volvieron a ser el 0,63. Por eso hay un aumento de recursos y por eso hay una mejor seguridad pública, porque hay más servidores públicos en el ámbito de la seguridad, y aquí, en estos presupuestos, se inicia el descenso de plantillas, y debe quedar claro. A partir de estos presupuestos los próximos años habrá menos policías y menos guardias civiles. Lo que nos están diciendo es que se van a poner en marcha nuevos sistemas -que nos parecen bien- de coordinación con otros cuerpos policiales y de seguridad privada. Volvemos al año 1996, al 2004; es decir, hay más seguridad para quien pueda pagar seguridad privada, al tiempo que se irán reduciendo las plantillas de la seguridad pública, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Estas son las razones por las que presentamos la enmienda de devolución e independientemente las enmiendas 918 a 941; es decir tenemos veintitrés enmiendas más que presentamos como Grupo Socialista que hacen referencia a la mejora de la formación, de los cuarteles, de comisarías, de centros penitenciarios, de inversiones asociadas a la seguridad ciudadana que nos parecen muy importantes, el apoyo que se había pedido a organizaciones no gubernamentales para su presencia en los CIES y sobre todo también para su presencia en instituciones sin fines de lucro, en programas penitenciarios para desarrollar aquellos trabajos en beneficio de la comunidad que nos parecieron siempre un elemento de primera magnitud. Esa es la razón como decía, presidente, por la que presentamos esta enmienda y el resumen de las otras.


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El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, voy a ser muy breve simplemente para anunciar que presentamos dos enmiendas, la 3089 y la 3090, destinadas básicamente a que se cumpla por una parte el Plan Penta, que es la finalización de la carretera de acceso al municipio de l'Ametlla de Mar, dentro del Plan Penta -repito- de seguridad nuclear, que es una obligación, un tema de seguridad estricta. Por otra parte, hay otra enmienda referida a la financiación de las obras en la casa cuartel Guardia Civil de Castell-Platja d'Aro.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, Izquierda Plural, tiene la palabra don Ricardo Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: También seré breve. Hemos presentado desde mi grupo una enmienda a la totalidad a la sección 16, y el motivo fundamental de esta enmienda de totalidad es porque los presupuestos de esta sección están elaborados desde un punto de vista de las reformas a las que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno, de estas abundantes reformas. A todas estas reformas en las cuestiones de Interior le vemos un tinte muy próximo a la represión. Estamos viendo una actuación que no podemos compartir. Estos presupuestos plasman una actuación que nos parece que tiende a reprimir el desarrollo de los derechos fundamentales en España. Hay algunas cuestiones concretas que nos han hecho presentar esta enmienda, y es que en ningún momento se atacan los desequilibrios sociales que son la causa fundamental de la delincuencia; las partidas que tendrían que ir dedicadas a la remoción de estas causas sociales y económicas que origina la delincuencia no se ven incrementadas, antes bien se ven recortadas. Nos preocupa muchísimo la situación de los centros penitenciarios; las partidas destinadas, por ejemplo, a programas de reinserción, a programas de actividades culturales, deportivas y de todo tipo permanecen inalterables año tras año. No nos parece razonable cuando las cifras que da el ministerio inciden en una problemática que va en aumento y no en retroceso. Nos parece que los compromisos a los que llega el ministerio con los sindicatos y con las organizaciones representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se ven cumplidas en estos presupuestos. Seguimos teniendo unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado insuficientemente pagadas, que no se atienden en estos presupuestos; ni siquiera se atiende a una suficiencia de recursos precisamente para estas asociaciones. Nos parece que no se atiende lo que sería necesario, la lucha contra las nuevas formas de delincuencia y, por concluir esta pincelada de cuestiones generales, nos parece absolutamente injustificado el volumen de los fondos reservados mientras no se reforme el régimen jurídico por el cual se seguían.

Hemos presentado enmiendas desde la 1818 a la 1835, pero de todas ellas me gustaría destacar dos. Una es la que propone el aumento de dotación para las unidades de asistencia psiquiátrica penitenciaria. Es un problema gravísimo que tenemos en nuestras prisiones y le pediría al partido que da apoyo al Gobierno que se tomase esta cuestión con muchísimo interés. Tenemos un gravísimo problema de salud psiquiátrica penitenciaria. Y otra enmienda, dentro de las muchas que hemos presentado con diferentes propuestas concretas de contratación y de inversión, es la que prevé el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para el trabajo en favor de la comunidad y el arresto de fin de semana. Es una partida que se reduce sustancialmente y de una forma absolutamente injustificada; es una partida que trata de que la gente se reinserte y haga esos trabajos sociales a través de los ayuntamientos, que es la mejor institución pública para poder hacer esto.

Le rogaría al Grupo Popular que se tomase con interés estas enmiendas, dos cuestiones absolutamente concretas.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo ha presentado veinte enmiendas a esta sección 16 dedicada al Ministerio del Interior. Voy a darlas todas por defendidas sin entrar a detallarlas, sobre todo porque la excelente intervención del portavoz socialista ha explicado muchas de las cuestiones en las que yo quería incidir y de una manera mucho más experta de lo que yo podría hacerlo. Un bloque de enmiendas tiene que ver con el deterioro que tenemos en la seguridad ciudadana como consecuencia de estos presupuestos. Detallaba en alguna intervención de esta mañana los medios precarios con que nuestras fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, desarrollan su tarea. El parque móvil está anticuado, hay una alta proporción de automóviles con una antigüedad superior a los diez años y los acuartelamientos a menudo están en un mal estado de mantenimiento. Es difícil pedirles que combatan un crimen organizado que cuenta con medios materiales mejores que los de las fuerzas de seguridad encargadas de perseguirlos. También nos preocupa el posible deterioro de la seguridad vial, y especialmente querría llamar su atención sobre las enmiendas 1476 y 1477. La primera de ellas se refiere a la señalización de nuestras carreteras, especialmente en los tramos de concentración de accidentes; y, la segunda, a la sustitución de los guardarraíles para evitar accidentes mortales en el caso de los conductores de motos. El recorte tiene que ser selectivo. No es posible recortar en partidas esenciales. En definitiva, recortar en señalización de carreteras y recortar en sustitución de guardarraíles recuerda a la situación hace unos meses de algunos municipios que intentaban ahorrar electricidad apagando los semáforos. A largo plazo no es una forma buena de ahorrar, a lo


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mejor gastamos más en el sistema sanitario de lo que ahorramos en las señales de carreteras.

Otro bloque de enmiendas, 1474, 1475, 1480 y 1481, señala algo que ha comentado de pasada el portavoz socialista, y es que los expertos que asesoran a mi partido en estas cuestiones entienden que hay un trato discriminatorio entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en los presupuestos. Mientras la Guardia Civil tiene más efectivos que el Cuerpo Nacional de Policía en la dotación de medios, parece que los aumentos son mayores en el cuerpo de menor tamaño y hay una serie de enmiendas para corregir este desequilibrio. Esto es todo por lo que se refiere a esta sección.

El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: Intervengo solo para dar por defendidas las cinco enmiendas presentadas por la señora Jordà, las dos enmiendas presentadas por el señor Baldoví y la enmienda presentada por mí mismo a esta sección.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Escobar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a intentar referirme a todos los argumentos expresados por sus señorías. Para que nadie se llame a engaño, voy a empezar diciendo que, ante los argumentos expuestos, mantenemos el criterio con el que planteábamos estos presupuestos. Por diferentes razones, que voy a explicar, no podemos admitir estas enmiendas y mucho menos las de totalidad. Quiero empezar refiriéndome a los argumentos, al soporte que justificaba la presentación de estos presupuestos, y se ha dicho por parte de la portavoz Madrazo algo al respecto. Estamos ante unos presupuestos absolutamente excepcionales. No son unos presupuestos cualesquiera; son unos presupuestos, si me apuran, por emplear un término un poco contextualizado en política de Interior, de emergencia. Con ese planteamiento evidentemente tenemos que colegir que no son los presupuestos que al Grupo Popular le hubiera gustado presentar, pero son los únicos presupuestos posibles; no se podía presentar por parte del Gobierno otros presupuestos que estos. Desde luego nos sorprende la postura del Grupo Socialista que se empeña tres meses después de haber dejado el Gobierno no solamente en no recortar nada sino en incrementar el gasto y además exigirnos que contengamos el déficit y la deuda. Eso es aritmética, técnica y políticamente imposible, y mucho más cuando partimos de una situación de heredada -heredada- que está caracterizada por un déficit 3 puntos por encima de lo que inicialmente se había previsto, y eso tiene una concreción y lastra cualquier presupuesto. Tenemos una deuda arrastrada que, por decir una cifra, supone que se gastaron 90.000 millones de euros más de lo que se podía gastar en el ejercicio pasado y que llevado al Ministerio del Interior supone 217 millones de euros de deuda directa que hay que pagar. Por acabar esa parte general, el ministerio se ha encontrado parte de esa política desafortunada del equipo socialista anterior, caracterizada por gastos desorbitados, y me refiero fundamentalmente al capítulo de instituciones penitenciarias, donde desafortunadamente se han encontrado episodios que lastran, insisto, cualquier política de infraestructura penitenciaria. A partir de ahí, efectivamente había que hacer unos presupuestos posibles, austeros pero posibles. Voy a referirme a las cifras macro, que el señor Trevín también ha señalado.

El resultado final de estos presupuestos en la sección 16 es que pasamos del 0,58% del PIB en el año 2011, al 0,59%; es decir, que pese a todo, existe un incremento de esfuerzo presupuestario en materia de seguridad. Así está comprobado con datos y así lo expuso el propio secretario de Estado. En cifras estadísticas son 8.610 millones de euros. Creo que es una cifra, evidentemente, importante. Insisto en que no son los que a nosotros nos hubiera gustado hacer, pero son los únicos posibles y demuestran el esfuerzo que se ha hecho al respecto. A partir de ahí cumplen -no coincido con el portavoz socialista- punto por punto con todos los objetivos que el ministro expuso en la comparecencia en sede parlamentaria, todas las líneas estratégicas.

Me quiero detener también en una cuestión importante que comentaba el señor Sixto y es que se ha hecho mucho hincapié en las líneas estratégicas en anticiparse al delito -la política preventiva tiene concreciones presupuestarias-, porque es verdad que el delito cambia en su modalidad y hay que adaptarse a las nuevas modalidades delictivas. A partir de ahí, la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo, tutelar, ayudar a los más vulnerables, como pueden ser los menores, y la redistribución de nuestros medios materiales y personales de una manera más eficaz y eficiente son algunas de las líneas maestras de este presupuesto.

Entrando en las enmiendas de totalidad -la 918 del Grupo Socialista, la 1463 de UPyD y, si mal no recuerdo, la 1817 de La Izquierda Plural-, voy a dar cuatro argumentos muy rápidamente para justificar el rechazo. El primero es que no ofrecen una alternativa mejor. Si la alternativa la tenemos que colegir de las enmiendas parciales, no hay una alternativa a estos presupuestos. El segundo argumento es que se alejan del interés general. Esto es importante. Caemos con todo el cariño y con todo el afecto en el localismo demagógico, es decir, en el qué hay de lo mío. Yo pido para este cuartel de la Guardia Civil, pero ¿quién se preocupa del interés general en la seguridad? Ustedes parece que no y eso no puede ser, alguien tiene que defenderlo. Especialmente significativa es la pretensión del Partido Socialista de aumentar en casi 13 millones de euros la consignación destinada a partidos políticos. Si estamos haciendo un esfuerzo de contención, tendremos todos que apretarnos


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el cinturón, empezando por los partidos políticos. Por eso, es bastante chocante que presenten una enmienda para subir casi 13 millones de euros la asignación a los partidos políticos. El tercer argumento es que afectan a competencias ajenas y pongo dos ejemplos. Hablan de transferencias a policías locales en formación cuando estas son competencia o bien de los ayuntamientos, como ustedes saben, o bien de las comunidades autónomas. Y en lo tocante a UPyD, hay una enmienda que propone una transferencia, que también es cuando menos chocante, al cuerpo de bomberos de Madrid, excelente cuerpo de bomberos, dicho sea de paso, pero igual de excelente es el cuerpo de bomberos de Madrid que el de Barcelona, el de Tarragona o el de Logroño, por poner un ejemplo. ¿Por qué una transferencia al cuerpo de bomberos de Madrid cuando estamos hablando del interés general? Por tanto, con estos argumentos me van a permitir que rechace las enmiendas de totalidad.

Muy rápidamente, por ser cortés con el esfuerzo que sus señorías han demostrado con estas más de 80 enmiendas presentadas, les voy a resumir algunos argumentos por servicios. El servicio 01, al que me he referido con antelación, es el más castigado porque se detraen en sus enmiendas muchas partidas presupuestarias o mucha cuantía presupuestaria. Creemos que el servicio se tiene que mantener tal y como está, expresamente el programa 131.M, que hace referencia a los fondos reservados, porque se presenta una enmienda de supresión, pero sin reasignar los recursos presupuestarios. En este terreno se puede hacer toda la demagogia que queramos, pero creemos que esta cuantía es más que suficiente, más que proporcionada y más que necesaria en los tiempos que estamos.

En el servicio 02, que hace referencia a la secretaría de Estado, hay dos conceptos -me refiero a una cuestión en concreto, los CIES, en relación con los cuales diferentes portavoces nos congregamos para hablar de los mismos en España, cuestión capital a mi juicio-, el 481 y el 482, que suponen en los presupuestos 230 millones por un lado y 400 millones destinados expresamente a la Cruz Roja, es decir, que hay una cuantía más que suficiente para atender el funcionamiento de los CIES y el futuro reglamento que vamos a aprobar.

En cuanto al servicio 03, que afecta a la Policía Nacional, nos hemos encontrado una papeleta complicada de administrar -se lo digo a usted, señor Trevín, con todo el cariño-, porque hay una deuda de más de 56 millones solo en comunicaciones. Yo podría decir que es que ustedes no pagaban ni el teléfono. No se lo voy a decir, pero es lo que parece. Eso es lo que parece que se desprende de los presupuestos. Ustedes seguían más o menos la consigna del yo invito y el que venga atrás que pague. Precisamente para ajustar ese desaguisado -permítame que se lo diga así- es por lo que estos presupuestos incorporan un anexo de inversión real con unas obras en las que se prioriza punto por punto cuáles son las inversiones necesarias. Hay un plan de choque para acabar con el colapso de muchas oficinas en la implantación del DNI, fundamentalmente el DNI electrónico, con lo cual yo creo que todos salimos ganando. Además -lo destaco y me detengo-, hay una dotación expresa para mantener el parque automovilístico de la Policía Nacional. Expresamente se lo recalco. También hay para la Guardia Civil. Por tanto, seamos prudentes en las afirmaciones. Conclusión, la Policía Nacional va a seguir contando con todos los medios necesarios.

En el servicio 04, que es el que se refiere a la Guardia Civil, yo hago mías las palabras del director de la Guardia Civil. En España hay 1.976 cuarteles; todos se van a mantener y todos se tienen que conservar en el mejor estado posible. Además, la Dirección General de la Guardia Civil cuenta con un plan cuatrienal que este año evidentemente está muy ajustado, pero en el que se incorporan todas las necesidades presentes y futuras en materia de despliegue de la Guardia Civil. En este sentido, yo le puedo asegurar que la Guardia Civil es no solamente un cuerpo fundamental en materia de seguridad, sino que además contribuye a la vertebración de España y por eso nosotros lo vamos a mantener. Hay 12,45 millones, señor Trevín, destinados a servicios marítimos y renovación de helicópteros. Por eso le pido prudencia en las afirmaciones que ha hecho. Hay 12,45 millones, luego hay partida presupuestaria no solamente para mantener sino para incorporar nuevos medios materiales. Acabo con una referencia en este sentido. Es muy perjudicial entablar cualquier tipo de polémica entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Yo creo que los dos cuerpos desarrollan una función ejemplar. Nos hacen estar más seguros a todos los españoles y todos ellos saben lo que tienen que hacer en cada momento.

En el servicio 05, que es el que habla de instituciones penitenciarias, tengo que decirle que, según lo que hemos podido comprobar, nos hemos encontrado con muchos ejemplos de derroche en el plano administrativo y en el plano de la contratación. Había prisiones que tenían -se lo tengo que decir así- televisiones hasta en los pasillos e incluso piscinas climatizadas. Eso hay que ordenarlo, porque para más inri nos hemos encontrado con que luego ustedes no habían dejado una oferta de empleo suficiente para poder cubrir esas nuevas prisiones. Eso también tenemos que corregirlo. Se lo digo con todo el afecto y con todo el cariño.

Se van a rechazar las enmiendas presentadas por parte del señor Sixto. Efectivamente, hay necesidad de atención psiquiátrica y personal, pero hay partida presupuestaria y conceptos presupuestarios para hacer frente a estas cuestiones. ¿Que a lo mejor sea insuficiente según su criterio? Es su opinión, pero nosotros creemos que no. Y por supuesto, también hay partidas para las atenciones a las ONG en su labor asistencial.

Finalmente y con ello acabo, señor presidente, me voy a referir al organismo 101 que tiene que ver con la Dirección General de Tráfico. Efectivamente, compartimos punto por punto el sentido de sus enmiendas, señoría, las de UPyD y las de La Izquierda Plural fundamentalmente, tanto que todas esas enmiendas tienen ya una


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asignación presupuestaria por parte del presupuesto que ahora mismo estamos debatiendo. Todo cuanto ha sido posible se ha incorporado. Hay partida para los controles antidroga; hay partida para la sustitución de los guardarraíles; incluso les puedo decir que hay un convenio abierto para que las diputaciones provinciales se puedan incorporar y acceder a esa partida presupuestaria. Hay un plan de apoyo de educación y hay un programa específico para los parques infantiles de tráfico. Con esto acabo, señor presidente, no sin antes decir que no me cabe ninguna duda de que, aunque no sean los presupuestos que le hubiera gustado presentar al Partido Popular, son unos presupuestos que nos permiten estar más seguros y que nos dan más seguridad para acercarnos a ese objetivo fundamental que es la creación de empleo en España.

El señor PRESIDENTE: Terminamos así la sección 16. Antes de pasar a la sección 25 les recuerdo a los señores portavoces que, tal como quedamos esta mañana, tienen hasta las 6 para comunicar a la Mesa qué enmiendas de cada uno de los bloques quieren que se voten por separado.

Pasamos a la sección 25. Comenzamos con las enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Se trata del ministerio que tiene una menor cuantía dentro de la organización del Gobierno y, por tanto, no tiene por nuestra parte muchas enmiendas. No obstante, a pesar de ese tamaño comparativo menor, no deja de reflejar, como es habitual y se está poniendo aquí de relieve por otros portavoces, las contradicciones entre el discurso público del Partido Popular y el reflejo presupuestario de ese discurso público y, por eso, además de las enmiendas parciales que comentaré, pedimos también la devolución de toda la sección. Esas contradicciones se reducen, en el caso de las propuestas socialistas, a dos. El Partido Popular habla continuamente de reducción de asesores, reducción de personal eventual, y lo que se trasluce del anexo de personal y de la cuantía de las partidas es un aumento de casi el 50% del número de eventuales, de asesores del gabinete del presidente del Gobierno, que pasan de 56 a 82, y eso justifica nuestra enmienda 1276. La explicación que dio el subsecretario en esta misma Comisión fue francamente difícil de entender, porque habló de que muchas personas que estaban ocupando puestos eventuales tenían la condición personal de funcionarios y decía que como mucho podía haber un trasvase de personas dentro de la Administración porque el número de funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad es muy alto. Pero cuando un funcionario es nombrado a un puesto eventual deja una vacante de funcionario y ocupa una vacante eventual, por tanto me parece que esa explicación es fantasiosa o que por lo menos no encaja con el normal funcionamiento de una relación de personal. En cualquier caso, ahí está nuestra enmienda 1276 para reducir ese número de asesores, que pasan de 56 a 82.

Otra contradicción del discurso público se refiere a reducir las duplicidades y, sin embargo, el ministerio se dota de una nueva figura, una nueva Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas, que nos parece que lógicamente debía estar, como ha estado siempre, en el ámbito de las administraciones públicas. Por tanto, también pretendemos la reducción de esa dirección general, cuya ventaja no comprendemos ya que es una evidente duplicidad, más bien parece responder -y esto es desde luego aventurado pero me permito decirlo- a codazos interministeriales que a necesidades reales de la Administración española.

Finalmente, en línea con la preocupación que ya expresamos en la intervención del subsecretario, como hacen por cierto con sus enmiendas otros grupos, pretendemos volver a dotar o paliar en la medida de lo posible la enorme pérdida de dotación que tiene la partida dedicada a memoria histórica, que se reduce en un 50%. Esa en la enmienda 1274, que coincide con algunos otros grupos en la idea de que entendemos que el Partido Popular siempre ha estado bastante incómodo, pero no se trata más que de una ley del Estado que el Partido Popular también tiene que cumplir. Nosotros pretendemos volver a dotar esa partida, ni siquiera con toda la cuantía que tenía pero sí aumentarla sustancialmente.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, exclusivamente nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la sección 25, que es la que hace referencia al Ayuntamiento de Girona, a la antigua sede de la Subdelegación del Gobierno; por este motivo mi intervención va a ser veloz y rápida.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Uso mi turno para defender la enmienda 2438, de Presidencia, concretamente para reivindicar una dotación presupuestaria para la memoria histórica en nuestro país. Yo creo que es por todos conocido que la Ley de Memoria Histórica es una ley que aún tiene aspectos muy importantes por desarrollar y, por tanto, sin dotación presupuestaria es difícil que puedan desarrollarse los objetivos políticos que en esa ley están recogidos, sobre todo por lo que tiene que ver con las ayudas, con las exhumaciones de los asesinados, torturados y desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, las docenas de miles de enterrados en las cunetas de nuestro país, por los que exigimos dignidad y recuerdo. Por tanto, eso requiere, repito, asignaciones económicas para esa tarea que de forma voluntaria están


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desarrollando una gran cantidad de asociaciones y entidades pero que necesitan el apoyo público del Estado Español. Por supuesto también -y es realmente complicado que en el año que estamos aún tengamos que estar hablando de estos temas-, la retirada de símbolos del franquismo que aún están presentes en edificios públicos e incluso en nuestras calles, así como la adecuación de algunos lugares, como el Valle de los Caídos, por ejemplo, y otros espacios que aún se están usando en pleno siglo XXI como santuarios del fascismo en España. Por todos esos temas, proponemos recuperar la asignación presupuestaria que en el año 2011 tenía esta partida para gastos derivados de actividades vinculadas a la Ley de la Memoria Histórica de 3.752.000 euros.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Llama la atención que en unos Presupuestos Generales del Estado que incorporan recortes del 25 y 30% en partidas tan sensibles como las infraestructuras o la investigación, una de las pocas excepciones esté en la sección 25, en Presidencia, donde el gasto en personal de confianza o en altos cargos no refleja ese esfuerzo de austeridad. Por eso hemos presentado tres enmiendas, la 1599, de totalidad a esta sección, la 1602 y la 1603, referidas a este gasto en altos cargos y personal de confianza. La enmienda 1604 plasma en cifras lo que comentamos esta mañana respecto a las dotaciones para expresidentes del Gobierno y el espíritu es el que expliqué esta mañana. No nos oponemos a que haya un gasto en expresidentes del Gobierno, pero nos oponemos a que se compatibilice con unas remuneraciones privadas muy elevadas. Las enmiendas 1600 y 1601 recogen el cuestionamiento del CIS, que mi grupo ha llevado a cabo también en presupuestos anteriores, por entender que sus trabajos adolecen de falta de objetividad y que las funciones que realiza podrían externalizarse con un menor coste. Esto es todo en lo que se refiere a esta sección.

El señor PRESIDENTE: Del Grupo Mixto no hay nadie. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: En coherencia con la exigencia general de estos Presupuestos Generales del Estado, también en el Ministerio de la Presidencia se ha llevado a cabo un extraordinario ejercicio de austeridad, de ajuste presupuestario y de contención del gasto. No voy a extenderme en el marco general presupuestario del Gobierno, lo han hecho suficientemente los compañeros de mi grupo parlamentario que me han precedido en el uso de la palabra, simplemente diré que la cuantía total del presupuesto del Ministerio de la Presidencia sin consolidar, es decir, incluidas las transferencias a organismos públicos, asciende en 2012 a 432 millones de euros, lo que supone una disminución total del 3,8% respecto del presupuesto de 2011, es decir, 17 millones de euros. Si hablamos del presupuesto consolidado, la cifra total para 2012 asciende a 109 millones de euros, lo que supone una disminución de 3 millones de euros, es decir, 2,62%. En consecuencia, en similares términos al resto de la Administración General del Estado, la sección 25 opera un importante ejercicio de ajuste presupuestario para el Ministerio de la Presidencia.

Se han presentado distintas enmiendas. Voy a intentar agruparlas para aportar claridad y concisión a mi intervención. Se han presentado enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios Socialista y UPyD. UPyD no ha hecho alusión a las razones por las que presenta la enmienda a la totalidad, y yo entiendo que son razones sobre todo políticas, sin más, y el Grupo Socialista sí se ha referido, aunque someramente, a las razones por las que presenta la enmienda de totalidad y, al final, son razones políticas, pero se ciñen a tres cuestiones: la cuestión de personal, la cuestión de unas supuestas duplicidades organizativas mediante la creación o no de una dirección general en el Ministerio de la Presidencia y las partidas correspondientes a la memoria histórica. Como haré referencia a cada uno de estos asuntos cuando aborde cada una de las enmiendas agrupadas por materias, entiendo que dando contestación a las enmiendas parciales estoy dando contestación también a la enmienda de totalidad que plantea el Grupo Socialista.

Con respecto a las enmiendas al articulado voy a agruparlas por materias. En primer lugar, en lo que se refiere a la conocida como Ley de Memoria Histórica y la consecuencia del ajuste presupuestario respecto de su cumplimiento, vaya por delante que para este Gobierno la Ley de Memoria Histórica es una ley tan aplicable como cualquiera de las otras que haya salido de este Parlamento y, por lo tanto, el Gobierno la aplica y la va a seguir aplicando mientras no se produzca su modificación. Como saben sus señorías, en la comparecencia del subsecretario de la Presidencia se abordó esta materia y se dio -en mi opinión- cumplida justificación del ajuste presupuestario y se explicó perfectamente qué parte de la partida presupuestaria se salvaba y por qué razones. No obstante, como algunas de sus señorías no estaban en aquella ocasión, repetiré la argumentación.

En el año 2011 se destinaba a esta partida presupuestaria 6,2 millones de euros y en 2012, efectivamente, se pasa a 2,5 millones de euros. Ahora bien, la cantidad de esos 6,2 millones de euros que en 2011 se dedicaban a las exhumaciones de las fosas no llegaba a 2,2 millones de euros. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 aprobamos una partida de 2,5 millones de euros; es decir, se incrementa en 300.000 euros la dotación presupuestaria que se va a destinar a lo que entendemos que es la cuestión más esencial de la Ley de Memoria Histórica, que es la cuestión puramente humanitaria del rescate de las fosas de la guerra civil y de la posguerra. En consecuencia, entendemos que hemos ajustado allí


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donde las necesidades sociales eran menos evidentes. Voy a hacer un repaso de las partidas para evidenciarlo. ¿Qué es lo que se suprime? Se suprimen las partidas dedicadas a estudios, documentales, publicaciones, exposiciones, jornadas y cursos, homenajes, elementos conmemorativos. Solamente en estas partidas de difusión o de propaganda -y lo digo sin ninguna intención- del contenido de la Ley de Memoria Histórica son 2 millones de euros. Luego hay 1.400.000 euros que se refiere a testimonios orales, archivos y censos que prácticamente están finalizados y no tenía sentido mantener. Lo que sí hemos hecho es incrementar la partida presupuestaria destinada a la dignificación de las fosas y a la recuperación de los cadáveres. Hasta el punto es así -y lo dije también en el momento de la comparecencia del subsecretario de la Presidencia- que los organismos no gubernamentales dedicados a este aspecto han hecho declaraciones en medios de comunicación declarando su satisfacción. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha sentido favorablemente sorprendido, dice: porque en un contexto de crisis no parecía que esto fuera a ser posible. El forense que más fosas del franquismo ha abierto, don Francisco Chavarría, calculaba: con este dinero vamos a poder mantener el ritmo de recuperación de los últimos años de unos trescientos esqueletos por año. Es decir, incluso las personas que se dedican a esto, desde el punto de vista de las ONG, han declarado su satisfacción. Espero dar contestación con esto a las enmiendas que se presentaron por parte del Grupo Socialista, la 1274; La Izquierda Plural, la 2438; y el Grupo Mixto la 780.

Con respecto a las enmiendas presentada por UPyD 1600 y 1601, de supresión del Centro de Investigaciones Sociológicas, quisiera hacer alguna referencia con carácter general. Parece ser que la enmienda se apoya en dos razones: una, que no hay referentes en derecho comparado de organismos de este tipo; y dos, falta de objetividad del CIS. Con respecto a la falta de objetividad del CIS es opinable en qué momento se ha producido y, en todo caso, el hecho de que en algunos momentos de su historia no haya funcionado de acuerdo con los estándares de objetividad que su señoría entiende que son los deseables, no significa que en este momento no se vaya a hacer. En todo caso, no debería afectar a la subsistencia del organismo. En segundo lugar, en lo que se refiere a la existencia o no de referentes, como su señoría sabe, es verdad que no existen en los países de nuestro entorno un organismo que concentre todas las atribuciones que tiene el CIS en España, pero también es verdad que sí existen en casi todos los países de nuestro entorno múltiples organismos oficiales que, de manera dispersa, cumplen similares cometidos a los que cumple el Centro de Investigaciones Sociológicas en España. La única novedad que aporta nuestro sistema, por tanto, es la concentración de las funciones y no la distribución o la dispersión de las funciones en varios centros públicos o privados. Por lo demás, el Centro de Investigaciones Sociológicas es responsable de llevar a cabo estudios que proporcionan diagnósticos precisos para orientar la labor de los poderes públicos mediante convenios con distintas administraciones; desarrolla tareas fundamentales en el apoyo a la formación y a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales a través de becas o a través de ayudas a investigación; y desarrolla iniciativas muy importantes con entidades privadas en términos de investigación sociológica, no solamente política, sino para hacer seguimiento y evaluación constante de los distintos aspectos de la sociología de la sociedad española. Por tanto, es un organismo que debe mantenerse en su configuración actual.

Respecto de la Dirección General de Coordinación con las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas, a que se refiere la enmienda del Grupo Socialista 1275, quiero decirle al representante del Grupo Socialista que en realidad la Dirección General de Coordinación con las Comunidades Autónomas ha existido siempre: existía antes de la Lofage radicada en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Política Interior; a partir de la aprobación de la Lofage se crea en el Ministerio de Administraciones Públicas una dirección general, que es la de la Administración Periférica del Estado; cuando las competencias de esta dirección general y de este ministerio pasan a Presidencia, la dirección general pasa naturalmente con el ministerio a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno; y en este momento lo que se hace es que esa dirección general, con una modificación de su nombre, permanece en el Ministerio de la Presidencia para llevar a cabo una función clara de coordinación política con las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en el territorio. No hay duplicidad porque lo que queda en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es la dotación económica presupuestaria y la dotación de personal, pero la emisión de directrices políticas se desarrolla desde el Ministerio de la Presidencia. Insisto, no es una nueva dirección, no es una dirección general de nuevo cuño, sino que es la misma que se cambia de nombre, que ha ido circulando de ministerio en ministerio y que existe desde la aprobación de la Lofage.

Hay otra serie de enmiendas, que no son propias de esta sección 25 y que, por lo tanto, no podemos entrar a valorar y votar favorablemente. Me refiero, por ejemplo, a la enmienda que plantea Convergència i Unió de cesión al Ayuntamiento de Girona de la sede de la Subdelegación del Gobierno, es la enmienda 3084, que no pertenece a la sección 25 y, por tanto, no podemos entrar a discutir de la materia. Se trata sin duda, en mi opinión, de un error. La misma consideración hay que hacer respecto de las enmiendas que presenta Esquerra Republicana de Catalunya sobre formación de funcionarios de la Administración General del Estado o sobre competencias del Consejo Superior de Deportes o sobre la inclusión social a través del deporte de determinadas personas. Quiero recordar que el Real Decreto 1823/2011 llevó a cabo una reestructuración de esta sección con las consiguientes variaciones de créditos y competencias


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que tenía asignadas, de manera que se traspasan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las competencias relativas al deporte, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En consecuencia, todas estas enmiendas que se han presentado realmente no ha lugar entrar a discutir sobre ellas.

Sí quisiera señalar...

El señor PRESIDENTE: Intentando terminar, ¿no?, señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino inmediatamente, señor presidente.

El Grupo Popular presenta una enmienda contra la violencia de género. En el año 2011 las víctimas por violencia de género ascendieron a 54 mujeres; este año vamos por 24 asesinatos, en el mismo ritmo de los años anteriores. Creemos que hace falta hacer un esfuerzo adicional en este sentido para la erradicación de este mal que azota a nuestra sociedad. Para ello es necesario conocer las causas de este mal, conocer la eficiencia de las medidas que se están implementando y en ese sentido se introduce una enmienda por valor de 77.000 euros, para que el CIS realice una encuesta monográfica que nos dé la percepción exacta que tiene la población española en torno a estos problemas.

El señor PRESIDENTE: Terminada la sección 25, pasamos a la sección 20. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2012 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ve afectado por una reestructuración de los departamentos ministeriales establecidos en el Real Decreto-ley 1823/2011, de 21 de diciembre, y que supuso el traspaso de competencias en materia de comercio al nuevo Ministerio de Economía y Competitividad; es decir, el Ministerio de Industria perdió un sector.

Queremos poner de manifiesto que hemos presentado una enmienda de devolución, cuyos fundamentos son los que voy a intentar exponer a continuación. Es una enmienda de devolución porque fundamentalmente discrepamos en un contenido muy amplio de las políticas del ministerio. Lo hemos manifestado en la convalidación del Real Decreto-ley 1/2012 vinculado a las energías renovables que, desde luego, han experimentado un frenazo en su desarrollo en nuestro país, con lo que ha significado de generación de desempleo, de paralización de actividad industrial, de paralización de actividad de investigación y de paralización de la inversión, sorprendentemente en un sector en el que España estaba siendo abanderada en el mundo entero. También hemos expresado nuestras discrepancias con las políticas del Gobierno en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en otros aspectos y lo pusimos de manifiesto en el acto plenario de la convalidación del Real Decreto-ley 13/2012, donde pomposamente el Gobierno ha pretendido vender el producto de una nueva remodelación en el sistema energético, en el sistema productivo, en la distribución de energía y en la comercialización de la misma. En varios de los artículos, particularmente en uno de ellos, el artículo 7 de ese real decreto-ley, hicimos hincapié en el error que suponía desde la óptica de las regiones insulares y extrapeninsulares que se sacase de la Ley de Presupuestos Generales del Estado el coste o el sobrecoste en la producción de energía y su distribución solidaria entre todos los ciudadanos españoles y, sin embargo, se incorporase al sistema eléctrico general, cargando en las espaldas de los consumidores un planteamiento solidario que debe ser de naturaleza estatal.

Señorías, en este proyecto de ley se suprime un conjunto de créditos y vamos a hacer referencia a algunos de ellos. En primer lugar, se suprimen los créditos destinados a la entidad pública empresarial Red.es para los programas de fomento de la sociedad de la información en una cantidad de 63,6 millones y el programa de atracción de capital riesgo al sector de las TIC en 35 millones. En segundo lugar, los préstamos a los agentes de fuera del sector público, que son la principal partida de gastos en activos financieros, del total de 2.225 millones de euros disminuyen en 433,46 millones, es decir, un descenso del 16,3%. Estos créditos son fundamentales por su proyección a otros sectores dirigidos en su mayor parte a proyectos tecnológicos e industriales cualificados relacionados en programas para el Ministerio de Defensa. Concretamente, este año tienen una asignación de alrededor de 28 millones menos. En tercer lugar, el Plan Avanza experimenta otro descenso, de tal forma que, para diferentes actuaciones, se destinan 515,5 millones de euros frente a un importe el pasado año de 1.071 millones de euros; se reduce prácticamente a la mitad la asignación presupuestaria para el Plan Avanza. En cuarto lugar, a programas de apoyo a la competitividad industrial en sectores estratégicos se destinan este año 408 millones, reduciéndose en unos 58 millones la asignación del pasado presupuesto. En quinto lugar, las políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas y afectadas por deslocalización o ajuste en diversos sectores y planes provinciales específicos se reducen ni más ni menos que en 74,8 millones de euros, quedando ya la cuantía del año pasado, a mitad del ejercicio, extinguida como consecuencia del reparto conveniente. En sexto lugar, para planes de promoción turística a empresas del sector turístico mediante líneas ICO se asignan 318 millones de euros, y para financiación de procesos estratégicos en otro sector industrial, como es el sector aeronáutico, se disminuye en 6,7 millones de euros. En séptimo lugar, para la financiación del programa nacional de observación de la tierra, fundamental en una política de defensa de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de defensa de esa gran batalla que tiene hoy la humanidad planteada, como es la lucha contra el cambio climático, se produce una reducción notable de unos 18 millones menos en la


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consignación de este año con respecto al anterior. Además, señorías, en 2012 se suprimen los créditos destinados al Plan FuturE, de infraestructuras turísticas, que estaban destinados a programas de desarrollo de equipamientos de medios de muy diferente índole.

Así podríamos seguir en un largo etcétera, refiriéndonos a todas y cada una de las partidas presupuestarias, pero desde el punto de vista de la política medioambiental, que es una política transversal en ámbitos competenciales de los diferentes ministerios, tenemos que lamentar la reducción en cerca de 8 millones de euros de la consignación presupuestaria para la Ciudad de la Energía, que queda en una cuantía con la que no va a ser posible ejecutar el proyecto aprobado por Consejo de Ministros años atrás. Señorías, también tenemos que poner de manifiesto que organismos dependientes del ministerio y que figuran en esta sección 20, recogen transferencias estimadas en alrededor de 104 millones de euros, que se distribuyen en el Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, con una variación negativa espectacular, es decir, con un descenso de 218 millones de euros, un 79,6% menor este año que la consignación que tenía el año anterior. Podemos decir lo mismo del Instituto de Turismo de España o del Centro Español de Meteorología, y así sucesivamente.

Queremos poner de manifiesto algo que nos preocupa. En ese proceso de desmantelamiento de la Comisión Nacional de la Energía, frente a una consignación presupuestaria que tenía este órgano, el CNE, el año pasado de unos 434 millones de euros, se reduce en más de 100 millones en este ejercicio de 2012, lo que afectará gravemente al funcionamiento. Esta variación responde a la supresión de las dotaciones que el año pasado se destinaban a la Comisión Nacional de la Energía para atender el extracoste de generación, a lo que se refería la disposición adicional primera del Real Decreto 6/2009, que son 256,4 millones.

Nos alarma excepcionalmente, señorías, la política tendente a debilitar el organismo IDAE, el Instituto para la Diversificación de las Energías Renovables. El IDAE, que viene jugando un papel fundamental con diferentes actuaciones tales como el Plan de Energías Renovables, se ve recortado en 18 millones. Pero el programa que el IDAE desarrolla, un programa del que todos deberíamos sentirnos orgullosos, el programa vinculado a la estrategia de eficiencia energética, se ve también recortado en 21 millones de euros, y el del impulso del vehículo eléctrico en un millón de euros, este es un tercer programa que queda mutilado dentro de los de actuación del IDAE. Queremos alertar a la Comisión y a las Cortes Generales sobre el programa de eficiencia energética, conocido coloquialmente como el Plan E4, sobre el que hay sentencias del Tribunal Supremo que garantizan su financiación con cargo a las tarifas de 2006, 2007, 2008 y 2009. Estos programas sorprendentemente se ven mutilados a pesar incluso de las sentencias de la alta magistratura judicial española.

Señorías, somos conscientes de que esta sección es muy amplia; somos conscientes de que toca materias interconectadas entre sí. A lo largo de los meses que llevamos de legislatura se han producido, tanto en Comisión como en el Pleno, debates sobre la reestructuración que impulsa el Gobierno en la minería del carbón y en el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, y en este debate presupuestario hay que incidir en la línea que viene manteniendo el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podemos aceptar que en las comarcas mineras se produzca un descenso de un 39,1% en las consignaciones recogidas en cada una de las actuaciones para ayudas a los costes de explotación para empresas productoras de carbón con 116,35 millones de euros menos que el pasado año. Es decir, se dotan para este año 186 millones, de los cuales a empresas privadas se destinan 141 millones y a sociedades mercantiles, empresas estatales y otros organismos públicos, 45 millones. En segundo lugar, se reduce la partida correspondiente para cubrir los costes sociales y técnicos, así como las obligaciones contractuales derivadas de la reordenación del sector del carbón en 320 millones de euros. En tercer lugar, se reducen también las partidas presupuestarias para el desarrollo de la formación en las comarcas mineras y se destinan... Disculpen por la afonía.

El señor PRESIDENTE: Aproveche, aproveche que está afónico para ir terminando, señor Segura. (Risas).

El señor SEGURA CLAVELL: Tengo pastillas que reforzarán la voz.

El señor PRESIDENTE: No se las recomiendo en estas circunstancias. (Risas).

El señor SEGURA CLAVELL: ¿No me las recomienda? (Risas).

El señor PRESIDENTE: ¡No, no! (Risas).

El señor SEGURA CLAVELL: ¡Me las ha recomendado el médico!

El señor PRESIDENTE: Pero en las circunstancias en las que estamos, el médico aquí sobra, señor Segura. (Risas). Es el reloj el que domina.

El señor SEGURA CLAVELL: Si me permite un minuto más, señor presidente... Las enmiendas 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1190, 1198 y 1199 están destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón en Asturias, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Y son otras muchas las iniciativas que nosotros hemos propuesto para reconducir las partidas presupuestarias con las que no nos identificamos.

En materia de innovación tecnológica, la 1185 en el sector de defensa; la 1186, segunda fase del Plan de


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reindustrialización de las Terras de l'Ebre; la 1202, reindustrialización de zonas afectadas por localización; la 1206 para el Plan Avanza; la 1207, Plan de crecimiento empresarial, y así sucesivamente. Están recogidas y justifican la posición de petición de devolución al Gobierno de esta sección, vinculada a las partidas presupuestarias y a la política del Gobierno en materia industrial, en materia energética y en materia de política turística. En consecuencia, señorías, reiterando nuestro voto en contra -cuando se produzca- en esta sección, les pedimos el apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Y prometo, señor presidente, que intentaré reponer mis bajas condiciones de emisión en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Le aconsejo que se cuide la laringe porque su oratoria es bien conocida por todos nosotros y muy apreciada.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha planteado una serie de enmiendas a la sección 20, departamento de Industria, Energía y Turismo, que van en la dirección de equilibrar algunos desajustes importantes que se han producido en determinadas partidas de este ministerio, que nosotros entendemos que debería ser un ministerio tractor y motor de la iniciativa privada, y un motor del desarrollo económico que pueden impulsar las pequeñas y medianas empresas y el tejido industrial de todo el Estado español en general. Sin embargo, ha sido un ministerio que ha experimentado unos desajustes importantes en las partidas previstas inicialmente en este presupuesto respecto a años anteriores, con bajadas de un 30 y de un 40%. Es difícil activar la economía y generar confianza cuando un ministerio que tendría que ser motor y tractor en el futuro de lo que podría representar la reindustrialización o la potencia económica o de la economía productiva de un país, no está representado con unos recursos y con unas partidas interesantes. Desde esta perspectiva, hemos implementado una serie de enmiendas que van en la dirección de desarrollar determinadas transferencias de capital a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias exclusivas en Industria, como pueden ser todos aquellos departamentos de investigación y desarrollo tecnológico. También hemos presentado una serie de enmiendas desde la óptica de las energías renovables, en tanto en cuanto con energías renovables como la biomasa es posible desarrollar procesos de reindustrialización importantes a través de su instalación y recuperación o de otras energías alternativas. En este sentido, también hemos presentado cuatro o cinco aspectos para desarrollar estas energías alternativas o estas energías renovables; también enmiendas para dotar de recursos a todos aquellos aspectos que hacen referencia a las comunidades autónomas desde la perspectiva de más capital a los institutos para la diversificación de ahorro energético, así como también a las ayudas e incentivación y desarrollo de actuaciones del Plan de energías renovables. También desde esta perspectiva, nos gustaría dotar de más musculatura financiera a todos aquellos organismos de transferencias de capital de la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de la red de transferencias tecnológicas de Cataluña, Tecnio; a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., Cersa; a la Empresa Nacional de Innovación, Enisa. Al mismo tiempo planteamos una serie de iniciativas importantes para reforzar las líneas financieras a través del ICO para jóvenes emprendedores del turismo y para empresas del sector turístico.

El señor PRESIDENTE: Por Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: El Grupo de La Izquierda Plural ha presentado 39 enmiendas a la sección 20, Industria, Energía y Turismo, por valor de 1.881 millones de euros. La primera de ellas es una enmienda a la totalidad en la que pedimos la devolución al Gobierno del presupuesto de esta sección porque entendemos que no será recortando la política industrial y la política turística como salgamos de la crisis; no será mermando el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación tecnológica como construyamos un nuevo modelo de crecimiento; no será regresando a la energía nuclear y castigando a las energías renovables como avancemos hacia el futuro sino todo lo contrario. Evidentemente, con este presupuesto no cambiamos de modelo de crecimiento y no salimos de la crisis. Y hay que decirlo, con 5.600.000 parados en estos momentos y con la previsión de alcanzar los 6.000.000 de parados a fin de año, lo que hace falta es una política industrial activa, una política de dinamización económica que tenga la creación de empleo como su primera prioridad.

Las enmiendas de Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida persiguen varios objetivos: en primer lugar, apostar por un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo productivo más sano, y para eso reorientamos el programa de competitividad de los sectores estratégicos y lo ampliamos con una dotación superior en un 25% que nos permite compensar los recortes; estamos hablando de una dotación global de 508 millones de euros. En segundo lugar, proponemos también que se compensen los recortes que ha sufrido el programa de reindustrialización y hablamos de una cifra por encima de los 300 millones de euros adicionales con una partida específica para la incorporación de las mujeres a las zonas desfavorecidas, y también otras partidas, de 87 millones adicionales, para zonas que necesitan reindustrialización. Y ahí podemos hablar específicamente del Ferrol, con 25 millones; de las comarcas de Teruel, con 14,5 millones; León, Terres de l'Ebre y Anoia, entre otras. Proponemos también rescatar el programa de observatorios sectoriales industriales que


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ha sido cerrado por el Gobierno sin ninguna justificación aparente. En tercer lugar, nos proponemos recuperar la integridad del Plan Miner para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, un plan que este Gobierno ha desmantelado. Para ello proponemos enmiendas por valor de 390 millones de euros que nos deberían permitir garantizar los proyectos de infraestructuras, la atracción de empresas a estas comarcas mineras y también los programas de formación. Es decir, son enmiendas que, en caso de ser aprobadas, permitirían dar una esperanza de futuro a los vecinos y vecinas de las comarcas mineras. En cuarto lugar, proponemos reforzar el IDAE, que ha sufrido un recorte brutal en este presupuesto. Proponemos ampliar su dotación en 298 millones de euros para impulsar el Plan de energías renovables, la eficiencia energética y la adecuación energética de edificios y, asimismo, crear también una agencia pública de ahorro energético. En quinto lugar, proponemos impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, y lo hacemos a costa de disminuir las partidas consignadas para la innovación de carácter militar. Nos sorprende que en este presupuesto el I+D civil decrezca del orden del 40%, mientras que el recorte en la innovación militar lo hace apenas en el orden del veintitantos. Por tanto, hay que equilibrar eso y proponemos el traslado de cantidades desde la innovación militar hacia la I+D civil por valor de 200 millones de euros para innovación en telecomunicaciones y sociedad de la información, además de otras partidas específicas para evitar la brecha digital en las mujeres y para reforzar el Plan Avanza. Finalmente, en sexto lugar, proponemos compensar los recortes que han sufrido los programas dedicados a turismo, en especial el Fondo para la modernización de infraestructuras turísticas, que proponemos incrementar en 75 millones y el presupuesto de inversiones de Turespaña que proponemos incrementar en 2 millones para recuperar el nivel que tenía anteriormente. Asimismo, planteamos dotar convenientemente los convenios en materia turística con la Federación Española de Municipios y Provincias por valor de 250.000 euros y finalizar los paradores de turismo de Veruela en Aragón, de Molina de Aragón en Guadalajara, de Villablino en la provincia de León y de Puerto Lumbreras en la Región de Murcia.

Como ven, he pretendido ser breve, no he querido citar los números de las treinta y nueve enmiendas de nuestro grupo y pido, en todo caso, el voto favorable para todas ellas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Pocas secciones como la 20 resumen la filosofía autodestructiva que hay detrás de estos presupuestos generales. La filosofía ha sido recortar el gasto en una determinada cantidad de millones no importa dónde, no importa en qué partidas estratégicas. Así nos encontramos con que el gasto en el Ministerio de Industria se recorta casi en una tercera parte cuando nuestro país tiene un grave problema de competitividad internacional y esta es una de las partes del presupuesto que más tiene que ver con la mejora de la competitividad. La competitividad no se mejora fundamentalmente reduciendo los salarios, como parece que algunos piensan y por esa vía nunca llegaremos a competir con países como los países emergentes. La competitividad se mejora con el tipo de gastos que aquí se han cercenado tan brutalmente. Nos encontramos además con recortes en partidas esenciales, como el fomento de las exportaciones. ¿Cómo vamos a lograr a través del sector exterior los crecimientos prometidos cuando se recorta la promoción de la exportación? También se recorta la promoción del turismo, otra exportación al fin y al cabo, en este caso de un servicio en vez de un bien, o partidas ligadas a la internacionalización de la empresa. Realmente es como tirar piedras contra nuestro propio tejado y denota la falta de una estrategia global que hay en las cuentas públicas. Por eso hemos presentado una enmienda de totalidad, la 1549, referida a esta sección 20.

Junto a esta enmienda de totalidad hay muchas enmiendas concretas, las voy a dar todas por defendidas pero me voy a referir a ellas en conjuntos de enmiendas temáticos para resumir su filosofía. Hay trece enmiendas que se refieren al sector turístico. El sector turístico ha sido un puntal de nuestro crecimiento y debe seguir siéndolo en el futuro. Tenemos una ventaja comparativa clara ligada a nuestro clima pero queda mucho por hacer. Durante años se ha hablado de pasar del turismo de sol y playa a un turismo de mayor valor añadido, más ligado a nuestro patrimonio histórico. Esa tarea sigue en gran medida pendiente y cómo recortar el gasto en promoción turística cuando cada vez hay más destinos alternativos que compiten con el nuestro en el norte de África o destinos geográficamente cercanos. Por eso estas trece enmiendas quieren reforzar el gasto en la promoción de España como destino turístico o en la formación de personal experto en turismo.

Otras seis enmiendas tienen que ver con el desarrollo industrial tanto en sectores estratégicos como en zonas de reindustrialización. Hay otras cinco enmiendas ligadas al apoyo a las pymes y emprendedores, como el caso de los centros de apoyo al emprendedor. Y otras tres enmiendas adicionales recogen inquietudes compartidas con otros grupos en relación con la eficiencia energética y las energías renovables y el papel que el IDAE ha desempeñado y debe seguir desempeñando en esta tarea. Por último, hay otras diez enmiendas referidas al sector de las telecomunicaciones, intentando promover el desarrollo de la tecnología 4G en nuestro país y reforzando los recursos del Inteco y de Red.es.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente. Simplemente quisiera señalar que nuestro grupo ha


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presentado dos enmiendas a esta sección 20 -dos enmiendas modestas-, una para impulsar la TDT en un ámbito local muy concreto en Euskadi a través de una asociación, Digibat, y otro proyecto para generar empleo en una zona bastante degradada de la margen izquierda. Es un proyecto que está ya en marcha, se trata de cofinanciar un proyecto para generar empleos, insisto, en un área bastante degradada desde el punto de vista económico. Estas son las dos enmiendas que hemos presentado.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto comparten el turno el señor Jorquera y el señor Álvarez Sostres. En primer lugar, señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señoría, mi formación política, quizás en la sección más castigada del presupuesto, presenta una enmienda para rectificar lo que entendemos que es una situación tremendamente injusta que afecta a varias comunidades autónomas y especialmente a Asturias. Desde que el ministro José Manuel Soria compareció por vez primera en esta Cámara el 31 de enero hemos insistido en varias ocasiones en la necesidad de que se atiendan los compromisos firmes adquiridos por el Estado con el Principado de Asturias en cumplimiento de los planes de la minería. Puesto que el Gobierno se ha negado a dar marcha atrás en su decisión del 30 de diciembre, que suponía la drástica eliminación de los denominados fondos mineros, creemos que la vía de los Presupuestos Generales del Estado es una buena oportunidad para que sea compensada una injusticia, una situación que ha creado una gran alarma en el Principado de Asturias y en el resto de las castigadas zonas mineras de España. Los procesos de reestructuración de las actividades de la minería del carbón a la que están sometidos los municipios mineros de Asturias fuertemente dependientes de esta actividad han producido unos tremendos ajustes de empleo en los últimos años, superiores a 10.000 puestos de trabajo, y descensos de la producción en más de 3 millones de toneladas. Estos ajustes hacen imprescindible acometer un programa que desarrolle las infraestructuras de esas zonas, que minoren las repercusiones de empleo en esas mismas zonas, permitiendo la transformación y modernización de estas comarcas que deberían adquirir un especial atractivo para diversas iniciativas empresariales con el fin de evitar movimientos migratorios ya prácticamente en actividad total. Para el desarrollo de estas infraestructuras se han presupuestado 101.000 millones de euros para el año 2012. Estos fondos se dedican a promover, financiando hasta el cien por cien la realización de proyectos de infraestructuras de transportes, suelo industrial y ordenación del territorio, equipamientos educativos, etcétera. En esta línea va dirigida nuestra enmienda 585 que trata de atender los compromisos firmes adquiridos por el Estado con el Principado de Asturias correspondientes a convenios en vigor, en cumplimiento de los dos planes de la minería 1998-2005 y 2006-2012 correspondientes, repito, a convenios en vigor, y dar cumplimiento por otra parte al artículo 138 de nuestra Constitución sobre las obligaciones del Estado para garantizar la solidaridad interterritorial.

La enmienda 584 hace referencia a la necesidad de que el parador de turismo de Corias, en Cangas de Narcea, vea asegurada la conclusión de sus obras y su consiguiente apertura, se dé por finalizada la inversión realizada hasta el momento, y no se quede como un monumento al desarraigo, al abandono esterilizante. Por ello pido el voto favorable a estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno el señor Jorquera tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: No voy a ser tan exhaustivo como el señor Segura a la hora de comentar los recortes que sufren los distintos programas vinculados a este ministerio. Simplemente me gustaría comentar que si algo nos enseña esta crisis económica es la necesidad, entre otras cosas, de apostar por un cambio en el modelo productivo y en el patrón de crecimiento. En ese sentido el sector industrial juega un papel fundamental, todos los indicadores demuestran que los países más industrializados se están manifestando más resistentes a la crisis, debido a la capacidad que tiene el sector industrial de generar empleo, de contribuir al equilibrio de la balanza comercial, y de introducir innovación en el sistema productivo, y por tanto una economía más vinculada al conocimiento. Por ese motivo entendemos que es necesario precisamente en este contexto apostar por políticas de estímulo para los sectores con más capacidad de empleabilidad frente al drástico recorte que se contempla en estos Presupuestos Generales del Estado. Esta es la filosofía que inspira nuestras enmiendas. La enmienda 2706 propone que se incluya una dotación para hacer posible un programa para la implantación de planes específicos de desarrollo industrial en Galicia, a través de un convenio de colaboración con la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que en Galicia el índice de producción industrial está cayendo de una manera alarmante. Se está produciendo una importante reducción de empleo industrial, y en particular sufren una crisis aguda sectores industriales tradicionales con un importante volumen de empleo en Galicia, como es el sector naval.

La enmienda 2707 propone también dotar un programa dirigido a incentivos a las pequeñas y medianas empresas para estimular su actividad y la creación de empleo, y las enmiendas 2708, 2709 y 2710 proponen mejorar la dotación de los distintos programas destinados a la reactivación de las comarcas mineras que en este proyecto de presupuestos sufren un drástico recorte. En Galicia también hay comarcas mineras como la comarca de As Pontes y la comarca de Meirama, cuya economía dependía en buena medida de la actividad extractiva vinculada a las minas de lignito allí existentes, y que han sufrido el total agotamiento. Por tanto es necesario contemplar


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programas que, por un lado, compensen los costes sociales que se derivan de la pérdida de la capacidad y actividad por la extracción de carbón de estas comarcas mineras, que refuercen los fondos adicionales destinados a la formación de trabajadores en estas comarcas, que contemplen también mayores dotaciones para inversiones en infraestructuras en las mismas que contribuyan a su diversificación y dinamización económica, así como a la diversificación de su tejido productivo.

Por lo demás, ya para concluir, quiero dar por defendidas la enmienda presentada por el señor Salvador Armendáriz, las enmiendas presentadas por la señora Barkos, por el señor Baldoví y por la señora Jordà.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular han solicitado repartir el turno entre los señores Sánchez Díaz, Erias y Fajarnés. ¿En ese orden? (Asentimiento).

Señor Sánchez Díaz.

El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en este debate presupuestario. En primer lugar, hay que agradecer a todos los grupos el esfuerzo que han hecho para presentar en este caso ciento noventa enmiendas, estoy seguro de que con la intención de mejorar el texto que presenta el Gobierno. Es evidente que este presupuesto -y lo dijo ya el ministro en el debate de presupuestos en Pleno para tratar las enmiendas de totalidad- se presenta en una situación absolutamente crítica y excepcional. Todos los grupos entienden este momento que estamos viviendo. El hecho de que quieran mejorar en particularidades, en localidades, en su territorio, en su comunidad, es lícito e históricamente se ha hecho así. No obstante este presupuesto tiene muy poca capacidad para su modificación. Por tanto el Partido Popular, consciente del momento que vive y aceptando esta responsabilidad, es muy difícil que pueda aceptar enmiendas que desvirtúen el presupuesto. En esta línea nos estamos manteniendo todos los intervinientes, pero especificarán un poco más mis compañeros, en este caso en energía el diputado Erias.

El señor PRESIDENTE: El señor Erias tiene la palabra.

El señor ERIAS REY: Intervengo para defender y analizar las enmiendas presentadas a la sección 20 en lo tocante a la energía. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los grupos por las aportaciones que han intentado desarrollar enmendando esta sección, pero también quiero señalar de manera clara que este presupuesto es un presupuesto comprometido con la estabilidad, y que por lo tanto es un presupuesto que pretende cumplir con los objetivos de déficit presupuestario que el reino de España ha de cumplir. Por tanto al analizar este presupuesto y al valorar cada una de las aportaciones realizadas por los distintos grupos, la reordenación a la que se han visto sometidos los distintos programas en las distintas partidas presupuestarias algo tiene que ver con ese escenario de cumplimiento del déficit del 5,3%. Para cumplir eso es necesario reordenarlo de alguna forma, y especialmente atender aquellos conceptos en los que en presupuestos anteriores no se ha producido ejecución presupuestaria sustantiva. Es más, en algunos de los programas que aquí se han mencionado, especialmente los tocantes a la minería, en muchos casos se había ejecutado escasamente el 20%. Por tanto no tiene sentido tener recursos ociosos en programas cuando hay unas necesidades que atender prioritariamente, con las que se ha comprometido el Gobierno de España. Al mismo tiempo es preciso marcar unas líneas sobre cómo superar la situación y las dificultades por las que atraviesa nuestra economía, algunas de las cuales son heredadas, especialmente todas aquellas que tenían que ver con la definición de un nuevo modelo productivo. Ese nuevo modelo productivo no lo hemos visto por ninguna parte y lo que hemos padecido ha sido la inadecuación del presupuesto a las acciones de política. Se habló del coche eléctrico, de los programas del IDAE, y también de otro conjunto de enmiendas que tengo que decir que desafortunadamente para España no solo no se han cumplido, sino que han generado expectativas en cierto modo perversas para uno de los sectores más importantes que tiene el sector industrial español. Se ha de tener en cuenta que hemos analizado con mucho detalle las enmiendas con el espíritu de sumar a esta propuesta de proyecto de presupuestos, donde prime la estabilidad y al mismo tiempo la contención del déficit, y con gran empeño. En primer lugar, hemos analizado las tres enmiendas a la totalidad, que rechazamos tanto por el fondo como por la técnica presupuestaria utilizada. Realmente nos sorprende que algunos grupos hayan tirado de la sección 31, cajón de sastre que a veces es susceptible de utilizar, para las minoraciones. Francamente hay que hacer un esfuerzo adicional y justificar bien cada uno de los programas que se proponen de manera alternativa, ya que si no ciertamente cualquier Gobierno no tendría mucha posibilidad de poder aceptar ese tipo de propuestas.

Hay un conjunto de enmiendas al articulado, y especialmente queremos destacar dos que se van a aceptar y que tienen que ver con la supresión de las disposiciones adicional trigésimo octava y derogatoria segunda del proyecto de Ley de Presupuestos de 2012. Se refieren a la compensación de los extracostes del sistema eléctrico insular y extrapeninsular. Son las enmiendas 492, del Partido Nacionalista Vasco, y 2792, de CiU. Desafortunadamente hemos de rechazar otro conjunto de enmiendas que se han presentado en el mismo sentido, que no tenían en cuenta que el decreto de 30 de diciembre no permite presupuestar más del 17% de lo que ha supuesto este extracoste en el año 2011. Por tanto a nuestro pesar -repito-, por estar mal formuladas, hemos rechazado este conjunto de enmiendas. Y después


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se han presentado cuarenta y una enmiendas de reforma de los programas presupuestarios existentes. Desafortunadamente vamos a rechazar todas porque no encajan ni con las acciones que este Gobierno pretende llevar a cabo ni con el espíritu que persigue este presupuesto. En este momento quiero agradecer a todos los grupos el esfuerzo realizado y decirles que este presupuesto ha de atender a la prioridad que tiene la economía de España.

El señor PRESIDENTE: Para terminar en este turno tiene la palabra el señor Fajarnés.

El señor FAJARNÉS RIBAS: El presupuesto de la secretaría de Estado de Turismo, como ya se dijo en la comparecencia de la secretaria de Estado, no es un presupuesto aislado ni tampoco es un departamento ajeno a las reformas generales que ha emprendido el Gobierno ni a la dura realidad económica que hemos heredado. Son unos presupuestos, como dijimos, de control de las cuentas que reafirman la importancia del turismo para el Gobierno, y que dan prioridad a la promoción de creación de empleo como objetivo fundamental del Gobierno y de la política del Partido Popular. Son unos presupuestos, señorías, austeros, realistas, reales y los únicos posibles. Por eso nos sorprende la falta de responsabilidad de algunos grupos al plantear determinadas enmiendas, que ahondarían aún más en el déficit; por cierto, los mismos grupos que dieron soporte al Gobierno anterior durante los ocho años últimos, que han dejado el país en la situación en que estamos, y además un presupuesto, el de la secretaría de Estado de Turismo, hipotecado justamente por lo comprometido por el anterior Gobierno.

Los grupos parlamentarios presentan cuarenta y dos enmiendas, las cuales no plantean ninguna alternativa global presupuestaria, sino que son una simple suma de enmiendas por intereses territoriales, sin rigor presupuestario ni político, y lo que es peor -lo ha anunciado también mi compañero, el señor Erias-, la mitad de las mismas, veinte de las cuarenta y dos, están mal planteadas técnicamente, demostrando un desconocimiento preocupante de la estructura y de la norma presupuestaria. Son cuarenta y dios enmiendas, como he dicho antes -por cierto, la mayoría de los portavoces de los grupos las han obviado-, y catorce son de paradores, siendo nueve del Partido Socialista, y de las nueve hay siete también de paradores. Y sorprende, o mejor dicho no sorprende, porque al final la presentación por parte del Grupo Socialista de esas nueve enmiendas viene a demostrar que no tienen alternativa y que durante estos últimos años no tuvieron política turística en el Gobierno del Partido Socialista. Y cuando hablamos de Paradores quiero volver a reiterar en esta Comisión que la cantidad presupuestada en el año 2012 es la misma cantidad que presupuestó el Partido Socialista en el año 2011, la misma cantidad. También quiero reiterar que el Gobierno ha dicho -por activa y por pasiva, tanto el propio ministro como la propia secretaria de Estado- que los paradores que se han empezado se van a terminar. Por lo tanto deberían decaer todas las enmiendas que hay planteadas sobre paradores. Eso por un lado. Por el otro, mientras no se sanee Paradores -y quiero volver a reiterarlo-, con un agujero de 110 millones que ha dejado el Gobierno anterior, mientras no se sanee Paradores no se van a hacer nuevos. Eso no quiere decir que los que están en trámite administrativo o negociando con otras administraciones no puedan seguir su curso.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular rechaza todas las enmiendas que se han planteado -cuarenta y dos- por no adecuarse a la realidad o estar mal planteadas o ir en contra de la política que está realizando el Gobierno de España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado las secciones que teníamos previstas hasta la hora de votación, que como saben ustedes está anunciada para las 20:00 horas. Por tanto tenemos tiempo. Yo les consultaba antes si podíamos entrar en las secciones 17 y 23, si tenían preparadas a las personas que tienen que intervenir. He recibido una lista de los intervinientes, solo me queda el Grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural. ¿Están también de acuerdo sus señorías? (Asentimiento). Entonces podemos continuar y ahorramos la sesión de noche.

Sección 17. Para las enmiendas del Grupo Socialista solicitan compartir turno el señor Simancas y la señora Iglesias. Señor Simancas, tiene la palabra.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: El Grupo Socialista plantea una enmienda a la totalidad en esta sección porque entendemos que los presupuestos que presenta el Gobierno en materia de obra pública representan una desinversión suicida, y en materia de política de transportes suponen la liquidación y el cierre de los grandes operadores públicos de transporte. Nos argumentan que estos son unos presupuestos austeros en materia de infraestructuras. No; a nuestro juicio la austeridad supone ajuste en el gasto desde la ponderación y la inteligencia, pero no vemos ni ponderación ni inteligencia por ninguna parte en esta sección 17. No son unos presupuestos austeros; son unos presupuestos malos, porque promueven la desinversión indiscriminada, porque profundizan en la crisis, porque promueven el desempleo en mayor medida del existente en la actualidad. Son unos presupuestos en materia de obra pública también procíclicos que nos van a llevar de la recesión a la depresión. Nos dicen que su objetivo es el déficit, el déficit, el déficit -tres veces, nos dice el señor Montoro, el déficit- y sin embargo este país, la economía española tiene también otros objetivos que yo quiero recordarle al Grupo Popular. La economía española también tiene como objetivo la reactivación, la generación de empleo, la modernización de su modelo productivo, ganar competitividad, generar cohesión social y territorial. Para nada de esto, que son objetivos de primer orden en este país, para nada de esto sirve el proyecto de presupuestos


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del año 2012 que nos trae el Gobierno en la sección 17. En esa ansiedad ciega por cumplir los objetivos del déficit no diferencian ustedes el gasto superfluo, el despilfarro de lo que es inversión productiva y aplican ustedes no ya la tijera, sino la sierra eléctrica sobre cualquier cosa que se les ponga por delante. No se dan cuenta de que recortando la inversión productiva cercenan ustedes cualquier oportunidad de recuperación económica para este país. Y sin crecimiento no hay dinero para nada, tampoco habrá dinero para pagar la deuda ni para enjugar y reducir el déficit. Enmienda a la totalidad en esta sección 17 porque estos presupuestos son una amenaza para la mejora de la productividad en este país, para la mejora de la competitividad de nuestra economía, para la cohesión social y territorial; estos presupuestos son una condena a muerte a cualquier posibilidad de reactivación económica a corto plazo. Además la filosofía de estos presupuestos ya está presente en la actuación del Ministerio de Fomento durante los primeros meses del año, y las cifras de Seopan sobre licitación pública en el primer trimestre arrojan una caída de la licitación en obra pública en este país del 56% en el primer trimestre, y una caída de la quinta parte de la licitación en el mes de marzo. Esto no es austeridad, esto es desinversión salvaje, esto es un suicidio económico, esto es cierre de empresas, y esto es paro, y desde luego nosotros no vamos a ser cómplices de nada de esto. Esa es la explicación de nuestra enmienda a la totalidad.

¿Por qué nuestras enmiendas parciales? Vamos a tratar de corregir en la medida de lo posible -que será poco- las grandes lagunas en la inversión productiva que establece este proyecto de presupuestos para modernizar nuestra red de infraestructuras, para hacer más competitiva nuestra economía, y para mejorar la cohesión social y territorial en nuestro país. Por ejemplo, vamos a dar continuidad a través de nuestras enmiendas, si fueran aprobadas, a la construcción de las grandes redes europeas de transporte y de los grandes corredores ferroviarios y viarios en nuestro país, porque son un compromiso con la Unión Europea y porque mejoran la capacidad logística del país. El presupuesto incorpora una mejora de la inversión sustantiva en el corredor noroeste. Vamos a estar vigilantes de cara a su ejecución; somos algo escépticos, vamos a estar vigilantes, pero en el resto de los corredores hay desinversiones importantes: en el corredor mediterráneo, en el corredor central, en el corredor sur y en el eje cantábrico mediterráneo. En el mediterráneo hay una caída de la inversión cercana al 20%, y queremos saber -no sé si el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos podrá responder- si aquella ocurrencia de los 1.200 millones extra que la ministra pidió a voluntarios en el sector privado se han cubierto ya. ¿Hay muchos voluntarios para aportar esos 1.200 millones? ¿Hay una fila de voluntarios con los maletines llenos para suplir la desinversión del Ministerio de Fomento en el corredor mediterráneo? Si no es así, yo les ruego que acepten nuestras enmiendas.

Queremos reforzar la inversión en la alta velocidad ferroviaria para cumplir los plazos que el Partido Popular nos exigía hasta hace cien días con fruición: Alicante en 2012, Castellón enseguida, Murcia enseguida, Extremadura enseguida. En fin, queremos que se cumpla lo que ustedes pedían con grandes alardes de exigencia hace cuatro días, y que ahora lo plantean con un grado de paciencia realmente sorprendente. Planteamos asimismo enmiendas para financiar el Plan de impulso al transporte de mercancías por ferrocarril, muy importante para ganar competitividad en la economía, para mejorar nuestra red de cercanías ferroviarias, la productividad, la cohesión social y la calidad de vida -y en Madrid, permítanme que lo diga como diputado madrileño, de una manera muy especial-. En carreteras presentamos enmiendas para mejorar accesos a conurbaciones urbanas, a zonas industriales, y para mejorar la conservación. Estamos preocupados; ustedes saben que la Asociación de Conservadores de Carretera plantean un horizonte idílico de 1.600 millones de euros al año para conservar nuestra red viaria dependiente del Estado. El año pasado ya nos gastamos solo 1.100, estábamos en el límite, pero este año plantean ustedes 853 millones. Estamos en zona de riesgo, con todas las alarmas encendidas; estamos hablando de eficiencia, pero también de seguridad vial. Aseguran ustedes que se incrementa la inversión en carreteras en un 13%, y es verdad, pero si se contabilizan las expropiaciones, el pago de las expropiaciones que ustedes han decidido pagar en una sola vez, cuando estaba previsto hacerlo en varios plazos. El hecho es que, si se resta este dinero dedicado a expropiaciones, el presupuesto inversor real en materia de carreteras, el presupuesto destinado a la mejora de nuestras carreteras disminuye en lugar de aumentar. En Madrid nos dicen: de 83 a 125 millones en carreteras; ¡qué bien! Pero no nos dicen que 59 están destinados a pagar expropiaciones pasadas. En realidad se está rebajando este capítulo, y es peligroso.

En materia de puertos y aeropuertos pretendemos mejoras en la eficiencia; no todas las inversiones aeroportuarias son como las de Castellón. Hay inversiones razonables por hacer para seguir siendo competitivos. En materia de transportes, termino con un par de frases: liquidación y cierre en AENA y en Renfe. No estamos de acuerdo. Nos dice la ministra que AENA pierde mucho, preparando el terreno para su privatización, y no es verdad. No dice la ministra que el año pasado Navegación Aérea ganó dinero, y AENA en su conjunto, si se hubiera hecho un balance honesto en sus cuentas, también hubiera ganado dinero; si no se hubiera aplicado una ingeniería contable atribuyendo pérdidas de este año al ejercicio anterior. En todo caso el incremento de las tarifas que ha planteado el Gobierno en este presupuesto es brutal, un incremento medio del 18% en las tarifas aeroportuarias, del 50% en Madrid y Barcelona, una pérdida de competitividad extraordinaria para el transporte aéreo y para el turismo español, que solo tiene una explicación: quieren ustedes envolver el regalo de una


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manera atractiva, poner un lacito para buscar comprador. Nosotros pensamos en el interés de los españoles y no en la venta de AENA. Por eso les planteamos en el articulado una enmienda de cara a suprimir esta subida tan brutal de las tarifas, instándoles a iniciar el proceso de diálogo y negociación con el sector que establece la ley. En materia de ayudas al transporte de pasajeros y de mercancías con territorios insulares les pedimos crédito ampliable, porque ahora no lo es, y les pedimos que no apliquen ustedes medidas de supuesta eficiencia o de control del fraude que generan graves inconvenientes para los residentes en las islas.

No me queda más que agradecerle al Grupo Popular su extraordinaria generosidad a la hora de aceptar enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, porque no han aceptado ni una sola.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: En la misma línea y brevemente.

Respecto del área de vivienda ya conocemos la intención del grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular: contra el control del déficit, déficit, déficit, exclusivamente. Ya lo vimos durante la comparecencia de los altos cargos del ministerio; algo más que austeridad. Si el año pasado estos presupuestos se definían como austeros y sociales, han pasado a tener la única definición de austeros, pero nada de ser útiles socialmente ni productivamente, y nada de posibilitar crecimiento a futuro en una política que debiera ser tremendamente inversora. Pasamos por tanto de esa austeridad al para qué hacer política de vivienda, que parece desaparecida de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Parece que algunos entienden que, reventada la burbuja inmobiliaria, el acceso a la vivienda deja de interesar, y lo que nos preocupa más, deja de ser un derecho constitucional, como debería ser en el interés de cualquier Gobierno.

Empezaré por una enmienda muy concreta, que es a la disposición adicional de recuperación de la renta básica de emancipación, como ya adelantamos también durante la comparecencia de los altos cargos del ministerio. Hoy los y las jóvenes en nuestro país, con la desaparición de estas ayudas, con la imposibilidad de poder acceder nuevos beneficiarios a este recurso, tendrán que destinar más de un 50% de esfuerzo respecto a la legislatura pasada para poder emprender, para poder acceder a un proyecto autónomo de vida. Las pruebas, los datos de su eficacia, de su necesidad son que más de 490.000 personas solicitaron esta ayuda durante su periodo de vigor y 300.000 fueron los beneficiarios, las personas que pudieron acceder a ese proyecto autónomo de vida. Este Gobierno parece ser que tiene más interés en facilitar que algunas entidades financieras se deshagan de sus activos tóxicos y de las malas inversiones en vivienda que en que quienes necesitan acceder a una vivienda puedan hacerlo, incumpliendo por tanto ese derecho constitucional que deben tener todas las personas en nuestro país, y no solo las personas jóvenes. Se contradice a sí mismo cuando dice en su memoria de objetivos que el alquiler es una prioridad y todas las políticas relacionadas con el alquiler disminuyen un 30%. De ahí nuestra enmienda para recuperar esta ayuda, este incentivo, para que la gente pueda acceder a una vivienda en condiciones dignas y para promocionar el alquiler como una utilidad social y productiva en nuestro mercado. Más allá de esta enmienda a la disposición adicional, el resto de enmiendas que se han presentado por otros grupos parlamentarios y también por el Grupo Parlamentario Socialista adelantamos ya en nuestra comparecencia cuál iba a ser el sentido en el que iban a ir dirigidas. El Estado tiene la obligación de cumplir los convenios suscritos con anterioridad. El Estado debe ser serio. Si se firma un convenio se debe cumplir con lo establecido en esos convenios con otras instituciones. No puede ser un Estado incumplidor con los convenios firmados con entidades como comunidades autónomas y ayuntamientos, en esa lógica de priorizar algunas comunidades y ayuntamientos en función del signo político que tengan o las cercanías electorales. Apoyamos todas aquellas enmiendas que tienen que ver con la rehabilitación. Su propia memoria de objetivos en estos Presupuestos Generales del Estado habla de la rehabilitación de barrios como una prioridad, desapareciendo inversiones por valor de un 60%. Nuestro sentido de voto va a ser favorable a recuperar esas inversiones en rehabilitaciones de barrios urbanos y a incentivar la ocupación de vivienda. También será positiva para aquellas inversiones que tienen que ver con la I+D+i aplicada a la vivienda o a las políticas de cooperación.

En cuanto a las enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Popular ha habido bastantes errores en la tramitación, y nos sorprende, por muy pequeños que sean, que cometan errores que quieran corregir ahora en pequeñas cuestiones para recuperar gasto en cosas como atenciones protocolarias. Esa ha sido la única novedad que han aportado los procesos de enmiendas por parte del grupo que soporta al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Por parte de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Señoras y señores diputados, nuestro grupo, como saben perfectamente, es muy crítico con la actuación del actual Ministerio de Fomento. Y lo es por múltiples razones. Quizá la más importante es porque no acertamos a ver una política clara de prioridades. Saber invertir es saber priorizar. Y esto, que siempre es un razonamiento lógico, lo es muchísimo más en época de falta de recursos como es la actual. Hay que saber priorizar, hay que saber invertir preferentemente en aquello que más pueda coadyuvar al desarrollo económico del conjunto del Estado. En este sentido, creemos que estos son unos presupuestos que no aciertan a invertir


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en aquellas infraestructuras más productivas. Un ejemplo lo constituye el corredor del Mediterráneo. En el presupuesto aparece una consignación ridícula para el corredor del Mediterráneo, aunque en algún documento del ministerio se dice que el corredor del Mediterráneo tiene 1.300 millones, pero esto no es verdad porque buena parte de estas cifras corresponden a algo que es importante y con lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que se culmine, que es la llegada de la alta velocidad a Alicante, a Murcia y a Cartagena, lo cual nos parece excelente, pero no es el corredor del Mediterráneo sino que es el AVE de Madrid a Levante, como su propio nombre indica. Por tanto, si hacemos extracción de estas cifras, lo que se dedica al corredor del Mediterráneo es francamente nimio, llegando al ridículo clamoroso de que el único tramo en vía única, que es un auténtico dogal para Murcia, para Almería y para Valencia, como es la conexión entre Vandellòs y Tarragona, no solamente no se acelera sino que se ha retrasado dos años más. Es ridículo, nadie lo comprende y nos parece que pone de manifiesto que el Gobierno no ha acertado. La prueba de que el propio Gobierno se da cuenta es que la ministra, intentando enmendar su error, se presenta en Valencia y promete -simplemente promete, porque no hay ningún papel que lo justifique- que va a invertir una cierta cantidad de dinero, que tampoco se sabe exactamente la que es, para construir un tercer carril. Nosotros estamos a favor del tercer carril como solución provisional, nos parece aceptable, nos parece bueno para Valencia, como lo fue en su día para Barcelona. Nosotros se lo pedimos al actual diputado Morlán, anterior secretario de Estado, que lo aceptó y se ejecutó en año y medio y también debería ser posible para Valencia. Pero de momento no hay más que palabras, palabras, palabras, y hoy va a haber la oportunidad de ver que solo son palabras porque no creo, señoras y señores diputados, que se acepte la más mínima de las enmiendas de ninguno de los grupos. Por tanto, no se saben escoger las enmiendas que resultan más productivas ni tampoco las que resultan más sociales.

Hay un abandono absoluto de cercanías en muchos puntos, y me van a permitir que no hable de las de Madrid, porque no sé cómo están, pero me temo que hay grandes necesidades, igual que en Oviedo o en Murcia; voy a hablar de las de Barcelona que son las que conozco y las que represento. En las cercanías de Barcelona la cuestión también llega a la indignación, puesto que además hay gravísimos problemas de seguridad que han conllevado ya muchos accidentes con heridos a lo largo de este año; un altísimo riesgo. Hoy mismo me contaba un usuario que ha tenido que cambiar en dos ocasiones de tren porque se han averiado dos trenes sucesivos, y esto pasa día tras día. Solución de los presupuestos: invertir una décima parte de lo poco que ya se invertía el año pasado. Por tanto, nosotros creemos que no son unos presupuestos desde el punto de vista de infraestructuras ni productivos ni sociales, sin ningún tipo de criterio en la elección de las prioridades para la inversión. Podríamos dar más ejemplos, pero solo aludiremos al corredor del Mediterráneo, cercanías -cercanías de Barcelona, pero cercanías en general-, el abandono absoluto de una política de transporte de mercancías por ferrocarril, el abandono absoluto porque no hay nada -el propio documento del ministerio lo reconoce de manera muy clara- y además una desatención absoluta en Cataluña y en toda España a aspectos de seguridad muy importantes. En Girona están los ciudadanos absolutamente indignados, la N-II es un auténtico despropósito, y por cierto se vuelven a disminuir las inversiones para una vía que es un auténtico despropósito desde el punto de vista de la seguridad vial.

Para ir acabando ya, quiero decir que también en vivienda las cosas parecen hechas sin demasiado criterio, puesto que se reducen de forma muy importante las dotaciones; no hay ni siquiera dotaciones para lo que pretende ser la política del ministerio. Dicen: no más vivienda en régimen de venta -lo cual sería discutible, pero bueno aceptémoslo-, sobre todo alquiler y rehabilitación. Pues desaparecen partidas de rehabilitación y no sabemos encontrar partidas destinadas a viviendas de alquiler. Por tanto, en vivienda los presupuestos son también francamente muy insuficientes.

Nuestro grupo ha hecho un trabajo pormenorizado, hemos presentado ciento sesenta y tres enmiendas, hay muchas de muchos grupos y a nosotros nos gustaría que se tuvieran en cuenta algunas de ellas, pero sobre todo nos gustaría que se tuviera en cuenta que hay que cambiar esta visión de las prioridades; hay que priorizar y hay que sacar adelante una política de infraestructuras que tenga mucho más que ver con la política de salida de la crisis y no simplemente con un reparto más o menos homogéneo a largo del territorio, que por cierto tampoco lo es, pero este no es el tema de hoy.

El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: En primer lugar, quisiéramos defender desde La Izquierda Plural nuestra enmienda a la totalidad porque el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos empresariales prevén una inversión de 11.900 millones de euros en grandes obras de infraestructuras, como son las autovías o líneas de alta velocidad, a pesar de no existir en muchos casos ni la demanda suficiente para justificar dicho gasto y existir, esto sí, muchas dudas, cada vez más, confirmadas con datos y hechos, sobre su impacto en el desarrollo de la economía y la creación de empleo. Hay que decir que somos el país -y esto, señoras y señores diputados, se hartarán de oírmelo decir en toda la legislatura- con más kilómetros de autovías y autopistas de toda Europa -esto es una evidencia- y que contamos con más kilómetros de AVE que Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. Además, simultáneamente, se da la paradoja de que somos el país de Europa con mayor índice de paro. Esto abunda en que la creación de empleo


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y de riqueza -los datos son tercos- muchas veces está en cuestión. En el año 2012, según los presupuestos, se pretenden invertir 4.187 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad ferroviaria. Hay que priorizar. En esto tenemos que compartir lo que ha dicho el señor Macias de Convergència i Unió: no se están dando las prioridades. Se utiliza el AVE por un sector de población elitista y de alto poder adquisitivo y, además, minoritario. Además, se prevé gastar tan solo 28,5 millones de euros en cercanías, que es un transporte que utiliza la mayoría social, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Igualmente, el Gobierno pretende invertir, a través de estos presupuestos, 1.280 millones de euros en construir más carreteras. La Izquierda Plural cree que el cambio de modelo productivo, que para salir de la crisis es ineludible abordar, no puede pasar por abundar en un modelo que está fracasado basado en la construcción de grandes infraestructuras, de grandes costes y de poca rentabilidad social, que es exactamente lo que el Gobierno plantea a través de estos presupuestos y por el que, tengo que decir tristemente, apuesta también el Partido Socialista tras oír las palabras del señor Simancas.

La Izquierda Plural apuesta por un modelo donde las infraestructuras se prioricen por su rentabilidad social, donde se posibilite a través de las infraestructuras la máxima accesibilidad con la mínima movilidad posible y que sean esencialmente sostenibles y equilibradas para el territorio y para la inversión pública. Estamos hablando de más obras, más pequeñas y con mayor rentabilidad social. Además de esto, a pesar de que hay un ajuste que se ha sufrido, el reparto es territorialmente desigual. No se destina ni un solo euro a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-León, Cataluña o Islas Baleares al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos estatutos de autonomía. Se les ha olvidado, tengo que decírselo, señores del Partido Popular. En estos presupuestos tampoco se han tenido en cuenta -se les ha olvidado- que todavía existen ejes prioritarios de comunicación incompletos, en muchos casos con una elevada siniestralidad y zonas del interior peninsular que continúan absolutamente alejadas de los grandes ejes de comunicación. Todo ello entendemos que es fruto de la concepción de unas infraestructuras basadas en una red radial -esto es un error que hay que modificar- en vez de en un modelo en el que creemos y apostamos que debe ser en forma de malla.

Respecto a vivienda, las ayudas directas para el acceso a la vivienda se han reducido en 322 millones de euros, mientras que se ha recuperado plenamente la deducción por inversión en la vivienda habitual a través del IRPF con unos incentivos fiscales que hoy podemos decir con rotundidad -y en esto creo que no habría ninguna duda ahora mismo- que han sido uno de los factores fundamentales que han contribuido a la explosión del sector del ladrillo y a la creación de la burbuja inmobiliaria. Y ustedes, erre que erre, vuelven otra vez a incidir en las reducciones a través de la fiscalidad, a través del IRPF, que además suponen unas pérdidas muy importantes, nada desdeñables, de recursos públicos.

Quisiera también hacer mención a la defensa de las enmiendas parciales. En esta sección 17 se han presentado por parte de nuestro grupo doscientas ochenta y nueve enmiendas, basadas fundamentalmente en aquellas actuaciones que pretenden la ampliación presupuestaria para mejorar las cercanías en todo el Estado, la creación de plataformas de bus-vao, transporte público colectivo sostenible en las periferias de las grandes ciudades, fundamentalmente Madrid y Barcelona. Hemos presentado la enmienda 2017 para dar cumplimiento a la Liondau, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pidiendo una dotación presupuestaria que aporte la posibilidad de esa accesibilidad en las estaciones de ferrocarriles de todo el Estado. Asimismo, hemos presentado dos enmiendas a las que quiero hacer mención específica, la 1864 y la 1860, relativas al Servicio Postal Universal. Creemos que estas dos enmiendas son fundamentales porque el Servicio Postal Universal se encuentra en grave peligro; es un servicio de gran valor social que facilita la cohesión territorial y da cobertura a un amplio número de núcleos de población en todo el Estado. Una que pretende el aumento del Fondo de financiación de este Servicio Postal Universal y otra pretende en partida presupuestaria la liquidación de presupuestos de ejercicios anteriores.

Con respecto a vivienda, las enmiendas que hemos presentado van en la dirección de la ampliación de dotación presupuestaria para la mejora y el aumento de la rehabilitación y la eficiencia energética en las viviendas, apoyando y compartiendo la enmienda presentada también por el Partido Socialista para la recuperación, que creemos que es imprescindible, de las ayudas para la renta básica de emancipación.

El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 17 del presupuesto, dedicada al Ministerio de Fomento. Queremos que nos sirva para hacer una reflexión general sobre la estrategia que sigue el Gobierno en este departamento. El Ministerio de Fomento es el principal departamento inversor del Gobierno y las obras que realiza tiene un importante efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía; crean empleo directo e indirecto. Deberíamos aprender de la historia y recordar lo que pasó en la Gran Depresión, que tuvo orígenes y desarrollo muy similares a la que estamos viviendo hoy en día. En los planes contra esa Gran Depresión, las obras públicas jugaron un papel fundamental en programas como el New Deal del presidente Roosevelt. Nosotros no aprendemos de la historia y optamos por lo contrario: en medio de una economía en recesión, recortar fuertemente el gasto en infraestructuras. De nuevo creemos


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que no se está priorizando a la hora de recortar donde sería menos doloroso socialmente y menos doloroso para el crecimiento económico. Tenemos reticencias no solo respecto del volumen de gasto en Fomento, que creemos que habría que haber preservado más, sino también respecto de la composición. Hay necesidades importantes en nuestro país referentes al transporte de mercancias por ferrocarril, de las que se viene hablando hace tiempo, pero que no se solucionan, y, sin embargo, como bien recordaba la portavoz de Izquierda Unida, sí se encuentran miles de millones de euros para seguir desarrollando una red de ferrocarriles de alta velocidad, que todos los estudios señalan como ya sobredimensionada, no rentable socialmente. Debería hacernos reflexionar que Portugal no considera rentable la línea de Lisboa a Madrid y nosotros consideremos rentables las líneas que estamos desarrollando. Por cierto, algunas de las que se desarrollan, curiosamente, coinciden con las próximas fechas electorales, pero seguramente será una coincidencia. Habría que preguntarse por qué otros países como Francia o Alemania no desarrollan tanto sus redes de alta velocidad, cuando disponen de recursos para ello.

Junto a esta reflexión general incorporada a nuestra enmienda a la totalidad, hemos hecho algunas enmiendas más de detalle, secundarias en el sentido de que no incorporan mucho volumen de gasto, pero estaban diseñadas creyendo que el partido mayoritario tendría una mayor disposición a aceptar enmiendas y pensamos que algunas podrían resultar aceptables. Por ejemplo, la enmienda 1486; o la 1487, que se centra en el gasto en conservación de carreteras, sobre todo en los tramos con concentración de accidentes; y la enmienda 1488, que va unida a la 1489 y quiere aumentar la dotación del centro de estudios y experimentación de obras públicas, porque nuestro país es líder en ingeniería civil ligada a las infraestructuras y creemos que es un activo que habría que intentar preservar. Este es el sentido de las enmiendas de mi grupo a la sección 17.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado trece enmiendas a esta sección 17. Consideramos que invertir es una actividad positiva para el crecimiento económico y para el empleo, y no hacerlo, que es lo que hace este presupuesto, va en detrimento del crecimiento y del empleo. Por eso creemos que es necesario impulsar ciertos tipos de inversión, ciertos proyectos de inversión, y es a lo que responden nuestras enmiendas.

Dentro de estas enmiendas nuestro grupo defiende lógicamente aquellas iniciativas de inversión que dinamicen la actividad económica en Euskadi. Concretamente, planteamos a través de ADIF una serie de inversiones en la alta velocidad en Euskadi para la puesta en marcha fundamentalmente de las estaciones que van a requerir esta alta velocidad. No son cantidades importantes, simplemente queremos que se muestre la voluntad del Gobierno de que efectivamente va a hacer una apuesta adicional por la alta velocidad en Euskadi; de hecho inicialmente se pensaba que el proyecto iba a concluirse en el año 2011, luego ya hablábamos de 2013, después de 2016 y ahora no sabemos cuándo va a acabar. Creemos que es un proyecto que no se debe demorar más y hay que hacer un impulso extraordinario para que ello no ocurra. Y además, insisto, esta actividad inversora genera actividad económica y empleo.

Planteamos también tres enmiendas que han de servir para la supresión de pasos a nivel en Gipúzcoa, Vizcaya y Araba. Esta es una demanda que viene desde hace muchísimo tiempo, las cifras evidentemente también son simbólicas, pero sería importante que el Gobierno diera un paso significativo en este sentido; de hecho hay pueblos, como Ortuella, o Zalla, que están absolutamente divididos por el ferrocarril y que generan unos problemas de convivencia importantes en estos pueblos. También planteamos una enmienda dirigida a obras en estaciones de cercanías entre las líneas de Abando-Orduña, Irún-Brinkola y Abando-Santurtzi, y otra que plantea la renovación del material de cercanías de estas mismas líneas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto van a compartir intervención el señor Jorquera y el señor Quevedo. En primer lugar tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto a esta sección, excepción hecha de las de Coalición Canaria-Nueva Canarias, dado que va a intervenir para defenderlas don Pedro Quevedo, y voy a centrar mi intervención en la defensa de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego. Son sesenta y tres y lógicamente voy a hacer un resumen y hablar de criterios. Pero permítanme que antes haga una consideración con respecto a la rentabilidad de la llegada del AVE a Galicia, porque últimamente parece que está de moda acordarse de si es rentable o no el AVE cuando se trata de que llegue a Extremadura o cuando se trata de que llegue a Galicia. Quiero recordar que en muchos debates en la Comisión de Fomento -no en esta Comisión de Presupuestos- manifesté que el BNG consideraba que la apuesta que se hizo por la alta velocidad era una apuesta discutible, porque esa inversión destinada a la modernización de la red ferroviaria previa para hacerla compatible para su uso por trenes rápidos, por trenes de media distancia, por trenes de cercanías y también por trenes de mercancías hubiese requerido una inversión muy inferior, unos gastos de mantenimiento muy inferiores y la rentabilidad social y económica hubiese sido mucho mayor. Pero, una vez que se hizo esa apuesta lo que no se puede es apostar -perdonen la redundancia- por un mapa ferroviario dentro del Estado


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español de dos velocidades, porque si no la condición periférica en lo económico de algunos territorios se vería enormemente agudizada. Y quiero recordar que, en cualquier caso, si se cumplen las nuevas fechas puestas sobre la mesa -después de reiterados incumplimientos- el AVE a Galicia llegará en el año 2018, nada más y nada menos que 26 años después de que llegase el AVE a Sevilla y también un retraso muy importante con respecto a su llegada a Valencia, a Barcelona, a Valladolid, etcétera. Creo que esto para enmarcar determinadas observaciones es necesario.

Nosotros si algo discutimos de la inversión que contemplan estos Presupuestos Generales del Estado para Galicia es que entendemos que se está recurriendo a un artificio presupuestario. Nosotros apostamos por que llegue el AVE a Galicia por las razones que acabo de exponer y apostamos por que llegue sin más retraso. Pero creemos que se dota artificialmente a la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Ourense en su itinerario por parte del territorio gallego muy por encima de la capacidad real de ejecución presupuestaria si tenemos en cuenta el estado de los proyectos en los distintos tramos para decir que se cumple con Galicia. Posiblemente eso tenga algo que ver con la posibilidad de que se anticipen las elecciones autonómicas en Galicia al próximo otoño y que por lo tanto las elecciones autonómicas se celebren antes de que podamos constatar el grado real de ejecución. Eso es lo que cuestionamos, que se haga un artificio presupuestario pero no que se apueste por que Galicia también esté incluida en el mapa del AVE. Quería manifestar esto porque como hay comentarios continuos creo que es importante clarificar algunas cosas.

Precisamente, el objeto de nuestras enmiendas es que la apuesta por que el AVE llegue a Galicia no sirva de pretexto -inflando artificiosamente esta partida- para desatender otras necesidades básicas en materia de infraestructuras de nuestra comunidad. Si hablamos de ferrocarril, Galicia no puede tener aún un horizonte de incertidumbre sobre la llegada del AVE mientras al mismo tiempo tiene una red ferroviaria interna en muchos aspectos más propia de finales del siglo XIX o principios del XX que del siglo XXI. Por lo tanto, nuestras enmiendas van dirigidas a contemplar el eje atlántico ferroviario en su integridad -no solo entre Coruña y Vigo sino entre Ferrol y Tui-, a asegurar la conexión ferroviaria con los puertos exteriores -el ya construido de Ferrol y el que está en avanzado estado de construcción en A Coruña- y modernizar nuestra red ferroviaria convencional para adaptarla a las necesidades de este siglo. Estoy hablando de modernizar la red ferroviaria convencional, no estoy hablando de que haya AVE a todos los pueblos, algo que entre otras cosas es incompatible con el modelo de AVE.

Permítanme que lo ilustre con unos ejemplos. Queremos dotar la actuación para modernizar la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. Estas ciudades están distantes por carretera 50 kilómetros; por mar, 10 kilómetros. Es la segunda región urbana con más densidad de población y mayor volumen total de población de Galicia y resulta que el viaje por tren entre Ferrol y Coruña, en aquellos trenes que hacen paradas, dura hora y media; lo mismo que se tarda en llegar a Valencia en AVE desde Madrid. Y resulta que el estado de esta actuación está en estudio informativo desde hace años. Se va a tardar más en concluir el estudio informativo de lo que se tardó en construir la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que desde que se iniciaron las obras hasta que concluyeron se invirtió poco más de cinco años. Lo mismo se puede decir de la línea ferroviaria entre Ourense y Lugo, donde la distancia en tren entre estas dos ciudades, el tiempo de viaje es equiparable a lo que se tarda entre Madrid y Valencia por AVE. Y lo mismo se puede decir de la necesidad de acometer infraestructuras básicas para operativizar grandes inversiones como las que se ejecutaron para hacer realidad los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña. El puerto exterior de A Coruña, que absorbió un volumen extraordinario de inversiones, va a estar operativo, va a estar a pleno rendimiento sin que se haya resuelto su conexión ferroviaria, algo indispensable para operativizar social y económicamente esa infraestructura. Se va a tardar también más en concluir el estudio informativo para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña de lo que se tardó en construir la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Por lo que respecta al capítulo de carreteras, adecuándonos al actual contexto de insuficiencia de recursos, pretendemos evitar retrasos excesivos en autovías imprescindibles para la vertebración interior de Galicia, como la autovía A-54 que conectará Lugo con Santiago. Las cantidades consignadas en la enmienda para esta actuación pretenden evitar un excesivo retraso fruto de la reprogramación en marcha; admitiendo que el actual contexto de escasez de recursos obliga a esta reprogramación, entendemos que la reprogramación que se deriva de estos presupuestos es excesiva.

Otras actuaciones pretenden mejorar la accesibilidad en las principales áreas urbanas, mejorar la dotación para la conservación y, con ello, la seguridad de la red viaria convencional. Permítanme solo una referencia a una dotación que a través de una enmienda incluimos en estos presupuestos para que se acometa la ampliación de la autopista del Atlántico en su tramo Santiago norte-Santiago sur. Un tramo exento de peaje, un tramo donde esta autopista hace las veces de una semicircunvalación conectando las distintas entradas y salidas a la ciudad de Santiago de Compostela y que desde nuestro punto de vista debe acometerse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, porque la alternativa que está sobre la mesa es que costee la concesionaria esta ampliación a cambio de modificar la Ley concesional pero ampliando el plazo de concesión de la autopista del Atlántico y elevando peajes. Estamos hablando de una autopista fundamental para la vertebración interna de Galicia y consideramos que cualquier alternativa que pase por elevar peajes y ampliar el periodo concesional


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es una alternativa claramente lesiva para los intereses de Galicia.

No me voy a extender más porque sería comentar detenidamente todas las enmiendas. Simplemente, quisiera hacer una aclaración con respecto a una serie de ellas que afectan a transferencias de capital a ayuntamientos gallegos, vía convenio, para la realización de distintos proyectos que figuran en esta sección, como figuran también enmiendas del mismo tenor en otras secciones. Simplemente, una aclaración. Todas estas actuaciones estaban contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Fruto de la decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de paralizar la firma de estos convenios y la ejecución de estas transferencias de capital para no desviarse de los objetivos de déficit no se realizaron, pese a que estos ayuntamientos tuvieron que hacer un esfuerzo económico para redactar y cumplimentar los proyectos y preparar todo para la firma del convenio cuando existía consignación presupuestaria. Y ahora nos encontramos -me gusta ser justo, esto es responsabilidad del Gobierno anterior- con que algunas de estas actuaciones desaparecen de los presupuestos y otras figuran pero con una cantidad significativamente inferior a lo que estaba consignado para el presupuesto del año 2011. Evitar este perjuicio a estos ayuntamientos es lo que motiva que mantengamos estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Seré breve para no abusar de su generosidad, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia).

Debo volver a decir que desde la óptica de los nacionalistas canarios ya hemos expresado cuál es la opinión que nos merece la orientación general que concluye en este proyecto de presupuestos, que entendemos -lo hemos dicho ya creemos que con claridad- que no está en la línea adecuada y que no resolverá los problemas que se pretenden resolver. Sin embargo, por razón de tiempo y de economía procesal en este asunto ya suficientemente latoso, solo indico que tenemos siete enmiendas presentadas a esta sección que afectan a un ministerio y a un área que precisamente es un área -ya se ha señalado aquí- que a la hora de hablar de políticas anticíclicas probablemente tendrá mucho que decir. Políticas de lucha contra ciclos económicos recesivos, como el que estamos viviendo, y es evidente que no parece ser que ese sea el papel que vayan a cumplir en este presupuesto.

Desde la óptica canaria, dos cuestiones nos preocupan especialmente: una, que es necesario que el Ministerio de Fomento reformule muchos de sus planteamientos para permitir estimular la economía del sector público dada la incapacidad absoluta del sector privado para hacerlo en las condiciones actuales. Dos, quiero recordar que en estos presupuestos la convergencia de Canarias en inversiones para alcanzar la media de las comunidades del Estado no solo no está más cerca que en años anteriores, que tampoco llegaba, sino que está más lejos. Por ese motivo me centro en tres temas rapidísimamente. Uno, la cuestión de la vivienda. Entendemos que es necesario para Canarias que se cumplan las obligaciones generadas por los acuerdos de la Comisión bilateral firmada entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad canaria en materia de vivienda. Por cierto, si además recuerdo que tenemos la cifra más elevada de gente que ha perdido su vivienda con motivo de la incapacidad para hacer frente a sus hipotecas, miren ustedes qué ironía más terrible. Desde luego este es un asunto en el que hay una propuesta razonable de 1.869.000 euros que entendemos que es lo que hace falta para que ese convenio se desarrolle y esos planes no se vengan abajo. Cuatro enmiendas están relacionadas con dos temas concretos: uno, la bonificación al tráfico de mercancías entre Canarias, la Península, entre los territorios insulares y también de Canarias con la Unión Europea. Este es un asunto determinante para paliar déficits estructurales, como creo que no es necesario que explique, y supondría una bonificación del 65% del tráfico de mercancías. Este es un compromiso tradicional del Estado con Canarias que confiamos en que se cumpla satisfactoriamente dada su relevancia para la economía y la competitividad de esta tierra. Lo planteamos formulando bajas en dos empresas públicas que pueden resistirlo perfectamente. Otras dos que están relacionadas con la subvención al transporte de personas, de los residentes canarios, Baleares y de Ceuta y de Melilla, que están afectados igualmente, así como en los tráficos interinsulares. Este es un tema determinante, el tema de la conectividad. Estamos hablando de que se cumpla el abono del 50%, tal como está comprometido en los acuerdos reiterados entre el Estado y Canarias. Y por último, hacemos referencia al convenio de carreteras, que para 2012 precisaba 207 millones de euros. La cuestión de las carreteras no es baladí; nosotros no podemos entrar en el debate del AVE porque no tenemos, pero sí les tenemos que decir que hay territorios insulares que necesitan imperiosamente mejorar su conectividad por carreteras porque de eso depende ni más ni menos que su futuro en materia económica. Creemos que hay una propuesta sensata para tratar de que sencillamente se consigne la cantidad que estaba establecida, que ha dado objeto a expropiaciones diversas y que ahora supondrían un retroceso importantísimo en el desarrollo de estas importantes infraestructuras.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación tanto con la sección 17 como con los correspondientes anexos de inversiones de los programas de esta sección y también


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de las entidades del sector público-empresarial que dependen del denominado Grupo Fomento, como es tradicional en esta Comisión, a fin de ayudar a la economía procesal como en otros puntos del debate en esta Comisión de Ppresupuestos. Por tanto, hablaremos también de las enmiendas, como han hecho los otros grupos parlamentarios, referidas a AENA, ADIF, FEVE, Renfe o Puertos del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, mis compañeros portavoces de otras secciones generales del presupuesto ya han señalado cuál es la razón de ser, la postura del Gobierno y del grupo parlamentario que lo apoya en el planteamiento y justificación de los presupuestos para el ejercicio 2012 que se tienen que estar debatiendo y discutiendo en el mes de mayo de 2012 en lugar de en octubre y noviembre del año pasado por las razones que todos conocemos, y en las cuales no voy a entrar. No estamos ante un presupuesto fácil, no estamos ante un presupuesto que sea del agrado, satisfacción y tranquilidad del Grupo Parlamentario Popular, pero es el único presupuesto posible para cumplir los compromisos que España tiene para salir de la crisis. Por tanto, este es el presupuesto que el Grupo Parlamentario Popular tiene que defender.

En cuanto a las manifestaciones que se han hecho aquí con anterioridad en razón de las posiciones ideológicas de cada uno de los otros grupos, que respetamos y que me parecen razonables, no estamos en esa posición, no debemos entrar en eso, porque estamos en otra situación y en cuál es la política concreta que España tiene que hacer en este momento.

Quiero también matizar en los grandes rublos que corresponden al Ministerio de Fomento, que corresponden a la sección 17 y a las entidades del sector público empresarial que dependen del denominado Grupo Fomento. Es cierto que los recursos totales del Grupo Fomento para los presupuestos del ejercicio 2012 ascienden a los 20.104 millones a los que algún portavoz ha hecho referencia. Quisiera destacar que esos 20.104 millones de euros se distribuyen en proporción al ejercicio del año 2011 en las diferencias siguientes: 9,8% menos de gasto de personal, disminución en gasto de personal casi un 10%; disminución en gastos corrientes un 7,3% y aumento de la inversión un 4,8%. Por tanto, señores diputados, señores portavoces de los otros grupos parlamentarios, vamos a establecer cada cosa en su sitio porque, como digo, la inversión asciende a 11.928 millones de euros, es decir, un 59% del presupuesto distribuido entre los capítulos 6, 7 y 8. Y de esta inversión de los 11.928 millones de euros quiero significar que el 6,8% corresponde a vivienda, que la preocupación del Grupo Parlamentario Popular es similar a la que tienen otros grupos parlamentarios y, por tanto, tiene una especial fijación y una especial atención en los presupuestos con 814,2 millones de euros. Seguimos apostando, cosa que no creo que sea criticable, por el ferrocarril, por las carreteras y su conservación, por los aeropuertos y seguridad aérea y también por los puertos y seguridad marítima en las proporciones que ustedes ya conocen.

Quiero señalar que estos presupuestos son los que nos podemos permitir en estos momentos y que en muchos casos suponen, como ustedes saben, tener que hacer frente a situaciones creadas con anterioridad que eran extrapresupuestarias. No voy a entrar hoy, no creo que sea el momento, entraremos cuando corresponda o cuando alguien quiera que así lo hagamos, en lo que han supuesto los presupuestos de ejercicios anteriores, que han dejado de invertir a lo largo de estos años, a lo largo de los siete años de gobiernos socialistas, cantidades importantísimas de dinero, muchos millones de euros, de los que hemos estado blasonando que invertíamos en determinadas comunidades autónomas y que ahora vemos que año tras año se han perdido. No voy a entrar en ellos porque me parece que no es la misión de hoy en día. La misión de hoy es señalar qué va a hacer el Grupo Popular con los presupuestos y qué va a hacer con las enmiendas que se presentan por el resto de grupos parlamentarios.

Se han formulado varias enmiendas a la totalidad que indudablemente tenemos que rechazar, pero tenemos que hacer una especial mención a la intervención del señor Simancas, portavoz del Grupo Socialista, que cambia de sombrero con una facilidad terrible porque ha hablado de desinversión indiscriminada y en ese caso habría que ver otros presupuestos, que provocan desempleo y, además, nos da la receta y nos recuerda cuáles deben ser nuestros objetivos: que tenemos que reactivar, que tenemos que generar empleo y que no tenemos que acudir al despilfarro. ¡Ya era hora de que se diera cuenta, señor Simancas! Porque precisamente son los tres elementos definidores en los que la política del Partido Socialista puede estar bebiendo permanentemente de lo que han hecho en los últimos años. Señor Simancas, estos presupuestos son precisamente para lo contrario. Por tanto, cuando defienden esa enmienda de devolución de la sección 17 no deja de ser un puro sarcasmo porque, señor Simancas, parece que hoy, 7 de mayo de 2012, venimos de Wonderland, con Alicia, y vamos a llegar a las calderas de Perico Botero por culpa del Partido Popular. Venimos del País de las maravillas y vamos a las calderas de Perico Botero por culpa de este Gobierno. Señor Simancas, creo que debería hacer una pequeña reflexión en cuanto a esto.

Tengo que hacer una referencia general a las enmiendas del Grupo Socialista, las más numerosas, porque, dicho con todos los respetos, son enmiendas que no se deberían haber admitido a trámite en esta Comisión -no me dirijo a usted, señor presidente, sino técnicamente-, porque todas las enmiendas referidas al sector público empresarial -es decir, AENA, Seitsa, ADIF, Renfe y Puertos del Estado- tienen la baja correspondiente a las mismas de la sección 31. Eso no es admisible, tienen que ser de los propios balances y activos de las propias entidades. Por tanto, no se pueden admitir las enmiendas porque técnicamente están todas mal planteadas


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y las que no, van a lo no regionalizable. No se atreven ustedes a hacer la política clara de decir: quiero que se haga esta obra, porque quiero que esta no se haga. No, ni una sola, todo a lo no regionalizable o todo a la sección 31, impropia de las bajas del sector público empresarial. Eso técnicamente es inadmisible. Se las han admitido, pero no se las tendrían que haber admitido. Señor Simancas, solo hay una enmienda que estaba bien planteada y esa se la hemos admitido. La enmienda 1021, una enmienda que técnicamente es correcta, está bien, nos parece razonable y, por tanto, admitimos la enmienda 1021, del Grupo Parlamentario Socialista.

El resto de enmiendas de los demás grupos parlamentarios, por las razones genéricas que he señalado, no las podemos admitir.

No me sustraigo, señor presidente, a que me permita un comentario final. El señor Simancas hace especial hincapié en que hacemos trampa en el presupuesto porque pagamos las expropiaciones. ¡Hombre!, que el representante del Partido Socialista diga aquí que pagarle a los pequeños propietarios de suelo el terreno que se les ha quitado para hacer infraestructuras, que muchas están en obras, porque podía hacerse otra cosa, me parece ideológicamente impresentable y acerca mucho al señor Simancas a Argentina. Señor Simancas, usted es un confiscador. (Risas). Por tanto, si a usted le parece bien que no se paguen las expropiaciones en este país, que no se paguen las expropiaciones de los terrenos que ustedes han confiscado sin pagar, dígalo más claro. Desde luego, usted debería presentarse a diputado en el Parlamento argentino y no en el Parlamento español. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: No sé cuantas gracias le tengo que dar, señor Ayala.

En cuanto al tema de la admisión de las enmiendas, ha sido tratado en la Mesa, que es donde se estudia, y con los portavoces, y basándonos en los precedentes que hay de otros años en los presupuestos es por lo que se han admitido. Por tanto, es una admisión legítima y legal. Por cierto, también es verdad, tal y como me recuerda el vicepresidente, que quisiéramos que los grupos parlamentarios fuesen más rigurosos en la presentación de las enmiendas en los próximos presupuestos. Hemos terminado la sección 17.

Pasamos a la sección 23, que será la última que veremos esta tarde. Después pasaremos a las votaciones. En la sección 23, en las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista van a compartir turno el señor Sicilia, la señora Pajín y la señora Narbona. Espero que el tiempo sea compartido. Empezamos por el señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Tomo la palabra en nombre de mi grupo para defender las enmiendas que hemos presentado a esta sección 23 del presupuesto, relativa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un presupuesto alarmante, catastrófico, con recortes brutales, desmedidos y graves, y no son palabras del Grupo Socialista sino calificativos que las organizaciones agrarias dieron al presupuesto del ministerio una vez que lo conocieron, porque todas las organizaciones agrarias sin excepción han criticado el presupuesto del ministerio. Todo el sector, todas las organizaciones están en contra de un presupuesto que presenta un recorte brutal, de más del 30% respecto al ejercicio anterior, lo que evidencia que para el Gobierno del Partido Popular la agricultura, la ganadería, la pesca y el desarrollo rural no son una prioridad sino más bien una mera área en la que poder cuadrar las cuentas del presupuesto general. Nos dirán, ciertamente, que el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios más inversores y que por tanto es el que podía ajustar más sus cuentas, pero no es menos cierto que durante la campaña electoral el Partido Popular y el propio ministro, señor Cañete, en su primera comparecencia nos prometían que la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural serían ejes prioritarios de la acción del Gobierno, cosa que a la vista del presupuesto, evidentemente, no es así. Por tanto, el ministerio, como les digo, ha servido meramente para que el Gobierno en su conjunto pueda cuadrar las cuentas del Estado.

Es la única explicación que encontramos para que el ministerio sufra este recorte, un recorte que es casi el doble del que sufre la media del conjunto de los ministerios. Si el total de los ministerios tiene un recorte en torno al 17%, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llega casi a doblarlo, con más de un 30%, como les decía. Cabe, por tanto, preguntarse en este momento qué se va a hacer en este ministerio, qué política agraria va a desarrollar, qué va a hacer el ministro con esas 66 medidas que anunció en su primera comparecencia ante la Comisión. Muchos planes, muchas medidas, pero sin apenas presupuesto. Entendemos que el plan que nos presentó, ese conjunto de medidas, era para los cuatro años de legislatura -es evidente-, pero viendo el presupuesto también queda claro que para el Ministerio de Agricultura la legislatura no empezó el año anterior, no empieza ni tan siquiera este año, sino que debe comenzar en 2013 o más adelante, porque sin duda el presupuesto no recoge partidas suficientes como para poder desarrollar con una mera eficiencia o con una mera capacidad todas aquellas propuestas o una parte de las mismas que nos presentaron. Como digo, 66 medidas que quedan en el aire o cuando menos vacías de contenido, puesto que no cuentan con partidas presupuestarias suficientes para poderlas desarrollar. Prácticamente, lo único que ha hecho el ministerio ha sido dotar de inversión aquellas ayudas, aquellas partidas que vienen de Europa. El ministerio lo único que hace es cofinanciar -lo recoge en su presupuesto- partidas que vienen de Europa y así nos encontramos con un presupuesto que evidencia que este ministerio queda como un mero órgano gestor de las ayudas que vienen de la Unión.

Señorías, el ministerio, y por tanto este presupuesto que ha elaborado, tiene que moderar el gasto en esta coyuntura. Se debe moderar el gasto y reducir algunas


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cuestiones, pero el ajuste que se hace en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es a todas luces excesivo. El Grupo Socialista piensa que este ministerio puede jugar un papel esencial en la salida de la crisis. El sector agrario español es un sector con una gran excelencia, altamente modernizado, con una gran calidad en sus producciones y con una gran capacidad de exportación, un sector que genera riqueza y empleo aun en estos momentos de crisis. Mientras que en otros sectores se están perdiendo puestos de trabajo, aquí todavía se consigue generar empleo. Es un sector de presente, pero sobre todo de futuro, de futuro para poder salir de esta crisis. Por eso creemos que el ministerio debería contar con más recursos presupuestarios, debería de contar con más apoyo, apoyo que se debe prestar al sector, puesto que, como les digo, es un sector estratégico para poder salir de la crisis, y no es así. Por eso el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, porque con este presupuesto no se puede hacer política agraria, no se puede cumplir ninguno de los objetivos que tiene planteados el ministerio. De hay esta enmienda a la totalidad.

Muy brevemente, porque como ya decía el presidente compartimos este turno, les haré mención a las enmiendas parciales que también hemos presentado; enmiendas que se sustancian sobre todo en aquellas áreas donde el presupuesto recoge un recorte más drástico. En desarrollo rural, donde el recorte del presupuesto llega al 86%, el Gobierno del Partido Popular ha aniquilado, vía presupuestos, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, la ha aniquilado, la ha derogado vía presupuestos con un recorte del 86%. Por eso nuestras enmiendas parciales insisten en esta materia con una mayor aportación del Estado a la cofinanciación de los planes de zona, mayor apoyo al desarrollo rural de diferentes comarcas y regiones de nuestro país. Apoyo también a sectores que entendemos estratégicos y que no cuentan con el apoyo suficiente en este presupuesto como el sector de la castaña o el de la patata. Evidentemente tampoco nos olvidamos en nuestras enmiendas de los seguros agrarios que han ido creciendo tiempo atrás y que en estos momentos y con este presupuesto se reducen. Hay que seguir fomentando los seguros agrarios y por eso nuestra enmienda.

Termino ya, simplemente apelando al grupo mayoritario a que considere las enmiendas del Grupo Socialista, a que las acepte en la medida en que las estimen oportuno para que podamos dotar al ministerio de mayor capacidad inversora, de mayor capacidad presupuestaria, porque de lo contrario, señorías, va a ser muy complicado que nuestro ministro señor Cañete vaya a Europa a exigir un presupuesto sólido y fuerte para la política agraria común mientras que aquí no practica con el ejemplo sino todo lo contrario. Será muy complicado decir en Europa que queremos más presupuesto para la política agraria común mientras somos los primeros en recortar, de una manera drástica y dramática, el presupuesto de agricultura.

Por mi parte nada más. Creo que a continuación será la señora Pajín quien continúe en el uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE: Doña Leire Pajín tiene la palabra.

La señora PAJÍN IRAOLA: Decía nuestra portavoz adjunta en las comparecencias en Comisión que si estos Presupuestos Generales del Estado tuvieran que pasar por el trámite de impacto ambiental sencillamente no lo pasarían. Esa es una afirmación cierta aunque también lo es que se hizo antes de conocer las decisiones últimas del Consejo de Ministros donde ya no sabemos si habrá actuaciones que tengan que pasar este trámite, teniendo en cuenta el camino hacia la amnistía ambiental al que nos está llevando este Gobierno. Lo cierto es que estos Presupuestos Generales del Estado reflejan dos realidades evidentes. Por un lado, la falta de compromiso en materia ambiental del Gobierno actual y, por otro, un modelo económico que lejos de ir a invertir en la investigación, la innovación y el desarrollo y apostar por una economía verde se aleja de ella volviendo a la especulación, incluso con elementos tan importantes para este país como es el agua.

Es verdad que son unos presupuestos de austeridad y que estamos en un momento difícil. Por cierto, señorías, como lo estábamos también el año pasado cuando muchas de sus señorías en esta misma Comisión pedían aumento de inversiones en este capítulo. Pero precisamente por eso le sorprende al Grupo Parlamentario Socialista que el Gobierno renuncie a la llamada fiscalidad verde y por tanto a ingresos que pudieran permitirnos desarrollar políticas ambientales ambiciosas. En ese sentido lo denunciamos y nos ha preocupado mucho la reducción drástica, casi de un 36%, en programas destinados a la protección y mejora del medio ambiente o el 77%, por tanto la práctica desaparición, de las partidas dirigidas a las comunidades autónomas en lo que se refiere a la mitigación de la contaminación del aire y del suelo. Eso en un momento en el que en nuestro país ya hay una tasa elevada de mortalidad como consecuencia de la contaminación del aire. Por no hablar del descenso de más de un 32% en inversiones de protección del litoral que había sido hasta ahora uno de los capítulos de mayor inversión o en el aprovechamiento y recuperación de recursos forestales que tiene una incidencia directa en la prevención de incendios y también incidencia económica en el empleo de zonas rurales, así como en el energético a través de la biomasa.

Por eso, señorías, las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista van precisamente a mitigar esta falta de voluntad política en materia ambiental. Fundamentalmente se refieren, por un lado, a garantizar la viabilidad y la efectividad de ayudas previstas en las actuaciones del Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad recogidas por la ley y que entendemos que es fundamental que pueda seguir siendo una realidad. Por otro, también una apuesta muy


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clara, como ha dicho mi compañero, por seguir aplicando la Ley de Desarrollo Rural Sostenible que prácticamente desaparece con estos Presupuestos Generales del Estado y que pone de manifiesto la falta de voluntad de su aplicación por parte del Gobierno. Un conjunto de enmiendas que tienen que ver también con la reforestación y la recuperación de parques naturales, fundamentalmente en comunidades autónomas como la gallega, con el objetivo como decía antes no solo de preservar nuestros recursos naturales sino de ahondar en la prevención de incendios. En este capítulo también presentamos un conjunto de enmiendas importantes de ayudas a municipios afectados por los incendios en un año especialmente duro en este sentido, fundamentalmente en Huesca, en Cataluña y en Galicia, así como un conjunto de enmiendas para garantizar la preservación, la protección, la modernización y la mejora del litoral, para garantizar proyectos que ya estaban en marcha; proyectos que, por cierto, sus señorías en las circunscripciones exigían hace un año y que hoy en muchos casos desaparecen de los Presupuestos Generales del Estado. El Grupo Parlamentario Socialista quiere continuar con ese esfuerzo, por eso hemos presentado un conjunto muy importante de enmiendas en todo el territorio, para seguir mejorando y modernizando nuestras costas y nuestro litoral.

Por último, quiero hablar del conjunto de enmiendas que tienen que ver con la reutilización y la modernización de infraestructuras de agua. Nos parece francamente preocupante que en un año como el que estamos viviendo y con tal cuadro de sequía climatológica haya un descenso evidente en la inversión de infraestructuras de agua, tanto en la modernización y canalización de agua como en la modernización de embalses, y mucho más en la desalación; todos los objetivos de la Directiva-marco del Agua y del programa AGUA estaban garantizando agua tanto para el riego como para el agua de boca, garantía de desarrollo económico y turístico en muchas de nuestras comunidades autónomas. Algunas de esas enmiendas las veremos mañana en lo que se refiere a los organismos autónomos, teniendo en cuenta que una parte importante de esta gestión, sobre todo en lo relativo a las desaladoras, forma parte de ese tipo de organismos. Para acabar, señor presidente, le diré que hay una enmienda importante para el Grupo Parlamentario Socialista que tiene que ver con la demolición del ya conocido hotel Algarrobico. Queremos que el Gobierno cumpla con su obligación de garantizar ese derribo cumpliendo la última sentencia conocida, que entendemos que tiene que ejecutarse en el año presente.

Señorías, estos son los Presupuestos Generales del Estado que renuncian a una salida de la crisis por la vía de la economía verde, de la economía sostenible y que, por tanto, no van a garantizar más crecimiento ni más empleo, ni mucho menos un respeto a nuestro patrimonio natural, que será un profundo lastre para las generaciones venideras.

El señor PRESIDENTE: Por último tiene la palabra la señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Presidente, lamento tener que hacer una consideración para que conste en el "Diario de Sesiones", aunque ya no está el portavoz del Grupo Popular al que va dirigida. El portavoz en materia de Fomento ha hecho una acusación al Grupo Parlamentario Socialista en relación con la presentación de enmiendas a la sección 17 que simplemente no se corresponde con la realidad. El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado enmiendas con cargo a partidas que no puedan respaldar tales enmiendas; por lo tanto, simplemente quiero que quede en el "Diario de Sesiones" nuestra protesta formal ante una acusación formulada por el portavoz popular.

Muy rápidamente, en cuanto a las políticas de cambio climático, me voy a referir a la enmienda que hemos presentado al Ministerio de Medio Ambiente, no sin decir que muchas actuaciones que tienen incidencia sobre las políticas de cambio climático en otros ministerios se han visto drásticamente recortadas por el Gobierno, como son las relativas a la rehabilitación energética de viviendas, a planes de movilidad sostenible, al transporte de cercanías, es decir a partidas de otros ministerios. Señorías, en lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nosotros planteamos una enmienda de aumento de 75 millones de euros de la partida destinada al Fondo de carbono; un fondo creado en la Ley de Economía Sostenible y regulado por decreto por el anterior Gobierno, por tanto se puede poner en marcha como resultado de decisiones anteriores. Esos 75 millones de euros es una cantidad incluso inferior a la que se prevé por parte de la Comisión Europea y del propio Gobierno de España, que se va a recaudar este año como resultado de las subastas de derechos de emisión. Señorías, esta misma mañana el ministro Arias Cañete se ha negado a contestar en la Comisión de Cambio Climático por qué en el presupuesto del año 2012 no se han considerado como ingresos estas cuantías, que el propio Gobierno reconoce en el real decreto-ley que aprobó el pasado viernes que van a ser ingresadas por España. Esperamos que sean afectadas preferentemente, como la directiva europea y la norma española contemplan, a políticas de cambio climático. Esta es una enmienda que tiene que ver con la prioridad que el Gobierno debe conceder a la lucha contra el cambio climático. He sido informada esta misma tarde que no se aprecia la participación de este Gobierno en los consejos de la Unión Europea. Al último consejo informal de cambio climático no ha ido el ministro, no ha ido el secretario de Estado, no ha ido un director general; ha ido un jefe de área. Esta es la importancia que el actual Gobierno concede al cambio climático. No es de extrañar, por tanto, que se hayan reducido a la mitad las cuantías destinadas en el Ministerio de Medio Ambiente y que además no se nos dé ninguna


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explicación sobre los ingresos que podrían afectarse durante este mismo año a este presupuesto.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS ARAU: Señoras y señores diputados, para nuestro grupo los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son muy preocupantes, pero seguramente lo son mucho más para buena parte de las personas que viven en el mundo rural, y no solo para los que viven de la agricultura, la ganadería, la pesca, las actividades primarias, sino también para los que viven simplemente en el mundo rural. En estos presupuestos se ha sacrificado todo nuestro sector agrario, todo nuestro mundo rural. Para subsanar este abandono nos hemos visto obligados a presentar enmiendas de cuantías económicas muy importantes.

Nuestras enmiendas siempre intentan ser muy prudentes, ser razonables. Estamos en una época de falta de recursos, por tanto debemos dar ejemplo en todo, pero en este caso resulta imposible porque la falta de dotaciones es tan impresionante que pone en riesgo nuestro sector agrario y nuestro sector ganadero. Por ejemplo, hay una partida donde proponemos que se incremente la dotación en 26 millones de euros, porque esta es la cantidad que resulta de un cálculo que hemos efectuado a partir de las dotaciones aprobadas por las conferencias sectoriales y que permite que los fondos Feader puedan ser aplicados de forma que no se pierdan fondos europeos. Si no hacemos estas dotaciones, vamos a perder masivamente estos fondos europeos, y esto me parece de suma gravedad en estos momentos. Se trata de fondos destinados al desarrollo rural, por ello se nos antoja indispensable que esta partida sea subsanada. Pongo otro ejemplo, una partida destinada al asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera, que es muy importante para los programas de sanidad animal. Se desdotan estos programas. Toda una serie de enfermedades de carácter vectorial (lengua azul, virus Schmallenberg, etcétera) pierden cualquier dotación y las asociaciones que las hacen frente quedan absolutamente faltas de cualquier medio para poder actuar. Es una cuestión muy preocupante. Otra cuestión también extraordinariamente preocupante es el abandono del programa de seguros agrarios. No vemos dotación suficiente para el programa de seguros agrarios, que además debería hacer frente a la dotación de la liquidación de planes anteriores que no han sido aún sufragados. Son algunos ejemplos, pero podíamos poner muchísimos más de sectores que son abandonados (avícola, del corcho, etcétera). Esto en cuanto al sector agrario.

En este ministerio están también los temas ambientales. Aquí se observa un bajo nivel de preocupación. Vamos a empezar por las costas. La protección de las costas es una función importante que el Estado se ha reservado -con ello, por cierto, nosotros no estamos de acuerdo- pero ejercen las competencias, y como mínimo el ejercicio de estas competencias requiere unas dotaciones mínimas para poder garantizar los usos ciudadanos y los usos turísticos. Si buena parte de nuestro litoral en toda la Península -que se ve cada año sometido a diversos temporales- requiere unas dotaciones para que se pueda reponer las arenas perdidas cada año pero no existe dotación, evidentemente no habrá playas para el sector turístico; y si no hay playas no hay turistas. Esto, aunque se administre desde Madrid se puede entender. Hace falta arena y si no hay fondos para reponer las arenas no habrá playas. Esto es como aquellos que decían: Vaya vaya, aquí no hay playa. (Risas). Nosotros lo reclamamos evidentemente para las playas del litoral catalán que es al que representamos, pero me parece que hay grupos que lo reclaman para todo el país. Hay unas políticas que se han venido ejecutando desde hace años -me acuerdo que algunas las pacté con ministras del Gobierno de Aznar- que tenían una visión más ambiental del tratamiento de las costas, del tratamiento del litoral. Para esto hay que invertir; hay que invertir para proteger. En este sentido, vemos que estamos francamente desprotegidos; por ejemplo, en programas para adquisición de fincas en la costa, para proteger los ambientes más vulnerables o para el programa que llamamos Caminos de ronda en el litoral catalán, aunque me imagino que también en otras partes del litoral español. También son muy preocupantes las dotaciones exiguas en materia de aguas, con incumplimiento flagrante de los compromisos en materia tanto de regadíos como de transferencias a las comunidades autónomas para los planes que estos ejecutan, pero que son competencia de las confederaciones hidrográficas de titularidad estatal. Por tanto, vemos una notable insuficiencia.

Señoras y señores diputados, nos encontramos en una sección en la que hemos tenido que presentar setenta y cinco enmiendas con una dotación económica muy importante, con la preocupación de que los sectores agrícola, ganadero, pesquero y turístico, que tanto necesitan de un buen trato ambiental de nuestro litoral, no se vean abocados a un enorme fracaso como consecuencia de la aplicación de unos presupuestos que, francamente, nos parecen descorazonadores. Son nuestras enmiendas y esperamos que haya alguna sensibilidad al respecto.

El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado una enmienda a la totalidad a esta sección porque entendemos que son unos presupuestos, los del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que marginan directamente el medio ambiente en todos los aspectos, cerrando los ojos precisamente a los enormes retos a los que nos enfrentamos. Esta misma mañana teníamos al ministro Cañete para hablarnos de cambio climático. Ha confirmado con su intervención, pero sobre todo contrastando


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por los hechos de su departamento, la falta de responsabilidad de este Gobierno en materia de medio ambiente, en cambio climático pero también en el resto de materias, cuando hablamos de cuestiones vitales para nuestro territorio, cuando hablamos de biodiversidad, de agua, de aire, de suelo. A nuestro entender estos presupuestos son significativos, el completo abandono del medio ambiente, de la misma manera que el decreto del viernes pasado confirmaba las peores expectativas en este sentido. Las cifras son muy claras. Un ejemplo, la prevención de la contaminación y el cambio climático registra un descenso del 48%; pero es que además, de los 52,8 millones de euros que se destinan, 42 se dedican a comprar íntegramente derechos de emisión, manifestando una gran miopía -como la que hoy reflejaba el propio ministro-, cuando no hay ninguna política orientada a la lucha contra el cambio climático, en la causa del cambio climático. Por otro lado, hay una enorme miopía también por las actuaciones ante los ecosistemas más frágiles del país, por lo que hace a la intervención de costas, que disminuye un 36%; se destinan 43,2 millones de euros menos a inversiones para proteger el litoral. Lo mismo ocurre en el programa de calidad de agua, que se reduce el 25%, cuando precisamente estamos en un año de sequía y tenemos una gran dificultad para mantener caudales ecológicos y la calidad de nuestras aguas. No es solo que se margine el medio ambiente por no proteger el bien público que es nuestro entorno, sino por el impacto que esto tiene en la destrucción de empleo. Hace pocos meses nos presentaban el informe del sector económico del medio ambiente y decían que era fundamental el papel del Gobierno, no solo como impulsor de políticas de medio ambiente sino también como legislador. La capacidad destructora de estos presupuestos junto con la legislación del propio departamento destruyen uno de los pocos sectores que estaba creando empleo en nuestro país, que no se veía afectado por la burbuja inmobiliaria y por la explosión de esta crisis y que estaba generando empleo. Ustedes están cortando las alas al único sector que estaba creciendo en nuestro país.

En materia de agricultura sucede algo muy similar, porque van en la misma línea. Aunque los objetivos que plantean los programas pueden parecer positivos, la dotación presupuestaria es todo lo contrario. Son unos presupuestos contradictorios con los objetivos que plantean de garantizar rentas de seguridad alimentaria o de calidad de los alimentos. Un ejemplo claro es precisamente la partida de agricultura ecológica, que disminuye un 20%, cuando puede ser una de las más dinámicas en los próximos años como está creciendo en toda Europa. Por otro lado, la dotación para desarrollo rural sostenible se reduce un 85%; es decir, quitan, suprimen del presupuesto el desarrollo rural sostenible. Ya lo dijo el secretario de Estado; han decidido desde el Gobierno central que las comunidades autónomas no pueden dedicar recursos ahora a desarrollo rural sostenible, por tanto las partidas las dejan suprimidas desde los presupuestos generales. Realmente es incomprensible.

Por lo que hace a unos presupuestos que borran el desarrollo rural y el medio ambiente, en esta sección es donde más enmiendas hemos presentado, y seguramente es significativo, porque lo que hemos querido hacer es poner en el mapa aquello que ustedes han borrado. Son unas quinientas enmiendas, que para su tranquilidad no voy a comentar detenidamente, pero quiero resaltar algunos aspectos. Por lo que se refiere a cambio climático, reflejamos una partida dedicada precisamente al fondo que se distribuya territorialmente para políticas de mitigación del cambio climático en el territorio. También hay una partida dedicada al control de la contaminación y de la calidad del aire, porque tenemos muchos puntos negros en el territorio que están causando directamente enfermedades y muertos cada año y creemos que se debe destinar una partida al control de estos efectos. Por lo que hace al agua, muchos de los intervinientes ya lo han comentado, realmente la situación en que se encuentra este país es catastrófica, y cada año vamos a peor puesto que no hay partidas dedicadas a infraestructuras de gestión y mejora de la calidad del aire. Hemos elaborado nuestras enmiendas con diferentes partidas dedicadas a la mejora de la calidad de las aguas y también de los ecosistemas asociados y, por otro lado, hay partidas dedicadas a la recuperación ambiental de los ríos, regeneración de rieras y acuíferos, por ejemplo el de El Llobregat. Sobre medio natural la deslealtad del Gobierno con las comunidades autónomas y con los municipios es de una dimensión realmente intolerable, por tanto aquí hemos presentado enmiendas de protección del medio natural en todo el territorio. Hay enmiendas, por ejemplo, sobre un tema que es histórico y recurrente desde hace muchos años, como la descontaminación química del embalse de Flix por la fábrica Enron, que aún esta pendiente, y la recuperación de espacios naturales en el litoral y parajes naturales para garantizar la protección. También presentamos una enmienda para dotar de fondos a los municipios y a las comunidades autónomas para la prevención de incendios. Esta mañana el ministro hablaba mucho del sector forestal, en cambio no se ve reflejada esa importancia que mencionaba. También hay numerosas partidas sobre protección de costas y actuaciones en la playa. El Gobierno está preparando una ley de costas que desprotege y en estos presupuestos también abandona el litoral. Hay muchos ejemplos de partidas que serían necesarias. Quiero poner de manifiesto una en concreto, una enmienda destinada a que se establezca un protocolo de colaboración entre el Estado y la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de Algarrobico. Lo mismo sucede en otros territorios, como Baleares, playas de Andalucía, Cataluña, Canarias, etcétera.

En cuanto a residuos, dejan sin partida presupuestaria a las comunidades autónomas para la gestión de residuos. Cambio climático, los residuos contribuyen en un 5% a las emisiones de nuestro país, y somos de los


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países que menos ha hecho los deberes en reducción de la generación de residuos y mejora de nuestra gestión. El decreto del viernes es un claro ejemplo del abandono total de una gestión sostenible de los recursos y la reducción de su generación. Estos presupuestos dejan a las comunidades autónomas con el problema y sin partida presupuestaria.

En cuanto a agricultura hemos presentado enmiendas haciéndonos altavoz de las demandas, especialmente, de los pequeños agricultores, que son los que quedan más desprotegidos con estos presupuestos. Ponemos partidas de aumento del fomento de la agricultura ecológica. También en partidas dedicadas a la competitividad y calidad de los productos agrícolas y ganaderos, como son los vinculados a los controles de los alimentos en frontera. También proponemos partidas para el fomento del asociacionismo y la organización de agricultores. El ministro siempre habla de que hay que fortalecer a las organizaciones agrícolas para que tengan un mayor peso en la negociación y mejor posición en la cadena alimentaria, en cambio lo que hace es desmantelar las ayudas a las organizaciones agrícolas. Por otro lado, también tenemos enmiendas de fomento de parques agrarios metropolitanos y comarcales. Esta no es solo una enmienda de cantidad sino de calidad, de apuesta por un modelo distinto al que plantea el Gobierno del Estado y también el Gobierno de la Generalitat. Un ejemplo de parque agrario es el que hay en el Bajo Llobregat, donde algunos apuestan por hacer un Eurovegas. Nosotros entendemos que los parques agrarios metropolitanos contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la gente que vive alrededor. También comento la dotación presupuestaria a los planes de zonas -ya se ha hecho referencia aquí- que contempla la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y que han decidido suprimir por la vía presupuestaria. No lo entendemos, esto debe continuar adelante. Las comunidades autónomas deben hacer los deberes pero el Estado también tiene que poner su parte.

Finalmente, en relación con la pesca presentamos enmiendas destinadas a mejorar los controles de nuestros caladeros y la protección de la biodiversidad y la dotación de las organizaciones pesqueras. Aquí habría muchas enmiendas en todo el territorio que describen la laguna que hay en medio ambiente y en desarrollo rural en estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo ha presentado diez enmiendas a la sección 23 que paso a defender brevemente. Seis de ellas tienen que ver con el agua, tanto en su vertiente de regadío como para uso humano. Manifestamos inquietud en estas enmiendas por cuestiones como la mejora de las potabilizadoras en Canarias, una zona que por su situación geográfica tiene especiales dificultades en cuanto a abastecimiento y calidad del agua, y por la mejora del abastecimiento y la calidad en diferentes zonas del territorio nacional con dos ideas básicas, priorizar la finalización de obras ya comenzadas sobre el inicio de nuevas infraestructuras y tratar el agua como un recurso común de todos los españoles. Llamo su atención en este bloque de enmiendas relacionadas con el agua, que van de la 1589 a la 1594, sobre esta última, la 1594, que se refiere al gasto en mantenimiento de presas, que es un gasto tentador a la hora de recortar en un año determinado, pero que no deja de ser arriesgado si se recorta de manera persistente. Otras enmiendas sintonizan con inquietudes de otros grupos parlamentarios. Nuestras enmiendas 1595 y 1596 se refieren también al asunto del hotel Algarrobico, pidiendo su demolición y la recuperación del entorno, como la sentencia judicial ordena. Nuestras enmiendas 1597 y 1598 se refieren a otras cuestiones que también han surgido ya en el debate; la 1597, al tema de la falta de dotación en la partida de seguros agrarios, y la 1598, a la falta de dotación en las asociaciones ganaderas en materia de sanidad. Son cantidades relativamente pequeñas, pero que cubren necesidades sociales importantes.

El señor PRESIDENTE: En nombre del PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Únicamente quiero señalar que nuestro grupo ha presentado seis enmiendas a esta sección 23, que damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto han solicitado compartir el turno el señor Jorquera y el señor Quevedo. Señor Jorquera, tiene la palabra.

El señor JORQUERA CASELAS: Por si acaso, doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, dado que voy a centrar mi intervención en las veintiséis enmiendas presentadas por el BNG. No quiero cansarles, simplemente voy a definir criterios y hacer mención a aquellas enmiendas que entendemos más relevantes. Compartimos las opiniones expresadas por otros portavoces de que con estos presupuestos se desatienden claramente sectores básicos de la economía productiva, como es la agricultura, como es la pesca, como es la alimentación. La agricultura es imprescindible para evitar la desertización del medio rural, para preservar el medio y además significa apostar también por un desarrollo centrado en la economía productiva. También compartimos las manifestaciones realizadas por otros portavoces de que estos presupuestos no resistirían una declaración de impacto ambiental por la desatención que hay hacia las políticas medioambientales. Hechas estas consideraciones genéricas, concedemos particular relevancia a las siguientes enmiendas.

La enmienda 2713 defiende una dotación económica importante para desarrollar un plan lácteo que tenga en cuenta la grave crisis por la que atraviesa el sector; una crisis que requiere una actuación decidida para evitar la


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quiebra inmediata de las explotaciones lácteas y garantizar la supervivencia de una actividad que contribuye a mantener viva una parte importante del medio rural. Desde nuestro punto de vista, por parte de los poderes públicos se debe ayudar a un sector que en estos momentos ve comprometido su futuro por las pérdidas ocasionadas por la caída de precios en origen y por el elevado nivel de endeudamiento de muchas explotaciones lácteas. Además, hay que ayudarlo a prepararse para un nuevo horizonte de eliminación del sistema de cuotas lácteas previsto para el año 2015 y evitar con ello una desventaja competitiva ante la liberalización prevista, con medidas dirigidas a ayudas agroambientales y apoyo a las inversiones para favorecer su redimensionamiento y su eficiencia productiva. La enmienda 2715 defiende una dotación para un plan de acción al sector pesquero y comarcas altamente dependientes de la pesca. La enmienda 2717 defiende una dotación para un programa de desarrollo rural en Galicia. Por lo que se refiere a cuestiones medioambientales, la enmienda 2718 defiende la inclusión en los presupuestos de una partida de 3 millones de euros con el objeto de diseñar e implementar un plan de recuperación, ordenación y puesta en valor de los parques naturales de As Fragas do Eume y Xurés-Baixa Limia, que sufrieron en esta primavera los efectos devastadores de dos incendios forestales. En materia medioambiental, entendemos que en estos presupuestos hay una desatención a actuaciones que en Galicia son enormemente importantes para el saneamiento de redes urbanas y de rías. En ese sentido concedemos relevancia a la enmienda 2728, que establece una dotación para la estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela. En el proyecto de presupuestos desaparece cualquier aportación a este proyecto en esta anualidad, contemplando previsiones para 2013, 2014 y 2015, pretendiendo esta enmienda corregir esta situación.

La enmienda 2732 propone dotar con una partida de 2 millones de euros la regeneración de la ría do Burgo en A Coruña. La ría do Burgo es el estuario de la ría de A Coruña, es un estuario de un extraordinario valor medioambiental; es un estuario de un extraordinario valor económico teniendo en cuenta su potencial marisqueo, tiene además una potencialidad como espacio de ocio y recreo para los ciudadanos de una ría ampliamente humanizada, pero la ría es en muchas de sus partes una auténtica cloaca a cielo abierto, señorías. En los presupuestos de pasados ejercicios existía una dotación que no se llegó a ejecutar, fruto de la disparidad de criterios entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia sobre qué cometidos tenía que llevar a cabo cada Administración. Ahora el pretexto de que eran administraciones de distinto color político y eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué actuación competía a cada una de ellas ya no existe y, por lo tanto, no comprendemos cómo desaparece cualquier dotación para acometer la regeneración de la ría do Burgo, altamente demandada por los ciudadanos coruñeses.

Quiero referirme por último a la enmienda 2735, que propone un incremento importante en la dotación para el colector general de Ferrol. Es una obra necesaria para esta localidad, para la regeneración también de la ría de Ferrol. Este colector debería estar acabado este año, pero resulta que está prácticamente sin empezar, y esta actuación, dotada en el presupuesto de 2011, no cuenta en cambio con dotación para el de 2012. Queremos corregir esta situación y eso es lo que motiva la presentación de esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: En el mismo turno, en representación de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el señor Quevedo tiene la palabra.

El señor QUEVEDO ITURBE: Brevemente, señor presidente, porque doy por defendidas la mayoría de las enmiendas, que creo que tratan de ser razonables, sensatas y claras, quiero plantear la cuestión de la subvención a la desalación de aguas. Este es un tema extremadamente serio. La dependencia de la depuración del agua salada es en la Comunidad canaria, como ustedes pueden imaginar, enormemente elevada, asociado a un índice pluviométrico tradicionalmente escaso. El incremento del coste de la energía dispara aún más los costes de producción de agua potable a través de la desalación de aguas y lo que se ha producido es una reducción del 50% sobre la subvención para este concepto. Este es un tema que nos preocupa extraordinariamente por lo que confiamos en la sensibilidad del grupo que sustenta al Gobierno para tratar de corregir este asunto a todas luces incomprensible, porque va a suponer ni más ni menos que un incremento en la factura de agua. Yo creo que son ya demasiadas las facturas que se incrementan y demasiados los conceptos que se disminuyen que de verdad importan a la gente, empezando por el salario. De forma que confiamos en la sensibilidad en esta materia. Y lo mismo en la cuestión relativa a la atención a los menores no acompañados, tema de enorme sensibilidad que creo que está bien explicado en nuestra enmienda. Confiamos en que se produzca la sensibilidad oportuna en relación con estas materias.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, han solicitado compartir el turno el señor Cruz Pérez, la señora De Lara y el señor García Díez. Esperemos que sea un turno compartido. La señora De Lara tiene la palabra.

La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para expresar nuestra opinión y el sentido de nuestro voto a las enmiendas de medio ambiente que han presentado los distintos grupos parlamentarios.

Puedo afirmar, señorías, que coincido con una gran parte del contenido de las enmiendas presentadas y que nada nos gustaría más que poder llevar a cabo muchas de las actuaciones que se proponen o incrementar la


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dotación presupuestaria de otras muchas. Pero una vez dicho esto, nos encontramos con la realidad, y la realidad es que estamos debatiendo los presupuestos más restrictivos de la democracia con un ajuste presupuestario de 27.300 millones de euros. La realidad, señorías, es que el anterior Gobierno socialista gastó en 2011 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron; que el anterior Gobierno socialista se comprometió ante la Unión Europea a cumplir un déficit del 6% y, pese a que mantuvo esa cifra hasta el final de su mandato, el déficit se situó en el 8,5%, dato que ocultó en el traspaso de competencias al actual Gobierno. Señorías, si el Gobierno socialista hubiera cumplido sus compromisos los recortes presupuestarios no serían tales y muchos de los contenidos de las enmiendas presentadas estarían hoy en el anexo de inversiones. Por tanto, los recortes presupuestarios son el efecto inevitable de la mala gestión y del despilfarro de los últimos ocho años. La realidad es que además el presupuesto viene condicionado por los compromisos heredados, por la escasez de precipitaciones hasta hace pocos días y por los procedimientos sancionadores en curso por parte de la Unión Europea ante incumplimientos medioambientales. Existe un procedimiento de la Comisión Europea que ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva de Aguas. España tiene abiertos dos expedientes sancionadores por incumplir la Directiva europea sobre depuración de aguas residuales, consecuencia del retraso en la aplicación del Plan nacional de calidad de las aguas. La realidad, señorías, es que hay que priorizar la puesta en valor de importantes cifras de inversión en los últimos años en desaladoras, desaladoras que no funcionan por motivos diversos, o bien por el excesivo consumo energético, o bien por el coste energético, o por problemas de suministro en la red que les impide que funcionen, o bien porque el precio es inasumible para los regantes. Por consiguiente, tenemos que centrarnos en dar valor a estas actuaciones con recuperación de costes y en actuaciones de saneamiento y depuración.

Voy a comentar muy brevemente algo que me ha chocado al ver las enmiendas de los distintos grupos. Me he tomado la molestia de sumar el importe de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios han hecho poniendo a la baja en la sección 31. Les voy a decir, señorías, que la sección 31 que en los presupuestos está dotada con 54 millones de euros, el Grupo Parlamentario Catalán presenta enmiendas por valor de 341 millones; el Grupo Parlamentario Mixto, 205 millones; el Grupo Parlamentario Mixto Compromís, 136 millones; Coalición Canaria, 93 millones; el Grupo La Izquierda Plural, 205 millones; el Grupo Parlamentario Socialista, 236 millones. Y no sigo, señorías, quiere decirse que cerca del 96% de las enmiendas que han presentado todos los parlamentarios son con cargo a la sección 31, que aparte de que es para el gasto de diversos ministerios, es un programa que solo cuenta con 54 millones. Esto es prueba de que ustedes han cumplido con su papel, ustedes han vendido las enmiendas que presentan a sabiendas de que es imposible que se puedan aceptar. También por primera vez hay enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán a la sección 35 y del Grupo Parlamentario de UPyD también a la sección 35, por valor de 106 millones de euros y 49 millones de euros. Seguramente, conocen ustedes que la sección 35, el Fondo de contingencia, se destina, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Por consiguiente, señorías, no es que el Grupo Popular no apruebe sus enmiendas, es que es imposible aprobarlas tal y como se han presentado.

Quiero decir que, reconociendo que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en lo que afecta a Medio Ambiente ha experimentado un acusado descenso del 37, del 40 o del 50% en algunas partidas, hay que destacar -ya que la señora Narbona se ha referido a ello- el Fondo de carbono, que está dotado con 4 millones de euros, cantidad que es escasa y que nos gustaría que fuera mayor, pero que implica un cambio de política en la lucha contra el cambio climático, porque va a permitir convertir un gasto cierto -que es la compra de derechos de emisión- en una inversión en nuestro país que a la vez que disminuirá las emisiones y supondrá una mejora ambiental creará empleo, que para el Grupo Parlamentario Popular es el objetivo fundamental de nuestra economía.

Termino ya, señorías. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda al Fondo del carbono para que en lugar de 4 millones se dote con 75 millones de euros, pero lo curioso es que propone que el incremento se financie con deuda pública, algo que por supuesto no es posible y la señora Narbona -que dice que es la autora de esta enmienda- sabe perfectamente que a estas alturas no podemos financiar con deuda pública ninguna enmienda de la sección 23. Tampoco vamos a admitir las enmiendas que intentan que el Ministerio de Medio Ambiente corra con parte de los gastos de la demolición del hotel Algarrobico, porque, en primer lugar, una parte del hotel está en la zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y, por consiguiente, la zona de servidumbre es competencia de la Junta de Andalucía, que, por otra parte, es quien la autorizó y dejó que se desarrollara durante muchos años. Y por otra parte, porque el protocolo que firmó el Ministerio de Medio Ambiente con la anterior ministra de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía es un convenio que no es vinculante jurídicamente sino simplemente un acuerdo de intenciones. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha indicado que no va a pagar la demolición del Algarrobico porque no le corresponde, sino a la Junta de Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en el mismo turno el señor García Díez.


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El señor GARCÍA DÍEZ: Dividiré mi intervención en dos grupos de argumentos. El primero de ellos para defender las enmiendas que ha presentado mi propio grupo parlamentario, el Grupo Popular y, en segundo lugar, para justificar el posicionamiento de nuestro voto en contra a las cinco enmiendas presentadas en materia pesquera por el resto de los grupos a los que luego me referiré.

Vamos a apoyar, como no puede ser de otra forma, esas cuatro enmiendas, de la 682 a la 685, ambas inclusive, presentadas por mi grupo, por dos razones: la primera de ellas, respecto a las tres primeras enmiendas que acabo de citar, porque van a facilitar, a mejorar, a precisar la aplicación de un concepto presupuestario que está contenido en el programa 415.B, ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo, porque queremos que quede muy claro que dentro de toda la política de restricción al máximo de las ayudas de forma nominativa, igual que se vino haciendo desde que existen prácticamente estas ayudas en el sector pesquero, van a poder disponer y solo podrán disponer de ayudas de forma nominativa la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, el cluster de empresas pesqueras en países terceros y la Confederación Española de Pesca, insisto, como ya venía realizándose desde siempre, ya que además, por otra parte, son las asociaciones que representan a nivel nacional al sector pesquero en todas las vertientes, en la bajura, en la altura y en la pesca exterior. En el caso de la cuarta enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la 685, para provocar un reajuste de dos conceptos presupuestarios denominados control de la actividad pesquera cajas azules y control de la actividad pesquera diario de a bordo electrónico. Son 355.000 euros que sufren una baja en el primero de los conceptos que he citado y se incrementa por la misma cuantía en el segundo. Esto obedece a dar cumplimiento a un reglamento comunitario, el 1224/2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de la política pesquera común, al mismo tiempo -y esto es importante- que se siguen atendiendo los compromisos que el anterior Gobierno dejó firmados para la instalación de las cajas azules.

El segundo grupo de argumentos de mi intervención es en este caso para justificar el voto contrario a las enmiendas presentadas, y luego haré una breve reflexión a las no presentadas. La primera de estas enmiendas corresponde a La Izquierda Plural, la 2411, a la que se ha referido también su portavoz en la defensa de la misma de manera breve. Esta enmienda plantea un incremento importante para el control y la supervisión de los recursos pesqueros, y he de decirle que aunque no aparezca con esta palabra que ella cita como control y a la que se refiere la propia enmienda, la partida del artículo 64 en este propio capítulo se destina fundamentalmente a la gestión y al control de la actividad pesquera. A eso habría que añadirle, desde luego, el gasto que requiere la inspección pesquera, tanto en capítulo 1 como en el 2 de todos los programas que están ya, insisto, contemplados en los presupuestos actuales. Pero, sobre todo, quiero tranquilizar a su grupo y al resto de los grupos cuando hablan de incrementar o de mejorar el control, porque este Gobierno no va a rebajar ni un milímetro los medios con los que cuenta para controlar y para hacer una gestión eficaz de todo lo que es el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, responsabilizando igualmente a los pescadores y a las organizaciones pesqueras, porque así viene determinado como una orientación de la nueva política pesquera común.

El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas, las 2715 y 2716. La primera de ellas, a nuestro juicio, tiene una clara intención de discriminación positiva hacia Galicia y le diré a mi compañero y amigo, señor Jorquera, que la intención es muy buena, la puedo compartir, pero usted sabe, igual o mejor que yo, cuál es el criterio por el cual se distribuyen los fondos que presenta el presupuesto destinados a ser gestionados por las comunidades autónomas, y va a seguir siendo así. Le recuerdo y usted lo sabe, insisto, mejor que yo, que se hacen en función del peso que tiene la pesca de cada comunidad autónoma y Galicia es la que más se beneficia y se seguirá beneficiando. En la segunda de sus enmiendas se plantea crear mediante un alta una nueva definición con un nuevo artículo para compensar a empresas y a profesionales del sector pesquero por paros biológicos, y ahí le puedo asegurar que la dotación para este fin ya está contemplada en el capítulo 7, en el programa 415.B.

Finalmente, Convergència i Unió presenta también dos enmiendas. En la primera de ellas, la 2887, plantea un incremento del concepto presupuestario dedicado a los planes nacionales de cultivos marinos para el programa de protección de recursos pesqueros y acuicultura. No entendemos esta justificación, porque los planes nacionales de cultivos marinos tienen como finalidad el fomento y el desarrollo de la acuicultura marina de forma armonizada y nada tiene que ver su aplicación con las ayudas del Fondo estructural pesquero. La última enmienda de Convergència i Unió plantea el incremento de un concepto presupuestario que es el que se dedica a la cofinanciación del programa operativo del Fondo europeo de pesca a las comunidades autónomas nada menos que en 14 millones y pico de euros con cargo a la sección 31, tantas veces citada a lo largo de esta tarde en esta Comisión, pero se olvida el grupo proponente de esta enmienda que las medidas del programa operativo del Fondo europeo de pesca que se cofinancian con esta partida son competencia de las comunidades autónomas y fueron estas las que en su día exigieron su gestión. Por tanto, parece razonable que sean estas las que tengan que poner la parte de cofinanciación a la que les obliga la utilización del Fondo europeo de pesca. Sin embargo, para su tranquilidad también les digo que la Administración General del Estado va a seguir cofinanciando la parte a la que se comprometió con las comunidades autónomas, eso sí, ajustada a los mínimos comprometidos en el programa del Fondo europeo de pesca. Por


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tanto, consideramos que la dotación que figura en estos presupuestos es suficiente para atenderla.

Termino, señor presidente, haciendo mención a las enmiendas no presentadas. Aquí quiero decir que el grupo mayoritario de la oposición, durante los últimos casi ocho años grupo que apoyó al Gobierno, ha no presentado, ha no presentado ninguna enmienda en materia de la Secretaría General de Pesca. Yo tengo que decirles que me causó sorpresa, pero siendo bien pensado -siempre me ha gustado ser bien pensado y por eso a lo mejor no he acertado casi nunca- tengo que interpretar que la no presentación de ninguna enmienda en materia de la Secretaría General de Pesca obedece a la conformidad con este presupuesto que va a hacer que se pueda mejorar la gestión de la Secretaría General del Mar. En definitiva, es un presupuesto adecuado en el momento económico que vivimos, que prioriza y da respuesta a los principales retos del sector pesquero español en un momento que, como todas sus señorías saben, es vital y crucial porque se está debatiendo la reforma de la nueva política pesquera común.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por último, para cerrar este turno, el señor Pérez.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Yo tenía preparado un discurso, pero después de oír a los portavoces lo he cambiado sobre la marcha, después de escuchar al portavoz del Grupo Socialista, que ha dicho que el presupuesto es alarmante, catastrofista, que hay un recorte brutal, que un ministerio inversor baja las inversiones, muchos planes, pocas medidas, no hay presupuesto. También el señor Macias ha dicho que falta dotación, que se pierden fondos europeos. Ante todo ello, lo primero que quiero hacer es darles algunas cifras, creo que son cifras que en la Comisión de Agricultura ya se pusieron de manifiesto. Quisiera decir que no se puede hacer una valoración sesgada del presupuesto de agricultura, hay que hacer una interpretación y una valoración sobre el presupuesto consolidado y ya se lo dijo la secretaria general: la dotación de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación es de 7.895 millones, es decir, el 75% del presupuesto del ministerio, y esa dotación es simplemente una bajada del 4,2%. Pero es que si sumamos a esta Secretaría General de Agricultura aquellos fondos que gestiona la propia subsecretaría, entonces estamos hablando de 8.511 millones, lo que supone simplemente una bajada del 0,8% con respecto a 2011. Es decir, que en materia de agricultura los recortes no son tan importantes. Le voy a decir algo muy importante. Fíjense en que a pesar de esto que ustedes dicen del catastrofismo, en el primer trimestre de este año las exportaciones agroalimentarias se han incrementado en un 12 por ciento y en este segundo trimestre también se están incrementando. Le voy a decir más. Con estas políticas restrictivas y de recorte que ustedes dicen, entre los años 1996-2003, con Gobierno del Partido Popular, las rentas del sector agrario subieron el 45%, 9.000 millones de euros, y en el periodo de Gobierno socialista las bajadas de las rentas agrarias han sido un 17%, es decir, se han bajado 3.500 millones. Es decir, la agricultura y la agroindustria están subiendo en contraposición a las políticas presupuestarias que ustedes hicieron.

Han hablado de muchas partidas presupuestarias. Les quiero tranquilizar. La portavoz de Izquierda Unida, el portavoz de CiU y el portavoz del Grupo Socialista hablan de la bajada de la partida de desarrollo rural sostenible, un programa que dura de 2010 a 2013 y que solamente a día de hoy dos comunidades autónomas han podido firmar sus planes por los problemas que tienen de cofinanciación en virtud de su déficit y de su deuda. No se pueden financiar y, si no, ustedes hubiesen empezado a firmar esos convenios y esos planes, cuestión que no hicieron. Nosotros hemos firmado con La Rioja y hace unos pocos días con Galicia y vamos a cumplir, pero solamente tenemos año y medio. Por tanto, se ha presupuestado única y exclusivamente aquello que se puede gastar o que aparentemente se puede gastar. Ya que ustedes hicieron una mala ley y les he insistido en que se la rechazó el Senado porque era mala, que no se podía aplicar y que lo único que tenía era una intencionalidad electoral habida cuenta de que se promulgó tres meses antes de las elecciones generales, ustedes me dirán, una programación de desarrollo rural paralela a la de la Unión Europea cofinanciada con la Unión Europea y que no tiene mucha razón de ser.

Por otro lado, prácticamente todos los partidos políticos han seguido las directrices de una organización agraria que pide más fondos para los seguros agrarios, y yo les quiero decir que una de las prioridades del Partido Popular son implementar los seguros agrarios y se han presupuestado 252 millones, que es la media de lo que se ha gastado en los dos últimos años. Por tanto, se ha ajustado esta partida presupuestaria. No digan que el Partido Popular en ese sentido ha sido cicatero. Lo mismo ha ocurrido con otras partidas presupuestarias. Se han ido presupuestando a medida que se ha ido conociendo la situación que se tenía de los presupuestos anteriores, porque nosotros hemos heredado un ministerio con deudas que tenemos que pagar y el portavoz de Agricultura de su partido de la legislatura anterior sabe muy bien cuánto han sido las correcciones financieras que va a tener que asumir este Gobierno, más de 300 millones, y en recuperar las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir más de 60 millones y otras partidas. Son deudas que ustedes no las pagaron y que las tenemos que pagar con cargo a estos presupuestos. Por tanto, no me hable de esas bajadas.

Para terminar, el Gobierno del Partido Popular es un Gobierno sensible con el sector agrario y, de hecho, hemos recuperado un ministerio que ustedes habían eliminado; el Partido Popular se encuentra comprometido con hacer una política agraria nacional y en ese sentido vamos a actuar y vamos a continuar esa política. Le he dicho que nosotros hemos presupuestado con


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varios objetivos y con varias premisas. En primer lugar, hemos mantenido un adecuado nivel de inversiones en regadíos y en infraestructuras. Se ha primado garantizar los gastos relacionados con la lucha y erradicación de enfermedades animales y vegetales. Se van a cofinanciar medidas de aumento de valor añadido de las explotaciones agrícolas y forestales, y se garantizan los mismos niveles de apoyo de años anteriores en los planes de ordenación y gestión de los sectores agrarios y ganaderos. En definitiva, creemos que, a pesar de los recortes, vamos a poder tener en cuenta las líneas de desarrollo político del sector agrario sin que sufran mermas. Creo que este presupuesto se ajusta a la situación actual, situación actual que exige austeridad, controlar el déficit, controlar la deuda y en ese sentido se ha actuado en este ministerio, en el que, como le digo, las partidas del sector agrario, presupuesto consolidado, sufren una merma mínima en cuanto a su presupuesto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: No lo digo solo por el último turno, pero para mañana queremos advertir que dividir en tres y hacer tres turnos en vez de uno no parece razonable.

Pasamos a las votaciones. Como saben ustedes, son votaciones largas y un poco complejas. Por tanto, les rogaría la mayor atención posible y el menor ruido para que no haya confusión a la hora de votar. Tienen ustedes un cuadernillo de votaciones que nos facilitará el trabajo.

Comenzamos con el título I, artículos 1 a 16. Grupo Parlamentario Mixto, enmienda del señor Jorquera número 2578.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, La Izquierda Plural. Enmienda 1700.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 26; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmienda 2750.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Socialista, enmienda 794.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del informe, del artículo 1 al artículo 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 18; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título II, artículos del 17 al 21. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), todas las enmiendas que comienzan en la 2751 hasta la 2762 se votan en conjunto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del informe, del artículo 17 al artículo 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 18; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Título III, de los artículos 22 a 38. Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera, enmienda número 2579.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, la enmienda 2580.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 39.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2581.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 2582.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Enmienda número 3335.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmienda número 1375.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1376 y 1377.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Izquierda Plural. Primera votación, tres enmiendas: la 1704, la 1707 y la 1714.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1709, 1710 y 1711.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 1705 y 1706.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1712.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1708 y 1713.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1701.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 39; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1702 y 1703.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. Votamos dos enmiendas en conjunto, 2764 y 2767.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2763 y 2765.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 41.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 2766.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2768.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la enmienda 799.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 795 y 796.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 797 y 798.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 2.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Nos corresponde votar ahora el texto del informe, desde el artículo 22 al 28 del título III.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Título IV. Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera. Votamos las enmiendas 2583 y 2584.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1378.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora el texto del informe, del artículo 39 al 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Título VIII, artículos 120 y 121. No tiene enmienda y, por tanto, votamos el texto del informe, los artículos 120 y 121 del título VIII.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 07, clases pasivas. No tiene enmiendas; por tanto, no tenemos que votar más que la sección 07, clases pasivas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Título V, artículos 49 a 59. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera, la enmienda 2585.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1379.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 1380.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 27; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Catalán. Se votan las tres enmiendas: 2769, 2770 y 2771.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda 800.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 801.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del informe del título V, del artículo 49 al 59.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 06, deuda pública. Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda 873.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 06, deuda pública.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 19.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Título VI, artículos 60 a 81. Grupo Parlamentario Mixto. Señor Baldoví. Enmienda 2517.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señor Jorquera. Enmienda 2588.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 2589 y 2592.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 2587 y 2590.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 2586 y 2591.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señora Jordà i Roura. Enmiendas 788 y 789.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 790 y 791.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmienda número 1382.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1381 y 1413.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 1414 y 1415.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Catalán. Enmienda 2774.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Tres enmiendas en una votación: 2772, 2773 y 2775.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Título VI, artículos 60 a 81. Del Grupo Socialista, enmienda 802.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 803.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del informe, del artículo 60 al 81 del título VI.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Título VII, artículos 82 a 119. Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas. Enmienda 2519.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Del señor Jorquera la enmienda 2593.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2594.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Jordà i Roura. Votamos las enmiendas 483 y 484.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia votamos las dos enmiendas, 1384 y 1385.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Izquierda Plural las tres enmiendas, 1715, 1716, 1717.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Catalán. Enmienda 2777.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Dos enmiendas en una votación, la 2776 y la 2778.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Continuación de los artículos. Grupo Socialista. Dos enmiendas en una votación: 804 y 805.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del informe, del artículo 82 al 119.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Disposiciones adicionales. Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador. La enmienda 720 está retirada. Enmienda 721.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 2; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda 722.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 723.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Barkos Berruezo. Dos enmiendas: 732 y 733.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señor Baldoví Roda. Enmienda 2516.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2518.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Oramas. Enmienda número 2527.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Votamos ahora tres enmiendas de una vez: 2521, 2524 y 2526.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el resto de las enmiendas de la señora Oramas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Continuamos con las disposiciones adicionales. Vamos a las enmiendas del señor Jorquera. Votamos de una vez las enmiendas 2599, 2601, 2602, 2604, 2606 y 2610.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 2600.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 25; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2608.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2596.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 24; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del señor Jorquera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas de la señora Jordà i Roura. Votamos en una sola votación las enmiendas 475, 486, 487 y 792.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos dos enmiendas de una vez, 479 y 480.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 476.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Dos enmiendas en una misma votación, 485 y 490.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 478.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Votamos la enmienda 491.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 24, abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 492.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Votamos dos enmiendas, la 1387 y 1388.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos en una votación las enmiendas 1390, 1401, 1402, 1412 y 1424.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En una votación, tres enmiendas: 1394, 1409 y 1410.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1395.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 26; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1403.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1404.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1405.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1406.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1425.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos conjuntamente las enmiendas 1386, 1392, 1411, 1417.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1391.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En una sola votación, enmiendas 1399, 1400, 1420, 1421, 1422.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1392.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1397.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1398.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1407.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1423.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: La Izquierda Plural. En una votación las enmiendas 1718, 1720, 1747, 1751, 1752 y 1766.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos en una votación las enmiendas 1741, 1749, 1762.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 1730.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1734.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1757.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1761.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1721.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1722.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Continuamos con el Grupo de Izquierda Unida, y votamos en una sola votación las enmiendas 1719, 1723, 1724, 1725, 1729, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1754, 1755, 1756, 1758.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 1746.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos en una votación las enmiendas 1748, 1750, 1753, 1760, 1763.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 1759.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Continuamos con las disposiciones adicionales, Grupo Parlamentario Catalán. En una sola votación votamos las enmiendas 2779, 2784, 2785, 2787, 2789, 2793, 2795, 2796, 2797, 2800, 2801, 2802, 2804, 2815, 2816, 2821, 2824, 2826, 2827, 2829, 2830, 2833, 2834, 2835, 2846, 2847.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos ahora la enmienda separada 2798.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2792, 2806, 2807, 2809, 2810, 2837, 2839 y 2851.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos separadamente la enmienda 2817.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Votamos en una sola votación las enmiendas 806, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 824, 829, 830, 832, 834, 835, 837, 838, 840, 842, 844, 846, 847, 849, 851, 854, 858, 863, 866, 867, 869, 870 y 871.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas 807, 808, 823, 862, 864 y 865.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora, en una votación, las enmiendas 810, 811, 817, 820, 821, 822, 825, 826, 827, 828, 833, 836, 853, 857, 859 y 868.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 860.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 819.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 831.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el texto del informe. Disposición primera a la septuagésima sexta y nueva, disposición transitoria primera a la séptima y nueva, disposición derogatoria primera a cuarta y nueva, de la disposición final primera a la vigésima cuarta y nueva.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Anexos 1 a 15. Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas, enmienda 2528.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, enmienda 1767.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16, en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Catalán, enmienda 2853.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 4.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Socialista, dos enmiendas en una votación: la 841 y 855.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 843.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del informe, anexos 1 a 15 y nuevos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 01, Casa de Su Majestad el Rey. Grupo Parlamentario Mixto, señora Jordà, enmienda número 72.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo de Unión Progreso y Democracia, enmienda 1426.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 01.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 02, Cortes Generales. Grupo Parlamentario Mixto. Del señor Salvador, enmienda 724.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1430.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la sección 02, Cortes Generales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 03, Tribunal de Cuentas. No tiene enmiendas. Votamos la sección 03.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 04, Tribunal Constitucional. Votación de la sección.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 05, Consejo de Estado. Hay una enmienda del Grupo de Izquierda Unida, la número 1769.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 05.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Consejo General del Poder Judicial. No tiene enmiendas. Votamos la sección.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 12, Asuntos Exteriores y de Cooperación. Grupo Parlamentario Mixto. De la señora Barkos, enmienda 739.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 16.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Baldoví, enmienda 2511.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la señora Oramas, enmiendas 2529 y 2530.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la señora Jordà, enmienda número 328.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 87.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 131.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 133.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguimos con la sección 12. Grupo Parlamentario Vasco. Las tres enmiendas en una votación, de la 493 a la 495.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Unión Progreso y Democracia. Enmiendas 1433 y 1435.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 1438 y 1439.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1440.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1434.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1431 y 1436.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1432.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas de La Izquierda Plural. Enmienda 1781.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Catalán. Enmienda 3067.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 3069.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Socialista. Enmienda 875.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos tres enmiendas juntas, las número 876, 884 y 886.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos ahora a la votación de la sección 12, Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea. No hay enmiendas. Votamos la sección 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 13, Justicia. Unión Progreso y Democracia. Enmienda número 1442.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1443.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a las enmiendas de La Izquierda Plural. Enmienda 1790.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1796.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 1787, 1789 y 1793.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo La Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Catalán. Enmienda 3074.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Socialista. Desde la enmienda 887 hasta la enmienda 906 en una sola votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la sección 13, Justicia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 14, Defensa. Grupo Parlamentario Mixto. De la señora Jordà, enmienda 83.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24, abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 78 y 82.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1444.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural. Enmiendas 1799 y 1808.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1803.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1802.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1806.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1804 y 1807.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1805.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Parlamentario Catalán. Enmienda 3078.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la enmienda número 907.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la sección 14, Defensa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Sección 15, Hacienda y Administraciones Públicas. Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, enmienda número 14.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la señora Oramas, enmienda 2533.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas, que son dos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Jorquera, enmienda 2612.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2613.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2614.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 2615.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Jordá. Enmienda 159.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1453.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas número 1457 y 1462.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguimos con la sección 15. La Izquierda Plural. Enmienda 1815.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1811, 1812 y 1814.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Catalán. Enmienda 3080.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 3085.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de enmiendas del grupo.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Socialista. Votamos las enmiendas 909 y 910.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de enmiendas del grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el dictamen de la sección 15.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 36. Sin enmiendas. Votamos el dictamen de la sección.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 16. Interior. Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, dos enmiendas, las números 33 y 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Jorquera la enmienda 2616.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la señora Jordà, la enmienda 332.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Dos enmiendas, las números 124 y 125.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 88.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 243.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al Grupo Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1478. (El señor Hurtado Zurera pide la palabra).

Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, esta agrupación no coincide con nuestra posición, con lo cual habrá que votarlo de forma individual. Aquí se ha dicho la 1478, 1477 y el resto, y nosotros para el resto tenemos distintas posiciones de voto.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver cómo podemos agruparlas, señor Hurtado. Mientras intentamos arreglarlo, vamos a votar lo que tenemos.

Enmienda 1478.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1477.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La Izquierda Plural. Votamos varias enmiendas de una vez: 1817, 1820, 1824, 1827, 1830, 1832, 1833 hasta la 1835.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


Página 106




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Catalán. Dos enmiendas: 3089 y 3090.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Socialista. Dos enmiendas en una votación: 940 y 941.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la sección 16, el dictamen.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 25. Presidencia. Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos. Enmienda 780.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Jordà. Enmiendas 126 y 127.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas de la señora Jordà.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo de Unión Progreso y Democracia. Enmienda 1599.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La Izquierda Plural. Enmienda 2438.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al Grupo Catalán (Convergència i Unió). Enmienda 3084.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Socialista. Enmienda 1273.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora la sección 25, Presidencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 20.

Señor Salvador. Enmienda 730.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señora Barkos. Enmienda 776.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 777.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


Página 107




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Barkos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Álvarez Sostres. Enmiendas 584 y 585.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Baldoví. Dos enmiendas, 30 y 31.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del señor Jorquera. Enmiendas 2706 y 2707.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del señor Jorquera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la señora Jordà, la enmienda número 85.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 390.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 157, 218, 222, 339, 421 y 429.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas de la señora Jordà.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Vasco. Dos enmiendas, la 539 y la 540.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, las enmiendas 1571 y 1572.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas que van de la 1552 a la 1557.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 1549.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de la 1558 a la 1564.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas que van desde la 1566 a la 1570 y las números 1573 y 1574.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1575.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1576.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a La Izquierda Plural. Votamos la enmienda 2292 y de la 2319 a la 2321.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 2310 y 2315 a 2318.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 2300, 2301, 2303, 2304, 2309 y 2313.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de enmiendas del grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 2860, 2869, 2879 hasta la 2882.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda 1176.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Nos queda la votación de la sección 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Les agradezco mucho el esfuerzo de todo el día. Continuaremos mañana a las nueve de la mañana. Esperemos que haya menos reparto de intervenciones y más agrupación de votaciones. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.

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