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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 85, de 25/04/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 85
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles,
25 de abril de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre la plena gestión de la ayuda oficial al desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000273) ... (Página2)

- Relativa a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000333) ... (Página6)


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- Sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000353) ... (Página10)

- Relativa al aumento de la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000354) ... (Página13)

- Por la que se insta al Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000401) ... (Página16)

- Sobre crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000493) ... (Página20)

- Relativa a la necesidad de un impulso político de la responsabilidad social (RSC o RSE) en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000546) ... (Página23)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA PLENA GESTIÓN DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DEL GOBIERNO ESPAÑOL POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000273).

El señor PRESIDENTE: Abrimos la sesión, por ser lo más estrictos en el tiempo y aplicárselo a la Comisión desde el primer momento.

En la mesa auxiliar hay juegos de todas las proposiciones no de ley que van a ser objeto de debate y votación en esta Comisión. Lo digo por si algunos comisionados no dispusieran de la documentación o tuvieran simplemente curiosidad por ella. Están ahí a su disposición. Hemos hecho más copias de lo habitual, por eso les informo.

Mi preocupación es que podamos ajustarnos a un tiempo limitado. Me atrevo a proponer a la Comisión que intentemos, entre la intervención de los ponentes, la de los enmendantes y la de los demás portavoces de grupo, haber concluido o estar a punto de concluir la sesión a las siete y media. Serían tres horas. Si hacemos el minutado -yo lo he hecho, espero no haberme equivocado-, ya sé que es muy poco tiempo el reservado para cada de las proposiciones no de ley. Hay enmiendas, aunque no muchas. En lo que insistiré es en cumplir el tiempo y sobre todo les hago un ruego y es que si el portavoz proponente nos marca su tiempo, este presidente o quien dirija el debate en su lugar pueda exigir de los demás intervinientes que sean muy estrictos con el tiempo disponible. En cuanto a la limitación de las tres horas, les aseguro que por parte de este presidente no hay interés ni afición personal que lo justifique. (El señor Grau Reinés: Vamos, que no es futbolero.-Risas). Creo que es un buen margen de tiempo para mantener la atención y para entender también que las proposiciones no de ley están suficientemente debatidas.

Al final les informaré de una previsión que este presidente tiene sobre la siguiente sesión de la Comisión en el mes de mayo, si tienen a bien luego en Mesa y portavoces aprobarla. Ya les adelanto que la siguiente sesión podría celebrarse el día de la semana con Pleno, el miércoles 30 de mayo, si no me equivoco. Por lo tanto, la reunión de Mesa y portavoces se celebraría el miércoles anterior, el 23. Sería el 30 para la Comisión y el 23 para la reunión de Mesa y portavoces que fijará el orden del día. Empezamos la sesión y así nos ahorramos más dilaciones.

El señor GRAU REINÉS: Perdón, presidente.

El señor PRESIDENTE: Dígame.

El señor GRAU REINÉS: Si fijamos la Comisión para el día 30, ¿sería posible, si a los grupos les va bien, que la reunión de Mesa y portavoces fuera el día 16?

El señor PRESIDENTE: No quería entrar en esa discusión. Era meramente orientativo, informativo, muy preliminar. Me había tomado la libertad sobre todo pensando en los diputados, aprovechando que están presentes para que lo supieran. Lo podemos hablar después.


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El señor GRAU REINÉS: Bien, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para debate y votación figura en primer lugar la proposición no de ley sobre la plena gestión de la ayuda oficial al desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, presentada por el Grupo Mixto (señor Tardà).

El señor TARDÀ I COMA: ¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: El proponente tiene siete minutos. Perdón, no lo había especificado, lo siento, señor Tardà. El grupo enmendante tiene cinco minutos -ya me duele decirlo- y al grupo que considere imprescindible comunicar su criterio o su posición no le puedo dar más de cinco minutos contados de reloj. Es un criterio similar al que se sigue en el Pleno, tampoco es algo excepcional.

Decía que la primera de las proposiciones no de ley se refiere a la plena gestión de la ayuda oficial al desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a la cual se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà como portavoz del grupo.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, a principios de los años ochenta la cooperación internacional del Gobierno español dependía de la Secretaría de Estado de Comercio. Eso decía poco de la finalidad que tenía o debería tener esa cooperación, porque estaba diseñada quizá para hacer negocio más que para acabar con la pobreza y otras injusticias. Con el paso del tiempo, la cooperación internacional dejó de depender orgánicamente de Comercio y, desde el año 2004, incluso tiene un ministerio propio, el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero, paradójicamente, este ministerio solo gestiona la mitad de la ayuda oficial al desarrollo que realiza el Gobierno español; la otra mitad, la gestionan otros ministerios, principalmente los de Economía y Comercio, lo cual implica que pese a las modificaciones en la dependencia orgánica la cooperación española continúa manteniendo la filosofía de hacer negocio más que luchar contra la pobreza. Implica, en contra de los criterios del CAD, el mantenimiento del peso de la cooperación ligada, es decir de una cooperación subordinada a los intereses económicos y comerciales del Estado español. Este debate ha sido recurrente en esta misma Comisión. Con esta filosofía no es de extrañar que la cooperación española haya priorizado países como Marruecos, Túnez o incluso China antes que a los países más empobrecidos del planeta. Tanto es así que de los diez principales países receptores de la ayuda oficial al desarrollo bilateral española solo uno pertenece al África subsahariana.

Tampoco es de extrañar el abuso que el Estado español ha hecho de la ayuda ligada y en particular de los créditos FAD, que ha servido para acrecentar la deuda de países empobrecidos, en lugar de mejorar sus economías. No en vano, quien tuvo la última palabra en el debate de la Ley de Deuda Externa fue el ministro de Economía mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación enmudecía. Hay que señalar también que el famoso 0,7 del PIB para ayuda oficial al desarrollo que reclama la sociedad desde hace más de quince años no se va a conseguir ni en los próximos quince años, no solo por el claro incumplimiento de los compromisos adquiridos para conseguir tal fin, sino porque, una vez conseguidos, deberemos descontar la ayuda ligada para llegar al 0,7 sin trampas, cumpliendo los objetivos del CAD, que básicamente establecen que el 0,7 para cooperación sea cooperación y no créditos o negocios que benefician al Estado donante.

En definitiva, el perfil y la calidad de la cooperación española están claramente condicionados por los actores que la gestionan y por ello no es baladí que reclamemos que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el que gestione directamente toda la ayuda oficial al desarrollo, sin menoscabo de las oportunas colaboraciones con otros ministerios para mejorar en la eficiencia y eficacia de la ayuda, pero sin que estas colaboraciones signifiquen que los criterios económicos, comerciales o de otra índole estén por encima de los criterios estrictamente solidarios y de cooperación. En unos momentos en que los Presupuestos Generales del Estado recortan a la mitad la cooperación española, consideramos más prioritario que nunca que la cooperación que queda sea gestionada íntegramente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Lamentamos que nuestra iniciativa no vaya a ser aprobada. Esta proposición no de ley precisamente tiene este objeto. Sabemos que no va a ser aceptada, puesto que hemos leído con mucha atención la enmienda que nos ha propuesto el Grupo Popular, pero a pesar de ello vamos a aceptarla. Vamos a hacerlo porque la enmienda del Grupo Popular supone un avance. Estamos dispuestos a aceptarla e incluso no nos duelen prendas en felicitarnos por ello, puesto que el hecho de que el Gobierno envíe un informe a esta Comisión para dar cuenta la gestión que otros ministerios realizan de los fondos de cooperación internacional repito que es un avance. Es un avance en la transparencia y en la fiscalización. Ya lo habíamos intentado en la pasada legislatura y finalmente no pudo ser, de manera que aun cuando, repito, el objeto de esta proposición no de ley era intentar conseguir que todos los recursos dependieran del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aceptamos y creemos que es un avance lo que propone el Grupo Popular, que de hecho recoge el tercer punto de nuestra iniciativa parlamentaria, con lo cual queda dicho que aceptamos la enmienda del Grupo Popular y creemos que vale la pena apoyarla.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà, por su manifiesta brevedad y claridad expositiva.


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Se han presentado tres enmiendas a esta proposición no de ley. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para su defensa el señor Ruano.

El señor RUANO GÓMEZ: Señorías, respecto de la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya sobre la gestión de la ayuda oficial al desarrollo, el Grupo Popular plantea una propuesta de enmienda de modificación. En lo que se refiere al primer punto de la proposición no de ley presentada, debemos manifestar que no es una prioridad para el Grupo Popular hacer modificaciones en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, ni en otras leyes que están relacionadas con la gestión a la ayuda oficial al desarrollo, como la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, o la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del fondo para la promoción del desarrollo. Esta misma razón es la que nos lleva a no apoyar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD.

En lo que se refiere al segundo punto de la proposición no de ley, tenemos que decir que ya existen los canales adecuados para la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el resto de los ministerios que cuentan con partidas de ayuda oficial al desarrollo, con la gestión centralizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La Ley de cooperación internacional para el desarrollo atribuye al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de la política española de cooperación internacional para el desarrollo y la coordinación de los órganos de la Administración General del Estado que desempeñan actuaciones en este ámbito. De hecho, en el sistema español de cooperación internacional para el desarrollo, en el que las competencias de gestión de los distintos instrumentos de cooperación corresponden a diferentes departamentos ministeriales, esta coordinación resulta fundamental para lograr una mayor eficacia de la ayuda. Precisamente, para que pueda haber esta coordinación, existe la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, que es el órgano de coordinación técnica interdepartamental de la Administración General del Estado en materia de cooperación al desarrollo, comisión que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y cuya función conocen todas sus señorías. Esta comisión interministerial, además, está presidida por el secretario general de Cooperación.

Por todo ello, en relación con el segundo punto de la proposición no de ley que presenta Esquerra Republicana, entendemos que supone una mejora técnica la siguiente propuesta de enmienda: "Potenciar, desde la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los canales ya existentes de colaboración de los diversos ministerios para el buen desarrollo en la puesta en marcha de los proyectos, programas o acciones que motivadamente, en virtud de la eficiencia y eficacia, se consideren oportunos". Esta es además una redacción que recoge el sentir de la enmienda del Grupo Socialista cuando habla de fortalecer los mecanismos de coordinación, pero que por su sencillez en la redacción, claridad y mayor carácter inclusivo -puesto que recoge con mayor literalidad la proposición presentada por Esquerra Republicana-, entendemos que puede obtener un mayor apoyo.

Finalmente, en lo que se refiere al tercer punto, ya existen mecanismos para conocer la participación de todos los ministerios en la ayuda oficial al desarrollo, como son los informes de seguimiento de los planes anuales de cooperación. En este sentido, les puedo avanzar que en la Secretaría General de Cooperación Internacional ya se está articulando un sistema de gestión de la información de la ayuda oficial al desarrollo que pueda facilitar los datos de una manera más rápida y eficaz. Sin embargo, justificar el porqué son otros ministerios y no el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quienes hacen ciertas contribuciones, así como cuáles son los resultados de las mismas, es algo que no depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tendrían que ser expertos sectoriales o personas con nivel de director quienes pudieran determinar si es mejor que sea un agente u otro quien realizara cada contribución y quienes pudieran a su vez valorar si los objetivos buscados se han conseguido. Por todo ello, en relación con el tercer punto, el Grupo Popular hace una propuesta de enmienda con el siguiente texto alternativo: "Enviar un informe anual, en el primer semestre del año con los datos del año anterior, a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la participación de los ministerios que tienen fondos de ayuda oficial al desarrollo dentro de sus partidas".

En definitiva -y termino ya, señor presidente-, el texto propuesto sería: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Potenciar, desde la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los canales ya existentes de colaboración de los diversos ministerios para el buen desarrollo en la puesta en marcha de los proyectos, programas o acciones que motivadamente, en virtud de la eficiencia y eficacia, se consideren oportunos. 2. Enviar un informe anual, en el primer semestre del año con los datos del año anterior, a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la participación de los ministerios que tienen fondos de ayuda oficial al desarrollo dentro de sus partidas".

Creo que me he ajustado al tiempo. Gracias, señorías, por su atención y apoyo. Gracias, señor Tardà, por su reconocimiento y comprensión. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias al portavoz por la lectura de las enmiendas, que a veces los comisionados -por mi experiencia personal- no conocemos o de cuyo texto escrito no disponemos, y tampoco tenemos el correspondiente iPad a mano para consultarlo, aunque


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en cuanto a ajustar el tiempo, un ahorro de la lectura final de las dos enmiendas nos habría hecho ir como un reloj.

Tiene la palabra ahora la señora Lozano, del Grupo de UPyD.

La señora LOZANO DOMINGO: La pretensión de la enmienda que presentaba mi grupo era ampliar la idea de la proposición no de ley del señor Tardà por la vía de añadir una directriz política que no solamente centralizara y gestionara toda la ayuda oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como dice su proposición no de ley, sino que se tuviera en cuenta esa directriz política por parte de este ministerio para la ayuda al desarrollo de carácter autonómico y local, sobre todo a efectos, insisto, políticos, no en el sentido de que no siguiera existiendo la gestión descentralizada, sino más bien a los efectos de lograr lo que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha señalado muchas veces, y es que la ayuda al desarrollo española carece de una estrategia definida.

Esa era la pretensión de mi grupo con esta enmienda, mejorar la eficiencia de la cooperación al desarrollo, evitar duplicidades, pero puesto que el señor Tardà ha explicado que acepta la enmienda del Grupo Popular, que entiendo es la que se va a someter a votación tal cual está, a nosotros nos parece bien. No tenemos más que añadir.

El señor PRESIDENTE: ¿Se considera retirada la enmienda de su grupo?

La señora LOZANO DOMINGO: Sí.

El señor PRESIDENTE: Es el turno ahora del portavoz del Grupo Socialista, el señor Luena, que tiene la palabra a continuación por los cinco minutos de rigor.

El señor LUENA LÓPEZ: Me ajustaré al tiempo. Ya sabe que trato de hacerle sus tareas más llevaderas en esta Comisión.

Hemos presentado una enmienda -por eso tenemos este turno- que no tengo ningún inconveniente, igual que el Grupo de UPyD, en que decaiga, en cuanto que valoramos el criterio de oportunidad del señor Tardà en presentar esta iniciativa y el esfuerzo del Grupo Popular de llegar a un consenso y además de síntesis, como bien decía el presidente, para que lo conozca esta Comisión. Valoramos la oportunidad en cuanto a que es una forma de hablar de la estructura de las políticas públicas de cooperación, esto es, de su ordenación, de su gestión, de su coordinación, de eso que se denomina en este mundo la coherencia de políticas, y también de la eficacia en la gestión. Por tanto, es una oportunidad para que se traslade a través de esta Cámara al Gobierno la importancia de la estructura y de esta serie de políticas.

Por parte del Grupo Socialista dejo patente la necesidad, creemos nosotros, de liderazgo que tiene que ejercer el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en las políticas de cooperación. Lo recogen dos leyes, la Ley de Cooperación de 1998 y la Ley más reciente del Fonprode. También lo recogen el plan director y el PACI, el Plan anual de cooperación. Es decir, el acervo legal ya recoge que el liderazgo tiene que ser del ministerio con otros departamentos del Gobierno. Aprovecho esta intervención para decir que este liderazgo del ministerio está tocado en el ámbito no de la estructura sino presupuestario, en cuanto a que conocemos un recorte de 1.000 millones y dentro de la secretaría de Estado en un 72%, lo que hace que peligre como política pública de desarrollo -lo dije en la comparecencia del señor ministro y lo repito hoy- y pueda convertirse en una mera política instrumental que debilite la credibilidad de nuestro país, en una política de Estado tan importante, centrada en combatir la pobreza y el hambre, en ayudar a los más desfavorecidos, en asentar pilares sectoriales de acceso a servicios sociales básicos e igualdad de género.

No obstante, creemos -por eso presentamos la enmienda- que la dirección política, la coordinación de la AOD española por el MAEC no requiere de una modificación normativa sustantiva. Yo creo que el acuerdo al que se ha llegado entre el Esquerra Republicana y el Grupo Popular está bien. Esa coordinación depende de una voluntad, de una convicción y, si cabe decir, también incluso de un impulso. Lo establecen los artículos 16 y 19 de la Ley de Cooperación, existen los órganos consultivos y de coordinación. El plan director, que aprueba el Consejo de Ministros y que esta Cámara dictamina, es el que concreta cómo se define y cómo se dirige esa política.

Termino con dos apuntes. En cuanto al informe anual con los datos de la AOD del año anterior, incluidos los que gestionan otros ministerios, responde el PACI con su seguimiento cada año. Creemos que su confección -aprovecho porque se ha hablado aquí, va en la enmienda, va en la idea del señor Tardà- debe agilizarse, y así lo hemos pedido con relación a los datos de ejecución de 2011. Nuestro grupo -recuerdo a la Comisión- solicitó un informe en relación con la disposición adicional primera de la Ley de Cooperación, que establece que para poder conocer el conjunto de la AOD que se consigna en los Presupuestos Generales del Estado, junto a los presupuestos, el Gobierno debe remitir ese documento que "recoja de forma integrada los créditos de los distintos ministerios y organismos públicos destinados a financiar programas de AOD". Lo solicitamos, se recibió un día después de celebrarse la Comisión -lo tengo por aquí-. En cualquier caso hay que decir que llegó después de la comparecencia, pero llegó.

Una vez analizado el informe, consideramos que posiblemente no tenga el nivel de detalle que se requiere para el trabajo de control de esta Cámara y el seguimiento de esta política. No obstante, es cierto que el ministerio -y lo demuestra este informe- ha perdido peso político y eso es lo que nos preocupa, no tanto la discusión sobre la estructura o sobre la gestión de las políticas, que creo que está bien solventado con la ini


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ciativa, sino la política presupuestaria, que hace recaer casi todo el recorte sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso es lo que hace que peligre su posición de liderazgo, que el Grupo Socialista cree necesaria.

Para terminar, agradezco de nuevo la oportunidad de la iniciativa del señor Tardà y la disposición de negociación y de consenso del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Tardà no quiere añadir nada nuevo a lo ya dicho sobre la aceptación o no de las enmiendas? (Denegación).

¿Algún grupo considera imprescindible la fijación de posición? Esta es una amable coerción, no es más que eso. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra).

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo de La Izquierda Plural.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Este es un debate que no es la primera vez que viene a la Comisión. En la anterior legislatura nuestro grupo también defendió el liderazgo de la Aecid y del Ministerio de Asuntos Exteriores en la política de cooperación. Creemos que es más oportuno si cabe, ante el gran recorte que ha sufrido la cooperación española, que el liderazgo venga del Ministerio de Asuntos Exteriores para que esos pocos recursos que quedan, esas migajas, como mínimo estén realmente al servicio de los objetivos de cooperación. Por eso nos parece relevante, no solo por ese liderazgo, sino también para limitar ese 5% de la ayuda oficial al desarrollo vía crédito, que ya no se cumplió en los últimos presupuestos. Esperemos que si hay un mayor liderazgo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y no desde el de Industria, con unos objetivos habitualmente distintos a los de cooperación al desarrollo, se cumpla mejor ese objetivo que fija la ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Compartiendo el objeto y el objetivo de la proposición no de ley presentada por el señor Tardà, tendríamos algún problema en cuanto a la redacción concreta. Entendíamos que, teniendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el mandato específico de gestión en la materia y que hay una agencia con capacidades para hacerlo, lo lógico es que este departamento ministerial sea el que asuma la mayor parte de la gestión de los recursos destinados a cooperación internacional para el desarrollo. La diferencia es que la proposición no de ley del señor Tardà hablaba de que centralice y gestione toda la ayuda oficial. Podemos entender que algunos departamentos ministeriales tengan sus partidas dedicadas. De hecho creemos que en el informe sobre ayuda oficial al desarrollo de la Administración General del Estado -que se acompaña a los presupuestos generales que nos entregaron la semana pasada por parte del ministerio, y que todos los grupos parlamentarios agradecemos- es manifiesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores, a pesar de que tiene el 45% del total de las dotaciones presupuestarias, debería incrementar estas partidas.

Por otro lado, apoyamos la proposición no de ley del señor Tardà en estos términos, y valoramos muy, muy positivamente tanto el apartado 3 de la proposición no de ley como la enmienda formulada y aceptada al apartado 2 de la proposición no de ley que aprobaremos esta tarde.

El señor PRESIDENTE: Gracias al señor portavoz y a los demás intervinientes, por supuesto.

- RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADO EN CONFLICTOS ARMADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000333).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2º punto del orden del día relativo a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados, que presenta el Grupo Popular, y con dos enmiendas presentadas. Para su defensa tiene la palabra el señor Uriarte.

El señor URIARTE AYALA: Señorías, como saben, esta Comisión tiene el honor de trabajar por y para los seres humanos más vulnerables del planeta, y en muchos casos no les tenemos cerca. Son otros héroes silenciosos los que nos unen a ellos, los que nos cuentan las circunstancias que se están viviendo, y desde luego son personas que trabajan por el mismo fin que esta Comisión. Luego hablaré un poco de esas finalidades, que no son otras que el desarrollo humano y económico de regiones más pobres y el respeto a los derechos humanos. Por esas personas -y más con el tema que tratamos hoy de los menores soldado- quiero comenzar agradeciendo a tres organizaciones la impresionante labor que realizan respecto a estos niños y niñas soldado, como son Amnistía Internacional, Save the Children, y Entreculturas. Además me quiero permitir la licencia, señorías, de poner un rostro específico a esta proposición no de ley, porque creo que los rostros nos hacen más real el dolor y el sufrimiento de muchos de los temas que aquí tratamos. Ese rostro es el de Chema Caballero, un extremeño valiente y comprometido que ha dedicado veinte años de su vida a los niños soldado en Sierra Leona, que ha visto un sufrimiento inimaginable, ha visto la maldad humana llevada a su máxima expresión, y en demasiadas ocasiones, señorías, la omisión de respuestas por parte de la comunidad internacional a este drama. Sirva esta proposición no de ley de reconocimiento a esa labor impagable que comenzaron hace unos años como una utopía unos cuantos, y hoy es un tema que se trata en parlamentos nacionales, internacionales, y que se incluye en importantes normas y leyes también de carácter internacional. Sirva, en mi nombre y en el de mi grupo, como


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agradecimiento a todos ellos, y en especial a Chema Caballero.

Esta proposición no de ley, señorías, quiere ir mucho más allá de lo estrictamente entendido como cooperación internacional. Quiere inspirarse en la esencia de esta Comisión, que creo que también debe ir más allá de la ayuda oficial al desarrollo y de lo puramente presupuestario. El cumplimiento de esta proposición no de ley habla de la grandeza del desarrollo y del respeto de los derechos humanos, y no se va a medir nunca en función de la ayuda oficial al desarrollo porque va a requerir de otros asuntos como la coherencia de políticas, de una determinación internacional, y de una política de país comprometida con el respeto de los derechos humanos. Por eso, señorías -y este es un apunte más personal mío-, creo sinceramente que algún día deberíamos plantearnos superar esa concepción tradicional de la cooperación internacional como si fuera la única labor de esta Comisión, y avanzar hacia una comisión de desarrollo y de derechos humanos, como tenemos en el ámbito de la Unión Europea, y como tienen también otros países del mundo.

Con respecto a la esencia y a la formulación de la proposición no de ley el infierno que viven los niños soldado es tan estremecedor que no hace falta cargarlo de mucho más dramatismo para explicar la urgencia y la importancia. Voy a dar tres datos. Se calcula que existen hoy alrededor de 300.000 niños y niñas utilizados para fines de guerra. Es muy difícil calcular el número exacto porque suelen ser secuestrados por grupos armados que no llevan esa contabilidad y que, sabiendo que desde 1998 está considerada la utilización de niños y niñas soldado como crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, se guardan mucho de su exposición pública, por ejemplo en puestos de control fronterizo y de vigilancia. Se utilizan estos niños y niñas para matar principalmente. Pero también para otros fines militares como son los trabajos de limpieza, de transporte, de cocina, y del día a día en los campamentos militares. Son utilizados como escudos humanos en caso de agresión. Pero lo que es aún más dramático en el caso de las niñas soldado, que suponen un 40% de este colectivo, es que sirven para estar a disposición sexual de los combatientes cuando estos lo ven oportuno. A modo de apunte me contaba Chema Caballero, que desgraciadamente ha conocido a muchas de estas niñas, cómo le explicaban que intentaban desesperadamente enamorar a los mandos militares porque si lograbas entrar en su círculo de protección te salvabas de ser violada por cuatro, cinco o seis soldados en una misma noche. Este drama, señorías, está pasando y pasa a menos de 4.000 kilómetros de aquí.

Esta proposición no de ley, señorías, quiere instar al Gobierno a tener como referencia este drama de violación de derechos humanos en un colectivo tan vulnerable como es la infancia, a seguir impulsando medidas y a consolidar otras que se han tomado, como los numerosos tratados internacionales al respecto. Como les decía, creo que no es un tema solo de cooperación; lo es de coherencia, de políticas de un país. En julio, por ejemplo, se abre la posibilidad de firmar un sólido tratado internacional sobre el comercio de armas, que afecta especialmente a estos niños y niñas soldado. El ministro Margallo ya se ha posicionado a favor de prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos, y espero, señorías, que ojalá esta Comisión pueda participar también, con su trabajo y su debate, a impulsar ese tratado internacional para que tenga criterios sólidos y objetivos concretos y que no se pueda trampear, como se ha hecho con otros documentos internacionales. No tendría ningún sentido intentar frenar el uso de niños y niñas soldado por parte de grupos armados, a los que de una forma u otra les llegan armas desde los países que firman también los tratados internacionales. Con tristeza creo que es coherente hoy recordar aquí que España ha sido uno de los principales exportadores de armamento y munición al África negra, así como por ejemplo el primer exportador a países como Gana.

Acabo ya, presidente. La cooperación y la ayuda oficial al desarrollo -como les decía al principio- son instrumentos para el desarrollo humano y para la consolidación de derechos humanos. Por eso se pueden lograr grandes avances poniendo énfasis también en otra serie de instrumentos, como los legislativos, y de tratados internacionales como los que se proponen hoy. Ojalá esta Comisión sirva para la consecución de esas políticas de desarrollo, para consolidar esas políticas de desarrollo distintas a las estrictamente presupuestarias de la ayuda oficial, que es una de las grandes reclamaciones también que vive hoy en día el sector. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Hay presentadas dos enmiendas; una por parte del Grupo de Convergència i Unió, que va a defender el señor Picó. Tiene la palabra.

El señor PICÓ I AZANZA: Simplemente explicaré la enmienda que hemos formulado a la proposición no de ley, compartiendo el espíritu y la redacción del grupo proponente. Nuestra enmienda copia casi literalmente los puntos de una proposición no de ley, aprobada por unanimidad en esta misma Comisión de Cooperación Internacional, en su sesión del día 11 de diciembre de 2007, con ocasión del debate de una proposición no de ley formulada por mi grupo parlamentario, en los cuales aprobamos que se debería aplicar una política exterior coherente con el establecimiento de esta prioridad, y con los compromisos internacionales adquiridos y suscritos por España sobre la utilización de niños y niñas soldado junto a las directrices de la Unión Europea sobre la materia; y punto número 2, adoptar medidas para combatir la impunidad de los autores del reclutamiento y la utilización ilegal de los menores en los conflictos armados.

Por otra parte, adicionábamos también en nuestra enmienda un punto relacionado con estudiar la posibilidad de condicionar en el Plan anual de cooperación internacional 2012 y en el próximo Plan director de la


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cooperación española la ayuda al desarrollo en los avances en la erradicación de la utilización de niños y niñas soldado en los conflictos bélicos. Esperando en este sentido que el grupo proponente pueda aceptar nuestra enmienda, en principio votaríamos a favor de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista el señor Corcuera había presentado enmienda, y pasa a defenderla.

El señor CORCUERA PLAZA: Efectivamente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación a esta proposición no de ley, no por estar en desacuerdo con el objetivo que pretende, que obviamente compartimos, sino para señalar que algunas de las peticiones que en ella se formulan forman parte ya de nuestras políticas de cooperación. El coste personal que deben pagar los niños y las niñas soldado es muy elevado, y sensibilizados y profundamente traumatizados por la experiencia vivida a muchos les siguen asediando los recuerdos de los abusos que presenciaron o que los obligaron a cometer, y una vez desmovilizados temen volver a sus comunidades de origen por miedo a las represalias de los vecinos. Como saben, señorías, el día 12 de febrero se celebra el Día mundial contra la utilización de niñas y niños soldado, coincidiendo con la entrada en vigor el 12 de febrero de 2002 del protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, impulsado por Naciones Unidas, que elevaba la edad mínima de reclutamiento y participación en hostilidades de quince a dieciocho años. El protocolo facultativo impide que los niños participen en las hostilidades, exhorta a todos los Estados a establecer la edad mínima de reclutamiento a los dieciocho años, y aumenta la conciencia de la obligación de los Estados para penalizar el reclutamiento y la utilización de niñas y niños. En un esfuerzo de fortalecer la norma internacional contra el reclutamiento de niños en el 2010 se puso en marcha una campaña de ratificación universal del protocolo facultativo bajo el lema Cero menores de dieciocho años, una causa que en nuestro país promueven entre otros Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación al Compromiso, Ayuda en Acción o Save the Children. El 12 de febrero de este mismo año, coincidiendo con el 10.º aniversario del Día mundial contra la utilización de niñas y niños soldados, las ONG españolas que trabajan por esta causa lanzaron algunas recomendaciones al Gobierno español para contar con su compromiso en la erradicación de esta práctica: promover la ratificación universal del protocolo facultativo; impulsar programas internacionales de asistencia a menores soldados; promover la adopción de un tratado internacional de comercio de armas, que asegure que no se autorizarán transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que puedan ser utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos, o incluir en el próximo reglamento de la Ley de Asilo el reclutamiento forzoso de niños soldado.

Señorías, como saben, la cooperación española tiene ya incluida esta línea en sus directrices, tal como recoge el Plan director de la cooperación española 2009-2012. Permítanme que a modo de ejemplo les lea alguna referencia al respecto. La cooperación española, marca el Plan director, se alinea en su política de desarrollo de la infancia y la juventud con la agenda internacional, y propugna un enfoque basado en los derechos humanos. La Convención sobre los derechos del niño y sus dos protocolos facultativos relativos a, primero, la venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y segundo, la participación de los niños y niñas en los conflictos armados, que constituyen el núcleo fundamental del marco internacional de referencia para la infancia. Con estas directrices se estableció en 2010 el Acuerdo de asociación estratégica con Unicef, acuerdo que establecía la concentración de las contribuciones españolas en los diferentes fondos temáticos de la organización, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la supervivencia infantil y de los derechos de la infancia. Con este fin durante 2010 en materia de protección de la infancia en conflictos armados Unicef prestó asistencia a la reintegración de 28.000 niños y niñas afectados por conflictos armados y 11.400 niños y niñas vinculados con fuerzas y grupos armados.

Señorías, encontramos también referencias en la estrategia de construcción de la paz que se aprobó en la legislatura pasada, donde se establece entre las actuaciones prioritarios para el desarrollo de actividades concretas de construcción de la paz incorporar los principios de París sobre niños y niñas soldados, aprobados en la Conferencia Liberemos a los niños de la guerra, de febrero de 2007, a la práctica cotidiana de los actores españoles en los escenarios de construcción de la paz. Finalmente, en línea con la adopción de un tratado internacional de comercio de armas el Grupo Parlamentario Socialista registró el pasado 22 de marzo una PNL para instar al Gobierno a impedir el uso y comercio irresponsable e ilícito de armas que contribuyan a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, aprovechando la próxima aprobación del tratado internacional sobre el comercio de armas, una iniciativa que se acordó negociar en el seno de Naciones Unidas en octubre de 2009, y que contó con el apoyo decisivo de España y de la Unión Europea.

Señorías, basta leer alguno de los testimonios de sus víctimas para darse cuenta de la crueldad de estos actos. Permítanme que para acabar me refiera a uno en concreto. Decía esta persona, esta niña: Estaba escondida, pero vi cuantos violaban a mis hermanos, a mis hermanas y a mi madre. Estaba asustada y pensé: si me alistaba en el ejército estaría protegida. Quería defenderme. Una vez en el ejército aprendí a llevar y a utilizar un fusil e hice guardias nocturnas y diurnas. Era horrible, porque yo solo tenía doce años y los otros soldados a


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menudo me golpeaban y me violaban durante la noche. Un día un comandante quería convertirme en su esposa e intente escapar. Me capturaron, me azotaron y me violaron durante muchos días. Este, señorías, es el testimonio de Natalia, tiene dieciséis años, procede de Kivu Meridional y fue reclutada cuando tenía doce años. Es un testimonio que nos facilita Amnistía Internacional.

El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posición, ¿algún grupo quiere manifestarse? (Asentimiento). Tiene la palabra en primer lugar el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Señorías, desde Amaiur vamos a votar positivamente a esta proposición, si bien la consideramos, al menos en su texto inicial, meramente una declaración de buenas intenciones que no obliga a nada y se concreta en menos. Es cierto que podríamos interpretarlo de manera positiva como un primer paso, tímido, pero en la buena vía, pero si tenemos en cuenta que se nos habla de incluir esta iniciativa en la agenda política de cooperación internacional, y teniendo en cuenta que sobre la agenda política de este ministerio la prioridad será orientar la marca España, trabajar con países de América Latina, y en aquellos donde haya presencia de empresas españolas, lo vemos difícil. Pero si además de eso asistimos al mayor recorte de la cooperación al desarrollo de los últimos años, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Es coherente hacer un compromiso con los menores soldados, cuando el trabajo en materia de cooperación está siendo anulado hasta el extremo? ¿Es creíble? ¿En qué se concretará? ¿En qué agenda política se está trabajando realmente por la infancia y por la construcción de la paz en los países del sur? Los recortes y la importancia ínfima que el Gobierno actual está dando a la cooperación al desarrollo evidencian un posible cambio de modelo. ¿Dónde queda el trabajo por la infancia, por la paz y en concreto por los menores soldado? Los programas de desmovilización, reinserción, rehabilitación, no son sencillos y requieren de trabajo político, técnico y especializado y de varios recursos económicos. ¿El Gobierno del Partido Popular está dispuesto a continuar apoyando este trabajo? ¿Con qué alianzas? ¿En qué países? Esto nos lleva a hacernos varias reflexiones. En primer lugar, la llamada que se hace a promover acuerdos y tratados de cara a su prevención es correcta, pero por qué no se especifica más, como lo han hecho el señor Uriarte o el señor Corchera. Por ejemplo instar al Gobierno a que promueva la ratificación universal del protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a menores soldado, tanto en foros internacionales como en el marco de las relaciones bilaterales; que impulse programas internacionales de asistencia a menores soldado prestando atención a su situación psicológica, rehabilitación e integración, y facilitándoles el acceso a oportunidades de educación y empleo adecuados. O las siguientes medidas. Impulsar en Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el monitoreo, documentación y denuncia pública de las violaciones sufridas contra niños y niñas soldado en aquellos países donde aún se producen reclutamientos, garantizar que la protección de las y los menores soldado tienen carácter prioritario dentro de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países en los que se sigue produciendo reclutamiento. Esto incluiría un llamamiento a las partes en conflicto, a finalizar el reclutamiento y la utilización de menores. Condenar públicamente las violaciones de derechos humanos sucedidas. Promover en foros internacionales y relaciones con otros países la detención de los prófugos del Tribunal Penal Internacional con causas pendientes por reclutamiento de niñas y niños soldado.

En segundo lugar, consideramos primordial promover la adopción de un tratado internacional -que antes se mencionaba- sólido sobre el comercio de armas, que asegure que no autorizará transferencias de armas cuando haya un riesgo sustancial de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. Nos guste o no los niños de la guerra portan armas, disparan munición y colocan minas españolas. ¿No creen que es necesaria también una implementación de la ley nacional sobre trazabilidad de armas? Se debe fomentar la transparencia en la venta de armas, conocer su origen en los conflictos, y en definitiva avanzar hacia la desmilitarización, avanzar en la desaparición del sector de la muerte.

Y en tercer y último lugar, en su propuesta se habla de establecer programas de rehabilitación y reintegración. Señoras y señores del PP, ¿y en el Estado español se puede hacer algo? ¿No creen que es justo y un primer paso ejemplarizante poder acoger a menores soldados aquí, en el marco de programas de apoyo a la reinserción de menores soldado? Así se ha hecho con defensores de derechos humanos, o como hace apenas dos meses varias ONG que antes se han mencionado -Amnistía Internacional, Save the Children, Alboan, Entreculturas-, solicitaban al ministro de Asuntos Exteriores que en el próximo reglamento de la Ley de Asilo el reclutamiento forzoso de niños soldado sea reconocido como motivo de solicitud de asilo. ¿No son estas dos medidas lógicas y justas en relación a su proposición y de fácil aplicación?

En conclusión, Amaiur considera que la propuesta presentada es una mera declaración de intenciones que no se concreta en nada y que en el contexto de la política de cooperación, con los recortes anunciados y vistos los antecedentes en el Estado, donde el rechazo de las dos grandes formaciones a favor de una nueva ley de venta de armas de cara a implementar la trazabilidad de las mismas, es cuando menos poco creíble. A pesar de lo dicho es cierto que con lo que se dice estamos de acuerdo. Además defendemos en este campo ir más allá de lo mentado, y como ha avanzado inicialmente Amaiur, aun de manera crítica, votará afirmativamente a esta propuesta.


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El señor PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la señora Ortiz, por el Grupo de La Izquierda Plural.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muy brevemente. Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley, aunque también compartimos la visión del diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. Ha habido muchas intervenciones, a veces un punto autocomplacientes porque el texto dice lo que dice y es una declaración de intenciones de hacia dónde tenemos que ir. Yo lo que celebro más de este punto del orden del día es la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Popular. Su reflexión personal creo que sí iba un poco más allá. De hecho la reflexión que queríamos hacer desde La Izquierda Plural, desde ICV, es precisamente esta. Esta Comisión no es bueno que haga relatos de la situación, escalofriantes como algunos de los que se han producido aquí, pero luego las políticas del resto de ministerios o de otras Comisiones van en otro sentido.

Creo que ha sido relevante que el diputado plantee la necesidad de la coherencia y de apostar por el desarrollo, y no tanto un punto de vista asistencial de la cooperación. Aquí nosotros señalamos la coherencia y esperemos que convenza también al Gobierno de la necesidad de que la coherencia esté al servicio de las resoluciones que aquí planteamos, no solo en cooperación, sino en el resto de ministerios. Aquí vendría todo lo que ya ha surgido en el debate sobre comercio de armas, sobre las exigencias a nuestras empresas españolas sobre el comportamiento, sobre con qué países tenemos relación o no, con qué países incluso tiene la Corona relaciones o no. Estamos hablando por ejemplo de Siria y también de dictaduras, de la vulneración de derechos humanos y de asesinatos de niños en muchos países. Podríamos hablar de muchísimas cosas, no lo digo como algo anecdótico, sino que la transversalidad de este debate nos obligaría a hablar de todo esto. También es verdad que agradeceríamos coherencia, para empezar, en el propio presupuesto, y el recorte que ha habido en la cooperación española, que es el mayor de toda la historia, superior al 50%, no se corresponde con la reducción en el Ministerio de Defensa, donde ha sido menor a la media del presupuesto. Esto deberíamos apuntarlo precisamente cuando hablamos de los niños de la guerra.

El señor PRESIDENTE: Pregunto al proponente su consideración sobre las enmiendas. Sea muy severo consigo mismo en el tiempo, por favor.

El señor URIARTE AYALA: Con mucha brevedad, señor presidente, pero para hablar de las enmiendas. Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre la enmienda del portavoz de CiU planteo una duda a la Mesa: no se puede tomar un punto en consideración y el resto no, ¿verdad? Tiene que ser la enmienda en su totalidad.

El señor PRESIDENTE: Si acepta la enmienda, la votación por separado no es posible.

El señor URIARTE AYALA: Entonces hay que rechazar la enmienda de CiU por incompatibilidad, en coherencia con uno de los puntos de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: La letrada asiste al presidente y con ello a la Comisión, y lo que está sugiriendo es una invitación a un texto transaccional si hubiere lugar por parte del proponente, y que lo hagan llegar a la Mesa.

- SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS ESPECULATIVAS SOBRE BIENES ALIMENTARIOS DE PRIMERA NECESIDAD EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000353).

El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día, sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo. Su autor es el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Entiendo que la señora Ortiz va a proceder a su defensa. Ruego a los portavoces que fijan posición que, aunque nadie efectivamente ha sobrepasado en demasía los cinco minutos, que sí se acuerden que les ruega esta Presidencia que sean, a ser posible, los más breves de los intervinientes. Muchas gracias.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta proposición no de ley va en la línea de lo que decíamos en el punto anterior: buscar la coherencia, ir al origen de las dificultades del desarrollo. Aquí a veces hablamos de consecuencias, pues vayamos al origen de las desigualdades que existen y en este caso de las hambrunas que existen en el mundo.

Es una proposición no de ley que no pide presupuesto, no pide recursos, sino voluntad y valentía política porque seguramente va a atacar el origen de uno de los principales problemas que tenemos en los últimos años, precisamente en generación de muertes por la dificultad de acceder a los alimentos. Esta proposición no de ley surge a raíz de una campaña presentada por Veterinarios sin Fronteras que habla de que con la alimentación no se juega, y lo que quiere es denunciar un hecho que a nuestro entender es inadmisible, tanto desde el punto de vista ético como humano, por entender que es un hecho que atenta contra la propia civilización humana, cómo el sistema logra ser así de destructivo contra la propia humanidad. A nuestro entender, es un hecho inadmisible y lo que denuncia esta campaña de Veterinarios sin Fronteras es cómo la ingeniería financiera, la especulación en los mercados financieros, ahora tiene un nuevo objetivo que son las materias primas y, en este caso, una


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cuestión tan básica como los alimentos. Después de la crisis hipotecaria que nos ha arrastrado a una crisis global con millones de damnificados, después de la especulación inmobiliaria, ahora los mercados financieros, los especuladores, tienen un nuevo objetivo que son los alimentos, los bienes más básicos; estamos hablando de especular con trigo, con maíz, con vacuno o con lo que sea y para mucha gente esto significa morir de hambre directamente. Casi 2.000 millones de personas en el mundo utilizan más del 50% de sus recursos solo para adquirir comida y, por tanto, los efectos de la subida de precios alimentarios son devastadores. En este sentido, la organización Veterinarios sin Fronteras alerta sobre todo acerca de las prácticas de algunas entidades financieras en el mundo, pero también del Estado español. Me gustaría denunciarlo desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Ha habido este tipo de comportamientos de utilizar productos financieros vinculados a la especulación alimentaria por parte de Caixa Catalunya en su momento y ahora con Banc Sabadell. Son entidades financieras que utilizan estos productos que atacan directamente a los recursos básicos. A modo de ejemplo del impacto que tienen estos productos -hablamos de dos tipos de productos, los mercados de futuros y los índices de materias primas-, los precios del trigo aumentaron un 46% entre el 10 de enero y el 26 de febrero de 2010 y, por tanto, aquí no hablamos ni de sequía ni de una mala cosecha, hablamos directamente de las consecuencias de especular con alimentos.

Lo que aquí planteamos es precisamente la denuncia y una exigencia al Gobierno del Estado y no nos vale el no se puede hacer nada. Creo que la lección de la crisis financiera y de la crisis hipotecaria nos dice cómo deberíamos actuar. Tenemos mil instrumentos: por un lado, dejar que estas prácticas sean invisibles y ha habido una invisibilidad -que también Veterinarios sin Fronteras denuncia- porque hay una opacidad en estos mercados y una connivencia o complicidad para que no se sepa y no se saque a la luz cuál es el comportamiento de entidades financieras con estos productos. Por tanto, el Gobierno también podría dar publicidad y hacer una advertencia a las entidades financieras españolas en este sentido. Igual que hacemos códigos de buenas prácticas, en este sentido se podrían hacer unas recomendaciones. También exigimos que sea el Gobierno de España el que promueva el cambio en la Directiva de Instrumentos Financieros Europeos, que se está revisando, para que incluya esa regulación, que como mínimo se incluya transparencia, porque hoy este tipo de productos financieros no se incluyen en los mercados regulados, normalmente están en mercados secundarios, opacos y, por tanto, no se puede acceder a ellos en su propio funcionamiento y no se puede intervenir. Pedimos una regulación. Estamos intentando hablar con el Grupo Popular. Hay dos grupos que han presentado enmiendas y, en principio, aceptaríamos las enmiendas del Grupo Socialista. Queríamos ser contundentes, prohibir, pero entendemos que estamos hablando de un drama, que hay que actuar y, por tanto, si podemos incluir alguna mejora en este sentido y que el Gobierno de España lidere o promueva en la Unión Europea un cambio, creemos que será un avance y esperamos llegar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de enmiendas tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Popular, el señor Pastor.

Señor Pastor, ¿es consciente de que dispone de muy pocos minutos, siete como máximo?

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Sí, soy consciente, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender mi enmienda en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.

En cualquier caso, antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría introducir dos pequeñas reflexiones previas. En primer lugar, entiendo que todos los miembros de esta Comisión compartimos lo que yo personalmente creo que es el fin último de esta proposición no de ley, que no es otro que ir en la línea de los objetivos del milenio y, en particular, de la erradicación del hambre del mundo, algo que entiendo que todos los grupos compartimos y el Gobierno también comparte. La segunda reflexión es acerca de las competencias a la hora de poner en marcha lo que la PNL propone. En este caso entiendo que esta proposición no de ley que estamos debatiendo en la Comisión de Cooperación Internacional y Desarrollo podría perfectamente haber ido a la Comisión de Economía y Competitividad o a la de Agricultura, puesto que lo que se está pidiendo no es otra cosa que la regulación de los mercados financieros, cuestión sobre la que esta Comisión y el Ministerio de Asuntos Exteriores no tienen muchas competencias, que yo sepa. Y a la de Agricultura porque, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de la fluctuación en los precios del mercado agrícola y son cuestiones que actualmente está tratando el Ministerio de Agricultura. En cualquier caso, la Mesa ha calificado la proposición no de ley con buen criterio y mi impresión es que esto viene a la Comisión de Cooperación para el Desarrollo porque de lo que estamos hablando, como decía, es de uno de los objetivos del milenio, en concreto del de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, con el que, repito, todos estamos de acuerdo, como entiendo que se ha planteado en muchas ocasiones.

La proposición no de ley en cuestión se centra en el impacto de la especulación financiera para explicar la volatilidad de los precios y las recientes crisis alimentarias, concretamente las de los años 2007-2008 y 2010-2011, en las cuales, efectivamente, se produjeron unos incrementos notables en el precio de los alimentos, lo cual tiene un impacto especialmente grave para los países más pobres, como perfectamente ha explicado la ponente. Sin embargo, siendo cierto que la volatilidad en estos momentos del mercado de las commodities y de


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los bienes alimentarios supone un problema, y siendo cierto también que están surgiendo voces en el entorno de la opinión pública que llaman la atención sobre el papel que los mercados financieros juegan en este tipo de mercados, no es menos cierto que este no es el único factor que influye en la volatilidad de los precios de las materias primas, concretamente de las alimentarias. Un análisis serio y en profundidad nos diría que existen muchos factores, causas estructurales y causas coyunturales que explican la elevación de los precios. Entre las causas estructurales podemos encontrar, por ejemplo, el incremento de la población mundial. Este último año hemos alcanzado los 7.000 millones de habitantes y las proyecciones de que disponemos indican que en el año 2050 alcanzaremos los 9.000 millones de habitantes, cuestión que -entiendo que es bastante obvio- tira para arriba de la demanda y de la expectativa del crecimiento de los precios. Por otro lado, el enriquecimiento de los países emergentes y la aparición de una nueva clase media tiene también su influencia en los precios al incrementar de nuevo la demanda, y el cambio climático también influye pues afecta a las producciones e impulsa políticas de biodiésel que detraen recursos de la producción agrícola. Junto a estas causas, existen también otras causas coyunturales: las sequías, el cierre de fronteras...Estas causas sí existen y están muchas veces en el inicio de esas crisis alimentarias de las que estamos hablando. También es cierto que en estos casos los precios han sufrido las mayores oscilaciones.

En cualquier caso, nuestra enmienda plantea un enfoque desideologizado y global. Es una enmienda que pretende atacar todas las causas que nos impiden llegar a este objetivo del milenio al que antes nos referíamos: el impulso de avances tecnológicos, mejoras en las infraestructuras, tanto en la producción como en la distribución como en el almacenamiento donde existe un amplio campo para ganar eficiencia; transparencia en los sectores fundamentales del mercado, que es una de las cuestiones más importantes puesto que la incertidumbre en muchos casos provoca una mala asignación de los precios. Es necesario que haya más transparencia y una información más actualizada disponible tanto sobre los inventarios como sobre los estocajes disponibles y, por supuesto, cómo no, la mejora del funcionamiento de los mercados internacionales de capital a través de los productos derivados financieros objeto de la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural. En este sentido nuestra posición es que hay que ir a una mayor transparencia de este tipo de mercados. Es una cuestión en la que además inciden la mayoría de los estudios disponibles, desde un estudio, por ejemplo, sobre el incremento de precios en los mercados de alimentos, de FAO, de la Organización de Naciones Unidas, o la formación del precio en los financializados mercados de materias primas. Lamento la traducción, porque el estudio estaba en inglés, pero, en cualquier caso, es un estudio de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. En lo que inciden todos estos estudios es en que la mejora de la regulación y el aumento de la transparencia son cuestiones esenciales para estos mercados y no tanto la prohibición porque de lo que se trata es de reducir la incertidumbre.

Por último, me gustaría señalar que el enfoque a este tipo de cuestiones tiene que ser fundamentalmente un enfoque multilateral. Lo que nosotros hagamos en España tiene muy poco valor en tanto en cuanto no esté en relación con lo que se haga en la Unión Europea o con el G-20, donde realmente se pueden tomar decisiones para regular este tipo de mercados o para mejorar su funcionamiento, ya que estos mercados son mercados mundializados.

En cualquier caso, como ha dicho la proponente, existe un texto sobre el cual estamos trabajando que se enfoca en mayor medida o con mucha más intensidad que la proposición presentada en este tipo de factores, en la mejora de la regulación, en la mejora de la transparencia, no en la prohibición, y en el enfoque multilateral que en este caso es básico. En el momento en el que tengamos un texto se lo pasaremos a la Mesa y en caso contrario, si al final no se llega a ningún tipo de acuerdo, votaremos en contra de la proposición porque el enfoque que plantea de partida es un enfoque, en nuestra opinión, excesivamente ideologizado y que no responde a los retos que se plantean en esta materia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo presenta otro texto transaccional.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Estamos debatiendo el texto.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra para la presentación de su enmienda la señora Monteserín Rodríguez.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Quería empezar diciéndole al portavoz del Grupo Popular que en esta Comisión se insta al Gobierno en su conjunto y que si conociera el trabajo anterior de esta Comisión de Cooperación Internacional se daría cuenta de que esta Comisión es competente para hablar de estos temas y para plantearlo ante cualquier instancia del Gobierno.

En este sentido, yo quiero decir que estamos hablando de un tema muy serio y todos en el mundo desarrollado tenemos un nivel de responsabilidad, porque que mucha gente pase hambre en el mundo es también nuestra responsabilidad y tiene que ver con nosotros. Efectivamente las sequías, sin duda, son una causa importante para desencadenar hambrunas en los países empobrecidos y en África especialmente, pero es nuestro sistema económico y nuestra ansia de beneficio, es decir, la avaricia de los poderes salvajes, la que hace que mucha gente, como se describe en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, pase hambre. Por eso, los sistemas que especulan con alimentos en realidad especulan con la vida de muchas personas y de muchos niños y niñas.


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Esto es lo que tenemos que denunciar y combatir y por eso me parece muy oportuna la presentación por parte de La Izquierda Plural de esta PNL.

Son las caídas de las tasas de ganancia de los años ochenta en el pasado siglo XX las que han llevado a la aparición de los capitales especulativos. Desde entonces a hoy una inmensa cantidad de operaciones económicas no corresponden a las actividades productivas, y por tanto reales, sino que son puramente especulativas que crecen y han crecido al albur de un mercado global desregularizado. En los mercados de futuro se pueden comprar y vender valores sin que haya ningún producto que justifique la operación de subida o de bajada de los mismos. En este contexto lo que para una persona pobre es una ración de maíz o de trigo que supone su supervivencia, para un agente de Bolsa se convierte en un activo titularizado que puede incrementar el precio con operaciones libres que por justicia, pero también por necesidades de racionalización de los mercados, es necesario acotar. Porque, en realidad, y discrepo de la intervención del portavoz del Grupo Popular, esta es la mayor causa del hambre. Luego estarían seguidas por el crecimiento de las demandas, bien por la fabricación de biocombustibles o bien por el acceso de nuevos consumidores en países emergentes o por incremento de la población, pero estamos hablando en estos casos en porcentajes muy inferiores todos ellos, nunca más de un 30%, mientras que un 60% correspondería al sistema financiero especulativo.

Para eso están la política y las instituciones democráticas, porque las instancias gubernamentales tienen que poner límites y reglas a estas operaciones especulativas. Por tanto, frenar la especulación financiera debe ser un objetivo clave de la política de mercados financieros; mejorar su transparencia y su conocimiento también; imponer límites estrictos al volumen de operaciones individuales y a las especulaciones como tal es imprescindible; asegurar una supervivencia fuerte concediendo poder y herramientas a las autoridades; introducir una regulación específica sobre inversiones para frenar el acaparamiento de tierras y fortalecer las reglas de responsabilidad de los inversores y proveedores de servicios financieros en materia de derecho a la alimentación y prevención del hambre. Todo ello no lo podemos hacer solos. Ahora bien, lo tenemos que cumplir como país, España, y hay que moverse en el seno de la Unión Europea para que la directiva nueva en este sentido asuma todas estas propuestas, pero, sobre todo, hay que moverse en el espacio internacional. De ahí nuestra enmienda porque creemos que es el G-20 el que tiene que tomar decisiones en esta dirección y por eso creemos que es necesario mencionarlo en esta proposición no de ley de La Izquierda Plural que está inspirada en la propuesta de Veterinarios sin Fronteras y que, como decía antes, nos parece oportuna y necesaria.

Señorías, en estos momentos en que los recortes presupuestarios a la cooperación al desarrollo son tan drásticos en el mundo y especialmente en nuestro país, puesto que en el presupuesto de 2012 se contempla una reducción de más del 70% de la partida de desarrollo que tiene que ver con la cooperación internacional, es necesario, como decía antes la portavoz de La Izquierda Plural, ir a las causas del empobrecimiento para evitar desastres humanitarios y lo es por coherencia y lo es por ética con ellos, pero también por coherencia y ética con nosotros para contribuir a que el mundo sea un poco más decente cada día.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar alguna posición? (Pausa).

¿La proponente sobre enmiendas? (Pausa).

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estamos acabando de negociar. Solo unos segundos. Precisamente porque estamos negociando agradecería no tacharlo de una posición ideologizada. Creo que todos los que estamos aquí tenemos ideología política y defendemos unas posiciones. No he calificado lo que me parecía la enmienda del Grupo Popular con el objetivo de llegar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Ha sido tan breve que prácticamente no ha entrado en otra cosa que la justificación.

- RELATIVA AL AUMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LAS SUBVENCIONES QUE OTORGA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000354).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa al aumento de la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular y la presenta doña Carmen Quintanilla.

La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, hoy traemos a esta Comisión una iniciativa parlamentaria, en la línea marcada por el Gobierno de España, de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una proposición no de ley, como bien saben ustedes, dirigida a incrementar la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a personas y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de dichas subvenciones. Señoras y señores diputados, sabemos -así lo estamos entendiendo todos- que vivimos unos momentos de crisis y de grave situación económica que, efectivamente, han llevado a que el Gobierno de España, muy a su pesar, haya tenido que


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establecer ajustes que a ningún Gobierno le hubiera gustado promover y que hoy más que nunca es necesario que el dinero del Estado, en este caso en los proyectos de cooperación internacional, sea repartido desde la más absoluta justicia y profesionalidad y desde luego que se cumplan los fines para los que se han concedido.

En este punto, me gustaría poner en valor y hacer un reconocimiento público de la excelente labor y el encomiable esfuerzo que realizan las organizaciones no gubernamentales y las instituciones, que trabajan en cientos de proyectos en los más recónditos lugares del mundo con el objetivo de que las personas que habitan en los países en vías de desarrollo tengan una mejor y mayor calidad de vida. No podemos olvidar cómo la Agencia Española de Cooperación ha trabajado en educación, en violencia de género, en la lucha contra el sida y en tantos y tantos proyectos que han hecho posible que cientos de millones de personas tengan hoy mejores oportunidades en su vida. Además, no quiero olvidar que la coordinadora de las ONG ha sido la abanderada en los procesos de transparencia de rendición de cuentas y de código de conductas. Por eso el Grupo Parlamentario Popular considera que es importante potenciar esta labor, otorgando a las subvenciones que se conceden en estos momentos -va a haber menos que nunca- desde la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una mayor transparencia a través de medidas como las que solicitamos en esta proposición no de ley, dirigidas a dotar de una mayor credibilidad a estas ayudas, a los proyectos que se financian con ellas, a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones que las reciben.

La concesión de dichas subvenciones está perfectamente regulada por distintas órdenes, donde se establecen sus objetivos y finalidades, las prioridades de cada una de ellas, las valoraciones, las resoluciones, los pagos y las justificaciones; en definitiva, el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones de los beneficiarios, así como las responsabilidades, los reintegros y la valoración de los proyectos dentro de cada línea de subvención. Sin embargo, hemos visto a lo largo de las distintas legislaturas que esta iniciativa no es nueva. Así, fue presentada en el año 2011 por mi grupo parlamentario. Y desde que en el año 1998 el entonces Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de España, aprobara la Ley de Cooperación, así como después el plan director, también hemos visto cómo la propia sociedad ha pedido que haya una mayor transparencia a la hora de la concesión de las subvenciones. Hasta ahora hemos visto cómo las puntuaciones obtenidas por cada proyecto para acceder a dichas subvenciones no han sido públicas y por eso vuelvo a repetir que mi grupo parlamentario considera necesario que la transparencia sea el principio que guíe el proceso de valoración y puntuación de los proyectos, con medidas como la publicación de dichas puntuaciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a esa información. La transparencia es hasta ahora una de las asignaturas pendientes de la cooperación española, que el Gobierno de España sin ninguna duda está dispuesto a aprobar, una transparencia que debe ir incluso más allá de publicar las puntuaciones de los proyectos y que precisa solicitar a todos los actores que intervienen en la cooperación al desarrollo -organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, gobiernos- que actúen bajo los mismos principios de mayor apertura y transparencia. Por tanto, vuelvo a reiterar que toda política pública debe ser transparente y mucho más aún en estos tiempos de crisis, donde en muchas ocasiones se nos encoge el corazón ante la situación que estamos viviendo. Por eso el Grupo Parlamentario Popular está convencido -así lo quiero hacer llegar a todos los grupos- de que esta es una iniciativa a favor de la cooperación y de una mayor sensación de honradez que debemos facilitar a todos los ciudadanos y también de un compromiso claro con la transparencia. Así lo ha hecho constar el Gobierno de España.

He recibido, señor presidente, varias enmiendas: una del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Mixto, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En estos momentos estoy viendo cómo las podemos transaccionar para que esta iniciativa, basada en la transparencia, en la justicia y por supuesto en el compromiso de honradez -así lo han demostrado a lo largo de todos estos años las distintas organizaciones no gubernamentales que han trabajado con la cooperación española y han hecho posible una mejor vida a millones de seres humanos-, la podamos sacar adelante de acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Les pido el voto para ella e indiscutiblemente, señor presidente, muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad, aparte de pertenecer a esta Comisión, si siguen ustedes transando, vamos a despoblar de oyentes esta Comisión, ¿eh?, pero bueno... (Risas).

Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo comparte absolutamente los objetivos de esta proposición no de ley. Esperamos que la transparencia en el ámbito de la cooperación vaya más allá de la Ley de transparencia anunciada por el Gobierno. Ya que decía la señora Quintanilla que iba en la misma línea, espero que sea más, puesto que esa ley se queda bastante corta en muchos aspectos que desde luego no es el momento de debatir. Precisamente, como esta proposición no de ley habla genéricamente de incrementar la transparencia, mi grupo ha presentado un par de puntos para concretar ese incremento de la transparencia, que sería muy interesante que el Grupo Popular considerara. Se refieren a que se fije públicamente el baremo meritocrático de los proyectos que se presenten a la consideración de la Aecid y a que se haga pública la concesión de ayudas públicas a las


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ONG. Asimismo, que se publiquen las puntuaciones de cada proyecto y de cada programa, tanto los aceptados como los no aceptados, para estas subvenciones. En segundo lugar, que entre los baremos que marque la Aecid para aprobar o desestimar un proyecto se contemple que las ONG cumplen los indicadores objetivamente verificables sobre transparencia y buen gobierno de las ONG que determinó el grupo de transparencia y rendición de cuentas de la Coordinadora nacional de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Este tipo de proposiciones no de ley, cuando no se concretan suficientemente los términos, quedan en una excesiva vaguedad y por eso la pretensión de mi grupo es lograr alguna concreción.

El señor PRESIDENTE: Gracias por su claridad.

Es el turno del portavoz del Grupo de Convergència i Unió, del señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular incide en la necesidad de avanzar en la transparencia en la concesión de subvenciones a personas y entidades sin fines de lucro, ahondando en el contenido de la orden aprobada en octubre de 2011, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, no cabe ninguna duda de que mi grupo parlamentario cree que es necesario avanzar en la transparencia de las políticas públicas, no únicamente por la situación económica que vivimos, sino también porque debe ser consustancial a las mismas.

Con relación a la transparencia de las políticas en materia de cooperación internacional al desarrollo, debemos destacar dos aspectos. El primero de ellos es el IV Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, en Busán, que incluyó como principio compartido para lograr objetivos comunes la rendición de cuentas y las prácticas transparentes hacia los beneficiarios, hacia los ciudadanos y hacia las organizaciones. Las prácticas transparentes constituyen la base de una mayor rendición de cuentas. En este sentido, en la primera proposición no de ley -que contará con nuestro voto favorable- presentada por el señor Tardà, se ha incluido un punto número 2, que nos habla también de transparencia: Enviar un informe anual a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la participación de los ministerios que tienen fondos de ayuda oficial al desarrollo dentro de sus partidas.

Esta es la segunda proposición no de ley en la que también abordamos la materia de transparencia. De ahí el porqué de nuestra enmienda. Esta preocupación llevó a reclamar a mi grupo parlamentario la semana pasada, en la comparecencia del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, la adopción de medidas para la total transparencia de la ayuda oficial al desarrollo. Concretamente, reclamamos un plan de transparencia para la cooperación española. Debo decir -y así nos congratulamos- que el secretario de Estado nos avanzó que quería hacer un plan sobre transparencia. De ahí nuestra enmienda, que aborda la necesidad de un plan para mejorar o incrementar la transparencia relativa a la información, evaluación y rendición de cuentas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, más allá de lo que podía ser la mera concesión de subvenciones a personas y entidades sin fines de lucro que creemos que es importante, pero debemos dar pasos más avanzados.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra para defender su enmienda, el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Hace trece meses aproximadamente, fue en marzo del año pasado, el Grupo Popular presentaba una proposición no de ley exactamente igual. El preámbulo era el mismo, aunque cambia no obstante el texto de la proposición; esta vez se queda un poco más corto, hace un año era más ambicioso. En cualquier caso, el principio de transparencia que persigue alcanzar la proposición nos parece absolutamente loable. Por lo tanto, es imposible estar en contra de que se aplique este principio por parte de la Administración pública. La transparencia es uno de los componentes de la rendición de cuentas que se vincula directamente a la gobernanza, sobre todo entendida desde un concepto moderno, como la puesta en práctica de estilos de gobernar en donde se difuminan los límites entre el sector público y el sector privado, lo cual en la relación entre ONG y Administración parece muy apropiado. La transparencia supone mejorar la toma de decisiones, generar mayor presión social para mejorar el reparto, construir una responsabilidad compartida en torno al uso de la ayuda, vincular la ayuda a los resultados, limitar la corrupción, la duplicación y el despilfarro y mejorar la investigación y el aprendizaje. Ahora bien, reclamar la transparencia a la ayuda oficial al desarrollo exige algo más que la mera convocatoria de ayudas a ONG. Es necesario que no pese siempre sobre éstas la necesidad de adoptar mayor transparencia, aunque sea necesario, porque este propósito de transparencia tiene que afectar a toda la política de cooperación internacional que realiza el Gobierno y además incluso todas las administraciones públicas españolas. Es fundamental que la transparencia nos procure mejores resultados, pero también que la población pueda estar informada y pueda participar en el debate sobre el uso de la ayuda.

Hay antecedentes que además nos exigen dirigirnos hacia la cuestión de la transparencia. El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de 15 de julio de 2004, referido al ejercicio 2001, apreciaba preocupantes irregularidades tanto en el funcionamiento de los organismos oficiales como en la comisión de evaluación y las unidades gestoras de las subvenciones, así como en las entidades beneficiadas. Entre otras irregularidades apreciaba que los informes de evaluación de las solici


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tudes de proyecto fueron realizados en 2001, al igual que en ejercicios anteriores, por dos empresas consultoras contratadas al efecto que, curiosamente, prestaban servicios privados también de cooperación internacional a las propias ONG en identificación, formulación, preparación. En fin, el propio tribunal entendió que ahí había una situación incómoda para poder valorar aquellos proyectos. De igual modo que se produjo entonces una concurrencia tanto en el volumen de las ayudas como en las organizaciones beneficiarias. No he podido ver ningún otro informe, este es el último que consta, pero, desde luego, en función de lo que establece el Tribunal de Cuentas sí que es preciso que nos adentremos en este propósito de la transparencia. Es cierto que ha variado bastante desde aquel año, hemos avanzado bastante, pero sigue siendo un propósito necesario.

También lo es para la cooperación descentralizada. El último informe que hace la coordinadora de ONG sobre cooperación de las comunidades autónomas, que se ha publicado este mismo año 2012, concluye que en la mayoría de las comunidades autónomas la información que existe sistematizada y con posibilidad de acceso es sobre cooperación indirecta y la directa se caracteriza por su opacidad -dice textualmente-. La falta de accesibilidad y de detalle de la información constituye un problema grave en tres comunidades autónomas, y cita a Cantabria, Madrid y Castilla y León. Y por supuesto me ahorraré otros casos que afectan más a mi tierra, porque creo que no vale la pena introducir ningún elemento incómodo.

En fin, todo ello creo que justifica sobradamente que nos planteemos con seriedad abordar la transparencia. Nosotros creemos en ese sentido -y coincidimos con la exposición de la portavoz del Grupo Popular- en el papel fundamental que desempeñan las ONG en este terreno, sobre todo porque la proposición va dirigida especialmente a ellas. Por lo tanto, me parece muy bien que haya subrayado el papel de actor relevante que tiene las ONG, algo que la propia Ley de Cooperación del año 1998 ya significó por primera vez. En consecuencia, hay que ir en esa línea y también, como ella mismo ha dicho, en la de las ONG como abanderadas en la cuestión del código de conducta, en su propósito ético y herramientas sobre transparencia y buen gobierno, que hay que incorporar también como un activo en este propósito. Por tanto, pedimos también, además de este reconocimiento, que se tenga en cuenta a las ONG para concretar esas medidas de transparencia.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa). No los hay. ¿Alguna consideración sobre admisión o no de enmiendas?

La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, a lo largo de la tarde, como tenemos otras iniciativas que ver, le haré llegar la transaccional con la que espero llegar a un acuerdo con los distintos grupos parlamentario para que pueda aprobarse.

El señor PRESIDENTE: Perdóneme la insistencia, señora portavoz. A lo largo de la tarde, es a lo largo de la sesión. Ese es el tiempo fijado.

La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señor presidente, antes de que termine la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Vamos con arreglo al tiempo fijado, cosa que agradezco enormemente a toda la Comisión, especialmente a los intervinientes.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, CONDICIÓN SEXUAL, LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CREENCIAS, A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS DE AYUDA OFICIAL PARA EL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000401).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo. La presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Su portavoz en esta Comisión, el señor Picó, tiene la palabra.

El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, en esta primera Comisión en la que debatimos iniciativas de control de los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario al que represento ha querido formular una proposición no de ley en defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de las políticas de ayuda oficial al desarrollo. La incorporación de este enfoque en los proyectos de cooperación al desarrollo supuso un cambio de orientación, no solo en las acciones sino en el propio análisis del problema, la identificación de proyectos y en la definición de los mismos. El primer Plan director de cooperación española incorporó el enfoque basado en derechos como uno de los ejes transversales que deben regir todas las acciones y la cooperación española. Aun así, la incorporación del enfoque de derechos humanos a la cooperación resulta fundamental para lograr que esta siga teniendo sentido. Trabajar por el desarrollo de las sociedades más empobrecidas debe exigirnos apostar por modelos de desarrollo que realmente promuevan las transformaciones políticas y sociales necesarias, que generen nuevos sistemas de organización más justos y equilibrados. Y precisamente los derechos humanos como instrumentos de transformación pueden ser una de las herramientas que nos permitan sustituir los modelos clásicos de cooperación por otros modelos basados en el respeto, la dignidad de los pueblos y de las personas, la justicia social y la equidad.


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En esta línea pretende avanzar la proposición no de ley que hemos presentado en relación con dos derechos fundamentales: el derecho de las personas a no ser discriminadas por su condición sexual y el derecho a la libertad de religión y creencias. La realidad en la que viven las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, en especial en algunos países, está todavía lejos de ser normalizada. Por el contrario, en algunos lugares del mundo, la opción sexual puede ser motivo de persecución por parte de la sociedad y de la autoridad, y la justificación para ser objeto de acciones violentas y represivas en un clima de total impunidad. La lucha por los derechos humanos de estos colectivos no ha sido fácil y es el resultado de un esfuerzo constante y continuado de muchas personas que desde los años setenta han transmitido desde las instituciones, las entidades y asociaciones, las protestas, concentraciones y manifestaciones, un mensaje de respeto y de no discriminación por cuestión de género y de opción sexual (El señor vicepresidente, Vázquez Jiménez, ocupa la Presidencia). Recientemente, el Gobierno norteamericano, por ejemplo, ha dado un paso adelante al equiparar oficialmente los derechos de los homosexuales y transexuales con los derechos humanos y al ordenar que la ayuda financiera que Estados Unidos envía al extranjero se condicione al respeto a los derechos de estos colectivos. Asimismo, el pasado mes de enero, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a los líderes africanos que respetaran los derechos de los homosexuales durante la apertura de la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.

También creemos que resulta oportuno y necesario promover un entorno de mayor respeto y tolerancia a la libertad religiosa o de creencias. En este sentido, es también urgente actuar para eliminar las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las creencias. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el pasado año una resolución en la que se reconocía que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, lo que incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección y la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, las prácticas, el culto y la celebración de ritos. Asimismo, expresaba la preocupación por los nuevos obstáculos al goce del derecho a la libertad de religión o de creencias, así como por los casos de intolerancia, discriminación y violencia por motivos religiosos, y se instaba a los Estados a que intensificaran sus esfuerzos para proteger y promover la libertad de religión o de creencias. Más recientemente, la resolución del Parlamento sobre el informe anual sobre derechos humanos, aprobado en este mes de abril, incluía siete u ocho puntos en relación con los derechos humanos y la libertad de religión, en los cuales se condenaba con firmeza toda persecución basada en la religión o creencias, se mantenía el compromiso de la Unión Europea con el ejercicio de la libertad de religión en todos los lugares del mundo, como parte de la intensificación de los esfuerzos de la Unión Europea en su actuación bilateral y multilateral, entre otros aspectos.

Por ello, con esta iniciativa consideramos que el Gobierno español en su política de cooperación internacional para el desarrollo, debe valorar positivamente los avances que los países receptores alcancen para que, entre otras cuestiones, sus regímenes legislativos garanticen de forma adecuada y efectiva la libertad de conciencia, religión y creencias, y enjuicien a los que vulneren estos derechos, así como que para que sus sistemas de enseñanza promuevan los principios de tolerancia y respeto a la diferencia, a la libertad religiosa y de creencias y, en definitiva, para evitar que nadie sea privado del derecho a la vida, sea sometido a tortura, a detención o a prisión arbitraria, ni se vea privado del derecho al trabajo, a la educación, a la salud o a la vivienda por causa de su opción religiosa o sus creencias.

Señorías, en resumen, la proposición no de ley pretende, en la medida de lo posible, trabajar y contribuir desde la política de cooperación al desarrollo para erradicar las acciones homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas y las que atentan contra el derecho de las personas a la libertad de conciencia, religión o creencias, así como para incrementar los esfuerzos para ofrecer asilo a las personas perseguidas en sus países de origen por su orientación e identidad sexual o por su religión o creencias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Hay presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Señora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Señorías, la solidaridad es un valor de primer orden en la sociedad española, y ha quedado patente -lo hemos visto esta tarde- en las intervenciones de las señoras y señores diputados que me han precedido hasta qué punto hemos interiorizado o hemos hecho nuestras las terribles necesidades que existen en muchos países. Hoy nos enfrentamos al reto de llevar a cabo una cooperación diferente, moderna, eficaz y que tenga un auténtico impacto en las sociedades a las que se destina.

Desde el año 2000, los objetivos del milenio expresan el consenso mundial en materia de cooperación. La Unión Europea también es clave, no solo en la lucha contra la pobreza sino también en el fortalecimiento del Estado de derecho en el mundo, y nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza y la promoción de la democracia y de los derechos humanos en el mundo es determinante. En este marco, condicionar la ayuda al desarrollo al avance que se produzca respecto a los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales y en el respeto de los derechos de las personas a la libertad de religión o creencias por parte de los países receptores, como inicialmente planteaba la proposición no de ley, pensamos que perjudicaría gravemente a los ciudadanos de estos países y, en mayor


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medida, a aquellos que vienen sufriendo discriminación y persecución por su condición sexual, por su religión o por sus creencias. Por lo tanto, las políticas oficiales al desarrollo, además de contribuir económicamente, deben tener otras finalidades como la promoción y la defensa de los derechos humanos y, en este sentido, deben impulsarse a través de estas políticas.

Hemos visto que existen numerosos antecedentes parlamentarios -y algunos muy recientes. Existen dictámenes, concretamente hay uno emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre el Plan director de la cooperación 2009-2012 que se aprobó en la legislatura pasada. También en la legislatura pasada fueron aprobadas algunas iniciativas muy importantes acerca de la libertad religiosa respecto de violaciones que se producían normalmente contra cristianos en ciertos países orientales. Estas iniciativas eran aprobadas con el consenso de todos los grupos parlamentarios, concretamente el 22 de febrero de 2011 hubo una moción consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular y el consenso de todos los grupos ha sido unánime. Por ejemplo, en el Senado también se presentaron mociones el pasado 19 de enero con un texto parecido. También puedo mencionar tres proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Mixto, de Unión del Pueblo Navarro y del Grupo Catalán, del 13 de abril de 2011. Por tanto, en cuanto al espíritu, al contenido, vamos a estar de acuerdo, porque no podría ser de otra forma. Existen iniciativas importantes en materia de educación para el desarrollo, como la que se ha presentado recientemente en Angola el 13 de abril; es un proyecto que se denomina Impulso al cumplimiento de los derechos humanos a través de la educación; un proyecto fundamental que contribuye al fortalecimiento institucional y a la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos, que en definitiva es de lo que se trata.

Desde el Grupo Popular consideramos que el Gobierno debería valorar -y digo valorar- los avances que se produzcan en los países receptores, los avances que se produzcan en sus regímenes legislativos, para garantizar de forma adecuada y efectiva la libertad de religión y creencias, así como promover los principios de tolerancia y respeto a la diferencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pensamos que es esencial la modificación del término condicionar por el de avanzar en esta materia. Creo que así se ha entendido desde el grupo proponente y agradezco esta predisposición y que se haya entendido esta modificación para enriquecer y para mejorar la proposición no de ley tan acertada que han presentado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea tomar la palabra respecto a la proposición no de ley y a la enmienda?

La señora Lozano tiene la palabra.

La señora LOZANO DOMINGO: Muy brevemente, para señalar que a mi grupo le ha causado una cierta perplejidad la suma en una misma proposición no de ley de la protección a gays, lesbianas y transexuales y de la libertad de creencias religiosas. Nosotros siempre defendemos condicionar la cooperación a la aplicación de la cláusula democrática que incluye el respeto a todos los derechos humanos. Nos habría parecido muy coherente incluir las discriminaciones que habitualmente se presentan en ristra -por razones de sexo, creencia, raza, etnia, etcétera-, o bien una específica porque el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hubiera querido políticamente marcar su sintonía con una en particular. La vamos a apoyar, por supuesto, porque es algo básico de derechos humanos y de carácter democrático, pero quería subrayar esta perplejidad.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo?

Tiene la palabra y la bienvenida el señor Fernández, el portavoz adjunto.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias por ambas cosas, por la palabra y por la bienvenida.

La cooperación al desarrollo es una política pública de Estado, así la entendemos nosotros, que por tanto necesita de consenso y que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza en nuestro planeta. Estamos ante un objetivo que no acepta fronteras ni nacionales ni ideológicas ni partidistas. Es un objetivo de dimensión universal, universalista y humanista. Pero es cierto que esta política tiene que desarrollarse ahora en una grave etapa de crisis económica, y aquí se produce una paradoja. Las ideas causantes de esta crisis económica, básicamente la desregularización de los mercados, los modelos e incluso en algunos casos las personas que están en el origen de esta crisis y que hoy todavía ejercen en muchos casos labores de Gobierno en muchos países, aprovechan esa crisis creada por esas ideas para desmantelar el Estado del bienestar y las políticas públicas, por ejemplo la política pública que es, insisto, la cooperación al desarrollo. Un ejemplo: cómo se trata esta política pública en la propuesta de presupuestos de este año, una propuesta de la que con acierto doña Marisol Pérez, de mi grupo, afirmó en esta misma Comisión que es un presupuesto de transición hacia la nada en materia de cooperación al desarrollo. Este Gobierno está demoliendo cual Terminator la cooperación internacional al desarrollo española. Es aquí donde uno tiene la obligación de hacerse una pregunta: ¿tiene sentido discutir prioridades y objetivos de una política que está en fase de deconstrucción? Yo tengo dudas, pero aun así he de decirles que tengo la obligación, y la tengo como diputado y especialmente como diputado socialista, de intentar fijar también, incluso ante esta política de deconstrucción, objetivos, sentido y coherencia.

Mi grupo va a votar afirmativamente esta proposición no de ley. Vamos a votar a favor de que el criterio de que se avance en el respeto a los derechos a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, así como el respeto a los derechos de las personas en función


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de su libertad de religión o creencias, sea un criterio relevante a la hora de tener en cuenta los países que reciben la ayuda oficial al desarrollo. Vamos a hacerlo porque para nosotros esta ayuda oficial al desarrollo no tiene solo un sentido económico, tiene un sentido civilizador, democrático, que solo tiene sentido -si me permiten la redundancia- en sociedades abiertas, donde no existan este tipo de discriminaciones. Vamos a hacerlo también en coherencia con lo que hicimos cuando éramos Gobierno, porque cuando éramos Gobierno uno de los valores compartidos de la cooperación española del Plan director 2009-2012 era el de la no discriminación, que suponía -y leo textualmente- una forma de terminar con todas las barreras que impliquen un trato diferente, de exclusión, preferencia o distinción, basado en características personales como el sexo, la raza, la religión, la discapacidad, la clase, la edad, la orientación sexual, que tengan como efecto menoscabar o anular la igualdad de trato y oportunidad de las personas. Vamos a apoyarlo porque en este Plan director 2009-2012, al hablar específicamente de apoyar a organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana, este texto incluía una mención especial particular a aquellas que trabajan por el reconocimiento de los derechos de personas excluidas por razón de su orientación sexual, entre otros colectivos cuyos derechos son tradicionalmente vulnerados. Por tanto, respaldaremos esta proposición no de ley.

Además, lo vamos a hacer con una mención especial a que para nosotros es especialmente relevante y positivo el hecho de que la presente Convergència i Unió, porque déjenme que se lo diga, no siempre desde Convergència i Unió han venido orientaciones en la misma dirección. Quiero recordar que uno de sus máximos dirigentes, el señor Duran i Lleida, muy apreciado y valorado en esta las barreras que impliquen un trato diferente, de exclusión, preferencia casa, en plena campaña electoral, en una entrevista en la revista Vanity Fair, mantuvo una vez más esa obsesión de que existen esas terapias psicológicas positivas para los homosexuales. Quiero recordar que hace pocos días huyeron despavoridos del Consejo de Radiotelevisión Española los representantes del Partido Popular y de Convergència i Unió simplemente para no tener que votar una carta que se quería proponer dirigida al obispo de Alcalá de Henares, que realizó unas declaraciones no muy edificantes sobre los homosexuales y la homosexualidad, al atribuirles características similares a la prostitución y a la corrupción. Por tanto, para nosotros que el Partido Popular pueda votar y vote y enmiende, y además pienso que una enmienda acertada, esta proposición no de ley y que esta proposición no de ley venga desde Convergència i Unió, es elemento especialmente reseñable y positivo porque es contradictorio con otras actuaciones que no solo no compartimos, sino que además rechazamos. Votaremos favorablemente, pero quiero insistir en que de nada sirven los criterios si esos criterios no se pueden enraizar en políticas y si esas políticas no vienen apoyadas con recursos. Cuando hay criterios pero no hay políticas y no hay recursos, entonces seguramente estamos hablando de papel mojado, y nos gustaría que esta proposición no de ley no fuera papel mojado.

El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley teniendo en cuenta que el Plan director de cooperación española 2009-2012 en las señas de identidad y en los principios orientadores recoge parte de lo que dice esta proposición no de ley, y entendemos, tal como se comprometió el ministro, que el próximo plan de cooperación será debatido y trabajado en el Congreso y podremos hacer seguimiento de esta propuesta, e incluso podríamos incorporar más temas que podrían ser objeto de recomendaciones sobre las exigencias en la cooperación española.

Coincidiendo con lo que decía el diputado socialista, entendemos que esta declaración y esta exigencia que se le pide al Gobierno que España haga cuando realice cooperación con terceros países, sería importante que se aplicara en la línea de hacer pedagogía de la coherencia en todas las políticas, que esta pedagogía contra la homofobia, la persecución por razón de identidad y orientación sexual se haga desde el propio Gobierno y sea transversal desde los discursos de todos los partidos políticos, de los dirigentes, y que se haga pedagogía activa de la lucha contra la homofobia, que también la tenemos en este país. Evidentemente no está perseguida desde las leyes, pero es importante que desde la política apliquemos la pedagogía.

Quería poner en evidencia que en 2009, por poner un ejemplo -a veces nos atrevemos más en temas de cooperación que no en otras cuestiones cuando nos jugamos según qué intereses-, en el debate sobre la Ley de Asilo, en el que nuestro grupo, como Iniciativa per Catalunya Verds, nos abstuvimos porque se incorporaba precisamente ese principio, se introdujo la novedad de la protección a las personas perseguidas por razón de género u orientación sexual, pero se excluía si venían de países europeos. Es en este tipo de debates donde se ve la coherencia y la voluntad real de un gobierno de querer afrontar esa realidad. Tenemos que ser exigentes no solo con los países con los que cooperamos, sino con todos aquellos con los que nos relacionamos, en la lucha a favor de los derechos humanos y el reconocimiento de esos derechos en todo el mundo, sea en Europa o fuera de ella.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: En primer lugar, Amaiur ve de manera positiva esta propuesta, ya que aboga por la difusión de los derechos humanos allí donde se violan continuamente, si bien nos sorprende que en


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esta declaración solamente se contemplen dos casos de discriminación, como son la opción sexual y la de libertad de religión o de creencia. Esto sorprende porque a día de hoy observamos cómo hay discriminaciones en gran parte del mundo, especialmente en regiones con las que se coopera, en las cuales existe discriminación por género, especialmente a la mujer, a las minorías lingüísticas, étnicas o nacionales, que son discriminadas, estigmatizadas, cuando no masacradas, y de igual forma sigue existiendo la discriminación racial o incluso por el color de piel. Hoy mismo, en la prensa se anunciaba el caso de un joven llamado Emanuel Mukasa, que lleva diecisiete meses en Melilla esperando la resolución a su solicitud de asilo, ya que él es albino. Procede de Uganda y allí los albinos están perseguidos porque se hacen ritos con su sangre. Lleva diecisiete meses a la espera de asilo. Es un caso grave de discriminación. Consideramos que hubiera sido más enriquecedor aumentar los casos a proteger contra la discriminación tomando como ejemplo, por citar alguno, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que me evitaré citar para abreviar.

En segundo lugar, desde Amaiur nos gustaría proponer que de cara al futuro, igual que lo hace la Unión Europea -como acertadamente se expresa en el texto-, cuando el Estado español firma un acuerdo o tratado comercial con otros Estados se incluya una cláusula a favor de los derechos humanos y su respeto, ya que si nos importan los derechos humanos en los Estados con los que se coopera, también se debería fomentar su respeto en los Estados con los que se mantienen relaciones comerciales.

En tercer lugar, para acabar, hablando de religiones, de libertad sexual y de discriminación -como comentaban los compañeros del PSC y de ICV-, no puedo dejar pasar la ocasión sin recordar que en el Estado español se financian asociaciones y confesiones religiosas por diferentes motivos, obra social o cooperación, por lo que nos parece intolerable que representantes de esas asociaciones -como hemos visto últimamente en el caso del obispo de Alcalá o del imán de Tarrasa- hagan declaraciones homófobas o contra la mujer. Amaiur se declara laica y aspira a una sociedad laica sin subvención pública a las confesiones religiosas, eso sí, rebus sic stantibus, cara al Estado y para las asociaciones que se financian velemos por que no se produzcan declaraciones ni mensajes homófobos contra la mujer o cualquier tipo de discriminación.

Por todo ello y en aras del respeto de los derechos humanos y de la no discriminación, Amaiur votará favorablemente la propuesta del Grupo Catalán.

El señor PRESIDENTE: Es el turno del proponente, señor Picó, y perdóneme por ese desapoderamiento de la iniciativa que ha cometido este presidente.

El señor PICÓ I AZANZA: Quería decir que difícilmente puede dudarse del compromiso de mi grupo parlamentario con los derechos humanos y el derecho a la libertad de opción sexual, como demuestra la presentación de esta proposición no de ley hoy mismo. Aceptaríamos la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.

- SOBRE CRISIS EN EL SAHEL Y COMPROMISOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000493).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día -les recuerdo que eran siete puntos-, relativo a la proposición no de ley sobre crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Señoras y señores diputados, permítanme que empiece mi intervención en esta Comisión dándoles cuatro datos estremecedores sobre el hambre en el mundo. El hambre es el mayor riesgo para la salud en el mundo. Cada año mata más personas que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas. Una de cada siete personas en el mundo se irá a dormir con hambre esta noche. Uno de cada cuatro niños en los países en desarrollo tiene bajo peso y hay más personas con hambre en el mundo que la suma de las poblaciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El derecho a la alimentación no puede limitarse a no pasar hambre. Debe incluir todos los elementos nutritivos que una persona necesita. Por desgracia, más de 925 millones de personas no tienen ni garantizado el derecho básico a esa alimentación. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana, lejos de la realidad que está viviendo hoy en día el Sahel y muchos otros lugares en el mundo.

Sobre la situación del Sahel voy a dar unos pocos datos. Las lluvias, que aparecen solamente una vez al año, este año han pasado a ser irregulares e insuficientes. Cuando las lluvias no llegan a tiempo las cosechas fracasan, los animales mueren y la gente comienza a pasar hambre. Las malas cosechas, el alza de los precios de los alimentos, los altos costes de los combustibles y las plagas no han ayudado nada. Las familias tienen que vender su tierra o sus animales con el fin de poder comprar alimento. Pero esta situación no es nueva. Es la tercera vez que se produce esta sequía en esta década. En 2005 y en 2010 también se sintió, pero más en la zona de Níger y de Chad. Los precios de los alimentos en la región son mucho más altos que en el año 2010. Esta situación de falta de alimentos se ha visto agravada por tres circunstancias: la sequía que azota la zona, la espe


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culación de los precios de los alimentos básicos y los efectos del cambio climático que se agudizan en esta zona. Si a este estado de cosas unimos la crisis mundial que sufrimos, la situación se vuelve dramática. Por igualdad y dignidad de todas las personas, no podemos dejar a millones de ellas desamparadas sin acceso a los alimentos necesarios para su desarrollo, desprotegidas y sin seguridad alimentaria. Debemos dar un impulso a las políticas de cooperación que permita una alimentación para todos, entre todos, para hoy y para mañana.

La situación de los países del Sahel es tremendamente complicada. En Níger, antes de la crisis, las tasas de desnutrición eran altas, desnutrición aguda que alcanza ya al 20% de los niños menores de dos años, y con un déficit de cereales de más de 500.000 toneladas. En Mauritania las lluvias irregulares han reducido los pastos para el ganado y alrededor del 25% de los hogares sufre inseguridad alimentaria. En Chad, en 2011, la producción de cereales se redujo en un 50% y se enfrenta a enormes retos logísticos a la hora de poder enviar ayuda humanitaria. En Mali, las lluvias han sido un 25% menos que el resto del año anterior. Los precios del sorgo y el mijo están muy altos y 1,7 millones de personas están en riesgo de padecer hambre. En Burkina Faso las malas cosechas se aproximan al 40% del año anterior y cerca de 2 millones de personas se estima que están en riesgo de pasar hambre. En Camerún los índices de desnutrición aguda global se encuentran por encima del 10%, de rango grave en estas regiones. En Senegal más de un millón de personas están en riesgo de hambre y en Gambia la producción agrícola total se estima que ha disminuido en un 62%, y hay más de 600.000 personas vulnerables.

Ante la situación de crisis mundial debemos volver a situar la agricultura y la seguridad alimentaria en el centro del debate político internacional, nacional y por supuesto en el ámbito del desarrollo local. España siempre ha respondido a este llamamiento y ahora es más que nunca necesario. Debemos unir el compromiso social y ciudadano en un compromiso político claro de apoyo a las políticas que mitiguen las consecuencias de la crisis alimentaria que padecemos. La proposición no de ley que hoy presentamos quiere situar a nuestro país como referente de solidaridad. Nuestra política de cooperación ha sido ejemplo a seguir por muchos países y nuevamente, a pesar de los graves recortes anunciados por el ministro, no podemos hacer pagar la crisis a los que menos tienen, a aquellos que no tienen ni lo elemental: su derecho a tener un nivel de vida adecuado. Ante el hambre y la malnutrición que sufren más de 925 millones de personas, 13 millones en la región del Sahel, es necesario que todos actuemos. Debemos ir más allá de la tan necesitada respuesta de emergencia. Debemos además reforzar los mecanismos de alerta temprana y de reducción del riesgo de desastre. Las amenazas de la región son muchas: la crisis económica, el cambio climático, la pobreza endémica, la especulación alimentaria que eleva los precios de los alimentos básicos, el acaparamiento de las tierras por grandes corporaciones para la industria agroalimentaria y de biocombustibles, sin olvidar la relación de la escasez de agua y su uso y por supuesto el hambre. Ante esta situación se requiere ahora una respuesta a la altura de las circunstancias tan dramáticas que se sufren. España ha sido un referente comprometido en materia de seguridad alimentaria y nutrición, confirmando el liderazgo político de nuestro país. La crisis no puede ser la excusa. Nuestro compromiso ciudadano, social y político con la dignidad de las personas debe plasmarse en una apuesta comprometida, clara y decidida por la lucha contra la pobreza mundial.

Con esta proposición no de ley hemos determinado en ocho las acciones prioritarias y primordiales que debemos acometer. He de agradecer la voluntad del Grupo Popular por llegar a un acuerdo y agradecer de antemano el apoyo por parte del resto de los grupos políticos. Les adelantamos que aceptaremos una enmienda transaccional -como ya he hablado con el portavoz del Grupo Popular-, que no desfigura ni la filosofía ni el contenido programático de la acción de la misma. También les adelanto al portavoz del Grupo Popular y al resto de los grupos que hemos presentado enmiendas a los presupuestos para hacer efectivas las medidas que proponemos y espero que aprobemos en esta sesión de hoy y, como bien ha dicho mi compañero Daniel, las intenciones al final se tienen que significar en los presupuestos, porque si no estaremos hablando de meras intenciones o de papel mojado.

Las ocho medidas propuestas son: primera, apoyar, en el marco multilateral de respuesta ante emergencias, la máxima coordinación. Segunda, fortalecer las estrategias de reducción de riesgos frente a desastres locales y nacionales. Tercera, asegurar que la prevención y reducción de riesgos de desastres queden incluidas como objetivo clave en el próximo plan director, que espero, tal como ya anunció el ministro, se realice con la colaboración de todos los grupos políticos. Ya les adelanto que nuestro grupo trabajará denostadamente para lograr acuerdos y compromisos firmes que sigan manteniendo a nuestro país como referente en políticas de cooperación. Cuarta, priorizar los programas bilaterales que se destinen a fortalecer la producción local de alimentos en los países en desarrollo, con enfoque de género y de sostenibilidad medioambiental. Quinta, hacer operativa la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Canarias, ampliando sus reservas estratégicas. Sexta, mantener la participación de España en el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria, del que España es miembro fundador e impulsor. Séptimo, defender en los foros multilaterales y en especial en el G-20 medidas para garantizar la seguridad alimentaria. Octava, hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos en lo concerniente a seguridad alimentaria en los planes anuales de cooperación internacional.


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Concluyo. Ante la situación dramática de la región del Sahel es nuestra obligación como ciudadanos y responsables políticos dar un impulso a las políticas de cooperación que permita una alimentación para todos, entre todos, para hoy y para mañana.

El señor PRESIDENTE: Como ha comentado el señor Buyolo, se ha presentado una sola enmienda por parte del Grupo Popular. Para defenderla tiene la palabra el señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Me gustaría comenzar señalando que por parte del Grupo Parlamentario Popular consideramos muy adecuado y apoyamos en esa línea que se trate mediante una proposición no de ley en esta Comisión el grave problema, además de urgencia humanitaria, que están viviendo los países mencionados en la región del Sahel africano. Por este motivo ya adelanto que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al portavoz socialista unas enmiendas de modificación que hemos transaccionado y que por tanto este grupo votará afirmativamente el texto resultante en todos sus términos.

He de decir que las buenas noticias que nos llegaban este año por parte de la Organización de Naciones Unidas en cuanto a que la hambruna en el Cuerno de África, en especial en Somalia, había sido declarada finalizada en apenas seis meses, nos dan un rayo de esperanza para que esta crisis humanitaria en el Sahel sea también acometida y afrontada con diligencia, con eficacia y con celeridad por parte de todas las naciones que podemos ayudar a ello. Esta crisis afecta a países tan cercanos también para España como Mauritania, como Níger, como Senegal, Chad, Burkina Faso, Mali o algunas regiones de Nigeria y Camerún, y en total hay 15 millones de personas que están expuestas a esta crisis y muy en concreto un millón de niños menores de cinco años, a lo que hay que sumar 420.000 refugiados que acababan de retornar prácticamente de la última hambruna en el año 2010 y además refugiados de los conflictos armados en Libia y Costa Marfil.

Las causas por desgracia vuelven a ser las mismas que en otras crisis humanitarias y alimentarias: la sequía, que como aquí se ha señalado está siendo especialmente severa este año, con la consiguiente merma en las cosechas; la ineficacia institucional, que hace que muchos de estos Estados sean Estados fallidos y que no hayan sido previsores o no hayan sabido administrar recursos que tenían las naciones; también el encarecimiento de materias primas por la explosión demográfica y las malas cosechas y, como decíamos, los conflictos armados en los países vecinos. Las soluciones también vuelven a ser las necesarias de siempre: un crecimiento económico que permita la empleabilidad de los habitantes de estas regiones; el acceso al agua potable; la erradicación de las enfermedades; mejoras educativas que permitan un fortalecimiento institucional a medio plazo, y la ayuda humanitaria, que ahora es lo más urgente. Se tasa esta necesidad en 723 millones de dólares al año, que se distribuirían en 480 millones en alimentos y 243 millones de dólares en sanidad, agua y nutrición. De estos 723 millones de dólares ya hay avanzados 136 millones, con lo cual hay un plan de choque inicial ya ejecutado, pero hay mucho por hacer.

Esta ayuda verdaderamente tiene que ser eficaz, tiene que llegar a quien corresponde, tiene que ser transparente, rigurosa y con llegada garantizada a destino a los verdaderos necesitados, porque por desgracia hemos visto en demasiadas ocasiones que en estos países a veces hay una mala gestión por parte de las administraciones locales, y por supuesto tiene que tener una utilidad después de este plan de choque para que la ayuda a veces en el famoso aforismo de la caña de pescar o el pescado venga a contribuir a que estos países acaben desenvolviendo sus propias políticas de acción contra estos periodos de sequía y puedan construir los elementos económicos y los elementos de progreso y desarrollo que les permitan tener menos vulnerabilidad ante estas catástrofes humanitarias. La liberalización del comercio ha sido un buen ejemplo en el sudeste asiático en cuanto a erradicación de la pobreza y en este punto suscribo las palabras de mi compañero de grupo a la hora de hablar de la especulación de bienes alimentarios. Yo creo que no solo es un tema especulativo, sino que verdaderamente es necesario que estas regiones adopten un desarrollo propio y una forma de poder autoabastecerse de alimentos que eviten estos conflictos.

Obviamente he de decir que el Ministerio de Agricultura ya está colaborando en el sistema de información de mercados agrícolas que puso en marcha el G-20 y en especial para esta región en cuatro cultivos fundamentales que son el trigo, la soja, el arroz y el maíz. Sobre la implicación del Gobierno de España me remito a la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores ante la Comisión de Cooperación Internacional del pasado 14 de marzo. No solo garantizaba la implicación absoluta del Gobierno en la lucha y la erradicación de esta catástrofe humanitaria, sino que además anunciaba, como también se ha dicho aquí, su colaboración específica a través de la puesta en marcha del establecimiento en Las Palmas de Gran Canaria del centro de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos para la región.

He de acabar diciendo que España siempre ha sido un país solidario y lo va a seguir siendo a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando y que han tenido su reflejo obviamente en un ajuste presupuestario que en estas fechas se está tramitando en la Cámara, pero desde luego seguiremos siendo tremendamente sensibles, cooperadores y solidarios con esta región que vuelve a sentir el azote de la sequía, el azote de la carestía alimentaria y que demanda por supuesto nuestra más entusiasta atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que desee fijar posición? (Denegaciones). Muchas gracias.


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- RELATIVA A LA NECESIDAD DE UN IMPULSO POLÍTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSC O RSE) EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000546).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la necesidad de un impulso político de la responsabilidad social (RSC o RSE) en el ámbito de la cooperación al desarrollo que nos presenta el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, mi grupo presenta esta proposición no de ley desde un punto de vista ético, que es como creemos que es correcto plantear la responsabilidad social corporativa. Es una cuestión relativamente sencilla que explico en unos minutos. Creemos que la ética en la actividad empresarial y a la hora de hacer negocios consiste simplemente en que las empresas cobren conciencia de que sus actos tienen consecuencias, desde luego económicas a la hora de la obtención del beneficio, de un beneficio que por supuesto consideramos que es legítimo, pero también de otro tipo: sociales, laborales, medioambientales, que con frecuencia no se tienen en cuenta. Precisamente para esto sirve el instrumento de la responsabilidad social corporativa, para que las empresas cobren conciencia de esas consecuencias de sus actos y manifiesten tener esa conciencia sobre ellos. Pensamos que ni pueden ni deben y en muchos casos tampoco quieren desentenderse de esa responsabilidad y creemos que se les debe facilitar el marco legal adecuado para que la ejerzan.

También me interesa mucho introducir en este debate la distinción entre lo que es legal y lo que es ético, particularmente en esta Comisión de Cooperación. Las leyes marcan a las empresas y a todos los ciudadanos en general el mínimo que todos debemos cumplir para convivir en una sociedad y desde el punto de vista legal da igual cuál sea la motivación que nos lleve a ese cumplimiento de las leyes. Sin embargo, desde el punto de vista ético, a la hora de establecer esa diferencia, sí importa esa motivación, y esa motivación -actuar en un sentido determinado- está relacionada con una cuestión de principio, con unos principios que podríamos llamar morales si no fuera porque la palabra moral a veces está excesivamente contaminada por otros significados. Ese comportamiento ético no es un mínimo como en el caso de lo legal, sino que en muchas ocasiones supera lo legal y hasta puede entrar en franca contradicción con lo legal.

Esta distinción entre lo legal y lo ético es particularmente pertinente, decía, en el caso de la cooperación, porque nos encontramos con frecuencia que muchas empresas del ámbito de la cooperación cumplen con las leyes de aquellos países en donde se desarrollan esos proyectos de cooperación, puesto que son unas leyes muy poco exigentes y en muchos casos contradictorias con principios éticos que aquí, en el primer mundo, consideramos elementales. Sin embargo, creemos que desde aquí, precisamente por ser empresas de aquí, se les debe exigir ir más allá e ir a lo ético, más allá de lo legal. Pongo un caso práctico para ilustrar lo que estoy diciendo, que quizás esté resultando demasiado abstracto. Cuando la empresa Nike fue repudiada mundialmente por utilizar mano de obra infantil para coser balones, el debate no se estableció en torno a si era legal o no era legal que en los países donde aquello se hacía se utilizara la mano de obra infantil. El debate se estableció en torno a principios éticos. Pues bien, nosotros pensamos que son estos principios éticos los que una legislación adecuada sobre responsabilidad social corporativa debe incorporar.

Somos conscientes de que la Unión Europea ha emitido su recomendación en este sentido y por lo tanto todos los Gobiernos, incluido el nuestro, ya han anunciado su intención de ponerse a trabajar en este tema, pero esto no nos parece que sea un obstáculo para que el Congreso inste al Gobierno a llevar a cabo ese trabajo en una determinada dirección, que es lo que pretende la proposición no de ley de mi grupo. Nosotros proponemos que se desarrolle un marco normativo que favorezca esa responsabilidad social corporativa de las empresas. Que se creen mecanismos de control, de certificación y de rendición de cuentas de carácter voluntario para las empresas que se sometan a estos programas de RSC. Que se fomente un marco fiscal favorable, que puede incluir desde instrumentos de financiación hasta exenciones fiscales, en fin, todo tipo de normativa fiscal que contribuya también a estimular esa responsabilidad social corporativa. Que se estimule el voluntariado corporativo mediante la cesión de trabajadores en el horario laboral. Que se creen incentivos a través de leyes, etiquetas, códigos o desarrollando medidas y herramientas de gestión como premios, etcétera, que incentiven la responsabilidad social corporativa. Que haya una formación y una concienciación ciudadana sobre la importancia de estos temas en el sentido de observatorios o cátedras, y que se desarrolle por último lo antes posible el plan nacional de responsabilidad social empresarial para que se alinee con las estrategias de crecimiento.

No sacamos esta propuesta de la nada, sino que nos hemos inspirado en el informe de la subcomisión parlamentaria de responsabilidad social corporativa que emitió esta Cámara en el año 2007 y en el Foro de expertos de responsabilidad social corporativa, también del año 2007. Sabemos que es un tema en el que hay una gran sensibilidad por parte de todos los grupos. De hecho hemos empezado a conversar sobre esta proposición no de ley ayer con todos ellos y nos ha causado cierta sorpresa comprobar que hay un interés generalizado y manifestado abiertamente, muy definido por esta cuestión, pero nadie se ha terminado de animar a colaborar


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en la concreción que mi grupo buscaba en esta proposición no de ley, más allá de instar al Gobierno a una mera recomendación general.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que desde nuestro punto de vista se limita a constatar que el Gobierno está trabajando en el problema, cosa por otro lado obvia porque damos por hecho que el Gobierno trabaja en todos los problemas de la nación. En cuanto a Convergència i Unió, también nos ha presentado una enmienda que nos parecía que pecaba de inconcreción y a nosotros nos gustan las cosas bastante concretas, así que, salvo sorpresas de última hora, no aceptamos las enmiendas y presentamos a votación la proposición en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: En el turno de grupos que enmiendan, corresponde al Grupo Parlamentario Popular presentar la suya. Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Intervengo para presentar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, relativa a la necesidad de un impulso político de la responsabilidad social en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la cual -ya adelanto- mi grupo no puede apoyar en sus términos por diferentes motivos.

En primer lugar, ustedes han presentado esta proposición no de ley en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es cierto que la responsabilidad social corporativa está vinculada a muchos ámbitos, pero en la estructura del Gobierno actual esta se encuentra situada de forma transversal en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tiene las competencias en materia de responsabilidad social empresarial a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. En todo caso la relación entre la empresa y el desarrollo presenta actualmente oportunidades mutuas de colaboración que la política de cooperación para el desarrollo debe identificar y aprovechar para potenciar el impacto en sus objetivos. Consideramos que puede ser necesario presentar un marco de colaboración de la empresa con la Administración pública encargada de planificar y aplicar la política de cooperación y desarrollo para reforzar el cumplimiento de los objetivos de la agenda de desarrollo optimizando las posibilidades de acción y el impacto del sector privado en un desarrollo humano y sostenible.

Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos los objetivos de la proposición no de ley que ustedes presentan, que en líneas generales defiende la responsabilidad social corporativa como marco para las buenas prácticas empresariales y el establecimiento de principios en el ámbito de los derechos humanos, prácticas de empleo, cuestiones medioambientales y la lucha contra la corrupción. En este sentido he de recordarle que ha sido, como bien ha dicho usted, la ministra de Empleo y Seguridad Social doña Fátima Báñez quien se ha comprometido a poner en marcha un plan nacional de responsabilidad social corporativa siguiendo las recomendaciones de la comunicación de la Comisión Europea sobre responsabilidad social corporativa del 25 de octubre de 2011.

Como creo que no ha tenido la oportunidad de conocer esta comunicación, le explico que es en ella donde se recoge que abordar la responsabilidad social de las empresas redunda en el interés de las mismas, y sobre todo en el interés de la sociedad en su conjunto, no solo en el de esas empresas. Es importante destacar cómo esta comunicación también recomienda en su apartado 3.4, sobre el papel de los poderes públicos y otras partes interesadas, que el desarrollo de la responsabilidad social corporativa deben liderarlo las propias empresas. Señala también que los poderes públicos deben desempeñar un papel de apoyo, ofreciendo una combinación inteligente de medidas voluntarias, y en caso necesario de acciones reguladoras, por ejemplo para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las empresas, y asegurarse de que estas rindan cuentas. Aquí es donde podemos incluir el ámbito de la cooperación al desarrollo. Nosotros, como bien ha dicho ahora usted, tampoco entendemos estas recomendaciones como un obstáculo, sino todo lo contrario, como un incentivo. Incluso ya en la estrategia europea 2020 la Comisión se comprometió a renovar la estrategia de la Unión Europea para promover la responsabilidad social de las empresas, y esto es justo a lo que se han comprometido desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, algunas de las líneas recogidas en esta proposición no de ley podrían resultar razonables y consonantes con estos objetivos. No obstante se considera que esta proposición no de ley no puede ser apoyada tal y como se presenta, puesto que muchos de los avances que se proponen entrañan un previsible impacto económico negativo. Además este tipo de medidas podría generar nuevas cargas administrativas para las empresas participantes, obstaculizaría la transparencia, y contribuiría a aumentar el carácter discrecional de las decisiones en este ámbito.

Fijándonos en algunas de las medidas concretas con las que ustedes instan al Gobierno, a través de esta PNL, permítame hacerle algunos comentarios. Cuando hablan de desarrollar un marco normativo favorable para que se establezca una legislación facilitadora de actuaciones, o cuando proponen promover, crear y supervisar mecanismos de control, certificación y rendición de cuentas, o cuando instan a la creación de incentivos a través de leyes, etiquetas, códigos o desarrollando medidas y herramientas de gestión que incentiven la responsabilidad social corporativa, mi grupo se pregunta si han contado ustedes con las empresas para plantear este tipo de normativa; ¿no les parece demasiado ambicioso hacerlo sin contar con las empresas que se acogerían a este marco regulatorio? Somos conocedores de que la responsabilidad social corporativa tiene un carácter


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voluntario por parte de las empresas, si bien es cierto que siempre será más interesante consensuar el marco legal para conseguir que el mayor número de empresas se acojan a este. Por otro lado, ustedes proponen fomentar un marco fiscal favorable, instrumentos de financiación para empresas, establecer exenciones fiscales, etcétera. Permítame que le diga que ese marco fiscal favorable y las exenciones fiscales de empresas que colaboran con actividades de cooperación ya existen, ya podemos dirigirnos a la Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo donde encontramos estas exenciones fiscales. Finalmente, también plantean desarrollar lo antes posible ese plan nacional de responsabilidad social empresarial, y alinearlo con las estrategias de crecimiento. Pues bien, como ya he mencionado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de su ministra, ya se ha pronunciado sobre esto anunciando un plan nacional de responsabilidad social corporativa, siguiendo las recomendaciones siempre de la comunicación de la Comisión Europea sobre responsabilidad social corporativa, de 25 de octubre de 2011.

Por tanto, una vez expuestos nuestros argumentos principales y con la máxima voluntad de colaboración en esta proposición no de ley, como así le he demostrado a lo largo de los distintos encuentros que hemos mantenido, porque consideramos que coincidimos en el objetivo principal de la misma, el Grupo Parlamentario Popular propone la modificación del texto de la proposición no de ley, y que quede como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con lo que ha anunciado y programado, avance en el estudio de la elaboración de un plan sobre responsabilidad social de las empresas, de conformidad con la comunicación de la Comisión Europea, de 25 de octubre de 2011, acerca de una estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre responsabilidad social. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Picó, representante del segundo grupo enmendante.

El señor PICÓ I AZANZA: Simplemente intervengo para defender brevemente la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario. En este sentido la enmienda lo que hace es ampliar el ámbito del objeto de la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario de UpyD, en el marco de la invitación realizada por la Comisión Europea a los Estados miembros para elaborar o actualizar los planes y acciones prioritarias para promover la responsabilidad social en España, aprobando la estrategia española en la materia antes de finalizar el año 2012, y hacerlo de manera que esta respete los principios y directrices de la RSE reconocidos internacionalmente y propuestos por la Unión Europea, y asimismo en cooperación con las empresas y otras partes y administraciones interesadas. Creíamos que en este sentido debería existir un margen para el Gobierno para poder hacer realidad esta invitación realizada por la Comisión Europea en la materia.

A pesar de que, como ha avanzado ya la portavoz del grupo proponente, no se aceptarían las enmiendas formuladas en este sentido, creemos que por nuestra parte hay ciertos puntos que podemos apoyar y compartir plenamente, aunque otros podríamos puntualizarlos, porque creemos que debería hacerse así. Aun así votaremos a favor de la proposición no de ley formulada.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea manifestar su opinión sobre la proposición no de ley y las enmiendas? (Asentimiento).

El señor Esteban, por el PNV.

El señor ESTEBAN BRAVO: Brevísimamente, porque creo que ya es hora de votar y la gente tendrá ganas de ello, después de tanta discusión. Simplemente me gustaría matizar nuestra posición respecto a esta propuesta que nos parece interesante. Creemos que debería ser una preocupación de esta Comisión trabajar sobre la responsabilidad social de las empresas en el marco de la cooperación internacional. Es un problema ético, pero también es un problema de la tan cacareada durante la legislatura coherencia de políticas: no deshacer con unos instrumentos lo que se va construyendo con otros. Ya sabemos que las empresas, en la mayoría de los casos, no son instrumentos del Estado ni están bajo el control directo de este, pero sería deseable que se fuera de la mano, y que a la hora de implementar los estándares que se aplican se rigieran por lo establecido por el país al que pertenecen las empresas, y no solo por una legislación que muchas veces es muy generalista que es la del país en el que están trabajando. Sería deseable también exigir que cumplimentaran la legislación internacional. Se me ocurre ahora por ejemplo el Convenio OIT 169, que directamente no afecta a España, pero sí debería afectar a la hora de implementar las políticas del Estado, y también a la hora de participar o no en determinadas ayudas que se puedan dar, fiscales o de otro tipo, a las empresas.

Creo que es muy importante el punto 2 de la propuesta creando mecanismos de control, de rendición de cuentas, en un primer momento voluntarios, pero también creo que hay que ver las fórmulas para buscar mecanismos de control obligatorios. Sé que es complicado, pero también estoy convencido de que esta Comisión va a tener que afrontarlo; en algunos ámbitos ya se está hablando y se están dando pasos en otros países, como puede ser por ejemplo el de las industrias extractivas. Pero sinceramente lo que hace que nos planteemos no dar el voto favorable es la mezcla que se hace en la propuesta, con una modificación del marco fiscal, de exenciones, de cesión de trabajadores, etcétera. Se puede hablar de todo esto, pero en una proposición no de ley lo que debería quedar claro es esa coherencia de políticas el marco de control, y no mezclar con otros asuntos que podrían ser corolarios a posteriori. Es un tema que


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entiendo que no se debe evitar, que debería salir, que debería estar presente, -y si no lo hace el Gobierno estoy seguro de que los grupos políticos de la oposición lo propondremos así-, en el plan director que se presente por parte del Gobierno.

En consecuencia creemos que es una temática interesante, creemos que acierta el grupo que la presenta al someter a consideración esta propuesta, pero debido a las medidas que mezcla, y sinceramente -yo también me manifesté así con respecto a lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores el otro día-, no creo que debamos mezclar la política de cooperación con que esta esté a favor y volcada con la política empresarial española. Por tanto esa mezcla fiscal, etcétera, que aparece ahí, hace que finalmente nuestro voto sea el de abstención, pero estoy seguro de que coincidiremos en un futuro en reivindicar este ámbito.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: De manera muy breve, y estando de acuerdo absolutamente con el grupo proponente en que esta es una PNL de una gran importancia, y sobre todo en que tiene también características transversales, como ya ha quedado aquí expuesto, además de que muchas de las cuestiones a las que se insta al Gobierno en algunos casos ya estaban realizadas y se habían realizado estrategias muy importantes y muy recientes, aparte del informe de la subcomisión y todo esto de lo que se ha hablado aquí, nosotros, estando muy de acuerdo con el espíritu de esta proposición no de ley, no hemos querido ni siquiera enmendarla en algunos de los aspectos porque creemos, como algunos de los grupos que han intervenido, que al final la proposición no de ley ha quedado instando al Gobierno en una mezcolanza, podríamos decir, de temas con los que no podemos estar de acuerdo, porque efectivamente no pertenecen a los asuntos de esta Comisión.

Es verdad que se ha hecho mucho por cooperación en los últimos años y que ahora tenemos además los recortes pertinentes, que son más bien hachazos, pero el Grupo Socialista, dada la importancia de esta proposición no de ley y de este asunto, va a presentar con el máximo consenso de los grupos, si es posible, otra proposición no de ley, y nuestra posición de voto es la abstención.

El señor PRESIDENTE: Entramos ya en las votaciones.

Se han presentado a algunas proposiciones no de ley enmiendas de transacción. A la proposición no de ley número 2 del orden del día, relativa a los niños y niñas soldado, se ha presentado una transaccional que me gustaría que el secretario de la Mesa leyera para conocimiento de la Comisión. Le pido al secretario que, como la exposición de motivos ya es conocida por la Comisión, se limite a la proposición.

El señor SECRETARIO (Martínez Rodríguez): Nos limitamos al contenido de la proposición no de ley, que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando, dentro de la agenda política de cooperación internacional, la utilización de niños y niñas soldado como una cuestión prioritaria contra la que se ha de luchar, promoviendo tratados y acuerdos que aborden esta cuestión en su prevención, puesto que es una práctica que constituye una grave violación de los derechos humanos, y estableciendo programas en la rehabilitación y reintegración de los menores que han sido víctimas del reclutamiento para conflictos armados.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno también a: aplicar una política exterior coherente con el establecimiento de esta prioridad y con los compromisos internacionales adquiridos y suscritos por España sobre la utilización de niños y niñas soldado, junto a las directrices de la Unión Europea sobre la materia; a estudiar la posibilidad de desarrollar en el nuevo plan director de la cooperación española vínculos entre la ayuda al desarrollo y los avances en la erradicación de la utilización de niñas y niños soldado en los conflictos bélicos, en aquellos países identificados por Naciones Unidas donde se utilice a los menores de este modo.

El señor PRESIDENTE: Para conocimiento de la Comisión hay otra transaccional referida a la proposición no de ley correspondiente al número 3 del orden del día. Le ruego proceda a su lectura.

El señor SECRETARIO (Martínez Rodríguez): La proposición no de ley número 3 del orden del día dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: apoyar, en el ámbito de sus competencias y en el marco de los organismos multilaterales de los que España es miembro, la búsqueda de una mejora en la regulación de las inversiones financieras sobre bienes alimentarios de primera necesidad, y promover en el marco de la reforma de la Directiva sobre mercados financieros 2004/39, de la Comisión Europea, la inclusión de mayor transparencia; impulsar que los contratos derivados se efectúen en mercados regulados y se incluyan las medidas necesarias para evitar los movimientos de carácter exclusivamente especulativo. En segundo lugar, insta al Gobierno a defender ante el G-20, mediante la elaboración de una posición común de la Unión Europea al respecto, la necesidad de adoptar medidas efectivas que sirvan para abordar las causas de la volatilidad de precios de los alimentos, y frenar su especulación en el mercado de alimentos.

El señor PRESIDENTE: Le ruego también a la secretaria de la Mesa que lea la última transaccional presentada a la proposición no de ley número 4, relativa a la transparencia.

Señora secretaria, por favor.

La señora SECRETARIA (Ramón Utrabo): El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Aecid


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incremente la transparencia en la concesión de subvenciones a personas y entidades sin fines de lucro, de acuerdo con la Orden 2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. En segundo lugar, a que se fije públicamente el baremo meritocrático y se publique la concesión de ayudas públicas a las ONG de forma transparente, publicando las puntuaciones de cada proyecto y de cada programa presentado. En tercer lugar, a que entre los baremos que marque la Aecid para aprobar o desestimar un proyecto se contemple el cumplimiento por parte de las ONG de indicadores objetivamente verificables sobre la transparencia y el buen gobierno. En cuarto lugar, a que apruebe el cuarto plan director, integrando en este una mejora y un incremento de la transparencia relativa a la información, evaluación y rendición de cuentas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

Esta transaccional la firman los Grupos Parlamentario Popular, UPyD, Socialista y el portavoz de CIU. (El señor Buyolo García pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor BUYOLO GARCÍA: Señor presidente, desearía formular una aclaración, porque creo que se ha entendido tras las intervenciones de los dos portavoces, tanto del portavoz del Grupo Popular como de mi intervención, en el punto número 6 sobre seguridad alimentaria, que las enmiendas que había hecho el Grupo Popular eran una transaccional a la proposición no de ley que el Grupo Socialista presentaba.

El señor PRESIDENTE: ¿Ustedes la entendían como una transaccional?

El señor BUYOLO GARCÍA: Correcto, y creo que el portavoz del Grupo Popular así lo ha dicho también.

El señor PRESIDENTE: Como es conocida como enmienda, no ha sido redactada, y en calidad de in voce, le ahorro la lectura a la Comisión, si al portavoz no le parece inconveniente.

Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. El punto 1.º versa sobre la plena gestión de la ayuda oficial al desarrollo del Gobierno español, con la enmienda del Grupo Popular.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto 2.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados, con la transaccional que han tenido la amabilidad de escuchar.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, con la transaccional que ustedes ya conocen.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto 4º del orden del día, proposición no de ley relativa al aumento de la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la transaccional que se ha presentado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el punto 5.º del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo, con la enmienda del Grupo Popular que ha sido incorporada.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto 6.º del orden del día, proposición no de ley sobre crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria, con la enmienda citada del Grupo Popular, que es de transacción.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos el punto 7.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la necesidad de un impulso político de la responsabilidad social, RSC o RSE, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión, y muchas gracias a toda la Comisión y a los votantes por la puntualidad.

Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.

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