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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 73, de 18/04/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 73
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles,
18 de abril de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (número de expediente 121/000008) ... (Página2)

- Del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Jiménez Latorre). A petición de los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/000149); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000179) y Socialista (número de expediente 212/000318) ... (Página2)

- Del señor secretario de Estado de Administraciones Públicas (Beteta Barreda). A petición de los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/000153); Mixto (número de expediente 212/000163); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000172) y Socialista (número de expediente 212/000276) ... (Página13)


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- Del señor subsecretario de la Presidencia (Pérez Renovales). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000170) y Socialista (número de expediente 212/000258) ... (Página28)

- De la señora subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas (Platero Sanz). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000180) y Socialista (número de expediente 212/000277) ... (Página33)

- De la señora directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Viana Miguel). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000176) y Socialista (número de expediente 212/000280) ... (Página39)

- Del señor subsecretario de Economía y Competitividad (Temboury Redondo). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000178) ... (Página46)

- Del señor secretario general de Coordinación Autonómica y Local (Ossorio Crespo). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000171) y Socialista (número de expediente 212/000278) ... (Página52)

- Del señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi (Aguirre Rodríguez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000175) y Socialista (número de expediente 212/000279) ... (Página61)

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012 (número de expediente 121/000008).

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (JIMÉNEZ LATORRE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (número de expediente 212/000149), POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000179) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000318).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de la mañana de la Comisión de Presupuestos para atender las comparecencias de las personalidades de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Comenzamos la mañana con la comparecencia del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Fernando Jiménez Latorre, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Tiene la palabra don Fernando Jiménez.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Señor presidente, señorías, es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión para presentarles el cuadro macroeconómico en el que se basan los Presupuestos Generales del Estado del año en curso. El presupuesto remitido a las Cortes es un presupuesto ambicioso y austero y se ajusta a las necesidades de política económica de la economía española para hacer frente a los retos y complejidades actuales. Para situar adecuadamente el contexto en el que se elaboran estos presupuestos dividiré mi exposición en tres partes. Comenzaré identificando los desequilibrios que sufre nuestra economía para, a partir de ahí, concretar los problemas que hay que afrontar. Repasaré a continuación el cuadro macroeconómico que prevemos para este año y que también es resultado de dichos desequilibrios y terminaré exponiendo la estrategia global del Gobierno para afrontarlos.

El punto de partida del adecuado diseño de la política económica debe ser la identificación y el reconocimiento de la magnitud de los problemas que deben afrontarse. Alguno de ellos, como el elevado paro o el alto nivel de endeudamiento, son vulnerabilidades stock que no cabe esperar que se ajusten en el corto plazo. Es necesario y urgente, por tanto, generar las dinámicas positivas de corrección para garantizar que se retoma, al menos en el corto plazo, la senda de corrección de dichos desequilibrios. Se debe contar, por tanto, con una estrategia que permita generar un punto de inflexión en la inercia negativa en la que se encuentra la economía española y


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encauzar la evolución hacia un crecimiento equilibrado y sostenible. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno, y en concreto la elaboración de los presupuestos de este año, van en esa dirección. Permítanme empezar, por tanto, con la identificación de los desequilibrios comenzando con el que constituye el objeto de discusión del día de hoy, que es el déficit público. El año pasado debió haberse concluido con un déficit del 6% del PIB, pero en lugar de eso acabó en el 8,5, lo cual representa un ajuste mínimo respecto al déficit del año anterior, que fue del 9,3%. Esta desviación del déficit ha tenido una incidencia muy negativa sobre la credibilidad de nuestras cuentas y sobre la confianza de los mercados. Los motivos de la desviación no solamente respondieron a la magnitud de la misma, sino también a la incapacidad de identificar y poder anticiparla con antelación. La desviación se produjo especialmente por el lado de los ingresos, que fueron sustancialmente inferiores a los presupuestados y en gran medida debido a que estaban basados en unas proyecciones económicas que no se cumplieron. Por otra parte, la desviación provino principalmente de las comunidades autónomas. Junto al desequilibrio fiscal de 2011, la economía española cerró el año con desequilibrios financieros significativos. A finales de dicho año se registraban importantes niveles de endeudamiento privado, una elevada deuda externa, un nivel de endeudamiento público que, pese a estar por debajo de la media comunitaria, había venido creciendo a unas tasas preocupantes durante los últimos años. El endeudamiento privado se situaba en torno al 230% del PIB, la deuda externa alcanzaba 165% del PIB, la deuda pública había pasado de representar el 35,1% del PIB en 2007 al 68,5% en 2011. Este nivel de endeudamiento ocultaba una realidad dada por las deudas comerciales a proveedores impagadas por comunidades autónomas y corporaciones locales. Esto aumenta el déficit esperado para 2012, consecuencia de los efectos de la regularización de los pagos a proveedores. Esta deuda estaba contabilizada como deuda comercial y no computaba a efectos del ratio del PIB. La operación de regularización de esta deuda hará que pase a computarse como deuda financiera y en consecuencia deberá añadirse al ratio deuda-PIB. Asimismo, debe sumarse la deuda emitida por el FADE y la variación de los activos netos. Simultáneamente la economía española había registrado una importante pérdida de competitividad de en torno al 15,2% entre 1999 y 2008, lo que contribuyó al fuerte desequilibrio de las cuentas exteriores, alcanzándose un déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente de aproximadamente el 10% en 2007. La ralentización de la actividad y la ulterior caída iniciada en 2008 fue particularmente intensa en destrucción de puestos de trabajo. Así, partiéndose de una tasa de paro de en torno al 8% el 2007, se alcanzó una tasa del 22,85% de la población activa en el cuarto trimestre de 2011.

No es solo necesario identificar la magnitud de los desequilibrios; además, es preciso hacer un correcto diagnóstico de sus causas. Los mencionados desequilibrios se explican por el fuerte crecimiento del crédito durante los años previos a 2007, el crecimiento de la inversión, principalmente inmobiliaria, y a rigideces en el mercado de trabajo. La elevada tasa de inversión durante los años previos a 2008 explica el fuerte incremento del endeudamiento externo, ya que el ahorro nacional mantuvo cierta estabilidad en niveles relativamente elevados. En particular, el acusado aumento del peso de la inversión en vivienda explicaba por sí solo la mitad de los fuertes desequilibrios exteriores creados durante los años anteriores a 2008. Paralelamente determinados rasgos estructurales del mercado de trabajo español, como su naturaleza dual y la organización de la negociación salarial, junto a otros factores ligados en buena medida a la insuficiencia de competencia en algunos de los mercados de bienes y servicios, agravaron este desequilibrio externo a través de una fuerte pérdida tendencial de la competitividad externa. En aquel contexto restrictivo se adoptó una política fiscal marcadamente expansiva haciendo que las necesidades de financiación pública aumentaran rápidamente hasta alcanzar un máximo del 11,2% del PIB en 2009, trayendo consigo una senda de fuerte aceleración de la deuda pública. De este modo, si bien el crecimiento de la deuda externa en términos del PIB entre 2000 y 2007, que subió hasta el 148%, se explicaba por la necesidad de financiación del sector privado, a partir de esa fecha el incremento, casi 17 puntos hasta el tercer trimestre de 2011, vino básicamente originado por el desequilibrio del sector público. Por tanto, el desequilibrio en la financiación del sector público ha venido a aumentar la exposición de la economía española a la financiación externa.

Algunos de estos desequilibrios ya han empezado a corregirse, consiguiéndose avances importantes en variables flujo como la inflación, las exportaciones de bienes y servicios y la balanza de pagos por cuenta corriente. La inflación se moderó hasta terminar el año pasado en el 2,4%. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 9% y el déficit de la cuenta corriente se redujo hasta el 3,4% viniendo del 10% en el año 2007. Algunos de estos ajustes han sido destacados favorablemente por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. En todo caso, pese a esas correcciones los desequilibrios financieros y económicos de la economía española siguen teniendo una magnitud extraordinaria siendo necesario afrontarlos con prontitud y determinación adoptando una política económica ambiciosa y bien diseñada. Solo un reconocimiento realista de estos desequilibrios y un adecuado diagnóstico sobre sus causas puede permitir el diseño de una estrategia adecuada. Por eso el Gobierno ha reconocido desde el principio de su mandato la seriedad de la situación a la que se enfrentaba.

Permítanme a continuación pasar a describir el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan los presupuestos de este año. Sobre la base de estos desequilibrios no es de extrañar que el cuadro macroeconómico previsto para 2012 y que condiciona los presupuestos y la política


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económica del Gobierno sea desfavorable, pero es así porque es realista y prudente. Gran parte del mayor déficit del año pasado se debió a los menores ingresos respecto de lo presupuestado. Con este cuadro macroeconómico realista se pretende evitar unas proyecciones que pongan en peligro la consecución de los objetivos marcados. Paso a describir a continuación el cuadro macro empezando con el contexto internacional en el que se basa el diseño. El cuadro se basa en unas previsiones de los países de la OCDE que tras registrar una aceleración del PIB en la segunda mitad de 2011 pasarán a recuperarse a partir del primer o segundo trimestre de 2012. En 2012 el PIB mundial se estima que moderará su tasa de crecimiento del 3,8% registrado en 2011 al 3,4% en 2012. Este crecimiento mundial, sin embargo, no será simétrico. La tasa de crecimiento para el conjunto de las economías desarrolladas será del 1,2%, cuatro décimas menos que en 2011 debido principalmente al comportamiento de la zona euro. Para Estados Unidos se prevé un crecimiento del 1,8%, el mismo que en 2011; Japón, después de caer un 0,9 en 2011 volverá a crecer en 2012 en torno al 1,7%. Hay que destacar que el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook publicado ayer prevé unos datos ligeramente mejores de los que se utilizaron para diseñar los presupuestos de este año. Dicho de otra forma, las perspectivas internacionales han mejorado ligeramente en los últimos meses. Para la Unión Europea el PIB de casi todos los países se contrajo en el tercer y cuatro trimestre de 2011 y se espera que la contracción se prolongue durante el primer trimestre de 2012. Las previsiones de febrero de la Comisión Europea estiman un retroceso del PIB de la zona euro del 0,3%, lo que supone una diferencia de 0,8 puntos respecto a las previsiones realizadas en otoño. Para Alemania se estima un crecimiento del 0,6%, el mismo que para Reino Unido, 0,4% en el caso de Francia y una caída de 1,3% para Italia y 3,3% para Portugal. Las economías emergentes en su conjunto se estima experimentarán un crecimiento del 5,4%.

Las hipótesis en las que se basa el cuadro macroeconómico son básicamente las fijadas por la Comisión Europea. Incluyen un tipo de cambio euro-dólar de 1,3%. En el caso del petróleo se prevé que se prolongue la tendencia alcista que comenzó en 2009, más por causas geopolíticas que por la demanda mundial, esperándose un precio de 119,5 dólares barril, y se estima que los tipos de interés a corto plazo estarán en torno al 0,8%. Estas hipótesis sirven de base para el escenario global descrito por los organismos internacionales.

En cuanto al comercio internacional, se estima que su crecimiento disminuirá del 6,9% en 2011 al 3,8% por ciento este año. Por lo que se refiere a los mercados exteriores de la economía española, sobre la base de las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea para los países europeos, se espera un crecimiento de los principales mercados de exportación españoles del 2,5% en 2012. Más específicamente, en lo que a las magnitudes de la economía española se refiere, se espera que durante 2012 continuarán las tendencias contractivas que comenzaron en la segunda mitad del año pasado. El gran determinante de esta evolución será la demanda interna, cuya contracción reflejará el importante ajuste fiscal que debe llevarse a cabo este año. Se prevé una contracción del PIB en 2012 del 1,7%, y todas las variables de la demanda interior contribuirán a esta contracción. El gasto en consumo de las administraciones públicas principalmente registrará una caída del 8%. Por partidas, se espera una contracción del consumo final nacional de 3,1 puntos porcentuales. A esta reducción contribuye una caída de 1,4 puntos de la reducción del consumo final nacional privado y en mayor medida una reducción del 8% mencionado en el consumo final de las administraciones públicas.

El consumo interno continúa la tendencia decreciente que registró en 2011, debido fundamentalmente a la reducción de la renta disponible real y de la riqueza financiera neta de los hogares por la devaluación de los activos financieros e inmobiliarios. En 2012 la renta disponible para los hogares disminuirá en parte por el deterioro del mercado de trabajo y en parte por los incrementos impositivos que se han producido. Sin embargo, en la medida en que este incremento en positivo sea percibido como temporal, como así es, la mayor recaudación no se traducirá en una reducción equivalente del consumo, sino que se verá en parte compensada por un menor ahorro. Se estima que la tasa de ahorro continuará describiendo una trayectoria ligeramente descendente, lo que es sin embargo compatible con una reducción progresiva de la deuda de los hogares, que se ha reducido desde su pico máximo en el segundo trimestre de 2010, en que llegó a representar el 87,3% del PIB, a un 82,3% del PIB a finales de 2011.

La formación bruta de capital se estima se contraerá 8,8%, tanto por la menor inversión en bienes de equipo como por la caída del 9% en la construcción, sector que continúa su fase de ajuste. Esta caída es consistente con la existencia de un stock de viviendas sin vender y con la lenta absorción de ese stock. Se estima que el número de viviendas en construcción continuará disminuyendo este año, lo que permitirá, si la compra de viviendas se mantiene en los niveles actuales, absorber a finales de 2012 en torno al 20% del stock de viviendas nuevas. Con estos elementos, la contribución de la demanda interna al crecimiento será negativa en 4,4 puntos.

En cuanto a la demanda externa, por quinto año consecutivo se espera tendrá una aportación positiva al crecimiento del PIB, esperándose un incremento de las exportaciones del 3,5%, lo que supone una desaceleración de 5,5 puntos respecto al año pasado, fruto de una débil demanda en los principales mercados de exportación, compensada en parte por la depreciación del euro. Las importaciones de bienes y servicios continuarán su caída, reduciéndose un 5,1% tras la estabilización del año previo. La contribución de la demanda externa al crecimiento será, por tanto, positiva, en torno a 2,7 puntos. La


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necesidad de financiación exterior de la economía se reducirá en 2,5 puntos del PIB, hasta el 0,9, lo que supone la práctica corrección de un desequilibrio tradicional de los últimos años. Esta corrección del déficit por cuenta corriente tiene un componente estructural, ya que el sector inmobiliario, netamente importador, tendrá estructuralmente un peso menor en el PIB español. El carácter estructural de esta corrección del saldo exterior se puede también observar en la evolución de la cuota mundial de las exportaciones españolas, que ha resistido positivamente, en relación a la mayoría de los países desarrollados, el auge del avance de los países emergentes en el comercio mundial. También cabe citar el aumento de la base exportadora, pues en un entorno recesivo, que ha generado una elevada mortalidad empresarial, el número de empresas exportadoras españolas ha aumentado significativamente, más del 12% entre 2007 y 2010, y la creciente reorientación de las exportaciones hacia mercados emergentes dinámicos, reduciendo la dependencia de los mercados europeos. Estos resultados positivos se explican en parte por ganancias en materias relacionadas con la competitividad en el precio, con independencia de que desde 2008 se haya iniciado también una tendencia de recuperación de la competitividad precio.

En el mercado laboral la tasa de desempleo prevista en el cuadro marco alcanza el 24,3% pese a los efectos favorables esperados de la reforma del mercado de trabajo. Asimismo se prevé una caída de los costes laborales unitarios del 1,7% y del empleo total del 3,7%. Este deterioro del mercado de trabajo se debe fundamentalmente a la caída de la actividad económica. En el largo plazo la reforma del mercado de trabajo generará efectos positivos, con un incremento importante en el crecimiento del PIB potencial y una reducción de la tasa de paro estructural. En el corto plazo los efectos de la reforma dependerán de las mayores posibilidades de flexibilidad interna que se utilicen con rapidez, lo que esperamos que se traduzca en los próximos meses en una mejor utilización del desempleo como mecanismo de ajuste a la caída de la demanda.

Se estima que los precios continuarán moderándose. Se calcula un incremento de los precios en torno al 1%, medido a través del deflactor del PIB, frente al 1,4% del año anterior. También el índice de precios al consumo continuará moderándose, como muestran los datos hechos públicos la semana pasada. El IPC de marzo de 2012 señalaba una variación de precios interanual hasta marzo del 1,9%. Este menor incremento de precios nos permitirá recuperar parte de la competitividad perdida frente a nuestros principales socios comerciales en los años de crecimiento económico. En la actualidad el diferencial de inflación a favor de España respecto de la media euro es de 8 décimas.

Las previsiones que aquí hemos presentado están en línea con las presentadas por analistas externos. Las relativas a la evolución económica, no solo de España sino del conjunto de la economía mundial, se deterioraron notablemente a finales del año pasado. El Banco de España avanzaba en su informe sobre la posición cíclica de la economía española publicado en enero de este año una caída del PIB del 1,5%. El Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones publicadas ayer, prevé una caída del PIB para este año del 1,8%. Por su parte, la Comisión Europea publicaba en su informe intermedio de febrero una revisión para la economía española menos pesimista que la de los organismos anteriores, estimando un descenso interanual del PIB del 1%. No obstante la coherencia de nuestro cuadro macroeconómico con estas previsiones, es preciso reconocer que vivimos en momentos de elevada incertidumbre y la dispersión de previsiones entre distintos organismos privados es muy notable.

Déjenme concluir con un breve señalamiento de la estrategia de política económica seguida para afrontar estos fuertes desequilibrios. La política económica que el Gobierno ha puesto en marcha pretende afrontar estos desequilibrios promoviendo, por una parte, la continuidad en la corrección de los desequilibrios flujo, como los precios o el saldo de la cuenta corriente y, por otra, iniciar la reducción de los desequilibrios stock, situándolos en una trayectoria que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la economía española. Para ello, cada medida de las adoptadas y de las previstas tiene como objetivo último facilitar el equilibrio de la economía, la asignación eficiente de los factores y la sostenibilidad. Todas ellas se dirigen a problemas parciales, pero están diseñadas con el fin común que les dota de coherencia y que las integra en una estrategia ordenada. Entre estas medidas las hay que deben de tener efectos inmediatos, los presupuestos suponen una corrección del déficit desde el mismo momento en que empiecen a aplicarse, y otras deben de tener un efecto más a medio plazo, pero todas responden a la necesidad de afrontar los desajustes identificados. Los presupuestos que ahora se presentan son ambiciosos y austeros, entendiendo que es la única alternativa para recuperar la credibilidad y la confianza en la economía española. El ajuste identificado para 2012 supone ir más allá de la corrección del desajuste estructural que no se consiguió el año pasado y el comprometido para este año. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este ajuste logra un equilibrio acertado entre consolidación fiscal y crecimiento. La consolidación fiscal detrae crecimiento en el corto plazo, pero si se logra conseguir la credibilidad necesaria se traducirá en una mejora de nuestras condiciones de financiación, lo que a su vez facilitará la evolución favorable de nuestra economía. Con la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y el establecimiento de un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 5,3% del PIB el Gobierno muestra su compromiso con la estabilidad presupuestaria, que se refuerza con el mantenimiento del objetivo de déficit del 3% para 2013.

Además de las medidas de consolidación fiscal se refuerza la estabilidad presupuestaria con otra serie de iniciativas. La estabilidad presupuestaria adquiere desde


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agosto de 2011 el rango de norma constitucional y fija la estabilidad presupuestaria como principio rector de la actuación económica de las administraciones públicas. Con la aprobación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se establecen los instrumentos que garantizan la consolidación fiscal. La ley orgánica pretende garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, estableciéndose objetivos e instrumentos para ganar en transparencia y disciplina en todos los ámbitos de la Administración. También el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno actúa en el mismo sentido, sancionando penalmente las actuaciones de los gestores públicos que utilicen gastos sin tener crédito, no justifiquen la inversión de los fondos o incumplan deliberadamente la obligación de reducir el nivel de deuda pública. Por otra parte, se han aprobado mecanismos que ayudarán a las administraciones territoriales a solventar parte de sus restricciones financieras. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales ante la dificultad de financiarse en los mercados de capitales han recurrido al retraso en el pago a sus proveedores para seguir haciendo frente a sus obligaciones financieras de gasto corriente. El Gobierno ha diseñado un plan para facilitar el pago a los proveedores. El mecanismo tiene un triple objetivo. Por una parte, el cobro inmediato de los proveedores, lo que resuelve la restricción de liquidez que la actual situación de impago les generaba. Por otra parte, provisión de financiación sostenible en las administraciones territoriales para el pago de sus deudas. Por último, un ajuste fiscal de dichas administraciones para garantizar que son capaces de hacer frente a dichos pagos y la sostenibilidad de sus finanzas. Las administraciones públicas tendrán que establecer un plan que garantice la sostenibilidad financiera a largo plazo, el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit y la adopción de las reformas estructurales necesarias que permitan la recuperación del crecimiento y del empleo. Finalmente, en el ámbito fiscal están concretándose reformas en el ámbito educativo y sanitario que tendrán efecto significativo en la consolidación presupuestaria de la sostenibilidad de los propios servicios.

El otro gran pilar de la estrategia de política económica son las reformas estructurales. La política económica persigue actuar sobre las principales debilidades estructurales y con ello apuntalar la corrección duradera y sostenible de los desequilibrios macroeconómicos. Las medidas estructurales tienen efectos típicamente en el medio y largo plazo, con independencia de que en el corto plazo generen efectos positivos sobre la confianza de los agentes que se traduzcan en un impulso en la inversión privada y en el empleo. Estas medidas se dirigen a superar los cuellos de botella que dificultan el crecimiento y facilitan la dinamización de la actividad económica. En España en los últimos años se ha producido una importante restricción crediticia, entre finales de 2008 y finales de 2011 el crédito ha caído casi un 5%. Dentro de esta evolución, la caída del crédito a las empresas ha sido del 6,5% y la caída del crédito a las familias ha sido del 3%. La reforma financiera aprobada por el Real Decreto-ley 2/2012 ha puesto en marcha un proceso de fuerte saneamiento adicional de los balances de las entidades financieras valorado en más de 53.000 millones de euros con tres objetivos fundamentales: facilitar el acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, que permita ampliar la concesión de crédito; facilitar la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de las entidades financieras, con el consiguiente abaratamiento de los mismos e impulsar un proceso de fusiones del que surja un mapa de entidades más eficiente y con mejores estándares de gobierno comparativo. La reforma financiera va desarrollándose al ritmo establecido y van cumpliéndose los hitos predeterminados. De momento, ya están en marcha cinco operaciones corporativas y se ha puesto en marcha dos de las tres que estaban intervenidas o participadas por el FROB. Igualmente, las entidades han ido haciendo sus previsiones con cargo a sus resultados y patrimonio y han presentado sus planes de cumplimiento de lo establecido en el decreto-ley al Banco de España.

Otra rigidez que dificultaba la absorción de desempleo generado por la crisis eran las disfunciones del mercado de trabajo. La reforma aprobada en este ámbito introduce un cambio sustancial en las instituciones del mercado de trabajo, que debe acercar la tasa de paro estructural a la de los países de nuestro entorno. Esta reforma ha recibido una valoración positiva por parte de organismos internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, se ha incidido en otras áreas de reformas estructurales que me limitaré a mencionar. La garantía de la unidad de mercado; el impulso a la actividad comercial; la reforma de los organismos reguladores y de competencia; el apoyo a los emprendedores; la reforma del mercado de alquiler; las reformas en los mercados de electricidad y gas; el plan de eficiencia de las administraciones públicas, etcétera. Todas estas líneas de política económica que se detallan en este programa son coincidentes con las recomendaciones europeas formuladas el 12 de julio por el Consejo a España. Las mencionadas medidas suponen también una reacción congruente ante los resultados preliminares reflejados por el informe del mecanismo de alerta de la Comisión Europea que constituye el nuevo procedimiento de supervisión establecido dentro del contexto del pacto fiscal de la Unión Europea.

Concluyo ya, señorías, agradeciendo su atención y destacando que nos enfrentamos a unos retos de gran magnitud, pero continuaremos poniendo todo nuestro afán para afrontarlos. Con esta presentación espero haber transmitido la magnitud y complejidad de los problemas que se deben afrontar, así como la adecuación de la respuesta de política económica para corregir la situación. Para todo ello se necesitará la máxima colaboración entre todos los ámbitos, tanto públicos como privados.


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El señor PRESIDENTE: Corresponden ahora las intervenciones de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia del señor secretario de Estado. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Valeriano Gómez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señor secretario de Estado, en primer lugar quiero expresarle mi agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su primera comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso en una semana intensa como esta en la Cámara y también intensa por los acontecimientos que viven las economías europeas, y la española en particular. En el día de ayer el Fondo Monetario Internacional daba a conocer sus previsiones de primavera, sin grandes novedades en lo que se refiere a la economía española. Es verdad, no contiene excesivas novedades, pero entre ellas no hay ninguna buena noticia para nuestra economía. España ve empeorar sus previsiones de crecimiento para 2012 en casi 2 décimas, una reducción de nuestro PIB del -1,8% y, lo que es peor, el empeoramiento se produce en un contexto de previsiones en el que todos los demás países mejoran respecto de las previsiones de enero: Estados Unidos, Japón, Alemania, incluso Italia ve mejorar 3 décimas sus peores perspectivas con respecto a las que registraba en enero. El Gobierno ha preparado unos presupuestos, cito literalmente, austeros y realistas que garantizan la credibilidad de la economía española. No se preocupen los diputados de la oposición, lo que les estoy leyendo es el título del capítulo 1 del Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, pero en realidad el conjunto de los acontecimientos que han rodeado su elaboración a lo largo de los cuatro últimos meses lo que ha hecho ha sido empeorar, socavar de forma muy grave precisamente algo tan importante como la confianza y la credibilidad de la economía española.

Como estos acontecimientos han sido numerosos, excesivamente numerosos, déjenme que les recuerde algunos. Primero se produjo una inexplicable discusión en el seno del Gobierno con participación de diversos ministros sobre el tamaño del déficit público que dejaba el Gobierno saliente, o las comunidades autónomas, al nuevo Gobierno entrante. En el debate participó hasta el ministro del Interior, cuya principal relación con una cifra económica de interés quizás sea la del número de víctimas en accidentes de tráfico, y también en este ámbito parece estar empeñado en revisar sus estadísticas. No había forma entonces de concluir el déficit correspondiente a las comunidades autónomas que todavía no habían cerrado sus cifras de déficit, pero parece que era esencial poner de manifiesto ese desfase y además imputárselo a la Administración saliente. Incluso hace muy pocos días hemos conocido cómo la Comunidad de Madrid tenía que reconocer que sus ingresos habían sido más de mil millones de euros inferiores a los previstos inicialmente. Esto equivale, señorías, a prácticamente seis décimas del PIB de la Comunidad de Madrid. Poco tiempo antes se decía que Madrid era la comunidad que menos desviación había registrado. Hoy comprobados que ha sufrido exactamente el mismo tipo de impacto en sus ingresos que han sufrido todas las administraciones -el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos-, una caída intensa tras el frenazo económico que España y buena parte de Europa sufrieron en la segunda mitad del pasado año. Por cierto, en el caso de la Comunidad de Madrid, un nivel de endeudamiento extrapresupuestario en términos de contabilidad nacional para nada despreciable. Después, ante la importancia de ganar el mayor tiempo posible elaborando nuevos presupuestos, se dice que esto no era posible sin la elaboración de nuevas proyecciones macroeconómicas que debían ser realizadas una vez que se conocieran las de la Comisión Europea. Antes se conocieron las del Banco de España, -1,5% para 2012; después se conocieron las previsiones de invierno del Fondo Monetario, -1,7%; y un mes después las de la Comisión, -1%. Aun así, ustedes prefieren las realizadas por el Fondo Monetario. Un mes entero perdido. A continuación se produce una torpe batalla con las autoridades europeas alrededor de los objetivos de déficit, en la que termina, obviamente, como casi siempre, imponiéndose la realidad. El objetivo previsto en el programa de estabilidad para España era inalcanzable para una economía que había dejado ya de crecer al final del pasado año y lo sería más difícil aún para el próximo, con un crecimiento negativo que puede terminar siendo superior al 2%. Por si todo esto no fuera suficiente, unos pocos días después de presentar ante la Cámara el proyecto de presupuestos, se anuncia un recorte o una ayuda para el recorte, qué más da, de alrededor de 10.000 millones, prácticamente el 1% del PIB, en dos de las grandes políticas públicas entre las que más afectan a nuestra equidad y también, por cierto, a nuestro potencial de crecimiento a largo plazo: la educación y la sanidad.

Tras este relato, hablar de que estos presupuestos contribuyen a garantizar la credibilidad de la economía no deja de ser un ejercicio heroico, señorías. Mi grupo comparte con el Gobierno la enorme dificultad que plantea la salida de una crisis de la intensidad y de la complejidad como la que padece nuestra economía y en distinta medida las economías del euro. Hace pocos días, el ministro de Economía sintetizaba en el Wall Street Journal el círculo infernal en el que la economía española y algunas otras europeas llevan instaladas durante los últimos años. Decía, y decía bien: Si no hacen los ajustes suficientes los mercados te penalizarán, pero si vas demasiado lejos podrían también penalizarte debido a las preocupaciones sobre el crecimiento económico que suscitan. Ni contigo ni sin ti, se dice en mi tierra en este tipo de ocasiones con respecto a los ajustes. Compartimos la dificultad, es verdad, pero no compartimos las soluciones. Frente a lo que señala el título del capítulo 1, el que resume el proyecto, los presupuestos tampoco son realistas, no solo por la dificultad de alcanzar en términos de ingresos los objetivos que pretende.


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Es que alcanzar 27.500 millones de ajuste para la Administración Central, dejando a un lado 9.500 millones de gastos fijos en aumento de pensiones, en intereses de deuda y en el resto de los capítulos fijos, es bastante poco creíble a estas alturas. Pero si además tenemos en cuenta la forma en que han presupuestado un ámbito esencial, como es el que se refiere a las pensiones y a las prestaciones por desempleo, entonces la realidad no es que aparezca demasiado lejana, es que está casi cerca de las antípodas del escenario. Han presupuestado un crecimiento del gasto en pensiones contributivas del 2,9%, exactamente la mitad del 5,8%, que sería lo correcto cuando se consideran de forma añadida los tres factores que explican su evolución: el número de pensionistas, la pensión media y la revalorización, el aproximadamente 2% que experimentarán. Faltan, pues, aquí, en este capítulo, 3.000 millones. En el ámbito de los ingresos por cotizaciones en contingencias comunes han presupuestado un aumento del 0,9%. Esto es muy poco consistente, con un descenso de casi el 4% en el empleo asalariado a tiempo contemplo, en términos de contabilidad nacional y una reducción efectiva de prácticamente un punto en las bases de cotización, dada la evolución esperada de los salarios en el escenario macroeconómico. Faltarían, pues, otros 4.000 millones de euros. Y por si esto no fuera poco, el gasto en desempleo se reduce en el 5,5% para alcanzar 28.000 millones. Pero, mientras tanto, lo que nos dicen los últimos datos conocidos es que en el sistema de protección por desempleo están creciendo las solicitudes de las altas al 18%, cuando habían experimentado tasas de crecimiento negativo durante todo el año anterior. Si esta tendencia se mantiene, y todo hace indicar que frente a lo que usted prevé como efectos de la reforma laboral podrían incluso subir mucho más, los gastos en prestaciones alcanzarían los 33.000 millones de euros. Faltan otros 4.500 millones.

Señorías, entre estos tres conceptos de ingresos y gastos en el sistema de Seguridad Social faltan 11.500 millones. Hay 11.500 millones que no cuadran, casi un punto y medio del PIB. Y faltan por considerar los ingresos en las cotizaciones por desempleo, los efectos en la reducción media de la congelación del salario mínimo, la primera que se produce en la historia del salario mínimo en España. Es curioso, el libro amarillo habla de mantenimiento del salario mínimo, lo que realmente es una congelación, pero la palabra congelación se deja para caracterizar la que se produjo el año pasado para las pensiones contributivas. El lenguaje es cierto que da para esto y para mucho más, pero hablando de las características de nuestro lenguaje, del castellano ¿cómo calificar todo esto? ¿Ocurrencias? ¿Improvisaciones? ¿Torpezas? ¿Ineptitud? ¿Exigencias de los mercados internacionales? ¿Cumplir quizá con lo comprometido con sus electores?

Respecto de las perspectivas laborales, me gustaría subrayar algo más. Ustedes han sido capaces de hacer una reforma laboral que será la primera que un gobierno progresista en España derogue respecto de las que se produjeron con anterioridad. La primera, ninguna otra se ha derogado en su totalidad por el Gobierno entrante. Primero vendrán 640.000 puestos de trabajo destruidos durante 2012. Después vendrán más en 2013. Usted mismo lo refleja en su escenario macroeconómico. Y después, alguna vez, más adelante, cuando arreglemos nuestros problemas en el sistema financiero, empezaremos a crear empleo. Mientras tanto, habremos destruido el sistema de relaciones laborales en España. A las reformas anteriores les pedían ustedes resultados desde la primera semana. A las de hoy, no. Pero al menos sabemos que durante unos años destruirán empleo y reducirán una buena parte de los derechos laborales de los ocupados de hoy y de los futuros ocupados de mañana. Por ahora sabemos que la credibilidad del presupuesto no parece que nos sobre, pero en cuanto a realismo se ha buscado, es verdad, pero con muy pocos frutos.

Faltan, y con esto termino, unas palabras sobre la austeridad. Sabemos bien que el Gobierno español no es dueño del tono de su política fiscal y presupuestaria. Nosotros hemos insistido en que Europa no saldrá adelante así. Podemos obtener resultados de una política de consolidación fiscal y de desapalancamiento en el sector privado en los países del sur de Europa, pero los países centrales tienen que hacer lo contrario; para que salgamos todos, los países centrales tienen que hacer lo contrario: tienen que aumentar su demanda interna y tienen que incrementar su grado de endeudamiento en el sector privado respecto del actual. Si lo hacemos todos a la vez, no habrá solución; ustedes saben bien, todos sabemos bien que entonces no habrá solución. Sin embargo, creemos que hace falta una política fiscal más activa, más justa, con nuevos impuestos sobre las grandes fortunas, sobre las transacciones financieras, una nueva imposición verde y menos deducciones fiscales en renta para los compradores de vivienda con rentas superiores a los 24.000 euros y también menos deducciones fiscales en sociedades, un asunto sobre el que la OCDE hace tiempo que insiste en advertir sobre su impacto negativo para economías como la española. Pero sobre todo es difícil predicar austeridad entre la ciudadanía, a la vez que por primera vez en nuestra historia se amnistían cuotas fiscales devengadas. Antes, es verdad, se perdonaron intereses moratorios y se perdonaron sanciones, en este presupuesto es la primera vez en la España democrática que a la Administración tributaria se le ordena olvidarse de las cuotas adeudadas. Por eso, señorías, en mi opinión, en opinión de mi grupo resulta hipócrita con estos presupuestos hablar de austeridad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra don Alberto Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al secretario de Estado de Hacienda y de hacerle determinadas preguntas para


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obtener información. Nuestra posición sobre esta crisis y sobre estos presupuestos en general es bien conocida, asimismo también son conocidas nuestras críticas al contenido y a la forma de los presupuestos. Por eso, me gustaría presentarle una serie de preguntas para obtener información que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente significan estos presupuestos. Algunas de esas preguntas, insisto, se las hicimos llegar ayer también al secretario de Estado de Hacienda, pero con poca fortuna a la hora de obtener esa información de forma concreta.

Me gustaría comenzar -ya se ha dicho aquí en la intervención del Grupo Socialista y usted mismo también lo ha comentado- con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que difieren con respecto a las previsiones del propio Gobierno, pero no solo en el aspecto cuantitativo, sino en su llamada de alerta al peligro que supone recortar más de la cuenta, y estos presupuestos son unos presupuestos durísimos en este aspecto, son un recorte brutal a todas las partidas presupuestarias prácticamente, y eso no cabe ninguna duda de que va a dañar el crecimiento económico de nuestra economía. Pero además, en lo que a economía se refiere, eso evidentemente a lo que más afecta es a la recaudación de ingresos del Estado, de modo que podemos estar en la antesala de unos presupuestos generales del 2013 todavía más duros, todavía más dolorosos y entiendo que el Gobierno ha hecho una planificación en estos presupuestos del 2012 teniendo presente una estrategia de largo plazo, teniendo presente lo que va a ocurrir en el 2013 y lo que va a ocurrir en el 2014, en lo que se refiere a las finanzas públicas. Por eso la pregunta, a la que me gustaría obtener respuesta, es: ¿Cómo se van a traducir, según el Gobierno, los recortes de hoy en el crecimiento económico de mañana? ¿Cómo es posible que atendiendo al efecto contractivo que tienen los recortes, mañana y pasado, en el 2013 o en el 2014, podamos asegurar que vamos a recuperar ingresos suficientes y que va a volver la actividad económica a su cauce como el Gobierno espera en sus previsiones? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales eso va a ser así? ¿Acaso a través de las reformas estructurales del mercado laboral, bajando los salarios? ¿Acaso van a tener algún incentivo las empresas para volver a contratar? ¿Cómo va a repercutir el consumo, la inversión? ¿Cuáles son los mecanismos que el Gobierno espera que sucedan a través de las reformas para que los recortes de hoy sean el crecimiento económico de mañana?

También me gustaría saber cuál es la impresión que tiene el Gobierno sobre cuál debe ser el modelo productivo, porque estos son unos presupuestos centrados en la austeridad y en el control de las finanzas públicas, pero no se habla en absoluto del modelo productivo, de lo que España va a vender al exterior, de lo que España va a construir en su propia economía, de cuál va a ser el motor de la economía española a partir de ahora, una vez, parece claro, se ha renunciado al sector de la construcción y del turismo como motores fundamentales de nuestra economía. ¿Cuál es la impresión más allá de reaccionar frente al déficit que tiene el Gobierno sobre cómo debería ser la economía española, sobre cómo debería configurarse la estructura económica de nuestro país?

También me gustaría conocer cuál es la impresión y la opinión que tiene el Gobierno respecto a la subida de la prima de riesgo, después de haber hecho los recortes brutales que se derivan de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cómo es posible que unos presupuestos, que se dice buscan la confianza de los inversores, de los llamados mercados financieros, puedan generar esos efectos tan contrarios, tan perniciosos, que se manifiestan en la prima de riesgo? Y la pregunta es muy clara: ¿No sería el momento de pasar a preguntarse que los mercados no obedecen a otro criterio que no sea el de la rentabilidad? Porque no se contentan ni con muchos recortes ni con pocos recortes, ni evidentemente, como parece claro en las exposiciones del Partido Popular, con incremento del gasto público. Si no se contentan con nada, es porque la lógica que siguen es absolutamente diferente, en nuestra opinión y, por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿No es el momento de empezar a regular los mercados, de promover la regulación en todos los niveles administrativos para que los mercados obedezcan a las directrices de la política económica y no tengamos que estar subordinados a ese criterio de rentabilidad cortoplacista, de obtención de beneficio en el menor tiempo o espacio posible?

Usted ha hablado de desequilibrios, centrando su exposición en esa cuestión, pero sin embargo lo cierto es que los desequilibrios comerciales no pueden explicarse en modo alguno por el gasto público excesivo. Nosotros sabemos perfectamente que había superávit en las cuentas públicas en el año 2006-2007, que lo que teníamos era un endeudamiento en torno al 50% sobre el PIB en ese mismo año 2007, a las puertas de la crisis, endeudamiento público, pero sí es cierto que el déficit comercial excesivo que nos desequilibra se puede explicar por las deudas privadas: las deudas privadas de las familias, las deudas privadas de las empresas, que son al final las que han estado generando esos desequilibrios. Pero estos presupuestos generales, así como las leyes y reformas estructurales que usted mismo ha mencionado, no hacen mención alguna a cómo vamos a acometer esos desequilibrios en las finanzas privadas. ¿Cómo van a ser los mecanismos? ¿Ha pensado el Gobierno habilitar algún mecanismo para combatir esas deudas privadas? El Fondo Monetario Internacional -se lo decíamos ayer al secretario de Estado de Hacienda- ha propuesto imitar en este sentido a Islandia y promover la reestructuración de las deudas de las familias. ¿Tiene el Gobierno pensado hacer algún mecanismo de este tipo, de esta naturaleza?

Finalmente, en lo que se refiere a la reforma del sistema financiero, tanto el Gobierno del Partido Socialista como el Gobierno del Partido Popular han estado acometiendo reformas que persiguen y tienen la misma filosofía, sin embargo, a día de hoy estamos con los mismos problemas que teníamos hace cuatro años en este campo y


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además mucho más empeorados porque la situación se va agravando por momentos. Nosotros entendemos que el problema real está en la economía real, en la demanda agregada, en el empobrecimiento de la gente, y el sistema financiero no está cumpliendo su función, pero nos preocupa que incluso, aunque fuera cierto -y nosotros no lo creemos- que la reforma del sistema financiero fuera exitosa, para cuando se cumpliera realmente ya ninguna entidad privada quisiera pedir prestado por su situación prácticamente de quiebra, y es que realmente la economía real es la que mueve al sistema financiero a prestar; el sistema financiero no está prestando porque está especulando en los mercados internacionales, pero también es que está viendo que no es rentable prestar en una economía que está deprimida. ¿Qué va a hacer el Gobierno para solucionar esos problemas de la economía real, teniendo en cuenta que el sistema financiero está absolutamente viciado por su falta de regulación, por su sistema de incentivos, que hace que prefiera especular en vez de prestar a la economía real, teniendo en cuenta que son dos fenómenos paralelos? Por lo tanto, nosotros, como se sabe, defendemos la intervención, la creación de una banca pública para poder dirigir eso, vinculado mucho al modelo productivo que, insisto, es crucial y sin embargo el Gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco se ha pronunciado -como decía- sobre cuáles van a ser los mecanismos que nos van a sacar de la crisis. También me gustaría conocer la impresión del secretario de Estado sobre cuándo espera el Gobierno que volvamos a crecer económicamente como respuesta a las reformas que está aplicando. Entiendo que el Gobierno asume que van a tener un coste económico en un breve espacio de tiempo -un año, dos años; no lo sé-, pero entiendo que el Gobierno espera que se vuelva a crecer. La pregunta es cuándo espera el Gobierno que se vuelva a crear empleo y que se vuelva a crecer económicamente y cuál es el modelo productivo que dirigirá la economía.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra don Vicente Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su primera comparecencia ante la Comisión de Presupuestos. Posteriormente tendrá que comparecer de manera habitual en la Comisión de Economía para explicar las cifras macroeconómicas de los presupuestos. En los años que llevo como diputado he comprobado que estas comparecencias que tienen por objeto preguntar, como hacía el señor Garzón, se convierten casi siempre en comparecencias de afirmación de los postulados de los distintos grupos. No me resisto yo tampoco a aprovechar mi intervención para hacer las afirmaciones que entienda conveniente y pocas preguntas.

En los dos días que llevamos de comparecencias está saliendo como una cantinela permanente la fecha en la que se celebran las comparecencias y la pregunta de por qué los presupuestos se traen a esta Cámara en esta fecha y no en octubre. Llega un momento en que a uno le hacen hablar, como al mudo del chiste. Los presupuestos no se presentaron en octubre porque el presidente del Gobierno, por voluntad y decisión propia, tuvo a bien adelantar las elecciones. ¿Por qué lo hizo? Habría que preguntárselo al presidente del Gobierno anterior y a su consejo de Gobierno donde, por cierto, estaba don Valeriano Gómez. No los presentó porque no quiso. Puedo pensar -y otros pueden pensar lo contrario- que no los presentó porque preveía un calendario peor para el PSOE. Puedo pensar que no los presentó porque preveía para esos meses más paro, menos crecimiento económico después de la crisis de deuda de agosto, más descontento, una vuelta a la recesión y el descubrimiento del desequilibrio presupuestario; y no se presentaron los presupuestos. Este Gobierno tomó posesión el día 23 de diciembre, el 30 se nombraron algunos altos cargos, en enero se nombraron otros altos cargos, hubo que tomar posesión del Gobierno y en ese momento no había ni un papel de elaboración de presupuestos en las mesas de la Administración. Hubo que empezar de cero. Si se han presentado el 30 de marzo o se debieron presentar el 10 de marzo, estamos hablando de diez días; pero no se presentaron en octubre porque el Gobierno no tuvo a bien hacerlos. Hay que decirlo de una vez porque si no, seguiremos con el mantra continuo de por qué no se celebraron estas comparecencias en octubre. No se celebraron porque no quiso el Partido Socialista.

Se ha planteado que este presupuesto socava la confianza. Lo que socava la confianza es que el déficit previsto para el año 2011 era del 6% y acabó en el 8,5. Con mucha atención he oído a don Valeriano Gómez -del cual aprendo, porque fue ministro de Seguridad Social- hablar de las previsiones de la Seguridad Social de 2012 y, como no se van a cumplir -ya adelanta el resultado del partido Madrid-Barcelona-, calificando al Gobierno de torpeza e ineptitud. No sé si se van a cumplir en 2012; lo que está claro es que en 2011 no se cumplieron. (Aplausos). No sé si se van a cumplir en 2012 porque estamos hablando de previsiones, pero en 2011 la Seguridad Social trajo aquí un presupuesto con superávit y acabó en déficit. Esa es una realidad y un dato objetivo. También es un dato objetivo que el presupuesto de 2011 se hizo con un objetivo de déficit del 6% y acabó con un 8,5%. No sé si la afirmación del ministro del Interior de que el déficit iba a ser el 8,2% ha socavado la confianza de los analistas del Fondo Monetario Internacional, pero sí sé que el no cumplimiento del objetivo del déficit por el Gobierno socialista -del que formaba parte el señor Gómez- sí ha socavado la confianza. Ese dato sí ha socavado la confianza. Es que a veces a uno le hacen hablar, aunque no quiero. No se puede hablar de ineptitud y decir que no se va a cumplir la previsión de déficit, cuando lo cierto es que no se ha cumplido en el año anterior. Estamos comparando


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datos ciertos con previsiones en las que cada uno lleva el ascua a su sardina para hacer las afirmaciones que le conviene.

Este presupuesto es especialmente importante. Estamos en una coyuntura -como ha dicho el secretario de Estado- de gran magnitud y complejidad y todos estamos de acuerdo con eso. Ayer el gobernador también lo decía. Este presupuesto es el presupuesto para esa coyuntura y, además, no es un instrumento solitario, sino que tiene que estar acompañado por un conjunto de reformas estructurales que está intentando hacer este Gobierno. Afirmaciones por afirmaciones, los objetivos que tiene el Gobierno y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno son los de revertir la situación económica que nos acompaña. Por cierto, algo tendrá que ver con ella el Gobierno anterior. Desde enero que tomó posesión este Gobierno hasta abril lo ha podido hacer todo muy mal, pero algo tendrá que ver en el 24% de paro y en los más de 5 millones de parados y en la recesión económica el Gobierno anterior. Pueden decirme que es consecuencia de la coyuntura internacional, pero decirme que es responsabilidad del Gobierno actual que tomó posesión en enero, es casi una broma.

Los objetivos son revertir la situación económica y convertir el paro en empleo, la recesión en crecimiento y trabajar para que haya más bienestar en las familias y más oportunidades para los ciudadanos. Hay una doble actuación: por una parte, el equilibrio, la eficiencia y la austeridad en las cuentas públicas; y por otra parte, una estrategia de crecimiento -no sé si habría que hablar de modelo de crecimiento; creo que es una estrategia para que haya crecimiento- que ayude a que, junto con austeridad, se incremente el potencial de crecimiento de la economía española. El cuadro macroeconómico que hemos conocido hace días y que hoy presenta el secretario de Estado es creíble. Uno puede decir que no se lo cree; lo comprobaremos en enero. Lo que sí sabemos seguro es que el anterior, el que nos trajeron en octubre de 2010, ha sido mentira. Yo digo que este es creíble porque se hace sobre bases más ciertas, aunque otros pueden decir que nos vamos a equivocar. No sé cómo va a quedar el partido Madrid-Barcelona del sábado, pero a las diez de la noche acierto seguro. Lo que es seguro es que el cuadro macroeconómico de 2011 fue incumplido en todos sus términos. Este cuadro macroeconómico creo que fija unas premisas ciertas, que trabaja en el equilibrio presupuestario y que no se basa en recortes -este es otro mantra que quiero repetir-, sino en la eficiencia del gasto público.

Se puede hacer más por menos. Nadie puede decir -antes le comentaba a mi compañero, el señor Matarí, que se ha ido, que me iba a meter con esta sede- que la calidad democrática de un país o de un parlamento se mide porque tengamos más edificios desocupados. Nadie puede decir que los servicios públicos se miden por el grado de financiación o por la cuantía presupuestaria que se pone. Los servicios públicos habrá que medirlos por el grado de eficiencia de la sanidad, por el grado de curación de los enfermos, por el grado de satisfacción de las familias, por el nivel educativo, por la comodidad para el transporte, pero nadie me puede decir que el sistema de transporte de un país es mejor porque una autovía se haga aunque no pase nadie; que el sistema ferroviario es mejor si se hace un AVE en Castilla-La Mancha que no utiliza nadie; o si hago un aeropuerto, como decía Margallo, peatonal. Nadie puede decir que el servicio de comunicación es mejor. El grado de satisfacción de los servicios públicos se mide por la calidad de los mismos, no por la cantidad presupuestaria que se pone. Y se puede hacer más por menos. Se puede hacer más sanidad de más calidad siendo más eficientes en el uso del dinero público. Quiero decirlo ya porque si no reviento, ya que estoy oyendo estos días en las comparecencias que solo hay recortes, recortes, recortes. No. Hay eficiencia: eficiencia en el gasto público. (Aplausos). Se puede hacer más y mejor educación con menos dinero, porque voy a decir una butade: aunque pongamos cuadros de Dalí en un colegio, los niños no saldrán mejor preparados. Su preparación se medirá por la calidad educativa, pero no por el grado de fijación de la cuantía presupuestaria.

Creo que hay que conseguir el objetivo de déficit público -ayer lo decía el gobernador-, es incuestionable, el 5,3 se tiene que conseguir -y voy acabando, señor presidente, le veo mirando el reloj y eso es un aviso para mí-. Hay que conseguir ese objetivo de déficit público a base de austeridad en el gasto corriente, de eficiencia en el uso del dinero público, de una ley de estabilidad que alerte tempranamente -como ayer hablábamos en esta Comisión- de cómo se está comportando el presupuesto, de transparencia en las cuentas públicas de todas las administraciones. Creo que hay que disciplinar a todas las administraciones. Por eso es muy interesante lo que hoy no ha dicho el secretario de Estado pero anuncia el ministerio, la posibilidad de emisión de deuda conjuntamente para las comunidades autónomas siempre y cuando se dé un comportamiento de control presupuestario en las mismas. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional hoy, en su informe que abre los periódicos, dice que la senda de control del déficit público no se va a cumplir. Yo quiero preguntarle al secretario de Estado sobre eso, porque entiendo que la afirmación del Fondo Monetario Internacional se hace sobre premisas que no están todavía adoptadas, como la reforma en el sistema educativo y sanitario o como este presupuesto, que todavía no está aprobado.

No basta con un equilibrio presupuestario, con una austeridad del gasto público. Hay que tener una estrategia de crecimiento y este Gobierno la tiene cuando hace una reforma del sistema financiero para tener un sistema que funcione, que dé créditos, un sistema que permita dar crédito, señor Garzón, a las personas que con solvencia lo pidan, porque si da créditos y luego no se devuelven, es un problema para el que tiene -yo tengo pocos- ahorros en las entidades financieras, porque si tú tienes ahorros en una entidad financiera y


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tu dinero se lo prestan a uno que no lo devuelve y tú no lo recuperas, tienes un problema. La estrategia de crecimiento la tiene también el Gobierno cuando hace reformas laborales y reformas liberalizadoras.

Señor presidente, acabo ya, que veo que vuelve a mirar la hora. (El señor Saura García: ¿Ha hecho alguna pregunta?) Señor Saura, le he hecho las mismas preguntas que el señor Gómez. Concluyo diciendo que creo que este presupuesto es el que necesita España. Perdón si he hecho pocas preguntas, pero es que hay cosas que me parece que hay que contestar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, no pensaba yo cortarle su disertación. Usted es una institución en el debate presupuestario, aunque este año le falta algo, y usted sabe qué es lo que le falta: le falta el señor Fernández Marugán.

Terminadas las intervenciones, el señor secretario de Estado, Jiménez Latorre, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Contestaré de forma conjunta a su señoría don Valeriano Gómez y a su señoría don Alberto Garzón agrupando las preguntas en distintas áreas en la medida en que entiendo que había puntos comunes. Una de ellas está relacionada con el Fondo Monetario Internacional. Me preguntaban si no hay ninguna buena noticia en el informe del FMI y si se criticaba a España por seguir una política fiscal excesivamente restrictiva. A este respecto quiero destacar que en su presentación de ayer el FMI reconoce que la política fiscal del Gobierno español es equilibrada. Como aspectos positivos de sus previsiones están la inversión de la tendencia hacia la caída de la actividad en signo positivo, y yo entiendo que la previsión de un crecimiento con signo positivo, aunque sea pequeña para el año que viene, es igualmente positiva. Por tanto, este es un aspecto destacable. Igualmente, el FMI valora de forma adecuada el compromiso del Gobierno español con el recorte presupuestario y con las reformas económicas. Entiendo que eso también es un respaldo a que se va en la buena dirección y, por tanto, ahí sí encontramos aspectos positivos en la valoración que se hace de nuestra economía. Por otra parte, también es positivo que la coyuntura internacional haya mejorado en los últimos meses, puesto que no en balde nuestra economía es una economía abierta que está integrada en la economía mundial. Así pues, la vía del sector exterior también nos facilitará el reinicio del dinamismo de las exportaciones y, en consecuencia, de la producción y el empleo.

Otra de las áreas en las que se incidía es el tema de la confianza, si estos no son los presupuestos de la confianza, si la prima de riesgo no está respondiendo a los presupuestos o si los mercados no estaban pidiendo tanto ajuste o estaban pidiendo más ajuste. Mi valoración sobre esta cuestión es que la confianza se perdió con la desviación de los presupuestos del año pasado, la confianza se pierde rápidamente y cuesta recuperarla. La confianza se perdió no solamente por la magnitud de la desviación de 2,5 puntos, que es muy significativa, sino por el hecho de que nadie pudo anticiparla, nadie pudo identificarla con tiempo para poder corregirla. Yo entiendo que el hecho de que a los inversores, que están analizando la economía española con detalle y día tras día, les coja por sorpresa una desviación de esta magnitud les crea una incertidumbre que luego obviamente influye muy negativamente sobre la confianza en nuestra economía. Por eso creo que es fundamental reforzar los mecanismos de transparencia de todas nuestras administraciones. La desviación se produjo el año pasado sobre todo en las comunidades autónomas, fundamentalmente por la vía de los ingresos. Es cierto que el último trimestre del año fue especialmente negativo -la producción cayó un 0,3%-. Por otra parte, también ha habido un cambio importante en los componentes de la demanda, a favor del sector exterior, de la demanda externa -y no de la demanda interna-, que tiene menos incidencia sobre los ingresos fiscales y, en consecuencia, esto ha influido negativamente sobre los ingresos de las comunidades autónomas.

Creo que es importante mejorar los mecanismos de transparencia y que los mercados, los inversores, los organismos internacionales y nuestros socios comerciales puedan saber de una forma relativamente próxima en qué medida vamos cumpliendo con los objetivos presupuestarios. Ese será un buen elemento de recuperación de la confianza. Las reformas en este sentido están en marcha. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria ya incorpora unos mecanismos de transparencia para que las comunidades autónomas, en lugar de informar trimestralmente de la ejecución de sus presupuestos, lo hagan mensualmente. Será importante que haya una información pública y un fácil acceso a esa información del grado de ejecución de los presupuestos por parte de las comunidades autónomas y que exista la misma transparencia que hay con los presupuestos del Estado para los presupuestos de las comunidades, tanto en sus proyecciones como en la base de sus ingresos.

La tercera área de crítica se refiere al cumplimiento de los objetivos, si algunas de la previsiones están basadas en supuestos realistas, si son coherentes o no. En este sentido, el compromiso del Gobierno es cumplir lo establecido. Se prestará una especial atención a la reducción de la ejecución del presupuesto y tan pronto se detecten desviaciones se tomarán las medidas correctivas, con lo cual, en principio, no hay nada que en este momento haga pensar que no se van a cumplir los objetivos.

También se ha criticado el elevado nivel de paro, la fuerte caída de la actividad. A este respecto, buena parte de los problemas del mercado de trabajo se debían a cuestiones estructurales. En nuestra economía se han destruido muchos más puestos de trabajo de los que se han destruido en otras economías, registrando estas también unas tasas de actividad negativas, y por tanto la reforma del mercado de trabajo trata de introducir una eficiencia y trata de eliminar los problemas estructurales


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que venía acarreando nuestro mercado de trabajo desde hacía décadas. Ese es el objeto de la reforma, tratar de que los ajustes ante caídas de la demanda no sea tanto vía cantidades sino que sea más vía precios.

En lo que se refiere al modelo productivo o soluciones regulatorias, desde luego, nuestra concepción es más de una salida de mercado; es decir, hay que reestablecer la confianza, hay que reestablecer las condiciones económicas para la iniciativa privada, facilitar el impulso empresarial, facilitar la iniciativa empresarial, de forma que sea esta, con menores cargas administrativas, con facilidades regulatorias, con facilidades de acceso a la financiación, la que permita la recuperación económica. La reforma del sector financiero también trata de eliminar las dudas que existían sobre la valoración de los activos inmobiliarios y con ello, en principio, se permitirá un mejor acceso de las entidades financieras a los mercados de capitales y el mejor desarrollo de su trabajo, que no es otro que canalizar esa financiación de los mercados mayoristas a los mercados minoristas.

Se comentaba también que la deuda del sector privado es muy elevada y se preguntaba qué mecanismos hay de ajuste de esa deuda. En este sentido, quiero destacar que buena parte de esa deuda está asociada al sector inmobiliario, por tanto buena parte de esa deuda requiere un ajuste lento. El ajuste de alguna forma se va produciendo con un menor flujo de crédito hacia esa actividad, se va produciendo en la medida en la que el stock de vivienda se va vendiendo, con lo cual es cierto que el ajuste es lento, pero como comentaba al principio estamos ante problemas de desequilibrios de stocks importantes y lo que hace falta es poner a la economía en la senda adecuada de forma que se recupere la credibilidad y la confianza.

Por último, respecto a la confianza en los presupuestos y a las disociaciones -primero se anuncian los presupuestos, luego se anuncian reformas-, en principio, la magnitud de las reformas que hay que hacer es tal que obviamente en poco tiempo se puede hacer mucho, pero se necesita tiempo. Como comentaba, los Presupuestos Generales del Estado obviamente no inciden en los presupuestos de las comunidades autónomas, esa era una parte pendiente para lo que significan las cifras de los desequilibrios del conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, falta esa información, falta ver en qué medida las comunidades autónomas van cumpliendo esos objetivos, y la reforma de sanidad y educación va en esa línea. Se trata de dos capítulos que inciden de forma importante en las finanzas de las comunidades autónomas y es preciso situar esos servicios en una senda sostenible dentro del marco de esa estrategia de reestablecer la sostenibilidad de todas las finanzas públicas.

Creo que con eso he cubierto los principales puntos que se han suscitado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le agradecemos su presencia y sus explicaciones. Paramos un momento para que pueda salir el señor secretario y llegue el nuevo compareciente. (Pausa).

- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BETETA BARREDA), A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (número de expediente 212/000153), MIXTO (número de expediente 212/000163), POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000172) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000276).

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, continuamos la sesión de la Comisión de Presupuestos con la comparecencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Germán Beteta Barreda. Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia y cuando él lo estime oportuno tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señorías, comparezco en esta Comisión de Presupuestos a petición de los grupos de La Izquierda Plural, Mixto (Unión del Pueblo Navarro), Popular y Socialista con el objetivo de explicar los Presupuestos Generales del Estado para el presente año en lo que representa la secretaría de Estado de la que soy titular, es decir, las administraciones públicas. Señorías, este año es y será crucial, crucial en muchos aspectos, me atrevería a decir incluso trascendental para trazar un nuevo mundo hacia la prosperidad, el crecimiento y la creación de empleo, y en este sentido, en lo que respecta al cuadro macroeconómico general, tenemos el firme, el irrenunciable compromiso de reducir el déficit público en 2012 hasta el 5,3% frente al 8,51% recibido. Este esfuerzo que algunos consideran baladí incluso superfluo nos va a permitir recuperar la credibilidad y la confianza perdida tanto de nuestros socios europeos como de los mercados financieros y organizaciones internacionales, fortaleciendo la seriedad y la responsabilidad de la gestión política y económica de nuestro país.

En relación con la financiación autonómica y local, Europa y el mundo nos están mirando, miran con lupa nuestras cuentas. Ahora los ojos están especialmente puestos en las comunidades autónomas, en parte por las muy importantes competencias en la gestión del gasto público y en parte también -por qué negarlo- en la sensación de falta de coordinación entre la Administración central y las administraciones territoriales. La complejidad en la configuración de nuestro Estado en este sentido -es evidente- no contribuye a transmitir una imagen diáfana, de transparencia y claridad, pero tenemos que hacerlo y sobre todo debemos hacerlo. Este Gobierno hizo suya la máxima de Adam Smith cuando


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sostenía que un buen presupuesto es un presupuesto equilibrado, porque la realidad, sea esta favorable o desfavorable, es en cualquier caso volátil, por lo que necesitamos de mecanismos que aseguren el cumplimiento del equilibrio presupuestario sea cual sea nuestra posición en el ciclo económico.

En este sentido, la aprobación por el Congreso de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera constituye un impulso decidido por la austeridad, la seriedad y la transparencia, incorporando la sostenibilidad presupuestaria como principio rector en la actuación económico-financiera de todas las administraciones. Esta ley, como ustedes bien conocen, tiene tres objetivos: garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. El objetivo es reforzar la idea de estabilidad no solo en un momento coyuntural sino también con carácter permanente, con lo que nos preparamos para los retos a los que nuestro sistema de bienestar se enfrenta a medio y a largo plazo, y además y por si esto no fuera suficiente, siendo conscientes de que para Europa y el mundo todos somos uno, con independencia del tipo de Administración a la que pertenezcamos, la ley incorpora el principio de lealtad institucional como principio rector para armonizar y facilitar la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones. El éxito de esta ley va a ser el éxito de todos, el éxito de esta ley será generar confianza, el éxito de esta ley es tener la necesaria regeneración democrática que demandan los ciudadanos para volver a confiar en sus representantes. A partir de ahora, con los principios y con la normativa que se incorpora en esta ley, las cuentas serán más transparentes, más claras, más fiables y nadie podrá gastar más allá de lo que ingresa.

Estos presupuestos, por ello, para ser rigurosos y creíbles tienen que ser realistas y en este sentido su elaboración tiene que estar vinculada a la realidad económica, nos guste o no, tanto en materia de gastos como en materia de ingresos, nos guste o no. Este caso es especialmente evidente cuando lo analizamos en relación con las comunidades autónomas, ya que podemos observar del análisis del presupuesto que van a percibir del Estado en el marco del sistema de financiación autonómica cuantías incluso superiores a las del ejercicio pasado y cuando se analiza en el mismo también lo que se va a recibir a lo largo de este ejercicio.

Señorías, este Gobierno cree en el Estado autonómico, creemos en el Estado diseñado en el título VIII de nuestra Constitución, así lo sostiene el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y así lo cree todo su equipo. Creemos -y se lo dice uno que ha tenido importantes responsabilidades de gobierno en una comunidad autónoma- que el Estado autonómico funciona, pero, como se dice en las evaluaciones, necesita mejorar y necesita hacerlo para seguir siendo bueno y para aspirar a ser mejor. Nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema es irrenunciable y las comunidades autónomas tienen una extraordinaria responsabilidad con la prestación de los servicios públicos y la sostenibilidad en nuestro Estado del bienestar. Por eso el Gobierno está realizando una apuesta decidida por apoyar a las comunidades autónomas, respetando el marco competencial en vigor mediante la adopción de medidas extraordinarias de liquidez para que puedan seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos. Los planes económico-financieros del periodo 2012-2014 tendrán que ser revisados por las comunidades autónomas para incorporar el cambio de objetivo del déficit fijado en el 1,5 del producto interior bruto. Así y solo así podrán seguir sosteniendo las comunidades autónomas la calidad en los servicios, en sanidad y educación en especial, que junto con otras políticas sociales básicas constituyen el 80% de su presupuesto; por ello tienen que aplicar especiales políticas de reducción de gasto en el 20% restante.

El Gobierno va a ser riguroso, la responsabilidad es común y es compartida, las comunidades autónomas no van a estar solas, pero, señorías, las comunidades autónomas van a tener que cumplir la ley. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va a hacer un seguimiento exhaustivo de la situación económica y financiera de las comunidades autónomas aplicando para ello todos y cada uno de los mecanismos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar la veracidad, garantizar la transparencia y garantizar la sostenibilidad. Nadie gastará más de lo que se ingrese y, al tiempo, lo que se gasta ha de pagarse. Por ello, conscientes de la situación de las comunidades autónomas y de la necesidad de sostener nuestro Estado del bienestar, hemos decidido desde la Administración General del Estado empezar por aplicarnos la austeridad a nosotros mismos, y así, en el ámbito de la Administración General del Estado, el presupuesto de los departamentos ministeriales se ve reducido una media del 16,9 % frente al gasto previsto en los presupuestos generales para 2011. El resultado de esto es que mientras la financiación de la Administración del Estado se reduce, la de las comunidades autónomas se incrementa y asciende a los 84.263,09 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,19 % frente a 2011, toda una muestra de nuestro compromiso con las comunidades autónomas, toda una muestra del compromiso de este Gobierno con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, que, como antes dije, suponen el 80% del gasto presupuestario autonómico; compromiso que se extiende también, cómo no, a nuestros ayuntamientos, por lo que, pese a la necesidad del esfuerzo y del ajuste, su financiación pasa de los 14.456,8 millones de euros a 15.624,96 millones, es decir, un 8,08 más, es decir, 1.168,16 millones de euros más. Me gustaría recordar además que ya en diciembre con el Real Decreto-ley de medidas urgentes nos comprometimos con ellas a establecer la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 de un gravamen, de un incremento del tipo impositivo del IBI, de


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un modo progresivo atendiendo a la antigüedad en la revisión catastral. Esta medida, señorías, supondrá un incremento en la recaudación para las entidades locales de 918 millones de euros. Analizando el presupuesto de gastos estatales en su conjunto hay que señalar que se recogen dotaciones para hacer efectivas las transferencias con destino a las comunidades autónomas y entes locales, en aplicación estricta de sus sistemas de financiación, y también con otras subvenciones y transferencias corrientes y de capital, alcanzado la cifra de los 43.050,7 millones de euros, lo que supone 3.530,1 millones de euros más que en 2011, un 8,9% de crecimiento. Desglosando, las transferencias a comunidades autónomas aumentan un 9,7%, pasan de 25.287,97 millones de euros a 27.734,92, es decir, 2.446,9 millones más. Para las entidades locales, señorías, crecen también las transferencias, un 7,6%; pasan de 14.232,6 millones a 15.315,7 millones, es decir, 1.083,1 millones más.

Quiero detenerme un momento, señorías, por su capital importancia, en el mecanismo de pago a proveedores y sus implicaciones para la salida de la crisis y la sostenibilidad financiera en nuestras comunidades y ayuntamientos. Este mecanismo extraordinario de financiación, que en una primera fase se dedicó a las entidades locales y posteriormente a comunidades autónomas, es una muestra del compromiso con las empresas proveedoras de servicios públicos, una de las grandes víctimas de la crisis por los importantes retrasos de las administraciones en el pago de sus facturas. El Gobierno considera que este mecanismo será clave para impulsar la actividad empresarial, para evitar la destrucción de empleo y también va a suponer una inyección de liquidez de la que se van a beneficiar los proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas, que van a poder cobrar rápidamente -durante el mes de mayo los primeros- estas obligaciones pendientes de pago, por lo que sin duda se garantiza y apoya la continuidad en su actividad empresarial. Es además, señorías, la mayor operación de refinanciación en la historia de nuestro país, al estar dotada con 35.000 millones de euros, con lo cual se garantiza igualmente su efectividad y el pronto pago en este mes de mayo próximo. Esta operación va a tener además un notable efecto sobre el empleo, ya que contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo.

Catorce comunidades autónomas ya han acudido al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de facturas pendientes a sus proveedores. Presentaron unas obligaciones de pago por un importe de 17.255.345.839,2 euros, reconociendo casi cuatro millones de facturas pendientes de pago. Por comunidades, las que mayor número de facturas han presentado han sido Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana; las que menos, Extremadura, La Rioja y Canarias. Los éxitos pronto van a ser visibles, conforme se vayan aplicando los mecanismos de pago. Si lo analizamos por volumen de endeudamiento que se va a solicitar para pago de proveedores en términos de cuantía la que más ha solicitado ha sido la Comunidad Valenciana con 4.205,5 millones de euros, seguida por Andalucía con 2.763,5 millones de euros, y por Castilla-La Mancha con 2.510,4 millones de euros.

También forma parte de las responsabilidades de esta secretaría de Estado el área de Función pública. Señorías, todo este esfuerzo antes contado sería inconcebible sin el apoyo expreso de nuestras administraciones públicas, unas administraciones que, tal y como se señala en nuestra Carta Magna, sirven con objetividad a los intereses generales, siendo garantes de los derechos de los ciudadanos, gobierne quien gobierne. Este Gobierno y yo mismo cree, creemos y trabajamos con la Función pública. Este es un Gobierno reformista y sin duda se necesitan también en esta área profundas reformas para hacerla más eficaz y más eficiente, entre otras cosas para que tenga la dimensión adecuada en cada uno de los niveles del gobierno territorial de España.

Pongo en conocimiento de sus señorías varios datos reveladores. Desde el año 2001, mientras la Administración General del Estado reducía su personal un 22%, 163.880 personas menos, las comunidades autónomas lo han incrementado un 44%, 409.569 personas más, y las entidades locales un 39%, 181.031 personas más. Señorías, el incremento de personal de las comunidades autónomas y de las entidades locales no es consecuencia de la reducción de personal en la Administración General del Estado por el traspaso de las competencias sino que, señorías, está derivado de la multiplicación de empresas, entes, organismos públicos o el sobredimensionamiento de la propia Administración, a veces injustificado. El resultado es tal, señorías, que en diez años se ha incrementado en más de 440.000 personas, es decir, un 20% más, el número de empleados públicos al servicio del conjunto de las administraciones públicas. En la actualidad, con los últimos datos disponibles, el número de empleados públicos en total de las administraciones públicas españolas se sitúa en 2.690.099 personas. De ellos, la Administración pública estatal representa el 22,03%, con 592.531 personas de la totalidad de los empleados públicos, mientras que las comunidades autónomas representan el 50,1%, con 1.347.835, y la Administración local un 24,04%, con 646.627, las universidades suponen el 3,83%, es decir, 103.106 personas.

Pero sin duda, señorías, el dato más revelador de la necesidad de modernización se muestra en la tipología de los empleados públicos: tan solo el 61% de los mismos es funcionario, 1.653.498, mientras que el 26% es personal laboral, 690.278 personas, y el 13% restante se incluye fundamentalmente en las categorías de personal interino y eventual. Les diré más, en términos interanuales, desde hace un año tan solo ha reducido personal la Administración General del Estado, un 0,35%; las universidades el 0,53%; sin embargo, aún en estos momentos, ha crecido el personal en las comunidades autónomas un 0,07%, y en las administraciones locales aún más, el 2,2%. Señorías, a mi juicio, esto es inconcebible y sin duda en muchos casos es insostenible.


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Por ello y porque valoramos la Función pública preferimos situar la tasa de reposición de efectivos en el 0%, con un 10% en excepciones muy justificadas, en servicios públicos esenciales, como pueden ser la educación, la salud, la prevención y lucha contra el fraude fiscal y laboral. Las plantillas tienen que redefinirse, y en eso estamos. Somos conscientes de que no queremos un recorte salarial. Somos conscientes de que sí tenemos que abordar esa reducción en la tasa de reposición de efectivos, y para todo ello es imprescindible un claro diagnóstico de las necesidades de la Administración, con el objetivo de ganar eficiencia, dinamismo, y ampliar y potencia las capacidades de nuestro personal, que ya es muy cualificado.

Además, señorías, hemos preferido congelar retribuciones, no recortarlas, y sin duda hubiéramos preferido no tener que congelarlas. Somos muy conscientes, y quiero dejarlo claro, de que creemos y creo en la Función pública, creemos y creo en su enorme valor, creemos y creo que es muy significativa la notable pérdida de poder adquisitivo que acumulan los empleados públicos desde mayo de 2010, cuando les fueron recortadas las nóminas un 5% de media, y se congeló su sueldo también para el ejercicio 2011. Les quiero decir que desde la secretaría de Estado y desde este ministerio luchamos todos los días para no volver a repetir situaciones pasadas, pero ahora por desgracia es mi obligación pedir al conjunto de los empleados públicos un esfuerzo adicional, conscientes de la responsabilidad enorme y de la labor amplia que están llevando a cabo. Un esfuerzo que extiendo además a su horario, que ampliamos en 2,5 horas en las comunidades autónomas y en las entidades locales; en la Administración central les recuerdo que esto ya era efectivo. Este esfuerzo va a permitir al conjunto de las administraciones públicas ahorrar más de 2.500 millones de euros, 1.470 millones en las comunidades autónomas, 1.092 en los ayuntamientos. En consecuencia los gastos del personal activo se reducen en un nada desdeñable 2,6%, hasta situarse en los 16.481 millones de euros. Pese a ello, y como consecuencia de una cuestión tan elemental como es la demografía, los gastos de personal se incrementan por el fuerte aumento de las clases pasivas, un 7,9%, hasta situarse en los 10.858 millones de euros.

Quiero referirme brevemente al presupuesto de gastos de Muface, que es sin duda el que más ha disminuido entre las tres mutualidades que componen el modelo de mutualismo administrativo. Así, la disminución del gasto presupuestario en el Isfas, la mutualidad militar, es de 13.834.400 euros, un 1,7%; en Mugeju, que es la mutualidad judicial, de 325.560 euros, un 0,32%; y en la Muface ha sido de 103.247.810, es decir, un 5,84%.

Termino, señorías. Poner parches sin afrontar los riesgos, esperando soluciones milagrosas, es un grave ejercicio de irresponsabilidad que solo sirve como huida hacia delante, dejando atrás un futuro incierto. Medidas y reformas, las necesarias y cuanto antes mejor. Es nuestro deber, es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, que están hartos de ocultismo y de negaciones de la verdad ad infinitum. Por eso estos son los presupuestos del realismo y la responsabilidad; unos presupuestos austeros, espartanos, temerosos del gasto ineficiente, seguros de la inversión en el gasto social, que pese a la necesidad del ajuste, representan el 56,3% del total, con una levísima reducción del 58% que representaban en el año 2011. Una apuesta sin duda por las comunidades autónomas y por las entidades locales, consciente el Gobierno de su radical importancia en el Estado de las autonomías en que vivimos, conscientes todos -Gobierno, comunidades autónomas y corporaciones locales- de su responsabilidad. Hemos de terminar con todo tipo de dispendio. Nuestra obligación es sostener el Estado del bienestar. Estamos poniendo las bases en la mayor operación de reforma financiera que ha experimentado nuestro país: cuentas claras, gestión transparente, verificado todo por la Intervención General de la Administración del Estado. Y quiero dejar una cosa muy clara, rotundamente clara: vamos a cumplir con el déficit, que nadie tenga la más remota duda, por muy difícil que la coyuntura sea, por muy grande que sea la magnitud a reducir. Este es un Gobierno que cumple, es un Gobierno responsable. Las comunidades autónomas y las entidades locales, conscientes del problema, se comprometieron en las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, a principios del pasado mes de marzo, a cumplir con los objetivos establecidos. Señorías, es la hora de pasar del compromiso al cumplimiento.

El próximo mes de mayo tendrá lugar un Consejo de Política Fiscal y Financiera que, con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ya vigente, empezará a aplicar los mecanismos de transparencia y control en relación con las medidas que tienen que adoptar las comunidades autónomas en sus ámbitos respectivos, con el objetivo de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria que están obligados a cumplir. A partir de ese momento se van a poner en marcha todos y cada uno de los mecanismos que la ley contempla para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit del Estado, llegando -ojalá no fuera necesario, pero si lo fuera- sin duda ninguna a la intervención. Igualmente una comunidad autónoma, señorías, podrá ser objeto de intervención si manifiesta imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, que como dice la Constitución son gasto prioritario.

Señorías, si queremos tener credibilidad, si queremos de verdad generar confianza, debemos de mostrar que nuestra palabra vale algo, que no es puro humo. Tenemos que dejar costumbres del pasado y hacer de nuestra palabra ley, lejos del funambulismo financiero que tan pésimos resultados nos ha dado, con el objetivo de caminar por una ortodoxia elemental. Por ello, palabra es compromiso, palabra es convicción, palabra es cumplir con Europa. Vamos a cumplir con Europa, cumpliendo con los ciudadanos, y cumpliendo con los ciudadanos y con Europa, señorías, vamos a cumplir con el objetivo del déficit. España, señorías, necesita para ello


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medidas, necesita reformas, necesita austeridad, necesita credibilidad, y necesita confianza. Necesitamos estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y rigor, y yo aún diría más, mucho rigor. En definitiva necesitamos volver a creer en nosotros mismos, creer en esa capacidad y en ese potencial que sin duda tenemos como país. Ese es nuestro mayor reto quizá: creer en nosotros mismos. Por eso estamos aquí, todos los miembros de esta Cámara y el Gobierno que ha elegido este Parlamento, y para eso se presentaron, se debaten y ahora se estudian en este Parlamento estos presupuestos, que tienen como objetivo volver a crecer desde nuevas bases, crear esos nuevos horizontes que encaminen a nuestro país de nuevo en la senda del crecimiento, en la senda del empleo, que sin duda por su volumen es hoy el mayor desafío de España en toda su historia económica.

No vamos a fallar, es que no podemos fallar. Hay 5 millones de dramas y el futuro de nuestro país. Todos ellos nos observan cada día. Para este cambio eligió el pueblo español al Partido Popular; para este cambio eligió el pueblo español al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y para hacerlo posible está este presupuesto hoy en la Cámara al análisis de sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora a los grupos parlamentarios que han presentado la comparecencia expresar su punto de vista. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Bienvenido, señor secretario de Estado de Administraciones Públicas a la Comisión de Presupuestos, aunque desde el Grupo Parlamentario Socialista hubiésemos preferido que, previamente a esta comparecencia obligada en trámite presupuestario, hubiese comparecido en su Comisión, la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, precisamente porque, como usted, pensamos que este es un año crucial, y estamos en el mes de abril y aún no hemos podido abordar el debate de fondo en materia de administraciones públicas. Por debate de fondo me refiero a la previsión legislativa que tiene el ministerio: la ley de gobierno local, la ley de haciendas locales, una ley de desarrollo del Estatuto básico del empleado público para los empleados públicos de la Administración General del Estado; una reflexión sobre los organismos reguladores, sobre las empresas públicas también estatales, el estatuto del directivo o tantas otras leyes que usted pueda tener previsto traer a esta Cámara; y en general una reflexión sobre el modelo de administraciones públicas, más allá de palabras ya huecas, por el abuso que se hace de ellas, como austeridad, modernización, eficiencia, eliminación de duplicidades, que efectivamente todos podemos compartir, pero a lo mejor ya es hora de empezar a aterrizar, de empezar a concretar, y de empezar a definir exactamente qué entendemos por estos conceptos.

Le haré tres consideraciones sobre estas cuestiones. En primer lugar, señor Beteta, nos pasamos ocho años escuchando a los portavoces del Grupo Popular hablar de los asesores del presidente del Gobierno, de la poca austeridad que suponía el número de asesores que tenía el presidente del Gobierno, de la vergüenza y del escándalo que implicaba tener tantos, etcétera. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando, leyendo los Presupuestos Generales del Estado de 2012, vemos que el personal eventual en el servicio 01, presidente del Gobierno, es de 245, mientras que en 2011 era de 192, o sea, 53 eventuales más. Además, si nos fijamos en los correspondientes al grupo de titulados superiores, que presuntamente son los que ejercen de asesores, el incremento es de 56 a 82, es decir, 26 asesores más para el señor Rajoy. Además hay que tener en cuenta en paralelo que los funcionarios adscritos a este servicio -estos funcionarios que usted nos ha dicho que defiende y que valora en sus funciones- han bajado de 336 a 283; es decir, sube mucho el personal eventual y bajan también los funcionarios públicos. No quiero hacer ninguna valoración al respecto, de la misma manera que tampoco voy a hacer ninguna valoración sobre cafelitos ni sobre periódicos. Solo supongo que el señor Montoro, cuando se refería a que las administraciones públicas eran agencias de colocación, estaba pensando precisamente en este servicio 01 del presidente del Gobierno.

En segundo lugar, si la modernización pasa por reducir la formación de nuestros empleados públicos en un 35,46% y en un recorte del 64,69% del programa 467.G, de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, ustedes y nosotros tenemos dos conceptos muy distintos sobre la modernización.

Y, en tercer lugar, han creado una Dirección General de Relaciones con los Delegados del Gobierno, en la vicepresidencia, cosa que no ha supuesto la supresión de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, y yo me pregunto: si no se consiguen eliminar duplicidades en la Administración General del Estado, sino que se incrementan, ¿cómo van a articularlas entre las administraciones públicas? Esperamos, pues, señor Beteta, salir de esta comparecencia de Presupuestos Generales del Estado con una fecha fijada para una posterior comparecencia de usted, y poder abordar de manera seria, rigurosa, a fondo y sin lugares comunes todas estas cuestiones.

Administración pública como motor del cambio. Así se podía leer en un epígrafe de su programa electoral. Pero todas las reformas y regulaciones que nos presentan van en la dirección contraria. Nosotros sí pensamos que ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado pueden ser motor del cambio, y no solo eso, sino también motor económico. Es verdad que tenemos una estructura del Estado compleja, igual que cualquier Estado compuesto de nuestro entorno. Alemania, sin ir más lejos, tiene la misma complejidad administrativa que nosotros podemos tener. Pero vayamos a la regulación concreta. Ustedes establecen una oferta de empleo público del 0%,


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y sabe igual que yo que esto provocará la descapitalización de la Administración pública. Es verdad que hace falta hacer un análisis serio y riguroso de las necesidades que efectivamente tiene la Administración para incrementar personal allí donde sea necesario, y no hacerlo allí donde no lo sea, pero establecer una oferta de empleo público transversal del 0% no responde a este estudio de necesidades. Es verdad que por el sistema de financiación las comunidades autónomas sí reciben más dinero este año que el anterior, precisamente por la aplicación de un modelo de financiación autonómica que ustedes, aunque defienden mucho el Estado autonómico, no apoyaron, igual que tampoco lo hizo Convergència i Unió, y respetar y defender el Estado autonómico no solo pasa por aplicar la Lofca, la Ley de Financiación, sino también por no vulnerar los estatutos de autonomía, cosa que hacen estos Presupuestos Generales del Estado, que vulneran los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de las Illes Balears y de Extremadura. Eliminan también la partida prevista asimismo por ley para Canarias de 43 millones de euros, y hay un recorte sin precedentes de los fondos de compensación interterritorial y del fondo complementario en 400 millones de euros. Por tanto es verdad -lo compartimos con usted- que las comunidades autónomas en cualquier caso, en todo caso tienen que cumplir la ley, pero también el Estado tiene que cumplirla.

El programa 942.A sobre la cooperación económica local del Estado, que más bien yo diría que es un programa de no cooperación económica local del Estado, disminuye en un 77% las partidas, desaparece el Fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, disminuyen en más del 70% los planes provinciales, desaparece la partida prevista para el Plan único de obras y servicios de Cataluña -es decir, que sabemos seguro que las cuatro provincias catalanas no tendrán ni un euro para planes provinciales-, y además eliminan el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos, cuya dotación era de 67 millones en 2011, cosa que ustedes saben generará problemas de cohesión social, de convivencia, y de vulneración de la igualdad de oportunidades. Yo le pregunto, señor Beteta, en qué medida estos Presupuestos Generales del Estado se corresponden con esa preocupación y esa priorización del ámbito local, y dónde están las bases para la sostenibilidad local que debemos establecer.

En paralelo han previsto la creación de un fondo de pago a proveedores, fondo del que estábamos a favor. De hecho, lo apoyamos en Pleno, en la votación del primer Decreto-ley 4/2012, primero porque suponía una salida a corto plazo para los ayuntamientos en un momento de dificultad financiera, y segundo porque suponía el impulso y la protección de autónomos, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Otra cosa muy distinta es la solicitud de los planes de ajuste, y sobre todo las condiciones en las que plantean esta solicitud a los entes locales, porque tal y como lo plantean supondrá irremediablemente para estas entidades locales verse abocadas al despido del personal laboral, a la subida de tasas e impuestos -de hecho, el secretario de Estado de Economía esta mañana reconocía que uno de los grandes objetivos de este plan precisamente era el ajuste fiscal por parte de los entes locales-, y a la disminución de prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Como ustedes se han negado a crear una subcomisión, que hubiese permitido un debate ordenado sobre el tema, el Grupo Parlamentario Socialista registrará hoy mismo una nueva batería de preguntas, una nueva solicitud de información sobre este mecanismo, y también una solicitud de comparecencias para hacer el seguimiento de la aplicación de estos decretos-leyes convalidados en esta Cámara.

Me gustaría en todo caso plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de la Comisión Delegada de 1 de marzo. ¿Cómo justifican que un acuerdo tomado el 1 de marzo se publique el 17 de abril, es decir, que tarde más de un mes y medio en publicarse, máxime cuando a las entidades locales se les ha estado pidiendo que presenten todas las facturas contrarreloj, así como un plan de ajuste detallado sobre los servicios municipales? La secretaria de Estado de Presupuestos nos recordaba ayer que estos Presupuestos Generales del Estado no son para cinco meses, sino para todo el ejercicio, y eso ya lo sabemos. Querría saber por qué el concepto presupuestario de aportación patrimonial al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, de 1.500 millones de euros, no está contemplado, y por qué tampoco está contemplada la entidad pública estatal con personalidad jurídica propia que tiene previsto crear el decreto-ley.

El señor ministro dijo que en ningún caso los intereses a pagar por parte de las entidades locales excederían del 5%. Yo le propongo un simple cálculo a día de hoy. Hoy los bonos a diez años están al 6%, más los 115 puntos básicos previstos en el punto séptimo de la orden publicada el 17 de abril, más el margen de intermediación fijado en 30 puntos básicos, nos estamos yendo al 7,45%, o sea, que mientras los bancos se financian al 1% a través del Banco Central Europeo, las entidades locales, es decir, todos los españoles, tendremos que pagar al 7,45% a estas entidades financieras. Señor Beteta, para un loable objetivo, que nosotros compartimos, han creado ustedes un instrumento desafortunado, especialmente en la coyuntura económica actual, caro, muy caro para los ciudadanos españoles, y además lo han regulado de manera bastante poco rigurosa. Y no contentos con eso no han sido capaces de darle la transparencia que se merece -usted se ha referido mucho en su intervención a la transparencia-, intentando hurtar a esta Cámara su función de control.

Para ir terminando le quería plantear algunas preguntas concretas. En la disposición adicional vigesimocuarta hemos advertido que hay una minoración muy importante de los gastos de acción social previstos en la


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ley. Nos gustaría saber a cuánto asciende exactamente esta minoración y sobre qué acciones sociales concretas va a repercutir. La segunda pregunta se refiere al programa 921.N. Se prevé una disminución del apoyo instrumental a la negociación colectiva previsto en el Estatuto básico del empleado público, que pasa de 1.281.000 euros a 768.000 euros. Querríamos saber cuál es la justificación para esta minoración, y qué intención tiene el ministerio en el desarrollo del Estatuto básico del empleado público. En tercer lugar, usted ha hablado de la sobredimensión de las administraciones públicas, y me gustaría preguntarle a qué se refiere, sobredimensión en relación a qué o para hacer qué. Si nos comparamos con los países de la OCDE estamos un poco por debajo de la media en número de empleados públicos. Por tanto en comparación con países de nuestro entorno no estamos sobredimensionados. La segunda pregunta es para qué queremos las administraciones públicas, qué servicios queremos que ofrezcan las administraciones públicas a los ciudadanos. Si pensamos que no hace falta que ofrezcan ningún servicio, evidentemente están sobredimensionadas, sobran todos los empleados públicos, pero si pensamos que hay que continuar ofreciendo y prestando los servicios básicos constitucionalmente garantizados seguramente esta sobredimensión no existe. En cualquier caso habría que hacer un análisis de en qué sectores se han incrementado estos empleados públicos. En cuarto lugar, ¿cree de verdad que se ha congelado la retribución de los funcionarios públicos? Porque yo creo que entre la subida del IRPF, la prohibición de aportación a planes de pensiones, el aumento de su horario y todas las otras medidas que ustedes están tomando, esto supone mucho más que el 5% que el anterior Gobierno tuvo que recortar de los sueldos de los funcionarios.

Finalmente, señor Beteta, me gustaría preguntarle cómo tienen previsto aplicar la reforma laboral en el sector público por lo que afecta a la Administración General del Estado. ¿Tienen ustedes previstos despidos en la Administración General del Estado? No le estoy preguntando por las empresas públicas estatales, le estoy preguntando por la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público vinculados. ¿Cree, como dijo el ministro, que solo tienen que tener miedo aquellos que han sido contratados para estar de brazos cruzados? En otras palabras, si se producen despidos ¿será porque todos aquellos que han sido despedidos estaban, efectivamente, de brazos cruzados? Espero que obtengamos hoy de su parte el compromiso de acudir a esta Cámara siempre que así lo solicitemos los grupos parlamentarios, y muy especialmente para que realice la comparecencia de líneas generales de su departamento que fue solicitada por este grupo parlamentario el 26 de enero. Señor Beteta, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que habría que empezar ya a trabajar para intentar llegar a consensos fundamentales que nuestro país necesita en la materia de la que usted se hace cargo. Si realmente quieren ese consenso es el momento de empezar con ello, porque no es una materia que podamos abordar ni tarde ni de espaldas al otro. El Grupo Parlamentario Socialista le está esperando. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela Conesa.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor Beteta, por su comparecencia que, aun siendo obligada, es formalmente necesario agradecer.

Permítame que antes de formularle algunas preguntas de nuestro interés dedique unos minutos a expresar la preocupación de cómo estos Presupuestos Generales del Estado, especialmente en el ámbito de su responsabilidad, expresan de manera muy nítida uno de los más graves efectos colaterales que tiene esta crisis, una crisis que está dejando consecuencias importantes, pero algunas de ellas pueden pasar hoy desapercibidas en la parte oculta del iceberg. Me refiero concretamente a cómo se está aprovechando la crisis para no solo adoptar determinadas medidas sino, sobre todo, para efectuar determinadas reflexiones y discursos con una profunda carga ideológica que nos va a dejar profundas huellas, heridas, especialmente en un ámbito clave para la calidad institucional de un país como es la calidad de su Función pública. Venía hoy con la necesidad de escuchar una intervención francamente distinta para convencerme de lo que parece que fue un error repetido muchas veces por usted y por el ministro, porque era eso, un error, no una opción, porque todo el mundo sabe que cuando un error se repite deja de serlo para esconder una opción. Y me he encontrado con una intervención en la que usted vuelve otra vez, sobrevolando sobre determinados tópicos que no se corresponden con los datos, a establecer aquí una reflexión para justificar un presupuesto que tiene una profunda carga de profundidad contra un aspecto básico de la Función pública que es su legitimidad social. Desgraciadamente hay ya demasiados intereses creados y demasiados humoristas dedicados a explotar los tópicos como para que desde el ámbito de las responsabilidades públicas sobre la Función pública se alimenten. Hoy hemos tenido oportunidad de comprobar cómo usted, sin duda con más solemnidad pero con la misma orientación, nos ha vuelto a plantear algunas reflexiones que, a mi entender, son especialmente peligrosas por poco rigurosas. Me refiero al sobredimensionamiento de la Función pública. Si alguna vez ustedes nos traen a la Cámara algún planteamiento riguroso, detallado, que no se limite solo a repetir verdades a medias, incluso poco documentadas, tendrán en nosotros una fuente de colaboración para abordar la reflexión de en qué aspectos, dónde y por qué se ha sobredimensionado esa Función pública y dónde, por ejemplo, estamos en una situación claramente de carencias importantes, especialmente en el ámbito de la Función pública dirigida a la atención a las personas.


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Usted nos ha vuelto a repetir datos conocidos en relación al crecimiento de los empleados públicos, a cómo la reducción del empleo en la Administración General del Estado no ha tenido contrapartida o ha tenido una contrapartida exagerada en el ámbito de las administraciones públicas de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Pero se le ha olvidado un dato muy importante y es si en esa evolución que nos ha dado de los últimos diez años existe alguna relación o no, por ejemplo, con el crecimiento de la población española, algo básico en cualquier análisis estadístico, tanto en términos absolutos como relativos. Porque si usted nos hubiera planteado ese dato, posiblemente eso que usted trata como un sobredimensionamiento del empleo público en nuestro país sería menor y, sobre todo, no permitiría en ningún caso afianzar sus afirmaciones, a mi entender gratuitas. Salvo que usted nos lo demuestre en una comparecencia en profundidad y no simplemente en una respuesta para afianzar su doctrina, en estos momentos todos los indicadores comparativos entre nosotros, la OCDE y Europa no permiten afirmar que nuestro empleo en la Función pública esté sobredimensionado en términos comparativos, mucho menos cuando se hace con Estados de estructura compuesta, llamémosle autonómicos, llamémosle estructura federal, que sin duda tienen una complejidad en ese sentido, una tendencia a crecer en empleo público porque aportan, entre otras cosas, algunos elementos de mejora en otros aspectos. Quiero plantear ese tema porque creo que no es una casualidad ni es un error, creo que corresponde a uno de esos efectos colaterales graves de la crisis que es un discurso que pretende matar tres pájaros de un tiro. No sé por qué últimamente a todos nos salen ejemplos y símiles de disparos y cosas de estas. Me he dado cuenta según iba saliendo de mis propias palabras. Pido disculpas por el abuso en el uso de esos símiles.

El suyo no es un discurso gratuito porque, disparando a la legitimidad de la Función pública en los abusos, está legitimando políticas de privatización que van acompañadas de su política. Si crecemos en el empleo público pero el gasto va a otras partidas orientadas a la compra de servicios a empresas privadas para cubrir la misma función, a lo mejor lo que gastamos no es menos sino más y de manera más ineficiente. Ejemplos en algunas administraciones públicas gobernadas por ustedes hasta ahora los podemos poner.

En segundo lugar, a lo mejor ustedes no tienen esa intención, pero estar situando permanentemente desde el ámbito de la Administración General del Estado que la responsabilidad de los desajustes tiene que ver con las comunidades autónomas y con las administraciones locales sin establecer una diferencia entre comunidades autónomas y administraciones locales, sin poner un ejemplo que le hubiera dado a usted más legitimidad, como: "y el ejemplo más evidente de lo que digo en relación a la comunidad autónoma lo tenemos en la Comunidad Autónoma Valenciana", si usted hubiera dicho eso, a lo mejor hasta hubieran sido creíbles sus afirmaciones, porque es verdad que es uno de los ejemplos evidentes de cómo se ha abusado en el ámbito de la Función pública.

Por último, no son ustedes los primeros en utilizarlo, desgraciadamente antes alguien les ha preparado el terreno, pero situar esa especie de criminalización de los empleados públicos para justificar las medidas de ajuste directas, el recorte del 5%, e indirectas y camufladas pero con el mismo impacto en capacidad y poder adquisitivo que son las que ustedes han adoptado, es verdad que con más habilidad comunicativa pero con el mismo impacto en la capacidad adquisitiva y sobre todo en la moral de los empleados públicos, no creo que ayude mucho. Por supuesto, ha habido excesos y la lista sería larga. Debemos de una vez por todas dejar de hablar en genérico, que lo único que hace sencillamente es desmotivar mucho y sobre todo no generar un clima propicio de colaboración por parte de las personas directamente afectadas, los empleados públicos, para que colaboren en esa reforma. Hay que dejar de hacer esas afirmaciones genéricas y empezar a trabajar en el terreno de lo concreto. En ese sentido, ¿por qué no nos dan ustedes datos, por ejemplo, en el ámbito presupuestario, en relación a cómo está nuestra Función pública y el porcentaje de empleados públicos en general y también distribuido por niveles administrativos en relación con otros países?

Entrando en algunas materias concretas vinculadas a formación, empleo y salario. Nos ha hablado usted mucho hoy de la necesidad de racionalizar el empleo público, ¿considera usted que es racional que la reforma laboral haya planteado la posibilidad de establecer despidos por causas económicas, artículo 51, para los empleados públicos con contratación laboral a partir solo de la reducción de las previsiones presupuestarias en tres trimestres consecutivos y, en cambio, haya prohibido expresamente las medidas de ajuste vinculadas a la reducción de jornada y a la suspensión de contratos del artículo 47? ¿De verdad lo considera usted eso racional? ¿Tiene algo que ver esa medida con el discurso que usted nos ha dado hoy? En segundo lugar, ¿considera racional y coherente con el discurso de apoyo a la formación efectuado reiteradamente por este Gobierno, especialmente con la reflexión sobre reforma laboral, el hecho de que en el programa 221.N, concretamente en el ámbito relacionado con la formación del personal de las administraciones públicas, se haya producido una reducción significativa de las partidas dirigidas a la formación de los empleados públicos?

La tercera cuestión sobre la que nos interesa también reflexionar es la relacionada con la oferta pública en el empleo. En el primer real decreto-ley que ustedes aprobaron al final de año pasado y ratificaron en la prórroga de los presupuestos y también en este momento, nos plantean sin duda una congelación de la tasa de reposición, salvando en el 10% a algunos colectivos. ¿Considera racional que colectivos como pueden ser la inspección de trabajo o la inspección tributaria, que nos podrían permitir niveles de eficacia importantes en la función de


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las administraciones públicas, continúen siendo objeto de esa limitación en la posibilidad de reponer las vacantes producidas? A nosotros no nos lo parece, pero le damos -para eso están estas comparecencias- la oportunidad de que nos lo pueda explicar en ese sentido.

Por último, en relación con el tema de los salarios, ¿está usted en condiciones de cuantificarnos exactamente en términos de capacidad adquisitiva el impacto que las diferentes reducciones que ustedes han acordado, entre otras las que van derivadas a los fondos de pensiones o al incremento de la jornada, está teniendo en la capacidad adquisitiva de los empleados públicos en función de las horas que trabajan? Esas son preguntas que nos gustaría que usted nos respondiera, sabiendo además que es muy difícil que podamos evitar la discrepancia de fondo.

Señor Beteta, pensaba que hoy nos encontraríamos con otra reflexión en la que la justificación de los presupuestos, que se supone que usted nos iba a hacer aquí porque lo contrario no tendría lógica, se hubiera hecho desde otros parámetros. Desde mi punto de vista y con todo respeto, usted ha utilizado dos técnicas muy reiteradas en su Gobierno: una, un discurso patriótico de su política. Tenemos demasiado patriotismo estos días en otras cosas como para que se gobierne el patriotismo de partido y de Gobierno con más moderación. Se lo digo porque hay algunas cosas que, de tanto repetirlas, suenan un poco mal. Cuando uno tiene que venir a muchas comparecencias el oírlas tantas veces le deja la impresión de estar en un acto de adoctrinamiento, y ya no tenemos edad para estas cosas. Y en segundo lugar, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todos nos hemos equivocado muchas veces. Usted ha pedido disculpas por un error, lo del famoso cafetito, pero cuando uno ve que ese error se produce tantas veces y tan reiteradas en altos cargos de su departamento, llega a la conclusión de que es verdad aquella frase que dice: un error es un error; dos errores es un error que se repite; tres errores es una opción. Ustedes han hecho una opción de política y Función pública intentando utilizar los tópicos en relación con la Función pública para legitimar determinadas políticas, no de microcirugía, que son las que nos podrían permitir avanzar, sino más vinculadas al barbero de los western, es decir, aquel que extraía las muelas con aquel sistema tan rudimentario. Sinceramente, si me imagino en el ámbito de la empresa privada a un gerente de una empresa privada que tenga el concepto de sus trabajadores que usted tiene de los suyos, lo vería sinceramente incapaz de poder abordar una reforma en profundidad de la Función pública, porque para ello lo primero que hay que hacer es buscar la complicidad de aquellos que tienen que colaborar en la reforma, y me temo que con tantos errores esa complicidad va a ser difícil que la tengan y, sin esa complicidad, la reforma es imposible.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado de Unión del Pueblo Navarro don Carlos Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor secretario de Estado, don Antonio, bienvenido a esta Comisión. Voy a ser especialmente breve y quiero trasladarle, si soy capaz, dos reflexiones al menos. Empiezo diciendo que coincido en la valoración que usted hace del momento histórico que estamos viviendo; no exagera cuando dice que vivimos ante un nuevo mundo, una situación crucial, clave, transcendente para nuestro país, que establece nuevos paradigmas en la gestión de lo público. Usted nos ha trasladado optimismo. Permítame que, coincidiendo en esa valoración del momento y asumiendo que vivimos una crisis sin precedentes que requiere de nosotros esfuerzos extraordinarios, no sea, al menos por lo que a usted le toca, tan optimista. Me explico. Decía la diputada Batet, y es verdad, que nosotros vivimos en un Estado complejo, como otros países, pero hay una diferencia importante y es que otros países lo tienen asumido o lo tienen bien diseñado, por decirlo de alguna manera. Porque lo cierto es que nuestro sistema autonómico, diseñado en la Transición, no acaba de saber uno si efectivamente sigue en transición, tampoco sabemos hacia dónde va. Pero hoy, treinta años después, seguimos escuchando a quienes dicen que el sistema autonómico es el problema, es el causante de los problemas que tenemos, y a otros obviamente que defendemos que es la solución. Seguramente, ni una cosa ni otra, pero lo cierto es que existe una discusión sobre el propio modelo que es un hecho diferencial de nuestro país con respecto de otros, que creo que genera una incertidumbre que no ayuda. En todo caso, quisiera agradecer la clarificación que usted hace sobre la visión que tiene el Gobierno sobre el modelo. Y comparto con usted que es un modelo de éxito; claro, que también se puede uno morir de éxito, y probablemente es lo que nos ha pasado, no solo con las autonomías y los ayuntamientos y el Estado central y las empresas. Hemos vivido seguramente en el exceso y hemos caído en el sobreendeudamiento y todos somos responsables de la situación en la que estamos y ahora a todos nos toca poner de nuestra parte. Quiero decirle que, al menos en las responsabilidades de gobierno que tiene mi partido, Navarra asume ese reto, asume esa realidad y queremos -como decía usted- hacer honor a la palabra dada y ser corresponsables y desde luego mejores gestores, pero bajo una serie de principios que deberíamos todos asumir. Por un lado, un esfuerzo de realismo y un esfuerzo claro en una de las claves más importantes de ese nuevo mundo del que usted habla, que es la transparencia. Hoy el principio que singulariza el momento histórico en el que vivimos, de cara a poder justificar frente a los ciudadanos lo que estamos haciendo, lo que van ustedes a hacer, lo que nosotros tendremos que hacer, lo que estamos obligados a hacer, es un esfuerzo mucho mayor de transparencia, al menos en nuestro país, del primero al último. Por eso le decía que no soy tan optimista, porque ese diseño complejo que seguiremos discutiendo debería tener al menos dos principios a respetar. Uno es la coordinación, porque es verdad que la libertad es más cara y más difícil


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de gestionar, pero si existe una buena coordinación y, sobre todo, lealtad institucional, entonces el modelo se hace comprensible y asumible. Esa es la gran reflexión que quería trasladarle.

Por otra parte, oigo las palabras de la representante del Grupo Parlamentario Socialista que habla de consenso. Llevo aquí ya un tiempo y, más allá de los posicionamientos públicos o de lo que a veces tenemos que decir unos y otros a la prensa para separar nuestros mensajes, todos somos conscientes de la situación en la que estamos y creo que todos queremos colaborar para arreglarla. La crisis hay que afrontarla como una oportunidad -aunque no como la Kirchner-, como un desafío común. Algunos no lo ven así porque quieren que renunciemos al patriotismo, como oímos ayer en la Comisión de Defensa. Algunos no lo ven así porque quieren que renunciemos al patriotismo. No sé si sería una buena solución para poder enfrentar entre todos la solución, y esta es mi última reflexión. Ya que el grupo mayoritario de la oposición se ofrece, mantenga la predisposición para intentar llegar a un acuerdo en este tema.

Usted ha hablado de los mercados y de la visión que tienen de que es un encaje que no acabamos de solucionar. No sé hasta qué punto han sido las comunidades autónomas han sido las causantes, ya he dicho que lo hemos sido todos, pero tengo claro también que deben ser la solución. En Navarra también nos sentimos convocados y compelidos a trabajar más y mejor y a ponernos a su disposición para apoyar aquellas medidas que, aunque impopulares e ingratas, habrá que aceptar. Pero es necesario hacer una reflexión porque todos en esta casa sabemos que el Estado de bienestar es un edificio magnífico que hemos construido y que no lo vamos a poder parar.

Muchas gracias por sus palabras.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Señor secretario de Estado, permítame en primer lugar que agradezca su comparecencia.

Antes de entrar a fondo en el motivo fundamental de su comparecencia, quiero hacer una alusión inicial a cuestiones a las que se ha referido la señora Batet que no tienen que ver con esta comparecencia. Tendrá ocasión de discutirlas a continuación durante la comparecencia del subsecretario de Presidencia, e incluso durante las comparecencias de otros altos cargos de este ministerio esta tarde. Ha hablado de los asesores de Presidencia del Gobierno. Aunque le contestará el subsecretario a continuación, no quiero dejar de comentarle varias cosas: primera, no ha habido ningún incremento de personal; segunda, no hay más funcionarios eventuales que antes; tercera, hay más funcionarios de carrera que nunca, tanto en los altos cargos del Gobierno como en el personal eventual; y, cuarta y más importante, no hacemos trampas en el presupuesto, como estoy seguro de que le explicará el subsecretario a continuación. Seguramente le hablará del presupuesto inicial que ustedes hicieron, de cómo ha acabado ese presupuesto y de lo que hacemos nosotros. Estamos diciendo la verdad en este y en todos los ámbitos y no hacemos trampas en los presupuestos.

Señorías, como bien ha explicado el secretario de Estado, la financiación de los entes territoriales -comunidades autónomas y corporaciones locales- constituye una de las partes fundamentales de los Presupuestos Generales del Estado. Es una consecuencia lógica del proceso de descentralización administrativa producido en España a lo largo de los últimos treinta años y ha supuesto la transformación en el reparto territorial del gasto público, correspondiendo a las administraciones autonómicas en este momento el 36% aproximadamente y a las corporaciones locales el 14%. Ambas administraciones -hay que recordarlo porque aquí está la madre del cordero- son las principales responsables del gasto social en nuestro país. Por ello, el Estado destina un importante volumen de recursos a la financiación de las administraciones territoriales recogiendo como gasto la dotación de las transferencias que resultan, por un lado, de la aplicación de los sistemas de financiación y de las medidas excepcionales que ha puesto en marcha este Gobierno y, por otro, las que derivan de convenios, contratos-programas o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones.

Como ha dicho el secretario de Estado, en unos presupuestos muy austeros y que contemplan un escenario económico en recesión, el esfuerzo para garantizar y mejorar las transferencias -es decir, la financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales- es muy significativo. Se hace por una razón: porque en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales reside la responsabilidad de gestionar los grandes servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso este esfuerzo está más que justificado. Como decía, estos presupuestos son muy austeros, pero al mismo tiempo son justos y equitativos. Junto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios y del seguro por desempleo, con la financiación de las entidades territoriales se posibilita que se preserven los servicios públicos esenciales que recibe el conjunto de los españoles.

Es cierto, señora Batet, que hay determinados proyectos o partidas que presentan una disminución y todas tienen su explicación. Estoy seguro de que esta tarde en su comparecencia el secretario general de Coordinación Autonómica y Local le dará algunas respuestas, pero quiero entrar mínimamente en dos cuestiones a las que usted ha hecho referencia. Con respecto al Fondo de compensación interterritorial, en términos homogéneos la variación es del 13,27%. Otra cosa es que, usando una


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de las artimañas típicas de los presupuestos de los años anteriores presentados por el Gobierno socialista, ustedes quieran añadir los 300 millones de euros de remanentes, como se hizo por primera vez el año pasado; insisto, en una artimaña típica de los presupuestos que se presentaban en años anteriores. El presupuesto de 2012 se reduce, pero no en las cantidades que ustedes dicen, sino un 13,27% respecto al presupuesto homogéneo de 2011. Pero es que el suyo de 2011 se redujo de verdad en un 63%; bajó de 1.225 millones de euros en 2010 a 774 en 2011.

En el programa de cooperación económica y local, usted se ha referido a los planes provinciales de cooperación que hacen las diputaciones provinciales y al Fondo especial para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Es verdad que los planes provinciales de las diputaciones sufren una reducción muy importante, porque solo se mantienen las partidas para hacer frente a compromisos anteriores. Pero quiero decirle que las transferencias a las entidades locales se incrementan en general un 11% y, por tanto, las transferencias a las diputaciones se verán también incrementadas con arreglo a los presupuestos del año pasado. En segundo lugar, el presupuesto de 2011 que ustedes hicieron disminuyó el 12% con respecto al de 2010, que había disminuido un 17% con respecto a 2009, y así sucesivamente. Entre 2007 y 2011 ustedes bajaron la cooperación económica y local para planes provinciales en 37 millones de euros, de 120 a 83 millones, más del 30%, y estábamos en los presupuestos que hacían ustedes con cifras siempre falsas. Con respecto al Fondo de cooperación para municipios con menos de 20.000 habitantes, insisto en lo mismo. El conjunto de la financiación de las entidades locales se incrementa un 10,93% y, por tanto, los municipios de menos de 20.000 habitantes también tendrán mejor financiación que la que han tenido este año.

Dicho esto, señorías, señora Batet, no creo necesario seguir insistiendo en el contexto de variables económicas en las que se presentan estos presupuestos para 2012, pero quiero reiterar que en estos presupuestos el gasto de los ministerios se reduce un 17%, como ha dicho el señor secretario de Estado, y ha habido que hacer un ajuste sin precedentes de 27.000 millones de euros. Sin embargo, insisto en que las transferencias globales a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales se incrementan en un 9%, en 3.500 millones de euros.

Señorías, como ha explicado también el secretario de Estado, el Gobierno del Partido Popular ha sido desde el principio muy claro y, sobre todo, muy leal con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, los ayuntamientos y diputaciones. Por eso, al mismo tiempo que se ha exigido el compromiso del conjunto de las administraciones públicas con la estabilidad presupuestaria y con los objetivos de déficit, hemos puesto en marcha importantes medidas para garantizar la liquidez y la viabilidad de las administraciones territoriales. Estas medidas han sido detalladas en muchas ocasiones y no voy a reiterarlas. Algunas las ha comentado el secretario de Estado, como el pago a proveedores, el anticipo del 50% en la liquidación del sistema de financiación de 2010, la ampliación del periodo de la devolución al Estado de las liquidaciones de los presupuestos de 2008 y de 2009 o la línea de financiación directa del ICO a las comunidades autónomas para atender vencimientos de deudas.

Señorías, frente a lo que otros pensaban -y me refiero concretamente al Gobierno socialista-, para el Partido Popular España somos todos. Por eso, y como ha dicho expresamente el presidente del Gobierno, no vamos a hacer como otros que se ocupaban de su déficit público y no del de los demás como si no fuera con ellos. Tampoco vamos a imponer obligaciones de gasto, como se hizo en otras ocasiones con las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos, sin que vayan acompañadas de la adecuada financiación. España somos todos y, por tanto, el Gobierno no se va a desentender de las dificultades de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales. Por otra parte, el Gobierno presenta unos presupuestos realistas que se ajustan a un escenario económico negativo, es verdad; es realista porque, señorías, estamos tapando los agujeros que otros han provocado y estamos poniendo los cimientos necesarios para superar la grave crisis económica. Hacer y presentar unos presupuestos realistas en lo que se refiere a la financiación de los entes territoriales tiene su importancia, porque cuando se hacen presupuestos falsos, presupuestos para negar y para ocultar la crisis, y se hacen previsiones económicas que no tienen fundamento, pasa lo que ocurrió con los presupuestos de 2008 y 2009, que se transfieren a comunidades autónomas y ayuntamientos cantidades infladas, se les anima a gastar y resulta que después hay que devolver ese dinero, del que lógicamente no tenía que haberse dispuesto. Eso es lo que pasó en los últimos años del Gobierno socialista y lo que ha sido una gravísima irresponsabilidad que está teniendo consecuencias muy negativas. En esos dos años, 2008 y 2009, ha sido la primera vez que se ha transferido un dinero que ahora hay que devolver, 24.000 millones de euros; así es muy fácil, señorías, hacer presupuestos.

Yo tengo que decir para concluir que con las medidas que se han puesto en marcha durante los primeros cien días de gobierno del señor Rajoy y con estos Presupuestos Generales del Estado el Gobierno ha dado un giro de 180 grados en el trato a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, corrigiendo los errores, muy gordos, que el Gobierno anterior cometió y que nos han llevado a la situación actual. Este no es un presupuesto para discutir tal o cual proyecto, por muy importante que sea -todos son importantes-; este no es un presupuesto para discutir intereses territoriales concretos, señora Batet; este es un presupuesto de emergencia que no se puede entender dejando al margen el agujero de 25.000 millones de euros que nos hemos encontrado y que obliga a hacer este año y el próximo lo que otros irresponsablemente -el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero- dejaron de hacer


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en 2011. Es decir, si el Gobierno socialista hubiera cumplido y hubiera hecho cumplir al conjunto de las administraciones públicas, como era su obligación, el objetivo de déficit público del 6% que comprometió el Gobierno de España con la Unión Europea -un gobierno de España presidido por el señor Rodríguez Zapatero, insisto-, ahora tendríamos que haber disminuido 18.000 millones de euros menos de déficit público y el año que viene tendríamos que disminuir 10.000 millones de euros menos de más. Yo creo que esto hay que decirlo, porque es bueno que se sepa, es bueno que los ciudadanos sepan -y yo creo que lo saben- que no hace mucho tiempo, hace apenas cuatro meses -aunque algunos han perdido muy rápidamente la memoria- hubo un gobierno socialista que traspasó muchas líneas rojas: la línea roja del déficit, la línea roja de la deuda, la línea roja de los recortes sociales, señorías.

Concluyo, señor presidente, agradeciendo al Gobierno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que haya presentado unos presupuestos para 2012 con el objetivo fundamental, insisto, de garantizar los servicios públicos esenciales y los servicios sociales que prestan las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que haya incrementado sustancialmente la financiación a las comunidades autónomas y a las entidades locales y haya iniciado además las reformas necesarias para hacerlo posible. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Me gustaría recordar a las señoras y señores diputados que estamos en un trámite de comparecencia, que vamos a tener otras instancias donde vamos a discutir las distintas posiciones de los grupos y que no se deberían olvidar de quién es el compareciente.

Es justamente el compareciente quien tiene ahora la oportunidad de contestar a las intervenciones que se han hecho. Don Antonio Beteta tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señorías, quiero agradecer al conjunto de los portavoces de los grupos que han intervenido el tono de la intervención constructiva, cada cual desde su propia óptica, aportando sus soluciones y su visión al momento histórico que estamos viviendo y que enmarcamos en una de las herramientas esenciales de la política económica de un gobierno, que son sus presupuestos. Es difícil concebir una política económica si no está basada en el presupuesto, más allá del viejo aforismo de que lo que no está en el presupuesto no existe. Sí existe, porque también existe la política que condiciona la actividad económica y de ahí devienen ingresos y realidades económicas para familias, empresas y administraciones, pero es muy importante esta herramienta económica que es el presupuesto.

Tal y como se ha presentado este presupuesto y tal y como lo están comentando sus señorías -y empiezo a contestar inmediatamente a la señora Batet con el objetivo de no extender esto al infinito porque no tiene especial sentido-, tengo que decir en primer lugar que yo estoy encantado de comparecer en el Parlamento cuantas veces me llamen. Mi ser es ser parlamentario; toda mi vida he estado al servicio de los ciudadanos en un parlamento, y dar explicaciones como Gobierno es algo que me interesa hacer. Sé que a sus señorías les interesa saber, pero a mí también me interesa explicarme, porque creo que es obligación del Gobierno explicar el qué y el porqué y que a través de las Cámaras lo conozca el conjunto de los ciudadanos. Cuando ustedes me convoquen yo voy a venir absolutamente encantado, lo pueden tener claro, para explicar lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer y, sobre todo, los resultados que esperamos obtener con una cosa y otra, porque si no, no se entendería en absoluto.

Han dicho algunas palabras con las que no coincido. Han hablado de palabras huecas, como austeridad. Mire usted, eso para mí es algo grave. La austeridad es algo serio, muy serio, es un compromiso personal que deberían de tener todos y cada uno de los ciudadanos, y lo tienen; lo deberían tener todos y cada uno de los responsables políticos, y no lo tienen. Eso es lo que hay que cambiar. Este presupuesto es austero, es un presupuesto que reduce drásticamente muchos gastos; gastos importantes, muy importantes; gastos que han sido tradicionales; gastos que hemos tenido todas las administraciones públicas; gastos que no podemos pagar, como le pasa a una empresa o como le pasa a una familia. Si ustedes no entienden eso y van partida a partida analizando la situación en lugar de poner en un término de coste-beneficio cuál es la realidad del presupuesto, es que no entienden la realidad del momento económico que estamos viviendo. En consecuencia, desconocen el auténtico sentido de la palabra austeridad, que es poner lo esencial al principio y eliminar o reducir aquello que ya no es esencial y que a lo mejor en su día lo fue; por eso estos presupuestos eliminan y reducen.

Coincido con usted en la importancia que tiene el modelo de financiación autonómica; yo creo que es algo esencial. Nosotros estamos cumpliendo con el modelo. No lo votamos; el Grupo Parlamentario Popular no lo votó; yo mismo no lo voté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sin embargo, lo cumplimos. Curioso, porque quien lo propuso y lo votó no lo cumplió; curioso que quien no lo votó lo esté cumpliendo estrictamente; curioso que nosotros hayamos corregido ese déficit que había en su día, cuando no se aplicaron todos los fondos del modelo; curioso que tengamos que ser quienes no creemos en este modelo y sin embargo lo cumplimos porque es ley, los que lo hayamos puesto con toda su potencia. Quizá por eso las comunidades autónomas crecen en su financiación; quizá por eso cuando las comunidades autónomas pidieron al Gobierno de la nación anterior que se aplazase a más años la devolución de las cantidades erróneamente comunicadas por el Ministerio de Hacienda anterior a las comunidades autónomas y que gastaron conforme a esas previsiones,


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cuando pidieron que se les diera diez años en lugar de cinco porque no podían devolverlo, el anterior Gobierno dijo no y el actual ha dicho sí. Curioso, repito, que ustedes planteen esta situación.

Señorías, hay dos modelos claramente diferenciados y permitan que los teoricemos en breves instantes. Modelo primero, el suyo, el modelo A, que incumple el modelo financiación y lo suma a subvenciones finalistas que ustedes controlan y dirigen como quieren. Y en el segundo B se aplica el sistema de financiación en su totalidad y se aminora con la voluntad de terminar por suprimir todas aquellas actuaciones o subvenciones finalistas. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad, en la libertad que no en el dirigismo; en la cooperación que da la objetivación de un sistema de financiación aprobado por todos. Y en consecuencia, a través de ese sistema de financiación aprobado por todos es como todos y cada uno entienden cuál es el papel que tiene que desarrollar, cuál es la financiación que tiene que tener. Por es, las comunidades autónomas y corporaciones locales están obligadas a cumplir la ley, estrictamente la ley, y el Gobierno, señorías, no va a dudar en aplicar todos y cada uno de los mecanismos de estabilidad una vez la ley esté en vigor: seis meses, seis posibilidades de actuación, la primera, inmediata; seis meses después, hasta la intervención. Y si hay que hacerlo se hará -a comunidades autónomas y a corporaciones locales-, y les aseguro, señorías, que no vamos a mirar el color político del Gobierno, irrelevante; vamos a mirar la necesidad de que se cumpla la ley, absolutamente relevante. Ese es el único objetivo que tendrá y no solo por motivos de incumplimiento de déficit sino por incapacidad en la financiación, y también por la incapacidad de poder cumplir con esa obligación de devolver esos gastos financieros que, como repito, nuestra Constitución establece como prioritaria y para eso están los planes de ajuste.

Los planes de ajuste ya se están estudiando y ya se han devuelto varios por inconsistentes, porque incluyen dentro de sus políticas de ingresos unos ingresos que no están, ingresos que -a pesar de lo que puedan decir-, según la sentencia del Tribunal Constitucional, las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía en relación con inversiones no vinculan al Estado en la definición de sus políticas de inversiones. No pueden condicionar la voluntad del legislador en el ejercicio de sus funciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. Los compromisos recogidos en los estatutos son un compromiso político y no imperativo que tenga que ser reflejado en los presupuestos. Según el Tribunal Constitucional, el Estado no solo debe decidir si procede dotar crédito a tal efecto sino que en el caso de que así fuera determinará su cuantía. Según el Tribunal Constitucional, para que el Estado esté obligado a dotar una concreta partida presupuestaria al efecto es preciso acuerdo entre Estado y la comunidad autónoma correspondiente. Y es el Estado el que tiene la competencia exclusiva para el establecimiento y la ostensión de los modelos de financiación sin perjuicio del cumplimiento de los principios de coordinación y cooperación. Y así y en ese sentido es por lo que se contienen en los presupuestos las cifras que se contienen para las comunidades que ahí vienen relacionadas y no están las que a lo mejor les gustaría estar pero que legalmente no tienen derecho a estar. Ahora bien, las Cortes Generales son soberanas y naturalmente pueden corregir este proyecto presupuestario y pueden dotar los créditos adecuados si cree que ese gasto es el necesario, es el imprescindible y es el que se debe contener.

El plan de ajuste a proveedores. Estamos encantados de comparecer en él. Decía su señoría que el plan de ajuste a proveedores tiene el condicionamiento de un ajuste fiscal. No, señoría. Creemos en la libertad, parece que ustedes no. Mire usted, la libertad consiste en elegir si uno quiere cobrar más o gastar menos. Ustedes son los que piensan que lo mejor es cobrar más. Es una opción muy respetable. Yo no, yo creo en la libertad de cada corporación local, de cada comunidad autónoma, que decida si quiere cobrar más, gastar menos o un mix de las dos. Ahora, lo que sí creo -y de verdad que me voy a encargar de que esto sea una realidad- es que debe cumplir con la estabilidad presupuestaria, cobrando más o gastando menos, no lo sé, es su responsabilidad. Y creo que es esencial el respeto a la libertad que tiene cada una de estas entidades locales o de estas comunidades autónomas. Respetar ese principio que no es inducir a cobrar más, que no es obligar a gastar menos y aún mucho menos decidir en qué tiene que gastar menos, es la responsabilidad de cada cual el afrontarlo en este orden de cosas.

Me decía la señora diputada que el acuerdo de la comisión delegada se ha publicado tarde. No se ha publicado nunca ninguno, es la primera vez que se publica un acuerdo de la comisión delegada, señoría. Y no precisamente tiene como objeto el conocimiento por parte de las corporaciones locales, cuyo procedimiento viene expresa y minuciosamente regulado en el real decreto-ley sobre la materia, no señoría, va respecto a la garantía jurídica de ese pool bancario que va a prestar los 35.000 millones de euros para financiar la economía. Ese es el objetivo de la publicación del acuerdo de la comisión delegada. Y así lo digo, así de alto y claro. Me habla usted de coste de financiación y me dice: Es caro. Se verá si es caro o si es barato. Le pregunto: ¿Es necesario? ¿Alguien es capaz ahora mismo de tomarlo más barato? No, simplemente no. Nadie, absolutamente nadie, señoría. ¿Cree usted que nosotros tenemos el más mínimo interés en que el sistema financiero vaya a cobrar un solo euro de más a los contribuyentes? En absoluto, señoría, en absoluto. Usted sabe -o debería saber- que estamos tratando de una operación a cinco años que se devuelve en diez. El encaje de bolillos que supone eso es algo también sin precedentes donde tiene que intervenir no solo la banca, sino el Tesoro, el Instituto de Crédito Oficial, para hacer una combinación que hace que las corporaciones locales y las comunidades autónomas vayan a tener dos años de carencia, señorías,


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y diez años para devolver el principal, cuando la banca está prestando y tomando el dinero a cinco años. Eso es algo bastante curioso. Alabo al conjunto del sistema financiero por haber apoyado en esta cuestión porque desde el primer instante desde este ministerio y desde esta secretaría de Estado conseguimos hablar con Economía para impulsar conjuntamente el Gobierno de la nación ante el sistema financiero un sistema y un mecanismo que permitiera lo que es una realidad: esta operación no va a refinanciarse, esta operación va a amortizarse. Van a exigirse en los planes de saneamiento que exista crédito suficiente para amortizar a partir del año tres año a año la cantidad que tenga que ver en relación con este pago a proveedores. ¿Para ello qué habrá que hacer? Posiblemente, reducir más los gastos o incrementar los ingresos. Ahí está, volvemos otra vez, a la libertad de cada corporación local, deberán hacer un plan de ajuste adicional al genérico que tienen en función del desequilibrio. En este caso, solo con un ítem, la amortización del crédito que se presta con el objetivo de pagar a los proveedores. Pues señorías, comprenderán ustedes que cuando entre el monto de facturas que hemos recibido hay algunas que están en pesetas es algo que nos debería de avergonzar a los que tenemos algo que ver con la cosa pública, nos debería de avergonzar, más aún el que no lo haya pagado, pero al conjunto de pensar que estamos sosteniendo un sistema que es capaz de tener una factura denominada en pesetas y que todavía esté pendiente de pago.

Señoría, hablaba también de Función pública. Ya le he dado los datos, ya le he explicado cómo y cuánto ha crecido a lo largo de todo este tiempo. Cómo desde el Gobierno del Partido Popular se ha reducido en 70 el número de altos cargos, cómo eso ha permitido el ahorro de 5 millones largos en esta materia, cómo tenemos 46 subdirecciones generales menos. Además los datos que tienen que ver con Presidencia del Gobierno, lógicamente, viniendo a comparecer en unos minutos el subsecretario los dará con mucho mayor rigor y precisión. Pero sí le digo, señoría, que el conjunto del empleo en las comunidades autónomas desde enero del año 2008 hasta julio de 2011 se ha incrementado en 50.000 personas más. Ni una sola transferencia más, una situación de crisis económica severa, 50.000 trabajadores más. ¿Eso se puede permitir? No. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, señorías. Ustedes están diciendo que el volumen de los empleados públicos está correlacionado con la población y con los servicios. Y en parte sí tiene razón pero está también condicionado en parte con lo que puedo pagar, señorías. ¿O es que acaso es satisfactorio para ustedes ver noticias de municipios que están indicando que no se pagan las nóminas desde hace meses? ¿Es que para ese trabajador que está trabajando y no cobra acaso lo ven ustedes razonable, señorías? ¿No piensan que algo habrá que hacer? Creo que sí, habrá que hacer y mucho. Intentaremos trabajar en los consensos para hacer, no lo dude, me gusta trabajar en los consensos. A las órdenes del ministro Cristóbal Montoro trabajé por un sistema de financiación consensuado por todos y lo conseguí. Fue el último sistema de financiación que se aprobó por todas las comunidades autónomas. Espero poder llegar a convencerles a todos ustedes. Se dio la misma circunstancia que en estos momentos, había una mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular, mayoría absoluta que hace que el Gobierno tenga que aún tender más la mano a pactos y acuerdos. Ese es el modo que tenemos de entender la política: pactar y acordar desde los principios, porque si no tenemos principios, señorías, entonces no representamos adecuadamente a los ciudadanos.

Decía el señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida que está escuchando mucha ideología. Bueno, con representantes políticos tampoco es de extrañar. Que usted diga que venimos a aquí a adoctrinarle, eso le aseguro que no. Aquí creo que todos venimos ya llorados y cada uno con nuestra idea; nos hemos presentado a los ciudadanos, hemos explicado qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos de la sociedad, los ciudadanos han opinado y han sentado en el Parlamento a sus señorías. Sus señorías han elegido un gobierno y el presidente del Gobierno ha tenido a bien confiar en mí estas responsabilidades. Evidentemente cada uno con nuestra ideología y hacemos un mejor servicio a la sociedad y a la opinión pública diciendo claramente cuáles son las diferencias que hay; no hay un modelo único de afrontar la realidad; la realidad sí es única, el modo de afrontarla no.

Decía su señoría con razón: es que a usted le gusta la política de privatizaciones. Sí, claro que me gusta; claro que se lo digo, sí. Me gusta la eficacia y la eficiencia, absolutamente. Cuando yo voy a un médico no le pregunto: ¿es usted funcionario o es estatutario? Jamás se me ha ocurrido. No le he preguntado: ¿usted qué tipo de contrato tiene? ¿Usted es de un hospital donde le han contratado a través de uno de los modelos de colaboración público-privada o acaso llevó a cabo unas oposiciones después de haber hecho un MIR? No, no. Yo veo a un profesional que cura mi salud, eso es lo único que me importa. A ustedes sí, a ustedes les preocupa más el que se le ponga: Yo hice unas oposiciones o yo trabajo a través de la empresa equis, y griega o zeta. A mí nada, no me preocupa nada. Sí me preocupa y me preocupa mucho que sea más eficaz o más eficiente porque respeto radicalmente cada euro que paga el contribuyente, cada euro, y en absoluto si es más eficaz y más eficiente lo público. Defiendo lo público totalmente pero si lo público deja de ser más eficaz y más eficiente, entiendo que hay modelos de colaboración público-privada que son radicalmente mejores para la sociedad.

Dice con razón el señor diputado portavoz de Izquierda Unida que se está analizando con lupa a las comunidades autónomas. Es verdad, nosotros estamos recibiendo permanentemente visitas de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, visitas que quieren saber la realidad económica de nuestro país, su realidad presupuestaria. Y al final, a lo que más rato dedican curiosamente es a las comunidades


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autónomas; a las comunidades autónomas, señorías. Eso es lo que denomina la prensa internacional las regions, eso es lo que está hoy en día en el punto de mira de los denominados mercados y de aquellos que se relacionan con los mismos, como son el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros estamos diciéndoles a todos es: efectivamente, hay una situación de déficit público o unos escenarios que se van a corregir. ¿Por qué? Por dos razones, primera, por el consenso entre todos alcanzado de cumplirlo, y, segunda, porque hay instrumentos, vocación y voluntad para llevar a cabo la efectiva aplicación de dichos consensos. En este sentido es en el que estamos trabajando y en el que vamos a trabajar.

Pregunta su señoría qué me parece la previsión de la reforma laboral en el área de la Función pública. Pues naturalmente muy bien. Yo apoyo todas las decisiones de mi Gobierno, cómo no las voy a apoyar, y sobre todo apoyo la eficacia, apoyo la eficiencia y apoyo que se paguen los sueldos en la Administración General del Estado, los sueldos en las comunidades autónomas y los sueldos en las corporaciones locales a todo aquel que trabaja, que tiene que cobrar, señorías, tiene que cobrar, la reflexión es si esas plantillas que hoy existen no estarán acaso sobredimensionadas en relación: a) con los servicios que prestan y b) con la capacidad que tiene quien les ha contratado. Por tanto, la responsabilidad, señorías es de quien lo es; de quien lo es cuando dejó el Gobierno en el mes de diciembre y dio unas cifras de déficit que luego se demostró que no eran ciertas, de quien lo es que cuando dejó gobiernos autonómicos y dieron unas cifras de déficit que luego se han demostrado no ser ciertas, de quien lo es que dejaron gobiernos locales y dijeron cifras de déficit que no han demostrado después que eran ciertas. Además eran mucho peores, ¡porque si hubieran sido mejores, señorías!, pero han sido mucho peores. Por lo tanto, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos abocados a tomar medidas extraordinarias que quizás, de haber cumplido con el trabajo que tenía encomendado el anterior Gobierno, este Gobierno no hubiera tenido que hacer muchas de las cosas que ahora tiene que hacer, porque hay una continuidad lógica en la acción de Gobierno, hay una continuidad lógica en la obligación de pagos, hay una continuidad lógica en las obligaciones y eso obliga a hacer reformas importantes y naturalmente las vamos a hacer.

Al señor Salvador le agradezco especialmente sus palabras, basadas en esos principios de coordinación y de lealtad institucional que son los que priman entre el Gobierno de España y cualquiera de los gobiernos autonómicos, desde el conocimiento, como usted muy bien sabe, de esa complejidad que hay que no se entiende desde fuera en España; comunidades forales que son distintas de lo que son las comunidades de régimen común y también las especialidades de Canarias, por no hablar de las ciudades con estatuto de autonomía. Tenemos un Estado complejo, un Estado que no se entiende desde fuera, un Estado que está hecho por los españoles y para los españoles, y por lo tanto tenemos que defenderlo. Por eso este Gobierno defiende el Estado de las autonomías, por eso este Gobierno hace un presupuesto que cumple la ley, por eso este Gobierno pactó con el Gobierno de Navarra recientemente la estabilidad presupuestaria, ¿dónde? En los foros previstos en la propia normativa foral, ¿es diferente a la del resto de comunidades? No, principio de coordinación y de lealtad institucional, aceptación de lo que es la diferenciación, que no supone privilegios, señorías, no supone privilegio.

Al señor Matarí, del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco ¡cómo no! las palabras de apoyo que ha dicho. He de decir que, sin duda alguna, me ha ahorrado con sus explicaciones la mitad de las que yo tengo que decir, con lo cual no voy a redundar en lo mismo. He de decirle lo que su señoría sabe: las comunidades autónomas han presentado ya sus planes de ajuste, planes de ajuste que suponen 10.000 millones de euros que nada tienen que ver con los que se derivan de las modificaciones de la legislación básica u orgánica que están ahora mismo viéndose en las conferencias sectoriales de sanidad y de educación, 10.000 millones diferentes que se sumarán a los otros 10.000 millones y que harán un posible ajuste global de hasta 20.000 millones de euros. Ciertamente no todas las medidas van a entrar en plenitud, no puede ser, porque para muchas de ellas además de aprobarse la normativa luego tendrá que aplicarse en una realidad, una realidad que es el curso escolar que empieza cuando empieza, y por lo tanto podrán tener efecto cuando le toque empezar; otras no, otras podrán ser implementadas. Realidad que tiene que ver con ajustes de gasto en ese 20% que controlan las comunidades autónomas, que nada tiene que ver ni con sanidad ni con educación ni con dependencia, y que hay que ajustar y mucho. ¿Cuánto? Cada comunidad lo decide. ¿En qué prioridad? Cada comunidad lo decide. ¿El resultado? El equilibrio que se indica, ese 1,5% de déficit en todo el año.

Señorías, sin duda asumo mis errores, que han sido muchos, sin duda reconozco aquí otra vez más, y no me duelen prendas cuando hago una frase desafortunada, no me duelen prendas en reconocer que no fui afortunado en mi aseveración pero tampoco quiero dejar de decir lo que pienso. Pienso que todos, absolutamente todos, tenemos que esforzarnos más en un momento complicado, en un momento en el cual el Gobierno tiene que pedir al conjunto de los empleados públicos de comunidades y de autonomías trabajar lo mismo que ya están trabajando en la Administración General del Estado y con todo ello generamos ahorro en comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Garantizamos la financiación, sí; apoyamos a los proveedores para que cobren. Sí, con ello generamos empleo y economía, pero al mismo tiempo exigencia total en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, apoyo a la liquidez, apoyo a la financiación y colocación de la


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deuda autonómica y local, sí, pero control igual de radical de esas cuentas públicas con el objetivo de cumplir la ley. Realismo, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Terminamos esta comparecencia y pasamos enseguida a la comparecencia del subsecretario de la Presidencia. (Pausa).

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (PÉREZ RENOVALES). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000170) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000258).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, pasamos a la comparecencia del subsecretario de la Presidencia, don Jaime Pérez Renovales. Como saben ustedes, la tradición es que en el caso de los subsecretarios y secretarios generales entremos directamente en las intervenciones, pero el señor Pérez Renovales quiere hacer una breve intervención y con mucho gusto le doy la palabra al señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Renovales): Señorías, me gustaría comenzar mi intervención haciendo un breve resumen de las líneas fundamentales del Ministerio de la Presidencia y de los organismos adscritos. Este presupuesto tiene una rebaja en términos globales del 3,79% y pasa de 449 millones de euros a 432 millones de euros. Como verán ahora, la parte fundamental del presupuesto son las transferencias que se hacen a organismos públicos dependientes. En concreto, si hablamos del presupuesto consolidado, es decir, donde no incluimos las transferencias a estos organismos públicos, el presupuesto de Presidencia es de 109 millones de euros, con una rebaja del 2,62% respecto al consignado en el ejercicio anterior. En el caso de las transferencias a los organismos público, la rebaja cuantitativamente es superior y luego les daré algún detalle de en qué consiste esta disminución.

Entro ya en el estudio de los diferentes capítulos del Ministerio de la Presidencia -insisto, exclusivamente hablamos del ministerio, del sector Estado-, se produce una rebaja de los gastos de personal en cerca de medio millón de euros. Aquí tengo que indicar que la rebaja es como consecuencia de una ligera disminución de efectivos y afecta a las unidades del ministerio y a todo tipo de personal. También en la Presidencia del Gobierno se produce una disminución del 2% de los gastos destinados a la retribución del personal. Esto afecta a todas las categorías, a laborales, funcionarios y eventuales. Hay una disminución de la partida destinada a gastos eventuales, que puede que choque teniendo en cuenta que hay un incremento de la dotación presupuestaria destinada a esta categoría en Presidencia del Gobierno, pero estamos tomando como base no la dotación presupuestaria del año pasado, sino esa dotación más lo que incrementó una modificación presupuestaria durante el ejercicio -que se hizo siguiendo una práctica en los últimos años- esa cuantía destinada a la retribución del personal eventual de Presidencia del Gobierno. De manera que si comparamos la cuantía consignada en los presupuestos del año pasado más el incremento que se produjo vía modificación presupuestaria y lo que dotamos este ejercicio para el personal eventual de Presidencia del Gobierno, resulta una rebaja de aproximadamente unos 300.000 euros.

Entrando ya en los gastos corrientes, se ha producido una disminución del 5,46% en diferentes partidas. Este porcentaje es incluso superior en algunos programas, en Presidencia del Gobierno es del 8%, en algunos organismo públicos dependientes oscila entre el 10% del CNI, del BOE y del Cepco, el 9,9 del CIS o el 5% de Patrimonio Nacional. Como decía, afecta a diferentes partidas, como las indicadas por razón de servicio, que son los viajes, las atenciones protocolarias y representativas, que bajan un 28% en Presidencia del Gobierno; las reuniones, conferencias y cursos, que bajan un 18% en Presidencia del Gobierno; el contrato de servicio de cobertura informativa y otras partidas como la de publicidad y propaganda, que se reducen un 60% dentro del programa del portavoz.

En cuanto a las transferencias corrientes, voy a detenerme un poco más en las transferencias externas, porque aquí tenemos unas restricciones legales que condicionan la decisión de las cantidades que se consignan en las diferentes partidas. En primer lugar, dentro de estas transferencias corrientes está la dotación a los expresidentes del Gobierno que, como es obvio, se ha tenido que incrementar por la existencia de un presidente más. Esto se compensa un poco con una rebaja de la dotación individualizada del 5,6%, de manera que esta dotación a expresidentes pasa de 79.000 euros anualmente a 74.580 euros. También ha sido necesario dotar una cuantía importante para exministros y exsecretarios de Estado, de 3,7 millones de euros, que van contra el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, dentro de este capítulo 4, de transferencias corrientes. Hemos tenido que sufragar los gastos, de acuerdo con lo que prevé la ley, de dos iniciativas legislativas populares, la de televisión sin fronteras y empleo estable, por una cantidad que asciende a 453.000 euros. En cuanto a otras transferencias corrientes externas, está la dotación de la Fundación Príncipe de Asturias, que se mantiene en 300.000 euros; la destinada a sufragar los actos de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de las Cortes de Cádiz, de 600.000 euros y los fondos destinados a sufragar el Premio Clara Campoamor, que se convoca conjuntamente con las Cámaras legislativas, que se mantiene en la cuantía del año pasado.

El último capítulo de transferencias externas son las subvenciones reguladas en la Ley de Memoria Histórica. Aquí se ha producido una rebaja importante que creemos que puede permitir seguir dotando a aquellos proyectos que se han destinado a la identificación y a la significación


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de fosas en el pasado, siguiendo con la práctica y el porcentaje que representan este tipo de proyectos de los últimos años. Para ir concluyendo, en el capítulo 6, inversiones, se ha producido una disminución del 15%, que es muy similar a la que han practicado en este capítulo los organismos públicos dependientes. Tenemos un capítulo 7, transferencias de capital externas, que es muy pequeñito, por el que se contribuye a los gastos de sostenimiento del complejo de la Ciudad Universitaria, del que forma parte parcialmente el complejo de La Moncloa.

Me gustaría concluir haciendo referencia a la parte más importante, como decía, del presupuesto de Presidencia, que son las transferencias corrientes y de capital a los organismos dependientes. Recuerden que el presupuesto del ministerio son 432 millones de euros. Pues bien, el Centro Nacional de Inteligencia recibe 220 millones y Patrimonio Nacional 92,57 millones de euros. Estos dos agrupan el 97% de las transferencias a organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia. También reciben transferencias del ministerio el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Tenemos otro organismo adscrito, que es una agencia, el Boletín Oficial del Estado, pero se sufraga con las tarifas que cobra por la prestación de servicios, hasta el punto de que hace una transferencia de fondos al Ministerio de la Presidencia. Los porcentajes de reducción de las transferencias realizadas a estos organismos son, en unos casos, menores, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, como en el caso del CNI, que sufre una disminución del dinero percibido del ministerio del 3% aproximadamente. En el caso de Patrimonio Nacional la rebaja es del 6,4% y en el caso del CIS y del Cepco es ligeramente superior al 7% aproximadamente. Con esto concluyo mi intervención y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ignacio Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor subsecretario, y bienvenido a esta Comisión.

Su departamento tiene una muy escasa dotación en términos comparativos. Si no me equivoco, es la más pequeña de entre todos los ministerios y tiene un carácter esencialmente horizontal, político y de apoyo a las funciones políticas del Gobierno. No hay muchas funciones sectoriales y hay una escasa incidencia de lo que usted gasta fuera del entorno de la propia Administración. A pesar de ese presupuesto, comparativamente muy pequeño, también en este presupuesto hay un nítido reflejo de sus opciones ideológicas, lo que, por otra parte, es perfectamente lógico y legítimo. Lo que no se puede hacer es ocultar siempre opciones ideológicas bajo la capa de una necesidad genérica de hacer recortes, porque es precisamente donde se hacen esos recortes lo que nos permite entender que no se trata de una mera cuestión técnica de austeridad. El recorte más nítido con este carácter ideológico en su presupuesto, en el presupuesto del ministerio que usted representa aquí, es el recorte del 60% en la partida que da cobertura financiera a la Ley de Memoria Histórica. Son 3.700.000 euros menos, una bajada del 60% nada menos. Hay una explicación insinuada por usted que coincide con otras apreciaciones que se han hecho desde el Gobierno de que, aunque había una bajada tan sustancial como esta en esa partida, se intentaría dedicar o se dedicaría todo el dinero restante a las exhumaciones. Pero con este tipo de partida presupuestaria en ejercicios anteriores se daba cobertura a lo que es necesario para llegar a esa fase de las exhumaciones y que aparentemente podría desaparecer de las convocatorias que haga el ministerio, partiendo de este presupuesto. Me refiero a la investigación documental y de archivos, a la recuperación de testimonios escritos y orales, a los censos de edificios construidos en aquellas condiciones de la posguerra por prisioneros, a los estudios e informes necesarios, a los censos de vestigios o al propio hecho de los cursos de sensibilización, que yo creo que son muy importantes. Por tanto, nos gustaría que nos diera su opinión sobre esta bajada, porque se ha referido a ella, pero no he acabado de entender exactamente si a lo que se refería usted era exactamente a lo que yo digo, que es que lo que queda de esa partida o lo que será nueva partida de 2012 se dedicará solo a exhumaciones. (El señor vicepresidente, Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia).

No seremos nosotros los que nos sumemos a la moda intelectual de desprestigio de la política, y me refiero ahora al hecho de que, siendo este ministerio el que cobija todo el entorno político del presidente del Gobierno, es bastante fácil caer en estos tópicos tan habituales últimamente sobre el número de asesores, etcétera. Nosotros entendemos que en un país complejo y moderno como es España, el presidente del Gobierno tiene que tener un entorno de asesoramiento político suficiente y necesario para la complejidad de la tarea que es la gobernación. Tiene que tener a su disposición -además de disponer lógicamente de todo el Gobierno y de todos los técnicos de los ministerios- un entorno inmediato de personas expertas que cubran todos los aspectos de la gobernación. Pero, claro, uno también es prisionero de sus declaraciones y de sus compromisos, y la señora De Cospedal, a la que supongo bien informada, en agosto del año pasado habló de que el presidente Zapatero tenía entre 500 y 600 asesores. Esa fue la expresión que utilizó la señora De Cospedal: entre 500 y 600 asesores. Yo no creo que la señora De Cospedal, con la alta responsabilidad que tiene, hable a humo de pajas. Pues bien, a la vista del presupuesto, el de las dotaciones, podemos llegar a conclusiones matemáticamente irrebatibles. Si la partida de asesores, señor subsecretario, sube un 50%, eso quiere decir que el señor Rajoy tendría entre 700 y 900 asesores. Matemáticamente no lo podrá rebatir, salvo que corra el riesgo de desautorizar a la señora De Cospedal, cosa que no le


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recomiendo. Por tanto, ¿eran 500 los asesores, señor subsecretario, o han desaparecido nada más llegar ustedes al ministerio? ¿O es que se habían considerado asesores del señor Zapatero a todo el personal del ministerio, desde el propio presidente hasta el jardinero de La Moncloa? El señor subsecretario habla -no lo ha dicho él, lo dice el anexo de personal- de 56 asesores que existían y de 82 que figuran ahora en el anexo de personal; por tanto, 26 asesores más, un 46,43% más, que es un número que se compadece difícilmente con el discurso de austeridad que se está haciendo, sobre todo cuando hay un alto cargo más también, porque el departamento pasa de 12 a 13. Yo no quiero decirle que tal y como estamos viendo funcionar al Gobierno no necesite estos y muchos más asesores. Seguramente el señor Rajoy, a la vista del desgobierno de los últimos meses, necesitaría más, pero también hay que entender que hay que hacer el discurso que ustedes hacen de que esto es lo que nos podemos permitir, y, aunque el señor Rajoy seguramente necesitará estos y muchísimos más, creo que 26 asesores más en el gabinete del presidente del Gobierno es una subida de casi el 50% difícilmente justificable.

Otra cuestión es el nulo reflejo presupuestario de la ley de transparencia. La ley de transparencia ha sido un anteproyecto, un proyecto político del Gobierno, muy publicitado, que se ha exhibido como un gran logro y en el que hay un proceso abierto ahora de participación, pero no vemos reflejo presupuestario de la ley de transparencia ni en el presupuesto de su departamento ni tampoco en los otros. Una ley de transparencia como el Gobierno ha traído, o cualquier otra que trajéramos los grupos, requiere obviamente una adaptación de las estructuras en todos los departamentos y quizá un órgano central o algún tipo de unidad central de coordinación, y no lo hay. Por tanto, si tuviéramos que medir el compromiso del Gobierno con la transparencia por su reflejo presupuestario, podríamos decir que el compromiso del Gobierno del PP con la transparencia es cero.

Señor subsecretario, espero sus explicaciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Por el Grupo Parlamantario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor subsecretario, por su comparecencia. Lo primero que quiero hacer es darle, como ha hecho el representante del Grupo Socialista, la bienvenida a esta Comisión y también a la Cámara, porque, si no me equivoco, es su primera comparecencia. Gracias por la claridad de su intervención y también por la concisión y la brevedad de la misma; y gracias, además, por no haber caído en la tentación de inundarnos con una sopa de cifras que nos habría evitado ver el diseño final que han proyectado para el ministerio y para la Presidencia del Gobierno.

Naturalmente, los presupuestos del ministerio se enmarcan en dos elementos: por una parte, los Presupuestos Generales del Estado y, por otra parte, el marco económico y de déficit público al que se enfrenta el Gobierno. No voy a extenderme sobre eso, pero sí quería dar alguna pincelada para encajar después el presupuesto del ministerio. Como ustedes saben, venimos de unos ejercicios presupuestarios en los que se ha gastado mucho más de lo que se ha ingresado -el año pasado la cifra de 90.000 millones de euros es ciertamente aterradora-; en segundo lugar, venimos de unos ejercicios presupuestarios en los que se ha presupuestado, si me permiten la expresión, de alguna manera alegremente, y nos encontramos con que hemos tenido que aprobar el presupuesto más austero de la democracia española para una situación coyuntural extraordinaria y que contiene también, por tanto, medidas altamente extraordinarias. Se trata de un ajuste sin precedentes de 27.300 millones de euros, que representan aproximadamente un 2,5% del producto interior bruto. En el ámbito del conjunto de la Administración estatal la reducción del déficit va a ser de 17.800 millones de euros, con una reducción del gasto de los ministerios -y aquí encaja también Presidencia- del 16,9% respecto del presupuesto anterior. Nosotros estamos convencidos, señorías, de que el Estado debe dejar de ser un problema para los ciudadanos, o al menos debe dejar de ser percibido como problema para los ciudadanos, y que además, si estamos pidiendo a la sociedad española un esfuerzo especial, también el Estado tiene que ponerse al frente de esa manifestación y ser ejemplar en cuanto a la contención de gasto, y entendemos que es lo que ha hecho el Ministerio de la Presidencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Yo no voy a repetir todas y cada una de las cifras que ha dado el subsecretario. Sí quisiera incidir en alguna cuestión. En primer lugar, en el esfuerzo de ajuste, de 17 millones de euros. Hemos pasado de 449 millones de euros a 432 millones, con una reducción de 17 millones y por tanto del 3,79%. La distribución por partidas en gastos de personal, gastos corrientes, bienes y servicios, transferencias, etcétera, la ha hecho ya el señor subsecretario y por tanto no voy a incidir en ello. Sí quisiera referirme a dos aspectos a los que ha aludido el representante del Grupo Socialista. En primer lugar, a la partida presupuestaria destinada a la denominada memoria histórica o recuperación de la memoria histórica y, en segundo lugar, a las cuestiones de personal. Al hilo de estas consideraciones plantearé también alguna pregunta al subsecretario.

Respecto de la memoria histórica, es verdad que se ha pasado de un presupuesto de 6,2 millones de euros en 2011 a 2,5 millones de euros en 2012, pero hay que decir que esa cantidad, los 2,5 millones de euros, se va a dedicar exclusivamente a las exhumaciones de los cadáveres. Hay que tener en cuenta que en 2011, de los 6,2 millones, solamente 2,2 millones se dedicaron a exhumaciones. Por tanto, en este ejercicio presupuestario


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que viene el Gobierno podrá dedicar 300.000 euros más de los que se dedicaron en ejercicios anteriores. Es verdad que los Gobiernos del Partido Socialista desde 2006 habían dedicado 20 millones de euros, pero también es verdad que menos del 30 por ciento se destinaba a exhumaciones. En el marco de contención de gasto y de esfuerzo de austeridad presupuestaria lo que ha hecho el Gobierno, en esta y en todas las partidas, ha sido intentar no afectar a lo que se entendía como los aspectos más vinculados a derechos sociales o a intereses sociales de los españoles. Entendiendo que dentro de la memoria histórica el aspecto socialmente más frágil era el tema de las exhumaciones, es allí donde se ha querido ser absolutamente respetuoso con la ley. No creo que el recorte sea excesivamente dramático cuando personas como el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no es sospechoso ideológicamente en los términos a que aludía mi compañero del Grupo Socialista, se ha sorprendido favorablemente de la cuantía de la dotación presupuestaria, o cuando don Francisco Echevarría, que es el forense que más fosas ha abierto y que tampoco es sospechoso ideológicamente, también se ha mostrado muy favorablemente sorprendido y ha llegado a declarar que con este dinero van a poder mantener el ritmo de recuperación de unos 300 esqueletos al año. Por tanto, de donde se ha recortado es de lo que afecta más a lo que algunos podrían llamar difusión y otros podrían llamar propaganda, y no utilizo el término con connotación peyorativa. ¿Dónde se ha reducido? ¿Qué es lo que se ha suprimido de la memoria histórica? Se han suprimido estudios, documentales, publicaciones, exposiciones, jornadas, cursos y elementos conmemorativos por valor de 2 millones de euros, y se ha suspendido la dotación global de 1,5 millones de euros para testimonios, archivos y censos. Entendemos que los testimonios, archivos y censos prácticamente están culminados y que en lo que no lo estuvieran podemos esperar a otros ejercicios ulteriores en que la situación económica se haya recuperado. Lo que no hemos querido tocar de ninguna manera era la recuperación de los cadáveres, porque afecta, como decía antes, al sentimiento más profundo y más íntimo de las familias españolas, al que tienen perfecto derecho.

Respecto de las cuestiones de personal, cuando se habla de personal siempre se produce confusión, es un área un poco árida de la Administración pública, pero yo creo que hay que distinguir tres conceptos bien claros y no confundirlos: por una parte, la relación de puestos de trabajo, la llamada RPT; por otra parte, la plantilla, es decir, la ocupación efectiva, los funcionarios que hay trabajando de manera efectiva en los ministerios, y finalmente, la distribución del gasto por tipo de puesto. Pues bien, en lo que se refiere al personal en Presidencia del Gobierno -y me gustaría que luego el subsecretario entre a valorar mis consideraciones y diga si estoy en lo cierto o he cometido algún tipo de error-, por los datos que yo he podido estudiar, las conclusiones son las siguientes: la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno se reduce, pasamos de 692 puestos en 2011 a 677 en 2012, es decir, se reducen 15 puestos de trabajo. Respecto de la plantilla, ocupación efectiva por tanto del personal, a 1 de abril de 2012 están cubiertos 570 puestos, es decir, el 84% de la RPT. La plantilla está compuesta de 260 funcionarios, 74 laborales y 236 eventuales, lo que supone una reducción de eventuales, de los 244 que había hace un año a los 236 que hay en la actualidad, es decir, una reducción de 8 personas. Finalmente, en el tercer concepto, distribución del gasto por tipo de puesto, hay que señalar que en el área del presidente los puestos de trabajo se pueden cubrir indistintamente por personal funcionario o por personal eventual. Como ya ha aludido el subsecretario en su intervención, las retribuciones de uno y otro tipo de personal se imputan a los artículos 12 y 11 del presupuesto respectivamente. Las dotaciones inicialmente previstas en los últimos años en el artículo 11 habían resultado históricamente insuficientes, de manera que todos los años se acudía a una modificación de crédito que de media puede estar en torno a los 2 millones de euros anuales. Pues bien, lo que se hace es renunciar a esas modificaciones de crédito y regularizar vía presupuestaria la situación que todos los años se producía deficitariamente en el ámbito de la Presidencia del Gobierno. Eso es lo que se hace, dando de baja a 53 dotaciones del artículo 12 y pasándolas directamente al artículo 11, pero no se afecta a la estructura organizativa, no se altera el sistema de cobertura y no se crea ni se dota ninguna plaza nueva de la RPT a estos efectos. Creo que de ahí viene un poco la confusión, de la propia complejidad de la materia de personal. Eso por lo que se refiere a la Presidencia del Gobierno.

Respecto de la Vicepresidencia del Gobierno, a la luz del Real Decreto de 30 de diciembre de 2011 se produce una reducción de los puestos del gabinete de la vicepresidenta en un 20%, de 56 a 47 asesores, de los que, por cierto, solamente se han cubierto 32. Por lo que respecta a la RPT del ministerio también se produce una disminución de 103 puestos de trabajo, pasando de 1.060 a 957. En lo que se refiere a la ocupación efectiva de los puestos de personal eventual también se produce una reducción de 12 eventuales a 6, teniendo en cuenta una situación equiparable de Vicepresidencia de Gobierno, es decir, tomando como situación los eventuales que había en Vicepresidencia en el año 2009, con una sola Vicepresidencia del Gobierno. De la misma manera, en el Ministerio de la Presidencia se pasa de 16 eventuales a 10. Por tanto, creo que con eso queda suficientemente explicado, a la espera de mayor aclaración por parte del subsecretario, al que le quisiera trasladar también alguna pregunta respecto de alguno de los asuntos que forman parte del presupuesto del ministerio.

Querría preguntarle: ¿cómo queda el Museo de las Colecciones Reales en el presupuesto? ¿Cómo se va a llevar a cabo en términos presupuestarios la Cumbre Iberoamericana en Cádiz? ¿Cuáles van a ser las actuaciones,


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si es que hay actuaciones previstas, en el Valle de los Caídos? ¿Cómo se va arreglar el tema del Valle de los Caídos, desde el punto de vista de las deficiencias en infraestructura y de la seguridad del acceso a la infraestructura. Sin más, quería agradecerle la comparecencia y pedirle, por favor, que incida un poco en el asunto de personal.

El señor PRESIDENTE: Tiene la oportunidad de contestar a las cuestiones que han presentado los intervinientes, el señor subsecretario de la Presidencia, don Jaime Pérez Renovales.

El señor SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA(Pérez Renovales): Respecto a las cuestiones planteadas, en primer lugar, haré referencia a las subvenciones de la memoria histórica. De todos es conocida la situación en la que estamos en la elaboración de los presupuestos. Efectivamente, se ha producido una rebaja sustancial de las dotaciones para este concepto. Lo que hemos perseguido ha sido preservar en la medida de lo posible los proyectos de mayor carácter humanitario. ¿Cuál es la metodología que hemos seguido? Desde que se están concediendo estas subvenciones en el año 2006, hemos visto qué porcentaje representaban los de búsqueda de fosas, exhumaciones y dignificación de fosas respecto del total de los subvencionados cada año. El porcentaje varía. El año que menos dinero se ha dotado a este tipo de proyectos ha sido con el 18 por ciento, el año que más, un treinta y pico por ciento, siempre por debajo del 40. ¿Qué hemos hecho? Hemos preservado una cantidad, que es el 40 por ciento de la cantidad inicialmente presupuestada en el ejercicio anterior, que debería ser suficiente para atender los proyectos de esta naturaleza que se puedan presentar. Todo ello respecto del presupuesto del ejercicio anterior que no se llegó a ejecutar en este concepto en su integridad. La cantidad que estamos destinando en general para subvenciones de la memoria histórica es superior a la destinada a sufragar proyectos de esta naturaleza en el ejercicio anterior. Quedaría un margen, insisto, si se siguiese el mismo criterio y se llegase al porcentaje máximo que han representado estos proyectos en el total de la cuantía destinada a esta finalidad. Podrían existir cantidades no cubiertas por estos proyectos que se pueden destinar a otros de diferente naturaleza, y con eso no se agotaría el dinero destinado a este tipo de subvenciones con estos proyectos.

En segundo lugar, y entrando en la pregunta sobre el incremento de los asesores, que ha citado la cifra de los 26, lo que ha ocurrido en el proceso de elaboración del presupuesto es relativamente sencillo. Hay un número de puestos, que son 53, que estaban catalogados o presupuestados como funcionarios y ahora aparecen como eventuales. ¿Por qué? Porque siempre han sido eventuales, este ejercicio, el anterior, el anterior, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se hacía cada año? Se dotaban presupuestariamente como funcionarios y a lo largo del ejercicio se hacía una modificación presupuestaria que implicaba el trasvase de esa cantidad del concepto de funcionarios a eventuales. Esto se ha hecho, por citar los cuatro últimos años, incrementando la partida destinada a personal eventual en el año 2008, en 1.550.000 euros; en el año 2009, 2.320.000; en el año 2010, 2.452.000 euros; y en el año 2011, 2.104.000. ¿Qué supone? Que, si sumamos al presupuesto del año pasado destinado a personal eventual en Presidencia del Gobierno, que son 5.300.000, lo que se añade después vía modificación presupuestaria, llegamos a 7.463.000. ¿Cuánto destinamos ahora en Presidencia del Gobierno a personal eventual? Son 7.159.000 euros. Hay una rebaja de 300.000 euros destinada a retribuir personal eventual en Presidencia del Gobierno. No es un incremento de personal eventual, es reflejar lo que ya había en la realidad, y que había modificaciones presupuestarias, que no aparecía adecuadamente constatado en los presupuestos que se traían al inicio del ejercicio.

Respecto al número de asesores, Presidencia del Gobierno tiene muchísimas funciones: de protocolo, de seguridad, de seguimiento de situaciones de crisis. ¿En qué situación estamos? Por un lado, tenemos la organización de la Cumbre Iberoamericana que exige alguna dotación de personal. Segundo, la Oficina Económica del presidente del Gobierno ahora también cumple funciones de secretaría de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Esto implica que esa función que antes se desarrollaba por la Secretaría de Estado de Economía ahora pase a la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Con todo, hay una reducción de la dotación de personal. En cuanto al número de asesores, pasa exactamente lo mismo, cualquiera que sea el concepto que se quiera tomar. Sí me permito decir una cosa, y creo que es una práctica que siguen todos los departamentos ministeriales, lo que hay es una preeminencia de funcionarios en puestos de responsabilidad. En Presidencia del Gobierno hay 13 altos cargos, de los cuales 11, incluido el presidente del Gobierno, tienen consideración de funcionario. No se está sustrayendo por incrementar en alguna unidad el número de personas en el Ministerio del Presidencia del Gobierno el gasto de la administración. Como mucho puede haber un trasvase de personas dentro de la administración porque el número de funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad en todos los ministerios, en el Ministerio de la Presidencia y en particular en Presidencia del Gobierno, es muy elevado.

En cuanto a la ley de transparencia, está en trámite de información pública y vendrá a esta Cámara una vez que se elabore el proyecto definitivo con las observaciones que se presenten en este trámite de información. En cuanto al impacto presupuestario, no tenemos muy claro que haya que hacer una dotación extraordinaria en el Ministerio de la Presidencia. Como saben, la ley de transparencia tiene dos partes: una, estimular y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública y, en segundo lugar, un endurecimiento de las obligaciones de las responsabilidades en materia de conflicto de intereses


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de los altos cargos. Ese refuerzo del derecho de información de los ciudadanos y el consiguiente aumento de las obligaciones que pudiera generarse para la administración es más de actividad, sin perjuicio de que haya que crear algún tipo de infraestructura como la creación del portal de la transparencia y aumentar la comunicación entre los departamentos ministeriales a los que se pide la información. Esa es la razón fundamental por la que no existe una dotación extraordinaria específica, sin que ello vaya en ningún caso en desdoro del cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. Si un funcionario ahora tiene que dar más información de la que tenía que dar antes, a lo mejor tiene que emplear más tiempo en buscarla o en recabarla, pero no necesariamente tiene que haber un aumento extraordinario del gasto público por esa circunstancia. Esa es la razón por la que no aparece este reflejo en los presupuestos. Insisto en que estamos todavía en fase de elaboración del proyecto. A lo mejor mis palabras se tienen que matizar en un momento posterior, pero es la situación actual.

En cuanto a las preguntas que me ha dirigido el portavoz del Grupo Popular, comenzaré por el Museo de Colecciones Reales. Como saben, es la principal partida en el capítulo 6 de inversión del presupuesto de Patrimonio Nacional. Ha conllevado un gasto plurianual bastante importante. Está previsto que se abra, dependiendo de la evolución de las obras, en el año 2016. Ayer tuvimos un consejo de Patrimonio Nacional y era la estimación que nos daban. En cuanto al presupuesto que se dota este año para el museo son 15 millones de euros y el presupuesto total que estimamos estará en torno a los 142 millones. Estamos avanzando en diferentes fases del proceso. Ya está bastante avanzada la edificación, pero lo que se está destinando al presupuesto de Patrimonio Nacional para este concepto son 15 millones de euros.

Me preguntaba también por la Cumbre Iberoamericana. También se ha hecho un presupuesto que está pendiente de autorización por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, que cifra en cuatro millones y pico de euros. Le puedo dar la cifra exactamente. Se ha hecho un recorte bastante importante en lo que solía ser la dotación de este tipo de cumbres. Tomando como referencia la última cumbre que se celebró en Salamanca, la evolución de las cantidades son de nueve millones y pico de euros a cinco millones y pico la que se prevé a celebrar este año en Cádiz. Se ha hecho un esfuerzo bastante importante de reducción del coste que estaba presupuestado.

Y por último, en cuanto al Valle de los Caídos, la actuación que se quiere llevar a cabo, y así se refleja en la dotación de los presupuestos de Patrimonio Nacional, que es -como saben- quien tiene encomendada la gestión de esos bienes, es en cierto modo para normalizar el acceso. Es decir, se van a presupuestar las obras que sean estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones, de manera que, si alguien lo quiere visitar, pueda acceder a él sin peligro para su integridad física. Estará abierto, se podrá acceder en condiciones de seguridad, y por eso se ha presupuestado una cantidad pequeña, que será suficiente para garantizar la seguridad en las instalaciones, que se quiere preservar, y para que se pueda posibilitar la libre entrada a quien quiera acceder a él. De hecho, si se puede obtener algún tipo de ingreso por ese acceso, bienvenido sea, porque se da la paradoja de que hay entidades privadas que organizan visitas al Valle cobrando por ello, mientras que quien tiene encomendada la realización de los gastos destinados a su conservación no percibe ningún ingreso cada vez que se visita. Creo que con esto han quedado contestadas las preguntas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor subsecretario de la Presidencia. Le agradecemos su presencia, su comparecencia y sus explicaciones. Inmediatamente pasaremos a la siguiente comparecencia. (Pausa).

- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PLATERO SANZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000180) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000277).

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, continuamos con la sesión de la Comisión de Presupuestos. Nos corresponde ahora escuchar a la nueva compareciente, la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, doña Pilar Platero Sanz. Aunque saben ustedes que la costumbre es empezar directamente, la señora subsecretaria ha solicitado una pequeña intervención, y con mucho gusto le damos la palabra.

La señora SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Platero Sanz): He creído conveniente realizar una pequeña intervención para situar el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a los Presupuestos Generales del Estado, aunque ayer ya me precedieron otros altos cargos de este ministerio.

Ya saben que los Presupuestos Generales del Estado tienen un objetivo de reducción de déficit 2,5 puntos en porcentaje del PIB, lo que equivale a un ajuste de consolidación fiscal por la vía de los ingresos y de los gastos de 27.300 millones; de ellos, un tercio se hará por la vía de ingresos y dos tercios por la de gasto. Doy esta cifra porque el presupuesto de nuestro ministerio supone 2.680 millones y en los Presupuestos Generales del Estado lo que va a parar a los ministerios -una vez deducido el pago de las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de deuda- se eleva a 65.803, con una reducción del 16,9%. Esto quiere decir que el presupuesto de nuestro ministerio representa un 4,1% de


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esta cifra que acabo de señalar. Nuestro porcentaje de reducción, como no podía ser de otra forma, es superior a la media que acabo de comentar del 16,9%. Alcanzamos un 23% y somos el quinto ministerio que con mayor rigor sufre este ajuste presupuestario encuadrado dentro de unos presupuestos que todos estamos de acuerdo en calificarlos como los más austeros que han pasado por esta Cámara.

Cada vez se diluye más el gasto no financiero y el gasto financiero; y perdonen las palabras técnicas que me salen a veces porque soy interventora del Estado. Por la parte del gasto no financiero la reducción es del 16,9% y donde nuestro presupuesto sufre un mayor ajuste es precisamente en el capítulo 8, activos financieros, con una reducción del 54,6%. Decía que cada vez se diluye más porque teníamos la excusa del capítulo 8. Uno de los comentarios que se hacían en épocas anteriores era que servía para desviar déficit, pero hoy día el capítulo 8 está totalmente controlado y ya sabemos todos que puede tener esa incidencia. Es muy importante que se haya hecho este ajuste en el capítulo 8 de cara a conseguir el objetivo de déficit de este año.

Otra de las características de nuestros presupuestos es que vienen marcados por la nueva estructura de nuestro ministerio. Como saben, periódicamente nos separamos y nos volvemos a unir al Ministerio de Economía. Esta vez nos hemos separado del Ministerio de Economía y la novedad es que se ha unido el Ministerio de Hacienda con el de Administraciones Públicas. Ha sido una decisión muy acertada porque la obtención del objetivo de déficit hacia el que van encaminados estos presupuestos requiere una mayor coordinación y un mayor seguimiento de la actividad financiera del conjunto de las administraciones públicas.

Ya a nivel presupuestario, en este presupuesto se distinguen dieciocho centros directivos con un servicio presupuestario diferenciado y que van a tener asignaciones específicas -es decir, son centros de imputación de presupuesto- y veintisiete programas presupuestarios que tenemos que gestionar. Además del departamento propio -lo que es en sí el ministerio-, tenemos asignados otras siete unidades entre organismos autónomos y públicos, una entidad pública empresarial, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, y diversas sociedades que están encuadradas en el denominado Grupo Patrimonio o bien en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.

Voy a ir mencionando cada capítulo desde el punto de vista económico relacionándolo en ocasiones con los Presupuestos Generales del Estado. El capítulo 1, gastos de personal, tiene una dotación de 632 millones, lo que supone una disminución del 2,8%. Quiero recordar que la reducción en los gastos de personal en los Presupuestos Generales del Estado, deduciendo el pago de las pensiones de los empleados públicos a través de clases pasivas, es del 2,6%.

En gastos corrientes la dotación que tenemos para este ejercicio es de 140 millones con una rebaja del 9,2%. Me voy a detener aquí para informarles sobre dónde vamos a intentar ahorrar costes, que va a ser en los arrendamientos de edificios. Estamos renegociando contratos de alquiler que nos hemos encontrado ya firmados porque, como ya saben, están bajando los precios y en algunos casos vemos posible esta actuación. Seguiremos también con diversas actuaciones inmobiliarias; las reparaciones y la conservación tendrán también una rebaja de 2 millones; el material de oficina y suministro tendrá una rebaja de 7 millones; y estamos siendo también muy escrupulosos con los gastos de dietas y locomoción. Esta subsecretaria se está encargando directamente del control de viajes al extranjero, estableciendo unos requisitos bastante estrictos.

El capítulo 3, gastos financieros, no ofrece mucho interés. Tenemos una dotación de 3 millones que va dirigida sobre todo a atender el pago de intereses de demora y por sentencias judiciales.

En el capítulo 4 tenemos una asignación de 1.421 millones, y aquí la reducción es más importante, del 18,3%. Se habla de que debemos disminuir más gasto corriente que gasto de capital, pero tenemos un margen cada vez más pequeño. Los gastos de personal están ya muy ajustados y en los gastos corrientes vamos a tener que realizar una gestión muy eficiente y con un alto grado de imaginación en determinados supuestos, porque también podemos disminuir muy poco este capítulo. Nos queda entonces este capítulo que tiene una asignación bastante superior al resto del gasto corriente, pero siempre procurando que todo siga en funcionamiento. El presupuesto va encaminado a facilitar determinadas actuaciones y habrá que priorizar según los casos. Solo voy a facilitar un dato más. En las transferencias internas a nuestros organismos que he mencionado anteriormente la disminución es de un 5,1%, mientras que en las transferencias al exterior fuera del ámbito de nuestro ministerio sufren un recorte del 38%.

En el capítulo 6, inversiones reales, el ajuste es de un 27%. Nuevamente llama la atención el gran esfuerzo realizado y vamos a tener que ser muy rigurosos con las peticiones que nos llegan de la Administración o de órganos constitucionales -ya que a veces atendemos esas demandas- para realizar grandes obras en nuestros edificios administrativos. Este año el presupuesto baja en este concepto un 23%. También baja la inversión en equipos informáticos, mobiliario, etcétera.

En el capítulo 7, transferencias de capital, la rebaja del ministerio es del 40,8% frente a la del Estado, que es de un 46,4%.

Finalmente, como remarcaba al inicio de esta exposición, el capítulo 8, activos financieros, es el que sufre un mayor reajuste -un 54,6%-, que supone una disminución de 299 millones. Este capítulo recoge sobre todo las aportaciones de capital que realizamos a nuestras empresas, compras de acciones, etcétera.

Mi intención ha sido dar una breve pincelada e introducir el tema del presupuesto del ministerio. Estoy a disposición de sus señorías para contestar a lo que


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quieran preguntar o comentar aquí sobre aquellos asuntos que crean de mayor interés.

El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir a los grupos solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José Vázquez.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Quiero agradecer su comparecencia, señora subsecretaria, y darle la bienvenida a esta Comisión. La verdad es que en esta primera intervención nos ha aclarado algunas cifras que quizás ahora me ahorre preguntarle. Señora subsecretaria, permítame que le diga que ha trabajado usted en un presupuesto que hará historia, un presupuesto que recordaremos toda la vida, porque creo que estos presupuestos son el inicio de un gran retroceso social y económico para nuestro país. Son presupuestos que han llegado tarde y que no han convencido a nadie; no han convencido a las instituciones europeas y no han convencido a los mercados; y en cuanto al Fondo Monetario Internacional, ya escuchamos ayer a la señora Lagarde. Europa no podía explicarse cómo unas elecciones en el sur de España podían hacer retrasar el principal instrumento de política económica que tiene un país, un país que además estaba y está atravesando una situación muy difícil. Los inversores también reaccionaron, reaccionaron mal porque hemos visto subir la prima de riesgo como nunca; hemos superado la prima de riesgo de Italia, por ejemplo, que era una medida para nosotros. Además, cada vez que ustedes enmiendan sus propios presupuestos antes de que se hayan debatido en la Cámara la prima de riesgo se dispara. Todo el mundo ve menos ustedes que solo con recortes no vamos a salir de la situación de recesión en que nos encontramos. No creemos que con estas cuentas podamos salir, porque no incluyen ninguna política de reactivación económica, ninguna estrategia de crecimiento; por eso no creemos que vayan a obtener el único resultado que se plantean para este país, que es cumplir el objetivo del 5,3%.

Esta mañana el secretario de Estado de Economía decía literalmente que los ajustes en sanidad y en educación tendrían efectos significativos en la consolidación, pero no dijo nada de los que iba a tener sobre lo que nosotros consideramos la principal arma de evolución política de la economía de un país, que es la educación; no hizo ninguna referencia a ello. A ustedes les interesaba mucho en la legislatura pasada pero ahora parece que no. Así pues, creo que ha coordinado y ha colaborado usted en unos presupuestos que significan -discúlpame que se lo diga- el principio, el comienzo de la desmantelación del Estado del bienestar y de la competitividad de nuestro país, por tanto del retroceso -me atrevo a decirlo- a los años setenta, cuando por ejemplo en las aulas había 40 alumnos para cada profesor, que es lo que ahora se está planteando. Hemos oído decir continuamente al señor Rajoy que esto era una cuestión de confianza. Parecía que el hecho de que él apareciera en el escenario iba a suponer que la economía empezara a florecer, y ya ve que con las reformas, con las medidas que están poniendo en marcha, nos están llevando a más paro -son datos que ustedes dan-, nos están llevando a más recesión -son datos que ustedes explican- y nos están llevando a menos derechos sociales -eso no lo explican pero lo hacen-.

Paso a la sección 15, sobre la que no le haré muchas preguntas porque usted me ha respondido ya a algunas; le haré algunas otras sobre alguno de los veintisiete programas que pertenecen a la sección 15, más concretamente a los pertenecientes a su subsecretaría. En primer lugar, le quería preguntar -porque se le hizo ayer esta pregunta a la secretaria de Estado de Presupuestos pero por algún motivo no respondió- por la desaparición de la partida de 950 millones de euros destinada a equilibrar las inversiones en las comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Se lo digo porque, por ejemplo, a Andalucía, a quien le afecta, le hubiera correspondido una inversión del 17,8% pero viene con una inversión del 14,6%. Me gustaría saber si a lo largo del trámite parlamentario de los presupuestos ustedes van a corregir esto para poder cumplir con la disposición adicional tercera, algo por lo que también se interesó ayer el señor Sánchez i Llibre y sobre lo que no obtuvimos ninguna respuesta.

Por otra parte, me ha llamado la atención un importante recorte en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de más de 56 millones de euros, sobre todo porque ese Plan de lucha contra el fraude fiscal parecía que iba a necesitar más recursos, más inspectores. Parece que necesita menos, si es que es ahí donde está la reducción, o a lo mejor los objetivos que se plantean no son suficientemente ambiciosos. Me gustaría que me explicara a qué se debe esa reducción en la agencia.

Entrando ya en los programas que son directamente de la subsecretaría, quisiera hacerle una referencia a un incremento que he visto. Después de haber reducido la partida a Radiotelevisión Española -ya conocíamos este asunto, por eso no le preguntaré por ello- veremos reducida la programación y su calidad; desde luego esto también contempla el importe para el ERE de Radiotelevisión Española. Habiendo recortes importantes en otros consorcios (Santiago de Compostela, etcétera) me sorprende que haya habido en general un aumento de más 2 millones de euros en gastos corrientes. Entiendo que en electricidad haya subido un poco porque esa factura va a subir de forma general, pero ese incremento de más de 2 millones de euros, sobre todo en comunicaciones, no sé a qué se debe. Quizás usted me pueda contestar ahora o en otro momento, en caso de que en este momento no tenga el dato.

Finalmente, quiero destacar la desaparición del presupuesto de la subsecretaría de la aportación patrimonial al Consorcio Aletas. Como ahora es la presidenta de este consorcio, quizás nos pueda explicar si esta desaparición está motivada por la suficiencia económica que tiene el consorcio para la puesta en marcha y el impulso del parque industrial Las Aletas o quizás se deba a los reparos a la continuidad del parque que ha planteado


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recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Me gustaría que nos hablara de esto y, sobre todo, saber cuál es su opinión sobre el futuro del parque, que va a suponer un impulso para la provincia de Cádiz, que tanto lo necesita.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ana María Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Señora subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, en primer lugar quisiera darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión, en la que nos explican las grandes cifras del presupuesto de la sección 15, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Nadie mejor que usted para explicarnos los detalles de este presupuesto para el año 2012, porque entre sus competencias se encuentra precisamente la elaboración de la propuesta de presupuesto, así como el seguimiento de su ejecución. Por tanto, conoce usted perfectamente los entresijos, conoce las tripas de este presupuesto. Naturalmente, como muy bien decía usted, no es posible entender estos Presupuestos Generales del Estado y los de cada uno de sus ministerios si no los enmarcamos dentro del gran esfuerzo de austeridad que está haciendo el Gobierno para poder cumplir con los objetivos de consolidación fiscal que hemos comprometido con la Unión Europea. La herencia del anterior Gobierno socialista, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, obliga al actual a hacer un ajuste que no tiene precedentes en la historia de la democracia, porque hablamos de un ajuste de 27.300 millones de euros. Nos parece increíble que vengan ustedes a estas comisiones a darnos lecciones de cómo hacer los Presupuestos Generales del Estado cuando ustedes el año pasado, en el año 2011, gastaron 90.000 millones más de los ingresos que tenía el Estado, algo que realmente pone en peligro la sostenibilidad del Estado del bienestar. Pusieron ustedes en peligro la educación, la sanidad, los servicios públicos y llevaron a la ruina a España. Por tanto, no vengan ahora a dar lecciones de confianza, de credibilidad y de cómo hacer unos presupuestos porque no es creíble.

España tiene la urgente necesidad de proceder a la reducción del déficit público. Por ello, como ha dicho la subsecretaría, tenemos que llegar a ese objetivo del 5,3%, y así este Gobierno ha tomado decisiones valientes desde el primer momento, que incluyen medidas extraordinarias de reducción del gasto. Y entre esas medidas el Gobierno recorta un 17% de media el gasto de los ministerios y, como no puede ser de otra manera, el propio Ministerio de Economía y Hacienda procede también a reducir el gasto que corresponde a su sección, y acaba de esa manera con el despilfarro al que el Gobierno socialista nos tuvo acostumbrados. Ha explicado ya la subsecretaria que el gasto para 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, efectivamente, experimenta una reducción del 22,9% pero -comentaba al hablar del contexto general- lógicamente el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un tan tremendo esfuerzo de austeridad como el que más, y ha recortado casi 800 millones de euros en el gasto. También vemos reflejado -como ha dicho la subsecretaria- ese esfuerzo por la austeridad y la racionalización en el funcionamiento de las administraciones públicas por la reorganización que se ha llevado a cabo en el ministerio. En relación con esta cuestión me gustaría resaltar que el Gobierno está poniendo especial interés; está reduciendo altos cargos, coches oficiales y poniendo coto a ese gasto sin control que caracterizó en esta materia al Gobierno socialista.

Por otro lado, también ha resaltado que disminuyen un 2,8% los gastos de personal y un 9,2% los gastos corrientes. Aquí me gustaría detenerme especialmente en una partida, a la que ha hecho mención la subsecretaria, relativa al arrendamiento de edificios en la que se ahorran nada más y nada menos que casi 3 millones de euros. Querría preguntarle, señora subsecretaria, si el Gobierno tiene algún plan para procurar optimizar la utilización de los inmuebles por parte del Estado, tanto los que son de su propiedad como los que tiene en arrendamiento. También se hace un esfuerzo de austeridad en las transferencias corrientes, descendiendo estas partidas un 18,3%. El capítulo de inversiones reales en concordancia con todo lo anterior disminuye igualmente un 27%. Se produce un ajuste muy importante, como ha dicho la subsecretaria, en el capítulo 8 relativo a los activos financieros con una importante reducción de 253 millones de euros en la partida destinada a la adquisición de acciones de sociedades estatales, que ha disminuido un 62,8%. Relacionado con este asunto me gustaría que la señora subsecretaria nos explicara un poco más detenidamente en esta Comisión qué medidas se han adoptado por parte del ministerio para racionalizar el sector público empresarial. Esta reducción creemos que está relacionada con el objetivo del Gobierno, ya marcado desde el inicio, de racionalizar el funcionamiento de nuestras administraciones públicas y reorganizar el sector público empresarial.

Creemos que van en la buena dirección todas las medidas que ha apuntado la señora subsecretaria. Queremos desearle mucha suerte en su cometido, queremos darle nuestro aliento y nuestro apoyo, el del Grupo Parlamentario Popular, para aquello que precise.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene oportunidad de contestar a las cuestiones que han planteado la señora subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas doña Pilar Platero Sanz.

La señora SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Platero Sanz):

Voy a empezar por las cuestiones planteadas por la diputada del Grupo Socialista. En primer lugar, respecto al inicio de su intervención creo que hay una cosa que


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no tenemos que perder de vista. Se dice que los presupuestos han llegado tarde, pero los de 2011 se prorrogaron a finales del mes de diciembre y entonces fue cuando empezamos a actuar, porque saben que una de las primeras decisiones que se adoptaron fue el acuerdo de no disponibilidad. Estos presupuestos que ahora se traen a la Cámara son la continuidad, son unos presupuestos para doce meses no para a partir del momento de su aprobación. Nosotros según llegamos ya tuvimos que tomar una serie de decisiones y desde el primer momento empezamos a aplicarlas. En lo que concierne al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, una de las cuestiones era las partidas encaminadas a la compensación de las inversiones en algunas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Ya saben que estas partidas no tienen un carácter vinculante, no vinculan al Estado; no le puedo indicar qué va a ocurrir con el presupuesto definitivo que salga de estas Cámaras, porque eso ya depende del Congreso y del Senado. Simplemente, quiero apuntar que en el proyecto de presupuestos que hemos traído no teníamos ninguna obligación de reflejarlo.

Otra de las cuestiones es la Agencia Tributaria. Efectivamente, a la Agencia Tributaria sobre todo se le aplica un reajuste en las transferencias corrientes, que sufren una merma creo que del 44,5% y sobre todo en transferencias de capital donde el ajuste es de un 29,9%. No hay que temer en absoluto que esto ponga en peligro los efectos de las medidas de la lucha contra el fraude sino al contrario; como saben, la principal fuente de financiación -y me imagino que esta tarde también será objeto de comentario en esta Comisión- es la generación de crédito del 5% que se produce por los ingresos que recauda la Agencia Tributaria. Es de esperar que desde el primer momento estas medidas tengan efectos y por lo tanto conseguirá una fuente de recursos muy superior a la que ha tenido otros años. Este ajuste que le hemos hecho nosotros directamente en el presupuesto del Ministerio de Hacienda se va a ver altamente recompensado.

En tercer lugar, me habla del aumento que hay en la partida de comunicaciones. Le voy a concretar que, efectivamente, es lo único que aumenta en los gastos corrientes, que ya he señalado que sufre en el conjunto del ministerio una reducción del 9%. En concreto este aumento se debe a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado porque se incrementa 1.112.980 euros, motivado por las comunicaciones postales y de mensajería. Esta es la información porque todas las relaciones con nuestras delegaciones de Gobierno están utilizando unos medios de comunicación más tradicionales que los que estamos aplicando ya nosotros en el Estado mediante los correos electrónicos. Es una partida que vamos a estudiar cara a los próximos presupuestos para implantar otra serie de mecanismos a la hora de comunicarnos con las delegaciones y corregir aquellos procedimientos en que se sigan utilizando los medios tradicionales o al menos minorarlos.

Finalmente, respecto a Aletas. Aletas es una cosa que me preocupa, sobre todo desde que he sido nombrada su presidenta. No entiendo cómo en algo a lo que se llegó a un acuerdo entre varias administraciones -primero con la Junta de Andalucía y posteriormente también se incorporaron la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real- estamos así desde el año 2007; no lo entiendo. Respecto a nuestro compromiso, por lo que nosotros habíamos apostado era por financiar este proyecto que veíamos muy interesante para esta zona de la Bahía de Cádiz y fijar una aportación de 100 millones de euros por parte del Estado para el periodo 2007-2011. Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso, pero no puedo decir lo mismo de otras administraciones. Ahora mismos tenemos una tesorería -ya la quisieran muchísimas empresas públicas- que está en varias entidades financieras generando unos ingresos, porque nosotros no tenemos que estar dando negocio a las entidades financieras. Estoy hablando muy pronto; voy a ir a Cádiz, ya he hablado con el vicepresidente del Consorcio de Aletas, con el señor Menacho, y le he dicho que voy a convocar inmediatamente al consejo rector, y también hablaré con la sociedad -porque hay una sociedad instrumental con esta finalidad-. Quiero ver la viabilidad de este proyecto con todas las partes y apostar por él si vemos que efectivamente va a conseguir los efectos que en un primer momento quisimos todas las administraciones; vamos a analizarlo, pero que en ningún momento debemos caer en una instrumentación política de Aletas, porque hay mucha gente que tiene una gran fe puesta en este proyecto.

Paso ya a contestar a la diputada del Grupo Popular. Las cuestiones que me ha planteado se ciñen al comentario que he hecho de la disminución que tenemos en la dotación para arrendamiento de inmuebles. Esto nos preocupa; ya lo viví en otra ocasión, cuando era parte de los asesores en el propio Ministerio de Hacienda, y también hubo esta preocupación que luego se ha abandonado. Simplemente he de recordarles que el otro día en el Real Decreto-ley de Medidas Fiscales se añadía: y administrativas. La única medida administrativa que había era esta que les voy a contar: la reactivación, con otra composición, de la comisión coordinadora financiera de actuaciones inmobiliarias y patrimoniales que va a presidir el ministro de Hacienda, y yo como subsecretaria voy a ser vicepresidenta, aparte de una comisión permanente que se crea. Tenemos que volver a empezar de cero. Esto en la Ley de patrimonio de las administraciones públicas estaba previsto pero en las dos últimas legislaturas esta comisión -ya digo con otro formato y con otra composición- no se llegó a reunir nunca, por tanto vamos a empezar otra vez de cero un trabajo que ya habíamos iniciado. En primer lugar, queremos tener un inventario, un mapa claro de los inmuebles que el Estado tiene ahora mismo, ya sea en concepto de propiedad, de alquiler, etcétera. Por el lado de los arrendamientos -ya lo he comentado-, vamos a revisar todos los contratos de arrendamiento y en los que sea posible renegociar a la baja estos alquileres. Desde el punto de


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vista de la propiedad, es una labor inmensa muy complicada la que vamos a tener que realizar; ya nos hemos puesto a trabajar en la Dirección General de Patrimonio dependiente del ministerio, concretamente de la subsecretaría. Estamos elaborando una base de datos que estará a finales de mes ya terminada, con una serie de información; ya hemos definido los campos. Se les va a facilitar a todos los departamentos un vínculo para que ellos accedan, y ellos mismos van a introducir los datos de los edificios sobre los que tienen conocimiento que son propiedad, aparte de los alquileres. Una vez que tengamos estos datos incluidos, ya en el mes de mayo se procederá a convocar a esta comisión -como ya señalaba presidida por el ministro- y luego habrá una comisión permanente -de la cual voy a ser presidenta-, que se va a ocupar de hacer un seguimiento. Vamos a tener relaciones semanales o cada dos semanas, está todavía por determinar; tenemos que fijar todavía la composición de esta comisión permanente. Cuando hablo de crear comisiones no es simplemente para salir un poco al paso, no; en los momentos en que estamos tienen que ser comisiones eficientes y con resultados. Debemos ir orientados además no solo a una buena política inmobiliaria que se nos demanda ahora mismo. No podemos desconocer qué inmuebles poseemos, qué tenemos, porque podemos hacer una redistribución. Vamos a analizar cuál es el índice de ocupación que deben tener nuestros edificios, normalmente por nuestros empleados públicos, y a hacer una reestructuración, encaminados además a orientar nuestra política inmobiliaria para dar soluciones, para conseguir objetivos de otras políticas como la propia consolidación fiscal, la modernización de la Administración, incluso la política de la vivienda. En un futuro les podré ir comunicando los avances que vamos teniendo en esta área.

Finalmente, respecto al capítulo 8, es verdad que sufrimos un ajuste del 54,6% pero lo tenemos que enmarcar en una de las primeras actuaciones que se adoptó por este Gobierno -puedo decir que hemos ido de la mano de Presidencia pero lo hemos pilotado desde la subsecretaría del ministerio-, que es todo lo concerniente a la reestructuración del sector público empresarial. Como saben, empezamos ya con una disposición adicional octava en el Real Decreto-ley de la Reforma Laboral porque al llegar e ir a introducir determinados cambios al frente de nuestras empresas vimos que teníamos que abonar unas indemnizaciones elevadísimas que no se correspondían para nada con la actual situación que estamos viviendo. Por eso la primera decisión que adoptamos fue que a partir de este momento las indemnizaciones se limitaban exclusivamente a siete días por año y que aquellas personas que cesaban en sus puestos en las empresas públicas pero volvían a la Administración porque eran funcionarios no tenían por qué cobrar esa indemnización, ya que realmente lo que se intenta es financiar un periodo de tiempo en el que esa persona se encuentra sin trabajo; al volver a la Administración entendemos que no tiene ningún sentido el cobro de ninguna indemnización. Ahí hablamos, ya en el siguiente paso, de ver las retribuciones de nuestras empresas.

Hay un real decreto que habla del sistema retributito. Hemos tenido que revisar absolutamente todo, no ya solo empresas públicas sino también fundaciones y entidades públicas y empresariales, consorcios, agencias, todo. Hemos hecho un barrido bastante completo; desde luego si hemos omitido algo no ha sido nuestra intención. En lo que concierne a las sociedades, hemos tenido que fijar unos topes en cuanto a las retribuciones, lo que nos ha exigido ya una previa clasificación de las sociedades y del resto de entidades que he mencionado anteriormente que nos está llevando muchísimo trabajo; yo creo que lo voy a finalizar justo esta semana con las órdenes ministeriales que está firmando nuestro ministro. Como saben, se han topado las retribuciones, se ha realizado una clasificación. En lo que afecta a las sociedades los factores que nosotros hemos utilizado son el nivel de inversión de esas empresas, plantilla, si tenían financiación del Estado, porque entendíamos que en cuanto una sociedad tenga un alto porcentaje de financiación, por ejemplo que se le esté subvencionando las pérdidas -vamos a decirlo así-, tenía que ser un factor en contra de mantener una retribución más alta porque también a lo mejor se estaba asumiendo una menor responsabilidad. Hemos diferenciado tres niveles topando, ya saben, la retribución básica en cada uno de ellos; luego pueden existir unas retribuciones complementarias, un complemento de puesto que nos va a servir para graduar el sueldo del máximo responsable con otros equipos directivos; y una posibilidad de una retribución variable, siempre topada, que se va a exigir porque hay que exigir resultados a la gestión pública, concretamente a nuestros gestores. Además de estos componentes retributivos, también hemos fijado ya y hemos aprobado unos modelos de contratos tipo; ahí no va a poder haber luego cláusulas de blindaje. Estamos regulando incluso, porque nos hemos encontrado con que se estaban abonando retribuciones en especie que no había aprobado ni la Dirección General de Costes ni los correspondientes grupos empresariales en el sector público, que esas retribuciones -si se opta por retribuciones en especie- formen parte de ese límite que estaba señalando. La clasificación de estas empresas redunda en el número máximo y mínimo de directivos así como en el número de consejeros, de los miembros del consejo de administración. Al hacer este análisis nos hemos encontrado con paradojas de que en ocasiones los miembros de un consejo de administración superaban al número de plantilla, al número de personas que trabajaban en esa sociedad; nos ha parecido bastante paradójico y pensamos que había que terminar con ello. Esto ha sido desde un punto de vista retributivo.


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Luego hemos tenido -ya para finalizar- un acuerdo de Consejo de Ministros de reestructuración y racionalización del sector público. Hemos empezado por aquí pero vamos a seguir trabajando en este campo. En lo que concierne a nuestras sociedades -también hemos eliminado ocho fundaciones pero ahí tenemos mucha labor que hacer- ha afectado a ochenta. Tengo que distinguir aquí las que son sociedades estatales, es decir con una mayoría del Estado, y las que son sociedades públicas, en las que tenemos una participación minoritaria. De las ochenta sociedades estatales han desaparecido veinticuatro, bien por procesos de fusión o simplemente por eliminación. Estamos hablando de la Sociedad Pública de Alquiler, por poner un ejemplo. Asimismo hemos decidido la desinversión en ocho de estas sociedades y en otras trece tenemos el firme propósito de agilizar todos los procesos de liquidación. Son innumerables las empresas que tenemos pero algunas se remonta a 30 o 40 años que todavía están en liquidación. Todos esos procesos hay que agilizarlos. Dirán: ahorros de coste. No tiene sentido que tengamos una sociedad simplemente para tener un presidente y una secretaria. Todo eso lo estamos eliminando. Estas son las medidas que estamos llevando a cabo en lo que concierne a las sociedades públicas. También el tope de retribuciones ha afectado a las entidades públicas empresariales; en algunos casos y por ejemplo las grandes entidades que se ocupan de las infraestructuras, el mismo Fomento, que son entidades públicas y empresariales, hemos estado fijando, topando, los puestos directivos, las retribuciones de los miembros de los consejos de administración.

Con esto creo que he dado una pincelada. Ya les seguiré informando de cómo vamos en todo este proceso.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, señora subsecretaria. Le agradecemos su comparecencia, su presencia aquí y sus explicaciones.

Vamos a levantar la sesión hasta las cuatro de la tarde, pero antes quiero hacerles dos observaciones. Como estamos adelantando algo el tiempo, hemos hablado con los portavoces para que estén presentes un poco antes de la hora que está fijada, por si podemos adelantar algo más. Segunda observación. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, tendrá también la gestión de contestar a las preguntas que quieran ustedes hacer sobre la Corporación de Radiotelevisión, dado que lo que se había previsto de que acudiera el presidente de turno del consejo de administración no ha podido ser porque el consejo no hace el presupuesto y no puede explicarlo. Como el superior es el presidente de la SEPI, será él quien se someta, si ustedes lo consideran oportuno, a las preguntas que ustedes quieran.

Se levanta la sesión hasta las cuatro.

Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (VIANA MIGUEL). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000176) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000280).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos de nuevo la sesión de la Comisión presupuestaria para atender las comparecencia de las personalidades de la Administración del Estado. En esta ocasión recibimos a la directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, doña Beatriz Viana Miguel. Le doy la bienvenida en nombre de la Comisión.

Como saben, en este formato pasamos directamente a las intervenciones de los grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia. En primer lugar, tomará la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Pedro Saura.

El señor SAURA GARCÍA: En primer lugar, queremos agradecer la presencia aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de la máxima responsable de la Agencia Tributaria de nuestro país. En relación con su trabajo y con el análisis de los presupuestos, me gustaría hacer algunas consideraciones y alguna pregunta. Previamente, en política presupuestaria y, concretamente, en política tributaria hay tres debates que, para nosotros, son relevantes y tienen que ver, en general, con la política impositiva y, en particular, con su política impositiva. Tenemos criterio al respecto, pero me gustaría de manera sintética ponerlo sobre la mesa.

El primer gran debate es el de la sostenibilidad de los ingresos y, por tanto, la sostenibilidad de los gastos en el corto y medio plazo. Ese es un gran debate en política impositiva. Sobre sus medidas tenemos criterio, pero no solamente nosotros, también los analistas económicos de este país dudan de la sostenibilidad de los ingresos. Hay otro debate que es sobre la eficiencia de la política impositiva. Es decir, si afecta o no y de qué manera a la actividad económica y, sobre todo, si distorsiona la toma de decisiones por parte de los agentes. En esto también tenemos criterio sobre su política impositiva y pensamos que, efectivamente, hay ineficiencias en los planteamientos que ha hecho el Gobierno. No vamos a entrar, porque ahí están los debates de Pleno para hablar de esas cuestiones. Hay un tercer debate sobre la composición de los ingresos; es decir, el debate de la equidad, de la justicia. También sobre eso y sobre su política impositiva tenemos un criterio, y nos parecen unos planteamientos que no ayudan a mejorar la cohesión de este país, sino todo lo contrario. Añado un debate de carácter político general, que creo que también es de otro ámbito pero conviene señalarlo. El Gobierno -y el Partido Popular durante estos años- nos ha contado lo siguiente, en cualquier coyuntura, que había que bajar los impuestos, porque bajándolos habría más actividad económica, y


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habiendo más actividad económica la recaudación sería mayor. Por tanto, creo que a los españoles el PP y el Gobierno les tiene que dar una explicación. La curva de Laffer funciona para ustedes en cualquier caso, y esto es lo que le tienen que decir a los españoles. Repito, todo el planteamiento político, económico y tributario de estos últimos años era muy claro, y el ministro Montoro lo llevaba como lema: bajando los impuestos hay más actividad económica, y si hay más actividad económica hay más ingresos. ¿Por qué no han bajado los impuestos y han subido los impuestos? Yo creo que es una explicación que la sociedad española está pidiendo y demandando.

He tratado de plantear esos grandes debates de política tributaria y política impositiva por delante, pero entrando ya en las cuestiones relacionadas con la Agencia Tributaria hay algunas consideraciones que me gustaría hacer. Para evitar los recortes creo que la Agencia Tributaria no tiene que tener recortes. Podemos evitar los recortes si en la Agencia Tributaria no hay recortes. Me gustaría que hablara de eso, pero lo que nos dicen los presupuestos es que hay una caída en los créditos destinados a la Agencia Tributaria en torno a un 5%, en el caso del capítulo 1, una disminución de 2,3% en relación con los recursos del año anterior, y en política de inversión hay una caída del 30%. Me gustaría que habláramos de esa circunstancia, pero -como digo- no nos parece bien en este momento que este departamento sufra recortes, porque si hay recortes aquí los habrá en el resto de políticas.

La segunda idea que nos preocupa con relación a su departamento es sobre la amnistía fiscal, que es preocupante no solo en el corto plazo, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas, sino que también tiene un efecto en el medio plazo en relación con el efecto desmovilizador de los contribuyentes. Pero también hay un efecto dentro de la agencia, el efecto desmovilizador de las personas que están trabajando dentro de la agencia, que están luchando contra el fraude, es decir, de los técnicos que día a día tratan de perseguir a los ciudadanos que no pagan sus impuestos.

Una tercera idea general dentro de su departamento, de la Agencia Tributaria, es a nuestro juicio la escasa ambición en relación con la lucha contra el fraude por parte del Gobierno. Es decir, en recaudación directa por fraude el Gobierno ha estimado, en el año 2012, 8.100 millones de euros. Esto es lo que conocemos a través de lo publicado. En 2011 fueron 9.400 millones de euros; en 2010, 8.500 millones de euros. Creo que los objetivos son poco ambiciosos. La destitución de la cúpula de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude tampoco es un elemento positivo desde el punto de vista de los resultados y de la motivación de los técnicos. Estamos hablando de una cúpula de profesionales de reconocido prestigio y por razones -creemos nosotros- políticas se ha destituido a una cúpula que estaba funcionando bien -ahí están los resultados que acabo de ponerle encima de la mesa-, por lo que no entendemos esa destitución con unos resultados, evidentemente, poco ambiciosos. En relación con esta escasa ambición, quería poner otro elemento encima de la mesa y es sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude. Ha habido una amnistía fiscal. Pensamos que el Gobierno tenía un paquete de medidas relacionado con la amnistía fiscal, es decir, de lucha contra el fraude. Pero ese paquete de medidas no debe estar muy pensado, porque el viernes pasado no se aprobó un proyecto, se aprobó un anteproyecto de ley que, como digo, es poco ambicioso en las medidas pero también en los objetivos. Me gustaría que nos aclarara cuánto piensa recaudar la Agencia Tributaria, el Gobierno, como consecuencia de estas medidas que, de momento, son anteproyecto y todavía no termina de ser un proyecto.

Yo creo que con algunos números encima de la mesa se pueden entender las cosas mejor. Hay un consenso en este país que viene a decirnos que el fraude fiscal en España está en torno a los 80.000 millones de euros; si multiplicamos por cuatro años de prescripción, Hacienda podría recaudar 320.000 millones de euros; los beneficios fiscales que podrían reducirse y que no tienen efectos sobre la equidad y sobre la eficiencia estarían en torno a 40.000 millones de euros, 20.000 por parte del Estado y 20.000 por parte de las comunidades autónomas, prácticamente 50% y 50%. Si esto está encima de la mesa y lo que nos gastamos en sanidad pública en este país está en torno al 6,5 del PIB, 65.000 millones de euros, esa cantidad es el 80% del fraude fiscal de nuestro país. Probablemente los recortes en sanidad no tendrían que haberse producido, el copago no tendría que haberse planteado si tuviéramos un plan ambicioso de lucha contra el fraude porque, como digo, estamos comparando 65.000 millones de euros que destinamos a la sanidad pública, el 6,5% del PIB, con 80.000 millones de euros, que es la cantidad en que se estima el fraude fiscal en nuestro país.

Para ser más concreto, hay algunas preguntas que nos gustaría trasladarle. Se las trasladé ayer al secretario de Estado, no me contestó, y no sé si usted podría hacerlo esta tarde. ¿Por qué se han calculado 2.500 millones de euros de amnistía fiscal? ¿Por qué 2.500 y no 4.000 o 1.500? ¿Qué criterio se ha seguido para estimar esta cantidad? ¿Por qué 750 millones de euros también en amnistía fiscal en cuanto a la repatriación de dividendos y participaciones de empresas españolas fuera de nuestro país? ¿Por qué a la hora de calcular el Ebitda para limitar las deducciones por gastos financieros al 30 por ciento se han incorporado los dividendos de las empresas españolas en el extranjero? Nos parece que eso daña claramente la base impositiva del impuesto sobre sociedades y que si se calculara el Ebitda de una manera distinta, como se hace en otros países -como se tendría que calcular- los ingresos serían mayores. ¿En cuánto estima que van a repercutir en el impuesto sobre sociedades las provisiones que tiene que hacer el sistema financiero como consecuencia de la reforma financiera de este país? El Gobierno ha hablado de 50.000 millones de euros -yo creo que la cantidad es menor pero


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estamos hablando de al menos el 50%-, ¿cómo va a afectar eso al impuesto sobre sociedades? Nos gustaría, como le he dicho anteriormente, conocer en cuánto estima la recaudación por el anteproyecto de ley que aprobó el Gobierno el viernes pasado. Nos gustaría conocer su opinión sobre si es necesaria o no una oficina centralizada de lucha contra el fraude donde se integre no solamente la agencia estatal sino también las agencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Cree usted que sería bueno tener una base de datos centralizada para poder cruzar toda la información tributaria que tiene el conjunto de la Administración del Estado con las comunidades autónomas y con la Administración local?

Estas son las preguntas que nos gustaría que nos contestase, en el bien entendido de que, en primer lugar, evidentemente no nos gusta el planteamiento fiscal desde el punto de vista de la composición de la cesta de impuestos que ustedes plantean y de que, en segundo lugar, nos gustaría que dieran una explicación a la sociedad española porque, insisto, hace unos meses le dijeron a la sociedad española que bajando los impuestos se iba a recaudar más y lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, subir los impuestos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana María Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Señora directora de la Agencia Tributaria, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta Comisión de Presupuestos. Desde el Grupo Popular le deseamos mucha suerte en su cometido, porque dirige usted una potentísima organización encargada nada más y nada menos que de la aplicación del sistema tributario y aduanero español. La Agencia Tributaria cumple siempre un papel esencial para llevar a cabo los objetivos del Gobierno en materia de ingresos, que es lo que al fin y al cabo permite sostener nuestro gasto público, pero más -si cabe- en unos presupuestos que exigen el mayor ajuste presupuestario, como usted sabe, de la historia de la democracia y donde el objetivo prioritario del Gobierno es cumplir nuestros objetivos de consolidación fiscal comprometidos con la Unión Europea. Por eso, ayer el secretario de Estado de Hacienda comentaba que las previsiones de ingresos eran prudentes y creíbles, señor Saura, porque el aumento en la recaudación tributaria que contemplan estos presupuestos en sus principales figuras tributarias no serían entendibles, no se podrían comprender sin la acción valiente y decidida del Gobierno que desde el primer momento de su toma de posesión ha tomado decisiones en materia fiscal precisamente para asegurar una de las dudas que se le planteaban al señor Saura, que era la sostenibilidad de nuestros ingresos tributarios. (El señor Saura García: Bajando los impuestos).

Por eso se prevé un aumento en la recaudación de ingresos impositivos del 4,3 por ciento, que es consecuencia de esas medidas que el Gobierno ha tomado para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal. Fundamentalmente, como ya saben, esas medidas hacen referencia al gravamen complementario de IRPF, que volvemos a insistir en que es un gravamen justo y equitativo y que incide, grava más a aquellos que más tienen y procura no perjudicar a las rentas con menor poder adquisitivo; al contrario, vuelvo a repetir, de lo que hizo el Gobierno socialista subiendo el impuesto sobre el valor añadido, que incide especialmente sobre aquellas economías, sobre aquellas familias con un menor poder adquisitivo. Por tanto, estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas también extraordinarias por el lado de los ingresos y que en buena medida son consecuencia de la herencia -una vez más- que recibimos del Gobierno socialista, con un agujero adicional de más de 25.000 millones de euros en nuestras cuentas públicas. (El señor Saura García: Bajando los impuestos está todo resuelto. Los bajamos y obtenemos más ingresos.- El señor Matarí Sáez: ¡Es lo que hay!)

Por otro lado, en materia de impuesto sobre sociedades, como ya saben, también se introducen límites a la deducibilidad de los gastos financieros, se introducen límites a la libertad de amortización, pero en todo caso intentando siempre incidir en los beneficios que obtienen las grandes empresas y no perjudicando en ningún momento a los pequeños y medianos empresarios por la gran incidencia que esto tiene en la recuperación económica, porque suponen más del 80 por ciento de nuestro tejido empresarial y porque este Gobierno no quiere perjudicar y gravar aún más a las pequeñas y medianas empresas.

Además, este Gobierno también ha aprobado un programa extraordinario para la regularización en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes para que se declaren los bienes y derechos que están ocultos a la Hacienda pública, y esto tiene también su explicación en la situación extraordinaria, en la dificilísima situación económica que atraviesa España. Vuelvo a repetir, ustedes ahora se rasgan las vestiduras con la regularización fiscal pero no hicieron una sino dos regularizaciones, y tengo que incidir en que para el Gobierno del Partido Popular la lucha contra el fraude fiscal es un objetivo prioritario. Por ello, en el último Consejo de Ministros se adoptaron medidas que van a permitir combatir ese fraude fiscal de forma más eficaz y que, como saben, se plasman en un anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Por ejemplo, no podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional. También en esta línea se crea una obligación muy importante para descubrir cuentas ocultas, que es informar sobre cuentas en el extranjero. Y además algo que me parece importante resaltar hablando de la lucha contra el fraude, que es la no prescripción de las rentas ocultas, de las rentas no declaradas. Hasta ahora existía un periodo de prescripción de cuatro años que a través de este proyecto de ley


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se elimina; y se limita también el sistema de módulos, etcétera, etcétera. En definitiva, entendemos que estas nuevas medidas de lucha contra el fraude son clave también para el éxito de la regularización porque el que no se acoja a esta regularización, como ha dicho algún medio de comunicación, estará jugando a la ruleta rusa. Por otro lado el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria continuará trabajando para acorralar las rentas ocultas a través de paraísos fiscales firmando convenios de doble imposición y continuando en la línea de trabajar para obtener un mayor intercambio de información fiscal con estos paraísos fiscales.

Pero centrándome ya en el presupuesto de la organización que usted dirige y que es objeto además de esta comparecencia, la agencia estatal tiene como finalidad principal recaudar los ingresos necesarios para la realización del gasto público. Siendo este el objetivo final de la agencia, también lo es el fomento del cumplimiento voluntario de los ciudadanos con sus obligaciones fiscales a fin de garantizar la equidad, y por otro lado, mantiene sus dos grandes líneas estratégicas de actuación que son la información y asistencia al contribuyente y la lucha contra el fraude fiscal. En lo que respecta a la información y asistencia al contribuyente, el trabajo que ha venido desarrollando la Agencia Tributaria desde su creación en el año 1991 ha sido ya objeto de reconocimiento incluso a nivel internacional, y ejemplos como el programa Padre, el envío de datos fiscales, el borrador de la declaración de la renta o la presentación telemática de declaraciones han dado buena muestra de esos buenos resultados y son muy valorados por los ciudadanos, y en esa línea va a seguir trabajando sin duda la Agencia Tributaria.

Por lo que respecta al ámbito del control tributario, ya he comentado que se están adoptando medidas importantes para atajar la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal. En cuanto a esa disminución de un 4,8% en el presupuesto de gastos de la Agencia Tributaria, seguramente la directora explicará mucho mejor que yo, partida por partida, cada uno de esos recortes en el presupuesto de la agencia. Pero hay que tener en cuenta, como ya nos explicará la señora directora de la agencia, que esta organización no solo se financia de esta cantidad consignada en el presupuesto de 1.027.000 euros para el año 2012, sino que se financia también con una generación de crédito que se cuantifica en el 5% de la recaudación bruta que se obtenga en el año 2012 derivada de actos de liquidación y gestión recaudatoria, según se establece en el artículo 21 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

En definitiva, señora directora, nuestro grupo valora muy positivamente dentro del contexto de austeridad, de gran austeridad, del esfuerzo de austeridad de estos presupuestos para el año 2012, la distribución que hace su departamento, que hace la Agencia Tributaria del presupuesto y sobre todo a qué objetivos concretos va a ir destinado este presupuesto. Y termino deseándole toda clase de éxitos en esta difícil tarea que tiene por delante y animándole porque estamos completamente convencidos en el Grupo Parlamentario Popular de que estamos en las mejores manos para que su gestión, la de la Agencia Tributaria, nos lleve a buen puerto y consigamos cumplir los objetivos que este Gobierno se ha marcado, porque va a tener que hacer más con mucho menos por esa herencia envenenada que recibimos, pero le deseamos toda clase de éxitos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Quisiera recordar a las señoras y señores diputados que la persona compareciente se sienta en la tribuna y que habrá debates sobre el presupuesto para que los grupos puedan establecer sus criterios. (La señora Madrazo Díaz: Para todos. -Rumores). ¿He dicho a unos pocos? ¿He dicho alguno? ¿He mencionado a alguien? ¡Hombre, por favor! Pues un poco de rigor, ¡tanto rigor como están... exhibiendo! Es que si no me van a obligar a llamar a la cuestión, porque hacen un debate que viene la semana que viene y dentro de tres semanas. (Rumores.) No hay manera, ¿verdad?

Ahora tiene la oportunidad doña Beatriz Viana Miguel de contestar a lo que hayan podido plantearle.

La señora DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Viana Miguel): Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías, comparezco por primera vez ante esta Comisión de Presupuestos a petición de los grupos parlamentarios Socialista y Popular para exponer, en líneas generales, el presupuesto de la Agencia Tributaria. Agradezco a los portavoces de los dos grupos parlamentarios tanto el tono como el contenido de sus intervenciones.

Creo poder empezar diciendo que compartimos lo esencial, que es la relevancia del papel que desempeña la Agencia Tributaria. La misión de allegar ingresos públicos con los que financiar el gasto público y reducir el déficit es, si cabe, en estos momentos más relevante que nunca. Por ello comprendo perfectamente que a sus señorías les preocupe qué hace la agencia y cómo lo hace, y comprendo que nos exijan actuar de una manera eficiente y optimizar el uso de nuestros recursos. Les puedo asegurar que en la Agencia Tributaria está abierto desde ahora un proceso continuo de reflexión sobre cómo mejorar nuestra eficiencia. Somos conscientes de que la sociedad así nos lo exige, y no tengan duda de que trabajamos para responder a esta demanda de una manera adecuada. Sin perjuicio de que luego entremos en todas las cuestiones planteadas por los grupos, paso a exponerles el presupuesto de la agencia para 2012, en el que se reflejan los recursos humanos y los medios materiales con los que afrontamos la labor que tenemos por delante.

El presupuesto de la Agencia Tributaria que figura en los estados de previsión del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 asciende a 1.027 millones de euros, que representa un 4,33% menos que el presupuesto para 2011 una vez deducida del mismo la cifra de no disponibilidad de crédito aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2011 y que


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ascendió a 5,3 millones de euros. Esta cifra constituye el presupuesto inicial. Es la transferencia inicial que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectúa a la Agencia Tributaria. Pero, como ya ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estos no son los únicos recursos con los que cuenta la Agencia Tributaria para financiarse. El presupuesto total de la Agencia Tributaria, además de con esta transferencia se nutre con la generación de crédito de que dispone desde su ley de creación. Este mecanismo de generación de crédito determina que se pueden generar recursos hasta un límite del 5% de los actos de liquidación que efectúe la Agencia Tributaria según lo contemplen las leyes de cada año. Y así el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012 contempla esta posibilidad de generar crédito hasta un 5% de los actos de liquidación sin otro límite que la cuantía resultante. A estos efectos y al igual que otros años, se establece que para esta generación serán válidos los actos de liquidación realizados en el mes de diciembre de 2011. Con estas bases se ha estimado la generación de crédito para el presente ejercicio en 329 millones de euros, que sumados al presupuesto inicial y unido a las aportaciones que efectuará el INAP al plan de formación, determinan un presupuesto final para la Agencia Tributaria en este ejercicio de 1.358 millones, que es un 2,04% menos que las obligaciones reconocidas por la Agencia Tributaria en el año 2011.

Este presupuesto se financiará con tres fuentes de ingresos. Por un lado, la transferencia corriente que representa el 93,42% del total de los ingresos y que se estima en 1.269 millones una vez incorporada la generación de crédito; las transferencias de capital por importe de 49 millones de euros, un 3,62%, y otros ingresos como son los ingresos propios de la agencia entre los que destacan los premios de administración y cobranza y la repercusión de los costes de efectos timbrados, por un importe de 27 millones de euros. La distribución del presupuesto entre los dos grandes objetivos de la Agencia Tributaria prioriza los recursos destinados a la lucha contra el fraude, que absorben el 60% del presupuesto en este ejercicio 2012.

Si analizamos el desglose por capítulos encontramos que el capítulo 1, gastos de personal, es el que absorbe la mayor parte del presupuesto de la agencia, llegando a representar el 72% del presupuesto. En el presupuesto inicial están cuantificados para este capítulo 762 millones, con una caída del 2,34%. Unida a la generación de crédito el presupuesto asciende a 979 millones de euros, con una caída similar del -2,2% respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. Esta disminución está motivada básicamente por la minoración prevista en los efectivos, por la supresión de las aportaciones a planes de pensiones y por la disminución de las aportaciones al programa de acción social. En cuanto a la plantilla, es decir a la evolución de los efectivos, se prevé que a 31 de diciembre la plantilla de la Agencia Tributaria estará integrada por 27.068 efectivos, de los cuales 25.335 serán funcionarios y 1.727 laborales. En términos netos, la plantilla, a 31 de diciembre de 2012, presentará una disminución de 597 efectivos, de ellos 505 funcionarios y 92 laborales. Sin embargo, la distribución entre los distintos grupos de la Agencia Tributaria no es homogénea, de modo que el cuerpo superior de inspectores de Hacienda experimentará un ligero incremento en sus efectivos como consecuencia de las ofertas de empleo público de años anteriores que no compensan las bajas por jubilación y excedencia.

En materia de personal, quiero recordar que como sin duda sus señorías conocen el Gobierno ha considerado prioritaria la actuación de la Agencia Tributaria y en este sentido la ha excepcionado de la tasa de reposición cero de efectivos para el presente ejercicio. La tasa de reposición que se ha previsto es cierto que es modesta -es el 10%-, pero constituye una excepción a la norma general a la que nos obliga la necesidad de contener el déficit público. Para el presente ejercicio la oferta de empleo público, que aún no ha sido aprobada pero que se está elaborando, contemplará la convocatoria de 70 nuevas plazas por turno libre repartidas entre los distintos cuerpos de la Agencia Tributaria. Es verdad también que en el proyecto de presupuestos hay una disminución en los créditos destinados a acción social, que se sitúan para el año 2012 en 3,5 millones de euros.

En cuanto a gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 2, representan el 24,19% del presupuesto de la agencia y experimentan una reducción del 2,54%, una vez incorporado el mecanismo de la generación de crédito al que antes aludía. Sin esta generación, la disminución contemplada en el presupuesto inicial es del 7,41%. En esta minoración del gasto corriente el factor más relevante es el ahorro que se prevé por el desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en las materias de notificación por medios electrónicos y de publicación de las notificaciones por comparecencia en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

En cuanto al capítulo de inversiones reales, tengo que decirle al señor Saura que aunque sea pequeño el incremento no va a haber esa reducción del 25% que se refleja en el presupuesto inicial, sino un incremento del 4,52%, porque como consecuencia de la generación de crédito el presupuesto para inversiones queda fijado en 49,9 millones de euros, cantidad que supera en 2,1 millones de euros el importe de las obligaciones reconocidas en el año 2011. La suma de estos tres capítulos supone prácticamente el cien por cien del presupuesto final de la agencia.

En materia de inversiones -aunque también afectan a gasto corriente-, hay que señalar que un campo prioritario para la Agencia Tributaria es sin duda el de nuestras inversiones en informática y en el mantenimiento de nuestros sistemas. En este sentido, quiero destacar que para 2012 se mantiene la provisión del número de unidades físicas de sistemas de impresión, microordenadores y portátiles y que como consecuencia del contrato


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recientemente firmado de comunicaciones, en el que hemos obtenido importantes ahorros, hemos conseguido un aumento del 20,13% de la capacidad de proceso, un 11,52% de incremento de la capacidad de almacenamiento y un 37% más en tráfico de datos. Creemos que con esto podemos cumplir con el objetivo de impulsar el uso de las nuevas tecnologías que pensamos redundará en beneficio no solo de nuestros contribuyentes sino de la lucha contra el fraude.

En definitiva, señorías, es verdad que este es un presupuesto austero, que se traduce en una disminución del 2,2%, pero es una disminución muy inferior a la que está prevista para el conjunto del gasto de los departamentos ministeriales, que como saben de media se sitúa en el 16,9%. Ello nos permite afirmar que queda garantizado el compromiso de este Gobierno en la lucha contra el fraude, compromiso que ya se hizo explícito desde el primer Consejo de Ministros celebrado en el mes de diciembre del 2011. En efecto, este presupuesto final de la agencia para 2012, con el apoyo de las nuevas medidas normativas antifraude a las que después nos referiremos, hará posible la intensificación de la lucha contra el fraude conforme a las líneas directrices del Plan anual de control tributario y aduanero con la finalidad de obtener el máximo rendimiento de los medios disponibles, optimización en la que jugarán un papel importante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la Administración electrónica.

¿Qué es lo que hace la Agencia Tributaria con este presupuesto al que nos hemos referido? La Agencia Tributaria lleva a cabo la aplicación del sistema tributario desdoblando su actividad en dos líneas estratégicas complementarias. La primera de ellas presta directamente apoyo y asistencia a la gran mayoría de los ciudadanos y de las empresas que desean cumplir con el deber constitucional de pagar los impuestos que les corresponden. La segunda línea se refiere a las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude dirigidas a descubrir y perseguir a quienes se niegan a cumplir con sus obligaciones tributarias, garantizando así la efectiva aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero y, por tanto, la generalidad y la equidad en la contribución a las cargas públicas.

Como ustedes saben, desde su creación la Agencia Tributaria ordena su actuación conforme a un sistema de dirección por objetivos a través del establecimiento de objetivos específicos y a su vez coordinados para todos los niveles de la organización y cuenta con diversos instrumentos de planificación ordinaria y estratégica de diverso alcance. Además, se ha consolidado un importante marco de colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, reforzado por la Ley 22/2009 en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica que esta establece, en cuya virtud se potencian los órganos de colaboración para asegurar la coherencia en la aplicación del sistema tributario en su conjunto y para ampliar el grado de corresponsabilidad en su gestión. Respondiendo a la propuesta del señor Saura de una oficina centralizada con el conjunto de otras administraciones tributarias, él sabe tan bien como yo las dificultades de todo tipo que existirían para la creación de un órgano de esta clase, pero lo que sí es cierto es que se potencian los mecanismos de colaboración y de coordinación y estamos avanzando de manera decisiva en el intercambio de información, especialmente para la persecución del fraude.

La actividad de la Agencia Tributaria se mide por sus resultados y por un plan de objetivos que se remite precisamente a esta Cámara y que es conocido por sus señorías. En él se establecen unos indicadores que vienen referidos a recaudación bruta y líquida y a resultados de actuaciones de control. El objetivo fijado para las actuaciones de control y de lucha contra el fraude en términos de ingresos en el Tesoro, como bien decía su señoría, se sitúa en 8.171 millones de euros para el ejercicio 2012. Esta cifra, si la comparamos con el objetivo que figuraba en este indicador en el año 2011, que fue de 7.527 millones, representa un incremento del 8,56%. Su señoría ha dicho que este objetivo es poco ambicioso porque es inferior al resultado conseguido el año pasado. Bien, como sabe su señoría, en el resultado del ejercicio anterior, que se situó en 9.400 millones, se incluían una serie de resultados extraordinarios que no estaban planificados y que, en consecuencia, no se habían considerado como objetivo. En ese sentido, es posible que este año se produzcan ese tipo de ingresos de la misma manera que el año anterior, pero, a la hora de fijar el objetivo de nuestras actuaciones, que es el objetivo que trasladamos a todos nuestros funcionarios, nuestra referencia tiene que ser siempre la fijada en el ejercicio anterior una vez realizados los análisis de planificación y de actuaciones a realizar.

En ese sentido un incremento en la exigencia de resultados del 8,56% me parece bastante ambicioso en el contexto actual, un contexto de desaceleración económica en el que todas las magnitudes parecen indicar una ralentización del crecimiento y por tanto de los beneficios empresariales y un crecimiento de la morosidad. En cuanto al número de actuaciones que se contemplan en el plan de objetivos remitido al Parlamento, todas las referencias establecidas para 2012 aumentan en un rango que va desde el 3,78% para las actuaciones de prevención a un 7,06% de las actuaciones de control extensivo. En definitiva, se trata de unos objetivos que ojalá mejoremos, pero que consideramos que son ambiciosos en cuanto a la actuación que pretendemos.

Me refería anteriormente a los dos ámbitos en los que la Agencia Tributaria desempeña su actividad: el de los servicios de asistencia y ayuda y el de las actividades de control. Por lo que se refiere a la asistencia a los contribuyentes en 2012, la Agencia Tributaria sigue prestando a los ciudadanos y a las empresas los servicios de ayuda para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la misma dedicación y calidad con las que lo viene haciendo habitualmente e incrementando en la medida de lo


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posible los servicios a su disposición. Hace pocos días, como sin duda sus señorías conocen, se ha presentado la campaña del IRPF 2011, que es un buen ejemplo de la importancia que para la Agencia Tributaria tiene esta línea de actuación. Como puede comprobarse, este año nos hemos centrado en mejorar el servicio RENO para la obtención rápida del borrador del IRPF y de los datos fiscales. Hemos apostado por la renovación del portal de renta y hemos creado un nuevo portal móvil específico para estas terminales.

Puedo darles unos datos actualizados precisamente de hace tan solo una hora, a las tres de la tarde, de cómo está evolucionando el uso de estos servicios y que demuestra cómo efectivamente para la Agencia Tributaria es una prioridad avanzar en esta línea. A las tres de la tarde se habían tramitado más de 3 millones de solicitudes de este número de referencia para la obtención del borrador y de los datos fiscales. Si hacemos la comparación con los solicitados el año anterior en el octavo día de campaña, son bastante más del doble. El año pasado se habían solicitado 1.350.000. Se han visualizado a esta hora casi 5.800.000 borradores y datos fiscales, 4 millones más que el año pasado en este mismo día de campaña. Ya se han confirmado más de un millón de borradores, cuando el año pasado se habían confirmado medio millón en esta fecha, y se han pagado 374.500 devoluciones, que son también el doble que las que se habían pagado el año pasado en esta fecha, por importe de 255 millones de euros. Es cierto y no lo voy a obviar que se produjo un problema en nuestros sistemas informáticos el primer día de la campaña, motivado por la avalancha en el acceso, pero la Agencia Tributaria reaccionó con prontitud y el servicio se restableció con la absoluta normalidad que reflejan los datos que acabo de ofrecerles.

Al margen de esta campaña de renta, la Administración tributaria continua poniendo especial énfasis en el desarrollo y en el fomento de los extraordinarios canales que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones con el fin último de alcanzar una auténtica Administración tributaria electrónica, haciendo de la sede electrónica el canal preferente de comunicación. Ello agilizará las relaciones con los obligados tributarios, les evitará molestias y costes indirectos ligados al cumplimiento de sus deberes con la Hacienda pública y, al mismo tiempo, ahorrará a la Agencia Tributaria importantes recursos humanos, materiales y presupuestarios que podrá dedicar a otro tipo de funciones.

El otro ámbito de las funciones de la Agencia Tributaria es la lucha contra el fraude. En materia de lucha contra el fraude en estos momentos es necesario poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. En este sentido, la Agencia Tributaria prosigue con las líneas de acción, los procedimientos y los sistemas de investigación y control que se han ido construyendo y perfeccionando a lo largo del tiempo. Paralelamente ha arbitrado nuevas medidas de diversa índole en una pluralidad de áreas de actuación, incrementando el protagonismo de la investigación y promoviendo su notoriedad con la presencia de los órganos de la Agencia Tributaria en los distintos ámbitos de actuación económica.

Como ustedes saben, a principios de marzo, en concreto el pasado 1 de marzo, se publicaron las líneas directrices del Plan anual de control tributario y aduanero en el que se fijan los grandes ámbitos de actuación del Plan anual de control que por mandato de la Ley General Tributaria tiene carácter reservado. En estas directrices del Plan de control tributario se alude a los ámbitos en los que se va a actuar, en particular en la desarticulación de circuitos de economía sumergida, en la persecución de conductas fraudulentas que generan alarma social, en la persecución y descubrimiento de los fraudes de mayor complejidad, reforzando la lucha contra los paraísos fiscales y persiguiendo las rentas ocultas en el exterior y prestando atención prioritaria al descubrimiento de los montajes de ingeniería fiscal. Junto a ello, en el ámbito del contrabando y el blanqueo de capitales es prioritaria la persecución del contrabando de cigarrillos, que ha experimentado en la actualidad un importante incremento, y se hace especial hincapié en las actuaciones de lucha contra el fraude en la fase recaudatoria para perseguir el cobro efectivo de las cantidades adeudadas. Junto a ello se consolidan medidas operativas dirigidas a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión.

Su señoría, al hablar de la lucha contra el fraude, se refería a la ONIF y a las destituciones que se han producido en la misma. Simplemente quiero decirle que no son destituciones, es el cese en puestos de libre designación, del mismo modo que se han producido desde la creación de esta oficina. En la ONIF trabajan 200 funcionarios, de los cuales siguen en sus puestos de trabajo todos menos 6; a las jefaturas de equipo han accedido profesionales pertenecientes también al cuerpo de inspectores de finanzas de reconocido prestigio, como no dudo que lo eran los anteriores, y en absoluto hay que temer que la lucha contra el fraude se vea perjudicada porque 6 personas hayan dejado unos puestos y hayan pasado a ocupar otros, por supuesto dentro de la Agencia Tributaria, también de suma relevancia y relacionados igualmente con la lucha contra el fraude. En cualquier caso, le voy a hacer una matización. Todos los resultados del plan de control que se obtuvieron el año pasado y que no tengo ninguna duda en calificar de brillantes no son atribuibles a las 200 personas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, con ser esta una oficina muy importante. Estos son unos resultados que se han conseguido entre todos los funcionarios de la Agencia Tributaria y, en particular, entre los dedicados a las actuaciones de control.

En materia de lucha contra el fraude su señoría y la portavoz del Grupo Popular me hablaban del nuevo conjunto de medidas que el Gobierno conoció en el Consejo de Ministros pasado. Como bien ha dicho su señoría, este es un anteproyecto que en breve tendrá su entrada en la Cámara para su debate, pero que desde la Agencia Tributaria, por supuesto, valoramos de una


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manera muy positiva. Este anteproyecto contiene medidas que consideramos ambiciosas y de gran relevancia. La información sobre las cuentas en el extranjero es una medida que no se había establecido hasta la fecha.

Esa medida, unida al régimen sancionador riguroso que se asocia a su descubrimiento, va a ser gran de interés y de gran relevancia para evitar la elusión fiscal.

Por otro lado -también se ha referido a ello la diputada del Grupo Popular, la señora Madrazo-, como sanción al descubrimiento de estas rentas, se asocia nada menos que la imprescriptibilidad de las mismas, es decir, que no podrá alegarse en ningún caso que ese dinero se evadió en un ejercicio ya prescrito: siempre se va a considerar incremento de patrimonio del último ejercicio no prescrito. Además, es del último no prescrito para que devengue intereses hasta la fecha. Es decir, que a mi entender es un régimen sancionador muy duro y muy desincentivador de este tipo de conductas, que naturalmente hay que poner en conexión con la medida a la que se refería su señoría relativa la regularización extraordinaria, que creo que ya explicó ayer el secretario de Estado poniendo de manifiesto que es una medida excepcional que se adopta en un momento en el que es imprescindible atender los requerimientos de reducción del déficit público, y con todas las medidas para allegar nuevos recursos e ingresos públicos lo que ha pretendido el Gobierno es no obstaculizar la actividad económica y no distorsionar el crecimiento y el gasto.

Me planteaba su señoría algunos debates de política fiscal que creo que ayer pudo analizar el secretario de Estado, en cuanto a la sostenibilidad de los ingresos y de los gastos, si son creíbles o no, y en cuanto a la composición de los ingresos desde el punto de vista de la equidad o de la eficiencia de la política impositiva. Naturalmente, le voy a decir, porque además así lo creo, que tal y como le dijo ayer el secretario de Estado los ingresos se han calculado de manera prudente, realista y rigurosa y por tanto estos ingresos se van a conseguir. Desde el punto de vista de la equidad, se ha incidido precisamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto más progresivo que hay, y especialmente en los tramos altos, que son los que van a aportar la mayor parte de la recaudación por el gravamen complementario, y en el impuesto sobre sociedades especialmente para evitar la minoración de las bases imponibles de las grandes empresas. En ese sentido, consideramos que desde el punto de vista de la equidad podemos calificar las medidas adoptadas de progresivas.

Hacía una alusión su señoría a unas estimaciones de economía sumergida y de fraude que naturalmente no voy a descalificar, pero que como saben no son unas estimaciones oficiales. No hay ningún organismo oficial ni a nivel nacional ni internacional que hasta la fecha haya cuantificado a cuánto asciende la economía sumergida. Lo que sí le digo es que efectivamente la lucha contra la economía sumergida es una prioridad en la lucha contra el fraude. Así se refleja en el Plan anual de control tributario y en las directrices. Las medidas no adoptadas todavía, sino conocidas por el Gobierno la semana pasada, van también en esta línea. Todos sabemos que, por ejemplo, la medida dirigida a limitar el régimen de módulos en algunos sectores va precisamente en esa dirección, puesto que afecta a los sectores que hasta la fecha se han identificado como generadores de facturas falsas y por tanto de economía sumergida.

En definitiva, señorías, creo que el compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude es evidente. Con la estructura de la Agencia Tributaria y con el presupuesto con el que se nos dota en este proyecto de ley de presupuestos podemos hacer frente a nuestra función. Evidentemente, todo gestor siempre desearía tener más ingresos y les aseguro que yo no soy la excepción, pero pensamos que adoptando medidas tendentes a la racionalización y al uso óptimo de nuestros recursos, el cumplimiento que nos hemos fijado es perfectamente posible.

Les agradezco que me hayan escuchado y estoy a su disposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Doña Beatriz Viana, soy yo quien le agradece en nombre de la Comisión su presencia y sus explicaciones. (Pausa).

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (TEMBOURY REDONDO). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000178).

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la comparecencia del subsecretario de Economía y Competitividad, don Miguel Temboury Redondo. Como saben, en el formato de la Comisión ahora no habría intervención, pero el señor subsecretario tiene interés en decir unas breves palabras, y con mucho gusto se la damos.

El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (Temboury Redondo): Según me dice el presidente no se espera de mí que haga una intervención, sino una breve alocución de unos cinco o diez minutos, con lo cual voy a centrarme fundamentalmente en la explicación de las líneas generales del ministerio. Lo voy a hacer, dentro de lo que cabe, de la forma más amena posible, y por supuesto lo más sintético, aunque cabe poca amenidad en la explicación de unas cifras, pero intentaré que sea lo más sencillo posible.

El Ministerio de Economía y Competitividad, como todos ustedes saben, tiene tres órganos superiores, que son la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la Secretaría de Estado de Comercio, y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Junto con ello existe un órgano que también es centro presupuestario, al cual me voy a referir, que es la subsecretaría, y las características fundamentales de este presupuesto son las siguientes. El presupuesto prorrogado


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para el año 2012 fue de 7.480 millones de euros, más 1.505 de organismos dependientes, lo cual se desglosaba en las aportaciones del extinto Ministerio de Ciencia e Innovación, las aportaciones correspondientes a la Secretaría de Estado de Economía, que se desgajaba del Ministerio de Economía y Hacienda, y por último las de la Secretaría de Estado de Comercio, que provenía del Ministerio de Industria. Todo ello sumaba las cantidades que les he señalado, pero por el acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre de 2011 se redujo la cantidad de 7.480 millones en 1.083, es decir, un 14,5%, dejando un presupuesto disponible para el año 2012 de 6.396 millones. Pues bien, el presupuesto que presentamos para la sección 27 de este ministerio asciende a 9.871 millones de euros, lo cual supone un incremento del 32%.

Se podrán plantear la cuestión de cómo en un contexto general de reducción de presupuesto y de gasto se produce este incremento. En el caso concreto del Ministerio de Economía y Competitividad este incremento obedece a que el ministerio es instrumento de determinados compromisos del Estado que ascienden a un monto global de 3.907 millones de euros, que se desglosan de la forma siguiente: la partida fundamental son 3.809 millones de euros del Mecanismo europeo de estabilidad; existe una aportación de 79,50 millones de euros adicional en el capítulo 4, por el rescate europeo acordado a Grecia; por otro lado, existe un pago de avales previsto por parte del Tesoro por el Consorcio de Valencia de 17,64 millones de euros, y por último existe una aportación en capítulo 8 al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por importe de un millón de euros, que tiene una naturaleza de crédito ampliable. Todos estos datos los tienen más detallados en la presentación que se les ha facilitado, pero de ello se desprende en definitiva que el presupuesto de gasto para el ministerio para este año es de 5.963,87 millones de euros, lo cual supone realmente una reducción del 20% sobre el presupuesto prorrogado del año 2012, es decir, que realmente este ministerio está en línea con la política de austeridad impuesta en toda la Administración del Estado.

Voy a hacer una referencia muy breve a cada una de las cuatro unidades orgánicas principales a las que me he referido al inicio de la alocución. La subsecretaría tiene un total previsto para el año 2012 de 60,6 millones de euros, que se compone de las aportaciones que vienen del Ministerio de Ciencia e Innovación, como decía, reducidas en las aportaciones que estaban incluidas en dicho ministerio en el presupuesto de 2011 para la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, las cuales pasan a ser gestionadas por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, e incrementada sin embargo la partida de la subsecretaría en los créditos que vienen, tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Industria, por cuanto al ser una subsecretaría que debe prestar servicio a tres secretarías de Estado asume mayor número de competencias y de personal que la subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ello significa que el presupuesto asignado a la subsecretaría para el año 2012 es de 60,6 millones de euros.

Los objetivos fundamentales de la subsecretaría serán racionalizar los gastos corrientes y servicios del departamento, ajustarse a la austeridad impuesta como digo en toda la Administración General del Estado, y unificar y reestructurar las sedes y los departamentos físicos del ministerio. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, según lo antes anunciado, es una de las que tiene una mayor alteración respecto al presupuesto original, puesto que en esta secretaría de Estado es donde está incluido el Mecanismo europeo de estabilidad. El total del presupuesto es de 5.336 millones de euros, y como digo se ha incluido esta partida en capítulo 8, que altera por este ejercicio, y previsiblemente por el siguiente y el otro, lo que venía siendo la tónica habitual de esta secretaría de Estado. Los objetivos fundamentales de la secretaría de Estado, sin perjuicio de que hoy podamos detallar más algunas de las partidas según las preguntas que me formulen a continuación, son el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, el crecimiento sostenible y la creación de empleo, restituir en definitiva la confianza en España, el apoyo a las reformas estructurales necesarias, especialmente en el sector financiero, y el apoyo al proceso de racionalización de los sectores públicos administrativos y empresariales.

Siguiente centro, la Secretaría de Estado de Comercio. Ya han comparecido, tanto el secretario de Estado de Economía como el de Comercio, pero muy brevemente me refiero a ella. Tiene un presupuesto asignado de 531 millones de euros, en los cuales se han producido algunas alteraciones respecto al ejercicio de 2012 y respecto de las cuales quizá las más significativas sean las correspondientes al Fondo para la internacionalización de la empresa (Fiem), que en el acuerdo de no disponibilidad tuvo un ajuste de 33 millones de euros y que ahora tiene un nuevo ajuste de 22 millones de euros, pasando de 316 a 261 millones de euros, pero incrementándose el Fondo para inversiones en el exterior de uno a 25 millones de euros. El Fondo de ayuda al comercio interior no se dota presupuestariamente, suponiendo una reducción de 11 millones de euros, pero se ha creado la nueva línea de aportación patrimonial para créditos al comercio minorista por importe de 9 millones de euros. Los objetivos de esta secretaría de Estado son el fomento del comercio exterior y la internacionalización de la empresa, así como de las inversiones extranjeras en España, el aumento de la base exportadora mejorando la capacidad exportadora de las pymes, la participación en la elaboración de las políticas de la Unión Europea y de los organismos y foros comerciales internacionales, priorizar ayudas al comercio minorista, a las pymes, y favorecer la unidad de mercado.

Termino con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, sin perjuicio de que mañana comparecerá ante la Comisión de Economía del Congreso la secretaria de Estado, y podrá aportar mayores


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detalles sobre lo que yo vaya a señalar a continuación. El total del proyecto de presupuesto para esta secretaría de Estado es de 3.943,42 millones. La secretaría de Estado había tenido ya el 30 de diciembre de 2011 un ajuste por virtud del acuerdo de no disponibilidad de 744,47 millones, de los cuales 531 correspondían al presupuesto no financiero, es decir, los capítulos 1 a 7. Con posterioridad ha habido determinados ajustes, es decir, se ha hecho un esfuerzo parta mantener lo más posible e incluso incrementar en determinados aspectos las partidas correspondientes a I+D+i. En el capítulo 4 ha habido un incremento de 10,32 millones de euros, correspondiendo 10 millones a la financiación de la participación española en el CERN. Sin embargo se ha recortado la transferencia de capital al CDTI en 135 millones de euros y la aportación patrimonial para apoyar proyectos de I+D+i en 422 millones de euros.

En cuanto a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica conviene señalar el incremento neto de 12,4 millones de euros en la aportación al Fondo nacional de investigación científica y técnica. Por último, en la Dirección General de Innovación y Competitividad también se han producido determinadas variaciones que están en los cuadros que les he facilitado, pero sin perjuicio de ello podemos entrar, o sobre todo entrará mañana la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Se pretende en este ámbito hacer más con menos recursos, dentro del contexto de austeridad presupuestaria, priorizar por supuesto los recursos humanos -ya se han convocado becas de formación de personal investigador y se convocarán ayudas de recursos humanos, aunque con menos plazas que en años anteriores-, se intentará priorizar para que no se carguen con los mayores recortes los organismos públicos de investigación, y se racionalizarán las infraestructuras y proyectos. Con ello, insisto, el Ministerio de Economía pretende ajustarse a la política general de austeridad, pero sin hacer recortes en aquellos capítulos de gasto más sensibles, y contribuir con ello a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno a los grupos que han solicitado la comparecencia. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Juan Antonio Abad Pérez.

El señor ABAD PÉREZ: ¿No interviene el Grupo Parlamentario Socialista?

El señor PRESIDENTE: No. Hay solo una petición del Grupo Parlamentario Popular. No hay otra petición. Le voy a explicar por qué no habla el Grupo Parlamentario Socialista y es porque no es peticionario. Tiene derecho a pedir una intervención, pero el tiempo limitado es de cinco minutos.

Don Juan Antonio Abad tiene la palabra.

El señor ABAD PÉREZ: ¿No tengo turno de réplica?

El señor PRESIDENTE: Aquí no hay réplica. Esta no es la discusión del presupuesto, sino una comparecencia; además una replica ¿contra quién? El procedimiento que se ha seguido siempre en Presupuestos es que hablan los que han solicitado la comparecencia. Si cuando han terminado los que la han solicitado, algún grupo que no la ha solicitado pide la palabra, se le dan cinco minutos. Ha sido siempre así. Lo curioso es que entre los solicitantes siempre han estado los dos grupos mayores, pero en esta ocasión no están. Solo en esta, en todas los demás, sí. Pero es así como funciona.

El señor ABAD PÉREZ: En nombre del grupo al que represento, gracias por su comparecencia en esta Comisión, señor subsecretario. En primer lugar, queremos felicitarle a usted y a los técnicos de su ministerio por elaborar en tan poco tiempo unos presupuestos llenos de dificultades, porque accedieron al llegar a sus cargos a unos datos totalmente inesperados, y porque los resultados al ponerlos al día han sido muy diferentes de lo que se podía esperar, y con alarmantes cifras de déficit, altos intereses de devolución del dinero que han prestado los mercados al Estado español, y otros compromisos importantes de gasto sin fondos para hacer frente a los mismos.

El anterior Gobierno, permítanme que lo vuelva a recordar, se comprometió a alcanzar un objetivo de déficit público del 6 por ciento en el 2011, objetivo que se excedió en 2,5 puntos del PIB. Aunque una vez detectada esta situación el objetivo de déficit se ha elevado finalmente hasta el 5,3 del PIB para el 2012. Esto significa que el esfuerzo de ajuste que el Gobierno actual tiene que realizar en este año será de 3,2 puntos, frente a 1,6 que, de haber cumplido los objetivos marcados, hubiera sido mucho más fácil conseguir. Esta era una palabra además comprometida con Europa. Por tanto los recortes del gasto y aumento de ingresos que tenemos que afrontar son muy superiores a los planeados en nuestro programa electoral por culpa de mentiras estadísticas o, en su caso, fracaso económico del anterior Gobierno. Las propias administraciones territoriales han acumulado unos índices de morosidad con proveedores del 3 por ciento del PIB, cifras inaceptables, teniendo en cuenta además que se agravan por las dificultades de financiación. Cifras alarmantes también de paro, por encima del 24 por ciento, que inciden en un menor consumo interno, y por tanto, también corresponde a una tasa negativa de crecimiento en la demanda del 4,6. Retroceso en la cifra del PIB en torno al 1,7. Repetimos estos datos de manera insistente porque no nos podemos olvidar, a pesar de que algunos quieran que lo hagamos, de que sin esta explicación no se va a entender nunca el presupuesto de austeridad que usted hoy nos ha presentado aquí. No obstante el Gobierno actual ha sido capaz de afrontar con rapidez la situación.


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El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de orden económico y social y de corrección de déficit público por el que se reducía el gasto en una cuantía aproximada de 8.900 millones de euros, y se incrementan los ingresos 6.275 millones, intentando por el lado del ingreso que en la medida de lo posible este duro ajuste recayese sobre sectores sociales más capaces de soportarlo, aunque con el compromiso de devolver el impuesto sobre la renta a sus niveles anteriores en el plazo de los próximos dos años. Primero, mediante el acuerdo de no disponibilidad el 30 de diciembre de 2011, y ahora presentando en tres meses un presupuesto que consideramos capaz de afrontar la situación de urgencia en la que nos encontramos, sin comprometer los objetivos del largo plazo del Estado y que incluye un recorte de gasto adicional que permitirá cumplir con razonable seguridad el objetivo del déficit comprometido. Ayudará también la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria para comunidades y ayuntamientos, aunque lamentablemente no hayamos podido obtener el consenso de toda la Cámara para lograr esta ley que hubiera sido muy importante en los mercados.

Lo que ustedes presentan hoy aquí, señor subsecretario, en este Parlamento es el resultado de un enorme ejercicio, permítame que se lo diga, de responsabilidad y de transparencia que hace años que faltaba en esta casa y que por extensión, una vez aprobado, va a beneficiar a todos los españoles. Han tenido poco tiempo para aclarar todo y hacerlos, y han trabajado muchas horas para conseguir unos números ciertos y alcanzables en sus cifras finales. Con los números que hoy trae a la Cámara para su aprobación estamos seguros de que no van a necesitar un plan B porque cumplen, como se hizo en tiempos anteriores. Son creíbles, razonados y empiezan dando ejemplo desde los propios ministerios que han ajustado las cifras de gasto a sus ingresos. Con las premisas de -repito de nuevo-, austeridad y rigor nos presentan unos números en su subsecretaría que responden también a compromisos adquiridos con Europa. En este sentido, a pesar de que usted lo acaba de decir, quiero recordar que los presupuestos del ministerio incluyen unos compromisos del Estado a la aportación MEDE, Mecanismo europeo de estabilidad, como usted bien ha dicho, por 3.809 millones de euros; fondos aportados para un segundo plan de rescate a Grecia, 79,5; avales del Tesoro, 17,4 millones o aportaciones al FROB de un millón de euros. Descontando todas estas cantidades del ministerio, pasa a tener un presupuesto de gasto de 5.963, una reducción del 20,28 por ciento, superior a la media de otros ministerios.

En este apartado, señor subsecretario, si me lo permite, le queremos hacer nuestra primera pregunta. Nos gustaría conocer un poco más cómo va a funcionar este organismo, el MEDE, y cómo se va a aplicar el real decreto-ley recientemente aprobado. Los números que figuran en la memoria presupuestaria del Ministerio de Economía marcan sus objetivos fundamentales, que también los ha indicado, y son la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para mejoras de la competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, para lo cual su actividad se articula en las tres secretarías mencionadas: secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Comercio e Investigación, y Desarrollo e Innovación.

La principal misión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es asesorar al Gobierno sobre las políticas de economía, realizar informes y previsiones sobre la economía española, y está encargada de la actividad de España en diversos organismos económicos y financieros internacionales. Destacamos especialmente la aportación de capital del ICO que se incrementa en 140 millones, pasando a 520, que el Gobierno ha convertido en un instrumento principal para la política de reactivación, un instrumento que nos da confianza. Por ello nos gustaría conocer su funcionamiento, a pesar de que mañana sabemos que se va a desarrollar también de una manera más amplia. En un entorno de fuerte restricción presupuestaria que, aunque es esencial para recuperar la credibilidad fiscal y la inversión, se espera que tengan un efecto contractivo sobre el PIB de 2012, las políticas de financiación y de forma muy especial el Plan de pago a proveedores van a mitigar muy sustancialmente el efecto contractivo de la política fiscal. Y lo van a hacer no mediante gasto público suntuario, como en algunas otras iniciativas de Gobiernos anteriores, vamos a llamarlos PlanE, sino con medidas que refuerzan al sector productivo y apoyan directamente el empleo. En este sentido le pedimos también que nos explique cómo va a funcionar este fondo de proveedores, cómo va a repercutir en el presupuesto y en la economía, y creemos también que viene acompañado de una política de transparencia y estabilidad en las cuentas públicas.

Los objetivos principales de los programas de la Secretaría de Estado de Comercio figuran en su memoria presupuestaria, donde se destaca que los objetivos principales de la secretaría de Estado son la ordenación del comercio interior y el apoyo a la internacionalización de la empresa. La reducción presupuestaria de esta secretaría ha sido muy inferior a la media de otros ministerios, el 9,3%, lo que indica la continuidad del compromiso presupuestario con la internacionalización de la empresa española. Finalmente, en lo referente a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación la propuesta de los presupuestos establece para esta secretaría de Estado un sustancial recorte. El ajuste del gasto se centra en operaciones financieras, principalmente préstamos, capítulo 8, donde el recorte es de 916 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el año pasado se presupuestaron más de 3.200 millones de euros en este apartado, de los que solamente se ejecutaron 1.300 millones de euros. Una vez más aparecen remanentes no utilizados y ahora regularizados. No debemos pasar por alto que la tendencia a la reducción


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del gasto en ciencia se inició en el 2009, no es algo que nosotros hayamos aportado, y en este sentido en el 2009 coincide precisamente con la creación del Ministerio de la Ciencia y de la Innovación; se crea el ministerio y sin embargo se reducen las cantidades. De hecho, al contrario de lo que se proclamaba sobre el cambio de modelo productivo, la I+D ha ido perdiendo claramente recursos públicos en épocas anteriores en una proporción muy superior a la contracción económica. También sabemos que mañana en comparecencia parlamentaria se va a hablar aquí del CDTI, pero nos gustaría si es posible preguntarle por este organismo: si va a reducir su actividad o por el contrario la situación de remanentes que tiene indica que este nuevo presupuesto se ajusta a la realidad, y que por tanto va a ser más eficaz.

Para terminar mi intervención, y con todo lo que estamos escuchando hoy, los días anteriores y presumiblemente los próximos, el Gobierno nos ha traído para que conozcamos y luego aprobemos unos presupuestos con austeridad en el gasto, con transparencia en todas las administraciones públicas, y algo clave también como es la eficiencia en el uso del dinero público. Les deseamos también, como en el caso anterior mi compañera, éxito y ánimo para llevarlos a cabo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para un turno de cinco minutos tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, don Manuel González Ramos.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Me ajustaré a los cinco minutos. Como estamos en tiempos de recortes, se ha recortado bastante el tiempo para la comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Si no, se lo recorto yo, en este caso no tengo problema. (Risas).

El señor GONZÁLEZ RAMOS: No creo que haga falta.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer la presencia del subsecretario de Economía y Competitividad en esta Comisión de Presupuestos para responder a cuestiones planteadas desde su departamento, pero también desde el propio Ministerio de Economía y Competitividad, porque una de las funciones específicas e importantes que usted tiene es la elaboración de la propuesta de presupuesto anual del ministerio, y la coordinación de los correspondientes de órganos públicos adscritos, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la autorización, o en su caso la tramitación de las modificaciones, luego usted tiene la competencia en esa elaboración de presupuestos: por tanto también es usted corresponsable, tanto si las cosas van bien como si políticamente no van tan bien. Y desde luego, aunque me gustaría decir lo contrario, la política económica diseñada por el Gobierno y por su departamento no va bien. Aunque el Partido Popular hable de austeridad, son recortes, recortes, y más recortes.

Los datos económicos actuales nos hacen pensar que no vamos por el camino correcto, no hay confianza en la economía por la política económica que se está llevando a cabo. Hay que recordar la comparecencia del ministro de Economía en la Comisión del pasado día 7 de febrero, en la cual expuso las líneas maestras de la acción de gobierno desde su departamento, y la intención del ministro era la de que la economía vuelva a situarse en la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Expuso un plan de reformas estructurales con el objetivo de devolver la confianza, estas se pueden resumir en tres: la primera -en palabras del propio ministro- era la de asegurar la financiación adecuada de las empresas y del sector público; la segunda reforma estructural la de crear un nuevo marco de relaciones laborales más eficientes, desgraciadamente ya hemos visto el decretazo de la reforma laboral, con la que se está destruyendo empleo y se está abaratando el despido; y la tercera reforma estructural planteada por el ministro era impulsar la competitividad. Le adelanto -y no lo digo yo, lo dicen los mercados- que en cien días de gobierno, solo en cien días de propuestas desde este ministerio precisamente se ha generado más desconfianza en los mercados, y sobre todo -y lo más importante desgraciadamente- más desconfianza entre los ciudadanos, que son los que sufren las políticas desatinadas y erróneas del Gobierno.

El Gobierno mantiene un compromiso de alcanzar un déficit del 3% del producto interior bruto para el 2013, lo cual, ante la ausencia de una estrategia de crecimiento, acentuará la recesión de la economía española y puede conducir a una depresión. Es imprescindible revisar la senda de la consolidación fiscal de acuerdo con la Unión Europea, y en estos cien días ha habido un injustificado retraso táctico en la presentación de los presupuestos; ha habido recortes brutales en las políticas de gasto relacionados con el capital físico, tecnológico y humano; el recorte adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación; la amnistía fiscal, que aparte de no ser verosímil ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, además es inmoral e injusta, ya que hace pagar menos a los defraudadores; la recuperación de la deducción a la compra de vivienda para las rentas altas; las dudas sobre la sostenibilidad de los ingresos públicos en un contexto recesivo; y los gastos cíclicos sin presupuesto. Todo ello -en lo que el Ministerio de Economía y Competitividad tiene mucho que decir-, deteriora la confianza de la economía española ante los actores económicos internacionales, tal y como se pone de manifiesto en la evolución de los indicadores financieros más conocidos: la bolsa, la prima de riesgo de la deuda soberana española con el bono alemán, y también el diferencial con el italiano.

El Ministerio de Economía y Competitividad, al que usted representa, tiene la responsabilidad de definir, desarrollar y ejecutar las políticas de oferta, y ahora mismo lo único que está provocando es ahondar más todavía en la recesión con un crecimiento negativo esperado, con previsiones de ayer mismo del Fondo Monetario Internacional de un 1,8% de momento, y una previsión


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para el 2013 de un crecimiento prácticamente cero. A esto hay que unir una segunda cosa que se está produciendo, que se está provocando con esas políticas, y es una tasa de desempleo cercana al 25%, cuando el propio ministerio, el propio Gobierno anticipa, adelanta que habrá más de 630.000 desempleados en este 2012. En definitiva políticas que provocan más despidos y menos riquezas, claro que estas son las consecuencias de unas políticas de los Presupuestos Generales del Estado entre otras las del departamento del ministerio.

Voy a ir acabando. Me he quedado con una partida, en la que usted ya ha hecho referencia al recorte, no a la austeridad, sino al recorte y aunque mañana nos darán detalles, es la partida de investigación, desarrollo e innovación: un 25%. Los años anteriores 2011 y 2010 también estábamos pasando por la misma crisis que actualmente estamos pasando, el Gobierno Socialista prácticamente no restó presupuesto con respecto a años anteriores al presupuesto de investigación, desarrollo e innovación, y por tanto sí son recortes muy sensibles. Mañana nos darán detalles pero quisiera, como usted ha hecho mención, que nos adelante por qué se ha recortado en algo tan esencial como es la investigación y el desarrollo.

Acabo diciendo que una de las funciones de la subsecretaría también es la coordinación de las estadísticas de su departamento. Solamente un deseo y una pregunta; supongo que habrá presupuesto suficiente para que el Gobierno pueda hacer previsiones por sí solo, y que no dependa del Fondo Monetario Internacional, que no dependa de la Unión Europea, para que nos vayan anticipando las previsiones de crecimiento o decrecimiento que España pueda tener en el futuro. Si no cambian en su política económica nos esperan años de recortes fiscales, y por tanto más recesión; no lo dice este diputado del Grupo Socialista, lo dice el Fondo Monetario Internacional...,

El señor PRESIDENTE: Acabó su tiempo, señor diputado.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Acabo, señor presidente.

...que estima un crecimiento en Estados Unidos, en Japón, en la zona euro, salvo en España, donde augura que, debido a las políticas de austeridad o de recortes, llamémosle, habrá más paro desgraciadamente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Don Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad, tiene ahora ocasión de contestar a los requerimientos que han hecho los señores diputados.

El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (Temboury Redondo): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los señores diputados por sus intervenciones. Voy a contestar en el orden de las intervenciones, o trataré de hacerlo. En cuanto al Mecanismo europeo de estabilidad sí convendría dar algunas precisiones respecto a la participación de España. La participación de España en este mecanismo, que está previsto junto con la Facilidad europea de estabilidad financiera en un conjunto de 7.000 millones de euros, aunque ya estaban comprometidas en dicha facilidad 200.000 por los planes de ayuda a Portugal, Grecia e Irlanda, asciende en consecuencia a 500.000 en conjunto para el mecanismo, siendo la participación de España de algo más del 11%, de algo más si no me equivoco de 80.000 millones de euros, de los cuales España debe desembolsar la parte proporcional también de alrededor de un 11%, es decir, 9.000 millones de euros estaba previsto que desembolsase, algo más en un plazo de cinco años. Las cifras concretas las tienen también, si no me equivoco, en la presentación que se les ha facilitado, pero si no, se las podemos precisar aún más.

¿Qué ha ocurrido? Que el 30 de marzo de este año el Eurogrupo ha acordado adelantar el calendario de desembolsos previstos para este Mecanismo europeo de estabilidad, de tal forma que lo que iba a ser desembolsado en cinco años se desembolsará en dos años y medio, con lo cual se ha duplicado para el 2012, se duplicará para el 2013, y para el 2014 será la aportación anual ordinaria prevista, pero el hecho de que tengamos 3.809 millones de euros en el año 2012 viene de que son dos cuotas o dos desembolsos de 1.904,5 millones de euros.

Por lo que se refiere al Fondo de financiación de proveedores, en el presupuesto prorrogado de 2012 se introdujo una partida específica de 1.500 millones de euros. Esta partida, en la medida en que no sea ejecutada con cargo a dicho presupuesto prorrogado, se incorporará automáticamente a los presupuestos del año 2012. El Fondo para la financiación de proveedores tiene esta aportación y, además, una capacidad de endeudamiento de 35.000 millones de euros. Su funcionamiento básico podríamos decir que es relativamente sencillo, supone la captación de financiación tanto del ICO como de determinadas entidades de crédito por un conjunto de hasta 35.000 millones de euros y la posibilidad, con esta financiación captada, de financiar a su vez a comunidades autónomas y corporaciones locales, no transfiriendo directamente los fondos a las comunidades autónomas y corporaciones locales sino a los proveedores que, según los mecanismos de acreditación de las deudas pendientes de dichas entidades territoriales, hayan acreditado tener créditos pendientes. Estos fondos serán transferidos, en consecuencia, del Fondo de financiación de proveedores a los respectivos proveedores, generándose en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas la correspondiente deuda, que será devuelta en un periodo de diez años. Por consiguiente, esto no computará en déficit puesto que se realizarán las aportaciones.

En cuanto al CDTI, es verdad que hay una reducción importante de los presupuestos, aunque no quiero entrar demasiado en ello -me lo ha planteado también el portavoz


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del Grupo Socialista-, puesto que mañana les dará cumplida cuenta la Secretaría de Estado de Investigación. Sí quiero decir que, efectivamente, el CDTI venía arrastrando una posición de excedentes de tesorería muy importantes en los últimos ejercicios, lo cual ha aconsejado que en este ejercicio, habida cuenta de dichos excedentes de tesorería, se minorasen algo las aportaciones al CDTI que estaba, en cierto modo, sobrecapitalizado. En consecuencia, entendemos que esta reducción no afectará a la actividad del CDTI y no mermará sus aportaciones a la I+D+i española. En cualquier caso, y sin perjuicio de que mañana la Secretaría de Estado, que es la responsable de las políticas del departamento, aportará al respecto todas las precisiones que se consideren necesarias, lo que sí se pretende hacer -y creo que lo he dicho en la alocución primera- en el ámbito de I+D+i es más con menos. ¿Y cómo se hace más con menos? No valorando o no evaluando necesariamente el éxito de las políticas de I+D+i exclusivamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los retornos y de los resultados y de la priorización de inversiones en I+D+i.

Entro en la alocución que ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Socialista. He centrado mi intervención en aspectos puramente técnicos y de cifras de presupuestos y el representante del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un discurso general de política económica diciendo que son recortes, recortes y más recortes. Lo único que le puedo decir al representante del Grupo Parlamentario Socialista es que venimos de algún sitio. Nosotros no elaboramos los presupuestos de 2012 viniendo de ninguna parte. Además, estos presupuestos tienen un resumen relativamente sencillo. En el techo de gasto del año 2012, que es de 113.000 millones de euros, 26.000 millones de euros van destinados a satisfacer o pagar desempleo y 26.000 millones de euros van destinados a satisfacer intereses de la deuda. Eso es fruto de la situación de desempleo que hemos heredado cuando hemos llegado al Gobierno, eso es fruto de la insostenible situación de endeudamiento que hemos heredado cuando hemos llegado al Gobierno. Obviamente, estos son compromisos adquiridos y compromisos previos y esos compromisos nos obligan a hacer recortes en sitios donde, a lo mejor, quisiéramos no tener que hacerlos. Lo que quiero decir es que nos hemos visto en una situación que nos obliga a tomar estas medidas.

En lo que se refiere a los pilares que señalaba el ministro de Economía y Competitividad para la recuperación de la economía española, que es la financiación, el marco de relaciones laborales e impulsar la competitividad, puedo decir que se han adoptado dos medidas muy importantes, aparte de otras muchas pero concretamente relacionadas con ellas. Una es el Decreto-ley de reestructuración del sector financiero. El Banco de España ayer dio determinados resultados señalando que las entidades financieras están realizando un esfuerzo cercano a los 53.000 millones de euros, lo cual es un esfuerzo superior a los tres últimos años, es decir, que la credibilidad de los balances de las entidades financieras se van a ver extraordinariamente reforzados por este decreto-ley que se aprobó en febrero de este año. Y, por supuesto, el marco de las relaciones laborales, del cual el tiempo dirá cuál es su resultado, pero sin duda -y se ha anunciado- a corto plazo puede producir algunos ajustes que pueden ser dolorosos -se han anunciado determinadas cifras de paro-, pero creemos que realmente lo que va a contribuir es a que se pueda crear más empleo con menores cifras de crecimiento de las que venían siendo necesarias en España para crear empleo.

El compromiso de déficit del 3% en 2013 lo considera poco creíble el representante del Grupo Parlamentario Socialista. No sé si tan poco creíble como el compromiso de déficit que hubo para 2011 y que resultó ser, al final, del 8,5%, pero en definitiva intentaremos hacer los esfuerzos para que efectivamente sea del 3%.

En cuanto al retraso táctico, usted lo ha dicho muy bien. En la subsecretaría somos responsables de realizar los presupuestos, y le puedo asegurar que no hemos podido trabajar físicamente más en la realización de estos presupuestos ni más rápido. Hemos acelerado todos los calendarios previsibles. Ustedes consideran que es un retraso táctico. Ustedes habrán participado en la elaboración de otros presupuestos y comprenderán que no se ha podido hacer más rápidamente.

Señoría, nosotros hemos tenido que adoptar determinadas medidas dolorosas, determinadas medidas que consideramos que conllevarán al fin y a la postre que España se vuelva a incorporar a una senda de crecimiento, pero que pasan por una consolidación fiscal absolutamente ineludible y que, como decía al principio, se reflejan en dos partidas muy sencillas del presupuesto: desempleo, 26.000 millones de euros; intereses de la deuda, 26.000 millones de euros. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Temboury. Le hablo en nombre de la Comisión para agradecerle su presencia y sus explicaciones. (Pausa).

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (OSSORIO CRESPO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000171) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000278).

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, continuamos con las comparecencias. Nos toca ahora escuchar al señor secretario general de Coordinación Autonómica y Local y después hablarán los grupos solicitantes, a cuyos portavoces rogaría que en la medida de lo posible se acordaran de que hay un compareciente y trataran el asunto de la comparecencia, porque nos vamos siempre por otros lugares. Como saben, en este formato no hay discurso inicial pero don Enrique Ossorio tiene interés en hacer una introducción y, con mucho gusto, le doy la palabra.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Ossorio Crespo): Señorías, comparezco en calidad de secretario general de Coordinación Autonómica y Local ante esta Comisión para, tras la intervención del secretario de Estado de Administraciones Públicas de esta mañana, detallar la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales contenida en el proyecto de presupuestos para el año 2012.

Quería ponerles de manifiesto de nuevo que repetir la situación de la difícil coyuntura en que nos encontramos puede parecer un ejercicio estéril y redundante, pero la realidad es tozuda y los datos son incuestionables. La presente crisis se caracteriza por una intensidad y duración sin precedentes y por una incidencia fiscal en nuestras administraciones territoriales obvia y de hondo calado. Así, en el contexto del notable incremento del nivel de gasto público consolidado tras años de crecimiento económico y de bonanza, se ha producido un descenso sin parangón en la recaudación que ha puesto en cuestión el sostenimiento de nuestros servicios públicos y en definitiva de nuestro modelo del bienestar. Si a esto unimos el hecho de que las primeras comunidades autónomas, principales responsables de la gestión del gasto social y al que destinan el 80% de su presupuesto, deben reducir de una manera intensa sus niveles de déficit y deuda pública por necesidad pero también por convicción, nos enfrentamos a un auténtico encaje de bolillos para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad a nuestros ciudadanos. Pero lo hemos hecho; no de forma fácil, pero se ha conseguido. El encaje presupuestario ha sido una labor de orfebre, pero puedo afirmar que en este proyecto de presupuestos los servicios públicos están garantizados a un alto nivel de calidad.

Este es un Gobierno profundamente social pero también responsable, por lo que, sin olvidar nuestro inexcusable compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera que nos exige desde la convicción reducir el déficit al 5,3 este año, creemos que esta es una crisis también social que debemos tratar de mitigar con todas las posibilidades a nuestro alcance. Sin duda, ha sido un ejercicio doloroso a causa del enorme desfase entre la triste realidad y las previsiones de las cuentas. El 6% por ciento previsto y comprometido con la Comisión Europea se convirtió finalmente en un 8,51, obligándonos a hacer el mayor ajuste presupuestario de nuestra historia y presentar el proyecto de presupuestos generales más severo en materia de gasto. El ajuste ha sido, por esta convicción social del Gobierno, asimétrico, ya que se reduce la financiación del Estado para incrementar la de las comunidades autónomas y las entidades locales, un compromiso con las políticas sociales y nuestro Estado del bienestar. Frente a este compromiso social en el ámbito de la Administración General del Estado, el presupuesto de los departamentos ministeriales se ha reducido una media del 16% frente al gasto previsto en el ejercicio 2011.

Pasando ya a los datos de financiación de comunidades autónomas, hay que decir que desde un punto de vista cuantitativo su financiación total asciende a 84.263 millones, lo que supone un incremento del 0,19% con respecto a 2011. Para lograr esta evolución positiva la Administración General del Estado aporta 16.602 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. Estas cifras rebelan por sí solas que el Gobierno cree en el Estado autonómico y en la necesidad de contribuir a que todas las administraciones con una política común que tiene como marco la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera garanticen el cumplimiento de los objetivos de déficit sin olvidar su labor más importante, que los servicios públicos estén garantizados. En este sentido, y conscientes de que la sostenibilidad financiera de nuestras administraciones públicas incide directamente en el principal tejido productivo de nuestro país, las pymes y los autónomos, se creó en febrero una línea del Instituto de Crédito Oficial dotada con 10.000 millones de euros y ampliable hasta 15.000 millones de euros para dotar de fondos a las comunidades autónomas para hacer frente a vencimientos de deuda financiera en el primer semestre del año 2012 y también para atender al pago de obligaciones a proveedores. Sobre este último punto, el pago a proveedores, permítanme que incida de forma particular porque, en primer lugar, no se puede olvidar su trascendencia y efectos al analizar el proyecto de presupuestos para 2012 y, en segundo lugar, ha sido una de las actuaciones prioritarias y auténtico caballo de batalla de la secretaría de Estado, de todo el Ministerio de Hacienda y del Gobierno en suma, pues consideramos que ante la gravedad de la situación por los deliberados retrasos, cuando no impagos de sus facturas con las administraciones públicas, era menester resolver de forma firme el problema y establecer un mecanismo definitivo que garantizase el pago a proveedores. Por ello se ha puesto en marcha un mecanismo de pago a proveedores, tanto de entidades locales como de comunidades autónomas, que sin duda es una operación sin precedentes. Nuestra idea es que se debe apoyar de manera decidida a las comunidades autónomas y entidades locales, pero exigir a cambio un escrupuloso cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Volviendo al presupuesto para 2012, el conjunto de la financiación territorial, incluyendo comunidades autónomas y entidades locales, presenta un crecimiento en un momento en que los recursos escasean y la necesidad de financiar el gasto crece exponencialmente. Así, la financiación total del sistema crece un 1,35%, pasando de 98.557 millones de euros a 99.888. Resalto especialmente lo que les indiqué con anterioridad. Para financiar la calidad de nuestros servicios públicos este Gobierno ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para incrementar la financiación de las comunidades autónomas, asumiendo la Administración General del Estado el mayor esfuerzo de ajuste. Así como les indiqué con anterioridad, se incrementa un 0,19 su financiación, que


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pasa de 84.100 millones de euros a 84.263. El esfuerzo presupuestario por y para los servicios públicos se traslada también a las entidades locales. Así, los 14.400 millones de euros del ejercicio 2011 se convierten en 15.624, lo que representa un 8,08% más.

Analizando el proyecto de gastos estatales en su conjunto hay que señalar que se recogen dotaciones para hacer efectivas las transferencias con destino a comunidades autónomas y entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y otras subvenciones y transferencias corrientes y de capital, alcanzando la cifra de 43.050 millones, lo que supone un 8,9% de crecimiento. Desglosando los conceptos anteriores, las transferencias a comunidades autónomas aumentan un 9,7%. En el caso de las entidades locales crecen también las transferencias un 7,6%. Todo este esfuerzo, que más que esfuerzo es compromiso palpable del Gobierno con nuestro Estado autonómico, exige no obstante el riguroso cumplimiento de los objetivos de déficit ya anunciado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, al igual que para las entidades locales en la Comisión Nacional de la Administración Local. Entrando en el desglose de las cuantías, las entregas a cuenta de las comunidades autónomas alcanzan la cifra de 81.789 millones de euros. Para las entidades locales las entregas a cuenta ascienden hasta 14.084 millones de euros.

Por último, con respecto a la sección 33, destinada a la financiación de las comunidades autónomas derivada del Fondo de compensación interterritorial, la reducción es del 13,27%, pasando a 671,58 millones de euros como consecuencia de la disminución de la base de cálculo, que es la inversión del Estado. Por otra parte, y en lo referido a los territorios de régimen foral, el cupo del País Vasco se establece en 546 millones de euros y la aportación de la Comunidad Foral de Navarra en 631.

Concluyendo, y aunque antes ya lo mencioné de pasada, quiero resaltar por su trascendencia la ampliación para fomentar la liquidez de nuestras administraciones del periodo de reintegro del Estado de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, de 60 a 120 mensualidades, que además de producir una bolsa de oxígeno extra aumentará su liquidez en 3.156 millones de euros. Se trataba de una vieja demanda de las comunidades autónomas y las entidades locales que, gracias al actual Gobierno, por fin ha sido atendida.

Señorías, a nadie se le escapa que estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 son unos presupuestos difíciles, de necesario ajuste y de implementación de unos nuevos parámetros que propiciarán el crecimiento económico y el empleo. Son unos presupuestos en un contexto de crisis, pero son unos presupuestos que garantizan los servicios públicos y el gasto social en un alto nivel. Por tanto, su ajuste social es limitado y razonable en consonancia con la escasez de recursos. La voluntad de este Gobierno, y así lo expresa con su praxis política, es hacer de la cooperación entre todas las administraciones un motor fundamental para salir lo más rápidamente de la crisis, incidiendo lo menos posible en el gasto social y los servicios públicos básicos. Por ello hemos incrementado la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales en la medida de nuestras posibilidades. Estos son en definitiva los presupuestos que desde unas nuevas bases y con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como marco cimentarán la salida de la crisis y nos acercarán, desde la austeridad y la responsabilidad, al crecimiento y a la creación de empleo.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Meritxell Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Bienvenido a la Comisión de Presupuestos, señor secretario general de Coordinación Autonómica y Local. Le agradecemos muy especialmente la buena predisposición para mantener esta comparecencia ante la Comisión.

Efectivamente, las transferencias a las comunidades autónomas vienen muy determinadas por el sistema de financiación, por suerte, porque todo aquello que no depende estrictamente del sistema de financiación sufre una rebaja y un recorte significativos. Quiero recordar que además es un sistema de financiación que no apoyaron en el Congreso ni el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ni el Grupo de Convergència i Unió. Es precisamente este sistema de financiación el que está garantizando que los servicios públicos básicos, especialmente pienso en educación y sanidad, puedan ser abordados con cierta viabilidad y solvencia por parte de las comunidades autónomas.

El secretario de Estado presumía esta mañana de haber sido el último en asumir un sistema de financiación acordado por parte de todas las comunidades autónomas; presumía de su capacidad de llegar a acuerdos y es verdad que llegaba a acuerdos. Lo que ha obviado es que ese sistema de financiación fue el ha provocado la situación actual que tenemos y todos los problemas derivados vienen precisamente de ese sistema de financiación, entre otras cosas, por ejemplo, el déficit sanitario. Eso es lo que el nuevo sistema de financiación y que se está aplicando en estos momentos trata de corregir, a pesar de la difícil coyuntura económica. En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 los números son elocuentes: tanto en inversiones como en las transferencias corrientes a las comunidades autónomas que no dependen estrictamente de la financiación autonómica y que por tanto dependen de una decisión política -que son una decisión política del Gobierno- se reducen en 250 millones de euros, un 19,3% respecto al 2011. Los programas de servicios sociales caen un 43,2%; se elimina el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos, cuya dotación era de 67 millones de euros; para financiar el Plan de disminución de abandono escolar temprano,


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se reducen las partidas un 8,9%, cayendo en cuatro millones, y no me diga que lo han pasado al capítulo 8, que son activos financieros, es decir un préstamo que después tendrán que devolver las comunidades autónomas. En otras palabras: el dinero que dan a las comunidades autónomas para combatir el abandono escolar es un préstamo que tendrán que devolver y no una transferencia, como hacía el presupuesto de 2011. Desaparece el fondo para cofinanciar plazas del primer ciclo de educación infantil del servicio público, las guarderías de cero a tres años, 100 millones de euros. Eso sí, van a ayudar mucho a las mujeres que quieren ser madres, pero evidentemente no con una partida para guarderías, por lo que vemos. Desaparecen los contratos programa para incremento del éxito escolar y formación, cuya dotación era de 41,5 millones de euros en 2011. Y además de estos recortes, que suponen una cantidad global de 250 millones de euros, los programas de investigación se reducen un 51,6%. Señor Ossorio, usted decía que estos Presupuestos Generales del Estado eran unos presupuestos sociales. En todo caso, educación, integración de la inmigración e investigación, que son los tres conceptos que hemos repasado, desde luego no son prioritarios para este Gobierno a tenor de lo que se ve reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.

Adicionalmente son también de especial relevancia algunos otros datos. Lo previsto en el programa 941.O vulnera los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e islas Baleares en cuanto a la previsión de inversiones, eliminando toda la partida que estaba contemplada en los presupuestos de 2011 que era de 950 millones de euros. También se incumple el Estatuto de Autonomía de Extremadura, tanto en su disposición adicional primera como en la segunda, y asimismo se elimina la partida prevista en la Ley 19/1994 para Canarias de 43 millones de euros. En este sentido, señor secretario general, para un Gobierno debería ser prioritario, desde nuestro punto de vista, dar cumplimiento a los compromisos asumidos en los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas, estatutos de autonomía que son norma institucional básica de cada una de las comunidades autónomas pero también leyes orgánicas aprobadas en las Cortes Generales. Debería ser prioridad para cualquier Gobierno, por lealtad constitucional y por respeto a los ciudadanos que viven en estas comunidades autónomas.

Con respecto a la cooperación económica y local, haré alusión también al programa 942.A, que se reduce en prácticamente el 77%, de 140 millones pasa a 32 millones de euros. Principalmente son dos las partidas afectadas: el Fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, que desaparece, en 2011 era de 45 millones; y los planes provinciales, que disponían de 83 millones de euros y lo dejan en 20 millones; por tanto, un recorte de más del 70%. Además desaparece la partida dirigida al Plan único de obras y servicios de Cataluña, que era de 2,5 millones de euros, con lo que habrá cero euros para las provincias catalanas.

Con respecto a la previsión del Fondo de pago a proveedores, aprovecho que usted ha hecho alusión a él para decir de nuevo que el Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente la previsión de este fondo, pensamos que era algo necesario y, en ese sentido, no tenemos ningún problema en reconocer que fue un buen objetivo plantearse sacar de la difícil coyuntura económica en que están muchos ayuntamientos y al mismo tiempo ayudar a nuestro tejido empresarial, a los autónomos, a las pymes de nuestro país, porque era un problema insostenible para la economía española, no solo para la Administración pública local, que también, sino para la economía española en su conjunto. Pero también es verdad que el mecanismo tal como lo han articulado, la petición de planes de ajuste que han hecho a los entes locales -que, por supuesto, es lógico que se les pida una planificación de ajustes a estas entidades locales- nos parece que conduce irremediablemente a estas entidades locales a tener que tomar decisiones básicamente en tres líneas: o bien despiden a personal laboral, o bien suben impuestos y tasas y precios públicos, o bien lo que hacen es bajar o hacer desaparecer la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. El secretario de Estado de Economía decía esta mañana que uno de los objetivos del fondo, además de ayudar a los ayuntamientos y a las empresas, que en eso estamos de acuerdo, era precisamente el ajuste fiscal de las entidades locales; es decir, la subida de impuestos y tasas a la que me he referido. Entiendo que se refería a ello cuando hablaba de ajuste fiscal. Preguntándole al secretario de Estado de Administraciones Públicas, que ha comparecido más tarde, decía que para nada el fondo tenía este objetivo, sino que, respetando la libertad de cada una de las administraciones, cada entidad local tenía que decidir cómo ajustaba su presupuesto, bien con aumento de tasas, bien con la disminución del gasto. En todo caso, espero que usted nos aclare si efectivamente el secretario de Estado de Economía tenía razón y estaba en el objetivo político del Gobierno el ajustar fiscalmente, por tanto, obligar a las entidades locales a que suban impuestos y tasas; o bien tiene razón el secretario de Estado de Administraciones Públicas y lo que se estaba buscando era mayor libertad para las entidades locales.

Como ustedes, insisto, se han negado a crear una subcomisión que hubiese permitido un debate ordenado sobre este tema, que era la voluntad de este grupo parlamentario, y como nos han dicho por activa y por pasiva que no es voluntad de opacidad el haberse negado a crear esta subcomisión sino que, al contrario, están en plena disposición por la transparencia, yo le voy a plantear ahora una serie de preguntas por si tiene a bien contestarlas. En primer lugar -se la hacía esta mañana también al secretario de Estado- nos gustaría saber por qué el acuerdo de la comisión delegada de 1 de marzo ha tardado un mes y medio en publicarse en el Boletín Oficial del Estado, de manera que entidades locales y comunidades autónomas no han podido conocer con antelación algunos de los aspectos fundamentales del instrumento


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que les iba a permitir el pago a sus proveedores. En segundo lugar, quién está dando el visto bueno a los planes de ajuste de los municipios y con qué criterios exactamente; supongo que serán criterios objetivables, porque no cabe la arbitrariedad en la Administración pública, por tanto, me imagino que nos podrá detallar exactamente cuáles son los criterios. Quisiéramos saber también en base a qué criterios se han hecho las valoraciones negativas de algunos planes de ajuste. Esta mañana el secretario de Estado decía que ya han valorado desfavorablemente algunos planes de ajuste. Nos gustaría saber basándose en qué criterios exactamente y a qué comunidades autónomas y a qué ayuntamientos afecta esta valoración negativa. En cuarto lugar, ¿cómo van a garantizar el pago a los proveedores en estos casos de valoración negativa de los planes de ajuste o cómo van a garantizar el pago a los proveedores en aquellos casos en los que el ayuntamiento no ha mandado el plan de ajuste? En quinto lugar, ¿va a obligar el ministerio a celebrar la operación de endeudamiento a aquellas entidades locales que decidan no concertar la operación de endeudamiento, bien por su largo periodo de amortización en relación con la cuantía de sus deudas o bien por cualquier otra razón como, por ejemplo, el tipo de interés? En sexto lugar, ¿cuándo se va a constituir el fondo y por qué no está prevista esta entidad pública estatal en los Presupuestos Generales del Estado? En séptimo lugar, ¿cuándo van a poder empezar exactamente a cobrar los ayuntamientos del fondo? Se nos dice que será más o menos en mayo, pero nos gustaría saber exactamente cuándo. ¿A qué instrumento se refiere cuando la orden de 16 de abril -la orden que recoge el acuerdo de la comisión delegada- contempla en el punto 4.º in fine que se habilitará un instrumento para garantizar el pago a los contratistas de las entidades locales que no concierten la operación de endeudamiento prevista en este mecanismo? Nos gustaría saber en qué están pensando cuando se dice que se habilitará un instrumento, ¿qué instrumento es ese?

Finalmente, señor Ossorio, yo le proponía también esta mañana al secretario de Estado que hiciéramos un cálculo sobre lo que realmente van a tener que pagar las entidades locales, porque el ministro Montoro fue muy contundente en su compromiso con las entidades locales en la reunión que mantuvo en el marco de la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, y les dijo muy claramente -también lo dijo en tribuna y también lo dijo así el ministro De Guindos- que en ningún caso, en ninguno, pagarían por encima del 5%. Yo le decía esta mañana, y lo vuelvo a repetir, que con los datos de hoy, con los bonos a diez años al 6%, con 115 puntos básicos previstos en el punto 7º de la orden publicada el 17 de abril, más los 30 de margen de intermediación también previsto en la misma norma, nos estamos yendo al 7,45% y, por tanto, hay un decalaje importante, desde nuestro punto de vista, entre el porcentaje al que se financian nuestros bancos, a través del Banco Central Europeo, que es el 1% y lo que las entidades locales tendrán que pagar financiándose a través de entidades de crédito. El secretario de Estado no ha negado estos datos y, por tanto, entiendo que son correctos. Reconoce que era un mecanismo caro y decía que no podía ser más barato. Yo le digo que el instrumento financiero se podría haber diseñado para que fuera más barato, claro que sí, pero el margen que las entidades de crédito, las entidades financieras, obtendrían sería menor, evidentemente. En cualquier caso, si el secretario de Estado reconoce que no puede ser más barato, también está reconociendo entonces que tanto el ministro Montoro como el ministro De Guindos mintieron en tribuna y mintieron a las entidades locales cuando les dijeron que en ningún caso se pasaría del 5%. Le pedimos que nos aclare todos estos extremos en relación con el Fondo de pago a los proveedores porque nos parece que el objetivo que busca este fondo es muy loable -lo compartimos al cien por cien-, pero nos gustaría ir haciendo un seguimiento de cómo se desarrolla la aplicación real de este fondo y lo que supone concretamente para ayuntamientos y comunidades autónomas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet, doblemente, por centrarse en el asunto.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: A ver si tengo la misma suerte y me felicita usted también al terminar esta breve...

El señor PRESIDENTE: Depende de usted.

El señor MATARÍ SÁEZ: No, creo que no, pero, en cualquier caso, aspiro a que me felicite también al concluir esta breve intervención porque no pretendo reiterar una parte del debate que se ha producido esta mañana y que en alguna medida la señora Batet sí ha hecho, sobre todo al comienzo de su intervención.

Como quiero atender las indicaciones de la Presidencia, voy a intentar no contestar a algunas de las afirmaciones y comentarios. No iré al tema de las preguntas que, efectivamente, tiene que contestar el señor Ossorio, pero sí hay algunas afirmaciones -me imagino que la Presidencia coincidirá conmigo- que el grupo parlamentario que está en el uso de la palabra en este momento tiene derecho a contestar, por supuesto.

El señor PRESIDENTE: Usted tiene derecho a decir lo que le parezca, en todo caso.

El señor MATARÍ SÁEZ: Usted me puede llamar a la cuestión, por supuesto, también.

Sin entrar en la contestación de las preguntas, sí voy a entrar a contestar a alguna de las reflexiones que ha hecho la señora Batet, insisto, sin reiterar los debates que se han producido esta mañana. Algunas cuestiones, como por ejemplo el asunto del incumplimiento o de la vulneración


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de los estatutos de autonomía, lo ha explicado el señor Beteta esta mañana y me imagino que el señor Ossorio volverá a hacerlo. Respecto a si se vulneran los estatutos de autonomía, no sé si para la señora Batet las sentencias del Tribunal Constitucional sirven o no para algo; hay una sentencia del Tribunal Constitucional, como ha explicado el señor Beteta esta mañana, que dice lo que dice -y lo ha leído expresamente-, pero está en su perfecto derecho de reiterar ese debate.

Sí es llamativa en esta parte final de la intervención, que es la que se ha ceñido más a la primera intervención del señor Ossorio, la alusión al plan de proveedores. Yo hago una reflexión, que no es una contestación a la señora Batet: con lo bien que explican lo que hay que hacer, no sé, señor Ossorio -a ver si usted puede explicármelo-, por qué no lo han hecho ellos en los últimos dos años o en el último año cuando se ha reiterado una y otra vez desde todas las comunidades autónomas, desde la Administración local y desde la Federación Española de Municipios que había que hacer eso; no lo han hecho y ahora, sin embargo, explican estupendamente qué es lo que hay que hacer y no entiendo por qué no se ha hecho.

En cualquier caso, voy a destacar algunas ideas generales y a intentar que el señor Ossorio pueda ahondar en su contestación en alguna cuestión que me parece importante. En primer lugar, este Gobierno lo primero que ha hecho ha sido poner en práctica el principio de lealtad institucional: respeto a las corporaciones locales y respeto a las comunidades autónomas. Creo que ahí se ha dado un giro de 180 grados. Hay un compromiso que se ha hecho con un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión de Administración Local para que esas administraciones estén comprometidas con la estabilidad presupuestaria y con el cumplimiento del déficit. A cambio, también el Gobierno se ha comprometido y ha puesto en marcha medidas para incrementar la financiación y la liquidez de las administraciones, que era absolutamente necesario. Señor Ossorio, la señora Batet hacía un comentario y yo iba a hacer una pregunta a ese comentario respecto a algo que también ha comentado el señor Beteta esta mañana. El sistema de financiación crece, crecen las partidas, crece el conjunto de financiación, aunque hay un sistema de financiación que nosotros no votamos. Lo ha explicado el señor Beteta y yo quiero, señor Ossorio, que usted lo explique otra vez esta tarde a ver si queda definitivamente claro. Es verdad que no lo votamos, pero, como ha explicado el secretario de Estado, lo cumplimos y lo cumplimos mejor que lo ha hecho el Gobierno socialista y otros que lo votaron, que lo aprobaron, que lo hicieron, no lo cumplieron y me gustaría que tuviera usted ocasión, señor Ossorio, de explicar este asunto. Efectivamente, como se ha dicho esta mañana en torno al principio de lealtad institucional, España somos todos, este es un Gobierno responsable que lo ha ejercido desde el principio y lo va a seguir haciendo porque no va a hacer dejación de responsabilidades. Ya otros lo hicieron y la situación en que estamos está motivada en gran parte por esa dejación de responsabilidades. Y este principio de lealtad y estos compromisos tienen un reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y por eso suben las transferencias corrientes, las transferencias de capital, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Sube el conjunto de la financiación, señor Ossorio, y quiero que usted nos explique con algún detalle en qué consiste ese esfuerzo que hace la Administración General del Estado para que las comunidades autónomas y las corporaciones locales reciban más ingresos del sistema de financiación de lo que recibieron en otros años, a pesar de que efectivamente era un sistema que no votó el Partido Popular.

Tercera idea: es verdad que se reducen -ha vuelto a comentarlo y creo que también puede el señor Ossorio dar algún detalle- algunas partidas; menos de lo que dice el Grupo Socialista, pero es verdad que se reducen porque estamos en un contexto presupuestario que es el que es y eso está más que explicado y no vamos a entrar en ello. Sí diré dos cosas: se incrementa el conjunto de las transferencias y, por tanto, mejora la financiación global de las administraciones territoriales y, por tanto, aunque haya programas concretos que puedan descender, el conjunto de esa financiación que reciben los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas, mejora y el Gobierno anterior -lo he dicho esta mañana y no voy a reiterarlo-, en unos presupuestos como los de 2011 que preveían un incremento del empleo y un incremento de la situación económica y del PIB, bajó esas partidas mucho más incluso en algunos casos que lo que ha bajado el presupuesto de 2012.

En cuarto lugar, como decía, no se puede olvidar el contexto económico del presupuesto ni tampoco las obligaciones sobrevenidas con las que se ha encontrado este Gobierno y que son nada más y nada menos que consecuencia de un agujero de 25.000 millones que nos hemos encontrado nada más llegar al Gobierno porque el anterior Gobierno dejó de cumplir un compromiso de déficit público que tenía el Gobierno de España con la Unión Europea, un agujero de 25.000 millones que ha supuesto, insisto -es importante reiterarlo una y mil veces-, que este año haya que hacer un esfuerzo por 18.000 millones de euros, superior al que hubiera habido que hacerse si se hubiera cumplido con ese objetivo de déficit y no habernos ido al 8,5%, o los 10.000 millones de añadido el año que viene por el mismo motivo. Por tanto, hay que tener siempre en cuenta esa cuestión a la hora de analizar el presupuesto con el que nos estamos enfrentando.

Termino. Presupuestos realistas. Señor Ossorio, también es importante poder hacer una reflexión en este sentido. Cuando no se hacen presupuestos realistas como ha pasado en otros años, 2008 o 2009, nos encontramos con que se pintan unas cifras que no se cumplen, se transfieren unas cantidades a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y, mira tú por donde, ahora resulta que hay que devolverlas porque como se está en una estrategia política y los presupuestos se ponen al


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servicio de una estrategia que hubo esos años de ocultamiento de la crisis, de no querer reconocer esa situación, se hicieron los presupuestos falsos y se hicieron las partidas que ahora hay que devolver. También está contemplado eso y el Gobierno ha tomado ahí medidas que yo creo, señor Ossorio, que también usted podía comentarlas en su intervención.

Finalmente, los esfuerzos que se hacen en el presupuesto de transferencia a las administraciones territoriales, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales se hacen por una razón fundamental y es porque las competencias que tienen las comunidades autónomas y las corporaciones locales, sobre todo referido a la prestación de los servicios sociales y la sanidad, son muy importantes y el compromiso de este Gobierno con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de los servicios sociales creo que son el motivo y la justificación de por qué se hace ese esfuerzo presupuestario que yo estoy seguro de que usted nos va a explicar a continuación.

Muchas gracias, señor Ossorio y le insisto en que al Grupo Parlamentario Popular le interesa, sobre todo, este tipo de detalles que puedan ilustrarnos un poco mejor todavía de cómo el Gobierno ha hecho este esfuerzo, cómo reduciéndose el presupuesto en lo que se reduce, sin embargo, la financiación territorial se incrementa precisamente para atender lo que son las competencias básicas de las administraciones territoriales, que son los servicios públicos y los servicios sociales a los que tienen derecho los españoles.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí. Muchas gracias y mitad porque casi se ha centrado.

El señor MATARÍ SÁEZ: No aspiraba a más.

El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la oportunidad don Enrique Ossorio de dar respuesta a lo que le han planteado los señores diputados.

El señor SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Ossorio Crespo): Quisiera iniciar mis palabras dando las gracias a los dos intervinientes por su espíritu constructivo en los asuntos que se han planteado.

Contesto simultáneamente a preguntas del diputado Matarí y de la diputada Batet sobre qué esfuerzo ha hecho el Gobierno en estos presupuestos que enlazaría con lo que decía la diputada Batet que parece poco menos que el incremento de la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales viene poco menos que forzada por la Ley de Financiación Autonómica. Quiero decir que en materia de gastos el Gobierno de la nación para presentar este proyecto de presupuestos ha tenido que hacer un esfuerzo enorme dentro del presupuesto de gastos dada la situación tan compleja en la que nos encontramos porque las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, el sistema de financiación y los fondos de compensación interterritorial para comunidades autónomas y ayuntamientos crecen un 8,9%. Han pasado de 39.520 millones en 2011 a 43.050 millones en el año 2012. Por tanto, son nada menos que 3.530 millones de euros. Esto permite que las comunidades autónomas tengan más recursos para prestar los servicios públicos de su competencia, la sanidad, la educación y los servicios sociales en un 9,7% y en el caso de las entidades locales en un 7,6% respecto al año 2011. Eso es centrándonos en lo que es el presupuesto de gastos del Estado, pero la financiación autonómica es mucho más, tiene la parte de gastos y la parte de ingresos. Esta parte de gastos que he explicado es muy importante porque es el esfuerzo real del Gobierno, el esfuerzo presupuestario, que realiza en el presupuesto de gastos. El sistema de financiación, como digo, va mucho más allá, tiene una parte de ingresos y una parte de gastos. Ahí es donde entra ese esfuerzo presupuestario de la Administración del Estado. Los ingresos de las comunidades autónomas por el IRPF, por el impuesto sobre el valor añadido y por los impuestos especiales bajan. Es decir, si no hubiera habido ese esfuerzo en la parte del gasto, esos recursos que vienen de unas fórmulas de ese sistema de financiación del que la diputada Batet nos hablaba bajaban entre un 4 y un 5%. El sistema de financiación de las comunidades autónomas alcanza, por el contrario, 84.263 millones, que supone un crecimiento del 0,19%. En el caso de las entidades locales crece hasta 15.624 millones de euros y crece, por tanto, un 8,08% más que el año anterior. En su conjunto, como antes dije, la financiación territorial crece un 1,35%.

Esto no ha sido así siempre. En el año 2010 y en el año 2011 bajó la recaudación de los impuestos que el sistema de financiación otorgaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y bajó la financiación de las comunidades y los ayuntamientos. En el año 2010 la financiación autonómica con este sistema tan bueno bajó 16.405 millones de euros nada menos respecto a 2009. La financiación local en ese mismo ejercicio bajó 3.053 millones de euros y en 2011 la financiación autonómica bajó 3.518. Por tanto, si aplicando las normas de ese sistema de financiación los ingresos de las comunidades autónomas y ayuntamientos si sus impuestos bajan, bajan, ¿por qué en este caso no ha bajado, sino que sube? Por el esfuerzo de gasto que la Administración del Estado ha hecho. Ya he explicado el incremento de las subvenciones a favor de comunidades autónomas y ayuntamientos y esto contrasta, he dicho el 8,9, con cómo el gasto ministerial medio baja un 16,9%.

Por otra parte, el Gobierno de la nación ha introducido todos los mecanismos del sistema de financiación en el presupuesto, cosa que tampoco sucedió en otros ejercicios, generándose innumerables recursos de las comunidades autónomas. Este año están todos los recursos del sistema de financiación y al cien por cien. La Administración del Estado de esa manera ha introducido en el


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año 2012 recursos adicionales del modelo por valor de 14.066 millones de euros para que se puedan atender los servicios públicos de la sanidad, la educación y los servicios sociales. No contentos con eso, se han introducido 2.536 millones a favor de las comunidades autónomas y 620 millones a favor de las entidades locales, lo que sumarían 3.156 recursos adicionales por la ampliación de 60 a 120 meses de la devolución de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009. Por tanto, a efectos de las comunidades autónomas, los recursos adicionales que se han introducido en el proyecto de presupuestos ascienden a 16.602 millones de euros. Si no se hubiesen introducido estos recursos al completo y al cien por cien cada uno de ellos, desde luego, la financiación autonómica hubiese bajado porque, como les he dicho, las entregas a cuenta del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, aplicadas las fórmulas del sistema de financiación a la previsión de recaudación, bajan entre un 4 y un 5%. Pero no solo eso, además el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que fue el primer real decreto-ley de este Gobierno, incrementó el IBI, y eso originará este año un incremento de la recaudación para los ayuntamientos de 918 millones de euros. También estableció un gravamen complementario sobre el IRPF y una elevación del impuesto especial sobre tabacos que origina que vía recursos del sistema de financiación las comunidades autónomas reciban 994 millones de euros más y los ayuntamientos 1.004 millones de euros más. Por tanto, la contestación a ambas preguntas sería que se ha conseguido que suban la financiación autonómica y la local por el sacrificio del Estado en el presupuesto de gastos presupuestando todos los recursos del sistema de financiación al cien por cien, cosa que otros gobiernos en el pasado no hicieron y por eso al bajar los recursos bajó la financiación.

La diputada Batet decía que el secretario de Estado recordaba cómo el sistema en el que él contribuyó a su diseño, el sistema del año 2001, fue el último que fue aprobado por unanimidad. Decía que pensaba que este sistema nos había llevado a la situación actual. Yo viví el nacimiento y el desarrollo de ese sistema y tuvo un problema, que se dejaron una serie de cuestiones para el desarrollo posterior a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y las leyes que lo desarrollaban. Por ejemplo, el artículo 4, que contemplaba toda la regulación de la población. Era un elemento esencial. Cuando se negocia el sistema en el año 2001, ya se ve que en España están entrando muchísimos habitantes -los habitantes inciden en el gasto autonómico de una manera exponencial más que en el gasto del Estado- y por tanto era necesario poner en marcha los mecanismos del artículo 4 en la Ley de Financiación. ¿Pero qué pasó? Que el Gobierno, que quiso poner en marcha -tenía que poner en marcha- esas partes del acuerdo de financiación que no se habían desarrollado hasta el final, pero que estaban en la ley -tenían que desarrollarse por acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera-, ya había anunciado en su programa electoral que ese sistema de financiación no le valía y que por lo tanto lo iba a hacer nuevo. Luego ese Gobierno durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 no modificó el sistema y además no puso en marcha los mecanismos que el sistema preveía nada menos que en materia poblacional y más elementos que tenía el sistema. Por tanto, la culpa no fue del modelo, sino de que el Gobierno que tuvo que desarrollar el modelo ya había anunciado en su propio programa electoral que ese modelo no le gustaba y que lo iba a cambiar.

Respecto al programa 941, plantea la diputada Batet que incumple determinados estatutos de autonomía. Ya ha contestado el secretario de Estado esta mañana cómo el Tribunal Constitucional ha dicho en su sentencia del año 2010 que esas disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones ni pueden condicionar la voluntad del Legislativo cuando tramita y cuando determina los presupuestos del Estado. Por tanto -también lo dijo el secretario de Estado-, esos son unos compromisos de naturaleza política y no un imperativo que deba reflejarse obligatoriamente en los presupuestos. Otro argumento del Tribunal Constitucional que es bastante interesante señala que no se puede pretender que en un estatuto de autonomía se establezca un reparto de recursos financieros o de inversiones en virtud de un criterio favorable para esa exclusiva comunidad. Ya el Tribunal Constitucional en su Sentencia 13/2007, de 18 de enero, dictó que eso no es posible porque va contra el principio de la solidaridad. Por tanto, este presupuesto no incumple esas disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía sencillamente porque el Tribunal Constitucional ha dicho que esas disposiciones, que son válidas, que son legales y que están en los estatutos de autonomía, deben aplicarse de acuerdo con la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional y este Gobierno en este momento, en esta situación económica, no ha podido dotar esas partidas por la situación en la que nos encontramos. Esa es la explicación de que no estén dotadas estas partidas en el programa 941.

También preguntaba por el programa de cooperación económica local, el programa 942, que desciende de una manera considerable, un 67%. En esta materia lo que le quiero decir es que, en efecto, dentro de ese programa está el Fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes. Estaba en el año 2011 y ahora este programa ya no está dotado, pero me gustaría recordarle que ese programa estaba dotado con 45 millones de euros y que benefició a 2.083 municipios, con una media de 15.000 euros anuales a cada uno de ellos. Lo que he querido antes explicar es cómo el sistema de financiación local crece en 1.168 millones de euros. Al otro le dan 45 millones de euros y ahora el sistema de financiación local crece en 1.168 millones de euros, lo que supone un 8,08% de incremento. Ese programa para municipios de menos de 20.000 habitantes pretendía que la financiación media de los municipios alcanzara la cifra de 154 euros por


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habitante. Lógicamente, con los 1.168 millones de euros adicionales se alcanzan esas cifras. Lo mismo se debe decir respecto de los planes provinciales e insulares de cooperación. Están en el mismo programa y lo que se ha presupuestado han sido 20 millones frente a los 80 del año anterior. Estos 20 millones recogen los compromisos que hay en cada uno de esos programas, pero no se presupuestado gasto para nuevas inversiones. Por ese motivo, el plan único de obras y servicios de la Generalitat de Catalunya no está dotado con ningún recurso en este presupuesto, porque en ese caso, que es un plan complementario del anterior, no había ninguna obra antigua comprometida con gasto en el ejercicio 2012. Por eso no ha sido objeto de dotación.

Ha preguntado por el Plan de pago a proveedores. Creo que lo he explicado en mi intervención inicial. La política del Gobierno con las entidades locales y con los ayuntamientos en estos últimos meses y desde luego en el proyecto de presupuestos es de total apoyo y ayuda. Se han instrumentado varios mecanismos, sobre los que me preguntaba el diputado Matarí, de financiación adicional para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, como digo, ha sido de total ayuda y apoyo, pero eso encaja con que comunidades autónomas y entidades locales tienen que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es en ese contexto en el que, al surgir la idea del Plan de apoyo a proveedores, que está dotado nada más y nada menos que con 35.000 millones de euros, se les exige a las entidades locales y a las comunidades autónomas que participen en esos proyectos que elaboren un plan de ajuste para garantizar que ese préstamo que van a recibir para pagar a sus proveedores pueda ser devuelto en el plazo de diez años con dos de carencia de los créditos que se les van a conceder y que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ese ha sido desde el primer momento el discurso del Gobierno. Se van a poner más recursos encima de la mesa en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se van a dar líneas adicionales de financiación, pero comunidades y ayuntamientos tienen que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa es la finalidad de los planes de ajuste y eso es lo que han tenido que decir los secretarios de Estado de Administraciones Públicas y el secretario de Estado de Economía.

Preguntaba por qué se han publicado ahora los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos. Todo el Plan de pago a proveedores en lo que respecta a las entidades locales está definido en el Real Decreto-ley 6/2012, publicado en el mes de marzo. En ese real decreto-ley están absolutamente todos los pasos que han tenido que seguir los ayuntamientos hasta este momento. En el caso de las comunidades autónomas lo conocen por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también del mes de marzo. La publicación del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos viene a rellenar la segunda parte de la operación, que son los créditos que van a suscribir las comunidades autónomas y las entidades locales para esa segunda fase del plan de pago a proveedores. Por tanto, no hacía falta en aquel primer momento de publicación del real decreto-ley publicar los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aparte de eso, que son posteriores en el tiempo, pero ahora sí, porque ahora se ha constituido el fondo que va a otorgar los préstamos a los bancos y a las comunidades autónomas. Por tanto, el motivo de su publicación ahora es ese.

Preguntaba también quién está dando el visto bueno a los planes de ajuste. El visto bueno se va a dar desde las subdirecciones expertas en financiación local y autonómica, cuando sea el caso de las comunidades autónomas, de esta secretaría general de Coordinación Autonómica y Local. Respecto a los criterios que me decía, los criterios para que esos planes sean aprobados o no, vienen establecidos en el Real Decreto-ley 6/2012 y también en los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Quería usted saber si hemos valorado negativamente algún plan de ajuste. En cuanto a los planes de ajuste de las entidades locales, tenemos hasta el día 30 de abril para comunicar fehacientemente a las entidades locales si los mismos se han aprobado o no. Esa es la situación y el 30 de abril será la fecha en que comunicaremos a las entidades locales los planes de ajuste que han sido aprobados y los que no.

Ha preguntado por una disposición del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos para garantizar el pago a proveedores, que creo que enlaza con una pregunta que me ha hecho la diputada Batet. Sucede lo siguiente. Los proveedores de las entidades locales cuyo plan de ajuste no sea aprobado o que no presenten plan de ajuste cobran lo mismo, cobran de la misma manera que aquellos ayuntamientos, que aquellas diputaciones en que los planes sean aprobados o presentados por la diputación o la entidad local. Van a cobrar igual; el proveedor no se va a enterar de si hay préstamo, crédito o no lo hay. Lo único que sucede es que, si no presentan el plan de ajuste o el plan de ajuste no es aprobado, se les descuenta de la participación en los ingresos del Estado por parte del Ministerio de Hacienda; es decir, los proveedores cobran igual, no se enteran de lo que ha sucedido -se pueden enterar por los periódicos- y cobran igual del fondo, tanto si hay plan de ajuste como si el plan de ajuste se ha aprobado o no. Lo que ocurre en un caso es que la entidad local financia mediante el crédito lo que se le ha pagado a los proveedores y en otro caso se descuenta de la participación de los ingresos del Estado, tal como establece el texto articulado de la Ley de Presupuestos que está en esta Cámara.

Sobre si vamos a obligar a concertar la operación de crédito a los ayuntamientos, se deduce claramente de mi contestación que no. El ayuntamiento es libre de concertar o no la operación de crédito. Lo que sucede es que si tenía facturas pendientes a 31 de diciembre del año 2011 y no las ha pagado a los proveedores y las ha enviado al Ministerio de Hacienda, lo que es su obligación,


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y los proveedores han dicho que quieren acudir al mecanismo, el ayuntamiento puede optar por dos cosas: que se le retenga de la PIE o el crédito. Por tanto, no les obligamos, son libres de decidir una cosa u otra. ¿Cuándo cobrarán los proveedores? Nuestros servicios técnicos se están esforzando en que cobren cuanto antes. Creemos que podrán cobrar a mediados o finales del mes de mayo.

Respecto al tipo de interés, me remito a lo que dice el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Dice: tipo Tesoro más 115 puntos básicos. Está publicado en el Boletín Oficial del Estado y es el tipo aplicable a la operación. En cuanto a si los tipos son baratos o caros, es verdad que el Banco Central Europeo hizo una subasta al 1%, pero a tres años. Estos créditos son a diez años con dos de carencia. No es lo mismo. El tipo de interés que se ha conseguido es muy bueno para las entidades locales y para las comunidades autónomas, y la explicación es esa, que en el Banco Central Europeo era un 1%, sí, pero para tres años, y estos créditos son a diez. ¿Y qué pasa con los otros siete? Y cuando acaben los tres hay que devolver al Banco Central, al 1%, sí, pero ¿y luego? ¿Y los siete? Ese es el motivo del tipo de interés.

Contestando a las preguntas del diputado Matarí, como también le decía a la diputada Batet, el Gobierno, además de sostener el sistema de financiación en los presupuestos, como he tenido la ocasión de explicar, logrando un incremento de la financiación territorial, ha puesto en marcha varias medidas extraordinarias de apoyo a la financiación, en todas las cuales hemos exigido planes de ajuste por lo que he explicado hace un momento, porque el Gobierno está dispuesto a poner más recursos encima de la mesa para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ese es el motivo de esos planes de ajuste. La primera de esas medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez es el anticipo del 50% de las liquidaciones del sistema de financiación 2010, en el que afortunadamente las liquidaciones son positivas, y el Gobierno se ha comprometido a adelantárselas a las comunidades autónomas, cosa que ya se ha hecho, y ahora se están adelantando a los ayuntamientos tras la publicación del Real Decreto 7/2012. Otra que ya he explicado es la vieja reivindicación de la ampliación de 60 a 120 meses para la liquidación negativa de los años 2008 y 2009, que asciende a un importe de 3.156 millones de euros. El otro mecanismo es el mecanismo de pago a proveedores, dotado con nada menos que 35.000 millones de euros, y finalmente la línea de vencimiento del Instituto de Crédito Oficial a favor de comunidades autónomas, que sirve para atender vencimientos de deuda de las comunidades autónomas. Tiene un importe de 10.000 millones de euros ampliables a 15.000 millones de euros.

Creo que con estas contestaciones he dado respuesta a las preguntas. Si se me ha olvidado alguna, lo siento mucho. Les agradezco mucho la atención y encantado de haber estado con ustedes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Ossorio, es la Comisión la que le agradece a usted su presencia y sus explicaciones. Muchas gracias. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (AGUIRRE RODRÍGUEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000175) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000279).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia de la sesión de esta tarde. Viene a comparecer el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Saben ustedes que todas las autoridades que han acudido a la Comisión son consideradas amigas por esta Comisión, pero en el caso de don Ramón Aguirre la verdad es que es amigo de trato durante mucho tiempo aquí y lo recibimos con especial afecto. Don Ramón tiene la palabra para hacer una intervención inicial y después intervendrán los señores y señoras diputadas que tienen previsto hablar.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Aguirre Rodríguez): Señor presidente, muchas gracias por sus palabras. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han solicitado mi comparecencia, porque me dan la oportunidad de poder hablar de un tema interesante, como son las líneas generales de la actuación de la SEPI, y como es, por así decirlo, el marco en el que se fundamenta su actividad económica. Pero quisiera, señor presidente, que mis primeras palabras fueran para expresar un reconocimiento, fundamentalmente a los funcionarios, a los empleados, a los técnicos y a los directivos de la SEPI, que en este periodo de tránsito en el que me he encontrado en las últimas semanas, han tenido un comportamiento absolutamente impecable, profesional, comprometido con la navegación de esta Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y si de alguna manera me gustaría reflejar este reconocimiento, es plasmando dos nombres que quiero que figuren en el "Diario de Sesiones": don Enrique Martínez Robles y don Federico Montero Hita, presidente y vicepresidente de la SEPI, que me han precedido en el mandato de la sociedad y sobre los que no tengo más que palabras de agradecimiento. Solicitaría a los servicios de la Cámara que cuando pongan la palabra gracias la pongan en mayúscula.

Dicho este agradecimiento y este reconocimiento, me gustaría compartir con sus señorías que el presupuesto y los objetivos para la legislatura 2012-2016 en la SEPI serían fundamentalmente contribuir desde la actividad empresarial del grupo a la estabilidad y a la solvencia de la economía española. Para ello, nos comprometemos desde esta nueva etapa al frente de la SEPI a hacer un


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compromiso cerrado con el mantenimiento del empleo que figura a su cargo; aproximadamente 24.000 empleados sobre los que nos gustaría que en ningún momento se pudiera correr el riesgo de tener que vernos en algún momento en fases de ERE. Vamos a intentar hacer una política muy firme del mantenimiento del empleo. Para ello vamos a intentar estabilizar financieramente la cabecera y las participadas y fortalecer el holding a través del saneamiento y la apertura del mismo al exterior. Quiero hacer una primera afirmación porque muchas veces en estos debates de presupuestos no se tiene en cuenta que la SEPI es una sociedad cuyo presupuesto es autónomo y no carga ningún tipo de tensión a los Presupuestos Generales del Estado. No hay ningún tipo de transferencia de recursos a la SEPI por parte de los Presupuestos Generales del Estado. La SEPI no apela nunca al déficit público. De ahí la importancia de estabilizar el horizonte financiero en esta legislatura a través de los mecanismos de la austeridad y la reducción de pérdidas compensadas con los beneficios. Quiero dejar muy claro que durante esta legislatura SEPI no tendrá necesidad en ningún momento de apelar a los Presupuestos Generales del Estado. Eso nos lleva a hacer un anuncio muy concreto: no vamos a hacer ningún tipo de desinversión de las anunciadas y aprobadas por el Gobierno del señor Zapatero. Como saben sus señorías, en el Consejo de Ministros de mayo de 2011 se autorizó a SEPI a desinvertir en Red Eléctrica, en IAG y en Ebro Foods. Habida cuenta de que podemos comprometernos a tener estabilizado el presupuesto y la actividad económica de SEPI, no vamos a hacer ningún tipo de desinversión. Algo así como anunciar que no habrá cierres, no habrá privatizaciones y no habrá desinversiones hasta que el mercado se estabilice. Si hay alguna oportunidad de mercado, entonces sí tomaríamos decisiones de desinversión. Creemos que con los ingresos recurrentes que tiene la SEPI, con el nivel de tesorería que acumula, que ya les anticipo que ronda aproximadamente 2.070 millones, el presupuesto de la SEPI es absolutamente autosuficiente. La SEPI no necesita inyecciones de dinero público adicionales para financiar su funcionamiento ordinario.

Quisiera compartir con sus señorías de qué manera veo el impacto de la política del Gobierno sobre todo en las políticas de austeridad. El criterio de austeridad va a intervenir e impactar de manera muy importante porque vamos a obligar a todo el holding a rebajar los límites del techo de gasto de funcionamiento, eliminando gastos erróneos y desplegando esta actividad de austeridad por todas sus empresas y filiales. La reordenación del sector público empresarial que ha sido anunciada afecta de manera muy importante, sobre todo porque hemos entrado en un período en el que hemos clasificado todas las empresas que pertenecen al grupo en tres niveles distintos. Eso va a redundar en que dependiendo del nivel al que se pertenezca se tendrá claramente un tipo de retribución, tanto los presidentes como los equipos directivos, un tipo de consejos de administración, reduciéndose el número y reduciéndose los participantes en esos consejos de administración. También quiero anunciar que en el pasado Consejo de Ministros del 16 de marzo se ha hecho pública la decisión del Gobierno de constituir un grupo de trabajo para concentrar en una sola entidad todas las empresas del sector público que dependen del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Como consecuencia de esa voluntad del Gobierno, hoy podemos anunciar que el grupo SEPI tiene un nuevo integrante, que es el grupo Correos, que se integrará en breve y sobre el que estamos haciendo las primeras negociaciones para su incorporación a la actividad dentro de SEPI. Como decía, los acuerdos del Gobierno en materia de reordenación del sector público empresarial van a tener un efecto muy directo en la capacidad retributiva. Por tanto, después de estas decisiones podemos decir que ha nacido una nueva etapa, donde se van a producir unos clarísimos descensos en los sueldos fijos, en el variable y en el capítulo de indemnizaciones. Estarán cifradas en la horquilla de entre el 17 y el 27% del capítulo de retribuciones. En definitiva, señorías, estamos ante un impacto bastante serio en la actividad económica del grupo SEPI, tanto por el horizonte de su tamaño como por los efectos que va a causar en el capítulo de retribuciones.

A nadie se le escapa que España está en una situación excepcional en materia económica. No voy a perder ni un minuto en lamentar el estado en que he encontrado alguna de las empresas que componen la SEPI. No voy a gastar mi tiempo en buscar ni responsables ni responsabilidades, sino en buscar soluciones. Pero eso no me impide decir que hoy día SEPI no responde a lo que debería de ser un verdadero holding empresarial. En este mandato me propongo hacer una reorganización del organigrama para hacer aparecer por primera vez en SEPI una figura que, sorprendentemente -y supongo que a sus señorías también les sorprenderá-, en una actividad económica tan intensa como la que tiene SEPI, no hay, y es una unidad de fiscalización interna. Me propongo crear una auditoría interna dependiente de la presidencia de SEPI con un reforzamiento de sus poderes jerárquicos y con una dotación de recursos y de normas que le haga poder operar y desplegar su actividad en todo el holding. Al mimo tiempo, me propongo hacer algo muy propio de un holding, y es que tenga políticas comunes y políticas homogeneizadas. Voy a centralizar la gestión de todas las políticas relativas a los dividendos, a los márgenes, a la tesorería y a la financiación.

Por último, señor presidente, si me lo permite, quiero hacer una breve referencia a las empresas que tienen más eco por su actividad en la economía y en la navegación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y nunca mejor dicho lo de la navegación. Me gustaría hablar brevemente sobre Navantia que, por así decirlo, es la joya de la corona de SEPI. Yo no me resigno a que Navantia sea una fuente constante de pérdidas financieras y mucho menos a que en Navantia se pueda en ningún momento entrar en el debate de una reconversión


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más tarde o más temprano. Navantia tiene margen suficiente para incrementar sus pedidos, tanto en la rama militar como en la rama civil, tanto en los astilleros gallegos como en los astilleros de Cádiz, pero claramente Navantia tiene que orientar toda su actividad, hoy por hoy, al exterior para abrir mercado y, por eso, me propongo que, a partir de ahora, la actividad exterior de Navantia sea declarada como prioritaria y reforzaré para ello el área comercial de Navantia incrementando sus responsabilidades, su dimensión y sus recursos.

Una mención especial merece la Corporación Radiotelevisión Española. Es verdad, creo que podremos coincidir todos en que estamos en una situación en la corporación de descontrol muy agudo y probablemente sin precedentes. También podrán comprobar o coincidir sus señorías en que la solución de este problema rebasa la capacidad de SEPI; pero SEPI se ha propuesto, en este momento de bloqueo de la situación institucional de Radiotelevisión Española, desbloquear lo que es más importante, que es el presupuesto de Radiotelevisión Española. Para eso, ustedes, señorías, tendrán dentro de poco la oportunidad de votar unos presupuestos, que podrán gustarles más o menos, que tendrán mayor o menor ajuste, pero son unos presupuestos que permiten estabilizar la plantilla y los empleos de Radiotelevisión Española, que permiten que Televisión Española siga funcionando y que permiten que Televisión Española dé el servicio público para el que está encomendada.

Por lo que se refiere a Enresa, en este ejercicio Enresa va a tener un protagonismo en la actividad de SEPI muy principal. Como saben sus señorías, una de las grandes misiones que tendrá Enresa será la construcción del ATC, el almacenamiento de residuos tóxicos. Ha habido un largo proceso que se ha superado, yo diría de años, para poder decidir la ubicación geográfica del ATC. Por fin, se ha decidido, no sé si es un buen sitio o si es un mal sitio, en cualquier caso es una necesidad urgente desbloquear la construcción del ATC. Estamos ya en condiciones de iniciar la etapa de licenciar todo el proyecto del ATC, de adjudicar e identificar los terrenos, para ser más exacto, las fincas donde se va a instalar el ATC y, por ello, SEPI se pone como objetivo en este año iniciar estos procedimientos y ejecutar la obra, sobre todo, ayudándose de los operadores del Grupo SEPI, como puede ser ENSA o Enusa y Tragsa, que podrán contribuir a ejecutar el proyecto del ATC entre un 60 y un 70%. Es el compromiso que quiere adquirir la SEPI para llevar a cabo este gran proyecto.

Como decía en un momento de mi intervención, no vamos a producir ninguna desinversión en las acciones que tenemos en sociedades privadas de manera minoritaria, pero sí quiero anticiparles que estamos estudiando una reordenación societaria en la compañía Hispasat, conjuntamente con todos los miembros del accionariado; una reorganización societaria que prime y busque la presencia de un nuevo proyecto industrial y de un nuevo proyecto del servicio espacial, que beneficie a los intereses generales de España y también, por qué no decirlo, a los intereses de la seguridad de España.

Señor presidente, agradezco el tiempo que me ha otorgado para hacer esta presentación y esta primera intervención como presidente de SEPI en esta Cámara y agradezco también la atención de sus señorías. Por supuesto, quedo a disposición de todos ustedes para poder responder las preguntas que consideren oportunas.

El señor PRESIDENTE: Somos nosotros quienes estamos agradecidos por sus explicaciones, señor Aguirre. Ahora los grupos que han solicitado la comparecencia tienen la oportunidad de intervenir. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, en su nombre don Antonio Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Ramón Aguirre y desearle en esta nueva etapa que inicia los mejores de los éxitos, se lo digo de corazón, porque sus éxitos serán éxitos para toda la economía española y para este país.

Voy a empezar haciendo una reflexión de contexto, que me la va a permitir la Presidencia, y voy a tratar de ser lo más breve posible, es una reflexión de contexto en cuanto a los presupuestos, reafirmar las opiniones de los intervinientes en estas interpelaciones del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto al presupuesto: lo consideramos poco convincente y sobre todo poco creíble. En eso coincidimos con lo que han sido afirmaciones del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional y yo diría hasta incluso del propio Grupo Popular. Hoy mismo ha habido una intervención donde la única razón para justificar la credibilidad que puedan tener los presupuestos es decir: lo que está claro es que los vuestros no fueron ajustados y no se cumplieron; estos está por ver. Yo creo que hay dudas ciertas hasta en el Grupo Parlamentario Popular de que son unos presupuestos poco convincentes. Y la segunda reflexión de contexto es la distribución del gasto, independientemente. Como ya se ha analizado en muchas ocasiones la distribución de los ingresos, me voy a centrar en la distribución del gasto, una distribución por masas presupuestarias donde se reducen en estos presupuestos los gastos de carácter social, los gastos y las políticas de carácter económico y las políticas de servicios públicos básicos, esas se rebajan y se aumentan las políticas de gastos generales, ahí está incluido deuda pública y también lo que son transferencias a entes territoriales.

Centrándome ya en la SEPI, primero quiero hacer una aclaración con relación a una afirmación y a un dato que ha aportado el señor Aguirre, y es que la SEPI no se financia con cargo a los presupuestos del Estado. Le voy a leer la página 201 del libro de presupuestos, que conoce usted muy bien: Las aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2012, cualquiera que sea su reflejo contable en las entidades, presenta la siguiente composición: SEPI, 97 millones de euros. Esto no es una novedad, también en el año 2011 la página 182


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decía exactamente igual y la asignación era de 76 millones de euros. Necesito que me aclare esa afirmación, porque desde luego aquí, en la información que se nos suministra, sí hay una aportación de los Presupuestos Generales del Estado a SEPI consolidado. Luego, hay un dato que para mí es importante para la reflexión que a continuación le voy a trasladar. Me habla usted de empleo y de un compromiso de mantenimiento del empleo de 24.000 empleados en SEPI. No dudo de su palabra; sí es así, si es cierto, corrijan su página web, puede consultarla ahora mismo. El dato de SEPI de empleo es de 27.266 empleados. Hay una diferencia bastante considerable, espero que también usted me la pueda valorar.

La reflexión que quiero trasladar es la siguiente. Estamos hablando del sector público empresarial y en el sector público empresarial es más fácil evaluar las políticas que desarrolla, es más fácil definir indicadores, porque están perfectamente definidos. Aquí, cuando hablamos de las administraciones públicas, hablamos de mejorar eficacia, con una vaguedad porque no se puede cuantificar; mejorar eficiencia, con una vaguedad que tampoco podemos cuantificar, y al final, todos hacemos cosas eficientes, todos hacemos cosas económicas y todos hacemos cosas eficaces. En las sociedades mercantiles eso sí tiene un indicador muy claro, el indicador de eficacia es una cuenta de resultados. Yo le voy a dar las previsiones que me aportan ustedes de la cuenta de resultados de SEPI: la cuenta de resultados de SEPI va a bajar en un 70%. Si ese dato usted no me lo aclara, desde luego, le digo que SEPI va a ser menos eficaz, bastante menos eficaz, porque bajando en un 70% la cuenta de resultados no le puedo decir que va a mejorar en eficacia. La eficiencia también tiene unos ratios indicadores perfectamente definidos, y le voy a dar algunos de ellos. Uno es la necesidad de subvenciones que requiere la actividad de las empresas de SEPI, y la necesidad de subvenciones que requieren las empresas de SEPI supone un aumento de un 28%. Eso significa que no puedo afirmar que lo que usted me presenta es de más eficiencia. Con ese dato -si no me lo aclara- tengo que decir que es un presupuesto menos eficiente. Y si en concreto hablamos de ingresos de explotación van a bajar en 766 millones de euros. Lo que perciben las diecisiete empresas con mayoría va a bajar en 766 millones de euros los ingresos de explotación. Yo no le puedo afirmar que esto sea más eficiencia. Evidentemente, esto es menos eficiente; esto es bastante menos eficiente.

Pero hay un tema que me preocupa más todavía, y se lo voy a decir con sinceridad, y es que ustedes van a bajar los gastos de personal en 80 millones de euros. Eso me preocupa mucho, porque usted acaba de afirmar que van a mantener el empleo y, desde luego, no se explica que se pueda mantener el empleo bajando en 80 millones de euros los gastos de personal. Insisto en que son datos que usted aporta. Le voy a hacer una cuenta, una aritmética básica. Entre los 27.000 empleados -no los 24.000, porque entonces sería mucho más- la rebaja sería de 2.900 euros por empleado. Yo no me creo eso, porque entonces más de uno va a tener que pagar por trabajar. Así que aquí hay gato encerrado, perdone que le diga. No me puedo creer la afirmación que usted acaba de hacer, que va a mantener el empleo rebajando en 80 millones de euros los gastos previstos de personal, porque entonces le va a hacer usted una rebaja de los salarios de 2.900 euros por trabajador. Esa es la cuenta; simple, muy simple.

Le voy a trasladar una serie de preguntas. En primer lugar, ¿va a hacer usted algún tipo de privatización? Me acaba de contestar que no, que no van a privatizar. Lo apuntamos, y consta en acta. No van a privatizar ninguna empresa. Otra pregunta es ¿van a liquidar alguna empresa? Esa no me la ha contestado. Me gustaría saber si van a liquidar alguna empresa. Usted es responsable de la gestión de las acciones y las participaciones de todas estas empresas, ¿tienen ustedes previsto algún tipo de gestión con esas acciones de venta parcial? ¿Van a mantener el monto de acciones que tenemos de las empresas participadas? Otra pregunta muy directa que le quiero hacer es ¿van a llevar ustedes a cabo algún tipo de ERE, de expediente de regulación de empleo? Se lo digo porque hay una preocupación muy importante, por ejemplo, en la Corporación RTVE. Ustedes han rebajado 204 millones el presupuesto de la Corporación RTVE. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo están los empleados de Radiotelevisión Española? Ya hubo un ERE, que ha concluido recientemente, y desde luego temen lo peor. Y lo que tienen claro es que con una bajada de 204 millones de euros, mantener la calidad de la televisión pública española y el nivel de audiencia es prácticamente imposible. No hablemos ya de la Agencia EFE, en la que sucede exactamente igual. A la Agencia EFE le meten ustedes un recorte de más de 6 millones de euros. Hubo en la Agencia EFE un reciente acuerdo -el año pasado- por el que los empleados tuvieron que rebajarse el sueldo un 4% con la condición -esa era la fórmula alemana, el milagro- de que no se echase a nadie a la calle. Con esta rebaja presupuestaria, evidentemente, temen también lo peor, y es que pueda venir un expediente de regulación de empleo. Quiero que me lo aclare usted.

Usted tiene también un cometido muy importante, un cometido de futuro, un cometido a medio y largo plazo, pero que quiero poner sobre la mesa, a pesar de que estamos en crisis, y justamente porque estamos en crisis. Usted tiene un cometido fundamental y es desarrollar políticas de planificación y políticas estructurales desde SEPI a todas las empresas participadas. Eso significa una importante inversión en investigación, en desarrollo y en innovación. No me consta -y yo me lo leo casi todo- ningún tipo de iniciativa al respecto ni ningún tipo de cambios en ese sentido. Sí me consta una reunión que ha mantenido usted con el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española donde se le ha dicho que, desde luego, cambios estructurales ninguno, que ya se dirá cuáles van a ser los cambios estructurales. Por


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otra parte, también tiene un cometido en su propio objeto social y es el de desarrollar, a través de estas empresas, políticas medioambientales de sostenibilidad y políticas de futuro en las que yo, particularmente, creo mucho y creo que hay una especial necesidad. A pesar de la crisis, hay que hablar también de ellas.

Me gustaría saber -porque tampoco me consta ningún tipo de información al respecto- algo sobre el tema de Navantia. Sí me consta que hay una colaboración entre los dos grupos parlamentarios para ese cometido que usted ha anunciado, que veo loable, y creo que sería un gran esfuerzo. Además, vale la pena intentar externalizar al máximo, que salga fuera, y que pueda conseguir el máximo de pedidos en el exterior. Ha hecho mención también a ese importante cometido que tiene Enresa y a un nuevo cometido de Hispasat, que, desde luego, creemos que también puede ser una buena iniciativa. Tendremos que ver los detalles.

Concluyo agradeciéndole su presencia en esta Comisión, y deseando que me pueda contestar a las preguntas que le he formulado.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Tristana Moraleja.

La señora MORALEJA GÓMEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero agradecer y darle la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al señor Aguirre Rodríguez por su presencia aquí en esta que ha sido su casa durante muchos años y que, desde luego, sin duda lo seguirá siendo. Estoy de acuerdo con el señor Hurtado en desearle los mayores éxitos en esta nueva andadura porque, efectivamente, su éxito sin duda será el éxito de los intereses generales de España, porque su compañía y todas las empresas que la forman estarán orgullosos de ellos.

En primer lugar, quiero hacer una breve referencia al marco establecido por el presidente del Gobierno en su debate de investidura, donde anunció su intención de llevar a cabo profundas reformas estructurales en todos los ámbitos, reformas que han sido necesarias por la inanición del anterior Gobierno, reformas mucho más intensas de lo que hubiésemos querido como consecuencia de la gestión del Gobierno socialista. Pero, como ha dicho el presidente Rajoy, hemos venido aquí para gobernar y haremos lo que haya que hacer para sacar a este país de donde nos lo hemos encontrado. En esta tarea es en la que estamos y estos días, a través de los Presupuestos Generales del Estado que estamos debatiendo aquí, lo estamos demostrando. Ya se han iniciado reformas como la del sector financiero, la reforma del mercado y relaciones laborales que ahora se debate en esta Cámara, y también se ha iniciado una profunda reforma del sector público con el objetivo de conseguir una Administración eficaz, basada en los principios de austeridad y eficiencia, para poner a disposición de los ciudadanos unas administraciones austeras y centradas en la prestación de servicios a la sociedad con estándares de calidad acordes al nivel de riqueza del país. Hablamos muchas veces de que no tiene sentido que haya tantas y tantas sociedades mercantiles, muchas veces incluso competidoras entre sí dentro del sector público. Se pretende, por tanto, evitar duplicidades no solo para ahorrar costes, sino para hacer además los servicios públicos más accesibles a sus destinatarios, los ciudadanos. Estas reformas ya se han iniciado también en la Administración y en este nuevo Gobierno, que ha reducido considerablemente el número de organismos, instituciones y altos cargos de la Administración.

En referencia a las reformas que se pretenden realizar en el sector público empresarial, el presidente de SEPI nos ha hecho un resumen de las principales reformas -algunas ya se han acometido- que se quieren acometer. Pero, permítame que le traslade la preocupación de este grupo parlamentario, porque nos preocupa realmente lo que usted se ha encontrado en la SEPI; eso es lo que realmente le preocupa al Grupo Popular. Durante los últimos años convirtieron a la SEPI en un cajón de sastre, de ahí ese grupo heterogéneo del que se habla y la consecuencia es que, dada esa configuración, no se ha comportado como un holding empresarial.

Es necesario, y de forma urgente, acometer muchas y profundas reformas incidiendo no solo en materia de personal, regulación de salarios con la contratación de los directivos públicos para poner en orden una materia que hasta ahora había permanecido en el caos, sino que también hay que hacer reformas mucho más profundas que van a afectar a la organización misma de todas las empresas públicas. Por eso, señor presidente, nos gustaría saber más, nos gustaría que nos ofrezca si es posible algún dato que nos aclare más esta situación y también -esto ya lo ha mencionado- el impacto que han tenido en la SEPI las medidas adoptadas por este Gobierno en cuanto a la remodelación del sector público. Señorías, esto es muy importante.

Nos parece muy acertado que estas reformas que se pretenden poner en marcha adopten los principios que viene predicando la OCDE desde hace ya mucho tiempo: concentración y control. Por eso, coincidimos en que se revise profundamente el funcionamiento de la política que se va a marcar en esta organización para adaptarlo a la situación actual y para modernizar sus sistemas internos. Por cierto, acabo de mencionar la palabra control y nos ha preocupado especialmente escucharle decir que los sistemas de control y planificación que se ha encontrado son, yo voy a decir obsoletos, pero es cierto que en un conglomerado empresarial heterogéneo es más difícil encontrar sistemas comunes y válidos para todas ellas. También es cierto que en los últimos años se deberían haber revisado y adaptado a los nuevos tiempos. Me ha sorprendido enormemente oírle hablar de una inexistente auditoría interna, por lo que me gustaría que me describiese brevemente los sistemas de control que tiene actualmente implantados el grupo SEPI.


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Nos complace que el Consejo de Ministros del 16 de marzo haya iniciado ya esta reorganización a la que se ha referido el presidente de SEPI en lo que a su sociedad afecta, y la primera cuestión que queríamos plantearle es su valoración sobre las medidas que contienen y principalmente sobre la creación de esos grupos de trabajo que ha mencionado que tienen que analizar y proponer la nueva reorganización de estas empresas dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sabemos que SEPI tiene una amplia experiencia en procesos de saneamiento y reconversión y creemos que puede constituir un elemento muy útil para aplicar las políticas de gobierno para definir las empresas públicas. No quiero dejar pasar la ocasión para solicitarle al presidente de SEPI que cuando hayan culminado las encomiendas de estos grupos de trabajo vuelva, por favor, a la Cámara a comparecer para informarnos sobre las repercusiones que tendrá para SEPI, así como para informarnos de las decisiones que se hayan tomado en la sociedad.

Otra cuestión que nos interesa también en este sentido es si tiene intención de aplicar a Correos los nuevos sistemas de control que se van aplicar y que se definan para el grupo SEPI. En este mismo tema, nos gustaría saber si el presidente nos puede avanzar qué impacto tiene en el presupuesto de 2012, la reciente incorporación del grupo Correos a SEPI.

Si me permiten, voy a hacer referencia a algunas de las empresas del grupo. Ya se ha hablado de ella, pero voy a empezar por la Corporación de RTVE. Nos gustaría saber si en su opinión sería conveniente reforzar el control que SEPI ejerce en esta corporación en el ejercicio de sus funciones, preservando por supuesto siempre la independencia que la ley garantiza a esta corporación. Se ha referido también a ello y quiero hacer especial hincapié en lo que va a prestar el grupo al fomento a la innovación y a la internacionalización de las empresas, son caras de una misma moneda, pues la empresa que innova es la empresa que exporta. En este esfuerzo quiero hacerle contar con el apoyo decidido del Grupo Parlamentario Popular, que siempre compartirá cuantas iniciativas se pongan en marcha en esta línea.

Pero, evidentemente, no todo son palabras y, por tanto, hay que demostrarlas. Me gustaría que el señor presidente nos dijese cuál ha sido el importe que las empresas del grupo SEPI han dedicado a I+D+i en 2011 y cuál es el importe previsto para 2012. También nos gustaría referirnos a una importantísima inversión que también ha mencionado el señor Hurtado respecto a otra de las empresas del grupo, que es Enresa. Ya se ha comentado aquí y solo me gustaría saber si tenía alguna previsión sobre el inicio del ATC que se va a construir en Villar de Cañas.

Quiero dedicar un capítulo especial de nuestra intervención a Navantia. Nos preocupa y compartimos la inquietud de sus trabajadores por la falta de carga de trabajo, aunque somos conscientes de que no puede achacarse a este Gobierno ni al actual presidente de la SEPI, que en este caso lleva tres meses al frente de la sociedad. Señorías, el problema de Navantia no es este Gobierno y ustedes lo saben; no intenten engañar a los ciudadanos. El señor Hurtado ha pasado de manera muy breve sobre este tema, pero el problema de Navantia durante años fueron ustedes, el Partido Socialista, como también los que aquí le aplaudían y jaleaban. Por cierto, hoy no veo a muchos de ellos, pero les apoyaban, lo que pasa es que miran para otro lado y esquivan su responsabilidad. (Rumores). Afortunadamente, la ciudadanía es sabia y por eso les han colocado donde están, en la oposición. (Rumores).

El problema de Navantia, de Bazán, de Izar y de todas estas denominaciones que ha tenido a lo largo de la historia es que cada vez que gobierna el Partido Socialista hay una reconversión, y esto es incuestionable, al igual que es incuestionable que cada vez que hicieron una reconversión dejaron miles de parados, promesas incumplidas, familias sin futuro, ciudades y comarcas condenadas definitivamente. Soy gallega, ya lo saben; vivo a 20 kilómetros de Ferrolterra y conozco de lo que estoy hablando, y seguramente cualquier compañero andaluz puede secundar mis palabras. Acaban ustedes de ser desalojados del Gobierno pero durante todos estos años, ¿qué ha ocurrido con Navantia? Que han ido acabando con ella poco a poco, la han dejado morir día a día y no han hecho nada para salvarla. ¿Cómo es posible que en estos últimos seis años no se haya conseguido ni un solo contrato importante? Tenemos tecnología, tenemos capacidad, pero en seis años no consiguieron ni un solo contrato importante. ¿Saben por qué? En la empresa lo saben: porque no le han prestado la más mínima atención durante años. Navantia no fue una prioridad del Partido Socialista y los demás que les acompañaron y que hoy no están aquí tampoco se han preocupado lo más mínimo.

Durante estos años la empresa se ha presentado a todos los concursos o procedimientos de compra que los distintos países en cualquier parte del mundo han sacado al mercado, pero seguro que saben que en estos procedimientos la política juega un papel muy importante, y es ahí, en esa responsabilidad política, donde ha estado el principal problema. Teníamos y seguimos teniendo buenos productos, pero no teníamos apoyo políticamente. Nuestros gobernantes anteriores no han apoyado a las misiones comerciales; no ha habido ministros españoles que hayan acompañado a misiones comerciales para hablar o convencer a sus homólogos y mucho menos el presidente anterior, el señor Rodríguez Zapatero, que nunca se preocupó lo más mínimo. Hay muchos ejemplos, pero yo aquí voy a comentar solo uno, el caso ruso. Solo quedaban dos ofertas finales, la francesa y la española. Pues bien, la francesa tenía un pequeño problema y es que los helicópteros rusos no entraban en el hangar de sus barcos. Sin embargo, el presidente Sarkozy, el presidente francés, se movió, visitó a su homólogo ruso y le invitó a París.


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¿Y el español qué hizo, nuestro presidente? Nuestro expresidente, el señor Zapatero, no hizo nada. ¿Saben ustedes a quién fue a parar el contrato de los barcos rusos? A Francia. Esta es la forma de actuar que tuvo el Partido Socialista durante estos dos años. Por eso, con el respeto que nos merece el poco tiempo desde que ha asumido la gestión del grupo, nos gustaría en primer lugar que nos dijera desde cuándo no se han firmado contratos para la cartera de pedidos de Navantia, desde su creación en 2005 hasta 2012, y si nos puede avanzar -que ya nos lo ha avanzado, pero con un poco más de detalle-, las gestiones comerciales que están realizando en el exterior para conseguir contratos y si en ese sentido hay algunas inversiones como las de Ferrol-Fene o más concretamente las destinadas al nuevo dique, y si prevé cerrar en fechas próximas alguna operación.

También quiero hacer una pequeña referencia, aunque ya sé que no es de su competencia directa, pero su empresa tiene relación, y es preguntarle por la construcción de los paradores de Muxía y de Molina de Aragón. Sabe usted que son unos paradores muy demandados por la ciudadanía de esas comunidades autónomas después de haber pasado dos tremendos y dolorosos problemas. Como conclusión, no sé si he entendido bien, pero saco tres cosas breves: que se ha encontrado con un grupo de empresas descontrolado, a la deriva, donde la cabecera no ejercía las funciones normales de un holding, que viven -y permítame la expresión- de la hucha formada por las desinversiones del pasado, y que no sabemos si se han llevado a cabo proyectos que no cuadran demasiado con el objeto del grupo. Todo esto, señor Aguirre, entre otras cosas es lo que va a tener usted que gestionar y ordenar. Yo, desde aquí, le digo que ha de darse un poco de prisa, si me lo permite, porque ya ha recibido también una transferencia, la de Correos, y presumiblemente a lo mejor no es la única.

Quiero decir a sus señorías sinceramente que en política no vale todo; que no vale todo, porque no vale engañar a todo el mundo durante todo el tiempo (Rumores), y eso es lo que algunos han intentado hacer. Esas personas que antes, en épocas pasadas, llevaron a este país a una situación muy al límite son los que ahora abanderan las pancartas y abanderan las manifestaciones. (Rumores). Por favor, un poco de respeto y trabajemos todos juntos para los intereses de España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Volvemos a la comparecencia.

Señor Aguirre, ahora tiene usted la oportunidad de establecer los criterios que quiera sobre las intervenciones de las señoras y los señores diputados.

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Aguirre Rodríguez): Muchas gracias a los dos intervinientes por el tono que han empleado, por la exhaustiva petición de información que me han formulado que voy a intentar responder puntualmente. Si en algún momento, señor Hurtado, me dejo algo en el tintero, no tema recordármelo a la salida de la reunión, que se lo facilitaré por escrito. Le digo, en primer lugar, que me encantaría entrar al trapo político que ha puesto usted en su primera intervención sobre la credibilidad o no credibilidad de los presupuestos, sobre la distribución de la reducción del gasto. Pero estoy convencido de que, si yo entrara en este tema el señor presidente, don Alfonso Guerra, me llamaría a la cuestión y creo que haría bien. Por lo tanto dejaré que mis compañeros de grupo, a los que agradezco hoy su presencia poco común en una Comisión de Presupuestos que se celebra a estas horas, le respondan a usted en el debate de totalidad de las diferentes secciones.

El señor PRESIDENTE: Si llevamos todo el día así. (Risas).

El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Aguirre Rodríguez): Me imagino, señor presidente.

Pero vamos por partes, y voy a ir muy puntualmente a sus preguntas y las voy a contestar por el orden en que me las ha formulado porque así las he anotado. Me pregunta usted por los 27 millones de euros de transferencia que hay del presupuesto a la SEPI. (El señor Hurtado Zurera: noventa y siete) noventa y siete millones. Señor Hurtado, como usted sabe, la SEPI tiene encomendada por el Gobierno socialista la liquidación del ente público RTVE. Ahí están los 97 millones. No es para la actividad de la SEPI, sino para seguir atendiendo la liquidación que se hizo del ente público y por eso está fuera de la actividad ordinaria de la SEPI.

Me pregunta usted sobre el nivel de empleo y me dice que figuran 27.000 trabajadores en la página web de la SEPI. No tengo en este momento la página web a mano, pero le voy a decir un dato: 27.000 trabajadores tenía la SEPI en 2010 y ahora, al inicio de 2012, tiene 24.000. Entre los años 2010 y 2011 la SEPI ha rebajado su nivel de empleo de 27.000 a 24.000. Creo que recordará usted que durante el año 2010 y en 2011 el Gobierno que gobernaba en España y la presidencia de la SEPI la ostentaba un miembro del Partido Socialista, al que me he referido elogiosamente y como no puede ser de otra manera, porque creo que así ha sido su gestión. Por lo tanto, ese descenso de empleo al que usted se refiere, pregúnteselo al Gobierno del señor Zapatero.

Habla usted de las necesidades de subvenciones, que aumentan un 28%. Vamos a decir también que, como sabe su señoría, el sector público empresarial se comienza a reconvertir y a privatizar con gobiernos socialistas en la década de los ochenta. Y creo que hay gente en su grupo que de esto entiende bastante y recordarán que como consecuencia de aquellas privatizaciones, como consecuencia de aquellas liquidaciones, como consecuencia de aquella reconversión industrial


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de los años setenta, el Gobierno de la nación adquirió, como no podía ser de otra manera, una serie de compromisos laborales, de liquidaciones, por el proceso de reconversión. Y a la SEPI le encomendó la misión de atender esos compromisos derivados de la reconversión. Suben en este momento porque en el calendario para pagar aquellas reconversiones de Hunosa, de Izar, de la siderúrgica, toca pagar esta cuantía y por eso suben las subvenciones. No es más que atender los compromisos políticos que un Gobierno de la nación tiene y firma y que ningún Gobierno de la nación se puede permitir el lujo de vulnerar. Habrá que seguir atendiendo aquellos compromisos sociales, por lo tanto, ahí está la razón del incremento de las subvenciones.

Habla usted sobre el descenso del gasto de personal en 80 millones. Me hubiera gustado que usted me hubiera preguntado por la política de incremento de altos cargos en la SEPI en el periodo de la anterior legislatura, o que me hubiera preguntado usted, y yo le brindo la oportunidad de que me pregunte por escrito en su momento, si así es menester, por la política de indemnizaciones que ha llevado la SEPI en los últimos años. Se encontraría usted con respuestas absolutamente curiosas sobre las indemnizaciones que se han producido en la SEPI. Pero, si usted tiene a bien formularme esas preguntas por escrito, yo le responderé encantado sobre cómo se ha llevado la política de indemnizaciones en la SEPI, que además tienen nombres y apellidos.

Habla usted de las privatizaciones. Yo le he anunciado que no quiero producir en mi mandato ningún tipo de cierre ni ningún tipo de privatización. Ese anuncio está cargado de sentido común, porque en este momento, señoría, está entre difícil y casi imposible que las condiciones del mercado permitan que entremos en ningún proceso de desinversión, salvo que lo que fuéramos a desinvertir fueran las mejores acciones de las que es titular SEPI, como es el caso de Red Eléctrica. Lógicamente entenderá que tampoco tenemos ningún interés en esa desinversión por la sencilla razón de que el dividendo es una de las grandes fuentes de ingresos para el funcionamiento de todo el grupo SEPI. Por tanto, por el momento ni cierres ni privatizaciones. El mercado no está para eso. Vamos a ocupar nuestro tiempo en sanear y estabilizar financieramente el grupo SEPI. Me preguntaba también si va a haber alguna desinversión de las acciones y ya le he dicho que ninguna; dejamos en suspenso el acuerdo del Consejo de Ministros de la etapa Zapatero en el que nos pedían que desinvirtiéramos en Red Eléctrica, en IAG y en Ebro Foods. Lo dejamos en suspenso porque entendemos que no se reúnen las condiciones de mercado oportunas para hacer ningún tipo de desinversión y, además, los dividendos que se derivan de la gestión de esas acciones son lo suficientemente importantes y voluminosos que forman parte de una muy principal cuantía de dinero para el funcionamiento de la SEPI.

Pregunta usted que si va a haber algún ERE en el grupo SEPI. Yo quisiera que no, voy a hacer todo lo posible por que no se produzca ningún ERE. Debo reconocer que la situación en la que nos han entregado la Agencia EFE es mala y difícil, pero voy a intentar que no se produzca ningún tipo de ERE ni en la Agencia EFE. Me hubiera gustado que cuando ha hablado de los ERE y de su vinculación, por lo menos mediática, a la Agencia EFE, me hubiera hecho usted alguna pregunta sobre el porqué de las cuentas de la Agencia EFE o me hubiera preguntado, a lo mejor, por la operación inmobiliaria de la sede social de la Agencia EFE. Me hubiera gustado que me lo hubiera preguntado. Seguramente, si no se hubiera hecho esa operación inmobiliaria, que es un despropósito -estamos hablando de haber enterrado aproximadamente entre 22 y 50 millones de euros- (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!), hoy no tendríamos que estar hablando en ningún momento de un ERE en la Agencia EFE. Pero no voy a hablar de un ERE en la Agencia EFE, quiero decir que voy a luchar para mantener los puestos de trabajo que la Agencia EFE tiene en este momento.

Sobre Radiotelevisión Española, qué quiere que le diga. Estoy asombrado del problema institucional por el que atraviesa Radiotelevisión Española. Estoy asombrado fundamentalmente de que hoy me comenten que está bajando la calidad de los programas de Televisión Española, que está bajando la audiencia y que no se quiera hacer nada para desbloquear este colapso institucional en el que vive Televisión Española. La audiencia de Televisión Española, señor Hurtado, lleva bajando desde el año 2006 y no había en ese momento ningún tipo de colapso. La calidad de los programas lo dejo para los observadores. Lo que ha hecho en este momento SEPI ha sido lo que tiene que hacer un accionista mayoritario de una compañía, impulsar el trabajo necesario para que la Radiotelevisión Española no se quede sin presupuesto. Es un presupuesto que va a permitir, como le he dicho, que se puedan atender todas las retribuciones, que se puedan estabilizar los empleos, que se pueda cumplir con el funcionamiento ordinario de Radiotelevisión Española y que cumpla el servicio público que le está encomendado. Ustedes tienen la oportunidad dentro de unos días de votar a favor ese presupuesto. Podrá gustar más o menos, pero habrá que votar para que no pongamos en riesgo ya no solo la calidad de las audiencias sino la estabilidad del trabajo y el servicio público que desde él se da.

Me ha preguntado, por último, sobre I+D+i. Figura en la documentación que obra en su poder pero para que lo tenga le facilitaré el cuadro. El grupo SEPI lleva mucho tiempo trabajando a favor de I+D+i. Tenemos para este año inversiones en el grupo SEPI que ascienden a 105 millones de euros sobre los 96 millones del año 2001. Le invitaría, si tiene usted la oportunidad, y a todos los señores diputados -se lo digo con toda sinceridad-, a que visitaran la empresa Navantia para que vieran el esfuerzo que sus filiales y la propia Navantia hacen en I+D+i. Es sencillamente para llenar de orgullo a cualquier español ver la tecnología que llevan incorporada los buques, los portaaviones, los submarinos, las


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fragatas, las patrulleras, toda ella tecnología española en la que participan principalmente empresas que están en la mente de todos. En las visitas que he hecho a los astilleros de Cádiz y a los de Cartagena, es para mí un orgullo ver el potencial que tiene en I+D+i la compañía Navantia, pero también lo es Enusa, Tragsa, Ensa, Hunosa y Cetarsa, que tienen una importante incorporación de I+D+i.

Pasando a las preguntas formuladas por la diputada doña Tristana Moraleja, del Grupo Popular, quiero agradecerle nuevamente su tono, incluso ante la vehemencia con la que ha tratado el tema de Navantia. Se lo agradezco porque creo -y se lo digo- que es para nosotros, en SEPI y para quien ha presidido SEPI, la joya de la corona de la compañía. Me ha preguntado sobre el impacto de la reordenación del sector público y las medidas del Gobierno. En mi intervención creo haberme extendido sobre ellas y no me parece oportuno repetirme. Me ha preguntado sobre cuáles eran los controles internos que estaban operativos en este momento. Mire usted, lamentablemente, aunque usted no se lo crea, SEPI no tiene una auditoría interna que fiscalice los movimientos de tesorería, los movimientos de financiación y el funcionamiento ordinario. La tendrá en breve en cuanto el mes que viene pongamos en pie un nuevo organigrama.

Me ha preguntado también sobre los grupos de trabajo y la derivada para concentrar todo el sector público empresarial en una sola entidad. Esos trabajos han empezado y el primer fruto de ese trabajo es la venida al grupo SEPI del grupo Correos y me ha preguntado usted por el impacto. Voy a darle dos cifras para que vea lo que significa para SEPI que haya incorporado Correos. En términos de puestos de trabajo SEPI en este momento tiene bajo su órbita 24.491; con la incorporación de Correos pasaremos a tener 82.661 empleados. Respecto a la cifra de negocios, muchas veces se tiende a que el debate presupuestario esté en la comparación de la política de ingresos frente a la de gastos pero, por tratarse de un grupo empresarial, aquí nos tenemos que medir por otro tipo de variables: el volumen del balance, la cuenta de resultados o la línea de negocios. Para SEPI -con la incorporación del grupo Correos a SEPI- una cifra de negocios anuales próxima a los 3.000 millones pasaría a otra cercana a los 5.000 millones. Me preguntaba si sería bueno y prudente reforzar el control de SEPI sobre Radiotelevisión Española. Encuentro muy oportuno que se pudiera, en un nuevo marco legal y estatutario, reforzar el control de SEPI a través de su dirección corporativa. Estimo que el legislador, que son ustedes, en breve, tendrán que enfrentarse no ya a la elección del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española sino al marco legal que lo habilita. Para uno que ha sido legislador, comprobar que el colapso en el que se encuentra en este momento Radiotelevisión viene porque hay un vacío legal, ya que no está contemplada la forma de sustituir la ausencia del presidente, qué quiere que le diga. Les animo como legisladores a que se den prisa a subsanar ese error de los legisladores anteriores, entre los cuales claramente tomo la parte que me toca. Usted me pregunta también sobre I+D+i. Ya he respondido sobre ello al señor Hurtado.

Sobre el ATC me pregunta la previsión que tiene de inicio de sus obras. Voy a darle un dato. Para licenciar todos los proyectos del ATC, es decir, lograr el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear y la homologación de todo el proyecto, para licenciar el proyecto le anticipo que se estima un periodo de año y medio como mínimo. Por tanto, la construcción del ATC es un proyecto que empezará en este año por el campo de la licenciatura a la que me refiero, continuará con la identificación de los terrenos o fincas donde ha de asentarse el ATC -ya está identificada la comarca, pero todavía no la finca-, con la expropiación correspondiente y con la adjudicación de las obras para llevarlas a cabo. Le estoy hablando de un proyecto cuya ejecución no es fácil determinar si tenemos en cuenta que solo en licenciar todo el proyecto se tarda año y medio.

Navantia, carga de trabajo. Usted me preguntaba que desde cuándo Navantia no había tenido un contrato internacional que hubiera aumentado la carga de trabajo. Desde el año 2007 no se ha podido contratar en el mercado internacional ningún pedido, más allá del que se contrató con Australia y que está en estos momentos vigente. Me preguntaba qué operaciones nuevas puede haber en el horizonte cercano. Tengo una gran confianza en que puedan llevarse a cabo operaciones bien nuevamente con Australia, Arabia Saudita, Méjico y, por qué no decirlo, con Venezuela. Podrían ser países de los que, si tenemos el tiempo y la paciencia suficiente, pronto pudiéramos tener buenas noticias de alguno de ellos. Tenga usted presente, señoría, que la maduración de un proyecto de contratación internacional de un pedido de barcos, ya bien sea para la rama civil como para la rama militar, está entre dos y tres años, por tanto no es un trabajo de hoy para mañana. No me duelen prendas al decir que el consejero delegado de Navantia deja muy avanzados unos encargos que remataremos si trabajamos con acierto en breve en alguno de los países que le he citado.

Me habla usted del dique. ¿Ha preguntado usted sobre el dique? (La señora Moraleja Gómez: Algunas de las perspectivas que puedan tener para Ferrolterra). Creo fundamentalmente, y se lo digo, que el horizonte del éxito de Navantia reside fundamentalmente en que orientemos a Navantia a abrir mercados internacionales. Un dato; de los pedidos que tengo en la cabeza, solo con uno de los pedidos que tengo en cabeza estabilizaríamos todos los puestos de trabajo para aproximadamente cuatro años. No solo estoy hablando de la Navantia gallega, porque en mi cabeza están también muy presentes la Navantia gaditana y la Navantia de Cartagena, esta última, por cierto, en pleno éxito con la fabricación probablemente también de una de las grandes vanguardias de la tecnología, que es el submarino S-80.


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Finalmente, me pregunta usted por los paradores de Muxía y de Molina de Aragón. Oí algún comentario; sí, sorprendente. SEPI tiene algo que ver en la construcción de los paradores; sorprendente. Para mí también fue una sorpresa, pero una de sus compañías, Tracsa, que es una compañía dedicada fundamentalmente al mundo agrícola y al de la forestación, tiene encomendado por el Gobierno socialista la construcción de los dos paradores, el de Muxía y el de Molina de Aragón. El de Muxía, como sabe su señoría, viene derivado del desastre del Prestige; es uno de los instrumentos o herramientas que se pusieron para crear actividad económica en la zona afectada por el vertido del Prestige. El de Molina de Aragón -si no se acuerda se lo recuerdo yo- tiene su origen en el lamentable y desastroso incendio de la provincia de Guadalajara, en el que fallecieron 11 empleados, precisamente del cuartel de antincendios, por tanto, también tiene su raíz en otro desastre natural. Creo que ambos paradores están plenamente justificados. Habría que preguntarse qué razón conduce a que Tracsa, en vez del presupuesto nacional del Estado, sea la encargada de llevar a cabo estos trabajos. Me da la sensación de que la razón está en lo que se ha descubierto últimamente, que en Paradores de Turismo hay un agujero de 100 millones de euros (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!), que no se había dicho, y que recientemente para pagar las nóminas de los 4.500 empleados de Paradores de Turismo se ha tenido que pedir un crédito. Esa debe ser la razón por la que una empresa llamada Tracsa, dependiente del grupo SEPI, se tiene que encargar de construir estos paradores, y no con recursos públicos sino con una financiación de mercado; así se hará y aquí confirmo que el grupo SEPI ha autorizado a Tracsa para obtener un crédito en el Instituto de Crédito Oficial, que ya se ha concedido. Por tanto, Tracsa ya tiene en sus libros los recursos suficientes para hacer frente a la construcción de los paradores de Muxía y de Molina de Aragón. Ahora ya solo falta dar la orden de la dirección de obra que le corresponde a Turespaña.

Espero haber contestado, señorías, con puntualidad y precisión a todas las preguntas que me han formulado y vuelvo a reiterarles mi agradecimiento por el tono y el trato que me han dispensado. (Aplausos).

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente de la sociedad estatal, de SEPI. Le agradecemos mucho su presencia, sus explicaciones en una hora un poco avanzada y con un auditorio bastante concurrido, que seguramente no está relacionado con la SEPI sino con el señor Aguirre. Muy amistosamente le agradecemos su presencia y le despedimos hasta la próxima.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.

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