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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 62, de 28/03/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 62
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
28 de marzo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.) ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Sobre cualificación profesional inicial. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000176.) ... (Página2)

- Por la que se insta al Gobierno a promover en la formación inicial del profesorado la supresión de la asignatura de Religión Católica y la inclusión de las asignaturas de Educación para la igualdad de mujeres y hombres y Educación para la prevención de la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000369.) ... (Página6)


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- Relativa al desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos de consecución de la calidad en las universidades españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000429.) ... (Página11)

- Sobre establecimiento de un sistema de control económico del deporte profesional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000439.) ... (Página15)

- Relativa a la deuda de los clubes de fútbol profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000456.) ... (Página15)

- Sobre becas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000438.) ... (Página24)

- Relativa al grado en Ingeniería de Edificación. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000436.) ... (Página28)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Como primer punto del orden del día de la Comisión tenemos que aprobar la delegación en la Mesa de la Comisión para la admisión de comparecencias.

El acuerdo es el siguiente: Uno, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso, de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso; dos, el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario.

Esta es la propuesta que presentamos, y si a ustedes les parece bien, quedará aprobada por asentimiento. (Asentimiento).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000176.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. Sí quiero anticiparles que si a sus señorías les parece bien y no tienen inconveniente, las que figuran como los puntos 6.º y 7.º del orden del día se debatirán conjuntamente, al tener un objeto similar.

La señora BLASCO SOTO: Presidente, tenemos que esperar un poco, porque el diputado Jorquera, del BNG, nos tiene que especificar si le parece bien el texto final, y está en otra Comisión.

El señor PRESIDENTE: Señoría, se ha hecho una consulta previa. En principio parece que sí, y cuando el señor Jorquera llegue confirmaremos si efectivamente está de acuerdo. En cualquier caso continuamos con el punto 2.º, que es la primera proposición no de ley, y en caso contrario rectificaríamos.

Sí les digo, a los efectos de intendencia, que creemos que la votación no va a ser antes de las seis y media de la tarde.

Para la defensa de la proposición no de ley con número de expediente 161/000176, presentada por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como han visto ustedes, es una PNL que lo que propone es que se avance hacia lo que consideramos que es una mejora de la formación profesional, cosa que voy a explicar ahora mismo; lo que dice literalmente es que se permita cursar un programa de cualificación profesional inicial a los alumnos mayores de catorce años cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio, y sin más restricción que el acuerdo de padres o tutores.

Quiero comenzar indicando que yo sé que a bastantes grupos de esta Comisión del Parlamento lo de la edad de los catorce años para elegir la formación profesional les parece algo complicado, que tiene muchos inconvenientes, que sería mejor dejarlo tal y como está ahora, a


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los quince años. Yo voy a explicar algunos objetivos, sin despreciar esas razones en contra que pueda haber, que creo que sí aconsejan tomar esta decisión. En primer lugar, estos cursos de formación profesional inicial están concebidos -y así se puede ver cuando uno se documenta sobre las condiciones de acceso- para casos de fracaso escolar bastante palmario, lo cual los convierte, queramos o no, en una especie de programa refugio para jóvenes que han fracasado por las razones que sean -sociales, culturales, personales- en la enseñanza obligatoria, y se les desvía amablemente hacia estos cursos de formación profesional inicial. Si leemos la página oficial al respecto se dice claramente que están destinados al alumnado mayor de quince años que no haya obtenido el título de graduado en ESO; si alguien lo ha obtenido, ni siquiera puede hacer estos cursos iniciales. Destinatarios: alumnado escolarizado en grave riesgo de abandono escolar y/o con historial de absentismo acreditado; alumnado desescolarizado con rechazo escolar, abandono temprano; alumnado de incorporación tardía al sistema académico y en edades de escolarización postobligatoria y con necesidad de acceder rápidamente al mercado de trabajo; aparece incluso en alguna página: generalmente inmigrantes. Vías de acceso. Condiciones adicionales: haber agotado las vías ordinarias de atención a la diversidad; informe psicopedagógico; compromiso escrito del alumno o de sus padres, si son menores, etcétera.

¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que tal y como están hoy en día concebidos estos cursos son en realidad, como decía, un aparcadero, una vía paralela para dar una salida, dentro de la escolaridad obligatoria, a jóvenes que por las razones que sean, que son de todo tipo y condición, no reúnen los requisitos adecuados para seguir con la escolarización obligatoria en la ESO y luego en el bachillerato, aparte de lo que implicaría la reforma que ha anunciado el Gobierno de ampliación del bachillerato. Todo esto nos parece un mal arreglo, algo que hay que mejorar porque la formación profesional con esto ya queda estigmatizada como una vía de menor categoría intelectual, para personas -por decirlo de alguna manera- mal estructuradas, mal integradas socialmente, y que por tanto se les ofrece esto, no como el acceso a una vía alternativa al bachillerato, que es lo que pensamos que debería ser la formación profesional, sino como una educación B, de menor nivel, y creemos que hay que acabar con esto, por varias razones: desde razones económicas, que ahora estamos viviendo con la crisis, con la necesidad de tener una formación profesional que esté orientada a la formación de profesionales y no al reciclaje de alumnos de enseñanza obligatoria fracasados -dicho con cierta radicalidad, si quieren, pero creo que con bastante fundamento-, hasta por otra parte la necesidad de que la formación profesional sea, en todos sus requisitos y con todas sus orientaciones y condiciones, una vía alternativa perfectamente prestigiada, digna, y además de nivel académico adecuado para aquellos jóvenes que sencillamente no quieren seguir la vía del bachillerato.

A este respecto además creo que cabe decir que el análisis del fracaso escolar, del abandono temprano de la enseñanza ya nos ha dado suficientes datos como para saber que no obedece solo -y es un factor a tener en cuenta- a los años de la burbuja inmobiliaria y a la abundancia de empleos basura, con perdón: mal pagados, de baja cualificación, pero que en su momento, en los años del boom inmobiliario compitieron desfavorablemente con la enseñanza. Es un hecho que tenemos que aceptar el que hay jóvenes que a determinadas edades sencillamente no quieren estudiar, y esto no significa ningún demérito ni ningún estigma ni algo que deba de transformarse en una especie de atención psiquiátrica; es algo connatural a la naturaleza humana y lo que nosotros proponemos es que asumamos la realidad del comportamiento social de los individuos, y que permitamos el acceso a la formación profesional en condiciones de igualdad a los catorce años, y que además vayamos diseñando una formación profesional donde haya vasos comunicantes, de tal manera que por supuesto hacer la formación profesional no signifique renunciar a hacer estudios medios o superiores, sino que en cualquier momento sea posible, con los requisitos adecuados, pasar a la universidad o al bachillerato o a lo que se considere adecuado en cada momento.

Este es el espíritu de la PNL que ya sé que puede provocar determinadas pegas y comentarios sobre que puede ser prematuro a los catorce años, pero la verdad es que me resultaría muy complicado que alguien me convenza de que el criterio que no existe a los catorce años milagrosamente se sustancie a los quince, y que sin embargo -es también otra consideración a tener en cuenta- la formación profesional está concebida para permitir el acceso al mercado laboral, que se da a los dieciséis años. Cómo explicamos entonces que cuando los cursos iniciales de formación profesional son de dos años no se permita hasta los quince incorporarse, y en teoría podría haber muchos jóvenes que a los dieciséis años quieran acceder al mercado laboral y no tengan la formación mínima que el sistema debería darles. En resumidas cuentas esto es lo que les proponemos y para lo que esperamos su apoyo. Y si no es así, que nos lo expliquen.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Cabrera.

El señor CABRERA GARCÍA: Señorías, las evaluaciones internacionales sitúan a España muy por debajo de la media de los países de la OCDE; un 26% de los alumnos no terminan la educación obligatoria, y otro 28,4% abandona o no continúa estudios obligatorios, lo que supone el doble de la media de la Unión Europea, un 14,4%. El objetivo de la Unión Europea


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para 2020 es reducir la tasa de abandono escolar y dejarla inferior al 10 %.

El modelo educativo español se ha caracterizado por su escasa calidad, no promueve la excelencia y no prepara a los alumnos para competir en la economía del conocimiento. Una deficiente formación dificulta el desarrollo personal, la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Si a esto añadimos un 49% del paro juvenil se hace necesario impulsar reformas profundas en el sistema educativo. La mejora de la educación en España es una cuestión que exige políticas bien diseñadas; falta un modelo educativo que mejore la adquisición de conocimientos y competencias de los alumnos. El propio presidente del Gobierno, en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, destacó que en cuanto a los resultados del proceso educativo tenemos mucho que mejorar, y que para ello hay que poner en marcha una verdadera estrategia nacional de calidad de la educación. El ministro de Educación, en su comparecencia ante la Comisión de Educación anunciaba: alcanzado ya hace diez años el principio constitucional de universalización de la educación, ha llegado el momento de centrarnos en la mejora de la calidad. Nuestra intención es hacerlo desde el diálogo, desde la participación con toda la comunidad educativa -profesores, alumnos, familias, sindicatos, instituciones educativas-; con todos ellos formularemos una verdadera estrategia nacional de la calidad en la enseñanza.

La reforma que pretende el Gobierno va encaminada a mejorar sustancialmente la calidad manteniendo y reforzando la equidad básica, que es la igualdad de oportunidades, es decir, que los alumnos que presenten necesidades educativas específicas serán atendidos específicamente; pero a la vez también abriremos vías y oportunidades a los que destacan por sus capacidades o por su trabajo. En este contexto los programas de cualificación profesional inicial, los PCPI, que sustituyen a los antiguos programas de garantía social, están destinados a jóvenes mayores de quince años o que los cumplan en el año natural del inicio del programa que están en riesgo de abandonar el sistema educativo sin haber finalizado su educación obligatoria; suponen por tanto una segunda oportunidad para reinsertarse en el sistema educativo. Esta enseñanza se imparte en dos cursos y se compone de módulos obligatorios y módulos voluntarios. En cuanto a los módulos obligatorios, si se superan los módulos específicos profesionales y los formativos de carácter general se obtiene un certificado académico que da acceso a la formación profesional de grado medio; los módulos específicos profesionales están dirigidos a aquel alumno que adquiera y desarrolle competencias profesionales incluidas en el perfil profesional del programa, y solo si se superan estos se obtiene un certificado de profesionalidad del nivel 1. Los módulos formativos de carácter general, que están orientados al desarrollo de las competencias básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grado medio; y los voluntarios, como decía, que pretenden complementar la formación necesaria para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Con la LOE originariamente los PCPI no daban un certificado profesional que acreditara una cualificación; se destinaba a alumnos mayores de dieciséis años como regla general, y no computaban para el título de la ESO. Todo esto se ha modificado -como sabemos- con la Ley de Economía Sostenible, pero esto ha sido en el año 2011. Compartimos la preocupación del grupo proponente, UPyD, su espíritu también indudablemente, pero entendemos que en el marco de esa estrategia nacional de calidad se van a analizar las reformas necesarias, y por ende los PCPI. Por ello hemos presentado desde el Grupo Popular una enmienda en los siguiente términos: que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a eliminar las rigideces del sistema que pudieran tener efectos sobre el abandono escolar, estudiando la modificación, en su caso, de los programas iniciales de cualificación profesional. Porque entendemos además que en este momento en que se va a abordar de manera inmediata la reforma quizá no sea oportuno fijar u orientar algún tipo de blindaje que nos pueda condicionar.

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo de La Izquierda Plural la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: El tema que nos ocupa hoy, como sus señorías saben, se refiere a los programas de cualificación profesional inicial, no estamos hablando a fondo de formación profesional. Probablemente tendremos tiempo a lo largo de la legislatura para hablar detenidamente de formación profesional en las reformas que se quieren hacer. Ya conocen ustedes cuáles han sido las propuestas de mi grupo, porque ya hemos tenido iniciativas que han sido debatidas al respecto. Pero como estábamos hablando de los programas de cualificación profesional inicial creemos -ya ha sido mencionado por algún otro diputado el tema de a qué se dedican y por qué están establecidos- que son de carácter excepcional, son unos programas que se crean para determinados alumnos y por motivos concretos. Yo considero -sinceramente se lo digo, señor diputado- que no querer estudiar y tener dificultades para hacerlo no es exactamente lo mismo; no es exactamente lo mismo. Es más, si algo tienen que hacer las administraciones es contribuir a animar precisamente a que se siga estudiando, se siga formando para poder llegar en las mejores condiciones al mercado laboral, a ese del que hablamos.

Por la información que hemos ido recabando en los diferentes sitios donde se están impartiendo estos cursos, lo que nos llega por parte del profesorado que los imparte es lo siguiente: que el currículum de los módulos es muy elevado y muchos alumnos abandonan sin llegar a conseguir los objetivos; que el alumno de quince años que tiene la obligación, para poder tener la titulación correspondiente,


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de cursar los módulos que son voluntarios -eso tiene su pequeña gracia- es un alumno que abandona antes de tiempo también. ¿Por qué? Porque es un alumnado que, como decía antes, tiene mayores dificultades académicas y también sociales, y al que se le van quitando programas -en este caso sí- compensatorios más adecuados a sus necesidades. Por tanto adelantar la edad de acceso a los catorce años no resuelve el problema; no resuelve en absoluto el problema, y por ello que no es la respuesta más eficaz para poder resolver esos problemas. Son alumnos que no se pueden apartar de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, y llevarles a otro tipo de estadio sin que hayan agotado todas las posibilidades en esa primera etapa; nosotros los creemos así.

Además esta propuesta también desvirtúa, según la consulta que hemos hecho con el profesorado, el componente profesional que conduce a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1, ya que los alumnos de catorce años no tienen -probablemente, como usted dice, tampoco los de quince, pero estaríamos en el famoso debate de la mayoría de edad; ¿por qué a los dieciocho sí y no antes?- la madurez suficiente para poder competir en el mercado laboral, aunque repito que es un debate absolutamente diferente al de hoy. Compartimos igualmente, como decía el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, la preocupación que ustedes sienten, cómo no vamos a compartirla, está ahí y la tenemos que compartir. Pero creemos que esta propuesta, esta iniciativa no soluciona el problema.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Nuevamente ayer en el Pleno hablábamos, con una moción que defendía la señora García Álvarez, de tocar la estructura del sistema educativo, la arquitectura. Hoy el señor Martínez, de UPyD, nos ofrece la posibilidad de avanzar la elección a los catorce años. Creemos que nuestro sistema puede dar mejores resultados de los que tenemos, estamos de acuerdo en que los resultados no son los adecuados, pero nos estamos fijando y centrando en una etapa entre los catorce y los dieciséis años, y el sistema educativo es más largo y más duradero. Hablábamos concretamente de aquellos alumnos que, a pesar de las medidas de atención a la diversidad y a los programas de diversificación curricular que contempla nuestra educación secundaria obligatoria, no pueden conseguir los objetivos previstos al terminar la etapa; aquellos alumnos que, a pesar de los recursos humanos y económicos que ponemos, necesitan todavía metodologías diferentes y utilizar estos recursos de otra manera. El sistema que tenemos establecido tiene que esforzarse, y puede que esforzándose, por la situación social, personal, de capacidad, etcétera, de estos alumnos, podamos darles una salida alternativa para que puedan llegar al mercado laboral con una titulación de nivel 1 en este caso, y durante ese tiempo puede ser que estos alumnos, integrados otra vez en el sistema normal y reglado, puedan optar a continuar preparándose y formándose. El sistema educativo les ofrece esos recursos para mejorar sus competencias y sus habilidades con estos programas. Creemos que son una vía adecuada para la cualificación y para mejorar las oportunidades de incorporación al mundo laboral. Pero al mismo tiempo es una vía que facilita su reintegración en el sistema educativo. Estos alumnos no han acreditado la ESO; presentan diferentes orígenes, como hemos dicho. Pero cursando esos módulos voluntarios pueden volver a conseguir el título de educación secundaria obligatoria y pueden incorporarse nuevamente, o sea, que los diferentes caminos son posibles.

Pero llegamos al punto clave de la proposición no de ley, que es el referido a los catorce años y con permiso familiar. En ese punto creemos que si una familia tiene que decidir que su hijo a los catorce años ya no tiene capacidades para seguir estudiando y que no tiene aptitudes, la misma familia tendrá dificultades para reconocerlo, porque le quedan dos años dentro del sistema para intentar corregir esa situación o esos problemas. Por tanto con la edad de catorce años sería volver otra vez a 8.º de EGB, decidir en ese momento, y creemos que a veces estas decisiones -aunque no en este caso- son fáciles para sacar del sistema educativo a alumnos que ponían dificultades en las aulas, y no reintegrarlos o intentar recuperarlos dentro del sistema. Por eso Convergència i Unió no va a estar de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Coincido con la diputada de La Izquierda Plural en que de formación profesional podríamos hablar mucho hoy, y hablaremos mucho durante esta legislatura. Hoy hablamos de programas de iniciación profesional y a propuesta precisamente del señor Martínez Gorriarán, por tanto a eso me referiré fundamentalmente.

En su propuesta, en su exposición de motivos parece añorar aquellas épocas en que los alumnos, sin ni siquiera haber superado la EGB, accedían a la FP1. Yo tengo que decirle que la FP1 no fue un éxito; sí fue un éxito la FP2, y precisamente porque a FP2 accedían los alumnos que superaban la formación profesional de primer nivel, que sobre todo tenían formación de base, y accedían también muchos alumnos de bachillerato, que por lo tanto traían igualmente una buena formación de base. Dio muy buen resultado la formación profesional de nivel 2, no así la de nivel 1, porque abandonaban muchos alumnos.Y posteriormente la Logse, precisamente pensando en eso, estableció la edad obligatoria de educación en los diecisésis años, para que todos los alumnos, todos los chicos y chicas, todos tuvieran la oportunidad de adquirir la


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formación básica necesaria para construir después, en este caso, una formación profesional de calidad.

Luchar contra el fracaso escolar supone -y hablaremos también en esta legislatura mucho de eso- implantar programas de apoyo, pero desde las edades más tempranas, desde que se detectan las primeras dificultades en los alumnos, desde primaria; eso es lo que hacen los países con los que aquí el Partido Popular hace comparaciones, y luego parece que vamos a ir para atrás en estas cosas; requiere hacer más atractivas las metodologías de aprendizaje, mucha formación del profesorado, muchos programas PROA. Con muchos de esos programas, por ejemplo, en la última legislatura en Andalucía el fracaso escolar ha disminuido en 5,8 puntos, por encima de la media estatal de 2,5 puntos; y eso tiene mucho que ver con esos programas y con esos recursos. Pero lo que está totalmente contraindicado, señor Martínez, para disminuir el fracaso escolar es precisamente segregar a los alumnos en edades tempranas, porque eso aumenta el fracaso escolar. Si usted hubiera leído -quizá lo ha leído- un reciente informe que ha sacado la OCDE sobre equidad y calidad en la educación, vería que expresa categóricamente que la segregación temprana aumenta el fracaso escolar, debilita los resultados generales y afecta a la equidad. Quiero recordarle que somos el segundo país en equidad, solo por detrás de Finlandia, la deseada Finlandia, nosotros vamos solo detrás de Finlandia y nos gustaría que se mantuviera. Es más, la OCDE le ha dado un toque al Gobierno para decirle que esos proyectos que tiene de quitar 4.º de la ESO y segregar antes a los alumnos es una mala decisión. Esperemos que el señor ministro de Educación se lo replantee y lo paralice. Así que, estando de acuerdo con los planteamientos de la OCDE, consideramos que la edad de catorce años es demasiado temprana, porque un alumno de catorce años que, por ejemplo, haya repetido -cosa que está mal también- un año en la etapa anterior, solo ha podido cursar 1.º de la ESO, así que le tenemos que dar más oportunidades con más apoyo para que siga en el sistema general. Según lo que usted propone, incluso si ese alumno cumple años en noviembre o diciembre empieza el programa con trece años. Me parece un poco pronto. Los programas de iniciación profesional que se implantaron no con la Ley de Economía Sostenible, sino por un real decreto de 2006 que lo regula, mejoraron las cosas, y en la Ley de Economía Sostenible se hacen algunas reformas en los programas de iniciación profesional, de tal forma que pueden empezarse con quince años sin necesidad de que se haya repetido ningún curso en la etapa, pero solo encajarán en esos programas aquellos alumnos para los que se considera que es la mejor opción para que alcancen los objetivos y capacidades para obtener el título de educación secundaria obligatoria. Esa es una prioridad. Además, obtendrán una cualificación de nivel 1. Y si no obtuvieran el título de la ESO, pueden recibir un certificado para acceder a la formación profesional de grado medio. Eso es lo que necesitaba el sistema, la flexibilidad y las pasarelas de una formación a otra.

Este decreto que desarrolla la Ley de Economía Sostenible parece que el Gobierno pretende paralizarlo. Ha pasado por el Consejo Escolar del Estado y quizá vaya el viernes a Consejo de Ministros y su aplicación se paralice, aunque parece que los PCPI, como se les denomina normalmente, están reservados porque la edad está regulada en la Ley de Economía Sostenible, por tanto, habría que modificar una ley para que esto se pudiera paralizar. Le diré más, señor Martínez: la incorporación de estos alumnos se hace con el acuerdo de los padres y del alumno, que es importante, pero además tiene que haber una propuesta del equipo docente que evalúa al alumno y un informe de los servicios de orientación, porque si no corremos el riesgo de que la decisión la tomen unos padres con poca formación, que no son expertos y a lo mejor de niveles socioeconómicos desfavorecidos. Señor Martínez, usted que se supone que tiene formación y es de un nivel sociocultural medio, al menos, ¿verdad que antes de matricular a un hijo suyo o a un sobrino a los trece o catorce años en un programa de iniciación profesional haría algunas cosas? Seguro que sí. Pues nosotros protegemos a esas personas que hacen esas cosas, que para las clases favorecidas se llaman clases particulares.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señoría.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino. Nosotros queremos proteger a esas personas que no pueden pagar esas clases particulares y que tienen esas dificultades. Lo que queremos es precisamente proteger a esos niños y por eso vamos a votar en contra de la propuesta que han presentado, porque lo hacemos por los alumnos y, además, por nuestra sociedad y nuestra economía. Nos va mucho en ello.

El señor PRESIDENTE: Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el portavoz de UPyD.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: La enmienda es demasiado general y se aleja del objetivo de la proposición, razón por la que no vamos a aceptarla.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO LA SUPRESIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA Y LA INCLUSIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000369.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, con número de expediente 161/369,


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del Grupo de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, el conocimiento, estudio y práctica de la religión, sea esta cual fuere, es una opción personal y, por tanto, en ese ámbito debe quedar y, en ese espacio, todo nuestro respeto, como no puede ser de otra manera.

Señorías, como decimos en la exposición de motivos, la universidad ha estado inmersa en procesos de adaptación de los planes de estudio o títulos de grado al Espacio Europeo de Educación Superior. Las facultades de Educación han estado adecuando los títulos que habilitarán para ejercer la profesión de maestros y maestras en educación infantil, primaria y educación social. Llama poderosamente la atención que temas que suscitan la unanimidad de todos los grupos y de una gran parte de la sociedad, con independencia de credos o ideologías, no figuren ante asignaturas a impartir al profesorado, que serán los docentes de las futuras generaciones. Nos estamos refiriendo a educación para la igualdad de mujeres y hombres y prevención para la violencia de género.

Señorías, hace ya algún tiempo, siendo diputada de la Asamblea de Madrid, se aprobó por unanimidad una iniciativa de quien les habla referida a ambas cuestiones. En la misma se incluía instar a la Administración correspondiente a una nueva materia curricular igualmente relacionada con igualdad y violencia de género. El Partido Popular en la Asamblea de Madrid manifestó su acuerdo con carácter general, y por eso fue aprobada por unanimidad, pero se nos pidió que no se incluyera el apartado de la materia ya que no era competencia de la comunidad. Y así lo hicimos. Pero ahora sí estamos en el ámbito donde ese tema se puede subsanar, y esta iniciativa persigue ese objetivo. En la Ley de medidas contra la violencia de género, en su artículo 7.º, se establece que las administraciones educativas han de adoptar las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad. Estaremos de acuerdo, señorías, en que la educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar que sufren mayoritariamente las mujeres, hijos e hijas, es absolutamente necesario que ocupe un espacio en la formación de los futuros educadores. Es más, en la Ley para la igualdad efectiva para hombres y mujeres se establece en el artículo 24 que las administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán con tal finalidad cuestiones como una atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial del profesorado. Que lo que ya figura en la normativa no se haya recogido en el ámbito de la universidad queremos pensar que se ha debido a lo acelerado del proceso, como he comentado anteriormente, y como explicamos en la exposición de motivos, en algunos borradores ya se decía que en los nuevos planes debería incluirse formación dirigida a atender la igualdad de género, así como prevenir y evitar la violencia del mismo. Con esta iniciativa tenemos la oportunidad de corregir ese déficit. Proponemos que se suprima la asignatura de religión católica porque, como ya decía al inicio de mi intervención, es una cuestión personal muy respetable, pero que cada uno debe realizar o enseñar bien en su ámbito familiar, bien en su ámbito de culto. Nuestra Constitución establece en su artículo 16 que ninguna religión tendrá carácter estatal. Podrán mantenerse, eso sí, relaciones o acuerdos con diversas religiones, pero no es de recibo que solo la religión católica tenga el privilegio de ser materia de formación del profesorado y de impartirse en los centros educativos. La excusa para este Gobierno y para otros ha sido el concordato. Deberíamos recordar que el concordato fue redactado en la dictadura, es decir, fue un acuerdo franquista, aunque se aprobara más tarde. ¿Alguien de aquí se imagina que Hitler y el Papa hubieran firmado un acuerdo y este siguiera vigente en Alemania? Seguro que no, nadie nos lo podríamos imaginar.

Por otro lado, se pretende justificar el mantenimiento diciendo que esta materia optativa es escogida por el 93% del alumnado de las facultades de Educación. Ustedes saben que a través de ella pueden ser profesores y profesoras de religión en colegios públicos sin haber superado una oposición, simplemente porque el obispado correspondiente les ha facilitado la declaración eclesiástica de idoneidad. Eso sí, a cargo del erario público, de todos nosotros; ya seamos creyentes católicos, creyentes no católicos, agnósticos, ateos o lo que sea, tenemos que pagar. Es más, en algunas comunidades, e igualmente sin necesidad de haber efectuado ninguna oposición -en Castilla y León, por ejemplo-, pueden ser directores de centros públicos y cobrar como tales.

Otra razón para elegir dicha asignatura, según nos comentan los propios interesados, es que en los colegios concertados los eligen si han cursado dicha asignatura, lo que viene a confirmar que el ideario de los centros concertados mayoritariamente tiene un componente de rechazo hacia otras culturas y otras religiones. Más aún, en algunos de ellos se promueve la separación por sexos: idoneidad completa.

Señorías, estamos en el siglo XXI y va siendo hora de que superemos el nacional catolicismo heredero de la dictadura franquista. Si el Estado se declara aconfesional -y ya nos gustaría a nosotros que en la reforma de la Constitución se hubiera pactado el haber sido en estos momentos un Estado laico, como en otros países de nuestro entorno-, no es de recibo que sigamos teniendo esa posición de privilegio con una de las religiones que se practican en España. Por otro lado, estamos en la sociedad del conocimiento y los dogmas religiosos, sean los que fueren, no caben en el ámbito de una universidad


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científica regida por la investigación y la ciencia moderna.

Señorías, termino como empecé: las creencias personales, que son muy respetables, deben de quedar en el ámbito personal y privado y no pueden ni deben constituir privilegios para acceder a la función de docentes en los centros subvencionados con fondos públicos. En ese caso también quiero señalar que estamos dispuestos a transaccionar las enmiendas del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: El Grupo Socialista, como ustedes conocen, tiene presentada una enmienda a esta iniciativa cuyo fondo, sin duda, compartimos; una iniciativa que afecta ni más menos como asunto de gran calado a nivel educativo a la formación inicial del profesorado. La primera parte de nuestra enmienda hace referencia a la petición de creación de dos nuevas asignaturas relativas a la educación para la igualdad de mujeres y hombres y para la prevención de la violencia de género, realizada por el grupo proponente, en este caso La Izquierda Plural y, en su nombre, por la señora García Álvarez. No voy a hablar, por ser una obviedad, de la sensibilidad e implicación de los socialistas y del relevante papel de nuestros gobiernos y grupos parlamentarios en ambas materias. Baste con citar aquí, como referencia, las leyes orgánicas 1/2004 y 3/2007, ambas aprobadas por los dos últimos gobiernos socialistas. Precisamente del articulado de dichas leyes se deriva la obligada incorporación de una formación específica en ambos campos en los planes de estudio de la formación inicial de nuestros futuros docentes. Sin embargo -y nos gustaría poder acordar esta cuestión con el beneplácito del grupo proponente-, consideramos que la creación de dos nuevas asignaturas no tiene por qué ser la única ni la mejor fórmula para la formación en dichos ámbitos. Entendemos, por una parte, que debemos querer y apostar por la autonomía universitaria a la hora de diseñar y enmarcar estos estudios. Y, por otra, no podemos olvidar que estamos hablando de aspectos tales como la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de conflictos, del ejercicio de la tolerancia y de la convivencia, aspectos que armonizan claramente con el concepto de transversalidad. Y aquí quisiéramos hacer una llamada de atención, porque no sería la primera vez que la creación de una asignatura específica ha justificado la omisión en el resto de la formación de temas que deben tener carácter transversal, y por ello no es necesariamente lo más recomendable la creación de asignaturas específicas.

Por ello, compartiendo la necesidad de asegurar de forma expresa la integración de estas materias en los planes de estudio, entendemos que debe ser desde la autonomía universitaria y por su profesorado donde se decidan los contenidos más idóneos, así como su más óptima ubicación. Pero en estos temas que tienden a una problemática compleja y relevante en nuestra sociedad y que deben de ser contemplados desde todos los ámbitos, entendemos también que la Administración debe ejercer como agente activo y, por tanto, promover la revisión de dichos planes, papel para el que consideramos que se debe incorporar al Instituto de la Mujer y al Consejo Escolar del Estado con el objetivo de que realicen las funciones de diagnóstico y evaluación y, como conclusión de las mismas, las recomendaciones precisas y pertinentes.

En segundo lugar, la iniciativa propone la supresión de la asignatura de religión católica de la formación inicial del profesorado. Por nuestra parte entendemos que eliminar esta materia de los planes de estudio no hace otra cosa que reconocer los grandes cambios producidos en nuestra sociedad desde el año 1979, año de la firma de los acuerdos España-Santa Sede, y así adecuarnos con naturalidad a la realidad sociológica de nuestro país en el momento actual, muy distinta de la de 1979, con una Constitución recién estrenada y en plena transición. El Grupo Socialista ya ha expresado muy recientemente en esta Cámara, concretamente en la Comisión de Exteriores, la necesidad de analizar y revisar dichos acuerdos, en coherencia con nuestro compromiso electoral y nuestras resoluciones congresuales, y defender, como bien expresaba nuestro portavoz en dicha Comisión, la laicidad del Estado como un elemento consustancial a las ideas de libertad e igualdad y para asegurar una convivencia armónica en nuestro país; laicidad positiva que casa con ciudadanía, con diversidad, con igualdad desde la diferencia, con el respeto mutuo y a las creencias del otro; en definitiva, con la convivencia.

La eliminación de la religión católica de los planes de estudio de la formación inicial de nuestro profesorado es, por cierto, una realidad de facto y una actuación más en el camino de garantizar desde las instituciones la laicidad constitucional, pues, repito, ya es una realidad en la mayoría de nuestras universidades públicas. Dicho de otra forma, no deja de ser la adecuación de la norma a aquello que ya está asentado como realidad. Esperamos, en todo caso, la posición del grupo proponente con respecto a los puntos de nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha retirado una enmienda que había presentado. Por tanto, para fijación de posición tiene la palabra el señor Martínez, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: En esta propuesta hay cosas que comparto, por ejemplo, creo que efectivamente no debería haber un Concordato con la Santa Sede que fijara determinadas cuotas para la Iglesia católica, en concreto, en la enseñanza de Magisterio o en la educación en general. Estoy de acuerdo con que es


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algo que hay que revisar. También estoy de acuerdo en que hay que avanzar en la laicidad de la educación pública en España y, por supuesto, en determinadas titulaciones estratégicas como puede ser Magisterio y en formación del profesorado, sin embargo, creo que mezcla churras con merinas, francamente, y me voy a explicar. Para empezar, la mayor parte de las universidades, al menos con las que yo he consultado, no tienen una asignatura obligatoria de religión católica, es una asignatura optativa, de tercer o cuarto curso del grado de formación del profesorado y en muchísimas universidades ni siquiera aparece con ese enunciado, sino como fenomenología de la religión, introducción a fenómenos religiosos, creo que en la Complutense aparece como introducción a la teología, que me parece más fascinante, si cabe, etcétera. Por tanto, no creo que el problema sea -puedo estar equivocado- que haya una especie de obligación de los estudiantes de profesorado de adoctrinarse en la religión católica. Creo que esto no es así.

En segundo lugar, tampoco comparto la idea de que el estudio de las religiones sea una cuestión meramente personal. Creo que no, que es una de las cuestiones importantes en cualquier sociedad y que no está de más, al revés, creo que está de menos, que tenemos un déficit en la formación de las distintas religiones. Comparto con la proponente y su grupo que no debería de limitarse al catolicismo sino que sería igual de apropiado que hubiera una instrucción y un conocimiento suficiente de lo que es el Islam, de las diferentes corrientes cristianas, del judaísmo, el budismo y otras religiones importantes; importantes por su presencia social, quiero decir, por su influencia en la ciudadanía.

Dicho esto, y quizá aquí esté la principal discrepancia, tampoco se trata de sustituir este tipo de estudios religiosos o sobre religiones, que no es lo mismo, porque creo que tenemos que distinguir qué es catequesis, qué es adoctrinamiento, de lo que es el estudio de un fenómeno, de la misma manera que estudiar en filosofía lo que dicen los empiristas lógicos no significa ser adoctrinado en empirismo lógico, simplemente es saber qué decían aquéllos. A este respecto, no creo que se trate de sustituir eso por otras asignaturas que además creo que no tienen nada que ver, lo digo con toda sinceridad. Creo que se puede defender, aunque también tendría algunas pegas, lo siento, el introducir asignaturas sobre igualdad de mujeres y hombres, tal como se anuncia aquí, o sobre violencia de género, pero no como una alternativa a la religión. Porque, por cierto, esto hace un flaco favor a este tipo de estudios porque los plantea casi como religiones alternativas, o algo así, y de ninguna manera debería ser visto de esta manera. Por eso, aunque comparto algunas de las preocupaciones que están en el origen de esta PNL, creo que se desvía el objeto de la discusión. De verdad creo que el nacional catolicismo es un capítulo de los libros de historia y que no hay que estar obsesionados por creer que eso está vigente. Creo que no. Quedará sectores por ahí, igual que hay carlistas y gente que defiende lo que hizo Fernando VII, pero son cosas marginales, no son problemas sobre los que debería centrarse la acción legislativa y, en cualquier caso, me parece bien que nos preocupemos por la laicización de la enseñanza y del Estado y que acabemos con este tipo de cuotas especiales que ha conservado por razones históricas la Iglesia católica. Creo que es bueno que hablemos de que es necesario formar en concreto al profesorado en un conocimiento de las distintas religiones y, por tanto, no debe ser algo a suprimir, y mucho menos para sustituirlo por asignaturas que están muy impregnadas, creo yo, de esto que se ha venido en llamar la ideología de género, que es algo a lo que tendríamos que dedicarle mucho tiempo para saber de qué se está hablando aquí.

En resumen, no quiero ser faltón con nadie, pero quiero que se me entienda bien. No se trata de sustituir una religión por otra, por eso me voy a abstener en esta PNL.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: La proposición no de ley defendida por La Izquierda Plural lo que pretende es incidir en el contenido de la formación inicial del profesorado. De entrada esta iniciativa podría abrir un debate interesante en relación con la función docente o cómo poder conseguir avanzar en la excelencia del profesorado, cuestión fundamental, como es ampliamente consensuado, para alcanzar ese sistema educativo de calidad que todos pretendemos. Pero en lugar de abrir esta reflexión, la propuesta de La Izquierda Plural lo que plantea es un tema concreto, específico y hasta cierto punto investido de una fuerte carga ideológica, algo absolutamente legítimo y que no cuestionamos, como es la supresión de la asignatura de religión católica y la inclusión de las asignaturas de educación para la igualdad de mujeres y hombres y de educación para la prevención de la violencia de género. Por tanto, limitando el presente debate estrictamente a los términos planteados por La Izquierda Plural, que sería la sustitución de las asignaturas, en Convergència i Unió podríamos coincidir con parte de la proposición: es decir, en términos generales podemos estar de acuerdo con la necesidad de cumplir en la formación inicial del profesorado con las previsiones contempladas en la Ley de Igualdad y en la Ley de medidas contra la violencia de género. Compartimos la necesidad de transmitir a los alumnos todo aquello que sea útil para erradicar la lacra de la violencia de género, así como aquellos contenidos que incluyan el fomento de las actitudes dirigidas a avanzar hacia la igualdad, con todo lo que ello implica. No obstante, no podemos estar de acuerdo con los estrictos términos de esa iniciativa, por cuanto su parte sustantiva no es conforme a nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco al marco competencial del que nos hemos dotado. Concretamente, con respecto al punto 1 de la proposición no de ley, que propone suprimir la asignatura de religión,


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tenemos que atender a lo dispuesto en la ley. Así, el artículo 4.º del acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanzas y asuntos culturales recoge la enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas universitarias de formación del profesorado, y el anexo IV, apartado 4, de la resolución de 17 de diciembre de 2007, dispone que los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de maestro deberán ajustarse al acuerdo del Estado español con la Santa Sede, el cual, como ustedes saben, es un tratado internacional y, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico español en virtud del artículo 96 de la Constitución española. En consecuencia, tal y como establece dicho artículo de la Constitución, para derogar, modificar o suspender las disposiciones de un tratado ha de seguirse o bien el procedimiento que establezca el propio tratado internacional, o bien las normas generales de derecho internacional. Por lo tanto, esta proposición no de ley vulneraría la Constitución española al instar que se suprima el contenido de un precepto de un tratado internacional omitiendo el cauce legal específico del cual nos hemos dotado.

En relación con el segundo apartado de la parte dispositiva de la iniciativa, a pesar de compartir la necesidad de cumplir, como hemos dicho anteriormente, con las previsiones de la Ley de Igualdad y de la Ley contra la violencia de género, tampoco podemos apoyarlo por cuanto corresponde a las universidades establecer los contenidos adecuados para la formación de sus graduados, y en ese sentido no podemos apoyar el espíritu de la proposición al condicionar esos contenidos. Así, son las universidades, en el marco de su autonomía, las encargadas de definir el contenido y estructura de sus proyectos formativos, y más en el momento actual en que la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior comporta que no exista un catálogo cerrado de titulaciones como sucedía anteriormente y, por tanto, cada universidad define con independencia sus títulos y los planes de estudio correspondientes.

En definitiva, desde Convergència i Unió no vamos a apoyar esta iniciativa por cuanto no se ajusta ni al ordenamiento jurídico ni al marco competencial del que nos hemos dotado, tal y como acabo de exponer.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bavo para fijar posición.

La señora BRAVO IBÁÑEZ: Adelanto que el Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, y voy a argumentarlo.

Como bien ha señalado la compañera de CiU, esto está vinculado a algo muy importante en la labor docente, en la carrera de los profesionales de la educación, que es la formación inicial, tanto la formación inicial de los profesores de infantil y primaria como los de secundaria, aunque luego formen parte de cuerpos diferentes. Evidentemente, el debate es fundamental -luego hablaremos de ello- puesto que todo lo que tiene que ver con la educación va a dar mucho que hablar y esperemos que sea en positivo, con acuerdos y consenso a lo largo de la legislatura.

Centrándome en el tema que nos ocupa, voy a hablar en primer lugar del tema, creo que radical y expuesto con demasiada carga negativa, de la exclusión de la religión católica. Aquí habría que referirse a que hay una orden relativa a la profesión de maestro de educación primaria. Esa orden recoge como competencia dentro del bloque de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales la de conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. No se trata de enseñar religión católica, sino de adquirir conocimientos sobre una dimensión social básica de la persona. Se acaba de decir en este debate, pero nos parece clave hablar de religiones, nuestros alumnos tienen que estar preparados para todo, y la religión, sea la religión católica o las religiones que hay en este país que se llama España, tiene que formar parte del currículum que nuestros alumnos tienen que tener tanto en primaria, insisto, como en secundaria. Siguiendo con esta argumentación y desde otra perspectiva, cabe recordar que la única exigencia académica de la normativa española para impartir la enseñanza de religión es reunir los mismos requisitos de titulación exigible o equivalente en el respectivo nivel educativo a los funcionarios docentes no universitarios, conforme se enumera en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Por tanto, para impartir la materia de religión en educación infantil, en primaria y en secundaria es preciso ese título universitario oficial. Es relevante el artículo 4º del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, que dispone que la enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las escuelas universitarias de formación del profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos. Asimismo, en el artículo 6º del citado acuerdo se establece que corresponde a la jerarquía eclesiástica señalar los contenidos de la enseñanza en formación religiosa católica. Es evidente que no puede desconocerse que la Conferencia Episcopal sí dispone de un importante instrumento en este campo, toda vez que la contratación de profesores de religión requiere haber obtenido la declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia educativa, artículo 3.1 del Real Decreto 696/2007.

En cuanto al tema referido a lo que están recibiendo en este momento nuestros alumnos, lógicamente también está regulado, hay un real decreto donde se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, a la educación secundaria obligatoria, en cuyo punto 4 se dice muy claramente: Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas de religión católica y las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado tenga suscritos acuerdos internacionales


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o de cooperación en materia educativa, en los términos recogidos en los mismos o la enseñanza de historia y cultura de las religiones. Esto en concreto se puede ejemplificar, y todos lo podemos comprobar, en el currículum de 3.º de la ESO, donde existe la asignatura de religión pero también existe en paralelo la optativa de historia de las religiones. Y les puedo garantizar que ni para la una ni para la otra a los docentes nos prepararon ni cuando hicimos la carrera ni cuando accedimos a la función docente a través de las oposiciones, como accede casi todo el mundo en este país.

El segundo punto, que también vamos a votar en contra, es el que se refiere a educación para la igualdad de mujeres y hombres y educación para la prevención de la violencia de género, un tema evidentemente muy recurrente y del que también hablaremos mucho. La primera reflexión es que la competencia para aprobar el plan de estudios de los estudios universitarios corresponde a cada universidad y, por tanto, son las propias universidades las que concretan las asignaturas que han de cursarse. Al ser la profesión de maestro una profesión regulada, corresponde al Estado el establecimiento de los requisitos respecto a los objetivos del título y la planificación de las enseñanzas que en estas materias establezcan las universidades. Hay que destacar que las órdenes ministeriales por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de maestro de educación infantil y primaria recogen ya competencias específicas relacionadas con la igualdad. Asimismo se establecen como competencias que deben adquirirse en un módulo de formación básica cuyo epígrafe es Sociedad, familia y escuela, y la competencia a conseguir es analizar e incorporar...

El señor PRESIDENTE: Señora Bravo, debe ir concluyendo.

La señora BRAVO IBÁÑEZ: Perdóneme, señor presidente, me he alargado demasiado.

En resumen, me interesa que quede muy claro el planteamiento del Partido Popular. El Partido Popular está apostando claramente por el tema de la igualdad en el currículum, y han sido dos ministros, tanto la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como el ministro de Educación, los que lo han dejado muy claro en sendas comparecencias en sede parlamentaria. La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dijo en la Comisión de Igualdad que la asignatura de educación cívica, la que sustituye a la educación para la ciudadanía, hace una gran aportación a la igualdad que recoge el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Y quiero cerrar con el compromiso -y le agradezco su benevolencia, señor presidente- del ministro de Educación de reforzar la formación del profesorado, y apelo a la sensibilidad de todos los grupos políticos para trabajar en esa línea, una línea que sí es importante, que todos nos pongamos de acuerdo en esa primera parte de la formación inicial, sobre ese máster y también sobre el sistema de acceso a la función docente, teniendo en cuenta que en los próximos diez años 200.000 docentes nos vamos a jubilar.

El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra la portavoz de La Izquierda Plural.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Como he manifestado anteriormente, estaríamos dispuestos a transaccionar las enmiendas con el Grupo Socialista.

- RELATIVA AL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE CONSECUCIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000429.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, con número de expediente 161/429, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: El Grupo Popular trae en esta primera reunión ordinaria de la Comisión de Educación una cuestión que creo que está en la mente de todos y probablemente concite el acuerdo en lo esencial. Son muchos los expertos, los afectados, los comités y, desde luego, los responsables públicos que han ido manifestando, y siguen haciéndolo, que un sistema universitario de calidad es, sin duda, la garantía del progreso de una sociedad. Por tanto, la calidad del sistema universitario español contribuirá decididamente a salir de la situación en que se encuentra nuestra economía, nuestra sociedad y también a ofrecer un futuro a nuestros jóvenes marcados por la excelencia y la posibilidad de triunfar en aquellos objetivos que se planteen. Esta idea que lleva a este primer planteamiento en esta iniciativa parlamentaria en materia de universidades nos ha llevado a proponerla y trasladársela al Gobierno. Veíamos en la primera comparecencia en el Congreso del ministro de Educación que, por un lado, los parámetros a los que podemos atender y a los que atienden comités de expertos, uno de los últimos, el Comité de expertos internacionales de evaluación o seguimiento de la estrategia universitaria 2015, nos hacen vivir en una especie de esquizofrenia porque a pesar de que algunos de los parámetros ponen de manifiesto que se ha trabajado a lo largo del tiempo, que se ha mejorado el sistema universitario español, a pesar de los fondos empleados, a pesar de los recursos, de los esfuerzos, de la intensidad de los cambios en muchas ocasiones, los resultados no se corresponden en absoluto con esos parámetros. No voy a cansar a sus señorías con los datos que figuran en la exposición de motivos de la iniciativa, que están en la


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comparencia del ministro y que podemos consultar en informes de alta calidad y que básicamente coinciden. Esa esquizofrenia entre el esfuerzo, entre los pasos seguidos en el sistema universitario español y los resultados alcanzados, el que no encontremos a las universidades españolas no ya en los primeros lugares del ranquin mundial sino ni siquiera en los primeros cien puestos, por mucho que podamos cuestionar unos u otros ránquines, que la permanencia en los estudios universitarios de nuestros estudiantes nos ponga de manifiesto que hay un porcentaje bajísimo de estudiantes universitarios que cumplen con la titulación en el tiempo fijado o recomendado inicialmente, sea cual sea el área de conocimiento, cuando tenemos una movilidad escasísima tanto de docentes como de universitarios, cuando tenemos un nivel de abandono importante que hace que todos podamos decir que los recursos económicos se despilfarran, que suceda todo esto nos indica que algo falla, que hay varias cosas que fallan o que hemos emprendido un camino que no es el adecuado.

Es evidente, y el ministro lo dijo en su comparecencia, que hay al menos tres objetivos que son fundamentales para afrontar esa real esquizofrenia de datos, parámetros y resultados que se producen y que no nos podemos permitir que continúen así, y son la excelencia, la competitividad y la internacionalización. Pero por si pensáramos que el ministerio no ha hecho un buen diagnóstico -aunque este grupo cree que ha hecho un buen diagnóstico general-, nos encontramos con que ese informe que he citado hace un momento, el del Comité de expertos internacionales de evaluación de la estrategia 2015, pide audacia en las modificaciones que deban hacerse en materia universitaria; cambios profundos con instrumentos claros de evaluación. Hay que atajar de manera urgente e inmediata la internacionalización, hay que ir a una gobernanza dinámica, hay que reforzar el nexo de las universidades, hay que proceder a evaluaciones externas con criterios claros, con rigor y transparencia. Hay que incentivar la investigación de calidad y la transferencia de resultados de verdad, no solo nominalmente, a las empresas y a las necesidades de la sociedad. Hay que conciliar los intereses de la sociedad en algunas de las titulaciones, no tiene por qué hacerse en todas, además entraríamos en otro debate y no hay tiempo para hacerlo, pero tiene que haber una correspondencia clara entre esas necesidades cambiantes de la sociedad y la formación de nuestros titulados superiores. Lo dice también este informe. Por tanto, no tenemos por qué dudar que es necesario que nos -permítanme la expresión vulgar- arremanguemos, nos pongamos manos a la obra, le digamos al Gobierno que estamos aquí y que queremos decididamente que esto se clarifique, lo quieren muchos sectores, lo quieren los estudiantes, lo quieren nuestros titulados, que están desconcertados ante un número de titulaciones extraordinariamente grande, ante titulaciones que tienen un bajo número de alumnos, que son reiterativas, que no hay especialización en las mismas para competir entre unas universidades y otras, que no tienen una valoración adecuada en el mercado, lo que hace que cuando hablemos con cada uno de estos colectivos nos digan: es que no sabemos dónde vamos, es que nadie sabe dónde podemos entrar, dónde podemos trabajar. Todo esto se tiene que clarificar.

Por eso hay dos elementos en nuestra petición que creo que están claros, pero que me permito reseñarlos en este momento. Uno, pedir al Gobierno que para realizar o acabar de realizar el diagnóstico, si me permiten, de la letra fina, del detalle -no el grosso modo, que creemos que lo ha hecho muy bien-, el Gobierno desarrolle instrumentos eficaces y transparentes que permitan un diagnóstico de por qué hay obstáculos para conseguir la excelencia, porque se ha puesto carne en el asador, pero quizás haya que poner más, haya que ponerla mejor, de forma más ordenada, dirigida a donde haya que dirigirla; es decir, que desarrolle esos instrumentos eficaces, rigurosos, transparentes para obtener ese diagnóstico sobre los obstáculos. El ministro nos decía: Quiero poner en marcha inmediatamente y para un periodo concentrado, serio, un comité de expertos que finalice de alguna manera ese diagnóstico de impulso para el desarrollo. Pues además de esa reunión, desde aquí le instamos a que se desarrollen diversos instrumentos para conseguir esos objetivos. Y, dos, potenciar aquellos instrumentos existentes que permitan evaluar con objetividad el sistema universitario. Hemos vivido una etapa en la que parece que la evaluación estaba en todas nuestras mentes, nos hemos tenido que ir acostumbrando a la filosofía de la evaluación. Pero ahora tenemos que mejorarlo, tenemos que mejorar la ejecución de esa filosofía, y por tanto hagámoslo con criterios más claros, con procesos más transparentes y siempre en aras de la consecución de esos mejores resultados, tanto en la docencia como en la investigación.

Vamos a aceptar, lo digo de antemano, una de las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió porque pretende incorporar una frase que evidentemente entendíamos implícita, pero que aclara, para evitar todo tipo de dudas, y es que hacemos esta petición siempre con el respeto a las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia universitaria.

Muchas gracias por su benevolencia, presidente.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, el concepto de calidad se invoca hasta la saciedad en todos los documentos oficiales, y eso estaría bien si no se estuviera reorientando hacia la excelencia y distinción, dos conceptos que están más asociados a selección, competitividad y rentabilidad, términos todos ellos del mundo empresarial, que tendrían su sentido en otros ámbitos, pero que a nuestro entender no lo tienen en el discurso pedagógico. Nosotros creemos que este movimiento en


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el mercado educativo a través de la evaluación y la competición es inseparable de la subordinación creciente de la universidad a los imperativos económicos. Acompaña a la obligación de resultados que, se juzga, debe imponerse a la universidad como a cualquier organización productora de servicios. Con esto, a nuestro entender, se pretende conseguir que las universidades se hagan más selectivas, pues el hecho de aceptar alumnado que haga descender los resultados en los ránquines influiría en su posición global.

Esto representa un sutil pero crucial cambio de énfasis en las necesidades del estudiante, el supuesto centro del sistema; un cambio en las necesidades de la universidad y de lo que hace la universidad por el estudiante a cuánto hace el estudiante por la universidad. Desde el Grupo de La Izquierda Plural creemos que efectivamente hay que mejorar la calidad del sistema educativo en la universidad y sobre esa base hemos presentado las enmiendas. Por un lado, y para responder adecuadamente a las demandas que hace la sociedad, debemos aplicar esos programas de evaluación con el objetivo de conocer con exactitud tanto sus aciertos como sus deficiencias en lo referente a resultados y procesos de funcionamiento. Nuestra primera enmienda tiene como objetivo promover la autoevaluación de los centros como estrategia de mejora; contarían para ello con el apoyo de la Administración y les permitiría analizar los puntos fuertes y sus debilidades en el proceso de aprendizaje y de investigación. No sería nunca una medida de resultados para establecer ránquines o clasificaciones de los centros. Es una medida para aumentar o mejorar la calidad del centro de cara a la formación de sus alumnos y alumnas. La segunda enmienda está igualmente relacionada con la evaluación, pero esta vez de carácter externo, y consiste en apoyar un plan de evaluación externa de los centros universitarios diseñado por los organismos de las administraciones educativas que se aplicaría periódicamente a una muestra de ellos. El plan de evaluación y los resultados obtenidos se pondrían a disposición de los órganos de participación de la comunidad universitaria para su conocimiento y debate.

Creemos, señorías, señorías del Partido Popular, que son unas propuestas razonables y que además, ahí sí, ayudarían a la consecución de mejores estándares de calidad para nuestras universidades públicas: menos ránquines y más calidad.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Desde CiU compartimos el objetivo y en general el espíritu de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que en definitiva pretende el desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos encaminados a mejorar la calidad de las universidades españolas.

Creemos que en un contexto económico y social de fuerte contención presupuestaria es necesario potenciar la adaptación continua de las universidades para avanzar en la excelencia y la internacionalización. Así, por ejemplo, en Cataluña en el curso 2011-2012 se proponía un conjunto de criterios tendentes a revisar a fondo la oferta de grados y másteres universitarios para aumentar la eficiencia, la calidad y la internacionalización y la consideración de elementos estratégicos adicionales, como la enseñanza virtual, el papel de centros adscritos, la colaboración entre universidades tanto públicas como privadas y la reordenación y potenciación de los programas de doctorado. Lo que se pretende es avanzar hacia un modelo que aproveche al máximo las diferentes estructuras académicas existentes mediante el aumento de su capacidad de adecuación a las necesidades organizativas de cada una de las enseñanzas, teniendo en cuenta su nivel de profesionalización, experimentalidad, internacionalización e innovación.

En definitiva, compartimos en general, habiendo expuesto estos objetivos que se están llevando a cabo en el sistema universitario de Cataluña, la proposición no de ley expuesta y defendida por el Grupo Popular. De acuerdo con estos planteamientos anteriores, y en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya, compartimos esa necesidad de avanzar hacia procedimientos de evaluación de la calidad más simples y efectivos y, en ese sentido, como decíamos, vemos bien el espíritu de la propuesta, siempre y cuando quede garantizada la capacidad y la legitimidad de las comunidades autónomas de poder desarrollar esos instrumentos para adecuarlos a sus necesidades específicas. Por esta razón hemos presentado la enmienda que paso a defender, que lo único que hace es incluir en la parte dispositiva de la proposición no de ley una frase: respetando las competencias de las comunidades autónomas en materia universitaria. En definitiva, respeto al marco competencial.

Agradecemos que la proponente haya anunciado ya que acepta nuestra enmienda y por lo tanto desde Convergència i Unió vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: La calidad y excelencia de nuestro sistema universitario ha de ser una preocupación de todos; establecer los mecanismos que faciliten la calidad, reforzar la garantía en los procesos de control y simplificar la gestión burocrática deben ser principios básicos para facilitar y conseguir la mejora de la calidad de nuestras universidades. Pero la calidad de nuestras universidades está estrechamente ligada al marco de una financiación adecuada que las dote con suficiencia y al comportamiento de su actividad investigadora, que debe ser potenciada tanto en la investigación básica como en la aplicada, además de suponer una seña de identidad de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema universitario, en el que al día de hoy la investigación


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supone más del 60 por ciento en el conjunto de la investigación española.

La proposición no de ley que hoy nos plantea el Partido Popular es una declaración de intenciones, y así nos la hemos tomado: vacía de contenido, sin determinar ni concretar las actuaciones necesarias que nos puedan conducir a mejorar la calidad de nuestras universidades. La intención es buena, pero la creemos claramente insuficiente. En la exposición de motivos, aunque se diga expresamente que no es catastrofista, no faltan inexactitudes, y algunos datos que se dan no están actualizados. Claro que no nos sorprende, dada la falta de rigor de la que hasta ahora ha hecho gala el señor ministro en materia educativa, y en especial en el área universitaria. A la evaluación del sistema universitario no se le pueden aplicar criterios tan simplistas. Las universidades españolas cuentan ya desde hace años con instrumentos -mejorables, como todo-, con unidades de control de la calidad en las que se bareman los diferentes aspectos que componen la compleja estructura universitaria. Los cacareados ránquines de universidades tan del gusto del señor Wert, como dejó patente en su comparecencia hace ya casi dos meses, se basan en unos criterios de evaluación que apuntan solo a la rentabilidad y que no siempre son indicativos de excelencia, como el año pasado dejó muy bien explicado en un artículo de El País el filósofo José Luis Pardo. Cierto es que las declaraciones realizadas por el ministro nos hacen temer lo peor; los recortes en las becas, la contrarreforma educativa y la eliminación de los préstamos-renta para el estudio de másteres y doctorados no son un buen presagio ni un buen ejemplo. No queremos pensar que este sea de verdad el pensamiento del Partido Popular, pero todo nos hace deducir que habrá más recortes, más elitismo y, lo que es peor, menos igualdad de oportunidades, línea roja esta de la igualdad de oportunidades que no estamos dispuestos a pasar el Partido Socialista ni el Grupo Socialista.

Pero además, la PNL del Partido Popular utiliza las estadísticas a su conveniencia y les recuerdo que, en investigación, si partimos de premisas falsas llegaremos a falsas conclusiones. De ahí que nos debamos poner como tarea tratar el importante tema de la calidad universitaria más por extenso. Algunos estudios ya están publicados y son, en mi opinión, bastante clarividentes. Los ha publicado, por ejemplo, la Conferencia de Rectores, que no se puede tildar de partidista precisamente. En este largo estudio que se hizo el año pasado ya se ve claramente cuáles pueden ser y cómo se pueden medir estos parámetros, no solamente por número de egresados, etcétera, sino por algo más. Al fin y al cabo los resultados obtenidos por estas comparaciones entre universidades nacen de la falsa homologación entre entidades no comparables, sobre todo en cuanto al presupuesto, al carácter privado y público de los centros, etcétera; hay que tener en cuenta muchos elementos. Afirmar que el sistema educativo universitario es ineficiente es partir de una premisa falsa, posiblemente para justificar las acciones ya marcadas desde el Gobierno. No me voy a extender en este asunto porque no es esto, pero en realidad nuestro sistema educativo universitario, por lo menos en los últimos años, está por encima de la media de la Unión Europea, y la OCDE le da 9 puntos por nuestra tasa de éxito, etcétera.

El ministro, en su comparecencia, vino a decirnos que el sistema es insostenible y ya hemos podido comprobar qué pretende el Partido Popular: más recortes, más desigualdad y una educación universitaria solo para los ricos, como en la época de Franco. Sinceramente, este modelo no es el que necesita nuestra universidad, ni los estudiantes e investigadores y mucho menos la economía de nuestro país. Contamos con universidades cuyos resultados en producción científica, medida por parámetros de índice de impacto, son más que aceptables, gracias al impulso de los gobiernos socialistas, avance que, por cierto, no parece que quiera conservar el Gobierno del PP. Y así lo temen profesores universitarios, investigadores, becarios, alumnos. Precisamente en este aspecto ayer mismo entregaron al Congreso, al Senado y a la Presidencia del Gobierno un manifiesto de apoyo a la ciencia, y había de todos los colores políticos; temen de verdad, con lo avanzado en estos años, que con esta política universitaria haya un retroceso. Hemos avanzado mucho en estos últimos años en profesionales docentes e investigadores, en financiación e I+D+i, en rendimiento; sigamos avanzando. No estamos en contra de la competencia entre universidades, pero no podemos confundir la persecución de la excelencia científica con llegar a la meta a cualquier precio. Y, créanme, la pasión por los ránquines es falaz. Si comparamos un ranquin con otro, los resultados no son los mismos, y todos se basan en el ranquin académico de una universidad de Shanghái en China, que es la famosa biblia de estos ránquines en la mayoría de los casos. No son la solución a los problemas actuales de la universidad española. No podemos transformar nuestras universidades en centros comerciales del conocimiento donde lo único que se prima es la rentabilidad en la producción y la prelación en una lista, eso sería desvirtuar el sentido de la universidad. En el Partido Socialista consideramos que es necesario seguir avanzando en la mejora de nuestro sistema universitario, tanto en su parte de transmisión de conocimientos como en la investigación y transferencia de los mismos. Competencia, excelencia y calidad, sí; mercantilización y ránquines excluyentes y elitistas, no. Por esto, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de adición, que incide en su punto segundo en la financiación adecuada y en el refuerzo de las garantías de calidad. Para nosotros es una contradicción pensar que con los recortes que ya se han hecho y con los que se nos avecinan se pueda perseguir o aclamar la calidad. Solamente le voy a poner un ejemplo.

El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señora Costa.


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La señora COSTA PALACIOS: Dos párrafos. Como consecuencia del acuerdo de no disponibilidad a los campus de excelencia internacionales les han recortado 82 millones de euros; solo a los campus de excelencia. ¿De qué calidad estamos hablando para la universidad española? ¿De qué calidad estamos hablando si solo en un apartado se recortan 82 millones de euros? El Gobierno socialista siempre ha apostado por una universidad de calidad, pero creemos que se debe tratar de manera mucho más fragmentada. Vamos a presentar en breve una iniciativa sobre esto para que se estudie de modo monográfico. Y en este caso si, como parece, el grupo proponente no nos acepta la parte de nuestra enmienda que se refiere a una financiación adecuada, nos abstendremos en la votación.

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán, del Grupo UPyD.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Renuncio al turno de palabra, señor presidente. (La señora Moro Almaraz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Solo una cuestión en relación con la enmienda del Grupo Socialista. Efectivamente, como he hablado antes con la portavoz, la primera parte de la enmienda, y ella misma lo ha asumido, queda implícita en la propuesta que hace este grupo, y respecto la segunda, entendemos que no es una cuestión que se planteara en la iniciativa y por tanto se añadiría como algo que no está ahí. Sin embargo, en el compromiso del ministro, en el compromiso del ministerio, expresado la última de las veces en la comparecencia en el Senado, está presente el tema de la financiación; eso sí, como el propio Grupo de Convergència i Unió ha recordado antes.

El señor PRESIDENTE: Señora Moro, no reabramos debate, simplemente acepte o rechace las enmiendas.

La señora MORO ALMARAZ: ... es competencia de las comunidades autónomas; por tanto, hablaremos de ese tema en otro momento.

Y respecto a la enmienda de La Izquierda Plural, la rechazamos en cada uno de los apartados. Y en cualquier caso, para no reabrir el debate, sí se pone de manifiesto que su planteamiento ha sido un tanto contradictorio. En la primera parte se entra en una competencia universitaria, la autoevaluación es una competencia universitaria, y respecto a la segunda, un plan de evaluación externa es lo que aparece en la propuesta, dicho de manera más general porque no somos quién para establecer qué tipo exactamente de evaluación cuando ya está establecida una evaluación en este momento en el sistema universitario.

- SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO DEL DEPORTE PROFESIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000439.)

- RELATIVA A LA DEUDA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL PROFESIONAL CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000456.)

El señor PRESIDENTE: Me comunican que se ha llegado a un acuerdo para ver en este momento las PNL 161/000439, presentada por el Grupo Socialista, y la PNL 161/000456, del Grupo Mixto, antecediendo a la que estaba prevista, que es la PNL 161/000438. Por tanto, para la defensa de estas PNL tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Señorías, los puntos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto a iniciativa del BNG son coincidentes en sus aspectos básicos con los contenidos de una moción aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados en Pleno el 29 de septiembre de 2010, a iniciativa también del BNG. En aquel entonces los datos conocidos sobre la deuda de los clubes con Hacienda y la Seguridad Social se remontaban a octubre de 2008. En esa fecha la deuda total con estos organismos era de 632 millones, 627 millones con la Agencia Tributaria y 4.912.000 euros con la Seguridad Social. Tan solo ha pasado año y medio desde el debate de aquella moción y en ese tiempo la deuda ha ascendido a más de 762 millones de euros, 752 con Hacienda y 10.600.000 euros con la Seguridad Social, casi 131 millones de euros más que en 2008. Para que tengan una idea más clara de la magnitud de las cifras de las que estamos hablando, la deuda con los organismos públicos supera ya los 127.000 millones de las antiguas pesetas. Y estamos hablando tan solo de la deuda contraída con Hacienda y la Seguridad Social, porque la deuda total, pública y privada, de los clubes de fútbol profesional es una bola de nieve que no para de crecer.

Según distintos estudios, en la temporada 2006-2007 esta deuda total ascendía a 2.779 millones de euros. En la campaña 2008-2009, los veinte clubes de primera división sumaban una deuda de 3.526 millones de euros. Y hoy en día diversos estudios sitúan esta deuda por encima ya de los 4.000 millones de euros. Todo ello después de que los planes de saneamiento del fútbol español, que contaron con la colaboración de los poderes públicos, permitiesen en su día saldar una deuda de 35.000 millones de pesetas y recapitalizar los clubes.


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En una entrevista reciente el secretario de Estado para el Deporte, don Miguel Cardenal, manifestaba que el Estado no tiene intención de pagar la deuda de los clubes de fútbol. Pero, señorías, esa no es la cuestión. La pregunta es qué piensa hacer el Estado para que los clubes salden la deuda. Porque ante esta situación el Gobierno, ni este ni el anterior, lo que no puede hacer es mirar para otro lado. Tiene que acabar con la condescendencia con los clubes de fútbol y tratarlos como a cualquier otro deudor. Como denuncia el Sindicato de Técnicos de Hacienda, mientras a los particulares se les exige aportar una garantía cierta y tangible para aplazar su deuda con Hacienda a través de derechos reales como una hipoteca o un aval bancario, a los clubes deportivos se les permite hacerlo con derechos potenciales o futuribles de cobro, como pueden ser los porcentajes sobre taquilla o los derechos publicitarios o televisivos.

La consecuencia: los clubes pagan deuda antigua pero generan deuda nueva y, al final, el resultado es una insolvencia mayor. Por eso es necesario y urgente tomar medidas para que en el menor tiempo posible los clubes de fútbol sufraguen esta deuda, como plantea el primer punto de nuestra proposición. Y hay que utilizar ese instrumento, la exigencia del pago de la deuda, para contribuir a que se introduzca racionalidad en el mercado futbolístico. Resulta incomprensible que clubes de fútbol que invierten cantidades millonarias en fichajes de futbolistas sigan engordando la deuda y retrasando su pago. Por eso proponemos que se exija el establecimiento de límites, que podría ser un porcentaje sobre el presupuesto total de cada club, en el gasto destinado a los fichajes y percepciones de los jugadores, que en cualquier caso tendría que estar condicionado a que los presupuestos realmente se ajusten a la capacidad de ingresos y por lo tanto sean equilibrados. Por lo tanto, lo que proponemos es que estos gastos estén condicionados al equilibrio presupuestario de los clubes y al cumplimiento de las obligaciones de los clubes con Hacienda y la Seguridad Social. Con todo ello, señorías, estaremos contribuyendo también a la sostenibilidad del fútbol, a que ajuste su gasto a su capacidad real de generación de ingresos. Es lamentable que, de los 32 clubes que en Europa se han acogido a concurso de acreedores, 31 pertenezcan a la liga española. Y estaremos contribuyendo también a la protección de los derechos de los futbolistas, en particular los de los clubes más modestos, pues son unas de las principales víctimas de esta situación al sufrir continuas situaciones de impago en sus salarios.

Señorías, no se puede apelar a apretarse el cinturón, no se puede pedir a la sociedad que asuma grandes sacrificios y al mismo tiempo no darse por enterado de lo que ocurre en el mundo del fútbol. Con más de 5 millones de parados, con los enormes sacrificios que está soportando la mayoría de la población, es inmoral el despilfarro existente en el fútbol profesional, máxime cuando además eso tiene su repercusión en la falta de cumplimiento de sus compromisos con la Administración pública.

Estas son las razones que fundamentan la proposición no de ley que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. En todo caso les anticipo, señorías, que los distintos grupos presentes en esta Comisión hemos llegado a una propuesta de transacción que trasladaremos a la Mesa de la Comisión. A nosotros nos gustaría que el texto final fuese más imperativo, más contundente, pero en cualquier caso en aras del consenso suscribimos esa propuesta de transacción y también porque estamos en la fase inicial de la legislatura y por lo tanto entendemos que hay que darle tiempo al Gobierno para que ejecute estas medidas, pero también advertimos que seremos enormemente exigentes y, si no se dan pasos en la línea que marca esa propuesta de transacción, nos reservamos el derecho de presentar nuevas iniciativas sobre esta cuestión en la Cámara, como ya hemos hecho, por cierto, en la legislatura pasada.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su PNL tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Entiendo que vamos a debatir la dos conjuntamente y voy a hacer una fusión de los textos que tenía preparados para la defensa de ambas proposiciones no de ley.

Quiero empezar diciendo que dos razones han aconsejado al Grupo Parlamentario Socialista presentar esta proposición. Por un lado, la información del Gobierno de España sobre la deuda del fútbol con la Agencia Tributaria, cifrada en 752 millones de euros, de los que 489 son de la Liga de primera división BBVA, y 184 pertenecen a los equipos de segunda división.Y, por otro lado, la segunda razón, la ratificación por parte de la Comisión Europea del reglamento de juego limpio financiero que estaba impulsando la UEFA. Creíamos que era una oportunidad para impulsar este debate público y dar a conocer las soluciones posibles a la problemática planteada. Muy lejos, por tanto, de intentar hacer oportunismo político achacando al actual Gobierno del PP responsabilidades por una gestión que se arrastra desde hace años y que, por supuesto, al PP le corresponden actualmente unos pocos meses, aunque sí la gestión anterior del presidente Aznar entre 1996 y 2004. Por otro lado, en la anterior legislatura hubo acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas en torno al texto final de la Subcomisión del Deporte Profesional y la reforma de la Ley Concursal, en la que se regulaban las entidades deportivas. Por tanto, hay un pozo de confianza que creo que debemos mantener en esta legislatura en torno al deporte, para hacer legislación con un amplio consenso. Es nuestra voluntad y la manifiesto claramente. Dicho esto-perdonen la broma-, acepto el pulpo como animal de compañía y asumo la responsabilidad de la gestión de los ocho años de gobierno socialista con firmeza y orgullo.

Veamos los aspectos señalados sucintamente con anterioridad. El Comité Ejecutivo de la UEFA sabemos todos que aprobó de forma unánime el concepto y desarrollo


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de juego limpio financiero como pauta de comportamiento en pro del bienestar del fútbol europeo, en septiembre de 2009, y marcaba como objetivos prioritarios introducir una mayor disciplina y racionalidad en las finanzas de los clubes de fútbol, disminuir la presión sobre los salarios y las transferencias, y alentar a los clubes a competir con sus ingresos reales, tanto es así que los clubes no podrán participar en competiciones europeas si no gastan lo que ingresan y por tanto hay un equilibrio financiero. También la UEFA quiere proteger la viabilidad a largo plazo del fútbol y garantizar que los clubes resuelvan sus pasivos de forma segura.

El pasado 21 de marzo de este año, hace unos días, la Comisión Europea confirmó el reglamento de juego limpio financiero para regular la actividad económica de los clubes y tratar de poner freno a su endeudamiento. El objetivo fundamental es lograr la disciplina en las finanzas de los clubes en dificultades financieras, obligándoles a equilibrar sus cuentas, a no gastar más de lo que ingresan y a actuar con responsabilidad. Platini, Almunia, Infantino manifestaron públicamente en nombre de la UEFA y de la Comisión Europea la satisfacción por el respaldo a este reglamento que intenta evitar que los clubes se vayan a pique impulsando políticas de mayor control económico. Platini llegaba a preguntarse cómo era posible que haya más dinero que nunca en el fútbol y tantos clubes que nunca antes habían tenido tantas deudas. Este es el escenario, señorías, del marco internacional en el que España sobresale como campeón absoluto. Somos la primera potencia mundial en fútbol profesional, lo que genera inmensos ingresos para los clubes, para España, para las arcas públicas, siendo una gran potencia económica; pero el modelo tiene una profunda gangrena que lo hace inviable en estos momentos, viviendo en una burbuja que puede reventar inmediatamente. Si el fútbol europeo debe 8.408 millones de euros, en torno a 5.000 son de los equipos españoles. Si en Europa hay 32 clubes acogidos a concurso de acreedores, 31 son españoles. Si el fútbol europeo no tiene deudas con sus haciendas respectivas, el nuestro tiene una de 752 millones.

El modelo, señorías, creado en la Ley del Deporte de 1990, obligando a convertirse en sociedades anónimas deportivas a los clubes con deudas e implantando un plan de pago y dejando como asociaciones al Real Madrid, al Barcelona, al Athletic de Bilbao y al Osasuna, ha creado una peculiar dualidad en nuestro fútbol, pero debemos reconocer que no ha resuelto los problemas financieros y que estos se han agravado. Otra vez estamos sobrendeudados, y el modus operandi de clubes y sociedades anónimas deportivas es aplicar la normativa mercantil y societaria de una manera laxa e incluso en algunos casos incumplirla. Los responsables de la competición, la Liga de Fútbol Profesional, siempre demanda que se les deje autocontrolarse, pero las pruebas demuestran que no ha funcionado el sistema y que se necesita, desde nuestro punto de vista, un control externo riguroso que obligue, sí o sí, a cumplir las normas.

En la anterior legislatura se reformó la Ley Concursal con una nueva disposición adicional segunda bis al fin de que las entidades deportivas no utilicen el concurso de acreedores para eludir sus obligaciones en pago a futbolistas, Hacienda, Seguridad Social y otros acreedores, manteniéndose en la categoría y eludiendo la normativa deportiva y el descenso de categoría. Ahora mismo el Gobierno está obligado a presentar antes de final de junio de este año un proyecto de ley sobre especialidades de tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones profesionales de la Ley del Deporte y de los créditos salariales de sus deportistas. El mandato legal es hacerlo en seis meses; y por tanto queda poco y nos gustaría que el Gobierno cumpliera y que las sociedades anónimas deportivas en concurso de acreedores lo sepan y se atengan a las consecuencias, porque esta actuación es fundamental para no desnaturalizar la competición.

No se puede admitir que unos paguen sus deudas y otros no, y que además eso quede impune. El que no pague no puede competir o tiene que bajar de categoría, porque burla los derechos del que cumple en el marco del juego limpio financiero. La Liga de Fútbol Profesional nos dice que es más que suficiente el autocontrol que ellos aplican a la competición y que la deuda está garantizada o que no es exigible por Hacienda, o que está autorizado y acordado el aplazamiento. No digo que no, pero 752 millones de euros en un momento de crisis extraordinaria, con recortes brutales, subidas de impuestos y de reforma laboral, el fútbol no puede seguir pensando que esto no va con ellos y seguir en un mundo idílico de goles, manitas y partido a diario que solo de vez en cuando es roto por actuaciones de la Asociación de Futbolistas Españoles, que reclama el pago a los jugadores e incluso se acogen al derecho de huelga, o la actuación de algún juzgado que dice hasta aquí hemos llegado. El panorama de las sociedades anónimas deportivas es desolador, y el de los clubes es un paraíso aparente al que solo los que pueden aportar avales que mantengan la sociedad sin pérdidas pueden presentarse con la convicción de que cuando se van nadie se atreve a aplicarles la obligación de responder con ese aval a las pérdidas habidas.

No desconozco las soluciones que los equipos de fútbol y la Liga de Fútbol Profesional están poniendo encima de la mesa: que se quite el partido en abierto, que nació con la Ley Cascos, que consideró el fútbol de interés nacional, que como todos sabemos fue una ley para hundir al grupo Prisa y a Canal+, y que ahora es considerado una carga inaguantable. Nosotros, los socialistas, no vamos a quitar derechos consolidados que tienen los ciudadanos por ley. El que lo quiera hacer, que lo haga y lo explique, sin trampas ni cartón, sin ocurrencias, señorías, y, aviso, como pasar el partido en abierto a los lunes en horario infantil.

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo.


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El señor PEZZI CERETO: Como son dos iniciativas, presidente, deme usted un poquito de margen.

El señor PRESIDENTE: Es que se está usted excediendo en dos minutos sobre los siete. Le doy el tiempo.

El señor PEZZI CERETO: La Liga de Fútbol Profesional está también detrás de que el IVA que se le aplica es incongruente con un espectáculo público, que se pague por las retransmisiones de las radios. Ustedes, señorías del Partido Popular, gobiernan, tienen que tomar decisiones, deben gobernar.

La liga también señala que ya en julio pasado aprobaron en asamblea un mecanismo de control económico para su autorregulación, pero lo cierto es que el modelo está distorsionado en los ingresos, porque la participación en los contratos de las televisiones está brutalmente desequilibrado, porque unos reciben ayudas directas o indirectas de los ayuntamientos y comunidades, o de las televisiones autonómicas, porque unos tienen recalificaciones o usan instalaciones municipales, unos pagan y otros no, y así no hay manera de autocontrolarse. El autocontrol ha terminado en concurso de acreedores, en ir de fichajes de invierno sin un duro, en no presentar cuentas en el Registro Mercantil. Esto, señorías, no es autocontrol.

¿Qué hacer?, y con esto voy acabando: una ley del deporte profesional de acuerdo con las directrices de la Subcomisión de Deporte que aprobó en la anterior legislatura el Congreso de los Diputados. Desde mi punto de vista y el del Grupo Socialista, la creación de un órgano independiente de control económico y financiero. Un plan de pago a Hacienda, a Seguridad Social, a jugadores y proveedores que sea estricto, y descontable si no de los ingresos públicos; y una estricta regulación de las ayudas públicas al deporte profesional.

El dinero de todos, señorías, no puede ir alegremente a unos equipos que poseen grandes ingresos para disparar con pólvora de rey fichando a figuras a precio de pozo petrolífero o derrochando con primas, intermediación o fichajes inútiles. Queremos un fútbol puntero mundialmente, de primerísimo nivel, pero no basado en una economía ficticia, en una burbuja que tengamos que pagar todos.

El señor PRESIDENTE: Señor Pezzi, por favor, vaya concluyendo.

El señor PEZZI CERETO: Queremos para nuestro fútbol juego limpio financiero, que paguen a los futbolistas, a Hacienda, a la Seguridad Social y a sus proveedores, que tengan en cuenta a los aficionados y a sus organizaciones legales, como la Fasfe, que tengan un comportamiento limpio sin ninguna sospecha de enredo y zancadilla, sin que cada vez que va a terminar la liga los últimos cinco partidos se vuelven una lotería para ver quién asciende o desciende, con mercachifles y mediadores por doquier.

Queremos, señorías, el mejor fútbol del mundo, queremos los mejores clubes y sociedades anónimas, pero que cumplan las leyes, se rijan por normas de buena gobernanza, sin tanto tiburón nacional o exótico buscando piezas fáciles y alimento a bajo precio para dejarlos tirados al menor revés. Porque creo en la sensatez y en la posibilidad de llegar a acuerdos, apoyaremos esta propuesta consensuada, esperando que el Gobierno cumpla en plazo y en solvencia con las soluciones que presente.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Catalán, la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Enlazando nuestra intervención con algunas de las palabras que ha dicho ahora mismo el señor Pezzi, sobre todo por lo que respecta a demostrar que tenemos el mejor, uno de los mejores deportes del mundo, hoy es un día muy apropiado porque podemos demostrar que tenemos un gran equipo, que es probablemente el mejor del mundo en estos momentos, que es el Barcelona, por lo tanto esperemos que hoy podamos.(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: No abramos ese debate, señoría.

La señora SURROCA I COMAS:.demostrarlo.

El tema que nos ocupa y nos preocupa, que es el contenido de la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, nos permite entrar en un debate interesante que ya estuvo presente en gran parte de las sesiones de trabajo de la Subcomisión de estudio de la situación del deporte profesional en España, y no es otro que el tema de la transparencia y contención del gasto en el deporte, especialmente en el fútbol profesional español, o en definitiva hablar de la economía del fútbol profesional y de su gestión. Dejando a un lado las anécdotas o preferencias deportivas de cada uno, esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego coincide con un debate abierto en los últimos tiempos relativo a las importantes cantidades que también se pagan en el fútbol, que se contradicen con la coyuntura económica, así como con la situación financiera de muchas entidades deportivas. Sabemos que en estos momentos es complicado justificar determinados costes de fichajes en el fútbol en comparación con la necesaria contención que intenta predicarse en gran parte de otros sectores de nuestra economía.

Así, en ocasiones da la impresión de que en el mundo del deporte, y muy especialmente en el fútbol, los principios que rigen no van acompasados con la situación que impera en nuestra sociedad. En ocasiones incluso podría afirmarse que desde un punto de vista moral o incluso ético esto es difícilmente comprensible o justificable. Ahora bien, no podemos olvidar que estas decisiones son tomadas también en el ámbito de lo privado,


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es decir, son las sociedades anónimas deportivas o los clubes los que afrontan la decisión del gasto; son estas entidades deportivas y sus representantes los que en definitiva llevan a cabo la gestión económica que creen más conveniente. Aunque ello, evidentemente, no es tampoco excusa para que el Gobierno o la Administración, cualquiera de las administraciones competentes, mire hacia otro lado, porque el mundo del deporte tiene una vertiente, evidentemente, de interés social que excede de lo meramente privado. Sobre todo cuando la propia Administración pública, como ya se ha dicho por parte de algún portavoz que me ha precedido en la palabra, da apoyo de forma aunque sea indirecta a determinadas entidades deportivas para ayudarles a paliar dificultades económicas, dificultades que, como bien saben, en algunos casos son derivadas de gestiones económicas más que dudosas asumiendo gastos excesivos a sus posibilidades reales. Por lo tanto, todo ello nos conduce a un debate muy interesante, que no es otro que el papel que debe asumir la Administración pública o el Gobierno ante esta situación compleja y si es posible tomar medidas al respecto.

Es aquí donde el Bloque Nacionalista Galego propone en concreto tres medidas. Una primera referente a la pronta liquidación de la deuda de determinadas entidades deportivas con la Agencia Tributaria y también con la Seguridad Social. Aquí, evidentemente, nuestro grupo parlamentario no tiene nada que decir, porque no hay duda alguna de que si hay alguien, cualquiera que sea, tiene una deuda con la Administración debe pagarla cuanto antes y el Gobierno debe tomar las medidas que correspondan. En definitiva estamos absolutamente de acuerdo.

La segunda medida que se propone en la proposición no de ley es la de promover límites en los fichajes y las remuneraciones de los jugadores, debiendo siempre cumplir con las obligaciones de pago a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. Y en cualquier caso que el gasto de los fichajes y remuneraciones esté condicionado por el necesario equilibro presupuestario. Pues bien, es precisamente esta medida del equilibrio presupuestario por la que creemos que pueden emprenderse acciones desde el Gobierno para que los clubes de fútbol no asuman más gastos de los que sean capaces de responder. Es ahí donde debemos ser exigentes. En cambio, es más dudosa, desde nuestro punto de vista, la conveniencia de establecer límites a los importes de los fichajes así como a los salarios de los jugadores, porque creemos que la intervención del Gobierno en este ámbito podría exceder de lo que le es propio.

Además en este punto también es interesante hablar de una cuestión que entendemos que está estrechamente relacionada con la situación económica de muchos clubes, y que es la del cobro de los derechos audiovisuales. De esto también hablamos en la Subcomisión de estudio de la situación del deporte profesional en España analizando la necesidad de establecer un sistema mucho más equitativo, más equilibrado del que ahora disponemos. Creo que esta es una de las causas de la situación en la que nos encontramos, o sea, que la respuesta que tiene que haber desde el Gobierno y las administraciones competentes no debe ser una respuesta superficial, que nos quedemos en los problemas que hay ahora de impago y que intentemos abordarlos de forma tajante pero sin buscar las causas que subyacen en ese problema. Y uno muy importante es precisamente esto, el de los derechos audiovisuales y analizar si el mecanismo que en estos momentos tenemos es el adecuado o tenemos que establecer otro mecanismo que ya estuvimos evaluando en la subcomisión. Por lo tanto, esta es una cuestión que creemos que debería abordarse en el caso de que se tramite una reforma legislativa. Es ahí donde tendremos que abrir un debate muy serio, porque es importantísimo debatirlo y tratarlo de la mejor manera, porque es una de las causas, quizá la principal, de que nos encontremos en estos momentos con esta situación, esta situación quizá de colapso económico por parte de algunas entidades deportivas.

El Bloque Nacionalista Galego propone el proyecto de la ley de reforma del deporte profesional, es el tercer punto de su proposición no de ley. En este aspecto nosotros ya dejamos claro en su momento en las conclusiones de la subcomisión nuestras reservas. Nosotros pensábamos que no era tanto una ley específica del deporte profesional en España, sino que lo que teníamos que hacer era una reforma de la Ley del Deporte. Lo que no podemos hacer es desligar el deporte profesional del resto, el deporte profesional del deporte base; ya dijimos que eran dos caras de la misma moneda y que no pueden desvincularse, porque entre ellas se retroalimentan y sería perjudicial acudir a esa técnica legislativa, que de forma singularizada únicamente se hiciera referencia al deporte profesional dejando a un lado el resto. Creemos que eso no sería conveniente.

Por lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo Socialista, diré muy brevemente que ya he hecho mención a muchos de los temas que serían reiterativos y no quiero volver a entrar en ellos. En general la lectura de esa proposición no de ley nos daba la impresión de que lo que pretendía era que los demás grupos asumiéramos la fórmula del Grupo Socialista para abordar muchas de las cuestiones que entendemos que están pendientes y que tenemos que resolver del deporte en España, y en concreto del deporte profesional. Lo que no vamos a hacer desde Convergència i Unió es asumir en bloque las propuestas del Grupo Socialista, es decir, presentar también en este caso una ley del deporte profesional en España, asumir la creación de un órgano regulador, porque ya hicimos mención a las reservas que teníamos respecto a la creación de ese órgano regulador; lo mismo en cuanto a las limitaciones en el gasto. El tercer punto que presenta la proposición no de ley no concreta mucho. Hace una concentración de distintos temas sin tampoco especificar qué es lo que se pretende.

Por lo tanto, nosotros celebramos que se haya hecho este esfuerzo por parte del Bloque Nacionalista Galego


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por llegar a un consenso entre todos los grupos parlamentarios, porque es una cuestión realmente importante, porque en los trabajos de la subcomisión que estudiaba la situación del deporte profesional en España también en todo momento intentamos que hubiera.

El señor PRESIDENTE: Puede ir concluyendo, señoría.

La señora SURROCA I COMAS: Sí, voy terminando. También -decía- intentamos que hubiera ese consenso, que finalmente existió, ya que todos apoyamos las conclusiones de la subcomisión, con las correspondientes reservas en algunos temas puntuales. Celebramos que se haya llegado a ese concurso y que nos hayamos podido sumar a esa transacción que hemos presentado a la Mesa. Por lo tanto, evidentemente, desde Convergència i Unió votaremos favorablemente. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Simplemente una pequeña cuestión de orden, es para solicitar disculpas por no poder estar presente en todo el debate, pero es que tengo que incorporarme ahora inexcusablemente a la Comisión de Industria para fijar posición en una cuestión sobre la que hemos presentado enmiendas. En particular quiero disculparme frente al resto de los grupos enmendantes por no poder escuchar sus argumentos.

El señor PRESIDENTE: Quede constancia.

Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Blasco.

La señora BLASCO SOTO: Yo quería empezar mi intervención agradeciendo a todos los grupos que nos hayamos acogido a esta transaccional. Iba a decir al señor Jorquera, a la señora Surroca y al señor Pezzi, lo que pasa es que el señor Pezzi ha hecho una intervención tan impetuosa que yo creo que el mea culpa lo tenía, el debate que ha hecho aquí lo podía haber hecho cuando ellos gobernaban, porque ellos han tenido tiempo también para llevar a cabo todo este tipo de cuestiones. Estamos hablando de una cuestión heredada que no es algo que haya surgido ahora mismo. Entonces, yo creo que si llegamos a un acuerdo, a una transaccional, a veces hay que cambiar un poco el tono de la intervención por el diálogo al que estamos llegando.

El problema del saneamiento del deporte profesional es un tema importante dentro de la agenda política del Gobierno. La solución viene vinculada a la reforma del régimen jurídico del deporte profesional, y dentro de este principalmente al apartado del control de gasto de los agentes que conforman el deporte profesional. La Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes están trabajando de forma seria, rápida y continua para ofrecer a la sociedad española en un plazo de tiempo no muy largo un plan que conduzca en un periodo de tiempo razonable a que el fútbol español no tenga ninguna deuda con Hacienda, y sobre todo que no la vuelva a generar, que eso es importante, que solucionemos un problema.

El principal objetivo es dotar a los clubes profesionales de instrumentos normativos para organizar la actividad económica que lleven a cabo. Eso yo creo que es lo más importante, que al final no se vuelva a generar. Se ha estado hablando durante todo el debate de las dos proposiciones no de ley de la ley del deporte profesional y nosotros estamos de acuerdo; además, como decía la diputada Surroca, creemos que sí hay que hacer un apéndice y un punto fundamental, al final lo que tenemos que hacer es el cambio de la Ley del Deporte; es del año 1990, tenemos que adaptarla a la realidad del deporte español de ahora, que han pasado ya muchos años. Y sí que es verdad que tendremos que tener en cuenta cómo mantenemos alguna de las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que hubo en esta casa, porque se trabajó, se llegó a acuerdos que habrá que introducir y así lo cree también el Gobierno, dentro de la ley que se vaya a debatir y aprobar.

Ante estas circunstancias se están valorando diversos escenarios dentro de un proceso global de reforma de la Ley del Deporte. El Gobierno incluso, previamente al conocimiento público de la deuda global de los clubes de fútbol, ha entendido desde el primer momento que la actividad económica del fútbol debe ser sostenible y transparente. Ello ha servido de base para que una de sus primeras decisiones para esta legislatura -además lo dijo el ministro en esta casa- en relación con el deporte esté vinculada a la puesta en marcha de la reforma que todos estamos hablando de la ley del deporte profesional. En tal sentido se han mantenido varias reuniones ya con representantes de la liga nacional de fútbol, de la Federación Española de Fútbol, de la AFE, y asimismo también ha habido reuniones con los representantes de la Liga Nacional de Fútbol, con el secretario de Estado de Hacienda, con la Agencia Tributaria, para poner en su conocimiento las posibles medidas que se pretenden llevar a cabo para hacer frente al pago de la deuda. Porque está claro que tenemos que ser realistas, que los problemas hay que solucionarlos, que no podemos negarnos a una realidad que todos conocemos, que es verdad la deuda que existe en el fútbol, pero vamos a intentar no hacer solo un debate sobre el fútbol, pasa en baloncesto, pasa en otros ámbitos, y tenemos que intentar buscar una solución para el problema que existe en el deporte en España. Por eso nosotros estamos de acuerdo; hemos intentado en la transaccional final que hemos presentado con todos los grupos continuar con el desarrollo de las actuaciones necesarias para que los clubes y sociedades anónimas deportivas regularicen su situación y sufraguen la deuda que tienen contraída con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, presentar en esta Cámara en el plazo más breve posible un proyecto


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de ley de reforma del deporte, sobre todo de la Ley del Deporte, no solo exclusivamente profesional porque ahí queremos meter varios puntos; a lo mejor también haremos incidencia, como estamos hablando, en otros deportes, también en deporte y mujer, ahora se está abriendo también un debate importante de la profesionalidad del deporte y la mujer en el fútbol, en un ámbito en el que no se lleva hoy a cabo. Tenemos que abrir mucho más, no solo hablar de la ley del deporte profesional, sino incluir dentro de esa ley todos los ámbitos y todos los cambios que sean necesarios para adaptarla a la realidad del deporte de hoy en día.

Tendremos en cuenta, como hemos dicho, algunas de las conclusiones de la subcomisión parlamentaria, que ese es el segundo punto de la transaccional. Y el tercero, promover un diálogo con las ligas profesionales para la realización de un control presupuestario, que eso es importante, para que al final haya una gestión más eficiente dentro de los clubes deportivos y de las asociaciones deportivas en España.

El señor PRESIDENTE: Además tenía pedida la palabra el señor González, también por el Grupo Popular.

El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: El debate es agrupado, ¿no, presidente? Intervenimos, sin que haya segundo turno.

Lo decía la portavoz del Grupo del Partido Popular, Miriam Blasco, en su intervención: sorprende que, incluso llegando a acuerdos, las exposiciones de motivos sean tan duras, ¿no? Yo creo que son fruto de que el trabajo estaba realizado antes que el acuerdo y, evidentemente, la capacidad a la hora de adaptar el discurso a la realidad que se ha forjado con la negociación entre todos los grupos, pues es dificultosa.

De todas formas, con el fin de aclarar ciertas cuestiones que llaman la atención a nuestro grupo, en primer lugar diré que hay quien cree que de la noche a la mañana se ha generado esta situación; hay quien cree que el resultado de la discusión europea es desde que gobierna el Partido Popular hasta ahora. El anterior Gobierno era el primero que conocía que esta cuestión se estaba hablando en la Comisión Europea; el anterior Gobierno era el primero que conocía la situación real de los clubes deportivos. (Rumores.) Y a mí me parece bien que se nos exija, porque así nos lo ha pedido la ciudadanía y para eso nos ha dado la responsabilidad, pero al menos llama la atención que el que se muestre más exigente y duro en sus apreciaciones sea conocedor de la situación durante este tiempo. Desde luego, bienvenidos al no se gasta más de lo que se tiene, han dado ustedes un giro ideológico importante, del que nosotros además nos sentimos muy contentos; bienvenidos al no se gasta más de lo que se tiene, pero no en el fútbol solo, sino también en la Administración. Es difícil entender que quien ha tenido responsabilidades y ha gastado mucho más de lo que ha tenido resulte que ahora quiera dar ejemplo y lecciones de moral al fútbol español. Porque ahora hay crisis, y es cierto, y es llamativo que en tiempos de crisis el fútbol español deba 750 millones; si a lo mejor hace un año y medio hubiéramos reconocido que también había crisis, hubiera sido también llamativo que el fútbol español, en vez de deber 750 millones debiera 650, no sé, la cifra es estimativa, pero lo digo para poner el concepto en el debate que hemos tenido.

A mí, sinceramente, me hubiera gustado felicitarme y felicitarnos por el trabajo de la transacción a que se ha llegado; me hubiera gustado decirle a la opinión pública que todos somos conocedores de que el problema está, estamos todos de acuerdo en ponerle solución, además estamos todos convencidos de que de aquí puede salir un buen trabajo y una buena herramienta para solucionarlo; pero después del discurso, de la defensa por parte del Grupo Socialista, también tenemos que ejercer nuestra responsabilidad como Gobierno y decir que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, aunque evidentemente en cuanto a la responsabilidad, unos más que otros.

De todas formas, por no alargarme mucho diré que la situación que viven nuestros clubes no es en el fútbol profesional solo, lo viven también clubes de primera, de segunda, de segunda B, de tercera, estamos hablando del fútbol profesional, semiprofesional, amateur, hemos hablado aquí de lo que es el préstamo de instalaciones deportivas a clubes profesionales. Sinceramente, soy de Málaga, y el campo de La Rosaleda es de varias administraciones, espero que no estemos planteando que el Málaga no pueda jugar en La Rosaleda. Y yo, sinceramente, por el cariño que yo sé que el señor Pezzi tiene a su tierra, espero que no esté planteando que el Granada tenga que pagar por jugar en Los Cármenes, o que el Granada no pueda jugar en Los Cármenes. Estamos hablando de una cuestión que afecta más que al fútbol, estamos hablando de más deportes; estamos hablando de que en una sociedad libre como es la española, todo el mundo tiene que hacer frente a sus compromisos, pero no solo los clubes de fútbol, los partidos políticos, las administraciones públicas, las empresas. Y poner el dedo como que el fútbol es el único que no cumple sus obligaciones en este país, pues la verdad es que nos parece sorprendente. Aun así, diré, y nuestro grupo comparte, que tienen que cumplir las obligaciones exactamente igual que otros entes, empresas, ciudadanos, administraciones, exactamente igual, porque lo que no puede haber es un doble rasero a la hora de medir, por más que tenga un impacto mediático, por más que afecte a un fenómeno de masas, por más que la cuestión nos pueda servir de divertimento los fines de semana.

Se ha hablado también, la señora Surroca ha hablado del Barcelona, nosotros somos más de la selección española, que nos representa a todos y también tenemos que estar muy orgullosos, porque la verdad es que sí se certifica.

El señor PRESIDENTE: Si puede, vaya concluyendo, señor González.


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El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Concluyo con dos cuestiones. Estamos contentos de la transaccional; este Gobierno está comprometido con solucionar el problema, sabemos verdaderamente que el problema hay que solucionarlo, y yo creo que avanzamos más trabajando conjuntamente, como hemos demostrado con esta transaccional, que haciendo brindis al sol para intentar captar una inquietud social que verdaderamente preocupa a muchos españoles en una situación de crisis. Nuestro compromiso desde el grupo que sostiene al Gobierno lo hemos demostrado hoy. Nuestro Gobierno además tiene el compromiso con las declaraciones que hacen sus responsables, y esperemos que en el menor tiempo posible estemos hablando de que esto es un mal recuerdo de unos años que nos han tenido que pasar.

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Plural, el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Mi grupo se felicita, como el resto, de haber llegado a una propuesta conjunta. También habíamos presentado una proposición no de ley, no en esta Comisión, sobre este mismo tema. Pero después de oír la última intervención del último diputado del Partido Popular que ha hablado, lo único que le puedo decir es que por esa vía es por donde se ha llegado a esta situación, por la vía del "sí, bueno, pero" es como se acaba llegando a donde se ha llegado. Y donde se ha llegado es una deuda que hasta los propios inspectores de Hacienda dicen que se ha producido por tener demasiada manga ancha con los clubes de fútbol y tratarlos de forma diferenciada a como se trata al resto de ciudadanos. No puede ser que los clubes de fútbol jueguen en primera división y los demás, el resto de los ciudadanos, incluidas las administraciones públicas, acabemos jugando en tercera regional.

Yo suscribo completamente, prácticamente al cien por cien, la intervención que ha hecho el señor Jorquera me ha parecido una intervención bien argumentada, ha dado muchos datos. Por complementar y por recordar: la deuda de los clubes de fútbol supone cuatro mil y pico millones de euros, prácticamente la cantidad en la que se va a ver obligado el Gobierno a recortar los Presupuestos Generales del Estado por la diferencia del 5,8 al 5,3 por ciento de déficit al que se ha llegado por el compromiso con la Unión Europea. Una cantidad de dinero que daría para pagar las jubilaciones de 325.000 personas durante un año; es decir, no estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando de cantidades importantísimas, sobre todo de cantidades que han ido creciendo cada vez que se le ha preguntado al Gobierno, y la última vez fue mi grupo el que le preguntó. Hace pocas fechas salió la famosa cifra de 752 millones repetida por todos los grupos, 752 millones solamente a Hacienda, más lo que se debe a la Seguridad Social, más otra deuda; ha ido creciendo, cada vez que se ha preguntado, la deuda ha ido creciendo, nunca disminuye. Y eso, demuestra sobre todo que ha fracasado este modelo de gestión del fútbol en España, está fracasado. Y por eso apoyamos esta transacción en la cual se pide que se haga una nueva ley, que se presente una nueva ley aprovechando el trabajo realizado en el Congreso la legislatura pasada.

Para mi grupo político, para el Grupo de Izquierda Unida, de La Izquierda Plural, sería mucho más adecuado ir hacia un modelo más parecido al alemán, un modelo más parecido al inglés, en el cual los asociados, los pequeños accionistas son los dueños de los clubes; los clubes tienen que tener una sociedad anónima para realizar las gestiones económicas, pero las sociedades anónimas siempre son propiedad del conjunto del club, que es propiedad del conjunto de la afición. El gran fracaso del modelo que se ha desarrollado aquí es que hemos juntado el sentimiento de pertenecer a un club -y esta cuestión ha salido en esta comisión en las diferentes intervenciones- con el negocio de empresarios que se meten a presidir clubes, y que utilizan además ese sentimiento para enfrentarse a las administraciones con el fin de que les perdonen deudas o les den un tiempo mayor para pagarlas o para que les hagan convenios urbanísticos que al final vemos cómo los tribunales acaban tumbando. Vuelvo a repetir: es el fracaso de un modelo, un modelo que hay que cambiar. Los clubes de fútbol tienen que pertenecer a sus aficionados, tienen que pertenecer a sus accionistas de base, no a los empresarios, y así conseguiremos corregir algo que le pasa al mercado, el falso axioma de que el mercado se autorregula, porque cuando el mercado se deja libre y no se le regula, acaba pasando lo mismo de siempre, que el pez grande se acaba comiendo al pez chico. Y eso, desde luego, desde mi grupo no lo compartimos.

Así que saludamos la transaccional. Como ha dicho también el representante del Bloque, nos hubiese gustado un texto un poco más duro, más enérgico, pero como estamos al principio de la legislatura, aceptamos la transacción y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Súbitamente, al menos para mí, se han adelantado estos puntos del orden del día. He tenido que venir corriendo desde otro edificio, porque estaba en otra Comisión, y me he encontrado con que el señor Pezzi, cual Cid Campeador, lanzaba una filípica impresionante con la que, vamos, en muchas cuestiones estoy absolutamente de acuerdo. Pero inmediatamente alguien me ha pasado la enmienda transaccional a la que han llegado ustedes, y la verdad es que ese discurso y muchas de las cosas que se han dicho no se compadecen en absoluto con esta enmienda. Estoy sorprendido. Yo no la voy a votar. No comparto esta enmienda. Me parece que no podemos seguir contemporizando una y otra vez, legislatura tras legislatura, por


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presiones sociales, por los colores, porque este es el campo de mi club, porque cómo va a descender el Celta o cómo va a descender el Sevilla: ¿Se acuerdan de todo esto, no? Yo creo que ya está bien. Creo que, o empezamos en serio, o si no, voy a convencerme -ya estoy medio convencido- de que no hay agallas para afrontar verdaderamente el problema, porque ya se ha convertido en un problema, del fútbol profesional en España.

Yo, sinceramente, creo que la subcomisión hizo un trabajo interesante, lo dije en su momento. No voté a favor del dictamen final y manifesté cuáles eran mis discrepancias, pero creo que se avanzó en algunos asuntos y reconozco que también se incorporaron cosas que había propuesto mi grupo. Pero el modelo ha fracasado. Cuando se implantaron las SAD, la gente estaba convencida de que era algo nuevo que verdaderamente esto iba a incentivar la responsabilidad e iba a dar un poco de estabilidad al fútbol. Y lo que se ha demostrado es exactamente lo contrario: las SAD se han convertido en un problema igual o mayor al que había anteriormente. Porque al final no se incurre en infracciones, tampoco hay consecuencias civiles, ni penales, ni deportivas para los clubes con este modelo de sociedades anónimas deportivas. Se ha dicho por más de un presidente de club que aquí la solución que tenemos es la suspensión de pagos; se ha dicho con total tranquilidad a los medios de comunicación, y que cada uno que aguante su vela. ¿Y los acreedores? Pues peor para ellos. Y no pasa nada, y el club se mantiene en la categoría, se renueva, se vuelve a dar una serie de plazos. Pero al final no se cumple, y no se cumple con la ley ni se cumple con las obligaciones, pero como tampoco hay ninguna responsabilidad... Y aquí luego nos podemos pasar discutiendo horas y horas sobre cómo se ha disminuido el presupuesto, sobre esta partida, ahora que vienen los presupuestos. A veces nos ponemos a discutir de partidas de 2 millones de euros, de si es mejor aquí que allí, de qué manera de malgastarlo, cuando tenemos que por un jugador se pagan 40, 80 millones de euros y no pasa nada; pero es que la opinión pública tampoco dice nada, ni lo va a hacer, porque está ensimismada con el asunto del fútbol. Y yo creo que es a los políticos a los que nos toca decir: hasta aquí. Vamos a poner un poquito de coherencia en todo esto, vamos a poner un poquito de coherencia. Yo creo -lo defendí y vuelvo a insistir en ello- que hay que buscar algún modelo, no sé si exactamente el mismo, un modelo de salary caps, como se hace en Estados Unidos; no me convence mucho la fórmula del porcentaje del presupuesto.

Porque además hay otra cosa, que se ha incidido por parte de algún otro compañero parlamentario: es que aquí el reparto de los beneficios del fútbol se hace de una manera bastante peculiar, muy peculiar, y hay una desproporción entre el club que recibe más y el que recibe menos de 19 a 1, cuando en otras ligas europeas la desproporción máxima es de 1 a 3, 1 a 4 en alguna de ellas. Bueno, eso tampoco se enfrenta, y la liga profesional dice: No, no, ya nos vamos a regular nosotros. Sí, ya nos vamos a regular nosotros, pero aquí seguimos igual. Muchas plantillas no cobran, las de segunda división, yo diría que una gran mayoría, alguna de primera división también lo está sufriendo; no se cumple con la normativa fiscal, no se cumple con la normativa contractual, no se cumple con la Seguridad Social, no se cumple con Hacienda, no se cumple con otros clubes en la compraventa de jugadores, con lo cual también se altera la lealtad y la equidad deportiva que debería haber en una competición; una competición además que mueve tanto dinero, incluso apuestas. Seguimos igual. Y además, por cierto, no es ya lo que se debe, es además lo que se aporta, porque aquí equipos profesionales de fútbol han publicitado hasta aeropuertos inexistentes y muchas cosas más; aquí ha habido de todo. Todos no, igual puede haber alguna excepción, en este momento estoy pensando en algún club, pero yo diría que la mayoría, la inmensa mayoría de los clubes está recibiendo dinero público.

Por eso a mí se me antoja -y voy concluyendo, señor presidente- insuficiente el acuerdo al que se ha llegado y que hoy creo que va a salir de esta Comisión. En primer lugar, continuar desarrollando las actuaciones necesarias para que los clubes o sociedades regularicen su situación, sinceramente, no sé qué medidas se han estado tomando, cuáles se han implementado y cómo ha mejorado porque, como se ha señalado anteriormente, la deuda ha seguido in crescendo. Por lo tanto, respecto a continuar desarrollando las actuaciones necesarias, habrá que hacer otras, pero no las que se han hecho hasta ahora. En segundo lugar, el proyecto de ley de reforma del deporte, que yo veo aquí que además tachan ustedes de profesional. Luego, por su intervención, he visto que ha sido sugerencia de la señora Surroca, y ya le he dicho antes personalmente que no puedo estar más en desacuerdo con ella. Para empezar, y quienes estaban en la legislatura anterior lo conocen perfectamente, lo que digo es que, tal y como está el reparto competencial en el Estado, a mí todavía me tendrán que demostrar constitucionalmente de dónde tiene competencia el Estado para regular el deporte. El deporte es competencia autonómica exclusiva en sentido estricto, manifestado por el Tribunal Constitucional. Y no es válido el argumento de que se trata de una competencia comunitaria, porque cuando así ha sido, en un ámbito inequívocamente autonómico, la Constitución lo dice expresamente, y hay ejemplos múltiples, ejemplos del 149.1. Es más, el alto tribunal dijo que si una competencia inequívocamente autonómica presenta un alcance territorial superior a una comunidad autónoma, la comunidad autónoma no pierde la titularidad, sino que sigue poseyéndola, salvo que la actividad pública que sobre ella se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento; y aun en este caso, la sigue manteniendo porque siempre habrá mecanismos de cooperación y coordinación. Dicho eso, yo soy de los que creen que no debería haber una ley del deporte. Pero si es que además le quitan lo de profesional, pues todavía peor, porque entonces vamos a entrar a regular todo,


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como el deporte aficionado, y no me digan que eso sí que no es una competencia clara de las comunidades autónomas.

Pero les voy a decir más: de los dos epígrafes de las PNL que se han presentado, yo estoy de acuerdo con el planteado por el Grupo Mixto, por el BNG, pero no con el socialista. Aquí el problema -fíjense de qué hemos estado hablando durante la Comisión- no es el control económico del deporte profesional; digámoslo claro, fútbol profesional en España. Quizá lo que tengamos que plantearnos es una ley de fútbol profesional y una ponencia como se ha preparado en Reino Unido y como se está haciendo en Reino Unido. Y el baloncesto también, en parte; eso podría ser discutible. Pero nada más, nada más. El balonmano no llega; ya quisiera el balonmano llegar a los niveles -y hemos hablado largamente con el presidente de la federación también sobre esto- que tiene el baloncesto. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, se ha afrontado, se está afrontando este tema, pero como fútbol profesional, porque tiene una problemática concreta.

Y sinceramente, el punto tercero tampoco me sirve. Promover un diálogo con las ligas profesionales para la realización de un control presupuestario y una gestión más eficiente, pues de nuevo es lo mismo. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir estando. ¡Hombre!, si estamos diciendo que hace falta regular esto, afrontemos el...

El señor PRESIDENTE: Decía usted, señor Esteban, que iba acabando, ¿no?

El señor ESTEBAN BRAVO: Finalizo, señor presidente, y ahora sí, pero afrontémoslo desde la perspectiva de que el problema está sobre todo radicado en el fútbol y lo que tenemos que regular en todo caso es la problemática del fútbol profesional. Por cierto, que a veces modificando leyes que no son estrictamente deportivas; ejemplo claro, y acabo, la Ley Concursal, para que tanto caradura no se libre después de las barbaridades que están haciendo con acogerse al concurso de acreedores.

- SOBRE BECAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000438.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a lo que era el punto 5.º del orden del día, es decir, la proposición no de ley 161/000438 del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: Menos mal, señor presidente, que hemos llegado a este punto antes de que recorte el señor ministro más becas o más presupuestos de becas, etcétera.

Durante las dos últimas legislaturas los gobiernos socialistas han desarrollado una clara apuesta por incrementar la cantidad y la cuantía de las ayudas al estudio en todos los niveles educativos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora COSTA PALACIOS: Comprendo que esto no despierta el furor del fútbol.

La prioridad que los gobiernos socialistas han concedido a la política de becas ha permitido ampliar el número de beneficiarios, elevando a la vez los umbrales de renta familiar, con el fin de que muchas familias españolas cumplieran las condiciones para acceder a las ayudas que ofrece el ministerio. En los países desarrollados hace tiempo que comprendieron que una buena política de becas y ayudas al estudio cumple el objetivo primordial de garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en los niveles posobligatorios y en el acceso a los estudios universitarios. Sin embargo, no siempre ha sido así. Entre los años 1996 y 2003 se produjo en España una notable reducción de estudiantes becados, con una caída aproximada de entre 5 y 6 puntos porcentuales, según cada nivel educativo. También disminuyó la cuantía de las becas en un 4 %, es decir, dos tercios por debajo de la media europea. Y en los niveles universitarios bajó un 25 % el número de becarios de este nivel. Sin querer abrumar con cifras, es necesario destacar que desde 2004 el presupuesto destinado por los gobiernos socialistas para becas y ayudas se ha incrementado nada más y nada menos que en un 124 %, e incluso para este curso 2011-2012, en momentos de dificultad económica -es cuestión de priorizar-, el Gobierno ha dejado destinados casi 1.659 millones de euros. No quiero abrumar con cifras, pero los datos están aquí claramente en este gráfico, desde el año 2000, en que había 725.899, a este año, en donde está presupuestada esta cantidad a la que me acabo de referir.

El Partido Socialista, cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar, tanto en épocas de bonanza como de escasez, ha sido consciente de que para un país no es posible avanzar sin una apuesta decidida por un sistema educativo donde no se quiebren los principios de equidad ni los de cohesión social. Convencidos de que estos son los fundamentos en los que se debe cimentar el desarrollo de un país, el Grupo Parlamentario Socialista defiende hoy esta PNL como un primer paso para dar la batalla por las becas y por las ayudas al estudio. Sí, dar la batalla, porque verdaderamente muchos de nuestros futuros estudiantes universitarios y de estos niveles posobligatorios están esperando que nosotros tengamos esta lucha. Y sobre todo para que el nuevo Gobierno del PP no cercene de raíz la política llevada a cabo hasta ahora por los ejecutivos socialistas. Ya están dando motivos para eso. Y en estos momentos, señor presidente, el Grupo Socialista está seriamente preocupado por el destino de tanto esfuerzo. Lo que hace unas semanas nos sonaba solo a amenaza, al día de hoy ya nos hemos dado cuenta de que el señor ministro tiene muy claro cuáles


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son sus objetivos. Y no por declaraciones a los medios de comunicación, sino por el "Boletín Oficial del Estado", porque ya constatamos con nuestros propios ojos que el Gobierno del PP, por ejemplo, ha reducido a la mitad las ayudas al estudio de lengua y estancia en el extranjero, cuando nosotros, los gobiernos socialistas, habíamos multiplicado por diez el número de becas y el número de beneficiarios. Estas ayudas para aprender la lengua en el extranjero, que nos parecía además que al señor ministro le resultaban una prioridad. Me guardo, para no caer en el sarcasmo, la opinión que me ha merecido la explicación del señor ministro. Él presume y lo es, de políglota, y ha dado una explicación sobre este asunto verdaderamente... En fin, sin calificar.

Y por si fuera poco, después de las elecciones andaluzas y asturianas, ha cancelado hace solo dos o tres días la convocatoria realizada en diciembre de 2011 para el préstamo-renta, a tres días de que comenzara el período de solicitud, el 1 de abril. Estos son ejemplos evidentes del tajo que el ministerio va a propinar al sistema de becas y ayudas al estudio en los primeros presupuestos del Partido Popular, que conoceremos el viernes. Nosotros defendemos el modelo de préstamo-renta que creó el Gobierno socialista, y que ha permitido acceder a una formación de posgrado internacional a muchos estudiantes cuyas familias no pueden costearse su salida de España para formarse tras realizar su carrera. Es decir, impulsar la internacionalización de los universitarios, algo que también va unido y muy ligado a lo de la calidad de la enseñanza universitaria que hemos tratado en el punto anterior. Si nos quejábamos entonces, si el Partido Popular se quejaba de que la movilidad del profesorado y de los universitarios era muy escasa, con esta cancelación de la convocatoria va a ser todavía mucho más escasa.

Ahora constatamos, aunque ya nos lo imaginábamos, que el señor ministro dice una cosa y hace la contraria: incumple el compromiso de no reducir las becas y ayudas al estudio; ha matado a golpe de boletín uno de los mayores logros del último Gobierno socialista, la consideración de las becas como un derecho. Con ello está borrando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, y está dificultando a la vez la concesión de las ayudas y su mantenimiento, tanto en lo que se refiere a los umbrales de renta familiar como a los requisitos académicos exigidos, que ya están contemplados en el actual sistema, ya se premia o no se premia, o se concede la beca de mantenimiento o no se concede y hay que conseguir unos logros académicos prescritos.

El Grupo Socialista no va a aceptar la enmienda, se lo adelanto, del Grupo Popular, porque es además una especie de brindis al sol, como ha hecho en la anterior propuesta como grupo proponente, y tampoco va a aceptar, por razones que podríamos explicar, la nueva redacción que propone en Grupo Catalán. Y no lo vamos a aceptar porque en ninguno de los dos casos. En el primero no se dice absolutamente nada, porque además se desmiente con los propios hechos, si se dice allí que se va a insistir en que no haya un recorte en becas y lo estamos viendo un día sí y otro no, efectivamente nosotros no podemos adherirnos a esa enmienda, pero tampoco podemos...

El señor PRESIDENTE: Puede ir concluyendo, señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: Pero tampoco queremos la nueva redacción que propone el Grupo Catalán; es una invasión de competencias y no está muy claro.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo de CiU, el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Estamos de acuerdo, como ha dicho ahora la representante del Grupo Parlamentario Socialista, en mantener y defender el derecho a las becas y a las ayudas al estudio; no podemos más que decir que es necesario garantizar su acceso a los estudiantes. Especificando y cambiando sujetos, independencia y capacidades económicas, requisitos de renta, combinando rendimiento académico, nosotros creemos que aquí el punto que más habría que revisar es para llegar a la excelencia, pero no podíamos dejar de intentar introducir unas enmiendas que creemos que harían más justas, más igualitarias, más equitativas estas becas y ayudas al estudio. Nosotros creemos que actualmente el sistema discrimina el acceso a las mismas a los estudiantes que están realizando sus cursos universitarios, sus grados en las comunidades autónomas, concretamente en Cataluña. Hay diferencias en el coste de vida y las mismas cantidades no tienen el mismo rendimiento en unas comunidades que en otras. Incluso dentro del mismo territorio de las comunidades hay diferencias entre ciudades, zonas más rurales, etcétera. Por ello intentábamos hacer una enmienda para introducir el principio de subsidiariedad, que creemos necesario y que haría este reparto de becas y ayudas más justo y equitativo. Hablamos o se habla de equidad y de igualdad, pero creemos que el sistema de becas refleja una clara desigualdad entre territorios. Seguiremos trabajando en esta línea, ¡solo faltaría más! Por ejemplo, para poner algún dato: en Cataluña los estudiantes reciben el 10 % del total de las becas, pero tenemos el 15 % del total de los estudiantes; creemos que es un reflejo claro de esta desigualdad que se mantiene con diferentes comunidades, en este caso con la nuestra.

Pero la enmienda tenía un cuarto punto de adición, que en este creo, que todos los grupos podían estar de acuerdo, porque pide que se apoye el cumplimiento por parte del Gobierno de una sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente la 188/2001, de 20 de septiembre, y que es conforme con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dictamina para la Generalitat de Catalunya el pleno ejercicio de las


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competencias de gestión de las becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Fue nuestro grupo quien precisamente en los últimos años de gobierno del presidente Aznar puso este recurso, y la sentencia nos dio la razón. Después, durante los años de gobierno del señor Zapatero se ha pedido reiteradamente que se cumpliese, no se ha cumplido, y ahora, al empezar esta legislatura, vamos a volver a pedir que se cumpla. Era una sentencia que, por tanto, creíamos que se podía incorporar y que todos los grupos podían apoyarla. En todo caso, buscaremos otro momento para volver a incidir en este tema, porque vamos a seguir haciendo pedagogía de esta cuestión; vamos a intentar trabajar para que la transferencia total de las becas, la gestión en el sentido global, no solo como gestores de lo que nos llega, sino decidiendo sobre la gestión, pueda estar en la Generalitat de Catalunya y pueda gestionarse y pueda ayudar a que se iguale y se equipare en derechos a los estudiantes universitarios y a otros en Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: El Grupo Popular ha presentado una enmienda, que ha sido descalificada por la portavoz del Grupo Socialista, para poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, es indiferente, cuál es la posición concreta del Grupo Popular; teniendo en cuenta que la proposición no de ley del Grupo Socialista está basada en prejuicios, en rumores, no en datos, no en líneas marcadas por el ministro, y en noticias de prensa que reinterpretan como los únicos garantes de la verdad más absoluta sobre lo que pretende el ministerio. Es una proposición no de ley que lo confunde todo. Y dentro de ese cajón de sastre pretende que valga todo y que se hable de recortes incluso antes de que estén en la mente de cualquier ministro y de cualquier legislador.

La posición clara y contundente del grupo y del Gobierno es la misma que, no puede ser de otra manera, se ha venido manteniendo: la prioridad de las becas no está cuestionada. Y seguro que la frase les suena, porque también la tuvo que decir en una interpelación en esta Cámara el propio ministro socialista. De la misma manera le sonará que obtener una beca, lean la LOE, lean las interpretaciones que han tenido que hacer desde el propio ministerio guiado por los socialistas, se ha vinculado al cumplimiento en la fase posobligatoria de determinados requisitos económicos y académicos, parámetros que se han ido modificando, especialmente los económicos, y se han justificado esos cambios en lo económico en función de las circunstancias, en función de la ampliación a aquellas personas que más los necesiten.

Señorías, estoy en condiciones de asegurarles en nombre del Grupo Popular que ningún alumno, ningún estudiante que necesite beca para estudiar va a dejar de tenerla. Estoy en condiciones de decirle que la situación económica por la que estamos atravesando después de que ustedes han dejado una absoluta miseria es la de gestionar lo poco que han dejado de la manera más eficiente y sin dañar de verdad a quienes necesitan y tienen el derecho a la educación. (Una señora diputada: Muy bien). En ningún caso, y por eso lo decimos muy claro, estamos cuestionando ningún derecho a obtener beca en los mismos términos en los que ustedes en el Gobierno anterior lo plantearon. Pero además, no son el reducto, los únicos que han trabajado por las becas como grupo político. ¿Dónde están las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y las becas que dependen de las comunidades autónomas, las becas universitarias, etcétera? Ahí también se ha trabajado y, en esa línea, el número de becas es importante. Por tanto, el Grupo Popular tiene claro, porque el Gobierno tiene claro, que le instamos a trabajar desde el respeto a la actual consideración de las becas como derecho y al principio de igualdad de oportunidades, en una política de becas coherente con la exigencia del uso eficiente de los recursos públicos, la observancia del rendimiento académico de los becarios y la consecución de los objetivos de calidad y excelencia en la educación. Porque no se nos puede llenar la boca a todos de la responsabilidad social. La responsabilidad social comienza por gestionar bien los fondos, por marcar bien las prioridades, por saber que el uno va delante del dos, y que cuando no hay -y estamos metiendo a nuestro país en una situación muy complicada, y lo tenemos que sacar, no seguir hundiéndolo-, tenemos que priorizar y colocar y garantizar en el primer término a aquellos que necesitan acceder a la educación, que necesitan acceder a otras etapas educativas, a otra formación, y que sin el apoyo de las becas no podrían hacerlo.

Se ha citado aquí, tanto ahora como en la defensa de otra iniciativa parlamentaria, lo que se denominan recortes de becas, hablando de los préstamos-renta, hablando de los campus de excelencia. Ustedes saben muy bien -y el señor Bedera está aquí y lo sabe muy bien- cómo ha ido avanzando la financiación de los campus de excelencia y cómo la dejaron en el momento en que se fueron. Las universidades no podían con los préstamos, con el alto interés al que tenían que hacer frente, no se estaban ejecutando ni siquiera las cantidades concedidas. En este momento, ante una necesidad de priorizar, si hay que reducir la cuantía en las becas para salir al extranjero, garantizaremos las becas de formación de personal investigador, las becas de formación de los docentes universitarios, las becas de acceso a los distintos niveles en la universidad, y eso es lo que está haciendo el ministerio, priorizar dentro de lo que tenemos, no hay más, es lo que ustedes nos han dejado. Ustedes ya tuvieron algunas dificultades, pero lo pasaron de soslayo. Esto lo han notado las universidades cuando recibían con mucho retraso las cantidades correspondientes a la financiación de las becas. Por tanto, queremos ser eficientes en la gestión, queremos recuperar la situación económica para ser lo más generosos posible en conseguir esa excelencia y ayudar a


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aquellos estudiantes que pueden aportar esa excelencia a la universidad con su participación en los niveles formativos. Nadie va a sufrir en aquellas situaciones en las que verdaderamente lo necesiten, no hay modificación de los umbrales de renta, y sí les vamos a pedir lo que les pedimos a todos: responsabilidad social, que los estudiantes aporten a la sociedad, que sean responsables, que no entren para no estudiar, que entren para estudiar y para ser los mejores. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.-El señor Bedera Bravo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Señor presidente, he sido citado personalmente y pido la palabra. He sido citado con nombre y apellidos no siendo la persona, el responsable que ha llevado la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, pero, por favor, como máximo dos minutos.

El señor BEDERA BRAVO: Con un minuto me sobra, señor presidente.

Tengo en mis manos la contestación a una pregunta cuya respuesta ha llegado el día 27 de marzo; es el acuerdo de no disponibilidad aprobado por parte del Consejo de Ministros del día 30 de diciembre. Aquí exactamente se dice lo que se está negando; en esta respuesta el ministerio dice que en ese recorte son 82,6 millones lo que se quita a los campus de excelencia internacional, 11,5 millones a las actividades de innovación universitaria y a todo lo que tiene que ver con Bolonia, y 6,5 millones respecto del reconocimiento de actividades.

El señor PRESIDENTE: Si tiene usted que hacer alguna aclaración respecto a esta alusión, la puede hacer, pero esto no tiene nada que ver con la alusión.

El señor BEDERA BRAVO: Sí, porque se ha citado, señor presidente, la cuestión relativa a los campus de excelencia internacional.

El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, haga usted referencia a la alusión.

El señor BEDERA BRAVO: Se ha citado el campus de excelencia internacional por parte de la interviniente. (La señora Moro Almaraz hace gestos negativos). ¿Cómo que no? Vamos a ver entonces el "Diario de Sesiones". Se ha citado el campus de excelencia internacional como que es algo que nos estamos inventando.

El señor PRESIDENTE: Por favor, acabe.

El señor BEDERA BRAVO: Termino. Hay 100 millones de recorte en el acuerdo de no disponibilidad relativos a la universidad. Por lo tanto, que conste en el "Diario de Sesiones", cuando se hace esta referencia, que este recorte lo ha hecho el Partido Popular. En consecuencia, solicito que conste así. (La señora Moro Almaraz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Tiene un turno de intervención de dos minutos.

La señora MORO ALMARAZ: Muy brevemente.

No he dicho absolutamente ninguna cuestión como la que ha citado, está reinterpretando nuevamente el portavoz Bedera. Mire usted, lo que ha mezclado su portavoz es absolutamente todo en el mismo cajón, ha hablado de todo. Entonces, estamos hablando de una ejecución de los préstamos aprobados para los campus de excelencia de un 1,3% aproximadamente -no lo conozco en este momento, pero aproximadamente ese es el porcentaje-, una situación de incremento de los intereses, varios préstamos aprobados ya rechazados, le puedo decir el de la Universidad de Salamanca, sin ir más lejos, por no poderlo asumir. No se trata, por tanto, de suprimir nada, sino de parar aquello que ya no está funcionando porque las circunstancias económicas han transformado absolutamente todo el modelo, y se ha hablado -y se ha comprometido- de revisar ese modelo y de ofrecer de verdad ayuda a las universidades, a las que ya se les estaba ahogando realmente con esa situación, y que simplemente había unos sellos, unos sellos que están ahí, importantes, pero unos préstamos que no podían ser asumidos; préstamos, nada de ninguna subvención. Por tanto, esto es lo que he dicho, después de que la portavoz hubiera señalado que son recortes de becas. Es que eso no son recortes de becas, no son recortes de ayudas; son unos préstamos que no tienen por qué admitir las universidades.

El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posición. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Tapia Otaegi.

La señora TAPIA OTAEGI: Desde luego, desde el Grupo Vasco el tema de las becas y las ayudas a los estudiantes es uno de los aspectos más importantes porque garantiza la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En especial, además, me gustaría hacer referencia no solo a la formación obligatoria sino a la formación de posgrado en cuanto a másteres y doctorados, puesto que si estamos buscando una educación de calidad, queremos fomentar la excelencia, la investigación, el desarrollo y la innovación, desde luego estas becas, ayudas o préstamos, cualquiera de las fórmulas, son prioritarias para garantizar el acceso a nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo, también somos conscientes de que en momentos donde los recursos son escasos hay que dar cuenta de las ayudas que se reciben y estos estudiantes que las reciben tienen que responder adecuadamente con su nivel de obtención de resultados en la formación que están recibiendo. Por tanto, creemos que el tema de las ayudas es


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importante, pero también garantizar el aprovechamiento de esas ayudas, porque si no, estaríamos echando por la borda muchísima inversión que estamos haciendo tanto en las comunidades autónomas como desde el Ministerio de Educación en este momento. Por tanto, sí son importantes las ayudas, pero hay que asociarlas, como en cualquier otro caso, a la obtención de resultados.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo de UPyD, el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No voy a apoyar esta PNL, pero me gustaría explicar el porqué. Y es precisamente por alguna de las afirmaciones que se contienen, no porque no esté de acuerdo, como creo que todo el mundo, sería dificilísimo que alguien dijera lo contrario, con la idea de que existe el derecho a la educación superior y que hace falta un sistema de becas público para que ese derecho se sustancie en algo concreto. El problema es qué tipo de derecho es. No es un derecho básico y por lo tanto un derecho incondicional; el hacer estudios superiores es exactamente igual que el derecho que tenemos todos a aprender muchos idiomas, pero, claro, el derecho a saber idiomas significa que hay que pasar previamente por la fase del aprendizaje, no es un derecho que nadie nos vaya a dar ni del cual dependa nuestra vida o nuestra existencia como ciudadanos autónomos. También hay una afirmación que se oye a menudo en algunas intervenciones del Grupo Socialista que me parece extraordinaria, y es esa idea de que los Gobiernos crean derechos. Los Gobiernos nos crean derechos. Los derechos se derivan de la Constitución y de declaraciones como la de derechos humanos y otras de esa magnitud, que hay muy pocas, pero desde luego los Gobiernos no pueden crear derechos. Además, si fuera así, otro Gobierno podría abolirlos con la misma legitimidad, y esta no es la cuestión.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que es un derecho, quiero decir el de recibir una beca para hacer una carrera universitaria, que conlleva obligaciones. A mí esto me parece tan evidente que parece mentira que tengamos que hablar de ello. Es decir, no es un hecho casual que la universidad en España en comparación con la europea tenga un índice de abandono que es casi el doble que la media europea, y que también el índice de repetición de cursos sea mucho más alto. Una de las razones, y es evidente, es que la universidad, debido a una cierta indiscriminación en las ayudas, una cierta indiscrecionalidad, se ha convertido en un refugio que prolonga para muchos estudiantes el bachillerato, pero sin ninguna perspectiva profesional, y eso está creando verdaderos problemas en algunas facultades. Y ahora, con la crisis y con el desempleo juvenil, las va a crear más. De manera que tengamos cuidado con lo que hablamos. Además, me gustaría hacer otro par de apuntes a este respecto. Es decir, no solamente es un problema que tenga que ver con la crisis, la crisis hace urgente que haya un reparto eficaz y discrecional de esas ayudas que se puedan dar para estudios universitarios. Pero es que además el sistema de posgrados, consecuencia del sistema de Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, ha encarecido de hecho y va a encarecer más la enseñanza universitaria, porque los másteres, a diferencia de los antiguos cursos de doctorado, son en general bastante caros, y algunos son realmente muy caros. Entonces, si no entendemos esto, que hemos subido el coste de la enseñanza universitaria con las medidas legales de reforma universitaria adoptadas y además hemos descendido los recursos por la crisis, pues realmente este sudoku es imposible que salga y, por lo tanto, estaríamos hablando de medidas puramente populistas del estilo de aquellas tan infaustas del cheque bebé, donde no existía ninguna progresividad fiscal y cosas similares que, desde luego, hay que superar y olvidar, porque no nos han llevado más que a la crisis o a esta profundización de la crisis. De manera que la razón por la que no voy a apoyar esta PNL es porque hace esta afirmación asombrosa de que el acceso tiene que ser al margen del nivel económico del demandante y al margen de los requisitos académicos, o mejor dicho, sin ningún requisito académico. Evidentemente, el sistema de becas tiene que tener un criterio de progresividad fiscal y tiene que tener un criterio, desde luego, de eficacia académica. Y sin esto, me parece que es perder el tiempo y hablar de fuegos artificiales y quemar la pólvora del rey, que encima, además, no queda.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: No voy a intervenir.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.

Concluimos así el punto 5.º del orden del día.

- RELATIVA AL GRADO DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000436.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el punto 8.º, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, la 161/000436. Para su defensa tiene la palabra la señora Tapia Otaegi.

La señora TAPIA OTAEGI: Es de todos conocido que hasta el año 2007 era el Gobierno quien, mediante real decreto, creaba las titulaciones oficiales universitarias, así como sus contenidos formativos. Sin embargo, con objeto de la modificación de la ley orgánica, cada universidad es la que de alguna forma tiene la competencia de crear y proponer las distintas titulaciones, haciendo uso de su autonomía y estableciendo las titulaciones que va a impartir, siempre de acuerdo con la


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legislación existente. Evidentemente, en este caso la proposición no de ley que presentamos es como consecuencia de una situación un tanto extraña que se está produciendo en la modificación o en la adaptación de la titulación de la anterior Arquitectura Técnica al Espacio Europeo de Educación Superior. Si bien se ha llevado todo el procedimiento de acuerdo con la legislación establecida, y son 32 universidades de todo el Estado las que se han puesto de acuerdo con las organizaciones, con los colegios profesionales, que han seguido el procedimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación, han pasado por el Consejo de Universidades, por las comunidades autónomas, las propias universidades, incluso el Consejo de Ministros le ha dado su visto bueno a esta nueva titulación cuya denominación es Ingeniería de Edificación, se ha producido un recurso y una sentencia del Tribunal Supremo que anula esa denominación por ser un tanto confusa. Con lo cual, en este momento nos encontramos con que bastantes estudiantes que están cursando esa titulación con esa denominación -que a pesar de que quizá no sea la más adecuada, sí se adapta a denominaciones europeas en este momento- van a salir titulados en junio y no sabemos muy bien a qué titulación van a responder, a qué denominación van a responder, a pesar de que está recogido que esa titulación va a tener las atribuciones que tenía previamente y va a responder a la profesión que previamente era la de Arquitectura o la de un arquitecto técnico.

Nos preocupa que existan en este momento 32 universidades que están ofreciendo esta titulación y que se encuentran en una situación un tanto extraña. Nuestro objetivo con esta proposición no de ley es que el Ministerio de Educación adapte esta titulación, su denominación o cualquier otro aspecto que permita que estos egresados que realmente estaban cursando una formación adecuada y adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, tengan un título y sepan a qué se tienen que atener, no más lejos de junio de este año, que habrá unos cuantos titulados ya en la calle dispuestos a trabajar. Bastante difícil es la situación económica que vivimos y la del mercado laboral como para que además desde el punto de vista educativo les pongamos una traba más.

Hemos presentado esta proposición no de ley -y tenemos una transacción acordada tanto con el Grupo Popular como con Convergència i Unió- con la única pretensión de solicitar al Ministerio de Educación que trabaje dentro del Consejo de Universidades para buscar una solución a este problema. No vamos a ser nosotros, desde luego, los que definamos cuál es la solución, pero que se busque la solución más adecuada y en el plazo más rápido posible, para que garantizando desde luego la autonomía universitaria, seamos capaces de dar una solución a este problema que está en la calle y que en este momento, además, amenaza con trasladarse a otras titulaciones. Creemos que es algo perentorio y que, desde luego, es una labor que no nos cabe la menor duda de que el ministerio va a realizar o se habrá puesto ya a trabajar en ella.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Catalán, la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: El Partido Nacionalista Vasco plantea aquí una propuesta que tiene por finalidad resolver una situación originada por distintos pronunciamientos judiciales contra el título de grado en Ingeniería de Edificación, mejor dicho, contra la denominación del título de grado en Ingeniería de Edificación, al entender básicamente, como bien recoge la proposición no de ley, que es necesario que las denominaciones de las titulaciones coincidan con las de las profesiones reguladas a las que da acceso. Por lo tanto, estas resoluciones judiciales, al anular la denominación de los estudios de Ingeniería de Edificación de algunas universidades, hace que estén afectados por esta medida futuros graduados que están estudiando el grado en Ingeniería de Edificación y además aquellos sujetos que poseían una titulación y que optaron en su momento a que dicha titulación fuera reconocida oficialmente.

Es interesante también tener en cuenta algunos datos; por ejemplo, nosotros disponemos de los de Cataluña: así, en el curso 2009-2010 por primera vez se hizo una oferta de plazas diferenciada para este colectivo de personas tituladas que daba acceso al grado en Ingeniería de Edificación, conducente a la misma profesión, arquitecto técnico, de manera diferenciada a la oferta de plazas de nuevo acceso de los nuevos graduados y graduadas. En este momento, y desde el curso 2009-2010, ya existe una amplia oferta de plazas para las personas tituladas en Arquitectura Técnica que quieren acceder al grado en Ingeniería de Edificación. En este contexto se puede constatar que hay anualmente una oferta de más de 600 plazas para la matrícula de personas tituladas en Arquitectura Técnica que quieren acceder al grado en Ingeniería de Edificación. Concretamente, en el curso 2009-2010 se matricularon 775 personas, y en el curso 2010-2011, 612 personas, lo que hace un total de 1.387 personas que estarían en condiciones de obtener el graduado en Ingeniería de Edificación. Debemos de destacar que, atendidas las circunstancias jurídicas mencionadas de esas distintas resoluciones, no podrán obtener el título oficialmente correspondiente hasta que no se resuelvan los recursos presentados. Finalmente, para el curso 2011-2012 se ha previsto una oferta de 610 plazas para las personas tituladas en Arquitectura Técnica que quieran acceder a un grado en Ingeniería de Edificación, conjuntamente con una oferta de 780 plazas de nuevo acceso al grado en Ingeniería de Edificación en el sistema universitario de Cataluña. En definitiva, hay mucha gente que podría estar afectada por el problema que ha estado exponiendo muy claramente la portavoz del grupo proponente.


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Por ello, desde Convergència i Unió consideramos que no podemos tampoco, ni debemos cuestionar el control de legalidad sobre la denominación en este caso de Ingeniería de Edificación realizada por nuestros tribunales; este papel no nos compete a nosotros. Ahora bien, conocedores de la situación expuesta, sí que debemos impulsar desde esta Comisión o desde esta Cámara aquellas medidas que garanticen el derecho de los estudiantes ya graduados a tener un reconocimiento oficial de sus estudios, y es en este sentido que apoyamos la iniciativa defendida por el Grupo Vasco. Ahora bien, hemos presentado una enmienda que entendemos que mejora técnicamente el texto inicial. Nosotros lo que proponemos es que se impulsen por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las actuaciones necesarias para que se garantice el derecho de los estudiantes a poder tener un reconocimiento oficial de los estudios que han cursado con la denominación de Ingeniería de Edificación. Finalmente, como ya ha mencionado la proponente, hay una transaccional que creemos que recoge el espíritu precisamente de esta enmienda que nosotros habíamos presentado. Por ello, al haber sido acordada por el proponente junto con los demás grupos, ya anunciamos que desde Convergència i Unió, evidentemente, vamos a dar apoyo a esta enmienda e iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señorías, el Grupo Popular comparte la preocupación del Grupo Parlamentario Vasco, como la del Grupo Parlamentario Catalán, como sin duda la del resto de los grupos sobre la situación de los estudiantes y egresados de los nuevos títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico, como lo está también por otros estudiantes de otras titulaciones que pudieran verse en una situación similar.

La sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2010 anuló la denominación de grado en Ingeniería de Edificación, denominación prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros y en la Orden ministerial del año 2007, por la que se establecían los requisitos para los planes de estudio de esa titulación. El fallo judicial resuelve en contra de la citada denominación, aunque respeta -insisto en lo de respeta- los contenidos de los correspondientes planes de estudios. Y la razón es que el Tribunal Supremo aprecia que esa denominación induce a confusión. El ministerio no puede sino acatar el fallo de los tribunales y, por tanto, el Gobierno tiene necesariamente que promover la reforma del acuerdo del Consejo de Ministros y la Orden ministerial de 2007 en lo que se refiere al uso de la denominación, y además, en consecuencia, no se podrá admitir la inscripción en el RUCT de nuevas titulaciones que utilicen esa denominación de Ingeniería de Edificación, y además deberán revisarse las inscripciones de los títulos concretos ya existentes en ese registro, de acuerdo con las sentencias de anulación que se están produciendo.

En lo que se refiere a la autonomía universitaria, que se está barajando en muchos foros con respecto a este tema, es necesario indicar que está consagrada al máximo nivel en el artículo 27.10 de la Constitución, y como no puede ser de otra manera, el Gobierno la respeta, al igual que hace con la legislación que lo desarrolla. En este sentido, el artículo 2 de la Lomlou sobre autonomía universitaria concreta el ámbito de esta; y quiero señalar que en la cuestión de referencia a la autonomía universitaria comprende en este precepto la elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida, no aludiendo a la denominación de títulos universitarios. Posteriormente, el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señala efectivamente que serán las propias universidades las que, de acuerdo con las reglas establecidas, crearán y propondrán las enseñanzas y títulos que hayan de impartir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo, propuesta que debe ser verificada positivamente por el Consejo de Universidades como requisito imprescindible para su posterior inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. También dice ese real decreto, en su artículo 9.3, que en todo caso las administraciones públicas velarán por que la denominación del título no conduzca a confusión sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales.

Por otro lado, el procedimiento de verificación de los títulos está contemplado en el Real Decreto 1393/2007 y en el Real Decreto 861/2010, especificándose que cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, como es el caso que nos ocupa, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudio. Y es precisamente sobre esas condiciones establecidas por el Consejo de Ministros del anterior Gobierno, y más concretamente sobre el punto de denominación, sobre el que recae la resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, no cabe hablar de vulneración de la autonomía universitaria que, como no podía ser de otra manera, está perfectamente garantizada.

Dicho esto, coincidimos totalmente con el Grupo Parlamentario Vasco y con el Grupo Parlamentario Catalán en la preocupación por la situación de los estudiantes y egresados de los nuevos títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico. Son muchísimos estudiantes, como se ha dicho; hay muchas universidades que están en proceso de impartición de estos títulos, y además las sentencias en cascada que se están produciendo obligan a adoptar una solución de común acuerdo impulsada desde el ministerio. Nuestro grupo entiende que el ministerio debe buscar una salida consensuada con las universidades para encontrar una denominación para estos estudios que no tenga impedimento y permita dar salida al problema


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planteado, y el foro adecuado entendemos que es el Consejo de Universidades. Se trata de lograr una denominación de consenso sin contradecir lo dicho por los tribunales. Precisamente ayer se reunió la rama de ingeniería y arquitectura, y se ha creado un grupo de trabajo para abordar cómo sería la nueva denominación.

Pero no debemos olvidar tampoco que el problema planteado que aquí nos ocupa representa solo un ejemplo de otros muchos problemas con los que nos vamos a encontrar en un futuro muy próximo o problemas que ya se están poniendo de manifiesto en muchas de nuestras universidades en el propio sistema de educación superior en España, con respecto al desarrollo en nuestro país del proceso de convergencia europea en educación superior; problemas que afectan al reconocimiento, tanto nacional como internacional, a la movilidad real, problemas que afectan a la correspondencia de títulos españoles con el nivel correspondiente en el marco europeo de cualificaciones, problemas con la emisión del suplemento europeo al título, problemas con los reconocimientos automáticos de competencias y conocimientos que no se están evaluando, problemas con la aplicación de procedimientos a los sistemas de garantía de calidad, como manifestó antes la portavoz de universidades de nuestro grupo, etcétera. Son muchos los problemas sobre los que tenemos que reflexionar en aras de que el proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia y calidad posible, pero también para evitar situaciones de inseguridad jurídica. Urge reflexionar sobre todo ello, pero aquí me voy a limitar exclusivamente al tema de denominaciones, porque el problema que estamos ahora tratando no es el único que con relación al nombre de las titulaciones vamos a tener. Hay ya muchas otras denominaciones de títulos que, ya sea con nombres acordados por un conjunto de universidades, o denominaciones propuestas por una única universidad en el marco de los miles de títulos registrados o propuestos para hacerlo, se van a encontrar -lo están haciendo ya- con problemas similares. En algunos casos, incluso con denominaciones que podrían inducir a confusión con otros títulos regulados por directiva profesional europea. Es un problema el de las denominaciones que trasciende incluso al problema que aquí nos ocupa y sobre el que urge reflexionar.

Como ya se ha comentado, nosotros hemos consensuado una transaccional que pone de manifiesto la garantía de la autonomía universitaria, respetando evidentemente la legislación vigente y los dictámenes de los tribunales y, al mismo tiempo, que se busque por parte del ministerio y del consejo una solución urgente y consensuada para dar salida a estas personas que les afecta el cambio de denominación, pero que evidentemente tienen reconocidas las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios. Es una cuestión que urge resolver y estoy segura de que ya se ha puesto a trabajar el Consejo de Universidades para esa denominación a la que debe dar respuesta.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Alegría.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Seré muy breve, porque prácticamente todo lo que quería decir en mi intervención ya lo he escuchado en las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra.

Efectivamente, coincido con lo que aquí se ha expuesto, que este tema que abordamos esta tarde es un problema que ya viene arrastrándose hace un tiempo y que se ha visto avivado hace unos meses tras el conocimiento de las sentencias que citaban mis compañeras, tales como la sentencia del Supremo de 9 de marzo de 2010, que declaraba la nulidad de la denominación del graduado en Ingeniería de Edificación, y la sentencia que conocimos a finales de noviembre del Tribunal Constitucional, donde se denegaba el amparo al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Una vez escuchadas las intervenciones, especialmente la del grupo proponente, la del PNV, y leyendo la enmienda transaccional, el Grupo Socialista va a votar a favor de dicha enmienda transaccional. Desde luego, el Grupo Socialista va a hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar soluciones; soluciones, eso sí, que deben pasar por un respeto absoluto y escrupuloso a las sentencias judiciales; soluciones que den respuesta a esas más de treinta universidades que imparten este grado; y soluciones que acaben con la incertidumbre de cientos de alumnos que están estudiando esta enseñanza y ven con cierta incertidumbre su futuro.

El señor PRESIDENTE: Si les parece, ya que estamos todos, pasamos a las votaciones.

En primer lugar, se va a someter a votación en sus términos la proposición no de ley 176 de Unión Progreso y Democracia sobre cualificación profesional inicial.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 40.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación a la votación del punto 3.º del orden del día, proposición no de ley 369 de Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a promover en la formación inicial del profesorado la supresión de la asignatura de Religión Católica y la inclusión de las asignaturas de educación para la igualdad de mujeres y hombres y educación para la prevención de la violencia de género. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional acordada entre el Grupo de La Izquierda Plural y el Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del punto 4.º del orden del día, proposición no de ley 429 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos de consecución de la calidad en las universidades españolas. Se somete a votación en los términos de la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es la proposición 438 del Grupo Parlamentario Socialista sobre becas, que se somete a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación a votar conjuntamente los puntos 6º y 7º del orden del día, que son las proposiciones 439 del Grupo Socialista y 456 del Grupo Mixto, relativas al establecimiento de un sistema de control económico del deporte profesional y a la deuda de los clubes de fútbol profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Estas proposiciones se someten a votación en los términos de la enmienda transaccional que han acordado los grupos parlamentarios Mixto, La Izquierda Plural, Catalán, Socialista y Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, se pasa a la votación de la proposición no de ley 436 del grupo vasco, referente al grado en Ingeniería de Edificación. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional entre el Grupo Vasco, el Grupo Catalán y el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho de la noche.

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