DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 46, de 07/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 46
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
7 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho
internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000065.) ... (Página2)
- Relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000081.) ... (Página5)
- Por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la
solución pacífica del problema del Sáhara Occidental. Presentada por el
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente
161/000213.) ... (Página9)
- Relativa a la defensa del ejercicio de las libertades fundamentales en
la República de Cuba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000246.) ... (Página16)
- Sobre reforma del Servicio Exterior. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/000256.) ... (Página21)
- Relativa a la autorización de la Minurso para actuar sobre los derechos
humanos en el Sáhara Occidental. Presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000288.) ... (Página26)
- Sobre protección de libertades y derechos en Egipto. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000321.) ... (Página29)
- Sobre la represión de la oposición en Siria. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000332.)
... (Página32)
Dictamen sobre:
- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Organización Internacional
de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho en Madrid el 23 de noviembre
de 2011. (Número de expediente 110/000001.) ... (Página36)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA COMO SUJETO DE DERECHO
INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA:
LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000065.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión.
Empezamos por el primer punto del orden del día: Proposición no de ley
sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho
internacional, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, CHA: La Izquierda Plural.
Tiene la palabra para su defensa el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Es por todos conocido que, tras la Segunda Guerra
Mundial y el horror del holocausto, el 29 de noviembre de 1947, la
Asamblea General de Naciones Unidas mediante su Resolución 181/11 decidió
la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y otro
judío, con un régimen internacional autónomo para la ciudad de Jerusalén
bajo la autoridad de Naciones Unidas. Desde un principio hasta hoy el
Estado de Israel no ha respetado las fronteras fijadas por dicha
resolución de partición y ha acrecentado su territorio a lo largo de los
años conquistando, colonizando y ocupando los territorios palestinos. El
pueblo y la Autoridad Nacional Palestina ya se han comprometido
reconociendo a Israel en las fronteras de 1967, pero Israel difiere
continuamente el reconocimiento del Estado palestino y no cesa en sus
actividades de colonización en Jerusalén Oriental y en Cisjordania.
Por ello, transcurridos más de 63 años de vigencia de la resolución
mencionada, el reconocimiento de Palestina ya no puede ser calificado de
prematuro y puede acelerarse la solución de dos Estados. Por tanto,
pedimos de forma muy sencilla dos cosas: el reconocimiento expreso de
Palestina como Estado libre e independiente, con las fronteras del 4 de
junio de 1967, y que el Gobierno de España desarrolle las actividades
necesarias ante la Unión Europea y las Naciones Unidas para que este
hecho sea una evidencia.
El señor PRESIDENTE: Hay diversas enmiendas presentadas a esta proposición
no de ley. La primera de ellas es del Grupo UPyD y para su defensa tiene
la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Según hemos hablado con el ponente de esta
proposición, se va a llegar a una solución de consenso a la que mi grupo
se sumará.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, que
también tiene presentada una enmienda, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Ya que la portavoz de UPyD, la señora Lozano, ha
avanzado este acuerdo, creo que es más oportuno hablar sobre el objeto
final de la votación que sobre la iniciativa del Grupo de La Izquierda
Plural.
En esta Comisión de Asuntos Exteriores, en la última legislatura, se
alcanzó un consenso alrededor de una posición común sobre el conflicto
árabo-israelí y la consecución de un Estado palestino que viva con
fronteras seguras y en paz con un Estado de Israel reconocido y con
fronteras seguras. Pues bien, este texto es en parte el texto planteado
por el grupo de la mayoría, por el Grupo Popular, que también se recoge
en la enmienda del Grupo de Convergència i Unió cuando insta a que el
diálogo entre las partes se realice de acuerdo con la Resolución 1850 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Parece ser que el grupo
proponente acepta la enmienda del Grupo Popular, que es la posición común
elaborada durante la anterior legislatura por parte de la inmensa mayoría
de esta Comisión de Asuntos Exteriores. Creo que es muy relevante que el
Grupo de Izquierda Unida empiece esta legislatura sumándose a esta
posición común que en la anterior legislatura no había apoyado, con lo
cual nosotros solo podemos expresar satisfacción por los tres puntos que
se van a votar, por el deseo de que existan dos Estados que vivan de
forma independiente, democrática y en convivencia, y por que se
reconozcan las fronteras de 1967, pero a la vez tenemos que ser muy
conscientes de que el día que se negocien las fronteras de 1967 se tendrá
que hacer con un intercambio mutuamente reconocido de territorios
respecto de las fronteras del año 1967.
En consecuencia, apoyaremos esta primera iniciativa que expresa un
consenso amplio, con la incorporación de Izquierda Unida en esta materia.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada
también una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Con satisfacción podemos constatar que el texto
alternativo propuesto por el grupo de la mayoría ha encontrado el amplio
reconocimiento por parte de los otros grupos. En este sentido, venimos a
recoger lo que ha sido un acuerdo en la anterior legislatura. Es obvio
que desde el punto de vista de la posición del Gobierno de España tenemos
todo el interés en que España apoye, en el seno de la Unión Europea y en
coordinación con el resto de miembros, y en particular del quinteto, la
negociación de la alta representante, Catherine Ashton, con los
palestinos de un paquete global que podría incluir, desde un punto de
vista general, el respeto a la decisión palestina de acudir a la Asamblea
General para obtener la plasmación de lo que se ha llamado la opción
vaticana, es decir, el Estado observador no miembro en Naciones Unidas:
el posible apoyo de los Estados miembros a cambio de que los palestinos
ofrezcan ciertas garantías adicionales como renuncia de que Palestina
recurra a la Corte Penal Internacional para impedir la judicialización
del conflicto, el cumplimiento íntegro y explícito de las condiciones del
cuarteto por parte de todos los integrantes del Gobierno de la Autoridad
Palestina; y, en ese sentido, si los palestinos deciden reactivar la
solicitud de admisión a agencias y organismos de Naciones Unidas, España
tratará de lograr un consenso europeo constructivo donde quizá la
abstención común puede ser en muchos casos el único consenso posible,
pero no podemos volver a repetir la situación de divergencia y de disenso
entre los países europeos.
En este sentido, la posición del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta
es una estrecha coordinación con todos los socios europeos con la
esperanza de que el conflicto se aborde mediante las negociaciones
directas de las partes y la opinión positiva sobre la iniciativa árabe de
paz. Como la propia Unión Europea, el Gobierno considera que es uno de
los elementos a tener en consideración para la paz y normalización de
relaciones entre Israel y el mundo árabe, y de ahí deriva el texto que
proponemos, un acuerdo sobre la base de las fronteras de 1967 y el
reconocimiento de Jerusalén Este como capital del Estado palestino. La
Unión Europea ha matizado: fronteras sobre la base de 1967 con los
intercambios territoriales que acuerden las partes y Jerusalén capital
compartida con Israel.
Nos congratulamos de que esta primera propuesta haya obtenido el consenso
de los grupos y entendemos que este es el texto que figurará como
alternativo a la proposición no de ley presentada.
El señor PRESIDENTE: Falta una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Quiero empezar esta intervención en la primera
reunión ordinaria de la Comisión de Exteriores expresando a los
portavoces la máxima predisposición del Grupo Parlamentario Socialista a
alcanzar acuerdos de pleno consenso en las iniciativas que se plantean en
el orden del día de hoy y en las sucesivas comisiones de Exteriores de
esta presente legislatura, con lo cual anuncio al grupo proponente de
esta iniciativa y al Grupo Popular que daremos nuestro voto a favor a la
enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular al texto del
grupo proponente.
Quisiera en esta intervención exponer claramente la disposición del Grupo
Parlamentario Socialista al reconocimiento del Estado palestino. Esa ha
sido nuestra posición y esta va a ser la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en esta presente legislatura. Quiero recordar también que el
reconocimiento de Palestina como sujeto de derecho internacional ha dado
algunos pasos no solo significativos, sino determinantes en los últimos
tiempos. Quiero empezar recordando el momento histórico que se produjo el
pasado 22 de septiembre de 2011 en la Asamblea General de Naciones Unidas
ante la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno y de los ministros
de Asuntos Exteriores de los Estados miembros cuando el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, solicitó que Palestina fuera
admitida como Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. En
dicha asamblea la entonces ministra, hoy presente, Trinidad Jiménez,
mostró su pleno apoyo en nombre de España a la posibilidad de que
Palestina fuera reconocida como observador permanente de la Asamblea
General y solicitó que se relanzaran las negociaciones a fin de que
Palestina pudiera ser admitida como miembro de pleno derecho. Los
esfuerzos diplomáticos palestinos obtuvieron el apoyo de 140 de los 192
países representados en la Asamblea General, lo que resultó un enorme
respaldo al reconocimiento internacional de Palestina. Para la aprobación
de miembro de pleno derecho se precisa, como ustedes conocen, la
aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como es
conocido, hay miembros permanentes del consejo que han anunciado su
derecho de veto. Un nuevo reconocimiento a Palestina como sujeto de
derecho internacional se produjo en la aceptación de Palestina como
miembro de pleno derecho de Unesco, contando para ello con el voto
favorable de España, y hubiéramos deseado una posición -como aquí han
reclamado también otros portavoces que me han precedido- común de la
Unión Europea, que no fue posible.
Mayor reconocimiento también de España. Las relaciones entre España y
Palestina se han reforzado en la pasada legislatura. Se celebró la
primera reunión de alto nivel España-Autoridad Nacional Palestina. Se
elevó, como así han hecho otros países de la Unión Europea, el estatuto
de la representación diplomática de Palestina en Madrid, y España apoyó
la aspiración de legitimación de estatalidad de Palestina, como he dicho
al inicio. España es el segundo mayor donante de la Unión Europea al
pueblo palestino en el compromiso de la Conferencia de Donantes de París
de diciembre de 2007 y uno de los diez mayores donantes de la Agencia de
Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Además, quiero recordar
que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero visitó en octubre de 2009
los territorios palestinos, donde se entrevistó con el presidente Abbas.
La Unión Europea también ha reforzado los lazos institucionales con la
Autoridad Nacional Palestina, y a ello sin duda contribuyó la decidida
Presidencia de España en el Consejo Europeo. Los cambios en la región a
consecuencia de las revoluciones árabes sin duda incrementan las demandas
para acelerar el legítimo reconocimiento a los palestinos de tener un
Estado propio. España apoya y debe seguir apoyando el reconocimiento del
Estado palestino, así como el compromiso, que también se incluye en la
presente proposición no de ley, de seguir trabajando por una posición
común en la Unión Europea y en el reconocimiento de Palestina en los
Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea debe hablar con
una sola voz en la acción exterior y debe seguir generando confianza en
su labor a fin de acrecentar su peso como mediador en el conflicto y como
miembro del cuarteto con Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas,
exponente del compromiso internacional en alcanzar la paz definitiva en
Oriente Medio. La declaración del cuarteto del 23 de septiembre
estableció un nuevo calendario para el relanzamiento de las
conversaciones entre las partes con vistas a la obtención de un acuerdo
de paz definitivo a finales del presente año. Este debe marcar un punto
de inflexión en las conversaciones de paz.
La hoja de ruta que estableció el cuarteto desde su creación en 2001
continúa siendo vigente, fue aceptada por palestinos e israelíes en 2003,
consecución de una paz estable y duradera entre árabes e israelíes
mediante obligaciones para cada parte, la creación de un Estado palestino
democrático y viable con acuerdo en los temas objeto de conflicto:
fronteras, refugiados, asentamientos israelíes y el estatuto final de
Jerusalén; la solución de los conflictos Israel-Líbano y sirio-israelí y
el reconocimiento del Estado de Israel por todos los países árabes.
Dispuestos, por tanto, con el grupo proponente a que exista una posición
común en esta Comisión hemos propuesto esta enmienda de sustitución. En
bien y en favor del consenso también votaremos a favor de la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Popular para obtener de este modo una
resolución de este Congreso de los Diputados común en una materia tan
sensible. Esperamos una solución pronta en Oriente Medio y que también dé
salida de una vez por todas al reconocimiento del Estado palestino.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra? (Pausa.) Por el Grupo Mixto hay dos portavoces, que se
repartirán el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor
Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo a efectos de que conste en acta
mi apoyo a que podamos llegar a un acuerdo en este tema que, como decía
el proponente de la iniciativa, es muy complejo. Sesenta y tres años de
conflicto no pueden solucionarse ni podrían solucionarse con soluciones
sencillas o con declaraciones programáticas de máximas. Abogo por que en
esta Comisión, que trata asuntos de Estado, podamos llegar a grandes
acuerdos. En todo caso, quiero expresarle mi agradecimiento al grupo
proponente por su disposición a llegar a un acuerdo y felicitar por
anticipado a esta Comisión si fuéramos capaces de encontrar en este tema
tan complejo una postura común. Asimismo, quiero abogar para que en los
sucesivos y en otros temas que también son de complejidad similar podamos
seguir esta misma línea de trabajo.
El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a apoyar también la enmienda
consensuada, como tenía pensado inicialmente apoyar la proposición del
Grupo de Izquierda Unida de reconocimiento del Estado palestino como
Estado soberano sobre la base de las fronteras de la línea verde. En
primer lugar, Amaiur defiende el derecho de autodeterminación de los
pueblos y, en este caso, los representantes del pueblo palestino en
numerosas ocasiones han mostrado su deseo de conformarse en un Estado
independiente, por lo cual consideramos que es una demanda legítima. En
segundo lugar, Amaiur estima que, sobre la base de la legalidad
internacional, tanto en lo expresado en la Carta de Naciones Unidas en su
artículo 1 como en el 55, y más concretamente en la resolución mencionada
de 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181, que recomendaba la
creación en la región de un Estado árabe y un Estado judío, es una
demanda legal. En tercer lugar, consideramos de igual forma que este
reconocimiento de Palestina como Estado podría dar un impulso a las
actuales conversaciones que buscan solucionar este largo conflicto y que
el mismo pueda generar, como indica la Resolución 242, una paz justa y
perdurable en Oriente Medio en general y en concreto permita a los dos
pueblos, el árabe y el judío, vivir en sus respectivos Estados,
conviviendo en paz y seguridad.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario proponente para manifestar
simplemente si acepta o no las enmiendas presentadas o a qué acuerdo han
llegado, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero también agradecer a los
distintos portavoces de los grupos el diálogo que hemos establecido para
llegar a un acuerdo, que creo que es algo importante. Estamos convencidos
de que hoy contribuimos a dar un impulso al hecho de que el derecho
internacional ampara la voluntad del pueblo palestino de constituirse en
Estado propio y que, por tanto, aceptamos la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, porque concretamente hay dos aspectos del
texto que nos hacen no tener dudas...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, tiene la palabra simplemente a efectos de
decir si acepta o no las enmiendas y cuáles son.
El señor NUET PUJALS: Acabo muy rápidamente.
En primer lugar, hablamos de un Estado palestino independiente,
democrático, con continuidad territorial, soberano y viable, y en segundo
lugar, hablamos de un Estado palestino sobre la base de las líneas de
1967. Pensamos que esa es una declaración muy importante.
Aceptamos por supuesto la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda que aceptan es la del Grupo
Popular, que es la que se someterá a votación.
El señor NUET PUJALS: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, la enmienda de sustitución es la que se
someterá a votación. Por cierto, hablando de votaciones, no habrá
votaciones antes de las siete de la tarde.
- RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa
Sede, del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra
la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No es la primera vez que el Bloque
Nacionalista Galego presenta una iniciativa de estas características,
pero evidentemente, y dado que hasta ahora no hemos conseguido nuestros
objetivos, seguimos manteniendo nuestra postura y, por lo tanto,
consideramos oportuno volver a tratar en esta Comisión la propuesta que
hoy traemos.
La Constitución de 1978 declara que ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Esta afirmación rotunda supuso la superación del estatus
confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha en virtud del
Concordato de 1953 con la Iglesia católica y por el cual el Estado se
identificaba con la religión católica, de forma que existía una
inspiración directa de la moral y religión católica en la actividad y
decisiones de los poderes públicos. La aconfesionalidad del Estado
español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia
íntima de las personas. La Constitución española, al mismo tiempo que
garantiza la libertad religiosa de las personas, no acoge una
identificación de ninguna religión con la actividad del Estado. Los
acuerdos entre Estado español y la Iglesia católica, aunque en vigor una
vez aprobada la Constitución, fueron gestados en paralelo al periodo
constituyente. Por ello se consideran una especie de instrumentos de
excepción que rigen en exclusiva y por sí solos las relaciones entre la
Iglesia católica y el Estado, al margen del principio general de
sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución
y al resto del ordenamiento jurídico. Estas dos circunstancias han sido
determinantes en el desarrollo de las relaciones de la Iglesia católica y
el Estado español, pues aquella ha gozado de privilegios y ámbitos de
decisión autónomos ajenos al control de Estado, incluso cuando tiene
encomendadas tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de
la
educación religiosa. En efecto, no solo la posible redacción vinculante
para el Estado que contienen los citados acuerdos -impropia en algunos
aspectos de un Estado aconfesional, al ser elaborada en una situación
histórica incierta y sin un marco constitucional de referencia- ni el
carácter de tratado internacional de los mismos podría determinar a
priori un desarrollo de la cooperación entre el Estado y la Iglesia
católica tan propicio para esta y que comprometiese de tal manera el
apoyo público a la enseñanza religiosa católica, el mantenimiento de
bienes pertenecientes a la Iglesia o una fiscalización tan austera del
régimen económico de la Iglesia como ha venido sucediendo en los últimos
años.
Como grave definiríamos, señorías, la discrecionalidad e impunidad
jurídica en la que la Iglesia realiza las funciones pactadas con el
Estado en materia de enseñanza religiosa, amparándose en los poderes
omnímodos que le otorga el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales y
que en muchas de sus actuaciones vulnera el régimen de derechos y
libertades de los ciudadanos que colaboran en esas funciones, como se
evidencia con el continuo goteo de casos de despidos de profesores de
religión que imparten clases en escuelas públicas en atención a criterios
ideológicos y morales. Estar casado por lo civil o haberse divorciado han
sido motivos y causa de despido. Es conveniente decir también que, siendo
el obispado quien tiene el poder en la relación laboral, quien paga es el
Estado. La asignatura de religión no solamente se imparte en horario
lectivo, sino que está actuando como un elemento gravemente
discriminatorio con aquellos alumnos que no cursan esta disciplina.
Aunque la ley no lo recoge, centros de enseñanza pública han decidido
calificar esta asignatura ejerciendo un agravio comparativo con otros
alumnos que han perdido la posibilidad de matriculas de honor que les
permitía acceder a becas por la diferencia de puntuación como
consecuencia de calificar religión, acción no solamente incorrecta, sino
que, ateniéndonos a la ley, entendemos que es ilegal. Esto no es ciencia
ficción, señorías, es una realidad muy reciente en Galicia gracias a las
bendiciones del Gobierno del Partido Popular. La clase de religión en los
centros de enseñanza pública no solo es anacrónica, sino que como estamos
viendo se está manifestando discriminatoria y arbitraria.
No solo en el ámbito educativo y cultural hay que efectuar una revisión
del actual escenario de cooperación entre el Estado y la Iglesia
católica, sino también a nivel económico, al haberse detectado por parte
de algunas órdenes y congregaciones religiosas el desvío de fondos a
tramas de especulación financiera; y finalmente jurídico, para ponderar
adecuadamente su inviolabilidad y adecuar las disposiciones relativas al
patrimonio a las reformas legales introducidas en esa materia. La Iglesia
está exenta del pago de impuestos como el de bienes inmuebles. No
queremos dar cifras, porque se manejan cantidades muy dispares, pero en
un momento de crisis como este, en que los ayuntamientos están reduciendo
sus presupuestos en materia de gasto social, les vendría muy bien la
recaudación de este impuesto. Y solo un ejemplo, señorías: en el
Ayuntamiento de Madrid se aprobó con el respaldo del Partido Popular, del
señor Gallardón, reclamar al Estado una compensación por la incidencia
negativa en las arcas municipales de las exenciones que la Iglesia tiene.
La cifra aportada por este ayuntamiento ronda los 94 millones de euros,
bien es verdad que esta iniciativa no partía y no fue del señor
Gallardón, pero sí estaba de acuerdo con la mencionada reclamación.
Parece por lo tanto razonable que el señor Gallardón, que ahora está en
el Gobierno del Estado, promueva las modificaciones legislativas
necesarias para la eliminación de esas exenciones, que por cierto ya se
han hecho en Italia. Desde el BNG sí queremos decir con rotundidad que no
estaríamos de acuerdo con que la Administración del Estado pagase los
impuestos que corresponden a la Iglesia.
Por otra parte, y para finalizar, la realidad social, señorías, es
distinta en estos momentos, en estos tiempos, a la de hace veinte años:
cada vez se cuestiona con más fuerza el integrar la enseñanza religiosa
en el sistema educativo reglado, y se generaliza la opinión de mantener
en el ámbito interno de la Iglesia la formación en la doctrina católica,
como correspondería de verdad a un Estado aconfesional. Ello no excluiría
totalmente la cooperación, el apoyo público, al igual que con otras
confesiones religiosas minoritarias, que se otorgaría para que a la
formación religiosa pudiesen acceder libremente los ciudadanos en la
propia Iglesia, y no como ahora sucede en las escuelas públicas y
sostenidas con fondos públicos. Por eso, señorías, presentamos esta
propuesta, que no voy a leer porque la tienen en su poder todas y todos
ustedes, y sí quiero manifestar que como se han presentado dos enmiendas
a nuestra proposición no de ley acabamos de hacerle una propuesta de
transacción al Grupo Socialista, que no puede decir en este momento si se
va a aceptar o no, pero en todo caso si se acepta la pasaremos a la Mesa
en el momento que lleguemos al acuerdo así como al mismo tiempo a todas
sus señorías para que sepan cómo quedaría la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, después le preguntaré respecto a la
admisión de enmiendas. Precisamente hay dos enmiendas presentadas -como
usted acaba de recordar-, la primera por el Grupo UPyD, para cuya defensa
tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo defiende el laicismo del Estado, un
Estado laico que proteja por un lado la libertad religiosa y a aquellos
ciudadanos que quieran ejercer sus creencias, pero que al mismo tiempo
garantice la más escrupulosa neutralidad del Estado en cuanto al hecho
religioso y en cuanto a la fe; de hecho mi grupo defiende la supresión
del Concordato con la Santa Sede. Por tanto no podemos sino apoyar una
iniciativa que propone la revisión de esos acuerdos con la Santa Sede de
los años 1976 y 1979.
Hemos presentado una enmienda en el sentido de suprimir el tercer punto,
el que habla de extender las relaciones de cooperación a las demás
confesiones religiosas, porque lo que nosotros sostenemos es que el
Estado no debe cooperar con las religiones en modo alguno; no se trata de
que coopere con otras religiones, como ahora lo hace con la Iglesia
católica, sino que creemos que tiene que mantener -como decía al
principio- una escrupulosa neutralidad. Como no sabemos en este momento
cuál de los dos textos es el que se va a presentar a votación, cuando lo
sepamos definitivamente les diré cuál será el sentido de la votación de
mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Existe una segunda enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor
Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Así es, señor presidente. Hemos
presentado una enmienda a una proposición no de ley con la que
compartimos el objetivo de fondo. Nos parece una iniciativa oportuna y,
como decía la señora Fernández, responde a que básicamente la realidad
social que existía en el año 1979, cuando se produjeron estos acuerdos,
es muy diferente a la actual. En el Partido Socialista queremos
garantizar desde las instituciones la laicidad constitucional, y queremos
que las instituciones públicas sean agentes activos de una laicidad
positiva. Consideramos que esta es la vía más adecuada o incluso la única
para asegurar la convivencia de ciudadanos con creencias diversas o con
ninguna creencia, como también señalaba la señora Fernández. Estamos
convencidos de que es preciso construir una idea de ciudadanía común en
Europa basada en la eliminación de las distorsiones y evitando
derivaciones que den pie al extremismo o al integrismo, como todos
conocemos. Creemos en la unidad y en la diversidad, y desde luego es la
idea de diversidad en convivencia la que es fundamental y que hay que
casar con esta noción de laicidad positiva.
Por supuesto, tal y como venimos diciendo, es preciso conseguir igualmente
una separación total entre el Estado y las diferentes confesiones
religiosas, y hay que trabajar mucho en este país, como dice la
iniciativa, para asegurar que exista una neutralidad religiosa, tanto en
los espacios como en los actos públicos. Asimismo es necesario suprimir
los claros privilegios que existen actualmente para algunas confesiones
en nuestro país. Por eso hemos presentado una enmienda; una enmienda que
está basada estrictamente en dos documentos. El primero es el programa
electoral del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones
generales de noviembre de 2011, y el segundo son las resoluciones del
38.º congreso de nuestro partido celebrado en Sevilla el mes pasado. De
estos dos documentos hemos obtenido esta enmienda que vamos a negociar
con el grupo proponente, y que dice en primer lugar que es necesario
analizar el marco de relaciones creadas con la Iglesia católica en el
contexto de estos acuerdos del año 1979 para proponer en su caso, si
procede -creo que sí, pero hay que analizarlo antes-, la revisión de
dichos acuerdos con el fin de asegurar y defender la laicidad del Estado
como un elemento consustancial a las ideas de libertad e igualdad en el
Estado, y para asegurar una convivencia armónica en nuestro país.
Incluimos los diferentes aspectos de este acuerdo, que como todos sabemos
-porque ya han sido citados-, incluyen cuestiones legales, educativas,
culturales, económicas, fiscales e incluso relacionadas con las Fuerzas
Armadas y la sanidad pública.
En segundo lugar, queremos establecer un tratamiento fiscal igualitario
entre todas las confesiones, y que sea a su vez idéntico al del resto de
instituciones no confesionales, de manera que se asegure el pago de
impuestos y tributos en igualdad de condiciones. En tercer lugar, hace
referencia a un elemento básico de nuestro programa y que en la anterior
legislatura, cuando todavía gobernábamos no pudimos presentar, como es
impulsar una ley de libertad religiosa que evite privilegios y
discriminaciones por razón de creencias y convicciones, y que garantice
-como decía antes- la neutralidad religiosa en los espacios públicos y en
los actos públicos para que no exista confusión alguna entre lo público y
lo religioso. En cuarto lugar, también proponemos otro elemento que
aparece en nuestro programa claramente definido y que ya fue objeto de
debate en esta Comisión y en la de Justicia e incluso en el Pleno en la
anterior legislatura, como es modificar la Ley Hipotecaria del año 1946;
una ley que fue modificada en el año 1998 por la puerta de atrás, sin que
hubiese debate en el Congreso, que mediante un real decreto que aprobó el
Gobierno del entonces presidente don José María Aznar permite a la
Iglesia católica la inmatriculación, esto es el registro de bienes
inmuebles y terrenos, equiparándola a las administraciones territoriales
y locales, de manera que puede emitir sus propios certificados de dominio
en ausencia de título de escritura pública. Esto en mi comunidad
autónoma, en Navarra, ha sido objeto de preocupación ciudadana y
municipal, y desde luego queremos que se ponga fin a esta práctica,
incluso que se pongan en marcha vías para devolver a los municipios,
mancomunidades y diferentes ámbitos públicos los inmuebles y terrenos
registrados de esta manera, que entendemos fraudulenta. En quinto lugar,
queremos adecuar la legislación vigente en materia de cooperación con las
diferentes religiones a los mismos principios, y en este caso estoy
convencido de que llegaremos a un acuerdo con UPyD porque, como decimos,
señora Lozano, no estamos baremando si deben ser unos principios altos o
reducidos, sino simplemente los mismos. De manera que estoy convencido de
que podremos ponernos de acuerdo para que no exista ningún tipo de
discriminación entre diferentes confesiones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
El señor NUET PUJALS: Queremos anunciar el voto favorable de nuestro grupo
parlamentario a la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego básicamente
por tres razones. La primera, porque el Concordato entre el Estado
español y la Santa Sede es un texto eminentemente preconstitucional en
sus referencias básicas. Debemos recordar que se debe básicamente al
papel jugado por la jerarquía católica durante la dictadura franquista en
nuestro país. En segundo lugar, porque en España la libertad religiosa es
una realidad, pero España no es un Estado confesional, por ello cualquier
reminiscencia que ponga en duda ese aspecto debe ser urgentemente
revisado. En tercer lugar, porque la Iglesia católica desarrolla una
actividad respetable, pero privada, que concierte a los creyentes en esa
doctrina y por ello debe ser autofinanciada por esos creyentes. Además
las instituciones públicas, pensamos, tienen el derecho y el deber de
regular el uso y el disfrute de su extenso patrimonio, acumulado durante
siglos. Por tanto, por estas tres razones votaremos a favor del texto que
se nos propone.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, la proposición no de ley plantea un
debate muy relevante; debate en el que de forma reiterada en cada
legislatura, como reconocía el grupo proponente, los grupos
parlamentarios fijamos posición. España es un Estado aconfesional en el
cual los poderes públicos deben respetar la posición laica del mismo,
asegurando la capacidad de los derechos para su ejercicio, fortaleciendo
la libertad religiosa, y facilitando la participación de los ciudadanos.
La posición de este grupo parlamentario es la de respeto del marco
constitucional: Estado aconfesional, respeto a la posición laica y
repudio de todos aquellos intentos por parte de los poderes públicos o
privados para reducir el derecho individual de las personas a expresar
sus creencias religiosas. Desde esta perspectiva, creemos que debe
respetarse el hecho religioso, que deben existir mecanismos para
reconocer que este hecho religioso desarrolla unos servicios sociales,
entre ellos la sanidad, la asistencia a los más desvalidos, y la
educación. En relación con esta última los centros religiosos concertados
forman parte del sistema público de educación, sujetándose a las normas
que rigen en el Estado aconfesional. En este sentido, por ejemplo, la Ley
Orgánica de Educación, aprobada en el Congreso, y por tanto con mayoría
parlamentaria, reconoce la voluntariedad de la materia religiosa en el
ámbito educativo. En relación con el punto segundo de la proposición no
de ley este grupo no duda del sometimiento de las diferentes iglesias a
la Constitución y a las distintas leyes de obligado cumplimiento, como no
puede y no debe ser de otro modo. Respecto del tercer punto de la
proposición no de ley, que reclama extender las relaciones de cooperación
por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en
el Estado, creemos que es un aspecto que ya se ha acometido. Las leyes
24, 25 y 26/1992 aprobaban los acuerdos de cooperación entre el Estado
con la federación de entidades religiosas evangélicas, y las comunidades
judías y musulmanas; creencias religiosas, junto con la cristiana, con
arraigo suficiente en el Estado como para reconocer la necesidad de
cooperar con las mismas. Por todo ello y a la espera de la anunciada
transacción, quiero decir que nuestro grupo parlamentario no puede
compartir la literalidad de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
don Daniel Serrano.
El señor SERRANO CORONADO: Señorías, nueva legislatura, pero viejas
iniciativas, porque en realidad esta proposición que hoy debatimos se
está convirtiendo en una costumbre por parte de algunos grupos
parlamentarios empeñados, obsesionados, diría yo, en querer enturbiar las
relaciones de España con la Santa Sede. En cualquier caso ya les adelanto
que nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta proposición no
de ley, pero no lo haremos apelando a cuestiones religiosas o para
defender a la Iglesia católica, pues entendemos que no es este el papel
que debe cumplir este grupo parlamentario en esta Comisión, sino que
votaremos en contra apelando a nuestra norma fundamental: la
Constitución, en base a la cual los acuerdos suscritos entre España y la
Santa Sede tienen su fundamento.
Afirmar, como aquí se ha hecho, que los acuerdos suscritos entre la Santa
Sede y el Estado español quedan al margen de nuestro ordenamiento
jurídico en general y de nuestra Constitución en particular creo
sinceramente que es un exceso verbal, o más bien un exceso jurídico
carente precisamente de cualquier amparo jurídico real, y menos aún
cuando existe una Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Por tanto,
ese exceso jurídico, como decía, responde más bien a una afirmación hecha
desde una determinada izquierda que tiene aversión a lo religioso, o más
bien aversión a lo católico. Pero, como he manifestado anteriormente,
nuestro voto en contra de la proposición presentada pretende apelar
únicamente a criterios jurídicos, y en concreto apelar al artículo 16 de
nuestra Constitución para defender el modelo que emana de dicho texto, un
modelo basado en la convivencia, en la tolerancia y en el respeto. Y este
modelo constitucional consagrado en el artículo 16 de nuestra
Constitución está basado en tres principios básicos que no pueden
obviarse: el principio de aconfesionalidad o de laicidad del Estado, el
principio de libertad religiosa, y el principio de cooperación con la
Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, teniendo en cuenta
las creencias de la sociedad española; principio este último que además
viene ratificado por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.
Estos son los tres principios que deben ser observados y cumplidos por los
poderes públicos, y no solo uno de ellos, como pretende la representante
del Grupo Mixto -para ella solamente existe el de aconfesionalidad o el
de laicidad del Estado-, sino que deben cumplirse los tres. La observancia
de un solo principio supone una lectura sesgada del texto constitucional
porque equivale a la exclusión de los otros dos principios establecidos
en el texto constitucional, y por ende la vulneración de los derechos que
dicho texto constitucional consagra, cosa que a buen seguro no estaba en
el ánimo del constituyente. De ahí que se establecieran los tres
principios, y por tanto los poderes públicos deben velar por el
cumplimiento de los tres. Y es que la aprobación de nuestra Constitución
supuso la conquista de la libertad, supuso el establecimiento de un marco
de convivencia y de respeto entre los españoles que todavía hoy sigue
vigente, y que desde nuestro grupo parlamentario apostamos por seguir
defendiendo.
Por este motivo no acabamos de entender este tipo de iniciativas que
pretenden excluir a una parte de la sociedad, porque en el trasfondo de
la proposición presentada es realmente lo que entendemos que hay y lo que
se pretende: la exclusión de aquellos que no piensan como ustedes, y ahí
no nos van a encontrar. (Varios señores diputados: Muy bien.) Hablar de
que hoy en día la Iglesia católica goza de privilegios o de impunidad
jurídica, por poner como ejemplo alguna de las perlas que hemos escuchado
aquí, sencillamente, señorías, no responde a la realidad. No cabe duda de
que en épocas anteriores fue así, pero afortunadamente esa etapa está
completamente superada y esa situación ya no se da, quieran algunos
reconocerlo o no.
El hecho de que puedan existir determinadas exenciones fiscales no
constituye privilegio alguno, porque esta es una situación que no se da
únicamente con la Iglesia, sino también con otras confesiones religiosas
o con otro tipo de entidades o asociaciones privadas como fundaciones,
ONG o federaciones deportivas. Por tanto hablar de privilegios fiscales o
de privilegios en el ámbito educativo por parte de la Iglesia es una
deformación de la realidad que se desmonta fácilmente. La Iglesia debe
asumir con naturalidad que el poder emana del pueblo y que este, a través
de sus instituciones democráticamente elegidas, puede legislar sobre
determinados aspectos de la forma que considere más conveniente. Pero de
la misma forma hemos de asumir con naturalidad que la Iglesia, como
cualquier otra entidad o asociación, puede también opinar y discrepar
como considere más oportuno, opiniones con las que a su vez podremos
evidentemente estar de acuerdo o no. Pero las discrepancias que se puedan
tener con la Iglesia católica no pueden empujarnos, como algunos
pretenden, a encorsetar las opiniones de la Iglesia, y menos aún teniendo
en cuenta su amplia base social y la enorme obra benéfica que realiza la
Iglesia, por ejemplo a través de Cáritas, especialmente vital en momentos
de grave crisis económica como el que estamos viviendo. (Varios señores
diputados: Muy bien.)
En definitiva, señorías, pretender, como pretende la proposición
presentada, poner patas arriba todo el marco de relaciones y acuerdos
entre el Estado y la Santa Sede, por el mero hecho de discrepar en todo o
en parte con las opiniones de la Iglesia no solo no encajaría dentro de
nuestro marco constitucional, en el cual precisamente tienen su
fundamento estos acuerdos, sino que además es en el marco de estos
acuerdos donde se han desarrollado las relaciones entre la Santa Sede y
los últimos gobiernos de la etapa democrática, tanto los de la UCD, como
del Partido Socialista, como del Partido Popular; además España no es el
único país del mundo occidental que tiene acuerdos con la Santa Sede. Por
todo ello, señorías, porque defendemos el modelo establecido en nuestra
Constitución, un modelo basado en la convivencia, en el respeto y en el
diálogo, vamos a votar en contra de la proposición presentada.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos de que se pronuncie sobre la admisión
de enmiendas, doy la palabra a la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente, ya había dicho que
estamos acordando una transacción; creo que no va a haber problemas y se
la pasaremos en unos minutos.
El señor PRESIDENTE: ¿Transacción con ambas enmiendas?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le ruego la pase a la Mesa, por favor. Después
daremos a conocer a la Comisión el texto de la transacción o bien ustedes
se pueden ocupar de repartirlo a los diversos grupos para que lo
conozcan.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ASUMIR UN PAPEL PROTAGONISTA EN LA
SOLUCIÓN PACÍFICA DEL PROBLEMA DEL SÁHARA OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente
161/000213.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día. Proposición
no de ley por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista
en la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental, del Grupo
Parlamentario Unión Progreso y Democracia, para cuya defensa tiene la
palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, les quiero trasladar esta tarde una
reflexión en torno a la situación del Sáhara Occidental en el contexto
geográfico del Magreb... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señor presidente. La Primavera Árabe no
comienza en Túnez en enero del año pasado, sino en el campamento que los
saharauis establecen a las afueras de El Aaiún unos meses antes, y que
fue desmantelado brutalmente por las autoridades marroquíes en noviembre
de 2010. Esta serie de movimientos democráticos que han tenido
consecuencias de todo tipo en estas sociedades del norte de África
también han acarreado una cierta reforma democrática, si bien tímida
desde nuestro punto de vista, aunque no es este el lugar ni el momento
para valorarlo, en el propio Marruecos; sin embargo Marruecos, como
potencia administradora de facto del territorio del Sáhara Occidental, no
ha trasladado ninguna de estas mejoras de carácter democrático al Sáhara
Occidental. Hablo no solamente de las vulneraciones de derechos humanos
que ya se vienen denunciando desde hace años, sino de derechos mucho más
elementales como la libertad de asociación o la libertad de expresión.
Existe el caso concreto relatado en uno de los célebres cables de
WikiLeaks de una ONG, la Asociación de víctimas de vulneraciones de los
derechos humanos, a la que los funcionarios locales no le permiten
inscribirse. Así es como está la situación en el Sáhara Occidental a día
de hoy, mientras el resto de los países y los pueblos de su entorno
tratan de avanzar en mayores logros democráticos y conquistas de
libertades. No es por tanto casual que cuando el secretario general de la
ONU hace un informe relativo al territorio del Sáhara Occidental exprese
su preocupación por el deterioro que se está produciendo en la zona, y
exprese su preocupación por el hecho de que este deterioro pueda acabar
acarreando una modificación en el statu quo que, como saben, lleva
prácticamente inalterado las últimas tres décadas y muy especialmente
desde el año 1991.
Cuando una situación se enquista, como es el caso del Sáhara Occidental, a
medida que van transcurriendo los años y todo sigue igual, en realidad
todo empeora. Por eso lo que les propongo, lo que mi grupo les propone
con esta proposición no de ley es que después de estar treinta y seis
años tratando de solucionar este problema o intentando abordarlo de algún
modo no volvamos a llegar tarde una vez más; ya que todo el Magreb está
en ebullición no podemos pensar que el Sáhara va a ser el único
territorio en el que las cosas van a permanecer como han estado en los
últimos treinta y seis años. Lo que planteo a esta Cámara es que pensemos
cómo España, como potencia colonizadora y de hecho como potencia que de
iure sigue teniendo la administración del territorio, puede influir en
ese cambio y cómo puede propiciarlo antes de que la situación se
deteriore más.
El ministro de Exteriores García-Margallo tiene, desde el punto de vista
de mi grupo, la oportunidad efectivamente de pasar a la historia como el
ministro español que consiguió desbloquear un conflicto enquistado. Si el
Gobierno actual modifica la postura de España de estos últimos años hasta
llevarla a una mayor equidistancia, desde luego mi grupo dará la
bienvenida a esa nueva postura, a una mayor sensibilidad quizá respecto a
los problemas de los saharauis, pero en cualquier caso el objetivo sigue
siendo la celebración de ese referéndum de autodeterminación. Por eso
nosotros lo que le pedimos al Gobierno en esta proposición no de ley es
que se implique activamente desde el punto de vista político por lograr
esa autodeterminación del pueblo saharaui que el ministro García-Margallo
ha mencionado en distintas ocasiones, la última de ellas cuando estuvo de
visita en Argelia, y que se produzca esa implicación específica del
Gobierno desde el punto de vista político, como decía, pero también
diplomático.
La proposición no de ley tiene además un punto adicional que es
estrictamente jurídico, y que hace referencia a la Ley 40/1975, que es en
realidad la única ley que tenemos respecto a esa descolonización del
Sáhara y de la que arrancan todos los problemas posteriores. ¿Por qué
planteamos este asunto estrictamente jurídico? Porque con todas las
declaraciones y proclamaciones de solidaridad con el pueblo saharaui y de
reconocimiento de su derecho a la autodeterminación se podrían empapelar
las paredes del Congreso, pero creemos que puesto que esto no ha dado
resultado hay que intentar hacer otra cosa. Decía Einstein que los locos
son aquellos que creen que haciendo siempre lo mismo las cosas van a ser
de otra manera. Pues lo que creemos es que como hasta ahora no ha
funcionado el proclamarlo, quizá sea el momento de buscar esa mayor
implicación política, esa mayor implicación diplomática, y de llevar a
cabo cambios jurídicos en nuestra legislación para poder adoptar esta
postura y tener esta iniciativa más profunda.
Por último, le pedimos al Gobierno que puesto que tenemos unas relaciones
de privilegio con Marruecos -o así se nos hace ver, puesto que el nuevo
presidente del Gobierno una vez más ha realizado su primer viaje al
exterior al Reino de Marruecos- nos sirvamos de esas relaciones de buena
vecindad para presionar al Rey de Marruecos en el sentido de que
contribuya a solucionar este problema de una vez por todas.
Por tanto, es una proposición de significado político, jurídico y
diplomático. Digo esto porque estamos absolutamente de acuerdo con las
enmiendas que ha presentado Coalición Canaria, lo que pasa es que no
pretendíamos hacer el libro blanco del Sáhara, quiero decir que tratan
aspectos humanitarios que compartimos, tratan aspectos de cooperación que
probablemente compartiríamos también, pero queríamos centrarnos en esta
ocasión en los aspectos políticos, diplomáticos y jurídicos. Alguna de
ellas, las más políticas las podemos aceptar, pero las demás no. Y en
cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Socialista,
sencillamente es otra proposición, desvirtúa radicalmente el sentido de
nuestra iniciativa y no la podemos aceptar.
El señor PRESIDENTE: Hay varias enmiendas presentadas; por el Grupo Mixto
concretamente de la número 1 a la 5, y por el Grupo Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Quevedo, entendiendo que el resto de grupos integrantes del Grupo Mixto
conceden todo el tiempo al señor Quevedo para su intervención.
El señor QUEVEDO ITURBE: Por ahí es por donde debo comenzar, agradeciendo
a los compañeros del Grupo Mixto, de Unión del Pueblo Navarro y de
Amaiur, que me hayan dado la oportunidad de defender en nombre del Grupo
Mixto las enmiendas que hemos presentado a esta -diría yo- oportunísima
PNL presentada por UPyD, y defendida creo que con brillantez por la
señora Lozano.
Quiero decir que pocas veces un asunto ha tenido tanta trascendencia o
tanta oportunidad como tratar este tipo de asuntos en este momento,
porque la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados
del Sáhara Occidental es una constante que se repite día a día. Y
probablemente me han cedido los compañeros la palabra porque saben que en
Canarias hay mucha gente -creo que la inmensa mayoría de la población-
que entiende la absoluta necesidad de que se corrija el agravio histórico
cometido con el pueblo saharaui, en una de las páginas de las que seguro
que el Estado español no debería sentirse orgulloso en lo que se refiere
a su historia. Es el abandono de sus obligaciones respecto de un pueblo
que, como se expresa muy bien en la PNL, fue una provincia española con
muchos de sus habitantes con DNI, en la que se hizo una dejación de las
obligaciones como potencia administradora, estatus que continúa ocupando.
Sí me gustaría señalar, frente a la bondad de tratar de potencia
administradora de iure y de facto, que nosotros entendemos que lo que
hace el Reino de Marruecos en este caso es ser sencillamente una potencia
ocupante del territorio.
Las enmiendas que hemos presentado no pretenden por supuesto enmendar la
plana de una proposición no de ley que nos parece especialmente acertada.
Creo que está muy bien la referencia a los acuerdos de Madrid, a la ley
del 1975, creo que es bueno recordar esto porque creemos que si España no
ha estado a la altura de lo que la exigencia histórica le pidió en su
momento esta sería una buena ocasión para resolverlo. Porque debo señalar
-y los canarios tenemos buen conocimiento de lo que ocurre en esos
territorios- que probablemente la muchísima gente joven que hoy está en
los territorios ocupados y fuera de los territorios ocupados tiene la
posición de no aceptar la tiranía o el sometimiento de que están siendo
objeto por parte del Reino de Marruecos. Las enmiendas en realidad no
pretenden establecer un debate con la señora Lozano ni mucho menos, se lo
puedo garantizar. Sí parten de una convicción, sobre todo las primeras.
En la enmienda número 1 venimos a decir que el ejercicio del derecho a la
autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático, debe
contemplar todas las opciones: integración, autonomía o independencia, no
porque pensemos que usted no lo sabe, sino porque es necesario
recordarlo, pues es evidente que sobre este asunto se puede estar de
acuerdo en la forma pero no en el fondo. Puede haber alguien que defienda
esto, pero en que realidad esté pensando que la independencia no es una
opción. Creo que de hecho ese es el punto de vista del Reino de Marruecos
en este momento.
En la enmienda número 2, planteamos que el presidente del Gobierno utilice
la buena relación de vecindad con Marruecos para instar precisamente a
que el rey de ese país impulse que en el Sáhara Occidental se cumpla con
los acuerdos de la ONU. Nos parece que está bien hacer esta referencia,
porque no le estamos enmendando la plana a nadie ni leyéndole la cartilla
al rey del Reino alauita, sino que le estamos diciendo que es una
resolución de la ONU que hay que cumplir.
La enmienda al punto 3 nos parece especialmente relevante y yo traslado a
la señora proponente que valore por favor su importancia. La expresión la
admisión por ambas partes sabemos que está en las resoluciones de la ONU
en un lenguaje similar a este, pero si de verdad la admisión por ambas
partes es la esencia del acuerdo, no habrá acuerdo, porque la esencia de
lo que está ocurriendo con las negociaciones bilaterales entre los
responsables del Frente Polisario y del Reino alauita es precisamente que
una de las partes no va a aceptar nunca que el derecho a la libre
determinación incluya la independencia. Por lo tanto, si el acuerdo es
una condición, es como si invalidásemos, en nuestra opinión, el fondo de
una PNL que compartimos.
Creo que con los dos últimos puntos que habíamos planteado -esa referencia
que nos ha hecho- no hay ningún inconveniente. Queríamos hacer constar lo
que hemos dicho aquí, pero no estamos dispuestos a agarrarnos a eso,
primero porque es su proposición no de ley -es el respeto mínimo que
debemos tener-, pero nos parece que debe quedar perfectamente claro que
aquí no ha habido un acuerdo, cuando hay una resolución perfectamente
clara de la ONU sobre el particular y ha sido imposible llegar a un
acuerdo porque una de las partes sencillamente no acepta la resolución de
la ONU. Esto hace inviable el acuerdo como vía de solución. Eso es lo que
pretendemos plantear.
El señor PRESIDENTE: Hay una segunda enmienda, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora
Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: De nuevo vamos a debatir ahora al principio de
esta legislatura sobre el conflicto del Sáhara Occidental, sobre el
proceso inconcluso de la descolonización que se inició en 1976. En muchas
ocasiones hemos debatido en esta Comisión y en el Pleno del Congreso
sobre este asunto. La última vez fue el 13 de abril de 2011 y nuestra
compañera Fátima Aburto, gran conocedora del problema del Sáhara y de la
situación terrible que se vive en los campamentos de Tinduf, expuso la
posición de nuestro grupo parlamentario y alcanzó un acuerdo basado en un
texto que, a pesar de las dificultades del momento, permitió mantener
la posición de consenso sobre este asunto ya tradicional en esta Cámara.
Con este objetivo el Grupo Socialista ha vuelto a presentar en esta
ocasión una enmienda centrándonos en aquellos aspectos en los que todos
podemos coincidir en una cuestión tan delicada, tan sensible y tan
especial para España.
Nuestro país, si bien es cierto que no tiene responsabilidad jurídica ni
administrativa desde el punto de vista de la legalidad internacional, sí
tiene una responsabilidad ética e histórica con el pueblo saharaui, y el
ejercicio de esa responsabilidad nos la reclama además repetidamente la
propia sociedad española: la responsabilidad por haber abandonado a su
suerte al pueblo saharaui y por el tremendo fracaso de no haber sabido
concluir el proceso de descolonización. Nuestra posición, la posición de
nuestro país, debe seguir siendo coincidente con al posición de Naciones
Unidas y de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad sostiene
desde el año 2002 que son las partes en conflicto las que tienen que
llegar a un acuerdo. El Frente Polisario y Marruecos tienen que alcanzar
-y cito literalmente- una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable que se establezca a partir de la libre determinación del pueblo
del Sáhara Occidental, en el marco de las disposiciones y de los
principios de la Carta de Naciones Unidas, siendo este un requisito
indispensable para el regreso de los refugiados a sus hogares y para la
consolidación de la estabilidad, de la integración y del desarrollo en la
región. Esto no quiere decir en absoluto que España deba mantenerse al
margen, sino al contrario. Si somos consecuentes con esa responsabilidad
política, histórica y moral a la que me refería antes, debemos seguir
trabajando de una manera muy activa, como hemos hecho en los últimos
años, en propiciar un acuerdo entre las partes.
Creo que hay que trabajar en cuatro frentes. En primer lugar, hay que
propiciar que la comunidad internacional contribuya, facilite y apoye las
conversaciones entre el Frente Polisario y Marruecos para alcanzar una
rápida solución al conflicto. En este sentido en muy importante que
continúe la participación activa del Grupo de amigos del Sáhara
Occidental formado, junto con España, por Francia, Estados Unidos, Reino
Unido y Rusia, que como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas juegan un papel relevante.
En segundo lugar, se debe apoyar el trabajo del enviado personal del
secretario general de Naciones Unidas, Christopher Ross, muy bien
aceptado y respetado por las partes en conflicto y que ha sido capaz de
mantener, aun en momentos de gran tensión como los vividos el año pasado
en El Aaiún, las conversaciones informales entre las partes buscando una
salida a la situación actual de estancamiento. A pesar de ello, sus
informes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponen de
manifiesto que sus gestiones chocan con las posiciones -cito literalmente
también- acérrimas e incompatibles de Marruecos y del Polisario. Esta es
la situación actual: tras casi cinco años de conversaciones, el proceso
está en un punto muerto. En el último informe de Naciones Unidas de abril
de 2011 el secretario general ponía de manifiesto que las partes siguen
demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero que aún
no han demostrado la voluntad política de poner fin al estancamiento de
la situación. Y sigue diciendo: Aunque ambas partes hacen hincapié en su
decidido empeño de buscar una solución, una total falta de confianza
sigue pesando sobre el proceso de negociación. Este es actualmente, creo,
el principal problema: la falta de voluntad o de capacidad del Frente
Polisario y de Marruecos para dar un salto cualitativo en las
conversaciones informales que mantienen y asumir una mayor
responsabilidad compartida en el proceso de negociación.
En tercer lugar, España debe seguir impulsando el acercamiento y la mejora
de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países de la
región reforzando los vínculos de la Unión Europea y apoyando los
procesos de modernización y desarrollo democrático que con motivo de la
Primavera Árabe están teniendo lugar en el norte de África y en la región
del Magreb. Marruecos y Argelia han puesto en marcha procesos de reformas
democráticas, que aunque puedan parecer a veces insuficientes o tímidas,
no dejan de ser importantes y bienvenidas y ofrecen un nuevo marco a
tener en cuenta en este conflicto. Las relaciones entre estos dos países,
tradicionalmente enfrentados, parece que han mejorado y se han distendido
en los últimos meses. Se abre así una nueva oportunidad de entendimiento
que ayude a la solución del conflicto.
Este enfrentamiento entre Argelia y Marruecos ha influido sin duda y ha
dificultado históricamente, cuando no imposibilitado, un acercamiento
entre las partes y la creación de un clima de estabilidad y confianza
propicio a la negociación. Los refugiados saharauis en ocasiones han sido
utilizados como moneda de cambio en la estrategia de enfrentamiento y
tensión entre los dos países. La Unión Europea debe cumplir en estos
momentos un papel relevante en la distensión y en el entendimiento entre
Argelia y Marruecos, y la solución del conflicto del Sáhara debe estar
presente en la agenda europea de una manera mucho más activa. A todos
interesa un Magreb estable, pacífico, ordenado y pacíficamente próspero,
decía el ministro García-Margallo el pasado día 22 en esta Comisión de
Exteriores. Yo añadiría que necesitamos también un Magreb democrático,
pero en cualquier caso ese Magreb democrático, ese Magreb pacífico y
próspero no lo conseguiremos si el conflicto del Sáhara no se resuelve
adecuadamente.
En cuarto lugar, creo que España debe mantener la ayuda humanitaria y la
cooperación al desarrollo tal como venía haciendo durante los últimos
años. España ha sido el primer donante de la comunidad internacional en
ayuda al desarrollo y a la cooperación. El conjunto de programas y
proyectos que se han desarrollado ha sido de una gran importancia y
eficacia: distribución de alimentos, proyectos de abastecimiento y
saneamiento de agua, proyectos en agricultura, en educación, en
atención médica, etcétera. Pedimos al Gobierno que estos proyectos
continúen y que no se detengan.
En este mismo mes, en estos últimos días, la Media Luna Roja acaba de
lanzar un llamamiento de alerta a la comunidad internacional llamando la
atención sobre las consecuencias de la disminución de estos fondos de
ayuda humanitaria destinados a los refugiados saharauis, preocupación que
comparte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el
programa mundial de Alimentos. Por eso creo que es mucho más importante
en estos momentos insistir en el mantenimiento de este tipo de proyectos
y de ayudas.
Termino ya, presidente, esperando que a través de esta iniciativa y de la
enmienda que hemos intentado presentar con el objetivo de llegar a un
consenso y mantener estos principios de acuerdo en esta Cámara, los
acuerdos puedan llegar a buen término.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso a la intervención de los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra
el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el debate sobre lo que puede y debe
hacer el Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara
Occidental constituye todo un clásico en esta Comisión: no hay periodo de
sesiones en el que no se suscite, bien sea con ocasión de alguna
comparecencia o bien sea con motivo de la iniciativa de algún grupo
parlamentario, y siempre -permítanme que ponga énfasis en la expresión,
siempre- tropezamos con esa frase lapidaria que las resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas repiten una y otra vez cuando
exhortan a las partes a seguir negociando bajo los auspicios del
secretario general, con buena fe y sin condiciones previas, para la
consecución de una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable entre las partes, en el marco de las disposiciones y conforme a
los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Se trata de
una cláusula de estilo que las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas reproducen año tras año y que ha sido citada tantas veces
en esta Comisión de Asuntos Exteriores que se ha convertido ya en una
vieja conocida de sus portavoces, una vieja conocida que, es preciso
reconocerlo, desafortunadamente está haciendo posible que el transcurso
del tiempo vaya consolidando de hecho las posiciones de Marruecos y
erosionando progresivamente las expectativas de los saharauis. Pero hace
ya muchos años que las partes negocian en este marco y el resultado está
siendo más bien precario.
En 2007 se acordó iniciar una nueva fase con conversaciones directas entre
las partes, pero tampoco puede decirse que esta estrategia haya arrojado
resultados ciertamente tangibles. Las partes presentaron sus propuestas
al Consejo en aquel momento y se iniciaron los encuentros, pero cinco
años después la solución que entonces se esperaba, esa solución
consensuada a la que exhortan las resoluciones del Consejo de Seguridad,
sigue tan lejos como al principio. Así lo reconocía el secretario general
en su último informe cuando constataba que no se habían producido
progresos en las cuestiones básicas del futuro estatus del Sáhara
Occidental y la forma en que debe llevarse a cabo la libre determinación
del pueblo saharaui. Las partes -concluía el secretario general-
siguieron demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente,
pero aún no han demostrado su voluntad de poner fin al estancamiento de
la situación.
Hemos de reconocer, señorías, que la necesidad de que la solución justa y
duradera que pide la ONU haya de ser además mutuamente aceptable entre
las partes constituye un pretexto cómodo para que los sucesivos Gobiernos
españoles se crucen de brazos y se inhiban del asunto y me remito a la
experiencia. No hay Gobierno de entre los que han comparecido en esta
Comisión durante los últimos veintidós años que ante la acusación de que
no se implica lo suficiente en la resolución del conflicto saharaui no
invoque esta cláusula para justificar su pasividad. El problema es si a
la luz de la responsabilidad que corresponde al Gobierno español, como
antigua potencia colonial que es, en la resolución del conflicto del
Sáhara resulta admisible que pueda escudarse en esa frase para limpiarse
las manos y situarse al margen del asunto. Mi grupo parlamentario cree
que no. Lo ha repetido en numerosas ocasiones en esta Comisión. Por eso
va a apoyar la iniciativa, que reclama una vez más una intervención
activa y propositiva del Gobierno.
Me voy a permitir como portavoz del grupo, sin embargo, sugerir al grupo
proponente que acepte las enmiendas registradas por Coalición Canaria,
singularmente la primera, la segunda y la tercera, que mejoran el texto,
precisan sus contenidos y corrigen algunas de sus contradicciones
internas. El apoyo de mi grupo está asegurado, acepte o no estas
enmiendas, pero creo sinceramente que estas tres en concreto que acabo de
citar mejoran el texto, insisto, y en algún caso resuelven una
contradicción interna que resulta chocante en una primera lectura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene
la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la propuesta
que se nos presenta por parte del Grupo de UPyD y también estamos
convencidos de que las enmiendas que ha presentado el Grupo de Coalición
Canaria-Nueva Canarias mejoran el texto y, por tanto, pensamos que es
correcto incorporarlas.
Nuestro voto favorable se basa en cuatro aspectos que quiero enumerar. En
primer lugar, se basa en la convicción de que el pueblo saharaui tiene
derecho a autodeterminarse y -si lo estima oportuno- constituir un estado
propio al amparo de la Carta de Naciones Unidas.
En segundo lugar, creemos que los intereses económicos de las empresas
españolas que operan en Marruecos no pueden nublar la posición del
Gobierno de España. En tercer lugar, la monarquía feudal marroquí no es
un ejemplo precisamente de democracia avanzada, y con barnices
democráticos como los que ha realizado en su última modificación
constitucional, creemos que difícilmente va a poder parar la llegada de
la Primavera Árabe a Marruecos, que aún no ha llegado. En cuarto lugar,
la ocupación violenta que realiza el Reino de Marruecos sobre el
territorio saharaui atenta gravemente sobre los derechos humanos: los
derechos humanos económicos, porque se está explotando de forma ilegal
los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, y
los derechos humanos políticos, porque hay represión, tortura y
persecución política de la causa saharaui. Por estas razones, de forma
clara vamos a apoyar el texto que se nos presenta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, en primer lugar, quiero fijar la
posición de este grupo parlamentario, que es una posición de acuerdo con
la legalidad internacional, de acuerdo con un procedimiento abierto y
efectivo, de acuerdo con lo que el colega de esta Comisión y buen amigo,
el diputado Erkoreka, decía que era una cláusula de estilo. Yo creo que
es mucho más que eso. Nosotros somos partidarios de alcanzar una solución
política justa, duradera y mutuamente aceptable por las dos partes en
conflicto que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental en el marco de las disposiciones y conforme a los principios y
propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Señorías, este es el mandato
de Naciones Unidas, este es el marco de la legalidad internacional y no
sé por qué a veces en esta Comisión, en los debates de política exterior,
invocamos la legalidad internacional precisamente como argumento básico
de aval de nuestras posiciones, y en otros casos la legalidad
internacional y el mandato de Naciones Unidas no nos son útiles.
Estamos hablando de un conflicto, comparado con conflictos que hay en
otras zonas geográficas del mundo, que tiene, señorías, marco de diálogo
y un mandato de Naciones Unidas, como es la Minurso, de la cual
hablaremos posteriormente a partir de una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco. Existen situaciones de hecho, no idénticas, pero que
suponen conflictos realmente congelados: Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno
Karavaj. Señorías, estas sí que son situaciones en las cuales no hay ni
tan solo un consenso en el marco de Naciones Unidas. Por ello somos
partidarios de esta solución política, justa, duradera y mutuamente
aceptable por las partes que prevea la libre determinación del pueblo del
Sáhara de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. Este es el mandato del
organismo multilateral por excelencia, que es Naciones Unidas.
También les tengo que expresar que nuestro grupo no puede compartir esta
iniciativa por cuatro motivos más, por dos motivos de forma y por dos
motivos de fondo. Quizá podría ahorrarme incluso la referencia a los
motivos de forma, pero creo que no podemos plantear ni votar una
proposición no de ley que empieza hablando de -cito literalmente-:
"Adelantándose a un posible deterioro de la situación.". No podemos
especular sobre marcos y evoluciones posibles, ni puede ser que en el
punto 1 se haga referencia a un informe previo que no está en la
proposición no de ley sino en la exposición de motivos. No puede ser
tampoco que en el punto 2 se inste al presidente del Gobierno a que se
sirva de su buena relación de vecindad con Marruecos para instar al rey
de ese país. Con los países y Estados soberanos se tiene que dialogar,
con todos ellos, para expresar la posición de la legalidad internacional,
haya buena relación de vecindad o no la haya. Se debe expresar la
posición de la política exterior española en Marruecos, con la buena
relación de vecindad, y en Cuba, sobre la cual hablaremos dentro de un
rato. Estos son los dos aspectos de forma que no compartimos.
Hay dos aspectos de fondo. En el punto número 4 de esta proposición no de
ley nos proponen la modificación de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre,
una ley que, como ustedes observan -algunas veces lo he comentado en esta
Comisión de Asuntos Exteriores-, fue aprobada justo el día antes de la
muerte de Franco y publicada el día de la muerte de Franco, con lo cual
seguramente España en aquel momento no estuvo muy atenta a sus
responsabilidades de descolonización, porque la política interna española
estaba centrada en otros temas. Como sea, es evidente que no se trata de
que las actuales Cortes democráticas aborden la reforma de una ley
preconstitucional, de una ley franquista, para incorporar algo que no es
competencia de la legislación española sino de la legalidad internacional
y de Naciones Unidas. En estos momentos el ejercicio del derecho a la
libre determinación del pueblo no es algo que dependa de la reforma de
una ley preconstitucional española, sino de quedar sometidos a la
legalidad internacional.
El segundo y último aspecto de fondo que no podemos compartir es el punto
4.2, que insta al Gobierno al reconocimiento de las autoridades de la
República Árabe Saharaui Democrática como legítimos representantes del
pueblo saharaui. Queremos manifestar nuestro respeto para la RASD y sus
representantes, pero ustedes saben que el pueblo saharaui no se expresa
única y exclusivamente a través de la RASD, y creo que tenemos que ser
muy conscientes de esta pluralidad de un país que desgraciadamente no ha
podido articular democráticamente su representación.
Por los motivos expuestos no podremos votar favorablemente a esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Durante muchos años y con el paso por esta
Cámara de cientos y cientos de iniciativas parlamentarias respecto a esta
cuestión, de distinta consideración cada una de ellas, el Grupo
Parlamentario Popular ha venido manteniendo una postura constante y
absolutamente coherente sobre la cuestión del Sáhara. En primer lugar,
siempre hemos defendido que la solución del conflicto ha de someterse a
la legalidad internacional en el marco y en el impulso de Naciones Unidas
y siguiendo lógicamente las propuestas y sugerencias que los distintos
enviados especiales del secretario general, en este momento el señor
Christopher Ross, han efectuado.
En segundo lugar, hemos pedido en distintas ocasiones que ambas partes
renunciaran a esas posturas de máximos, que evidentemente cierran y
bloquean las posibles vías de solución al conflicto, sobre todo con el
fin de evitar la inmovilidad o el enrocamiento de posturas encontradas y
así conseguir que la comunidad internacional perdiera el interés en este
asunto y pasara a engordar la lista de aquellas cuestiones que permanecen
en el archivo del olvido, como bien comentaba el señor Xuclà. Por eso
creemos que las negociaciones directas bajo los auspicios de Naciones
Unidas son muy positivas y pedimos a ambas partes flexibilidad.
En tercer lugar, siempre hemos apoyado el principio de la libre
determinación bien entendido, en toda su amplitud, que no tiene por qué
conducir necesariamente a la independencia, como han comentado algunos de
los grupos políticos que han intervenido con anterioridad. Baste recordar
lo que este principio del derecho internacional supuso para Alemania con
la reunificación alemana en 1991. Sin duda alguna, España tiene una
responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental como antigua potencia
colonial y eso nos alienta desde luego a servir de catalizadores en la
búsqueda de un acuerdo entre las partes y sobre todo a intentar evitar
convertirnos en un obstáculo a la solución o incluso en ser parte misma
del problema. Por eso creemos en lo que siempre se ha denominado
neutralidad activa, en el equilibrio, en que la equidistancia entre las
partes es esencial, es definitiva en este conflicto, porque es la mejor
manera de que nuestro país, de que España sea de utilidad, sobre todo
frente a posturas de Gobiernos anteriores, que han estado dando bandazos,
situándose unas veces en un lado de la balanza, otras veces en otro, con
las consecuencias negativas que esto ha supuesto para España.
Por todas estas cuestiones que acabo de avanzar, señora Lozano, como ya le
comentamos, nos resulta muy complicado apoyar esta proposición no de ley
porque se ubica claramente en uno de los lados del conflicto. Se ha dicho
en ocasiones que si un país tenía buena relación con Marruecos no la
podría tener con el Polisario o que si la tenía con Marruecos tampoco
podría tenerla con Argelia. Sinceramente, no podemos estar de acuerdo con
estas afirmaciones. En la medida en la que tengamos una relación fluida,
transparente y de respeto mutuo con todos los intervinientes, seremos
mucho más útiles, mucho más eficaces en la solución del conflicto. Pero
los conflictos perdurables en el tiempo nunca son sencillos o no son tan
sencillos como a simple vista pudiera parecer, ni tampoco monocausales.
Este es uno de los motivos por los cuales permanecen latentes durante el
tiempo. Por ello la cuestión del Sáhara no es solo una cuestión relativa
al principio de autodeterminación. Hay otros dos principios de derecho
internacional, cuando menos, que también interactúan, como es el
principio de no injerencia y el principio de integridad territorial,
todos ellos contenidos en el cuerpo jurídico integrador de la filosofía
de Naciones Unidas, bien en la Carta de San Francisco, bien en las
distintas resoluciones conocidas ampliamente por todos como la 1514 o la
2625. Con toda probabilidad todos estos principios, amparados en el
corpus teórico de Naciones Unidas y en ocasiones encontrados
jurídicamente como acabo de comentar, han contribuido a que la latencia
de este conflicto haya perdurado durante más de treinta y seis años.
Por todo lo antedicho y sin renunciar en absoluto a los principios básicos
que todos los Gobiernos democráticos de España han venido reivindicando
-y apoyando lógicamente- y teniendo presente el principio de la libre
determinación, de la legalidad internacional, del auspicio de Naciones
Unidas y la renuncia a posturas de máximos, a posturas maximalistas,
entendemos que es posible que los intervinientes en este conflicto
encuentren una solución justa, duradera, equitativa y mutuamente
aceptable, todo ello en el marco de un diálogo sincero y de buena fe
entre las partes.
Finalizo por tanto reiterándole, señora Lozano, que lamentablemente no
podemos apoyar esta proposición, porque, como le he dicho, está
claramente inclinada de un lado de la balanza y no creemos que este sea
el camino. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A la señora Lozano le doy la palabra para que
explique a la Comisión en qué medida acepta las enmiendas propuestas por
el Grupo Mixto y el Grupo Socialista.
La señora LOZANO DOMINGO: La del Grupo Socialista no la aceptamos. Del
Grupo Mixto, de Nueva Canarias, aceptamos la número 1, no la número 2 y
aceptamos la número 3, pero convertida en enmienda de adición, de manera
que después de la admisión por ambas partes, vaya conforme a las
resoluciones de Naciones Unidas. Esa sería la redacción definitiva.
El señor PRESIDENTE: ¿Serían tan amables de hacer llegar a la Mesa tal
como queda el texto finalmente redactado? Y si pueden pásenlo a los
grupos parlamentarios para su conocimiento; si no, lo leerá la Mesa.
La señora LOZANO DOMINGO: Sí.
En cuanto al resto de las enmiendas, la 4.ª y la 5.ª, tampoco.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, por favor, si es tan amable, que pase a la
Mesa el redactado final en los términos que después se deberá someter a
votación.
- RELATIVA A LA DEFENSA DEL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN
LA REPÚBLICA DE CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000246.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto
4.º: Proposición no ley relativa a la defensa del ejercicio de las
libertades fundamentales en la República de Cuba del Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra hoy para presentar a la
Comisión una proposición no de ley que mi grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Popular, presentó en el mes de febrero con motivo de la
muerte de Wilman Villar, un joven de 31 años que muere en una cárcel de
alta seguridad en Cuba después de cincuenta días de huelga de hambre. Las
circunstancias de la muerte de este señor merecen la condena de la
Cámara, tal y como la proposición no de ley refleja, y es muy importante
al menos poner en común lo que yo sé de la opresión y la represión que
existe en la República de Cuba sobre la ciudadanía general y sobre la
disidencia en particular, para que la Cámara tenga muy claro cuál es el
escenario en el que se mueve esa república del continente americano. Hoy
en la política internacional existe un altísimo interés por acompañar y
ayudar a los pueblos que buscan su camino hacia la libertad y la
democracia, y es muy conveniente que desde este país, desde España, se
tenga muy presente que el pueblo de Cuba lleva años sufriendo una
represión, una opresión silenciosa, continuada y porosa y no por ello
menos intensa, que cercena toda posibilidad de ejercicio de libertades
individuales y de libertades colectivas, además de significar un
auténtico peligro, una auténtica amenaza real para el conjunto de los
derechos humanos.
Si tomamos como uno de los ejemplos a considerar la muerte de Wilman
Villar, este joven de 31 años es condenado por desacato a la autoridad,
por colaborar con un grupo de disidencia en la República de Cuba,
concretamente la Unión Patriótica Cubana. Tras un juicio sumarísimo, sin
garantías, según la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, que preside
Lisardo Sánchez Santacruz, es condenado a 4 años. Wilman Villar considera
que su juicio no ha tenido garantías, que la condena es injusta y, por lo
tanto, se declara en huelga en hambre, y tras cincuenta días en huelga de
hambre en una prisión de alta seguridad en Santiago de Cuba se complica
su situación y muere. No es el primer caso. Esta Comisión en la
legislatura pasada ya tuvo ocasión de debatir también un caso muy
similar, que fue el de Orlando Zapata, pero una vez más nos tenemos que
ocupar de un caso de esta naturaleza.
Otro ejemplo, otro caso de hasta donde llega la represión que el Gobierno
de la dictadura de Castro ejerce sobre la ciudadanía y sobre la
disidencia, es el de un joven, Yosvany Melchor, cuya madre, Rosa María
Rodríguez, participa activamente en los trabajos del Movimiento Cristiano
de Liberación, que lidera Oswaldo Payá. Yosvany Melchor es un joven de 28
años, discapacitado intelectual, que ha sido juzgado por ayudar a escapar
a un deportista y a su familia de la isla de Cuba, luego queda patente
que en Cuba la libertad de circulación de sus ciudadanos está
restringida. La condena que sufre Yosvany es de 12 años de cárcel y lo
más notable es que la Comisión conozca que la madre de Yosvany está
recibiendo presiones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado
de Cuba y del propio establishment de la dictadura cubana para que
abandone su lucha activa con el Movimiento Cristiano de Liberación para
conseguir un mejor trato a su hijo encarcelado.
Quiero poner en conocimiento de la Comisión algo que probablemente sepan,
porque ha habido oportunidad de ver imágenes en la televisión muy
recientemente, y es un instrumento bastante efectivo, muy cínico, que
emplean las fuerzas de seguridad de Cuba para oprimir y reprimir, y
cuando digo oprimir y reprimir no es precisamente a los delincuentes sino
a quienes tratan de ejercer su libertad, que es la ciudadanía de la
República de Cuba, y son los mítines de repudio. Los mítines de repudio,
hubo hace poco imágenes de televisión sobre ellos, significan que, al
tener conocimiento de que en un domicilio particular existe una reunión
de disidentes, simplemente una reunión, sin necesidad de provocar una
alteración de orden público por parte de la disidencia sino que ellos
están dentro de un domicilio particular, se produce una concentración de
ciudadanos en la puerta de ese domicilio, ciudadanos que desde fuera
increpan, amenazan y hostigan a los de dentro, dando lugar así a una
tensión evidente y a un eficaz instrumento de represión sobre quienes una
vez más tratan de ejercer su libertad. Pero lo realmente útil para que lo
conozca esta Comisión y esta Cámara es que esos hechos ocurren en
ocasiones con miembros de la policía vestidos de paisano, y en otras
ocasiones con policías en la muchedumbre que está fuera, incluso con los
coches patrulla y desde luego con pleno conocimiento de quienes dirigen
todo el aparato represor que se ejerce desde la dictadura de Cuba sobre
su ciudadanía.
Quería poner en común con la Comisión la valoración que yo hice de una
experiencia que viví hace unos meses en Madrid, en el parque de Berlín,
donde estaba instalada una maqueta de lo que es hoy una celda de una
prisión cubana. Esa celda que tuve ocasión de ver fue construida con la
información dada por muchos de los presos políticos que hoy se encuentran
en Madrid y no tenía comunicación ni ventilación hacia el exterior; sus
condiciones de salubridad eran absolutamente intolerables en el siglo XXI
en un sistema democrático y en Europa; el camastro del
preso también era totalmente deplorable, por no hablar de la dieta
alimentaria, que estoy seguro que algunos miembros de la Comisión de
otros grupos políticos conocen porque sé que han tenido contacto con los
presos políticos que han llegado a Madrid. Después de ver aquello, que
era muy plástico y digno de conocerse, se puede comprender por qué las
instituciones carcelarias cubanas y las autoridades de esa dictadura
nunca jamás han consentido la visita de la Cruz Roja Internacional a las
cárceles de Cuba, porque no son un espacio de rehabilitación del penado,
como se entiende en principio la política carcelaria en un sistema
democrático, sino que es un espacio de opresión, de castigo y casi, casi
de condena eterna para quien está condenado en ocasiones por figuras
delictivas como la peligrosidad predelictiva, que es una figura muy
particular del Código Penal cubano. Según los datos que me facilitan
algunos expresos políticos, puede haber unas 5.000 personas condenadas
por peligrosidad predelictiva, que quiere decir que una persona es
condenada antes de cometer un delito, simplemente por la sospecha de que
puede cometerlo, lo cual desde el punto de vista de un demócrata y de una
democracia es bastante doloroso.
Mi grupo parlamentario lleva años intentado -hemos conseguido algunos
éxitos- que Europa, sus instituciones, sus partidos políticos y sus
políticos acompañen, protejan y apoyen la actividad de quienes desde Cuba
y por Cuba trabajan por los derechos humanos y las libertades. Por eso es
muy importante hacer que la trágica muerte de Wilman Villar no quede en
el olvido y aprovechar su sacrificio para que esta Cámara, en primer
lugar lamente la muerte de este joven de 31 años y condene las
circunstancias de su muerte, que son aquellas que he descrito como
sintomáticas o características de represión y la opresión que sufre el
pueblo cubano, y naturalmente es muy necesario que desde esta Cámara, que
es plenamente democrática, hagamos un llamamiento para que el Gobierno de
Cuba inicie el diálogo inmediato con la sociedad civil cubana para llegar
a disfrutar de un espacio de respeto a los derechos humanos y a las
libertades individuales y colectivas y, lo que es consecuencia de todo
ello, a un sistema democrático pleno. Estoy seguro de que muchos de los
grupos que están presentes en la Comisión y que van a participar en el
debate no tendrán inconveniente alguno en apoyar esta tesis, porque al
final lo que pretendemos es apoyar que un pueblo que está sometido a una
dictadura alcance, de una vez por todas, el nivel de libertad que todos
deseamos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y yo le he ofrecido otra
enmienda que tiene el ponente esperando que él comunique si acepta la
transaccional que yo le he ofrecido o no. En caso de que no fuera así, ya
veríamos que texto se somete a votación en la Comisión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista para cuya
defensa tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señor presidente, señorías, huyendo en principio
del planteamiento que se hace, que es un hecho doloroso y luctuoso como
lo es la muerte de un preso en Cuba, hay que ir a algo mucho más general,
que no es lo que tocaba, como es el análisis de la situación política de
la isla de Cuba. Quizás es un mal momento para hacerlo, teniendo en
cuenta el respeto que todos debemos a quienes mueren en circunstancias
como las de Wilman Villar. Es verdad que en aquellos días de enero,
cuando se producía la muerte de Wilman Villar, asistíamos a reacciones
bien distintas -digo bien distintas no por los distintos grupos
políticos, sino dentro del mismo Partido Popular-. Asistíamos, por un
lado, a la reacción del Gobierno por boca de la vicepresidenta, doña
Soraya Sáenz de Santamaría y, por otro, del Grupo Parlamentario Popular
por boca del ponente de esta proposición, el señor De Luis. La prensa con
carácter general -la más y la menos cercana a las posiciones del
Gobierno- calificaba aquella reacción de la vicepresidenta y
posteriormente la del ministro de Exteriores como una reacción con
cautela. Y precisamente la cautela de la que hizo gala la señora Sáenz de
Santamaría es la que le falta a esta proposición no de ley que ustedes
traen hoy a esta Comisión para su debate y aprobación. La proposición no
de ley peca de exceso de ardor guerrero en relación con un tema de
política internacional. La señora vicepresidenta había mostrado su
consternación y había aprovechado también para solicitar del Gobierno de
Cuba la liberación de todos los presos políticos, cuestión esta que no se
consiguió nunca durante los gobiernos de José María Aznar. Lo único que
se consiguió con aquellos gobiernos fue una posición única europea, una
posición unilateral. Posteriormente esa excarcelación solo ha sido
posible a través de los intentos de los sucesivos gobiernos de José Luís
Rodríguez Zapatero, donde sí se produjo la excarcelación de un número
importante de presos, muchos de los cuales, la inmensa mayoría, vinieron
a España, otros quedaron en terceros países y algunos permanecieron
voluntariamente en Cuba.
Decía el ponente de la proposición no de ley que la causa era desacato a
la autoridad. Es desacato a la autoridad, pero no por manifestarse.
Tenemos distintas versiones y me he ocupado de conocer las que podíamos
llamar de una forma un poco sencilla procastristas, anticastristas, y en
todas ellas queda claro que hubo un incidente en el mes de julio del año
2011, en el cual la víctima, el preso fallecido, había golpeado a su
mujer, se emitió un parte médico -un parte de lesiones que yo he podido
consultar a través de Internet-, y fue la suegra quien lo denunció
acudiendo en ese momento a la policía, produciéndose el desacato cuando
se presentó la policía. El señor Villar estaba en libertad sin cargos, a
la espera de juicio. Ese juicio se produce posteriormente,
el 24 de noviembre, y en el tránsito entre el incidente y el juicio de 24
de noviembre, es cuando el señor Villar se une a la Unión Patriótica de
Cuba; cuestión muy legítima y lógicamente respetable por mi parte. No se
puede decir que el desacato responda a un hecho distinto del que
respondió y que el juicio se produzca por un hecho distinto o por un
desacato que tenga otras motivaciones. El hecho luctuoso se produce
desgraciadamente, pero no muere en prisión, muere atendido en un hospital
en Santiago de Cuba. No muere en la celda, que podría ser una imagen aún
más lamentable. Con todo y con eso, nosotros hemos lamentado la muerte
del señor Villar.
Cuando ustedes estaban en la oposición, el hoy jefe de gabinete, el señor
Moragas, era la persona que se ocupaba de los temas de relación con Cuba,
y fueron siempre muy duros con el régimen castrista y les entiendo.
Ahora, en el poder, el Gobierno popular es mucho más prudente. La señora
Santamaría, en la misma comparecencia a la que me refería antes, así lo
demostraba cuando se limitaba a manifestar sus condolencias a las
familias y a añadir que la política exterior española tendría siempre
como horizonte la defensa de las libertades políticas y la protección de
los derechos humanos, especialmente en el caso de Cuba, aunque no estaría
de más que esa actitud manifestada por la señora vicepresidenta se
extendiera a países como Honduras, donde acaban de morir más de 361
presos abrasados, cuyos derechos penitenciarios, entre ellos el de seguir
vivos, parece que nadie se preocupaba de defender en la comunidad
internacional.
Como se puede deducir de lo dicho, la señora vicepresidenta hacía una
apelación al régimen cubano que evitaba cuidadosamente la palabra que
aquí hoy se introduce en la proposición no de ley del Partido Popular de
condena, palabra que, como digo, aparece en el original de la PNL, que
nosotros hemos querido, por lealtad institucional con la señora
vicepresidenta y en la línea de lo planteado por ella, convertir en
lamentar el trágico desenlace y que el proponente, en la transaccional
que nos ha planteado, vuelve a convertir en condena sobrepasando los
límites establecidos en su discurso público por el Gobierno del señor
Rajoy. Ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, deben aclarar sus
contradicciones con su Gobierno en este tema y no hacernos a nosotros
rehenes de sus discrepancias internas, porque la posición del Partido
Popular en este punto no puede ser como en la copla, la de la falsa
moneda, la cara para el Gobierno y la cruz para el grupo parlamentario,
sobre todo después de que en su comparecencia de días pasados en esta
misma Comisión, el señor ministro, al final se autofelicitara porque su
exposición coincidía plenamente con el programa electoral en política
exterior del Partido Popular, que es quien sustenta al Gobierno.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Me gustaría responder.
El señor PRESIDENTE: Después, cuando se posicione y solo para aceptar o no
la enmienda.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Seré muy breve, no se preocupe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra simplemente para aceptar o rechazar
la enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador, que va a compartir el
tiempo con el señor Iñarritu.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Únicamente para manifestar nuestro apoyo a
esta iniciativa y, con ello, para agradecer también al diputado, Teófilo
de Luis, por su constancia, por su interés mantenido en la defensa de la
libertad, de la democracia y de los derechos humanos en Cuba. En Cuba la
realidad es tozuda, se podría decir que el reloj del tiempo, del
progreso, se paró hace cincuenta años. Ni siquiera el reloj biológico
hace su trabajo con el viejo dictador. Lo cierto es que el régimen
castrista sigue en pie: precario, empobrecido, corrupto, pero en pie. Es
verdad que las noticias que nos llegan de la isla no avalan cambios en la
dirección adecuada. Parte de la oposición sigue encarcelada, los que
apoyan a los opositores encarcelados siguen siendo perseguidos, la
corrupción anida por toda la Administración del régimen cubano con una
metástasis impresionante, los jerarcas buscan acomodo ante un previsible
derrumbe del castrismo en la época poscastrista, y la debilidad política
del régimen se compensa con más presión, más violencia y menos libertad.
Por eso es bueno que pongamos en esta Comisión el foco en la actualidad y
en nuestro orden del día la realidad de la sociedad cubana. Hoy vamos a
ver en esta misma Comisión, señorías, conflictos, algunos de ellos
importantes y enquistados -Sáhara-Marruecos, Israel-Palestina, la
primavera siria, las convulsiones en Egipto-, pero lo cierto es que los
cubanos llevan soportando una dictadura comunista durante más de cien
años, la más longeva del planeta. Un régimen, señorías, donde se violan
derechos humanos sistemáticamente, la libertad entendida como aquí la
entendemos homologable con otros países occidentales sigue siendo una
utopía, y el Estado es un instrumento al servicio de los intereses
particulares de una oligarquía corrupta. Señor De Luis, le agradezco la
proposición no de ley, le animo a seguir en esa dirección y le quiero
ofrecer mi colaboración para cuantas iniciativas tenga usted a bien poner
a consideración de esta Cámara.
Me van a permitir, señorías, sin ánimo de que parezca una idea o
sugerencia extravagante, pero, oídas algunas intervenciones, a algunos
diputados les vendría muy bien viajar a Cuba ahora para saber lo que es
un auténtico parque de atracciones del horror, el parque de atracciones
que es la consecuencia del comunismo, antes de que el reloj biológico
haga su efecto y vuelva la libertad y la democracia a Cuba.
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, para el resto de tiempo del Grupo
Mixto.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a votar negativamente ya que si bien
lamenta el luctuoso suceso de la muerte de este joven al igual que
comparte la demanda, el llamamiento a las garantías de derechos, a las
libertades tanto en Cuba como en el resto de Estados del mundo, en lo
referente a Cuba y hablando de libertades y derechos humanos no se
menciona el ilegal, aleatorio e injusto bloqueo, embargo, que sufre la
ciudadanía de esta isla desde hace 62 años, y en concreto esto ha
producido, como decía el compañero, un empobrecimiento, detener el reloj
del tiempo en esa isla, en definitiva, una fuente de sufrimiento y de
carencias en la población cubana. Siguiendo con el territorio cubano, no
se hace mención al lugar de la isla donde más derechos humanos se violan,
que es la base y prisión de Guantánamo.
En lo referente a España, teniendo en cuenta que ha habido sucesivas
condenas de la corte europea de derechos humanos a España en asuntos de
derechos humanos y libertades, en concreto tres este pasado año, el
informe del Consejo Europeo de prevención de la tortura, los informes
anuales de derechos humanos de Amnistía Internacional y de Human Rights
Watch y las innumerables denuncias de violación de derechos en los
centros de internamiento de extranjeros, creemos que por estos motivos y
por muchos más es conveniente que España haga los deberes antes de
realizar llamamientos a otros Estados en estas materias. Por ello
votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: El debate sobre el respeto de los derechos
humanos en Cuba constituye sin duda otro de los clásicos de esta
Comisión. Un debate que en ocasiones -pocas- fructifica en acuerdo y que
en otras ocasiones -desgraciadamente las más- provoca un cruce de
reproches entre los más afines y los más alejados del régimen político
vigente en Cuba. En las iniciativas relacionadas con el diseño de una
acción exterior inspirada en la difusión de valores como la libertad, la
democracia y los derechos humanos, mi grupo parlamentario ha procurado
siempre obviar los aspectos secundarios, por ejemplo, el de la mayor o
menor simpatía que eventualmente pudiéramos tener para con el régimen de
que se trate y mirar exclusivamente a lo esencial. Lo esencial en este
caso es la situación real que atraviesa el país en cuestión desde el
punto de vista de los derechos humanos, sin incurrir en el error de
ignorar unas vulneraciones por el hecho de que las haya también en otros
países de diferente signo político. Quien quiera denunciar violaciones de
derechos fundamentales en otros países tiene igualmente la ocasión de
presentar iniciativas aquí en esta Cámara, y no encontrará oposición de
mi grupo parlamentario si efectivamente se constata que las vulneraciones
existen, pero no ocultemos unas por el hecho de que existan también
otras. En el caso de Cuba la situación es clara: las libertades
fundamentales brillan por su ausencia y el acoso a los disidentes con
detenciones y con reclusiones arbitrarias constituye una realidad tan
triste como lacerante que las organizaciones internacionales dedicadas a
la defensa de los derechos fundamentales denuncian sin excepción año tras
año. Fíjense, señorías, hace muy pocos días Amnistía Internacional que
sirve de guía y faro para muchos grupos parlamentarios, incluido el mío
en todo lo que se refiere a la agenda de política exterior en el ámbito
de los derechos fundamentales, hacía pública una agenda de derechos
humanos para la política exterior española en esta X Legislatura e
incluía un punto específico sobre Cuba en el que instaba al Gobierno a
desplegar toda una ofensiva diplomática con el fin de pedir a las
autoridades cubanas cinco puntos: que pongan fin al hostigamiento, a la
intimidación y la persecución de defensores de derechos humanos; que
liberen de inmediato a los presos de conciencia; que ratifique sin
reserva los pactos internacionales y el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional; que facilite la visita del relator especial de la
ONU contra la tortura; y que facilite la labor de organismos
internacionales de derechos humanos, gubernamentales y no
gubernamentales. Señorías, esta es la recomendación que dirige al
Gobierno español de cara a la agenda de política exterior en materia de
derechos humanos durante esta legislatura nada menos que Amnistía
Internacional.
La iniciativa que se somete a la consideración de la Comisión se centra en
el caso del joven disidente Wilmar Villar que murió, como bien ha
referido el portavoz del grupo promotor de la iniciativa, como
consecuencia de una huelga de hambre. Lo primero que llama la atención es
el hecho de que su texto, el texto de la proposición no de ley sometida a
la consideración de la Comisión, haga un planteamiento meramente
declarativo. Basta una lectura superficial de su texto para darse cuenta
de que no pretende instar al Gobierno a que haga o se abstenga de hacer
algo, como suele ser habitual en las proposiciones no de ley, sino que
tan solo pretende hacer pública la posición de la Cámara en relación con
las circunstancias que han rodeado la muerte del citado disidente. El
Congreso, dice la proposición no de ley, condena, lamenta y reitera pero
no insta al Ejecutivo a nada. Personalmente no tengo inconveniente alguno
el condenar, lamentar y reiterar lo que el texto nos invita a condenar,
lamentar o reiterar, pero dudo -francamente lo expreso ante la Comisión-
si la expresión condenar es la más adecuada, la más oportuna para
incorporar a una declaración parlamentaria que se refiere a algo que ha
sucedido en otro país con el que se supone que se debe y se desea
mantener relaciones diplomáticas exigentes, por supuesto en lo que se
refiere al respeto a los derechos fundamentales pero al mismo tiempo no
hostiles, cuando menos no hostiles. Por eso, me atrevo a sugerir a su
promotor que considere la posibilidad de sustituir esta
palabra por otra que sin alterar en lo sustancial el fondo del
planteamiento esté redactada en términos más respetuosos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a intentar aportar algo al debate con
prudencia. Ustedes, señores del Partido Popular, nos presentan una
proposición que es de manual, de ese manual que periódicamente tienen que
cumplir y que a otros les escriben. Lo que ocurre es que en este caso les
han colado un gol por toda la escuadra porque a estas alturas nadie con
el mínimo rigor puede seguir manteniendo que el señor Villar estaba en la
cárcel por algo que no fuese por pegarle a su mujer. Es que eso está
demostrado y admitido por todo el planeta menos por usted, don Teófilo y
por quien le escribe el discurso. (El señor De Luis Rodríguez:
¡No!-Rumores.) Estaba en prisión por pegar a su mujer y denunciado por su
suegra.
El señor PRESIDENTE: Por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Por lo tanto, de incidente político represivo
nada de nada. Estamos ante un tema desgraciado que lamentamos pero que
ocurre en otras muchas cárceles del planeta, incluidas las españolas,
donde ustedes y nosotros sabemos que se producen incidentes, que se
producen muertes en las propias cárceles, que hay huelgas de hambre.
(Protestas.) Y eso lo lamentamos nosotros y espero que también ustedes.
Sobre la muerte del señor Villar, es lamentable como la de todo ser
humano. También hay que decir que recibió todas las atenciones médicas,
cosa que no ocurre en otras cárceles del mundo, en algunos casos
incluidas las españolas donde hay presos que mueren... (Protestas.-Un
señor diputado: ¡Cállate hombre!)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego silencio. Dejen expresarse
libremente a cada uno.
Señoría.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señores del Partido Popular tranquilidad,
tranquilidad porque en las cárceles españoles ha habido presos que han
muerto dentro de la propia cárcel, suicidados, suicidados. Y eso lo
lamentamos nosotros y espero que ustedes también. No lo pueden negar ni
decir que en las cárceles españolas no ha muerto nadie. Este diputado ha
hecho preguntas al Gobierno y este ha contestado y ha indicado los casos
de presos españoles que han muerto dentro de las cárceles. Lamentable
todo ello. Entonces, ¿por qué mantienen ustedes esta propuesta? Porque
podríamos haber hecho el debate de otra manera, con algo más de seriedad.
Hombre, podemos hablar del hostigamiento, pero para hostigamiento lo que
vivimos en Valencia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías, hay que respetar el derecho de cada
uno, pero cada uno debe ajustarse al contenido, señor diputado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Me estoy ajustando al contenido.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Nada tienen que ver las cárceles españolas ni
lo que ha sucedido en Valencia con lo que sucede en Cuba. Le ruego que se
ajuste al contenido de la intervención.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, creo que me estoy ajustando...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, no tiene la palabra.
El señor NUET PUJALS: No estoy hablando.
El señor PRESIDENTE: Sí está hablando.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, creo que me estoy ajustando, y
lo que me sorprende es que ustedes saben que tienen mayoría y que este
simple diputado no va a conseguir nada más que tener la palabra.
Por eso creo sinceramente que les han metido un gol. Podemos hacer un
debate más serio sobre Cuba, sobre derechos humanos, y podríamos hablar.
Podríamos hablar de los derechos humanos del planeta, señor presidente,
pero es que se habla de derechos humanos y yo también quisiera hablar de
los derechos humanos en Cuba, de los seis millones de parados hacia los
que vamos en España, de los que son expulsados de sus viviendas en España
cuando hay seis millones de viviendas vacías en España. Podemos hablar de
derechos humanos sin complejos (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen acabar la intervención.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Podemos hablar sin ningún complejo de derechos
humanos, efectivamente, por ejemplo, de las muertes que se producen en
Cuba por el bloqueo, que me imagino que a ustedes les dolerán tanto como
la del señor Villar. Sin embargo, la comunidad internacional no se
preocupa de evitar que ocurran porque ya son cincuenta los años de
bloqueo. No son cien años, señor Salvador, son cincuenta. (El señor
Salvador Armendáriz: Rectifico.) Los cien años no los veremos ni usted ni
yo, por desgracia para nosotros, pero con toda seguridad creo que
llegarán. A partir de ahí podemos hablar de ese bloqueo no solo porque
está costando miles de millones de dólares, sino también vidas tan
respetables como la del señor Villar pero que parece ser que al Partido
Popular no le motivan para presentar una proposición.
Nosotros no estamos dispuestos a que alguien reparta diplomas de buenos y
malos y menos que sean los Estados Unidos, porque ese Guantánamo sí que
es un parque del terror, algo que tampoco es motivo para ustedes para
presentar una proposición no de ley. No queremos que Estados Unidos nos
escriba el guion porque sabemos cómo terminan los guiones de películas de
buenos y malos: con un pueblo masacrado y casi exterminado y unos señores
de uniforme dominando territorios. Eso no lo queremos ni para Cuba ni
para ningún otro lugar del mundo. Cuba no es el paraíso, lo saben muy
bien las cubanas y los cubanos que día a día hacen frente al bloqueo,
hacen frente al terrorismo que les mandan desde Estados Unidos, y lo
hacen con dignidad, como reconoce todo el mundo, porque no es casualidad
que hoy Cuba sea el referente en Latinoamérica y que haya cola de
presidentes latinoamericanos en Cuba. No es casualidad, todo el mundo les
reconoce esa dignidad.
Para terminar, señor presidente, repito que son lecciones tramposas que lo
único que buscan es crear ambiente para legitimar invasiones que cito en
esta Cámara porque los documentos que así lo avalan son públicos. Ni para
Cuba ni para ningún otro lugar del mundo vamos a legitimar el intento de
invasión, que no es ni más ni menos que lo que buscan crear estos
ambientes.
Muchas gracias, señores diputados del Partido Popular, por haber prestado
completa atención a mi intervención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la
proposición no de ley planteada por el Grupo Popular sobre las
circunstancias que llevaron a la muerte de Wilman Villar por una huelga
de hambre.
Nosotros somos partidarios de los derechos humanos y de la democracia, y
de hecho entendemos que un derecho humano fundamental en el siglo XXI es
el derecho de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, a poder vivir en
sistemas democráticos. Nosotros repudiamos las dictaduras, cualquier tipo
de dictadura, y no somos condescendientes con ningún tipo de dictadura ni
consideramos que se pueda decir que hay dictaduras de inspiración de
derechas o dictaduras de inspiración de izquierdas. La única diferencia
es la línea clara y nítida que separa una dictadura de una democracia, y
estamos muy alejados de aquellos discursos condescendientes y que llegan
a encontrar argumentos y explicaciones desde un punto de perspectiva
histórica a las dictaduras. No somos partidarios de los dobles
estándares, con lo cual nosotros vamos a aplicar nuestra recomendación,
que es lo que podemos hacer desde el ámbito parlamentario, para que una
política exterior de Estado mantenga, por una parte, las relaciones
diplomáticas con cualquier Estado del mundo y, por otra, exprese de forma
firme y contundente las exigencias de respeto a los derechos humanos y el
derecho humano a vivir en democracia.
Nosotros apoyamos esta iniciativa excelentemente defendida por el diputado
Teófilo de Luis y quiero decir que también nos parece muy acertada la
enmienda del Grupo Socialista. Quizá ha sido bastante distinto el
discurso que ha acompañado la justificación de la enmienda del Grupo
Socialista, pero estamos de acuerdo con la literalidad de la enmienda del
Grupo Socialista. No vamos a entrar en si alguien murió en la celda o en
casa y si esto es un atenuante.
Quiero terminar haciendo referencia a algo que está recogido en la
proposición del Grupo Popular y también en la enmienda de sustitución del
Grupo Socialista. Ambas hacen referencia a la reconciliación del pueblo
de Cuba, y creo que no es una referencia superficial. Algún día -ustedes
han hablado de los cincuenta y dos años de régimen castrista-, y deseo
vivamente que ese día sea cercano, tendremos que afrontar, coadyuvar y
acompañar la reconciliación del pueblo de Cuba.
Termino con un asunto para intentar introducir un poquito de rigor en este
debate. Por sentencia del Tribunal Constitucional en España nadie por
huelga de hambre ha muerto en una prisión, porque es obligación de los
poderes públicos y de las autoridades penitenciarias suministrar la
asistencia sanitaria oportuna para evitar la muerte de una persona que se
declara en huelga de hambre.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Teófilo de Luis, no para reabrir
el debate, sino para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda
del Grupo Socialista.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, sin reabrir debate. Estamos
en conversaciones por si hubiera alguna aproximación posible. Yo he
ofrecido una transacción esta mañana que no ha sido aceptada, pero, en
interés de la libertad de Cuba, continuamos las conversaciones y antes de
votar sabremos algo.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, esperamos que trasladen a la Mesa el
resultado final de las conversaciones a efectos de la votación.
- SOBRE REFORMA DEL SERVICIO EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/000256.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Proposición no de ley sobre reforma del servicio exterior, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para su
defensa el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, como bien han visto esta tarde, esta
Comisión de Asuntos Exteriores ha entrado de lleno en su trabajo de
discusión, deliberación y posterior votación de debates sustantivos de la
política exterior que conciernen a la política exterior española, pero de
forma muy pensada y muy determinada el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió ha querido que la primera iniciativa de esta
legislatura no sea una iniciativa sobre un asunto de política exterior
concreto sino que sea un asunto sobre los instrumentos, sobre cómo
conseguir que la política exterior española sea una política exterior aún
más eficaz en esta legislatura.
Señorías, desde hace treinta y tres años, desde la recuperación de la
democracia, los distintos ministros de Asuntos Exteriores han anunciado
en sede parlamentaria, en el inicio de su mandato, la reforma del
servicio exterior. Este mismo anuncio se produjo por parte del ministro
García-Margallo en su primera comparecencia ante esta Comisión de Asuntos
Exteriores, y para nuestro grupo parlamentario este anuncio es muy
relevante. La exigencia de votar en una primera sesión una proposición no
de ley instando a la reforma del servicio exterior es muy importante para
que, esta vez sí, en esta legislatura podamos afrontar una profunda
revisión del servicio exterior. ¿Por qué? Por distintos motivos,
señorías.
Estos últimos años hemos vivido un fuerte impacto con la llegada de las
nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, una revolución de las
comunicaciones que ha supuesto un cambio en profundidad de las formas de
relacionarnos y también de las formas del comercio internacional. En
segundo lugar, porque el fenómeno de la globalización ha impactado
vivamente también sobre las relaciones internacionales. Evidentemente
hoy, como siempre, tenemos unas dimensiones idénticas del mundo, pero de
forma metafórica podríamos decir que hoy el mundo se nos ha hecho más
pequeño, más asequible, menos lejano y que también tenemos que adaptar
nuestro servicio exterior a esta realidad del mundo que metafóricamente
podríamos decir que se nos ha hecho más próximo, más cercano. En tercer
lugar, señorías, vivimos una crisis económica muy importante que en su
momento fue mundial, pero que ya no es una crisis mundial porque hoy la
economía mundial está creciendo al 4 por ciento, que es una crisis
económica que tiene un especial acento en Europa por algunos problemas en
la integración política, en la integración federal europea.
Es evidente, señorías, que una reforma del servicio exterior español tiene
que ir muy especialmente orientada a favorecer la recuperación económica,
muy especialmente orientada a favorecer la internacionalización de la
economía española para su reactivación. En un momento de crisis, en un
momento de reformas profundas, es el momento de hacer posible y con
coraje algo que no lo ha sido en anteriores legislaturas: una muy
profunda coordinación entre el brazo diplomático clásico de la
Administración española y el brazo de los técnicos comerciales del
Estado. La acción diplomática exterior tiene que estar al servicio de la
defensa de los intereses españoles y de los intereses geoestratégicos
españoles, pero también de la reactivación económica. Estamos en momentos
cambiantes, tenemos que repensar nuestra acción exterior y también -por
qué no- tenemos que repensar el mapa de implantación diplomática y
consular de nuestro servicio exterior. Señorías, no todo es para siempre
ni igual. Existe lo que podríamos denominar la topografía del poder:
países emergentes, países consolidados, países con los cuales tenemos una
relación bilateral muy consolidada porque están dentro de la Unión
Europea y a veces forman parte más de la política interna que de la
política estrictamente internacional. Con estos países evidentemente
tenemos que mantener nuestras relaciones diplomáticas, pero este mapa de
implantación diplomática y consular tiene que tener en cuenta algunos
países emergentes y emergidos en los que nuestra presencia es escasa.
Haré referencia solo a dos áreas geográficas: en el Cáucaso, en Georgia,
y en Azerbaiyán, en Armenia, países hoy muy distintos de hace unos años,
España no tiene ningún tipo de representación diplomática directa y la
debería tener; en Camboya y en otros países del sudeste asiático España
no tiene ningún tipo de representación diplomática y la debería tener.
Por todo ello somos partidarios de la racionalización del mapa de
implantación diplomática y quizá -y esto lo veremos muy pronto con la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año- esta
racionalización vendrá acompañada del cierre de algunas legaciones y de
la apertura de otras. Nosotros estamos absolutamente abiertos a esta
mentalidad de reforma en profundidad. Estamos abiertos también a algo que
en estos momentos se está viviendo en otros países de la Unión Europea:
el fomento en el ámbito del cuerpo diplomático del uso de las nuevas
tecnologías y, si me permiten, ha causado una cierta controversia con
algunos portavoces el hecho de que no hayamos hecho referencia a una
expresión en inglés, el laptop ambassador y la smart diplomacy. Yo no sé
si tenemos que estudiar o implantar directamente los embajadores que con
nuevas tecnologías y con trabajo por objetivos se mueven por distintos
países. Esto, por ejemplo, ha sido posible en Italia con el nuevo
Gobierno del primer ministro Mario Monti y con el nuevo ministro de
Asuntos Exteriores, que ha impulsado a estos jóvenes diplomáticos
abocados al trabajo por objetivos en nuevas zonas emergentes. Les quiero
recordar que en los últimos años ha habido unas promociones muy
importantes de la Escuela Diplomática, que, de acuerdo con las normas,
estos nuevos diplomáticos no pueden permanecer más de dos años en la sede
central del Ministerio de Asuntos Exteriores y que muchos de estos
jóvenes diplomáticos en cuestión de meses están pendientes de nuevo
destino. Precisamente es una gran oportunidad para que el nuevo destino
sea acorde con esta nueva forma de entender la diplomacia inteligente, la
diplomacia audaz, la smart diplomacy. Finalmente tenemos que dotar las
misiones diplomáticas de las competencias y de los medios para colaborar
con la internacionalización empresarial.
Por último -punto número 2 de esta proposición no de ley-, el inicio de
esta legislatura es el momento de revitalizar el Consejo de Política
Exterior. Creo que en este nuevo impulso del Consejo de Política Exterior
es relevante el papel de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y que
las deliberaciones y las aportaciones de estas comisiones, del presidente
de la Comisión, de la Mesa y de los portavoces deben ser oídas en el
Consejo de Política Exterior, siendo como es la política exterior, de
acuerdo con la Constitución, una competencia exclusiva del Ejecutivo,
pero siendo también una realidad que en los últimos años hemos conseguido
e impulsado una parlamentarización de la política exterior.
Termino. Se han presentado dos enmiendas que desde el punto de vista del
grupo proponente son perfectamente armonizables y encajables con nuestra
propuesta inicial. Quiero agradecer al Grupo Popular y al Grupo
Socialista el interés expresado por esta iniciativa con la presentación
de dichas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas, una presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Vamos a ver si conseguimos que esto no se
convierta también en un clásico de esta Comisión, en el sentido negativo,
por supuesto. Es decir, vamos a ver si conseguimos en esta legislatura -y
yo creo que incluso al inicio de la legislatura- una ley del servicio
exterior. La situación favorable la tenemos. El Gobierno está trabajando
muy activamente, vamos a tener un anteproyecto de ley muy próximamente en
la Cámara que podremos debatir, pero sería una buena muestra de la
capacidad de eficiencia en el trabajo y de contribución a una visión más
a largo plazo de la política exterior que esta Comisión fuera capaz de
generar un amplio consenso en torno a este anteproyecto de ley. Y no solo
eso, sino que como plantea la propia proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán, al que agradezco esta iniciativa, a la que nos
sumamos y con cuyo texto coincidimos casi al cien por cien, que en torno
a ese debate generemos una política de Estado sobre los puntos
principales, básicos, fundantes de nuestra política exterior. Creo que es
una gran oportunidad que tenemos en estos momentos. Hemos podido ver a lo
largo del debate de esta tarde cómo es posible llegar a acuerdos y
alcanzar consensos incluso con grupos que inicialmente podrían estar
alejados de nuestras posturas como grupo mayoritario, y en general con
todos los grupos representados en esta Comisión y en la Cámara. Podemos y
debemos identificar claramente cuáles son los intereses de la política
exterior española y podemos y debemos generar consenso en torno a unos
valores que nos son propios a todos los grupos: la defensa y promoción de
los derechos humanos, la defensa y promoción del Estado de derecho, la
defensa de la economía social de mercado, el compromiso claro por el
multilateralismo, por la mejora de la gobernanza mundial, por la eficacia
de los organismos y de las organizaciones internacionales, esa proyección
de valores que nos son comunes, los valores de la democracia, los valores
de Europa. Podemos generar consenso, como digo, y tenemos esa gran
oportunidad en la mano. La proposición no de ley del Grupo de
Convergència i Unió habla de la modernización de los instrumentos de la
política exterior y ese es el objetivo principal del anteproyecto de ley
que próximamente llegará a la Cámara. Es evidente que en estos momentos
la política exterior tiene un marco absolutamente distinto de lo que era
la diplomacia clásica o de la que ha sido incluso la política exterior
hasta los años setenta u ochenta. Nos encontramos con tres grandes
fenómenos: en primer lugar, la globalización, sin ninguna duda, lo que
ello supone de simbiosis entre lo exterior y lo interior. Eso implica que
todas las políticas domésticas tienen una dimensión internacional, eso
implica que todas las políticas y acciones exteriores tienen una
dimensión interior, es parte del fenómeno de la globalización, también
parte de la mundialización en su sentido, como decía, de expansión del
ámbito exterior hacia lo interior.
Paralelamente a la globalización, fenómeno que nos atañe muy directamente,
existe la europeización; la europeización tiene muchas dimensiones, tiene
una dimensión ascendente, tiene una dimensión descendente, ya no podemos
hablar de muchas áreas dentro del marco europeo como política exterior
tradicional, son ya, en gran medida, política interior. Tenemos ese gran
desafío de identificar cómo debe de ser la coordinación de nuestra
política exterior con la política exterior europea, con el emergente
servicio exterior europeo. Todo eso son desafíos que están encima de la
mesa a los que esta Comisión debe responder. Ello implica más órganos y
cauces de coordinación; ello implica poner en primer lugar la dimensión
económica y la salida de la crisis económica en estos momentos; ello
implica la adaptación tecnológica a la cual se hace muy merecidamente
referencia en la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió;
ello implica una racionalización del mapa diplomático y consular con los
cierres y aperturas a los que ya en alguna ocasión el propio ministro
aquí y en otras comparecencias y declaraciones públicas se ha referido,
incluso con detalles muy concretos; implica la solución del tema de la
sede, en la cual el propio ministerio en estos momentos está muy
implicado, la mejora de los instrumentos materiales, la creación, en su
caso, de un grupo de funcionarios de escala B, como se propone también en
algún momento. Y supone, sobre todo, la adecuación a las nuevas formas de
diplomacia, la diplomacia cultural, económica, a la que he hecho mención,
esa integración tan complicada al parecer entre técnicos comerciales y
diplomáticos, o por lo menos algún tipo de coordinación y de mayor
vinculación sobre la cual debemos llegar a algún tipo de solución y, por
supuesto, las diferentes formas de diplomacia
pública, que no es otra cosa más que una consecuencia de la
democratización de la diplomacia clásica, de la política exterior, con
una cada vez mayor participación de la sociedad civil en sus diferentes
ámbitos y de iniciativas y propuestas público-privadas en el ámbito de la
acción exterior. Europeización, globalización, dimensión económica,
nuevas formas de diplomacia, adaptación tecnológica, todo ello dentro de
ese marco de modernización al que se hace referencia en la proposición no
de ley sobre la reforma del servicio exterior.
Creo que debemos ser más ambiciosos e intentar esos consensos en política
de Estado sobre la base de intereses y valores en regiones y en
cuestiones transversales, y podemos llegar a esas políticas de Estado en
Europa en gran parte de los países iberoamericanos, en relación con
Estados Unidos, en relación con el Magreb y el mundo árabe, en relación
con el conflicto palestino-israelí, en relación con Asia, en particular
China e India, y, como decía, en otra serie de cuestiones transversales
que sean una respuesta eficaz frente a las amenazas globales a la
seguridad y también a nuestra posición geoestratégica.
Por tanto, nuestro grupo apoya esta proposición no de ley del Grupo de
Convergència i Unió con esa pequeña matización de cambiar el tema del
laptop ambassador por una progresiva incorporación de los medios
tecnológicos y, por otro lado, proponemos al resto de los grupos de la
Cámara que trabajemos a lo largo de estos meses inmediatos -y no quiero
decir que no se haya trabajado antes y muchísimo- en una ley del servicio
exterior, y no hace falta más que ver los sucesivos intentos,
subcomisiones, propuestas, proyectos, todo tipo de trabajos previos ya
realizados que pueden ser útiles y eficaces. Lanzamos de nuevo esa oferta
de intentar en los próximos meses lograr lo que quizás otros gobiernos
con la misma buena intención no han conseguido. Vamos a ver si esta vez
es posible.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
para cuya defensa tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Nosotros vamos a apoyar esta
proposición no de ley cuyo punto central es la reforma del servicio
exterior. Es una proposición no de ley que en su redacción tiene aspectos
genéricos y otros quizá excesivamente concretos, pero apuesta claramente
por una reforma del servicio exterior y por que un instrumento clave de
esa reforma sea una ley, que es sin duda el instrumento más poderoso, el
más parlamentario, el que más tiene que ver con el Poder Legislativo, que
por eso se llama así. Hemos presentado enmienda -me alegro que el Grupo
de Convergència i Unió haya manifestado su aceptación- que tiene que ver
con la importancia de la política exterior europea y con la imbricación
de nuestro servicio exterior dentro de la política exterior y de
seguridad común europea.
El servicio exterior y su reforma ha tenido presencia en la vida política
española en los últimos años, yo diría que esencialmente en el siglo XX,
cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro viejo servicio exterior
tiene que acomodarse a las nuevas circunstancias. Recuerdo un discurso
muy interesante del entonces ministro de Asuntos Exteriores, el señor
Piqué, en la Escuela Diplomática en el año 2001 sobre la necesaria
modernización del servicio exterior; después, durante los gobiernos
socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, se ha ido
avanzando en este objetivo. Saben ustedes perfectamente que en esta
Comisión se produjo toda una serie de comparecencias en una subcomisión
que empezó un 23 de febrero del año 2005, con la presencia del ministro
Moratinos, que ya habló en aquel momento de la importancia de una ley, y
que acabó un 26 de abril, y que simultáneamente vio la luz un informe de
una comisión interministerial que trabajó también en este asunto, un
informe que tiene fecha de 20 de junio de 2005, que hace hincapié en la
falta de coordinación y que señala las insuficiencias del servicio
exterior de España. Esto dio lugar también -y quiero recordarlo- a un
acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006 en donde ya
se avanzaron algunas reformas del servicio exterior. Desde luego, en la
anterior legislatura se produjeron diversos debates en esta Comisión con
motivo de la presentación de proposiciones no de ley y últimamente, como
se ha dicho, el ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo, ha
planteado de nuevo esta reforma del servicio exterior y ha planteado
también de nuevo la conveniencia de una ley, que es lo que recoge la
proposición no de ley de Convergència i Unió. Creo que es una buena
oportunidad para hacerlo porque -y sobre todo por ello- en los últimos
años ha habido una aceleración de los cambios en la política
internacional, en los cambios geopolíticos, primero porque se han
consolidado tendencias que ya venían produciéndose y que han sido citadas
por el señor Xuclà y por el señor Beneyto: la mundialización, la
interdependencia aún no controlada entre Estados que ha producido,
aspectos positivos y negativos de esa mundialización, con desequilibrios
muy importantes en el ámbito, por ejemplo, del medio ambiente que afectan
también a la seguridad, con el surgimiento de los llamados países
emergentes que son más bien países emergidos, con una gran presencia en
el escenario internacional y con fenómenos absolutamente nuevos e
inesperados que todavía hacen más necesaria esa propuesta de una reforma
del servicio exterior.
Yo destacaría sobre todo los siguientes. En primer lugar -también se ha
citado-, la crisis económica. Es un cambio de primera magnitud no
solamente en el mundo económico, sino en el mundo político. La economía
se ha convertido ya en un gran desafío de la política internacional y de
la política exterior. En segundo lugar, hay un desplazamiento indudable
del centro de gravedad geopolítico del planeta hacia Asia, con la
aparición de nuevas potencias como es el caso de China o India, a las que
ha afectado mucho menos que al mundo occidental la crisis económica y que
ha influido en países
tan importantes para la política internacional europea o española como
Estados Unidos, como la reciente definición de Obama sobre su país de una
potencia del Pacífico. En tercer lugar, existe una transformación del
mundo arábico espectacular, que se produce con esto que se ha llamado la
Primavera Árabe, que no se ha consolidado todavía, pero que tuvo su
explosión a finales del año 2010 y que significa tendencias de larga
duración que van a afectar a un rediseño geopolítico en el Magreb y en
Oriente Medio y que consolidan al Mediterráneo como un gran factor de
referencia trascendental y estratégica para la política exterior de
Europa y España. Pero también tiene su aspecto más negativo, por ejemplo,
con la crisis de la proliferación nuclear que se expresa ahora mismo en
el problema que hay respecto a Irán.
También tenemos que situar en estos nuevos acontecimientos la aparición de
nuevos factores y nuevos actores en la política exterior más allá de los
Estados, y uno de ellos es -y esto es, sin duda, una novedad fundamental
que hace imprescindible enfocar esa reforma definitivamente- la aparición
de un actor que quiere ser global con elementos institucionales
fundamentales, que es la Unión Europea. La Unión Europea plantea en el
Tratado de Lisboa -que está en vigor desde finales de 2009- la aspiración
a una política exterior común de la Unión Europea y a una defensa
europea, que es compatible, para los países que pertenezcan a ella, con
la Alianza Atlántica. Es un tratado -quiero recordarlo también- que
establece una cláusula de defensa mutua europea y que además establece
una cláusula de solidaridad frente a catástrofes o ataques terroristas;
una política de defensa europea que ha tenido ya su reflejo en algunas
misiones importantes. Desde el año 2003 hay veinticuatro misiones dentro
de la política de seguridad común europea.
No cabe duda de que todo esto es un cambio esencial que afecta a nuestra
política exterior y también a la europea y que nuestro servicio exterior
no está lo suficientemente adaptado a ello. Eso es lo que hay que
reconocer y por eso me parece que estas causas son las fundamentales para
abordar esta reforma del servicio exterior, que no está adaptado para las
transformaciones que he señalado, pero tampoco para los desafíos
comerciales que tienen Europa y España. Europa es la primera potencia
comercial del mundo. A veces, con esto que se ha puesto de moda del
declive europeo, se olvida que Europa es la primera potencia económica en
PIB del mundo y que el 7 por ciento de la población mundial, que es
Europa, produce el 25 por ciento del PIB mundial. Tampoco está lo
suficientemente preparado para la dimensión cultural de nuestros
intereses nacionales, para la defensa en todos los ámbitos y aspectos de
nuestros conciudadanos y para integrar y articular estos nuevos actores.
Señalaba el señor Beneyto la importancia de la sociedad civil en la acción
exterior, en organizaciones no gubernamentales, en empresas y entidades
institucionales en nuestro país, como es el caso de las comunidades
autónomas, el caso de los ministerios, y no solo el Ministerio de Asuntos
Exteriores, que desarrollan también acción exterior y que requiere una
coordinación, así como una flexibilidad en la acción diplomática. Por eso
está bien que se plantee esta reforma, está bien que se plantee una ley.
Nosotros entendemos que es importante completar esta proposición no de
ley con una referencia a la política exterior y de seguridad común
europea y con una referencia al Servicio Europeo de Acción Exterior. Esa
reforma de la acción exterior tiene que tener en cuenta...
El señor PRESIDENTE: Ruego vaya acabando, señor López Garrido, por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Termino, señor presidente.
El Servicio Europeo de Acción Exterior está terminándose de estructurar.
Uno de los acontecimientos más destacados de la Presidencia española de
la Unión en el año 2010 es el acuerdo sobre el lanzamiento de un Servicio
Europeo de Acción Exterior. Por eso es por lo que, una vez que en los
años 2010 y 2011 se ha terminado de estructurar ese Servicio Europeo de
Acción Exterior, la ley futura, que espero que venga pronto a esta
Cámara, pueda contemplar con más precisión la relación con ello, y a esto
nos referimos en nuestra enmienda.
Señalo, por último, que saludamos las palabras del señor Beneyto sobre la
necesaria asociación del Parlamento a esta reforma del servicio exterior
y esperamos que se establezcan los cauces oportunos en esta Comisión para
que eso sea posible y desemboque y culmine, como dice la proposición no
de ley, en una ley sobre el servicio exterior.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Diré solo unas palabras para explicar por qué
vamos a votar en contra. Naturalmente, mi grupo no pretende abolir el
punto de vista de Convergència i Unió, pero es que es el punto de vista
de un partido nacionalista y entendemos que la política exterior es
competencia exclusiva del Estado y no se debe abordar -y menos una
reforma del servicio exterior- desde este punto de vista, desde esta
lógica nacionalista, que viene a ser algo así como lo de todos lo
gobernamos a medias y lo nuestro lo gobernamos nosotros solos.
¿En qué se refleja en el contenido concreto de la proposición no de ley
este punto de vista nacionalista? En que obvia, en que olvida uno de los
aspectos en esta época de restricciones y de ajustes -no solamente por
cuestiones económicas, sino también por una cuestión de racionalizar
todos los medios exteriores de que dispone el Estado- y es que no se hace
la menor mención
al asunto de la duplicidad en embajadas, oficinas comerciales, etcétera,
de las comunidades autónomas y del Estado central, que a nosotros nos
parece que debería ser la médula espinal o al menos el primer aspecto que
se abordara en una reforma del servicio exterior de este tipo.
Nos llama la atención que en las enmiendas presentadas tanto por el Grupo
Popular como por el Grupo Socialista, que tienen otro punto de vista del
conjunto del Estado, no se haya incluido este asunto. En todo caso, tal y
como queda el texto, mi grupo no lo apoya.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario ha presentado hace pocas
semanas también una proposición no de ley de reforma integral del
servicio exterior del Estado, en unos términos bastante distintos de la
proposición no de ley que hoy ha defendido el Grupo de Convergència i
Unió. Desde nuestro punto de vista, el servicio exterior de la
Administración General del Estado lleva décadas sometido a una situación
de desregulación interesada por parte de la Administración. Además, donde
existía una regulación unilateral, por imperativo legal, como era el caso
de los funcionarios, la negociación colectiva específica ha sido
prácticamente inexistente, a pesar de la insistencia de los sindicatos
con presencia en el exterior. Hoy las necesidades principales son que se
ponga en marcha la comisión técnica del acuerdo firmado con el anterior
Gobierno hace ocho meses para conseguir las relaciones de puestos de
trabajo del personal laboral, que se convoquen de forma inmediata las
elecciones sindicales para el personal laboral en el exterior o que se
regule un procedimiento para la aplicación del régimen sancionador para
acabar con las múltiples arbitrariedades en la gestión. Nuestro grupo
parlamentario está totalmente de acuerdo con el concepto de servicio
diplomático integral y, por tanto, pensamos que es un debate que, con la
propuesta de ley que pronto el Gobierno nos ha prometido tramitar en el
Parlamento, vamos a poder discutir de forma amplia.
A pesar de todo ello, vamos a apoyar la iniciativa del Grupo de
Convergència i Unió, porque es una propuesta muy interpretable, que será
interpretada en el marco del debate de la futura ley y, cuando llegue la
ley, discutiremos a fondo y de verdad cómo debe caracterizarse esa
reforma integral del servicio exterior. Por tanto, la petición de una ley
es fundamental, es un compromiso también del Gobierno, y estamos de
acuerdo. Sin embargo, hay aspectos como la petición que hace Convergència
i Unió de reformas profundas en la política de personal, tanto
funcionario como laboral, que depende cómo se mire estaríamos de acuerdo
en algún sentido; a lo mejor no estamos de acuerdo en cuáles serían esas
reformas profundas, pero eso, por supuesto, más que decirlo o aclararlo
hoy en la discusión de esta proposición no de ley, lo haremos cuando
llegue la ley. Por consiguiente, votamos a favor de la propuesta y
seguiremos discutiendo.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene la palabra a efectos de
pronunciarse sobre la admisión de las enmiendas del Grupo Popular y del
Grupo Socialista.
El señor XUCLÀ I COSTA: Este grupo parlamentario, con treinta y tres años
de presencia en estas Cortes Generales y de participación también en la
política exterior, gustosamente acepta las aportaciones del Grupo Popular
y del Grupo Socialista a las enmiendas planteadas que se integran en la
transaccional que haremos llegar a la Mesa.
- RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LA MINURSO PARA ACTUAR SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000288.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto
6.º: proposición no de ley relativa a la autorización de la Minurso para
actuar sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental, del Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el mes que viene, como todos los
meses de abril desde que la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas acordara, hace ya veintiún años, la creación de la
Minurso, las Naciones Unidas volverán a analizar la situación del Sáhara
Occidental y a decidir sobre la prórroga o no de una misión que se creó
para organizar un referéndum y que no solo no ha conseguido dar
cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que año tras año se ve
en la tesitura de afrontar, sin instrumentos adecuados para ello, los
retos que el transcurso del tiempo está planteando a la comunidad
internacional en esta antigua colonia española entre los que se
encuentran, sin duda alguna, el de la defensa y salvaguarda de los
derechos humanos.
Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental, me refiero a la
Resolución 1979 de 2011, pide al secretario general que presente su
informe de situación bastante antes de que finalice el periodo del
mandato -la frase es literal-, lo cierto es que el mandato finaliza el
próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna de
este informe, con lo que parece evidente que no será posible que esté
disponible bastante antes. En cualquier caso, nadie duda de que cuando el
informe llegue prestará una atención especial al capítulo de los derechos
humanos, entre otras cosas, porque en esta ocasión el secretario general
ha sido expresamente emplazado por el Consejo de Seguridad
para que examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la
Minurso y el informe del año pasado ya lamentaba el hecho de que la
misión careciese de un mandato específico sobre los derechos humanos que
le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían
sido presentadas durante el año precedente. Se trata de una grave laguna
puesta de manifiesto por el informe del secretario general que resulta
más lacerante aún si se tiene en cuenta que la oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tampoco goza de presencia
en el territorio.
Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo
específico sobre los derechos humanos en su plan sobre el Sáhara
Occidental. No estoy hablando de una reivindicación novedosa, soy
consciente de ello; hace ya años que las organizaciones no
gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos vienen
reclamando el establecimiento de un mecanismo específico en esta línea
para el caso del Sáhara Occidental. Pero el caso de Aminatu Haidar, que
dio la vuelta al mundo, y sobre todo los gravísimos sucesos que se
registraron con ocasión del violento desalojo del campo Gdeim Izic, a 15
kilómetros de El Aaiún, han puesto de manifiesto con más claridad si cabe
que en cualquier otra época anterior la gravedad de la situación y la
necesidad de actuar con eficacia y rapidez, con el fin de poner coto al
desamparo de una población que, pese a encontrarse bajo el alto tutelaje
de las Naciones Unidas, está sufriendo gravísimas violaciones de derechos
humanos sin la protección de un sistema establecido para impedirlo.
Es conocido, señorías, que el Reino de Marruecos se ha apresurado a
formular una propuesta con el fin de evitar la internacionalización del
respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, pero, no nos
engañemos, esa fórmula es claramente insuficiente, el Consejo nacional de
derechos humanos creado por el Gobierno marroquí, con la promesa de que
actuará en conexión con los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, no ofrece garantía alguna, no constituyen hoy por hoy
una opción fiable y solvente. Es preciso actuar con más ambición y dotar
por ello a la Minurso de un sistema propio y específico de derechos
humanos para el Sáhara Occidental. Solo de esta manera puede
garantizarse, a juicio de mi grupo parlamentario, un nivel satisfactorio
de respeto y de protección.
El respeto a los derechos humanos, señorías, no es algo ajeno a la paz y a
la seguridad internacionales, las Naciones Unidas vienen insistiendo con
una intensidad creciente en la necesidad de establecer una estrecha
relación entre ambos. Por ello, y hasta que no sea posible vislumbrar un
acuerdo de fondo que permita dar una solución definitiva y justa al
conflicto del Sáhara Occidental, resulta necesario adoptar medidas que
contribuyan a humanizar esta fase que podíamos calificar de transitoria.
En el caso que nos ocupa, la falta de resolución del problema de fondo,
mediante el efectivo ejercicio del derecho de autodeterminación por parte
del pueblo saharaui, constituye en sí misma una flagrante violación de
los derechos humanos. Así lo hizo notar hace seis meses el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero tampoco es
cuestión, señorías, de que el hecho de que no podamos impedir que se
produzcan algunas violaciones de derechos humanos nos lleve a descuidar
lo que sí podemos hacer para impedir que se produzcan otras violaciones
no menos graves y no menos preocupantes, y el camino más efectivo por el
que hoy podemos empezar a caminar con el fin de evitar esas violaciones
de derechos humanos es la ampliación de la Minurso mediante la creación
de un mecanismo específico de protección de derechos humanos en el Sáhara
Occidental. En la pasada legislatura la Cámara lo solicitó en repetidas
ocasiones y este es, señorías, el momento para plantearlo, antes de que
se reúna el Consejo de Seguridad, como todos los meses de abril, para
abordar el problema del Sáhara Occidental y con la antelación suficiente
para que el Estado español, que no es miembro del Consejo de Seguridad
pero sí es miembro de la Unión Europea y del Grupo de amigos del Sáhara
Occidental, despliegue sus redes diplomáticas a fin de crear las
complicidades necesarias para dar respuesta a una situación que resulta
ya insostenible.
Señorías, hay una enmienda del Grupo Parlamentario UPyD que no vamos a
aceptar, porque creemos que, en primer lugar, no hace una aportación
realmente cualitativa a la propuesta registrada; el texto original habla
del Sáhara Occidental, lo que incluye evidentemente a todo él, a unas
partes y a otras, a todas. Y, en segundo lugar, pretende incorporar al
texto locuciones y expresiones extrañas al lenguaje de las propias
Naciones Unidas que más que aclarar creo que oscurecen.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda de UPyD tiene la
palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: La proposición no de ley que presenta el PNV mi
grupo la suscribe íntegramente. Nuestra voluntad al presentar esa
enmienda era precisar; efectivamente, no era un cambio cualitativo, sino
una precisión casi en términos geográficos, que, por lo que veo, ha
conseguido el efecto contrario, según acaba de explicar el señor
Erkoreka. Así que no tenemos ningún problema, apoyaremos en cualquier
caso la proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren hacer uso de la
palabra? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Mixto se reparte el tiempo entre
tres portavoces.
El señor CORTIZO NIETO: Soy socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Usted es socialista? Perdone usted. Me confundió la
ubicación. Le había hecho canario. (Risas.)
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervendré muy brevemente para agradecer la
iniciativa del Partido Nacionalista Vasco y la posibilidad de que podamos
debatir sobre este tema, de la misma manera que también agradezco la
iniciativa que hemos visto en tercer lugar, que defendió la diputada
Lozano de UPyD. La mayor virtualidad que hoy podemos hacer sobre este
asunto es al menos ponerla en el orden del día y en el foco de la
actualidad política de esta Cámara y de alguna manera también renovar
nuestro compromiso con una solución justa y razonable en el conflicto del
Sáhara, porque -y otros intervinientes lo han dicho- se trata de un
conflicto político enquistado, paralizado, bloqueado podría decirse, y en
todo caso fuera del orden del día de cualquier tipo de reunión, de
cualquier órgano representativo de la comunidad internacional. Es verdad
que nosotros tenemos una responsabilidad histórica y una afinidad real
con el pueblo saharaui.
Quisiera en la medida de lo posible llamar a los grupos para que
pudiéramos consensuar aquellas cuestiones sobre esta materia que afectan
al futuro del pueblo saharaui. Quiero pedirle al ponente de esta
iniciativa como a la ponente de la anterior iniciativa, la tercera, que
busquen, que intenten ese consenso para poder llegar a acordar una
posición común. Y, en todo caso, quiero decir en mi nombre que apoyaremos
esta proposición del PNV sobre la ampliación de las misiones de la
Minurso en relación con el control del respeto de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: El señor Iñarritu tiene la palabra.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a votar a favor de esta proposición,
ya que, por un lado, es una continua reclamación tanto de los
representantes saharauis como de las ONG que trabajan en este ámbito. Y,
por otro lado, porque es lógica, ya que, si el mismo Consejo de Seguridad
reconoce que hace falta mejorar los derechos humanos en la región, quién
mejor para verificar su evolución que los cascos azules, que en su labor
de peace keeping pueden verificar la paz y también los derechos humanos.
Por ello, y por la responsabilidad histórica que tiene España, instamos a
que el Gobierno lidere esta reclamación en el ámbito de las Naciones
Unidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene
la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la
propuesta del Grupo Parlamentario Vasco. Creemos que ya el fondo del tema
en cuestión lo hemos discutido en la proposición no de ley anterior
presentada por Unión Progreso y Democracia, pero sin duda queda claro que
en este momento la ocupación marroquí del territorio del Sáhara
Occidental ha provocado una situación en el pueblo saharaui realmente
angustiosa. Hay un deterioro profundo de distintos derechos humanos,
derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales y derechos
políticos, tanto en el Sáhara Occidental como en el territorio argelino,
donde hay campamentos de hombres y mujeres saharauis. Por tanto, nosotros
defendemos una acción más ejecutiva, por supuesto por la vía diplomática,
de Naciones Unidas y pensamos que las tareas de la Minurso adjudicadas en
su día por el Consejo de Seguridad deberían incluso ser ampliadas hasta
que el conflicto tenga vías de solución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, intervengo muy brevemente para
expresar nuestro apoyo a esta acertada iniciativa del Grupo Vasco, que va
en la línea de algunas discusiones y votaciones que tuvimos en anteriores
legislaturas sobre la importancia de incorporar también en el mandado de
la Minurso la observación del cumplimiento de los derechos humanos. No
voy a entrar en el fondo del asunto del Sáhara, sobre el cual hemos
discutido en otro punto del orden del día. Ciertamente, cada año en el
mes de abril hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el debate
sobre la renovación del mandato de la Minurso, por lo cual es muy
oportuno expresar ahora, en el mes de marzo, esta posición, que será una
posición parlamentaria y espero que también sea -porque esto sería una
novedad- una posición gubernamental.
Finalmente, quiero decir que este grupo parlamentario se siente muy
aligerado viendo que no se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia, que habría introducido un texto que
seguramente complicaría la acción exterior del Estado en la
reivindicación de esta justa causa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, intervengo también muy
brevemente ya que la posición de mi grupo en cuanto al fondo del asunto
ya fue expresada en la proposición anterior sobre el Sáhara por la
diputada señora Pozuelo. Por tanto, solo haré un par de apuntes y una
precisión previa. Anteriormente, el señor presidente me preguntaba: ¿Es
usted socialista? Sí, pero lo correcto sería pertenezco al Grupo
Socialista. Soy socialista, socialdemócrata para ser más claro, que en
estos tiempos -en estos tiempos de economía convulsa- es muy necesario.
La situación de los derechos humanos en el Sáhara es obvio que es
lamentable y escandalosa. Es una obviedad que exime de un relato
pormenorizado, pero que sí debe hacer hincapié en no olvidar la
situación. Por tanto, el Grupo Socialista va a apoyar sin ningún matiz la
propuesta del Grupo Vasco. Y quiero señalar al respecto una
cuestión. Antes se habló de la diplomacia inteligente, al hablar de la
reforma del servicio exterior. Está claro que en el caso del Sáhara la
diplomacia no debe haber sido muy inteligente a lo largo de los años.
Debe haber sido más hipócrita que inteligente y, si no, no habrían pasado
tantos años a pesar de ese marco de diálogo que ya parece que se empieza
a pudrir.
Acabo señalando el sarcasmo que supone hablar del respeto de los derechos
humanos en los campamentos de refugiados de Tinduf cuando el mero hecho
de ser refugiados implica ya que hay derechos que no serán respetados
mientras esa condición de refugiados persista. En todo caso, y aunque por
ser nuevo en esta Cámara no tengo la sensación de clásico sobre este
tema, para los observadores ajenos a esta Cámara el clasicismo del mismo
empieza a parecer esperpéntico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Al igual que el resto de intervinientes no
quiero ser reiterativa ni redundante en las cuestiones que ya se han
comentado al respecto de la proposición de UPyD, pero sí me gustaría
hacer alguna consideración al respecto.
El Grupo Parlamentario Popular valora positivamente las reformas
democráticas emprendidas recientemente por el Reino de Marruecos y en
particular la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Desde
este grupo nunca denostaremos a un país por considerar que sus avances
emprendidos en esta materia son insuficientes, sino que invitaremos a
seguir por este camino reformista, y alentaremos, cómo no, la
consolidación de dichos avances. Sin embargo esto no es óbice para que
-al igual que la mayor parte del Grupo de amigos del Sáhara Occidental-
este grupo parlamentario sea partidario de la introducción en el mandato
de la Minurso de mecanismos de supervisión de los derechos humanos en el
territorio de su competencia. Por este motivo vamos a apoyar la
proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco.
Sin duda es necesaria una tutela mientras el conflicto se resuelve,
mientras se produce la solución definitiva del conflicto, y qué mejor que
sea la Minurso, qué mejor que dicha tutela se haga a través de Naciones
Unidas, básicamente por dos cuestiones. Como bien decía el señor
Erkoreka, en primer lugar, porque la mayor parte de las misiones de
Naciones Unidas de estas características tiene encomendadas estas tareas
de oficio, y en segundo lugar, porque creo que es conveniente encomendar
dicha responsabilidad a un organismo internacional que sea aceptado por
ambas partes y que en su trabajo no predisponga a ninguna de ellas hacia
una sensación de parcialidad que, de alguna manera, en vez de favorecer
la solución del conflicto, podría tender a su agravamiento.
Sin nada más que añadir, reitero los argumentos que se han dado con
anterioridad, y le digo al señor Erkoreka que vamos a apoyar su
proposición.
- SOBRE PROTECCIÓN DE LIBERTADES Y DERECHOS EN EGIPTO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000321.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Proposición no de ley sobre protección de libertades y derechos en
Egipto, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la
palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario
traigo a esta Comisión para su defensa la proposición no de ley sobre
protección de las libertades y derechos en Egipto. Quiero dar las gracias
-para que conste en el "Diario de Sesiones" sobre todo- en primer lugar a
las organizaciones no gubernamentales que han trabajado decididamente
sobre los derechos humanos, su protección, y la protección de las
libertades, especialmente a Amnistía Internacional, Solidaridad
Internacional, y Human Rights Watch, que sigue la situación muy de cerca
y día a día.
Probablemente el eterno axioma de saber qué es lo que debemos hacer y no
hacerlo es la verdadera responsabilidad de todos nosotros. Es a partir de
ahí donde la situación de Egipto nos interpela a todos nosotros. La
cercanía con los procesos de transición democrática de los países
ribereños del sur del Mediterráneo y en concreto de Egipto despertó en
todos nosotros quizá demasiadas esperanzas de conseguir un cambio
político rápido -y esto, la democracia, nunca es rápido- basado en los
valores democráticos, en el respeto a los derechos humanos y en el ansia
de alcanzar la justicia social, mejores condiciones de vida y bienestar
para todas sus poblaciones.
Hace justo un año esta Cámara aprobaba una declaración institucional, por
consenso, comprometiéndonos a acompañar los procesos de cambio por los
que se luchaba en ese momento en Egipto y en la plaza Tahrir. Ni la
Revolución del 25 de enero, ni el derrocamiento del ex presidente Hosni
Mubarak -hace prácticamente un año- ni las elecciones de noviembre y
diciembre del año pasado han supuesto el levantamiento del estado de
emergencia que regía en Egipto desde 1981, y tampoco han servido para
restaurar las libertades básicas. El Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas en todo el proceso de transición ha venido restringiendo los
derechos humanos arbitrariamente, y ante las recientes críticas y
movimientos sociales este consejo ha ido cercenando la capacidad de las
organizaciones locales y de sus apoyos internacionales, a pesar de la
Declaración constitucional del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas del
pasado marzo de 2011. Las líneas rojas se mantienen en un clima de
hostigamiento a los derechos
humanos, fundamentalmente a las organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de ellos, a las de desarrollo y a las mujeres.
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mi grupo quiere
hacer especial hincapié en este tema, en las mujeres. Lo cierto es que la
victoria en las elecciones de los Hermanos Musulmanes parece apuntar a
que no es la libertad de conciencia, y por supuesto la de las mujeres, su
principal prioridad. Asimismo los intereses de los Hermanos Musulmanes y
los de la élite militar son contradictorios. No olvidemos que el ejército
egipcio, el ejército panárabe más grande de toda la zona tiene y sigue
teniendo un peso fundamental en la transición democrática en este país.
Ante esta situación esta proposición no de ley intenta responder
humildemente, porque sabemos hasta dónde se puede llegar, a principios
básicos de respeto a los derechos humanos, y en concreto y de una forma
muy importante al de las mujeres. Son menos de 10 representantes en una
Cámara de 500 electos, y al menos 100 mujeres se han visto sometidas en
los últimos seis meses a los llamados tests de virginidad por parte de la
policía egipcia. Por todo ello esta PNL tiene tres puntos que abarcan la
defensa de los derechos humanos, el derecho de las organizaciones no
gubernamentales locales que vienen trabajando en cooperación al
desarrollo para que sean protegidas en su quehacer diario.
Termino como empecé. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad; sabemos
hasta dónde puede llegar una humilde Comisión de Asuntos Exteriores, por
más que aquí tenga mucha importancia. Su mano no es muy larga, pero
humildemente queremos contribuir -y si pudiera ser por consenso, mejor- a
que quede contemplado que esta Cámara y sus diputados y diputadas están
preocupados por el devenir del pueblo egipcio.
Quiero decir que el Partido Popular ha presentado una transaccional que a
nuestro modo de ver es técnica y que por tanto no vulnera para nada...
El señor PRESIDENTE: Una de cuatro puntos.
La señora BLANCO TERÁN: Sí son cuatro puntos muy técnicos a esta
proposición no de ley. Al ser técnicos y no vulnerar el espíritu de esta
proposición no de ley los asumimos. Por tanto con esto termino.
El señor PRESIDENTE: Hay unas enmiendas, como usted acaba de referir, del
Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor
Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: En política internacional nuestro grupo
parlamentario y el Gobierno al que apoyamos pretende recuperar la
credibilidad y el prestigio de nuestra política exterior, por tanto ser
fiables y coherentes no solamente con la declaración institucional del
pasado 8 de febrero de 2011, sino ser coherentes con el compromiso
activo, con el avance democrático que deseamos para nuestros vecinos de
la ribera sur del Mediterráneo. Esta región, junto con Europa e
Iberoamérica, constituyen los tres ejes fundamentales de la política
exterior que quiere desarrollar este Gobierno. Por tanto acompañar y
asesorar en el proceso hacia la democracia que llevará implícito mayor
pluralismo político desde una base social más amplia, independencia del
poder judicial, y separación de poderes. Para ello ofrecemos por un lado
nuestra cooperación e indudablemente la experiencia de nuestra
transición.
La revolución que se inicia en la plaza de Tahrir el 25 de enero pasado y
que dieciocho días después, el 11 de febrero, trajo consigo la salida de
Hosni Mubarak del país creemos que aporta tres novedades muy importantes
a la diplomacia internacional. Por un parte, una conexión global y local
dada la participación y entrada muy importantes de las tecnologías de la
información, de las redes sociales y de los medios de comunicación
internacionales. En segundo lugar, nos dice claramente que la libertad ya
no es exclusiva de occidente. Y en tercer lugar, que claramente la
autocracia no es la única solución para nuestros vecinos del norte de
África. Es verdad, como bien ha dicho la portavoz -a quien agradecemos la
generosidad y el diálogo crítico y de consenso que hemos establecido
durante esta semana, y ha aceptado nuestras enmiendas-, que entre
nuestras enmiendas y su texto creo que ha quedado un documento muy
positivo para nuestras relaciones con esa área. Las enmiendas van en dos
sentidos: por una parte, la actualización de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista. Creemos de enorme significado las
primeras elecciones libres tras el derrocamiento de Hosni Mubarak y por
eso hacemos especial referencia al 28 de febrero, fecha de la
constitución de la Cámara Alta egipcia. Y, en segundo lugar, también
queremos amplificar dos principios: de un lado, abogamos por el
pluralismo político y por tanto la tolerancia como germen del proceso
democrático, y de otro lado, hay que dotar a este proceso de mayor
independencia del Poder Judicial, conforme a la redacción que el Consejo
de Asuntos Europeos firmó el pasado 27 de febrero.
Es evidente, como anunció el pasado 22 de febrero el ministro de Asuntos
Exteriores en su comparecencia -y cito textualmente-, que algunos tiranos
han caído y todos albergamos la esperanza de que otros no ocupen sus
lugares. Evidentemente el 30 de junio es la fecha límite para el traspaso
de poder de la junta militar a un presidente electo, pero hay riesgos
clarísimos de una probable o posible, en ningún caso deseable, deriva
totalitaria, riesgos que voy a resumir en cinco puntos brevemente, señor
presidente. Por una parte, nos encontramos aún en la plaza Tahrir con
pancartas que piden la prisión para los felul, es decir, para los
continuadores del régimen. Es evidente que aún en la dictadura se
articulan intereses económicos y políticos que constituyen una madeja
difícil de desenredar. En segundo lugar, la participación en la Cámara
Alta aún ha sido baja, un 7,2 por ciento, y es aún peor saber que el
partido Libertad y Justicia, el brazo político de los Hermanos
Musulmanes,
ha obtenido 106 representantes de la Cámara y los salafistas de Al Nour,
46; en total, 152 islamistas de 180. Esta Cámara tiene la importante
tarea de elegir a los miembros del consejo constituyente que redactará la
futura Constitución. En cuanto a las mujeres por supuesto suscribo lo
dicho por la señora Blanco; es evidente que es lamentable. En cuarto
lugar, la enorme presencia y fortaleza de las Fuerzas Armadas, que como
dato diré que recibieron 9.000 millones de libras egipcias en 2010
-alrededor de 1.000 millones de euros- de presupuesto, frente a los
escasos 5.000 millones de libras egipcias -apenas 600 millones de euros-
destinados a sanidad. Y en quinto lugar, una -desde luego desde nuestro
punto de vista- peligrosísima situación que estamos observando cerca
incluso de la embajada de Estados Unidos en El Cairo, donde ya hay
algunos que piden la libertad del jeque Omar Abdel-Rahman,
fundamentalista egipcio que se encuentra en las cárceles estadounidenses
por ser el inspirador del atentado contra las Torres Gemelas en 1993.
Si existen riesgos de deriva totalitaria, si hay riesgos, también hay
indudablemente mensajes positivos, y para ellos me voy a apoyar en el
extraordinario intelectual y escritor egipcio Alaa al-Aswany, cuyo libro
Egipto: Las claves de una revolución inevitable constituye una crónica
clara del malestar que desembocó durante 2010 -y son las causas además
del derrocamiento de la dinastía Mubarak, y también naturalmente, como no
puede ser de otra manera, de la caída del muro del miedo-. Anunció en un
artículo algo que abre la puerta a la esperanza, y leo textualmente
cuando dice que Egipto cuenta con millones de personas formadas y miles
de personas honestas con talentos únicos, las cuales si se les diera una
oportunidad podrían perfectamente producir un gran renacimiento en pocos
años. Y finaliza planteando que, a fin de cuentas, la democracia es la
solución. Por tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario -y yo espero
que así toda la Cámara- entiende que los retos a los que se enfrenta
Egipto son también nuestros retos: mayor libertad, mayor democracia, y
por tanto avanzar hacia una sociedad de las oportunidades, del empleo y
de la seguridad jurídica.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quisiera agradecer la iniciativa del Partido
Socialista en este tema y utilizaré mi intervención para acumular también
la que hubiera hecho en este mismo sentido por lo que se refiere a la
posición en Siria.
La libertad, señorías, es como un bisturí, se me ocurre decir; un
instrumento, un valor, un principio muy benéfico en manos de quien lo
sabe utilizar, pero que puede llegar a ser un arma de destrucción masiva
en manos de quienes lo pervierten o lo utilizan obviando que también su
ejercicio debe estar sometido a unas reglas y a unos límites. En esta
intervención solo quiero expresar mi deseo de que este momento histórico
para ese lugar del mundo, para esa zona, para esas sociedades, para esas
comunidades discurra en el futuro por los cauces de una lógica
democrática homologable a una sociedad como la nuestra. Y en la medida de
lo posible, en la medida en que nosotros podamos ser un ejemplo para
ellos, trabajemos para que ellos puedan aprovechar nuestro aprendizaje
democrático. Quiero saludar en todo caso el consenso al que parece que
han llegado los dos grupos mayoritarios en este asunto. Alguien ha dicho
en esta misma Comisión, acerca de otro de los temas, que no estamos para
dar diplomas de bueno y malos. No seré yo quien condene o quien juzgue al
hombre, pero creo que podemos juzgar actitudes, actuaciones, hechos,
sistemas políticos, y sistemas de valores que fundamentan modelos de
convivencia. Es más, creo sencillamente que es lo que estamos haciendo
esta tarde aquí, y lo que se refleja en las distintas proposiciones no de
ley, precisamente porque pensamos que existen modelos buenos y modelos
malos. Por eso mantenemos la esperanza de que en esas comunidades puedan
llegar a tener regímenes democráticos como el nuestro. Yo reitero mi
confianza en que sea así.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, voy a hacer una intervención
muy breve, exclusivamente centrada en anunciar el voto favorable de mi
grupo parlamentario a una iniciativa oportuna y ponderada que, sin
perjuicio de su humildad, esa humildad a la que tan humildemente ha hecho
referencia la diputada que la ha defendido, expresa sin embargo el
sentimiento y la voluntad, ampliamente compartidas en esta Cámara, de
apoyar la transición de Egipto hacia un horizonte democrático, y de
acompañar a sus ciudadanos en ese camino, humilde pero grande al mismo
tiempo por la grandeza que entraña este empeño solidario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo La Izquierda Plural tiene la palabra el
señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Estamos convencidos de que la Primavera Árabe ha
constituido en países como Túnez o Egipto una referencia de cambio
democrático para acabar con los gobiernos autoritarios que tenían
-tenemos que recordarlo- el apoyo de países y empresas occidentales. El
señor Ben Alí era el hombre de Francia en Túnez y el señor Hosni Mubarak
era el hombre de Estados Unidos en Egipto, no lo olvidemos, y sin Francia
y sin Estados Unidos y sin esos apoyos geopolíticos no hubiesen durado
tanto tiempo. Por eso algunos, cuando oímos hablar en nombre del pueblo
cubano, nos sonreímos. En segundo lugar, estos gobiernos autoritarios han
constituido un freno al desarrollo económico, social y cultural de estos
países, y con
democracias ficticias se ha mantenido a los pueblos en una situación de
subdesarrollo. Pensamos que Egipto merece una democracia sin tutelas de
Estados Unidos ni de autoridades religiosas ni de autoridades militares.
Por eso estamos convencidos de que hay que asegurar una posición de apoyo
a aquellos espacios democráticos, laicos y progresistas, con pleno
respeto a las mujeres en ese país, y con pleno respeto en general a todos
los derechos humanos. Pensamos que la proposición no de ley del Grupo
Socialista trabaja en esta línea y por tanto va a contar con nuestro voto
favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente intervengo para felicitar al grupo
proponente por esta iniciativa, que es absolutamente apropiada, señora
Blanco, en este momento y en la función que tienen que hacer los países
democráticos ante una democracia incipiente, que es un proceso de
acompañamiento y de arraigo de la democracia. Es absolutamente relevante
que un país de 80 millones de habitantes, el país más poblado del mundo
árabe, consolide un sistema democrático. Está en un proceso muy inicial.
Algún portavoz ha hecho referencia a la experiencia de la transición
española. Podríamos decir que está en lo que en España era el año 1976,
el fin de la dictadura pero aún pendientes de las reformas y de algunas
leyes básicas, y en cuanto a las leyes básicas yo quiero hacer solo una
referencia a un punto de la proposición inicial del Grupo Socialista. El
grupo proponente habla de la importancia de la reforma de la aún vigente
Ley de Asociaciones, Ley 84 del año 2002, del anterior régimen. Esta,
señorías, es una ley aún vigente y es una ley que ha permitido al nuevo
Gobierno de transición expulsar a fundaciones de las grandes familias
políticas europeas cuando han ido a Egipto a acompañar a la formación de
los partidos políticos y a la capacitación de los mismos. Sirva esto como
ejemplo de algunas reformas aún pendientes y de la necesidad de pedir a
este país en transición y a sus autoridades, que también son de
transición, que aceleren los procesos hacia una democracia plena.
- SOBRE LA REPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN EN SIRIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000332.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día. Proposición
no de ley sobre la represión de la oposición en Siria.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para su defensa, tiene la palabra el
señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular presenta esta
proposición no de ley para condenar la brutal represión ejercida por el
régimen de Bachar al Asad a los opositores sirios. Para intentar recabar
el apoyo de sus señorías nos proponemos exponer en tres pilares
fundamentales la dramática situación que vive este país. En primer lugar,
la situación que existe actualmente en Siria; en segundo lugar, la
respuesta de la comunidad internacional, y en tercer lugar, la posición
del Gobierno de España al respecto. Empezando por lo que está pasando en
Siria, podríamos resumirlo con las palabras del premier británico que lo
ha denominado como barbarie medieval; o como por ejemplo lo denominó el
primer ministro de Turquía, Erdogan: salvajismo inhumano. Precisamente
ahora, en breves semanas vamos a conmemorar, si se puede decir así, el
primer aniversario de la muerte de Hamza, el niño de trece años que fue
torturado hasta la muerte por pintar en el patio de su colegio algo tan
subversivo como: el pueblo reclama la caída del régimen. La detención y
la muerte, después de gravísimas torturas, y las imágenes del cuerpo de
Hamza, junto con catorce amigos que participaron en esta protesta,
hicieron que todo el país iniciara una oleada de protestas que, a
diferencia de otros países vecinos, en la llamada Primavera Árabe, el
ejército aplastó. De manera que, a diferencia de Egipto y Túnez, el
régimen de Al Asad lleva once meses aplastando sin contemplaciones.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, les ruego un poco de silencio
para escuchar al señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Lleva once mese reprimiendo con un balance trágico
de 8.500 víctimas, según el observatorio de derechos humanos sirio; 2.000
refugiados; 2.000 desaparecidos y hasta 20.000 detenidos, sin hablar de
los torturados y heridos que han alcanzado su cénit en el bombardeo
indiscriminado de la población rebelde de Homs en las últimas fechas,
donde se han visto hasta torturas en los hospitales en los últimos dos
días, francotiradores disparando a mujeres y niños, la voladura de un
puente por donde huían los refugiados a Líbano, e incluso la prohibición
de entrada de ayuda humanitaria hasta el día de hoy, en que ha podido
entrar el primer convoy humanitario de la Cruz Roja. Por desgracia
también estos días se cumplen treinta años de la matanza de Hama, es
decir, la matanza que el padre del actual dictador, Bachar al Asad, es
decir, Hafez al Asad, perpetró con un coste humano de hasta 40.000
víctimas, dependiendo de las fuentes. En esos cuarenta y un años esta
dinastía de minoría alauí, en un país complejo, con una mayoría suní, se
ha revestido de una falsa legalidad, como el referéndum del pasado 26 de
febrero por el que Bachar al Asad por supuesto ganó con el 97 por ciento
de apoyos.
¿Cuál es la posición internacional ante este dramático panorama en Siria?
Pues bien, desde abril de 2011 tanto Estados Unidos como la Unión Europea
llevan acometiendo un embargo de armamento y unas sanciones comerciales
muy severas a este régimen. Más recientemente,
el 27 de febrero, todos los ministros de la Unión Europea aprobaron nuevas
sanciones más duras contra el régimen sirio. Por parte de la Liga Árabe
se ha presentado un plan de transición en el que se incluyen tres puntos
fundamentales: en primer lugar, el abandono inmediato de Al Asad del
poder, la convocatoria de elecciones libres después de la concertación de
un gobierno de unidad, por supuesto con la entrada de los opositores, y
algún país como los del Golfo, incluso Túnez, han hablado también del
envío de una fuerza multilateral de pacificación.
Por parte de la Conferencia de los amigos de Siria, que se ha constituido
el pasado 24 de febrero con sesenta países entre los cuales estaba el
Gobierno español, se ha aprobado también por supuesto la condena más
rotunda, la garantía de la llegada de ayuda humanitaria, así como la
asfixia de Damasco con sanciones comerciales y económicas. Por parte de
Naciones Unidas el propio secretario general Ban Ki-moon ya habla de
crímenes contra la humanidad, lo dijo en el debate de la resolución
condenatoria del pasado 16 de febrero, también se habló en estos términos
en diciembre, y en el Consejo de Derechos Humanos el 1 de marzo se habló
del corredor de garantía en la llegada de ayuda humanitaria. Por último,
el panorama más complejo es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
porque el 4 de febrero dos países del Consejo Permanente como China y
Rusia, dos miembros permanentes vetaron una propuesta de Marruecos, como
representante no permanente y en nombre de la propuesta de la Liga Árabe,
y ayer precisamente Estados Unidos presentó otro texto, que se está
debatiendo, hablando ya de la retirada del ejército, de la liberación de
detenidos, y del respaldo al nombramiento de Kofi Annan como
representante de Naciones Unidas. China ha presentado también una
propuesta de seis puntos. Y desde aquí el Grupo Popular espera que
prospere la propuesta de Estados Unidos y que no pase, como decía
Lincoln, que quien niega la libertad para otros al final no la merece
para sí, porque quizá ese sea el problema en el caso de China y de Rusia.
Por supuesto también la comunidad internacional ha avalado el viaje de
Valerie Amos, que hoy está con el ministro de Exteriores sirio en
Damasco, y apoya el viaje de Kofi Annan el sábado, el enviado especial a
Siria.
Por parte de España en este tercer bloque que estamos analizando el apoyo
es firme, y el apoyo es firme no solo a las resoluciones condenatorias de
Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de
Derechos Humanos y la propuesta del Consejo de Seguridad, sino también a
las sanciones comerciales, económicas y en materia de armamento por parte
de la Unión Europea. El presidente Rajoy lo ha calificado de situación
inaceptable que requiere del interés de todas las naciones. Por parte de
la Conferencia de Túnez estuvo presente el Gobierno español y también
apoya sus conclusiones; así como el reconocimiento del Consejo Nacional
Sirio como representante legítimo. En ayuda humanitaria participará
mañana también el Gobierno español en el Foro humanitario sobre Siria en
Ginebra, y ya se ha desbloqueado un fondo de 300.000 euros de ayuda a la
Cruz Roja Internacional. Pero quizá la medida más importante ha sido el
cierre definitivo de la embajada siria, después de la llamada a consultas
del embajador el 7 de febrero, en palabras del ministerio, en repulsa por
las brutales matanzas y los atentados a los derechos humanos. Por
supuesto habrá dos funcionarios de la embajada que desde la Delegación de
la Unión Europea en Damasco seguirán prestando servicio a los 820
españoles que siguen en el país.
Como otra, digamos, de las patas de estas medidas que acomete el Gobierno
español yo propondría a esta Comisión de Asuntos Exteriores que lleguemos
a un acuerdo parlamentario con esta proposición no ley, en la que venimos
a condenar las brutales agresiones a los derechos humanos y a la
represión que hace el Gobierno de los opositores sirios, en la que se
reclama que se cumplan todas las resoluciones asumidas y que se pueda
llegar a un gobierno de concentración y de unidad nacional. Para eso ya
avisamos que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista son aceptables en todos sus términos, y votaremos a favor de
que se adicionen al texto resultante. Y solicitamos el apoyo de los demás
grupos porque creo que la cuestión de estas libertades en un país como
Siria merece nuestra atención, y no puede pasar ni un día más sin poner
fin a esta brutal represión.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda, como usted recuerda, del Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don Manuel
Chaves.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: A raíz del debate de la PNL sobre la situación
en Egipto y sobre la situación en Siria se me ocurre una reflexión. Yo
creo que todo proceso de transición de una dictadura hacia una democracia
tiene sus problemas, tiene sus riesgos de vuelta atrás, y aquí se ha
mencionado en diversas ocasiones el proceso de transición de España y los
riesgos que ha corrido. (Rumores.) Pero yo creo que en cualquier caso la
Primavera Árabe es uno de los acontecimientos históricos más importantes
que han tenido lugar en estos últimos meses, en estos últimos años, por
una característica o elemento muy importante, y es que la Primavera Árabe
abre el islam a la democracia...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Chaves.
Por favor, señorías, hay seis o siete conversaciones paralelas a la del
diputado que está interviniendo. Les ruego respeto y silencio, porque
favorecerá la atención de todos.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: Gracias, presidente, entiendo que ya es muy
tarde y estamos un poco cansados; se lo agradezco.
Quería decir que la Primavera Árabe es una gran oportunidad histórica
porque abre el islam a la democracia,
puede demostrar perfectamente que el islamismo es compatible con la
democracia, y creo que también los países occidentales de la Unión
Europea y Estados Unidos debemos de actuar sin ningún tipo de
paternalismo y mostrar confianza en las sociedades árabes, y también
confianza en los partidos que ganan las elecciones, lógicamente en su
afán de consolidar la democracia en estos países.
En segundo lugar, quiero felicitar al Grupo Popular por la presentación de
esta PNL sobre la situación en Siria, que nosotros vamos a apoyar. Creo
que es una buena oportunidad que sea aprobada porque desde la Comisión de
Asuntos Exteriores y los grupos parlamentarios que están presentes en
ella sería una expresión de solidaridad y de apoyo al pueblo sirio ante
la masacre, los asesinatos y las torturas que está sufriendo por parte de
un régimen político que solamente busca la supervivencia a través de la
represión. Hoy mismo la prensa señala que ha habido 39 muertos como
consecuencia de esta represión; por lo tanto, solidaridad con la
población de Damasco, de Homs, de Bab Amro, de Alepo, de toda Siria, y
nuestra condena a un régimen represor y asesino. Por eso precisamente,
por los argumentos que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, vamos a apoyar la proposición no de ley que ha presentado,
porque desde el Grupo Socialista creemos que recoge los elementos básicos
que definen la situación en Siria: represión, atentados a los derechos
humanos, falta de voluntad política de buscar una solución, falta de
voluntad política para abrir un proceso de transición a la democracia.
Estamos de acuerdo, compartimos los argumentos que ha dado el portavoz del
Grupo Popular, pero es evidente que si examinamos la proposición no de
ley, entre los elementos que definen la situación en Siria, no están
todos los que son, aunque sí son todos los que están. Por esa razón hemos
presentado una enmienda de adición que pensamos que respeta el espíritu,
la dirección y el sentido de la proposición no de ley, que la completa y
actualiza, porque esta PNL fue redactada hace ya tiempo y no recoge todos
los elementos que actualmente definen la situación en Siria, sobre todo a
la vista de los últimos acontecimientos que han tenido lugar. Por eso, a
modo de síntesis, en nuestra enmienda se pide que se recoja que se
exigirán cuentas a los dirigentes del régimen sirio por sus actos, por
las atrocidades que han cometido, para que puedan ser sometidos a los
tribunales penales internacionales sobre la base de la legislación penal
internacional.
Pedimos que se abran pasillos humanitarios, que haya un acceso pleno y
libre de obstáculos por parte de las organizaciones humanitarias para
ayudar a la población que está sufriendo la represión por parte del
ejército sirio. Solicitamos que haya consenso de la comunidad
internacional en un esfuerzo para poner fin a la violencia, con una
llamada de atención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
concretamente a Rusia y a China, para que apoyen la resolución del
Consejo de Seguridad. Para ello habrá que garantizar tanto a Rusia como a
China que sus intereses estratégicos en la zona van a quedar
garantizados. Pedimos apoyo a la labor de mediación de Naciones Unidas a
través del ex secretario general Kofi Annan, también de la Liga Árabe y
del plan de transición apuntado por esta última. Concretamente hoy ha
habido una reunión en Damasco entre la representante de Naciones Unidas,
la señora Valerie Amos, y las autoridades sirias. Como ya se ha señalado
aquí, es importante que se haya retomado el diálogo nuclear con Irán,
porque eso también favorecerá avances posibles en la solución del
problema sirio.
En nuestra enmienda hemos pedido también que se plantee -no que se exija-
en la Unión Europea la retirada de los embajadores en Damasco como una
medida de protesta que pueda favorecer el aislamiento del régimen sirio.
Creo que esta enmienda que hemos presentado puede tener el apoyo de todos
los grupos políticos y quiero recordar que va en la dirección de la
resolución del Consejo Europeo recientemente celebrado.
Una reflexión final que deberíamos tener en cuenta se refiere a que la
ciudadanía, la opinión pública, no solo la española sino también la
europea, empieza a preguntarse si la comunidad internacional está a la
altura de las circunstancias a la hora de afrontar el problema sirio, es
decir, si estamos actuando de la manera adecuada, de una manera eficaz y
rápida, para evitar lo que está ocurriendo en Siria, con ayudas a la
eficacia de las medidas de embargo. Por eso tenemos que ser contundentes
para evitar que se puedan dar dos salidas que nadie quiere, que no son
deseables, que son la agudización o empeoramiento de la situación que
pueda derivar en una guerra civil, así como evitar por todos los medios
la hipótesis de una intervención militar como ocurrió en Libia.
Lógicamente, tenemos que impedir ambas salidas porque no constituyen una
solución adecuada para la situación en Siria. Por ello, esta PNL no debe
quedar en mera retórica, sino que debe manifestar la voluntad de esta
Comisión de Asuntos Exteriores de apoyar al Gobierno para que tenga un
protagonismo sustancial, que siempre hemos tenido en el Mediterráneo, que
siempre hemos tenido en relación con el mundo árabe y que siempre hemos
tenido también en Oriente Medio. Se trata de apoyar la voluntad decidida
del Gobierno para que en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea
se adopten las medidas más fuertes, más rápidas y eficaces para que
Siria, como ha ocurrido con otros países del norte de África, también se
incorpore a un proceso de transición, se incorpore a la Primavera Árabe.
El señor PRESIDENTE: De los grupos parlamentarios que van a hacer uso de
la palabra, por parte del Grupo Vasco (PNV), el señor Josu Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el 21 de septiembre del año pasado,
mi grupo parlamentario presentó una interpelación acerca de la defensa de
los
derechos humanos y las medidas que tenía previsto adoptar el Gobierno en
relación con la situación generada en Siria. Fue la última interpelación
de la legislatura. Fue la última, fíjense, señorías, hasta el extremo de
que pocos días después el presidente del Gobierno anunció la disolución
de las Cortes y no hubo ocasión para que a la semana siguiente se
debatiese, como es habitual, la correspondiente moción. En aquella
interpelación nos encontramos con un Gobierno extremadamente cauteloso
-ahí está el "Diario de Sesiones" para quien quiera comprobarlo-, un
Gobierno que justificaba su cautela en el deseo de ir de la mano de los
socios europeos sin romper el compás, aunque lo cierto es que tampoco
había suscrito la rotunda declaración condenatoria que semanas antes
habían impulsado los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido. En
aquel momento no parecía oportuno ni expulsar al embajador sirio en
Madrid ni tampoco llamar a consultas al embajador de España. Así se nos
expresó en la interpelación por parte del ministro que salió a
responderla. Había que actuar con tiento. Pues bien, hace un mes se le
llamó a consultas y ayer, seis meses después de que tuviera lugar aquella
interpelación, hemos sabido que el Gobierno ha acordado cerrar la
Embajada de Damasco.
¿Qué ha ocurrido durante estos seis meses? Los promotores de la iniciativa
me dirán que es que ha habido un cambio de Gobierno en España, bien, pero
han sucedido también muchas otras cosas que explican el cambio. La brutal
represión del Gobierno sirio ha provocado varios miles de muertos en la
población civil y ha encendido precisamente por ello las luces de alarma
de la comunidad internacional. Aunque no ha sido posible consensuar en el
seno del Consejo de Seguridad una intervención semejante, parecida o
análoga a la que tuvo lugar en Libia, lo cierto es que la Asamblea
General de las Naciones Unidas sí que ha condenado sin paliativos el
régimen de Bachar el Asad. Mi grupo parlamentario, señorías, apoya la
decisión. Lamentamos el hecho de que el veto de Rusia y de China haya
impedido aprobar una intervención en Siria, porque no creemos que el
argumento de que se trata de un asunto interno deba imponerse al
compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos, pero a
falta de sobresalientes, bien está el aprobado. El sobresaliente hubiese
sido una resolución del Consejo de Seguridad autorizando una
intervención, pero a falta de sobresalientes, bien está el aprobado.
Desde esa actitud apoyaremos la proposición no de ley que ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por parte de La Izquierda Plural tiene la palabra el
señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Sin entrar en el fondo de la exposición de motivos,
me voy a referir de forma concreta a las tres propuestas que definen lo
que solicita el Grupo Parlamentario Popular que aprobemos en esta
proposición no de ley. De entrada, anuncio que tanto en el primer punto
-la exigencia al Gobierno sirio del cese inmediato de la brutal
represión- como en el tercero -pedir un seguimiento de la resolución
condenatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas- estamos de
acuerdo. Por desgracia no podemos decir lo mismo del segundo punto. Como
hemos recibido muy tarde la proposición no de ley, me voy a atrever a
hacerle unas sugerencias in voce al portavoz del Grupo Popular a ver si
pueden ser aceptadas. En el caso de que se aceptasen, porque no modifican
de fondo su propuesta, votaríamos a favor. En caso contrario, no
podríamos hacerlo.
El segundo punto habla de apoyar, en el marco de las instituciones
europeas, el endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales.
Aquí pedimos que se abra un paréntesis que diga que no afecten a la
población civil y que se cierre el paréntesis. ¿Por qué? Porque es
difícil poder justificar que la población a la que en teoría queremos
salvar del conflicto se vea negativamente afectada por las sanciones
económicas y comerciales. Por tanto, la población civil no debe ser el
blanco, podríamos decir, de las acciones de la comunidad internacional,
ya que la población civil no es la responsable de lo que está sucediendo
en este momento en Siria. En segundo lugar, cuando se dice así como el
embargo de armamento, proponemos que se diga así como el embargo total de
armamento, y en vez de Gobierno sirio, pedimos que se hable de partes
combatientes. ¿Por qué hablamos de embargo total de armamento y de partes
combatientes? Porque hay una realidad, que hay un conflicto armado entre
Gobierno y oposición; la oposición está armada, es variopinta -ahora me
referiré a ello-, pero parte del armamento en este momento llega de
países como Turquía o Arabia Saudí, que se lo están proporcionando a la
oposición siria. Es una realidad y es posible que la escalada del
conflicto haga que el tráfico de armamento hacia la zona se incremente.
Por tanto, pedimos un embargo total de armamento a todas las partes en
conflicto, por supuesto al Gobierno sirio, como no podía ser de otra
manera, pero que tampoco haya tráfico de armamento, ni legal ni ilegal, a
otras partes en conflicto.
Por otro lado, conocemos algo de la pluralidad de la oposición siria. Con
parte de la oposición siria nos sentimos plenamente identificados, pero
estoy convencido de que ningún grupo parlamentario de esta Cámara tendría
ni querría tener nada que ver con otra parte de dicha oposición. Ustedes
saben que forma parte de la oposición siria la Al Qaeda sunita, la
organización de Al Qaeda en Siria. De ahí por ejemplo podríamos entender
-y no lo justifico- el veto de Rusia. ¿De dónde viene el veto de Rusia?
Viene de que está muy preocupada de que parte de la oposición siria sea
el terrorismo organizado sunita que golpea los intereses de Rusia en la
zona del Cáucaso. Es una realidad y por supuesto aquí no hay ningún grupo
parlamentario que quiera apoyar al terrorismo sunita que en este momento
lucha contra el Gobierno sirio. La posición de Rusia también se explica
después de su experiencia de votar
a favor, o sea de no vetar, la Resolución del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas respecto al tema de Libia. ¿Por qué? Porque esa
resolución que Rusia no vetó luego fue reinterpretada por países de la
OTAN en su agresión a Libia, motivada no por los intereses respecto a los
derechos humanos y a la población libia, sino básicamente por intereses
petroleros y gasísticos, que por desgracia también motivaron la
intervención del Gobierno español. Sin justificarlas, esas son realidades
geopolíticas que no hemos encontrado en su propuesta y simplemente
debatimos políticamente que existen y que por tanto las cosas pasan
porque existen cosas complicadas y el tema sirio no es nada sencillo. Si
se pudiese aceptar que el endurecimiento de las sanciones económicas y
comerciales no afecte a la población civil -algo sobre lo que seguro que
aquí todos estamos de acuerdo- y que el embargo total de armas afecte a
todas las partes, votaríamos a favor de esta propuesta; si no, nos vamos
a abstener.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, soy consciente de lo avanzado de
esta sesión y seré breve, pero quiero recordar que seguramente esta es la
proposición no de ley más vinculada con el tema más urgente que nos ocupa
en este momento en el ámbito de las relaciones internacionales de la
política exterior, que es la muy preocupante situación en Siria.
Las guerras de los Balcanes de los años noventa, después de la
descomposición de la antigua Yugoslavia, las matanzas de civiles y las
graves crisis humanitarias llevaron a Naciones Unidas en el año 2005 a
desarrollar e incorporar en su cuerpo jurídico la exigencia de la
responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger incorporada
en el cuerpo jurídico de Naciones Unidas tiene distintas manifestaciones.
Es evidente, señorías, que la comunidad internacional está interpelada a
aplicar la responsabilidad de proteger ante la matanza de miles y miles
de civiles en Siria por parte del régimen de Al Asad. Señorías, ha sido
apuntado por parte de algunos otros portavoces. La situación en Siria es
una situación especialmente compleja y delicada. Las medidas de presión
adoptadas hasta el momento no han sido suficientes, deben redoblarse e
incrementarse las medidas de presión, diplomáticas, de embargo, de
sanciones ante el régimen, siendo conscientes de que el momento actual
puede desembocar en el peor escenario posible, el escenario de una guerra
civil. La gran complejidad del país, de mayoría suní, de minoría chiita,
de alauitas -minoría alauita pero minoría absolutamente decisiva en los
lugares clave del régimen-, pero también de cristianos -9 por ciento de
la población- y de drusos, esta amalgama tan rica que es Siria tiene que
evitar la guerra civil. Para evitar la guerra civil, señorías, hay una
opción, la opción de la transición ordenada, del traspaso de poderes a un
vicepresidente, con la convocatoria de elecciones y la futura
estabilización del país. Esto requiere evidentemente el acompañamiento de
la comunidad internacional con todas las medidas contempladas hasta ahora
en esta proposición no de ley y con otras que se tendrán que adoptar en
el futuro. Nosotros vamos a apoyar decididamente esta iniciativa siendo
muy conscientes que es el punto más vivo del momento actual en las
relaciones internacionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Casado, se han formulado un par de enmiendas in
voce, si usted quiere hacer referencia a ello.
El señor CASADO BLANCO: Antes quería agradecer la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán y del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y reiterar que vamos a aceptar la enmienda de
adición en sus términos totales por parte del Grupo Socialista. Respecto
a la enmienda in voce del portavoz de La Izquierda Plural, tengo que
decirle que no podemos aceptarla, sintiendo mucho que nos metamos en
technicalities cuando estamos en un tema global, pero no se pude hablar
de que el embargo no afecte a la población civil, porque obviamente sería
muy complicado, y las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y
la Unión Europea llevan en vigor desde abril de 2011 y habría que
reiterar qué consecuencias ha tenido en la población civil. En cuanto al
armamento, es lo mismo. En cuanto a lo que ha señalado del veto de Rusia,
creo que esa justificación es objeto de otro debate. Por lo tanto, siento
mucho que no se pueda aprobar esta proposición no de ley por unanimidad
de la Cámara, que es lo que recomendaría la situación dramática que vive
ese país, pero meternos en estas cuestiones creo que desvirtúa por
completo un texto que era global y que pretendía defender la libertad y
la posible democracia de un régimen que ya se cobra la vida de casi 8.000
personas en los últimos once meses.
DICTAMEN SOBRE:
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE COMISIONES DE VALORES (OICV/IOSCO), HECHO EN MADRID EL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2011. (Número de expediente 110/000001.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir sobre el
punto 9.º del orden del día? (Denegaciones.)
Pasamos a las votaciones. Vamos a votar el primer punto del orden del día,
es decir, la proposición no de ley sobre el reconocimiento del Estado de
Palestina como sujeto de derecho internacional, del Grupo Parlamentario
La Izquierda Plural, el cual manifestó que aceptaba la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y por tanto se votaría como sustitución el texto de
dicha enmienda.
Efectuada la votación dijo,
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segundo punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la
revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, del Grupo Parlamentario
Mixto. Hay una transacción entre el Bloque Nacionalista Galego -de la
diputada que le representa, del Grupo Mixto- y el Grupo Socialista. ¿Los
grupos parlamentarios conocen esta transacción? (Asentimiento.)
La señora LOZANO DOMINGO: Quiero pedir votación separada del punto 3.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el punto 3 de la enmienda transaccional
entre el Grupo Mixto y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 26; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto del texto, es decir los puntos 1, 2, 4 y 5.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos
en contra, 25; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 3.º, proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del
problema del Sáhara Occidental, del Grupo Unión Progreso y Democracia.
Aquí hay solicitud también de votación por puntos. ¿Conocen sus señorías
el texto transaccionado entre el grupo proponente y el Grupo Mixto, el
diputado de Coalición Canaria? (Asentimiento.) ¿De qué punto desea
votación separada el Grupo Socialista?
El señor SÁEZ JUBERO: Agrupamos el 1 y 3 por un lado y el 2 y el 4 por
otro.
El señor PRESIDENTE: Primero votamos los puntos 1 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos ahora los puntos 2 y 4 de la transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Pasamos a la votación del punto 4.º del orden del día, PNL relativa a la
defensa del ejercicio de las libertades fundamentales en la República de
Cuba. También existe una transacción entre el grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Popular, y el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre el punto 5.º, proposición no de ley de Convergència i Unió
sobre reforma del servicio exterior. Se aceptan tanto las enmiendas
adicionales del Grupo Parlamentario Socialista como las del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa a
la autorización de la Minurso para actuar sobre los derechos humanos en
el Sáhara Occidental, en la que si bien hay una enmienda del UPyD, es
rechazada por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Vasco. Por
tanto votamos el texto tal como se presenta por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre el punto 7.º, proposición no de ley sobre protección de
libertades y derechos en Egipto. Es proponente el Grupo Parlamentario
Socialista, que acepta como adición la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 8.º, proposición no de ley sobre la represión de la
oposición en Siria, del Grupo Parlamentario Popular, que acepta la
enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista.
