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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 40, de 13/02/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 40
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 5
celebrada el lunes,
13 de febrero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Dívar Blanco), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2010. (Número de expediente 245/000002.) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Posada Moreno): Se abre la sesión.

Señorías, la tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea el presidente del Congreso de los Diputados quien dé la bienvenida en la Comisión de Justicia al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sean, por tanto, mis primeras palabras para dar esa bienvenida al excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, bienvenida que hago extensiva a los vocales del consejo, asimismo presentes hoy en esta reunión.

Es para mí un honor que la tradición del Congreso de los Diputados, cuya Presidencia ostento, me brinde la ocasión de abrir esta sesión, y son varias las razones de mi satisfacción. Esta es la primera memoria anual del Consejo General del Poder Judicial que se presenta en la X Legislatura, y la presenta una persona como Carlos Dívar en la que concurre mi profunda admiración como presidente del consejo y jurista de reconocido prestigio, y también -lo digo de todo corazón- el cariño y el afecto que se le profesa a un gran amigo.

Con estas palabras declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondientes al año 2010. Dejo ahora al presidente de la Comisión de Justicia, mi buen amigo Alfredo Prada, para que a partir de este momento dirija el debate. De nuevo, bienvenido, señor presidente, y ruego al señor presidente de la Comisión de Justicia que ocupe la Presidencia y ejerza sus funciones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reiterando la bienvenida que el presidente de la Cámara ha realizado al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a los vocales, a los miembros de dicho consejo que le han acompañado, y saludando también a todos los miembros de la Comisión de Justicia, voy a proceder en primer lugar a explicar lo establecido en la resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984, que sería la sistemática a seguir en esta sesión de comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que le corresponde intervenir en primer lugar y sin límite de tiempo para la presentación de la memoria, como ha señalado el presidente del Congreso, correspondiente al año 2010. A continuación, se concederá un turno de intervenciones a los grupos parlamentarios para formular preguntas o hacer observaciones por tiempo máximo de quince minutos por grupo.

El orden de intervención será de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto y sucesivamente Grupo Vasco, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente se producirá, previa interrupción de treinta minutos, una nueva intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial para contestar o hacer las reflexiones que considere oportunas en relación con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y estos podrán intervenir en un turno de réplica, si así lo desean, por un tiempo máximo de diez minutos.

En el supuesto de que la Comisión lo entendiere conveniente u oportuno, se podrá designar una ponencia que informe en el plazo de quince días sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia contenidos en la memoria que es objeto de presentación por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que la Comisión no decidiera constituir la referida ponencia, la Presidencia anunciará a través de la Presidencia de la Comisión que se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. Esta admitirá las propuestas que sean congruentes con la memoria objeto del debate referida al servicio público de la justicia, y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional. Las admitidas a trámite, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.

Una vez explicado el objeto de la comparecencia y el turno de intervenciones, sin más rodeos cedo el uso de la palabra al excelentísimo señor don Carlos Dívar Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que en esta condición comparece ante esta Comisión.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Señor presidente, señores diputados, vocales que me acompañan del Consejo General del Poder Judicial, es la cuarta vez que me presento ante esta Comisión y tengo que empezar como siempre. Para mí es un honor que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial venga aquí en cumplimiento de lo que dispone la ley orgánica, como ahora veremos; un honor profundo, una satisfacción íntima, independientemente de las diferencias que existen en este Congreso y que responden a una sociedad plural y libre: plural, que significa diversa y, por tanto, es un elemento enriquecedor de la democracia, y libre, porque se puede manifestar dentro de esta casa y de esta sala todo aquello que se desee, respetando siempre a las personas.

También deseo dirigir un saludo especial al señor presidente del Congreso, que ha tenido la gentileza de recibirme y que me ha dado la bienvenida, y al que conozco de hace mucho tiempo. Igual que él ha expresado el deseo de que las reflexiones que salgan de esta comparecencia, de sus preguntas, de sus distintas mociones puedan ser fructíferas para la justicia, yo deseo que la labor y el caminar que ahora han empezado los


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señores diputados y las señoras diputadas sean fructíferos para España en todos sus sentidos, y que las esperanzas que todos tenemos puestas en esta legislatura que acaba de comenzar no se marchiten algún día ni se marchiten pronto. Con estos deseos son con los que empiezo mi intervención.

Antes de comenzar, deseo expresarles en mi nombre y en el de los vocales del consejo general que presido mis mejores deseos, como he dicho, de acierto, y especialmente a esta nueva Comisión de Justicia, que, aunque es nueva en su estructura, para mí no se me hace nueva por algunas caras conocidas, por algunos señores diputados de los grupos respectivos que vuelven a estar aquí con nosotros, a los que he transmitido siempre, y vuelvo a transmitir, desde nuestras posiciones mi amistad, mi respeto absoluto, como no es menos, pues son los representantes legítimos del pueblo. Por tanto, tengan todo el respeto del Poder Judicial a quienes representan al pueblo de la nación española, que deben ser sumamente considerados.

Mi comparecencia ante sus señorías tiene como finalidad presentar la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondientes al año 2010, dando cumplimiento un año más al mandato legal de dar cuenta de su actividad a las Cortes y trasladar las necesidades de los juzgados y tribunales. Esta memoria fue aprobada por el pleno del órgano de gobierno de los jueces el 21 de julio de 2011 y contiene el desarrollo de las actuaciones concretas del pleno y de las comisiones legales y reglamentarias, en especial la ejecución de algunas medidas incluidas en el plan de modernización. Es cierto que viene con algo de retraso como consecuencia de las elecciones, de la constitución de la nueva Cámara y de la constitución de la Comisión de Justicia. La memoria de 2010 se debe presentar en 2011 y en este caso se presenta a principios de 2012. Eso supondrá que, si Dios quiere, tendré que comparecer dos veces este año.

Los datos que contiene la memoria se refieren en su fecha más próxima al 31 de diciembre de 2010, por lo que, habida cuenta del tiempo transcurrido desde entonces y con el fin de ofrecerles información más actual que refleje la situación real de la justicia española, les avanzaré algunos datos sobre la realidad de los juzgados y tribunales y la actividad desarrollada por el consejo durante 2011. Reitero, como en ocasiones anteriores, mi voluntad de mantener con este Congreso los compromisos que como presidente del órgano de gobierno de los jueces asumí al tiempo de mi nombramiento y continuar con una política de colaboración y una buena disposición para atender cuantos requerimientos provengan de esta Cámara, con el fin de estrechar las relaciones y afrontar conjuntamente las necesidades de la justicia en España, máxime en un momento actual en el que las concretas circunstancias económicas imponen un especial grado de responsabilidad para los ciudadanos. A estos efectos, y para disponer de un cauce de colaboración estable, el consejo ha constituido una comisión de relaciones con el Parlamento formada por nuestro vicepresidente, don Fernando de Rosa, y por la vocal doña Margarita Robles. Quiero destacar que todos los miembros de este consejo han mantenido y consolidado una política común de impulsar a través del consenso cuantas medidas puedan derivar en la mejor situación de la justicia, y ello manteniendo una constante comunicación con todos los órganos de gobierno, constante comunicación precisamente con esta Comisión, a la que hemos venido, y también la Comisión ha acudido al Consejo General del Poder Judicial.

Una muestra de este compromiso y de la coordinación institucional que se firma el 30 de septiembre de 2009 es el convenio EJIS, que quiere decir el Plan estratégico de modernización del sistema de justicia 2009-2010, firmado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, al que a lo largo del año 2010 se han unido las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y respaldado por el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores. Se articula en torno a varios ejes, entre los que se puede destacar el relativo a la implantación de la oficina judicial -del que hablaremos en su momento-, la reestructuración de la planta y demarcación judicial, la aplicación de nuevas tecnologías y el impulso de reformas procesales. Todas ellas están dirigidas a mejorar la calidad de la justicia y las condiciones de trabajo de los jueces. Varios de estos temas se van a mencionar en esta comparecencia, y tendré ocasión de exponer y comentar con las señoras diputadas y los señores diputados estos aspectos.

Antes de comenzar propiamente el contenido de mi exposición, quisiera resaltar que la actuación de los órganos del Poder Judicial español en su conjunto, y en particular en su cúspide, representada por el Tribunal Supremo, se ajusta plenamente a los requerimientos del Estado constitucional y democrático de derecho plasmado en la Constitución de 1978 y que en este aspecto se puede sintetizar en la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la igualdad y, como consecuencia, la seguridad jurídica propia de un país cuya cultura jurídica y judicial y la práctica de sus tribunales puede equipararse a la de otros con una tradición quizás más larga, pero no más intensa que la actual española. Ha contribuido en buena medida a este resultado la constante crítica de las resoluciones y actuaciones judiciales. Los propios tribunales de justicia han afirmado, y así lo aplican a diario, la importancia fundamental que el derecho a la información ocupa en las sociedades democráticas y que prevalece, en general, en casos de colisión entre otros derechos también fundamentales. Los tribunales, y no hay más que ver sus resoluciones, son aquellos que han reafirmado el derecho de la libertad de expresión y de la libertad de información veraz y constatada. Sin embargo, no se pueden incluir en este ámbito las descalificaciones interesadas que a partir de una interpretación sesgada de un caso concreto presentan al órgano judicial como


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defensor de unos intereses ajenos en lugar de analizar, desde el respeto a la decisión judicial, el contenido y alcance de esta en la interpretación de las normas que aplica. Esa deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación.

La situación que voy a exponer a continuación, terminado este preámbulo, no refleja una situación idílica -soy consciente- ni permite relajarse en la autocomplacencia, pero sí refleja el trabajo y el esfuerzo de los escasos 5.000 jueces y magistrados que en España con entusiasmo, dedicación y responsabilidad cumplen su trabajo a diario, aunque los resultados no sean todavía los que merece la sociedad española y que desde el Consejo General del Poder Judicial tratamos de conseguir con los medios a nuestro alcance y mediante la colaboración con las demás instituciones relacionadas con la justicia.

Me referiré ahora y brevemente a algunos datos estadísticos. Digo brevemente porque van a disponer ustedes de esta memoria y ahí están todos estos datos y todas las circunstancias que les afectan. En el año 2010 -cuestión muchas veces desconocida por el gran público-, han ingresado en los juzgados y tribunales 9.355.526 asuntos, lo que supone un 2 por ciento menos que en 2009. De ellos, un 21,2 por ciento corresponde a la jurisdicción Civil; el 71 por ciento a la Penal; el 3,1 a la Contencioso- administrativa y el 4,7 a la Social. La reducción que afecta a todas las jurisdicciones es proporcionalmente más importante en la social y en la contenciosa. Así, la litigiosidad se ha reducido en un 2,8 por ciento con una media de 199 asuntos ingresados por cada mil habitantes, siendo la tasa más alta en Andalucía, seguida de Madrid, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria y la más baja en La Rioja y en el País Vasco. En este año los jueces españoles resolvieron un total de 9.217.395 asuntos, un 0,7 por ciento más que el año anterior y se dictaron un total de 1.659.195 sentencias, un 2,2 por ciento más que en 2009. El número total de plazas constituidas de magistrado o de juez a 1 de enero de 2010 fue de 4.984 con un incremento de 148 respecto a la misma fecha del año anterior. Comparen los señores diputados las cifras de entrada de asuntos, de resoluciones de asuntos y la cifra de jueces en activo. El examen de los distintos órdenes jurisdiccionales pone de manifiesto que en todos ellos ha disminuido la entrada de asuntos y se ha incrementado el número de los resueltos por sentencia, salvo en la jurisdicción Social que permanece estable. El detalle pueden encontrarlo -y vuelvo a decirlo- en esta memoria que se les presenta ahora.

Hablaré ahora de la organización del Poder Judicial y de las posibilidades de reforma de la planta judicial y de la creación de órganos judiciales. El derecho a la tutela jurídica proclamado por el artículo 24 de la Constitución se erige como pilar básico del Estado democrático de derecho. Su efectividad exige que la planta judicial se adapte a la carga y distribución del trabajo, ya que cuanto más tarde sea la respuesta judicial a la demanda de los ciudadanos, mayor será la insatisfacción de estos y la frustración de los jueces. Cierto es que en los últimos años se ha avanzado en el incremento de nuevas plazas judiciales. En el año 2010 se aprobó la creación de 200 nuevos órganos judiciales; no obstante 15 unidades correspondientes a la Comunidad de Valencia están pendientes de entrar en funcionamiento. En 2011 no se ha creado ninguna de las 150 plazas previstas, lo que supone un gran obstáculo en el camino de la reforma de la justicia, y en la adecuación de su estructura y de su organización a las necesidades reales que tenemos. Por ello la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó trasladar al Ministerio de Justicia, primero, la necesidad de creación de 50 unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62º promoción de la Escuela Judicial, que se incorporarán en el mes de marzo de 2012; está prevista la entrega de despachos, con asistencia de Su Majestad el Rey, el 22 de este mismo mes. Segundo, la necesidad de elaboración por el ministerio de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior. Tercero, la necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de órganos unipersonales y colegiados asumidas por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Segundo punto, reestructuración de la planta y organización judicial. En el marco de estos ajustes una pieza fundamental que se constituye como eje esencial del Plan de modernización de la justicia se centra en la reestructuración de la planta y demarcación judicial, que arrancó con la aprobación del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los tribunales de instancia. En esta línea ya en 2009 el consejo inició un proceso de reflexión y análisis sobre la posible reestructuración de los órganos unipersonales y su sustitución por tribunales con una organización de tipo funcional, dotados de número suficiente de jueces, y que conllevaría las siguientes ventajas: mejor adaptación de la plantilla a las necesidades reales evitando problemas derivados de vacancia, asignación objetiva de asuntos y con garantía del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y mayor eficiencia y racionalización en la asignación de recursos. El pleno de 31 de marzo de 2011 aprobó el informe de anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de los tribunales de instancia; el anteproyecto no superó el proceso legislativo, pero las ideas y criterios expuestos en el informe del consejo reflejan su opinión sobre la medida proyectada.

Relación de necesidades de plazas y órganos judiciales. La creación de órganos judiciales es esencial para avanzar en el ajuste de la ratio de jueces por habitante, de conformidad con las medidas de la Unión Europea de aproximadamente 14 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 10 que en estos momentos tiene España. La


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escasez de recursos sin embargo puede exigir un replanteamiento y una colaboración más estrecha entre quienes deben facilitar los medios necesarios para la creación de nuevas plazas y el consejo, que conoce la realidad judicial en cada territorio. En todo caso es necesaria una gestión eficiente para maximizar los recursos de que disponemos, ajustándonos a las pautas de austeridad que exigen las circunstancias del momento. Al Gobierno como a las comunidades autónomas con competencias en la materia se les pide que hagan un esfuerzo coordinado en la creación de plazas judiciales que se estiman imprescindibles, ello acompañado de una plena disposición para colaborar con las propuestas o análisis que permitan la asignación de recursos de manera eficiente y fructífera. Esa previsión, extraída de las memorias anuales de los tribunales superiores de Justicia, cifra en 240 el número de unidades judiciales que se deben constituir.

Medición de la carga de trabajo. El Plan de modernización del Consejo General del Poder Judicial recogió la necesidad de elaborar un estudio razonable de la carga de trabajo que podrían soportar los órganos judiciales. En la actualidad se está abordando un sistema de replanteamiento de la formulación del sistema vigente. En esta materia el pleno del consejo acordó, por un parte, con carácter provisional una reducción media aproximada de un 13 por ciento de la dedicación, según los criterios de valoración que hasta la fecha venían siendo utilizados por dicho consejo, a los solos efectos de la concesión de licencias, permisos, contabilidad, compatibilidades, adopción de medidas de refuerzo y régimen disciplinario, y por otra parte acordó un impulso en el seguimiento del estudio dirigido a la adopción del régimen definitivo de valoración de la carga judicial.

La comisión permanente aprobó en el año 2011 dos estudios, respectivamente el 17 de mayo y el 14 de junio, sobre la situación de los órganos judiciales unipersonales y colegiados con el fin de valorar la carga del trabajo. Asimismo a lo largo del primer trimestre de 2011 se celebraron reuniones con las asociaciones judiciales con el fin de incorporar sus sugerencias al modelo que se adopte. Como luego veremos es necesaria esta relación entre la carga de trabajo para conciliar la vida laboral de los jueces y magistrados y el trabajo que asumen. Piensen, señoras y señores diputados, que hay jueces que tienen que ven al año cerca de ocho mil asuntos.

Planes de refuerzo. Mientras no se alcance la planta judicial y la dotación de todas las plazas para miembros de la carrera, uno de los mecanismos utilizados para lograr un equilibrio entre el número de asuntos y los órganos judiciales es a través de los planes de refuerzo. En la apertura del año judicial señalé los efectos positivos derivados del plan de refuerzo del gabinete técnico del Tribunal Supremo, al producirse durante el año 2010 una apreciable reducción del número de asuntos pendientes de resolución ante el Alto Tribunal, hasta llegar a quedar situado en una cifra total próxima a los 24.000 asuntos, además de una salida en un número equivalente a los ingresados durante el año. Este apoyo de suma relevancia al Alto Tribunal no debe solapar u ocultar la pendencia y sobrecarga de trabajo que sufren otros órganos jurisdiccionales, que exigen también un esfuerzo añadido para alcanzar una adecuada proporción de asuntos ingresados y resueltos. El Tribunal Supremo cumple en este año los doscientos años como tal Tribunal Supremo, aunque efectivamente tiene muchos antecedentes de la justicia en España, y va a procurar por todos los medios ponerse al día en los asuntos pendientes.

El consejo, consciente de la necesidad y responsabilidad de la buena marcha de la función jurisdiccional, ha impulsado medidas de refuerzo de los órganos judiciales en atención a estas necesidades. Ello se ha traducido en la adopción de medidas específicas en las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de Justicia, con un refuerzo de 35 magistrados, y en un plan extraordinario de refuerzo de la jurisdicción social como consecuencia de la crisis que afecta a 154 juzgados, un 46,56 por ciento de los juzgados de lo Social. Los refuerzos se han extendido también a los juzgados de lo Mercantil, afectando a 35 magistrados, 32 jueces sustitutos, y 2 magistrados suplentes.

Me ocuparé ahora brevemente de la mediación. Cierto es que los planes de refuerzo ayudan a paliar la carga de trabajo de los jueces, pero es necesario buscar vías alternativas de resolución de conflictos al margen de los juzgados que conlleven la reducción de asuntos, y consecuentemente la disminución de la litigiosidad. Una de las líneas de actuación del Plan de modernización de la justicia es precisamente la mediación civil y penal como instrumento eficaz en la resolución de conflictos, con el fin de contribuir a descongestionar los tribunales, ofreciendo a los ciudadanos nuevas fórmulas para arreglar sus problemas. En este sentido se han promovido protocolos de mediación intrajudicial en la que colaboran 128 juzgados penales, 131 juzgados de familia, y 26 juzgados de primera instancia, entre ellos el Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid. En relación con la mediación en asuntos de familia los únicos datos completos de que disponemos durante el año 2010 indican que se han derivado 2.242 asuntos a mediación, de los que 251, esto es el 19,2 por ciento, finalizaron con avenencia.

El pleno del consejo de 30 de junio de 2011 tomó conocimiento de la constitución de un grupo de trabajo formado por expertos en lo contencioso-administrativo, a los efectos de estudiar y delimitar el marco de actuación de un protocolo para la posible implantación de un proyecto piloto de mediación en la jurisdicción Contencioso-administrativa. El pleno posteriormente aprobó la suscripción del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación de Derechos Civiles para la puesta en marcha y desarrollo de una experiencia piloto de mediación intrajudicial en los juzgados de lo Social de Madrid.

Repercusión de la crisis económica en la justicia. Desde finales de 2007 en algunos tipos de procedimiento, como los de despido, los concursos, las ejecuciones hipotecarias, se venía apuntando un importante crecimiento,


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aunque este se ha consolidado de manera muy significa a mediados del año 2008. Estas son las cifras más significativas que ofrece la estadística judicial. En cuanto al número de concursos presentados, en el 2010 se produjo una disminución del 8,1 por ciento respecto del 2009. Sin embargo en los tres primeros trimestres del 2011 se ha vuelto a producir un incremento del 11,7 por ciento respecto a igual periodo del 2010. De igual manera, si bien las demandas que en los procedimientos por despido han descendido el 17,3 por ciento en 2010 respecto al 2009, de contrario en los tres primeros trimestres de 2011 se ha producido un crecimiento del 2,6 por ciento. Las ejecuciones hipotecarias han presentado fuertes incrementos en el 2008 y en el 2009: del 126,2 por ciento en el 2008 al 59 por ciento en 2009. En 2010 solo aumentaron un 0,3 por ciento, y en el 2011 están disminuyendo un 20 por ciento.

La crisis también ha tenido impacto en la jurisdicción voluntaria, que en el 2010 ha presentado una disminución del 41 por ciento, y del 8 por ciento en los tres primeros trimestres del 2011. Para la jurisdicción Penal es difícil valorar el impacto de la crisis, en el caso de que se haya producido, dado que nuestra estadística no distingue los delitos, sino solo los procedimientos. En cuanto a los juicios de faltas ingresados han aumentado un 4,9 por ciento en 2010, y un 1,4 por ciento en los tres primeros trimestres del 2011. En la jurisdicción Contenciosa se ha observado en 2010 una reducción del 9,5 por ciento de los asuntos ingresados en los juzgados, motivada principalmente por la disminución del 33 por ciento de los asuntos de extranjería. Este es otro efecto lateral de la crisis. Cierto es que en relación con los años anteriores parece que existe una tendencia a la baja en cuanto al número total de asuntos, lo cual no obsta para la necesidad de seguir trabajando en la creación de órganos judiciales.

Actividad general del consejo. Voy a referirme a la actividad desarrollada por el consejo en el periodo a que se refiere la memoria actual. El consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y subrayo esto de órgano de gobierno para que no haya confusiones, porque el consejo no es propiamente Poder Judicial, el Poder Judicial lo constituyen los jueces y tribunales, desde un juez de paz hasta el Tribunal Supremo; este es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y como órgano de gobierno asumimos la responsabilidad de velar para que los juzgados y tribunales presten un servicio público de calidad a la sociedad española, y para ello hemos puesto todo nuestro empeño en impulsar desde el consenso, mediante acuerdos adoptados por unanimidad o mayoría de sus miembros, cuantas medidas han sido necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos, detectando las deficiencias que padece nuestro sistema, adoptando soluciones para hacerlas frente, y formulando propuestas tendentes a avanzar en una Administración de Justicia ágil y eficaz. Por ello, desde el punto de vista de nuestra estricta competencia, hemos adoptado, por una parte en el ámbito interno, acuerdos que afectan a la organización interna del Poder Judicial, al estatuto de jueces y magistrados y de sus condiciones de trabajo, y por otra en el ámbito externo, hemos prestado toda nuestra colaboración y diálogo a cuantas instituciones están involucradas en la Administración de Justicia, trasladando los problemas existentes y proponiendo soluciones e impulsando cuantas reformas creemos necesarias para lograr el fin pretendido.

Voy a exponer algunas de las actuaciones más significativas que hemos realizado durante el periodo referido. Ámbito interno de la actividad del consejo. Dentro del estricto ámbito de sus competencias el consejo ha abordado, entre otras muchas, un conjunto de medidas y reformas reglamentarias tendentes a mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial. Entre ellas cabe destacar la suscripción de un convenio en mayo de 2010 con el Ministerio de Justicia, con el objeto de que los jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial puedan encomendar la representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los abogados del Estado, claro está en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos. También la suscripción en diciembre de 2010 con el Ministerio de Justicia de un convenio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud de los miembros de la carrera judicial, con el objeto de promover la seguridad, garantizar la promoción de la salud de sus integrantes, y contribuir a la mejora efectiva de las condiciones de trabajo, en su desempeño mediante la aplicación de medidas y desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del ejercicio de su función, porque ciertamente la función judicial tiene muchos riesgos y puede afectar gravemente a la salud de aquellos que la integran; aplicando los principios generales relativos a la prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad de la salud, la eliminación y disminución de los riesgos, la información, la consulta y la formación en materia preventiva. En este marco de actuación se ha creado un departamento en el consejo con letrados especializados en la materia, junto con diversos vocales de este consejo, que están estudiando la situación con representantes de las asociaciones de la carrera judicial y con otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia para proponer actuaciones en materia preventiva. Lo que antes dije, conciliación de la vida profesional y familiar, que en estos momentos es casi imposible.

Al amparo de lo preceptuado en el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el ámbito de la potestad atribuida al Consejo General del Poder Judicial para el desarrollo del régimen jurídico de los distintos aspectos relacionados con la carrera judicial y el estatuto de jueces y magistrados, se aprobó el reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la carrera judicial, en el que se ha tenido muy en cuenta el impacto que sobre el estatuto judicial ha tenido la Ley orgánica de igualdad efectiva


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de mujeres y hombres y su plasmación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dando lugar a una serie de cambios básicos que consagran el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y particularmente el desarrollo de los derechos vinculados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente en la regulación de diversas modalidades de excedencia voluntaria, licencias y permisos, y particularmente en la posibilidad que se ofrece de reducción de jornada en horas de audiencia pública, unificando bajo esta figura todos los supuestos que dan derecho a la ausencia del trabajo, a la reducción de la jornada en la normativa prevista para la Administración General del Estado, adaptando con ello esta normativa a las peculiaridades propias de la carrera judicial.

Otras actividades. Formación. Una de las competencias más importantes del Consejo General del Poder Judicial es la selección, la formación inicial y la formación continua de los jueces y magistrados, que gira en torno al Plan estatal de formación continua y de formación descentralizada, garantizando con ello un cuerpo judicial sólido y competente. La formación judicial es el ámbito al que más recursos se destinan. Concretamente en el año 2010 se invirtieron 25.160.330 euros, el 34 por ciento del presupuesto, incrementándose en el año 2011 hasta la suma de 26.691.660 euros, el 36 por ciento de su presupuesto. Además del desarrollo por el servicio de formación continua, con sede en Madrid, de las actividades de formación incardinadas en el Plan estatal que el pleno aprueba anualmente, se llevan a cabo en colaboración con algunas comunidades autónomas foros específicos de formación en los que se realizan actividades también dirigidas a los jueces de todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad en la que se encuentren. Así, citaré algunos como la escuela de verano del Poder Judicial, en La Coruña; el Foro permanente de estudios judiciales europeos, en Murcia; el Foro de estudios económicos, con sede en Valencia; el Foro de estudios medioambientales, con sede en Sevilla; el Foro sobre siniestralidad laboral que se desarrolla en Asturias. Junto a las actividades del plan estatal se diseñan programas específicos de formación descentralizada en cada comunidad autónoma dirigidos a jueces y magistrados destinados en ellas para atender fundamentalmente las necesidades formativas y peculiaridades jurídicas e idiomáticas de los distintos territorios.

Otro tema, nombramiento de cargos discrecionales y transparencia. Uno de los primeros objetivos que se fijó el Consejo General del Poder Judicial al comienzo de su actual mandato fue el de llevar a cabo una política de transparencia y de respeto al derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en la provisión de plazas de carácter discrecional. Para ello elaboró un reglamento, aprobado en 2010, con el que se regulan todos los aspectos relativos al procedimiento de estos nombramientos, desde las convocatorias de las plazas vacantes, pasando por las solicitudes de quienes aspiren a ocuparlas, imponiendo como preceptiva la comparencia pública de los aspirantes a plazas con funciones gubernativas, para culminar con la regulación de las propuestas motivadas de la Comisión de calificación y los acuerdos del pleno. Esto ha sido una creación de este Consejo General del Poder Judicial, comparecencias públicas para los que tienen unas funciones gubernativas; comparencias grabadas y que pueden perfectamente ser vistas por aquellos que lo deseen y después, como están grabadas, verlas por los procedimientos adecuados. Así se compara y así se ve la designación, que después se hace por votación secreta en el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Acercamiento de la justicia a los ciudadanos. Unidad de atención a la ciudadanía. El Consejo General del Poder Judicial, consciente de que la justicia es un valor por y para la sociedad, ha seguido en todas sus actuaciones una línea marcada por la transparencia y el acercamiento de la función desempeñada por los miembros del Poder Judicial al ciudadano como destinatario de la justicia. Por ello hemos destinado un importante esfuerzo personal, material y presupuestario en promover la Unidad de atención ciudadana, cuyo primordial objetivo es impulsar la aplicación de la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, que se encarga de dar curso debido a cada petición recibida, con atención presencial, telefónica o informática, y la utiliza para centralizar la información y darle un tratamiento estadístico que permita ilustrar sobre la percepción de los usuarios del día a día de los juzgados y tribunales.

La Unidad de atención al ciudadano es la principal vía de recepción de las reclamaciones y denuncias durante el año 2010. Ha recibido un total de 9.888 reclamaciones, que supone el 76 por ciento del total de las presentadas. Se produce una tendencia a la baja de las quejas sobre los datos del año 2009 confirmándose en cambio la tendencia registrada en 2009, que quiebra la línea permanentemente ascendente en la evolución del número de quejas y denuncias registradas desde el año 2004, en que comenzó a elaborarse la memoria de acuerdo con los criterios que sirven de guía a la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia.

Entre los motivos de quejas y reclamaciones ocupa un lugar prioritario el relativo al funcionamiento de los juzgados y tribunales según los criterios de la carta antes citada, actuación profesional y modo de practicar las actuaciones, con un 74,5 por ciento, que baja no obstante un 11 por ciento respecto al año anterior. El 93 por ciento de los motivos de reclamación relativos al funcionamiento de los juzgados y tribunales responde a las categorías de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, y dentro de ellos el mayor número de quejas, que asciende a 5.347, que representan un 46,5, se refieren a la falta de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Las reclamaciones relacionadas con deficiencias de diversa naturaleza en los registros civiles son muy elevadas. Los tres principales motivos de reclamación sobre los registros civiles siguen siendo los tiempos de espera, la insuficiencia de la plantilla


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y el horario que, sumados, acaparan el 50 por ciento de los motivos de reclamación. En cuanto a la evolución de las medidas de mejora adoptadas a raíz de las quejas, permite concluir que la potencialidad de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos como motor impulsor en la mejora de la Administración de Justicia se ha reforzado año tras año.

Foro justicia y discapacidad. En esta línea de acercamiento a los ciudadanos y para lograr también la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, el Consejo General del Poder Judicial creó en diciembre de 2003 el Foro justicia y discapacidad con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado y conocer mejor los problemas con que se enfrentan las personas discapacitadas en su relación con la justicia para afrontar y favorecer su acceso a esta en condiciones de igualdad garantizando su protección jurídica, habida cuenta de que en España un 9 por ciento de la población padece algún tipo de discapacidad; de ellos el 58 por ciento son mujeres.

Este tema ha sido tratado reiteradamente por la cumbre judicial iberoamericana y las reglas de Brasilia han sido un orientador básico en la materia a la que nos referimos: personas con vulnerabilidad en el acceso a la Administración de Justicia. Hoy en día, este compromiso se ha fortalecido incorporando al órgano rector del foro alguna de las principales asociaciones representativas, y diversos expertos han presentado su colaboración con el día a día del Foro justicia y discapacidad -diputados del Congreso, magistrados y fiscales- para mejorar la situación de estas personas y sus familias. Mención especial merece la atención del Consejo General del Poder Judicial con el impulso del foro en la creación de juzgados especializados en materias referentes a las personas con discapacidad y una acción formativa dirigida a mejorar la calidad de la prestación de este servicio público de la justicia en este ámbito, siendo esta especialización una prioridad en el Plan de modernización de la justicia. En la actualidad existen 13 especializados en incapacidades, 52 en familia e incapacidades y 20 secciones de audiencias especializadas en familia e incapacidades. Finalmente, para reconocer actuaciones relevantes en defensa de los derechos de las personas discapacitadas y la labor realizada en el avance de su situación y su mejor integración social, se crearon los premios Foro justicia y discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, con los que se traslada a la sociedad una realidad de la situación y se fomenta el compromiso de la lucha por una justicia igual para todos.

Durante el año 2010 las actividades más destacadas han sido las siguientes: especialización tanto en la primera como en la segunda instancia de los juzgados y tribunales; presentación de la guía "Personas mayores vulnerables: maltrato y abuso"; entrega de los terceros premios del Foro justicia y discapacidad; implantación de la página web Foro justicia y discapacidad. Actividades formativas: durante el año 2010 se han celebrado cuatro cursos dentro del Plan estatal de formación de los miembros de la carrera judicial y distintos integrantes de las instituciones que componen el Foro justicia y discapacidad.

Premios a la calidad de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, en el pleno de su sesión de 30 de abril de 2009, aprobó la convocatoria de un premio a la calidad de la justicia, cuya primera entrega tuvo lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial en el año 2010 en tres modalidades: por la experiencia para conseguir una justicia más eficaz, más transparente y más accesible. Se trata con ello de reconocer y distinguir a los órganos jurisdiccionales, oficinas judiciales, así como a otras entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante las buenas prácticas de gestión. Es muy importante destacar que somos conscientes de que el Poder Judicial, la Administración de Justicia, constituye ciertamente uno de los poderes del Estado, pero fundamentalmente está dirigido a los ciudadanos y es un servicio público cuya calidad debe ser criticada en aquellos casos que sea oportuno y también distinguido en aquellos otros en que merezca tal distinción.

El Observatorio de la violencia doméstica. Con el fin de garantizar la protección de las personas más vulnerables y en la lucha por alcanzar una justicia igual para todos, el Consejo General del Poder Judicial contribuye a combatir la violencia de género, habida cuenta de los terribles sucesos que día a día se producen en este marco social. Conforme a los datos estadísticos facilitados por el observatorio que preside la vocal doña Inmaculada Montalbán, en el año 2010 se presentaron 134.105 denuncias, de las que 37.908 fueron acompañadas de orden de protección. En cuanto a las víctimas mortales por violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, en el año 2010 se registraron 73 mujeres muertas, lo que ha supuesto un aumento del 32,7 por ciento respecto a 2009, y 7 hombres, 6 a manos de sus parejas mujeres y uno a manos de su pareja del mismo sexo. Siete de cada diez mujeres no habían denunciado y un 38 por ciento eran extranjeras.

Para combatir esta lacra es necesaria la modernización de la organización judicial, pero es también necesario e imprescindible que haya una formación respecto a las mujeres así atacadas, así tratadas, para que presenten oportunamente las denuncias, siempre cuando haya posibilidades de corrección, no cuando tengamos que lamentar situaciones definitivas, que ciertamente lamentamos, y recordamos en este Congreso a las mujeres fallecidas por la violencia de género. La Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada por Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, introduce la formación obligatoria previa, antes de la toma de posesión de los nuevos destinos, para los titulares de las plazas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los juzgados de lo Penal especializados en la violencia de género o en secciones penales y civiles especializadas de audiencias provinciales.


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Es una importante misión. No todo juez está capacitado para entender de este asunto, siempre es necesario especializar. A veces las especializaciones son en lo civil, en lo contencioso o en lo mercantil, y este es un aspecto humano grave que tiene nuestra sociedad. El primer curso presencial se desarrolló en marzo de 2010, tras el cual se ha procedido a preparar cursos en un nuevo formato que contemplen la formación teórica, tutorías en órganos especializados y visitas a recursos asistenciales a disposición de las víctimas de esta violencia en los respectivos territorios. En el último trimestre del año se organizó la primera edición del curso de especialización, que se impartió a 25 nuevos titulares de órganos especializados en la violencia sobre la mujer.

Potestad disciplinaria. Durante el año 2010, la Comisión disciplinaria ha celebrado un total de 22 reuniones en las que ha adoptado 1.556 decisiones, número considerablemente inferior al de los últimos ejercicios como consecuencia de los nuevos criterios adoptados por la propia Comisión disciplinaria y por la Comisión de inspección acerca de esta tramitación de quejas y denuncias de contenido no disciplinario sino de naturaleza jurisdiccional y de carácter estructural sobre medios personales y materiales de los distintos órganos jurisdiccionales.

Los acuerdos adoptados se refieren, entre otras cuestiones, a la resolución y ejecución de informaciones previas, así como a la incoación y resolución de diligencias informativas -diligencias informativas que se abren siempre que puede haber un punto confuso o que ha tenido cierta repercusión en la opinión pública y que no son equivalentes a abrir un expediente a un juez ni a nadie-, a la incoación, tramitación, resolución y ejecución de expedientes disciplinarios, en los términos establecidos en los artículos 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia disciplinaria judicial. Es de destacar que la gran mayoría de las mencionadas decisiones se adoptan por unanimidad, dándose la circunstancia de que de las 1.556 decisiones que se han indicado, tan solo 11 se tomaron por mayoría. En la anualidad de 2010, se incoaron 47 expedientes disciplinarios, 24 menos que en el ejercicio anterior, y se resolvieron 81 expedientes disciplinarios, 41 con sanción y 40 sin sanción.

La actividad de la Comisión disciplinaria se ha concretado también en el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sala tercera del Tribunal Supremo como consecuencia de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, durante 2010 se recibieron en la Comisión disciplinaria un total de 191 sentencias, de las que solo 12 fueron de estimación del recurso interpuesto contra la respectiva actuación adoptada por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio denominado del régimen disciplinario. Fueron sancionados 41 jueces, menos del uno por ciento. De 952 informaciones se abrieron 47 expedientes disciplinarios, 25 menos que en el ejercicio anterior.

El ámbito externo de la actividad del Consejo General del Poder Judicial. La sociedad española ha avanzado en la complejidad y ello lleva consigo una mayor exigencia en la prestación de servicios públicos. Por ello el Consejo General del Poder Judicial, con pleno respeto a las competencias y responsabilidades de otros poderes del Estado, quiere mantener y afianzar el diálogo con el nuevo Gobierno y con las comunidades autónomas con el fin de abordar esta reforma global de la justicia, constatada en la insatisfacción de la ciudadanía y de quienes la sirven y administran. A nivel institucional, se trata de conseguir una efectiva colaboración y compenetración entre todas administraciones competentes en materia de Administración de Justicia en aspectos de gran importancia, como la nueva oficina judicial, las medidas de agilización procesal, mecanismos alternativos en la solución del conflictos como la mediación y el arbitraje, que el Consejo General del Poder Judicial ha impulsado con sus propuestas e informes convocando a diversas instancias para una comunicación fluida.

La nueva oficina judicial. Con fundamento en el Pacto de Estado de la justicia suscrito el 28 de mayo de 2008 por los partidos políticos más representativos, las líneas generales del nuevo modelo de oficina judicial desarrollaron las medidas previstas ya en la Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial de 2003. Su implantación efectiva tuvo lugar con la promulgación de la Ley 13/2009, de reformas procesales, y con la aprobación, en febrero de 2010, del reglamento de homogeneización de los servicios comunes procesales, gracias al trabajo coordinado y a la cooperación entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial en la reorganización de los medios materiales y personales al servicio de los juzgados y tribunales que exige su implantación. La nueva oficina se ha empezado a desplegar, en el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia, en Murcia, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Mérida y, en el País Vasco, en los partidos judiciales de Irún, Azpeitia, Eibar, Amurrio y Getxo. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial ha constituido un grupo de apoyo a la implantación que, junto con la Comisión de modernización y con los vocales asignados a cada territorio, colabora efectivamente con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas.

Las nuevas tecnologías. Junto a la implantación de la oficina judicial, otro de los ejes del Plan de modernización de la justicia se refiere a la aplicación de las nuevas tecnologías con el fin de sumergir a la Administración de Justicia en la sociedad de la información mediante la plena incorporación de las nuevas tecnologías y de la comunicación en la actividad de los órganos judiciales para que se disponga de forma ágil de toda información necesaria para desarrollar su labor con eficacia y con rapidez. También es necesario implantar sistemas informatizados de gestión procesal y registros administrativos uniformes compatibles para que sirvan de apoyo a la labor jurisdiccional y garantizar el derecho de los ciudadanos


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a relacionarse con la Administración de Justicia con medios electrónicos.

Impulso de las reformas legislativas. En este aspecto de cooperación también quiero destacar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial con otras instituciones mediante la elaboración de informes y propuestas relacionadas con la Administración de Justicia. En este sentido, la aprobación definitiva por el Parlamento de la Ley sobre Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que contaron con el apoyo e impulso del órgano de gobierno del Poder Judicial, constituye un importante paso adelante en el proceso de modernización de la Administración de Justicia española facilitando que los procesos abiertos en las jurisdicciones afectadas sean más ágiles y más rápidos, con el consiguiente cumplimiento del principio de austeridad por el ahorro de gastos, manteniendo todas las garantías de los ciudadanos, en definitiva, mejorando el servicio público de la justicia.

La nueva Ley Concursal servirá para favorecer los acuerdos previos que faciliten la viabilidad de las empresas en crisis ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal, ayudando a descongestionar los juzgados de lo Mercantil, y la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al atribuir a este órgano jurisdiccional materias que en la actualidad corresponden al órgano contencioso-administrativo y en menor medida al orden civil, será también de gran ayuda.

En el ámbito internacional -y voy terminando, señoras y señores diputados- el presidente, en estrecha colaboración con la Comisión de relaciones exteriores del Consejo General del Poder Judicial, ha incrementado las relaciones con diversas instituciones tanto de la Unión Europea como con otras de carácter internacional, especialmente en el ámbito de los países iberoamericanos. Esta labor de comunicación y cooperación institucional de carácter internacional afianza los lazos entre los diversos Estados aproximando posturas y sentando las bases de proyectos futuros y acciones concertadas que contribuyen al fortalecimiento y enriquecimiento de nuestro sistema judicial, mejorando la situación personal y profesional de los jueces y magistrados y la calidad de la justicia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En la esfera de estas relaciones internacionales destaca fundamentalmente la participación en la cumbre judicial iberoamericana, en la que España ostenta desde hace años la secretaría permanente; en la Asociación de cortes supremas administrativas de la Unión Europea, en la que España ostenta también la presidencia, y en la red de consejos de Poder Judicial, en la que España ostenta también la presidencia. En el mes de junio de 2010 asistí en Luxemburgo al XXII Congreso de la Asamblea General de la Asociación de consejos de Estado y jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea, que resultó ser de suma importancia para España porque, como he dicho, se asignó la presidencia por el periodo reglamentario a España. Concretamente en España, en mayo de 2011, estas asociaciones internacionales de los tribunales supremos administrativos, que en otros países se diferencian del Tribunal Supremo, y los consejos de Estado con competencias en jurisdicción contencioso-administrativa, además de la reunión de Luxemburgo, celebraron otra reunión en el Tribunal Supremo que les sirvió de marco y que fue de todo punto un verdadero éxito.

Ya concluyo. Deseo, no obstante, destacar un aspecto que me parece esencial, y es que el impulso para conseguir la modernización de la Administración de Justicia en España, que desde su inicio ha guiado la actuación del consejo, va a continuar durante el resto de su mandato. Somos conscientes de que ese objetivo puede exceder el plazo de cinco años que la ley fija para la renovación de este órgano constitucional, pero hasta el último día pretendemos continuar con esta tarea para la que es imprescindible la colaboración con las distintas instituciones, entre ellas y especialmente esta Cámara. Miren, cuando hablamos de un impulso procesal nunca el consejo pretende sustituir la voluntad legítima de los legisladores, sino simplemente exponer a través de sus informes, de sus posibles colaboraciones, aspectos que con conocimiento de causa, con la experiencia propia del Poder Judicial, pueden servir a las leyes que nos son propias. Prueba de esta voluntad es el acuerdo adoptado en el pleno para exponer las reformas legislativas que consideramos necesarias para el marco del óptimo aprovechamiento de los escasos recursos de que disponemos. En ese acuerdo se resalta la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados tribunales de instancia, se reformen las demarcaciones judiciales, se introduzcan reformas para la agilización de los procesos de todos los órdenes jurisdiccionales. Los tribunales de instancia son fundamento para reducir el tiempo de tramitación de las causas en los juzgados sin necesidad de asumir el elevado coste que supone la creación de nuevos juzgados y los refuerzos de los existentes. Un nuevo mapa de partidos judiciales que supere demarcaciones procedentes del siglo XIX no solo es obligado dados los cambios de las poblaciones y de los medios de transporte y de las comunicaciones, sino que además es imprescindible para optimizar los medios materiales y personales existentes en los juzgados.

Finalmente, sin perjuicio de la elaboración de leyes largo tiempo esperadas -entre ellas se destaca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre cuya necesidad el Consejo General del Poder Judicial vuelve a llamar la atención-, son inaplazables determinadas reformas procesales urgentes en todos los órdenes judiciales, en el civil, en el penal, en el contencioso-administrativo y en el social, que admitan la reducción de la litigiosidad y la desjudicialización de determinadas materias en las que no esté en juego la tutela judicial y que permitan suprimir y agilizar trámites innecesarios y colaboren así a la reducción de la exagerada duración de los procesos judiciales.

Consecuencia de estos objetivos prioritarios a corto plazo, el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de jueces y magistrados, y el Poder


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Legislativo deben tener una colaboración técnica e institucional dentro de sus respectivas competencias. No queremos invadir ninguna función que no nos corresponda. También el Poder Legislativo debe respetar al Poder Judicial en sus decisiones, no obstante sus críticas. Pero la colaboración -colaboración que nunca supone subordinación sino eso, colaborar técnica e institucionalmente- es fundamental para que podamos tener una justicia como nos piden los ciudadanos y que actualmente, por desgracia, no es la que damos. Estoy seguro de que con estas y otras medidas avanzaremos en el proceso de modernización de la justicia.

Muchas gracias. He terminado.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, por la exposición de la memoria de actividades correspondiente al año 2010 del Consejo General del Poder Judicial que su señoría preside. Tomamos muy buena nota en esta Comisión de las solicitudes de colaboración, de aportaciones que desde el consejo se nos puedan hacer llegar.

Sin más, y tal como expliqué al comienzo de esta sesión, vamos a dar la palabra los distintos portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, por un tiempo máximo de quince minutos, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto que ha solicitado dos intervenciones. En primer lugar, el señor Urbina tiene la palabra, en este caso por un tiempo de siete minutos y medio.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor Dívar, quiero agradecerle su comparecencia en esta Comisión para ofrecernos las explicaciones en torno a la memoria de 2010. Ha dado explicaciones en muchos aspectos; en mi caso, me referiré a dos cuestiones muy concretas: la primera es una reflexión en relación con la independencia de la Justicia y la segunda, una cuestión referida a la implantación de las recomendaciones internacionales para la lucha contra la tortura, todo ello evidentemente en el ámbito de competencia, como usted bien ha explicado, del Consejo General del Poder Judicial.

El primer asunto es la cuestión de la independencia de la Justicia o, si quiere, de la politización de la misma. Ha hecho referencia a ello de una manera más o menos indirecta en algunos de los análisis que ha efectuado, cuando aludía a los motivos de queja. Dentro de la extensa explicación que ha dado, si algo determina el Poder Judicial, además de lo que ya ha comentado usted, debe ser aquello de que todos somos iguales ante la Justicia o, dicho de otra manera, que realmente nos encontremos con una justicia independiente de los otros poderes que conforman el Estado, que existen en un Estado. Al respecto, un conocido diario estadounidense decía hace unos días, a raíz de la sentencia dictada en relación con el señor Garzón, que todavía había que ayudar mucho al Estado español para que su justicia llegase a ser independiente y justa. Si bien es cierto que es paradójico que esta afirmación se realice justo con un magistrado que hasta hace bien poco y durante mucho tiempo se ha movido en esos mismos parámetros que ahora el rotativo denuncia, esta parte está, por lo menos en parte, de acuerdo con esa afirmación de que la justicia española no es ni independiente ni justa. Decía por lo menos en parte y me explico. Si hiciéramos un análisis de actuaciones judiciales en referencia a determinados delitos como, por ejemplo -son simples ejemplos que la experiencia de letrado del que habla permite identificar, pero sin lugar a dudas la lista podría ser mayor y evidentemente dar lugar a diferentes opiniones, yo les diré la de Amaiur y la de quien las habla-, las denuncias por actuaciones de Fuerzas de Seguridad que acaban archivadas frente a aquellas denuncias que estos últimos interponen contra particulares, o si analizásemos la exhaustividad de las investigaciones de delitos de estafa, prevaricación y financiación ilegal en la que se ven inmiscuidos políticos o partidos políticos y el porcentaje de archivo y absoluciones de las mismas, o finalmente si analizásemos en cuántos casos la justicia ha actuado contra bancos o políticos por decisiones adoptadas que nos han llevado a la crisis económica actual y viéramos cuáles han sido sus decisiones, si todo esto lo ponemos en contraposición con la contundencia con la que se está actuando desde el ámbito judicial contra precisamente aquellos que sufren la mencionada crisis, llegaríamos a la conclusión -y a esa conclusión llega quien le hablar- de que la balanza de la justicia parece estar inclinada a defender los intereses de los más poderosos o del Estado cuando los mismos se encuentran en liza. Por tanto, la percepción que la sociedad tiene y que se recoge en diferentes encuestas de que la justicia no es para todos igual no es un tópico sino que pasa a ser una constatación, por lo menos en ciertas cuestiones. Por eso, la mención anterior de que estamos de acuerdo en parte con la afirmación que realizaba ese conocido diario estadounidense.

Esta constatación adquiere una dimensión aún mayor en un terreno que usted conoce muy bien, como es el que afecta a la lucha antiterrorista, en el que, por ejemplo, todo un Tribunal Supremo ha reescrito una norma penal que se ha aplicado durante treinta y cuatro años para conseguir que presos condenados por terrorismo no salgan de prisión cuando les corresponde -me estoy refiriendo a la denominada doctrina Parot-. O como cuando la Audiencia Nacional lleva al límite cualquier interpretación de lo que es la organización terrorista -avalado posteriormente, también es cierto, por el Tribunal Supremo- para detener a cientos de personas por realizar exclusivamente actividad política y social. ¿Actividad molesta para el Estado? Sí, pero meramente política y social. O como, finalmente, cuando esa misma Audiencia Nacional aplica sin mesura la prisión provisional hasta límites de cuatro años cuando en muchas ocasiones nos encontramos que durante ese periodo apenas se realiza actividad judicial alguna, cuestión que ha sido motivo de toque de atención, digámoslo en términos sencillos, por el Tribunal Europeo al Estado español. Uno es consciente de que la lucha antiterrorista


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es un tema de extrema sensibilidad, pero también creo que a ojos de cualquier persona imparcial resultaría incuestionable que muchas de estas decisiones a las que he hecho referencia más parecen moverse por impulsos políticos que por criterios exclusivamente judiciales, de justicia, lo que hace constatar nuevamente aquella reflexión que hacíamos al principio de que la justicia no es para todos igual y por lo tanto aquellos principios de igualdad y justicia se ven seriamente cuestionados con este tipo de actuaciones y en consecuencia también la concepción del Estado de derecho.

Como decía, soy, somos conscientes de cuáles son las competencias de este Consejo General del Poder Judicial. Imagino que si en el diagnóstico coincidimos...

El señor PRESIDENTE: Señor Urbina, le ruego que vaya concluyendo.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Sí, finalizo rápidamente.

Espero que coincida en valorar que se trata de un problema que por su parte también necesitaría una solución.

Finalmente, una cuestión -un segundo, señor presidente, si me lo permite- en relación a las diferentes e innumerables ocasiones en que instancias internacionales, con motivo de las denuncias de torturas existentes en el Estado español, han realizado una serie de recomendaciones. Simplemente quiero realizarle una pregunta, repito, conociendo las competencias de que disponen. La pregunta es si tienen ustedes previsto realizar algún tipo de propuesta tendente a la aplicación de las recomendaciones, en concreto las del relator sobre la tortura, de Naciones Unidas.

El señor PRESIDENTE: A continuación el señor Tardà tiene la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, por su comparecencia. Yo creo que estos últimos días se habla demasiado de ustedes en las cafeterías y en los bares. No sé si es bueno o es malo, pero se habla mucho de ustedes. Quizás es bueno porque yo creo que la percepción general que tiene la ciudadanía respecto a ustedes, incluso respecto a la Administración de Justicia, es que es lejana, muy lejana; perversamente politizada; excesivamente endogámica y corporativa, e incluso, creo -y entenderá por qué se lo digo-, muy jacobina y castellanista. Y ahora intentaré explicarme. (Risas.- Rumores.) Sí, sí, no se ría usted, porque se lo voy a demostrar con hechos muy objetivos.

La verdad sea dicha: ¿por qué se habla tanto de ustedes estos días? ¡Hombre, porque planea, como planea en esta sala, el fantasma del juez Garzón! Usted no ha mencionado su nombre pero todos sabemos de qué estamos hablando, y efectivamente era uno de los suyos; era uno de los suyos. Por cierto, esta justicia tan politizada ha tocado a somatén y ciertamente han coincidido derechas e izquierdas para dejar muy claro de forma absolutamente unánime que Garzón ya no era uno de los suyos. Y ustedes saben cuál es nuestra posición respecto a Garzón: él hizo ojos ciegos a la tortura en el año 1992 en una, digamos, operación que él comandaba; pero luego, como ustedes saben, le pasó factura al Partido Socialista con la investigación del GAL y luego al Partido Popular con su posición contraria a la guerra de Irak. Y ahora ha sido la primera víctima de Gürtel. De manera que entenderá usted que en la sociedad, aun cuando están -creo- bastante lejanos, no pasan ustedes desapercibidos. Esta es la realidad y por esto me parece su exposición un tanto liviana. Porque aun cuando espero que luego entre más a fondo, que entre al trapo, digamos, de las verdades, creo que hoy por hoy esta es una realidad; que podemos ignorarla.

¿Por qué le he dicho antes que es endogámica? Porque es cierto -y a nadie se le escapa- que, por ejemplo, un buen ministro de Justicia como el señor Bermejo intentó democratizar el acceso a la magistratura por parte de la Administración y acabó como una pieza cobrada -por cierto, nunca mejor dicho- en una cacería conjuntamente con el señor Garzón. De manera que creo que ustedes hoy por hoy todavía no han hecho la catarsis. Y ya toca porque llevamos treinta años de democracia. Ustedes son muy corporativistas, endogámicos y no han hecho este ejercicio que se hizo en Alemania, donde hubo un ejercicio de desprusianización. Y ustedes no han hecho el ejercicio de descastellanización. Antes al contrario, hemos dado un paso atrás en los derechos lingüísticos, se continúan vulnerando sistemáticamente los derechos lingüísticos en el País Valencià, en las Illes Balears y en el Principat de Catalunya, y hablo por la lengua catalana. Porque ustedes están en el vértice de la pirámide de la Administración de Justicia, tienen la academia, tienen el poder y tienen el mejor sueldo; luego, ustedes tienen una gran responsabilidad. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes no están implicados en casi nada en el proceso de normalización de la lengua catalana en los Països Catalans. Creo que tanto les da, porque ustedes arrastran con su indolencia al letrado, y el letrado arrastra al ciudadano. Y es más, hoy día hemos dado un paso atrás enorme. En el año 2004 había asesores en los juzgados catalanes para ayudar a los jueces a redactar las sentencias; luego se consideró que era necesario pasar al siguiente estadio, que es el de la formación. Y, ciertamente, hoy por hoy en la inmensa mayoría de juzgados en Cataluña el personal, los magistrados, ya son competentes en lengua catalana. Luego, ¿cómo se entiende que hoy día se redacte la mitad de las sentencias en lengua catalana que se redactaban en el año 2004? Por su indolencia, porque de hecho ustedes no se sienten llamados; quizás porque hay una reminiscencia asimilacionista no se sienten llamados a la normalización de la lengua catalana; no se sienten llamados. Hay casos esperpénticos. Por cierto, el señor Hernando, un magistrado, tuvo la desfachatez, repito, la desfachatez de no recomendar a los jueces en Cataluña el aprendizaje


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del catalán porque aprender catalán tenía el mismo sentido y categoría que aprender a bailar sevillanas. Por cierto, que luego lo premiaron ascendiéndolo al Tribunal Constitucional. Esto era impensable en cualquier democracia avanzada y menos en un Estado compuesto como el nuestro. Luego, si el señor Hernando se atrevió a esto, no nos sorprenderá que en Reus un ciudadano -en Cataluña en el siglo XXI- no pueda contraer matrimonio en catalán en el juzgado porque al juez no le da la gana hablar en catalán. O, por ejemplo, que algunos jueces, como el de lo Contencioso-administrativo de Lleida, que se atreve a ridiculizar, a menospreciar la lengua regional e incluso ha invalidado una multa a un ciudadano porque se había tramitado en lengua catalana. Esto es mentalidad asimilacionista y, por cierto, antigua. No puede ser que dentro de su cabeza algunos de ustedes, muchos de ustedes tengan una mentalidad que de alguna manera asocia el caso catalán como si fuéramos ciudadanos de Argelia en la década de los cincuenta del siglo pasado. Esta mentalidad no puede existir; de hecho, esto es una antigualla. Es más, esto les invalida. Y creo que denota que tanto les da o les preocupa poco que precisamente sea la justicia el ámbito en el cual los ciudadanos están más desprotegidos. Hay dos ámbitos en los cuales no hay perdón en el momento de no proceder a fomentar la normalización: en la justicia y en la cultura. Son dos ámbitos...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.

El señor TARDÀ I COMA: Termino.

Son dos ámbitos en los cuales la normalización de las lenguas debería ser prioritaria.

No tengo más tiempo. En todo caso, si usted pudiera dar algún rayo de esperanza sobre ese tema para no ir repitiendo año tras año esta sistemática vulneración de los derechos lingüísticos, sería interesante. Por cierto, lengua y derecho civil catalán. Hay muchas sentencias mal redactadas por ignorancia; por ignorancia, no digo por mala fe, que quizás también.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Vasco, el señor Olabarría tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, con toda honestidad, tengo que decirle que en el lugar donde me han dejado el morlaco los diputados que me han precedido en el uso de la palabra es difícil continuar la faena. No sé si inercialmente seguir esa sistemática o si ajustarme a la naturaleza del trámite, que es glosar la memoria que con tanta elocuencia y brillantez nos ha expuesto el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Son dilemas morales que obviamente por razones de tiempo hay que resolver inmediatamente, y ya está resuelto, vamos a intentar recurrir a la memoria, que es el trámite que nos hace estar presentes aquí hoy en el ejercicio de nuestras funciones como diputados.

Señor Dívar, de nuevo, muy agradecido por sus explicaciones, elocuentes, prolijas, agotadoras -en el sentido etimológico del término- por completas, agotadoras porque prácticamente no ha dejado de exponer ninguna de las materias atinentes a las competencias del Consejo General del Poder Judicial, y con una cierta impronta contable, si me permite la expresión. Pero si a usted se le escuchan las reflexiones contables, en el seno del balance, en el activo y en el pasivo, siempre uno es capaz de discernir si hay alguna elucubración de carácter más abstracto, más sustantivo, más especulativo. Creo que ya nos vamos conociendo usted y yo hace mucho tiempo y ya empiezo a intuir, a identificar cuáles son los aspectos sustantivos que usted, tras esa parafernalia contable de datos, estadísticas, actos, etcétera -solo le falta en algunos cursos haber indicado el nombre y los dos apellidos de los que participaron en él-, nos quiere transmitir realmente a los diputados de esta Cámara, que realizamos una labor sencillamente de control -en el sentido genérico del término- de sus funciones.

Siguiendo el orden de los propios epígrafes que usted ha utilizado, quiero indicarle que ha empezado hablando de la imagen de la justicia -sería una especie de resumen de lo que usted ha dicho- y de la obligación que tiene el Consejo General del Poder Judicial en relación con la reivindicación del buen hacer de los órganos judiciales y del respeto de su independencia y neutralidad; pero no solo de esto, sino también de la defensa de la probidad en el funcionamiento del ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Sobre esto tiene usted mucho que hacer, no basta con anunciar que el Consejo General del Poder Judicial va a actuar en el seno de la protección de la Administración de Justicia, de sus actos en su conjunto. Y no basta por una razón muy sencilla, señor presidente: que la justicia últimamente -y esto está muy vinculado no a la administración o al ejercicio ordinario de las funciones judiciales de la mayoría de los órganos judiciales, sino a algunas resoluciones concretas, a algunos procesamientos concretos, a algunas singularidades de naturaleza procesal concretas que hacen referencia a conceptos tan metajurídicos como el componente mediático de la persona que va a ser objeto de imputación- está provocando convulsiones en los ciudadanos. Esto lo decía el señor Tardà con una expresión mucho más comprensible que la que yo estoy utilizando: se habla mucho de la justicia en las tabernas. Efectivamente, incluso demasiado. ¿Por qué? Porque hay muchas sentencias que los ciudadanos no comprenden. La justicia emana del pueblo y lo que no puede la Administración de Justicia es permitirse la licencia o el lujo de provocar que el pueblo -en cuyo nombre se imparte o se ejerce esta noble función, la jurisdiccional- sufra permanentes convulsiones, convulsiones provocadas por lo que le he dicho: sentencias que no se comprenden, unas dictadas en función de un veredicto del jurado y otras dictadas no en función de un veredicto del jurado; procesamientos extravagantes en otras ocasiones; singularidades procesales como que a otros imputados


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no se les practican o no se les atribuyen determinados procesamientos o determinadas diligencias judiciales, en virtud de circunstancias tan deletéreas como el carácter mediático o del personaje al que esas diligencias judiciales afecta. Sobre esto ustedes deberían tener o practicar una concepción menos elitista -pensando que los jueces son profesionales, el Consejo General del Poder Judicial sabe derecho, comprende que estas resoluciones tienen fundamentación- y hacer un trabajo más pedagógico, desproveyéndose de ese carácter un tanto lejano y elitista de la justicia y explicando a los ciudadanos, quizás con más intensidad, esa labor pedagógica que es reivindicable y reclamable del Consejo General del Poder Judicial, porque estas decisiones judiciales que tanto perturban, tanto dañan a veces la propia fe de los ciudadanos en su sistema de justicia, se producen. No sería malo que además de una oficina de quejas exista una oficina o una estructura de explicación de determinadas actuaciones jurisdiccionales. Yo le puedo asegurar que se aleja mucho de lo que el pueblo considera que resulta pertinente.

Decía Manuel Alcántara, un conocido columnista muy propenso a la retórica pero que a veces enuncia y radiografía bien las circunstancias que en este momento configuran en este caso la Administración de Justicia, que cómo desconfiar de un veredicto del Tribunal Supremo; si no creemos en un veredicto del Tribunal Supremo, si los ciudadanos no creen en un veredicto del Tribunal Supremo solo nos queda creer en la hipotética justicia divina; cosa que no nos cabe en la cabeza o sobre la que no es posible discernimiento alguno. Vamos a evitar tener que creer en la justicia divina, señor Dívar, y hagan ustedes un esfuerzo por explicar ciertas decisiones porque es una de las funciones del Consejo General del Poder Judicial; no una defensa corporativa, una defensa sistemática de todas las resoluciones judiciales sino una defensa de las decisiones que provocan convulsiones y que deterioran la fe de los ciudadanos en su sistema de Administración de Justicia y que más aleja a los ciudadanos de la misma. Cuando el primer Bush gobernó Estados Unidos en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo, como usted sabe, no por constancia de los votos, el ilustrísimo magistrado Thomas del Tribunal Supremo dijo una frase terriblemente elocuente, que yo se la sugiero para que usted la metabolice o interiorice en el seno de las competencias del Poder Judicial. Cuando le atribuyeron a Bush padre la victoria dijo lo siguiente: este órgano, el Tribunal Supremo, no sabe quién ha ganado las elecciones realmente, pero sí sabe quién las ha perdido, la fe del pueblo norteamericano en su sistema de Administración de Justicia. Intenten evitar que la fe de los ciudadanos del Estado español en su sistema de Administración de Justicia se deteriore irreversiblemente.

Hay muchas cuestiones sobre las que hablar que yo he intentado extraer de sus reflexiones pero hay otras, sobre las que me gustaría hablar, que no han formado parte de su disertación. Hay una, de la que hemos sido conocedores por lo menos algunos de los aquí presentes por un documento televisivo en el programa Informe Semanal, enunciada por el presidente de la Audiencia Nacional, en donde el presidente de la Audiencia Nacional comentaba que el Consejo General del Poder Judicial había encomendado la investigación de todos aquellos delitos de terrorismo no resueltos todavía, incluso los prescritos. No sé si esa orden realmente existe, y sobre todo lo que interesa es saber si existe esa orden o instrucción al presidente de un órgano judicial para realizar una actividad de naturaleza jurisdiccional dudosa, desde la perspectiva de las competencias que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Si existe una instrucción de estas características, me gustaría saber cuál es su finalidad. Vivimos un contexto respecto al cual el Consejo General del Poder Judicial tampoco se puede desvincular; un contexto en donde algunos esbozamos con esperanza la pacificación y normalización de Euskadi y donde hay que realizar seguramente o hay que intentar realizar actividades proactivas a este proceso de pacificación, normalización y reconciliación en Euskadi. Si una instrucción de estas características ha sido dada para acometer un instrumento tan elemental en un momento de reconciliación o de intento de búsqueda de la reconciliación compleja, tan importante como es la reconciliación o la defensa de la memoria de las víctimas, la atención a la memoria de las víctimas para que sean conocedores de qué sucedió con los victimarios, yo no estaría en condiciones de reprocharle nada. En todo caso, me interesaría saber si esta recomendación se ha producido y se ha dirigido al presidente de la Audiencia Nacional y en relación con todos los delitos de terrorismo cometidos, hayan prescrito o no, y sobre cuya autoría se desconoce o no se haya podido producir el enjuiciamiento de los responsables, entre otros casos, porque no consta en la Audiencia Nacional -según comentarios de este mismo reportaje- ni en qué juzgado ingresaron estos asuntos cometidos hace muchos años, en una época en la que la democracia todavía era incipiente, en el Estado casi predemocrático como era el Estado español, y donde estos asuntos vinculados a la acción de la banda y organización terrorista ETA muchas veces quedaron muy difuminados, muy difusos. Sería pertinente dentro de cualquier estrategia de reconciliación en el ámbito de la atención a las víctimas o de reconocimiento de los derechos de las víctimas un conocimiento de lo que se denomina memoria, reparación y justicia de estos actos, y si la Audiencia Nacional realmente está realizando este trabajo, es un trabajo en todo caso relevante. Lo que pasa es no sé hasta qué punto un trabajo de naturaleza jurisdiccional puede ser requerido por el Consejo General del Poder Judicial.

El señor presidente ha vuelto a manifestarse sobre la siempre interesante cuestión relativa a los nombramientos discrecionales del consejo. Ha comentado que ya hay un reglamento donde se ha reglamentado el sistema mediante la motivación necesaria de la comisión de calificación, la presentación de solicitudes, el formato de solicitudes, me


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imagino que recogiendo los requerimientos de la doctrina del Tribunal Constitucional de la sentencia 108/1986, relativa a cómo se deben pronunciar los nombramientos discrecionales. Espero que se haya mejorado enormemente en esta materia, porque es fundamental para desproveer de la politización que en muchos ámbitos se atribuye todavía al Consejo General del Poder Judicial, la neutralidad, el equilibrio y los requerimientos constitucionales en materia de nombramientos mediante la fundación de las decisiones que justifican determinado nombramiento de los que corresponde realizar discrecionalmente al Consejo General del Poder Judicial.

Podemos recordar cómo, en relación con el nombramiento de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se especuló en los medios de comunicación, y me da la impresión de que no sin demasiado fundamento, sobre cómo en determinado parlamento autonómico un determinado partido necesitó los votos de otro determinado partido para conseguir aprobar el presupuesto, y la persona que estaba designada in pectore para ser investido como presidente nada menos que del Tribunal Superior de Justicia de Galicia fue sustituido por otra que se aproximaba más a las tesis ideológicas del partido cuyo apoyo se requería en un parlamento autonómico para otra cuestión de naturaleza sustancialmente diferente a la jurisdiccional, como es la aprobación del presupuesto. Esto es politización, pero en el sentido perverso y en el sentido deslegitimador de las funciones del consejo. Espero que con el nuevo sistema de nombramientos hayan acertado y no sigamos con un sistema de nombramientos basado en cuotas entre sensibilidades políticas diferentes, porque este es uno de los males que históricamente han gravitado sobre la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría que algún día usted nos pudiera decir enfáticamente que la política de cuotas, la imposición de determinados nombramientos mediante cambios entre sensibilidades políticas que afectan y configuran la personalidad de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial se ha superado definitivamente. Esta es una cuestión trascendente.

Ha hablado usted de la estructura orgánica del Poder Judicial, de las deficiencias, y no puedo por menos que estar de acuerdo en que seguimos teniendo la ratio más pequeña de la Unión Europea, por lo menos de los países de la zona euro, de jueces por cada 100.000 habitantes, de que la litigiosidad y la pendencia se incrementan sobre todo por este déficit estructural que ningún Gobierno ha acometido eficientemente porque para ningún gobierno el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha constituido una prioridad. Yo comparto con usted la reflexión de que nueve millones de asuntos ingresados que tienen que ser resueltos por lo menos por 5.000 jueces es muy difícil que puedan serlo en tiempo y en forma adecuados; incluso es un exceso, es un gravamen con el que cargamos a la Administración de Justicia inasumible y que provoca graves efectos colaterales como las dificultades que usted también ha invocado en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero lo que tiene usted que reclamar es que haya más jueces y sobre todo intentar agilizar los procedimientos de recluta de jueces, que siguen siendo todavía demasiado lentos. Yo comprendo que a un juez hay que formarlo adecuadamente. Un juez ejerce funciones relevantes y usted dijo en la presentación de alguna memoria anterior que, cuando un juez habla, habla el Estado por su boca mediante la interpretación y aplicación de las leyes. Y es cierto, representa un poder del Estado y lo absorbe en su totalidad el órgano judicial que dicta una sentencia, cuando dicta esa sentencia. La recluta es importante, pero yo no sé hasta qué punto eso es tan importante como que la regeneración o el incremento de jueces resulte tan molesta y sorprendentemente lento: dos años de formación en la Escuela Judicial, la licenciatura de Derecho, la preparación de unas durísimas oposiciones, recurriendo a preparadores que son además personas muy conocidas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, voy acabando ya, señor presidente.

Dicho esto, le querría decir que hay un asunto pendiente en el ámbito de la Administración de Justicia desde una perspectiva orgánica, que es la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial -no le he oído ninguna reflexión-, previstos en algunos estatutos de autonomía y muy degradados por una conocida sentencia, de alguna reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación, en concreto, con el Consell del Poder Judicial de Catalunya. No le he oído reflexiones al respecto cuando este es uno de los elementos que usted ha comentado cuando glosaba el 200º aniversario del Tribunal Supremo. Efectivamente, el Tribunal Supremo se configuró en la Constitución de Cádiz hace 200 años, incorporando el orden revolucionario francés. Hasta entonces no había ningún elemento, ninguna estructura judicial de carácter centralizador, no había ninguna estructura o ningún procedimiento de carácter casacional en donde acabaran todos los recursos judiciales. Existían justicias territorializadas que forman parte de lo que la Constitución ha incorporado a su disposición adicional primera como derechos históricos, derechos o juzgados del señorío, juzgados de las Juntas Generales; algo parecido a los juzgados de las chancillerías, etcétera. El orden revolucionario francés centralizó, pero la centralización que se acometió con la Constitución de Cádiz, señor presidente, tiene que ser revisada con la descentralización o la configuración del Estado que provee la Constitución del año 1978. Por qué se crea el Estado compuesto, y a este Estado compuesto, como el que se crea en la Constitución del año 1978, no puede ser impermeable la estructura orgánica de la Administración de Justicia y tiene que haber no solo competencias de las salas de gobierno o consejos del Poder Judicial sin competencias


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o con competencias puramente retóricas como las previstas en el Estatuto de Autonomía de Valencia, por poner un ejemplo, sino reales y equiparables a las que ejercen en el ámbito autonómico el Consejo General del Poder Judicial del Estado español.

Ya, señor presidente, se me acaba el tiempo, a pesar de que las reflexiones parecen contables y tienen más sustancia, como le he comentado al principio, de lo que parecen. Señor presidente, la materia lingüística -comparto algunas de las reflexiones hechas por el señor Tardà- es una cuestión pendiente y están los reglamentos que establecen como mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales. En algunos ámbitos usted sabe que nosotros solicitamos y reivindicamos la creación de perfiles lingüísticos para determinadas zonas que habría que determinar geográficamente, donde el número de hablantes en la lengua cooficial es suficiente o numeroso. En materia de violencia doméstica -con esto acabo, de verdad, señor presidente-,...

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ:... estamos perdiendo la batalla, señor presidente. Estamos perdiendo la batalla, primero por lo que podríamos considerar ya en los juzgados especializados una gran saturación de asuntos, en los que todavía las diligencias previas superan el número de 19.000, procedimientos abreviados que superan el número de 7.000, juicios rápidos que superan el número de 8.000. Si somos incapaces de asimilar desde la perspectiva del reproche punitivo algo tan aberrante como la violencia doméstica, si somos incapaces de responder estructuralmente con eficiencia a la batalla contra la violencia doméstica, va a ser muy difícil que la ganemos, señor presidente. Usted tiene que reclamar más juzgados o procedimientos más abreviados o sugerir algo a la Administración que -de verdad son mis últimas palabras-, junto al anuncio de la creación de los juzgados de instancia -quiero felicitarle por ello-, pueda suponer una agilización con relación a una patología que preocupa terriblemente a los ciudadanos y con relación a la propia estructura de la Administración de Justicia, y también junto con la implantación de una ley de mediación, en la que le recuerdo que el Estado español ya está en mora, porque la ley de mediación se tuvo que haber aprobado conjuntamente con la Ley de Arbitraje. Estas son propuestas estructurales que usted ha manifestado y que yo comparto, pero le manifiesto algunas de las preocupaciones que luego tendremos ocasión de glosar con más detenimiento.

Señor presidente, acabo con las palabras de Manuel Alcántara otra vez: si los ciudadanos no pueden creer en el veredicto del Tribunal Supremo -quiere decirse, en su Administración de Justicia-, los ciudadanos van a terminar creyendo en la hipotética justicia divina. No sea esta nuestra reivindicación o no reclamemos que los ciudadanos se conformen con algo tan teológico -valga la expresión- como lo que le estoy comentando, y vamos a luchar conjuntamente entre todos por que esto no sea así.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Intentaré enumerar una serie de cosas que nos preocupan en Unión Progreso y Democracia, que básicamente se pueden englobar en dos cuestiones: una es la politización de la justicia y otra es la ineficacia de la justicia. Me consta que en alguna manifestación el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial se ha referido a la politización de la justicia como algo bueno. Al Grupo de Unión Progreso y Democracia nos preocupa esta cuestión especialmente, porque nos parece que atenta contra la separación de poderes y demuestra que en la práctica está teniendo serios problemas. El ministro Gallardón ha enumerado una serie de pasos que nos parece van en la dirección correcta, pero creemos que se ha quedado corto. -Ahora ahondaré en esa situación.- En segundo lugar, glosaré problemas que, según nosotros, tienen que ver con la ineficacia de la justicia, y pegándome un poco a la actualidad me gustaría dar la oportunidad de matizar a su portavoz, que además se encuentra aquí con nosotros, Gabriela Bravo, que decía hace poco en unas manifestaciones que no todos los imputados son iguales. Yo me imagino que no hay que tomar esas palabras tal y como las he leído, porque me parece preocupante. Supongo que debe haber alguna explicación al respecto y nos gustaría oír una matización por su parte o que nos explicara en qué sentido estaban dichas esas palabras.

En cuanto a la politización de la justicia, me gustaría hacerle en primer lugar una enumeración de cuáles son, según nosotros, las posibilidades sobre las que nos gustaría dialogar con ustedes en cuanto a conseguir esa despolitización real. Como le decía, estamos de acuerdo con eso que empezaba a plantear el ministro Gallardón, pero querríamos intentar dar unos cuantos pasos más. Nos gustaría que, de los veinte vocales, doce se nombraran a partir de jueces y magistrados -cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, tres por los fiscales y dos por los abogados- y que de los ocho restantes se eligieran cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Además proponemos la despolitización del Tribunal Constitucional y del fiscal general del Estado. Hay que matizar que lo que estamos defendiendo es una votación personal, igual, secreta y directa, evitando así pasar del monopolio de los políticos a un monopolio corporativo de las asociaciones judiciales, y querríamos extender esa democratización a todos los órganos de gobierno de la judicatura, no solamente al consejo, sino también a las presidencias de los tribunales superiores de justicia y a las audiencias provinciales. Insisto en que para Unión Progreso y Democracia


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hay dos líneas de actuación fundamentales: en primer lugar, recuperación -para nosotros importante- de la competencia exclusiva en materia de justicia, a fin de homogeneizar la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y en segundo lugar independencia judicial y despolitización del Poder Judicial, para lo que nosotros creemos es imprescindible acabar con el carácter político del mismo.

Voy a hacer esa enumeración de la que antes le hablaba. Creemos que hay -usted lo ha comentado- ese exceso posible de litigiosidad. Parece que en el año 2010 se ha invertido la tendencia. Lo cierto es que podríamos explicar parte de esa inversión de la tendencia enmarcando el dato en cuanto a que es una consecuencia directa de la crisis económica. Descienden los pleitos porque desciende la posibilidad de cobrar, y eso desincentiva a los demandantes. Nos preocupa especialmente el número de ejecuciones hipotecarias y, aunque en UPyD no contemplamos moratorias o suspensiones temporales de dichas ejecuciones y desahucios, sí querríamos hablar de una solución global mediante el procedimiento concursal y la dación de pago. Quisiera hacer una pequeña concreción, en Unión Progreso y Democracia nos oponemos a una visión exteriorizada por el Ministerio de Justicia, y que ha guiado la política legislativa judicial de los últimos años, consistente en decir que el exceso de litigiosidad es una especie de vicio de los españoles. Nos parece que no es una aproximación correcta. Tal y como es la Administración de la Justicia, por poco previsible y por lenta sobre todo, nos parece evidente que uno no se mete en pleitos por gusto ni por placer, sino todo lo contrario, ver que los representantes del Estado se quejan del excesivo número de pleitos es como si los médicos se quejaran de que nos ponemos demasiado enfermos. En ese sentido, lo que creemos que hay que hacer es investigar las causas y no dedicarse a oponer obstáculos, como se está haciendo, y me refiero al aumento de tasas o de cuantías para recurrir o la elevación de esas tasas en justicia, cosa que de una manera injusta se llama con poco rigor, según mi opinión, copago de justicia.

Me gustaría, en tercer lugar, hablar de calidad de la justicia y de las resoluciones judiciales. Usted ha hecho un estudio de números en las memorias, pero nos gustaría hablar también de calidad, no solamente del número de ellas, sino de calidad, porque nos parece que hablar en abstracto de esos números es importante, pero nos parece que la calidad es manifiestamente mejorable y quisiéramos saber su opinión al respecto. En ese sentido, nos preocupa el exceso de tecnicismos que muchas veces encontramos en las resoluciones, nos preocupa la falta de claridad, nos preocupa el abuso de citas jurisprudenciales. También tengo que decir que la informática se ha revelado como una gran ayuda para este campo, como en tantos otros, pero que creemos que ha hecho que se abunde en la longitud de las sentencias. Encontramos habitualmente sentencias de 30 o 40 páginas y que además no tiene claridad ni profundidad para nosotros, para los que somos legos en esto de la justicia. Habría que profundizar en la utilización de un lenguaje sencillo y entendible por el justiciable. Me gustaría saber si no cree usted, señor Dívar, que es necesario avanzar también en ese sentido.

Ha hablado de presupuestos. En la memoria se cita el presupuesto del consejo para 2011, se habla de una disminución global del 5,15 en relación con 2010. El año 2011 terminó ya y la pregunta obligada es si se cumplió el presupuesto, ¿hubo desviaciones?, ¿cuál es el presupuesto para el año 2012 en el que nos encontramos? Nos gustaría escuchar algo al respecto. El Consejo General del Poder Judicial, en la sesión plenaria de 26 de enero de 2012, abogaba por un nuevo mapa de partidos judiciales que superen las demarcaciones procedentes del siglo XIX. Ha abundado, pero nos gustaría que abundara un poquito más al respecto. Hablaba de expedientes disciplinarios. Según consta en la memoria, durante el ejercicio 2010 se incoaron 47 expedientes disciplinarios, 24 menos que en el ejercicio anterior. Si en total, según la misma memoria, hay 4.689 jueces y magistrados en activo, ¿no es el número de expedientes incoados llamativamente pequeño, reducido? Sin dejar de reconocer la profesionalidad y el buen hacer de la mayor parte del colectivo, lo cierto es que cada vez son más frecuentes la noticias en diversos ámbitos de jueces, de casos llamativos de absentismo laboral, negligencia, incluso desórdenes psicológicos que no son sancionados, y si lo son lo son tras mucho tiempo de irregularidades. ¿No cree que sería necesario adoptar medidas al respecto?

Tribunales de instancia. A raíz de los últimos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial se puede apreciar una decidida apuesta por los tribunales de instancia como uno de los engranajes necesarios de la nueva oficina judicial. ¿Cómo está planteado el proceso para la constitución e implantación de los nuevos tribunales de instancia, mediante la integración en los mismos de los actuales órganos unipersonales de cada partido judicial, a la vista de los problemas de desarrollo de la nueva oficina judicial, señor Dívar? Juzgados de violencia de género e igualdad. Desde Unión Progreso y Democracia venimos proponiendo la introducción de un elemento finalista en la denominada violencia de género, un dolo específico, como hoy está contemplado en el Código Penal, como ocurre en otro tipo de agravantes como las relativas a xenofobia o racismo. Abogamos por la supresión de los juzgados especializados en violencia de género como tales, devolviendo al ámbito de la jurisdicción Civil y Penal estos asuntos y aprovechando la existencia de dichos juzgados y los medios personales y materiales con que cuentan para reforzar las necesidades de la planta judicial. En la memoria presentada se da cuenta de la actividad del Observatorio de la violencia doméstica y de género el cual propone la constitución de juzgados de violencia contra la mujer exclusivos que agrupen más de un partido judicial. ¿Por qué se hace tal propuesta, señor Dívar?, ¿merece la pena en su opinión su mantenimiento?


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Nueva oficina judicial. Se llevan gastados 34,66 millones de euros para la implantación de la nueva oficina judicial, sin embargo es un secreto a voces el fracaso de la iniciativa. Los motivos son tanto humanos como tecnológicos ya que los funcionarios no comprenden a fondo sus nuevas funciones. El sistema informático es una aplicación de gestión procesal que soporta la tramitación pero que da errores graves y el servicio común de ordenación del procedimiento no da los resultados que se buscan. Nada menos que su gran valedor, el Consejo General del Poder Judicial -institución que usted preside- habla de que no hay que seguir implantando en más ámbitos territoriales la combinación de software y protocolos. De hecho en vez de mejoras se ha conllevado un aumento de la duración promedio de los procesos, especialmente importante en gestiones tales como notificaciones, un 21 por ciento; embargos, un 17,6; y lanzamientos el 13,3. ¿Esto es así, señor Dívar?, ¿qué cree usted que es lo que ha fallado?, ¿tiene sentido seguir adelante con el proyecto y qué cuestiones tendrían que solucionarse para ello? Hablábamos de informatización de la justicia. Tanto en su última comparecencia ante esta Comisión como en la memoria se trasluce una honda preocupación por la falta de coordinación de los sistemas informáticos y telemáticos implantados por las distintas autonomías. ¿No cree, señor Dívar, que entre otras cosas la recuperación de la competencia de justicia por el Estado sería una medida imprescindible para solucionar problemas como este? Hasta ahora la informatización de la justicia ha sido, si se nos permite la expresión, bastante caótica. Además de la consabida falta de compatibilidad de los sistemas instalados por las comunidades autónomas, lo cierto es que se han gastado nada menos que 151,99 millones de euros para al final constatar que no funciona debidamente el sistema Minerva ni Minerva NOJ ni funciona el Siraj. Tampoco parece funcionar en absoluto la informatización del Registro civil central. ¿Se ha avanzado algo en esto?, ¿qué medidas piensan tomarse para que podamos tener una justicia moderna y funcional asimilable a los países de nuestro entorno?

Conciliación personal y familiar de los miembros de la carrera judicial. Una preocupación constante es la conciliación personal y familiar y dotación de medios suficientes a las labores jurisdiccionales. ¿Cómo cree el señor Dívar que puede afectar a todo ello la propuesta del ministro Gallardón de convertir el mes de agosto en hábil?, ¿lo ve usted factible?, ¿qué opina de la propuesta de desjudicializar diversos procedimientos para residenciarlos en el cuerpo notarial, como bodas y separaciones de mutuo acuerdo? Seguro de responsabilidad civil. Se menciona la póliza de responsabilidad civil a favor de los miembros de la carrera judicial pero nos gustaría saber cuáles son las condiciones y coberturas de la citada póliza. ¿Incluye el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos?

Filtraciones. Nos parece un tema también importante. Usted hablaba de la libertad de información. Una de las cuestiones polémicas que desgraciadamente podemos encontrar últimamente en los medios de comunicación es la referida a la existencia de filtraciones en diversos procedimientos, incluso en aquellos sometidos al llamado secreto de sumario. Esto nos preocupa especialmente. Un ejemplo paradigmático de lo anterior es la instrucción que se sigue con Urdangarín en la cual recientemente el juez instructor, señor Castro, ha manifestado a diversos medios de comunicación que será físicamente imposible evitar las filtraciones. Ante dicha situación la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado abriendo diligencias informativas previas al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el citado señor Castro. ¿Qué medidas, señor Dívar, tienen pensado tomar para atajar este problema que tanto descrédito provoca a la justicia y que interfiere incluso en la tramitación de los procedimientos judiciales?

Y en último lugar, y agradeciéndole su atención, lo que podríamos llamar viajes de ida y vuelta a la política. Por razones obvias desde Unión Progreso y Democracia propugnamos la derogación de la Ley Orgánica 12/2011 que modifica la ley para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino, pero nos interesa sobremanera su opinión en cuanto máximo responsable del órgano de gobierno del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a dar la palabra al portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del señor Dívar y también el reconocimiento del pluralismo político y de la opinión crítica, legítima, por parte de los parlamentarios, yo diría, más allá, por parte de la ciudadanía. Me ha llamado la atención, sin embargo, una referencia a la deslegitimación de las instituciones del Estado, y en concreto a la deslegitimación del Tribunal Supremo. En primer lugar, he de decir que me es muy difícil separar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial de la presidencia del Tribunal Supremo. No tengo fe y, por tanto, no creo en esa materia. Pero voy a intentar limitarme a su responsabilidad como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Aunque nos ha remitido, como está previsto, los dos informes, las dos memorias -que quiero destacar de su intervención-, no ha hecho referencia -sí existe en la memoria- a las resoluciones y al cumplimiento o no de las resoluciones del Congreso de los Diputados. Viene a ser una suerte de recurso formal que nosotros hagamos unas resoluciones y que el Consejo General del Poder Judicial haga un relativo caso de esas resoluciones. Le recuerdo, señor presidente, que, como usted bien ha


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dicho, son el órgano de gobierno de los jueces y no vienen aquí únicamente en función de una cuestión protocolaria, vienen aquí también para recibir la orientación del Congreso de los Diputados en una materia que no es jurisdiccional, en una materia que está sometida al control y a la orientación política de la Cámara.

Quería hacer una referencia al tono general de su presentación. Yo le agradezco que no haya hecho únicamente la presentación de la memoria de 2010, porque realmente avergüenza tener que estar a estas alturas hablando de la memoria de 2010 habiendo pasado ya el año 2011. Sin embargo, es una responsabilidad compartida, una responsabilidad que seguramente tenemos Congreso de los Diputados y Consejo General del Poder Judicial, pero, sin lugar a dudas, devalúa esta comparecencia y devalúa la memoria. Una memoria anacrónica normalmente no permite intervenir en tiempo real sobre los problemas ni corregir suficientemente las insuficiencias. Yo quería transmitirle al presidente del Consejo General del Poder Judicial una honda preocupación por parte de mi grupo parlamentario, una preocupación por algo que probablemente compartamos el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y es una crisis de credibilidad profunda entre los ciudadanos, una crisis de credibilidad que tiene que ver con las deficiencias como servicio público en el caso del Poder Judicial, deficiencias que han resaltado los ciudadanos, aunque el presidente del Consejo General del Poder Judicial en su información considera que se van subsanando. Son tan graves que los ciudadanos siguen considerando que estas deficiencias son inaceptables. Es más, son unas deficiencias que se agrandan en situaciones de crisis, señor presidente, porque el sistema democrático es un sistema basado en la desigualdad, en una desigualdad profunda, pero que tiene contrapesos a la desigualdad. Uno de ellos es la igualdad electoral, la igualdad de voto; otro es la igualdad ante la justicia, y también la igualdad -llamémosle- en condiciones sociales básicas, la igualdad social. Pero en esta crisis económica todos estos instrumentos se están viendo debilitados y lo que entonces eran poderes de compensación se han convertido en poderes débiles, poderes muy débiles: el poder débil de este Parlamento, el poder débil también de la justicia. Pero eso no nos exime en absoluto de responder a la desconfianza de los ciudadanos. En primer lugar, yo creo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tendría que haber traído aquí una preocupación por la honda crisis que sufre el Poder Judicial como servicio público y como poder del Estado, una honda, una profunda crisis que ven los ciudadanos, que son en definitiva de los que emana el conjunto del sistema democrático y que deben ver también los órganos de gobierno de los jueces. Al parecer no es así, y parece que las cosas se mueven en un sentido favorable y eso permite no ver la crisis.

Hablaré de la crisis de servicio público, que viene siendo una crisis ya conocida y que los ciudadanos reiteran como preocupación en cada encuesta que se hace. Dicen que la justicia es lenta, dicen que no entienden su lenguaje -un lenguaje abstruso- y dicen también que sus sentencias son arbitrarias y contradictorias. Si ese servicio público está así, algo tendremos que hacer y no solamente en materia de recursos, que es una materia muy importante, sino también en materia de voluntad política, de coordinación y de profundización en una justicia más democrática y más cercana a los problemas sociales de este país, porque quien más sufre los defectos de la justicia como servicio público -lo he dicho antes- son los sectores más frágiles de la sociedad española. No hay más que ver la población penitenciaria que tenemos para darnos cuenta de que la justicia no es igual para todos. Nuestra población penitenciaria, como la de muchos países de nuestro entorno, es de un determinado estrato social y el delincuente de cuello blanco prácticamente no pasa por el ámbito penitenciario. No les deseo ningún mal; les deseo en todo caso que la justicia sea igual para todos. Se ha dicho recientemente por parte de un vocal del Consejo General del Poder Judicial -seguramente lo interpretamos mal- que, aunque es igual para todos, depende de las circunstancias. Espero que no dependa también del rango, del estatus del justiciable. Creo que eso no es así y no me pasa por la cabeza que se piense de otra manera.

Señor presidente, me gustaría plantearle también la honda y profunda crisis, el entredicho en que se encuentra el Tribunal Supremo. Con su intervención de hoy me ha dado la misma impresión que me dio cuando vi la película La reina, sobre una de las crisis más importantes de la monarquía británica. ¿Se acuerda usted? Se marchó a Balmoral, no a reflexionar, sino fundamentalmente a pasarlo bien. En su intervención de hoy con respecto a la crisis y a la situación de entredicho del Tribunal Supremo creo que usted se ha ido a Balmoral. En términos castizos diríamos a Babia, pero es una zona de Castilla y León, cercana a Asturias, tan bonita, tan preciosa, que prefiero hablar de Balmoral. Señor presidente del Tribunal Supremo, usted tiene entre las manos un caso Dreyfus en España y porque diga en esta Cámara que usted viene aquí únicamente en calidad de presidente del Consejo General del Poder Judicial no va a poder eludir su grave responsabilidad. Como en el caso Dreyfus, ustedes han escogido, entre la verdad, el prestigio de la institución. Ha prevalecido el prestigio corporativo de la institución -en el caso Dreyfus fue el Ejército; en este caso, se trata del prestigio corporativo del Tribunal Supremo- sobre la verdad; la verdad en relación con unas víctimas que tienen tanto derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como cualesquiera otras, las víctimas del terrorismo o las víctimas del franquismo, y también la verdad en la lucha contra la corrupción. Da la impresión de que el Tribunal Supremo y el conjunto de la justicia española, como también probablemente el Legislativo, estamos dejando pasar un caso gravísimo de corrupción generalizada, que finalmente está deteriorando de manera muy grave las instituciones.

Decía Zola entonces que él no conocía a ninguno de los miembros del tribunal ni quería conocerlos, y que lo


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único que pretendía era la luz. Señor presidente del Tribunal Supremo, yo no conozco a ninguno de los miembros del Tribunal Supremo, no necesito conocerlos, creo que son profesionales que hacen su función, pero le digo al mismo tiempo que quiero que se haga la luz, y que en estos momentos usted tiene entre las manos un perjuicio irreparable no solamente a la justicia, que es algo que también afectaría a los que estamos hoy en la Comisión de Justicia del Congreso, sino un perjuicio irreparable a la democracia española. Esta sentencia del juez Garzón avergüenza a los ciudadanos de este país (Un señor diputado: ¡Será a ti!), a la mayoría de los ciudadanos de este país. (Una señora diputada: ¡No!) Las encuestas lo dicen así. Ustedes pueden ignorarlas si quieren... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta sentencia es un escándalo internacional, un escándalo que ha bajado nuestra justicia a un nivel mínimo, señor presidente. Por tanto, debe ser tenida en cuenta por parte de quien tiene la responsabilidad en el Consejo General del Poder Judicial. Yo, como diputado del Congreso de los Diputados y como diputado y representante de los ciudadanos, me atengo y tengo obligación de acatar la justicia, pero no acato una sentencia injusta, no acato una barbaridad y no acato un escándalo. Ni la acato ni la respeto en estos momentos con mi representación del Congreso de los Diputados. Es superior en este caso mi representación de la verdad a mi defensa de la institución. Y la verdad es que en estos momentos está contradicha por parte de la institución.

Señor presidente, en relación con el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial ha eludido otro de nuestros males, otro de los males de este país y otro de los males de la justicia. Dice usted que en materia de nombramientos -creo que está al principio del prólogo del informe- han llegado a acuerdos y a consensos en el Consejo General del Poder Judicial. Bienvenido sea el fin del conflicto y de la bronca, bienvenido sea. Ahora bien, a mí no me parece bien, ni a mi grupo tampoco, sustituir el conflicto como si el consejo fuera un Parlamento bis por lo que podríamos llamar la teoría del reparto. A nosotros no nos parece bien la teoría del reparto, preferimos la transparencia, preferimos el mérito y la capacidad para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y no estamos seguros de que esto esté prevaleciendo en estos momentos. Creemos que es al contrario, que es la teoría del reparto la que prevalece. Hace menos ruido, pero hace tanto daño como la teoría del conflicto.

En segundo lugar, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, me referiré al aspecto relativo a la formación. Desde luego, uno de los problemas que tenemos en el desarrollo de la justicia como servicio público es una formación memorística, una formación que selecciona élites y una formación que se distancia cada vez más de los ciudadanos. Yo le diría algo más respecto de la formación de los jueces y la formación continuada. Se lo he dicho por carta, pero se lo voy a decir también personalmente: Es una formación sesgada. Por ejemplo, en materia de aguas, ustedes contratan con la empresa principal gestora de aguas de este país un informe prácticamente para esa materia. Yo le pido, señor presidente, si ustedes tienen esa voluntad de equilibrio, que también se hagan informar por parte de las organizaciones ambientalistas, organizaciones ecologistas, para al menos tener distintas concepciones. Pero yo alerto en la formación al igual que en mi profesión. Ha sido tan nefasta en mi profesión la formación patrocinada que yo alerto al consejo sobre la formación patrocinada como una formación sesgada, muchas veces alejada de los intereses de los ciudadanos y cercana, por supuesto, a los intereses de unos pocos.

Señor presidente, tampoco estamos satisfechos en materia de inspección. Nos movemos a veces en una sensación de que la inspección y las sanciones funcionan muy deficientemente -se ha dicho aquí por parte de diversos portavoces de los grupos parlamentarios-, pero, como he dicho antes, no tenemos ninguna intención de que el funcionamiento de la justicia se haga sobre la base de inspecciones y sanciones. Por otra parte, tenemos también la interpretación de que a veces la inspección se utiliza para mermar la autonomía de un juez, para mermar la independencia del Poder Judicial. En ambos casos nos parece negativo, creemos que son excesos que no deberían producirse y, en ese sentido, también le traslado mi preocupación.

Señor presidente, asimismo nos gustaría que los gastos de las vocalías del consejo tuvieran en cuenta la situación de crisis que vivimos y, por tanto, estuvieran también de acuerdo con la política de austeridad. No parece que sea así por los datos que nosotros tenemos y sí le traslado también que esa austeridad es también un tinte de honor en este caso, también de credibilidad, para el propio Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, le traslado la preocupación de mi grupo parlamentario por materias -vuelvo a repetir- que son de honda sensibilidad social, materias como la corrupción, la corrupción en nuestro país, que necesita una actitud activa por parte de los distintos poderes del Estado para que no se deslegitime nuestra democracia. Y, por otra parte, está todo lo relativo a la cuestión social o a los menores y la violencia de género. Para nosotros son aspectos muy importantes, así como todo lo relativo a la vigilancia penitenciaria, a la justicia penitenciaria, que es, tal como le he dicho antes, el reflejo, la representación de la profunda desigualdad que vive nuestro país.

Termino, presidente, gracias por su generosidad. Termino, presidente del Consejo General del Poder Judicial -también, gracias por su comparecencia-, alertando sobre los poderes políticos. Haré una última reflexión, y es que, cuando los poderes democráticos vemos que nos está siendo hurtado prácticamente nuestro poder por parte del poder económico, tenemos una cierta tendencia


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a compensar nuestra falta de poder con sobreactuación; con una enorme sobreactuación. Yo les alerto -y también alerto a mis propios compañeros del Legislativo- para que no sustituyamos esa impotencia, o esa sensación de impotencia, por un poder ensimismado o por un poder soberbio. Yo creo que el Poder Judicial debe estar también alerta para no ser un poder ensimismado o un poder soberbio.

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a dar la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem i Palmés.

La señora PIGEM I PALMÉS: Señor Dívar, desde Convergència i Unió, aunque tenemos el tiempo limitado, no queremos dejar de dar la bienvenida a esta Comisión al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a las señoras y los señores vocales que le acompañan.

Esta es una comparecencia reglada, señor presidente; de hecho, nos ha leído al principio en qué consistía. No se trata, a mi entender, de una sesión de control al Consejo General del Poder Judicial, sino que es un acto reglado, la importancia del mismo viene dada porque es el propio presidente de la Cámara, el señor Posada en este momento, quien ha recibido al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y es un acto en donde se escenifica, en donde se visualiza la colaboración entre dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy es en esta Comisión, y próximamente en el propio Pleno de la Cámara, en donde debatiremos y aprobaremos las propuestas de resolución que se planteen a raíz del debate que estamos teniendo hoy. Por eso, a riesgo incluso de ser tachada de extravagante, la intervención de esta portavoz de Convergència i Unió va a ceñirse a la materia de la comparecencia, que es la presentación de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, no porque pensemos que realmente no estamos inmersos en una grave crisis, porque lo estamos, en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis de valores y en una crisis también de confianza en las instituciones, de todas ellas, también de esta Cámara. Yo creo que de alguna manera hemos de ser conscientes de en qué situación estamos viviendo y tener todos, y en todas las instituciones, una conducta absolutamente irreprochable, y de esta manera es, a entender de Convergència i Unió -que ustedes saben que genéticamente es una formación política responsable-, como se debe hacer frente a toda esta deslegitimación institucional, muchas veces espontánea y muchas veces -permítanme que lo diga- jaleada o inducida por actuaciones en muchos casos ciertamente espurias.

Dicho esto, voy a ceñirme a la materia de la presentación de la memoria, y quería comenzar con algo a lo que también se ha referido el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que es una reflexión general sobre la respuesta a las resoluciones que el Congreso envía anualmente al Consejo General del Poder Judicial. Desde Convergència i Unió agradecemos que la memoria contenga un breve resumen de respuesta a estas resoluciones, pero permítanme que les traslade el deseo de que el contenido fuera más amplio, más propositivo. Le voy a poner un ejemplo. La primera resolución que se le trasladó en el último debate era una resolución relativa a la reforma de la planta y demarcación. ¿Qué solicitábamos? Que por el consejo se elaboraran informes y análisis del impacto de las distintas alternativas posibles que había a la hora de abordar esta modificación de la planta y demarcación. ¿Qué esperábamos en consecuencia? Lo que esperábamos -al menos la portavoz que le está hablando- es que en base a todos los datos y conocimientos pegados a la realidad del mapa judicial que se tiene desde el consejo se nos remitiera un informe elaborado que nos permitiera a los legisladores y a las legisladoras acercarnos a una hipotética legislación en esta materia contando con la valiosa opinión y las propuestas del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes nos remiten la relación de las iniciativas puestas en marcha -y es correcto, nos parece bien-, pero sí quiero trasladarle -insisto- que sabemos que se elaboran informes, sabemos que se hacen buenos trabajos sobre esta y otras materias y nos gustaría que lo mismo que se hace desde otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, se nos trasladaran estos informes y estos trabajos para que pudiéramos contar con ellos, con esta valiosa información a la hora de legislar al respecto.

Nosotros ponemos en valor los datos que se nos han dado, que se nos dan también en la memoria y que, como usted mismo ha manifestado, contribuyen a la transparencia del funcionamiento de la Administración de Justicia. Esto es algo muy importante porque en el buen y adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia descansa principalmente la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. El que haya una respuesta motivada y en un tiempo razonable a las pretensiones que se formulan ante los tribunales descansa también -y es un factor imprescindible- en la reactivación económica.

La consellera de Justicia de Cataluña, doña Pilar Fernández Bozal, expuso en una conferencia pronunciada hace pocos meses sobre la base, precisamente, de los datos del Consejo General del Poder Judicial que en Cataluña en el año 2011 estaban en discusión ante los tribunales de Justicia 40.000 millones de euros, lo que suponía el 20 por ciento del producto interior bruto de Cataluña. Es evidente, señor presidente, que el grado de confianza de los agentes económicos y sociales en las normas jurídicas y su nivel de acatamiento, incluida la calidad, previsibilidad y eficacia de las decisiones judiciales -lo que viene a llamarse el rule of law-, es un factor imprescindible del desarrollo económico, de la dinamización de la economía, que es algo de lo que -no hace falta que le insista- tan necesitados estamos.

Quisiera referirme, después de este par de reflexiones de carácter general, al contenido de la memoria y voy a empezar también por algo que usted no ha comentado,


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aunque sí lo han hecho algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Sería, en primer lugar, el tema de los consejos autonómicos de Justicia. Se han concluido ya los procesos estatutarios y a entender de Convergència i Unió es imperativo avanzar en las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar a las nuevas competencias de las comunidades autónomas algunas materias; entre otras, los consejos de Justicia. En los artículos desde el 97 al 100 del Estatut de Autonomia de Catalunya, en los términos precisados por la sentencia del Tribunal Constitucional -a la que aquí también se ha aludido-, se prevé junto con otros siete estatutos, ocho en total, los consejos autonómicos de Justicia. Usted en la comparecencia anterior, producida hace ya un año y medio manifestó que naturalmente contaba con la previsión del desarrollo de estos consejos autonómicos de Justicia. Me gustaría saber cuál es la previsión que tienen en el consejo de colaboración con el Gobierno y con las comunidades autónomas para proceder al desarrollo de estos consejos autonómicos de Justicia.

Otro tema al que ha hecho una breve referencia es el de los derechos lingüísticos. El señor Tardà y el señor Olabarría se han referido a ellos en unos términos de los que nosotros discrepamos por la forma en que se han hecho, pero sí queremos dejar encima de la mesa la constatación de que -al menos en lo que a Cataluña se refiere- ha habido un retroceso en la utilización del catalán en los tribunales de Justicia. Nosotros consideramos que esta es una responsabilidad plural, que es una responsabilidad coral por parte de los jueces y del personal de los juzgados y tribunales, también por parte de abogados y procuradores, así como por parte de los justiciables. Pero, como consideramos negativo este retroceso, sí quiero requerirle a usted como presidente del consejo que se pongan realmente todos los instrumentos necesarios para que en la parte que a sus competencias se refiere no siga produciéndose este retroceso, sino que, al contrario, podamos poner otra vez la maquinaria en un buen sentido de desarrollo.

Respecto al tema de los derechos lingüísticos, desde Convergència i Unió solicitamos que fuera reconocido como requisito el conocimiento de la lengua propia para desempeñar funciones en los órganos judiciales o fiscalías de las comunidades autónomas con lengua propia, tal como al menos el Estatuto de Autonomía de Cataluña prescribe en su artículo 102. Pero también solicitamos, en materia de derechos lingüísticos, que para reconocer la validez y eficacia de las actuaciones judiciales realizadas y documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma, se garantice el derecho de los ciudadanos a que cuando se dirijan a los órganos con jurisdicción en todo el Estado puedan hacerlo en su propia lengua, evitando que la presentación de escritos en lenguas oficiales diferentes del castellano pueda suponer su no admisión o la dilación de los procedimientos por este concepto. Por lo tanto, tengo interés en saber su opinión acerca del desarrollo y la implantación de los consejos autonómicos de Justicia y también de los derechos lingüísticos.

Señoría, usted lo ha dicho ya, desde su última comparecencia hasta ahora se han producido acontecimientos que han hecho que se dilatara esta comparecencia con respecto a la anterior, que han sido la disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones generales y -lo que aquí nos interesa- un cambio del signo político del Gobierno. Del Gobierno del Partido Socialista se ha pasado a un Gobierno del Partido Popular. Desde Convergència i Unió queremos subrayar la necesidad de que este cambio de Gobierno no implique una paralización en las modificaciones necesarias en cuanto a lo que supone la modernización de la justicia y, por ejemplo, con respecto al proyecto de la nueva oficina judicial. La modernización de la justicia es un tema complejo desde un punto de vista orgánico, humano, económico, es un trasatlántico complejo de manejar, y creemos que la modernización debe adaptarse con planes -como ha venido haciéndose hasta ahora- a varios ejercicios, a varios lustros incluso, poco a poco, sin romper pero sin variar el rumbo, excepto en aquellas cosas que la práctica ha demostrado que son insuficientes o que conviene hacerlas de una manera distinta.

Es cierto que con respecto a la nueva oficina judicial, las experiencias piloto en territorio del ministerio han sido poco afortunadas, por decirlo de una manera suave, pero también es cierto que en otras administraciones con competencias en esta materia, por ejemplo en Cataluña, las cosas se han hecho de otra manera y creemos que la puesta en común de las diversas experiencias puede dar a luz maneras de realizarlo con mayor seguridad, con mayor precisión y que tengan un mejor resultado. En la última reunión de presidentes de tribunales superiores de Justicia, que tuvo lugar en Pamplona el pasado mes de noviembre, se planteó la necesidad de realizar una reflexión en cuanto al servicio común de ordenación del procedimiento y en cuanto a que la unidad procesal de apoyo directo debieran orientarse hacia la función para la que inicialmente fue concebida esta última, concentrada en el apoyo y auxilio al juez en sus tareas estrictamente jurisdiccionales. Nos gustaría saber si el consejo está trabajando al respecto.

Consideramos también importante la implantación del expediente digital, que realmente es la columna vertebral para el buen funcionamiento de la nueva oficina judicial y también la implantación de las nuevas tecnologías, que todas ellas superen los test de compatibilidad que se acordaron entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. Y al respecto queremos poner encima de la mesa la buena práctica que hay en Cataluña puesto que su sistema puede conectarse con el resto de sistemas.

Estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar hacia la creación de los tribunales de instancia, que faciliten la creación de plazas judiciales y no de juzgados. La legislatura acabó, y con ella acabó el anteproyecto que estaba pendiente de presentarse ante las Cortes Generales.


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Me gustaría saber su opinión sobre si debiéramos retomar este tema y sobre si se han realizado algunos estudios en el consejo al respecto. La necesidad de un nuevo diseño de planta y demarcación, siguiendo el informe realizado por el ministerio. Hay un reto pendiente que es determinar cómo deben estructurarse los órganos judiciales del futuro, quizá no tanto en una estructura vertical, sino en una estructura horizontal. Quiero subrayar algo que usted y otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han mencionado, y es que España sigue teniendo una de las ratios de jueces por habitante más bajas de Europa. Coincidimos en lo que aquí se ha dicho de que es necesario seguir creando plazas judiciales, las que sean precisas, tanto por el cuarto turno como del turno libre. Tiene que haber una promoción constante de jueces que se ha de mantener, tal como usted nos ha señalado la próxima semana se incorporan los 62 nuevos jueces de esta promoción de la Escuela Judicial de Barcelona, por cierto, una escuela judicial cuyo funcionamiento es alabado por todos los países de nuestro entorno. Respecto al aumento de jueces no se trata tanto de un aumento de gasto como de dar respuesta por ejemplo a la movilidad y de mantener la plantilla para que no haya una dilación excesiva en la resolución de los pleitos.

Hablando de movilidad queremos poner también encima de la mesa el tema de la rotación de los jueces, ya que Cataluña ocupa el quinto puesto, entre los más elevados de España. Desde Convergència i Unió hace tiempo venimos proponiendo la necesidad de dar respuesta a esta situación, bien planteándose un mínimo de permanencia o bien -no sé si el nuevo reglamento aprobado lo prevé, tal y como se había dicho- que los jueces tengan que dejar resueltos los asuntos antes de acceder al nuevo destino por el que ha optado en el concurso. Pero en fin, queremos poner encima de la mesa este problema y conocer su opinión al respecto.

Queremos poner igualmente encima de la mesa un problema que afecta a algunos lugares de Cataluña, especialmente al de Tarragona, que es la modificación de la categoría de magistrados y fiscales en lugares donde hay una alta litigiosidad o un volumen por encima de las ratios de población; quisiera saber qué se tiene previsto hacer con esto o si se tiene previsto cambiar el sistema de categorías, desvinculando exclusivamente a la categoría de la población. Sabemos que hay ya algunas excepciones a este respecto.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.

La señora PIGEM I PALMÉS: Voy concluyendo, señor presidente.

Apostamos también por seguir avanzando en el tema de la mediación intrajudicial, en la necesidad de comarcalizar los juzgados de familia y también los juzgados exclusivos de violencia de género. Aquí quiero abrir un paréntesis para agradecer el buen trabajo del Observatorio de la violencia doméstica, que hace tiempo funciona desde el consejo. Tuve en su día el honor de ser premiada por dicho observatorio ex aequo con las otras ponentes de la Ley de Violencia de Género. Los datos, las informaciones que se nos aportan desde dicho observatorio son de gran interés y muy valiosos a la hora de abordar las reformas legislativas necesarias al respecto.

Por último quiero referirme -me va a permitir un minuto, señor presidente- al tema de la conciliación, de la igualdad y del impacto de género. La Ley de Igualdad introdujo la necesidad de que la memoria contara con un capítulo sobre el impacto de género. Lo he mirado atentamente -las señorías que me conocen saben que es un tema que me preocupa especialmente- y veo que los datos nos siguen diciendo que hay mucho trabajo por hacer. Vemos que en los órganos unipersonales, primera instancia, instrucción, violencia en la mujer, los porcentajes de mujeres son realmente altos, pero vemos también que en los órganos colegiados son muy bajos. Únicamente el 12 por ciento el total de magistrados del Tribunal Supremo son magistradas, 9 sobre 72; ni la presidencia, ni la presidencia de ninguna de sus salas; ni tampoco la presidencia ni la presidencia de ninguna de las salas de la Audiencia Nacional; una sola mujer en los ocho decanatos, pero eso sí, si lo relacionamos con la conciliación vemos por los datos que usted nos da que el 97 por ciento de las excedencias por cuidados de los hijos son las mujeres quienes las toman. Queda mucho camino por recorrer, únicamente quiero manifestar un deseo, y es que en el tema de la conciliación tengamos siempre muy presente que no afecta a las mujeres, que debiera afectar a las mujeres y a los hombres. Y esto es así no solo porque únicamente de esta manera hombres y mujeres podremos ser corresponsables en nuestra vida familiar y en nuestra vida profesional, sino porque en su día en la Ley de Igualdad, en su artículo 68, y de la mano de la hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial y entonces diputada, doña Margarita Uría, se introdujo en el artículo 68 del Código Civil que dentro de las obligaciones y deberes del marido y de la mujer estaba la corresposabilidad en las situaciones de actividades domésticas y en el cuidado de los hijos así como de los ascendientes. Con esto finalizo.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, don Carlos Dívar, gracias. Les doy la bienvenida una vez más al Congreso de los Diputados a usted y a todos los vocales del consejo que le acompañan, porque saben que como siempre son bienvenidos.

Hoy, una vez más, dentro de la normalidad democrática restaurada hace ya varios años, volvemos a tener en esta presentación formal mucha información sobre muchos temas, y ya de entrada le digo que el formato


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queda quizá un poco anticuado, pero ya ha hecho usted -y así se lo reconozco- el esfuerzo de actualizar algunos datos. Es más, ya en el mes de marzo de 2011 adelantaron datos estadísticos de los que estamos viendo hoy, por tanto en los no muchos minutos que tengo le dedicaré a este aspecto escasas consideraciones, aunque sí algunas.

Quisiera poner sobre la mesa la primera de las consideraciones. Con el cambio de Gobierno producido al que alguna referencia inevitablemente tendremos que hacer, es casi obligado constatar -va implícito en la propia memoria y en los datos que el señor Dívar ha puesto encima de la mesa- algunos temas, en concreto la diferencia de presupuesto y de priorización en el ámbito de la justicia llevada a cabo en los últimos años, con un presupuesto en 2010 de 1.804 millones de euros, el más alto conocido, y pese a la crisis en 2011 de 1.680 millones de euros; con la mayor creación de plazas de jueces, fiscales, secretarios judiciales, etcétera, de la historia de nuestro país en los últimos años, exceptuando efectivamente 2011, como bien se ha puesto de manifiesto. Insisto, un esfuerzo sin precedentes en el ámbito de la modernización con el Plan de modernización, con un acuerdo social importantísimo 2009-2012 que tuvo su origen -justo es reconocerlo- en el Plan de modernización previo del propio Consejo General del Poder Judicial del año 2008, pero que ha tenido unos resultados manifiestamente mejorables, pero muy positivos para la mejora del servicio público de la justicia, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, con las importantísimas leyes que hemos aprobado, también en la última parte de la legislatura, y sobre la que también haré alguna pequeña mención para hacer alguna propuesta al señor Dívar.

Con la entrada del nuevo Gobierno, tema que trataré en unos minutos y que no es menor, sino que nos parece importantísimo, se ha producido un elemento de preocupación, evidentemente no causado por este consejo, que le voy a trasladar, como es una ruptura inicial de consensos básicos en materia de justicia, que es una cuestión de Estado. Sin diálogo y sin consenso se han anunciado contrarreformas importantísimas que no voy a poner encima de la mesa, aunque me van a permitir que alguna sí, dado que afecta de lleno al Consejo General del Poder Judicial. Una de ellas es quizá la más grave para nosotros, desde el punto de vista del órgano político, aunque a alguien no le guste; en cualquier caso no me corresponde, y menos ahora, contestar en este acto a ningún otro portavoz. Para iniciar el tema me gustaría recordarle, señor Dívar, porque me pareció una magnífica exposición por su parte, la apertura del año judicial, no este último, sino el anterior, cuando hablaba de la posición del juez ante la sociedad, de la legitimidad de origen y de ejercicio, del origen de dónde viene el Poder Judicial, incluso desde el punto de vista también de la jurisdicción, de los artículos 1 y 2 de la Constitución, del 117, de la incompatibilidad que usted brillantemente apuntaba entre poder y privilegios. Y nos encontramos ahora con una propuesta del actual Gobierno, aunque lo entendemos -es legítimo que así lo piense una buena parte de ustedes y de los jueces de este país, por qué no-, pero no lo podemos compartir y lo vamos a poner -y a reiterar- de manifiesto en este acto.

La modificación del sistema de elección de los doce vocales, que corresponde elegir entre los jueces, por un sistema que sea solo entre los jueces y por los jueces no decimos que no tenga una legitimidad democrática, lo que sí decimos es que es mucho menos democrático; y no decimos que tenga problemas constitucionales, para nada. Pero vamos al sentido, para nosotros importante, de lo que es la legitimidad democrática derivada de la soberanía popular, derivada del pueblo español, del que derivan todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. Esta ruptura de consensos básicos, este cambio de las reglas del juego -no voy a profundizar en los argumentos porque los hemos reiterado y los conocen muchísimo mejor que quien está hablando, señor Dívar- es una mala señal, porque aunque a algunos les guste les adelanto ya que supone la ruptura de consensos y va a durar temporalmente, no va a tener perdurabilidad como otras reformas que se están anunciando. Eso en sí mismo es negativo para el servicio público de la justicia, más allá de situaciones puntuales legítimas de una opción política u otra distinta. Pero cuando hablamos de reglas de juego se intenta el diálogo, se intenta el consenso, porque tengan la certeza -y por eso les hemos pedido que recapaciten, porque así va mal el actual Gobierno- de que más pronto que tarde esto, si llegan a aprobarlo, se volverá a cambiar. No es bueno, lo sabemos y lo advertimos, porque además dificultará también otra serie de consensos por los que hemos venido trabajando -y ustedes lo saben- en los últimos años, cediendo parte de nuestra propia situación política y de nuestras propias prioridades, teniendo votos para sacar adelante muchos temas que en aras del consenso no hemos sacado y otros hemos modificado, en algún caso sustancialmente, pensando de verdad en el servicio público de la justicia.

Lo que se ha hecho con el argumento de recuperar la independencia y despolitizar la justicia mediante un sistema de elección meramente corporativo sencillamente es engañar, es no decir la verdad. Es no decir la verdad porque esa legitimidad de la soberanía popular, esa legitimidad mayor del pueblo español es muy superior, y sería además -permítame que se lo diga porque estoy convencido de ello- auténticamente politizar en mucho mayor grado el servicio público de la justicia y el Poder Judicial en España, que pasaría a estar controlado exclusivamente por un puñado, muy respetable por supuesto, de personas que son el grupo de los escasamente 5.000 jueces, o mejor dicho por una parte de ellos. Nos opondremos, y en cuanto el pueblo español nos dé la confianza, en veinticuatro horas se volverá a retrotraer este atropello a la soberanía popular.

Respecto a algunos temas hablaré siquiera puntualmente, aunque también son importantes. En el asunto de pendencia damos por reproducidos los argumentos. Solo


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indicaré que hay algunos elementos positivos dentro del problema: mayores resoluciones, menos litigiosidad -no por algunos argumentos que he escuchado por aquí, sino por razones absolutamente distintas-, que es importantísimo, coincidiendo con el bicentenario de la creación del Tribunal Supremo, ya que sobre la base de esos convenios que vienen desde el año 2006 bianualmente renovándose -el último hasta junio de 2012- vamos a tener prácticamente al día al Tribunal Supremo.

Usted ha valorado -y se lo agradezco, porque es verdad- que en algunas de las leyes que hemos aprobado hay elementos importantes para la mejora del servicio público de la justicia, y ha mencionado entre otras la de agilización procesal. Ahí tenemos las salas primera y tercera, con el incremento de las cuantías de los recursos de casación, mejorando esta situación y además unificando la doctrina, ampliando las materias de interés casacional. Valoración positiva por tanto, pero en esta rapidísima incursión que voy a hacer a algunos temas hay uno que nos preocupa mucho, y son las fricciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a las que hay que intentar dar respuesta. Le adelanto una posición -por simplificar, entre comillas- de mi grupo parlamentario que apuesta por lo que algunos cualificados miembros del Tribunal Supremo -lo son todos- denominan como el diálogo entre los tribunales, entre la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia constitucional. Tengo que abreviar mucho y por eso solo lo pongo sobre la mesa. Querríamos alguna opinión al respecto con carácter general, porque voy a poner ahora unos cuantos temas sobre la mesa muy rápidamente. Sé que no tendrá tiempo material para contestar en este acto y quizá tampoco la información precisa, pero le agradecería -ya me adelanto para abreviar- que fuera remitido algún tipo de contestación, aunque sea en momento posterior, por el conducto que el señor Dívar considere más idóneo.

En cuanto a la reestructuración de la planta, absolutamente de acuerdo. En cuanto a los tribunales de instancia, absolutamente de acuerdo. En esa dirección estaremos. En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, absolutamente de acuerdo, así como en aprovechar como documento básico, no como documento cerrado, el excelente trabajo que está ya realizado y aportado en el anteproyecto que ya tuvo entrada en esta Cámara. No ha habido ninguna mención a la utilización de las nuevas tecnologías, y en concreto al punto neutro judicial, sobre el que nos gustaría alguna pequeña mención. Ha mencionado -se lo agradezco también- la atención en las medidas de refuerzo. Si mi información no es errónea, desde el año 2005 al 2011 se han atendido una media de más del 90 por ciento de los refuerzos solicitados por el Consejo General del Poder Judicial.

Hay una cuestión que quizá planteemos en propuestas de resolución, pero se la adelanto ya, señor Dívar. Hemos aprobado un elenco de leyes importantísimas, pero sobre las tres últimas que usted mencionó, prácticamente en las últimas semanas -y tan prácticamente- de la anterior legislatura -agilización procesal, concursal y jurisdicción social-, a las que me atrevería a añadir al menos la de reformas procesales, la de Registro Civil y la del Código Penal, importantísima para nosotros porque creo que fue un buen trabajo del Poder Legislativo, le pregunto y le sugiero: ¿no le parecería adecuado que pudiéramos introducir en las próximas memorias, respecto a estas leyes, de las más importantes, criterios de evaluación para ver el grado de impacto en la mejora del servicio público y en los juzgados y tribunales de la entrada en vigor -a medida que va pasando el tiempo con los matices correspondientes- de la ley de Registro Civil? Una sugerencia y una pregunta que le planteo. Insisto en que si parece oportuno -creo que sí- quizá lo planteemos desde las propias propuestas de resolución.

En materia de nombramientos voy a dar por reproducido el debate ya permanente. La fijación de posición de mi grupo parlamentario y modestamente del portavoz que está ahora interviniendo ampliamente consta incluso en la última comparecencia sobre la memoria, y como sé que se me va acabando el tiempo la doy por reproducida, y en cuanto al régimen disciplinario, señor Dívar, sí menciono un par de pequeñas cuestiones. Me parece que por algún problema, quizá también legislativo y en parte de funcionamiento del propio consejo -no sé a qué atribuirlo en mayor medida-, actuaciones graves, tipificadas con sanciones muy graves, están siendo objeto de desestimación por caducidad. Hay que resolver ese problema. Eso no puede ser dentro de los escasos supuestos que nos estén ocurriendo. No estoy hablando de responsabilidad, pero sí de una cuestión real que se está produciendo a la que hay que dar una solución.

Otra cuestión que quizá sea falta de información. Con el escasísimo tiempo que tenemos y sin que sea ninguna crítica, el año que viene le agradeceríamos, dentro de la austeridad, que nos trasladaran al menos un par de memorias a los portavoces para poder preparar esta comparecencia, que hemos tenido que preparar el fin de semana nada más, y sin tener siquiera el soporte de la memoria dificulta un poco este modesto trabajo que estamos desarrollando en el día de hoy, pero en esa lectura veo que en diligencias informativas hemos pasado de 143 en 2008, 111 en 2009 y -por qué-, salvo error, solo 22 en 2010. Quizá sea un error, pero me ha resultado llamativo.

En cuanto a la función de inspección en la comparecencia de hace año y tres meses aproximadamente había un tema muy importante que usted apuntó sobre cambiar la dinámica, el funcionamiento, hasta la forma y la filosofía de la función inspectora para llevarla más a un apoyo a la gestión de los jueces y magistrados, con la cercanía del servicio de inspección e intentando un incremento en la función de prevención. La pregunta es sencilla: ¿ha habido algún logro en esta dirección? ¿Está satisfecho con ello? ¿Se va logrando? Veo que está la luz roja, no me lo diga, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Señor Villarubia, termine, por favor.

El señor VILLARUBIA MEDIAVILLA: Ya le he oído; voy concluyendo, de verdad.

Ha mencionado con mucho detalle la Unidad de atención a los ciudadanos, que es aplicación fundamental de la Carta de derechos de los ciudadanos. Los datos están ahí, son evidentes, dónde está la línea de mejora es evidente. En el impulso de las reformas legislativas que usted ha planteado creo, de entrada, que coincidimos y estaremos en condiciones, salvo la letra pequeña, que eso no puedo decirlo en este momento, globalmente con las pretensiones del Consejo General del Poder Judicial, incluso con las normas procesales concretas que mencionan en su impulso de las reformas legislativas.

No diré mucho más porque creo que tendremos ocasión de poder ir profundizando, ya que el trámite de hoy es el que es, pero sí le diré que en la situación -y termino de verdad- a la que apelaba y apuntaba usted sobre la deslegitimación del Poder Judicial, del Tribunal Supremo en su caso o del Consejo General del Poder Judicial, creo que es una reflexión que tenemos que hacer en profundidad todos, porque no es suficiente ni tan sencillo, estoy convencido, de decir que por un caso concreto, porque alguien dice, creo que la responsabilidad de fortalecer esta legitimación, de hacer que el pueblo español crea en la justicia que emana del pueblo, es un poco de todos, pero desde luego, señor presidente, don Carlos Dívar, es más de unos que de otros en función de las responsabilidad que cada uno tengamos en cada momento. Desde luego con la colegiación de esfuerzos en esa dirección el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista, que creo que en estos momentos han sido muy prudentes, yo diría más que prudentes, pese a la existencia evidente de importantes discrepancias con algunas de las cuestiones que están ocurriendo, hay algún valor superior que todavía nos está haciendo mantener esta calma, este respeto que debiéramos tener todos, y alguno debiera mirarse en el espejo y ver si actuaba así hasta hace muy poco. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este primer turno de portavoces el señor Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra.

El señor CASTILLO CALVÍN: Trataré de ser breve porque si no a este ritmo el señor Dívar y yo vamos a ser los únicos que nos vamos a quedar. Ha señalado usted que es un honor el haber comparecido hoy aquí en esta Comisión; realmente también es un honor para todos nosotros poder contar hoy con su presencia, así como con la de los vocales de su consejo que lo acompañan, lo que le manifiesto como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que como usted sabe siempre le recibe con toda atención y respeto. Por ello, señor presidente, le quiero agradecer su comparecencia y el esfuerzo que está haciendo en la misma, por la información, la reflexiones sobre el estado de la justicia española en general, y por las propuestas que nos ha trasladado en relación con la institución que preside que hace de esta comparecencia algo más que un mero acto simbólico de rendición de cuentas.

Especial valoración hacemos por la coincidencia de esa opinión que usted realiza con las preocupaciones del Gobierno en materia de justicia, así como las líneas generales marcadas que deben acometerse en la necesaria reforma de la justicia española. No obstante me gustaría señalar que por magnífica que sea la publicación y el contenido de la memoria del año 2010, y por brillante que haya sido la presentación que usted nos ha hecho en esta Comisión, el trámite desde la perspectiva del grupo al que represento evidencia que, a pesar de cumplir absolutamente con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley Orgánica 6/1985 y en el Reglamento de la Cámara, tiene el defecto de la falta de inmediatez, como usted ha manifestado enseguida mencionando datos relevantes entre el cierre de la memoria y su presentación en el día de hoy. Por ello le agradezco en nombre de mi grupo que haya tenido la conveniencia y el buen hacer de completarla con brillantez, acercando al presente esta comparecencia, que supera de esta forma el perímetro estrecho de la memoria porque nos permite tener un mayor conocimiento y una visión más cercana de lo que está sucediendo día a día en cada uno de los ámbitos de la justicia. Todo esto es muy importante aunque, si se puede, deberíamos intentar agilizar estas memorias para que tengan una mayor adecuación al tiempo en el que las estamos examinando.

Antes de entrar en las cuestiones concretas de la memoria que nos ha referido usted sí quiero manifestar, desde el respeto indiscutible al derecho a la libre expresión que todo ciudadano pueda ejercer en todo momento, que todo ciudadano puede criticar el contenido de cualquier resolución judicial, sin embargo debemos lamentar en estos días -una vez más- la actitud de determinados responsables políticos que sobrepasan con sus expresiones el reproche para entrar abruptamente en la rotunda descalificación profesional y en la grave ofensa personal de los miembros de la judicatura, tanto más cuando se trata del Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional en nuestra democracia.

Si una de las tachas más frecuentes de la ciudadanía frente a la acción judicial es la de la politización de la justicia poco favor estamos haciendo a la necesaria independencia de los poderes del Estado con estas actitudes, que van más allá de la aceptable censura para llegar a rozar en algunos casos incluso los umbrales de lo punible. Por ello, en nombre del Grupo Parlamentario Popular representado en la Comisión de Justicia de esta Cámara, le manifiesto mi más sincera y firme expresión de respeto y adhesión personal y profesional, respaldando incondicionalmente a los jueces y sus órganos de gobierno en la tarea de defender su competencia, imparcialidad e independencia, y concretamente a la labor del Tribunal Supremo. (Aplausos.)


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En relación con la memoria de actividades y siendo muy consciente que acumulando tantísimos temas en una mañana puede resultar poco efectivo y adquirir el aire de una cierta formalidad, así como teniendo muy en cuenta que la labor parlamentaria de esta comparecencia no es una labor de control, sino únicamente de solicitud de información, de recabar datos que nos permitan hacer más eficaz nuestra labor parlamentaria referida a la Administración de Justicia, sí quisiera sin embargo hacer algunas reflexiones que no van a ser ni mucho menos exhaustivas, pero desde el punto de vista de nuestro grupo nos parecen importantes. Usted ha empezado hablando de la justicia, de los jueces, y luego ha hablado de los ciudadanos. Me va a permitir sin embargo que yo empiece hablando de los ciudadanos para referirme al estado de la justicia. Creo por tanto que debemos comenzar con la negativa percepción que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia, especialmente lenta, que lleva a considerarla como el servicio público peor valorado por los españoles. Mi grupo, como creo que el resto de los grupos parlamentarios, estamos profundamente preocupados por esa opinión de la que seguramente todos somos responsables en parte. Este es el sitio de decirlo, y usted es una de esas personas a las que debe llegar nuestra preocupación y nuestra reflexión en voz alta para ver qué podemos hacer entre todos para conseguir que los ciudadanos de verdad crean en la justicia y en la Administración de Justicia. Debemos, pues, hacer una primera reflexión desde el punto de vista del ciudadano y es la referida al problema endémico de los retrasos y de las dilaciones indebidas, muy presentes en la mayoría de las quejas que los ciudadanos presentan, así como también a la calidad de las resoluciones que se dictan. El Poder Judicial evalúa en su memoria que, aun cuando el número de quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ha descendido por segundo año consecutivo, la mayoría de estas protestas estuvieron motivadas por la lentitud en la tramitación de los procesos y relacionadas con la falta de agilidad, de modernización o de atención. La primera causa que se trasluce de la estadística del Consejo General del Poder Judicial del año 2010 en todos los órdenes hace referencia al exceso de litigiosidad y a la elevadísima carga judicial.

Usted ha referido, así como otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que efectivamente son 9.300.000 asuntos los que han ingresado los órganos judiciales en el año 2010 en todas las jurisdicciones. Si bien eso supone una reducción del 2,2 por ciento respecto al año anterior y marca una tendencia que parece ser que se ha trasladado también al año 2011, no deja sin embargo de ser una cifra absolutamente inasumible, como demuestra que el número de asuntos en trámite a final del año 2010 haya quedado por encima de los 3 millones. Valoramos positivamente que, con enorme esfuerzo, el número de resoluciones judiciales se haya incrementado respecto a los asuntos resueltos en el año 2009, alcanzándose una cifra muy cercana a los asuntos ingresados. No se puede desconocer que los jueces y magistrados, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, cada año dictan más resoluciones judiciales y tramitan mayor número de procedimientos, a pesar de lo cual no se consigue que se preste un servicio de calidad a los ciudadanos. Por ello nos preocupa que precisamente cuando se reduce el número de asuntos ingresados, principal causa del incremento de la tasa de resolución, y cuando aumentan las plazas de juez y el número de jueces por 100.000 habitantes, se observe tan alta tasa de pendencia. No olvido que esta preocupación es compartida por el consejo, pues en la memoria interpreta estos datos como un leve deterioro de la situación general de los órganos judiciales. Leve, sin embargo, nos parece que es una calificación demasiado benigna.

Especialmente llamativa resulta la alta tasa de pendencia en la jurisdicción Contencioso-administrativa, precisamente en la jurisdicción en la que la reducción de los asuntos ingresados ha sido proporcionalmente más importante. Es indudable que la principal causa de esta altísima pendencia en esta jurisdicción obedece al retraso en la tramitación de los procedimientos por la Sala de lo Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de Justicia, con una duración media de los asuntos terminados en 2010 de más de veinticinco meses, siendo la mayor en Andalucía con más de cuarenta y uno. Particularmente le puedo decir que en Granada y según mi propia estadística, estaríamos prácticamente en los ochenta meses. Estos retrasos en un tiempo para resolver que excede con creces de lo razonable suponen una vulneración de los derechos a una tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas y consecuentemente se alejan de lo que debería ser el normal funcionamiento de la Administración. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se encuentra constitucionalizado para todos los órganos jurisdiccionales sin que los ciudadanos puedan verse privados de su disfrute por una mala organización. El artículo 24.2 de la Constitución no contempla un derecho a plazos, sino el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un plazo razonable. Igualmente se pronuncia el artículo 6.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Entendemos que la congestión en los juzgados y tribunales, la demora en los pleitos y los retrasos e incidencias en la ejecución de sus resoluciones son manifestaciones externas de una situación que refleja las carencias de un sistema obsoleto y que debemos tratar de cambiar.

Desde el punto de vista de jueces y magistrados, también se pueden hacer cosas. Sería deseable una posición más proactiva en el impulso de medidas de mediación y en la utilización de mecanismos legales escasamente empleados, como por ejemplo la jurisdicción Contencioso-administrativa en el caso de la previsión contenida en el artículo 77.1 de la Ley que regula dicha jurisdicción. Así como en asuntos de familia o en los de la jurisdicción social se da este mecanismo, con las aseveraciones e invitaciones que hacen los magistrados -facilitadas lógicamente por la oralidad consolidada en este


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ámbito- acerca de que las partes intenten llegar a un acuerdo, esta misma posición proactiva de los titulares de la jurisdicción Contencioso-administrativa, acompañada de una mayor flexibilidad del representante legal de la Administración, propiciaría con seguridad un mejor uso racional del derecho a la tutela judicial efectiva. Me alegra por tanto el anuncio que nos ha hecho de que existe un proyecto piloto de mediación en la jurisdicción Contencioso-administrativa, al cual, evidentemente, estaremos muy atentos. Así pues, ante los retrasos y la sobrecarga judicial, debemos pedir que el consejo no tenga una actitud contemplativa y sí ejerza una especial vigilancia, pues, como dijo usted en alguna ocasión, una justicia lenta es una verdadera injusticia, y es al consejo al que le incumbe velar por que no se produzcan dilaciones indebidas. Creo que es algo que contribuiría muy notablemente a prestigiar la justicia ante los ciudadanos.

Como usted ha señalado, resulta justo reseñar y es muy esperanzador observar en lo que respecta al Tribunal Supremo durante el año 2010 que se ha producido una apreciable reducción del número de asuntos pendientes de resolución, de manera que no solo se ha dado salida a un número equivalente al número de temas ingresados durante ese año, sino que además han disminuido los pleitos pendientes, consolidando el aumento de la capacidad resolutiva del Alto Tribunal. Con ello puede afirmarse que la puesta al día en cuanto a la fase de decisión está muy próxima, tal y como usted se comprometió en su última comparecencia ante esta Comisión para presentar la memoria del año 2009, en la que textualmente indicó: La oferta a la que yo me comprometo es la de poner al día el Tribunal Supremo en todas sus salas para el año 2012. Va a cumplirlo, señor presidente, por lo que le pido un nuevo compromiso, esta vez para intentar rebajar la tasa de pendencia de asuntos, siquiera en las jurisdicciones más castigadas.

Otro punto que nos preocupa especialmente de la estadística que nos ha presentado es la calidad de las resoluciones emitidas, concretamente la de los órganos de la jurisdicción Civil, si medimos o aplicamos el criterio por las sentencias de instancias que son revocadas en apelación, pues tan solo se confirmaron un 63 por ciento -confirmación total-. Efectivamente, es un número de revocaciones muy alto, y con que nos quedáramos con un 30 por ciento ya estaríamos hablando de un porcentaje alto. Estos datos entresacados de la memoria creo que nos obligan a todos a hacer una reflexión profunda.

Si de calidad de las sentencias hablamos, los datos estadísticos no siempre sirven para medir la calidad de nuestra justicia, sino solamente su eficiencia administrativa o más aún la burocrática. La cifra de sentencias no revocadas en segunda instancia tampoco es el mejor criterio para medir la calidad de las resoluciones dictadas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor CASTILLO CALVÍN: Así, añadiría un tema relativo a la fundamentación de las sentencias, un tema delicado porque está a caballo entre la función jurisdiccional, en la que cada juez es independiente, y las funciones del consejo. En todo caso, la práctica diaria nos muestra que, junto a sentencias ejemplares o simplemente suficientes por su motivación, nos encontramos con otras en las que las pretensiones de las partes y el esfuerzo de los profesionales se ve frustrado con una argumentación mínima e incluso telegráfica que no atiende a las necesidades de la justicia ni responde a la tutela judicial efectiva. Además de decepcionantes, empañan la imagen de la Administración de Justicia. Es mucho lo que puede hacer el Consejo General del Poder Judicial en este aspecto, a veces propiciado por el establecimiento de baremos cuantitativos, que no cualitativos, de producción mínima, por parte del propio Consejo General del Poder Judicial y a veces utilizado por algunos como excusa para simplemente cumplir con lo mínimo.

Debemos abordar otros problema -aunque con falta de tiempo-, como carencias en la gestión o el agotamiento del modelo que hasta ahora hemos seguido. Hemos escuchado su análisis profundo, señor presidente, en el que nos ha traslado los principales problemas que a juicio del Consejo General del Poder Judicial padece en la actualidad la Administración de Justicia en general. Entendemos que las deficiencias profundas del sistema no son ajenas a una deficiente gestión del anterior Gobierno a la hora de llegar a soluciones para la efectiva implantación de la oficina judicial, para la implantación de las nuevas tecnologías y modernización de comunicaciones, para poner en marcha la reforma del modelo retributivo, para modificar la demarcación y planta judicial, para modernizar el sistema de guardia y de sustituciones, en fin, para cualquier cosa que tenga que ver con la eficacia de la Administración de Justicia.

Respecto al caos informático, únicamente me voy a remitir al último encuentro de jueces decanos celebrado en el pasado mes de diciembre, que concluyeron que el sistema de gestión de la Administración de Justicia que comparten consejo, ministerio y comunidades autónomas es confuso, caótico, descoordinado e ineficaz y es necesaria la incorporación urgente de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia porque los juzgados siguen sin trabajar en red. Igualmente, los jueces decanos consideraron necesario redefinir la oficina judicial. Estas quejas están perfectamente fundamentadas, pues la realidad nos muestra una diversidad de sistemas de gestión procesal incompatibles entre sí e incompatibles los judiciales con los fiscales, de modo que resulta totalmente imposible conocer en un juzgado de Cataluña si un ciudadano está requisitoriado por otro de Andalucía, lo que puede permitir resultados indeseables, aunque se trate de delitos de extrema gravedad.

Estas son cuestiones que nos preocupan y a este respecto quisiera saber en qué medida desde el Consejo General del Poder Judicial, que en ese sentido es un


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observatorio privilegiado, se detectan o no esas anomalías, porque no sería deseable que se esté haciendo una inversión creciente por parte del ministerio y de las comunidades autónomas y a la hora de la verdad eso lo que genere sea más caos y no ayude realmente a una mejor prestación de la justicia, en tiempos de especial necesidad de austeridad en el gasto público por la situación de crisis como la que vivimos, cuando se impone la necesidad de fomentar el uso racional y la mayor eficacia de los recursos destinados a los servicios públicos.

Voy terminando. Como podemos observar, las reformas que exige la situación actual de la justicia son cuando menos importantes y requieren el esfuerzo tanto de los poderes públicos como de los miembros que integran la Administración de Justicia y demás operadores jurídicos. El Consejo General del Poder Judicial, asumiendo su condición de órgano de gobierno de los jueces velando por que las condiciones en que estos desarrollan la función jurisdiccional sean las adecuadas para que se pueda ofrecer una tutela real y efectiva, debe implicarse con todo el protagonismo que le corresponde en el proceso de modernización de la Administración porque no se entiende ningún proceso de cambio sin los llamados a impartir justicia. En este punto y con el precedente de las importantes propuestas y aportaciones que el consejo ha venido realizando durante años para la mejora de la justicia, valoramos muy positivamente que al comienzo de esta nueva legislatura, tan solo veinticuatro horas después de que el señor ministro anunciara su ambicioso proyecto de reforma, el pleno del órgano del gobierno de los jueces acordara por amplia mayoría ofrecer al Gobierno y al Poder Legislativo su leal colaboración institucional y técnica para abordar estas reformas. Por tanto, nos alegra ese grado de receptividad con las líneas básicas perfiladas por el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señoría, por favor.

El señor CASTILLO CALVÍN: Invariablemente, en un trámite como este, como ya se ha visto, se acaban sacando a relucir cuestiones que no corresponden estrictamente a la memoria. Desde luego, yo no le voy a preguntar por el sistema de elección de sus vocales, que por lo visto es un tema obligado en estos casos, pues considero que es un asunto que excede de lo que está al alcance del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente, que es quien comparece.

Únicamente quería destacar que, como en la presentación de la memoria se ha hecho, quienes integran este órgano se han esforzado por superar toda pauta de división interna, lo que se ha traducido en que han sido habituales los acuerdos adoptados por unanimidad o amplia mayoría de sus miembros. Por tanto, debemos agradecer la clara voluntad del consejo de apartarse de determinada dinámica política en estas cuestiones, voluntad compartida por el nuevo Gobierno, que ha dejado claro que el Poder Ejecutivo renuncia a llevar a cabo ninguna interferencia en el Poder Judicial y pretende fortalecer esa independencia desde la más estrecha colaboración, que es lo que debemos a los verdaderos titulares de la soberanía nacional.

Para terminar quiero resaltar la plena y permanente disposición de este grupo parlamentario a colaborar con cuantas instancias son responsables de la marcha de la justicia española, entre ellas y muy especialmente la predisposición a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial, y deseo darle las gracias a su presidente por su paciencia de hoy y por su atención, así como por cuánto nos ha ayudado durante estos años. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, señorías, vamos a suspender la sesión durante veinte minutos, es decir, a las tres y cinco de la tarde reanudaremos la sesión de la Comisión.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión de la Comisión y en este trámite corresponde dar nuevamente la palabra al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que haga las reflexiones que estime convenientes después de las intervenciones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor Dívar.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Lo primero que tengo que decir es que el juez es un ser de suyo solitario, pero desde luego aquí se siente mucho más la soledad, porque he estado durante bastante tiempo completamente solo y he sentido un poco esa soledad, pero en la soledad se acerca uno a la fortaleza, porque le permite mejor la reflexión, le permite ver mejor las cosas. Entonces es otro motivo de gratitud que tengo hacia los miembros de esta Comisión.

Creo que no me he equivocado cuando he empezado por hablar de que esta es una sociedad plural y libre y aquí se ha visto que tenía razón, puesto que las intervenciones han sido plurales y absolutamente libres, en las que yo he estado callado completamente; incluso, en algunas, las formas han sido más o menos rigurosas, pero también son perfectamente aceptables. También es perfectamente aceptable que algunas de sus señorías quieran recalcar puntos que aprecian y consideran de un valor importante.

Creo que es una sociedad plural y una sociedad libre, y el Parlamento y, dentro de él, la Comisión son reflejo de todo de lo que España es como sociedad plural y sociedad libre. Hoy hemos hecho un ejercicio, aunque haya sido pequeño -digo pequeño no por el tiempo sino por la intensidad que podemos dedicar en tan poco espacio a un tema tan importante como es la memoria


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del Consejo General del Poder Judicial-, de pluralidad y libertad y de libertad democrática. Yo también, en la medida que me lo permitan, he participado de eso con mi ejercicio de la mansedumbre. Les advertiré que mansedumbre quiere decir la paciencia en todo instante, paciencia que he puesto de relieve escuchando a todos con toda atención, tomando notas de todo, aunque por supuesto no pueda contestar ahora en un breve plazo a todas las preguntas que se me han formulado. Pero he de decir dos cosas. En primer lugar después de mi intervención pueden ustedes presentar esas mociones, ya que dentro de los tres o cinco días -no lo sé exactamente- que fija el Reglamento de la Cámara pueden dirigirse al consejo y procuraré -como me decía la representante de Convergencia y Unión- que las contestaciones o las explicaciones que pueda dar el consejo sean más amplias.

Por otra parte, el señor Olabarría, que es un viejo amigo -por eso me lo permito aunque no esté, por si me ve en la grabación-, ha dicho que la exposición ha sido un tanto agotadora. Estoy seguro de que habrá sido agotadora, ya que se ha tenido que retirar en estos momentos. (Risas.) Por mi parte, yo no estoy nada agotado, como pueden ustedes ver. Por tanto, voy a continuar, porque prefiero, ya puestos, de tirados, tirados al río y así lo he hecho. También me hizo otra observación que repitió del año pasado: que mi exposición le ha recordado algo a una exposición de contable por la cantidad de datos estadísticos que estaba dando. No es cierto, he dado unos datos muy resumidos para los datos estadísticos que tiene el consejo. Eran necesarios algunos tantos por ciento para justificar las cosas. Lo que no me ha gustado del señor Olabarría es que el año pasado me comparó a un contable de la alta banca y esta vez simplemente a un contable. Es decir, que he bajado de categoría en todo esto de la contabilidad y de la exposición. (Risas.) Hechas estas aclaraciones, que tienen un tono festivo para que nos pongamos un poco en ambiente -el buen humor es consecuencia de la posición que tengo ante todos ustedes de gratitud y de consideración-, pasaré a estimar alguno de los puntos que ustedes han hablado.

En primer lugar, para no excluir el punto que, como se ha dicho aquí, subyace dentro de esta comparecencia, una sentencia reciente del Tribunal Supremo, diré que a mí nadie me ha nombrado juez de jueces y, por tanto, yo me abstendré de juzgar cualquier decisión del Tribunal Supremo y de otros tribunales. Lo que sí hago, claro está, es acatar y respetar. No sé lo que se quiere decir con no acatar y no respetar, pero esa es una cuestión personal o de grupo que también respeto. Antes de esto, empezaré por aclarar, si ustedes me lo permiten, que hay que distinguir entre justicia jurisdiccional, Poder Judicial y, en tercer lugar, la cuestión del impulso procesal o impulso legislativo porque ahí me metería en un poder distinto. O, dicho con otras palabras, resalto aquí los tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La justicia se llama justicia y se dice que la imagen de la justicia -y se repite- que tenemos es nada favorable. Ciertamente. Yo no he dicho que la situación sea idílica ni el resultado de mi exposición ha sido idílico, ni mucho menos, pero en justicia se mezclan algunos conceptos que merecen un punto de distinción.

Justicia. En principio, se llama justicia a la actuación de los tribunales jurisdiccionales, y aquí esta también el Ministerio de Justicia, que no es tribunal jurisdiccional; está la Fiscalía General del Estado, que tampoco es exactamente poder jurisdiccional; se habla del Tribunal Constitucional, que tampoco forma parte del Poder Judicial. Por tanto, habría que hacer una distinción para que cuando la sociedad recibe un mensaje de la justicia lo aplique a jueces y tribunales.

En primer lugar, haría una referencia a esa sentencia del Tribunal Supremo que se ha producido hace tan solo unos días y que ha llenado de mayor expectación esta presentación de la memoria por mi parte. Señorías, esta es una función jurisdiccional del Tribunal Supremo, el tribunal más alto de la nación. Lo único que yo he dicho, señoras y señores diputados, en otras intervenciones o declaraciones institucionales a las que me remito, es que no podemos deslegitimar las instituciones del Estado, y mucho menos podemos descalificar personalmente a las personas que en principio actúan con probidad, con honestidad y con justicia, como son la mayor parte de los magistrados y jueces de España, y aquí incluyo, pero no me refiero exclusivamente, al Tribunal Supremo. Es lo único que tengo que decir a ese respecto.

Se ha hablado también, en general, de la igualdad, de si todos somos iguales ante la ley. Ciertamente, todos somos iguales ante la ley: se nos aplican los mismos códigos, se nos aplica la misma ley procesal. Todos somos iguales ante la ley y no existen privilegios. Hay aforamientos concretos -ustedes los conocen- por pertenecer al Poder Legislativo en su grado de diputados o, en su caso, de senadores que, lejos de ser un privilegio, suponen una carga por la expectación que en un momento determinado se produce respecto al proceso de un diputado o de cualquier otra persona. En este sentido, la portavoz del consejo, doña Gabriela Bravo, que actúa siempre con principios de claridad, de honradez en todo sentido, y así me consta, ha podido producir alguna confusión en esa manifestación que luego se ha interpretado como que hubiera dicho que no todos somos iguales ante la ley, cosa que en modo alguno ha dicho o ha querido decir, como verán si leen el contexto de su disertación en ese desayuno televisivo. No; lo que quiso decir es que, aunque todos somos iguales ante la ley, las circunstancias que nos rodean son diferentes, claro que sí, y la verdadera igualdad se hace tratando diferentemente situaciones que son distintas. ¿O es que tiene la misma expectación ahora esta Comisión o esta manifestación por mi parte que la que puede tener un anuncio de la Presidencia del Gobierno o de la Jefatura del Estado? ¿Es que la presión mediática que existe sobre algunos asuntos no puede influir en esa desigualdad, no ante la ley, no ante los procesos, no ante los derechos, pero sí ante los medios de comunicación y ante la expectación que genera sobre la opinión pública?


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Esto es, a mi entender, lo único que ha querido decir la portavoz del consejo y lo que yo, en nombre de todos los miembros del consejo, aclaro aquí para que no haya ninguna duda de que, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial reitera y dice por todas partes que todos somos iguales ante la ley. Y aquellas cuestiones en que algún juez se pueda extralimitar serán corregidas -las que lo sean- con carácter disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial. Y aquellas que lo puedan ser con un carácter de falta o de pena, por los tribunales. Y ya quisiera yo, señoras y señores diputados, que los políticos, que se pueden equivocar -y de hecho se equivocan en bastantes ocasiones, como todo ser humano-, tuvieran la cantidad de recursos que tiene el Poder Judicial para corregir sus propios defectos si estos se han producido. Les recuerdo, dentro de esos procesos judiciales tan largos, la cantidad de recursos que se pueden interponer: recurso de reforma, recurso de súplica, recurso de reposición -estos ante el mismo órgano, pero que producen un alargamiento porque se da traslado a las partes para que contesten y contestan a lo mejor dos meses después-, recurso de apelación, recurso de casación, incluso aquellos que por su propia naturaleza no tienen más que una única instancia tienen después posibilidades de acudir -no en el orden jurisdiccional propiamente dicho al que me estaba refiriendo- al Tribunal Constitucional, que ha actuado en determinadas ocasiones, y también pueden acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha actuado modificando y garantizando una serie de derechos. Por tanto, debo decir que España y la justicia española, con sus defectos y sus críticas -que acepto ambas, los defectos y las críticas-, es un Estado de derecho en todos los sentidos y un Estado de garantías. Y si hay errores, que se puedan corregir.

Se ha dicho que la justicia está politizada, y aquí hay que distinguir qué es lo que está politizado. En primer lugar, por respeto a todos ustedes, que son legisladores pero también son políticos, tendríamos que decir que la política no es algo que sea peyorativo. La política, ¿saben ustedes qué es? Es el arte de gobernar, el arte de gobernar bien, el arte de captar lo que el pueblo quiere, o la parte del pueblo que ustedes representan quiere, y transmitirlo después. Así lo hacen y así he entendido cuantas cosas se han expuesto en esta Comisión: el arte de gobernar. ¿Qué es lo que está politizado de la justicia? Vuelvo a la distinción que hice antes: jurisdiccional y órgano de gobierno del Poder Judicial. Tal vez la denominación es un tanto confusa, porque nos habla de un poder judicial como si nosotros -los del Poder Judicial- tuviéramos decisiones jurisdiccionales y pudiéramos intervenir sin cometer incluso delito en una decisión judicial jurisdiccional. Existen las vías correspondientes; la vía de la jurisdicción tiene sus recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y tribunales superiores hasta llegar al Supremo. Esta es la vía de corrección. Hay otra, que es la disciplinaria, a la que ya me he referido, que es propia del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, hablar de politización en el buen sentido -no en el que se emplean las palabras política y politización- del Consejo General del Poder Judicial no es más que decir que es el órgano político de gobierno de los jueces, y en consecuencia tiene unos aspectos políticos. La constitución de este órgano, los vocales de este órgano, viene hecha por la Constitución, esa Constitución que desde 1978 ha dado un respiro a los españoles y que ha sido el proceso constitucional más largo que hemos tenido.

¿Hay cosas que reformar? Ustedes tienen la palabra, ustedes son los legisladores. Nosotros no podemos invadir la función legislativa porque nos entrometeríamos en un poder que no es el nuestro, pero podemos proponer, informar los anteproyectos. Cuando el preproyecto del Gobierno entra en las Cortes, en la Cámara de Diputados, se convierte en proyecto de ley, y entonces podemos informar, un informe no vinculante. Pero hemos dicho cosas muy serias en estos informes que muchas veces han sido recogidos por todos ustedes e incluso valorados. También podemos pedir el impulso legislativo. Si somos los jueces los encargados de aplicar las leyes que nosotros no hacemos, creo que es un derecho que podamos decir a la sociedad y a los parlamentarios que vemos esta necesidad o este problema en esta o esta otra parte del ordenamiento jurídico. Con frecuencia las leyes tratan de corregir conceptos que se refieren ¿a todo el ordenamiento jurídico? No. A partes concretas. Eso produce una política que podríamos llamar hojalatera, porque trata de resolver un problema muy puntual y sin embargo deja en desarmonía otros aspectos de todo el ordenamiento que pueden verse en colisión por una reforma de ese tipo. Por eso el Consejo General del Poder Judicial ha abogado por una Ley de Enjuiciamiento Criminal -la pongo simplemente como ejemplo- que sea total, que abarque, aunque tengamos que hacer, por la rapidez del tiempo y las circunstancias, algunas reformas parciales.

Por lo que respecta al País Vasco y a Cataluña, después de hablar de igualdad y de politización se ha hablado de torturas. Hoy día creo que las torturas no existen prácticamente, pero si estas en algún instante se producen por algún exceso, que puede ser -no de los jueces, porque no hay denuncias de que los jueces hayan torturado nunca a nadie-, será corregido por la vía correspondiente. En España todavía existe la acción popular por la que se pueden presentar las querellas, las denuncias, incluso por los que no sean víctimas del delito, para que el Estado resplandezca en su justicia, además del ministerio fiscal y las acusaciones particulares. Pertenece a los órganos del Gobierno corregir a los agentes que hayan podido tener algún exceso. Y si fuese, como digo, objeto de materia penal porque es presuntamente delictiva, lo conoceríamos los tribunales con los grados de defensa que todo el mundo tiene. Porque algo que debemos todos saber es que también los culpables tienen derecho a la presunción de inocencia y que a veces esa presunción de inocencia, hasta que se llega a sentencia definitiva -no a una sentencia, sino a sentencia definitiva- debe respetarse. En estos instantes estamos


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haciendo procesos paralelos y en esos procesos se instruye, se procesa, se sentencia y se ejecuta. Lo único que decimos es que no se deslegitime la autoridad judicial, que no se entre en aquellos aspectos personales, que todo el mundo tiene derecho. Hay aquí algunas personas que me honran con su amistad personal que saben que la fama de las personas es algo muy digno y la fama de las instituciones también. De tanto desacreditar a las personas que encarnan las instituciones estamos también atacando muchas instituciones que después quedan desvalorizadas y cuando las vuelven a ocupar otros partidos políticos se encuentran con la lacra de que han sido desautorizadas. Y la principal autoridad que tenemos, sea o no reconocida públicamente, es la autoridad moral, la autoridad que tiene que dar ejemplo, la autoridad que tiene que salir de algo muy profundo del corazón humano.

El representante de Cataluña, señor Tardà, del partido de Cataluña, naturalmente, dentro del Grupo Mixto, ha hablado de independencia, de igualdad. Ya me he referido a todo ello; pero singularmente ha expresado la cuestión de la lengua catalana, algo a lo que se ha referido muy delicadamente la representante de Convergencia y Unión. Debo decir a ese respecto que en este caso se están dirigiendo a un presidente, a un modesto y humilde presidente, por supuesto -no hago falsedad de mi persona-, que lee en catalán, conozco mucho los versos de Cataluña de Salvador Espriu, (El señor Tardà i Coma hace gestos al orador.-Risas.) y que conozco la cultura catalana en todos los sentidos. Usted lo que ha presentado son cuestiones de que esa lengua pueda ser utilizada por los tribunales, que pueda ser utilizada también por las legislaciones, que no se obligue a una persona a que tenga que declarar en otra lengua. Yo no sé si actualmente esto se produce así, pero aquí hay colaboradores míos que recuerdan el respeto absoluto que cuando yo era juez de instrucción tenía a las personas para recibirles la declaración en su propio idioma, hasta el punto de que tuve una persona que solo hablaba en mandingo y me preocupé de encontrar un traductor de mandingo, que lo encontré en Caribou, que vino y tradujo su declaración. El problema no existe; el problema es que legislativamente quede establecida una cooficialidad; que legislativamente se diga que puede hacerse de esta o aquella manera; que legislativamente se considere prioritario -como ya se está considerando- que conozcan la lengua a quienes van destinados al País Vasco o a una comunidad que tiene su propia lengua y que tengan estos preferencias. Pero muchos de los aspectos que ha puesto de relieve nuestro brillante diputado han sido aquellos aspectos que no le corresponde decidir al Consejo General del Poder Judicial sino que son legislativos. Y en esa materia, en todo cuando produce una igualdad, un derecho y una defensa de las lenguas vernáculas, estamos de acuerdo y por supuesto si hay algún impulso también estaríamos dispuestos a hacerlo. (Rumores.) Muy bien por los comentarios.

Continúo. Se ha hablado de la Audiencia Nacional y de una disposición; de que en un momento determinado el presidente ha dado orden para la instrucción de asuntos terroristas, incluso aquellos que están prescritos. Quiero decirle, mi querido amigo señor Olabarría, que desde el punto de vista del Consejo del Poder Judicial no se ha producido ninguna orden, ninguna, en ese sentido. Por tanto, esto es inexistente; no hay nada más que aclarar a ese respecto.

Se ha hablado también, en algún aspecto con cierta dureza, de la probidad de los jueces. Ya me he referido a ello, pero es algo muy grave. Suponer que tenemos un Tribunal Supremo, unas audiencias que se complacen en llevar la contraria a la opinión pública, suponer -con manifiesto ataque a la probidad que tienen que tener los jueces- que están de alguna forma complaciéndose en hacer aquellas cosas que son diferentes a las que pide la opinión popular... No es así; no es así rotundamente. Creo que los jueces actúan con probidad y tal vez el lenguaje que se emplea necesitaba algo de explicación. En este sentido el Tribunal Supremo ha empezado en alguna de sus salas con unas notas explicativas a las sentencias y a los lenguajes que necesariamente son difíciles de entender en una opinión pública generalizada que no tiene preparación jurídica o que no tiene la preparación que pueden tener las señoras y señores diputados. Hay que explicar por qué se produce tal cosa y estamos en esa explicación.

Hay otra cuestión distinta que es la referida a los nombramientos del Consejo del Poder Judicial, aquellos nombramientos que requieren una votación cualificada por parte de los miembros del consejo, como son magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los tribunales superiores de Justicia. Aquí se ha hablado mucho de un reparto de posiciones. Vuelvo a decirlo, las posiciones vienen definidas antes por las leyes pero en este Consejo del Poder Judicial, donde no he dicho nada falso al afirmar que la mayor parte -más del 90 por ciento de los acuerdos- han sido logrados por unanimidad, se llega a situaciones de acuerdo o de consenso que permiten una normal actuación del órgano de gobierno y que permiten también desbloquear -durante mucho tiempo han estado de esta manera- los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de Justicia. No hay más que examinar la última actuación del Consejo General del Poder Judicial para saber hasta qué punto esos nombramientos han desbloqueado, menos en un caso, todo lo que teníamos, y se han hecho nombramientos de presidentes de tribunales superiores, de presidentes de sala, de presidentes de audiencias provinciales, prácticamente todos, incluido en Tribunal Supremo, menos en un caso que todavía está pendiente.

Yo comprendo que las asociaciones, el público en general, puedan hablar de si estos nombramientos son acertados, y lo que he dicho es que se puede comprobar a partir de este consejo con un nuevo reglamento si hemos acertado o nos hemos equivocado, porque las


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comparecencias de los solicitantes se realizan hoy de modo claro, grabado y público. Cualquiera que quiera puede asistir a la convocatoria, y la práctica demuestra que quienes han sido nombrados o nombradas para el Tribunal Supremo y para los presientes de los tribunales superiores de Justicia con mayoría cualificada están respondiendo adecuadamente a su designación con honestidad y con competencia. También se han referido a los consejos autonómicos, especialmente hizo una referencia la representante de Convergència i Unió. Pueden ser asimismo impulsados, de la forma en que he usado la expresión impulso legislativo, por parte del Consejo del Poder Judicial. Lo que no pueden ser es regulados porque tienen que crearse dentro de la ley, por tanto, hay cuestiones que se atribuyen al consejo y que son legislativas. Pueden los gobiernos presentar los proyectos oportunos y después se verán los dictámenes que puede hacer el Consejo General del Poder Judicial no vinculantes. En toda esta materia respetamos todo aquello que han dicho las comunidades autónomas.

Se ha hablado también de los presupuestos y del régimen de austeridad que tiene la justicia. En principio, por lo que respecta a la justicia, que no es el Poder Judicial, diría que la austeridad de los jueces es remarcable en todos los sentidos. Se creó la Ley de Retribuciones en virtud de la cual todavía en este año teníamos que estar aceptando incrementos. Esa ley quedó prácticamente derogada porque no solo ha habido aumentos sino que hubo disminuciones, y en los años sucesivos no se han producido ninguno de esos aumentos. Por lo que respecta al Consejo del Poder Judicial y su modesto presupuesto y el de los vocales, diríamos en lo que es objeto de esta memoria de 2010, solo se gastó el 80 por ciento del presupuesto, presupuesto que, vuelvo a insistir, es para el consejo, para determinadas necesidades del consejo y de las vocalías, no es el presupuesto que afecta a justicia; el 80 por ciento ha sido el que se ha consumido, un 20 por ciento el que se ha entregado. El actual presupuesto se ha enviado al Congreso de los Diputados, como es lógico, y a la espera de su resolución estará; aquí sí que tendremos que aceptar todas aquellas cuestiones, rebajas y sacrificios que puedan presentarse.

Por último, he de decir que el Tribunal de Cuentas ha elegido precisamente al Consejo del Poder Judicial primer órgano constitucional que es fiscalizado, y cuya fiscalización hemos aceptado de la mejor forma poniendo a disposición del tribunal todos los argumentos, toda la documentación y todo lo que tenemos. Luego tribunales hay y procedimientos concretos que se pueden comprobar, que no estoy diciendo ninguna cuestión por mi cuenta. Además se ha tratado de otro punto, un punto verdaderamente doloroso para mí: las filtraciones; ciertamente, las filtraciones; las filtraciones en procedimientos judiciales que se llaman secretos y que luego salen en medios de distinta naturaleza publicados a veces por series. Esto es un atentado muy grave a la intimidad, al derecho de defensa, a la presunción de inocencia y a la propia justicia. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que estas filtraciones sean investigadas adecuadamente, pero es muy difícil por el número de personas que en un momento pueden conocer el procedimiento aunque esté declarado secreto, está secreto para las partes pero no está secreto para el juez, para el ministerio fiscal, para otros funcionarios; hay otras relaciones con otros agentes, y la fórmula que en principio ha propuesto una de las vocales y que hace suya el Consejo del Poder Judicial es reducir el tiempo de secreto del sumario, que se reduzca al tiempo exacto. ¿Por qué surge el secreto del sumario? Para hacer una mejor averiguación, para evitar que en algún momento personas que pueden tener una responsabilidad puedan ocultarla o marcharse, para eso; pero para eso tal vez no hacen falta esos grandes periodos de tiempo y el reducirlo a un tiempo exacto y cuidadoso es lo que debemos tener en cuenta.

El señor Llamazares ha dicho que no tiene fe en la Justicia. Yo no obligo ni quiero hoy aquí decir que... (El señor Llamazares Trigo: En la Santísima Trinidad, no en la Justicia. Es que es distinto.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): ¡Ah!, pues más. Le aclaro lo de la Santísima Trinidad, ya sabe que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sería demasiado que viniesen aquí como testigos, ¿verdad? (Risas.) Pero entiendo que si no tiene fe en la Santísima Trinidad tampoco tiene fe en una de sus consecuencias, porque la fe es una de las tres virtudes teologales además de la esperanza y la caridad, e independientemente de ello no hay fe en la justicia. Bien, estamos en una situación real a ese respecto, no es el único diputado ni es el único ciudadano español que en estos momentos critica duramente a la Administración de Justicia. Yo lo acepto, lo acepto en todos los sentidos. Ya le dije al principio que no he pretendido presentar una situación idílica con la exposición sino una exposición real que puede aclarar ahora algunos conceptos y que posteriormente pueden ser aclarados por todos ustedes.

Decía también el señor Llamazares que la litigiosidad, que va en aumento, es como una protesta por parte de los tribunales, y ponía el ejemplo -un ejemplo adecuado a su profesión- de que sería como si un médico dijese: bueno, es que hay muchos enfermos, qué vamos a hacer. Pues, como se hacía antes: que se levanten los que tienen 39 grados y que se acuesten los de 40 -de fiebre-. No, no, no se trata de eso. La litigiosidad ha aumentado y es cierto, y es un contraste que los tribunales son considerados con una imagen negativa y sin embargo se acude a los tribunales; muchas veces esto podría resolverse en despachos de abogados, también podría resolverse en otros procedimientos de mediación y arbitraje a los que ya me he referido pero, naturalmente, que la litigiosidad aumente es un problema porque no tenemos el número de jueces suficiente. He


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dicho en un momento de la exposición que hay juzgados de Madrid que llegan a tener ocho mil asuntos en penal y en civil con envergadura como los concursos, etcétera. El año tiene 365 días, este año un día más, ¿cómo es posible conciliar la vida familiar de ese juez tan solitario y tan maltratado en su función? Ustedes pueden realizar la crítica necesaria, y además buena, porque en un momento dado nos estimula, pero yo tengo obligación de decir estas verdades y referirme positivamente a la actuación de mis jueces.

Me ha dicho que estoy en Navalmoral o en Babia. A título simplemente de comentario, ya quisiera yo estar en Navalmoral o en Babia, donde iban los reyes de León a cazar. Yo no cazo, a mí me cazan algunas veces, pero yo no cazo. No, yo estoy en un puesto verdaderamente difícil. Ha dicho que no entiende bien cómo el presidente del Consejo General del Poder Judicial es también presidente del Tribunal Supremo. Es cierto, a veces esto plantea grandes dificultades por tener que estar en el órgano político de gobierno y tener que estar en un órgano jurisdiccional en el que ciertamente actúo en muchas decisiones, sobre todo en las salas especiales y en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, del que forman parte consejeros de Estado y magistrados del Tribunal Supremo. Sí, eso es algo difícil, pero así está establecido por la Constitución y dice esta que el primer acto de los vocales recién elegidos es elegir a su vez al presidente del Consejo General del Poder Judicial y este será el presidente del Tribunal Supremo, o, mejor dicho, lo dice a la inversa: eligen al presidente del Tribunal Supremo y después este es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. A mí me lo han dado ya hecho y yo he procurado aceptar y llevar con la mayor dignidad posible estas dos funciones que tengo. También se han referido a la formación de jueces, a si la formación puede ser lenta. Claro, es que un juez no se crea por real decreto, un juez necesita un periodo de formación y la formación no es solo teórica, ha aprobado unas oposiciones muy duras en las que ha tenido que demostrar su conocimiento teórico, pero después en la Escuela Judicial, que está considerada como una de las mejores de Europa, se les imparte todo: filosofía, tecnología, idiomas y práctica en los tribunales. Entre ellos hacen juicios o ficciones de juicios incluso con la toga puesta y acuden a los despachos de abogados para tener una compenetración con ellos y saber el contenido de todas sus funciones.

Por último, se ha hablado aquí del cambio de Gobierno. Esto no es más que la forma habitual de la democracia. Durante periodos de tiempo de cuatro años unos son elegidos y otros pasan a la oposición y luego ocurre a la inversa. Son cuestiones que se producen dentro del marco de la más absoluta legalidad. Nosotros desde el consejo lo que hemos dicho, y repito ahora, es que estamos dispuestos a colaborar con el nuevo Gobierno de la nación y a apoyarle en todo, pero es que también estuvimos colaborando y apoyando al Gobierno anterior. No es esta una novedad, aunque ha sido expresada como consecuencia de la aparición de un nuevo Gobierno, siempre hemos colaborado, y ustedes son testigos de esa colaboración permanente, colaboración que siempre he dicho que no es sinónimo ni de subordinación ni de falta de independencia, cada uno en nuestras facultades. Pero, ¿con quién vamos a colaborar? Claro que sí, colaborar independientemente con el Gobierno y con el Poder Legislativo, que no otra cosa estoy haciendo yo hoy aquí, aunque lo haga mejor o peor.

Estoy también conforme con la idea de que las leyes fundamentales, llamamos leyes fundamentales a aquellas que implican un carácter importante como pueden ser la de la administración de justicia, otras de política internacional por referirme a ello y otras de la forma de Estado, deben tener un carácter permanente y no pueden estar cambiando sistemáticamente. Por ello, todo lo que sea que el Consejo General del Poder Judicial pueda fomentar el acuerdo entre todos y el consenso, bienvenido sea porque la auténtica democracia consiste en el respeto a las minorías y nosotros estamos también por respetar a todas las minorías.

Por último, ciertamente ha habido algunas circunstancias de disociación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Han sido muy escasas a lo largo del tiempo en que se ha producido; lo que pasa es que han sido muy señaladas. Y lo que ha empezado por proponer la Sala primera -y han continuado las demás salas del Tribunal Supremo- es llegar a ese diálogo constitucional, a que antes de que se produzca la sentencia, y con respeto absoluto al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo, se pueda dialogar sobre determinadas materias; no sobre hechos concretos que van a ser objeto después de la sentencia, sino sobre determinadas materias que puedan en un momento determinado arreglar o dulcificar estos conflictos o estas diferencias. Esto, por otra parte, es natural. Estamos -digo- en un Estado de derecho y hay un Tribunal Constitucional distinto del Tribunal Supremo -hemos seguido el sistema alemán- y por tanto que de vez en cuando puedan surgir esas diferencias no significa que el Tribunal Supremo no respete las decisiones del Tribunal Constitucional.

Señoras y señores diputados, dice el filósofo que el que no distingue confunde y muchas veces por la no distinción confundimos. Por eso empecé por decirles lo que debemos entender por justicia jurisdiccional y no otra serie de organismos, incluido el Poder Judicial, que no constituye ese poder jurisdiccional. Señoras y señores diputados y miembros de esta Comisión, de todo corazón y con toda sinceridad les deseo mucho éxito en la función que han comenzado como Comisión de Justicia. Son ustedes también eso, justicia; su nombre es el de Comisión de Justicia. Espero, deseo y estoy seguro que también en su materia sabrán hacer justicia a todo el mundo, incluido a los jueces.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial por esta su segunda intervención. Pregunto a los portavoces si desean intervenir. (Pausa.) Levanta la mano el


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señor Tardà. ¿Va a utilizar todo el turno, a efectos de abrirlo a todos los portavoces o solamente se trata de una cuestión? Tiene la palabra.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, ya sé que no hay turno; solamente quiero pedir una aclaración y hacer una sugerencia al señor presidente.

Le pido que retire o que aclare la referencia -creo que desgraciada- que ha hecho a la lengua mandinga, no porque esta sea más ni menos que la lengua castellana o la lengua catalana, sino porque usted sabe -lamento que se lo tenga que decir yo- que la lengua catalana forma parte del bloque constitucional a través de los estatutos de autonomía. Y que apelando yo a una lengua que forma parte del bloque constitucional, usted salga hablando del mandingo es, primero, ofensivo para los diez millones de catalanes del Estado y, segundo, intelectualmente muy reduccionista. Le pido que lo aclare o que lo retire.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Lejos de mí crear una ofensa por el ejemplo que he puesto, pero es distinto. He respetado a todos los hispanoparlantes y a todos los catalanoparlantes y he hablado de la cooficialidad de ambos idiomas. Sé que el idioma forma parte de la cultura y lo que he dicho es desde mi tradición judicial, que no es comparativa, no es aquello de volver a las sevillanas y a la lengua catalana, porque no he querido decir eso, por lo que apelo a su bondad en la interpretación que ahora estoy aclarando. Dije que, antes que en la propia lengua catalana o que en la lengua vasca, he tenido una experiencia judicial en mi profesión como ejerciente en la que en una ocasión tuve que valorar si una persona tenía que expresarse en su propio idioma. Fue el caso de una lengua como el mandingo. Si eso lo hice como juez de instrucción, con mucho más motivo lo haría pidiendo el máximo respeto para la lengua catalana -le vuelvo a decir que he leído mucho a Salvador Espriu y en la Ciudad de la Justicia de Barcelona tiene usted una loa a la justicia de Salvador Espriu- y para el idioma vasco, que en algunos aspectos conozco. Por tanto, tienen todo mi respeto y no hay ninguna confusión por mi parte, pero si en algún aspecto he podido confundirle o molestarle, le ruego me disculpe porque no es esa mi intención.

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ¿quiere señalar algo su señoría? (Denegación.)

El señor Olabarría, tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No es un turno de alusiones ni de réplica, señor presidente; sé que no proceden. Es un turno de aclaración, aunque no está previsto en el Reglamento.

Señor Dívar, le agradezco las cariñosas reflexiones que ha hecho sobre mi persona, aunque hayan sido contradiciendo mis opiniones, lo cual no empece el respeto que nos profesamos ambos. En materia lingüística, ya se ha aclarado con el señor Tardà. Usted y yo hemos hablado en euskera alguna vez -lo que no sé si es conocido por la generalidad de las personas- y, por tanto, doy por aclarado el tema. Sin embargo, algunos comisionados de esta Comisión de Justicia hemos recibido información respecto a una instrucción pretendidamente atribuida al Consejo General del Poder Judicial por parte del presidente de la Audiencia Nacional en relación con procesos, crímenes y delitos prescritos cometidos por la organización ETA. Es una información que hemos podido conocer por boca del propio presidente de la Audiencia Nacional y, por tanto, no es una especulación ni una maledicencia de los grupos que estamos aquí representados. Usted me ha dicho que no ha habido esa orden. En todo caso, si me permite una reflexión puramente valorativa -y con esto acabo, señor presidente-, en el ámbito de lo que está ocurriendo en materia de pacificación, normalización y convivencia, la reparación a las víctimas -incluso desde esa perspectiva- no nos parece incorrecta. Nos da igual quien haya dado esa instrucción pero nos parece bien lo que se está haciendo. Usted ha dicho que no ha dado ninguna instrucción y yo voy a confiar en su palabra, pero también conozco personalmente al presidente de la Audiencia Nacional y me cuesta mucho pensar que este honorable juez haya podido mentir. No es necesario que me responda, señor Dívar.

El SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Sí, sí, voy a responder.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, no es necesario.

El SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): Pero yo le quiero responder.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si me permite una recomendación por la amistad que ya nos profesamos desde hace mucho tiempo, casi le agradecería, para no empeorar las cosas, que no me respondiera. Hay mucho que hacer en materia de pacificación y normalización y, desde esa perspectiva, todo lo que se haga bien, en opinión de mi grupo parlamentario está bien hecho.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Olabarría.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Dívar, tiene derecho a contestar si así lo considera oportuno y tiene la palabra.

El SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Dívar Blanco): El señor Olabarría ha pedido una aclaración y, ¿cómo va


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a ser aclarada si me tengo que callar? Esto no tiene sentido, y por la amistad que tenemos.

Es verdad que tenemos una amistad muy vieja y sólida, pero nuestra amistad y nuestras conversaciones en euskera -porque desde los 3 años he estado en el País Vasco- no impiden que podamos tener nuestras diferencias. Lo único que he dicho -y, por supuesto, respeto al presidente de la Audiencia Nacional y también le considero una excelente persona y un excelente juez- es que por parte del consejo no me consta que haya habido ninguna instrucción en este sentido. Si la ha habido, le prometo que voy a aclararla, y si lo ha hecho directamente el presidente de la Audiencia Nacional será por razones que él tendrá, pero ni a mí ni a ninguno de mis colaboradoras nos consta que esta instrucción haya sido dada y estoy seguro de que si ha podido ser dada en algún sentido, será en el aspecto positivo de entender los delitos que puedan estar pendientes de cara a indemnizaciones y de cara a otras cuestiones; eso es lo que creo. En estos instantes usted introduce la duda en mi ánimo y, como consecuencia de ello, debo decir que no me consta que yo personalmente haya dado esa instrucción ni ninguno de los vocales del consejo, pero a partir de este instante me permito decirle que investigaré.

Por último, aprovecho la ocasión para poder decirles en un momento determinado que no obstante lo que va a pronunciar ahora el señor presidente de la Comisión, que tiene cada uno sus plazos correspondientes de intervención para contestar por escrito el consejo, también les admito que me pregunten por escrito, en cartas o en el documento que ustedes estimen conveniente, aquellas aclaraciones que en una sesión como esta no se hayan podido producir por mi parte. Tenemos el ejemplo de que el señor Llamazares se dirigió a mí concretamente con el tema de la Fundación Agbar. Dije en la contestación que se trata de una actividad enmarcada en las relaciones institucionales del consejo y dirigida a la formación continua de jueces, en las que se procura la colaboración de muy diversas entidades, cuya cooperación puede resultar beneficiada a la dirección, el contenido y la ejecución. En todo caso, la dirección, el contenido y la ejecución de actividades programadas en los planes de formación del consejo son dirigidos por sus servicios y en ningún caso por la entidad colaboradora. De la misma forma que así he contestado a don Gaspar Llamazares, estoy dispuesto a contestar y a aclarar cualquier duda, porque para mí supondría un dolor, y un dolor muy grande, que hubiera malas interpretaciones como la que he podido mostrar al señor Tardà cuando, muy lejos de mi ánimo, ha creído que desacreditaba la cultura catalana, por la que tengo verdadera admiración y respeto en todos los sentidos. Muchas personas saben de mi admiración por la cultura y la lengua catalana, al igual que por la cultura y la lengua vasca y por la de todos los pueblos que componen España.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del consejo. Este presidente le agradece especialmente el ofrecimiento de colaboración que ha realizado en su condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como a todos los diputados y diputadas miembros de esta Comisión. Sin duda alguna es de agradecer ese espíritu de colaboración y estoy seguro de que a lo largo de esta legislatura podremos profundizar en la misma.

Señorías, he de decirles por último que, como ya se ha adelantado, se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. El plazo terminaría el próximo jueves día 16 a las dos de la tarde, y esta admitirá las propuestas que sean congruentes con la memoria objeto del debate referida al servicio público de la justicia y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional. Las propuestas que se admitan a trámite, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.

Sin más, reiterando el agradecimiento a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que han tenido también la amabilidad de acompañarnos a lo largo del día de hoy, tanto por la mañana como por la tarde, y reiterando el agradecimiento al presidente del consejo por su oferta de colaboración y por la exposición que de manera densa, intensa y pasional ha realizado del balance y memoria de la actividad del Consejo General del Poder Judicial en el año 2010, señorías, se levanta la sesión.

Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.

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