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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 29, de 31/01/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 29
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
Sesión núm. 2 (extraordinaria)
celebrada el martes,
31 de enero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro del Interior (Fernández Díaz), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000006.) ... (Página2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000013.) ... (Página2)

- El programa de su ministerio para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000029.) ... (Página2)


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- Las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000069.) ... (Página2)

- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de interior. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000086.) ... (Página2)

Se abre la sesión a las once de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias por su presencia. Creo interpretar el sentir del resto de miembros de esta Mesa si les reitero nuestra gratitud por la confianza que han depositado en nosotros para dirigir los trabajos de esta Comisión, sin duda importante y sin duda significativa. También me van a permitir que antes de dar comienzo formal a esta Comisión de Interior para sustanciar la comparecencia del señor ministro tenga unas palabras de solidaridad, proximidad, afecto y cariño hacia las familias que en A Coruña, en la playa de Orzán, han sufrido la pérdida, en este caso de un policía, y están sufriendo la tragedia y la dureza de una situación de búsqueda de las personas que en este caso intervinieron y que refleja una vez más el buen hacer, la generosidad, la valentía de miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han ido más allá de lo que sería la pura obligación reglamentaria y han querido ejercer ese auxilio y esa generosidad. Palabras de solidaridad y cariño hacia la familia de la persona que fue encontrada como víctima y, naturalmente, el deseo de que las operaciones que han diseñado para la búsqueda del resto de personas cumplan sus objetivos y mitiguen o palien esta situación dura y difícil, e insisto en que entiendo que todos agradecemos como ejercicio de generosidad y de buen hacer por parte de la Policía Nacional.

Dicho lo cual procede dar la bienvenida al señor ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz. Conocen que se trata de sustanciar la comparecencia del ministro del Interior, que se ha producido a petición propia y también a petición de varios grupos de esta Cámara. En orden al desarrollo de la misma, la primera intervención corresponderá al señor ministro; posteriormente intervendrán los grupos solicitantes de comparencia concordante o coincidente con la que ha solicitado el propio ministerio y, posteriormente, los grupos no solicitantes con las reglas clásicas, en este caso primero los solicitantes en orden de presentación ante el registro y segundo de menor a mayor, cerrando como cerrará esta intervención el representante del Grupo Parlamentario Popular. Después contestarán a la intervención del señor ministro. Les recuerdo que el tiempo previsto para las intervenciones del primer turno es de diez minutos y en clave de humor me permito -a lo mejor debería autorreprenderme por alguna actividad parlamentaria anterior- decirles que no confundamos el tiempo máximo de intervención con el tiempo mínimo de intervención, que es un error bastante frecuente en esta Cámara, supongo que por la vehemencia y el interés de las intervenciones. Les rogaría que trataran de atenerse a la duración prevista en el Reglamento, que es de diez minutos, sabiendo que posteriormente a este turno de los grupos habrá una dúplica del señor ministro y, después, para evitar esas situaciones de discusión de si son alusiones, menciones o cualquier otra cosa no existe inconveniente por parte de la Presidencia de conceder un segundo turno a los grupos en el mismo orden, en el que les rogaría que se ajustaran, si es posible, a un tiempo estimado de unos tres minutos. Quien les habla cree que precisión y concisión son bienes compatibles, y estoy seguro de que con la inteligencia y brillantez de las intervenciones podremos cumplir con un horario razonable para todos.

Dicho lo cual y reiterándoles, como digo, que el objeto es sustanciar la comparecencia del señor ministro para explicar las líneas generales de actuación de su departamento, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, queridos amigos, si me lo permiten. Antes de comenzar mi intervención quiero agradecer muy particularmente a los miembros de la Mesa y de manera particular a su presidente, don Juan Carlos Aparicio, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a todos los diputados, como les he dicho, su presencia en esta primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la que, como establecen los usos, costumbres y tradiciones parlamentarias me corresponde hoy exponer las líneas estratégicas y el programa de trabajo del Ministerio del Interior para la X Legislatura, que acaba de comenzar. Me tienen, señorías, a su disposición. En el ministro del Interior encontrarán siempre a un diputado con plena conciencia de que la labor de gobierno exige la más transparente y continua rendición de cuentas ante sus señorías que, en


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definitiva, son los representantes de los ciudadanos y por ello depositarios de su confianza. Eso, haciéndolo compatible con la delicadeza de algunas cuestiones que por razón de la materia le corresponde tratar al ministerio del Interior y que estoy seguro de que sus señorías sabrán en cada caso ponderar.

Señor presidente, señorías, el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, me ha concedido el alto honor y la alta responsabilidad de dirigir el ministerio del Interior tras la etapa política que se abrió en España con ocasión de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre. Asumo este reto con agradecimiento por la confianza que el presidente del Gobierno ha depositado en mí, y con plena conciencia de la enorme responsabilidad que me ha sido confiada en este ministerio y en este momento. Lo hago también con la profunda convicción de que el servicio a España, y en concreto a la seguridad de los españoles, exige una dedicación absoluta. Puedo asegurarles que invertiré en ello todo mi tiempo y, en definitiva, toda la capacidad de la que sea capaz. No tenemos un minuto que perder ni podemos permitirnos el lujo de hacer concesiones a la contemplación diletante. Como dijera en una ocasión Cervantes, por la calle del ya voy se llega a la plaza del nunca.

Señor presidente, señorías, antes de iniciar mi exposición propiamente dicha sobre las líneas de trabajo del ministerio en esta X Legislatura, quiero que mis primeras palabras vayan en la misma dirección que las manifestadas por el señor presidente de la Comisión, palabras que lógicamente le agradezco de manera muy especial. Son palabras de sentido y merecido homenaje a los tres policías nacionales que en la madrugada del pasado viernes entregaron sus vidas en un acto de servicio que iba más allá del cumplimiento del deber. Javier López, cuyo cuerpo es el único hasta este momento obtenido, recuperado y enterrado, José Antonio Villamor y Rodrigo Maseda no dudaron en arrojarse a un mar embravecido, con un oleaje feroz, en la playa del Orzán, de La Coruña, para intentar un rescate en condiciones de máxima adversidad. Hemos tenido ocasión de vivir de primera mano la tragedia, pero también puedo asegurarles, señorías, que hemos aprendido la lección. La actuación de los tres policías nacionales -los cuerpos de dos de ellos, como ha señalado el presidente de la Comisión, en estos momentos todavía no han sido rescatados- es un modelo de ejemplaridad en el desempeño del servicio público; por algo son conocidos ya como los héroes del Orzán. Actuaron sin titubeos, aunque ese servicio a los demás les costara, como les costó, la vida. Quiero decirles, señorías, como ministro del Interior y con un legítimo orgullo que entiendo que todos podemos compartir porque son así nuestros policías.

Señoras y señores diputados, así es el Cuerpo Nacional de Policía. Como ministro quiero reconocer públicamente ante esta Comisión que el sacrificio de Javier, José Antonio y Rodrigo no ha sido en vano, y no debe ser en vano. A sus familiares quiero, en esta ocasión en sede parlamentaria y solemnemente, reiterarles la condolencia que personalmente tuve ocasión de trasladarles, pero también un mensaje nítido en estos momentos. Nos sentimos profundamente orgullosos de ellos porque su comportamiento ha sido un ejemplo para todos. Señorías, además quiero decirles que del triste suceso de la playa del Orzán hemos de sacar otras enseñanzas. No hay mal que por bien no venga. El ocio irresponsable y desordenado cuesta vidas. Las conductas incívicas e insolidarias de algunos suponen en ocasiones, cada vez en más ocasiones, un daño irreparable para otros. Por eso me permito proponer a la Comisión de Interior abordar conjuntamente un reflexión pausada -pero sin pausa- y sincera acerca de la forma de hacer frente a fenómenos como el sucedido en esta ocasión en Galicia, que por desgracia no es una excepción en los tiempos que vivimos, para defender el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos frente a comportamientos incívicos que pueden derivar, como en el caso que nos ocupa de la tragedia del Orzán, en consecuencias dramáticas para los protagonistas de esas conductas y para los agentes del orden.

Manifestado esto, señorías, permítanme ahora exponer las prioridades del programa de gobierno del Ministerio del Interior para esta legislatura. Como les he anticipado, soy plenamente consciente del reto que asumo y de las dificultades del mismo; más ahora que nunca, cuando, además de otras circunstancias que a nadie se le escapan, estamos inmersos en una coyuntura económica duramente adversa, con una deuda en el Ministerio del Interior de más de 217 millones y un presupuesto prorrogado y equivalente al correspondiente al año 2007, es decir, al de hace cinco años. Es un dato que conviene que todos retengamos. No lo manifiesto como crítica ni excusa ni pretexto de nada ni coartada; simplemente quiero decir que en estos momentos el Ministerio del Interior, por mor de la coyuntura en la que todos nos encontramos, tiene un presupuesto equivalente al de hace cinco años, cuando las necesidades de todo tipo han crecido, y en algunos casos exponencialmente. Ello nos lleva a que tengamos que racionalizar con eficiencia los recursos de los que disponemos para alcanzar los retos que reclama de nosotros la sociedad española. Actuar de otra forma sería defraudar la confianza que los ciudadanos nos han otorgado recientemente.

Paso ahora, pues, a concretar las líneas generales que definirán los objetivos prioritarios de trabajo para el Ministerio del Interior durante esta legislatura. Todas ellas se pueden resumir en una idea: hemos de conseguir que España sea cada vez un país más seguro. Estoy convencido de que trabajar por la seguridad es crear un campo fértil para la libertad y para la prosperidad. En el Ministerio del Interior consideramos que la seguridad es en el siglo XXI un concepto, si me permiten la expresión, poliédrico. Trabajar por la seguridad no es solo defender, que por supuesto lo es, el libre ejercicio de los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en la Constitución frente a la criminalidad en sus diversas manifestaciones, sino que es también proteger la seguridad jurídica o es


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garantizar la seguridad de las inversiones o de las fuentes de energía, vitales para nuestro desarrollo económico. Es generar mecanismos y procedimientos que hagan que los grupos de población más vulnerables se sientan cercanos a quienes deben velar por su seguridad. Es anticiparse y prevenir. Trabajar por la seguridad es esforzarse en que nuestros conductores circulen más seguros o en que los dispositivos frente a emergencias naturales sean más ágiles y eficaces. Defender la seguridad de los ciudadanos es también preservar la salud de su sistema político, y para ello deben articularse los mejores mecanismos de gestión de los procesos electorales. En última instancia, señorías, la seguridad es confianza y nadie puede confiar en lo que no conoce. Por ello la seguridad comporta también, en lógica correspondencia, un esfuerzo de transparencia y cercanía a los ciudadanos. La confianza legítima en el funcionamiento de los servicios públicos solo puede generarse si quienes son destinatarios de esos servicios, los ciudadanos, los conocen e incluso pueden aportar sus puntos de vista; por eso la seguridad es también participación ciudadana.

Como ven, señorías, sobre la matriz de esta concepción amplia de la seguridad se desarrollará todo el programa de gobierno del Ministerio del Interior, lógicamente en el ámbito que le es propio. Nuestras metas, lo reconozco, son ambiciosas, pero no debemos llamarnos a engaño. La superación de la crisis económica en la que está sumido nuestro país exige un importante esfuerzo en esta dirección, porque solo si España es capaz de presentarse como un país seguro y generador de confianza podrá aflorar la prosperidad interior y la confianza exterior. Para ello me propongo concretar este reto en diez líneas estratégica de actuación durante esta legislatura. En primer lugar, el primer objetivo de este ministerio es garantizar a todos los ciudadanos el pleno disfrute de sus derechos y libertades, libre de la violencia terrorista o de su amenaza. Por ello el Ministerio del Interior desarrollará una estrategia antiterrorista integral que nos permita responder eficazmente a los riesgos y amenazas a los que debe hacer frente nuestro país. En segundo lugar, la protección de la seguridad exige adoptar una ambiciosa política de lucha contra todas las modalidades del crimen organizado, abordando el fenómeno de la delincuencia del siglo XXI con los instrumentos del siglo XXI. En tercer lugar, me propongo firmemente hacer frente a un fenómeno que causa una enorme alarma social y una inaceptable inquietud en muchos de nuestros ciudadanos. Me refiero a la multirreincidencia y la reiteración delictiva. En este terreno actuaremos en estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia. En cuarto lugar, es objetivo de este ministerio proteger a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y desarrollar estrategias de seguridad específicas y adaptadas a sus necesidades, una dimensión real y cercana de la seguridad para niños y adolescentes y para mujeres que sufren la lacra de la violencia doméstica. En quinto lugar, me propongo también realizar una gestión eficaz frente al fenómeno de la inmigración irregular desde el estricto respeto, como no puede ser de otra manera, al ordenamiento jurídico y por tanto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Como sexta línea estratégica me propongo reducir la siniestralidad vial y conseguir que las carreteras de España sean más seguras. El séptimo objetivo es proteger la seguridad de nuestra cultura y, en concreto, defender de forma eficaz nuestro patrimonio histórico frente al expolio y frente a la exportación ilegal, trabajando a estos efectos de forma coordinada con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La octava línea estratégica es un eje transversal que afecta a todas las unidades y conecta con el núcleo esencial del programa de Gobierno del presidente Rajoy y es racionalizar los medios disponibles y hacer un uso eficiente de los recursos, que son, como todos sabemos, escasos. Siempre lo son, en estos momentos quizá más escasos que nunca. Directamente relacionado con lo anterior, la novena línea estratégica de la acción del ministerio será la modernización de las distintas unidades, servicios y procedimientos incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por último, pero no lo menos importante, también como eje transversal a todo el Ministerio, me propongo mejorar la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información, en el Ministerio del Interior, en línea con el objetivo marcado por el presidente del Gobierno para todas las políticas públicas que se impulsen desde el Gobierno.

Señor presidente, señorías, sobre este esquema de diez líneas estratégicas de actuación permítanme que desarrolle ahora algunas ideas concretas que pretenden hacer realidad estos objetivos, comenzando por la estrategia integral frente al terrorismo. Durante décadas España ha sufrido la lacra del terrorismo de manera muy especial. La sociedad española en su conjunto, y de manera particular y especial la sociedad vasca, ha tenido que padecer durante este tiempo los zarpazos de la violencia terrorista, las amenazas, las coacciones y también las burlas de aquellos que han apoyado y han jaleado a los que mataban. Los terroristas y sus cómplices, por acción o por omisión, han intentado imponer por la fuerza un proyecto totalitario excluyente y etnicista. La fortaleza del Estado de derecho, la unidad de los demócratas, la eficacia de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía autonómica, el trabajo de los jueces y fiscales y la cooperación internacional, de manera muy especial con Francia, han obligado a ETA a declarar el cese de sus actividades y nos permite vislumbrar con esperanza, pero con precaución, un final definitivo del terror. Sin ninguna duda, la dignidad de las víctimas ha permitido que hoy estemos cerca de un final de la violencia y lo digo con conocimiento de causa. La generosidad y sacrificio de las víctimas del terrorismo, que han confiado en los instrumentos de la democracia y nunca han caído en la tentación de tomarse la justicia por su mano, han permitido que España esté más cerca que nunca de alcanzar la tan ansiada paz.


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Permítanme, a estos efectos, que comparta con ustedes el emotivo homenaje que ayer tuve ocasión de vivir en Sevilla donde se rindió a Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, asesinados por ETA el 30 de enero de 1998, un sentido y emotivo homenaje. En siniestra coincidencia de fechas, también un 30 de enero, pero de hace veinticinco años, fueron brutalmente asesinados por ETA en Zaragoza Ángel José Ramos Saavedra y Manuel Rivera Sánchez. Ellos, todas las víctimas, merecen nuestro más hondo reconocimiento en este momento. Puedo asegurar que desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno, estoy convencido de que desde la inmensa mayoría de la sociedad española, su testimonio y su memoria jamás serán olvidados, y su dignidad y su ejemplo nos dictarán el relato de la memoria, no de la memoria histórica, sino de la verdad histórica. Ahora nos toca a todos, de manera particular a algunos, lograr que ETA desaparezca definitivamente disolviéndose, entregando sus armas y desmantelando sus estructuras operativas en la clandestinidad, y que aquellos que durante tanto tiempo han utilizado la violencia y se han aprovechado de ella se responsabilicen de sus actos. Eso será el final definitivo del terrorismo.

La verdadera prueba de que los violentos y quienes les apoyaron han decidido terminar con sus actividades de forma definitiva, irreversible y no meramente táctica, es reconociendo el daño que han causado a las víctimas y mostrando el arrepentimiento por haberlo hecho, es decir, pidiendo perdón a sus víctimas. Quienes durante tantos años han estado jaleando a los asesinos, no pueden pasar de la noche a la mañana a ser demócratas con unas cuantas declaraciones de buenas intenciones. Para ello tenemos que actuar, así se lo pido, señorías, con inteligencia y con prudencia a la hora de dar cualquier paso. Son muchas las veces en las que los violentos han engañado a la sociedad y han frustrado esperanzas. Esto nos obliga a ser prudentes y, si me permiten la expresión otra vez, inteligentes. Por ello, tenemos que mantener la guardia alta. No vamos a bajar la guardia, y el Ministerio del Interior va a liderar la política antiterrorista que nos lleve al objetivo que entiendo compartido de que ETA se disuelva y desaparezca definitivamente. Ahora más que nunca para conseguir ese objetivo debemos mantener la unidad de los demócratas, gracias a la cual hemos llegado hasta aquí. También es necesaria más que nunca la discreción y la reserva. La política antiterrorista debemos hablarla y discutirla los demócratas fuera de la confrontación partidista, de manera particular en este momento histórico, para evitar precisamente que los que no son demócratas se aprovechen de nuestras discrepancias y diferencias que, en todo caso, serán de ínfima cuantía y no cuestionarán el objetivo de acabar con ETA definitivamente. Así pues, señor presidente, señorías, inteligencia, prudencia, unidad y discreción entre los demócratas; repito, entre los demócratas inteligencia, prudencia, unidad y discreción; esos pretenden ser los principales soportes de la gestión de la política antiterrorista en estos momentos por parte del Gobierno y en particular por quien la tiene encomendada que es el Ministerio del Interior.

Quiero insistir en la idea que apuntaba al inicio, que gracias a las víctimas estamos más cerca que nunca de alcanzar la tan ansiada y deseada paz. Por ello, es necesario mantener la memoria de las víctimas como garantía de una convivencia en paz y en libertad, una convivencia auténticamente digna. Pretendo por ello, señorías, conceder prioridad a la tramitación del real decreto por el que se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, ley que aprobaron las Cortes Generales. Asimismo, en esta misma línea como muchos de ustedes seguro conocen, el ministerio, en particular quien les habla, firmó la semana pasada un protocolo de colaboración con el Gobierno vasco, con el consejero de Interior, don Rodolfo Ares, para crear el centro memorial de las víctimas del terrorismo, previsto precisamente en esa Ley 29/2011. Para ello, se va a constituir una comisión bilateral que presentará una propuesta en un plazo que no excederá de seis meses. El cometido de ese centro memorial de las víctimas del terrorismo será preservar la verdad histórica de lo ocurrido, sin falsas e indignas equidistancias ni manipulaciones. Estará ubicado en el País Vasco y acogerá la memoria de los damnificados que contempla la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo que aprobó esta Cámara y también el Senado.

Señorías, además vamos a luchar contra la impunidad. No podemos permitir que queden asesinatos sin esclarecer cuando ETA, como esperamos y deseamos, desaparezca. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir trabajando para esclarecer todos los asesinatos para que ningún familiar de esas víctimas quede sin saber lo que ocurrió. Soy muy consciente, señorías, de que en este contexto la política penitenciaria es una de las partes más sensibles de la política antiterrorista, por ello depende del Ministerio del Interior. Eso es así porque ambas, la política penitenciaria y el conjunto de la política antiterrorista, comparten el objetivo común de conseguir que ETA desaparezca definitivamente. Saben ustedes, y sabe quien les habla obviamente, que ETA impide a los presos acogerse a los beneficios penitenciarios y les obliga a mantener una actitud de enfrentamiento con las autoridades penitenciarias de forma sistemática. Por ejemplo, según los datos de Instituciones Penitenciarias durante las primeras semanas de este año 2011, estamos a 31 de enero, el 95 por ciento de los presos de ETA han tenido que secundar las directrices de la banda terrorista. Esta presión también se traslada a las familias de los presos que tienen que sufrir esas imposiciones de la banda terrorista. Por ello, desde el Ministerio del Interior vamos a impulsar una política de reinserción de los presos de ETA de forma individualizada, que es como establece la ley. El Ministerio del Interior va a aplicar una política penitenciaria inteligente, que aproveche las oportunidades que la nueva situación


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ofrece y que acabe con la manipulación a la que se ven sometidos los presos y sus familias. Sabemos, señorías, la importancia que tiene la política penitenciaria y por ello tenemos que actuar -como les vengo repitiendo- con inteligencia, midiendo cada paso, buscando el máximo consenso político con las fuerzas políticas democráticas para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a la banda terrorista den los pasos que otros han dado y la ley, y solo la ley, se pueda aplicar con la generosidad que la misma contempla. Quiero decirles que la única hoja de ruta que tiene establecida el Gobierno es la aplicación de la ley, pero estamos hablando de actuar en el marco de la ley y en este caso de la ley penitenciaria.

También desde el ministerio se va a impulsar la deslegitimación de la violencia y de aquellas ideologías que la favorecen. Sabemos, y ustedes también lo saben muy bien, que durante muchos años se ha adoctrinado a muchos jóvenes para usar la violencia como instrumento de actuación política. Todavía se ven en la sociedad vasca actitudes totalitarias y violentas y no es fácil que quienes han vivido dando soporte a la violencia excluyente adopten una cultura democrática de la noche a la mañana. Por ello, una de las prioridades de la lucha antiterrorista en esta legislatura será impulsar iniciativas que permitan deslegitimar la violencia. Como decía al principio, la colaboración internacional ha sido uno de los pilares en los que se ha apoyado el Estado en la lucha contra el terrorismo, especialmente con Francia. A estos efectos me permito recordar lo que dijo el presidente Sarkozy recientemente con ocasión de la imposición por Su Majestad el Rey del collar de la orden del Toisón de Oro: En materia de lucha contra ETA no hay Pirineos. Y yo como ministro del Interior puedo acreditar que está siendo así. Por ello, no les debe a ustedes sorprender que sea puesta como ejemplo para la lucha contra el terrorismo internacional en foros multilaterales y en el propio ámbito de la Unión Europea. Pero si ha sido necesaria esa cooperación con Francia para llegar hasta hoy, va a ser más necesaria en los últimos tramos de esta larga lucha contra el terror. Por ello vamos a intensificar esa colaboración, porque será una garantía de llegar a ese final que todos deseamos. Somos plenamente conscientes de la trascendencia del momento que estamos viviendo y asumimos la responsabilidad que nos han otorgado los españoles para gestionar el final del terrorismo. Sabemos que no va a ser una tarea fácil y estamos dispuestos a andar ese camino con la amplitud de miras y con el sentido de Estado que este momento requiere; para ello -insisto-, el consenso con las fuerzas políticas democráticas es algo que este ministerio no va a dejar de lado y va a demandar en todo momento.

España también debe hacer frente a los riesgos derivados del terrorismo internacional, especialmente de signo yihadista. Señorías, el terrorismo yihadista manifiesta una estructura organizativa multiforme que le aporta un carácter diversificador. España y sus intereses legítimos se hayan también bajo esta amenaza. En la actualidad, por ejemplo, permanecen secuestrados varios ciudadanos españoles, presumiblemente en manos de grupos vinculados a la ideología islamista radical. La amenaza del terrorismo de carácter yihadista y la expansión de un islamismo radical como base ideológica y social previa a la integración en grupos terroristas o para la comisión de actos de terrorismo exige al Gobierno adoptar una estrategia integral contra el terrorismo internacional y la radicalización. En concreto, nuestras próximas acciones en este ámbito serán las siguientes. Primero, elaborar una estrategia nacional de ciberseguridad de manera que se articulen los mecanismos precisos para hacer frente a esta amenaza creciente y en particular contra el ciberterrorismo. Segundo, fomentar las acciones precisas a desarrollar por parte del Estado dirigidas a impedir procesos de radicalización a través de la implantación de un plan de lucha contra la radicalización que requerirá de la cooperación y colaboración de otras administraciones públicas en particular. Tercero, desarrollar en el marco de las iniciativas de la Unión Europea un plan específico de actuación y cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional en el área del Magreb-Sahel, confeccionar un plan integral de lucha contra la financiación del terrorismo internacional, mejorar la capacidad de prevención de atentados terroristas, así como la preparación para hacer frente a amenazas emergentes, como el empleo de material de tipo nuclear, radiológico, biológico, químico -NRBQ- para organizaciones y por organizaciones terroristas. Por último, optimizar la capacidad de respuesta del Estado ante la comisión de atentados terroristas de gran envergadura.

No menos trascendentes y preocupantes que los anteriores, terrorismo de ETA y terrorismo yihadista internacional, son los retos ligados al crimen organizado, que constituyen el segundo eje estratégico de la legislatura. La aparición de nuevas formas de criminalidad, el incremento de su actividad y su adaptación tecnológica nos obligan a revisar la estrategia contra el crimen organizado y a ajustar la estructura de la Policía judicial, con el fin de combatir esta modalidad delictiva tanto desde un punto de vista nacional como desde el prisma de la colaboración internacional. Teniendo en cuenta las exigencias de eficiencia y racionalización y por lo que se refiere a las medidas que impulsaremos en el ámbito nacional para la consecución de este objetivo estratégico que les acabo de enumerar, me gustaría destacar las siguientes. Primero, programa de racionalización de la distribución geográfica de recursos y equipos de Policía judicial específicamente dedicados a la lucha contra el narcotráfico, bandas organizadas y blanqueo de capitales. Segundo, plan especial de seguimiento e investigación en las zonas geográficas de nuestro territorio en las que se tiene constancia de asentamiento de organizaciones criminales, de las actividades económicas y empresariales vinculadas al crimen, al blanqueo de capitales y la corrupción. Tercero, establecimiento de protocolos para la eliminación expeditiva y con todas las


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garantías de los efectos delictivos decomisados. Cuarto, sin perjuicio de su destino final, se adoptarán las medidas normativas oportunas para que los vehículos, medios materiales e instrumentos empleados por los delincuentes puedan ser puestos de forma inmediata -y esto saben que es muy importante- a disposición de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la lucha contra esa modalidad criminal. Quinto, enajenación inmediata de los productos derivados de los ilícitos mediante procedimientos trasparentes, destinando las cantidades obtenidas tanto a la reparación de las víctimas como al Tesoro público. Sexto, fortalecimiento de las unidades que en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil se encargan de perseguir los delitos cometidos en la Red. Séptimo, creación de instrumentos de colaboración entre el sector público y el sector privado para la protección contra los ciberataques. La reciente amenaza de grupos como Anonymous constituye un buen ejemplo de la envergadura de este problema y ayer tuvimos ocasión de contemplarlo en nuestro país. Octavo, desarrollo de un programa pedagógico de prevención del crimen y del acoso a través de la Red que se pondrá a disposición, y en colaboración con los centros educativos, a través del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas que tienen transferida la gestión de nuestro modelo educativo. Como saben sus señorías, el crimen organizado no ve limitado su radio de acción por fronteras, razón por la que su persecución debe traspasar también las fronteras e impedir que sus actos eludan el peso de la justicia. Por tanto, será necesario fortalecer los canales de intercambio de información con los servicios de inteligencia y policía de países extranjeros, así como con Europol, Interpol y otros organismos internacionales, auxiliando a la identificación de integrantes y mandos de las organizaciones criminales internacionales que están -y lo sabemos- asentados en España.

El tercer eje estratégico de actuación es la lucha contra la multirreincidencia y la reiteración delictiva. Como saben sus señorías, el ordenamiento jurídico debe dotarse de los instrumentos que disuadan al individuo de la actuación delictiva. La escasa repercusión penal que para sus autores tienen algunas infracciones punibles, en especial aquellas que pueden ser consideradas como delitos menores, por ejemplo, los hurtos, los robos con fuerza en las cosas de escaso valor, el famoso tirón del bolso o el robo de vehículos, generan tal sensación de impunidad entre los delincuentes que les conduce en muchas ocasiones a incrementar el número de sus acciones delictivas, generando de esta manera un factor de inseguridad importante y la consiguiente alarma social entre la población más directamente afectada y en general.

Las razones que acabo de expresar, señorías, que se compadecen perfectamente con las estadísticas de que disponemos, nos obligan a examinar mecanismos que terminen con la sensación de impunidad de los delincuentes, aconsejando para ello abordar el fenómeno de la multirreincidencia y la reiteración delictiva en su vertiente legislativa. En definitiva, dotar a la Policía, a la Guardia Civil, a las policías locales, policías autonómicas, jueces, fiscales y tribunales de los instrumentos legales necesarios para ser eficaces. El Ministerio del Interior está especialmente sensibilizado con este problema y se propone, en permanente y estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia, como anunció en su comparecencia el ministro Ruiz-Gallardón, impulsar las siguientes medidas. En primer lugar, reforma de la legislación penal con el fin de combatir el fenómeno criminal de la reiteración de faltas contra las personas y contra el patrimonio. En segundo lugar, combatir el fenómeno criminal de robo con fuerza en las cosas, especialmente los robos a joyerías, sector que, como saben sus señorías, se ve gravemente afectado por este tipo de delitos. En tercer lugar, combatir el fenómeno criminal del robo de viviendas o domicilios particulares.

Las medidas que acabo de enunciar, de carácter penal, requieren a su vez la modificación de la legislación procesal con la finalidad de establecer las medidas necesarias de acompañamiento y, en particular, la previsión de medidas cautelares eficaces, incluida la prisión provisional y la localización permanente para los casos de habitualidad en el delito, entendiendo por tal la comisión de más de dos delitos de diferente especie; la previsión de medidas cautelares inmediatas y eficaces para los supuestos de multirreincidencia, entendiendo por tal la comisión de dos delitos de la misma especie, incluyendo la prisión provisional. También será preciso, señorías, la adopción de medidas que permitan la creación de un registro central de faltas, respondiendo con ello a la necesidad de contar con un sistema que permita contabilizar la reiteración de esta tipología penal. No podemos hablar de multirreincidencia, de habitualidad o de reiteración si los jueces y tribunales, o la misma policía, no tienen censadas a las personas que comenten estos delitos, estas faltas. A estos efectos, hemos creado una comisión bilateral con el Ministerio de Justicia, presidida respectivamente por el secretario de Estado de Justicia y por el secretario de Estado de Seguridad, para desarrollar legislativamente y también para el análisis y seguimiento de la efectividad de las disposiciones normativas que les acabo de mencionar en materia de multirreincidencia y de reiteración delictiva.

El cuarto eje estratégico de la acción del ministerio lo constituye la existencia de grupos especialmente vulnerables y de colectivos sociales frecuentemente golpeados por la delincuencia común, que exige que desarrollemos nuevas estrategias de seguridad. La intolerancia y la violencia hacia el débil son fenómenos que se oponen a nuestras pautas básicas de convivencia y a nuestros valores sociales compartidos, por lo que la necesidad de garantizar la seguridad se hace aún más acuciante en el caso de esos grupos especialmente vulnerables. Los datos de violencia contra la mujer nos obligan a reaccionar con urgencia, incorporando medidas que contribuyan tanto a la disuasión como al control de los agresores


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y a la adecuada gestión y comunicación entre los distintos agentes actuantes. Para abordar adecuadamente los desafíos de seguridad en el ámbito de los menores, además de lo que ya he expuesto en relación con el crimen organizado y el cibercrimen, considero imprescindible incidir en el desarrollo e intensificación de las campañas de educación y seguridad en el entorno escolar mediante los oportunos convenios. En este mismo orden de medidas de protección frente a los delitos más graves por su especial impacto en determinados grupos sociales, vamos a plantear una iniciativa que consideramos especialmente relevante y útil a estos efectos. Se trata de incluir la huella genética en la ficha policial a todos los detenidos por delitos sexuales o violentos graves, con plena cobertura legal.

Señorías, España afronta desde hace años -y entro en el quinto eje de actuación- un importante reto en materia de inmigración que, en perfecta coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, les presento.

Como saben, nuestra situación geoestratégica favorece la llegada de inmigrantes desde distintos puntos del globo, en especial África y Latinoamérica. La actuación de las diferentes administraciones públicas en este ámbito debe centrarse en conseguir que la inmigración se desarrolle únicamente por cauces legales; solo así podremos garantizar una convivencia ordenada y desplegar los beneficios inherentes a la inmigración al fomentar la construcción de sociedades más abiertas, plurales y tolerantes, incorporando y reconociendo asimismo que esas personas son imprescindibles para nuestro desarrollo económico.

El control de nuestras fronteras exteriores exige la mejora de los mecanismos de vigilancia, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la acción coordinada con la Unión Europea, aprovechando especialmente los medios que esta pone a disposición de los Estados miembros y en particular con Frontex. En este sentido, es crucial que reforcemos la acción diplomática del ministerio para ser perceptores al máximo nivel posible de fondos comunitarios destinados a la inmigración. El Consejo informal JAI, celebrado la semana pasada en Copenhague y al que asistí, trató de manera especial estas cuestiones. En este sentido, desplegaremos contactos para luchar contra los flujos de inmigración irregular ab initio, primando las actuaciones preventivas que permitan evitar que estas se produzcan, de manera particular mediante la colaboración de países de origen y tránsito como Marruecos, Argelia, Senegal, Mauritania, Nigeria y Malí. Nuestra acción también deberá dirigirse a la formalización de nuevos acuerdos de readmisión con países de origen y tránsito de la inmigración.

Quisiera ahora detenerme unos instantes en un asunto que sé que está preocupando a muchas de sus señorías y que está de actualidad. Me refiero a la necesidad de revisar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Señorías, es una obviedad que comparto con ustedes que las personas inmigrantes, por el hecho de serlo, no son delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de igual dignidad, de iguales derechos y de iguales obligaciones. Son personas humanas que han venido a nuestro país buscando un futuro, una esperanza para sí mismos y sus familias que no han podido conseguir en sus países de origen, y el haber infringido normas de carácter administrativo no les convierte en delincuentes. Ustedes lo saben y el ministro del Interior también, por eso quiero afirmarlo al principio de la intervención referida a este aspecto.

Es verdad que tenemos una situación desigual en los Centros de Internamiento de Extranjeros pues algunos, en particular los de Málaga y Algeciras, por ejemplo, requieren cambios de cierto calado que por supuesto el ministerio va a abordar. En todo caso les llamo la atención sobre algunos indicadores generales que sin que sean considerados -permítanme que lo enfatice- eximentes de la necesidad de introducir reformas, sí son reveladores de la realidad actual de esos centros. Así, por ejemplo, de las 4.116 plazas existentes en los CIE repartidas entre los doce centros -seis en la península y seis en Canarias-, la ocupación media en el pasado año 2011 ha sido del 67,39 por ciento, es decir, dos tercios de su capacidad. Asimismo, la estancia media por interno ha sido de 18,21 días, mientras la ley permite la estancia en un centro hasta un límite de 60 días. Esos límites están muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Además, conviene no perder de vista que si bien el número de expulsiones no cualificadas ha disminuido en los últimos años, el de expulsiones cualificadas, es decir, el debido a tener antecedentes policiales o judiciales, o los dos, ha aumentado de forma evidente, pasando de un 57 por ciento en el año 2009 al 80 por ciento el pasado año. Estamos hablando de los retornos forzosos. Esto significa que un buen número de los internos han cometido delitos, lo que confiere unos rasgos de especial complejidad a la gestión de los CIE.

En virtud de todo lo que acabo de expresarles sumariamente, señorías, es preciso que revisemos el planteamiento de esos centros de internamiento, así como su gestión. A estos efectos, el ministerio pondrá en marcha las siguientes acciones. Primero, la elaboración de un reglamento que regule el régimen de organización y funcionamiento de los CIE y que permita incorporar fórmulas racionales de gestión que mejoren las condiciones de funcionamiento de los centros en línea con las recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo, de manera particular en la reciente visita que efectuó con ocasión de la muerte de un inmigrante subsahariano de Senegal al CIE de la zona franca de Barcelona. Quiero decirles también que tanto la delegada del Gobierno en Cataluña como el director general de la Policía han visitado recientemente sin publicidad ese centro de internamiento para tener de primera mano una opinión propia en relación con la situación de ese centro que ha sido objeto de visita, como decía, por parte del Defensor del Pueblo y de la emisión de las correspondientes recomendaciones.


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En segundo lugar, es necesario definir un modelo de gestión en el que la policía cumpla las tareas que por razón de sus funciones le corresponden, es decir, la seguridad, mientras que aquellas que no se circunscriban al referido ámbito -el de la seguridad- sean asumidas por otro personal especializado, al tiempo que se incluyen las fórmulas para mejorar el servicio asistencial y sanitario de los centros y dedicar el espacio adecuado a actividades comunes y de recreo.

En cuanto a la seguridad vial tuve ocasión de decir -y además lo digo con la tranquilidad que me da decir que es evidente que no es un éxito que este ministro se pueda adjudicar ni pretende hacerlo- que hemos obtenido en el año 2011 el récord histórico de bajar del límite de las 1.500 personas fallecidas en nuestras carreteras. Pero hemos de plantearnos nuevos retos, no podemos quedarnos quietos. La mejora, por tanto, de la seguridad vial se erige en el sexto eje estratégico de la acción del Ministerio del Interior. El número de muertes que cada año se registran en nuestras carreteras sigue exigiéndonos a los poderes públicos, aunque hayamos llegado al nivel que les he comentado, mantener un esfuerzo importante en este ámbito. Casi 1.500 muertos son casi 1.500 razones para seguir trabajando en mejorar nuestra seguridad vial. Por tanto, mi compromiso es seguir apostando por reducir la siniestralidad. La conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, las conductas temerarias y los excesos de velocidad deben ser comportamientos a suprimir en el conjunto de nuestra sociedad. Las nuevas medidas que se propondrán desde el ministerio, si me lo permiten, señorías -entiendo que es razonable lo que les digo-, serán objeto de explicación detallada ante la Comisión permanente no legislativa de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible que ha sido creada en esta Cámara y que estarán encaminadas a la eliminación de redundancias e ineficiencias y a la mejora de la transparencia en la gestión. A ello me remito.

El séptimo eje de nuestras prioridades pone el acento en proporcionar seguridad al mundo de la cultura. Recuerden mi presentación inicial, cuando hablaba del concepto de seguridad desde una perspectiva integral y poliédrica. El mundo de la cultura y de manera particular la protección del patrimonio histórico-artístico frente al expolio y la exportación ilegal. Es preciso crear registros informáticos de establecimientos dedicados a la compra-venta de obras de arte y de casas de empeño, previniendo la materialización de la venta de los efectos sustraídos mediante un seguimiento actualizado de las operaciones de compraventa y transacciones. En relación con esta estrategia también propondremos la creación de un sistema de ficheros de piezas de joyería singulares y obras de arte con fotografías, así como la digitalización de los libros de policía de los comercios de antigüedades, galerías y salas de compra-venta de obras de arte de tal modo que puedan ser consultados telemáticamente, facilitando de esta manera la búsqueda y rápida identificación en el caso de sustracción tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para evitar la recurrencia, que empieza a ser demasiado frecuente, por desgracia, de robos de obras de arte en los últimos años, en especial de obras procedentes de iglesias en zonas rurales o alejadas de los núcleos de población, será preciso reforzar la labor de la brigada de patrimonio histórico del Cuerpo Nacional de Policía y la del grupo de patrimonio histórico de la Guardia Civil, y así lo vamos a hacer.

En un periodo de esfuerzo presupuestario como el presente, en el que la generación de recursos humanos y materiales va a ser limitada -como todos sabemos y yo les recordaba- hay que procurar que los resultados finales no se resientan mediante la racionalización de los medios y efectivos que constituye el octavo eje estratégico de la acción del ministerio y que está directamente relacionado con el objetivo que hemos situado en noveno lugar: la modernización. Como concreción de nuestro objetivo de mejorar la eficiencia y la coordinación de todos los recursos disponibles para optimizarlos cuando tenemos recursos escasos y necesidades muy especiales las acciones programadas son las siguientes. La remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de cooperación con policías locales. El objetivo de esta ley sería mejorar la coordinación y cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales para mantener la seguridad ciudadana. En tiempos de crisis es preciso hacer un uso más eficiente de todos los recursos disponibles para la seguridad. Existen más de 60.000 policías locales en España y pueden hacer, sin duda, una aportación más eficaz en la prevención del delito si los dotamos de los medios legislativos adecuados. Es preciso homologar la formación y el desarrollo de un modelo de carrera. En segundo lugar, y en este mismo ámbito, les anuncio que he tenido ocasión de reunirme con el alcalde de Sevilla, en su condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y hemos acordado crear una comisión bilateral FEMP-Ministerio de Interior para el estudio de la actualización y renovación del convenio suscrito en el año 2006 entre el Ministerio del Interior y la FEMP en materia de seguridad ciudadana y de seguridad vial. En tercer lugar, pretendemos reformar la Ley de seguridad privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la normativa europea y mejorar, en la medida de lo posible, como es nuestro deber, la calidad del servicio. En cuarto lugar, el desarrollo de capacidades conjuntas entre Policía Nacional y Guardia Civil para evitar duplicidades, generar mayor eficiencia y un servicio más rápido y eficaz a los ciudadanos, inicialmente en helicópteros, unidades caninas y equipos de desactivación de explosivos, así como en laboratorios de policía científica. En quinto lugar, la creación de centros de servicios integrados -creo que esto es especialmente interesante-, instalando servicios de documentación y equipos de extranjería, que son competencia de la Policía Nacional, en puestos de la Guardia Civil, o intervenciones de armas, competencia de la Guardia Civil, en comisarías


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de policía, ampliando esta integración a las policías locales. Creemos que de esta manera prestamos un servicio a los ciudadanos, generamos ahorro y optimizamos los recursos escasos disponibles. Estas medidas nos permitirán reducir el volumen de infraestructuras y, por tanto, generar también ahorro. En sexto lugar, la creación de un sistema nacional de información policial que integre todas las bases de datos policiales conjuntas, incorporando las policías autonómicas mediante los oportunos convenios y policías locales en un único sistema nacional de información policial perfectamente interconectado con las bases de datos judiciales. Por último, la elaboración de un plan de eficiencia policial que permita reducir el déficit histórico en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya deuda alcanza en estos momentos, solo en el Cuerpo Nacional de Policía, los 175 millones de euros.

Voy terminando, señorías. Dentro de la política de austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos que va a emprender tanto el Ministerio del Interior como el conjunto de las administraciones públicas durante esta legislatura, les anuncio que vamos a abordar una importante reducción de los servicios de protección o escolta tal y como se venían prestando hasta el momento. Les daré algunos datos. En España, más de 1.500 personas tienen protección o servicio de escolta en estos momentos, sin contar los electos locales, cuya protección normalmente es asumida por las policías locales. Este número de protegidos se traduce en que 2.668 guardias civiles y policías están asignados a funciones de protección, a lo que debemos sumar más de 700 escoltas privados que se pagan con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior -otro tanto es pagado por el Gobierno vasco-. Esta situación tiene un impacto en los presupuestos del Estado anualmente de más de 160 millones de euros, de los cuales cien millones de euros están dedicados a la protección en el País Vasco y en Navarra a cargo de escoltas privados. Es verdad que nuestro país y nuestros ciudadanos han padecido durante décadas la permanente amenaza del terrorismo de ETA que ha justificado plenamente esas actuaciones -una amenaza que entre todos tenemos que conseguir que desaparezca definitivamente de nuestras vidas, y a ello me he referido en el frontispicio de mi intervención-, pero también es cierto que, aun considerando como consideramos la pervivencia latente de esa amenaza terrorista de ETA, nuestro análisis de la situación actual colige que el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo que estimamos como razonable en estos momentos.

Hemos realizado una comparativa con los países de nuestro entorno -puedo hablarles de Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania- y puedo asegurarles que, habiendo padecido algunos de esos países un problema de alguna manera similar al nuestro, observamos un desfase extraordinario entre nuestras cifras. Señorías, mientras en España el número de escoltados se cuenta por centenares, en otros países de la Unión Europea se cuenta por unidades. Por esta razón, he ordenado a la Secretaría de Estado de Seguridad la puesta en marcha de un plan de reducción de los servicios de protección que tendrá su singularidad y su excepcionalidad, como es obvio, en el País Vasco y en Navarra. En el caso del País Vasco se está realizando ya en coordinación con el departamento de Interior del Gobierno vasco. Tuve ocasión de hablar la semana pasada con el consejero Ares de este asunto, y el departamento de Interior del Gobierno vasco y la Secretaría de Estado de Seguridad ya están trabajando en ese plan. Este plan, en lo que hace referencia al País Vasco, será desarrollado en las próximas semanas partiendo de un análisis de riesgo individualizado basado en criterios objetivos con el fin de determinar qué personas deben efectivamente ser protegidas, tanto en función del cargo que ocupan como del riesgo personalizado que tienen, y la entidad de los dispositivos de protección a establecer, sin perjuicio -esto lo quiero enfatizar porque acabo de estar en el País Vasco y sé muy bien la sensibilidad que al respecto existe y que está perfectamente justificada- de la reversibilidad de las decisiones que se adopten.

También en el capítulo de racionalización hemos de hacer referencia al ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por ejemplo, en el pasado la ejecución de la programación de infraestructuras se ha planificado primando la construcción de centros de inserción social (CIS) y forzando el destino de penados a un régimen de vida en semilibertad, muchos de los cuales cumplen condenas por delitos graves. Entiendo que esta política debe ser objeto de revisión, como debe serlo también la política de construcción de esos centros, sobre todo teniendo en cuenta -como digo- la situación económica y presupuestaria que debemos afrontar. Es incompatible, por ejemplo, con la idea de austeridad que algunas de esas instalaciones, como la del diseño del proyecto tipo, tenga elementos claramente suntuarios como piscinas cubiertas, televisores en las celdas, etcétera. Nos parece que esto no obedece a razones de reinserción, que es la finalidad fundamental, y que, teniendo en cuenta las razones presupuestarias, deben ser revisadas.

Por último, en el ámbito específico de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el propósito de racionalización nos obliga a prestar atención a la evolución de la realidad institucional desde 1985, cuando fue aprobada la ley correspondiente, marcada por el traspaso de competencias a favor de las comunidades autónomas y la aplicación de las normas derivadas de las directivas europeas, todo lo cual ha provocado que esa Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, haya quedado claramente obsoleta. Asimismo, la Administración General del Estado, además de desarrollar sus propias competencias mediante los correspondientes planes estatales de protección civil y la labor de coordinación de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha puesto también en funcionamiento recursos importantes para la atención de las emergencias, como ha sido la


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organización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por las razones expuestas, señorías, con el objetivo de racionalizar los efectivos existentes y evitar la duplicidad de servicios y competencias propongo impulsar el proyecto de ley sobre cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección civil que sustituya a la obsoleta y superada ley del año 1985.

El ministerio considera también como una de las líneas generales de actuación la modernización del sistema de seguridad. Para ello es necesario que, en combinación con la estrategia de acercar la Administración a los ciudadanos, demos continuidad al desarrollo de los proyectos informáticos que permitan su interacción a través de medios telemáticos y aplicaciones específicas de telefonía móvil. Nos proponemos mejorar el desarrollo de los mecanismos electrónicos de protección creando, por ejemplo, herramientas basadas en dispositivos de geolocalización que puedan servir para dar respuesta inmediata a situaciones de agresión o de peligro.

Señorías finalizaré, ahora sí, hablando de una cuestión que no por exponerla en último lugar deja de tener la misma importancia para este ministerio: la promoción de la transparencia, la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la modernización. Le doy una importancia especial a este último capítulo. En cuanto a la transparencia pública, lideraremos la reforma ética del sistema de seguridad, garantizando su funcionamiento sobre la base de criterios exclusivamente profesionales y de compromiso público y, a tal fin, pretendemos efectuar una apuesta decidida por ofrecer una información veraz de la gestión del resultado de los servicios así como de la disposición de los recursos con criterios de eficacia y eficiencia. Para ello procederemos a la unificación para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del sistema estadístico criminal; introduciremos sistemas de control técnico e informático interno que eviten la duplicación de datos, su pérdida o su incorrecta contabilización e impulsaremos también la realización de auditorías periódicas por órganos externos e independientes. En cuanto a las medidas concretas para conseguir este objetivo de transparencia de orden interno se garantizará la transparencia en los procesos selectivos de promoción y ascenso, el respeto absoluto a los principios de capacidad, mérito y antigüedad en la cobertura de vacantes, la objetivación al máximo de los méritos que deben concurrir para la concesión de cualquier reconocimiento o recompensa y, por último, la potenciación de unidades de asuntos internos de los cuerpos policiales.

Señorías, en el nuevo entorno de la gestión pública para aportar soluciones adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, es preciso contar con la participación ciudadana en la definición y establecimiento de los planes específicos elaborados para hacer frente a problemas singulares. Para ello impulsaremos el uso de las redes sociales para facilitar la participación ciudadana y la creación de estructuras como los consejos locales de seguridad ya creados en ese convenio de 2006, que ahora necesitan ser actualizados y promovidos para canalizar las relaciones de las fuerzas de seguridad con la sociedad. Sin duda, la Ley de policías locales colaborará de manera decisiva -ese es al menos nuestro propósito- con la consecución de este objetivo.

Por lo que se refiere al acceso a la información pública, tengo el propósito de hacer públicos, al menos con carácter trimestral, los datos correspondientes a la media de los últimos doce meses por cada tipo de delito y por cada provincia y ciudad autónoma de España, haciéndose, obviamente, necesaria a estos efectos la colaboración de las policías autonómicas para su obtención, mediante el principio de reciprocidad y convenios con las mismas. Insisto, se trata de hacer públicos, al menos con carácter trimestral, los datos correspondientes a la media de los últimos doce meses por cada tipo de delito y por cada provincia o ciudad autónoma. De esta forma los ciudadanos tendrán la posibilidad de conocer cuál es la criminalidad de su municipio o de su entorno urbano más próximo. Dicha información debe ser habilitada en la página web del ministerio y así pretendemos hacerlo. Además el ciudadano debe poder conocer el estado de la tramitación de los procedimientos o expedientes que le afecten en materia de interior, y nos vamos a poner a ello.

Concluyo, señorías, les acabo de exponer las líneas generales de trabajo que pretendo desarrollar al frente del Ministerio del Interior. Son muchas las ideas y propuestas que, por razones evidentes de tiempo, hoy no han podido ser expuestas aquí pero, reiterando mi compromiso de cooperación con esta Comisión, lo serán cuando sus señorías así lo requieran. No quiero finalizar sin expresar una vez más mi sincero reconocimiento a la labor desempeñada por todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; para ellos, mi reconocimiento, mi admiración y mi gratitud como ministro del Interior. Si es cierto que al bien hacer jamás le falta premio, nuestra recompensa, señorías, será haber colaborado a mejorar la seguridad de los españoles y garantizar el pleno respeto de sus derechos y libertades. Ese es el premio del que esperamos hacernos acreedores.

El señor PRESIDENTE: Tal y como les anunciaba, de acuerdo con el orden reglamentariamente previsto, cumple ahora la intervención del bloque de grupos que formalizaron solicitud previa, comenzando de mayor a menor por el Grupo Socialista. En este caso tiene la palabra don Antonio Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Bienvenido, señor ministro.

Señor ministro, en primer lugar cabe felicitarle por su nombramiento. Este es un uso protocolario habitual en las comisiones y una costumbre, pero en este caso lo digo con pleno sentimiento. Dicen que en la vida el roce hace el cariño y en la política tres años de tertulia radiofónica al menos lo que despiertan es el afecto personal,


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el reconocimiento y el respeto político que yo tengo por usted. Señor ministro, creo que usted es una persona adecuada, muy adecuada, para la responsabilidad que el presidente del Gobierno le ha encargado, no ya por sus comienzos políticos como gobernador civil en los tiempos de la Unión de Centro Democrático, sino por su amplia experiencia política en puestos de altísima responsabilidad e incluso en puestos parlamentarios muy importantes, que es lo que creo que le hacen sensible a las necesidades que tiene esta Cámara y a su obligación de comparecer en ella para que podamos ejercer nuestra labor de control a la que usted se ha expuesto desde el primer momento. Le deseo sinceramente éxito. Su éxito será el de todos y será garantía de la seguridad de los ciudadanos y del ejercicio libre de sus derechos. También le deseo suerte porque a veces no es suficiente con hacer las cosas bien.

Diré también otra cosa respecto al clima en esta Comisión de Interior, dado que llevo ya seis años de portavoz en ella. Creo que en la primera legislatura en la que tuve la oportunidad de ser portavoz de esta Comisión hubo un clima de franca crispación, fundamentalmente a raíz de la Comisión de investigación de los atentados del 11-M; en la pasada legislatura esa crispación se relajó muchísimo y hubo confrontación política y parlamentaria, quizás a veces excesiva, pero le puedo decir que no vengo en son de paz sino que estoy en son de paz; estoy permanentemente en son de paz en esta Comisión porque es absolutamente necesario. Si vivimos un momento difícil en general, en esta Comisión y respecto a los temas que se tocan en ella es especialmente importante que nos pongamos de acuerdo, y como es mucho más lo que nos puede unir que lo que nos pueda separar o dividir desde luego el Grupo Parlamentario Socialista y este portavoz están a disposición del ministerio y del Gobierno para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Sean también mis primeras palabras de homenaje a las víctimas de la tragedia del Orzán, a esos policías nacionales valientes que en cumplimiento de su deber han tenido que dar sus vidas por salvar y garantizar la integridad a otras personas.

También quiero tener un recuerdo para un policía nacional recientemente fallecido, don Miguel Ángel Fernández-Chico, que ha sido director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía y que ha fallecido el pasado viernes tras una larga enfermedad. Fue un buen policía, un policía leal a su cuerpo y a los compromisos para preservar los derechos de los ciudadanos. Creo que era mi obligación recordarle en este ámbito.

Voy a intentar seguir el esquema que usted ha utilizado, aunque su exposición ha sido tan prolija que solamente tocaré algunos aspectos muy concretos. Terrorismo. Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista van a apoyar al Gobierno en su política contra el terrorismo y en la gestión de todas las actuaciones necesarias encaminadas a la desaparición de la banda terrorista ETA. Se lo voy a decir de otra forma. Los socialistas vamos a estar con ustedes para que ETA, además de dejar de actuar -que ya lo ha hecho-, deje de ser, desaparezca. Los socialistas vamos a apoyar al Gobierno en su actuación, pero le vamos a pedir que actúe, eso sí, sin tacticismo y, como usted ha dicho, con inteligencia, sin demora, con serenidad y prudencia, como usted ha apuntado, ajustándose a la ley, también en materia penitenciaria, y nos parece bien lo que usted ha propuesto, que haya un tratamiento individualizado de los presos de ETA. Por tanto, en esta materia lealtad, unidad y confianza, que creo que es mutua, recíproca, y así debe seguir siendo. Yo quiero felicitar a su señoría, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la Policía francesa por la detención de tres miembros de ETA hace unas semanas. Son los últimos coletazos, pero son coletazos y siguen siendo personas peligrosas. Creo que la colaboración internacional está garantizada, y es importante que así sea. Por último y en este ámbito mis palabras tienen que ser necesariamente para las víctimas del terrorismo, para recordarlas permanentemente y para congratularme de que uno de los primeros objetivos de su ministerio sea el desarrollo del reglamento de la Ley de víctimas. Yo tuve la oportunidad y el honor de ser ponente de esa ley, junto con otros miembros de esta Comisión y con el hoy portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara, don Alfonso Alonso, y de nuevo nos brindamos a aportar nuestro conocimiento y experiencia en un reglamento que su señoría puede aprobar en el ejercicio de sus competencias, pero nosotros le brindamos la posibilidad de colaborar o al menos pedimos estar informados del desarrollo de este reglamento, que tan importante es. La pasada legislatura la Ley de víctimas -creo que ese es el mayor homenaje parlamentario que se puede hacer a las víctimas- tuvo 349 votos a favor; una ley que me parece que reconocía el papel y, sobre todo, que enunciaba un relato importante para la democracia, que es el de las víctimas, que ese sí es un relato épico. Termino reiterando de nuevo: lealtad, confianza mutua, respeto, colaboración -creo que la ha habido en los últimos años, la ha habido durante el traspaso de poderes, como usted lo ha reconocido, señor ministro- y discreción en lo que haya que ser discretos, porque creo que todos somos conscientes de ello.

Inseguridad ciudadana. Usted ha tocado un tema al final de su intervención: estadísticas, etcétera. Sobre ese tema en esta Comisión -y miro a la letrada- habrá decenas de páginas del "Diario de Sesiones" con la polémica sobre las estadísticas: si el sistema era el adecuado, si no lo era... Su señoría hoy ha anunciado una publicación trimestral. Me parece que es coherente con lo que ustedes han estado manteniendo. Lo único que le diría es que el sistema anterior era un sistema pactado. El Ministerio del Interior nos reunió a los grupos de la Cámara y nos dijo: este es el sistema y así lo vamos a hacer. Si ese sistema es válido para usted, para nosotros por supuesto que es válido, por coherencia. Lo único que le pido es que, si van a cambiar el sistema, también nos


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reúna; seguramente el otro que elijan será tan válido como este, pero mantengámonos informados de ello. A partir de ahí, si lo que quiere es una publicación trimestral, miel sobre hojuelas, no hay ningún problema.

Delincuencia organizada. Estoy de acuerdo con que sea una de las principales preocupaciones del Ministerio del Interior. La internacionalización del crimen, la capacidad de organización remota del crimen y de la actuación delictiva, hace que esta tenga que ser una de las principales preocupaciones, porque además el crimen internacional es el más violento y por tanto es el que quizás más sensibilidad y más alarma social despierta en los ciudadanos. Me congratula que esta sea una prioridad del ministerio.

Ha hablado de la racionalización de la extensión de la Policía judicial. No ha mencionado los grupos GRECO y ECO de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Creo que han sido grupos fundamentales a la hora de combatir el crimen organizado, y me gustaría saber qué va a pasar con ellos porque sé que es absolutamente imprescindible la austeridad presupuestaria (es cierto que ha habido un pequeño recorte en relación con lo que ha pasado en otros ministerios, y le felicito porque usted haya sido capaz de que el ministro de Hacienda no le haya recortado nada más que 156 millones; ha tenido fortaleza para resistir esa intención que siempre tienen los ministros de Hacienda de que la tijera y la poda sean más grandes), pero aquí hay determinados elementos, como son los GRECO, los ECO o algunas otras unidades especializadas, que es importante que mantengan las unidades que en estos momentos tienen.

Inmigración. Ha puesto usted directamente el dedo en la llaga que tiene actualmente. Nosotros compartimos que la inmigración es un fenómeno enormemente positivo para la sociedad española, lo ha sido en los últimos años para nuestra economía y para nuestro desarrollo económico, especialmente en algunos sectores como puede ser la construcción o la agricultura intensiva, pero es necesario controlar la inmigración irregular. Centros de internamiento. Tenemos un problema. No lo tiene usted, no lo tiene este Gobierno, también lo tenía el anterior Gobierno y quiero empezar por reconocerlo. Dos víctimas en poco tiempo, una en un centro de internamiento y la otra a las pocas horas de salir de ese centro de internamiento por una enfermedad grave, es para preocuparse. Creo que su señoría está preocupado, por eso ha planteado lo que ha planteado. Me parece muy bien ese reglamento; no conozco el texto pero sé que había un reglamento a punto de ser aprobado, y que puede servir de base para la organización y funcionamiento de esos centros de internamiento.

Me parece que a todos nos gustaría que los centros de internamiento fueran más parecidos a los CETI, a los centros de estancia temporal de inmigrantes, que a una cárcel. Sería lo ideal, pero ahí hay un derecho, que es el derecho deambulatorio, que es el que tienen privado los internos en un centro de internamiento. Vamos a ver cómo podemos hacer algo que se parezca más a un CETI y esté más alejado de una cárcel o de una comisaría. Es buena la idea de que haya unos funcionarios especializados en este tema, porque no son policías, y de lo que se tendrían que ocupar es de la seguridad exterior, ya que tampoco son funcionarios de prisiones, porque eso no es una prisión. Me parece una buena idea y vamos a ver, dentro de este marco de austeridad presupuestaria, cómo se podría llegar a ese funcionamiento de los centros con un personal especializado.

Por cierto, dentro de la ciberdelincuencia me parece absolutamente inaceptable, un chantaje impresentable y una barbaridad lo que el grupo Anonymous ha hecho en las últimas horas revelando información íntima, personal del ministro de Educación o de la ex ministra de Cultura. Eso también es delictivo y eso también hay que perseguirlo. Señor ministro, usted lo ha dicho y nosotros nos unimos a ese lamento y a la necesidad de que esas actitudes se persigan. Medios con los que se cuenta para responder a estas amenazas. Uno de los elementos fundamentales, aparte de los dos cuerpos, tiene que ser la coordinación entre ambos. Había cierta obsesión después de los atentados del 11 de marzo por la coordinación, la máxima coordinación posible entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, con el CNI y con otros cuerpos, como pueden ser las policías locales. Me parece que esa tiene que seguir siendo una estrategia fundamental. Me gustaría saber qué es lo que opina su señoría respecto a la estrategia española de seguridad, porque el otro día el ministro de Defensa, que es el otro gran implicado en este tema, no dijo nada al respecto, y si pretenden que ese sea un camino posible o si van a cambiar esa estrategia española de seguridad. Respecto a la estructura y organización yo quisiera saber, señor ministro, si van a ser válidas y van a mantener estructuras de coordinación como son el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (el CNCA), el Comité Ejecutivo del Mando Unificado y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (el CICO). Me parece que son elementos que han ayudado a coordinar, a ser más eficaces y eficientes, así como a ahorrar dinero a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.

Ustedes han decidido volver a separar la Dirección General de la Policía de la Dirección General de la Guardia Civil, que estaban unificadas en una persona, y es legítimo. Sinceramente, yo hubiese esperado un poco porque creo que eso ha funcionado y ha funcionado bien. Es una decisión que usted podía tomar, pero me hubiese parecido más razonable que la hubiese tomado quizá viéndolo. Que conste que es absolutamente coherente con lo que ustedes han mantenido durante este tiempo. Por tanto, no le puedo acusar de incoherencia porque a ustedes nunca les gustó. Yo lo hubiese mantenido un poco más de tiempo. Cambio de la cúpula policial. Señor ministro, usted tiene toda la legitimidad para cambiar la cúpula policial, pero, como decía un periodista hace poco: Si los mandos policiales tenían a Rubalcaba de ministro, era que el PSOE manejaba los cuerpos de


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seguridad para perseguir al PP. Si el PP los cambia casi todos, no es un relevo político, es porque quiere profesionalizar la Policía. Es una parte de un artículo de don Fernando Onega. Respecto a los mandos que usted ha nombrado, no les voy a conceder el beneficio de la duda, les voy a conceder la presunción de profesionalidad, pero como a los que nombró el ministro anterior también, la profesionalidad de todos. Usted tiene la legitimidad parar hacerlo, señor ministro, pero todos son iguales de profesionales. Respecto de la cúpula se puede hacer. En cuanto al resto hay cosas que no he entendido, se lo digo sinceramente. Cambiar a la mayoría de los comisarios (a los comisarios principales, a los comisarios provinciales, incluso en algún caso con intención de cambiar -me parece que con una buena actuación de su secretario de Estado- a comisarios locales y de distrito) me parece excesivo. Les pediría que meditasen un poco más, que antes de hacer estos cambios vean cómo se pueden hacer las cosas.

Termino, señor presidente. Leyes. Ha mencionado una serie de leyes cuyos proyectos pretenden traernos. Se le ha olvidado, me imagino que porque era demasiada materia, el desarrollo del reglamento de la Ley de asilo que está pendiente. Ha mencionado el reglamento de la Ley de víctimas. Y hay dos leyes muy importantes para el Cuerpo Nacional de Policía que no ha mencionado, me imagino que por olvido, la ley de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía, pactada por todos los grupos de la Cámara y con un nivel de consenso casi total, que se quedó a las puertas en el Senado. En este periodo de sesiones que empieza el próximo febrero puede venir para que la ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado en los meses de junio o julio. Ocurre lo mismo con la ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía, también pactada y en el Senado. Termino con una reflexión respecto a la multirrencidencia y a la penalidad. Antes de iniciar cualquier proceso legislativo -el legislador seguramente es el que más responsabilidad tiene- haría una reflexión seria sobre la función de la cárcel en relación con la seguridad y la inseguridad y su conexión con la delincuencia violenta y los delitos o las actuaciones más execrables y que más llaman la atención a la ciudadanía. Creo que es importante, ya que no porque haya mucha más penalidad o mucha más prisión van a mejorar los datos de criminalidad ni los estadísticos. Por tanto, hagan esta reflexión; hagamos esta reflexión en esta Comisión y en la Comisión de Justicia, que es donde vamos a tener que desarrollar esas leyes, y seamos enormemente cuidadosos a la hora de legislar penalmente

De nuevo, señor ministro, enhorabuena y felicidades por su nombramiento.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Jané, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

El señor JANÈ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre de Convergència i Unió queremos dar la bienvenida al ministro del Interior a esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que va a ser la comisión ordinaria en la que va a comparecer el ministro para someterse al control, sin perjuicio del que realice también el Pleno y otras comisiones como la de Seguridad Vial en ámbitos que son competencias del Ministerio del Interior. Le damos la bienvenida, le ofrecemos nuestra colaboración más leal en todos los ámbitos directamente relacionados con el Ministerio del Interior y nos sumamos, señor ministro, señorías, al reconocimiento de la labor que llevan a cabo todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el día a día, en ocasiones con dureza. Lamentamos y expresamos también nuestras condolencias y nuestro pésame por los tres policías que arriesgando su vida han perdido la misma recientemente en A Coruña. Nos sumamos a ese sentimiento. Dirigiéndonos a ellos nos dirigimos al conjunto del Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que no siempre ese reconocimiento les llega de la manera en que hoy en el Congreso de forma unánime todos queremos expresar. Por tanto, también Convergència i Unió se une a esas condolencias.

El ministro ha expuesto, creo que de manera muy ordenada, diez grandes líneas estratégicas de su ministerio en esta legislatura. Voy a intentar centrar mi intervención como portavoz en esta Comisión siguiendo lo más cerca posible esas diez líneas para hacerlo de la manera más ordenada posible también. Empezaré por una línea que hemos compartido siempre desde Convergència i Unió, la necesidad de la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo. Y ya le anticipo, señor ministro, nuestro apoyo al Gobierno en las actuaciones que desde esa inteligencia, prudencia, unidad y discreción lleve a cabo el Gobierno para acabar con el terrorismo de ETA. Tiene nuestro apoyo, lo han tenido todos los gobiernos antes y también lo va a tener, señor ministro, en esta legislatura. Y le quiero decir, desde Convergència i Unió, que sería oportuno, que sería útil unir a esa inteligencia, prudencia, unidad y discreción la necesidad de aprovechar el momento. Tenemos un momento abierto, importante, que abre una luz de futuro. Que esa inteligencia que el propio ministro exigía a la hora de afrontar toda la política antiterrorista junto con la prudencia, unidad y discreción nos lleven a saber aprovechar el momento. Si estamos, como decía el ministro, tan cerca de la deseada paz hagámoslo posible para que esta sea efectiva en esta legislatura. Por tanto, no le va a faltar en ningún caso la colaboración de Convergència i Unió en este ámbito.

Quería referirme también al terrorismo internacional. El ministro ha hecho referencia al terrorismo yihadista. Es cierto que tenemos esa amenaza y que no podemos en ningún caso bajar la guardia. Este portavoz lo fue también de la Comisión de Investigación de los atentados del 11-M y allí pudimos analizar las carencias, los déficits que en ocasiones, en el ámbito de la prevención del terrorismo internacional, podemos tener; esos déficits, esas carencias, esa en ocasiones falta de medios, incluso


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en ocasiones esa falta de traductores que pudimos constatar y que impidieron poder realizar esa actuación preventiva con mejores frutos. Tampoco le va a faltar la colaboración. Necesitamos realmente incrementar cualquier actuación preventiva, no bajar la guardia ante ese terrorismo internacional porque lo tenemos cerca. Incluso la situación estratégica, geográfica de España nos comporta un riesgo adicional y por tanto no hay que bajar la guardia, hay que estar prevenidos y estar informados, que fluya la información.

Aquí me quería referir, señor ministro, señorías, a un tema también importante que sé que trataron directamente con el propio consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya; esa necesidad -también el ministro ha hecho referencia en uno de sus ejes a la transparencia- de que fluya la información. No deben existir compartimentos estancos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esos esfuerzos de buscar la máxima eficiencia con los recursos que tenemos nos debe llevar a compartir datos, a que los datos fluyan claramente. Aún recuerdo hoy cuando las fuerzas policiales nos explicaban en la Comisión del 11-M de qué manera, cuando los terroristas iban desde Asturias hasta Morata de Tajuña, se les detuvo y no funcionó bien el aparato para comprobar la identificación del vehículo y de esa matrícula, y continuaron su trayecto hasta Morata de Tajuña. ¿Qué hubiese pasado si ese aparato hubiera funcionado mejor? Compartir datos -usted lo conoce muy bien, en Cataluña los Mossos d´Esquadra pueden detener a unos terroristas, pero necesitan que esos datos fluyan con mayor inmediatez-, que no haya desconfianza porque todos estamos en el mismo barco de la prevención y de intentar lo que decía el señor ministro -y que comparto-, que la seguridad sea efectiva. Por tanto le pedimos esa mayor cooperación policial en bases de datos, en la participación en datos de Europol y de Interpol, porque en ocasiones cuando afectan a un territorio que tiene una policía propia, esta necesita también conocer y participar activamente en esos organismos. La cooperación transfronteriza con Francia, la transferencia de información, la ratificación de la incorporación del Reino de España en los acuerdos de Schengen, todo ello para posibilitar también que esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -en el caso de Cataluña los Mossos d´Esquadra, que también son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque las comunidades autónomas también son Estado- puedan desarrollar mejor esa información. Y también a la inversa -lo decía muy bien el señor ministro-, crear bases de datos que permitan al Ministerio del Interior conocer cada uno de los datos de investigaciones, de hechos delictivos que se producen en el marco de las bases de datos que puedan tener las policías autonómicas. Esa sería una dirección correcta para prevenir ante esas amenazas de terrorismo internacional y tantas otras que se nos plantean.

Quiero hacer una especial mención, señor ministro, al tema de la multirreincidencia. Coincidimos totalmente, es un gravísimo problema que afecta a nuestra seguridad y a la percepción que de la misma tienen los ciudadanos, y debemos buscarle soluciones. Jurídicamente no siempre son fáciles, porque existe el principio del non bis in idem, el principio de que una vez que es enjuiciada una falta no puedes volverla a tener en cuenta después a efectos de multirreincidencia, pero podemos modificar radicalmente el Código Penal para que cosas que ahora están tipificadas como faltas sean tipificadas como delitos directamente, y en todo caso será un atenuante si ha sido una actuación aislada. Invertir: que lo que ahora es falta sea delito y atenuar la pena cuando es una actuación aislada. Pero vayamos a por ellos, porque esto genera claramente una situación de inseguridad a nuestra ciudadanía. Le voy a poner algún ejemplo porque tengo los datos del año 2010, no tengo aún los del año 2011. En el año 2010 en Cataluña se produjeron 62.566 hurtos; en el conjunto de España 490.305 hurtos. Hubo una ocasión en la que una persona cometió 437 hurtos en un año; y tenemos un fenómeno, una persona detenida 84 veces en un año, que no ha recibido ningún castigo penal ante esas constantes entradas y salidas de las comisarías tras haberse detectado que allí se ha producido una actuación. Por tanto, debemos reaccionar ante esos multirreincidentes y necesitamos colaborar todos para modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otra cosa a la que se ha referido el ministro -y me agrada mucho que se haya referido a ella porque es una propuesta que presentó Convergència i Unió y que se aprobó sin ningún voto en contra en esta Cámara- es a la existencia de un registro de faltas; está así previsto en la disposición adicional segunda de la reforma del Código Penal. Usted se ha referido a ello, también lo hizo el otro día el ministro de Justicia. Hagámoslo ya, creemos ese registro de faltas para compartir la información y para conocer exactamente, cuando detenemos a un presunto autor de hurtos, cuántos ha cometido en el conjunto de nuestro territorio. Es importante tener ese registro cuanto antes y le vamos a dar nuestro apoyo al mismo.

Se ha referido a los centros de internamiento de extranjeros, a los CIE; yo se lo iba a pedir. No es responsabilidad de su Gobierno, ustedes acaban de tomar posesión, pero lo cierto es que la situación interna de esos centros, la falta de reglamentación, la falta... Estoy también de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho usted, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una labor en esos CIE, pero no deben tener todas las labores que tienen actualmente por la falta de un estatuto que regule bien de qué manera se gestionan. Estamos no ante delincuentes, sino ante personas que padecen una situación personal difícil, que tienen que estar en esos centros con esos límites de días, a los que les tenemos que dar las garantías que la dignidad humana siempre se merece. Por tanto, esa reglamentación es importante y se la iba a pedir Convergència i Unió. Nos alegramos de que hoy usted haya afirmado claramente que van a regularla.


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Se ha referido también al tema de la seguridad privada y a una posible modificación de la Ley de Seguridad Privada. Le adelanto que en esa modificación nosotros le vamos a pedir que como para la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, cuando esa competencia es de una policía autonómica -y no estamos hablando de la interna del centro, sino de la perimetral-, son muchos los medios humanos policiales que debemos destinar a Cataluña y esos agentes nos harían falta en otros cometidos más importantes en materia de seguridad, esa vigilancia perimetral la pudiera realizar personal de seguridad privada, con la necesaria tutela del cuerpo policial respectivo. Es un tema importante que también le queremos plantear.

Voy terminando ya, señor ministro, porque así me lo indica el propio presidente de la Comisión, a quien agradezco también el ajuste horario que ha hecho posible que esta Comisión se realice hoy a las once de la mañana. Señor ministro, termino con dos temas más. Uno, que no es menor y que yo estoy convencido de que es un hecho aislado. El pasado viernes se produjo un lamentable hecho en el aeropuerto de El Prat, cuando, presuntamente, un abogado que se dirigía a Madrid tuvo un incidente con dos guardias civiles en el control de entrada a las puertas. Parece ser que, presuntamente, según su declaración -existe la presunción de inocencia y por tanto no voy a dar veracidad a esos hechos que han sido denunciados como tales-, por dirigirse en catalán a esos guardias civiles pudo recibir vejaciones, insultos e incluso alguna agresión. Así fue denunciado después. No le quiero dar carta de veracidad directamente porque soy de los que creen en la presunción de inocencia, pero también creo que debemos investigarlo con especial celo porque la Ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil prevé precisamente como una falta muy grave cualquier trato discriminatorio por razón de lengua. Por tanto, estoy convencido de que si se ha producido, es un hecho aislado, pero bueno será que se investigue y, si fuera cierto, se actúe con todas las consecuencias que la Ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil otorga. Que se actúe, porque la Guardia Civil, para integrarse en el conjunto de una sociedad donde hay una pluralidad de lenguas oficiales, debe ser respetuosa, como estoy convencido de que lo es, ante esa pluralidad. Pero si se producen casos aislados que se puedan apartar, le pedimos que se actúe con toda contundencia y que no quede ningún resquicio de que se pueda estar vulnerando el necesario respeto a esa pluralidad lingüística. Termino ya, señor presidente, simplemente pidiéndole -se lo pidió también el consejero de Interior- en función del desarrollo estatuario en Cataluña de todas las materias relativas al Ministerio del Interior, que se reúna -lleva más de tres años sin reunirse- la Junta de Seguridad, que es un instrumento de colaboración importante. También la necesidad, y con esto termino, de que desarrollemos la disposición adicional primera de la Ley 12/2011, en la que se prevé un marco específico de actuación coordinada entre la Generalitat de Catalunya y su ministerio en lo relativo a crear un nuevo organismo que agrupe los planes de emergencia nuclear de Tarragona, el Penta, con los planes de emergencia exterior del sector químico de Tarragona. Eso está en la Ley 12/2011 y no se ha cumplido aún. Usted, como ministro del Interior y además ministro catalán, seguro que tendrá ocasión de dar cumplimiento a esa previsión legal que va en beneficio de la protección civil y de la seguridad de todos los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural don Ricardo Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero iniciar mi intervención, en nombre de mi grupo, reconociendo la labor de los policías nacionales, uno de los cuales ha fallecido en la playa coruñesa de Orzán. No podía ser de otra forma.

Antes de entrar en otras cuestiones, quisiera detenerme en algunas que me han llamado la atención de su intervención, señor ministro. La primera ha sido la falta de concreción entre sus objetivos en la lucha contra lo que denominamos criminalidad de guante blanco, contra la corrupción política. Es un tema que preocupa mucho a la sociedad española, también a mi grupo parlamentario, Izquierda Unida, y contra el que su ministerio debería emprender una actitud decidida. También echo de menos que, aunque ha hablado de muchos tipos de violencia, no haya comentado para nada la violencia de la extrema derecha. Otra cuestión que me ha llamado mucho la atención es respecto al reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas del terrorismo, y le anuncio que nos tendrá con usted, a su lado, siempre que ese reconocimiento sea para la paz, para el proceso de paz, no para otro tipo de motivaciones que no voy a calificar.

Ha hablado usted de reconocimiento de la verdad histórica y desde Izquierda Unida le reclamamos un reconocimiento efectivo de la verdad histórica, de toda la verdad histórica de la larga historia española, de la larga lucha por la libertad en este país. Ha hablado usted de ciberseguridad, de ataques. Permítame que le exprese nuestra preocupación porque se pueda producir, con las actuaciones del Gobierno y de las administraciones públicas, algún tipo de limitación a la libertad en Internet. Nos encontrará en el área de la razón, pero no nos encontrará con usted para limitar la libertad en Internet. Y una cuarta cuestión que me ha llamado mucho la atención es el tratamiento de la multirreincidencia; le preocupa también a otros grupos. Ha hablado usted de los dos delitos, del Registro central de faltas, pero desde Izquierda Unida le planteamos que la solución a la multirreincidencia no puede ser solamente penal y nosotros no nos vamos a sumar a autos de fe que además se prestan a la demagogia fácil. Nosotros entendemos que el problema de la seguridad pública tiene una importantísima vertiente social sin la cual no es comprensible.


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Desde Izquierda Unida no podemos contemplar la cuestión de la seguridad pública de forma aislada. Para nuestro grupo parlamentario la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. La seguridad debe ser protección y garantía del libre ejercicio ciudadano de los derechos y libertades. Libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en una sociedad democrática. La competencia fundamental del Estado de garantizar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, colectiva e individualmente, el libre ejercicio de sus derechos, debe relacionarse también de forma necesaria con el bienestar social. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se hace frente a la pobreza, al paro, a la inmigración, a la xenofobia y a la exclusión mediante políticas integrales de empleo y de protección social. A pesar de que legislatura tras legislatura los sucesivos gobiernos han ahondado en las mismas fórmulas, reiteramos nuestro ofrecimiento para colaborar y el apoyo incondicional de nuestro grupo parlamentario para poner en relación políticas de seguridad y políticas sociales, para desarrollar actuaciones de prevención del delito que ataquen la raíz de los problemas. La protección pública comienza por un buen desarrollo social, es decir, no puede haber políticas de seguridad eficaces sin la remoción de las causas sociales y económicas que originan algunas formas de delincuencia. Para Izquierda Unida es necesario un nuevo sistema de seguridad pública basado en la prevención y en la protección social. Vemos con preocupación cómo el Gobierno del Partido Popular se decanta por una política de seguridad más punitiva que preventiva. En tal sentido parecen orientarse las reformas legales anunciadas por diversos miembros de su Gobierno como, por ejemplo, la ya famosa prisión permanente revisable que, bajo ese eufemismo, pretende ocultar un endurecimiento de las penas de prisión. En esa línea va también lo que ha comentado el señor ministro respecto a la multirreincidencia y ya hemos anunciado desde nuestro grupo cuál será nuestra posición.

La actual coyuntura económica de crisis sistémica conlleva el pavoroso aumento de la desigualdad social y el incremento de la exclusión. El propio presidente del Gobierno ha declarado en Bruselas que ya tiene descontada una huelga general en respuesta a la reforma laboral que proyecta su Gobierno. Por ello es previsible que entremos en una etapa de fuerte conflictividad social que lleve aparejada una contradicción para el aparato de seguridad del Estado: el respeto y la defensa de los derechos, en ocasiones contrapuestos, de todas las partes en conflicto. Para Izquierda Unida debe garantizar desde su ministerio el libre ejercicio de todos los derechos y estaremos atentos para que no convierta las intervenciones policiales en un elemento más de conflictividad social. Esperemos que de la prisión permanente no pasen ustedes a la porra permanente. Por otro lado, esta coyuntura de crisis supone un momento oportuno para introducir cambios estructurales plenamente justificados por la mayor eficiencia de costes y servicios que proporcionarán. En esta línea de la optimización en la gestión de los recursos públicos que para nosotros no significa en ningún caso un recorte justificado únicamente por la necesidad de equilibrar el déficit para satisfacer las exigencias de los mercados, es donde determinadas reivindicaciones históricas pueden encontrar su realización completa. No tiene ya ningún sentido en pleno siglo XXI y en un contexto de gravísima crisis como el actual mantener el modelo vigente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; me refiero al carácter militar de la Guardia Civil y a la existencia de dos cuerpos policiales estatales. Es anacrónico e injustificable, hoy por hoy, el mantenimiento del carácter militar de la Benemérita. Hay que darle carta de naturaleza a su calificativo de civil. Su carácter militar solo sirve, hoy por hoy, para justificar que sus miembros realicen con menores salarios jornadas laborales más largas y sobre todo para garantizar al Gobierno de turno y a la estructura de mandos propios un cuerpo policial dócil sujeto a la disciplina militar. ¿Hasta cuándo se va a mantener este anacronismo, señor ministro? Desde Izquierda Unida reivindicamos una Guardia Civil plenamente civil fuera de la estructura de lo militar. No obstante, y aun siendo esta una de nuestras reivindicaciones históricas compartida con muchos otros colectivos sociales y profesionales, un modelo policial óptimo para un Estado autonómico como es España no debería pasar por tener dos cuerpos de policía estatales, a los que se sumarían las policías autonómicas y las locales, sino por iniciar el camino hacia un modelo policial en el cual un único cuerpo viese todas sus estructuras y mandos adaptados a la realidad territorial federal española.

Una época de crisis debería ser el mejor momento para optimizar las estructuras, evitar duplicidades y hacer reformas profundas. Es el momento, señor ministro, de plantearse cambios en la distribución de estas. ¿Tiene sentido mantener puestos de la Guardia Civil donde solo dos personas tienen que turnarse para todos los servicios? No parece razonable que con la evolución que han tenido las infraestructuras del transporte en nuestro país se siga conservando la planta de distribución de cuarteles de prácticamente un siglo atrás. Aproveche, señor Fernández Díaz, la coyuntura para impulsar reformas necesarias y no solamente recortes salariales. Le invitamos desde Izquierda Unida a ser valiente y superar este modelo policial napoleónico ya obsoleto en el mundo en que nos toca vivir. Pero en lugar de tratar de seguir la vía de la coordinación y unificación de la Policía y la Guardia Civil usted, señor ministro, ha puesto fin al mando único creado en 2006 con el nombramiento de dos directores generales, uno por cada institución. ¿Cree sinceramente que ello contribuye a una mejor coordinación?

Respecto a las políticas de inmigración, concretamente queremos insistirle al señor ministro en la necesidad de resolver de una vez el problema de los centros de internamiento de extranjeros. Lo ha tratado usted y ha dicho concretamente que piensa realizar un reglamento.


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Estos centros se han convertido en pequeños guantánamos al margen de la legalidad. Esperamos, deseamos y exigimos una solución al respecto. Desde Izquierda Unida defendemos el cierre de los CIE porque creemos que las políticas de inmigración hay que abordarlas desde parámetros integradores en lugar de excluyentes o punitivos. Le comento que ha hablado usted de un nuevo personal en el reglamento para los CIE y le pregunto concretamente si ese personal tendría carácter privado o tendría carácter público. Mientras no se cierren estos centros le reclamamos, señor ministro, el cumplimiento estricto de las previsiones legales que establecen su carácter no penitenciario, así como la garantía efectiva de los derechos de los internos con la máxima transparencia y el derecho a la fiscalización de las organizaciones sociales. Nos parece un punto importantísimo y así lo defenderemos ante el reglamento que el Gobierno piensa elaborar. Las recientes muertes de personas acaecidas en dos CIE, en Madrid y en Barcelona, han puesto de manifiesto las limitaciones y las carencias. ¿Está el ministerio investigando estos hechos? ¿Qué iniciativas piensa adoptar, aparte de la redacción del reglamento, para garantizar la investigación de las alegaciones de malos tratos existentes en los CIE?

Quisiera detenerme también en otra cuestión importante para nosotros, el tema de las identificaciones. Según el anuario estadístico del año 2010 del Ministerio del Interior, en ese año se produjeron más de 7 millones de identificaciones en España, 6.951.000 en la vía pública y 140.000 en dependencias policiales. ¿No cree usted, señor ministro, que estas cifras son absolutamente desproporcionadas? ¿Piensa, señor ministro, cambiar los criterios y los incentivos que llevan a que en España se haya identificado en 2010 a uno de cada seis habitantes? Por otro lado, vamos a proponer reformas importantes que afectan a nuestro actual sistema penitenciario, que se ha revelado claramente inútil para los fines que prevé la Constitución. Nos encontramos con que somos el Estado europeo con mayor número de preventivos, con cárceles saturadas que impiden cumplir el deber constitucional de la rehabilitación y la reinserción, y por el contrario favorecen el alto grado de reincidencia de quienes entran en el circuito de la represión. No esperamos otra legislatura de inmovilismo al respecto. La conclusión sensata a la que llegamos es que las prisiones actuales son una pésima inversión y las experiencias de privatización, como en Inglaterra o Estados Unidos, son todavía peores. Ha hecho usted un comentario al respecto también sobre televisiones en las prisiones, comentarios que entendemos que se prestan a una interpretación demagógica en la calle y no creemos que deba llevar a un endurecimiento de las condiciones de construcción y mantenimiento de las prisiones.

Desde mi grupo no queremos obviar, en cuanto a la política penitenciaria, los efectos del final de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. Su reciente reunión con el consejero vasco de Interior y del propio presidente del Gobierno de España con el lehendakari parecen mostrar posiciones hasta cierto punto contradictorias respecto a la política de dispersión de presos. En declaraciones públicas realizadas por usted ha detallado que las peticiones que se hagan para acogerse a los beneficios que la ley establece en el ámbito penitenciario deben ser planteadas de forma individualizada y cumplir todos los requisitos que la ley prevé en estos casos: manifestar el arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir los daños civiles derivados, en su caso, por los atentados que se hayan podido cometer. Desde mi grupo parlamentario seguiremos reclamando una única doctrina de interpretación legal para todos los presos. Tendrá todo nuestro apoyo en aquellas actuaciones que tiendan a consolidar un escenario de paz. No obstante, le recuerdo que la Ley de Partidos y las actuaciones impulsadas desde el Gobierno para limitar la representación democrática de todas las opciones políticas no contará con nuestro apoyo porque entendemos que no contribuye a la consolidación de la paz.

Voy concluyendo, señor presidente. Entendemos que el sistema policial necesita una revisión en profundidad. Está pendiente una importante reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para nuestro grupo parlamentario es imprescindible avanzar hacia un nuevo modelo de policía. Ya he reseñado anteriormente nuestra apuesta por la unificación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para hacer una estructura policial de carácter civil, pero mientras ese momento llega -y estamos seguros de que llegará-, para nuestro grupo parlamentario es una prioridad en la acción de este ministerio abordar inmediatamente cuestiones muy necesarias como el desarrollo de la Ley orgánica de derechos y deberes de la Guardia Civil. Tienen ustedes un reto en regular cuestiones básicas como los derechos de los representantes, los locales y las subvenciones para las entidades representativas, la jornada laboral, el desarrollo de derechos básicos como la libertad de expresión o de manifestación y los complementos retributivos no discriminatorios. En esta última cuestión, le pedimos desde mi grupo parlamentario que revise con mucha atención la política de rendimiento de actividades individuales porque está llevando en servicios como el de Tráfico a la imposición indiscriminada de multas, cuestión que solo puede redundar en descrédito de quienes las imponen. Este Gobierno está inmerso en una dinámica de recortes indiscriminados que desde Izquierda Unida no compartimos. No obstante, le recomendamos que, si quiere aplicarlos en su ministerio, comience por recortar los privilegios de las altas esferas -tiene usted 45 generales en la Guardia Civil-, por acabar con las desigualdades en las dietas de los mandos y los agentes, por investigar y poner en orden los suministros y las obras sobre las que recaen sospechas fundadas de derroche, cuando no de cosas peores, o por reestructurar los centros de enseñanza donde para promociones de 150 guardias hay habilitados 500 profesores.

Termino diciendo que nos alegramos de la reflexión que ha hecho usted sobre la cuestión de la participación


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ciudadana. Para Izquierda Unida también es una cuestión fundamental la participación ciudadana. Reclamamos una implementación decidida de mecanismos que hagan al conjunto de la ciudadanía, y especialmente a sus organizaciones, partícipes directos de la seguridad colectiva.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de UPyD tiene la palabra doña Rosa Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Empiezo también por felicitar al señor ministro del Interior, agradecerle su comparecencia y todas sus explicaciones y darle la bienvenida a esta Comisión de Interior. Me sumo, como no podía ser de otra manera, a lo que el ministro ha planteado al inicio de su intervención -habiéndolo hecho previamente el presidente de la Comisión-, que es el homenaje y el reconocimiento a la labor y la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso concretado en los tres policías nacionales que murieron en el cumplimiento de su trabajo intentando salvar la vida de un joven que, en ese ejercicio irresponsable que ha citado el ministro, estaba haciendo lo que no debía. Me sumo, pues, a ese homenaje, a ese reconocimiento, de la misma manera que me sumo al homenaje y reconocimiento que también planteó el ministro al inicio de su intervención y que es, como no podía ser de otra manera, a las víctimas del terrorismo de ETA. No hace falta que insista en esta cuestión porque creo que es algo que compartimos, si no todos, la inmensa mayoría de quienes aquí nos encontramos. El homenaje y el reconocimiento a las víctimas de ETA es un homenaje y un reconocimiento a la propia democracia y a su tarea de consolidación y de defensa del Estado de derecho.

En el intento de utilizar mi tiempo sin abusar de la generosidad del presidente, no me pararé en aquellas cuestiones que el ministro ha planteado y que comparto. Desde el Grupo Unión Progreso y Democracia compartimos la necesidad de trabajar en todo aquello que tiene que ver con afrontar los problemas derivados de la multirreincidencia, del crimen organizado, de la protección de los colectivos más sensibles. Naturalmente, aplaudimos su apuesta por la transparencia y por el acceso a la información, su preocupación por reformar y por dar una solución al drama que se produce cotidianamente en los CIE. Es decir, aquellas cuestiones que el ministro ha citado y en las que se ha comprometido y que compartimos no formarán parte de mi intervención; sencillamente estaremos al tanto y haremos lo posible por mejorar con nuestra posición el propio compromiso del ministerio, del Gobierno en estas materias.

Repasaré cronológicamente algunas de las cuestiones que el ministro ha ido planteando y sobre las que quiero detenerme. Nos recordaba el ministro al inicio de su intervención que el ministerio tiene un presupuesto del año 2007 para unas necesidades del año 2012, y ciertamente esto es en sí mismo un problema que nos ha de llevar a todos a ser selectivos a la hora de tomar decisiones. Gobernar es decidir, y el Gobierno tiene que escoger dónde invierte esos recursos para conseguir el objetivo fundamental, que es -el ministro aquí ha insistido mucho en ello- la seguridad de todos los españoles. Yo soy de las que piensan que es imposible que haya libertad si no hay seguridad y que la libertad y la seguridad, por tanto, están íntimamente relacionadas. El objetivo es la libertad, y la seguridad es un instrumento imprescindible para conseguir ese objetivo. Libertad de la sociedad; libertad de una sociedad plural y, por tanto, más democrática; libertad para ser iguales ante la ley; libertad para movernos con tranquilidad por nuestro país; libertad para hablar con libertad y sin miedo. Para eso es la seguridad, para conseguir ese objetivo democrático de primera dimensión. Pero si es cierto que con las medidas que el ministro ha indicado y anunciado se pretende reforzar la seguridad o conseguirla en algunos aspectos, no es menos cierto que no podemos contribuir a reconocer o a conseguir la seguridad para todos los españoles si no empezamos por garantizársela a aquellas personas que están encargadas de conseguir nuestra seguridad; me refiero concretamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, si no reforzamos la seguridad en los cuarteles, en las comisarías; si no garantizamos la seguridad de los propios profesionales, guardias civiles y policías nacionales que, como el señor ministro sabe, tienen en muchas ocasiones que comprarse sus chalecos antibalas o sus guantes anticortes; si no dotamos suficientemente con medios técnicos los acuartelamientos y las comisarías; si no funcionan los vehículos en los que tienen que trasladarse; si no hay dinero para comprar gasoil; si de todos los acuartelamientos desaparece la conexión a Internet, es decir, si no garantizamos la seguridad de nuestros escudos, es mucho más difícil que nuestros escudos garanticen la seguridad de todos los españoles. Por tanto, a la hora de priorizar el destino de los recursos escasos pensemos que garantizar la seguridad de los hombres y de las mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es un objetivo imprescindible.

El señor ministro conoce, aunque no era miembro o por lo menos no era portavoz de esta Comisión, de los debates que a lo largo de la última legislatura hemos tenido alrededor de estas dos cuestiones, debates que en algunas ocasiones se han concretado en iniciativas aprobadas sin ningún voto en contra o por unanimidad. Le recuerdo una iniciativa, una proposición no de ley, aprobada en el año 2008, en la que se instaba al Gobierno a resolver los problemas de seguridad en los cuarteles y en las comisarías de toda España. Desde que se aprobó esa iniciativa hasta que terminó la legislatura, en muchos debates en la Comisión de Interior interpelamos al Gobierno sobre por qué no había hecho nada. Esta diputada hizo preguntas reiteradas veces al Gobierno sobre por qué no había hecho nada o, vamos a decir, por qué no había hecho lo suficiente para cumplir esa resolución. Siempre se nos contestaba con cifras. Yo apelo a que el ministro conteste con algo más que con cifras, con un


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compromiso de cumplir no solamente una resolución parlamentaria sino también una asignatura pendiente. No se puede garantizar la seguridad de los españoles si no está garantizada la seguridad de los servidores públicos. Y hoy por hoy, señor ministro, no lo está, ni de forma material ni a través de sus acuartelamientos o de los medios que utilizan.

Por seguir con la misma cuestión, no podemos exigirles que garanticen nuestra seguridad, que se esfuercen y se sacrifiquen -como de hecho lo hacen, no por nuestra exigencia sino por su propio compromiso- mientras sigue produciéndose una situación de injusticia entre ellos. Son españoles que no están tratados en igualdad de condiciones por la ley, y me quiero referir en esta cuestión a la homologación económica y de derechos sociales del conjunto de los servidores públicos. Este ha sido otro tema muy debatido a lo largo de la última legislatura y casi siempre la diputada de Unión Progreso y Democracia, portavoz del grupo en este caso, ha encontrado acuerdos con el Grupo Popular, algunas veces también con el Grupo Socialista, en esta cuestión de la homologación, sabiendo que es una cuestión complicada -si no fuera complicada no estaríamos hablando de ella-, pero es menos complicada que justa: tratar en igualdad de condiciones a personas que cumplen una misma función y un mismo servicio, por lo menos en igualdad de condiciones, cuando no con mayor riesgo y con mayor exigencia. Por tanto, esta es, ministro, una petición que le hace el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Terminemos con esta otra asignatura pendiente de tratar de forma injusta a los servidores públicos, a los que luego ponemos condecoraciones o proclamamos nuestro respeto y nuestro aprecio. Comportémonos, devolvámosles con la acción de los poderes públicos lo que ellos nos dan de forma profesional y generosa.

Otra cuestión en relación con la Guardia Civil. El Grupo Unión Progreso y Democracia no comparte algunas de las apreciaciones hechas por otros portavoces en relación con el carácter militar de la Guardia Civil; nosotros pensamos que está bien que la Guardia Civil tenga ese carácter militar, pero creemos, por ejemplo, que el hecho de que tenga un carácter militar no obliga a que se le aplique siempre el régimen disciplinario del Código de Justicia Militar. Por tanto, le hago también una reflexión al ministro sobre una propuesta que hemos tenido oportunidad de debatir en la última legislatura. Le proponemos, ministro -y me gustaría saber su opinión al respecto-, que se inicie una reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil para que el Código de Justicia Militar solo se les aplique a los guardias civiles en caso de guerra o decretado el estado de sitio. Cuerpo militar, sí, pero Código de Justicia Militar solo en estos supuestos; y eso requiere la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

Quiero hacer otra referencia a algo que tiene que ver también con la Guardia Civil y que ha sido objeto de debate y de acuerdo unánime en esta Cámara. Me refiero a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución española. Le recuerdo al ministro que se aprobó una proposición no de ley unánimemente, por la vía de una transaccional -por cierto, una PNL que había presentado Unión Progreso y Democracia y una transaccional que presentó el Grupo Popular pero que fue aprobada por unanimidad el 9 de octubre del año 2009-, una iniciativa que tenía una exigencia de que aquellos guardias civiles que han sido expulsados por exigir que se les aplique la Constitución y que se les reconozcan sus derechos constitucionales, sean readmitidos de manera inmediata y que sean anuladas, a todos sus efectos, todas las sanciones injustas. Sé que usted acaba de llegar, que este Gobierno se acaba de conformar, de formar, que el hecho de que no se haya cumplido esa resolución no es responsabilidad del Gobierno del que usted forma parte ni de usted como ministro, pero esta es otra asignatura pendiente e insto al ministro del Interior a que inicie el procedimiento para que la podamos aprobar, porque ha pasado demasiado tiempo para que esto siga así.

Quiero hacer una última referencia, no por tratarla en último lugar menos importante, que tiene que ver con aquello por lo que usted ha empezado, la estrategia en la lucha antiterrorista. Señor ministro, no hace falta que le diga que puede contar con Unión Progreso y Democracia y con la portavoz que les habla no solamente para apoyar la estrategia sino para definir la táctica, que en materia tan sensible como esta es a veces tan importante como la propia estrategia. Yo creo que en la estrategia no habrá un ciudadano de bien, no habrá un demócrata que no esté de acuerdo en el objetivo, esto es, acabar con ETA. La táctica son los detalles y ahí suele estar a veces el problema. Por tanto, tiene toda mi oferta y todo nuestro apoyo para las dos cosas, quedando claro que la estrategia es acabar con ETA, no que ETA no actúe, sino que ETA no exista. A lo largo de la historia de la humanidad las organizaciones totalitarias, que es lo que es ETA, nunca han desaparecido porque se hayan convertido a la democracia; han desaparecido porque los demócratas las han derrotado. Por tanto, primera cuestión: ¿Somos conscientes de eso? ¿De que hay que derrotarles? Sería el primer caso en que una organización totalitaria se convierte a la democracia. Primera reflexión y primera cuestión: no hay que fiarse de los enemigos de la democracia, ni de aquellos que sostienen el discurso de los enemigos de la democracia.

Usted ha dicho en su intervención que hay que procurar, además de otras cosas, deslegitimar la violencia. Comparto absolutamente su reflexión. Esto es básico para una sociedad democrática. No solamente hay que acabar con aquellos que la ejercen, con la organización que la ejerce, sino deslegitimar la violencia como forma de hacer política y, por tanto, el proyecto político que requiere de la violencia para triunfar. Le pregunto, señor ministro: para deslegitimar la violencia y el proyecto


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político de los violentos, ¿a qué está su ministerio dispuesto? ¿Qué está usted dispuesto a hacer? ¿Está usted dispuesto a seguir el modelo que hoy se debate en Alemania? Ya que hacemos tanto caso a Alemania para cuestiones económicas, incluso para reformar nuestra propia Constitución. Eso es este debate que hoy está abierto en la sociedad alemana, que, por cierto, lo han abierto los socialdemócratas y los verdes, que están completamente de acuerdo y están tratando de convencer tácticamente al partido conservador en la estrategia de ilegalizar a los herederos del partido nazi. Es un acuerdo de la última conferencia de ministros alemanes, un acuerdo unánime de iniciar un procedimiento de ilegalización. ¿Están usted y su Gobierno en una reflexión similar para España? Se lo quiero preguntar porque sabe usted...

El señor PRESIDENTE: Señoría, estoy tratando de ser equitativo en la generosidad.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. Gracias, presidente.

Esta me parece la pregunta más importante sobre esta cuestión. Como tendremos tres minutos de réplica, los utilizaré, para no abusar de su generosidad, para las cosas que ahora mismo no me ha dado tiempo a precisar.

El señor PRESIDENTE: Concluido el turno que correspondería a los grupos que solicitaron previamente la comparecencia, iniciamos la fase de los turnos de aquellos que no la han solicitado pero que obviamente tienen derecho al uso de la palabra. En el caso del Grupo Mixto, tanto el señor Urbina como el señor Salvador han manifestado su deseo de intervenir en un porcentaje que inicialmente estimo en el 50 por ciento. En consecuencia, si desean intervenir, en primer lugar lo haría el señor Urbina y, a continuación, cederíamos la palabra al señor Salvador.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor ministro, al igual que el resto de portavoces, en primer lugar le agradezco su comparecencia en esta Comisión. Usted ha hablado de muchas cosas que seguramente a lo largo de la legislatura tendremos tiempo de discutir y sobre las que este portavoz tendrá opción de posicionarse, pero me gustaría realizar alguna consideración sobre aquello que usted ha denominado la política antiterrorista y en lo que afecta al País Vasco.

Ha hecho usted mención -y creo que era inevitable- a una circunstancia que afecta de lleno a esta política, y es el nuevo clima político que se vive en el País Vasco, que sin lugar a dudas, entre otros muchos factores, viene determinado precisamente por el cese definitivo de la actividad de la organización ETA. Ha mostrado usted sus dudas al respecto, y en efecto creo que eso tiene reflejo en lo que ha venido a determinar usted como las líneas maestras en relación con esta política. Nos encontramos con que de las medidas que nos ha detallado se puede determinar -a criterio de este portavoz, evidentemente- que el plan que nos ofrece es más de lo mismo: más ilegalizaciones, más policía, más detenciones incomunicadas, más dispersión de los presos políticos vascos -a diferencia, por ejemplo, de lo que la semana pasada determinó la Asamblea Nacional francesa- y más tiempo de los presos enfermos en prisión y de aquellos que deberían estar en libertad en prisión. Como decía, no son medidas novedosas, porque ya las aplicaron sus antecesores, pero también porque usted las ha venido anunciando de una u otra manera. Sin embargo, señor ministro, creo de manera firme que esto no es lo que está demandando la sociedad vasca. Creo firmemente -y permítame la expresión- que ustedes se confunden. Se equivocan si creen que la solución al problema político vasco va a venir de la mano de más represión, de más vulneración de derechos fundamentales. Creo firmemente que la solución al problema vasco va a venir de la mano del reconocimiento de los derechos que como pueblo le corresponden y de la mano del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de su ciudadanía. En definitiva, pasa por garantizar un escenario de verdadera paz, convivencia y democracia. Creo que esto es -y anteriormente se lo decía- lo que la gran mayoría de la sociedad vasca está reclamando en este momento. Sin lugar a dudas, crear y consolidar ese escenario en primer lugar, y principalmente nos corresponde a todos los agentes políticos, económicos y sociales de Euskal Herria, a todo el panorama, y creo que en eso estamos la mayoría, pero no menos cierto es que corresponde al Gobierno de España, por la responsabilidad que también tiene en la situación política del País Vasco, en el problema vasco, facilitar e impulsar un escenario de normalización política. En lo que corresponde a este ministerio, que es parte de lo que usted ha denominado como lucha antiterrorista, la sociedad vasca de manera mayoritaria e incluso personas de gran relevancia internacional, tanto en la declaración de Aiete como en el acuerdo de Gernika, están solicitando a su Gobierno, y en lo que afecta a su ministerio, una serie de pasos que permitan facilitar ese escenario al que anteriormente hacía referencia.

En concreto, lo resumo en tres puntos que serían determinantes y creemos urgentes; algunos de ellos ya se han mencionado por algunos de los portavoces. En primer lugar, sería el fin de las políticas de ilegalización, que es fundamental. En segundo lugar, y también el ministro ha hecho referencia al respecto, el cese de la política penitenciaria que se lleva con respecto a los presos políticos vascos. Me refiero al fin de la dispersión, a la libertad de los presos gravemente enfermos, la libertad de todos aquellos que tienen cumplidas ya las condenas íntegramente y, en definitiva, la derogación de una legislación de excepción. Estas medidas son urgentes y necesarias y hay una tercera demanda a la que ha hecho referencia no solo usted, señor ministro, sino el resto de grupos, que creemos muy importante en ese camino hacia un escenario de verdadera paz y conciliación en el


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País Vasco, y es el reconocimiento, reconciliación y reparación de las víctimas. Usted ha hecho referencia a las víctimas del terrorismo y, en efecto, así debe de ser, pero no se puede quedar este reconocimiento, esta reconciliación y esta reparación únicamente en las víctimas del terrorismo. Existen otras víctimas con relación al conflicto que deben ser igualmente reconocidas y reparadas, y me estoy refiriendo a los otros 204 muertos, a las más de 5.000 denuncias por torturas que se han efectuado en los últimos veinticinco años y a los más de seis desaparecidos que existen, como decía, en relación con este conflicto.

Estoy de acuerdo con usted en que es fundamental la verdad de todo esto. Señoría, ahí sí que creo que es fundamental recoger la verdad de todas las partes. Solo así se puede garantizar la verdad, un verdadero reconocimiento de lo ocurrido; verdad que, en efecto, como decía, nos corresponde recoger entre todos y en la que todos nos tenemos que sentir identificados, huyendo del escenario de vencedores y vencidos. Por eso, señor ministro -finalizo ya-, me atrevería a solicitarle que se sitúen ustedes en el carril de las soluciones junto a la mayor parte de la sociedad vasca, también junto a Amaiur, y contribuyan en lo que les corresponde para garantizar y favorecer un escenario, como decía, de paz justa y de democracia verdadera, un escenario sin vulneración de derechos fundamentales.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urbina.

Tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señorías, empiezo, señor ministro, dándole la bienvenida a esta Comisión y felicitándole por su nombramiento y, sin duda, deseándole éxito y acierto en su cometido.

Ahora usted es responsable de un área muy importante desde nuestro punto de vista, un ministerio de Estado que trata de la libertad de los españoles, de su seguridad, del orden civil, de la protección del libre ejercicio de los derechos, también de los límites de ese ejercicio y, cómo no, porque a veces lo olvidamos, del cumplimiento de los deberes. Para hacer bien su trabajo, que sé que lo hará, tengo que pedirle rigor, profesionalidad, determinación, espíritu de servicio, y en ese camino sabe que usted contará con la colaboración de este diputado y, sin duda, la colaboración activa y leal de mi partido, Unión del Pueblo Navarro. Hablo de espíritu de sacrificio y generosidad como el que usted ha denominado héroes de Orzán, Javier, José Antonio y Rodrigo, y yo me uno al homenaje que todos los portavoces, todos menos uno, el presidente y el ministro hemos hecho de su heroica acción. A mí, sinceramente, su sacrificio y su generosidad aún me provoca cierto escalofrío, lo tengo que reconocer, y, desde luego, profunda admiración y orgullo. Usted ha dicho que así son nuestros policías, y es así, y así son siempre. Hoy no estaríamos, sin duda, tan cerca del final de ETA si no fuera por el sacrificio y la generosidad de tantos y tantos policías nacionales, guardias civiles, militares y civiles que dieron su vida por nuestra libertad y por nuestra seguridad, y yo me apunto, y UPN se apunta, sin complejos a trabajar por una sociedad, una España construida por ese instinto de ayudar, ese impulso de ser solidarios hasta el punto heroico de jugarse la vida por los demás. Y lo digo expresamente porque en mi tierra se hacen públicos homenajes a individuos que asesinaron, mandaron asesinar, fabricaron la munición ideológica con la que, luego, algunos consciente y selectivamente mataron a otros ciudadanos y sobre cuyo mal ejemplo se pretende construir una sociedad totalitaria y, a mi juicio, desde luego, muy enferma. Usted hablaba de deslegitimación social del terror y nosotros nos apuntamos a ello. Hagámoslo. Txapote no es un preso político, es un asesino en serie.

Quiero que como navarro traslade el agradecimiento de mi partido y de gran parte de la sociedad navarra a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por la defensa de la libertad y de nuestro modelo democrático de sociedad. El presidente, don Mariano Rajoy, lo dijo en su investidura: no les debemos nada. Es así y así debe ser. Si estamos en disposición de vislumbrar un final, es y será porque los terroristas entiendan que nada obtendrán ni por matar ni por dejar de hacerlo. Durante cincuenta años ETA ha querido jugar un juego macabro en el que el terror ha sido utilizado para obtener rédito político, y es verdad que en muchas ocasiones lo ha obtenido. Hoy, miles de ciudadanos vascos no pueden votar en su tierra, no viven en su tierra. Por no soportar la presión y el chantaje viven ocultos en otros lugares de nuestra geografía. También es cierto que algunos partidos, durante estos treinta años, se han beneficiado de que todos esos ciudadanos y otros que aún están inconfesablemente en el País Vasco y en Navarra, no puedan ejercer su derecho político, porque los partidos no nacionalistas somos impotentes a la hora de poder buscar listas electorales en muchísimos municipios, hecho que, obviamente, beneficia a aquellos partidos políticos que no sufren el chantaje y que sí se pueden presentar desde hace treinta años a esas elecciones, sobre todo a las locales y regionales. Señor ministro, hablaba de juegos. Mientras ETA exista el juego continúa. Tenga la seguridad de que solo podemos esperar de ETA su mejor jugada, aquella que más les beneficie a ellos. No lo olvidemos. Por eso, no podemos ni debemos bajar la guardia. Y lo que en ningún caso podemos hacer es hacer dejación de nuestra propia responsabilidad o jugar mal nuestras propias cartas, o pensar que sus urgencias históricas, políticas o como organización son también las nuestras. Quien defienda la independencia, la secesión, otro modelo de sociedad, una Cuba, por decirlo de alguna manera, excluyente y misérrima en el corazón de Europa, debe saber que no podrá servirse de ETA para obtener sus fines políticos. Eso, señorías, debe de acabar.

Usted hablaba de unidad, determinación, firmeza, inteligencia, prudencia y discreción, y nosotros, desde luego, le tomamos la palabra. Ha citado algunas medidas que afectan en especial a la Comunidad Foral de Navarra,


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a nivel competencial y a nivel personal. Yo le solicitaría esa disponibilidad para dialogar, esa mayor cercanía, diálogo y receptividad, porque, efectivamente, Navarra se siente implicada en los temas de Interior. Pero le reitero, para terminar, que Unión del Pueblo Navarro es un partido aliado del Gobierno en esta materia, un aliado leal. Así que sí que le solicito, y sé que lo obtendré, que nos tratemos como tal, con esa confianza. Termino deseándole éxito, felicitación y confianza en que su trabajo será beneficioso para todos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV tiene la palabra don Aitor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: En primer lugar, quiero desearle lo mejor al señor ministro en su nueva tarea. Es un ministerio complicado, difícil y va a necesitar muchas dosis de consenso para afrontar las tareas que ya desde este mismo momento tiene encima de la mesa como responsable del área de Interior. Se ha hablado de muchos asuntos por parte de otros portavoces y me voy a centrar en cuatro áreas. La primera, como no puede ser menos, es la relativa al fin de la violencia y a la desaparición de ETA. En este ámbito lo que nos gustaría pedir, lo que pedimos desde nuestro grupo político al ministro del Interior, es prudencia y rigor no solo en las actuaciones sino también en todas las manifestaciones. Ha llamado la atención que en un mismo día, en el plazo de veinticuatro horas, se esté avisando sobre un posible rearme de ETA, sobre un final táctico de la organización ETA y al mismo tiempo se anuncie -ese mismo día- la disminución del número de escoltas, como también se ha reiterado por parte del ministro hoy. Son medidas que vistas así parecen contradictorias. Si verdaderamente hay datos de que ETA se está rearmando, de que ETA tiene voluntad de continuar con su actividad terrorista no tiene mucho sentido que se disminuya el número y los servicios de escolta; por lo tanto, debemos andar con mucha prudencia en las manifestaciones porque de otra manera podemos inducir a la confusión de la sociedad. Usted va a tener nuestro apoyo, sin duda, si es que hay voluntad de avanzar en la consolidación de la paz y en la definitiva eliminación del fenómeno terrorista. Eso exige un trabajo en silencio y un trabajo de buscar consensos, pero exige también asumir por parte de todos, en primer lugar por parte del Gobierno del Estado, porque estamos ante un nuevo tiempo; que los mecanismos, los instrumentos que se habían estado utilizando hasta la fecha -sobre todo en la manera como se habían estado utilizando hasta la fecha- hay que reflexionarlos y quizá haya que modificarlos en este nuevo tiempo.

El mundo se mueve, muchos agentes políticos varían sus posiciones e incluso el Parlamento francés, concretamente la Asamblea Nacional francesa, han tomado una resolución en la que bajo determinadas circunstancias hablan del posible acercamiento de los presos por terrorismo a cárceles cercanas a su domicilio para el cumplimiento de su condena. No tiene sentido quizá plantearnos en toda su amplitud un ordenamiento de excepcionalidad como el que ha sido el relativo a la represión terrorista en el Estado. No olvidemos que mucho de él está basado en el artículo 55.2 de la Constitución que es en sí mismo el que habilita para una excepcionalidad de la legislación en materia terrorista. Las cosas se están moviendo; hay que aceptar esa situación y hay que plantear nuevos consensos. Si el Partido Popular quiere está en su mano lo que no había estado en las últimas décadas, concitar un gran consenso sobre el fin de la violencia terrorista donde estemos todos o casi todos -yo creo que incluso todos-; un gran consenso tanto en Euskadi como en este Parlamento, que es posible para avanzar en estos temas. Nunca había sido más sencillo, más posible alcanzarlo. En ese sentido mi grupo presentó ya hace semanas, en el mes de diciembre, una proposición no de ley que no es de cosecha propia sino que intentaba recoger en su literalidad una resolución que fue aprobada por unanimidad, con el voto de todos los partidos políticos de la Cámara, el día 10 de noviembre del año 1998 y que instaba al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrollara una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia. Esto se aprobaba por unanimidad por esta Cámara en el año 1998, en plena época de efervescencia terrorista. Tenía un segundo punto, en el que se hacía mención especial a la solidaridad con las víctimas de la violencia terrorista y sus familias, y un tercero, en el que se hablaba de que el consenso y el respeto a los principios democráticos y las legítimas opciones políticas debería regir todo ese proceso que conduciría al fin de la violencia terrorista y de que se evitaran actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas. No estoy diciendo que esto tenga que volver a aprobarse en su literalidad por la Cámara, pero sí puede ser un buen punto de partida, reconociéndonos todos, que todos lo votamos, en este texto, para que a partir de aquí se puedan buscar consensos. Si no es en este texto, en otros inspirados por el Gobierno, pero son posibles. Insisto, todas las fuerzas políticas, incluida la que sustenta el Gobierno, afirmaron en ese momento, en el año 1998, buscar un más amplio diálogo con las fuerzas políticas para desarrollar una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria, de la forma que mejor propicie el fin de la violencia. Es un momento clave, señor ministro, y mi grupo entiende que sería irresponsable no aprovechar esta situación, no explorar esta situación al menos y ver qué posibilidades brinda. En ese sentido nuestro apoyo absoluto a que se trabaje con discreción, a que se busquen consensos, se busquen complicidades y, sobre todo, a activar una nueva política en esta materia porque los tiempos así lo exigen.

Quería recordar también, al hilo de la escasez de recursos y de la disminución de los servicios de escoltas, recordar, digo, porque no se trata de una petición, no es una petición, que los ministros, el Ejecutivo en general,


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todos nosotros y todos los ciudadanos, estamos obligados a respetar y cumplir la ley. En este sentido el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco habla de que lo que queda reservado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, y va especificando: puertos, aeropuertos, costas, fronteras, aduanas, control de entrada y salida de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición, pasaportes y documentos, contrabando y fraude fiscal del Estado. En resumen, tres puntos: fronteras, control de fronteras, extranjería y pasaportes y documento nacional de identidad, control de armas. Eso es a lo que reserva el estatuto de autonomía el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se lo digo hoy, porque ETA como organización no ha desaparecido, pero, en tanto en cuanto la violencia terrorista confirme su absoluta desaparición, es evidente que este artículo habrá que ponerlo en vigor. Además será beneficioso para todos porque permitirá redistribuir muchos efectivos que hoy están en el País Vasco que, si mis datos no son incorrectos, ascienden nada más y nada menos que a 4.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además está la Policía autónoma, sería interesante que todos esos efectivos y esa capacidad pudiera aprovecharse, en un momento como el actual de escasos recursos, en otras funciones, insisto, a medida que se confirme la desaparición del fenómeno terrorista.

Quería además hacer un apartado especial con respecto a los CIE, a los centros de internamiento de extranjeros. Me alegro de la manifestación de su voluntad de aprobar un nuevo reglamento, de desarrollar una nueva normativa; es más que necesario y se había reclamado con anterioridad en esta Comisión; me alegro también de que se plantee el modelo de gestión a tenor de lo que apuntaba ya la defensora del pueblo, y que la policía se encargue únicamente de lo que es seguridad externa mientras que la dinámica de los centros pueda estar en manos de otro tipo de funcionarios. No sé si sería posible, pero nos gustaría que pudiera adelantar algunas líneas de dicho reglamento y nos gustaría saber si el Ministerio del Interior ha puesto en marcha ya alguna iniciativa o piensa hacerlo para asegurar la investigación de las alegaciones de malos tratos en los procedimientos de detención y expulsión inmigrantes. También nos gustaría saber si van a replantearse la política seguida hasta ahora de no presentar datos ante los organismos internacionales sobre incidentes racistas. Creemos que sería bueno proporcionar estos datos -acabo ya, señor presidente- porque nos permitiría avanzar más en el diagnóstico y en las políticas a desarrollar para acabar con ese tipo de actitudes.

Por último, señor presidente, con esto concluyo, en cuanto a la violencia de género se ha referido también al control de los agresores y ha dicho que habría que tomar determinadas medidas. Lo que nos parece evidente es que las estadísticas señalan que se ha producido un aumento de los asesinatos realizados por personas incursas o afectadas ya por medidas cautelares de alejamiento, con más agravante, aunque estén controladas por medidas tecnológicas, las famosas pulseras de detección. Cuando habla usted de control a agresores y ha dicho que habría que tomar medidas, nos gustaría que pudiera especificar más concretamente cuáles y de qué tipo.

Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Concluye el turno de intervenciones de los grupos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Escobar tiene la palabra.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Con carácter previo, quiero, así como lo han hecho el resto de los portavoces, expresar un reconocimiento a los policías nacionales Javier López, José Antonio Villamor y Rodrigo Maseda. Se ha destacado aquí su ejemplaridad, que queda fuera de cuestión. Quiero trasladar también el apoyo a las familias, que indudablemente estarán atravesando un peor trago.

Ya entrando en lo que afecta a la comparecencia, desde el Grupo Popular, queremos, señor ministro, agradecer su comparecencia en el fondo y en la forma. Todos los que estamos aquí y ya llevamos años en política -hablo por mí, por lo menos- sabemos que tan importante es el fondo como la forma. En una comparecencia que comienza la legislatura, es importante -a mi juicio fundamental, desde el punto de vista parlamentario-, saber en qué escenario nos va a corresponder jugar. Por eso, su conocimiento de los entresijos parlamentarios, su familiaridad con este entorno parlamentario, va a beneficiar tremendamente el porvenir de esta Comisión, con permiso del presidente. En esta Comisión se abre una etapa ciertamente interesante. En ese reconocimiento y en esas felicitaciones quiero expresar también un recuerdo a quien me antecedió en la portavocía, al señor Cosidó, al que por otra parte usted ha tenido el acierto de incorporar a su equipo como director de la Policía Nacional. Así que, señor ministro, no hacen falta bienvenidas porque más que nunca podemos decir que está usted en su casa, si se me permite la expresión. En ese sentido, va a contar por supuesto con todo nuestro apoyo y con nuestra leal colaboración respecto de todo lo que se ha planteado. Mucho más cuando después de lo que hemos escuchado creo que plantea un nuevo escenario, un nuevo y mejor enfoque en la política de seguridad, desde el punto de vista del Grupo Popular. Es un nuevo enfoque que responde a los nuevos desafíos y a las nuevas formas de delincuencia que existen y que, desafortunadamente, ahora mismo empiezan a imponerse por el mundo.

Destacaría cinco aspectos de su exposición. Usted ha mencionado diez líneas estratégicas, pero voy a retener cinco que quiero compartir con sus señorías. Una, la dimensión internacional de su enfoque de política de Interior, en la que la experiencia de sus colaboradores redobla así ese compromiso por la apuesta internacional. Cuenta con un equipo muy preparado y muy volcado en


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el área internacional, con lo cual, queda fuera de cualquier duda su apuesta por la escena internacional. En segundo lugar, se ha dicho -lo ha manifestado de forma enfática- el compromiso con las víctimas. El compromiso con las víctimas es el pilar ético de nuestra sociedad, irrenunciable; usted lo ha manifestado, y el Grupo Popular desde luego lo comparte. En tercer lugar, la prevención y la formación. Conocer las amenazas ayuda a evitar el delito, y es tanto como decir prevenir para no tener que lamentar. -Esto es absolutamente fundamental en política de seguridad-. En cuarto lugar, me detengo en lo que usted también ha mencionado: la defensa de los más vulnerables. Que la gente más débil, la que pueda tener mayores dificultades, la que pueda estar más sometida al riesgo del delito, se sienta respaldada por el Estado de derecho, me parece fundamental. Eso lo concreto en la cuestión de los menores, sobre la que luego me detendré porque me parece importante en una sociedad decente apoyar sobre todo a los más débiles, que personalizo en los menores. Y en quinto lugar, el Estado de derecho. Las reglas del juego democrático siempre, siempre, definen nuestra sociedad y desde luego, lo enfatizo, a nuestro partido. Nuestro partido va a defender, como no puede ser de otra manera, las reglas del Estado de derecho como terreno de juego en el que todos tenemos que jugar. Y en este arranque de legislatura, señorías, no quiero olvidarme de todos los demás grupos políticos que están aquí representados y desde ahora, aunque ya se ha dicho por algún otro portavoz, yo lo subrayo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y me comprometo en el esfuerzo por, desde el respeto parlamentario, perseguir el consenso en los temas que puedan ser de interés general. Saludo también, me consta que nos acompañan, a miembros de la Cámara Alta, a los senadores que nos honran en este caso con su presencia entendiendo así que todo lo que afecta a Interior es algo que nos importa a todos los demócratas y por eso destaco esa presencia.

En el Grupo Parlamentario Popular nos proponemos buscar, desde luego en colaboración con el ministro, pero entre todos, la definición y el diseño de estrategias conjuntas al servicio de la libertad y de la seguridad. Porque entendemos que así nos lo requiere la sociedad española. En ese sentido nuestra mano ya estaba, siempre, pero una vez más en mi condición de nuevo portavoz, sinceramente tendida a cualquier ejercicio de colaboración. Nos gustaría destacar en estos comienzos el reconocimiento que ha hecho el señor ministro en esta Comisión a las víctimas del terrorismo, y recordar a las fuerzas políticas que se incorporan a la andadura parlamentaria que hay que hacer política avanzando en la paz y la democracia, pero que hay un supuesto previo que es exigir la condena de la violencia en todas sus manifestaciones y formas, en todas sus manifestaciones y formas. En el Grupo Parlamentario Popular pensamos, creemos, que la democracia aquí solo tiene un carril, un camino, que es el Estado de derecho, que es la Constitución española. Es el Estado de derecho el que tiene que marcar las reglas y el ritmo. Las reglas y el ritmo no las marca nadie ni las impone nadie más que los demócratas a través del Estado de derecho. La democracia tiene hoy un objetivo muy claro, permítanme que lo diga y que comparta con ustedes esta reflexión, lo ha dicho muy bien el ministro: la disolución incondicional de ETA. Dicho más claro: la entrega de las armas. También lo ha dicho alguien muy acertadamente: que ETA no exista. Ese es el supuesto y ese es el objetivo que nosotros compartimos. Los demócratas creemos que hay que plantear una necesidad además, que es el reconocimiento del daño causado y por supuesto, por parte de ETA, el perdón y el arrepentimiento. Expresamente me refiero a quienes se incorporan en la andadura parlamentaria, a los señores de Amaiur. En este Congreso, Congreso de los diputados de España, que es tanto como decir, en democracia, tienen todo por demostrar, tienen todo por demostrar. Ahí hago mía la frase que dijo el señor presidente, Mariano Rajoy: no les debemos nada. Lo digo con toda la firmeza, con toda la convicción y también desde la legitimidad de hablar en el Congreso de España. Soy de La Rioja, que es una tierra de encuentros, y los demócratas no podemos admitir ni admitiremos una convivencia -en La Rioja sabemos mucho de convivencias, se lo puedo asegurar- basada en el miedo o en la imposición, en la amenaza o en el chantaje, en estar mirando de reojo al pistolero porque sigue teniendo la pistola, porque sigue teniendo la pistola. Y tampoco vamos a consentir y no vamos a dar por buena una convivencia fundamentada simplemente en la resignación, eso no es convivencia. La verdadera convivencia, señorías, la verdadera esperanza en España y en cualquier lugar de esa hermosa tierra vasca solo conoce un principio, ese principio es el de la libertad. Ahí nos van a encontrar, ahí nos van a encontrar. Por eso el Grupo Popular apoyará a este Gobierno en lo que ha dicho que va a hacer y que va a hacer, que es tanto como asegurar la paz definitiva, duradera y en libertad, pero, insisto, siempre desde el más estricto respeto a las normas del Estado de derecho y con pleno respaldo a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso saludamos en esta fase previa la tramitación del real decreto que desarrolla la Ley 29/2011, en reconocimiento al colectivo de las víctimas. Nos parece una asignatura pendiente y nos parece fundamental respaldar a ese colectivo.

Entrando ya en otros asuntos de la comparecencia voy a tratar de ajustarme al tiempo e imprimir la máxima celeridad. Empiezo con el bloque que responde a la austeridad. Corríjame si me equivoco pero la cifra que recibió en deuda su departamento era de más de 217 millones de euros, deuda que supongo heredada del anterior responsable. No quiero polemizar sobre esto, pero ahora mismo al comienzo de la legislatura conviene dejar claras cuáles son las premisas sobre las que articular la política. En esa deuda y en el posterior acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, corríjame también, señor ministro,


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si no estoy en lo cierto, pero dentro de ese escenario de crisis y de contención este acuerdo señala expresamente la posibilidad de convocar plazas tanto para la Policía como para la Guardia Civil, de ahí deduzco que la seguridad es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular incluso en una época de crisis económica. Dentro de esa austeridad también va a contribuir notablemente a ser más eficiente la eliminación de tres direcciones generales, y además va a contribuir a ser más eficiente sin merma de la seguridad y sin merma de ningún servicio el plan de sostenibilidad de las cuentas públicas que usted ha propuesto, entre otras cosas, racionalizar las compras, eliminar duplicidades, coordinación, etcétera.

En el segundo bloque, en el capítulo de cifras -porque soy consciente que no partimos de cero-, conozco que a cuenta de las estadísticas de criminalidad ha habido intensísimos debates en el Congreso de los Diputados, en esta Comisión. Sin pretender ahondar en la polémica -resumo la situación- se pasa del apagón estadístico, del apagón informativo a que se enciende la luz de la transparencia y de la información. Hay muchos datos para ilustrar esta afirmación y los voy a aludir precisamente porque creemos que es bueno hablar ante todo de futuro. Pero resumo, del apagón estadístico, del apagón informativo se pasa ahora mismo a la más luminosa transparencia en términos políticos; por eso subrayo el compromiso que acaba de adquirir de suministrar con carácter trimestral los datos del índice de la criminalidad. Esta es mi percepción, y esto contribuye a afianzar el concepto de seguridad, porque cuando no hay dudas sobre la información que se comparte, cuando todo es más público en la medida de lo posible se genera cierta tranquilidad pública. Por eso, esto ayuda también a mejorar la percepción de seguridad. Tercer bloque, capítulo de personal. Soy consciente también de que ha habido aquí intensos y encendidos debates en materia de personal. Me quedo con una cuestión y con un compromiso creo que irrenunciable: toda la política de personal tiene que hacerse -como usted acaba de proponer- respetando los principios de capacidad, de mérito y de antigüedad. Es absolutamente fundamental; lo digo porque ya ha habido en la anterior etapa alguna que otra sentencia -menciono la del Tribunal Superior de Madrid- en la que se obligó a rehacer el catálogo de puestos de trabajo precisamente por no ajustarse a esos principios a los que me he referido. No insisto en ello, es debate superado y es importante hoy ponerlo una vez más de relieve.

Otro bloque de cuestiones, que usted ha planteado y que compartimos desde el Grupo Popular, es el del ejercicio permanente por la colaboración y por la participación ciudadana. Son mecanismos que nos van a permitir en materia de seguridad conocer más directamente el problema, sentirnos más próximos a quien sufre el posible riesgo de delito o de delincuencia y, de esa manera, dispensar unos operativos más eficaces. En cooperación internacional, como usted ha dicho y le recordaba al principio de mi intervención, partimos de un hecho incuestionable: la amenaza, hoy más que nunca, no está solo dentro, en España; la amenaza está fuera; la delincuencia está cambiando en su forma y en su intensidad, y el delito, desgraciadamente, no conoce fronteras; por eso, estrechar la cooperación internacional, empezando por la Unión Europea, a través de los mecanismos de participación de Europol, Eurojust, Cepol o Frontex son, como nos ha anunciado el ministro, herramientas para atajar, prevenir y perseguir cualquier forma de criminalidad que traspase nuestras fronteras. Eso nos va a permitir corregir episodios de inmigración oscura -hablo de tráfico de personas, que son episodios ciertamente durísimos-, tráfico de vehículos, trata de seres humanos, pornografía infantil, etcétera y, por supuesto, el terrorismo. Quiero expresar, en nombre del grupo, nuestro agradecimiento a la actitud de cooperación que ha expresado la República de Francia; en ese sentido, el presidente Sarkozy fue muy gráfico: en lucha antiterrorista -suscribe y enfatiza- no hay Pirineos.

Quiero felicitar además al ministro por una cuestión puramente operativa.

El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, le rogaría que vaya terminando, por el principio de equidad.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muy bien.

Se trata de la separación de las dos direcciones, la de la Policía y la de la Guardia Civil. Son herramientas indispensables para que la seguridad sea más operativa.

Acabo con dos referencias: primero, seguridad ciudadana. Parte de un concepto mucho más amplio y más acertado de la seguridad. La seguridad abarca el concepto de seguridad jurídica, el concepto de seguridad en el tráfico de las personas, en el tráfico mercantil habitual; la seguridad abarca la seguridad subjetiva, la percepción que podamos tener los ciudadanos de seguridad y, por eso, las reformas legislativas en torno a la multirreincidencia, evitar el vandalismo, el incivismo o la violencia ciudadana atajan la sensación de impunidad. Por supuesto, quiero destacar esa apuesta que hace desde su ministerio por los sectores más vulnerables. He mencionado antes a los menores, pero incluyo también a las mujeres o a los ancianos. Y lo va a hacer, además, de la manera más inteligente posible, que es incorporando toda la tecnología a su alcance: bases de datos comunes y -pongo un ejemplo- el hecho reciente de ampliar las redes sociales, como pueda ser Twitter, para evitar el tráfico de drogas, son una muestra inmediata y palpable de lo que es una apuesta inteligente por la seguridad.

Termino como he empezado. Señor ministro, le traslado, a usted y a su equipo, nuestra leal colaboración y nuestro más entusiasta apoyo. Le puedo asegurar que se puede ir de aquí tranquilo en la certeza de que las líneas que usted ha expuesto van a recibir, creo, el apoyo unánime de todos los grupos, en la certeza de que España -quizá sea lo más importante- avanza hacia un país mucho más seguro y de que la seguridad es hoy por hoy


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aliada del progreso, de la actividad económica y del empleo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno de réplica del señor ministro. Cuando guste.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): En primer lugar y con carácter general, quiero agradecerles a todos ustedes el tono de sus intervenciones; les agradezco, muy sinceramente, a casi todos el reconocimiento que han hecho a los policías nacionales que dieron su vida de forma heroica la madrugada del pasado viernes en la playa del Orzán en A Coruña. Les agradezco también, con carácter general, sin perjuicio de que ahora particularizaré en algunas cuestiones que los diferentes portavoces me han planteado, el ofrecimiento de apoyo y de consenso en un momento y para unas cuestiones como las que, con carácter general, tienen por ámbito de responsabilidad al Ministerio del Interior y, como es lógico, de manera muy particular, lo que tiene que ver con el final del terrorismo, el final de ETA. Estoy dirigiéndome de manera muy particular, como es lógico, al portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, pero a casi todos hago extensiva la declaración de que el Gobierno, y en nombre del Gobierno quien les habla en estos momentos, el ministro del Interior, no quiere vivir contra ETA sino que quiere vivir sin ETA. Estoy seguro de que casi todos los que estamos aquí compartimos ese deseo y de manera importante la forma de conseguir ese vivir sin ETA desde el momento en el que nos encontramos ahora, momento en el que ha dicho que de manera definitiva e irreversible deja de actuar, y como parece que el ser y el obrar van juntos, si dejan de obrar de manera irreversible, de manera definitiva, lo que corresponde es que dejen de ser, es decir, que dejen de existir. De esa manera, a lo mejor nos lo podemos empezar a creer, pero que no establezcan la presunción de inocencia sobre ETA porque evidentemente dicha presunción no la tenemos. Cuando veamos ese desarme, cuando veamos esa disolución de ETA, creeremos que efectivamente están más allá del tacticismo, lo cual no obsta para que nos alegremos -es razonable que sea así- de que no porque se hayan convertido a la democracia, no por razones éticas, no por razones morales sino porque han sido derrotados por el Estado democrático y de derecho, hayan decidido en estos momentos dejar de actuar, sin perjuicio de que hayan necesitado una puesta en escena para justificar lo que ha sido un debilitamiento extraordinario de sus estructuras operativas por la eficacia de la Policía, por la eficacia de la Guardia Civil, por la eficacia de la cooperación internacional, por la unidad de los demócratas, por el testimonio extraordinario, ético y moral de las víctimas. Todo eso, en conjunto, es lo que ha llevado a la situación de ETA y a que ETA haya dicho que deja definitiva e irreversiblemente de actuar; no por convicción, sino por necesidad. Y, repito, como el ser y el obrar van unidos, que a esa declaración de dejar de obrar le acompañe el dejar de ser. En ese empeño, en ese tránsito del dejar de obrar al dejar de ser en el que nos encontramos inmersos ahora desde una esperanza y una ilusión renovadas pero en ningún caso ingenuas, es donde esperamos y deseamos transitar desde el Gobierno con el conjunto de los grupos parlamentarios que siempre han estado en esa posición. Evidentemente, cuando digo casi todos, ha de entenderse que son todos menos uno, y sé que me han entendido perfectamente.

Al portavoz del Grupo Socialista, don Antonio Hernando, quiero darle las gracias, y al referirme a él lo hago extensivo a todos los grupos que me han dado la bienvenida a esta Comisión y que me desean éxito desde la convicción de que el éxito del ministro y del Ministerio del Interior, con independencia de quien ocupe la titularidad de la cartera, es un éxito que nos interesa a todos. Si el Ministerio del Interior funciona bien -entiéndanme la expresión-, bien para todos por razones obvias, porque tiene encargada de manera muy particular la responsabilidad de políticas públicas como la seguridad, que afecta al ejercicio de la libertad. Se ha hecho referencia antes a que seguridad es presupuesto básico y previo y a que de alguna manera tiene carácter instrumental para garantizar lo que hay que garantizar: que se pueda ser libre y se puedan ejercer de verdad y no solo nominalmente los derechos y libertades fundamentales que nuestra democrática Constitución reconoce al conjunto de los ciudadanos españoles. Por tanto, si el Ministerio del Interior funciona bien, mejor para los españoles, sea quien sea el titular y gobierne quien gobierne. Esa bienvenida y ese agradecimiento que me expresa el señor Hernando y que le agradezco muy sinceramente lo hago extensivo a todos los portavoces que así me lo han manifestado.

Señor Hernando, le agradezco que haya hecho referencia a que el roce engendra el cariño -estamos más cerca de los cuatro años que de los tres y yo también tengo una cierta nostalgia-, y me quedo con su expresión de que no vengo en son de paz sino que estoy en son de paz. Es muy importante que entre el Gobierno y el partido que lidera la oposición haya en estos temas, que son auténticas cuestiones de Estado, entendimiento. Le garantizo que por nuestra parte va a haber toda esa voluntad de entendimiento y estoy seguro que ustedes tendrán también esa voluntad de entendimiento, de gestionar el final de ETA teniendo como hoja de ruta el cumplimiento de la ley; cumplir la ley en general y muy en particular la Ley penitenciaria. En todo ese tránsito y en toda esa gestión es donde yo les pedía prudencia, inteligencia, unidad y discreción, y sé que todos ustedes me entienden porque son políticos experimentados y los que no lo son -que lo son todos ustedes menos uno- ya lo aprenderán; quiera Dios que lo aprendan.

Me sumo, por supuesto, porque me parece de justicia, al pésame por el que ha sido director adjunto operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico. Sabe muy bien el señor Hernando que yo estuve visitándole en la Clínica Ruber la víspera de la revisión de la


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toma de posesión de la nueva cúpula policial en Canillas -estaba ya en estado terminal pero quise visitarle acompañado del director de la policía en la Clínica Ruber-, y no pude ir el pasado sábado al tanatorio porque estaba en otro tanatorio. Estaba en A Coruña, donde se celebró la misa y el funeral por el alma del policía nacional cuyo cadáver ha sido hasta ahora el único rescatado, el de Javier.

Quiero aclararles también a ustedes, como miembros que son de la Comisión de Interior, una cosa que aunque no me la han preguntado creo que es de justicia que ustedes conozcan y es que otorgar la medalla de oro al mérito policial -que es la máxima condecoración policial- a título póstumo tiene aneja la condición -al haber sido rescatado el cadáver- de ser una condecoración pensionada, en este caso a favor de la viuda. Y si no se la he concedido a los otros dos policías cuyos cadáveres no han sido rescatados es porque, al no haber sido rescatados, no se puede expedir la declaración de desaparecido y en ese caso no tiene aneja la condición de medalla de oro pensionada, y nos parecía que era de justicia que los tres policías que en análogas circunstancias perdieron la vida de manera heroica y por no pensar en sí mismos sino en la persona que incluso desde una conducta absolutamente irresponsable puso en riesgo sus vidas y la propia -porque también el pobre muchacho eslovaco falleció-, me parecía que todos tenían derecho a obtener esa condición policial máxima, que es la medalla de oro pensionada. De tal manera les garantizo que en el momento que, o bien sean recuperados sus cadáveres o bien transcurra el tiempo establecido en el Código Civil, se pueda expedir ese certificado legal de defunción, obtendrán el mismo reconocimiento. Y por supuesto, como no solo hay que condecorar a los muertos sino también a los vivos cuando su conducta heroica o ejemplar así lo merece, he ordenado que se instruya un expediente en relación con todo lo que sucedió, porque tuve ocasión de estar reunido, poco antes del funeral, con bastantes de los policías que participaban en el operativo para decirles entre otras cosas lo que les acabo de decir a ustedes y también que si de la instrucción de ese expediente se derivara -como estoy seguro se derivará- el merecimiento de algún otro tipo de reconocimiento en forma de condecoración para aquellos policías, hombres y mujeres, que participaron ejemplar y heroicamente en ese operativo, así se les reconozca. Así como a un joven de 26 años que pasaba por allí -y no es una figura retórica, es que fue así-, vio lo que estaba sucediendo y, sin pensarlo, se incorporó a esas tareas y salvó milagrosamente la vida. Creo que conviene recordar en los tiempos actuales y frente a esas conductas irresponsables en el ejercicio del ocio, que hay jóvenes que son capaces de entender el ocio de otra manera y no dudar tampoco -como lo hicieron los policías- en participar jugándose su vida para salvar la de otras personas. También ese joven nos parece que merece -si así se acredita en el expediente- ser reconocido como ejemplo para el conjunto de la sociedad, para la juventud y para la policía.

En relación con el terrorismo -y con esto quiero contestar a casi todos los grupos-, al decir que no queremos vivir contra ETA sino sin ETA creo que de alguna manera podemos compartir el espíritu del Gobierno. No queremos vivir contra ETA sino que queremos vivir sin ETA. Nos toca gestionar el fin de ETA desde esta declaración de cese irreversible de hostilidades, como dicen ellos, o de terrorismo, como digo yo, a la desaparición. Y para eso, insisto, el consenso es fundamental; el consenso con los demócratas que nos ha traído hasta aquí, porque ya cuento evidentemente con la actuación ejemplar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con que los fiscales y tribunales seguirán ejerciendo su labor, con la cooperación internacional con Francia. Insisto en lo que dijo el presidente Sarkozy: No hay monteras, no hay Pirineos en la colaboración para luchar contra ETA. Me lo dijo el ministro del Interior en el encuentro bilateral que tuvimos y en dos encuentros que he tenido con el embajador de Francia: No hay Pirineos en la lucha contra ETA. Por tanto, esa cooperación internacional en este tránsito está asegurada; la eficacia y el no bajar la guardia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está asegurada; el testimonio ejemplar de las víctimas del terrorismo de ETA está asegurado.

La unidad de los demócratas me la llevo yo hoy de aquí, de esta Comisión de Interior, como un elemento imprescindible, absolutamente necesario; no suficiente, pero absolutamente imprescindible y necesario para que este tránsito nos lleve a lo que todos deseamos, que es que la esperanza de vivir en una sociedad sin ETA sea una realidad en el País Vasco y en el conjunto de España. Les agradezco, por tanto, su ofrecimiento y entiendo perfectamente que ustedes me hayan entendido -permítanme la redundancia- al aludir a la inteligencia, a la prudencia, a la unidad y a la discreción en la aplicación de la ley. Quede claro también que no se interprete que cuando estoy diciendo esto estoy diciendo discretamente no aplicar la ley -obviamente, sé que no es el caso-, la Ley penitenciaria, que permite discrecionalidad, no arbitrariedad, en algunas de sus políticas. Y tengan la seguridad y la certeza de que sin ETA los presos de ETA -y hablo desde el conocimiento, obviamente- serán más libres para acogerse a los generosísimos beneficios que la Ley penitenciaria permita. Por tanto, de ahí se deduce esa expresión que yo he formulado en algunas ocasiones: en este momento en el que estamos ahora, el mayor enemigo de los presos de ETA es la propia organización terrorista ETA, que no les está permitiendo -recuerden la cifra que les he dicho del 95 por ciento, dada por el propio servicio de Instituciones Penitenciarias- acogerse a los beneficios de todo tipo que plantea la Ley penitenciaria. ETA no se lo permite, con sus coacciones de todo tipo, con sus amenazas de todo tipo y con sus extorsiones de todo tipo. Todos conocen más o menos ese mundo como para saber a qué nos estamos refiriendo. Vías que se habían iniciado, que se habían


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explorado para ayudar a aquellos presos de ETA que querían acogerse, como establece la ley, de manera individual a esos beneficios, pidiendo perdón, manifestando arrepentimiento, asumiendo en su caso incluso las responsabilidades civiles que iban anexas a la condena correspondiente, etcétera, todos los que se quieren acoger a esa vía y acompañarles en ese tránsito, ha quedado interrumpido en gran medida desde el momento en que se han generado unas falsas expectativas derivadas de ese dejar de actuar, en la medida en que ese dejar de actuar no ha ido acompañado del dejar de ser, dejar de existir de ETA. Pero estoy seguro de que juntos hemos llegado hasta aquí y juntos seguiremos hasta el final. Ahora vemos la luz al final del túnel. Atravesaremos el túnel y veremos la luz en su plenitud.

Me hablaba el señor Hernando del reglamento sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo, que fue aprobado con 349 votos a favor sobre 350 -no recuerdo si fue un error o una ausencia forzada, pero en todo caso es un consenso del cien por cien-. Yo le garantizo en relación con este tema y con cuantas cuestiones del mismo tipo se plantean -por ejemplo, el reglamento en relación con los CIE-, el mayor nivel de consenso. Les manifiesto como ministro del Interior mi voluntad de trabajar juntos, en el bien entendido de que al final al Gobierno le toca gobernar, pero por supuesto todo lo que podamos acordar -y estoy seguro de que podemos acordar muchas cosas- estoy dispuesto a hacerlo, y seguro que acordaremos muchas cosas. En relación con el reglamento sobre víctimas del terrorismo, tendría poco sentido que, habiendo llegado a un consenso del cien por cien en la aprobación del la ley, no lo tuviéramos en relación con el reglamento; si no, estaríamos en aquello que decía el conde de Romanones de haga usted la ley y déjeme hacer a mí el reglamento. No es esa la actitud de quien les habla en estos momentos y, en consecuencia, tanto para ese reglamento, señor Hernando y señores portavoces, como para lo que hace referencia, por ejemplo, al reglamento de los CIE -que ha salido mucho aquí-, les ofrezco desde ahora la voluntad de consenso y de trabajar juntos.

Me preguntaba el señor Hernando -le contesto, y por extensión permítanme que los que también han tocado de manera similar o colateral estas cuestiones se den por contestados, no por falta de cortesía parlamentaria, sino todo lo contrario, dada la hora que es y por economía procesal- en qué medida, por ejemplo, la eliminación del mando único en relación con la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil puede dificultar la coordinación. Aquí me permito copiar aquella máxima de Napoleón cuando decía: vayamos por separado, con la debida coordinación, a conseguir juntos la victoria. Se trata de garantizar la coordinación política en la figura del secretario de Estado de Seguridad y la coordinación operativa mediante los mecanismos de coordinación técnica establecidos. Me ha preguntado por algunos de ellos el señor Hernando; si se mantenían o no el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado o el CEMU. El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y el CICO, con alguna pequeña modificación como que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista en lugar de depender del ministro pasa a depender del secretario de Estado de Seguridad, se mantienen, así como el resto de órganos de coordinación. Van a pasar a depender directamente de quien tiene establecida la función de coordinación de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, que es el secretario de Estado de Seguridad. La pierde de forma inmediata quien les habla, pero no la pierde, sino que pasa a depender -y creo que eso es más funcional, operativo y lógico- del secretario de Estado de Seguridad. Otra cosa es el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, por el que me preguntaba. Al haber desaparecido la dirección única, entendemos que el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado deja de tener sentido y se integra en el gabinete de coordinación ejecutiva, que depende del secretario de Estado de Seguridad. Es decir, los mecanismos de coordinación técnica operativa entre dos cuerpos que tienen naturaleza distinta, funciones distintas, misiones distintas, pero que comparten un único objetivo, que es garantizar la seguridad de los españoles, como son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, esos mecanismos, como no podía ser de otra manera, se mantienen.

En relación con los CIE y sin perjuicio de lo que he dicho, quiero añadir lo siguiente. Pedía el señor Hernando que se parezcan más a los CETI y menos a una cárcel. En ese ámbito nos vamos a mover. Don Aitor Esteban del PNV lo pidió de manera especial, pero, insisto, al haber hablado cronológicamente primero el señor Hernando le contesto a él, pero contesto también al señor Esteban, al señor Janè y a cuantos se han interesado por esta cuestión. En relación con el reglamento, lo estamos estudiando, pero ya les digo que mi posición política es que lo trabajemos conjuntamente. Por tanto, la propuesta de reglamento sobre los CIE se la pasaremos a ustedes para que de común acuerdo intentemos llegar a una fórmula consensuada o en todo caso al máximo nivel de consenso posible. Ese es mi compromiso político. Estudiamos fórmulas racionales de gestión, pretendemos simplificar, por ejemplo, la contratación y asignación de funciones al personal más especializado. Ya he dicho antes que no tiene sentido que la policía se encargue de todas las tareas en el interior, más allá de las que le son propias, que son las de seguridad. Hay que tener en cuenta que dentro de los CIE existen personas que han cometido delitos y personas que no han cometido delitos, sino una infracción administrativa. Por eso decía yo que no todos los que ingresan en nuestro país de manera ilegal se convierten en criminales o delincuentes. Créanme si les digo que la mixtificación de estas personas también está en el origen -no digo que sea la única causa ni la más importante- de algunas de las circunstancias que se producen, incluso en algunas ocasiones


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con consecuencias de muerte, en estos centros de internamiento a los que nos estamos refiriendo.

Se va a impulsar la formación de personal, ya se está haciendo de hecho por instrucción de la Dirección General de la Policía, y se está estudiando una ordenación racional de espacios en los CIE para aumentar zonas comunes y zonas de recreo, en la línea de lo que la Defensora del Pueblo nos planteó. Pretendemos mejorar los servicios de asistencia sanitaria bajo fórmulas innovadoras. Por ejemplo, estamos examinando, porque tiene un coste para el que no están los tiempos actuales, la posibilidad de servicios sanitarios permanentes. Por último, les puedo decir en relación con estos CIE y su reglamento que se han instalado cámaras de seguridad que solicitaba el Defensor del Pueblo. Es verdad que se solicitaron en los años 2009 y 2011, pero es ahora cuando se acaban de instalar. Más cosas por hoy no les puedo decir, pero creo que es suficiente como para contestarles, o así lo entiendo yo.

En relación con el cambio de la cúpula policial, entiendo que el señor Hernando lo comprende perfectamente. La llamada cúpula policial es la junta de gobierno que, como su propio nombre indica, es el gobierno, en este caso órgano colegiado de gobierno, de un cuerpo que está sometido al principio de disciplina y jerarquía, como es el Cuerpo Nacional de Policía, y que preside el director general de la Policía. Yo he aludido en todas las tomas de posesión del nuevo equipo directivo del Ministerio del Interior, de la llamada cúpula policial, junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía en Canillas, o en Valdemoro con la Dirección General de la Guardia Civil, etcétera, que es consecuencia de lo que es normal en un Estado democrático, como afortunadamente es el Estado español. Hay elecciones y cuando hay elecciones hay posibilidad de alternancia. Y gracias a Dios que hay alternancia. En unos casos la alternancia va en una dirección y en otro casos va en otra, pero hay alternancia. Hay alternancia en el Gobierno, hay alternancia en los titulares de los ministerios, de los equipos directivos de los ministerios y si hay un nuevo director general de Policía tiene todo el derecho, si le vamos a exigir responsabilidades de su gestión, empezando por el ministro y después, evidentemente, por ustedes también, a tener su propio equipo, y si hablamos de junta de gobierno, su equipo de gobierno. Evidentemente, ese equipo se ha de elegir de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y en el marco de la ley y así se ha hecho, teniendo muy presente el catálogo de puestos de trabajo, que se ha adaptado a las sentencias de los tribunales en relación con la asignación a determinadas responsabilidades o de determinados empleos, como comisario principal, comisario, etcétera. Todo eso lo hemos tenido muy presente y de acuerdo con esos principios de mérito y capacidad, adecuación a la normativa legal y a las sentencias de los tribunales, se ha proveído a la nueva junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía y así a otros relevos. No hemos llegado todavía, señor Hernando, a los comisarios provinciales porque estamos yendo por etapas; estamos en las jefaturas superiores que también, lógicamente, las estamos proveyendo de acuerdo con el principio de mérito, capacidad, confianza y adecuación, como no podía ser de otra manera, a la ley y al catálogo de puestos de trabajo.

Me va a permitir el señor Hernando que de manera muy particular aluda al señor Jané porque efectivamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y el señor Jané en particular, siempre se han estado refiriendo a la cuestión de la multirreincidencia. Él es diputado por Tarragona, pero conoce muy bien Barcelona y sabe que el fenómeno de la multirreincidencia, de la habitualidad y de la repetición se da en general en las grandes capitales, no solo Barcelona y Madrid, es más propio de las grandes urbes que de los pequeños municipios y de las zonas habitadas más pequeñas, pero en esas grandes capitales se da de una manera extraordinaria. Son factores de generación de alarma social y de clima de inseguridad y afectan, además, de manera muy particular en estos momentos, a la actividad económica. Él ha dado unos datos de faltas y hurtos del año 2010 y yo los tengo aquí del año 2011. En todo caso, abundarían en la misma línea argumental que él expresó. Sobre eso le quiero decir que vamos a trabajar en sintonía absoluta, como ya adelantó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que las leyes procesales y el Código Penal permitan que esta situación termine porque hay situaciones que la gente no entiende y tiene todo el derecho a entender. Ya sé que hay doctrinas penales para todos los gustos e incluso algunos que consideran que las faltas tienen que estar fuera del Código Penal y limitarse a sanciones administrativas, pero es muy difícil explicarle eso a los ciudadanos cuando se dan casos como los que el señor Jané señalaba y otros que podría señalar yo en relación con la reincidencia de personas que han hecho del delito una forma de vida. Damos la bienvenida a todas las personas que vienen de fuera a encontrar aquí un presente y un futuro, pero evidentemente no tienen cabida entre nosotros las personas que vienen de fuera y que hacen de la comisión del delito, de la violación de la ley, su forma de vida. A los nacionales no los podemos expulsar, pero nosotros planteamos que a los inmigrantes de terceros países que incidan en este tipo de conductas se les expulse con carácter inmediato porque evidentemente no tienen sitio para vivir entre nosotros las personas -repito- que han hecho de la comisión del delito su forma de vida. Otra cosa es la persona que ha cometido una falta o ha cometido un delito, tiene su pena, la cumple, se reinserta, se rehabilita y es un ciudadano más.

Estoy seguro de que en la tramitación parlamentaria de estas modificaciones legales tendremos el apoyo y la colaboración del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y espero que de algunos otros grupos que también compartan con nosotros que, más allá de teorías más o menos buenistas, está la realidad de los hechos, se impone la fuerza de los hechos y la realidad es que hay situaciones que es muy difícil explicar no ya aquí a


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nuestros conciudadanos, sino fuera, porque en absoluto entienden cómo se pueden producir situaciones de esas características. Me ha planteado, además, el registro central de faltas, que lo propusieron ellos, es verdad, pero es nuestra voluntad política implantarlo nosotros, porque sin ese registro central de faltas, al final están ciegos los jueces y tribunales, que son quienes tienen que aplicar la multirreincidencia en los términos que planteé en mi intervención. Tuve ocasión de recibir la semana pasada al conseller de Interior, el señor Puig, en el Ministerio del Interior y hablamos de varias de las cosas que me ha planteado ahora el señor Jané. El conseller de Interior y el secretario de Estado de Seguridad van a empezar a trabajar coordinadamente para tratar algunas de las cosas que por estar en ese ámbito fronterizo se producen, desde el punto de vista competencial, entre una policía autonómica integral como son los Mossos d'Esquadra o como es el caso de la Ertzaintza y como son los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se producen entre la Policía y la Guardia Civil ¿cómo no se van a producir entre otras policías? Forma parte de la normalidad y así hay que tratarlo. Pero de la misma manera que hay organismos de coordinación en el ámbito del Ministerio del Interior para coordinar Policía y Guardia Civil, tiene que haber organismos de coordinación, de cooperación y de colaboración con otras policías que además tienen otra dimensión institucional. Les garantizo que en la reforma prevista de la ley de policías locales tendremos presente lo que nos ha planteado el señor Jané en relación con la vigilancia perimetral exterior de los centros penitenciarios, que en estos momentos significa tener limitados muchos efectivos, en el caso de Cataluña Mossos d'Esquadra y en el resto de España fundamentalmente Guardia Civil, que lógicamente serían más útiles en otros ámbitos. Tenemos previsto que puedan ser vigilantes privados los que se encarguen de esa vigilancia perimetral, bajo la dirección de quien tiene encargada la seguridad en el interior del establecimiento penitenciario, en Cataluña los Mossos d'Esquadra y en el resto de España la Guardia Civil. En esa línea irá la modificación sobre la ley de vigilantes privados y garantizará la petición que me trasladó el conseller y que me traslada ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Jané.

En cuanto a que el terrorismo yihadista tiene una dimensión especial en Cataluña y su apoyo en relación con la política antiterrorista en general, contaba con ella por adelantado porque le conozco. Le agradezco que la reafirme ahora de manera pública en esta Comisión. Me ha planteado también una denuncia, con todas las reservas que corresponden al talante del señor Jané y que yo le agradezco, en relación con lo que al parecer ha sucedido en el aeropuerto de El Prat hace unos días, donde una persona, presuntamente, habría sido maltratada, digámoslo así, por la Guardia Civil, por haberse negado a hablar en castellano o por haber hablado en catalán. Señor Jané, eso no es así. Le han informado mal. Yo me he informado. Además, le agradecería -se lo digo desde la cordialidad y el afecto porque le conozco-, y en general a todos los miembros de la Comisión, que la presunción de inocencia la tuvieran con la Guardia Civil y la Policía y no con personas que causan incidentes. Por una vez que uno de esos ciudadanos tiene razón, que la puede tener, y haberse extralimitado en sus funciones los cuerpos policiales, que también sucede, la carga de la prueba va en sentido contrario en la inmensa mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando hablamos de este tipo de incidentes. La Guardia Civil en Cataluña y en el resto de España tiene un comportamiento ejemplar, lo cual no obsta para que pueda haber conductas individuales que no merezcan este calificativo. En el caso que nos ocupa pasó lo siguiente. Esa persona, el señor Tarroja Piera, se negó a cumplir la normativa de seguridad aeroportuaria -si quiere se lo digo más claramente: se negó a pasar los controles que a todos nos molestan y que hay que pasar en los aeropuertos- no ante la Guardia Civil sino ante el vigilante de seguridad. Se negó a cumplirlo. Es entonces cuando el vigilante de seguridad requirió la presencia de agentes del cuerpo de la Guardia Civil, a los cuales ese señor empezó a insultar y a darles voces en presencia de otros pasajeros. Se negó a mostrar su documento de identidad y la tarjeta de embarque. Finalmente mostró su identificación y fue denunciado por infracción del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la seguridad ciudadana. Se negó a firmar esa denuncia, pese a lo cual se le entregó una copia. El señor Tarroja se expresó en todo momento en catalán; los guardias civiles ni le obligaron ni le indicaron en ningún momento que se expresara en castellano. No hubo ningún tipo de maltrato físico; los agentes de la Guardia Civil no portaban la defensa como parece insinuar algún medio, no usted pero algún medio. Por tanto, ese señor ha faltado a la verdad absolutamente, y yo le ruego a usted, porque le conozco, señor Jané, que dé por buena la información que me ha facilitado la Guardia Civil que me merece toda la credibilidad porque he tenido un especial interés personal en que la Guardia Civil investigara este caso y que me trasladara -como no podía ser de otra manera- la verdad de lo ocurrido; la verdad de lo ocurrido, no tengo ninguna duda, es lo que yo le acabo de señalar y es lo que me ha trasladado a mi la Guardia Civil. Espero haber aclarado ese incidente. Podríamos hablar de otros, porque hay algunos que están en campaña, ¿verdad? Y es muy fácil acusar a la Guardia Civil o a la Policía de cuestiones de este estilo. Repito, no me estoy refiriendo a usted ni a su grupo, evidentemente, pero usted sabe perfectamente lo que quiero decir.

En relación con ETA, el señor Ricardo Sixto, de Izquierda Unida-Izquierda Plural, ha aludido a lo que yo he referido respecto de la memoria histórica. Me resulta difícil estar en contra de la verdad histórica; la verdad histórica es la verdad. La verdad en unas ocasiones gustará más a unos y a otros les gustará menos, pero se dice la verdad. Yo creo que hay algo así que dice: La verdad es la verdad la diga Agamenón o su barquero. Cuando


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digo la verdad histórica me estoy refiriendo a la verdad histórica en relación con el proceso de estos cuarenta y tantos años de terrorismo de ETA; a eso me estoy refiriendo. Desde luego el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, el Gobierno de España no está por la equidistancia ni por confundir a unas víctimas con otras; lo tiene clarísimo. Hay víctimas que son víctimas de ETA que no se han tomado en ningún momento -aunque hay una tentación- la justicia por su mano y que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento por el ejemplo extraordinario que han dado en todo momento. Esa fuerza moral también tiene que ver con la derrota de ETA, y a eso me estaba refiriendo.

Cuando el señor Sixto ha aludido a que falta concreción de criminalidad política de guante blanco, le puedo decir que creo que en mi exposición estaba implícita cuando hablaba de asignación de efectivos a zonas geográficas en donde nos consta que está asentada determinada criminalidad. Yo no voy a entrar en más detalles, pero es una cosa muy normal y habitual que los embajadores vayan al Ministerio del Interior por la dimensión internacional que tiene la criminalidad. Estamos en un mundo global y el lado oscuro de la globalización es la criminalidad. Hoy la criminalidad es transnacional, es internacional, por eso la dimensión internacional -a la que se refería el portavoz del Grupo Popular- del Ministerio del Interior, no solo del español sino de todos los ministerios del Interior porque en estos momentos el crimen tiene una dimensión internacional, ha de hacer frente a esa criminalidad. Le puedo asegurar que ha habido algún embajador que me decía que agradecía mucho la cooperación y la colaboración que le estaba manifestando, dando el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españoles. Me decía el embajador -yo nunca me hubiera atrevido a utilizar esta expresión-: Sabemos dónde está instalada la aristocracia delictiva y gansteril de nuestro país; repito, me decía: Sabemos dónde esta instalada la aristocracia delictiva y gansteril de guante blanco, y le damos las gracias, señor ministro, por permitirnos seguir actuando de manera conjunta para erradicar y luchar de manera cada día más eficaz contra esa delincuencia que tiene que ver con el tráfico de drogas -de hachís, de cocaína-, con el tráfico de personas, con el blanqueo de capitales, con la evasión fiscal. Estamos hablando de todo eso, y me parece que todo eso tiene mucho que ver con lo que usted me decía de que faltaba concreción. Me hablaba también de la radicalidad de la extrema derecha. Cuando hablé de luchar contra los fenómenos de radicalización, yo no hice distingos; vale la de todo tipo, ahí está incluida. Por supuesto, estamos de acuerdo -creo que lo he manifestado antes también- en que el binomio seguridad-libertad es indivisible y que la seguridad es supuesto previo necesario para la libertad. En ese sentido, evidentemente la finalidad es la libertad, pero partiendo de la base de que sin seguridad no hay libertad.

Por último, aludía al modelo policial napoleónico. Ha dicho que consiste en tener dos cuerpos policiales, sin perjuicio de las policías autonómicas integrales, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra: el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Yo no sé si es napoleónico o no de verdad, pero le puedo asegurar que es un modelo policial que tienen la mayoría de países de nuestro entorno geográfico y político. Además, ya que ha aludido tan reiteradamente a la Guardia Civil, le quiero decir que muchos países vienen a copiar la Guardia Civil. Como saben los portavoces que llevan ya tiempo en estas tareas, un cuerpo como el de la Guardia Civil, fundado en el año 1844, que sabe combinar de manera tan equilibrada su disciplina y su carácter militar con su asignación a tareas civiles y su dependencia orgánica y funcional de un ministerio civil como el Ministerio del Interior, es un instrumento extraordinario para el buen funcionamiento de un Estado como el español, y en general de los Estados que quieren tener o tienen de hecho cuerpos policiales similares a la Guardia Civil. Le podría decir más. Contesto así a doña Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia, y al señor Sixto. Doña Rosa Díez, con toda cordialidad y con todo afecto. No es cierto que siempre se aplique a los guardias civiles el Código Penal Militar. Solo se aplica en los supuestos que la propia ley establece, que están tasados, no con carácter general. Me ha preguntado también si íbamos a rehabilitar o a reingresar en la Guardia Civil a los guardias civiles que habían sido expulsados por haber ejercido derechos y libertades; le tengo que decir que no es así tampoco. Han sido expulsados no por pedir el ejercicio de derechos asociativos, que son los que reconoce la ley, sino por ejercer actividades sindicales, que entonces no estaban reconocidas sino taxativamente prohibidas y así lo siguen estando en la ley. Señor Sixto, es lógico que tengamos modelos policiales distintos y modelos diferentes en otras cuestiones -somos fuerzas políticas bastante distintas, por eso no pasa nada, es normal-, pero según el informe del ministerio en relación con el número de generales que tiene la Guardia Civil, con el número de efectivos que tiene la Guardia Civil, con el número de efectivos que hay de Guardia Civil y Policía Nacional en el País Vasco, la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil se respeta y se aplica en su integridad. No vamos a vulnerar ninguno de los derechos que la ley reconoce a los guardias civiles, pero tampoco vamos a permitir que se traspase lo más mínimo los límites que la propia ley marca para intentar convertir lo que es legal, que es el asociacionismo, en lo que es ilegal, que es el sindicalismo. A la Guardia Civil no va nadie forzado, cuando uno ingresa en la Guardia Civil sabe adónde va; además la Guardia Civil es un cuerpo en el que la tradición familiar está muy presente. Intentar desnaturalizar un cuerpo que tiene 170 años de existencia a lo mejor es legítimo a nivel personal, pero no vamos a consentirlo. Se lo digo con toda franqueza, con toda cordialidad y con todo afecto, mientras gobierne el Partido Popular -y tengo la impresión que el Partido Socialista está en la misma posición que nosotros- la Guardia Civil seguirá siendo lo que es y seguirá prestando a España y


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a la seguridad de los españoles los impagables servicios que está prestando desde hace muchos años. Quiero que quede claro, porque esa es nuestra posición política y la reafirmo en esta primera comparecencia en la Comisión de Interior.

Termino ya, porque el presidente me está marcando que llevo cuarenta minutos. Como son siete portavoces y me han planteado tantas cosas, es normal... Si no les contesto incurro en descortesía parlamentaria y si les contesto incurro en exceso parlamentario.

Al señor Urbina simplemente le voy a decir que, como dijo el presidente del Gobierno en el debate de investidura, no les debemos nada. La sociedad española, no les debe nada. ¡Solo faltaría que les debiera algo porque dejan de matar! En cuanto a los presos políticos, le ha contestado muy bien el señor Salvador, de UPN. España es una democracia y en España no hay presos políticos. Si hubiera estado usted ayer -se lo digo mirando al señor Salvador, que en este sentido está en nuestra misma posición, UPN y el Partido Popular, y muchos de ustedes- conmemorando el 14º aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen, el 30 de enero de 1998 en las calles de Sevilla, estoy seguro de que se le caería la cara de vergüenza por hablar de presos políticos al referirse a quienes les metieron dos tiros en la nuca a esas dos personas, a ese matrimonio, dejando huérfanos a tres niños de 3, 4 y 7 años, a los que yo saludé ayer, ya con catorce años más (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Hablar de presos políticos en España es una indecencia y una inmoralidad. Además de lo que he dicho, le digo de verdad, señor Urbina, que ustedes no han condenado todavía la violencia ni han exigido a los terroristas que se disuelvan. Sería un buen momento hoy, en esta Comisión de Interior, en sede parlamentaria, en ocasión tan formal y solemne, que aprovechara usted la ocasión, como portavoz de su Grupo Parlamentario de Amaiur, para condenar ustedes la violencia y exigir a ETA su disolución. Así seguramente podríamos avanzar en la línea que todos queremos de una sociedad vasca y española sin terrorismo, sin extorsión, sin secuestro, en paz y en libertad, y lo que ustedes afirman tendría más visos de credibilidad de la que tiene en estos momentos. Señala que no haya vencedores y vencidos. Va a haber unos vencedores, que son los demócratas, que son los hombres y mujeres de paz, y unos vencidos, que son los terroristas, que han querido imponer sus tesis por la vía del terror.

Señor Salvador, de UPN, le agradezco sus palabras. Tenga la certeza de que vamos a trabajar con UPN, evidentemente en estrecha colaboración. Todo lo que afecte desde el Ministerio del Interior al interés de Navarra va a tener en quien le habla un interlocutor leal, como yo sé que tengo en UPN y en usted un interlocutor leal. Vamos a trabajar conjuntamente para defender la foralidad como hecho diferencial y específico de Navarra, que es la mejor manera que ha entendido la mayoría de los navarros de manifestar también su españolidad. En ese sentido vamos a estar juntos, vamos a trabajar juntos. Le agradezco mucho sus palabras, su colaboración, a la que correspondo con todo el afecto y todo el cariño.

Si me he dejado algún aspecto, les ruego que me disculpen. Hay todavía un turno de dúplica, pero así el señor presidente dejará de llamarme la atención cordialmente.

El señor PRESIDENTE: Espero que la generosidad no se vuelva en contra de esta Presidencia ni de sus miembros. Puedo asegurarles que ha habido en torno a un 50 por ciento de margen sobre las intervenciones inicialmente previstas. Por eso les ruego encarecidamente ahora que si existe alguna precisión que deseen realizar la hagan. Les agradecería a todos que no seamos especialmente reiterativos. Creo que la inteligencia de los señores diputados, a la que tantas apelaciones se ha hecho, permite que no haya que repetirles las mismas cosas un número ilimitado de veces. Por todo ello, insisto, vamos a abrir este turno en el mismo orden inicialmente previsto. Vuelvo a insistir en los dos conceptos en los que no fui pedagógico, que el tiempo máximo no es tiempo mínimo y que no es obligatorio intervenir. (Risas.)

Señor Hernando, ¿renuncia? (Afirmación.) Muchas gracias. ¿Señor Jané? (Denegación.) Muchas gracias, que cunda el ejemplo. Señor Sixto, ¿alguna precisión? (Afirmación.)

El señor SIXTO IGLESIAS: Muy brevemente. En el tema de los CIE no nos ha contestado si se va a recurrir a su privatización. Agradecemos que se vaya a pactar por consenso el reglamento, pero nos gustaría que nos contestase a ese extremo.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No me fijaré en aquellas cuestiones que no han merecido respuesta por parte del ministro del Interior -supongo que es un problema de falta de tiempo-, como la mejora de la seguridad en las instalaciones o la homologación salarial y social de los servidores públicos, pero le quiero hacer dos matizaciones. Yo he solicitado la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil para que solo se le aplique el Código de Justicia Militar en caso de guerra o decretado el estado de sitio. Ya sé que no se les aplica siempre, pero se les aplica muchas veces más que en estos dos supuestos. Lo que le planteo es que se les aplique solo en estos dos supuestos. Me preocupa lo que ha dicho usted en relación con los guardias civiles expedientados. Me preocupa porque es una regresión respecto de la posición del Partido Popular en esta materia. Le recuerdo, señor ministro, que el 9 de octubre de 2009 acordamos por unanimidad el texto que le voy a leer. Propuesta del Grupo Parlamentario Popular a una iniciativa de esta diputada de Unión Progreso y Democracia: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar de manera inmediata e individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales,


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anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas. Es decir que esto es aquello a lo que estamos comprometidos. Ya veo que no es un problema de que al Gobierno socialista no le diera tiempo de hacerlo, sino que al parecer el Gobierno del Partido Popular está en contra de aquello que ha sostenido históricamente.

Haré una breve, brevísima referencia, relativa al debate que nos ha ocupado sobre el fin del terrorismo. Permítanme que les diga -espero coincidir, en esto sí, con el ministro- que en este debate que ha sobrevolado esta mañana y según esta expresión verbal con la que cada uno de nosotros nos hemos referido al fin de ETA hay una cosa que me preocupa, señorías, y es que hablemos tanto de paz y tan poco de libertad, porque la paz no es suficiente. La gente no ha luchado, sufrido y mantenido la dignidad en el País Vasco y en el conjunto de España para conseguir la paz, porque en guerra no estábamos. La paz no es suficiente; el objetivo es la libertad y más democracia. Mientras haya personas que desde las instituciones democráticas defiendan el proyecto totalitario de ETA y llamen presos políticos a los asesinos y reivindiquen su historia no habremos hecho lo suficiente.

El señor PRESIDENTE: Señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Brevemente, señor presidente. Simplemente querría manifestar, y creo que al hacerlo hablo en nombre de los más de 333.000 votantes que represento, que la apuesta de Amaiur por las vías exclusivamente políticas, por la convivencia y por la libertad es absolutamente inequívoca; lo mismo que lo es la apuesta que hace por la resolución integral del conflicto político y tanto del origen como de las consecuencias del mismo que trascienden mucho más allá de la propia existencia de ETA, en el origen y en el fondo. Por eso creemos, señoría, que era importante y es lo que en nuestra primera exposición queríamos dejar patente. Señalaré una única cuestión, que era el objeto de esa primera intervención, saber si en efecto el Gobierno también apuesta por una resolución integral, democrática, del conflicto político vasco.

El señor PRESIDENTE: Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, yo repetiré lo que dije en mi primera intervención: si ETA existe, ETA juega. Lo que yo pido a los grupos es que no entremos en su juego, que no juegue con nosotros, que no aproveche nuestras jugadas y que no nos levantemos de la mesa pensando que el juego ha terminado. Espero obviamente que en este juego, macabro, triste, ganemos; ganaremos si nos lo proponemos juntos y determinados.

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Esteban, desea intervenir? (Denegación.) Muchas gracias.

He de decirles brevísimamente, antes de cederle la palabra al señor ministro, que en este caso les agradezco la colaboración porque han hecho un ejercicio de precisión y concisión que es muy digno de reconocimiento por parte de la Presidencia.

Señor ministro, si desea intervenir...

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Sí, brevemente y para terminar reiterando, insisto, lo que para mí es fundamental de hoy -en la medida en que nadie me ha contradicho creo que les he interpretado bien-, que esa voluntad de consenso de las fuerzas políticas democráticas, de todas las que estamos aquí menos una, de recorrer juntos el camino que nos lleva de esa declaración de ETA de no actuar a dejar de existir lo recorramos juntos teniendo como hoja de ruta el cumplimiento de la ley, así como con todo lo demás que hemos estado tratando a lo largo de esta sesión parlamentaria. La voluntad de consenso en ese sentido, de entendimiento, creo que es fundamental reconociendo y no olvidando nunca -se lo ruego, en todo caso va a ser la posición del Gobierno y del Ministerio del Interior en todo momento- la dignidad de las víctimas y alejados de cualquier tentación de equidistancia y de equiparamiento entre víctimas. Como ahora se habla mucho de relato, en estos momentos en los que empezamos a ver la luz del final del túnel espero que ese relato se construya desde la verdad histórica por los demócratas y por las víctimas del terrorismo de ETA.

Al señor Urbina, que ha vuelto a intervenir, permítame que le valore más por lo que no dice que por lo que dice. Señor Sixto, en relación con la privatización de los CIE he dicho que voy a intentar consensuar ese reglamento, he expuesto algunas de las líneas generales de lo que en nuestra opinión ha de integrar ese reglamento y tendremos ocasión en esa reflexión conjunta y en ese trabajo conjunto de tratar lo que usted me dice. Le puedo asegurar que no me quedo -si no a lo mejor me callaría- ninguna carta marcada escondida. Simplemente le digo que las líneas generales son las que le he expuesto, y a partir de ahí y de sus sugerencias vamos a trabajar conjuntamente. También le digo, señor Sixto, como usted aludió al carácter militar de la Guardia Civil, decimonónico, trasnochado, etcétera, que lejos de significar -fíjese lo que le digo, señor Sixto, desde la cordialidad parlamentaria y personal- o suponer una restricción para el buen cumplimiento de sus misiones es todo lo contrario, constituye un plus de eficacia. Por algo será que es la institución más valorada según las encuestas del CIS por parte de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, las opiniones son libres, pero los hechos son muy tozudos, y por supuesto la posición política del Gobierno es la que le he dicho y de ahí no nos vamos a mover: asociacionismo sí, sindicalismo no en el seno de la Guardia Civil que va a seguir teniendo la naturaleza que desde hace tantos y tantos años tiene y que le hace ser la institución -insisto- más valorada de los españoles y que sea una institución que junto al Cuerpo Nacional


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de Policía esté garantizando la seguridad y por tanto la libertad de los españoles.

Señora Díez, en relación con los guardias civiles dice usted que se les aplique el Código de Justicia Militar no solo en los estados de guerra y de sitio y luego dice que los únicos supuestos en los que se les ha aplicado no son esos. Claro, es que afortunadamente no es habitual que se esté en estado de sitio ni en estado de guerra, por lo tanto lo habitual son los supuestos tasados en la ley; no es lo habitual ni lo normal que sean estados de guerra y sitio, afortunadamente. Nuestra posición, señora Díez, es esa y va a seguir siéndolo. Si en otro momento no lo ha sido no lo sé, en todo caso en estos momentos nuestra posición es esa y va a seguir siéndolo -desde el afecto-. Por supuesto que compartimos, evidentemente, que no se trata de la paz de los cementerios, la paz como supuesto o ausencia de un conflicto político que existe en la mente de algunos. En el País Vasco no hay un conflicto político; hay conflicto político como puede haber en otros sitios de España en la medida en que tenemos visiones políticas de lo que es el País Vasco y hay ideas del País Vasco y de España distintas, como hay fuerzas políticas en Cataluña que tienen una idea de Cataluña y de España distintas y en otros sitios de España también. Ese es el conflicto político ordinario, habitual, el derivado de una sociedad que es plural ideológicamente, plural políticamente y una España que es diversa territorialmente. En el País Vasco usted habla desde otras premisas y evidentemente no quería que por mi silencio se pudiera aplicar el aforismo de que quien calla otorga. Evidentemente, quien calla no otorga. En el sentido en el que usted entiende que hay conflicto político yo lo niego rotundamente. Hay un conflicto entre los que quieren matar, los que quieren asesinar y de esa manera conseguir sus objetivos políticos, y los que han estado padeciendo y siguen padeciendo todavía las consecuencias de esa manera de proceder que es indigna en cualquier sociedad y por supuesto mucho más, si cabe, en una sociedad libre y democrática que tiene cauces de expresión de esa diferencia, de esa pluralidad ideológica y política reconocida en su ordenamiento jurídico. Faltaría más.

Termino ya. Seguimos con la guardia no baja sino alta, lo demuestran las recientes detenciones de etarras al sur de París hace unos días. Como dije entonces y repito ahora -ya termino, señor presidente- las personas normales más allá de los policías o guardias civiles lógicamente no suelen ir armadas; no suelen ir armadas por ahí, por la calle; no suelen llevar material para poder fabricar explosivos; no suelen ir con placas falsas de policías y de guardias civiles; no suelen ir con material falsificado, con matrículas falsas; no suelen ir así. Por tanto, no es un exceso señalar que, si de verdad, de verdad, hay una decisión firme, irreversible y definitiva de dejar la actividad terrorista, parece razonable que se deje de hacer acopio de material que sirve para todo lo contrario. De esa manera, la presunción de no creencia a lo mejor empieza a variar hacia la presunción de creer un poquito en alguien que no merece hasta ahora el más mínimo crédito, como son los que, insisto, han ejercido el terrorismo y los que, por acción o por omisión, han apoyado sus actuaciones entre los que, por desgracia -lo siento, señor Urbina-, está a quien ustedes representan.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Hago gracia a los señores miembros de la Mesa -vistas las dificultades de agenda que tienen muchos de los señores portavoces- de una reunión de carácter informal que estaba prevista, para contarles telegráficamente dos cosas de naturaleza procesal. Es deseo de esta Presidencia que se produzca la delegación de competencias que el artículo 44 del Reglamento de la Cámara prevé para evitar reuniones innecesarias; saben que preserva perfectamente la discrepancia, puesto que las decisiones de la Mesa son válidas en caso de unanimidad -no lo serían en caso de discrepancia, que sí se someterían, y hablo fundamentalmente de comparecencias-. También he de decirles que el deseo de la Presidencia es mantener y si es posible mejorar la frecuencia y la secuencia de reuniones que se ha venido desarrollando hasta ahora en esta Comisión. Me remito a la finalización del próximo Pleno del Congreso para poder tener un encuentro de naturaleza informal y comentarles el estado de los trabajos de la misma.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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