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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 27, de 26/01/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 27
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 2 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
26 de enero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000005.) ... (Página2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000012.) ... (Página2)

- El programa de su ministerio para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000035.) ... (Página2)


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- Las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000068.) ... (Página2)

- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de hacienda y de administraciones públicas. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000090.) ... (Página2)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que va a tener como objeto la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. La sesión ha sido convocada por el presidente del Congreso de los Diputados precisamente por este carácter extraordinario, dado que estamos fuera del periodo de sesiones, e incluye en el orden del día cinco peticiones de comparecencia, una del Gobierno a petición propia y otras de los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia y del Grupo Catalán (Convergència i Unio). El desarrollo de la sesión va a ser el habitual para estos casos. En primer lugar tendrá la palabra el Gobierno para exponer las líneas generales de la política de su departamento, como ha sido solicitado. A continuación intervendrán los grupos que han solicitado también esta comparecencia, y lo harán de mayor a menor número de escaños. Por último, aquellos grupos parlamentarios que tienen presencia en esta Comisión y que no hayan solicitado la comparecencia tendrán también derecho al uso de la palabra por el mismo tiempo que los anteriores, diez minutos, y lo harán de menor a mayor. En principio está previsto que tras la intervención del ministro y las de los portavoces de los respectivos grupos parlamentarios cierre esta sesión el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Sin más, tiene la palabra el ministro, al cual doy la bienvenida a esta primera reunión de la Comisión.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señoras y señores miembros de la mesa, señorías, pocas semanas después de la constitución del Gobierno tengo la satisfacción de volver al Congreso de los Diputados a petición propia y de varios grupos parlamentarios, como anunciaba el presidente de la Comisión, con el fin de exponer las orientaciones básicas de la política del departamento que dirijo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es evidente que en las circunstancias que están atravesando la economía y la sociedad española la política del Gobierno consiste en superar, y hacerlo cuanto antes, la peor crisis económica de nuestra historia reciente, la más destructora de empleo, la que más ha disipado la confianza de nuestros jóvenes en su futuro, la que ha hecho que nuestro país sea epicentro de los problemas del euro. El ambicioso programa reformista del Gobierno tiene unas metas claras en el ámbito de la hacienda y administraciones públicas: hacer de nuestro sector público una palanca de crecimiento económico para crear empleo, asegurar la prestación de los servicios públicos propios de una sociedad del bienestar moderna y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles a la hora de acceder a esos servicios públicos. Como sus señorías y toda la sociedad conocen, estamos en una recesión, en una recesión económica que proyecta, prolonga la crisis económica; estamos en una recesión que es de Europa, pero que es más severa en España por la restricción crediticia fruto de la incapacidad de nuestro sector bancario para digerir las consecuencias de lo que han sido los precios de los activos inmobiliarios; estamos en una economía fuertemente endeudada frente al exterior y, desgraciadamente, y es la peor de las caras, con 5.400.000 parados, como anunciará seguramente la encuesta de población activa del último trimestre del año 2011. Este número de parados ha hecho perder la confianza al conjunto de los 47 millones de ciudadanos que componemos la sociedad española. Por tanto, la tarea y el desafío de las políticas del Gobierno, y estoy seguro que de las políticas de todos los grupos representados en esta Cámara, está orientada a recuperar esa confianza, a volver a recuperar la imagen de España como socio fiel de Europa, a salir de esa metafórica periferia Europea que tan alto coste de financiación está implicando para nuestra actividad económica. El desafío se llama técnicamente desapalancar a nuestra economía, reducir el nivel de endeudamiento de nuestros agentes económicos, comenzando por el sector público y continuando o, si se quiere, en paralelo con los grandes sectores de la economía española, incluidas las familias; una política, una estrategia que tiene que ver mucho con las políticas


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públicas a impulsar, incluida la política tributaria. Decía, señorías, que nuestra misión debe consistir en cumplir el mandato que hemos recibido de los ciudadanos españoles en las últimas elecciones generales y, por supuesto, en colaborar con nuestros socios europeos para fortalecer el euro, para fortalecer la Unión Europea y garantizar el futuro y la estabilidad de nuestro proyecto en común, que se llama el euro, que se llama la Unión Europea. También nos corresponde, como decía, reforzar la capacidad de las administraciones públicas y locales, de las administraciones autonómicas de nuestro país y estimular la responsabilidad para garantizar los grandes servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales y el acceso a los mismos de los ciudadanos. La economía española, señorías, es una nave escorada que necesita cuanto antes recuperar el equilibrio para poder avanzar, y recuperar el equilibrio implica, requiere cuanto antes de medidas de austeridad en todas las administraciones públicas y de reformas estructurales en el propio sector público y en los mercados de bienes y servicios de la economía española.

Acabamos de iniciar esta legislatura y la urgencia nos ha llevado, más allá de presentar programas o de presentar intenciones, a la aplicación de importantes medidas, que ha correspondido adoptar al Gobierno, pero en concreto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por eso en esta comparecencia traigo algo más que unos anuncios de las orientaciones políticas de esta legislatura. En realidad, ya estamos abriendo camino, estamos haciendo camino al andar desde los primeros días en los que compusimos el Gobierno. En las decisiones de los días pasados ha quedado clara la determinación del Gobierno, su firme voluntad de hacer frente a los problemas y con más fuerza cuanto mayores son las dificultades, los déficit inesperados o las predicciones adversas. También en fechas recientes hemos comprobado, y tengo que decirlo con gran satisfacción, cómo todas las administraciones públicas autonómicas y municipales -en el caso de las municipales ayer mismo- han dado su pleno y unánime apoyo al enfoque de medidas de austeridad y de equilibrio presupuestario. Esta senda en común es fundamental para recuperar la confianza de España en el conjunto de los socios europeos y frente a los inversores internacionales. El proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que mañana entenderá el Consejo de Ministros en su condición de anteproyecto de ley, va a nacer con el apoyo institucional del conjunto de las administraciones públicas implicadas, y va a nacer, estoy seguro de ello, con plena satisfacción ante los ojos de nuestros socios europeos. En tan poco tiempo hemos tenido la obligación de actuar con rapidez y contundencia para impedir una grave desviación de los objetivos previstos en el calendario de reducción del déficit público y que ello provocase nueva desconfianza de nuestros acreedores, de los mercados y, en definitiva, un paso atrás en la reputación internacional de nuestro país. A eso responde el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, decreto-ley convalidado en esta Cámara y que tuve el honor de defender en nombre del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, y que contiene amplias medidas de austeridad y contención del gasto público, con una reducción, en el caso del gasto público, de 8.914 millones de euros y también una elevación de los ingresos tributarios procedentes del IRPF y del IBI por valor de 6.275 millones de euros. En definitiva, esto supone una corrección presupuestaria en relación con un presupuesto prorrogado, como es el que entraba en vigor en el año 2012, por un importe total de 15.189 millones de euros. Al entrar en el Gobierno, al entrar en la función de dirigir todos los ministerios, pero en concreto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nos encontramos con esa práctica que estamos entendiendo como casi normal, en el sentido estadístico del término, en los relevos del Gobierno y que deberíamos desterrar de una vez por todas: un déficit público no reconocido, un agujero presupuestario por cubrir. Es una práctica que tenemos que evitar por ley en España, que tenemos que erradicar por ley en España, identificando claramente las responsabilidades de los políticos o de los gestores públicos que falseen las cuentas públicas de nuestro país, en los diferentes ámbitos donde les corresponda esa responsabilidad. Eso ya nos lo encontramos y ahora nos lo encontramos una vez más en el Gobierno de España. Esa práctica hay que erradicarla -insisto- porque va contra la trasparencia más fundamental del ejercicio del Gobierno; va contra los principios esenciales de la democracia porque es en su Parlamento, en los diferentes niveles, donde se aprueban los presupuestos, entendiendo como presupuestos los límites de gasto a los que quedan sujetos los políticos responsables y los gestores públicos de esos servicios. Por tanto van en contra también de los compromisos que asume España frente a sus socios europeos y en el contexto de la comunidad internacional.

Nos encontramos con una desviación de 2 puntos porcentuales -20.000 millones de euros- respecto de lo que debería haber sido el cierre del déficit en el año 2011; grandes cifras, que la opinión pública -como es normal- recibe también con la frialdad de la difícil comprensión. Es normal. Pero detrás de esas grandes cifras lo que está es la pérdida de empleo. Detrás de esas grandes cifras y de esos déficits públicos está la falta de financiación para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos; detrás de esas grandes cifras y de esas restricciones presupuestarias está en definitiva el que España esté sufriendo en este comienzo de 2012 una recesión económica después de cuatro años ya largos de crisis económica. Una mala noticia, pero no había tiempo para lamentaciones. Decidimos hacerle frente cuanto antes para evitar males mayores para nuestro crédito internacional y, en definitiva, para no retrasar la aplicación de lo que iba a ser el enfoque de nuestra política económica. Así esa fue la justificación de que lleváramos


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adelante el mayor ajuste presupuestario de la historia reciente de España, dejando claro a todos -dentro y fuera de España- que el Gobierno está convencido de que la corrección del déficit es el primer escollo que hay que saltar en el camino que conduce a la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo. La creación de empleo es y será el destino de toda la política económica del Gobierno en esta legislatura. Como es sabido por todos el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España pronostican para la economía española en este año 2012 un retroceso del 1,7 por ciento y del 1,5 por ciento respectivamente. A esta grave desviación en la previsión del crecimiento, que realmente es muy notable, hay que añadir lo que antes decía, que el punto de partida en la corrección del déficit público está desviado al alza en el año 2011. Por tanto no se cumplió en el año 2011 el 6 por ciento programado sino que se estará en el 8 por ciento. Ello llevó -como antes insistía- a tomar medidas relativas a la contención del gasto público y también medidas relativas a aumentar la capacidad de tributación, de recaudación de manera temporal -de manera temporal- y también de manera progresiva. Son medidas, insisto, que van orientadas con firmeza a la reducción del déficit público. No insistiré en el contenido de esas medidas, puesto que ya fueron objeto del análisis y de la votación de la Cámara, para trasladar la atención también en esta comparecencia hacia lo que serán las medidas relativas al planteamiento futuro de la política que tiene encomendada el Gobierno.

La subida temporal del IRPF hecha desde las bases de la equidad no debería perjudicar la evolución económica de nuestro país, no debería mermar fundamentalmente el consumo puesto que estamos ante una subida muy moderada -cuando existe- del impuesto sobre las rentas bajas, una subida también moderada sobre las rentas medidas y una subida más importante sobre las rentas altas de nuestro país. Por tanto, eso no debería interrumpir en modo alguno, no debería impactar negativamente sobre la pronta recuperación del consumo ni en la confianza de los consumidores en nuestro país. En relación con la subida del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, es una subida también limitada a las viviendas de mayor valor catastral en cada municipio, por tanto de esa manera tampoco estamos ante una medida tributaria que evite en modo alguno lo que sería la recuperación de la demanda interna, la merma importante y significativa de capacidad adquisitiva de las economías familiares. También insisto en la importancia que desde el Gobierno damos a la recuperación en nuestro programa electoral de la desgravación fiscal a la compra de vivienda, que nos parece también un elemento básico, fundamental, para facilitar el acceso a la vivienda de mucha gente que realmente en nuestro país debe encontrar esa facilidad por parte de la Hacienda pública, así como la aplicación durante el año 2012 del tipo superreducido de IVA en determinados casos de trasmisiones de viviendas, la primera entrega de viviendas que se realiza en nuestro país para facilitar igualmente esa compra, esa adquisición de vivienda. Desde el Gobierno, su proyecto fiscal, su proyecto tributario pasa también por la lucha decidida contra el fraude fiscal. El cumplimiento exacto de las obligaciones tributarias es, en definitiva, la conformación de las obligaciones del ciudadano con el Estado y también del propio Estado con el ciudadano. Tenemos que subrayar y enfatizar la importancia que tiene esa orientación hacia la corrección del fraude fiscal, que en modo alguno puede verse como algo normal en una sociedad moderna. Entre las medidas dirigidas a la comprobación e investigación del fraude fiscal se encuentran las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en los que existe una mayor percepción del fraude: las actuaciones de fiscalidad internacional, la investigación de la economía sumergida y el control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales. Dentro del ámbito de la fiscalidad internacional quiero subrayar, por su carácter novedoso, la explotación de la información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenidos. La constatación de que a través de diversos mecanismos en numerosas ocasiones se elude finalmente el pago de la deuda tributaria y aduanera ha determinado que el control del fraude, en fase recaudatoria, cobre una importancia vital. Por ello, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación al momento en que se inicien los procedimientos de gestión, en especial en relación con aquellas liquidación de importante más elevado, así como la personación de los funcionarios de recaudación en los casos en que se produzca el incumplimiento de diligencias de embargo de créditos de elevada trascendencia recaudatoria.

Como complemento a las medidas anteriores el Gobierno, y la Administración tributaria en concreto, está estudiando establecer una limitación cuantitativa al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, siguiendo el referente de países cercanos de nuestro entorno, como es el caso de Francia o de Italia. Con el fin de implantar estas medidas lo antes posible ya en el comienzo del mes de febrero estará elaborado el plan general de control tributario del ejercicio 2012, que abarca los planes parciales de gestión tributaria, inspección, recaudación y aduanas e impuestos especiales. Junto a esa lucha contra el fraude fiscal también es importante enfatizar la mejora del cumplimiento voluntario, de forma complementaria, como decía. No podemos olvidar la necesidad de construir un sistema fiscal atractivo para la inversión y el dinamismo económico, para lo cual resulta especialmente relevante contar con un marco legal claro y seguro, máxime si tenemos en cuenta la superposición en España de la legislación europea. Con tal finalidad, se fomentará la formulación de consulta a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica. Debemos, asimismo, simplificar el cumplimiento tributario y fomentar el uso de las nuevas tecnologías por todos los contribuyentes. Este es


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un punto absolutamente fundamental, puesto que la extensión de esas nuevas tecnologías permitirá también aplicar el desarrollo de las medidas tributarias que hemos comprometido en nuestro programa electoral cara a las elecciones generales celebradas el pasado 20 de noviembre. En definitiva, esto permite gestionar más información tributaria en menor tiempo y con mayor certeza. Por ello, en el ámbito del fomento del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el corto plazo se mejorará el sistema de autoliquidación que se realiza a través del borrador de la liquidación del IRPF, lo que supondrá una agilización en los plazos para el cobro de las cantidades que resulten a devolver.

Ya hemos tomado unas medidas tributarias. Ahora lo que también les anuncio es que la disposición del Gobierno, en cumplimiento de su programa electoral, es llevar adelante medidas de estímulo para la actividad económica; medidas tributarias de estímulo para la pequeña y mediana empresa; medidas de estímulo para los autónomos y, en definitiva, favorecer fiscalmente a los emprendedores, que son la gran figura que nos tiene que sacar de esta crisis económica, como estamos plenamente convencidos. Por esta razón, en la normativa en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colaborará junto a otros departamentos ministeriales, definiremos un marco fiscal de apoyo a los emprendedores que permita hacer frente con mayor facilidad y holgura a sus obligaciones tributarias y dedicar una mayor parte de sus beneficios a la creación de empleo. Algunas de estas medidas fiscales, junto con otras concretas en el ámbito de la financiación, la tramitación administrativa y la gestión laboral, se englobarán, como decía, en normativa que ya está preparando el Gobierno para estos próximos meses, en concreto para el primer trimestre de este año 2012. A esos efectos, y en cumplimiento con nuestro mandato electoral, nuestra intención es revisar el impuesto sobre la renta de las personas físicas con el fin de elevar la equidad fiscal de nuestro sistema fiscal, principalmente en el seno de la unidad familiar. Teniendo en cuenta los escenarios macroeconómicos realistas y las respuestas que se vayan produciendo a las medidas de ajuste ya adoptadas, estamos en disposición de revisar los mínimos personales y familiares a fin de equiparar su cuantía o mejorarlos, con independencia del régimen de tributación por el que se opte.

Por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, con el objetivo de colaborar al crecimiento potencial de nuestra economía mediante el estímulo, la creación de trabajo, la asunción de riesgos, el emprendimiento y el ahorro, se estudiará mantener en los próximos ejercicios los tipos reducidos del impuesto para las empresas de reducida dimensión vinculadas a la creación o mantenimiento de empleo. Simultáneamente, para actualizar y mejorar la capacidad de autofinanciación de las empresas, elemento fundamental en la política que antes he llamado de desapalancamiento financiero de nuestro país, estamos estudiando la mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales para que sean reinvertidos en los propios negocios, así como la implantación de una exención a las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos que se reinviertan en otros activos vinculados a la actividad y la mejora en la tributación de los beneficios no distribuidos; en definitiva, autofinanciación empresarial en su sentido más amplio para favorecer precisamente la reducción de la dependencia financiera de recursos ajenos y, por tanto, saneamiento de la economía de nuestro país. Con idéntico objetivo, en materia del IVA se regularán los requisitos necesarios aplicables a las operaciones realizadas por autónomos y pymes, de manera que se aproxime la exigencia del impuesto al momento de cobro de las facturas correspondientes. Empezaremos especialmente en el ámbito de los proveedores de las administraciones públicas y siempre comprometiendo a las empresas con la información electrónica sobre las operaciones que están llevando adelante y por tanto garantizando el control de la Administración tributaria sobre las mismas. Y con la finalidad, como no puede ser de otra manera, de favorecer el ahorro familiar, nuestra intención es llevar adelante la revisión y mejora de la tributación de los planes de pensiones de las familias. Siempre la misma idea, siempre el mismo objetivo: favorecer el desapalancamiento financiero de nuestro país, favorecer la reducción de la dependencia financiera de los grandes agentes económicos, empezando, como decía, por el sector público -reducción del déficit público- y continuando por empresas y familias. Este es nuestro eje de actuación en materia tributaria y el que irá definiendo nuestras propuestas de reformas tributarias que iremos trayendo a la Cámara. En definitiva, seguimos siendo lo que somos, seguimos creyendo que con menores impuestos se crece más. (Rumores.) Que ensanchando las bases imponibles se consiguen impuestos más equitativos, que tenemos que favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Seguimos creyendo en la reducción selectiva de impuestos, que habríamos acometido desde el primer momento de legislatura si el anterior Gobierno hubiera ejercido realmente su función de control del déficit público y no nos hubiéramos encontrado con las desviaciones de déficit que tan negativas son para nuestra economía. (Un señor diputado: ¡Exacto! Rumores.- Aplausos.) Por último, quiero dejar claro que las medidas adoptadas consistentes en la elevación temporal de algunas figuras han estado motivadas, insisto, por esa desviación y en definitiva por la situación económica tan negativa que tenemos delante de nosotros. Pero ahí acaban esas medidas. No habrá nuevas subidas de impuestos, señorías. (Un señor diputado: Por ahora.- Rumores.) No habrá nuevas subidas de impuestos toda vez que estamos en esa etapa de recesión que es en definitiva la herencia que estamos recibiendo pero que tenemos que superar con políticas desde el ámbito del sector público cuanto antes.

Señorías, en lo que debemos entender como una política autonómica y de Administración local, hace pocos


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días y en el ejercicio de la responsabilidad constitucional que tiene el Gobierno de España de coordinar las políticas económicas que se realizan en el marco de España, en el ámbito del Estado español, en el ámbito del conjunto de sus administraciones públicas, hemos celebrado el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera en esta legislatura, y ayer mismo el primer comité de Administración local. Hace unos días, pudimos constatar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la excelente disposición de las comunidades autónomas a asumir los compromisos de reducción del déficit público, que no es otra cosa que el cumplimiento de nuestra Constitución, el cumplimiento del artículo 135 de nuestra Constitución vigente de acuerdo con las decisiones adoptadas en esta Cámara desde finales del pasado verano. Y también en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la continuidad que tendrá lugar esta misma tarde de los grupos de trabajo estamos constatando asimismo la buena disposición de todos los gobiernos autonómicos a que en España tengamos, contemos con una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, una ley de la que ahora hablaré. Obviamente, es una ley cuya iniciativa gubernamental se corresponde con el desarrollo, con las previsiones de ese artículo 135 de nuestra Constitución. Pero insisto y deseo subrayar esta mañana especialmente la importancia no ya económica sino política de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 17. Esa firme decisión, esa decidida voluntad de todas las comunidades autónomas de contribuir a la reducción del déficit público es fundamental para generar confianza dentro y fuera de España. Todos los gobiernos, con independencia de la ideología que defina, que presida esos gobiernos, que esté presente en esos gobiernos estamos comprometidos en la reducción del déficit y en la reducción de los niveles de deuda, algo que es fundamental, que debemos subrayar como una gran valor del Estado de las autonomías en nuestro país. Ese es un mensaje que debemos lanzar a nuestros socios europeos y también a los inversores internacionales. Y ese acuerdo significa adoptar disciplina común; y ese acuerdo significa adoptar procedimientos de transparencia en la gestión pública; y ese acuerdo significa, en definitiva, evitar situaciones de falseamiento de las cuentas públicas, situaciones que estarán efectivamente penalizadas, impedidas por la legislación.

El Estado de las autonomías es consustancial a la democracia española. El Estado de las autonomías no tiene nada que ver con un Estado del despilfarro. El Estado de las autonomías es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas política y administrativamente, y eficientes en la prestación de los servicios públicos que tienen a su cargo. El Estado de las autonomías es absolutamente coherente con las esencias de la historia de España y por tanto esa asimilación que se ha instalado en la opinión pública española de que porque hay un Estado de las autonomías existe un despilfarro del gasto público la tenemos que erradicar, porque no es cierto en modo alguno. Basta tomar el ejemplo de países federales de nuestro entorno para comprobar que los países que tienen más rigor presupuestario, más estabilidad en sus finanzas son países de estructura federal. Por tanto, hay que alejar de una vez por todas esa equivalencia que hoy se ha instalado en una parte de la opinión pública y que en modo alguno debe conformar los discursos políticos -por supuesto, los discursos políticos son libres, vaya eso por delante, quiero decir los discursos políticos de este Gobierno- puesto que no pasa para nada por ahí sino, al contrario, por conseguir, eso sí, del Estado de las autonomías una gestión eficiente de los recursos que tienen a su cargo y que están administrando. Así, es muy importante -y celebramos los acuerdos de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, igual que de esa Comisión Nacional de Administración Local-, muy importante el compromiso de todas las administraciones públicas, con independencia de la ideología de sus gobiernos, en la corrección cuanto antes del déficit público.

El ámbito de las administraciones públicas es materia de este Gobierno y es responsabilidad del miembro del Gobierno que comparece esta mañana ante ustedes, y no podemos desconocer que la calidad y la eficacia de las instituciones públicas son un factor de competitividad de primer orden, por lo que en nuestra estrategia de despertar, de impulsar el crecimiento económico tenemos que subrayar la importancia de modernizar, de reformar, de actualizar nuestras administraciones públicas para avanzar significativamente en el ámbito económico y, por supuesto y con la misma importancia, en el ámbito social y en el impacto medioambiental, favoreciendo una economía en crecimiento y en creación de empleo. En este sentido, nuestras administraciones públicas deben mejorar y deben dar ejemplo en primer lugar de austeridad, de transparencia y de proximidad al ciudadano, revitalizando su compromiso con la sociedad.

Así pues, estos son los tres ejes fundamentales de nuestra política en materia de administración pública: austeridad, transparencia y responsabilidad, tres elementos, tres argumentos que impregnarán las reformas que iremos abordando a lo largo de esta legislatura.

Función pública. Función pública imparcial y de calidad, con una política de recursos humanos moderna, basada en los principios de mérito y capacidad, y para ello también abordaremos la modernización del estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado, garantizando la función directiva, potenciando la profesionalidad, la especialización, la alta competencia y la neutralidad. Y tendremos también, obviamente, en una política de austeridad que racionalizar al máximo los criterios de la oferta de empleo público, con la incorporación del principio general en términos restrictivos excepto en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios públicos básicos que se consideren prioritarios para garantizar la prestación de servicios esenciales. Hay que redefinir los criterios de ordenación de recursos humanos fomentando


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la movilidad de los empleados públicos entre todas las administraciones y coordinando mejor la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y corporaciones locales en términos de ocupación de empleo público, manteniendo principios homogéneos de actuación y asumiendo desde la Administración del Estado la definición de un nuevo modelo de Función pública de futuro, sin perder de vista el control del gasto que todos tenemos responsabilidad de ejercer.

Quiero darle también especial relieve a la Administración electrónica. Con el objetivo de situar al ciudadano como el eje sobre el que articular el conjunto de los servicios y procedimientos que le pueden afectar, trasladaremos a la ciudadanía la plena disponibilidad de los avances realizados en la Administración electrónica, haciendo que la sociedad tome conciencia de que son en realidad instrumentos a su servicio; no instrumentos de control, sino instrumentos fundamentalmente para llegar mejor y hacer más operativos y más eficaces los servicios públicos.

Y llevaremos a cabo también una modernización de la estructura de las administraciones públicas en un ámbito que quiero destacar esta mañana, la racionalización del sector público dependiente de la Administración central, de la autonómica y de la local donde existe y hay capacidad de reducción del gasto público precisamente consistente en la supresión de organismos, fundaciones y entes o mal llamadas empresas públicas, que no son sino huidas del derecho administrativo y de los controles de la intervención y que, por tanto, tenemos que suprimir en aras de la transparencia de los gobiernos que se ejercen en ese ámbito y también del compromiso de consecución de los objetivos de déficit público. A ese respecto hay acuerdos concretos adoptados en el seno de las comisiones encargadas de la coordinación de la Administración Central del Estado tanto con comunidades autónomas como con corporaciones locales para llevar adelante, en el plazo más breve posible, esa reducción del mal llamado -insisto, señorías, mal llamado- sector público empresarial. No son empresas públicas que estén vendiendo sus servicios, son procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias, fuera de control y que, por tanto, tenemos que volver al redil -si me permiten la expresión- de la conducta ortodoxa y por supuesto identificada y transparente, que es, en definitiva, la propia de gobiernos actuales, gobiernos europeos. También tenemos que ganar en términos de procedimientos, de calidad administrativa, de reducción de cargas administrativas para todos, para las familias pero especialmente para las empresas, que no pueden dedicar tantos recursos a atender requerimientos administrativos, con unos costes implícitos, inherentes que hacen que exista una fiscalidad paralela, una imposición paralela a través de esas cargas administrativas.

Y una cuestión muy importante, señorías, y a la que el Gobierno da gran valor es la homogenización de leyes, de normativas autonómicas y de normativas municipales que impiden hoy la configuración de una actividad económica de libre circulación en España. Por tanto, vamos a trabajar desde la lealtad institucional con esas administraciones, con los parlamentos autonómicos y con los consejos municipales para evitar que de esas normas emanen barreras u obstáculos que impidan el desarrollo de nuestras empresas y, en definitiva, el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo.

De mis palabras se deduce claramente la intención y la voluntad del Gobierno de coordinar nuestra actividad con el resto de las administraciones propias del sector público territorial, con las administraciones propias del Estado de las autonomías y de las administraciones locales de nuestro país. También queremos equiparar el trato que reciben las administraciones locales con el que tienen las comunidades autónomas. Las administraciones locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor de nuestro Estado de las autonomías. Creemos que es el momento de reordenar esos instrumentos, que es el momento de abordar una reforma de la Administración que, a través de la supresión de competencias que hoy están reproducidas en los diferentes ámbitos de la Administración, cuestión muy importante y también desarrollo de nuestro programa electoral, lleguemos a un ordenamiento propio -una Administración, una competencia- y seamos, por tanto, capaces también de superar para las Administraciones públicas esta situación anómala que se ha provocado a través de abordar competencias que no están definidas en la actual Ley de Bases del Régimen Local y que están suponiendo una carga presupuestaria muy elevada para todas las corporaciones locales. Reordenar, insisto, esas competencias nos parece una cuestión absolutamente fundamental, tal como demandan, con toda la razón, las corporaciones locales en nuestro país y, en concreto, la Federación Española de Municipios y Provincias.

Paso a relatarles las líneas maestras del anteproyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Obviamente llegará a esta Cámara, esa es la intención del Gobierno y, por tanto, tendremos ocasión de abordarla con mucho mayor detenimiento, pero es importante que esta mañana presentemos esta iniciativa, como lo estamos haciendo en ámbito de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, insistiendo en que España, nuestra historia reciente, la historia reciente de la Hacienda Pública española, ha sido un referente internacional. Hemos sido un modelo en términos de equilibrio presupuestario en la última década o, mejor dicho, en los últimos quince años. Ese fue el resultado de un equilibrio, un ajuste entre ingresos y gastos que permitió que España en los años noventa fundara el euro y, al mismo tiempo, recibiera la confianza de los mercados financieros internacionales y promoviera el crecimiento económico creador de empleo más importante de nuestra historia. Somos, señorías, y es importante que nos convenzamos todos -no solo esté convencido el Gobierno- de una realidad fácilmente comprobable estadísticamente, el único país del euro que ha reducido la deuda pública sobre el PIB en más de 30


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puntos porcentuales desde que nos pusimos en la vía para fundar el euro. Por tanto, deberíamos haber aprendido mucho de ese ejemplo que dimos en términos de estabilidad y de compromiso. Quiero recordar a sus señorías que en el año 1996 la deuda pública sobre el PIB se acercaba al 70 por ciento y que esa deuda pública llegó a situarse en el año 2007 en el 37 por ciento del producto interior bruto. Ningún país europeo hizo nada semejante. Por tanto, ahora que estamos tanto en términos de corresponder y de lealtad con nuestros socios europeos, deberíamos subrayar delante de todos, pero también delante de los organismos internacionales, que somos un país que ya lo ha vivido, que ya redujimos no el déficit, sino la deuda pública, que ya lo hicimos y lo hicimos no sacrificando elementos esenciales de nuestro Estado del bienestar, sino promoviendo el crecimiento económico creador de empleo más importante de nuestra historia. Ese es el ánimo y el impulso, lo que late en esa nueva ley, en esa actualización de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, una ley que obedece al mandato del artículo 135 de la Constitución. Esta es la primera oportunidad que tengo de hablar de esa ley en sede parlamentaria, oportunidad que utilizo para advertir a los grupos políticos de que la voluntad del Gobierno es que se apruebe esa ley en esta Cámara con el mayor apoyo parlamentario, porque es fundamental que los acuerdos que dieron lugar a la reforma de la Constitución el pasado año no solo permanezcan, sino que se amplíen en forma de concreción de lo que sería un apoyo político expresado por los representantes de la soberanía popular a la vigencia, a la actualización y la implantación en España de una ley de estabilidad presupuestaria, que lo que busca es hacer válido ese principio constitucional de garantizar la estabilidad presupuestaria vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Por tanto, quiero mostrarles la voluntad del Gobierno para llevar adelante esos acuerdos políticos con todos los grupos de la Cámara. Espero que podamos trabajar juntos en el procedimiento parlamentario para la aprobación de la ley.

No insistiré más en la importancia de ley. Los objetivos básicos de esta ley son: garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. En esta ley abrimos un proceso para presentar un equilibrio estructural para todas las administraciones públicas, estableciendo un límite de deuda como garantía de la sostenibilidad presupuestaria formulando un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarque la elaboración del presupuesto y a través del cual se garantice una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública e incorporando los mecanismos preventivos de alerta temprana y de corrección automática y el refuerzo de los mecanismos sancionadores, en los que se tendrán en cuenta la normativa europea. No es que se tenga en cuentan -perdonen que me corrija a mí mismo-, lo que se hace con los mecanismos sancionadores europeos es que se trasladan automáticamente al contenido de esa ley, de manera que a medida que avance la gobernanza económica europea y a medida que progresemos podamos también programar automáticamente la incorporación en nuestra legislación de los parámetros reguladores y sancionadores que se contengan en la gobernanza económica europea. Los aspectos más sustantivos son los siguientes. Primero, todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit. Eso se refiere también al resto de entidades que forman el sector público: empresas públicas, fundaciones, etcétera. Segundo, la deuda de las administraciones públicas no podrá superar el valor de referencia del 60 por ciento del PIB establecido en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en la normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales. Tercero, tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales deberán aprobar un techo de gasto. La novedad está en comunidades autónomas y en grandes ciudades dentro de corporaciones locales. Cuarto, que, además, el gasto de las administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB que se establece en la normativa europea. Quinto, que para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el programa de estabilidad. Sexto, se establece la prioridad de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, como se hace en nuestra Constitución. Esto ya está establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución. Séptimo, el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico- financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los límites. Octavo, se da un tratamiento distinto en el caso de déficit por circunstancias excepcionales, esto es, catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, causas que ya están establecidas en nuestra Constitución. En estos supuestos deberá presentarse un plan que permita volver al equilibrio, detallando las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias presupuestarias derivadas de esas situaciones excepcionales. Y noveno, la ley refuerza los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de estabilidad y deuda. Por ejemplo, se informará sobre el cumplimiento de los objetivos en los proyectos de presupuestos, lo que permitirá una actuación preventiva de riesgo y la adopción en su caso de medidas adicionales. Asimismo, se establece un umbral de deuda de carácter preventivo. Es como una señal para evitar los problemas de tesorería que hoy se están dando en el ámbito de varios estamentos de nuestras administraciones públicas. Otro punto sería el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, que se


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tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. No habrá convenios con ninguna Administración que esté incumpliendo su programa de estabilidad. Y las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la Administración responsable. Además, lo que hace la ley es trasponer los mecanismos correctivos de la Unión Europea. Así, en caso de incumplimiento de un plan económico financiero, la Administración incumplidora deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación para valorar la situación económica presupuestaria de la Administración incumplidora, igual que ocurre con países intervenidos en la Unión Europea. Trasladamos lo que está siendo la arquitectura de la gobernanza europea al seno del Estado de las autonomías en España. Y, al tiempo, establecemos unos mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales. Esos mecanismos extraordinarios están sujetos a planes de ajuste y a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinario que en esas administraciones hubieran de adoptar. Además la ley refuerza claramente el principio de transparencia. Hay que ser muy claros, muy transparentes en términos de traslación de las contabilidades presupuestarias a la contabilidad nacional, que es en definitiva el requerimiento europeo, esa equivalencia entre presupuesto y contabilidad nacional, y con carácter previo a su aprobación cada Administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto. Esto es reglamento europeo. Estamos hablando del desarrollo del reglamento europeo tal como está aprobado en fases ya decididas en términos de gobernanza económica europea.

Como ven, la voluntad y la decisión es la de comprometernos todos con los objetivos de déficit y la transparencia en la gestión pública desde el máximo respeto a las competencias autonómicas, y desde el máximo a los niveles de autogobierno de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales. Insisto en que somos el Estado de las autonomías y, por tanto, la intención y la voluntad del Gobierno es, como no puede ser de otra manera, la de cumplir al máximo nuestra legislación y no confundir el plano de intersección entre la transparencia, los controles y las exigencias con nada que signifique injerencia en el planteamiento de gobierno de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales.

Respecto a las empresas públicas -acabo ya-, estamos acometiendo una racionalización, y en el supuesto de que quepa una privatización de esas empresas públicas. Insisto en que solo en el supuesto de que quepa, puesto que las privatizaciones tienen sentido para incrementar la competencia y para gestionar más eficazmente un servicio. No pueden ni deben tener otro sentido económico. No son para hacer caja, sino para mejorar el servicio que están recibiendo y que puedan recibir nuestros ciudadanos. Por tanto, en el ámbito de las empresas públicas -en el que ustedes saben que este ministerio tiene una amplia competencia-, nuestro compromiso es llevar adelante la racionalización de su estructura, la mejora de su gestión empresarial -algo muy importante- y, en tercer término, la privatización en aquellos supuestos en los que quepa y se pueda hacer siempre desde una conveniencia económica de servicio a los intereses generales en términos de recuperación de empleo en nuestro país.

Acabo, señor presidente y señorías. Austeridad y reformas; reformas y austeridad para crear empleo. Ese es el resumen de todas nuestras iniciativas, es el sentido y es el aliento de esas iniciativas y objetivos. A eso obedece todo el planteamiento que he ido desgranando en esta intervención. Es, en definitiva, la intención de recoger el programa inicial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Señorías, estamos en un momento crítico, un momento extraordinariamente difícil. Eso lo saben los ciudadanos y todo el mundo, y lo que esperan del Gobierno y estoy seguro de que también de la propia Cámara es, en primer lugar, un comportamiento acorde con esas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando y, en segundo lugar, actuaciones y medidas que abran un horizonte de recuperación de confianza y recuperación de la imagen de España dentro y fuera de nuestras fronteras.

El señor PRESIDENTE: Es ahora el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. Dada la amplitud de las competencias de este nuevo departamento, algunos grupos han manifestado su voluntad de tener dos portavoces y así será para aquellos que lo deseen; eso sí, pidiéndoles a todos que en la medida de lo posible sean muy respetuosos con los tiempos establecidos. Siguiendo el orden que antes anunciaba, intervendrán en primer lugar los grupos parlamentarios que han solicitado esta comparecencia en orden de mayor a menor y luego los restantes grupos que lo deseen de menor a mayor. Por tanto, tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor Montoro. Antes fue usted el portavoz del principal partido de la oposición en esta Comisión -entonces era la Comisión de Economía- y tuvimos ocasión de compartir durante un año esa tarea. Espero y le deseo de verdad, en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Socialista, los mejores resultados en su responsabilidad de gobierno. Lo deseo por el bien de España y por el bien de todos los españoles, porque lo que más desea el Grupo Socialista es volver a crecer y a crear empleo, pero desde luego con otro modelo de crecimiento


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para no caer en los errores del pasado y en la alimentación de esa burbuja inmobiliaria, que tan gravemente estamos pagando, en la que tuvieron una gran responsabilidad en promover con la política del suelo que ustedes diseñaron y la política de deducciones fiscales que ahora quieren volver a recuperar. (Risas.- Rumores.)

Quiero señalar que el Partido Socialista va a hacer una oposición constructiva, una oposición útil, muy diferente a la que tuvimos que soportar en la anterior legislatura con el Partido Popular. Estamos abiertos al diálogo y al consenso, porque la lucha contra la crisis tiene que ir más allá de la acción del Gobierno, y estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho: el mayor consenso para la salida de la crisis será la mayor garantía de la credibilidad de nuestro país. Además le voy a decir que vamos a reconocer los aciertos y nos vamos a alegrar de los éxitos que se consigan, algo diferente también a la actitud que ustedes tuvieron. Quiero empezar por felicitar a los agentes económicos y sociales por el acuerdo al que han llegado en materia de negociación colectiva y de crecimiento de los salarios, porque nosotros siempre hemos defendido -antes, ahora y lo seguiremos haciendo- que la mejor forma de adoptar y llevar a cabo las reformas en el mercado de trabajo es sin duda alguna con el acuerdo de las partes, que son las que lo tienen que llevar a cabo. Quiero decirles igualmente que el Gobierno nos va a tener a su lado para llevar adelante una política económica que compagine y combine el ajuste adecuado con el crecimiento, una política económica que tiene que adaptarse al nuevo escenario económico en el que nos encontramos, el de la recesión. Además tenemos que compaginarlo con una estrategia adecuada de crecimiento para que de verdad podamos salir cuanto antes de la crisis y volver a crear empleo estable manteniendo unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos y que, asimismo, nos permita repartir equitativamente el coste de la crisis. No vamos a hacer la oposición que ustedes hicieron, y no lo vamos a hacer por dos razones, porque los españoles no se lo merecen y porque no vamos a utilizar la crisis con fines electorales ni a sembrar dudas, como ustedes hicieron, sobre la credibilidad y la solvencia de nuestro país; tampoco vamos a engañar a los ciudadanos prometiendo una política contraria a la que han defendido. Ustedes, usted en particular reiteradamente, establecieron que la peor política para crear empleo era subir los impuestos; dijeron durante toda la campaña electoral que iban a bajar los impuestos; conocían, porque tenían la información suficiente, cuál era la situación internacional, el recrudecimiento de la crisis, el anticipo de la recesión que ya hacían todos los analistas y cómo los indicadores económicos iban confirmando día a día esa recesión. Hicimos un traspaso ejemplar y creo que debe ser el modelo a seguir siempre; el Gobierno entrante tiene que tener la máxima y la mejor información para actuar cuanto antes -por cierto, nada que ver con la transferencia de competencias del Gobierno que recibimos en el año 2004-; ese es el camino que tenemos que seguir. (Rumores.)

Ustedes, usted en particular, dijeron que subir los impuestos era la peor manera de crear empleo, que contribuían a crear más paro. Hoy usted y aquí acaba de decirnos que la subida de los impuestos es una subida moderada para las rentas medias, bajas y altas y que no debería impactar al consumo. Han hecho la mayor subida de impuestos de la democracia. Antes decían que lo que hacía esa subida de impuestos era desalentar el consumo y la inversión y crear más paro. Explíqueme cómo ahora esa subida de impuestos, la mayor de la democracia, no va a afectar al consumo. Además dice que es equitativa. Mire, por propia definición el impuesto sobre la renta es progresivo, pero usted sabe igual que nosotros que necesita una reforma, porque está perjudicando a las rentas medias y a los asalariados. Con la reforma fiscal que ustedes han hecho el 95 por ciento de los contribuyentes que tienen menos de 53.000 euros soportan el 70 por ciento del incremento de la recaudación. Eso es perjudicar a las rentas medias, a las rentas del trabajo. Y la subida, la actualización de las pensiones que han hecho se la come la subida del impuesto sobre la renta que ustedes han hecho.

Me ha sorprendido enormemente que haya dicho aquí -creo que textualmente, si no lo revisaré luego en la transcripción que hagan- algo que el Partido Socialista no está dispuesto a aceptar ni asumir. Han dicho que les hemos dejado un agujero. No admitimos... (Risas.- Rumores.) Ahora estoy hablando yo y pido al partido de la oposición y al presidente que me dejen hablar sin interrupciones; luego ponga orden, por favor.

El señor PRESIDENTE: Disculpe, portavoz. El orden de la sesión lo marca el presidente y cuando tenga que marcarlo lo hará por propia iniciativa. Puede continuar.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Por eso le pido el favor de que, como lo marca usted, lo ejerza.

No admitimos que diga que hemos dejado un agujero. Usted sabe perfectamente la diferencia entre un déficit de tesorería y dejar un agujero. Una cosa es que pueda haber retrasos en los pagos -tesorería- y otra es tener un agujero, tener facturas sin contabilizar. Eso no es verdad. En la rueda de prensa que hizo el 30 de diciembre reconoció que la mayoría de la desviación del déficit se producía en las comunidades autónomas. La Administración General del Estado -ya veremos las cifras definitivas cuando usted las presente- puede tener una desviación entre una o dos décimas. Ha habido una diferencia entre el superávit previsto en la Seguridad Social respecto a la realidad. Como sabe, la recesión, la pérdida de puestos de trabajo, el mayor coste del desempleo, han provocado esa situación. Eso no es dejar un agujero. Por favor, hablemos con rigor, con propiedad. En segundo lugar, respecto a la desviación de las comunidades


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autónomas sabe que este Gobierno fue el que acordó en un consejo de política fiscal y financiera que las comunidades autónomas dieran una información más transparente y un seguimiento trimestral de la información. Estuvo colgado en la página web del Ministerio de Hacienda hasta el tercer trimestre de 2001. Sabe que hasta febrero no se cierra el último ejercicio, por tanto no se tenía contabilizado cuál iba a ser el resultado definitivo del cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas. Ha habido una desviación, es cierto, pero le quiero decir una cosa: han planteado un ajuste que ha sido aprobado con la mayoría absoluta de su partido y con el apoyo de Convergència i Unió, por el cual someten a todos los españoles a compensar la desviación de las comunidades autónomas, y nosotros creemos que ahí no se están dando las señales adecuadas. Si hay que identificar a los responsables de la desviación del déficit, son las administraciones responsables de esa desviación las que tienen que ajustarse al plan establecido. Por otro lado, quiero también señalar que a nuestro grupo parlamentario, al Grupo Socialista, le parece que hubiera merecido la pena que el presidente del Gobierno hubiera venido aquí a dar la cara y a explicar a los ciudadanos las medidas tan fuertes, tan drásticas que ustedes han tenido que adoptar y decidieron aplicar de esa manera, como hizo el anterior presidente José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, que vino aquí, al Congreso de los Diputados, a explicar y anunciar las medidas adoptadas asumiendo toda la responsabilidad ante los ciudadanos.

Nos ha dicho que el anteproyecto de la ley de estabilidad presupuestaria será aprobado en el Consejo de Ministros; supongo que vendrá en breve a esta Comisión con tratamiento de ley orgánica. Nosotros acordamos, como ustedes bien saben, la reforma de la Constitución y esperamos que lo que acordamos que fuera el desarrollo de esa ley se cumpla. Bienvenida sea la suma de todos los grupos parlamentarios, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado, pero hay una cuestión que me parece importante. Usted lo ha reconocido, la realidad es así y nosotros ya lo veníamos diciendo desde el mes de agosto, que la situación internacional y especialmente en la eurozona y en especial en la economía española se ha agravado sustancialmente desde el mes de agosto. Según el Banco de España -como saben- la estimación de crecimiento para 2012 es una caída, una contracción de menos 1,5, del 3 por ciento en el empleo, y según el FMI es aún mayor, del 1,7. Le voy a leer textualmente una frase suya. Usted dijo: "Cuando Bruselas estimó que España debería reducir el déficit al 4,4 por ciento era porque preveía un crecimiento del 2,3. En ese escenario suponía que se incrementaría la recaudación fiscal, pero en un escenario de recesión significa que los ingresos fiscales de nuevo van a disminuir." Estas son sus palabras en una entrevista que publicó el periódico La Vanguardia, que comparto. Sin embargo, le pregunto: ¿a usted le parece lógico, sensato y conveniente mantener un mismo objetivo de déficit cuando la economía se encuentra en recesión? No. Si la prioridad de la economía española es el empleo -objetivo que también compartimos-, ¿le parece que este -cito las estimaciones que hace el Banco de España de que se va a incrementar el paro en 500.000 personas más el año que viene como consecuencia del ajuste excesivo que ustedes defienden- es el camino de verdad a seguir para ajustar y sacar a nuestro país de la crisis? Según un prestigioso economista de nuestro país se estima que por cada punto menos de crecimiento que se desvía el PIB de la desviación inicial, el déficit público aumenta en 4 décimas. De la previsión de crecimiento que había para el año 2012 en el programa de estabilidad presupuestaria para la economía española, que era de un 2,3 por ciento, a la estimación última que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que es una caída del menos 1,7, hay 4 puntos de diferencia. Según esto, para alcanzar el objetivo del déficit del 4,4 por ciento el Gobierno tendría que realizar un ajuste adicional del 1,6 por ciento del PIB; es decir, unos 16.000 millones de euros más. Estamos ante un ajuste imposible y ante un círculo vicioso, como consecuencia de esa austeridad excesiva, de ese ajuste excesivo, porque la menor actividad se traduce en más paro, menos renta disponible, menos consumo, menos inversión, menos actividad, menos ingresos fiscales y más desviación. Por tanto, ese es un círculo vicioso en el que la economía española no puede entrar.

El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Piñero, ha consumido usted ya los diez minutos de la intervención. Vamos a hacer, como les había anunciado, un uso flexible de los tiempos, dada la amplitud de las materias y la densidad de los temas, pero sí le ruego que vaya concluyendo para que pueda tomar la palabra la otra portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Otro tema nos preocupa. Ha dicho que no van a hacer estimaciones de previsiones de crecimiento macroeconómico, que van a esperar a que las haga Bruselas. Me gustaría preguntarle, señor ministro, a qué obedece que el Gobierno no haga sus propias estimaciones. Si obedece a que desconfían de la profesionalidad de los servicios técnicos del ministerio o es un acuerdo que ustedes han adoptado con Bruselas para que sea Bruselas quien a partir de ahora realice las estimaciones. Me gustaría saberlo porque es algo insólito que el Gobierno renuncie a hacer sus propias estimaciones; siempre ha hecho las estimaciones y también las ha hecho la Comisión Europea. Por otra parte, nos preocupa el porqué consideran que no pueden traer los Presupuestos Generales del Estado -confírmeme si es así- y ponen como fecha el 31 de marzo. Entiendo que con la información que tienen no hay razones para retrasar más la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, salvo que haya razones de carácter electoralista por las elecciones andaluzas y prefieran no dar la cara y decir cuál va a ser el


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ajuste impopular -desde luego que lo será- y drástico que tengan que asumir. Por otro lado, permítame también que le haga una consideración. Nosotros creemos que tiene que respetarse al máximo la lealtad institucional y nos parece que poner en cuestión la solvencia de Andalucía, que es una comunidad autónoma que está cumpliendo, la única que ha conseguido reducir en la etapa de crecimiento más de un 7,5 por ciento sus gastos no financieros y que está tres veces menos endeudada que otras comunidades autónomas, es una deslealtad institucional. Esto obedece más a una labor de oposición que de Gobierno responsable, que es donde ahora están ustedes; por tanto, le pido que por favor ese discurso que ha hecho -que comparto- respecto a las comunidades autónomas lo lleve también a los hechos y a las palabras.

Voy concluyendo -para atender a la reclamación que me ha hecho el señor presidente- para decirle que nosotros defendemos y les pedimos que defiendan ya ante la Unión Europea una revisión del calendario del cumplimiento del programa de estabilidad presupuestaria. Lo dijo nuestro candidato desde el mes de agosto, lo recogimos en nuestro programa electoral, ayer presentamos una proposición no de ley instando al Gobierno a que lo haga. Por favor, sabemos que los procesos de negociación con Bruselas suelen ser lentos, pero le pido que el Gobierno sea diligente, exigente para conseguir esa revisión, porque nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos la capacidad de la economía española de salir adelante, y queremos que no se dilate más en el tiempo, es algo imprescindible. Nos van a tener de su lado en el apoyo a esta reivindicación ante la Unión Europea. Tenemos una ocasión histórica con la reforma del Tratado de la Unión, señor Montoro; por favor, que no sea el tratado del ajuste, que sea el tratado del crecimiento. Aprovechen la ocasión, incorporen lo que les hemos venido diciendo y recogido en las proposiciones no de ley que hemos presentado hasta ahora, es lo que hemos venido defendiendo en nuestro programa electoral, un banco central europeo con instrumentos suficientes y potentes para de verdad hacer una política monetaria que es la que se necesita para tener liquidez. La emisión de eurobonos, la creación de una agencia de calificación europea, nos parece imprescindible. Aprovechemos la ocasión de la reforma del tratado. Nosotros somos europeístas, necesitamos una Europa fuerte, necesitamos los instrumentos adecuados para que se puedan llevar a cabo las políticas y necesitamos líderes que de verdad apoyen y sean capaces de llevar esa tarea adelante.

Termino ya para decirles que confío en que la ley de estabilidad presupuestaria, que es una ley fundamental para el futuro de nuestro país, para la salida de la crisis -de verdad cumplan la palabra- sea consensuada y actúen con responsabilidad, con lealtad a todas las administraciones y desde luego con los acuerdos que han acordado que tomarían con este grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la diputada doña Meritxell Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Yo también quiero empezar dando la bienvenida al ministro Montoro y agradecerle la prontitud, que reconocemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, con que esta comparecencia se ha producido. La verdad es que le he visto más vocación de secretario de Estado de Hacienda que de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas porque no ha dedicado excesivo tiempo a hablar precisamente de las administraciones públicas, y creo que no estamos en un momento en el que solo tengamos que hablar de Administración pública para referirnos a austeridad, racionalización, supresión o proveedores de las administraciones públicas, sino que el tema tiene unas dimensiones y unas necesidades bastante más amplias. Cuando hablan de administraciones públicas siempre se refieren a términos como estos: austeridad, racionalización, transparencia, responsabilidad, eficiencia. Mire, señor ministro, absolutamente ninguno de los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara podemos estar en desacuerdo con estos términos; nadie va a estar en desacuerdo con estos términos, pero el tema es saber en qué y cómo se es austero, se racionaliza, se es transparente, se es responsable; hace falta mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración y para eso hace falta traer proyectos, propuestas y reformas concretas. Lamentablemente su comparecencia no ha servido para avanzar en esta dirección. En todo discurso de su Gobierno en todos los miembros que han comparecido o han hecho declaraciones al respecto, se cae en exceso en la tentación de un cierto populismo. Yo diría que subyace en el discurso o en la concepción de la función del sector público, tratarlo como algo excesivo; hay expresiones del presidente del Gobierno en la sesión de investidura como: la profunda reforma administrativa o el redimensionamiento del personal y hay algunas expresiones suyas en esta comparecencia cuando habla de racionalizar, por ejemplo, el empleo público o cuando habla de supresión, pero supresión transversal; parece claro que ustedes piensan que la Administración pública es excesiva y que por tanto hay que reducirla.

Nosotros no pensamos que el sector público en España sea excesivo, al menos no que lo sea de manera lineal y transversal como parece que ustedes plantean porque no acaban de concretar. Nosotros pensamos que algo es grande o pequeño con relación a algo, en comparación con algo. Quiero apuntar dos cosas. En primer lugar, con relación a otros países hay que decir que España es un país intermedio entre los desarrollados. Estamos por debajo de la media de la OCDE. Dicho de otra manera, desde el punto de vista del número de empleados públicos porcentualmente estamos por debajo de países de nuestro entorno más inmediato, como Francia, Reino Unido, Suecia o Italia. En segundo lugar, un sector público será grande o pequeño en función de lo que


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queramos hacer. Si no queremos ofrecer ningún servicio público, siempre será grande, hay que suprimir todo el sector público. Si por el contrario pensamos que es un elemento fundamental para la cohesión social de nuestro país, para garantizar derechos y libertades de los ciudadanos y para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos de calidad, entonces pienso que llegaremos a la conclusión de que el sector público español no está sobredimensionado y que nos tenemos que plantear las cosas de otra manera. Creo que la puntilla la ha dado usted cuando ha hablado sobre el sector público empresarial refiriéndose a él como una vía para actuar arbitrariamente. Acusar al sector público empresarial en pleno de vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución española, donde se regula y se establece la intervención de la arbitrariedad, no es un buen inicio en esta comparecencia para hablar del sector público empresarial.

Otro de los mantras, otro de los aspectos a los que ustedes aluden constantemente en sus intervenciones -también lo ha hecho hoy aquí-, es hablar de las duplicidades con otras administraciones públicas. Seguramente es necesario, es importante y creemos que tiene que producirse este debate, pero también sería interesante e importante que, además de hablar de las duplicidades con otras administraciones públicas, pudiéramos hablar de las duplicidades de la Administración General del Estado. Le pondré solo un ejemplo que afecta a su departamento. Se ha creado una nueva dirección general, en el marco de la Vicepresidencia, de relaciones con los delegados del Gobierno, y eso no ha supuesto la desaparición de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado de su departamento. Espero al menos que, ya que no ahorramos en este aspecto, al menos sí haya una buena coordinación y un trabajo coordinado y en la misma línea de las dos direcciones generales.

En todo caso, señor ministro, cada vez que hablamos de duplicidades utilizamos titulares, utilizamos el término de las duplicidades para generar titulares mediáticos. La brocha gorda la tenemos que dejar en algún momento de la legislatura -cuanto antes mejor, esta comparecencia era una buena oportunidad-, y eso en dos sentidos. En primer lugar, agradezco y le reconozco que haya puesto de manifiesto que un Estado descentralizado no tiene por qué implicar una mala gestión, una ineficiencia, y no tiene por qué generar duplicidades necesariamente. Lo que me parece sorprendente es que usted diga: en la sociedad española se ha instalado este concepto, tenemos que combatirlo. Preguntémonos por qué se habrá instalado en la sociedad española esta concepción, señor Montoro. Se ha instalado esta concepción porque ustedes lo han estado repitiendo al menos durante los últimos cuatro años. En segundo lugar, y refiriéndome a las duplicidades, lo ha vuelto a decir aquí: una administración, una competencia. Señor Montoro, me parece que es una aproximación excesivamente simplista. No tiene sentido hablar de una administración, una competencia. Sabe perfectamente que la distribución de competencias que marca el bloque de constitucionalidad, la Constitución española y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, es mucho más compleja que todo eso, porque se atribuyen funciones respecto a competencias a distintas administraciones, y muchas veces hay competencias compartidas o concurrentes entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que volvemos a los titulares. Está muy bien como titular una administración, una competencia, pero intentemos ir aterrizando sobre esta cuestión y hagamos un análisis más rico y más riguroso.

Sobre el tema de la austeridad, yo quería sacar a colación algunos datos que me parecen importantes. Ustedes han reducido alrededor de un 16 por ciento los altos cargos -la vicepresidenta ayer en su comparecencia hablaba de un 20 por ciento-, y ustedes, un mes antes de acabar la legislatura, nos pedían una reducción del 25 por ciento; o del personal eventual, por ejemplo, en donde también nos pedían una reducción del 50 por ciento. Ustedes han mantenido el número de asesores asignados a ministros y secretarios de Estado exactamente igual, cinco y tres, respectivamente. Solo han bajado los de la Vicepresidencia de trece a nueve; por tanto, estamos hablando de una reducción de cuatro asesores en todo el Gobierno. Lo mismo sucede con la oficina del presidente, que fue vilipendiada, donde no tenía ningún sentido que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuviera una oficina económica. Parece que ahora tiene todo el sentido. No solo tiene todo el sentido, sino que, además, ha sido reforzada y elevada a secretaría de Estado. En todo caso, este tipo de argumentación -y se lo digo aquí- nos parecía demagógica, una argumentación que no conduce absolutamente a nada y, precisamente por eso, nosotros no vamos a utilizar esta vía. Lo único que le pido es, al menos, un mínimo de coherencia entre sus planteamientos un mes antes de terminar la legislatura y los planteamientos que ahora hacen desde el Gobierno.

Quería hacer alusión a la tasa de reposición. Usted se ha referido a ella como la racionalización de la oferta del empleo público. Creo que establecer una oferta del empleo público del cero por ciento no es racionalizar el empleo público; es hacerlo desaparecer; es descapitalizar la Administración pública; es envejecer la Administración pública y es provocar que la Administración pública acabe siendo menos competitiva, mucho menos competitiva. Yo me pregunto ¿van a externalizar todo aquello que continúa siendo necesario hacer o, por el contrario, lo que harán será suplirlo con contrataciones temporales, de manera que todos los avances que se han producido en la disminución de la temporalidad los vamos a dilapidar? Pero, más allá de esta descapitalización de la Administración pública, me preocupa otra cosa con respecto a la tasa de reposición, señor ministro, y es que una tasa de reposición cero significa que muchos opositores van a dejar de seguir estudiando para presentarse


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a las oposiciones y, lamentablemente, los primeros que abandonan son aquellos que tienen menor poder adquisitivo, menos posibilidad de sostén económico familiar para mantener el estudio de una oposición con la incertidumbre de la convocatoria de unas oposiciones. Eso, señor ministro, es un retroceso en la igualdad de oportunidades que nuestra Administración pública ha capitalizado, que nuestra Administración pública ha representado durante todos estos años de democracia. Es un bastión donde se ha reconocido, simplemente, el mérito, el esfuerzo y la capacidad y no el origen o el dinero que se podía tener, y usted lo sabe muy bien. Tengamos cuidado y no perdamos este inmenso valor en la búsqueda del equilibrio social, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades que la Administración pública española ha representado para todos nosotros.

El señor PRESIDENTE: Señora Batet, le ruego que vaya concluyendo.

La señora BATET LAMAÑA: Termino.

Ha hablado usted de Función pública; de una nueva Función pública neutral, imparcial y basada en mérito y capacidad. ¿Qué valoración le merece nuestra Función pública actual? Porque yo creo que la Función pública actual es imparcial, neutral y basada en el mérito y la capacidad. Por lo tanto, algo más para que sea novedoso nos tendría usted que decir. Celebro que haya anunciado la ley del empleado público de la Administración General del Estado y el estatuto del directivo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría que pudiese concretar un poco más qué calendario prevé, que previsión tiene de llegada a esta Cámara. También quería destacar la ausencia de la ley de gobierno local y la Ley de Haciendas Locales, que en su intervención -al menos yo no lo he oído- parece que no han sido anunciadas, y quería saber si su Gobierno tiene previsión a lo largo de la legislatura de traerlas a esta Cámara.

Para terminar, señor presidente, creo sinceramente que mantienen un discurso poco ambicioso cuando hablan de la modernización de las administraciones públicas. Esta modernización requiere un trabajo de fondo, un trabajo pormenorizado, un estudio transversal, un cambio de paradigma de relación de la Administración pública con los ciudadanos y con las empresas, y yo no he visto eso en su intervención. Quiero ofrecerle, desde el Grupo Parlamentario Socialista, un modelo de Administración pública, porque el Grupo Socialista tiene un modelo de Administración pública. Lo hemos establecido normativamente en las anteriores legislaturas. Sabemos que queda mucho por hacer. No se ha terminado en absoluto esta regulación legislativa. Sabemos que hace falta desarrollar y poner en marcha algunos de los ejes fundamentales que quedan por desarrollar y profundizar. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario Socialista, quiero ofrecerle toda la colaboración para avanzar en una concepción del sector público profesional valorado socialmente. Creemos que es muy negativo que en estos momentos el sector público no tenga una buena valoración por parte de los ciudadanos, con vocación de servicio y con esta capacidad de encabezar los avances en igualdad de oportunidades, en cohesión social que ha supuesto para nuestro país. Si ustedes lo que quieren es reducir transversalmente, sin ningún criterio más allá de la reducción del gasto público haciendo remiendos o recortes, no podremos ponernos de acuerdo. Hay muchos puntos en común, y la capacidad de consenso y las posibilidades de llegar a consenso en esta materia creo que son muchas. Nuestra disposición está. Espero que el Gobierno siga desarrollando las líneas que usted no ha tenido oportunidad de hacer hoy. En este sentido, hemos pedido esta misma mañana la comparecencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Josep María Sánchez i Llibre, cuya sagacidad y larga experiencia estoy seguro de que le hará posible ajustarse algo más a los tiempos que en las primeras intervenciones.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos previstos reglamentariamente, pero, al mismo tiempo, también le pedimos la máxima flexibilidad como ha tenido con el Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, señoras y señores diputados, señor presidente, quiero darle la bienvenida a esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas al ministro Montoro, esta vez como ministro y no como diputado, como en anteriores legislaturas. Asimismo, quiero manifestar que desde Convergència i Unió compartimos el análisis que ha hecho el señor ministro respecto a la delicada situación por la que está atravesando la economía española, así como los objetivos del ministerio en el sentido de que hay que actuar con la máxima urgencia para mejorar esta situación y poder salir de la crisis. En este contexto, señor ministro, desde Convergència i Unió le deseamos el máximo de éxitos ante esta nueva responsabilidad, ya que si los tiene seguro que lo vamos a compartir porque desde Convergència i Unió también habremos trabajado en la misma dirección.

Hecha esta primera introducción de bienvenida y de análisis general con respecto a la intervención del señor ministro, queremos manifestar una vez más que desde Convergència i Unió siempre hemos planteado que, para salir de esta situación delicada de crisis de la economía española, es necesario actuar con el máximo rigor presupuestario. También es necesario generar la máxima confianza entre los agentes económicos y sociales para que se pueda estimular la inversión, ya que única y exclusivamente a través de la confianza y del estímulo de la inversión será posible generar empleo, que ha de ser uno de los grandes objetivos para poder eliminar de una vez por todas este grave cáncer por el que están


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pasando y sufriendo muchísimas familias españolas que están en una situación de paro y en la que tampoco se ven posibilidades a corto plazo de que se pueda pasar de una situación de paro a una situación de empleo.

Señor ministro, ustedes han aplicado de entrada una reducción importante de gastos, una reducción importante de inversiones y, al mismo tiempo, lo han complementado con una subida importantísima de impuestos, que ya hablamos en la convalidación del real decreto en la pasada reunión del Congreso de los Diputados, pero a través de esta fórmula de reducir gastos e incrementar impuestos ni se genera confianza ni se genera empleo. Hay que complementar estas cuestiones del rigor presupuestario, de la lucha contra el déficit público, con estímulos a la economía productiva -a los que más adelante me referiré-, porque entendemos que esta es una asignatura pendiente en la que su Gobierno ha actuado muy rápidamente en una dirección, pero se ha olvidado de estimular la economía real, de pensar en el tejido productivo español, de pensar en las pequeñas y medianas empresas, de pensar en los empresarios autónomos, que son los que realmente pueden generar empleo. Han hecho anuncios, que es humo, la música puede sonar muy bien, pero de decisiones de cara a la autonomía real, como han hecho ustedes implementando subidas importantes de impuestos y recortando gastos, todavía no hemos visto absolutamente nada. Vamos a esperar y vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, si realmente ustedes en esta cuestión también tienen bien aprendida la lección.

Voy a referirme básicamente en mi intervención a la ley de estabilidad presupuestaria y, como ustedes comprenderán, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a estar atento a su tramitación parlamentaria. De las palabras que ha dicho el ministro en su intervención, de entrada la música nos suena bien. Dice que ustedes van a intentar conseguir el máximo consenso de todas las formaciones políticas para que las comunidades autónomas no salgan perjudicadas en esta tramitación parlamentaria. La palabra consenso da una cierta tranquilidad a los grupos parlamentarios y, cuando podamos analizar la propuesta, vamos a ver si somos capaces de poderla consensuar con el máximo de formaciones parlamentarias. Desde esta perspectiva, señor ministro, a nosotros también nos gustaría manifestar que nuestro grupo parlamentario siempre ha estado en esta cuestión a favor del rigor presupuestario, siempre hemos estado de acuerdo con la disciplina presupuestaria, siempre hemos manifestado estar de acuerdo, y lo hemos practicado a través de una política de austeridad. En definitiva, nosotros siempre hemos estado en contra de gastar más de lo que se ingresa. Por lo tanto, sí estamos a favor de la estabilidad, sí estamos a favor del control de gasto, sí estamos a favor del equilibrio financiero, por supuesto, y también, lógicamente, estamos a favor de la coordinación y de la corresponsabilidad. Todo ello, señor ministro, ha de hacerse siempre desde el escrupuloso respeto al autogobierno, desde el escrupuloso respeto a las competencias y a las garantías de las comunidades autónomas -usted ya lo ha dicho también en su intervención-, lo cual de entrada nos tranquiliza; por lo tanto, siempre de acuerdo con el escrupuloso respeto a la autonomía financiera, en nuestro caso particular del Gobierno de la Generalitat y también, lógicamente, del resto de comunidades autónomas.

Hechas estas consideraciones de tipo general, plantearé algunas consideraciones especiales que nos gustaría que contemplara la futura ley de estabilidad presupuestaria; si no se contempla, lógicamente nosotros vamos a intentar consensuar con el Gobierno y con el resto de grupos parlamentarios algunos aspectos que consideramos que son sensibles a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y sería muy importante poder llegar a un acuerdo en la negociación parlamentaria. Por descontado, quiero manifestarle que los detalles y la letra pequeña son importantísimos y relevantes y que nosotros, lógicamente, me imagino que como los demás grupos, los vamos a analizar con lupa. En segundo lugar, quiero manifestarle, señor ministro, que en esta ley de estabilidad presupuestaria nos gustaría que a la hora de adoptar las medidas que se tuvieran que implementar a corto plazo se tuvieran en cuenta las condiciones del inicio de la legislatura con que se han encontrado muchas comunidades autónomas cuando han entrado a conformar el nuevo gobierno o la misma situación con que se ha encontrado el Gobierno del Partido Popular cuando ha entrado a administrar un déficit que es superior al que estaban esperando. Por lo tanto, queremos que haya un cierto margen de maniobra en el que se contemple cuáles son las condiciones iniciales en que se encuentra una comunidad autónoma, una corporación local o el Estado en este caso cuando se inicia una nueva legislatura.

Consideramos que es muy importante, en el hipotético caso de que se contemplara un nuevo escenario macroeconómico de acuerdo con las previsiones de déficit público, lógicamente consensuado con la Unión Europea, tener en cuenta el planteamiento para reasignar o repartir los déficits públicos, no solamente a la Administración central, sino también a las comunidades autónomas, porque hasta la fecha ha habido una posición en la que todo era centrifugado a las comunidades autónomas y el déficit de la Administración Central del Estado, que muchas veces era la responsable principal, quedaba intacto. Por lo tanto, queremos también que exista esta sensibilidad o esta posibilidad a la hora de reasignar nuevos déficits y que se tenga en cuenta en el reparto de la asignación de los déficits a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. También nos gustaría, señor ministro, que se contemplara en este proyecto de ley de estabilidad que las comunidades autónomas que cumplan con los déficits estipulados gocen de las mismas garantías que tiene el Estado a la hora de financiar su deuda. Me explicaré. No tiene sentido que una comunidad autónoma que cumpla con sus objetivos de déficit a la hora de financiar su deuda


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pública pague un 40 o un 50 por ciento más de lo que paga la Administración del Estado, porque las comunidades autónomas también son Estado. Queremos que existan las mismas garantías a la hora de financiar las deudas públicas de las comunidades autónomas, que tengan el mismo nivel y puedan gozar de los mismos tipos de interés, aunque en este caso es lógico que una deuda de una comunidad autónoma, una deuda subordinada, tenga unas décimas de punto más que la de la Administración central, pero lo que no es normal es que hoy existan diferenciales de un 30 o un 40 por ciento de interés a la hora de financiar las deudas de las comunidades autónomas respecto a la Administración central.

Por último, también nos gustaría que este anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria pudiéramos definirlo las comunidades autónomas como un proyecto de ley serio y solvente, que supla la inseguridad jurídica que hoy tienen las comunidades autónomas en sus ingresos a causa de la deslealtad, en algunos casos, de la incompetencia o de la negligencia de la Administración central. Nosotros queremos que de una vez por todas, señor ministro, las comunidades autónomas no hayan de pagar siempre los platos rotos o ser el chivo expiatorio de una posible negligencia o incompetencia de la Administración central. Es cierto, señor ministro, que existen responsabilidades compartidas, del Partido Popular cuando estaba en la oposición y ahora en el Gobierno, y del Partido Socialista que ahora está en la oposición y hace poco estaba en el Gobierno, porque cuando se hablaba del déficit de la Administración General del Estado siempre existía una mano negra que centrifugaba toda la culpa de los déficits públicos de la Administración General del Estado hacia las comunidades autónomas. Entendemos que esto se ha de acabar en esta ley de estabilidad presupuestaria, a fin y efecto de que se pueda suplir la inseguridad jurídica que tienen las comunidades autónomas en los ingresos.

Respecto a este tema, quería referirme a un caso que usted conoce perfectamente, que es la situación en que se encuentra en estos momentos la Generalitat de Catalunya. La Generalitat tenía presupuestado para el año 2011 una serie de ingresos, unas transferencias que tenía que hacer el Estado a la Generalitat -y a otras comunidades autónomas-. Había consignados unos recursos en los Presupuestos Generales del Estado y, finalmente, estas partidas no se han utilizado. Ahora nos encontramos, señor ministro, con que por culpa de esta -yo diría- deslealtad, negligencia o incapacidad del Estado central, la Generalitat de Catalunya contaba con unos recursos que ascendían, entre disposición adicional tercera y fondos de competitividad, a alrededor de 2.200 millones, que tenían que venir obligatoriamente a Cataluña y a otras comunidades autónomas por otros conceptos, pero, a pesar de que estaban presupuestados, estos recursos no se han materializado y no han llegado. Así es difícil, señor ministro, cuadrar unos presupuestos para las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que asegurar también la inseguridad jurídica que tienen hoy las comunidades autónomas en cuanto a los ingresos. Al mismo tiempo, cuando se habla de responsabilidades de gestores que presupuestan 10 y gastan 20, habría que hablar de responsabilidad de gestores que tenían presupuestados unos ingresos y unas transferencias a las comunidades autónomas y, finalmente, tampoco se han hecho. De esta forma es imposible cuadrar los presupuestos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Señor ministro, usted sabe perfectamente que en Cataluña hemos estado aplicados en la ley de estabilidad presupuestaria. Y no solo eso, sino que en el Parlament de Catalunya está en trámite una ley catalana de estabilidad presupuestaria que va un poco más lejos de lo que tiene previsto el Estado. El Estado prevé que los objetivos se materialicen en el año 2020, y nosotros lo hemos planteado para el año 2018. Al mismo tiempo, ustedes están planteando una ley de estabilidad presupuestaria, que es producto de una reforma de la Constitución, que ya dijimos en su momento que significaba una ruptura del consenso constitucional, en la que Convergència i Unió junto con el Partido Comunista, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya participamos en la tramitación de la Constitución. Pero, finalmente, PP y PSOE, PSOE y PP, lo que parecía imposible de cambiar durante muchos años, en una noche no solo la cambiaron, sino que expulsaron a una formación política que era constituyente. Si usted ahora dice que a través de este consenso van a reparar que este cambio constitucional no suponga una importante lesión para las comunidades autónomas en cuanto a sus competencias y sus garantías, nos vamos a dar por satisfechos y vamos recoger el guante y empezar a trabajar rápidamente en esta dirección.

Segunda cuestión, financiación...

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, lleva consumidos quince minutos. Estamos siendo generosos, pero como veo que inicia una segunda cuestión solo le pido que continúe pero que sea breve.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Me referiré a una segunda cuestión rápidamente. Estoy al 50 por ciento del Grupo Parlamentario Socialista. Es una comparecencia importante porque aquí se definen las líneas maestras de la política fiscal. De todas formas voy a ser breve.

El señor PRESIDENTE: Así lo estamos considerando y por eso los tiempos son flexibles, pero, insisto, haga lo posible por ajustarse.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy a ir rápido, señor presidente.

Financiación de las comunidades autónomas. Ya se lo he dicho en mi intervención. Hay que buscar un mecanismo para que se puedan financiar en las mismas condiciones que el Estado. Desde esta perspectiva, siempre hemos apoyado, igual que el Partido Popular y el Partido


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Socialista, los eurobonos. Ahora vamos a implementar la posibilidad de que se puedan plantear en España los hispabonos. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo para que todas las comunidades autónomas podamos gozar de las mismas garantías de las que goza el Estado cuando emite su deuda pública a través del Tesoro.

Financiación local. Ya lo dijimos en nuestra intervención de la convalidación. Planteamos que lo del IBI era un parche bienvenido para muchos ayuntamientos, pero hay que hacer una reforma global de la financiación de las corporaciones locales. Vamos a ver si son capaces de traerlo rápidamente a esta Cámara. Don Carlos Páramo, portavoz de las administraciones territoriales, me planteaba una duda que tenemos: que este incremento de ingresos que van a tener los ayuntamientos por el aumento del IBI no vaya a ir en detrimento de la PIE, la participación en los ingresos del Estado. Es una cuestión muy importante. Respecto a las deudas que tienen las administraciones locales con la economía productiva, básicamente las pequeñas y medianas empresas, usted sabe, señor ministro -lo hemos comentado en la anterior legislatura-, que las administraciones locales deben más de 30.000 millones de euros. De la misma forma que hemos implementado un sistema a través del ICO para que las comunidades autónomas se puedan financiar, ¿por qué no implementamos una línea financiera para poner el contador a cero? Si las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos pagan a todos sus proveedores, sería una inyección importante de liquidez para la economía productiva.

Financiación de la actividad productiva. Con esto termino, señor presidente. Se lo he dicho al inicio de mi intervención. Hemos hablado de financiación del Estado, reforma del sistema financiero, pero no he oído todavía a través de los anuncios que ha hecho de cara al futuro ni a otros miembros del Gobierno que hablaran de la falta de liquidez en la que se encuentra el tejido productivo español, básicamente la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos. En este Gobierno nadie se preocupa a corto plazo, mañana, de la grave situación en la que está el tejido productivo español que va a pedir un crédito y si no es supersolvente, tiene supergarantías y le avala la familia, el vecino, etcétera, no hay crédito suficiente a disposición de la economía productiva. Señor ministro, han de instrumentar un mecanismo alternativo y temporal para que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez pasado mañana, no dentro de un año, porque dentro de un año van a desaparecer; no vamos a generar empleo. Le vamos a dar una idea. Desde Convergència i Unió siempre intentamos dar ideas, algunas tienen éxito y otras no. De la misma manera que han instrumentado al ICO para que pueda financiar a las comunidades autónomas, hagan del ICO un banco público durante un tiempo, dos, tres o cuatro años, mientras dure la crisis, y que, a través de los depósitos que el ICO pueda captar de los contribuyentes o de las familias españolas, estas aportaciones o estas incorporaciones en los activos del banco público del ICO sirvan para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Es una idea que llevamos bastante tiempo estudiando. Algunas de estas ideas las votaron ustedes en la anterior legislatura. Vamos a ver si son capaces de dar una buena noticia a la economía real, al autónomo. Usted ha hecho algún anuncio como la idea del emprendedor, pero el que tiene que pagar la nómina pasado mañana, porque la ley de morosidad todavía no se ha puesto en práctica, y no le paga la Administración pública y tiene que pagar nóminas, Seguridad Social y proveedores, va a al banco y no tiene dinero. A este señor que tiene un problema grave pasado mañana, ¿quién le da una solución? El Gobierno no se la ha dado. Por tanto, le pedimos un poco de agilidad y que seamos capaces no solo de incrementar impuestos, de reducir inversiones y de reducir gastos, sino que demos una buena noticia a los pequeños empresarios, al tejido industrial español para que puedan continuar con sus negocios y generar empleo.

Muchísimas gracias, señor presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Plural, que va a dividir su intervención. En primer lugar, tiene la palabra Alberto Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: En primer lugar, por supuesto, desde la educación, desde nuestro grupo queremos desearle al señor Montoro en esta etapa todos los aciertos que puedan beneficiar a la sociedad española, a pesar de que es obvio que mantenemos una diferencia ideológica más que notable. Precisamente por esta razón, yo diría que las medidas que ha aplicado, el camino que ha empezado a recorrer este Gobierno y este ministerio en particular son la mejor senda para acabar estrellados y con una crisis aún más grave. La subida de impuestos a las clases medias, las llamadas constantes a la moderación salarial que se hacen también desde el Ministerio de Trabajo y la renuncia a la inversión pública lo único que van a conseguir es disminuir la demanda, el consumo, la inversión, perjudicar el crecimiento económico y paradójicamente, como bien se sabe, incrementar los problemas de déficit público. Por eso, si seguimos esta senda no nos quedará más remedio, desgraciadamente, que mirar nuestro futuro en el presente de Grecia, en un presente dramático por todo lo que está significando.

Usted, señor Montoro, ha hablado de recortes, aunque luego ha hablado de austeridad, pero yo prefiero llamarlo recortes porque en última instancia eso es lo que son. Sorprende también que haya hablado de urgencia en la materialización de esos recortes y sorprende, de hecho, que al final los presupuestos se determinen después de las elecciones andaluzas. Si hay tanta urgencia, ¿no es bastante paradójico desde sus coordenadas ideológicas que esos presupuestos se pospongan? ¿No está insinuando acaso que los españoles pueden seguir sufriendo hasta que, por intereses partidistas, pasen las elecciones


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andaluzas? Es una paradoja que quisiera hacer notar. En cuanto a los recortes, su ministerio ha congelado el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional. Eso no solo va a deteriorar la capacidad adquisitiva de la población, sino que además va a perjudicar las ventas de las pequeñas y medianas empresas que generan en torno al 80 por ciento del empleo en este país. Por lo tanto, si seguimos con ese mantra de la moderación salarial y de los recortes en inversión pública, ¿quién va a comprar los productos de las pequeñas y medianas empresas? Supongo por sus declaraciones que usted intuye que las empresas van a reinvertir los mayores beneficios que van a tener por rebajas fiscales, por ejemplo. Pero quiero recordarle que en el año 2009 el 50 por ciento de la renta empresarial de las sociedades españolas no financieras se dedicó a repartir dividendos, lo que significa que las empresas no están reinvirtiendo sus beneficios sino repartiéndoselos. Y es coherente con la teoría económica porque sencillamente no hay mercado para comprar, por tanto las pequeñas y medianas empresas prefieren no destinar esos supuestos ingresos añadidos a la reinversión. Lo que tenemos que decir es que hay un problema de demanda y no se va a solucionar por más que se sigan haciendo rebajas fiscales a las empresas. Si se mantienen en esta política de recortes, en esa senda de austeridad, lo más probable es que dentro de unos cuantos meses usted vuelva a comparecer aquí para hacer otra nueva senda de recortes y más recortes, dando otra vuelta de tuerca exactamente igual que está haciendo Grecia y que están haciendo otros países europeos con nulo éxito. Nulo éxito, por supuesto, para la gran mayoría de la población, pero sí con cierto éxito para determinados sectores que se benefician de las privatizaciones, de las liberalizaciones, de las rebajas de impuestos en definitiva.

Su ministerio ha reconocido que ha subido los impuestos, pero se celebra que el esfuerzo ha recaído sobre los más pudientes. Yo disiento; aunque le reconozco que la subida del IRPF es más justa desde el punto de vista de la justicia fiscal que la subida posible del IVA, lo que es falso es que el sistema fiscal español sea en la práctica progresivo. Usted bien sabe que técnicamente sí lo es, pero que de facto, por todos los agujeros fiscales que existen, el sistema es regresivo en la práctica. Esto significa que tenemos agujeros fiscales en forma de deducciones, de fraude fiscal de toda naturaleza, evasión y elusión fiscal, que tenemos paraísos fiscales y que, por lo tanto, las reformas que ustedes han aplicado para subir los impuestos no afectan para nada a las clases altas que son las que usted ha argumentado que van a hacer el esfuerzo. De hecho, esta circunstancia explica que esta subida de impuestos que se hace sobre las clases medias al final sea para compensar la pérdida de esfuerzo que están haciendo las grandes empresas y la gran banca. De hecho, su Gobierno no ha tocado el impuesto sobre sociedades, a pesar de que es un agujero fiscal muy importante. Usted sabe, con todas las deducciones fiscales que existen en este impuesto, que al final con el tipo efectivo que acaban pagando las empresas, especialmente las grandes empresas, se contribuye muy poco a las arcas del Estado. La flexibilidad en materia de contabilidad, todas las deducciones que existen al final hacen que el tipo efectivo baje al 20 por ciento para las empresas y que, si solo tienes en cuenta las diez empresas más grandes, al final el tipo efectivo es del 15 por ciento. Esa es la realidad del impuesto sobre sociedades. Si esas diez empresas -por ejemplo, las más grandes- pagaran no ese 15 por ciento de tipo efectivo, sino el 30 por ciento que les correspondería por el tipo general, el Estado ingresaría 5.000 millones de euros más. Eso es un agujero fiscal; no hacía falta subir el impuesto sobre sociedades, sino sencillamente corregir todas esas distorsiones que hacen que al final las grandes empresas evadan, legalmente, los impuestos; amén de ilegalmente.

En cualquier caso, también hablando de deducciones, su ministerio ha hecho la deducción por la vivienda celebrando que es una ayuda a la vivienda, a los españoles para el acceso a la misma. Lo cierto es que esta ayuda también es regresiva y es una ayuda encubierta a los bancos. Es regresiva porque se benefician de ella fundamentalmente las clases altas. Según la Agencia Tributaria, las rentas mayores de 600.000 euros al final lo que acaban es deduciéndose por importe el doble que aquellas rentas que son mileuristas. Todo ello son ingresos que el Estado deja de ingresar. Es dinero que deja de ingresar el Estado. De hecho, también es otro agujero negro por el que se escapa el dinero de todos los españoles y que, en última instancia, hay que compensar de otra forma para mantener el Estado del bienestar. Esos agujeros son los que explican después que haya que hacer subidas de impuestos pero, eso sí, a otros sectores. Por tanto, si su Gobierno y usted quisieran ayudar de verdad en el problema de la vivienda podría comentarle a su compañero y ministro señor De Guindos sencillamente que pusiera en alquiler muy barato aquellas viviendas que son ya propiedad de aquellas entidades salvadas por el FROB, que eso directamente se puede hacer hoy mismo y eso sí que hace mención a los problemas reales de la ciudadanía española.

Seguimos hablando de agujeros fiscales: el fraude fiscal. ¿Cómo vamos a combatir mejor el fraude fiscal con una tasa de reposición del 10 por ciento? Estamos disminuyendo los efectivos que van a combatir ese fraude fiscal. No tiene sentido cuando se está haciendo bandera del fraude. Parece, mejor dicho, que no hay un interés del Gobierno por perseguir de forma efectiva y eficiente este fraude fiscal. Lo mismo ocurre con los paraísos fiscales. Si queremos luchar contra ellos podemos hacerlo desde la propia España, sencillamente porque en nuestro régimen jurídico, en el impuesto sobre sociedades, existe una figura jurídica -la empresa de tenencia de valores extranjeros- que hace que España funcione como paraíso fiscal para otros países. No podemos contribuir a que España sea un paraíso fiscal dentro de la economía mundial. Sabemos también que el 75 por ciento del fraude fiscal lo generan las grandes


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empresas y las grandes fortunas, así que le insto a que su Gobierno adopte el compromiso de centrarse en esas grandes empresas y esas grandes fortunas en la lucha contra el fraude. Nos hacemos eco de su propuesta sobre la limitación del dinero en efectivo y sugerimos -como hacen los inspectores de Hacienda- que sea de 1.000 euros, que es lo que ellos recomiendan para tener una recaudación de hasta 26.000 millones de euros. Pero ahora bien, es notable -y lo sabemos todos- que España necesita ingresos, y esto es una reforma fiscal que, aunque usted diga que está en contra de la subida de impuestos, es un incremento de los mismos y, por lo tanto, hemos recuperado ingresos. Pero la clave es, ¿para qué queremos los ingresos? ¿En qué se traduce este esfuerzo que se le está pidiendo a los ciudadanos, a la mayoría de la población y fundamentalmente a las clases medias? ¿A qué se va a dedicar? ¿Se va a dedicar acaso a un plan de empleo público que regenere la actividad económica, que recupere el crecimiento económico y que nos permita ingresar más dinero en las arcas públicas? ¿O por el contrario, como parece deducirse de sus palabras y sus políticas, se va a dedicar directamente a meter ese dinero, ese incremento del esfuerzo que se le pide a los ciudadanos directamente a depositarlo en el bolsillo de los bancos? Porque eso es al final pagar a los acreedores y a los tenedores de deuda pública, y sabemos que al final muchos de esos bancos están comprando deuda pública con dinero muy barato del Banco Central Europeo, están especulando con el dinero público y nos están prestando un dinero que debería haber venido por la vía de los impuestos. En definitiva, este Gobierno está pidiendo muchos esfuerzos a los españoles, pero no les está diciendo explícitamente para qué, porque no se habla de empleo en esta reforma, se está hablando sencillamente de pagar a los acreedores, de meter dinero en el bolsillo de los bancos. De esta forma su Gobierno, y permítame que sea tan directo, está actuando sencillamente como el consejo de administración de los bancos. En este sentido, me consta que en su Gobierno, de hecho, ya hay ministros con experiencia en esa labor. No en vano, los grandes beneficiarios de esta crisis y de las medidas anticrisis son los bancos, que no se van a ver afectados por los impuestos. No se está luchando contra sus estrategias de planificación fiscal, por la que al final dejan de pagar los impuestos que corresponde, de hecho, están beneficiándose de ayudas alegremente por todo el Estado; incluso en su declaración previa, los planes de pensiones es, en última instancia, una ayuda a los planes de pensiones privados gestionados, por supuesto, por la banca privada.

Aprovecho también para felicitar a la Mesa del Congreso por haber suprimido las aportaciones a los planes de pensiones privados, que es algo que nosotros exigimos en el debate de investidura. Pero mientras se está ayudando a la gran banca, mientras se está haciendo que esta banca se beneficie de las medidas anticrisis -y que ya se benefició del germen de la crisis-, lo cierto es que estas entidades -y voy a ser muy directo- practican terrorismo financiero expulsando a la gente de sus casas, practica terrorismo financiero abusando en los contratos que suscriben con los clientes, cuando estos no tienen sencillamente ni idea de lo que están firmando, y ahí tenemos todas las resoluciones judiciales que así lo confirman. También hacen terrorismo financiero cuando chantajean a una sociedad al completo a través de todos los mecanismos financieros que bien conocemos y que en última instancia obligan y determinan a los gobiernos a aplicar su política económica, cuando a los bancos no los ha votado nadie. En este sentido, insto al Gobierno a que recupere la dignidad de los españoles, invirtiendo esa relación, ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas en vez de a la banca. Por cierto, esto tiene consecuencias económicas, pues si ayudamos a las familias y a la pequeña y mediana empresa resolvemos o comenzamos a resolver el gran problema de este país, que no es la deuda pública, sino la deuda privada. Por lo tanto, lo que necesitamos no es seguir ayudando a una banca que continuamente -y porque no se regula su espacio financiero- sigue especulando. Necesitamos ayudar a las familias, necesitamos ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a la economía real, y eso solo lo podemos hacer invirtiendo esta senda, cambiando este camino que ha empezado a recorrer este Gobierno. Estamos viendo la experiencia de Grecia; no hablamos de fe en la posibilidad de aplicación de estas reformas, hablamos de hechos históricos, hablamos de hechos muy concretos, experiencias que tenemos muy recientes, como el caso de Grecia, que lleva dos años aplicando recortes y que, de hecho, acaba ingresando menos de lo que gasta, mucho menos. Está peor que cuando empezó a hacer los recortes. Por lo tanto, para terminar, le insto -ya que usted quiere o le gustaría meter en la cárcel a aquellos administradores públicos que no cumplan con el presupuesto- a cambiar esa lógica y hacer todo lo posible para que paguen aquellos que no están pagando los impuestos, aquellos que defraudan, aquellos que especulan con la economía de nuestro país y, en última instancia, con las familias y con la vida de las personas que es, en definitiva, lo que a nosotros nos preocupa.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra también en nombre del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, doña Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor ministro, en este tiempo restante que le corresponde a mi grupo, querría añadir a la intervención del diputado Garzón unas reflexiones sobre el escenario económico y también el modelo de Estado que desde Iniciativa per Cataluña Verds y La Izquierda Plural, Izquierda Unida defendemos. Seguramente, dista mucho de su modelo de Estado. De todas maneras, hoy nos ha sorprendido elogiando a los modelos federales; yo creo que podría ser un buen comienzo. Una primera reflexión: según le hemos leído y podido escuchar en estos días -no al resto del Gobierno, ni al señor De Guindos, ni a la vicepresidenta-,


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parece que usted ha visto la imposibilidad de cumplir los objetivos de déficit. Hoy ha disimulado un poco en esta comparecencia, pero sí que hemos podido ver que usted ha chocado con la realidad. Son esos objetivos de déficit que se planteaban ya en el año 2010 para España en 2012 y 2013. Entiendo que pueda resultarle difícil a usted, que es especialmente dogmático en esa doctrina, porque repasando sus intervenciones en calidad de diputado se repetía desde 2008 constantemente en reducir, recortar, reducir impuestos, déficit cero, recortar, reducir impuestos y así en todas sus intervenciones. Seguramente, debe ser complicado hoy chocar con esa realidad. Pero esa doctrina que fijaron ustedes en la propia Constitución con los socialistas está demostrando que es fracasada y que, por tanto, nos lleva al desastre y a la recesión económica. Creo que rectificar es de sabios, y ese es el mensaje que le queríamos trasladar, señor ministro. Hoy está demostrado que los objetivos planteados en el año 2010 son inasumibles y no solo inasumibles sino que son suicidas y nos llevan a la recesión económica. Por tanto, hoy lo que le queremos trasladar es que rectifiquen. Los recortes drásticos están ahogando a la economía y especialmente a los ciudadanos y a las familias con más dificultades. Le pongo un ejemplo. Yo ahora vivo en Cataluña una parte de la semana y allí se está aplicando esta doctrina desde hace más de un año, y los resultados son lamentables: Cataluña lidera la destrucción de puestos de trabajo, está creciendo la pobreza, se está hipotecando la educación, la sanidad. Por tanto, llevamos aplicando a nivel de España dos años de recortes y no ha significado una mejor calificación de la solvencia. Nos están llevando a una segunda recesión y de los planteamientos de entonces, cuando había 2 millones de parados, hoy estamos a 5 millones de parados, por lo que no es la receta adecuada. Usted hablaba de una sociedad de bienestar, y yo lo que le digo es que con esa política de recortes y ajustes lo que estamos viendo es un Estado asistencial. Por tanto, recapaciten.

También le agradecería que no se escudara en Europa, porque Europa es usted, es usted y los suyos los que están en Europa. El lunes su Gobierno tiene que ir a la cumbre europea y le pedimos que vaya a defender a la gente y no a los mercados, y que rectifiquen. Hoy, tengo entendido que la señora Merkel hablaba con el señor presidente. Ella está en Davos, seguramente también le están dictando la agenda. Usted, señor ministro, forma parte de los populares europeos, de los que han tomado también esas decisiones que son inadecuadas, que son injustas, especialmente para un país como España. Es hora de ir a Europa y decir que estas políticas de ajuste drástico nos están llevando al desastre económico y al crecimiento de las desigualdades. Le exhortamos no solo a un nuevo calendario y a unos nuevos objetivos de déficit razonables para poder volver a crecer y a crear puestos de trabajo, sino también a un reparto distinto de las responsabilidades de ese déficit. Lo hemos planteado también en Cataluña, que sea el propio presidente Mas quien lo traslade al Gobierno. Es un reparto injusto, es un reparto centralista de los objetivos de déficit. No se corresponde el peso del gasto que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos -y el caso de Cataluña es claro- en el total del gasto público con el peso que tiene en el déficit. Esto no tiene sentido, porque es injusto y porque se ahoga más. Precisamente, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que tienen el peso del Estado del bienestar, los que tienen las competencias precisamente en educación, en sanidad y en hacer frente a las necesidades más cotidianas de los ciudadanos. Por tanto, ese centralismo en el reparto de responsabilidades está ahogando a las administraciones. Nosotros defendemos un Estado federal, usted no hasta ahora, quizá hoy está abriendo esa puerta. Pero, quiera o no, eso sí, nuestro Estado por ahora es descentralizado, y aquí también le pedimos lo mismo que el Grupo de Convergència i Unió, que cumpla la ley, que cumpla con las deudas que tiene el propio Estado con las administraciones públicas.

Ha empezado usted mal la legislatura, porque ha empezado con ese papel de policía de las comunidades autónomas, mientras que usted mismo no cumple la ley, porque no se paga lo que le debe a estas administraciones. Lo que hemos visto por ahora es que usted y su Gobierno recortan y centralizan, intervienen las cuentas o hacen de policía de las comunidades autónomas. Y eso, al fin y al cabo, es recortar autogobierno, es recortar derechos de Cataluña, pero derechos de todos los ciudadanos, porque al final lo que está detrás son los servicios públicos y los derechos sociales de los ciudadanos. Y cuando no pagan y no se financian las necesidades, no solo recortan precisamente autogobierno, sino que se genera una escala, porque aquí hay un gobierno en Cataluña que tiene la excusa perfecta para continuar desde su deslealtad de Estado hacia las comunidades autónomas, el Gobierno de Cataluña su deslealtad la aplica a los ayuntamientos. Y el problema de esa cadena de deslealtades es que quienes están al final de esa cadena son los ciudadanos. Cuando no se pagan las guarderías públicas o la Ley de Dependencia o las ayudas a la vivienda, todo esto al final quienes lo acaban pagando son los ciudadanos. Y aún más, no solo le queremos pedir que pague lo que toca y lo que es por ley, sino que empecemos a hablar de un pacto fiscal. En el año 2013 toca, precisamente, revisar el modelo actual de financiación. Nosotros creemos que es momento de empezar a hablar para un pacto fiscal, solidario, justo y transparente con las administraciones públicas, federalista y de acuerdo con las competencias y condiciones. Y le agradecería que no respondiera como la vicepresidenta con ese lema de: ahora no toca, la prioridad es el empleo. Por eso precisamente, porque la prioridad es el empleo, porque Cataluña es líder en destrucción de ocupación desde que llegó Convergència i Unió y desde que llegaron estos recortes, creo que disponer de recursos es clave también para reactivar la economía. Por tanto, ya es hora -si en el 2013 se ha de revisar este modelo- de empezar a


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hablar de este pacto fiscal, porque de momento lo único que hemos visto es un pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular, pero un pacto precisamente fiscal para defender a los más ricos pero que la gran mayoría acabe pagando, y la única política que están aplicando, eso sí, en idiomas distintos, es la tijera.

Quería trasladarle una segunda reflexión por la vía del gasto. Usted ha hablado de austeridad y nosotros desde nuestro grupo le queremos plantear una austeridad alternativa a la que están aplicando. Le daré algunos ejemplos. Si su austeridad se basa, precisamente, en pasar la tijera en trabajadores públicos, pensionistas, viudas, personas dependientes, nosotros le planteamos algunos ejemplos donde debería explorar esa austeridad. ¿Por qué no recorta, por ejemplo, las donaciones y los privilegios de la Iglesia? Más de 2.000 millones el año pasado. ¿Cree usted que es razonable que se recorte la ayuda a la emancipación a los jóvenes mientras se mantienen los privilegios fiscales a la Iglesia? Creo que no tiene sentido y menos en un Estado aconfesional. Una segunda propuesta: simplifiquemos la Administración de acuerdo con los principios federales. Usted mira mucho la paja en el ojo ajeno, esa persecución de las comunidades autónomas; yo le digo, de acuerdo, Administración única, cada cual la que le toque. ¿Por qué no reconoce, por ejemplo, a la Generalitat como la Administración competente, la Administración de referencia del Estado en Cataluña? Eso es ir a esa ventana única de la Administración. ¿Por qué no se descentraliza el Estado y eliminamos esas duplicidades? Hoy no tiene sentido que haya delegados de todos los ministerios en todas las comunidades autónomas, seguramente sería prescindible. ¿Por qué no abordamos también esa simplificación de la Administración? ¿O por qué no eliminamos diputaciones y vamos hacia un modelo de mancomunar servicios entre los municipios y disminuimos la inflación de cargos? Creo que son cuestiones que usted también debería abordar.

Y la última reflexión la haré sobre la fiscalidad ambiental, que para un grupo ecologista como el nuestro es fundamental. Usted empezó diciendo y decía la anterior legislatura que no subiría impuestos, que usted los iba a bajar. Bien, ha empezado y ha subido impuestos. De acuerdo. También ha dicho que déficit cero, pero también ha empezado a decir que será difícil cumplir los objetivos de déficit. Hoy, aquí ha dicho que no va a haber más subida de impuestos. Lo que le proponemos es que haya unos impuestos distintos, a lo mejor algunos se podrían bajar y otros se podrían aumentar. Le hablamos de la calidad de la fiscalidad y, por tanto, de la redistribución, la redistribución de los que más tienen a los que menos tienen pero también de los que más contaminan y más perjudican a la sociedad para que contribuyan también al sostenimiento y a un cambio de modelo de desarrollo y de modelo económico en nuestro país. Creo que es fundamental, estamos a la cola de Europa en fiscalidad ambiental. Hoy no hay país avanzado con un modelo económico, una economía de valor añadido que cree puestos de trabajo que no se fije en la economía verde y la capacidad que tiene de crear puestos de trabajo. Y ahí la fiscalidad ambiental es fundamental, sobre la energía, sobre la energía nuclear -por ejemplo-, sobre las emisiones. Creo que un Gobierno responsable no puede estar a la cola de la Unión Europea en fiscalidad ambiental. Las crisis pueden ser oportunidades, como mínimo flexibilice sus posiciones ante impuestos y piense en esa calidad de incorporar la fiscalidad ambiental.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, don Álvaro Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Me parece obligado comenzar mi intervención dando la bienvenida al señor ministro a esta Comisión en su primera comparecencia y asegurándole, por supuesto, el espíritu constructivo con que nuestro partido se propone trabajar en ella como en todas las demás.

Resulta muy difícil tratar los temas de la economía española o de la Hacienda pública, porque son muchos los problemas y es imposible tratarlos mínimamente en el tiempo disponible, en quince minutos. Así que permítanme que seleccione el que considero el tema más importante para detenerme en él brevemente y luego pasar más por encima de los demás. Al realizar esta selección del tema más importante no tengo demasiadas dudas. En nuestra opinión, es el tema del gasto autonómico y la situación de las cuentas públicas de las administraciones territoriales. Esta es una cuestión que nuestro grupo ha venido señalando desde su creación, pero no es una obsesión personal nuestra, señoría. Los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, nuestros socios europeos, los analistas de los mercados coinciden en señalar su importancia. Y ya no hace falta una opinión técnica, basta seguir la actualidad, basta ver las noticias de cada día. Nos encontramos en los periódicos, en los telediarios noticias a las que nos hemos acostumbrado a base de verlas repetidas, pero que hace unos años nos hubieran parecido imposibles en un país que es la cuarta economía de la zona euro, imposibles en un país como el nuestro y las habríamos creído propias de otras latitudes. Uno lee noticias como que hay 35.000 millones de euros de facturas impagadas en los cajones de las administraciones autonómicas y locales, que se tardan hasta dos años en realizar los pagos en algunos casos, que miles de empresas han desaparecido porque no les pagan sus administraciones públicas. Afortunadamente, son todavía pocos casos, pero hay colegios en que los niños van con manta porque no se paga la calefacción. Son síntomas -no quiero ser melodramático, no sé como elegir las palabras para que no parezca que exagero- de una situación límite, no quiero decir cercana al colapso financiero, pero una situación límite en cualquier caso. Creo que estará su señoría de acuerdo conmigo, no es normal todo esto. En este sentido,


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nosotros echamos en falta una reflexión más profunda de cómo hemos llegado hasta aquí. Por supuesto que el modelo autonómico puede funcionar perfectamente, por supuesto que descentralización no implica nada de esto, no tiene por qué suceder esto, pero ha sucedido. ¿No debería haber una reflexión social más profunda en esta Cámara, en la sociedad, por parte del Gobierno de cómo hemos llegado hasta aquí? Porque la crisis no puede ser la única causa, la crisis puede explicar la caída de ingresos, pero nunca el tipo de gastos que también leemos en los periódicos de aeropuertos sin aviones, vías de tren sin pasajeros, administraciones públicas territoriales que han replicado la estructura del Estado diecisiete veces. Tiene que haber habido algo más que la crisis. En nuestra opinión, ha habido un fallo masivo de los mecanismos de control tanto internos como externos entre las administraciones, tanto ex ante como ex post. Y lo que es peor, en el caso español a veces no es que hayan fallado estos mecanismos, es que ni siquiera existían, ni siquiera estaban allí en primer lugar. En este sentido, vemos una actitud muy complaciente y poco reflexiva de lo que ha sucedido. No sabemos cuál es su diagnóstico en detalle y tenemos que interpretarlo a través de sus medidas. Bien, pasando a analizar sus medidas, las primeras medidas que ustedes han tomado frente a esta situación ha sido -por decirlo para que todo el mundo nos entienda- un rescate en toda regla de las administraciones autonómicas y locales. Las medidas son numerosas y conocidas por sus señorías, no merece la pena que las repita: la ampliación a diez años de la devolución de 31.000 millones de euros, el adelanto de 8.000 millones que se iban a pagar en julio, la línea ICO para proveedores y tal vez la medida más importante que ha pasado relativamente inadvertida y que querría señalar, que es la declaración de que no se va a dejar caer a ninguna comunidad pase lo que pase, que es una declaración que se puede hacer pero en términos económicos implica un aval implícito de la deuda autonómica, que son 135.000 millones de euros. Es una decisión de mucho calado, se puede tomar, pero hay que tener en cuenta que es una decisión de mucho calado. En ese sentido, es comprensible la unanimidad que usted ha logrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también es preocupante en cierta manera. No sé si existe la misma unanimidad entre los ciudadanos de a pie que ven que hay miles de millones para rescatar a las cajas, ven que hay miles de millones para rescatar a las comunidades, pero a ellos no les recata nadie su situación personal, al contrario, al final son ellos los que pagan todos estos rescates. Sus primeras medidas han consistido en este rescate y a partir de ahí los incentivos de las comunidades y ayuntamientos para aceptar condiciones a cambio o para cumplirlas, desde luego, se debilitan. Ustedes nos dicen que están dispuestos a ser austeros, ojalá sea así, pero una vez que uno va con el dinero por delante existen menos incentivos para cumplir.

Veremos cuando se publique este viernes la ley de estabilidad pero hay algunas grandes líneas ya que querría comentar a la luz de la experiencia europea. Nos da la sensación de que no se han extraído todas las lecciones que el fallo del antiguo Pacto de Estabilidad en Europa nos transmite. Ustedes parece que plantean a las comunidades incumplidoras una serie de penalizaciones, una serie de sanciones. Nosotros estamos a favor de ese enfoque, de hecho en la pasada legislatura propusimos unas penalizaciones que al final coinciden bastante con las que parece que va a haber: que se trasladen las multas europeas a la comunidad infractora, que no se avalen nuevas emisiones de deuda si no son condicionadas, que se retengan anticipos, transferencias. Bien. Estamos de acuerdo en la necesidad de penalizaciones, pero el Pacto de Estabilidad europeo nos enseña que no basta con amenazar, que esas penalizaciones tienen que ser creíbles, tienen que tener un diseño adecuado, tienen que tener cierto automatismo, y de todo esto no hemos visto nada. Estamos a la espera del texto definitivo, pero no hemos visto nada, y nuestro grupo sinceramente lo creerá cuando lo Vea y probablemente el problema es que las comunidades tengan la misma actitud.

Por otro lado, la principal enseñanza que nos debería transmitir Europa es que estas penalizaciones al final del procedimiento pueden servir como un incentivo para no llegar a esas situaciones límite, pero que no son la solución. Si se llega a esas situaciones límite al final se penaliza a una administración que ya está en apuros. Por eso el enfoque europeo va más bien en la línea de prevenir. Hay unas penalizaciones al final, pero prevengamos para no llegar a esas situaciones extremas.

La nueva gobernanza europea ha introducido por ello el llamado semestre europeo en el que los presupuestos nacionales se enviarán a la Unión para ser allí supervisados, antes de la aprobación en los parlamentos nacionales. Nuestro grupo propuso en la pasada legislatura, y vuelve a proponer en esta, trasladar ese mecanismo a nivel español. No entendemos por qué eso es posible en Europa y no va a ser posible dentro de un Estado soberano como es el nuestro. Las comunidades podrían enviar sus presupuestos, tener una supervisión y control previos, y así habría un gasto agregado de todas las administraciones que se repartiría entre ellas y aseguraríamos el límite global, e incluso se podría entrar en algunos detalles de las grandes líneas de composición del gasto para garantizar un gasto mínimo en sanidad y educación equivalente en todo el territorio nacional. Algún ministro de su Gobierno, el ministro de Economía, hizo declaraciones en este sentido, pero ha quedado claro que esa línea se descarta. Querría saber por qué es posible en Europa lo que no es posible en nuestro país. Me puede usted contestar si van a aplicar un enfoque alternativo.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): No.


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El señor ANCHUELO CREGO: No van a aplicar ningún tipo de enfoque, pues es una aclaración más interesante todavía. Pero, bueno, veía el enfoque alternativo en los límites de gasto de que tanto hablan. Los límites de gasto, tal como parece que están diseñados, nos plantean problemas porque parece que las comunidades se los autoimponen, y se los autoimponen en función de unas reglas, pero esas reglas creemos que permiten más discrecionalidad de la que aparece a primera vista, porque están ligadas a un concepto difícil de medir con exactitud, como es el déficit estructural, qué parte del déficit actual es cíclico y qué parte es estructural. Está ligado a las previsiones de crecimiento, que a veces se sobreestiman, permiten excepciones en recesiones -ahora mismo estamos en recesión-, y si cada comunidad se autoimpone el límite con estos márgenes de discrecionalidad tal vez no acaben siendo muy rigurosos.

Perdónenme si me he extendido demasiado en este asunto porque me parece el más importante, pero en el tiempo que me resta no querría dejar de comentar los otros grandes asuntos que son de su competencia, en este caso más que nada solicitándole algunas aclaraciones, si tuviese tiempo, para proporcionármelas al final. Usted ha hablado de Administración local, lo que nos alegra. Efectivamente es la gran olvidada, hay que redefinir las competencias de estas administraciones, tener en cuenta el asunto de las competencias impropias, tener en cuenta que necesitan un nuevo modelo de financiación, pero quería hacerle una pregunta concreta. Nuestro partido propuso en la campaña electoral la posibilidad de fusionar pequeños ayuntamientos y suprimir diputaciones provinciales, algo que tuvo eco en otros grupos y que en otros países se ha hecho. ¿Descartan ustedes este enfoque? ¿Lo ven algo imposible de realizar? Y en ese caso, ¿por qué?

La lucha contra el fraude consideramos que es otro de los retos pendientes, y nos alegra que haya hablado sobre ello, pero se me plantean dudas que coinciden con las de otros portavoces que tienen que ver con los recursos humanos que tienen que realizar estas actuaciones. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda, en la Agencia Tributaria Española trabajan 28.000 empleados y en la agencia equivalente francesa 122.000, cuatro veces más. Parece que en la Agencia Tributaria hay una edad media elevada, de unos cincuenta años, y va a haber jubilaciones abundantes en los próximos años de los que de momento solo se va a reponer el 10 por ciento de las plazas. Pese a las mejoras en la gestión, ¿menos recursos humanos serán capaces de realizar esta labor de mayor lucha contra el fraude? Esta es una pequeña curiosidad personal pero, ¿me podría explicar cómo han llegado a esa cifra tan precisa en la lucha contra el fraude? Son 8.171 millones de euros con 25 céntimos. ¿Cómo es posible llegar a esa cifra tan precisa? ¿Y por qué es más pequeña que la de campañas anteriores?

En cuanto a los impuestos, la reforma fiscal, aparte de retocar tipos, consideramos que es necesaria una reforma fiscal a fondo porque el sistema fiscal actual cae con una fuerza inusitada sobre las rentas del trabajo dependiente, mientras que en España las personas verdaderamente pudientes se refugian legalmente, eluden legalmente, pero eluden la presión fiscal que les correspondería bajo fórmulas societarias. Esto es algo que se conoce desde hace tiempo y que debería obligarnos a reformar el sistema a fondo, no simplemente a subir este tipo o bajar aquel. ¿Se plantea una reforma profunda del sistema fiscal o solo retocar tipos? ¿Qué papel tendría en su modelo fiscal el Impuesto sobre el Patrimonio? Porque ustedes se oponían a que existiese, ¿lo van a suprimir? ¿Les parece bien que en algunas comunidades se bonifique al cien por cien y en otras se aplique? ¿Qué modelo tiene el Impuesto sobre el Patrimonio en su sistema fiscal? Y respecto a la tasa Tobin, ¿desde cuándo han descubierto que la tasa Tobin era adecuada?

Otra cuestión de su departamento tiene que ver con la financiación autonómica; no solo la Comunidad catalana, sino también otras como Valencia piden un cambio en el modelo de financiación. No hace mucho que se aprobó el último modelo, pero desde luego tiene serias deficiencias. ¿Se proponen cambiar la financiación autonómica? ¿En qué dirección la cambiarían? Ustedes tienen una alianza parlamentaria bastante estrecha con Convergència i Unió, tanto en este Congreso como en Cataluña. ¿Quiere eso decir que las propuestas de CIU para un pacto fiscal catalán les parecen admisibles o qué posición tienen frente a estas propuestas de sus aliados parlamentarios?

Es usted también ministro de Administraciones Públicas, si hubiésemos sabido que se podía desdoblar la intervención habríamos querido hablar en detalle sobre las cuestiones de administraciones públicas, pero no me resisto a romper una lanza en favor de la imagen de los funcionarios. Los funcionarios que dependen de usted a veces aparecen demonizados ante la sociedad como un gasto innecesario, como personas que trabajan poco, pero esos funcionarios son también médicos, enfermeros, profesores y policías. Por favor, si es necesario, seamos austeros, pero cuidemos de la imagen de esas personas que en su inmensa mayor parte han pasado unas oposiciones duras y hacen bien su trabajo.

Querría cerrar mi intervención, ya más que como parlamentario, como técnico, como economista, aunque es difícil disociar los dos papeles, desde luego, pero querría hacer algunos comentarios técnicos, dado que esta es una Comisión de Hacienda y la ciencia económica también tiene sus leyes, aunque no sean desde luego tan precisas como las de la física. Hay una abundante literatura económica sobre la composición más adecuada de un ajuste fiscal cuando hay que realizarlo, y esa literatura nos enseña que es mejor recortar el gasto que bajar los impuestos, que es mejor recortar el gasto corriente que recortar el gasto de inversión, y que es mejor que los recortes sean en gasto permanente que en gasto transitorio. Cuando aplico todos estos criterios a nuestro recorte, no sé en qué medida forzado por las


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circunstancias, a mí no me parece que el diseño del recorte se adapte bien a estos esquemas. Hemos subido los impuestos, hemos bajado gasto de inversión, muchos de los recortes no se pueden mantener porque no es posible todos los años congelar los salarios, todos los años recortar el gasto en investigación. También nos ha enseñado la ciencia económica que si una economía está en recesión y aplicamos un ajuste fiscal brusco a corto plazo los efectos son recesivos, y ahí están las estimaciones del Fondo Monetario y del Banco de España. En este sentido reconozco que su tarea es muy difícil, porque tiene que evitar dos extremos muy complicados. Por un lado, no podemos seguir gastando como hasta ahora y hay que evitar la crisis de la deuda, pero por otro, no podemos acentuar la recesión y acabar en una espiral como la que han sufrido otros países como Grecia. Quiero creer que no va a ser así, pero el riesgo existe y deberíamos contemplarlo, señorías, porque si la producción cae, como bien comentaba la portavoz socialista, los ingresos fiscales caen y al final será imposible cumplir el objetivo del déficit. Y quien plantea la posibilidad de incumplimiento no es un economista individual, sino el Fondo Monetario, que prevé una desviación de 2 puntos del PIB. Será muy difícil guiar esta nave para que no encalle en ninguno de esos dos escollos. Le deseo suerte en esta tarea y le ruego que en la medida de lo posible conteste al mayor número de estas cuestiones que el tiempo le permita.

El señor PRESIDENTE: Iniciamos ahora el turno de aquellos grupos parlamentarios que no han pedido la comparecencia, pero que, si así lo estiman oportuno, por supuesto pueden intervenir. Lo haremos en orden inverso, de menor a mayor, y por tanto en primer lugar, si así lo estima conveniente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Pedro María Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, señor ministro, quisiera agradecer su comparecencia de verdad, y felicitarle por su nuevo cargo de ministro. Hoy vengo en son de paz y quiero concederle un margen de maniobra. Esperemos que sea posible mantener este espíritu el mayor tiempo, pero como bien sabe nos corresponde hacer una labor de oposición y no vamos a renunciar en ningún momento a hacerla. Es el primer ministro económico que comparece en esta Cámara en un momento realmente delicado de la situación económica, tal como usted ha planteado; también en un momento en el que nos encontramos a las puertas de una nueva cumbre europea, en la que parece que se van a revisar tanto las cifras de crecimiento económico como las de déficit público. Comparece usted aquí después de haber adoptado unas medidas de ajuste convalidadas recientemente, medidas que como bien sabe mi grupo no convalidó por varios motivos, entre otros porque las medidas referidas al gasto, a la reducción de temas de I+D+i, infraestructuras, etcétera, van en contra de lo que la economía necesita para impulsar su actividad y el crecimiento económico. Tampoco estamos completamente de acuerdo con una serie de aumentos de impuestos, básicamente del IRPF, que ha planteado aun a sabiendas de que le dijimos que este impuesto incorporaba medidas de equidad y de progresividad en el sistema. Estas medidas, junto con la situación económica, van a ahondar evidentemente en la recesión en la que estamos; de hecho el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, como usted mismo ha comentado y se ha comentado en esta Cámara, prevén un decrecimiento de la economía del 1,5, al 1,7 por ciento para el próximo año, aunque es verdad que prevén mejores cifras para el año 2013, pero eso siempre ocurre así. En futuro siempre se ve mejor, aunque cuando el futuro se acerca posiblemente lo vemos más negativo, como ocurre con el presente.

Hay un riesgo evidente de que el paro se acerque a los 6 millones de personas y de que la tasa de paro se acerque también peligrosamente al 25 por ciento de la población activa, además de ciertos colectivos que van a sufrir especialmente esta situación, como son los jóvenes, con lo que eso supone entre otras cosas de frustración personal y de descapitalización de los recursos humanos. En este contexto el Fondo Monetario Internacional y economistas reconocidos también señalan que el déficit público no se va a poder situar en el 4,4 por ciento del PIB este año, y en el 3 por ciento el año que viene. El Fondo Monetario da otras cifras, el 6,8 y el 6,3 por ciento. Usted ha hecho hincapié en que el déficit público de la economía española para el año que acaba de finalizar ha sido mucho más elevado del que inicialmente se preveía. Quiero pensar que ustedes sabían cuál era la realidad y no que de repente se han dado cuenta de que el déficit supera 2 puntos porcentuales de PIB de la noche a la mañana. Esto se sabía. Todos éramos conscientes -incluso se puede observar en intervenciones parlamentarias- de que se sospechaba que el déficit público iba ser superior al 6 por ciento. Usted es muy consciente de esa situación, señor Montoro, y también lo es de que si en una situación económica de decrecimiento del 1,5, al 1,7 o del tanto por ciento que sea al final le añadimos un recorte del gasto necesario para cumplir con el déficit público del 4,4 por ciento, es absolutamente inasumible para la economía y nos llevaría a situaciones realmente muy difíciles, si es que es posible de alguna manera cumplirlo. En ese sentido usted planteó la posibilidad de revisar estos escenarios, y su Gobierno no lo aceptó en primera instancia. La propia vicepresidenta, el señor De Guindos o el señor Rajoy inicialmente se resistieron; ahora van entrando por su reflexión, y el señor presidente del Gobierno ayer planteaba esta posibilidad y me imagino que hoy se la planteará a la señora Merkel, que es la que parece que está marcando el ritmo y la intensidad de las restricciones a nivel europeo.

Se necesita un margen de maniobra, un balón de oxígeno, porque no se puede llegar al 3 por ciento del déficit


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público en el año 2013. Igual se llega en 2017. Esto hay que negociarlo y en esta negociación estaremos apoyando al Gobierno para conseguir grados de libertad, porque insisto en que lo contrario puede llevarnos a una situación económica absolutamente dramática. Además es bueno que ustedes digan la verdad en este tema. No creo que fuese positivo que se instalaran en el 4,4 por ciento. Ustedes y nosotros criticamos al señor Rodríguez Zapatero porque tardó en reconocer la crisis. No hagan ustedes lo mismo con el tema del déficit público. Insisto en que si necesitan apoyo en esta materia tendrán el de mi grupo.

Al margen de esta cuestión, que en gran parte depende de su Gobierno, pero también de Europa, nos preocupa cómo se van a trasladar estos compromisos o este margen, si se consigue, a las comunidades autónomas. Usted ha hablado hoy de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y he de reconocer que, después de la reunión que tuvo usted con las comunidades autónomas y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al menos lo que he leído en la prensa es que la ampliación de las líneas ICO supone conceder a las comunidades autónomas un periodo suficientemente amplio para que no tengan que devolver en un corto plazo los excesos de financiación que han recibido del Estado, y eso les suponga un problema adicional, es decir, que usted -permítame decírselo, señor Montoro- se está haciendo más autonomista en este sentido. Supongo que será consciente de que un recorte mucho más drástico en las comunidades autónomas podría tener efectos no deseados en políticas básicas que gestiona la comunidad autónoma, como son educación, sanidad, etcétera. Espero efectivamente que vaya por el camino del consenso y del acuerdo en lugar de utilizar la imposición, aunque sea mediante ley.

Hoy usted ha hecho un canto al sistema y no lo digo porque crea que usted no respeta al sistema, sino porque me ha parecido excesivamente entusiástico este canto, lo cual me parece bien. Yo voy a mantenerle la crítica y voy a esperar que siempre mantenga usted este nivel de respeto, de colaboración con las comunidades autónomas. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace signos afirmativos.) Usted dice que sí, pero yo se lo voy a pedir constantemente porque sabe que esta es una preocupación permanente del Grupo Parlamentario Vasco. En esta cuestión, si me lo permite, vamos a ser implacables. Queremos que la Ley de Estabilidad, además de tener sentido económico y que se ajuste al ciclo, respete el marco competencial escrupulosamente, y por ello insisto en que le vamos a seguir la pista.

Queremos, señor Montoro, que respete los órganos de encuentro, tanto del Consejo de Política Fiscal y Financiera para las comunidades de régimen común, como de la Comisión mixta de concierto y la Comisión del convenio navarro para los regímenes forales. Parece que mañana van a aprobar ustedes en el Gobierno el anteproyecto o el proyecto de ley de estabilidad. Yo le sugeriría, si es que no lo han hecho ya, que incorporen en ese proyecto las cláusulas habituales que se suelen incorporar en la Ley de Estabilidad actualmente vigente, que son las cláusulas que respetan la especificidad foral de las comunidades forales de Araba-Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Quiero que lo contemplen, porque es evidentemente que hay que llevarlo a cabo, porque así se respetan las leyes y los Estatutos de Autonomía, en este caso de Euskadi, pero que normalmente no se hace y siempre lo tenemos que abordar a través de una enmienda. Si ustedes lo hicieran sin necesidad de enmienda, muchísimo mejor.

Como yo creo que en esta Comisión se ha hablado ya de casi todo, me gustaría referirme solo a dos cuestiones y hacer algún hincapié en ellas. Usted ha hablado de la libertad de circulación en España, y me imagino que con esto se referirá a supresión, eliminación de trabas administrativas, la creación de empresas, es decir, temas que ya se han debatido. Yo quiero insistirle también, como no puede ser de otra manera, en que lo haga respetando los marcos competenciales y evitando las intromisiones. Le insisto en que nosotros vamos a estar excesivamente vigilantes en todo lo que nos pueda parecer una recentralización de las políticas por parte del Estado. También ha comentado: una administración, una política. Nos parece razonable una administración, una política o una competencia -que es lo que usted ha comentado-, pero yo creo que la Administración central tiene mucho que hacer a la hora de eliminar esas competencias solapadas y duplicadas. La Administración central tiene competencias en vivienda, en educación, en cultura, en sanidad, y estas son competencias que claramente están en manos de las comunidades autónomas y hay mucho que ahorrar o mucho que simplificar en esas áreas por su propio Gobierno.

Muy poco o nada nos ha dicho con relación a los presupuestos generales para este año y para el próximo. Al margen de los asuntos que se han apuntado aquí en relación con las elecciones andaluzas, yo sí quisiera comentarle otro aspecto. Yo me imagino que ustedes no pueden traer un cuadro macroeconómico y unas previsiones de ingresos, de gastos y de déficit público hasta que pacten un nuevo marco presupuestario en Europa, hasta que cuenten con un pacto de estabilidad y crecimiento europeo, un acuerdo pactado entre ustedes y Europa. Supongo que ese es uno de los motivos, una de las cuestiones que muy posiblemente van a hacer que los presupuestos se presenten con relativo retraso. Me imagino que en Europa no será fácil conseguir este margen al que hacíamos referencia anteriormente ni conseguir un pacto de estabilidad en un plazo breve o razonable de tiempo que les permita a ustedes, antes de que pasen por ejemplo dos meses, presentar un proyecto de presupuestos. Supongo que esa cuestión casi operativa les va a impedir a ustedes traer el presupuesto en un plazo deseable, con el riesgo además de que un presupuesto se una al otro, es decir, posiblemente este año estemos discutiendo o debatiendo dos presupuestos a la vez. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones


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Públicas, Montoro Romero: Uno detrás de otro, señoría.)

Asimismo quisiera mostrarle mi apoyo a la lucha contra el fraude. Creo que es una cuestión que hay que abordar en todo caso y de todas las maneras, e insisto en que va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Usted nos ha avanzado que no va a subir los impuestos en el próximo proyecto de presupuestos. No se arriesgue a decir eso, señor Montoro, porque es posible que lo tenga que hacer, o sea que yo no me animaría a mojarme tanto en este momento. Tampoco voy a repetirme en los temas que ya se han dicho aquí, simplemente quiero felicitarle de nuevo por sus explicaciones. Le ofrezco nuestra colaboración en aquellas cuestiones que le he planteado, e insisto en que espero que respete escrupulosamente el marco estatutario actual, las reglas del juego, y no trate de imponer con la disculpa de la crisis económica algo que las comunidades autónomas no deben aceptar, insisto, en función del marco normativo.

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, si así lo desea, el Grupo Parlamentario Mixto. Hará uso de la palabra la diputada Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor ministro, no se puede negar que hemos oído grandes palabras y objetivos, desgraciadamente muchas de ellas huecas de contenido y vacías de economía real, y que desde luego siguen la línea marcada anteriormente con las medidas económicas precedentes. En ese sentido ha faltado un análisis más exhaustivo de las medidas propuestas, y en un primer avance desde luego debemos mostrar nuestro desacuerdo basándonos en tres razones fundamentales. En primer lugar, son fruto de un diagnóstico equivocado sobre las causas de la crisis en el Estado español, y por tanto creemos que no van a la raíz del problema y perpetúan una estructura socioeconómica sustentada en los sectores especulativos -banca, construcción, etcétera- que da la espalda a los sectores productivos reales; una burbuja institucional que también perpetúa unas administraciones central y autonómica que, salvo el caso de las naciones o nacionalidades históricas, totalmente ineficientes social y económicamente, además de generadoras de un déficit estructural que lleva a la quiebra, y que por tanto puede hacer devenir al Estado español en un estado económicamente fallido. Creemos que las medidas propuestas en general tienen como objetivo directo -o por lo menos eso es lo que se plasma- conseguir el déficit cero -esa es la palabra mágica- en lugar de atajar de forma directa el problema del desempleo. En otras palabras, el objetivo es dar respuesta a las demandas de los mercados, de la banca, de las finanzas, de los sectores especulativos, en lugar de dar respuesta a los problemas reales de las personas, a la prioridad de las personas; rebajar el déficit público a costa del recorte de las prestaciones sociales, eso es lo que se plantea; el desmantelamiento de los avances conseguidos por el Estado del bienestar, y eso es lo que consideramos inaceptable. Ha dicho usted que con menores impuestos se crece más. Claro, crecerán los que pagan poco, los que más tienen y pagan menos, porque se ha planteado una subida importante de impuestos, y aunque se habla de progresividad no es desde luego suficiente. La única medida planteada de economía real, que hablaba de un marco fiscal de apoyo a las empresas para que destinen beneficios para la creación de empleo, no ha concretado nada, y ello nos parece muy elocuente.

En segundo lugar, vemos que las medidas que está adoptando el Gobierno, lejos de ir a la raíz de los problemas, se están aprovechando de la crisis para tratar de imponer un modelo de Estado centralizado, además de un modelo social neoliberal de liquidación del Estado del bienestar, como hemos comentado. Y esta ley orgánica de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que se nos anuncia, con la disculpa del control del déficit, plantea una marcha atrás que no entendemos y no aceptamos en nuestra soberanía fiscal, limitada pero con capacidad normativa propia, desde luego tratando de limitar de forma indiscriminada el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Y a la hora de adoptar medidas vemos que también ignora la diferente estructura socioeconómica, la diferente situación en relación con las cifras de desempleo, endeudamiento, etcétera, que presentan Euskal Herria y otras zonas del Estado. Como ocurre con las medidas fiscales aprobadas con anterioridad, vemos que se ignoran los marcos de soberanía fiscal, cortos y limitados, pero sin duda reales que existen en Euskal Herria y que han posibilitado una estructura propia de gastos e ingreso de las administraciones públicas vascas.

Se nos habla de homogeneización normativa autonómica, se habla de limitar en el caso de los ayuntamientos el principio de autonomía municipal, y la verdad es que esto nos da qué pensar. Por eso planteamos nuestro rechazo a estas medidas centralizadoras y nos reafirmamos en la necesidad de reivindicar el derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro, que en este caso se concreta en el derecho a contar con un marco propio de gestión de los ingresos y gastos de las administraciones públicas de Euskal Herria que tenga por objetivo las personas, la creación de empleo, en vez de estar al servicio de los grandes números, del déficit cero y de los grandes fondos de capital especulativo.

En tercer lugar, vemos que se vuelve a incidir en repercutir los costes de la crisis en los asalariados y asalariadas, que son quienes van a correr con el mayor porcentaje de esfuerzo fiscal, olvidándose de tomar nuevamente medidas realmente eficaces para aumentar significativamente la recaudación. Vemos que los grandes capitales siguen estando en el limbo fiscal. Nos preguntamos cuándo se tomarán medidas reales para homologar con los países avanzados de Europa el tratamiento de las grandes fortunas. La regulación de las Sicav sigue permitiendo que los grandes capitales coticen tan solo un uno por ciento, generando una discriminación inaceptable


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con la renta de los asalariados, a los que se incrementa sus tipos de forma importante, pero especialmente la consideramos ofensiva para las personas trabajadoras en estos tiempos de crisis.

Creemos que sigue pendiente una reforma fiscal a fondo que contemple todas las figuras impositivas y que aborde con sentido real y con responsabilidad social el reparto progresivo de las cargas fiscales. En definitiva, lo que antes comentaba, el principio elemental de que quien más tenga más pague; es decir, nos oponemos a estas medidas porque suponen un ataque a los sectores sociales más débiles, impulsan una política fiscal regresiva y reaccionaria, debilitan los servicios públicos y perpetúan una estructura socioeconómica al servicio de los sectores especulativos financieros, banca e inmobiliarios.

En definitiva, nos reafirmamos en la necesidad de que contemos con los instrumentos institucionales y políticos necesarios para resolver de forma socialmente eficaz los problemas que afectan a nuestro pueblo, especialmente a los sectores sociales más débiles e indefensos ante las consecuencias de la crisis, eso sí, siempre desde el País Vasco, pero desde un prisma de solidaridad con otros pueblos y trabajadores y trabajadoras del Estado. Reclamos un marco soberano para Euskal Herria que nos permita tomar decisiones en materia económica y fiscal para reforzar el Estado del bienestar y conseguir un marco propio de relaciones laborales y protección social desde ese prisma de solidaridad. Por ello -y acabo-, nuestra petición es que rectifique y modifique el rumbo de este barco -no lo guíe como el capitán Schettino-, porque vemos que hace aguas por todas partes y nos lleva a todos y a todas al fondo del mar. Por eso, atienda a las necesidades del pueblo y de los pueblos de este Estado.

El señor PRESIDENTE: En último lugar, tienen la palabra los portavoces del Grupo Parlamentario Popular.

La señora JORDÀ I ROURA: Yo había pedido la posibilidad de hablar.

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, si van a dividir el turno, pueden hacerlo.

La señora JORDÀ I ROURA: Sí, hemos dividido el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, pero procure, eso sí, ajustarse al tiempo.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, seré breve. Quiero dar la bienvenida, al igual que ha hecho el resto de grupos, al señor ministro por estar hoy en esta Comisión y comparecer aquí. Señor ministro, más que preguntas, nosotros haremos unas cuantas consideraciones breves pero esperemos que claras.

Señor Montoro, nosotros no vamos a reivindicarle ningún pacto fiscal. Nosotros queremos -ya es sabido- la independencia fiscal, la independencia fiscal como tienen el País Vasco y Navarra. Nuestra pregunta es también muy sencilla y clara. Si ellos tienen el Concierto Económico, por qué Cataluña no puede tenerlo. Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos. Además, si ustedes quieren que seamos responsables de nuestra deuda y también responsables de nuestro déficit, no hay mejor manera de hacerlo que controlando nuestros gastos y nuestros ingresos. La población catalana es plenamente consciente del expolio que sufrimos y comienza a relacionar ese expolio con la calidad de vida, es decir, es un expolio social. Los catalanes y catalanas viven muy por debajo de sus posibilidades y comienzan, como he dicho, a ser conscientes de ello. Porque seamos empresarios o empresarias, profesores, obreros o funcionarios, vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades y, lo que es peor, cada vez perdemos más derechos.

La falta de dinero en Cataluña, gestionada por el tripartito, Convergència i Unió y el Partido Popular, está obligando a recortes importantes en educación o en sanidad. Cataluña no niega la solidaridad con otros pueblos del mundo; al contrario, para ser solidarios debemos decidir nosotros a quién destinamos el dinero y cuánto dinero destinamos. Porque no podemos consentir que mientras Cataluña cierra hospitales, ustedes destinan más de 50 millones de euros al día a gasto militar; porque no podemos consentir que mientras Cataluña cierra hospitales, ustedes pagan más de 300.000 euros en manteles y cubiertos para las embajadas (Rumores.); como tampoco podemos consentir que mientras las clases trabajadoras pagan la crisis, los grandes empresarios y banqueros tengan vergonzantes beneficios o, aún peor, que incrementen estos beneficios con el pago de las hipotecas de aquellas personas que ya han pagado sobradamente entregando las llaves de su piso. Reclamamos pues la dación en pago ya, que la entrega de las llaves del piso salde la hipoteca.

También reclamamos límites a los beneficios, sueldos e indemnizaciones de los banqueros y por supuesto que aumenten los impuestos de los más ricos y de las grandes fortunas, porque estamos hartos de que todo el peso de la crisis y de la deuda recaiga en las clases medias y las clases bajas y no en los más poderosos. Nosotros creemos en la fiscalidad progresiva: quien más tiene más paga; también en la fiscalidad verde: quien más contamina más paga. En este mismo sentido reivindicamos que las rentas del capital tributen tanto o más que las rentas del trabajo. No puede ser que aquellos que ganan su sueldo produciendo cosas útiles para la sociedad paguen muchos más impuestos que aquellos que solo ganan beneficios especulando con su dinero.

Asimismo -y voy acabando- eliminen las Sicav, estas sociedades de inversión de capital variable, este fraudulento mecanismo que supone un agujero negro para la evasión de impuestos. En este sentido -usted lo


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ha dicho esta mañana-, esperamos que sea cierto que van a luchar contra la evasión y contra el fraude fiscal, pero tengan en cuenta que quien más evade y quien más fraude fiscal realiza es quien más tiene. ¿Están dispuestos a fiscalizar y en su caso perseguir a las grandes fortunas que evaden impuestos? Estaremos muy atentos a lo que hagan, pero les advertimos dos cosas: primero, no vamos a cejar en nuestra reivindicación de un concierto económico para los països catalans como los que tienen en Euskal Herria; segundo, nos vamos a enfrentar a cualquier reforma que suponga una nueva subida de impuestos a las clases medias y a las clases bajas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà, especialmente por su brevedad y concisión.

Ahora sí, es el turno del último grupo parlamentario en intervenir, que también había solicitado dividir su intervención. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular doña Ana Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, me corresponde hoy el honor de darle la bienvenida al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a esta Comisión de Hacienda y desearle por supuesto toda clase de éxitos, porque sus éxitos serán sin duda de todos los españoles. Tiene una amplia experiencia acreditada en el manejo de nuestras cuentas públicas y por tanto tenemos y tiene usted la absoluta confianza del Grupo Popular de que va a poder llevar a cabo con éxito la nave a buen puerto. Con la herencia envenenada que ha recibido del anterior Gobierno Socialista sinceramente tiene usted un difícil reto de futuro, pero quiero expresarle todo nuestro apoyo. También quisiera expresar nuestro convencimiento, el convencimiento del Grupo Popular, de que la actual situación económica requiere altura de miras; requiere que dejemos de hablar de ideologías; requiere que dejemos de ser políticos de izquierdas o de derechas y que seamos por encima de todo servidores públicos, porque con las aportaciones de todos sin duda lograremos salir de la crisis. Quiero trasladar también al resto de grupos nuestra disposición, la del Grupo Popular, a consensuar, a negociar y a alcanzar todo tipo de acuerdos. Celebro las palabras de la portavoz socialista, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero en esa misma dirección, pero tengo que decirle con todo el respeto que no hemos empezado muy bien ese consenso, porque las declaraciones públicas que hizo acusando al Partido Popular de no haber dialogado con el Partido Socialista para pactar la importante ley de estabilidad presupuestaria sencillamente ha puesto en evidencia que o bien entre ustedes no hablan, o bien no estaba diciendo la verdad. Espero que esa disposición sea real y no se quede solamente en palabras.

Señorías, la sociedad depositó su confianza el pasado 20 de noviembre en un Gobierno del Partido Popular, que ya en sus primeros días de Gobierno ha tomado decisiones muy importantes y con ello ha lanzado una señal a todos los agentes económicos, a los mercados y a la propia sociedad de que somos muy conscientes de que de esta situación tendremos que salir arrimando todos el hombro, unos más y otros menos, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero va a exigir sacrificios. La sociedad lo sabe y la sociedad confía en este Gobierno, porque es un Gobierno decidido y dispuesto a hacer aquello que tiene que hacer, que es gobernar y tomar decisiones.

Transcurrido apenas un mes desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, ya se han adoptado medidas de ajuste del déficit en nuestras cuentas públicas que suponen una contención del gasto, como ha dicho el ministro, de 8.900 millones de euros, y una subida temporal y extraordinaria de impuestos de 6.275 millones de euros. El Gobierno ha expresado ya en varias ocasiones su firme voluntad de que tenemos que cumplir nuestros objetivos de déficit, nuestros compromisos con la Unión Europea, porque, como muy bien decía el ministro, el primer escollo para poder empezar a crear empleo y generar riqueza es cumplir nuestros objetivos de déficit, tener nuestras cuentas públicas en orden y no gastar más de aquello que ingresamos. Es necesario corregir ese déficit público, pero no va a ser suficiente, como también ha dicho el ministro, porque el Gobierno es muy consciente de que este objetivo debe ir acompañado de un conjunto de reformas importantes y también urgentes, como la reforma del mercado laboral y la reforma de nuestro sistema financiero, en las que el Gobierno tampoco se está dando un respiro. Ha empezado ya a trabajar y las va a traer próximamente a esta Cámara.

Desde que en el año 2007 se vieron los primeros signos de ralentización de la economía española, no han dejado de caer todos los índices económicos en España. A pesar de los constantes anuncios del Gobierno socialista de que España ya estaba saliendo de la crisis, que había brotes verdes, la realidad se traduce en un radical empeoramiento de nuestra situación económica día tras día, y las previsiones recientes -que han citado también el ministro y varios portavoces- del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España nos anuncian una recesión importante para este ejercicio 2012. Sin embargo, hay que recordar que para el conjunto del año 2011 el Gobierno socialista estableció una previsión de crecimiento que no se correspondía con la realidad, una previsión de crecimiento del 1,3 por ciento, que desvirtuó absolutamente los presupuestos para el año 2011, con una previsión de ingresos que era errónea e inadecuada para la ejecución del propio presupuesto. Ello nos ha alejado cada vez más de alcanzar el deseado equilibrio presupuestario. De esta forma, la promesa de un déficit del 6 por ciento al final del año se antojaba cada vez más difícil. Por eso no admito que la portavoz del Grupo Socialista haya hecho alusión a los déficits importantes de las comunidades autónomas -es verdad que han tenido déficits importantes-, pero no podemos olvidar que las comunidades autónomas determinan sus presupuestos y sus ingresos en función de las previsiones


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que hace el Gobierno central. Como esas previsiones eran absolutamente irrealizables y como además parte de sus ingresos proceden de la recaudación tributaria que tiene el propio Gobierno central a través del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, era imposible cumplir esos objetivos.

Por otro lado, la situación de nuestras cuentas públicas es mucho peor de lo que preveíamos antes de llegar al Gobierno. En muy poco tiempo, nada más llegar al Gobierno, pudimos comprobar con informes técnicos que había un boquete adicional -y ese boquete está ahí- de 20.000 millones de euros y una cifra de déficit cercana al 8 por ciento o que puede sobrepasarlo, porque todavía no son datos definitivos. Eso es lo de menos, no importa si lo sabíamos o no, aunque también es importante. Lo importante es que el agujero es real, el agujero está ahí, hay 20.000 millones de desfase y tenemos que conseguir equilibrarlo. Por eso no podemos entender las críticas del Partido Socialista a las medidas del Gobierno, cuando ha sido el Gobierno del Partido Socialista -tengo que decirlo, señora portavoz- el principal responsable del incumplimiento del calendario de consolidación fiscal acordado con la Unión Europea. En consecuencia, el nuevo Gobierno ha tenido que actuar con muchísima rapidez, decisión y valentía y ha lanzado ya un mensaje de credibilidad no solamente a los mercados sino también a los españoles, a los ciudadanos, que también necesitamos un Gobierno que gobierne, que tome decisiones.

Quiero destacar, como ya lo ha hecho el ministro, que ciertas medidas, como pueden ser aumentos impositivos, son de carácter temporal para los años 2012 y 2013 y son de carácter extraordinario. Ello es capital recordarlo, ya que debe ser comprendido por toda la sociedad, por todos los españoles -y yo estoy segura de que lo entienden-, que es un esfuerzo de solidaridad, un esfuerzo para sacar a nuestro país adelante, un esfuerzo que creo sinceramente que merece la pena para iniciar nuevamente la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. El propio ministro, don Cristóbal Montoro, ha hecho público su compromiso de bajar los impuestos al final de la legislatura.

Desde el Partido Socialista y desde otros grupos de la oposición han dicho hasta la saciedad que con esta subida de impuestos se perjudica a las rentas bajas y medias. Ustedes saben que eso no es cierto, porque estamos hablando de un gravamen complementario que es absolutamente progresivo, pagando en mayor medida aquellas rentas que tienen una mayor capacidad económica y quedando totalmente eximidos de su pago los contribuyentes con un menor poder adquisitivo. Además he observado que ninguno de los grupos de la oposición ha hecho referencia a que también se ha establecido una tarifa progresiva para las rentas de capital. No solamente pagan y hacen un mayor esfuerzo fiscal las rentas del trabajo, sino también las rentas de capital. Es más, me atrevería a decir que en materia impositiva es una medida más equitativa y más progresiva que las que se han tomado en los últimos años bajo el mandato del Gobierno socialista. Como decía, está centrado en obtener unos ingresos necesarios para esos más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Creemos que la sociedad está dispuesta a hacer ese esfuerzo.

Al Partido Socialista le tengo que recordar simplemente que subieron el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que afecta por igual a aquellas personas con mucha capacidad adquisitiva, con mucho nivel de renta, y a aquellas personas que no tienen el mismo nivel, porque cada vez que consumen, que compran ropa, alimentación, un coche o un electrodoméstico, afecta por igual a todos ellos. El Partido Socialista lo hizo y tengo que recordar que puso una deducción de 400 euros en el impuesto sobre la renta -de la que todas las señorías que estamos aquí nos beneficiamos- que se suponía que iba a incentivar el consumo y que resultó ser todo lo contrario.

Pensamos que este Gobierno ha optado por la medida más justa socialmente haciendo pagar más a los que más tienen. Podría poner un ejemplo numérico. Una familia con dos hijos y en declaración conjunta, con unos ingresos de 16.000 euros, no va a pagar absolutamente nada, cero euros. Sin embargo, una familia que tenga unos ingresos superiores a 400.000 euros va a hacer un esfuerzo de solidaridad de casi 20.500 euros. Por tanto, la progresividad fiscal está clara. No podemos dejar que desde el Partido Socialista nos den ninguna lección, porque hemos conocido a lo largo de estos años las medidas que ellos han adoptado en política fiscal. Como lo sabemos, no admitimos lecciones de progresividad.

Quisiera resaltar también otras medidas que ha mencionado el ministro muy por encima, como la actualización de las pensiones, porque en el Partido Popular siempre nos mostramos contrarios a su congelación y ahora en este real decreto ya se ha puesto de manifiesto el cumplimiento de nuestros compromisos con los pensionistas; o también la prórroga de los 400 euros para aquellas personas que estén en el paro y hayan agotado su prestación por desempleo, medidas sociales, medidas que contradicen todo aquello que ustedes, que el Partido Socialista y que el propio señor Rubalcaba anunció en la campaña electoral sobre un programa oculto del PP de recortes sociales. Tengo que recordarles una vez más que el único que hasta ahora ha recortado el Estado del bienestar ha sido el Partido Socialista. Tenemos más de 5 millones de parados, congelaron las pensiones y bajaron el sueldo de los funcionarios.

Me parece muy importante también resaltar la medida de la reimplantación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, porque esto no beneficia solamente a las clases con mayor poder adquisitivo; beneficia absolutamente a todos los ciudadanos. La mayoría de ciudadanos que conozco y que hablan conmigo no podían entender que se hubiera suprimido esa deducción, porque todos necesitamos tener acceso a una vivienda habitual en la que iniciemos nuestro proyecto de vida. Esto beneficia especialmente a los más jóvenes, que son aquellos


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que tienen que iniciar ese proyecto a través de la compra de una vivienda habitual.

En definitiva, señorías, la actitud valiente y decidida del Gobierno, que ha actuado con la máxima celeridad -en menos de una semana desde su toma de posesión estaba ya tomando decisiones-, se traduce ya en una mayor credibilidad en los mercados -y lo hemos visto estos días con la colocación de nuestra deuda pública a un tipo de interés más bajo de lo que se venía haciendo hasta el momento-. Como decía al principio, nuestro compromiso ineludible con los objetivos de reducción del déficit no va a ser suficiente por sí solo y por eso tenemos que hacer reformas. Será necesaria también, y ha hablado de ella el señor ministro, una profunda reforma de nuestras administraciones públicas que estará presidida sin duda por los principios de austeridad y transparencia y en la que estarán comprometidas todas, absolutamente todas las administraciones: la central, la autonómica y la local. Así lo ha manifestado el señor ministro y así esperamos que sea. Como también es necesario que reflejemos nuestro firme compromiso con la estabilidad presupuestaria estableciendo un techo de gasto y de endeudamiento a todas las administraciones públicas, que se verá materializado en el próximo Consejo de Ministros con la aprobación del anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria. Junto con otras reformas como la laboral y la del sistema financiero que tendremos ocasión de debatir próximamente, van a constituir un conjunto de medidas que nos permitirán afrontar el escenario de crisis económica con éxito, y España sin duda alguna volverá a ser un país que crezca económicamente, que genere empleo y que sea un país respetado en la Unión Europea y en el mundo.

Este es el gran objetivo que perseguiremos a lo largo de toda la legislatura, lograr crecimiento económico y crear empleo. Por ello, como también ha mencionado el señor ministro, vamos a traer a esta Cámara una ley de ayuda a los emprendedores, porque nuestras pymes y nuestros autónomos han tenido que hacer esfuerzos titánicos a lo largo de toda esta legislatura para no cerrar las puertas de sus negocios, y ha habido muchos, más de 300.000 pequeños negocios, que han tenido que cerrar. Estamos convencidos, el Partido Popular siempre ha estado convencido, y ha defendido muchas iniciativas en este sentido en esta Cámara en Pleno y en Comisión, de la enorme importancia que tienen estos empresarios para generar empleo. Tenemos que ayudarlos y tenemos que hacerlo con medidas fiscales y administrativas necesarias para ayudarlos a crear empleo, para que su actividad diaria no se convierta en una misión casi imposible.

Señorías, tenemos que sembrar ahora para recoger los frutos mañana. El esfuerzo de todos arrimando el hombro y una acción decidida llevada a cabo por un Gobierno solvente, riguroso y competente nos permitirá mirar al futuro con esperanza y con ilusión. Hay mucha gente pasándolo francamente mal que ha confiado en nosotros, que ha confiado en el Partido Popular para sacarles de esta situación. Los ciudadanos han confiado en el Partido Popular para llevarnos a buen puerto, porque somos creíbles, porque ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer sin duda. Por ello, señor ministro, confiamos plenamente en usted como responsable de nuestras cuentas públicas, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Como decía al principio, tiene usted acreditada sobradamente su solvencia, ya que lo demostró en los años en que ya fue ministro. Por tanto, estamos en buenas manos y confiamos plenamente en su gestión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Seré muy breve, entre otras cosas porque llevamos ya tres horas y media de comparecencia, el tiempo que me queda es escaso y sobre todo porque la intervención exhaustiva y detallada que ha tenido el señor ministro hace innecesario tener que añadir muchas cosas más. Si me permite el presidente, me referiré a algunas aunque sea muy rápidamente.

En primer lugar, quiero transmitirle, señor ministro, la satisfacción del Grupo Popular por la decisión adoptada por el presidente del Gobierno de unir Hacienda y Administraciones Públicas en un único departamento ministerial, y satisfacción también, no se lo oculto, porque sea usted el ministro elegido por el presidente Rajoy para dirigir este departamento.

Señorías, los últimos ocho años de mandato socialista se han caracterizado en la política territorial por la ruptura de los grandes consensos, por la descoordinación y el descontrol entre las administraciones y por los numerosos incumplimientos, sobre todo en materia de Administración local. Hoy no es sin duda el momento de entrar en estos detalles y tendremos la oportunidad de hacerlo al mismo tiempo que vamos conociendo, debatiendo y aprobando las medidas y las reformas que ya se están presentando por el Gobierno del Partido Popular.

Señorías, como bien ha explicado el señor ministro y como expuso el presidente del Gobierno en su debate de investidura, una de las reformas estructurales que va a poner en marcha el Gobierno del Partido Popular para hacer posible volver al crecimiento y a la creación de empleo es la reforma de las administraciones públicas y del sector público, con el objetivo efectivamente de primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa -claro que sí-: una Administración, una competencia, en palabras del presidente del Gobierno.

Esta mañana hemos conocido que a la portavoz del Grupo Socialista le parece bien esto de las duplicidades. Ha dicho algo así como que este es otro mantra del Partido Popular. ¿Usted cree, señora Batet, que es lógico que para una misma competencia haya por ejemplo seis o siete responsables políticos: un concejal, un diputado provincial, un delegado de la comunidad autónoma, un director provincial del ministerio de turno, un gerente de


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la fundación o del ente público correspondiente? ¿Eso es lógico? A nosotros nos parece que no. Por eso, sin duda, señor ministro, claro que hay que poner orden con el objetivo de clarificar y que los ciudadanos sepan qué compete a quién y cómo se financia, para que la gestión sea eficiente y evitar duplicidades que generan un aumento insoportable del gasto público. Se trata en primer lugar de evitar gastos; en segundo lugar, de acabar con las duplicidades y, en tercer lugar, de clarificar las competencias y su financiación. Ese es el compromiso del Gobierno del Partido Popular y ese es el compromiso que va a llevar a cabo este ministerio con toda seguridad.

Señorías, estamos todos de acuerdo, lo hemos oído aquí esta mañana, en que la fórmula de organización territorial consagrada en nuestra Constitución, que es la de un Estado descentralizado, ha sido un gran acierto para nuestra convivencia y para el progreso económico y el desarrollo social en los últimos treinta años en España. Efectivamente, ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales son un problema. Las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Administración central tienen problemas, entre otras cosas porque durante los últimos ocho años de Gobierno socialista no se ha promovido ninguna reforma relevante; problemas que ahora es necesario resolver, muchos de ellos con urgencia, y a ello se dedica el Gobierno desde el primer minuto, como estamos teniendo ocasión de comprobar en esta sesión con la comparecencia y la intervención del ministro.

El Gobierno, señorías, ha empezado predicando con el ejemplo, aplicándose la austeridad que va a exigir al conjunto de las administraciones públicas. Por eso la primera decisión de Mariano Rajoy ha sido reducir la estructura del Gobierno, algo que habíamos exigido nosotros y todos los grupos de esta Cámara en la anterior legislatura en muchísimas ocasiones. Se ha eliminado un 20 por ciento de los altos cargos; se han suprimido dos vicepresidencias, dos ministerios, dos secretarías de Estado, varias secretarías generales, treinta direcciones generales y cuarenta asesores que estaban directamente vinculados a la estructura del Gobierno, cumpliéndose así uno de los compromisos del Partido Popular y del presidente del Gobierno en su investidura. Señorías, en solo cuatro semanas el Gobierno, en el ámbito de las administraciones públicas, ha puesto en marcha gran parte de las medidas más urgentes anunciadas por el presidente, insisto, y de las que ya ha dado cuenta el ministro esta mañana. Me refiero al real decreto de 30 de diciembre, al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que seguramente mañana verá el Consejo de Ministros y también a la reestructuración del sector público empresarial y fundacional, porque sin duda es necesario racionalizarlo, reordenarlo y también reducirlo, señora Batet. Y esto parece que tampoco le gusta a la portavoz del Grupo Socialista; me parece que ha dicho que plantear esto es algo así como populismo -creo que es lo que tengo aquí apuntado-. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado son más de 4.000 las entidades -entre empresas públicas, fundaciones, consorcios, entes de todo tipo- que forman parte de la Administración central, de las comunidades autónomas y también de la Administración local. ¿Usted de verdad no cree excesivas estas 4.000 entidades, señora Batet? ¿Usted cree de verdad que estas entidades son necesarias para gestionar los servicios públicos con calidad? Yo creo que en la mayoría de los casos son, al contrario, un impedimento.

Señorías, estas son medidas propuestas y reformas que ha puesto en marcha, como digo, el Gobierno, con otro instrumento que va a ser característico también de este Gobierno: el diálogo y el acuerdo desde el primer momento. En este caso, diálogo y acuerdo con las corporaciones locales y con las comunidades autónomas. Porque la tarea a la que nos enfrentamos sin duda, señorías, es una tarea ingente y muy complicada que compete al conjunto del Estado, al conjunto por tanto de las administraciones públicas, a la Administración central, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y también me atrevo a decir que debería competer a la oposición si actúa con responsabilidad, si actúa con lealtad y pensando en las futuras generaciones. Por ello, lo que ha hecho el ministro ha sido convocar y reunir estos días al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local que, por cierto, llevaba dos años sin reunirse. Y con su acuerdo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha las reformas estructurales que necesitan las administraciones públicas en España, reformas que lógicamente se irán desarrollando y concretando a lo largo de la legislatura. Pero también, y siempre pensando en el mantenimiento y en la creación de empleo, ha afrontado los problemas de liquidez que hoy tienen las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Para ello el ministerio ha decidido la ampliación a diez años del plazo de las devoluciones que tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales tienen que hacer por las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 y que son consecuencia de presupuestos falsos y fuera de la realidad aprobados por el anterior Gobierno socialista. Asimismo ha decidido adelantar a ayuntamientos y comunidades autónomas las liquidaciones positivas de 2010 y ofrecer nuevas líneas de crédito ICO para afrontar el pago a proveedores, a pymes y a autónomos. Son medidas, por cierto, que habían sido demandadas desde hace muchos meses por esta Cámara, por la Federación Española de Municipios y Provincias, por las comunidades autónomas y que el Gobierno anterior había ignorado reiteradamente. Señor ministro, en la primera oportunidad que usted ha tenido ha dejado bien patente su sensibilidad hacia las corporaciones locales y por primera vez se les ha dado un trato igualitario porque también son poder territorial del Estado español. Y también ha anunciado en este sentido la próxima ley, la ley de gobierno local.


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Señorías, voy concluyendo. Diálogo y acuerdos para enfrentarse a los problemas y resolverlos, y también transparencia como principio inspirador de la acción del Gobierno. Transparencia tanto en las decisiones como en la relación con los ciudadanos, y como prueba ahí está el compromiso y el anuncio en este periodo de sesiones de traer a la Cámara la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Finalmente, señor presidente, quisiera en nombre del Grupo Popular agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los empleados públicos; esfuerzo necesario y solidario con todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de esta grave crisis económica, particularmente con los casi 5.400.000 españoles que en este momento están en el desempleo y no tienen un trabajo. Una función pública imparcial y de calidad es un elemento imprescindible -y usted lo ha dicho- para el buen funcionamiento de un Estado moderno como el español. Es necesaria una nueva política de recursos humanos -por supuesto que sí- como ha avanzado usted esta mañana, señor ministro, basada en la profesionalidad y los principios de mérito y capacidad, y no siempre, señora Batet, ha sido así gobernando el Partido Socialista. (La señora Batet Lamaña: ¡Por favor!)

Señorías, señor ministro, sin duda queda mucho camino por recorrer hasta la consecución de los objetivos que se ha propuesto el Gobierno y hasta alcanzar el cumplimiento de los compromisos del Partido Popular en su programa electoral, apoyado mayoritariamente por los españoles el pasado 20 de noviembre, pero también le digo, señor ministro, que no se puede hacer más en menos tiempo. Estamos convencidos de que se ha tomado el camino correcto para poner en orden las cuentas públicas, para hacer posible la recuperación económica y la creación de empleo, que son el objetivo de todas las reformas que va a emprender y que está emprendiendo el Gobierno. También de la reforma importantísima de las administraciones públicas y del sector público. Y en este camino, señor ministro, lógicamente cuenta con todo el apoyo del Grupo Popular. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para concluir la sesión tiene la palabra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias a todos los portavoces, a los grupos políticos que han intervenido; gracias también por el tono de esas intervenciones.

En primer lugar quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular y a sus dos portavoces, la señora Madrazo y el señor Matarí, el apoyo, que es exponente de que desde el Gobierno estamos aplicando, en busca del interés general -siempre dando prioridad al interés general-, un programa político, el programa político que votaron mayoritariamente los españoles el 20 de noviembre, que pretende superar cuanto antes la crisis económica, evitar esta destrucción de empleo y salir fortalecidos como Estado de las autonomías y más eficacia a la hora de defender nuestra sociedad del bienestar situando a España en Europa en el lugar que se merece y que mereció cuando fuimos fundadores del euro. En ese terreno agradezco a todos el deseo de éxito que me han expresado y he de decir que me congratulo por ello. No es la primera vez que estoy en el Gobierno de España; no es la primera vez que ejerzo de ministro de Hacienda, como ustedes han señalado -sí de Administraciones Públicas-, pero evidentemente he merecido la confianza del presidente del Gobierno que es el orden constitucional que hace que hoy esté yo aquí. En ese sentido soy ministro y soy diputado y, por tanto, participo de un proyecto político que es el que ha merecido ese apoyo mayoritario por parte de los ciudadanos. Casi 11 millones de votos son los que han determinado una composición diferente de estas Cámaras; esperamos que, en esa composición diferente, cada uno haga el papel que corresponde: el papel del Gobierno, el papel del apoyo al Gobierno, el papel de control al Gobierno.

Dicho esto, cada día tiene su afán y hoy es un día para buscar el consenso. ¿Por qué? ¿Por qué es la primera comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas? No, porque mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley de estabilidad general presupuestaria, que es una ley muy importante para salir cuanto antes de la crisis económica. Una ley que compromete a todas las administraciones públicas que conforman el Estado español en la superación cuanto antes de esa crisis a través de la recuperación de la confianza y a través de la recuperación del crédito. Por tanto, el apoyo a esa ley me parece que sería el mejor resultado de esta comparecencia. Por supuesto, entiendo las salvedades; entiendo que hay que conocer el texto de esa ley, pero agradezco el apoyo en las líneas básicas porque me parece fundamental que -insisto- si pretendemos cortar la hemorragia de la crisis salga efectivamente cuanto antes de este Congreso, y a continuación del Senado de España, una ley realmente fortalecida que mande un mensaje de que en España hay un compromiso por la corrección del déficit público y por la reducción de la deuda pública, para que pueda fortalecerse la financiación a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos que tienen que crear empleo.

Decían ustedes que soy el primer ministro del área económica que comparece ante esta Cámara y todos sabemos cuál es el problema. El diagnóstico de España se resume en este gráfico de la situación de la economía. Ya sé que no es un power point pero lo explico en un segundo. El endeudamiento exterior neto de la economía española en el año 2010 y comienzo de 2011 asciende al 92 por ciento del producto interior bruto. Este es el desafío. Las deudas hay que pagarlas y, si retrocedemos en el gráfico, vemos que al final del periodo del Gobierno del Partido Popular ese endeudamiento exterior neto no


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llegaba al 40 por ciento. Eso es así. Por eso, seamos prácticos y realistas. Los discursos políticos de este Gobierno desde luego van a estar marcados por el realismo en sus políticas. En primer lugar, expresando los diagnósticos, que son los que son y ya he hablado antes de los millones de parados que ha costado este gráfico y que no responder a ese gráfico de endeudamiento, ignorar lo que está pasando, conduce a una durísima restricción del crédito. Esto es lo que ha cerrado a tanto autónomo su negocio y ha cerrado tanta pequeña y mediana empresa. Y a eso es a lo que hay que responder con políticas que vuelvan a financiar la economía de nuestro país. Eso es el ajuste, ¿el ajuste de quién?, ¿del sector público? ¿Para qué? Para volver a financiar correctamente los servicios públicos. Aquí no hay ningún otro límite que no sea la correcta financiación de los servicios públicos. Aquí no hay otro límite para los servicios públicos que no sean los impuestos que están dispuestos a pagar los ciudadanos, los contribuyentes. Esta es la regla. Y esa es la regla que hace un país serio y capaz de crecer y con ese crecimiento económico devolver y hacer frente a las deudas. Las deudas están ahí, señorías. Uno podrá decir que si pitos y flautas, que si flautas y pitos, pero hay que pagar. Hay que pagar cada mes el vencimiento y cada vencimiento semanal o diario de esa deuda, y esto es a lo que tenemos que saber responder en esta legislatura: hacer frente a esa tarea que tenemos, que debe ser una tarea común, con independencia de nuestras posiciones ideológicas y con independencia por supuesto de las valoraciones que merezcan las políticas del Gobierno, vaya esto por delante. Pero ahora tenemos, insisto, una prioridad y buscamos ese acuerdo político. Esta mañana quiero insistir en el valor que tiene ese acuerdo político, en concreto, en términos de estabilidad presupuestaria, de ordenamiento de nuestras administraciones, de transparencia de nuestras administraciones. Por lo demás, como soy reincidente, no hace falta que les recuerde que yo fui el ministro de Hacienda que facilitó en la negociación con las haciendas forales el convenio económico -en definitiva, el concierto en el País Vasco y el convenio en la Hacienda Foral de Navarra-, el primer convenio sin caducidad de la historia de las haciendas forales y de España. Tengo ese orgullo y esa satisfacción. Igual que fui ministro de Hacienda con un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular y conseguimos la primera financiación autonómica votada por todas las comunidades autónomas, con independencia de la ideología de sus gobernantes. Por tanto, no están ante nadie sospechoso (Risas.) En ese terreno, es evidente que siempre hemos estado en el mismo planteamiento. Gobernar no es ocultar déficit, gobernar no es falsear las cuentas públicas, eso no es hacer una gestión de los servicios públicos garante del bienestar de los ciudadanos sino todo lo contrario, eso es realmente llevar a pasar otra factura que se añade a la que ya tenemos encima como país y, en definitiva, donde tenemos problemas de financiación, de colocación de esa deuda. Por eso el Estado de las autonomías en España tiene que salir fortalecido y de esta crisis tenemos que salir con una arquitectura institucional en España fortalecida, modernizada e integrada en nuestro proyecto europeo, que es un proyecto que está avanzando y que hace que, en términos de lo que será la Ley de Estabilidad Presupuestaria, traslademos a ese proyecto exactamente lo que ya está aprobado en términos de reglamentos europeos. No trasladamos nada que no esté aprobado en ese proyecto europeo de gobernanza; en concreto, de reglamentos europeos. Por tanto, esto es lo que vamos a establecer también en términos de los propios controles entre nosotros mismos como Estado y frente a la Unión Europea, frente a la Comisión Europea como consecuencia de nuestra integración en la Unión Europea y, en concreto, nuestra integración en la moneda única, en el euro. Por eso digo que aquí no se hace ni más ni menos, y así doy por contestadas las preguntas. Se hace exactamente lo que está en los reglamentos europeos, en términos de arbitrar controles entre nosotros. En este argumento estoy seguro de que vamos a coincidir, señorías, y vamos a poder trabajar en el futuro.

En cuanto al calendario que tiene el Gobierno respecto a al Presupuesto General del Estado del año 2012, la actualización de ese presupuesto es como hemos anunciado en la campaña electoral y posteriormente el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Estamos esperando a que la Unión Europea, a que la Comisión Europea actualice sus previsiones de crecimiento, de evolución -en este caso, de no crecimiento, sino, desgraciadamente, de caída de actividad- para el año 2012 porque eso es realismo a la hora de hacer política. ¿Las políticas sirven a un escenario? No. Las políticas las proponemos los gobiernos a las cámaras para conseguir unos objetivos. Para eso lo hacemos. Pero, evidentemente, tenemos que tenerlas, instrumentarlas, articularlas y plantearlas dentro de unos escenarios, y el escenario está siendo tan cambiante como para llevar a que el Banco de España haya cambiado en semanas sus pronósticos en negativo en términos de intensidad de recesión con una causa fundamental: la falta de crédito bancario; con una causa fundamental de la que hemos tenido ocasión de hablar en la anterior legislatura largo y tendido: que tenemos que ir a ampliar y a utilizar todos los mecanismos, y también el ICO, también la línea de financiación ICO-pymes, que es una línea que tenemos que fortalecer porque todo es poco a la hora de facilitar el pago de los proveedores. Estamos pendientes de actualizar los pagos de las administraciones públicas, razón por la que estamos abriendo nuevas líneas ICO, y fortalecer las ya vigentes, ampliándolas en términos de financiación. La financiación de la economía es fundamental, la que da sentido a la corrección del déficit publico. Por tanto, la corrección del déficit público no es un fin en sí mismo, es un instrumento para crecer y para crear empleo. A partir de ahí, están los anuncios que también he hecho esta mañana relativos a cambios fiscales, que van a favorecer la financiación de la pequeña y mediana empresa. Son cambios fiscales que van a


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favorecer que nuestras empresas en general tengan más estímulo para que sus beneficios sirvan para reinvertir de nuevo y, por tanto, poder promover crecimiento económico y creación de empleo. Este es el proyecto que les he traído esta mañana. Es un proyecto de austeridad, de rigor, pero de garantía de financiación de los servicios públicos. Es un proyecto en el que estamos todos porque todas las administraciones somos Estado. Por esa razón -algunos de ustedes recordaba lo que fue una declaración a medios de comunicación- el Gobierno de España no va a permitir que ninguna Administración entre en quiebra porque utilizaremos todas nuestras capacidades para que eso no ocurra porque todos somos Administración. Obviamente, todos tenemos que estar sometidos a los mismos controles y a la misma transparencia. Este es el proyecto y en ese sentido recabo el apoyo de sus señorías. Y por supuesto, el proyecto es, como decía, salir de la crisis, crear empleo y hacer una España convivible entre los españoles, hacer una España donde todos nos podamos entender, donde todos nos podamos respetar y donde cada vez seamos más europeos, más integrados en el proyecto común que es Europa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Con esta última intervención, se levanta la sesión. Muchas gracias.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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