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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 25, de 25/01/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 25
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 2 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
25 de enero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000003.) ... (Página2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000014.) ... (Página2)

- El programa de su ministerio para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000030.) ... (Página2)

- Las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000064.) ... (Página2)


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- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de justicia. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000088.) ... (Página2)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión de la Comisión de Justicia y, en primer lugar, quiero, en nombre de todos los grupos parlamentarios y de los miembros de esta Mesa, dar la bienvenida al ministro de Justicia, al excelentísimo señor don Alberto Ruiz-Gallardón, por su comparecencia ante esta Comisión. También quiero dar la bienvenida a todo el equipo del ministerio que le acompaña en esta ocasión.

Como saben sus señorías, esta convocatoria, de carácter extraordinario, viene precedida por la solicitud del propio Gobierno para que comparezca el ministro de Justicia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Además de esta petición del Gobierno a esta Presidencia, han llegado las solicitudes, en igual sentido, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y del Grupo Parlamentario Catalán. Como estas cinco solicitudes tienen, como les he indicado, el mismo contenido, si sus señorías están conformes, procederíamos a agruparlas en un único punto del orden del día, con la matización de que, dado que son peticiones de diferentes grupos, una vez finalizada la primera intervención del señor ministro de Justicia, intervendrían los grupos en el orden de su petición, tal y como hemos acordado hace unos minutos con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. También quiero recordarles que finalizada la intervención del ministro, intervendrán los portavoces. El Reglamento establece un tiempo de diez minutos y, dadas las características y la importancia de esta Comisión y de esta sesión, les adelanto que esta Presidencia será generosa en el uso de ese tiempo, pidiéndoles a los portavoces, lógicamente, que esa generosidad la sepan interpretar en sus justos términos. Sin más, reiterando esa bienvenida al señor ministro y deseándole que en su nuevo quehacer político tenga toda la suerte y éxitos que todos los españoles están esperando, le concedemos la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Quiero saludar a los miembros de la Mesa de la Comisión de Justicia, a los señores portavoces y a todos los señores diputados y diputadas y decir, como declaración de principio, que no solamente soy, lógicamente, consciente de las muy importantes funciones que tiene esta Comisión, sino que manifiesto desde el primer momento mi voluntad de colaboración y cooperación permanente. Lo hago además acompañado del equipo con el que hemos conformado la gestión, para esta legislatura, del Ministerio de Justicia, desde un compromiso de total transparencia con esta Comisión y de total transparencia con los grupos parlamentarios aquí representados. Sus señorías son plenamente conscientes de la importancia de los retos que en estos momentos tiene España y que uno de ellos, y desde luego no es menor, es la justicia.

Cuando les hablo a ustedes de una voluntad de diálogo, no les estoy hablando de un gesto, sino que les estoy hablando de un instrumento: el diálogo, y un diálogo fluido como un instrumento para la resolución de las discrepancias que tendremos, de las discrepancias y diferencias políticas que lógicamente tendremos, y que están ya anunciadas por las distintas propuestas que, cada una de las formaciones políticas que aquí nos sentamos, hemos comprometido con los ciudadanos a través de nuestro programa electoral. Pero hay algo en lo que creo que todos coincidimos y es en la necesidad de que la reforma de la justicia en España se convierta en un éxito, que sepan sus señorías que cuando alcancemos ese éxito no habrá ningún derecho de paternidad, sino que será un éxito de todos, porque entre todos, con coincidencias o con discrepancias, nos tenemos que dirigir a buscar este objetivo.

No quiero resultar pesimista si les recuerdo a ustedes el momento que vivimos en estos momentos en España, un momento convulso, no solamente en España, sino que también en Europa nos estamos enfrentando a una crisis económica y financiera que no tiene parangón en las últimas décadas. Es el momento por tanto en que las instituciones nos pongamos a trabajar. Es el momento de que asumamos nuestras responsabilidades desde un auténtico sentido de Estado y lo tenemos que hacer desde la constatación de que no podemos seguir igual, de que hay una necesidad de cambios, que no afecta únicamente a un orden aislado del Estado o de la sociedad, sino que se plantea en términos, me atrevería a calificarlo, sin ninguna intención de dramatismo, de supervivencia, de dotarnos de mayor eficacia como nación, algo que nos tiene que permitir no solamente integrarnos con la fuerza que merece España dentro de las instituciones europeas, sino además competir, competir en un mundo globali


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zado o abierto con todos aquellos que en estos momentos están haciendo las mismas reformas precisamente para resultar competitivos y hacer de la crisis una oportunidad. Por eso las reformas que les voy a trasladar a ustedes serán de alcance, porque creo que es la única vía para mantener a España en el grupo de cabeza de los países que todavía conservan una capacidad decisoria. Importa mucho que incorporemos la modernidad, no como un lenguaje estético, sino como una auténtica modificación de nuestras pautas de comportamiento. Nosotros tenemos muy claro qué España queremos y quiero decir esto porque el hecho de que la eficacia tenga que ser un requisito de la acción de Gobierno y, por tanto, también de este Ministerio de Justicia -y lo quiero decir al principio-, en un país con una larga tradición humanista como es el nuestro y con una Constitución que consagra la dignidad de la persona y la paz social, esa eficacia no puede consistir en una descarnada eficiencia que esté desprovista de otras consideraciones. Por tanto, señorías, también en justicia, la cohesión social, los valores de libertad, los valores de igualdad y, por supuesto, el valor de justicia, que son los que informan nuestro ordenamiento jurídico, tienen que formar parte de esa modernidad.

El Gobierno al que pertenezco -cuya confianza quiero agradecer, y por supuesto el partido que lo sustenta en esta Cámara, gracias a un muy amplio respaldo de los ciudadanos, que nos llena de gratitud, pero también de responsabilidad-, ha accedido a sus actuales responsabilidades en virtud de un contrato, de un contrato que hemos firmado con los ciudadanos. Tenemos un acuerdo con los ciudadanos y quiero dejar esto muy claro porque no venimos a hacer cosa distinta de aquello que los ciudadanos nos han mandatado cuando depositaron su confianza en nosotros. No recibimos esa confianza como un cheque en blanco, no recibimos esa confianza como una posibilidad de vulnerar después los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos y por eso vamos a abordar las reformas. Conocen ustedes, y a lo largo de los próximos días en las sucesivas sesiones que se celebrarán en las distintas comisiones del Congreso de los Diputados, cómo el Gobierno va a presentar una reforma del modelo económico, una reforma laboral, una reforma del sistema financiero, una reforma de la Administración pública y una reforma en el discurso y la presencia de nuestro país ante nuestros homólogos en instancias internacionales. Son todas ellas reformas de gran envergadura, pero a ellas tenemos que sumar, y eso es lo que aquí nos convoca, la reforma de la Administración de Justicia. Una reforma que tiene que ir precisamente en esta misma dirección del resto de las reformas del Gobierno de España, es decir, buscar y alcanzar una sociedad avanzada, una sociedad moderna y una sociedad competitiva.

Antes de entrar en materia, quiero decirles que intentaré hacer un discurso claro y directo y decirles que no vengo solamente a ofrecer y proponer, sino que vengo también a pedir y a solicitar. Vengo a ofrecer, señorías, vengo a ofrecer a quienes ustedes representan, es decir, al conjunto de los ciudadanos de España, el firme compromiso de nuestro Gobierno de acabar de una vez por todas con los males que aquejan a nuestra justicia desde hace décadas, desde el origen mismo, desde la raíz, atajando las deficiencias estructurales que en estos momentos impiden identificar la Administración de Justicia en España, a diferencia de lo que ocurre con otros servicios públicos, como un eficiente servicio básico del Estado en el que confíen los ciudadanos de nuestro país. Pero también vengo a pedir, vengo a pedir a sus señorías, y por extensión al conjunto de los españoles, un compromiso, el compromiso de total implicación en este proyecto de regeneración de nuestra justicia. Como decía al principio, y repito ahora y volveré a repetir antes de terminar esta intervención, la justicia es cosa de todos y solamente con un esfuerzo conjunto podremos alcanzar nuestro objetivo.

Las circunstancias son verdaderamente excepcionales y lo son por su gravedad. Esa es la razón por la que la reforma tiene que ser abordada en profundidad: una modificación estructural de nuestra Administración de Justicia. Por eso, señorías, desde este momento, les solicito -y lo hago con humildad, pero les aseguro que lo hago también con determinación- su plena colaboración a esta altísima responsabilidad que nos han encomendado los ciudadanos. Lo tenemos que afrontar con sinceridad, con claridad, con transparencia y, desde luego, sin reservas. Permítanme que empiece por la regeneración institucional. Mencionaba antes la existencia de circunstancias que afectan en estos momentos al prestigio de varias de las más altas instituciones del Estado y, desde luego, entre ellas desgraciadamente aquellas que ostentan responsabilidades en la Administración de Justicia. Tenemos que corregir esta realidad y lo tenemos que hacer con unas medidas que, desde el Ministerio de Justicia, nos disponemos a abordar para acabar con aquellos problemas, en la convicción de que este paso es absolutamente imprescindible para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones. A través de los proyectos que voy a desglosar en esta intervención, nosotros pensamos que podemos lograr esa efectiva regeneración de las instituciones, pero les puedo asegurar que en modo alguno es una lista cerrada, no digo tan, sino más importante que mi intervención en esta Comisión, será la de ustedes y les puedo asegurar que este ministerio hablará, porque es su responsabilidad, pero escuchará, porque aparte de su obligación es auténticamente su vocación.

Quiero comenzar por la cúspide, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial y reside en el consejo una preocupación que tiene este ministro, que tiene el Gobierno y que creo que sus señorías deben de compartir: no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión


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de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente. No es eso lo que nos manda nuestra Constitución y es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar, lo digo con rotundidad y desde el principio para acabar con esa politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles, con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos por lo tanto que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno, como ya ocurrió en los primeros tiempos de funcionamiento del consejo, es que doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y les digo más, si queremos de verdad acabar con la politización, tenemos también obligación de que los ocho miembros que habrá de designar este Parlamento -y hago extensiva esta reflexión a otros órganos constitucionales del Estado- no sigan siendo parte de un sistema partidario de reparto de cuotas. No es eso lo que quiso el legislador constituyente. Cuando el legislador quiere que en determinados órganos estemos representadas las diferentes formaciones políticas en función del apoyo popular que hemos tenido, así lo establece, y la elección de la Mesa de las cámaras creo que es un ejemplo rotundo de esta voluntad. Cuando el legislador exige una mayoría cualificada que, salvo excepciones, presume que no puede ser alcanzada por una sola formación política, no está buscando un reparto en función de los apoyos electorales que haya tenido cada formación; lo que está buscando es, a través del diálogo, un consenso para elegir a las personas adecuadas, para elegir a aquellos que, elegidos por todos y votados por todos, cumplan todos los requisitos para poder ejercer esa alta función. No podemos seguir asistiendo a un relato de la crónica judicial donde cada decisión está permanentemente asociada al origen partidario de los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial y, consiguientemente, a una identificación con una u otra formación política. Este es un sistema no solamente perverso en origen, en su elección -a mi juicio, insisto, vulnerando la voluntad del legislador constituyente-, sino que además perturba y de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que dotar también al consejo de los mecanismos legales adecuados que permitan que este importante órgano constitucional tenga un funcionamiento ágil. Es un órgano de gobierno y necesita instrumentos para poder ejercer esas acciones de gobierno. Por tanto, tendremos que delimitar muy bien cuáles son las competencias reservadas al pleno y cuáles quedan para las distintas comisiones.

Por otro lado, señorías, no menos trascendentes han de ser las reformas que habremos de abordar en relación con la carrera judicial. Tenemos que orientarlas a la consecución del objetivo de su ordenación conforme a los principios de profesionalidad, de responsabilidad y de independencia, y para ello es preciso adoptar diversas medidas concretas, encaminadas a potenciar la promoción en la carrera mediante los principios de mérito y de capacidad. Queremos incrementar los elementos reglados para la promoción profesional, queremos disminuir la discrecionalidad de los nombramientos y, desde luego, queremos eliminar cualquier atisbo de politización. Señorías, tenemos que crear una carrera judicial de excelencia, dotada de previsibilidad en la promoción profesional desde el mismo momento del ingreso, y para ello, para alcanzar esta excelencia, tenemos que sentar las bases de una muy exigente especialización que se constituya en el mecanismo ordinario de promoción. Las reformas estructurales deben alcanzar también a los más altos tribunales del Estado, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Son, cada uno en sus responsabilidades constitucionales, instituciones básicas de nuestro Estado de derecho, y por ello debemos afrontar en esta legislatura las reformas necesarias para conseguir un funcionamiento ágil y correcto. Hay que delimitar adecuadamente sus competencias, hay que evitar la generación de conflictos innecesarios y estériles que solamente conducen al deterioro de su prestigio y a la pérdida de confianza en ellos de los ciudadanos.

En relación con el Tribunal Constitucional, la vicepresidenta del Gobierno ya adelantó en su comparecencia de ayer las grandes líneas que afectan a esta institución. De todo lo dicho quiero recordar, porque es trascendente, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para la tramitación de los estatutos de autonomía. Pero, señorías, déjenme que, enlazando con mi primera reflexión, les haga en estos momentos una consideración. Tenemos pendiente -y como dijo ayer la vicepresidenta, habremos de hacerlo pronto- la designación de cuatro magistrados por esta Cámara del Congreso de los Diputados para el Tribunal Constitucional. Me gustaría que todos fuésemos capaces de corregir los errores del pasado y que esos cuatro magistrados no respondiesen a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios, sino que respondiesen de verdad al cumplimiento -los cuatro, apoyados por el más amplio número posible de grupos y diputados de esta Cámara- de los requisitos que establecen nuestra Constitución y la ley orgánica para ser miembro del Tribunal Constitucional. Si fuésemos capaces en esta legislatura, en el primer periodo de sesiones, de lanzar un mensaje regenerador de nuestra justicia, renunciando a cuotas partidarias y haciendo un esfuerzo de consenso para buscar y encontrar entre todos a las personas que reúnan los requisitos, y de no proyectar una vez más el origen identificado con una formación política de tan alta magistratura, habremos dado un paso de gigante en el cumplimiento no solamente del mandato constitucional sino de las normas que tenemos que aplicar para conseguir los objetivos de regeneración. Por otra parte, es preciso conseguir que nuestros dos máximos tribunales resuelvan con rapidez los asuntos de su competencia. Este es el único camino para conseguir que la doctrina que cada


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uno siente dentro de sus respectivos ámbitos competenciales cumpla esa función unificadora y por tanto aporte elementos positivos a nuestra seguridad jurídica. Tenemos que acabar con la excesiva duración de los recursos, tenemos que introducir mejoras de orden técnico procesal y tenemos que establecer legalmente las bases que aseguren que cuentan con el apoyo necesario de los imprescindibles órganos técnicos.

Quiero hablar también, aunque brevemente, del ministerio fiscal. Quiero extender, con el compromiso del Gobierno, la voluntad de hacer desaparecer la sombra de permanente politización que pesa sobre sus actuaciones más relevantes. Tenemos que hacer una configuración del ministerio fiscal adecuada a lo que dice nuestra Constitución en su artículo 124. Este Gobierno se compromete -y adquiero ese compromiso delante de sus señorías- a que su relación con la fiscalía en ningún caso deslegitime el mandato constitucional de imparcialidad. El artículo 124 de nuestra Constitución reserva al ministerio fiscal la importantísima labor de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, pero siempre -y lo recuerda la misma Constitución- sujeto a los principios de legalidad y de imparcialidad. Con este profundo respeto a estos principios de legalidad e imparcialidad es como se compromete el Gobierno de España a mantener su relación con el ministerio fiscal. Les puedo asegurar -y sé que tendrán ustedes esta tarde la ocasión de comprobarlo- que las declaraciones políticas van a ir acompañadas también de la idoneidad en la propuesta de las personas, también de acuerdo con la responsabilidad que al Gobierno le corresponde, en relación con el fiscal general del Estado. La persona propuesta por el Gobierno, favorablemente informada por el Consejo General del Poder Judicial, que comparecerá esta misma tarde ante sus señorías, responde a la aplicación de este compromiso por parte del Gobierno de respeto a los principios de legalidad y de imparcialidad.

En otro orden de cosas, resulta obvio, señoras y señores diputados, que tenemos la necesidad de reformar estructuralmente nuestro sistema de justicia en unas circunstancias, todos lo sabemos, que son adversas, especialmente adversas, marcadas por una grave crisis económica mundial, europea y española. Creo que desde el primer momento, reconociendo la realidad, tenemos que comprometernos todos a no ponerla como excusa para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado; por el contrario, lo que tenemos que hacer es pensar de qué modo, en nuestra responsabilidad en el ámbito de la Administración de Justicia, podemos contribuir a ese objetivo común de nuestra nación de superar cuanto antes la crítica situación que en estos momentos vivimos. La reflexión del Gobierno y del ministro de Justicia a este respecto es clara y contundente. Si actuamos con determinación y con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y los gastos a realizar y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, vamos a conseguir el objetivo no solamente de dar respuesta al derecho constitucional de los ciudadanos a la tutela judicial, sino además de hacer nuestra Administración de Justicia un elemento determinante para aumentar la competitividad de nuestro país y, por lo tanto, para superar nuestra crisis económica. En las actuales circunstancias, la relación entre justicia y economía adquiere una especial visibilidad y un mal funcionamiento de la justicia comporta siempre un daño profundo a la convivencia, pero no lo duden, señorías, también tiene consecuencias económicas. Existe a este respecto un desfase -permítanme que haga aquí un paréntesis- entre nuestra posición económica en el mundo -somos la duodécima potencia económica del mundo- y el puesto respecto a la eficiencia del marco jurídico: ocupamos el número 63 de un listado de 142 países. Creo que este desfase tiene que ser corregido y si somos capaces de modernizar nuestra Administración de Justicia, si somos capaces de dotarla de un adecuado nivel de eficiencia, este se va a convertir en un factor de extraordinaria importancia para favorecer la competitividad de nuestra economía.

Señorías, actualmente se encuentra inmovilizada en los tribunales de nuestro país una ingente cantidad de recursos financieros; son varias decenas de miles de millones de euros los que están pendientes de que se dicten resoluciones definitivas en los respectivos pleitos. Hasta que dichas resoluciones se produzcan, estos bienes, que son absolutamente necesarios para nuestra economía, están bloqueados. Comprenderán, señorías, que no podemos permanecer inactivos y que no nos podemos limitar a contemplar esta realidad. Tenemos que actuar decididamente, tenemos que adoptar las medidas que sean precisas para que todos esos recursos reviertan, y lo hagan lo antes posible, al circuito económico para conseguir el máximo beneficio para la economía de nuestro país. Para ello solamente hay un camino: acometer las reformas organizativas que sean necesarias para que nuestros tribunales puedan dar respuesta definitiva a los conflictos planteados y para que, además, lo puedan hacer en el plazo más breve posible.

No tenemos ninguna duda de que el esfuerzo desarrollado por nuestros jueces y magistrados y por el resto de los operadores jurídicos es sencillamente admirable, pero también tenemos la completa seguridad de que la actual estructura organizativa de nuestros jueces y tribunales no es, sin duda, la más adecuada para conseguir estos resultados de los que les vengo hablando. Por eso tenemos que actuar con prontitud en un esquema organizativo propio de tiempos pasados que hoy lastra la eficiencia de nuestra Administración de Justicia. Vamos a reformar -como decía al principio y lo reitero ahora- y vamos a buscar el máximo consenso posible. Somos conscientes de que el consenso debe ser un elemento vertebrador de las grandes reformas. Soy consciente, desde el primer momento, de que hemos hecho planteamientos que no han sido incorporados a sus programas


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electorales por algunas de las fuerzas políticas y, singularmente, por las que tienen, después del Grupo Parlamentario Popular, más representación en esta Cámara, pero les puedo asegurar que nosotros vamos a buscar ese consenso, porque las consecuencias de no alcanzar estos objetivos serían terribles para nuestro país: cierres de empresas; pérdida de puestos de trabajo; descenso del nivel de cotizaciones a la Seguridad Social y un fatal retraimiento de la inversión, especialmente de la inversión extranjera que vincula de una manera muy importante sus decisiones de localización de actividad económica con el funcionamiento del Poder Judicial. La congestión en los juzgados y tribunales, la demora de los pleitos y los retrasos e incidencias en la ejecución de las resoluciones judiciales son nada más que la manifestación externa de una situación que está plagada de carencias que se han ido acumulando en el tiempo y que debemos atajar, y hacerlo con determinación. Esa imagen de la Administración de Justicia, de dependencias judiciales agobiadas por la proliferación de expedientes, casi siempre en papel, no es, desde luego, la imagen que queremos dar ni de nuestro país ni del instrumento constitucional para resolver los conflictos entre particulares o entre los particulares con las distintas administraciones públicas. Esta situación de la Administración de Justicia solo se proyecta negativamente cuando tenemos no solamente la constatación de su deficiencia sino, además, la resignación de seguir conviviendo con ella. Eso es lo que tenemos que romper desde este mismo momento. Hacemos un flaco favor a la economía nacional cada vez que demoramos, por poner un ejemplo, la consolidación de la doctrina jurisprudencial derivada del retraso en la tramitación de los recursos atribuidos a la competencia de nuestro Tribunal Supremo, porque esto genera un alto grado de inseguridad jurídica y perjudica de una forma rotunda las oportunidades económicas de España.

En consecuencia, señorías, ha llegado la hora de poner en práctica soluciones, que a continuación voy a pasar a apuntar, que serán novedosas, que concilian la corrección en los planteamientos teóricos con el sentido práctico que siendo exigible, en todo caso, deviene imprescindible en la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos. Déjenme que les exponga, por tanto, las principales líneas de actuación en esta legislatura. Señorías, en el momento actual nos enfrentamos a tres problemas fundamentales. El primero, el exceso de litigiosidad; el segundo, la carencia de gestión; el tercero -quizá lo más decisivo-, el agotamiento del modelo que hasta ahora hemos seguido; un modelo -lo digo desde el principio- que aunque fuésemos capaces de gestionar mejor creo que ya no puede dar más de sí. Todos estos problemas tienen que tener solución en una legislatura que, con ocasión de mi toma de posesión, califiqué como una legislatura de gestión, pero que hoy me gustaría llegar un poco más lejos y decir que va a ser, y sobre todo, una legislatura de transformación.

El primero de los problemas indicados hace referencia a la excesiva litigiosidad residenciada en sede judicial. Parto del principio del carácter democrático de nuestra justicia, y eso tiene que obligar a que la justicia mantenga las puertas abiertas, sin restricciones, a todos los ciudadanos, si no no estaríamos viviendo en un Estado de derecho; si no no garantizaríamos la igualdad ante la ley como principio inspirador de nuestra convivencia. No obstante, es preciso que consideremos que existen otras vías, igualmente válidas, para resolver los conflictos antes de recurrir a la tutela efectiva de los jueces. Tanto es así, que la intervención de la justicia debería concebirse como un último recurso reservado para aquellos casos en los que no fueran posibles otras fórmulas de solución. Los datos, sin embargo, señorías, apuntan en otra dirección. Les voy a dar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial del año 2010. Les diré que en este ejercicio ingresaron más de 9,3 millones de asuntos en los órganos jurisdiccionales y que el número de asuntos en trámite al final de este año era de 3,2 millones de casos; es decir, casi un 3 por ciento más que el año anterior. Hagan ustedes, por favor, señorías, un ejercicio de comparación. Somos un país con algo más de 46 millones de habitantes y, como les decía, en el año 2010 -datos del Consejo General del Poder Judicial- tuvimos 9,3 millones de asuntos presentados ante los órganos jurisdiccionales. Miremos a nuestros vecinos, por ejemplo, Francia, en el mismo año 2010. La República francesa tiene 65 millones de habitantes y frente a nuestros 9,3 millones de asuntos judiciales ellos tramitaron 6 millones de asuntos. Más de 3 millones de asuntos menos, cuando se tienen 20 millones de habitantes más. Señorías, algo está fallando en nuestro país. No podemos pensar que mientras no cortemos el agua que está inundando nuestra habitación va a ser eficaz una medida consistente únicamente en achicar la que tenemos dentro, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en España. El número de litigios que ingresa en nuestros órganos judiciales se incrementa año tras año y, desde luego, la solución, señorías, y menos en la época de crisis que nosotros vivimos, no puede consistir en destinar cada vez mayores recursos materiales a su resolución; y tampoco basta, como se ha dicho muchas ocasiones, con elevar la ratio de jueces por habitante, algo que sí les digo que esta Administración procurará hacer en esta legislatura, siempre sujetos a las restricciones presupuestarias y a las limitaciones que nos impone la crisis, pero, desde luego, lo intentaremos. Creo que necesitamos encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir, y hacerlo de forma razonable, el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan ante los juzgados y tribunales. La desjudicialización de determinados procedimientos, de la mano, por ejemplo, de la ley de jurisdicción voluntaria o de la despenalización de determinadas conductas que hoy tienen calificación de falta, el fomento de soluciones extrajudiciales de conflictos, a través de la mediación, pueden constituir fórmulas válidas para alcanzar este objetivo. Así todo, tenemos que ser conscientes de que siempre va a perdurar un volumen sustancial de litigiosidad y por eso tenemos que poner en


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marcha otros mecanismos dentro de los propios juzgados y tribunales, como, por ejemplo, dar prioridad a los expedientes de mayor trascendencia, por razón de su naturaleza o por razón de cómo afecten a la economía nacional. Asimismo, es necesario revisar el vigente sistema de tasas judiciales. Una situación de crisis como la que vivimos impone la necesidad de fomentar el uso racional de los recursos destinados a los servicios públicos y eso hay que compaginarlo con la máxima eficacia de los recursos que les están destinados.

En estos momentos en España se produce un abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia, y este abuso ha provocado el colapso de multitud de nuestros órganos judiciales, lo que nos obliga a definir y acotar los supuestos en los que los conflictos deben y pueden ser resueltos por los órganos judiciales. Ya se anunció, en el buen camino, en la Ley Orgánica 1/2009 -y se refleja así en su exposición de motivos-, cuando se instauró la figura del depósito previo para la interposición de recursos, que el fin de disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso, en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso, es un fin legítimo. Esta iniciativa, marcada por esta Ley -vuelvo a fijar la fecha- de 2009, la asume plenamente este Gobierno. Nos proponemos incluir como elemento esencial de este nuevo modelo de tasas la asunción obligatoria por las partes de los costes del proceso a partir de la segunda instancia y, por supuesto, con reintegro de los mismos en el caso de que prospere el recurso. Al igual que hizo la Ley de 2009 con el depósito previo para recurrir, los ingresos que se generen por estas tasas se vincularán directamente al proceso de mejora y de modernización de la justicia. Todo lo anterior, insisto, se hará con absoluto respeto a la tutela judicial efectiva en la obtención de un primer pronunciamiento en instancia. Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el Poder Judicial, en uso de ese derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y lo que solicita es un segundo pronunciamiento que revise el que ya dio el órgano jurisdiccional, es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas y, por supuesto, quedarán exentas del pago aquellas personas que realmente carezcan de recursos para litigar tomando, por supuesto también, con carácter excluyente por su consideración especial, la jurisdicción penal. También a estos propósitos de reducción de la litigiosidad y del ahorro de costes no necesarios se va a orientar la modificación del sistema de asistencia jurídica gratuita. Declaro que lo mantenemos; lo mantenemos porque creemos en él como un instrumento para la tutela judicial efectiva, pero declaro también que precisa algunas correcciones para evitar abusos, para impedir el incremento de una litigiosidad ficticia y reducir la entrada innecesaria de nuevos asuntos en los órganos jurisdiccionales. Ya hace tiempo que existen propuestas -me han sido ya trasladadas por distintos gobiernos de las comunidades autónomas- para exigir, entre otros requisitos, que se justifique de forma fehaciente y rigurosa la acreditación de la insuficiencia de los recursos para litigar, y que además, cuando el interesado manifieste expresamente su deseo de seguir el procedimiento en segunda o ulteriores instancias, se revise nuevamente la concurrencia en este nuevo momento de aquellos requisitos que le permitieron acogerse al beneficio de justicia gratuita.

El segundo problema al que hacía referencia y que tenemos que resolver es el de la gestión, especialmente importante en momentos de crisis. Por eso el Gobierno va a establecer prioridades, concentrando el esfuerzo en aquellos proyectos que redunden en una mejora clara del servicio público de la justicia. Quiero decir una cosa con absoluta sinceridad y es que no solamente no ignoro sino que valoro, y valoro mucho, los aspectos positivos que en materia de modernización han introducido las administraciones anteriores durante los últimos dieciséis años; me refiero, por tanto, tanto a Gobiernos del Partido Popular como, en los últimos ocho, a Gobiernos del Partido Socialista, pero creo que todos hemos cometido errores y que toca ahora corregir esos errores. Tenemos que avanzar en el proceso que debe convertir la Administración de Justicia en un servicio que satisfaga las expectativas de los ciudadanos en cuanto a celeridad y calidad en la resolución de los conflictos. A este respecto -sus señorías seguro que lo tienen en la cabeza-, uno de los aspectos básicos que debe ser objeto de revisión es el tecnológico. No es razonable -lo dijo el presidente en su debate de investidura- que en la Administración de Justicia que hoy se ha desarrollado coexistan, y además con notables dificultades de entendimiento entre ellos, ocho diferentes sistemas procesales de gestión. No es razonable que la puesta en práctica -tengo que decir-, los insuficientes ensayos, contrastes y ajustes de algunas experiencias piloto con un coste muy elevado de novedosos proyectos tecnológicos no hayan dado el resultado apetecido. Lo que hay que crear si queremos seguir avanzando es un verdadero esfuerzo por implantar las nuevas tecnologías, pero hacerlo de forma racional. Les pongo, por ejemplo, el caso de la Audiencia Nacional, donde se han destinado muy importantes recursos a digitalizar en forma masiva documentos en papel y, sin embargo, se ha abandonado completamente el concepto profundo de lo que es un expediente judicial electrónico. Es preciso introducir mayores dosis de racionalidad en la gestión de los recursos económicos destinados a la introducción de las nuevas tecnologías. Y la instauración real de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia la tenemos que llevar a cabo necesariamente con el concurso del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas, muy especialmente con aquellas que cuentan con las competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.

Señorías, les anuncio -y este es un anuncio importante- la creación de una agencia que va a articular un


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sistema informático que va a permitir el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la Administración de Justicia. Vamos a invitar a formar parte de esta agencia, aparte por supuesto del propio Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con competencias transferidas; pretendemos que entre las tres partes -consejo, comunidades y ministerio- coordinemos la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal que en estos momentos están implantados, y pretendemos también todos por acuerdo, sin renuncia a ninguna de las competencias que cada uno tenemos, alcanzar la compatibilidad de cualquier sistema informático que se proponga instalar. Será en el seno de la agencia donde se plantee la coordinación responsable de los sistemas de comunicación entre los órganos judiciales, profesionales de la justicia y las administraciones públicas, y desde donde nos proponemos poner en marcha los mecanismos necesarios para la creación de estándares tecnológicos comunes entre todos con una auditoría constante del funcionamiento del sistema. Creo que solo así la actuación en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia se adaptará a la lógica, se adaptará a la realidad y será verdaderamente eficaz. Una actuación coordinada es lo único que va a permitir el conocimiento inmediato y en red de los datos judiciales.

Sigo con la gestión. Cuando les hablaba a ustedes antes del agotamiento del sistema, adivinarían que me estaba refiriendo a una reforma que tenemos que acometer en esta legislatura, que es la implantación razonable, meditada, progresiva, pero determinante y eficaz, de una nueva oficina judicial. El diseño de la nueva oficina judicial quedó plasmado en la reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2003 y la implantación que durante estos años se ha hecho de la oficina no se ha acomodado, en el plano organizativo, ni al espíritu del legislador que la inspiró ni tampoco ha ido acompañada de la imprescindible modernización tecnológica que sí habría sido garantía de éxito en su implantación.

No voy a restar de ninguna forma valor a los avances logrados, pero tenemos que reconocer que han transcurrido casi nueve años de aquellos primeros pasos y los planes pilotos en los que se ha desplegado hasta la fecha la oficina judicial en algunas provincias no dan respuesta a la previsión que se tuvo en el año 2003. Sin embargo, estamos convencidos de que la oficina judicial debe desempeñar un papel fundamental en la modernización de la justicia, por eso tenemos el firme propósito de que sea una realidad cuando termine esta legislatura. A este respecto vamos a avanzar en un camino que obtuvo consenso en el pasado, y espero que lo tenga en el futuro, de una implantación progresiva y paulatina de los tribunales de instancia como un mecanismo para reducir el tiempo en la tramitación de las causas en los juzgados, sin necesidad de asumir el elevado coste que supone la creación de nuevos juzgados o el refuerzo de los existentes.

Vamos, señorías, con los proyectos legislativos. La reforma de nuestro sistema debe ser abordada desde una perspectiva de conjunto si queremos dotarla de una coherencia que es imprescindible, por eso les voy a anunciar los proyectos que tenemos intención de presentar en esta legislatura ante esta Cámara. Todas las medidas se tienen que adaptar a alcanzar el único objetivo compartido, que es la eficiencia en la propia Administración de Justicia, pero nosotros pensamos que nos tenemos que articular en torno a dos ejes principales. Primero, la elaboración ex novo de nuevas leyes orgánicas y ordinarias a las que me voy a referir a continuación y, en segundo lugar, las modificaciones, muy importantes, de leyes que se encuentran en vigor y que, a nuestro juicio, solo de forma parcial deben ser revisadas.

Antes de entrar en detalle, sí les quiero decir que no debemos nunca perder de vista el objetivo de la perdurabilidad de las modificaciones legales en esta legislatura. No es de recibo que nos contentemos con aplicar parches al sistema. Les voy a dar algunos datos. Desde 1978 hasta la fecha el Código Civil ha tenido 29 modificaciones; el Código Penal, que llamamos el código de la democracia, en quince años que lleva en vigor, ha tenido 28; la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobó en el año 2000, ha tenido 20, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -luego hablaré de la necesidad de una nueva- solamente desde el año 1978, 44 modificaciones; por último, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la piedra angular de nuestro sistema de justicia, ha conocido 42 reformas.

Señorías, creo, de verdad, que necesitamos leyes de mayor calidad que no tengan que ser revisadas permanentemente, que no tengan insuficiencia y falta de ambición en sus planteamientos y que alcancen el mayor grado de consenso posible para que las alternancias lógicas en un sistema democrático no supongan una modificación radical de las mismas. Sobretodo tenemos que actuar simultánea y coordinadamente en un abanico limitado pero sustancial de materias, desde la relación del ciudadano con la justicia hasta el propio gobierno de los jueces.

En el primer bloque, es decir, las nuevas leyes que tienen que ser elaboradas, se encuentra, en primer lugar, la Ley Orgánica del Poder Judicial; en segundo lugar, la Ley de Planta y Demarcación Judicial; en tercer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal; en cuarto lugar, la Ley de Jurisdicción Voluntaria; en quinto lugar, la Ley de Mediación; y en sexto y último, pero de ninguna de las formas menos importante, un nuevo Código Mercantil.

Nos proponemos presentar a las Cortes una nueva ley orgánica del poder judicial. Creemos -les hablaba antes de las reformas que se han planteado durante estos años- que existen disfunciones en el texto que con la aprobación de uno moderno y riguroso podrá ordenar la actividad jurisdiccional en su conjunto. Como les decía,


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en sus casi veintisiete años de vida la Ley orgánica de 1985 ha sufrido cuarenta y dos modificaciones y los cambios introducidos se han ocupado de dar respuesta a las necesidades y problemas de cada momento, pero ninguna ha tenido la intención de plantear una reforma en profundidad de la Administración de Justicia, quizá con dos excepciones, que además son fruto del Pacto de Estado por la justicia del año 2001: la que afectó a la elección de miembros que integran el Consejo General del Poder Judicial y la que regula la oficina judicial y las funciones del secretario judicial. La nueva ley habrá de incorporar las medidas e instituciones reguladoras en la norma hoy vigente, que redunden en beneficio de la Administración de Justicia. Tendrá por líneas maestras, entre otras, un cambio del modelo, un cambio radical del modelo de la organización de la justicia española. Superamos -y creo que lo haremos definitivamente- el modelo actualmente estructurado en torno a los órganos unipersonales de instancia. Revisaremos la oficina judicial e intentaremos liberarla de todos los problemas que la agobian y que impiden su pleno funcionamiento. Garantizará, como decía al principio, una verdadera justicia profesional, a través de fórmulas que busquen y alcancen la objetividad de los respectivos sistemas de acceso, de nombramiento, de formación y de promoción de los jueces y esto, por supuesto, es también aplicable a los fiscales, a los secretarios judiciales y a todo el personal de la Administración de Justicia. Primará el mérito y la capacidad y primará también la especialización en la promoción, apostando por una formación continua de sus miembros.

Señorías, una reforma de esta entidad y trascendencia debe llevarse a cabo -insisto en ello- con el máximo consenso posible. Voy a buscar el apoyo de todos los grupos representados en esta Cámara y voy a buscar también el apoyo de todos los operadores jurídicos. Hablaremos con los jueces, con los fiscales, con los secretarios judiciales, con los abogados, con los procuradores, con los graduados sociales, con los funcionarios, con todos aquellos que forman parte de la Administración de Justicia en España y, por supuesto, consideramos imprescindible en la elaboración de esta nueva ley la participación, la intervención del Consejo General del Poder Judicial en cuanto máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y constitucionalmente llamado a garantizar su independencia. Quiero recordar en estos momentos que el principio del artículo 122 de nuestra Constitución, que atribuye al consejo de forma exclusiva, y por tanto excluyente, las facultades relativas a los nombramientos, a los ascensos, a la inspección y al régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial, es un principio que debe informar la redacción de la ley. Resulta obligado que la nueva ley recoja de forma clara en su articulado estas facultades, que además el propio Tribunal Constitucional ha vinculado al principio de unidad jurisdiccional y que nosotros identificamos con la unidad del Poder Judicial y con la unidad de gobierno del Poder Judicial en España.

Los hechos han demostrado, señorías -lo decía antes- que el sistema pactado en el año 2001, por el que se trasladó al Parlamento la elección de los miembros que componen este órgano, es no solamente susceptible de atascarse en discusiones partidarias sino, lo que es más grave, es capaz, al margen de la validez de sus decisiones, de deslegitimarlas de origen por una contaminación de carácter partidario ante la opinión pública. Por eso, la nueva ley tiene que introducir los mecanismos precisos para evitar estas graves y perturbadoras disfunciones que, insisto, enturbian la imagen de independencia del Poder Judicial ante los ciudadanos y tenemos que reformar el sistema de elección para que tal y como se estableció en la primera, y a mi juicio acertada, interpretación de la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Como decía al principio, y reitero ahora, propongo que acabemos definitivamente con el sistema de cuotas partidarias para la designación de los ocho de carácter parlamentario. De forma paralela, como consecuencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, y conforme a los criterios generales que esta habrá de establecer respecto a la planta y organización de los juzgados y tribunales, vamos a remitir a la Cámara un proyecto de ley de una nueva ley de demarcación y planta judicial. Esta es una reforma necesaria. Como les decía antes, los conceptos básicos, señaladamente el de partido judicial, con arreglo a los cuales secularmente ha funcionado nuestra justicia y que fueron todavía vigentes en la ley de 1988, respondían a una realidad social, económica, demográfica y de infraestructuras, que es muy distinta de la actual y que tanto necesitamos actualizar.

En tercer lugar, por lo que se refiere al ámbito penal, también traeremos ante sus señorías el correspondiente proyecto para la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es, por su envergadura, un proyecto de legislatura. El actual enjuiciamiento criminal se sustenta sobre una ley de hace más de un siglo, que necesita adaptarse urgentemente a lo que debe ser un proceso en el siglo XXI para establecer una regulación precisa que nos permita afrontar, de acuerdo con la perspectiva actual y por supuesto siempre con la experiencia que hemos acumulado en estos años, determinadas cuestiones que hoy, señorías, son objeto de preocupación social. Pienso, por ejemplo, en el sometimiento a plazo del secreto de sumario, pienso en el adecuado control de las intervenciones telefónicas, pienso en la necesidad de limitar las situaciones procesales pasivas, pienso en el papel que debe cumplir en la investigación de los delitos una policía judicial moderna al servicio de jueces y fiscales, y pienso también en la regulación de la fase de investigación a fin de garantizar que esta se realice con total imparcialidad y por supuesto con absoluto respeto a las garantías procesales fundamentales.

En este contexto, sus señorías me plantearán -y yo se lo anticipo- un punto que siempre es el debate constante, y es la configuración en la fase de investigación e


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instrucción de los delitos del papel que debe jugar el ministerio fiscal. Déjenme que les traslade algunas reflexiones previas. En primer lugar, cualquier reforma que emprendamos no debe suponer un retroceso en la idea garantista que supuso la creación de la figura del juez de Instrucción. Por ello, si potenciamos, que lo haremos, el papel de fiscal en la fase de instrucción, deberíamos al mismo tiempo incrementar su ámbito de autonomía funcional en su estatuto orgánico. En segundo lugar, habría que contemplar una mayor eficiencia respecto de la autonomía del proceso, pues si el trabajo de investigación atribuido al fiscal debe duplicarse ante el juez, la ratio de eficiencia sufriría un duro golpe. En este terreno, señorías, creo que no debe olvidarse la necesidad de dotar a jueces y fiscales de unas atribuciones competenciales propias respecto no solamente, como les decía antes, de unidades de policía judicial, sino también de peritos que reafirmen la eficiencia imparcial de sus tareas investigadoras instructoras. En todo caso, les diré que para esta reforma vamos a afrontar el estudio, contando con una participación muy activa de la Fiscalía General del Estado y por supuesto del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a buscar el consenso entre ambos organismos para establecer cuál es el papel que en la instrucción penal deben jugar en el futuro los fiscales y lo vamos a hacer de una forma gradual, progresiva, escalonada, de acuerdo siempre con las limitaciones que en la ampliación de planta tenemos en estos momentos para la propia carrera fiscal.

Otro aspecto importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que ordenar una asignatura pendiente de nuestro país, que es el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior, es decir, la garantía de la doble instancia penal, cuya no implantación en España ha motivado la reiterada condena a nuestro país en los foros y en los tribunales internacionales y que tenemos obligación de corregir. La introducción de la doble instancia en materia penal va a llevar aparejada también una reforma del recurso de casación, porque actualmente viene siendo empleado como un instrumento para posibilitar la revisión de los fallos condenatorios como consecuencia de la carencia de esa segunda instancia. Nosotros nos proponemos dar a este recurso el sentido que realmente e históricamente tiene, es decir, un instrumento de unificación de doctrina.

En cuarto lugar, nos proponemos presentar al Parlamento el proyecto de una nueva ley de jurisdicción voluntaria, una ley que permita solventar extrajudicialmente controversias que ahora tienen entrada innecesariamente en los foros jurisdiccionales y que podrían atribuirse a la competencia de determinados profesionales de la máxima cualificación. Pienso en los notarios, en los registradores y en el papel que pueden jugar también los secretarios judiciales, y por supuesto sin merma alguna de las garantías exigibles. La jurisdicción voluntaria es una institución y cuando esta Cámara aprobó en el año 2000 la Ley de Enjuiciamiento Civil ya estableció que tenía que tener una ley propia reguladora, y creo que en materia de derechos reales, de obligaciones, de sucesiones, de derecho mercantil, de derecho marítimo hay muchas materias que están en estos momentos atribuidas a los jueces y que pueden pasar en su mayor parte a manos de notarios y registradores, aliviando así la litigiosidad. Va a ser un medio eficaz para desjudicializar, para reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente judicial, por eso esperamos poder remitir próximamente al Consejo de Ministros un proyecto de ley que permita la inmediata introducción de este eficaz instrumento dentro de nuestro sistema procesal.

En quinto lugar, nos proponemos acometer la elaboración de una nueva ley de mediación. Tenemos experiencia dentro del ordenamiento laboral del buen funcionamiento de la mediación y creo que en el orden civil y mercantil es una asignatura pendiente que, garantizando siempre la seguridad jurídica, puede contribuir a que muchos asuntos que en estos momentos llegan a juzgados y tribunales sean resueltos con anterioridad. Hay precedentes normativos para regular la mediación, pero creo que se puede convertir en una oportunidad para avanzar en esta modalidad alternativa. Es una opción más que la Administración de Justicia va a poner a disposición de los ciudadanos. Otra reforma que incidirá en los aspectos procesales civiles va a ser la introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil. Ha tenido éxito el que se ha introducido en el orden penal y debemos aprender de aquellas cosas que hemos hecho bien.

Dejo para el final algo importantísimo: un nuevo código mercantil. Recordarán ustedes que el presidente del Gobierno en su debate de investidura marcó como uno de los objetivos claros de esta legislatura garantizar la unidad de mercado. Nosotros vamos a contribuir a ese objetivo mediante la aprobación de un código mercantil que contribuya a llevar a nuestra economía a una situación de competitividad real. Lo hacemos en el marco de las competencias -en este caso con carácter exclusivo- que nos atribuye la Constitución en su artículo 149 en aplicación del artículo 139 que vela por la libre circulación de bienes. Este nuevo código, que va a sustituir a leyes muy importantes -algunas recientes las incorporará directamente en su articulado, pero sustituirá al viejo Código de Comercio que, como sus señorías saben, data ni más ni menos que de 1885-, no solamente va a integrar la dispersa legislación mercantil, sino que además tiene intención de completarla, de modernizarla y de adaptarla a las exigencias de la nueva realidad económica de España. Señorías, es un proyecto de envergadura y de ambición, que va a introducir seguridad jurídica al tráfico mercantil en territorio nacional -hoy esto es más necesario que nunca- y les puedo decir que, gracias a un trabajo muy importante que se ha venido realizando, estamos en disposición de abordarlo y de presentarlo siempre con una tramitación previa conjunta con otros ministerios -especialmente los de orden económico, a los que les afecta de forma sustancial- y con una con


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vocatoria previa también a la representación de los distintos sectores afectados en nuestra sociedad. Pero quiero adquirir compromiso concretos y el compromiso que hoy asumo es el de concluir la redacción de un primer texto a lo largo del segundo semestre de este año para comenzar en ese momento con todos los trabajos de revisión y tramitación necesarios que nos permitan aprobarlo en el menor plazo posible.

Como ven, señorías, vamos a apostar en esta legislatura por situar a nuestra justicia en el máximo nivel de competitividad como una forma -decía antes- de contribuir a los esfuerzos que desde otros ámbitos del Gobierno, sustancialmente desde los equipos económicos, se están realizando para que España supere la grave situación de crisis económica en la que nos encontramos. En este sentido, también les quiero anunciar que, salvaguardando la realidad judicial española y conociendo perfectamente las dificultades que numerosos operadores jurídicos y el personal al servicio de la Administración de Justicia pueden tener para trabajar en el mes de agosto tradicionalmente inhábil, tenemos que encontrar un mecanismo que dé respuesta a la necesidad de evitar que la justicia española tenga tiempos muertos para que en cualquier momento del año pueda haber una respuesta judicial a una pretensión que puede afectar de manera relevante a nuestra máxima competitividad y para que ningún inversor extranjero tenga temor a localizar su actividad en España como consecuencia de que alguien le informe de que si tiene un conflicto, durante un mes no va a tener una respuesta al mismo. Creo que podemos encontrar fórmulas adecuadas que, reconociendo y salvaguardando la realidad judicial, den una respuesta concreta a estos asuntos urgentes que no deben tener obligación de esperar un mes antes de ser atendidos por el órgano jurisdiccional correspondiente.

Rápidamente -pido perdón por extenderme en mi intervención- quiero anunciarles algunas reformas legislativas parciales pero que son extraordinariamente importantes. Empiezo por la más importante de todas ellas. No les sorprenda a sus señorías que se la anuncie yo, porque también les anuncio que la tramitaremos a través de esta Comisión de Justicia. Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en nuestro país. Vamos, por tanto, a reformar la Ley Orgánica de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en la anterior legislatura sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos. Les quiero decir de forma muy esquemática pero muy rotunda que para esa propuesta de reforma que tramitaremos -insisto- ante la Comisión de Justicia como tradicionalmente -con la excepción última- se ha venido realizando en el Congreso de los Diputados nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley que regulaba el aborto. Y también les anuncio que algunos principios anunciados por nuestro partido -como es la exigencia del consentimiento paterno con relación a los menores- estará incluido en este proyecto de ley.

La elaboración de las nuevas leyes que antes he anunciado debe ir acompañada de otras reformas parciales que muy rápidamente -pidiendo de nuevo perdón por la extensión de mi exposición- les voy a relatar. No hablaré de la ley de transparencia, que como dijo ayer la vicepresidenta va a ser una ley complementaria a la del buen gobierno en la modificación del Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. Me remito, por tanto, a lo extensamente informado ayer por la vicepresidenta del Gobierno.

Quiero hacer referencia también a otro de los compromisos del partido que sustenta a este Gobierno, que es dar respuesta a situaciones que han producido un gran impacto social mediante el estudio de la instauración de una pena de prisión permanente revisable. Será configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos solamente aquellos que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social. Tendrá carácter excepcional y tendrá carácter revisable; de esa forma estará acorde con la legislación vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Estamos obligados a regularla como una pena distinta, no estamos hablando por tanto de ninguna forma de una prolongación de las penas privativas de libertad vigentes en estos momentos en nuestro Código Penal. Y quiero insistir en que ese carácter revisable va a hacer que sea compatible con la rehabilitación del reo, con su reinserción social y por tanto con el cumplimiento del mandato de los artículos 10, 15 y 25 de nuestra Constitución.

Trataré brevemente también del tema importante de la multireincidencia. Estamos trabajando en estos momentos para afrontar la dimensión real del problema, lo hacemos de forma coordinada con el Ministerio del Interior y tenemos que avanzar en un sistema que nos permita verificar la multireincidencia en las faltas. Queremos crear un registro al efecto y para impedir que aquellas personas que han hecho de la delincuencia su modo de vida sin que el ordenamiento jurídico haya sido capaz de frenar con el suficiente reproche penal estas conductas, tenemos que revisar la regulación actualmente vigente con algunas medidas. Vamos a estudiar la regulación de las agravantes previstas en el Código Penal en lo que se refiere a los delincuentes reincidentes y vamos a reforzar la pena que les pueda corresponder; vamos a buscar también agravar la responsabilidad de quienes cometieron robos en establecimientos comerciales o en lugares donde se depositan las mercancías para garantizar también el tráfico comercial. Vamos a promover que exista una tramitación preferente para todas aquellas causas penales en las que se aprecie la existencia de multireincidencia y creo que tenemos que estudiar acabar con esa frontera de 400 euros que ahora mismo separa el delito y la falta de hurto. La acción que se comete es similar y la cuantía en muchas ocasiones depende puramente del azar y tenemos que estudiar


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también la supresión de la falta de manera que pudiera ser considerada delito con algunos correctivos, por ejemplo, con un tipo atenuado como penas de localización permanente o multa siempre y cuando se trate de una acción esporádica.

Señorías, en su preocupación y en la de los ciudadanos que ustedes representan está en estos momentos el incremento de la delincuencia cometida por menores. Creo que hay una sensación de que la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor no da respuesta suficiente a muchos problemas que se plantean en nuestra sociedad. Tenemos que diseñar una nueva regulación que además de las instituciones de protección y tutela jurídica del menor y discapacitados consiga adecuarlo con el derecho de familia a las nuevas realidades sociales favoreciendo la mediación y la corresponsabilidad de los padres. Conforme a otras normativas ya existentes en derecho comparado, les anuncio que para evitar casos que han posibilitado el doble enjuiciamiento cuando en un mismo delito grave concurre la participación de mayores y menores de edad pretendemos con la reforma unificar la investigación de hechos delictivos y proceder a un enjuiciamiento conjunto. Esto se hará sin merma alguna de los derechos del menor ya que se le aplicará a este siempre su normativa especial.

Para completar esta reforma vamos a promover una serie de iniciativas con las que iré terminando esta intervención. La primera, el estatuto de la víctima. Señorías, el proceso penal lo hemos examinado siempre desde la garantía constitucional a un proceso justo y a la defensa del imputado. Sin embargo, el Estado tiene que garantizar también los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito. Esta es una reivindicación creciente en los últimos años que obedece a lo que ha sido históricamente prácticamente un abandono de la víctima en el ámbito normativo. La reforma que ahora planteamos, entre otras medidas, va a garantizar a la víctima el derecho a estar informada de la situación jurídica o procesal del autor del delito; a estar informado de su paradero hasta que este cumpla íntegramente su condena y satisfaga sus responsabilidades civiles; va a otorgar la posibilidad de personarse en todas las fases del procedimiento penal, incluida la ejecución de condena; va a reconocer sus derechos procesales y la posibilidad de alegar, oponerse o recurrir la libertad condicional, la extensión de grado en la condena, el indulto o cualquier otra medida que modifique el cumplimiento de la condena o la situación del preso o de los menores responsables penalmente; va a establecer fórmulas para evitar que los condenados eludan el pago de indemnizaciones fijas en sentencia; va a objetivar la responsabilidad civil de los padres por daños causados de menores; va a garantizar la intimidad de la víctima, así como un trato médico, psicológico y asistencial a lo largo de todo el proceso. Y permítanme, señorías, que hablando de víctimas les haga una afirmación que considero absolutamente necesaria. El Estado de derecho va a ser fiel a sí mismo, y a esa fidelidad va a obedecer la política que nos va a permitir ser absolutamente contundentes en la resistencia a las embestidas criminales de quienes han intentado destruir nuestro Estado de derecho. Y porque esa firmeza forma parte además de nuestra propia naturaleza jurídico-política, es decir, del gran acuerdo en virtud del cual los españoles nos dotamos en 1978 de unas instituciones sujetas a derecho, les quiero decir con toda rotundidad que no se va a aplicar ningún tipo de excepción a la legislación vigente que se aplica a todos los ciudadanos. Quiero decirlo como ministro de Justicia el primer día que comparezco ante esta Cámara. La amnistía no cabe en nuestra Constitución. Los indultos generales están expresamente prohibidos, y cualquier indulto con carácter individual está sujeto a unos requisitos, como la presencia de motivos poderosos y evidentes, precisamente por esa naturaleza excepcional, con una serie de reglas estrictas y unos trámites rigurosos. Quiero decir con esto, señorías, que si alguien está pensando en que aquellos que han sembrado el terror en nuestro país van a poder beneficiarse automáticamente de esta medida, solamente porque se haya producido una declaración de la banda terrorista ETA -cuyo carácter irreversible está por confirmar-, están equivocados. Cualquier medida estará sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos a la solicitud individualizada de petición de perdón y en el ánimo de reparación de las víctimas, y como les he informado antes, hablando del estatuto de las víctimas, cualquier medida se hará escuchando previamente a las víctimas de los delitos cometidos por los pertenecientes a la banda terrorista ETA.

Termino, señoría. Es la tercera y la última vez que les pido perdón por la extensión, pero merecía la pena compartir con ustedes los asuntos que teníamos que tratar. Quiero decirles con toda claridad que respeto, valoro y admiro el trabajo realizado para lograr un pacto de Estado por la justicia que suscribieron los grandes partidos con representación en esta Cámara, y que desde 2001 se llevó a la práctica, e igualmente quiero decirles que, al margen de la denominación, la búsqueda de consenso va a ser sin duda el eje a través del cual vamos a actuar desde el ministerio. Concebimos la justicia como un asunto de Estado, y somos plenamente conscientes de que podemos ser un fabuloso instrumento para la recuperación económica de nuestro país. Somos legisladores y somos Ejecutivo, no podemos pensar que lo somos todo, y porque no lo somos todo no se abordará ninguna reforma sin tender puentes y escuchar previamente a todos, además de a los grupos políticos, a los operadores jurídicos: a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, a los secretarios judiciales, a los abogados, a los procuradores, a los graduados sociales, a los funcionarios. Vamos a dialogar con ellos, vamos a llevar con ellos a buen fin todas las reformas que hemos puesto en marcha, y les declaro mi vocación de cooperación permanente con todas las comunidades autónomas, muy especialmente con aquellas que tienen las competencias transferidas. Ya lo he hecho en términos de acción de gobierno, lo haremos institucionalmente con ese valioso


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instrumento que tenemos, que es la Conferencia Sectorial de Justicia, y por supuesto -es mi última declaración- estrecharé la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con el órgano constitucional de gobierno de los jueces. La coordinación con el consejo para los grandes proyectos que hemos anunciado aquí, para la consecución de nuestras ambiciones, para la implantación de las nuevas tecnologías, para la implantación definitiva y eficiente de la oficina judicial, es absolutamente necesaria.

Mi última declaración. Señorías, creo profundamente en el Estado de derecho, creo profundamente en la división de poderes que establece nuestra Constitución, creo profundamente que tenemos que respetar el principio de separación de poderes, y tenemos que recordar siempre que la justicia en este país se administra, no en nombre del Gobierno, sino en nombre del Rey, por jueces y magistrados integrantes de un poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esa es mi concepción y mi definición, en lo que a justicia se refiere, del Estado de derecho. Si queremos que todo el mundo cuando mire a nuestra nación sepa que este es un país que puede generar confianza, que tiene confianza en que las leyes se cumplen, confianza en que las obligaciones se pagan, confianza en que los créditos se cobran, y confianza en que una sociedad fundada sobre el sentido de la responsabilidad tiene un sistema de resolución de conflictos ágil y efectivo, creo que además de contribuir de forma determinante a los derechos y libertades de los ciudadanos contribuiremos a nuestra recuperación económica. Lo queremos hacer, y lo queremos hacer con ustedes. Les pido su ayuda, y les pido también que ninguna diferencia -que las habrá- entre sus planteamientos y los nuestros rompa nunca lo que -como decía al principio, y con ello termino- no es un gesto, sino un instrumento de acción de este ministerio: el diálogo con todos sus grupos de la oposición.

Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor ministro.

A continuación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en virtud de lo acordado con los distintos portavoces parlamentarios, vamos a abrir un turno para los grupos parlamentarios en función de la presentación de las peticiones de comparecencia del señor ministro. En primer lugar, le correspondería tomar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señor Villarrubia Mediavilla.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, bienvenido, don Alberto Ruiz-Gallardón; enhorabuena por su nombramiento como ministro; gracias por su información en el día de hoy, y le deseo sinceramente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, suerte en la gestión difícil que tiene por delante en todo aquello que se refiera a mejorar el servicio público de la justicia.

En primer lugar, permítanme en unos segundos un pequeño recuerdo y agradecimiento a los portavoces de la anterior Comisión de Justicia: a don Federico Trillo, a doña Dolors Montserrat, a doña Carmen Juanes, a don Jordi Jané, a don Juan Ridao, y al resto de miembros que hoy o no son portavoces o no nos acompañan y que hicieron un ingente y muy buen trabajo en la legislatura anterior, más allá de diferencias puntuales a veces también importantes. El consenso se rompió a veces, pero en lo grueso se mantuvo, y ya quisiéramos que esto continuase siendo así.

Señor Gallardón, voy a decirles muy claramente a usted y a toda la Comisión lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere y va a hacer en esta legislatura, y también voy a ser muy claro en cuanto a las propuestas que usted ha realizado. Una primera reflexión. Voy a reconocer una vez más públicamente, en nombre de mi grupo, que ningún Gobierno en toda la historia de la democracia ha priorizado suficientemente el servicio público de justicia. Dicho esto, no todos los gobiernos han tenido, ni mucho menos, el mismo comportamiento. Y quiero decirle -porque no se deduce de su intervención, aunque sí de sus declaraciones- que creo que no llega demasiado bien en las propuestas que hace, sobre todo en algunas de ellas, porque las palabras van por un lado y los hechos van por otro, parece ser. Ojalá no sea así. Le indico que hay un plan de modernización de transformación de la justicia -el más ambicioso de la historia de la democracia- 2009-2012, con 600 millones de euros adicionales, que pese a la crisis económica se hizo un gran esfuerzo en 2010, se ha continuado en 2011, y donde ahora, estando en la situación que estamos y que nos deberá explicar -como se lo voy a preguntar-, se ha llevado a cabo una auténtica revolución legislativa en los ámbitos que usted ha tocado, y yo le recomiendo -si me lo permite modestamente- que tome como libro de cabecera este plan de modernización en aquello que pueda ser positivo, mucho de ello consensuado, porque ha tenido un importante acuerdo social, Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas, operadores jurídicos, grupos parlamentarios; tome aquello que resulte positivo porque la justicia -cuestión de Estado- no se inventa hoy; no la van a inventar ustedes ni nadie. Habrá que recoger el intento de lo positivo, también errores y deficiencias, claro que sí, pero coja aquello positivo del plan de modernización y modifiquen aquello que consideren que no es adecuado. Solo en los dos últimos años en los ámbitos de transformación tenemos la Ley 13/2009, de reformas procesales y de implantación de la oficina judicial, con muchas carencias y deficiencias, pero ahí está la base; el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia; el arbitraje institucional; las medidas de agilización procesal; el Código Penal, sobre el que ahora le diré algo; la Ley


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de Registro Civil; la jurisdicción social, la Ley Concursal, etcétera; y solo en los dos últimos años.

Señor Gallardón, no ha habido la misma prioridad, pero vamos a dejar el pasado y vamos a ir al presente y al futuro, y por ello solo le voy a dar un dato: de 1996 a 2004 se invirtieron en justicia en España 5.740 millones de euros; de 2004 a 2011, 13.407 millones de euros, bastante más del doble. Ahora, con una de las medidas que han adoptado del acuerdo de no disponibilidad, nos quitan 48,82 millones de euros a la Administración de Justicia, en un momento que entendemos, claro que sí, de austeridad en el gasto, pero ahí viene la priorización. Esas pequeñas cantidades que cuantitativamente son escasas, cualitativamente son fundamentales en el ámbito del servicio público de la justicia, siempre pobre y maltratado. Deberá luchar un poco, señor Gallardón, en este sentido y contará con nuestra colaboración, porque poco puede hacer en todas esas declaraciones bienintencionadas de transformación si no hay recursos económicos, sino que producen todo lo contrario: un recorte grave.

Permítame, señor Gallardón, que le haga una reflexión en uno de los temas importantes y que van a sentar las bases de lo que le voy a comentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista con posterioridad. Ayer se produjo un hecho digno de todo reproche por parte de la vicepresidenta del Gobierno en la comparencia en la Comisión Constitucional. Sin turno de réplica, en el último segundo, habiendo salido ya en medios digitales a lo largo de toda la tarde, con una absoluta falta de respeto al Parlamento, anunció la modificación unilateral y la ruptura de un consenso fundamental en una cuestión de Estado como es el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Mal empiezan si buscan consensos y quiebran elementos esenciales del consenso, señor Gallardón. No engañemos, si no difícilmente habrá perdurabilidad en las modificaciones. Hoy gobiernan ustedes con una amplia mayoría, pero le indico que es posible que más pronto que tarde la situación pueda revertir, y no es bueno que de manera unilateral entren como elefante en cacharrería rompiendo consensos básicos y fundamentales del Estado de derecho. El artículo 1.2 de la Constitución española -y usted lo sabe- dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado; también el Poder Judicial. Y ustedes van a acometer un ataque a la soberanía popular so pretexto de defender la independencia judicial. ¿A quién quieren engañar ustedes? Una cosa es la independencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que está garantizada y que hay que garantizar, y otra cosa es el Poder Judicial como poder del Estado, que tiene que emanar del pueblo español, como el Legislativo y el Ejecutivo. Alegan ustedes que para que no se vean cuotas de reparto de poder, y quieren que haya una elección gremial o corporativa de cuatro mil y pocas personas en lugar del voto de las equis decenas de millones de españoles. Este ataque frontal no lo vamos a permitir. Y no engañen, señor Gallardón, es una contrarreforma, es una ruptura de todos los consensos, es hurtar al Parlamento una competencia fundamental en la elección de uno de los poderes del Estado.

Señor Gallardón, le voy a hacer una reflexión seria; hay tensiones entre los poderes del Estado, siempre, y le voy a reconocer algo en sede parlamentaria. En la legislatura anterior tuvimos interferencias importantes de algún otro poder del Estado, intentando imponer al órgano de la soberanía popular aspectos que no le correspondían, y nos plantamos. Le voy a hacer otra reflexión, señor Gallardón, y apelo a su responsabilidad y a la de su Gobierno. Usted sabe que un sector de algún poder ha intentado y presionado copar parte de las competencias de su Gobierno. No permita que ese mismo sector hurte a la soberanía popular las competencias y la defensa de lo que son los derechos del pueblo español. El Poder Judicial es de los ciudadanos, no es de los jueces, aunque ellos sean un elemento importantísimo del mismo. No cometamos ese error de dejar en manos de unos cuantos lo que corresponde a todo el pueblo español. Ese es el espíritu constitucional, señor Gallardón, no lo que ustedes dicen. Es la perversión de la Constitución, de la interpretación, y de verdad de lo que es la esencia de la democracia; usted lo sabe. El tiempo pasa pronto, nos pondrá a cada uno en nuestro sitio, pero nosotros estamos aquí para defender a los ciudadanos y no para permitir que minorías, por importantes que sean, nos impongan aquello que no podemos tolerar, pero sea la derecha, la izquierda o el centro de la Cámara; no podemos tolerar que nadie nos hurte los derechos de los ciudadanos, la soberanía popular. Por lo tanto, señor Gallardón, si busca consensos, no entren rompiendo el consenso fundamental que ustedes han estado defendiendo, al margen de legítimas discrepancias, hasta hace muy poco tiempo.

Estamos de acuerdo en bastantes aspectos que ha planteado en cuanto a necesidad de reformas. Vamos a tender la mano, porque de verdad creemos que los ciudadanos españoles se merecen una justicia mucho mejor de la que tienen, la hermana pobre en toda la democracia, y me temo que con ustedes ahora más pobre todavía, a tenor de las medidas que están adoptando, no de las que están diciendo. Nos plantea una serie de aspectos que teóricamente en varios de ellos vamos a coincidir, y otros espero que en el fondo, aunque con discrepancias, podamos sacar adelante, pero no vengan ustedes de salvadores de lo que no son, porque ustedes han sido el problema y no la solución. Y ahora, como tienen una mayoría absoluta, predican otra cosa muy distinta de la que han practicado. ¡Ah! Ahora sí vamos a renovar el Tribunal Constitucional; pero, ¿quién ha impedido que se renovara? ¡Ah! Ahora el fiscal general del Estado -¿tocado por quién?-, por voluntad de este Gobierno, va a designar a no sé qué persona que, por el perfil que tiene, va a ser independiente. Que no, señor Gallardón, que va a ser más autónomo, más independiente por la soberanía popular, que en octubre de 2007 aprobó el Estatuto orgánico del ministerio fiscal con limitación de mandato, con causas de cese en la actividad, con impo


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sibilidad de que el Gobierno entre en asuntos concretos, con imposibilidad de que pueda entrar en asuntos en que estén implicadas personas del Gobierno, no porque su voluntad o la mía o de quien sea, señor Gallardón, lo pretenda, sino por imperativo legal. ¿Pero qué se creen ustedes? ¿Ese es el consenso? Si ustedes quieren ese consenso nos van a encontrar enfrente. Y no tardarán tanto en pasar a la oposición, y todas esas leyes que unilateralmente quieren cambiar volverán a ser cambiadas. Ese no es el camino. La justicia, de verdad, señor Gallardón, es una cuestión de Estado, y sus portavoces y el señor Trillo son testigos de que, al margen de discrepancias profundas que no voy a poner ahora sobre la mesa, hubo consensos básicos, hubo cesiones, y hubo omisiones por el Gobierno anterior, con casi mayoría absoluta, con acuerdos puntuales con cualquiera que nos lo daba, y sin embargo para no romper los consensos fundamentales -aunque algunas discrepancias sacamos adelante-, no cambiamos las reglas del juego. Y ustedes vienen a cambiar las reglas del juego cediendo al chantaje, gremial o corporativo, y no defendiendo los intereses generales de los ciudadanos. Esa será su responsabilidad, señor Gallardón, en lo que pinte, porque como usted sabe no ha podido ni hacer el organigrama de su ministerio, por esas presiones. No lo consienta, porque el tiempo pasa rápido y se arrepentirá; se arrepentirá no por la apariencia, de cara a usted mismo, y encontrará al Grupo Socialista -créame-, apoyándole en todo aquello que sea defensa de la soberanía popular, y no lo haremos público. Cuente con ello si de verdad es para salvaguardar la soberanía nacional y no ceder a esos chantajes intolerables, que no son nuevos, que no son solamente del mismo sector, aunque fundamentalmente, y que no los debemos permitir, señor Gallardón.

Permítame alguna cuestión más...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que lleva casi quince minutos, el tiempo establecido es de diez minutos, y le ruego que vaya pensando en concluir.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a resumir. Ha omitido decir, hablando de transformación de la justicia y de modernización, en el organigrama de su ministerio, que ha suprimido curiosamente la Dirección General de Modernización. Eso parece bastante contradictorio. Y -muy rápidamente; tendremos ocasión de hablarlo- subsume en la Secretaría General de Modernización, la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas, que no tienen nada que ver. Debiera contarnos algo sobre ello. No vamos a coincidir -se lo adelanto- en reformas a golpe de acontecimiento y populistas, sí en cualquier reforma profunda de las que ha apuntado, por supuesto. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, no en el aspecto que usted conoce. Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hombre, tenga la cortesía -que yo sé que usted anda sobrado, cuando quiere, de cortesía- de reconocer que el anteproyecto está presentado; un magnífico trabajo, que podrá ser modificado o mejorado, pero trabajado por todos, no solo por el Gobierno socialista; es un gran trabajo. La ley de mediación estaba en plazo de enmiendas; no se la atribuya, mejorémosla; vamos a hacerla, claro que sí. La Ley de Planta y Demarcación está en las recomendaciones del grupo de expertos. Está todo en marcha. Cambiémoslo, mejórenlo, pero está casi todo inventado. Es voluntad política de verdad y recursos en la medida de lo posible. Ha mencionado la posible reforma del Código Penal. Mire, hemos hecho una magnífica reforma en el 2010. Puntualmente se podrá tocar algo, pero no con ocurrencias, y desde luego no con la ocurrencia sobre las conductas más graves -ratificada nuevamente ayer por la vicepresidenta para tapar las del señor Montoro o del señor Monago de que van a ir al Código Penal las más graves-. ¿Me puede decir una sola conducta de las más graves, desde el punto de vista de gestión presupuestaria, que no esté ya tipificada en el Código Penal? O le quieren muy mal a usted, señor Gallardón, porque si el señor Monago habla de efectos retroactivos es que van directamente a por el ministro de Justicia, con el déficit del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a dejar la fiesta en paz porque no creo que le quieran tan mal, pero ocurrencias, las justas, populismo, el justito, y de verdad este discurso que usted ha hecho, y que yo le agradezco por el ímpetu y las ganas en el aspecto positivo, se repite cada vez que comparece un ministro, pero esto no puede ser tejer y destejer, créame; usted no va a inventar nada, está todo inventado. Recursos, ganas, voluntad política de llevarlo adelante, y la palabra que ha reiterado: consenso. Sin consenso usted no va a ninguna parte; esto es cambiante, se lo reitero y voy acabando. Usted no es nadie por muy importante que sea. (Rumores.) Pero ni usted ni cualquiera de los demás, porque estamos de paso, pero lo que hagamos y dejemos a favor de los ciudadanos sí es importante, y el consenso no vale solo con predicarlo, sino que hay que practicarlo. Si usted viene con estas reformas, diciendo que va a derogar un montón de temas que hemos aprobado recientemente, yo le diré que todo lo que usted cambie se lo vamos a cambiar más pronto de lo que usted se cree, porque los españoles recapacitarán sobre la forma en que ustedes han llegado y lo que están haciendo, pero eso será objeto de otros múltiples debates. (Rumores.) Sí, a alguno le hace gracia, pero es lo que pienso y además el tiempo nos volverá a poner a cada uno en nuestro sitio.

No tengo mucho más tiempo, pero quiero decirle que hay algunos aspectos fundamentales que ya venían de atrás y que usted mantiene, como los tribunales de instancia. Perfecto, y es un reto importantísimo para la modernización real. No ha hablado nada -algún grupo más lo sacará a colación- de los consejos de justicia autonómicos en los términos de los estatutos de autonomía, que, en la manera que sea, es otro de los retos a desarrollar. En definitiva voy a dejarlo aquí aunque habría bastantes aspectos más. Del fiscal general del Estado insisto en que cuando usted decía -creo que


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poco afortunadamente, igual por ese ímpetu con el que ha llegado- que va a recuperar la independencia y la autonomía que nunca debió perder, seguro que estaba pensando en el señor Cardenal y en otros, no en el último, y en la reforma legal que imposibilita esas cosas que usted dice que va a corregir. Usted no va a corregir eso, ni su voluntad, ni porque el fiscal general del Estado sea este señor o aquella señora, no; es por imperativo legal, porque nos hemos dotado democráticamente en este Parlamento de normas que van a impedir eso. Y no se le va a cesar ni se le van a poder dar órdenes; de política general sí, como lógicamente corresponde, y hay que defenderlo así porque lo dice la Constitución: la política criminal corresponde al Gobierno. Ustedes casi lo negaban, pero les corresponde a ustedes.

Señor presidente, son muchas más las cosas que nos quedan, pero creo que el mensaje está claro. El Grupo Parlamentario Socialista acepta la mano tendida si de verdad se quiere consenso y mejorar el servicio público de la justicia, más allá de las discrepancias que entendemos -es lógico, ustedes tienen una forma de ver unas cosas y nosotros otra-, pero si intentan o van a cambiar las normas elementales del terreno de juego, ustedes serán los que habrán roto nada más llegar todo consenso, será una débil aportación a la mejora del servicio público de la justicia, no perdurará en el tiempo y será tejer y destejer, y eso no se lo merecen los ciudadanos españoles.

Dicho esto, si en las reglas esenciales se mantiene el respeto y el intento de consenso más allá de las discrepancias, créame que contará con la leal colaboración, igual que con la rigurosa oposición, del Grupo Parlamentario Socialista, que va a defender hasta el límite la soberanía popular, la independencia del Parlamento frente a cualquier ataque o pretensión, por legítima que les pudiera parecer a quienes las plantean. En ese campo, en el que necesitará ayuda aunque tenga mayoría absoluta, incluso con los suyos, contará con el apoyo sincero, leal en defensa del Estado de derecho y de los intereses generales, del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, siguiendo el orden establecido de peticiones de comparecencia del ministro de Justicia, le corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural. El señor Llamazares tiene la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, quiero agradecer su comparecencia ante esta Comisión, y quiero felicitarle por su responsabilidad en una materia que como ha dicho usted es muy importante para el país; es la compensación necesaria en un sistema democrático a la injusticia económica: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Al menos eso quiere ser nuestro sistema de justicia como servicio público. Pero, señor ministro, he de decir que no comparto el enfoque de su intervención. Comienza usted poniéndose al frente del regeneracionismo -siempre ha sido difícil el regeneracionismo en España; recuerden ustedes que era aquello de la despensa y la cirugía de hierro, siempre acabábamos en la cirugía de hierro- y ha terminado poniéndose al frente de la restauración con las últimas propuestas de reformas legislativas. Señor ministro, la vicepresidenta del Gobierno ayer le ha quitado una noticia -no sé la política informativa que llevan ustedes, es su responsabilidad-, que era la reforma en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, y hoy usted se ha quedado con la cadena perpetua: difícil papel para un ministro regenerador ponerse al frente de la cadena perpetua en nuestro país.

Lo que me preocupa de su intervención son, señor ministro, varias cosas, y luego pasaré también a las preocupaciones que creo que tiene la ciudadanía y que no están reflejadas en sus propuestas. A mí me preocupa que interprete los problemas de la justicia como unos problemas mercantiles. Creo que ha hecho excesivo hincapié en la justicia como seguridad jurídica para las empresas y que no lo ha hecho de la misma manera para los que están sufriendo el drama del desempleo y el cierre de empresas, señor ministro: la justicia social, la justicia laboral y también la justicia mercantil.

Por otra parte, señor ministro, le he escuchado con atención las propuestas de reforma del servicio público de la justicia, pero no he visto grandes novedades; prácticamente muchas de las propuestas ya estaban encima de la mesa y ha vuelto a ponerlas en valor con eso del nuevo modelo de justicia. Yo no lo veo por ninguna parte. Creo que seguimos con el mismo planteamiento modernizador con el que llevamos veinte años, señorías. Me he preocupado por leer otras comparecencias en esta Cámara y ese planteamiento modernizador en mi opinión son en muchos casos buenas palabras y, en otros casos, peor: palabras vacías.

Señor ministro, ha empezado por el problema del poder. Creo que esa mirada no es regeneradora; esa mirada, la mirada desde los partidos políticos hacia la Administración de Justicia no tiene nada que ver con la regeneración. Es quién manda aquí. Ha empezado usted por quién manda aquí. ¿Cuál es la solución del Gobierno al desgobierno de la justicia? Pues la solución del Gobierno es lo de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Pero es que resulta que esa llamada politización de la justicia tiene mucho que ver con un Estado dentro de otro Estado, con una justicia que tiene ya sus partidos políticos, señorías, que tiene ya sus mecanismos de confrontación, de alineamiento, y, por tanto, que quitemos las manos del Consejo General del Poder Judicial no significa nada: seguirán en conflicto. Desearía que la suya fuera realmente una solución. Es una involución. No creo que sea una solución, porque han tenido un mecanismo escabinado que en definitiva ponía en sus manos la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y han sido ellos los que han provocado continuos conflictos. No nos pueden atribuir siempre a nosotros los males de la justicia, señor ministro. Tienen


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sus propias responsabilidades, su propia autonomía y algo tendrán que ver con, como he dicho antes, las dificultades de gobierno de la justicia.

Quería mirar la justicia desde otro punto de vista, no el punto de vista de los políticos, no el punto de vista del poder, sino mirar desde abajo a la justicia española, con la mirada de los ciudadanos que en este momento nos dicen, a tenor de las encuestas, que el servicio público de la justicia no es un buen servicio público, no es un servicio público que garantice la igualdad, no es un servicio público que garantice la celeridad necesaria, y sin eso no hay justicia, señor ministro. Es lo que dicen los ciudadanos. Si nos fijamos en la imagen de nuestra justicia hoy, tanto a nivel nacional como internacional, no puede ser peor. Una imagen cainita, fratricida, una imagen en la que se utiliza el servicio público para venganzas privadas no es la imagen que necesitamos de la justicia. Por tanto, a eso tenemos que dar respuesta en esta Comisión.

Diría que también se la tenemos que dar a un tercer elemento que preocupa mucho a los ciudadanos, pero que parece que al ministro de Justicia no le preocupa, y es que durante todo este tiempo ha crecido en nuestro país un reguero de corrupción que alarma a la sociedad española, y de ese reguero de corrupción no se ha enterado la política -una parte minoritaria de la política ha participado desgraciadamente-, pero tampoco se ha enterado el Poder Judicial, y ahora el ministro de Justicia no lo considera una de las prioridades del Gobierno. Una de las prioridades de este Gobierno debería ser qué hace con la Fiscalía Anticorrupción y cómo promueve todo tipo de iniciativas no solamente para condenar esas conductas, sino para que devuelvan lo que han robado a las administraciones y al sector público. ¿Saben lo que pasa en este momento? Que la mayor parte de esos condenados no ha devuelvo un duro, un euro, puedo decir. La mayor parte de la ejecución de estas sentencias está pendiente -es el caso del señor Conde, por ejemplo, que está vendiendo libros y sin embargo todavía no ha llevado a efecto sus obligaciones con la justicia y con los ciudadanos-. Creo que estos son los problemas reales de la justicia española y también los problemas provocados por la crisis económica.

Se lo decía antes, señor ministro. No se preocupe tanto por la seguridad jurídica de las empresas, que es importante y debe formar parte de las medidas de reforma. Preocúpese también por la situación jurídica de los ciudadanos. En estos momentos la justicia de lo social está paralizada, bloqueada por una situación económica que está provocando más de 5 millones de desempleados y graves situaciones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, no a los derechos únicamente de las empresas. En estos momentos, con los procesos concursales, también los juzgados de lo Mercantil están bloqueados, paralizados por un exceso -en este caso, no voluntario- de litigiosidad, en una situación muy difícil que tiene repercusión social, señor ministro, y que a mí me parece importante también tener en cuenta en nuestras valoraciones.

Señor ministro, le hablaba antes de la corrupción económica y en ese sentido me gustaría una respuesta por parte del Gobierno. Aparte de eso, de crear ahora nuevas figuras penales, creo que se ha dicho, pero la malversación impropia existe. ¿Cuánto se ha planteado de malversación impropia o de cohecho impropio en este país? Algo desde el punto de vista público, pero muy poco, muy poco desde el punto de vista de persecución de esas conductas. No es un problema de tipos delictivos, señor ministro; es un problema de instar a la fiscalía y también de funcionamiento de la justicia. En ese sentido, señor ministro, menos reformas legislativas y más actuación por parte del ministerio y por parte de la justicia.

A mi grupo parlamentario le preocupa, se lo decía antes, la mirada de los ciudadanos sobre la justicia y es verdad que se necesita una reforma de la oficina judicial, pero lo que más preocupa a Izquierda Unida, a Iniciativa per Catalunya, a la Chunta Aragonesista, lo que más nos preocupa en estos momentos es algo que usted no solamente no ha despejado, sino sobre lo que ha incrementado nuestra preocupación, y es la justicia como servicio público. Cuando usted habla de las tasas en la segunda instancia, cuando disuade mediante barreras económicas de la utilización de la justicia, a nosotros nos preocupa que se esté estableciendo una justicia de dos velocidades: una primera velocidad para aquellos que se la pueden pagar y una segunda para el resto de los ciudadanos, y en condiciones de crisis económica eso aumenta nuestra preocupación por la justicia laboral y por la justicia mercantil. En ese sentido, señor ministro, yo le alerto sobre esas medidas que, pretendiendo financiar el servicio, pretendiendo disuadir de la utilización de la justicia, puedan incrementar la injusticia. Eso no nos lo podemos permitir y por ello hacemos un especial hincapié en la justicia gratuita y el turno de oficio, que hoy están entre la debilidad y la anorexia; en segundo lugar, hacemos hincapié en la justicia de proximidad, en la mediación pública y en la participación de los ciudadanos en la justicia. Ahí es donde está en buena parte la transformación de nuestro modelo judicial, un modelo judicial de cuya reforma siempre hablamos -llevamos veinte años hablando de reformarlo-, pero sobre el que parece que nos queda todavía mucho que hacer.

Paso, señor ministro, a hablar del populismo penal, que tiene que ver con su primera declaración del regeneracionismo, pero tiene más que ver con Ramiro de Maeztu que con Joaquín Costa. Tiene mucho más que ver porque este planteamiento de populismo penal, en mi opinión, tiene una orientación propagandística. Usted y yo sabemos que tenemos el sistema penal más duro de Europa, sin lugar a dudas, con las penas más largas y con la incapacidad prácticamente absoluta de reincorporación, de reintegración, de reinserción. Tenemos un grave problema y ustedes transmiten a los ciudadanos una seguridad ficticia, que es que incrementando más todavía las penas, las cosas van a cambiar. Pero, señoría,


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si nosotros no tenemos un problema delincuencial, tenemos un problema delincuencial que es muy inferior a la media europea; sin embargo, tenemos más encarcelados que nadie. Ahí está pasando algo, señor ministro, y no precisamente algo por lo que sea necesario aumentar arbitrariamente las penas, y mucho menos lanzar carnaza como la cadena perpetua, cuando más perpetua que la cadena que tiene España en estos momentos no la hay en el marco europeo. Hay cadena perpetua con 30 años, señorías, cuando hay una coincidencia de que en torno a los 22 o 25 años hay una despersonalización por parte del preso. Por tanto, señor ministro, le alerto de no convertirse en el ministro de la cadena perpetua. No le va bien, no tiene nada que ver con su talante. No le va bien, señor ministro, usted corre el peligro de terminar así.

También le quiero avisar sobre modificaciones legales de las que ha hablado en el día de hoy y que a mi grupo le preocupan. A mi grupo le preocupa una suerte de factura que quieren pasar en estos momentos, al servicio de no sabemos muy bien quién, porque luego discuten incluso que la propia vicepresidenta del Gobierno pueda hacer su papel. Hacen unas reformas que ustedes verán lo que van a sacar de ellas: la de la interrupción voluntaria del embarazo, reforma de la Ley del Menor. Le recuerdo, señor ministro, que la Ley del Menor es suya, no es de ninguno de los grupos de esta Cámara, es una iniciativa suya, que hace converger nuestra legislación con la legislación internacional. Por tanto, señor ministro, le llamo a una vocación más centrista, porque la declaración de hoy, salvo la retórica del regeneracionismo, tiene más que ver con la restauración que con el regeneracionismo, tiene más que ver con la involución en materia legal en el funcionamiento y gobierno de la justicia que con una verdadera voluntad de reforma, de regeneración y de cambio. Para la reforma, la regeneración y el cambio nosotros estamos dispuestos, pero para la involución no cuente usted con nosotros, sobre todo para las medidas que ha planteado al final de su intervención. Da la impresión de que ustedes ahora todo lo plantean al final, lo fundamental siempre al final. Debe ser una práctica ahora del nuevo Gobierno.

Con relación a la propuesta de gobierno de los jueces, yo hacía una broma que no es ninguna exageración: ahora espero que nos permitan a los médicos gobernar la sanidad. A partir de ahora gobernaremos la sanidad a nuestro acomodo. Se van a enterar los ciudadanos. Señor ministro, creo que hay que ser más serios en esta materia y asumir las culpas que nos corresponden. Yo no asumo ninguna culpa en el sistema perverso que ustedes decidieron de elección del Consejo General del Poder Judicial. Han sido ustedes los que han provocado que el Consejo General del Poder Judicial sea un mal parlamento, con partidos sectarios. Eso es lo que es el Consejo General del Poder Judicial por su iniciativa. Su propuesta hoy no mejora ese Consejo General del Poder Judicial. No tengo ningún problema en discutirla, pero no lo mejora, y, si no, al tiempo. Espero equivocarme y que logremos un gobierno de verdad de la justicia y logremos mejorar el sistema de justicia de nuestro país al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los poderes y no al servicio del poder político.

El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. La señora Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor ministro, por su exposición y por su pronta intervención ante esta Comisión de Justicia. También le felicito por la responsabilidad que ha asumido y le garantizo que en la medida de lo posible tendrá usted toda nuestra colaboración para cumplir ese objetivo de reformar la justicia, de regenerar la justicia regenerando de esa manera también la democracia.

Le quiero juzgar, señor ministro -por tanto no lo haré hoy-, a la luz de cada una de las iniciativas y de las consecuencias, positivas o no desde nuestra humilde opinión, para el conjunto de los ciudadanos que esas iniciativas legislativas que usted hoy ha anunciado vayan a tener. Quiero empezar por darle la enhorabuena por plantear ante esta Comisión todo un deseo de regeneración democrática plasmado en distintas iniciativas de reforma de la justicia. No me duelen prendas. Ha proclamado como objetivo la separación de poderes, algo que por otra parte en España es una asignatura pendiente entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, algo denunciado y constatado en esta Cámara y denunciado y constatado como una anomalía de nuestra democracia por los propios ciudadanos. Que hoy el nuevo ministro de Justicia venga a esta Cámara y proclame que uno de sus objetivos es revocar esta situación y restaurar la separación de poderes y que eso sea un elemento fundamental, como no puede ser de otra manera en cualquier democracia y por tanto en España, me parece un pronunciamiento loable desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de esta diputada que le habla y desde luego desde el punto de vista del partido al que represento, Unión Progreso y Democracia.

A lo largo de la última legislatura hemos debatido en Pleno y en Comisión propuestas de algunas de las reformas que usted ha anunciado aquí, propuestas de reforma del Consejo General del Poder Judicial, propuestas de reforma de la figura del fiscal y de la forma de elegir al fiscal general del Estado, propuestas de reforma del Tribunal Constitucional, y en todas esas iniciativas y debates lo que ha primado en el discurso ha sido la necesidad precisamente de garantizar una justicia independiente, que está íntimamente relacionada, por ejemplo, con resolver uno de los principales problemas de nuestra sociedad, una de las principales lacras de nuestra democracia, que es la corrupción. Está íntimamente relacionada. No es posible enfrentarnos con la lacra de la corrupción -particularmente con la lacra de la corrupción política, pero con la lacra de la corrupción en general- sin una justicia independiente. Por tanto reformar las leyes buscando garantizar una justicia inde


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pendiente, que es una proclama indiscutible de cualquier democracia, me parece que es en todo caso un elemento y un compromiso positivo que concretaremos cuando empecemos a discutir las leyes que usted ha anunciado. Ahí veremos el grado de coincidencia o no que tenemos sobre el contenido concreto, pero con respecto al compromiso tiene usted toda la coincidencia de este grupo parlamentario, el compromiso de caminar hacia esa regeneración democrática, hacia esa independencia de la justicia y por tanto de sus órganos de gobierno también, porque no se trata solo de hacer proclamas, hay que caminar para conseguir lo que se quiere, y la independencia de los órganos de gobierno de la justicia es nuestra obligación perseguirla y conseguirla. No se trata de aquí mando yo ahora o quiero más cuotas; se trata de que ninguno de nosotros tengamos cuota, porque lo que no votamos aquí también es democrático. ¿O tenemos que elegirlo nosotros para que sea democrático? No hará falta que lo elijamos los diputados para que sea democrático. Esta es por lo menos nuestra perspectiva y nuestra forma de ver estas cosas.

Es importante acometer una reforma del Consejo General del Poder Judicial a través de su legislación. Es muy importante que los operadores judiciales y no solamente los jueces -esta es nuestra propuesta- elijan a los doce jueces. Es decir, los elegibles serán solo jueces, pero nuestra propuesta es que se abra el campo y que los operadores judiciales participen en la elección. Creo que hay que garantizar un hombre, un voto y que la fórmula de elección también sea democrática entre los propios operadores judiciales. Caminar hacia esa reforma que -por parafrasearnos a nosotros mismos- enterró a Montesquieu es importante y debería estar además en el deseo de todos nosotros. Insisto en que deberíamos compartir el deseo de una justicia independiente y, por tanto, de independencia también en el proceso de elección de sus propios órganos. Hay que reformar la justicia y garantizar la independencia del sistema y de sus órganos para luchar contra la corrupción y generar confianza desde el punto de vista económico -lo citaba también el señor ministro- teniendo como primer objetivo que mejore la calidad de nuestra democracia. De eso se trata, de que mejore la calidad de nuestra democracia y de que las reformas tengan ese objetivo. Veremos si además tienen el acierto de conseguirlo.

Citaba el ministro entre las reformas que él llamaba estructurales y organizativas una cuestión en relación con lo que usted mismo definía como exceso de litigiosidad. Citaba una cifra y comparaba la litigiosidad -los casos resueltos- en España con Francia. Señor ministro, yo tengo datos diferentes de los asuntos que se han visto en Francia que no concuerdan con los datos que usted ha dado. Decía usted que en Francia se han visto 6 millones de asuntos frente a los 9 millones que se han visto en España. No está contrastado ese dato, porque el propio Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos francés y el cuadro concreto de la actividad judicial de 2010 arroja una cifra de 14 millones de asuntos resueltos en Francia, sin contar la ejecución forzosa. Son cifras tan distintas que he pensado que merece la pena hacer una referencia. Si nos quedamos con una comparación que no es exacta e insistimos tanto en el problema del exceso de litigiosidad, como usted lo ha titulado, podría dar la sensación de que los ciudadanos españoles vamos a los tribunales por una especie de vicio y de que nos encanta litigar. Francamente, no creo que sea así. Recuerde la maldición gitana: tengas pleitos y los ganes. No creo que la gente vaya a litigar por diversión o porque no tiene otra cosa que hacer. Por eso mismo, no creo que esta cuestión se resuelva con más tasas. Lo que hay que solucionar fundamentalmente es la duración media de los procedimientos, que no para de crecer precisamente en España, si bien la litigiosidad ha bajado consecutivamente en los dos últimos años. Es esta otra cuestión en la que hay que insistir. Incrementar las trabas para recurrir o incluso el aumento de tasas, que vendría a ser como una especie de copago en este caso judicial, no resuelve los problemas de la justicia. Esas medidas más bien perjudican el derecho a la tutela judicial efectiva y pueden tener un coste muy importante en derechos de los ciudadanos. Le pediría, ministro, que revisara esa cuestión. En todo caso, usted ha anunciado que va a traer aquí un nuevo catálogo. Lo veremos en su momento, pero le hago una reflexión previa antes de que traiga aquí ese catálogo de nuevas tasas.

Quiero referirme a algunas cuestiones que a nosotros nos importan y que usted no ha mencionado como iniciativas legales o como reformas legislativas y a alguna que usted ha citado sobre la que quiero insistir. Usted ha mencionado como una cuestión importante la incompatibilidad electrónica -por decirlo de esa manera- entre distintas administraciones de justicia y nos ha anunciado como instrumento para resolverlo una nueva agencia. De antemano le advierto que no creemos en ello. No podemos estar suprimiendo fundaciones, asociaciones, agencias y creando otras, y menos para resolver un problema real, pero no me parece que la fórmula para resolverlo sea crear una institución nueva, crear un organismo nuevo. Creo que en España lo que sobran son organismos y que lo que tiene que ser es que quien tiene la competencia tome las decisiones. En todo caso, la competencia de garantizar el interés general siempre la tiene el Gobierno de la nación, tenga quien tenga la competencia a la hora de asumir la gestión o incluso a la hora de asumir la competencia. Creo que tiene una solución mucho más fácil, mucho más útil y mucho más rápida, que es un sistema único, al margen de quién asuma la gestión o cómo de descentralizada esté esta gestión.

Hay algunas cuestiones que usted ha mencionado, señor ministro, sobre la corrupción y que han merecido críticas ahora mismo por parte de mis antecesores en el uso de la palabra. La exigencia de responsabilidad penal para los malos gestores me parece correcta. Naturalmente, tiene que venir precedida de que las instancias políticas y las instancias institucionales hayan hecho su


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trabajo previamente; es decir, hay una labor preventiva que tienen que hacer los responsables políticos para evitar que se produzcan finalmente determinadas conductas, para que no se termine judicializando todo. Tenemos que actuar previamente, pero respecto a algunas reformas en el Código Penal, sin perjuicio de que como decía el señor Villarrubia ciertamente lo hemos reformado en esta última legislatura y se ha hecho con un alto grado de consenso, el señor Villarrubia sabe que algunas iniciativas de este grupo en esta dirección de reforzar más la persecución de la corrupción política dentro del Código Penal fueron desestimadas, pero ese debate sí se planteó. Recupero ese debate y lo hago a la luz de la exposición del ministro, pero también lo hemos recuperado ya con iniciativas legislativas que hemos vuelto a presentar en estos dos meses pasados.

Creo que hay que introducir reformas en el Código Penal, por ejemplo de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos. Proponemos la modificación para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es una cuestión, como seguramente recuerda el señor Villarrubia y también el señor Llamazares, que discutimos cuando debatimos la reforma del Código Penal. No creo que sea entendible que los partidos políticos y lo sindicatos estemos exentos de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa es una reforma que hay que hacerla sencillamente para ponernos en la misma situación que otras personas jurídicas. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la posición, si la tiene el ministro. Si es una cuestión sobre la que no han reflexionado, tiempo tendremos para hacerlo, pero si tiene ya una idea al respecto, me gustaría conocerla. También creo que hay que caminar hacia la suspensión cautelar de funciones a todo cargo público acusado por un delito contra la Administración pública. Esta es una cuestión que también debatimos durante los trabajos en ponencia y en Comisión durante la reforma del Código Penal y recuerdo que entonces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista planteaban que no podíamos dejar en manos de los jueces de primera instancia la separación de los responsables políticos, de los cargos electos o de los responsables institucionales. Creo que cuando se produce una acusación y una condena que conllevaría prisión, se debe de actuar y tiene que producirse esa separación, porque la Administración o las instituciones no tienen por qué soportar en su seno a alguien que esté condenado por un delito grave de estas características.

Creo también que se podría plantear y se debiera plantear una reforma de la Ley Electoral precisamente para que los acusados por delitos relacionados con la corrupción no puedan formar parte de las listas. Es a lo que me refería antes cuando hablaba de una prevención. Tiene que reformarse la Ley Electoral -le pido opinión también al ministro- para que sean inelegibles las personas que están acusadas por delitos contra la Administración pública: para que sean inelegibles. Acusados significa que el juez haya abierto un expediente, que se haya abierto juicio; es decir, no que sean denunciados, sino acusados, que se haya encontrado materia. Creo que haríamos un favor a la democracia si todos nos pusiéramos de acuerdo y lo convirtiéramos no en una exigencia de un partido político, sino en una exigencia legal para el conjunto de los partidos políticos.

Quisiera hacer alguna consideración sobre otras cuestiones que nos importan, que también conllevarían reformas legislativas y sobre las que queremos pedir opinión al ministro. Quiero referirme, en primer lugar, a la custodia compartida. Desde Unión Progreso y Democracia consideramos necesaria una ley nacional de custodia compartida, una ley nacional como opción preferente que armonice la regulación legal de la misma en el conjunto del Estado y que garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles; una ley de custodia compartida que necesariamente debiera reformar algunos aspectos del Código Civil, de la Ley de Divorcio de 2005 y también de la Ley de prevención de violencia de género. Esta es una demanda de muchísimos ciudadanos y ciudadanas españoles, porque no son solo los hombres los que están planteando esta demanda. Es una asignatura pendiente de nuestra democracia y me gustaría saber, señor ministro, si tiene en su cartera, aunque no lo haya anunciado aquí, un planteamiento de reforma en esta dirección. Le anunciamos que, en todo caso, instaríamos a esa reforma, pero si tuviera alguna opinión al respecto a Unión Progreso y Democracia le gustaría conocerla.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, le ruego vaya concluyendo.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, presidente.

Unión Progreso y Democracia considera necesario abordar una reforma de la mencionada Ley contra la violencia de género. Es necesario introducir -esto también lo hemos debatido en la legislatura pasada con objeto de los trabajos de reforma del Código Penal- un elemento finalista en la denominada violencia de género, de la misma manera que hay que probar motivos racistas o sexistas, según el artículo 22.4 del Código Penal. Hay que introducir ese elemento finalista en relación con la violencia de género y me gustaría saber si el señor ministro tiene alguna opinión al respecto o alguna propuesta que traernos en fechas próximas a la Cámara. En todo caso, si no lo hacen ustedes, tomaríamos esa iniciativa.

Por último, señor presidente, quisiera hacer una reflexión sobre una cuestión muy preocupante, que en este caso podría resolverse probablemente sin reforma legislativa y que necesitaríamos abordar con un juzgado especial, la que tiene que ver con el enorme drama de los niños robados. Durante la legislatura pasada comparecieron en esta Cámara las dos asociaciones más importantes del ramo y hubo un debate muy positivo y un


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altísimo grado de consenso entre los diputados del conjunto de los grupos parlamentarios. De aquellas comparecencias se llegó a la conclusión de que en este momento no teníamos instrumentos suficientes de actuación, no legales sino activos, para acometer este problema, para resolver y enfrentarnos a este problema. Se planteó desde la idea de una fiscalía especial hasta la idea de un juzgado especial. No se ha caminado apenas nada en esa dirección y le pregunto al ministro si tiene alguna idea o algún proyecto en su ministerio en este sentido, porque me parece que este es uno de esos dramas que cuando desaparecen del debate en los medios de comunicación parece que ya no existen, pero es un drama que afecta a miles de ciudadanos españoles y ante el que no podemos permanecer en silencio y no actuar.

Esta es una primera comparecencia, sé que son muchísimos temas los que el ministro ha planteado y que algunos que se nos quedan en el tintero. Son temas ambiciosos, más que los de toda una legislatura. Espero que nos podamos encontrar trabajando juntos. En todo caso, tendrá por parte del Grupo Unión Progreso y Democracia una actitud siempre de lealtad, siempre propositiva, siempre crítica, en el verdadero sentido que le corresponde al Parlamento, el control y la proposición. Espero que nos encontremos no en un consenso estéril sino en el consenso que nos toca construir, que no es el consenso entre nosotros sino el consenso del conjunto de los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde intervenir al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en cuyo nombre tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Señor ministro, bienvenido a esta Comisión. Gracias por sus palabras y por todas las propuestas que nos ha hecho, por la información sobre cuál va a ser la actividad del ministerio. Gracias también por su disponibilidad para comparecer y trabajar en esta Comisión, siempre que usted considere que sea necesario. Desde Convergència i Unió, además de felicitarle por su responsabilidad ministerial, le deseamos los mayores éxitos en su tarea. Como usted muy bien ha dicho, esta es una tarea colectiva, porque el reto que tenemos delante es nada más y nada menos que hacer una Administración de Justicia acorde con los tiempos que vivimos, acorde con el siglo XXI.

Cuando hablamos de justicia no podemos olvidar que estamos hablando de un pilar fundamental del Estado de derecho. Partimos -y usted lo ha dicho también- de males endémicos. Durante muchos años, durante décadas, la Administración de Justicia ha quedado desenganchada de los procesos modernizadores del Estado, ajena al cambio social y político y, a pesar de los esfuerzos que se han ido haciendo y de la ingente dedicación de gran parte de su personal, la verdad es que la Administración de Justicia no le acaba de coger el paso a la sociedad. Además, el buen funcionamiento de la Administración de Justicia -usted lo ha dicho también y estamos completamente de acuerdo- no es solo una necesidad en un Estado de derecho, sino que es un factor imprescindible de desarrollo económico para hacer frente al mundo de competitividad que en este momento necesitamos. Muchas empresas, en el momento de establecerse en uno u otro país, en uno u otro territorio, acuden a los ránquines que hay del Banco Mundial, hasta de la revista The Economist, para saber cómo funcionan los sistemas de Administración de Justicia, porque tienen que saber si los contratos a los que llegan -porque todo contrato es un acto jurídico-, en el caso de que no se resuelvan, cuánto tiempo van a tardar en resolverse, en poder recuperar el dinero que han puesto en un determinado país. Por lo tanto, es algo muy importante que acaba redundando en la ciudadanía, porque es evidente que para acceder a puestos de trabajo ha de haber empresas y empresarios que los creen.

Señor ministro, ha hablado usted de un exceso de litigiosidad. Nosotros, más que de un exceso de litigiosidad -y luego, si me da tiempo, entraré en ello-, creemos que de lo que adolece nuestro sistema de Administración de Justicia es de una dilación en la pendencia de resolución de los procedimientos. Lo ha dicho una portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra: la gente no va a la Administración de Justicia porque le guste. Por otra parte, es una muestra de confianza en el sistema. Pero, además, es que en muchas ocasiones la normativa que tenemos no deja otra alternativa. Es decir, cuando para la ejecución de desahucios, de temas hipotecarios, etcétera, se exige una resolución judicial, no queda otro remedio que acudir a la Administración de Justicia. Esto es así, podemos cambiarlo, pero de momento es así. Lo que sí podemos cambiar es el gran lapso de pendencia que hay en la resolución de estos temas. Le voy a dar algunas cifras. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2010 referidos a 2009, la duración media estimada de las ejecuciones civiles es de 31 meses. La duración media estimada de los asuntos civiles -por ejemplo, en Cataluña- es de 7.1 meses. El tiempo de resolución de los juzgados de lo Penal es de 8.1 meses. Las duraciones medias de los juzgados contenciosos es de 11.2 meses y 26.2 meses los de las salas contenciosas. Todo ello, evidentemente, no ayuda a que la justicia sea lo que tiene que ser, que es un pilar del Estado de derecho que funcione de forma ágil, previsible, fundada y neutral, que es lo que se espera de un sistema de Administración de Justicia. Por ello, no debe extrañarnos la percepción que tiene la ciudadanía de la justicia, porque hemos de actuar sobre esa percepción, ya que es lo que llega a los ciudadanos. En la encuesta del CIS de febrero del año 2011 ni los tribunales de justicia ni el Tribunal Constitucional llegan al cinco. Es decir, no llegan al aprobado en el grado de confianza que tienen para la ciudadanía. Con respecto al funcionamiento, en esta misma encuesta el 36 por ciento responde que la Administración de Justicia funciona mal; el 11.3, muy mal; solo el 18 por ciento dice que funciona


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bien, ni siquiera muy bien. Además, el 51 por ciento dice que funciona igual que en tiempos anteriores, es decir, no han apreciado ninguna mejoría a pesar de las múltiples iniciativas que se vienen haciendo, y lo que es más, el 24 por ciento considera que funciona peor que en tiempos anteriores.

Por tanto, señor ministro, tenemos retos importantes a los que hacer frente. Usted lo ha dicho en plural y yo lo digo también porque creo, como usted, que ha de haber una unidad de compromiso de las fuerzas políticas en estas tareas, que deben irse construyendo desde el consenso, desde el diálogo -usted lo ha ofrecido, a pesar de que su Gobierno cuenta con mayoría absoluta-, porque con toda seguridad debemos ir más allá de una legislatura, más allá incluso de un cambio de Gobierno. En este sentido no sería justo no reconocer que en la pasada legislatura, con el ministro Caamaño, empezó a haber buenas dinámicas que sin duda deben tener continuidad. Desde Convergència i Unió, señor ministro, nos parece urgente impulsar un amplio acuerdo social en materia de justicia, al que usted se ha referido, con la finalidad de articular las bases para definir un calendario global de actuaciones, de medios, de medidas presupuestarias adecuadas y los cambios legislativos que sean oportunos, sin perder de vista algo que muchas veces se nos dice: no arregléis lo que no está estropeado. No debemos tener un afán legislativo de por sí, porque otra de las críticas que se nos hacen -y quiero que quede constancia aquí- es que estamos sobrelegislando, que producimos una legislación excesiva y muchas veces deficiente. Estas son críticas a las que también debemos responder.

Con este preámbulo, señor ministro, le quiero decir que puede contar con la colaboración siempre leal, crítica cuando sea necesario, de Convergència i Unió para poder asumir estos grandes retos que tiene desde el ministerio que usted dirige. Cuente con nosotros. Usted ha dicho que viene a proponer y también a pedir, nosotros nos ofrecemos, aunque también seremos críticos y seremos exigentes en todo aquello que creamos desde el punto de vista de un partido nacionalista que gobierna en este momento una comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, y ha de ser exigente porque las respuestas se han de dar no desde una dirección única sino con absoluto respeto, como me parece que así es, al Estado compuesto que tenemos en España y con respeto para las competencias de las comunidades autónomas.

Desde este punto de vista, y tal como señalaba el portavoz del Grupo Socialista, quiero que mis primeras palabras sean también para solicitar que se implementen las modificaciones previstas en los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía no son entidades jurídicas que planean sobre una realidad virtual, sino que en ellos se recogen realmente reformas que son necesarias para que el día a día del funcionamiento de la Administración de Justicia en cada comunidad autónoma sea viable. La proximidad es otra de las razones, otro de los imperativos que hemos de tener en cuenta a la hora de proceder a las reformas que tenemos por delante. En cuanto a las modificaciones en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es necesario que los consejos autonómicos de Justicia sean ya una realidad. Lo podrían haber sido, pero lo cierto es que el Gobierno del Partido Socialista no llegó a materializar esto; aunque se llegó a plantear en algún momento, no se llegó a materializar. Es una desconcentración del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de Cataluña esto supondría hacer efectivas las previsiones de los artículos 97 a 100 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en los términos establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional. Señor ministro, no se trata de hacer poderes judiciales paralelos, sino de un acercamiento y desconcentración del Consejo General del Poder Judicial. Convergència i Unió presentó en el año 2003 una propuesta legislativa al respecto que, si me permite, sería un texto sobre el que podríamos a comenzar a trabajar. Hay que tener en cuenta además que esto no está previsto únicamente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino que en este momento hay ocho comunidades autónomas cuyos estatutos no han sido recurridos y que tienen la previsión de crear los consejos autonómicos. Por tanto, pongo encima de la mesa la necesidad de comenzar a hablar de ello como un instrumento de acercamiento de la gobernanza de la Administración de Justicia y, por tanto, como un instrumento imprescindible para poder acometer las reformas necesarias.

En materia del personal al servicio de la Administración de Justicia hemos de superar la dificultad, desde el punto de vista de la gobernanza también, de lo que sucede en este momento. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los secretarios dependen del Ministerio de Justicia, el personal depende de las comunidades autónomas. Es evidente que desde el punto de vista de la gobernanza hemos de encontrar el sistema para poder proceder a gobernar las unidades de actuación, que son las oficinas judiciales. Nosotros le planteamos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contemple y permita el traspaso completo de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia. La organización de las oficinas judiciales se agrava tremendamente si no se tienen las competencias normativas, ejecutivas y de gestión sobre el personal que están previstas ya en el artículo 103 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y vamos más allá. Nosotros solicitamos poder asumir la gestión del cuerpo de secretarios generales dentro del respeto al estatuto jurídico de este personal que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Modificación también de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 del Estatuto de Cataluña, para que este tribunal sea la última instancia jurisdiccional en Cataluña en todos los órdenes jurisdiccionales,


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sin perjuicio de la unificación de doctrina, que corresponde al Tribunal Supremo.

Modificación también del artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 142.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reconocer los derechos lingüísticos, para reconocer la validez y eficacia de las actuaciones judiciales realizadas y de los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma y garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a los órganos con jurisdicción en todo el Estado en su lengua propia. Esto está también en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y me consta que la consellera del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha tenido ocasión ya de hablar con el señor ministro de todos estos temas en reuniones anteriores a esta comparecencia.

Modificación también de la Ley Orgánica del Poder Judicial para promover de alguna manera la proximidad de la justicia de paz, dotar de contenido lo previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y permitir la creación de una justicia de proximidad en las poblaciones que no tienen jueces de paz. Usted recordará conmigo los antiguos juzgados de distrito. No hace falta que sean exactamente lo mismo, pero esto sí que puede dotar de agilidad al resto de la Administración de Justicia para determinados temas.

Ha hablado usted de modernización de la justicia. Ello requiere que no se pare la oficina judicial. Podemos replantear los temas que sean necesarios. Esta es una ley, como usted ha señalado, del año 2003. ¿Vamos a modificarla antes de haberla implementado? Es cierto que las pruebas piloto que se han hecho en el territorio competencia de la Administración del Estado no han sido buenas. Aprendamos de las pruebas piloto y modifiquemos la dirección de lo que se tiene que implantar. En otras comunidades, como por ejemplo en Cataluña, se ha hecho especial hincapié en la construcción de la columna vertebral de este sistema, que es el expediente electrónico. Por lo tanto, yo creo que se pueden intercambiar buenas experiencias entre las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y el ministerio y ver cómo se puede ir avanzando en este tema.

Usted ha hablado de los sistemas informáticos, del -entre comillas- escándalo que puede suponer que haya ocho sistemas informáticos que no se hablen entre sí. Señor ministro, también quiero hacer gala aquí de que el sistema catalán ha superado todos los tests de compatibilidad que se fijaron por el Consejo General del Poder Judicial, por las comunidades autónomas y por el ministerio, cosa que no se puede decir del sistema del propio ministerio. Es decir, intentemos entre todos hacer que realmente sean compatibles.

Usted ha hablado de la creación de una agencia para la modernización de la justicia. Le pregunto: una agencia que comporta qué medios materiales, qué medios presupuestarios. ¿Cree que es el único sistema posible? ¿No hay foros donde se puedan encontrar otros sistemas si es que realmente esto requiere de una estructura que comporte gastos económicos, etcétera?

Ha hablado también del tema de las tasas. Me parece importante no vincular las tasas a un sistema de disuasión del acceso a la justicia. Desde Cataluña se plantean las tasas como un sistema de pequeña contribución finalista al tema de la modernización de la oficina judicial; supongo que usted no lo plantea como un método de disuasión para acceder al sistema de justicia. Por cierto, se tendría que revisar la normativa para que las tasas, también las que pongan las comunidades autónomas, puedan ser incluidas en las tasaciones de costas. Ahora está previsto para las tasas jurisdiccionales pero no para las autonómicas. Avanzar en los tribunales de instancia...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muy bien.

Necesidad de un nuevo diseño de planta y demarcación. Por el ministerio se llevó a cabo un buen informe y creo que hay que seguir adelantando en esta materia, aunque hay que reflexionar sobre cuál es el contenido económico de todo esto. Si se hace un nuevo diseño de planta y demarcación quizá sería el momento para reflexionar acerca del sentido de la Audiencia Nacional, sobre todo a partir de estos momentos. En cuanto a la revisión de la Ley de Justicia Gratuita, también nos parece correcto teniendo en cuenta que lo que se trata de garantizar es la sostenibilidad del sistema. Por tanto, nos brindamos a trabajar en ello. La multirreincidencia es un tema propuesto muchas veces por Convergència i Unió, que fue el grupo que propuso las enmiendas que se introdujeron en la última reforma del Código Penal, y más allá de que podamos entrar a valorar otra vez la descripción de los tipos penales, etcétera, con lo que estaríamos de acuerdo, le solicitamos que sin dilación se cree el registro de faltas. Esto estaba previsto en la propia ley, el Partido Socialista en el Gobierno no cumplió esta previsión legal a pesar de las peticiones que se le hicieron tanto por parte del Departament de Justícia de Catalunya como por el propio alcalde de Barcelona, señor Trias, por lo que le decimos que sin la existencia de este registro será imposible ver la reincidencia y la multirreincidencia tanto dentro del actual tipo normativo punitivo como con el que pueda haber en el futuro. Me gustaría que me diera una respuesta al respecto. Este registro habría de completar el sistema integrado de registros de apoyo de la actividad judicial ya existente que contempla los registros de penados menores y violencia de género.

Estamos de acuerdo con la ley de jurisdicción voluntaria, y me gustaría debatir también el tema de la ley de mediación; estamos en mora respecto a la implementación de la directiva europea. Me gustaría llamar la atención sobre dos operadores jurídicos. El tema de notarios y registradores es un sistema jurídico preventivo que


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tenemos y que está bien valorado. Le hemos de dotar de nuevas funciones, hemos de revisar los aranceles y revisar la demarcación dado que la actual, de 2007, se hizo en un contexto muy distinto y en este momento muchas de estas plazas no son necesarias. Hemos de proceder a la incorporación de los procuradores de los tribunales, a los que ha citado en reiteradas ocasiones, a nuevos cometidos dentro de la Administración de Justicia que permitan agilizar todo el proceso de las ejecuciones.

Señor ministro, acabo ya esta primera intervención. Únicamente quiero decir con respecto a lo que ha anunciado sobre la revisión del nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, que aquí hemos adoptado distintos sistemas: unos, otros e intermedios. El que hay se hizo por consenso en un momento de mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular; se llevó a cabo por consenso de cinco fuerzas políticas. Sinceramente, permítame que le traslade que no es la fórmula la que está mal sino la incapacidad que han demostrado reiteradamente los dos grupos mayoritarios para ponerse de acuerdo en el nombramiento de las personas que deben formar parte del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. No sé si estamos atacando el problema desde donde se tiene que atacar. La percepción la hemos trasladado, pero créame que entiendo que es más culpa nuestra que del propio sistema. No nos negamos a hablar de ello, pero no hay sistema infalible si al final las personas que tenemos la representación de la ciudadanía no somos capaces de ponernos de acuerdo.

Convergència i Unió ha presentado dos propuestas que lo que hacían era forzar este acuerdo. ¿Por qué? Porque se daba un tiempo de seis meses después de que el mandato hubiera finalizado para proceder imperativamente al nombramiento de las nuevas personas que formaban parte. Esto no se quiso aprobar y nos parece que ahí estaba más la solución que en volver a antiguos mecanismos que tenían algunas ventajas pero también algunos inconvenientes.

El señor PRESIDENTE: A continuación, establecemos un turno, que irá de menor a mayor, de los grupos parlamentarios que no habían solicitado la comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la diputada señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero empezar por dar la bienvenida al ministro a esta Comisión y agradecer su comparecencia, que se produce no solo a petición de diferentes grupos parlamentarios sino también a petición propia. Agradecemos también la exposición detallada y prolija en torno a lo que será la acción de su Gobierno, la previsión de la acción de su departamento en esta legislatura. En cualquier caso, hay que empezar por decir -alguno de mis compañeros portavoces en la Comisión lo han apuntado ya-, señor ministro, que pocos anuncios de impacto le han dejado sus compañeros de partido, o hasta de Gobierno, a la hora de establecer o, como digo, de dibujar las líneas de la acción de su departamento para estos próximos cuatro años. Quiero recordar que empezó el señor Montoro anunciando una reforma del Código Penal, continuó la señora Aguirre anunciando el copago en justicia y terminaba ayer la señora Sáenz de Santamaría trayendo a conocimiento de sus señorías que se van a producir estos cambios en torno al Consejo General del Poder Judicial. De tal manera que -se ha apuntado también- pudiera parecer que hoy los únicos titulares que quedan para conocimiento, primero de la Cámara y, en segundo lugar, del conjunto de la opinión pública, son, como apuntaba el señor Llamazares, la cadena perpetua o la reforma de la Ley del aborto. No me gustaría pensar francamente -y creo que no será así- que estemos buscando que temas tan importantes como los que ha apuntado, de manera quizá menos novedosa o con menos impacto, el titular del departamento, el ministro señor Ruiz Gallardón, queden esta mañana, como digo, de alguna manera alejados de lo que debe ser el debate rico, profundo, que ha de presidir esta Comisión.

Con respecto a las reformas que nos anuncian en torno a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial -lo apuntaba el ministro esta mañana-, no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia. Me gustaría que recondujéramos el término: no podemos seguir con la imagen de la partidización de la justicia, no de la politización. No es la política -y no debemos ser ni mucho menos nosotros- el eje de los males; ha sido la falta de acuerdo -se ha apuntado también, pero yo quiero insistir- de los dos principales partidos de esta Cámara la que llevado a los problemas que se han producido tanto en este como en otros órganos y, por tanto, no está en el sistema el eje de los problemas sino en la falta de acuerdos. Invocaba usted, ministro, al legislador para interpretar -y coincido absolutamente con ello- que la mayoría cualificada que se establece no buscaba un reparto sino que lo que buscaba era un consenso. Efectivamente, pero es que tampoco buscaba un bloqueo, que es en lo que ha derivado finalmente. Por tanto, habrá que asumir las responsabilidades aquí y seguramente eso nos permitiría elegir un mejor sistema.

Ha anunciado también el ministro esta mañana -y esto me parece también de especial importancia y quisiera subrayarlo en los términos que creo que es de justicia- un copago en el ámbito de la justicia. Lo hace dibujando -y es cierto- un escenario de dificultades para el ámbito de la justicia con las tres causas que ha citado como los principales problemas a los que se enfrenta en estos momentos la Administración de Justicia: el exceso de litigiosidad, la carencia en la gestión y el agotamiento del modelo. El exceso de litigiosidad pretende combatirlo, nos dice hoy, con tasas para el recurso en segunda instancia. Nos dice: para evitar abusos y además para invertirlo en la modernización de la justicia. Pero con lo que nos quedamos finalmente es con que la justicia en segunda instancia queda para quien


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puede pagarla y, por tanto, lo que estamos estableciendo son sistemas de desproporción, sistemas de inseguridad jurídica para el conjunto de los ciudadanos, frente a una justicia universal en cierta medida.

Nos anuncia también una reforma del Código Penal, ya apuntada, como digo, por el ministro Montoro, para tipificar el exceso de gasto público, pero me gustaría saber la opinión del ministro en una cuestión: ¿dónde queda la separación entre el déficit como herramienta de los administradores con la malversación o el mal uso de los fondos públicos? ¿Dónde queda la separación entre una cosa y otra? Porque hemos conocido, además, con largueza, el que se ha utilizado y son muchos los administradores que han utilizado el déficit como herramienta de la Administración.

Hay más cuestiones. Nos anuncia hoy el ministro nuevas leyes y reforma de otras. En concreto, si no he sumado mal, seis nuevas leyes y seis reformas; en cualquier caso, una producción amplia, de enjundia y de envergadura. No cita, no le corresponde por autoría en cualquier caso, pero sí quisiera la opinión del ministro en torno a una iniciativa legislativa popular que está ya aceptada por la Mesa de la Cámara, como es el proyecto de dación en pago. Parece que es necesario regularlo, ante las evidencias que nos quedan por sentencias que durante esta temporada se han dictado, creo recordar ahora en Navarra, en Girona, en Lleida; en fin, es necesario regularlo, y me gustaría conocer la opinión del ministro en torno a la cuestión. Tampoco ha citado una posible reforma constitucional y se lo pregunto no porque le interese especialmente a esta portavoz, se lo pregunto porque ha sido el propio presidente del Gobierno como candidato, tanto en campaña como en el debate de investidura, el hoy presidente del Gobierno, quien ha citado una posible reforma constitucional y, por cierto, la ha citado además para anunciar la supresión de la disposición transitoria cuarta. Comprenderá que a esta diputada le interesa muy especialmente conocer la opinión del ministro de Justicia sobre una cuestión de vital importancia para los ciudadanos de la circunscripción a la que represento, que es Navarra.

Por cierto, centrados también en temas locales pero de incidencia general -y en esto quiero que sepa, ministro, que procuro siempre traer temas de circunscripción pero que tengan sentido en el conjunto de la sociedad-, quiero saber del recuso de inconstitucionalidad que en el último Consejo de Ministros del año pasado, del 30 de diciembre, su Gobierno, y entiendo que el ministerio, defendió contra la Ley Foral 24 de marzo que permite la integración de los funcionarios de Justicia en el régimen local, concretamente a forenses y a otros funcionarios de Justicia; un recurso que francamente no alcanzo a comprender ni en el fondo ni en la forma. No lo comprendo en el fondo porque iguala al conjunto de los funcionarios en la comunidad foral, los iguala, claro, por arriba, me dirá usted, pero iguala al conjunto de los funcionarios en la comunidad foral; y no lo comprendo en la forma porque finalmente no es sino un correctivo al legislador foral cuando por cierto sus socios de UPN son quienes tienen la mayoría necesaria, y no podía ser de otra manera, para llevar a cabo este proyecto de ley. Por lo tanto, nos gustaría, como digo, entender esto.

También quiero recabar su opinión, ministro, en torno al cumplimiento de leyes que en estos momentos están en vigor, y dejo en la mesa un solo punto para conocer: Ley de Memoria Histórica, qué previsión tiene el Ministerio de Justicia en torno al cumplimiento de lo previsto en la ley sobre el Valle de los Caídos.

Termino -en esto seré breve, presidente- con una cuestión que ha citado el propio ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón. En materia penitenciaria ha anunciado: ningún tipo de excepción a la legislación actual. Se está usted refiriendo a la amnistía, esto es cierto, pero yo le quiero preguntar entonces sobre las excepciones que en materia de legislación penitenciaria sí se producen, y le pregunto por el alejamiento que se autoriza de diferentes presos por aplicación de la dispersión. Evidente excepcionalidad en materia de legislación penitenciaria por la que le quiero preguntar, ministro, quede claro que no condicionada, no al menos por esta portavoz, a ningún anuncio como el que se produjo el 20 de octubre, por lo tanto no relacionada en absoluto con las declaraciones que en este momento se pudieron producir por parte de ETA sino simple y llanamente -lo he hecho así en legislaturas anteriores- en defensa de una aplicación de la normalidad de la legislación penitenciaria, de una legislación penitenciaria normalizada para el conjunto de los presos, para todos los presos, y por lo tanto rechazo de esa excepcionalidad que con respecto, por ejemplo, a la amnistía usted mismo rechaza.

A la espera, por lo tanto, de sus respuestas a estas cuestiones, gracias presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, gracias por su información prolija y elocuente, como siempre. Ya le auguré hace años que iba usted a terminar ocupando esta cartera. También quiero felicitarle y comprenda que yo expongo esta felicitación sinceramente porque no sé si usted se puede sentir particularmente feliz con la responsabilidad que acaba de asumir escuchando algunos dislates, algunos comentarios de algunos compañeros suyos de gabinete, algunas reflexiones que rayan en la inconstitucionalidad y algunas sorpresas que ayer nos depositó en esta misma Comisión su vicepresidenta, la vicepresidenta del Gobierno sin posibilidad de replicarlas.

Señor ministro, yo le conozco a usted, sé que es un profundo conocedor del derecho y, de verdad, me cuesta mucho creer que usted vaya a crear un injusto o a elaborar un borrador con un injusto penal que castigue a los que superen lo que se denominó originariamente el techo


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de gasto, constitucionalizado recientemente, peculiar reforma de la Constitución también, todo hay que decirlo, y que luego eufemísticamente, y viendo la desmesura de esta mención, se les llamó o se denominó castigar, o utilizar el reproche penal, a los gestores que no sean eficaces o que no resulten eficaces. No creo, de verdad, que usted vaya a tipificar o incluir en el Código Penal la sanción penal para conductas de esta naturaleza. Usted sabe los principios ontológicos que inspiran el reproche punitivo en el Código Penal, conoce perfectamente el de mínima intervención, en primer lugar, que no tengo que explicárselo, y la previsión constitucional en relación con el Código Penal como última ratio en el ámbito de la aplicación del derecho punitivo. Desde luego, si ustedes empiezan a frivolizar la utilización del Código Penal aplicando actuaciones de medida o de diseño de la estrategia macroeconómica de los gobiernos autonómicos y, como alguno más ocurrente de su partido ha comentado, incluso con efecto retroactivos, la verdad es que nos vamos a quedar en algo que yo le quería comentar como frontispicio al inicio de mi intervención.

Sin perjuicio de que, por como se observa claramente con lo que ha expuesto, nos va a tener muy entretenidos en esta Comisión y nos va a obligar a asumir una especie de visión casi calvinista del trabajo si queremos cumplir con el calendario legislativo, usted tiene una obligación políticamente fundamental que acometer, que es regenerar la fe de los ciudadanos en una Administración de Justicia que en este momento está muy erosionada. Usted sabe que los índices de popularidad de la Administración del servicio de la justicia está muy erosionada, pero no hace falta que se lo indique. Lo indican todas las encuestas, la del INE, todas las encuestas de opinión de medios de comunicación y la más relevante, que es la del último informe del Observatorio de la actividad de la justicia del año 2011, informe que usted conoce, que termina con la siguiente declaración -declaración que le debe preocupar, señor ministro y no quiero añadir más inquietudes al inicio de su mandato que las que sus propios compañeros de partido ya le están incorporando-: La situación de la justicia en España es calamitosa absolutamente, nos coloca o está colocada en el nivel de los países de muy inferior grado de desarrollo social, económico y de garantías de los derechos y libertades. Son declaraciones del Observatorio de la justicia a modo de conclusión última del año 2011. Esta es la patología con la que usted debe confrontarse y a la que usted debe enfrentarse, y lo debería hacer con el espíritu de consenso que usted ha preconizado no sé si de forma retórica o de forma sincera, esto lo iremos viendo con el tiempo, señor ministro.

Recuerdo a un portavoz del Grupo Socialista muy reconocido, cuando estaba el Partido Socialista gobernando en solitario y en un momento difícil en donde tenía que sacar solo con sus propios votos todas las decisiones relevantes o iniciativas legislativas importantes, que siempre terminaba su intervención diciendo: No estamos solos o no estoy solo, estoy acompañado de todos los diputados de mi propio partido. No se deje acompañar solo por los diputados de su propio partido y busque consensos más transversales políticamente porque esto es lo que necesita una Administración de Justicia terriblemente erosionada por datos que se pueden analizar desde una perspectiva cuantitativa. En primer lugar, los que hacen referencia al número de asuntos pendientes que tienen que intentar interiorizar y resolver solo 5.187 jueces, que son los que en este momento conforman la carrera judicial, más de 9.500.000 asuntos recientemente ingresados. Han resuelto cerca de 9 millones también, pero todavía nos encontramos en un índice de pendencia, y esta es una de las patologías crónicas de la justicia española, que ronda los 3.600.000 asuntos. ¿Cómo acabamos con la pendencia y con la demora? ¿Cómo acabamos, en definitiva, con el exceso de litigiosidad que sí es muy superior en el Estado español respecto a otros Estados? Casi multiplica por cuatro la litigiosidad existente en Francia, por poner un ejemplo así, de carácter inmediato y de carácter próximo. Tenemos que acometer algunas de las reformas que usted se ha comprometido a presentar y algunas otras también, señor ministro. Desde luego, es muy urgente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Seguimos conviviendo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 1882, y usted mismo ha indicado que ha sufrido cuarenta y dos reformas desde ese año. No, han sido sesenta y cinco reformas. Esta ley ya carece absolutamente de consistencia sistemática, es inaplicable, y esto está provocando otra de las patologías con las que usted debe confrontarse en esta legislatura: el número de ejecutorias penales pendientes, 700.000, señor ministro. Es que las sentencias a veces se dictan, pero no se ejecutan. Y en el ámbito de la ejecución penal -y en el de la ejecución de otros órdenes de la jurisdicción- hay mucho por hacer, no solo desde una perspectiva normativa sino desde la perspectiva de la organización del trabajo mediante una implementación de una oficina judicial que ya viene predeterminada -lo decía el señor Villarrubia- desde la legislatura anterior por leyes que algunas no pudieron nacer y otras sí que se aprobaron, que son mejorables pero que requieren una oficina judicial en donde la transversalidad en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios sea la característica fundamental de la misma y donde se desahoguen funciones que corresponden al juez y a los secretarios y otras muchas funciones que harían referencia a desjudicializar los litigios mediante la aprobación, que usted también ha indicado, de la ley de mediación, una ley muy importante que no sé por qué en la legislatura anterior no se aprobó. La Ley de Arbitraje sí se pudo hacer, incorporando una directiva, pero es que esa directiva se refería al arbitraje y a la mediación. Nos quedamos en la mitad del requerimiento de la directiva. Se aprobó la Ley de Arbitraje -insuficiente, muy vinculada al ámbito mercantil y al ámbito económico, cuando el arbitraje se puede también utilizar en todos los ámbitos del derecho- y no se terminó de aprobar una ley de media


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ción, que puede servir también para todos los órdenes de la jurisdicción. Empieza a haber experiencias muy interesantes en materia de mediación penal, en materia de mediación laboral donde siempre ha existido y también en materia de mediación contencioso-administrativa, que ha sido un orden de la jurisdicción más refractario siempre a la utilización de esos instrumentos. Por tanto, desjudicializar es otra de las funciones que usted tiene que acometer.

Otra de la funciones que usted tiene que acometer para recuperar el prestigio de la justicia o la fe de los ciudadanos en su Administración de Justicia es que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las pocas referencias que usted ha hecho, lo que no es concebible es que cada año en el Estado español se incoen 4.500.000 diligencias previas, de las cuales solo acaban en juicio oral 150.000. Hay alguna perversión en el sistema de enjuiciamiento criminal español que hace que sea muy fácil litigar o se recurra abusivamente a litigar mediante acciones penales -como se ve a tenor de los datos estadísticos que le he comentado- de naturaleza manifiestamente temeraria o carentes de fundamentos en derecho, a las que sí habría que aplicar algún tipo de castigo o sanción complementaria a la de la imputación de los costes de las que tienen este carácter de temerarias o carentes de fundamento jurídico. Además le voy a comentar otra patología, señor ministro: la filtración sistemática de la información sumarial, de la instrucción sumarial. Aquí siempre hay un debate falso, pero que ha adquirido cierta dimensión y que además es muy recurrente en los medios de comunicación, que es la pretendida colisión existente entre el derecho a la información, que efectivamente es un derecho fundamental, y las garantías de los sumarios, que afectan a los imputados por un sumario que se declara secreto. Le comento lo de falso debate, porque la declaración o la revelación de los secretos del sumario, que es una práctica no solo habitual, sino sistemática y cada vez creciente, es un delito penal. Está prevista en dos preceptos del Código Penal su tipificación: el artículo 466 y el 417. Es un sofisma intentar pensar que se está hablando de leyes mordaza si se intenta evitar la filtración de las informaciones secretas de los sumarios cuando esta filtración está ya tipificada como un injusto penal específico. Desde esa perspectiva aquí no puede hablarse de colisión de derechos y de cuál es el valor ontológico de los dos derechos en pretendido conflicto, el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva. No, no, es un delito filtrar. Hay sumarios que se filtran sistemáticamente con la aquiescencia de alguien; no sé quiénes son los filtradores, y seguramente son eventualmente muchos los que en un órgano judicial pueden filtrar información, pero algún tipo de medida correctora, con efectos penales -que ya están previstos en el Código Penal- habría que acometer.

Usted ha planteado cuestiones de naturaleza más esencial o de dimensión más constitucional que las que le estoy comentando, que sencillamente hacen referencia a cómo regenerar la fe de los ciudadanos en la Administración de Justicia, una administración muy deficiente solo por los datos cuantitativos que le he comentado. En primer lugar, empezando por el mismo orden que usted ha seguido, el sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial. No voy a ser un apologeta. He sido miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial y desde luego no me voy a erigir aquí en apologeta de su buen funcionamiento. Le voy a explicar una historia terriblemente reveladora que usted conoce también. En el Consejo General del Poder Judicial, en un momento histórico dado, se llegó a un consenso casi por unanimidad sobre a qué magistrado designar como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero ¡hete aquí! que, antes de tomar la decisión en cuanto a esa designación sobre la Presidencia de un órgano tan importante, un partido político determinado en un parlamento autonómico necesitó los votos de su partido para aprobar los presupuestos. ¿Qué ocurrió? Que ese magistrado que iba a ser propuesto para la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia fue sustituido por otro más próximo ideológicamente a su partido político. Quiero presumir, aunque no me consta ni lo podría probar -lo voy a decir con el brazo encogido y la prudencia debida, no vaya a incurrir yo también en un injusto penal, señor presidente, cosa que no me gustaría y el fiscal general del Estado me diga algo inconveniente esta tarde, pero lo voy a decir con toda la prudencia-, que si ese cambio se produjo de esta manera, algún tipo de transacción económica o algún tipo de relación no económica sino política, de vinculación política o de negociación política, en el ínterin se tuvo que producir. Sin embargo. el sistema que alternativamente usted nos propone es el peor de los posibles para corregir esta politización, que no niego -no se puede negar la evidencia-, en el Consejo General del Poder Judicial, el sistema de designación corporativa o gremial de los vocales que representan o que pertenecen a la carrera judicial. Esto, que aparece en la Constitución, no son los preceptos 1 y 2 que citaba el señor Villarrubia con elocuencia, sino el artículo 117, es decir, que estamos hablando de una propuesta probablemente inconstitucional, señor ministro. El artículo 117 proclama enfáticamente que la justicia emana del pueblo. La soberanía popular reside en la institución parlamentaria; en un Estado compuesto, como el español, reside en las instituciones parlamentarias, en las Cortes Generales del Estado y en los parlamentos autonómicos, y solo allá donde reside la soberanía popular se puede proceder al nombramiento de los órganos de gobierno de aquellos que están conformados como otro poder del Estado. Si no, estaríamos negando la proclamación constitucional consistente en afirmar, tan enfáticamente en el artículo 117 de la Constitución, que la justicia emana del pueblo; estaríamos sustrayendo al pueblo su capacidad y su legitimidad originaria como detentador de la administración de justicia, aunque en su nombre la tengan que ejecutar, evidentemente, profesionales como son los


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jueces y magistrados. Le invito a que replantee este sistema de designación corporativa, que por cierto un consejo ya fue designado así y no fue el que mejor funcionó de los que hemos conocido. Estoy esperando a que alguno funcione bien en el futuro, pero aquel, el que fue objeto de designación gremial o corporativa por jueces y magistrados, no fue el que mejor funcionó, señor ministro, sino seguramente el que peor, y fíjese que ha habido cosas notables en los consejos generales del Poder Judicial anteriores que no vamos a glosar en este momento.

Su segunda reflexión hace referencia al sistema de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo quiere que incurramos en la ingenuidad, que ya sería casi monacal, roussoniana, de pensar que el Tribunal Constitucional va a ser independiente cuando el sistema de designación de sus magistrados consiste en la designación de cuatro por el Congreso de los Diputados? ¿Cómo van a renunciar el Congreso de los Diputados y los dos partidos mayoritarios del Congreso de los Diputados a la tentación de intentar pactar entre ellos -por un perverso sistema llamado de cuotas entre partidos- los magistrados que corresponde designar al Congreso de los Diputados? Otros cuatro los tiene que designar el Senado, donde se va a reproducir el mismo problema.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya concluyendo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya acabo.

Dos los elige -seguramente para enfatizar más la independencia del órgano- el Gobierno español y los dos últimos los elige el Consejo General del Poder Judicial, cuyos veinte vocales han sido previamente designados por el Congreso y el Senado. Señor ministro, no somos tan ingenuos como para pensar que este problema es de fácil corrección ni desde una perspectiva normativa ni desde la perspectiva de usos muy arraigados y consolidados en esta Cámara que consisten en pactar entre el partido que usted aquí representa y el principal partido de la oposición quiénes van a conformar ese órgano.

Luego nos encontramos -voy acabando ya de verdad, señor presidente- con cosas curiosas que dimanan y son legitimadas por el Tribunal Constitucional. No vamos a citar algunas porque son particularmente vidriosas y ya tendremos tiempo usted y yo de discutir sobre ellas. Pero así como usted ha citado, y me parece muy bien, que hay que elaborar e incorporar el estatuto de la víctima -por cierto, no se atribuya la novedad de esta cuestión, porque no es más que la incorporación de una directiva marco de 2001 del Consejo Europeo, vamos con once años de demora y ya va siendo hora de incorporar el estatuto de la víctima-, también le tengo que decir lo mismo sobre la denominada doctrina Parot. Usted no puede dar indicaciones, sugerencias y, menos, instrucciones a los jueces y magistrados de los órganos judiciales, pero sí puede tener opinión. Y usted sabe que la doctrina Parot contradice expresa e inequívocamente el contenido del artículo 76 del Código Penal en donde se establece que el tiempo de duración de las penas de privación de libertad no puede exceder el triple -en singular- de la mayor; no del cúmulo de todas ellas en fórmulas de concurso, sino de la mayor. Luego, en estos tiempos en los que vivimos y cuando algunos apreciamos grandes expectativas de consolidar la tan anhelada paz durante tantos años por todos los partidos políticos aquí representados y la normalización política sobre esta cuestión, de la misma manera que enfatizo que el estatuto de la víctima se tiene que incorporar ya a nuestro ordenamiento jurídico, sobre estas fórmulas excepcionales que se aplican además de forma manifiestamente discrecional por los órganos judiciales -ya me explicará usted cómo la discrecionalidad puede formar parte de una actuación jurisdiccional, regular a unos sí y a otros no- debe usted tener opinión.

Ya la señora Pigem con la brillantez que la caracteriza ha glosado lo que yo mismo opino sobre los consejos autonómicos, que tienen que crearse en esta legislatura desconcentrando las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial, pero voy más allá que la señora Pigem. También los parlamentos autonómicos, como las Cortes Generales del Estado, son detentadores de la soberanía popular y, en tanto en cuanto que detentadores de la soberanía popular, también tendrían que tener capacidad de atribuir competencias y de designar miembros en las composiciones de los consejos autonómicos del Poder Judicial.

Son muchas cuestiones y usted se ha referido a algunas particularmente polémicas. En relación con la cadena perpetua le manifiesto mi más rotunda oposición, entre otras cosas porque no sé si se ha dado cuenta de que usted va a hacer un favor a los penados del Estado español. En este momento en ninguno de los países que tienen constitucionalizada la cadena perpetua se cumplen más de veinte años efectivos de privación de libertad y el Código Penal prevé la posibilidad de cumplir hasta cuarenta años efectivos de privación de libertad. No sé si con esta propuesta lo que quiere es dulcificar el sistema de penas. Me da la impresión de que no, sino que lo que usted ha pretendido es una especie de pleonasmo de carácter demagógico.

En relación con la Ley del Menor, como ya le han dicho por aquí, es su propia ley y le pediría coherencia con sus propios actos. Comprendo que los países escandinavos en los que esta ley se basó han endurecido también sus leyes dándole un componente menos reeducativo y más punitivo que puedo compartir porque la delincuencia juvenil está adquiriendo unas dimensiones de política criminal pavorosas. Se actúa en forma de bandas cada vez con más brutalidad, más crueldad y con absoluta indiferencia respecto a los delitos cometidos y eso requiere una respuesta punitiva, pero, vamos a ser particularmente cuidadosos porque si alguien es regenerable mediante la aplicación del sistema de penas son los jóvenes y particularmente los menores. Desde esa


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perspectiva, señor ministro, después de lo que le he dicho resulta muy coherente desearle suerte, se la voy a desear, pero le voy a desear suerte siempre que no haga como aquel famoso portavoz del Grupo Socialista diciendo: No estamos solos, estamos acompañados por todos nuestros diputados, fíjese cuántos son. No, por muchos que sean, es que están solos políticamente si ustedes adoptan en solitario algunas de estas reformas que aquí ha anunciado.

Muchas gracias, señor presidente por su amabilidad. Y, señor ministro, le vuelvo a desear lo que le deseé en la ciudad de México, le auguré que iba a ser ministro de Justicia algún día y espero que acabe la legislatura con bien, sin más.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el diputado señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: En nombre de mi grupo quiero dar la bienvenida al señor ministro de Justicia en esta primera comparecencia ante esta Comisión. También mis mayores deseos de suerte porque basta con haber oído alguna de las intervenciones que me han precedido para constatar que precisamente no se le ha encomendado una tarea que vaya a ser fácil. Va a tener que bregar mucho para intentar sacar adelante todas estas cuestiones con el añadido de haber querido contar con todos los grupos parlamentarios reclamando ese clima de diálogo al inaugurar la presente legislatura. Creo que la frase que ha empleado ha sido: La justicia es cosa de todos. Me parece un magnífico lema.

El Grupo Parlamentario Popular se alegra de ese carácter de prioridad fundamental que a los problemas de la Justicia le ha querido otorgar el nuevo Gobierno, porque lo cierto es que la Justicia es una necesidad del Estado de derecho, pero es que además en este momento su modificación, su actualización, su modernización es una cuestión realmente inaplazable. Nuestro modelo judicial se mire como se mire, se haga lo que se haga y se corrija lo que se quiera se encuentra prácticamente agotado. Quiero alabar también la celeridad con la que se ha realizado esta comparecencia por su parte porque, como sabemos, ayer compareció la señora vicepresidenta pero esta va a ser la primera de un ministro y me consta que no ha sido ajena a esta circunstancia su decisión y su voluntad. Nuestra voluntad es aprovechar la política de puertas abiertas y de mano tendida que nos ha anunciado porque compartimos que el que tiene que ser beneficiado de esta política es precisamente el ciudadano, con la esperanza de que ayude también al máximo a que mejore la percepción de la justicia ya que, como han indicado ya anteriores portavoces, en la última legislatura realmente esa confianza se ha visto muy deteriorada.

Se ha hecho referencia a algunas estadísticas. Voy a citar únicamente y de una forma muy resumida un barómetro que ha sido publicado por el Consejo General de la Abogacía Española que determina cuál es la opinión sobre la imagen de la justicia, que es muy reciente y en el que desgraciadamente la justicia suspende para la mayoría de los españoles. Se considera que funciona mal y que lleva haciéndolo años; que da una imagen anticuada, que es lenta, que es mejor a veces no acudir a la justicia; que su lenguaje y sus procedimientos son muy complejos, que no se entienden bien por el ciudadano medio; que no sirve para nada que te den la razón porque la sentencia se convierte en muchísimas ocasiones en papel mojado, porque o bien no se ejecutan o cuando se cumplen se hacen tarde y mal; también consideran los ciudadanos que los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo suficiente al estudio de cada caso individual y que también a la hora de dictar sentencia -y creo que es muy importante para algunas de las cuestiones que aquí se han tratado- en muchos casos no se actúa con total independencia. En definitiva, que tal y como están las cosas, la justicia necesita en opinión de la ciudadanía una reforma urgente y profunda y este es el diagnóstico que a todos los que estamos aquí nos debería interesar. Este es el mejor diagnóstico y al que más deberíamos prestar atención porque la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en la justicia es un elemento decisivo.

Con este panorama nos ha presentado usted su proyecto para los próximos cuatro años de modernización, de regeneración de la justicia, su hoja de ruta que es coincidente en gran parte con el programa electoral y con aquello que manifestó ya el señor presidente del Gobierno en su discurso de investidura, de manera que tampoco entiendo la sorpresa que hayan podido causar algunas de estas propuestas y manifestaciones. Habrá propuestas que gustarán más y propuestas que gustarán menos, incluso a algún portavoz no le gusta nada alguna propuesta. En todo caso, lo que está claro es que usted es el Gobierno, tiene que tomar decisiones y la ciudadanía así se lo está exigiendo. Nuestro grupo comparte esa oferta de pacto, puesto que para que esas medidas sean realmente eficaces, para que se alivie el enorme atasco que está padeciendo la Administración de Justicia, lo deseable es que se concreten y sean fruto del debate entre los operadores jurídicos y las administraciones públicas. El planteamiento que usted nos ha hecho es amplio y generoso. Esperemos que tenga el fruto deseado, aunque no ignoramos las dificultades. A este respecto, señor ministro, confiamos en su empuje personal, en su experiencia, en su capacidad como gestor público y, por supuesto, en su excelente formación jurídica para que todos podamos llevar esta justicia del siglo XIX en la que nos encontramos a la justicia del siglo XXI, que es la que la sociedad está demandando.

Hoy aquí se ha planteado un ramillete de cuestiones, que con gran sinceridad han ido exponiendo los distintos portavoces, que no podemos ignorar y que consideramos perfectamente legítimas. Sin embargo, sería más interesante variar la estrategia y apuntar aquellas cuestiones en las que podemos tener puntos de encuentro. Nos


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parece más que razonable que uno de esos puntos de encuentro sea precisamente la propuesta y el compromiso para mejorar la selección, la formación y el acceso a la carrera judicial, siempre, como bien ha indicado, con el principio de preservar la independencia y la imparcialidad. Igualmente, modificar los requisitos del procedimiento de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para que no vuelva a haber dilaciones indebidas y su deseo de abordar de inmediato la renovación pendiente en diálogo permanente con la oposición. Que los jueces y magistrados sean quienes se encarguen de elegir la mayor parte, el grueso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial nos parece igualmente una magnífica decisión. No podemos dejar a un lado que uno de los reproches que en los últimos tiempos se ha hecho con más frecuencia a la justicia ha sido precisamente el de su politización, y en nuestra mano está que la Administración de Justicia permanezca lo más alejada posible de la batalla y de la confrontación política. No nos parece adecuado presentar, como ha hecho algún portavoz, una situación apocalíptica únicamente por que el ministro ha dicho que se busca acabar con la lucha partidista en este órgano. Lo que sí nos parece una auténtica perversión es invocar la soberanía popular e incluso a la misma Constitución para impedir una reforma que permita la verdadera independencia de los tres poderes del Estado, porque la independencia sí que tiene que ver con la composición del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, mi grupo entiende perfectamente que haya polémica en la elección tanto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, y lo entendemos porque a la partitocracia le resulta muy difícil devolver aquellos ámbitos de poder que ha conseguido, y es lógico que así sea sobre todo en aquellos grupos políticos que tienen menos espacio de poder o aquellos que lo han perdido. Lo entendemos perfectamente. Pero aun entendiendo que existe una gran dificultad en asunto tan controvertido, me gustaría insistir en que tenemos que intentar ver si nos ponemos de acuerdo en temas que al menos sean relevantes, temas importantes. Si cada uno sustrae una serie de elementos que considera intocables, al final no podremos pactar nada, y de las manifestaciones de algunos de lo portavoces se podría desprender que, si bien al Gobierno le interesan los pactos de Estado en los temas importantes, en esos temas la oposición no los quiere para ser libre, para seguir criticando al Ejecutivo. Pues bien, esta oferta que nos hace el Gobierno de consenso no significa que el Gobierno deje de gobernar. Tampoco ha dicho el señor ministro que la oposición vaya a dejar de hacer oposición con este intento de conciliación, de acercamiento de posturas. Lo único que sería exigible es que hiciéramos un cierto esfuerzo, una gimnasia, para poder determinar qué asuntos deben ser objeto del control parlamentario cotidiano, es decir, aquel en el que la oposición fundamentalmente va a realizar su tarea de deterioro o de erosión del Gobierno, y qué temas vamos a sustraer de esa agenda cotidiana para tratar de llegar a pactos. Desde el Grupo Popular entendemos que en muchas de las materias, en muchas de las propuestas que ha hecho el señor ministro, tenemos que intentar abordar estos pactos. Entiendo -y nos alegramos de que lo haya planteado- que es urgente un plan de calidad y coordinación normativa para el conjunto del Estado que acabe con lo que en los últimos tiempos se ha convertido en un auténtico onanismo legislativo de normas, de textos cada vez más complejos, más confusos, de reformas y contrarreformas, que basta con la apreciación visual del Boletín Oficial del Estado para que nos demos cuenta de que genera un torbellino de confusión en todos los operadores jurídicos. Tiene nuestro boletín una amplia descendencia que no puede ser sana ni puede estar bien atendida. Por eso, es vital para la salud del Estado de derecho -como bien ha señalado el ministro-, para mejorar la seguridad jurídica, que haya un marco normativo claro, con menos y mejores leyes.

Otros puntos que se han tratado en esta comparecencia tendrían que ser también objeto de consenso, como la creación del estatuto de la víctima, respecto del cual sí se debe apuntar el tanto el señor ministro, puesto que efectivamente en la trasposición de la directiva europea estamos hablando del año 2001 y estamos ya en el año 2012. Ese estatuto de la víctima recogerá una serie de derechos -medios para la información, protección jurídica, social y psicológica- y no significa más que nuestro Estado de derecho sea más sensible con la víctima y que esta se sienta mejor atendida. Es deseable que todos apoyemos esa medida, como la adecuada informatización de los tribunales, como la ley de arbitraje que contribuya a solucionar extrajudicialmente los conflictos y que, por tanto, disminuya la carga de trabajo que asumen los juzgados. La simplificación de los procedimientos, la introducción de los juicios rápidos también en la jurisdicción civil, la reforma del recurso de amparo y recurso previo de inconstitucionalidad o el desarrollo de la nueva oficina judicial, insisto, entre otras muchas, son medidas que deberían ser bien acogidas si nuestro reto, el de todos, es conseguir que la justicia funcione adecuadamente, pues son instrumentos eficaces -y creo que todos estamos de acuerdo en ello- que pueden contribuir a solucionar la endémica lentitud de nuestra administración, impulsando la necesaria agilización procesal. Con ello también recuperaríamos la confianza de los ciudadanos.

Se ha dicho y se ha apoyado la necesidad de abordar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, fundamental tras siglo y medio de reformas parciales. Lógicamente, el proceso penal español merece una nueva ley que aborde, en pleno siglo XXI, un nuevo sistema tanto para abordar las cuestiones técnicas que plantea la nueva investigación como la tramitación de las causas penales. Por ello, estamos de acuerdo con la necesidad de esta reforma a todas luces fundamental, al igual que otro tipo de normas que se han anunciado, como la ley orgánica


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del Poder Judicial, la ley de demarcación y planta, el código mercantil, etcétera.

No voy a pronunciarme en nombre de mi grupo sobre todas las cuestiones de detalle que han ido surgiendo, pues cada grupo ha incidido lógicamente en aquellos temas o puntos que consideran de atención prioritaria. Sin embargo, sí quería hacer referencia al punto que ha tratado el señor Villarrubia sobre el plan de modernización de la justicia, supongo que también invocando que no se apuntara el tanto el señor ministro, y le ha recomendado que lo tome como libro de cabecera. Yo le recomendaría al señor portavoz que, cuando pueda, abra ese plan por el capítulo de objetivos marcados para el periodo 2009-2012 y se podrá llevar la gran sorpresa de que la mayor parte de esos objetivos han fracasado (El señor Villarrubia Mediavilla: Eso no es verdad.)

En relación con el tema de las tasas, que parece que ha sido un tema que ha suscitado un cierto debate, una cierta polémica, me gustaría aclarar que el señor ministro no ha hablado en ningún momento de copago. Lo digo porque las informaciones que están apareciendo en todos los medios de comunicación las titulan con el copago judicial. En ningún momento ha hablado de copago. Ha hablado de exceso de litigiosidad -y no le falta razón- y de que es necesario adaptar una serie de medidas para evitar pleitos injustificados.(Rumores.) El señor ministro ha señalado que nadie va a ver limitado su acceso a la justicia, y eso ha sido una declaración con la que ha comenzado su intervención. Lo que no podemos permitir es que tengamos un alargamiento innecesario de pleitos y que además se esté utilizando la vía de los recursos de una forma realmente abusiva en algunos casos. También es una fórmula de colaboración con los costes judiciales, que en los momentos en que nos encontramos son absolutamente fundamentales. (El señor Llamazares Trigo: Eso es copago.) En este sentido, estudiar la implantación de una tasa de la que estará exenta la jurisdicción penal, así como las personas sin recursos, creo que es un tema que ha quedado suficientemente claro. Es una cuestión que merece ser estudiada y por parte de nuestro grupo cuenta con todo nuestro apoyo.

A estas alturas, respecto a otras cuestiones que han podido surgir, hay poco más que añadir, salvo el lógico acuse de recibo o aquellas aclaraciones que el señor ministro nos quiera ofrecer a continuación. En todo caso, me gustaría que no nos olvidemos que la idea principal que subyace en su amplia comparencia es que de la modernización de la Administración de Justicia dependerá la imagen de nuestro país; la imagen de eficacia y de que seamos un país riguroso y avanzado, y eso también es una cuestión de Estado. Estamos ante un objetivo y una oportunidad histórica -creo que todos lo compartimos- por una razón, y es que nos encontramos en un momento crítico. Por ello, los miembros de esta Comisión, todos los agentes, los protagonistas del mundo de la justicia, tenemos ante nosotros este reto y hemos de abordarlo sin ninguna mezquindad, que yo entiendo que no ha existido en las palabras de ninguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Pero no es el momento de que nos perdamos en pequeños detalles, no es el momento de que nos recordemos, los unos a los otros, otros tiempos, otras actuaciones a las que se han podido llegar; es el momento de que abordemos el futuro. Tenemos que hablar de modernización, de diálogo, y sobre todo tenemos que hablar de los ciudadanos. Creo que tenemos una magnífica posibilidad y además contamos con el foro para hacerlo.

No quiero alargarme más, señor ministro. Cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para llevar a buen término su apuesta por la regeneración, por la modernización de la justicia en España. Entendemos que es también la modernización de la sociedad española y del país. Intentaremos colaborar al máximo, intentaremos estorbar lo mínimo, que también tiene su mérito en ocasiones, y a ver si entre todos vamos haciendo confluir soluciones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de portavoces tiene nuevamente la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Quiero que no sepa a protocolario que manifieste mi agradecimiento sincero a las felicitaciones y a los buenos deseos que me han dedicado todos los señores portavoces. Se lo agradezco de verdad. Necesitaré su concurso, necesitaré su apoyo, y el hecho de que por encima de las discrepancias hayan realizado ustedes esa predisposición de colaboración y de diálogo, respondiendo a lo que ha ofrecido este ministro, creo que es extraordinariamente positivo. Algunos nos conocemos desde hace ya muchos años. Es verdad que el señor Villarrubia y yo coincidimos hace más de treinta años en los recuentos electorales de Palencia, aunque él no me pronosticó nunca -a diferencia del señor Olabarría, que sí lo hizo cuando coincidimos en Ciudad de México- que algún día ocuparía la cartera de Justicia. Lo que sí es evidente es que cada uno, con nuestras respectivas ideas y nuestros respectivos proyectos, con nuestras militancias en nuestras formaciones políticas, llevamos muchos años defendiendo aquello que pensamos desde nuestra perspectiva que es mejor para los ciudadanos y, en definitiva, lo mejor para España. Creo que ese es un punto de conexión que tiene que ponerse por encima de cualquier otro tipo de diferencia.

Quiero dejar claro -lo he intentado en mi primera intervención, pero creo que conviene insistir en ello- el reconocimiento que yo he hecho en reiteradas ocasiones durante mi intervención a la gestión realizada por equipos anteriores, a los avances que se han realizado y, sobre todo, a los acuerdos y consensos que en esta Cámara se han alcanzado. Por supuesto que los considero importantes. Pero déjenme que me quede con algo que ha dicho el señor Llamazares y que me ha llamado poderosamente la atención. Él decía que había repasado las comparecencias de los ministros cuando habían


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tomado posesión y todos presentaban un impulso de cara a la regeneración y a la reforma de la justicia que en buena parte puede coincidir -también lo decía el señor Villarrubia- con algo de lo que se ha expuesto esta mañana. Déjenme que enlace con esos informes o evaluaciones que tanto el Consejo General de la Abogacía -que nos decía el señor Castillo- como el que el señor Olabarría hacía en su intervención, constatan que al final la percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento de la Administración de Justicia no se ha correspondido con esos deseos de regeneración que todos los que han tenido ocasión de gobernar, han tenido ocasión de ser titulares del Ministerio de Justicia, habían planteado. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Si constatamos que tenemos un déficit importante en cuanto a la eficacia en la prestación de servicio y que ese déficit es apreciado por los ciudadanos, por qué, incluso cuando se han alcanzado consensos importantes como los que ha habido en esta Cámara, no hemos podido igualar la percepción que los españoles tienen de otra serie de servicios públicos prestados por otros organismos que sí alcanzan ese grado de satisfacción. Ahí es donde creo que tienen que entender sus señorías que por encima de cualquier comodidad política yo he llegado, por supuesto con el apoyo de mi Gobierno, a la conclusión de que la reforma tiene que ser estructural y profunda. Estoy de acuerdo en que son pocas las ocasiones en las que se deben abordar reformas de legislaciones importantes, sobre todo de la legislación orgánica, pero estoy más de acuerdo todavía en que lo peor que podríamos hacer en este momento es no abordar esas reformas legislativas, esas reformas estructurales que necesita la Administración de Justicia.

Les he expuesto a sus señorías lo que es un programa de Gobierno que tiene sin duda ninguna una voluntad de transformación. Así es como siempre he entendido la política. No creo que tomar posesión de un cargo sea la meta de nada, es un punto de partida, y el único objetivo que justifica ocupar una responsabilidad de esta naturaleza es transformar la realidad para mejorarla, y la transformación de la realidad en la Administración de Justicia en España es una asignatura pendiente. Digo esto porque no esperen ustedes que yo me vaya a quedar en la complacencia cómoda. Buscaré todos los acuerdos y todos los consensos con ustedes y con todos los actores que intervienen en la Administración de Justicia externos a la representación de esta Cámara, pero no tengan absolutamente ninguna duda de que por encima de cualquier otra consideración está cumplir el mandato que hemos recibido de los españoles, y ese mandato nos dice rotundamente que tenemos que transformar la Administración de Justicia en España.

Tiene usted razón, señor Villarrubia, en lo referente a la evolución presupuestaria que ha tenido el Ministerio de Justicia, pero quizá todos nos deberíamos preguntar alguna vez por qué ningún Gobierno, ni los suyos ni los nuestros, han superado nunca el uno por ciento del presupuesto destinado a la Administración de Justicia. Esa es una realidad para la que, evidentemente en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, tenemos que buscar soluciones que no van a pasar única y exclusivamente por un aumento de la dotación presupuestaria. Tenemos unas limitaciones que nos afectan a todos. Protestaba usted contra el acuerdo de no disponibilidad cuando yo pensaba que iba a ser de las pocas cosas por las que me iba a felicitar, porque de todos los ministerios, el que ha tenido una reducción presupuestaria menor ha sido precisamente este, el Ministerio de Justicia, lo cual significa que el Gobierno, con el presidente a su cabeza, ha sido sensible a la necesidad que tenemos nosotros de dotación presupuestaria.

Me van a permitir que siga el orden cronológico de las intervenciones, pero entrando en materias que, lógicamente por haber sido coincidentes de todos los señores portavoces, afectan a todos y cada uno de ellos, empezando probablemente por la más importante de ellas, que es la anunciada reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Déjenme que les plantee desde mi modesto punto de vista que en algunas intervenciones se ha producido una confusión importante entre lo que significa el ejercicio de la función jurisdiccional y lo que es el gobierno de los jueces, que son dos materias radicalmente distintas. Se nos ha invocado, incluso con tacha de constitucionalidad, señor Olabarría, una propuesta de reforma, cuya mejor definición, mucho mejor que la que ha podido hacer este ministro, la ha hecho el señor Villarrubia, porque él -cito de memoria, pero está en el "Diario de Sesiones"- ha dicho: Señor ministro, esto no es una reforma, es una contrarreforma. Una contrarreforma significa volver al sistema original, volver al sistema anterior. Si algo tuvo dudas de constitucionalidad, que yo ya no las tengo porque en esto como en todo estaré siempre a lo que digan las sentencias del Tribunal Constitucional, no es la forma inicial que tuvo el legislador de interpretar el artículo 122.3 de nuestra Constitución, sino la modificación del mismo, que con el objetivo rotundo -y ahora entraré en ello- de que hubiese una mayor presencia política en el gobierno de los jueces hizo esta Cámara en su momento.

En el artículo 122 el legislador inicial interpretó que el constituyente quería decir lo que de la primera lectura del mismo se deduce cuando afirma en su punto 3º que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos -dice la Constitución-, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca una ley orgánica. La discusión que se planteó es si cuando dice de entre jueces y magistrados, tenían que ser también elegidos por jueces y magistrados. Nuestra tesis era que estábamos obligados a hacerlo; en todo caso, se presentó ese recurso de inconstitucionalidad -tengo que decir además, y perdón por las referencias personales, que quien lo presentó en nombre de esta Cámara fue José


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María Ruiz-Gallardón- y dicho recurso no fue estimado. Significa eso que el sistema que hasta ahora estaba vigente es válido, sin duda alguna, pero no se nos puede decir que el sistema original no responda de ninguna de las maneras a la Constitución. (El señor Villarrubia Mediavilla hace gestos negativos.) Usted no lo ha dicho, señor Villarrubia; el señor Olabarría, sí.

Quiero dejar muy claro que cuando dice a continuación el mismo artículo 122.3 de la Constitución que además de esos doce entre jueces y magistrados en los términos que establezca una ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, y establece el mecanismo de elección -elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre sus miembros- es fácil deducir a partir de una lectura por parte de cualquiera de los que estamos aquí que si establece un mecanismo de elección reservado al Congreso y al Senado para ocho de sus miembros es porque el constituyente estaba pensando que los otros doce habrían de tener un mecanismo de elección distinto y alternativo. Es así como se interpretó en primer lugar la Constitución y es así como en este caso el Partido Popular, respondiendo a un compromiso electoral, lo vuelve a hacer.

Dicen ustedes que ayer la vicepresidenta del Gobierno lo dijo en el último minuto, probablemente en razón sencillamente de que es una propuesta que donde tenía que ser analizada en profundidad, estudiada y debatida es aquí, en la Comisión de Justicia. En todo caso, como ha dicho con enorme acierto el portavoz del Grupo Popular, lo que me sorprende es que ustedes se sorprendan, porque evidentemente era un punto nuclear de nuestro programa electoral. Me sorprende que algunas de las iniciativas que aquí he manifestado hayan causado asombro entre los señores portavoces. No que hayan causado rechazo -el rechazo lo entiendo perfectamente-, pero sí que hayan causado asombro, porque como no puedo de ninguna de las maneras llegar a la conclusión de que ustedes no han tenido interés en leerse el programa del partido que ha resultado mayoritariamente aprobado por los ciudadanos (El señor Villarrubia Mediavilla: Poco.), a la única conclusión que llego es que ustedes tienen interiorizado ese discurso político que nació en las filas socialistas en boca de alguien a cuya memoria por otro lado tengo un profundo respeto y de quien tuve el inmenso honor de trabajar cerca de él, don Enrique Tierno Galván, cuando afirmó aquello de que los programas electorales están para no cumplirlos. Pues bien, los programas electorales del Partido Popular, señoras y señores diputados, están para cumplirlos. (El señor Llamazares Trigo: Los impuestos también.) Por tanto, su sorpresa no tendría que haber sido tal si sencillamente hubiesen tenido el ejercicio de lectura de lo que en estos momentos constituye -lo hemos dicho en muchas ocasiones- un contrato para este Gobierno, porque no hemos pedido un cheque en blanco ni un apoyo incondicional; hemos pedido un apoyo condicionado a realizar aquello que tenemos comprometido en nuestra legislación. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben.)

Haré alguna reflexión con relación a la intervención del señor Villarrubia, porque en la misma -también en la de algún otro portavoz- se venía a deducir que tenemos un deterioro en la calidad democrática como consecuencia de que van a ser los propios jueces y magistrados los que elijan una parte sustancial de su gobierno en lugar de esta Cámara, invocando -lo cual por otra parte es cierto- que es, junto con el Senado, la representante de la soberanía popular. A propósito de esto, me pregunto: ¿qué creen ustedes que es un juez democrático? ¿Cuándo un juez es democrático? ¿Cuando es elegido directamente por los ciudadanos? No. El carácter democrático de un juez en un organismo jurisdiccional no lo marca su sistema de elección. Un juez es democrático cuando en su función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no hace cosa distinta más que aplicar la ley que democráticamente ha sido aprobada por los ciudadanos en Cortes Generales. Ese es un juez democrático. (Aplausos.)

Por tanto, yo no calificaría de democrático a un juez que, habiendo sido elegido por los ciudadanos o por un órgano de gobierno, plantease luego un uso alternativo del derecho, por poner un ejemplo, es decir, que no se atuviese al mandato que los ciudadanos dan al legislador, que somos nosotros, que es esta Cámara. Sin embargo, un juez, sea cual sea el sistema de acceso a la judicatura o el sistema de acceso al gobierno de los propios jueces (El señor Villarrubia Mediavilla: Eso es otra cosa.) que, sin embargo, en su función jurisdiccional se atiene estrictamente a la aplicación de la ley, ese sí que es un juez que podemos calificar de democrático en un Estado de derecho.

El señor Llamazares, al final de su intervención -luego volveré-, en el tono de humor y de inteligente ironía con el que suele caracterizarse, decía: bueno, ahora lo que vamos a pedir nosotros es que los médicos seamos los que tengamos -no sé qué expresión ha utilizado- la capacidad de decisión en política de sanidad. Pues yo le voy a decir una cosa, señor Llamazares, con toda sinceridad, en la dirección política del ministerio no, pero a mi no solamente no me preocuparía sino que me gustaría mucho que, si algún día tengo que ser sometido a una operación de cirugía cardiovascular, no hubiese sido un órgano político el que hubiese elegido al cirujano, sino que sea elegido precisamente por la selección de los propios médicos, que probablemente sabrán quién es el más adecuado para cumplir esa función. (Aplausos.-Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Bromas aparte -perdóneme, usted la inició y yo modestamente la he continuado-, les tengo que decir que seamos plenamente conscientes, de verdad.


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Aquí se ha hecho alguna crítica que yo asumo en la responsabilidad que como militante del Partido Popular tengo, y es que probablemente no hemos sabido en anteriores legislaturas estar a la altura de la ocasión que se nos manifestaba para evitar esa imagen de politización, y yo he sido el primero que he solicitado a esta Cámara que ese reparto en función de las cuotas se aleje ya -y ojalá que sea para siempre- de la imagen de la Administración de Justicia, porque no solamente la compromete sino que la contamina. Dicho esto, tengo que añadir que la propuesta que nosotros hacemos ahora mismo es perfectamente aplicable a dar respuesta a ese déficit de funcionamiento en el que incluso asumo la responsabilidad que nosotros también hemos podido tener. No tengo absolutamente ninguna duda de que los ciudadanos, cuando sepan que se cumple la Constitución en el sentido de dejar que doce de los veinte miembros del consejo sean elegidos entre jueces y magistrados mediante un procedimiento democrático interno entre ellos, van a tener mucha más confianza en la Administración de Justicia. Y si a eso sumásemos -yo he propuesto que lo hagamos- que los ocho que nosotros constitucionalmente tenemos que designar además no estén tachados de un mandato partidario, de tal forma que los medios de comunicación -y no se lo reprocho; constato que lo hacen-, cuando relatan sus decisiones, inmediatamente invocan su origen de nombramiento para identificar si tiene carácter progresista o carácter conservador, si consiguiésemos ese objetivo, les puedo asegurar que habríamos dado un paso de gigante en la despolitización de la Administración de Justicia.

El señor Villarrubia me hace algunas afirmaciones que, con todo respeto, le tengo que decir que no puedo compartir. Me dice: Señor ministro, está muy bien que venga usted aquí a garantizar la independencia, la autonomía funcional, tal y como está en el 124 de la Constitución, del ministerio fiscal, pero esas palabras sobraban porque eso ya lo hemos introducido nosotros en la ley. Señor Villarrubia, no es mi intención -y menos en una comparecencia como la que tenemos que hacer los ministros para dar cuenta de nuestra actuación de legislatura- entrar en polémicas de pasado, pero en este caso usted me obliga a ello. Déjeme que le diga -porque a veces las definiciones en negativo también tienen un valor descriptivo- que si su modelo de autonomía e independencia del fiscal general es el que ha regido España durante la última legislatura, rotundamente lo rechazo, rotundamente. (Aplausos.) Y no me puede usted decir, de verdad, que los proyectos de ley que remite el Gobierno garantizan esa autonomía del ministerio fiscal cuando -valga la cita en este caso- se demuestra que quien hace la ley también es capaz de hacer la trampa. Porque es verdad que cuando ustedes remitieron el proyecto de reforma del estatuto orgánico era un proyecto que podía haber sido objeto de consideración y valoración positiva por parte de todos aquellos que creemos de verdad en la autonomía del ministerio fiscal, pero qué ocurre cuando en el trámite de enmiendas -y ni siquiera aquí, señorías, no en el Congreso sino en el Senado en el último momento- lo que se hace es arrebatar al Consejo Fiscal todas las capacidades que tenía en materia de ascensos, nombramiento, plantilla, como se hizo por una enmienda presentada por el Partido Socialista. Esa es la realidad y, por tanto, la ley de modificación, la Ley 24/2007, de 9 de octubre, al final dejaba un Consejo Fiscal mermado completamente en esa obligatoriedad que tiene -y conveniencia, a mi juicio- de acompañar al fiscal general del Estado en el ejercicio de sus funciones. Por eso le digo que nosotros ese modelo no lo vamos a seguir, y que van a ser el mérito y la capacidad los criterios que primen a la hora de evaluar los nombramientos y ascensos, y -lo anuncio también- corresponderá al consejo decidir e informar sobre los mismos. Ese es el modelo del ministerio fiscal, pero no quiero extenderme más porque sobre esto evidentemente tendrán ustedes ocasión de profundizar esta misma tarde.

Me ha hecho usted una serie de consideraciones con relación al organigrama. Todos los ministerios hemos suprimido direcciones generales y nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar en la secretaría precisamente la propia dirección. (El señor Villarrubia Mediavilla: No, la suprimen; la suprimen.) Creo que es un magnífico ejemplo de cómo reduciendo el peso de la Administración podemos mantener exactamente la misma eficiencia. Y en cuanto al tema de los consejos autonómicos, que lo apuntó, porque, señor Olabarría -que seguro que después de irse volverá otra vez a esta sala (Risas.); hasta que usted vuelva no tenga duda de que no lo haré-, es un tema en profundidad que contestaré también, así como a la representante de Convergència i Unió, porque lo han señalado de forma importante.

Sí ha calificado lo anunciado ayer por la vicepresidenta del Gobierno en relación con la reforma del Código Penal como una ocurrencia, y con toda sinceridad creo que es una afirmación injusta. Además ha hecho una pregunta que yo voy a intentar contestarle, aunque después se tramitará la ley correspondiente, de cuándo el Código Penal ha dejado de castigar esas conductas poco más o menos (El señor Villarrubia Mediavilla: Las más graves.), diciendo que la regulación actual es suficiente. Yo le tengo que decir con toda sinceridad que no, con toda sinceridad que no. Yo creo que sí es necesario lo que anunció ayer la vicepresidenta, una ley que será orgánica naturalmente, complementaria del buen gobierno, que modifique el Código Penal para tipificar como delitos las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos (El señor Villarrubia Mediavilla: Eso es.) ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos con los criterios de intencionalidad para graves negligencias en el ejercicio de sus funciones y por supuesto siempre que se produzca un quebranto de la Hacienda pública o un claro perjuicio de los servicios que financia. Y me decía usted: ¿qué conductas pueden ser esas? Pues mire, le voy a decir una que poco o nada tiene que ver con los ejemplos que aquí se han puesto, pero yo sí creo que


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todos aquellos que contraigan compromisos de gastos o asuman obligaciones que no tengan crédito suficiente para su financiación deben tener una responsabilidad no solamente contable, sino una responsabilidad penal (El señor Villarrubia Mediavilla: Ya la tienen.) No, no la tienen a día de hoy. Un gobernante que no tenga una partida que autorice una disposición de gasto y que ordene ese gasto -nada tiene que ver esto con ninguna de las cosas que se han hablado aquí-, con toda sinceridad creo que tiene que tener una responsabilidad penal. (El señor Llamazares Trigo: ¿Y los interventores?) Señor Llamazares, eso en estos momentos exige responsabilidad contable... (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Pero bueno!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez):.y eso es lo que hace que en muchas administraciones públicas hayan aparecido las famosas facturas escondidas en cajones (Un señor diputado: La Comunidad valenciana.), es decir, órdenes de gasto que se dieron sin que hubiese crédito ninguno que las soportase. (Rumores.) Ahí sí creo que tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad importante.

Señor Llamazares, creo que le he contestado a su preocupación con relación al Consejo General del Poder Judicial. Le voy a dar solamente respuesta a dos asuntos que me ha referido. Dice que me he preocupado mucho por cómo afecta la administración de la justicia a las empresas y poco por cómo afecta a lo social, y ha hecho un relato muy crítico de cómo está la justicia en estos momentos en las salas y las secciones de lo Social. Tengo que decirle que de todo relato crítico que haga evidentemente mi obligación es tomar muy buena nota para corregirlo, entiendo que usted no lo puede hacer como una crítica a este Gobierno que acaba de tomar posesión. Pero tengo los datos aquí y se los quiero dar, solamente los tengo en relación con el Tribunal Supremo y también con los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, pero creo que son descriptivos. En relación con los asuntos del año 2010 en el Supremo ingresaron 5.094 asuntos y fueron resueltos 5.427, es decir, que tenemos un porcentaje resuelto sobre el ingresado del 106,56 por ciento. Bueno, este es un porcentaje que le puedo asegurar que no es ni muchísimo menos el más alto, y menos de asuntos pendientes. Tiene usted razón en que quedan 4.066 asuntos pendientes en las salas y secciones de lo Social en el Tribunal Supremo, que evidentemente no le voy a decir con relación a lo militar que no es significativo, pero que está en el orden de lo que en estos momentos ocurre en lo civil, y muy lejos desgraciadamente de donde tenemos el principal atasco, que es en lo contencioso-administrativo, donde el número de asuntos pendientes es de 14.070. Cifras semejantes se las podría dar en relación con los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, con algún desfase a favor de su tesis, tengo que decirlo, en esta última donde no es que existan muchos asuntos atascados, pero sí es verdad que el porcentaje entre asuntos ingresados y asuntos resueltos varía.

Con todo, le quiero decir que cuando yo hablo de una justicia que se convierta en un factor de competitividad en quien estoy pensando fundamentalmente es en aquellas personas que, gracias a la competitividad del país, van a salir de las listas del paro y van a encontrar un puesto de trabajo. Cuando usted dice: usted quiere hacer una justicia para las empresas, le digo que no, que yo lo que quiero hacer es una justicia para que las empresas puedan contratar trabajadores, porque desde luego demonizar a la empresa y que la empresa no tenga una seguridad jurídica que le permita ser operativa y competitiva, objetivo prioritario de toda la acción de gobierno, que no es otro distinto que la generación de empleo, a mí me parece que es completamente imposible.

Una reflexión sobre un tema que se ha apuntado antes, pero que ha sido fundamentalmente el señor Llamazares quien lo ha introducido, y es el referido a la prisión permanente. Empiezo por decir que ustedes están utilizando la expresión de cadena perpetua. (Rumores.) Cuando nosotros hablamos de prisión permanente revisable son conceptos incompatibles. Lo perpetuo no es revisable; no es revisable. Eso es así, salvo que hagamos nuestra la frase del poeta que decía que el amor es eterno mientras dura. ¡Claro! Bueno, pues estamos en lo mismo. (Rumores.) Lo perpetuo, señorías, no es revisable. ¿Qué significa el concepto de prisión permanente revisable? Como he dicho antes, es contradictorio con la cadena perpetua porque precisamente la revisión es lo que garantiza directamente no solamente su constitucionalidad, sino el objetivo que está buscando. Se configura como una pena distinta. No es una prolongación de las penas privativas de libertad. Es excepcional, se aplicará en supuestos muy restringidos, en aquellos supuestos que hayan alcanzado un grado máximo de reprochabilidad social. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es precisamente esa: las penas tienen que estar orientadas hacia la rehabilitación del reo y hacia su reinserción social.

Si nosotros establecemos una pena con una duración de tiempo como es el sistema general de penas en nuestro Código Penal, el cumplimiento de ese tiempo, aunque no se haya producido la rehabilitación del reo y aunque no se haya producido la reinserción social, exige que acabe la condena. La prisión permanente revisable lo que hace es condicionar la duración precisamente a que se produzca esa rehabilitación, y por tanto el reo tiene que participar de una forma activa para acreditar su condición de rehabilitado socialmente, para de esa forma poner fin a la condena, con unos límites que naturalmente garanticen el cumplimiento que está establecido en la Constitución. Es decir, no sé si el señor Olabarría lo decía de una forma o de otra, pero es variar el enfoque, es variar precisamente para que sea la rehabilitación la que determine la finalización de la prisión permanente, y no el estricto cumplimiento de unos años, que sumados


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los beneficios penitenciarios que en estos momentos existen saben ustedes que ha provocado la puesta en libertad de personas que rotundamente, no solamente no estaban ni arrepentidas de sus delitos ni rehabilitadas, sino que además era más que previsible, como luego ocurrió, que volviesen a delinquir cuando abandonasen los establecimientos penitenciarios. Ese es el sistema que está vigente en muchos países de la Unión Europea. Es el sistema de Italia, con una revisión a los veintiséis años; en Grecia, con una revisión algo mayor; en Francia, con un proceso que se inicia a los quince años, y podía seguir dándoles derecho comparado. Pero que les quede a ustedes claro que de cadena perpetua nada. Estamos hablando de una prisión cuya finalización no se condiciona a que transcurra automáticamente un número de años, sino a que se produzca precisamente lo que quiere el legislador constituyente, es decir, la rehabilitación y consecuentemente su reinserción social. Este es el modelo que tampoco entiendo, insisto, cómo les preocupa porque también estaba en nuestro programa electoral.

Vamos a ver, señor Llamazares, usted dice que tenemos una mirada de poder. Con toda sinceridad, no, pero tenemos que dar respuesta a los problemas que ha habido. Por tanto nuestra mirada tiene que ser lógicamente hacia los órganos que ejercen el poder, que ejercen responsabilidad como usted nos mira a nosotros, Gobierno de la nación, porque nosotros estamos ejerciendo directamente esa responsabilidad.

La opinión de los ciudadanos no es una opinión positiva, se ha informado aquí por distintos portavoces, y creo que eso a todos nos obliga directamente a actuar. No tenga usted ninguna duda de que cualquier supuesto de corrupción, cualquier supuesto de mala utilización, de beneficio propio de los fondos públicos tiene absolutamente todo el reproche de este ministro, de este Gobierno, y si no me desautoriza -que sé que no lo hará- nuestro portavoz, de nuestro grupo parlamentario. Estoy absolutamente convencido de que en ese espacio nos vamos a encontrar, y le puedo asegurar que una de las claves para que no solamente tengan castigo aquellos que se han corrompido, sino que evitemos que nadie tenga la tentación de hacerlo cuando asuma una responsabilidad pública, es que tengamos una justicia ágil, eficaz, transparente, y que sea capaz de cortar ese tipo de conductas que son absolutamente reprochables en todos los sentidos.

Ha introducido usted el debate -y voy a entrar en ello- en relación con el tema de las tasas. Empiezo por decir que las tasas constituyen un sistema de financiación de la justicia que en estos momentos existe, existe desde hace muchísimos años y está vigente. Tengo los datos de las tasas que hay ahora vigentes, y tengo que decirle que con relación al año 2010 la recaudación -la tengo desglosada por comunidades autónomas- ha sido de 172 millones de euros, es decir, que 172 millones de euros del presupuesto dedicado a la Administración de Justicia nace directamente de un sistema de tasas. Por tanto no estamos inventando absolutamente nada nuevo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues mire, estamos avanzando en unos criterios que evidentemente ya fueron introducidos por el legislador, en concreto en los años 2009 y 2011, en las modificaciones que hubo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La tasa supone el pago de una contribución en dinero que los ciudadanos tienen que abonar por el uso de un servicio público. Esto es de sentido común, todo aquel que acude a ese servicio tiene que contribuir de alguna forma a mejorar la calidad del mismo. Es absolutamente razonable que no sea solamente con cargo a impuestos, sino que sea con carga a tasas, es decir, con cargo a los usuarios del servicio público como se financie la justicia en España, y es como se viene haciendo desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que todas las medidas que se han adoptado en aras de la modernización de la justicia han constatado el reducido coste económico que presenta para los litigantes la utilización del servicio público de la justicia. Eso ha supuesto muchas veces un consumo no racional del mismo, y ha producido también otro efecto, una devaluación, una desvaloración -si me permiten la expresión- por parte de los usuarios. Muchas veces la gratuidad desincentiva la búsqueda de soluciones negociadas o desincentiva la fórmula de otras formas menos costosas para el contribuyente -de muchas de las cuales he hablado en mi primera intervención- que podían ser alternativas, y en todo caso que podían ser previas a acudir a la Administración de Justicia. Ustedes legislaron en este sentido. A raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2011, el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso, es decir, que la parte vencedora puede reclamar a la vencida, aun tratándose de personas físicas o de pequeñas empresas. Tampoco sorprende lo que yo he mencionado en nuestro ordenamiento jurídico, porque ya en la modificación que se hizo en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2009, que es la que se hizo para implantar la oficina judicial, se creó la figura del depósito previo. El depósito previo es una figura que crean ustedes para recurrir. Por tanto ya se instala en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2009 un coste para los ciudadanos por recurrir, con afección -igual que yo he comprometido hoy- de los ingresos siempre para la modernización de la justicia. No nos estamos inventando nada, lo estamos revisando. ¿Pero qué es lo que he dicho yo? Que la revisión de las tasas no afectará a la primera instancia. El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva lo que tiene que hacer es no expulsar de la posibilidad de alcanzar ese derecho a cualquier ciudadano, pero sí hemos dicho que la revisión de tasas a aquellas personas que habiendo obtenido una resolución por parte del Poder Judicial a su conflicto con otros ciudadanos o con el Estado, que no se conformen con esa resolución y que por lo tanto soliciten a la Administración de Justicia una reconside


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ración, una revisión, ahí sí pensamos que es donde se puede introducir -nunca en la primera instancia, y por supuesto siempre con excepción de la jurisdicción penal, por lo que afecta a derechos fundamentales de la persona- un criterio de modificación en relación con las tasas. Es un criterio ecuánime, ponderado, que como aquí se decía, al margen de los efectos que tiene, lo que busca fundamentalmente es una corresponsabilidad del ciudadano, y por supuesto la generación de unos ingresos que se van a dedicar exclusivamente a la modernización con las nuevas tecnologías.

A la portavoz de Unión Progreso y Democracia, señora Díez, quiero agradecerle, como al resto de los portavoces, sus palabras generosas al principio de su intervención. Quiero agradecerle también sus coincidencias en relación con lo que supone para la despolitización la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y su coincidencia de carácter general en relación con el proyecto que hemos presentado. Creo con toda sinceridad en el desacuerdo estadístico en relación con la litigiosidad en Francia, y por supuesto tanto en este como en otros asuntos en los que no pueda precisar exactamente la respuesta, no tengan ninguna duda los señores portavoces de que se la facilitaremos desde el ministerio durante los próximos días. Probablemente -espero no equivocarme en lo que le voy a decir, aunque no lo tengo confirmado- lo que hace es abundar precisamente en las fórmulas que nosotros hemos dicho. Usted hablaba de 14 millones, pero de esos 14 millones de conflictos, según los datos que tenemos, solamente seis habrían adquirido estado judicial, lo cual significa que por vía de mediación, que por vía de jurisdicción voluntaria, que por vía de arbitraje, se pueden resolver un importante número de aquellos conflictos que ineludiblemente tienen que surgir en una sociedad dinámica, en una sociedad competitiva, en una sociedad con una gran actividad económica, con una gran actividad mercantil, y en una sociedad compleja donde evidentemente se producen muchas infracciones penales. Ese es el camino por el que nosotros tenemos que seguir, y alguna cosa diré después en relación con las diligencias previas que el señor Olabarría planteaba.

Decía usted que no cree en la agencia como instrumento y que lo deberíamos aplicar desde el uso de las competencias. Ha hecho una invocación que es claramente identificativa de cuál es su pensamiento político, pero que a efectos de títulos competenciales no la puedo aplicar, señora Díez. Usted dice que lo haga el ministerio directamente desde una dirección general de modernización. No podemos; no podemos porque las competencias en parte son nuestras y en parte no lo son. Nosotros no podemos imponer un sistema al Consejo General del Poder Judicial, de la misma forma que él no podría imponérnoslo a nosotros; nosotros no podemos imponer un sistema a las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, como a la viceversa tampoco podría producirse. Es decir, aquí estamos tres actores, cada uno con nuestro título competencial, y los tres coincidimos en que nos tenemos que poner de acuerdo, pero no porque lo imponga el consejo al ministerio ni el ministerio al consejo, sino porque la lógica y el sentido común nos dice que, aunque cada uno pudiésemos ir por separado, lo que tenemos que hacer es ir juntos. Esta es la razón por la que no nos parecía correcto que fuese en un organismo ministerial donde se sentase el consejo y tampoco -lo hubiésemos podido hacer- en la conferencia sectorial, porque nos hubiésemos podido encontrar con las comunidades autónomas, pero no con el propio consejo, y es la razón por la que creamos este organismo, que ya anuncio que no tendrá coste de ninguna de las formas de carácter presupuestario que distorsione el presupuesto del ministerio, sino todo lo contrario, y donde nos vamos a sentar las tres partes: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas. A nadie se le obligará a nada porque no se podía hacer. Le puedo asegurar, porque además he tenido ocasión de hablar con los señores consejeros y las señoras consejeras de las comunidades autónomas que tienen competencias, y por supuesto con el propio consejo, que no tengo ninguna duda de que sin obligación nos pondremos todos de acuerdo, y al final de esta legislatura la compatibilidad de los sistemas informáticos y la adquisición de nuevos productos de cara al futuro estará unificada en todos los operadores de justicia, al margen de quien tenga las competencias para uno y para otro.

Le he respondido en relación con la responsabilidad penal para los malos gestores, que usted apoyó en este caso, y creo que he puesto un ejemplo de que lo puede hacer. Y ahora voy a contestarle a unas preguntas que me ha hecho usted muy concretas. No soy partidario de ninguna de las maneras de que ni partidos políticos ni sindicatos tengan un trato diferenciado en relación con ningún tipo de responsabilidad al resto de las personas jurídicas. No lo soy y por tanto le contesto con toda contundencia. Los partidos políticos somos personas jurídicas exactamente igual que lo puede ser una fundación, y por tanto las mismas responsabilidades que tiene un gestor de una fundación las tenemos que tener los que en su caso ejerzamos responsabilidades dentro de las formaciones políticas. En eso coincido absolutamente con usted. Discrepo sin embargo en otra cosa, señora Díez. No creo que tengamos que modificar la legislación para hacer inelegibles a aquellas personas que estén acusadas, que no condenadas, de un delito, sea cual sea la naturaleza del delito. La presunción de inocencia es algo que tenemos que fortalecer, y no podemos seguir en este país convirtiendo la acusación en una condena previa no solamente mediática, sino en este caso incluso, como usted nos propone, de carácter legal, con efectos inmediatos. No debemos hacerlo. Recuerdo cuando estudiábamos la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal cómo se nos explicaba entonces el auto de procesamiento en el siglo XIX como el paso más importante que se


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había producido históricamente en el enjuiciamiento español en garantía del justiciado. Procesar a una persona era dotarle de todas las garantías para la defensa penal e introducir la igualdad de armas. Eso es lo que quiso Alonso Martínez. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy un procesamiento y -digo más- sencillamente una acusación o una inculpación se convierten mediáticamente en una condena. Eso es injusto para el justiciable, y creo con toda sinceridad que tenemos que cambiar esa mentalidad. La igualdad de armas obliga a todos -y por supuesto también al legislador- a considerar que la acusación de un fiscal no prejuzga, sino que es la condena de un juez. Inelegibles los condenados, completamente de acuerdo; inelegibles los acusados, permítame que le diga que no casa dentro del principio que está establecido de igualdad de armas en nuestra Constitución.

En relación con la custodia compartida quiero decirle que he hecho una referencia en mi intervención a adecuar los derechos de la familia a las realidades sociales y la corresponsabilidad de los padres. Este es un tema muy sensible. Me han informado mis compañeros de que nuestro partido presentó una moción en el Senado a favor de la custodia compartida, me han dicho también que hay unas leyes autonómicas que la han recogido -concretamente en Valencia y en Aragón-, y le puedo asegurar que la preocupación que usted manifiesta por asegurar el más concreto y adecuado desarrollo del interés superior del menor ante cualquier situación de crisis familiar este Gobierno la hace suya. Estudiaremos la legislación autonómica en profundidad y estudiaremos las medidas que sean necesarias, porque coincidimos con usted en que debemos modificar la sensación que hay en estos momentos de que, cuando otros derechos igualmente legítimos entran en colisión con los derechos del menor, queda preterido el derecho del menor a favor de estos otros. Ese concepto desde luego no lo compartimos.

De la modificación de la Ley de Violencia de Género le puedo decir que es un tema que preocupa -como es lógico y normal y es quien lo lleva políticamente- al Ministerio de Sanidad. En todo caso yo le trasladaré la preocupación que usted me ha manifestado.

Por último -y si me he dejado algún tema les pido disculpas-, me ha manifestado también su preocupación en relación con el problema de los niños robados. Quiero decirle que nosotros, igual que el anterior equipo ministerial -que también lo hizo-, vamos a prestar especial atención y ayuda a todas las personas afectadas, y vamos a designar un interlocutor que les preste atención y que colabore con ellas. De hecho le puedo dar el dato de que el secretario de Estado de Justicia -aquí presente- se va reunir en breve con SOS Bebés Robados Madrid, tras una petición que ha formulado esta asociación y que, tanto con esa asociación como con Anadir, nos vamos a reunir y a trabajar conjuntamente con ellos. En este caso sí hago buena la instrucción que el fiscal general del Estado anterior dio para el tratamiento e investigación de las denuncias formuladas por los afectados. De hecho le puedo informar de que en estos momentos las fiscalías continúan realizando diligencias de investigación que siguen su curso, y naturalmente ese es un tema estrictamente judicial, nada tiene que decir el Gobierno, solo apoyar el hecho de que la fiscalía haya iniciado estas investigaciones.

Me dirijo ahora a la portavoz de Convergència i Unió, la señora Pigem, agradeciéndole muy sinceramente sus palabras y esa coincidencia -que creo que es sustancial de lo que han intentado ser mis palabras- de que la competitividad es un elemento que no puede ni debe quedar ajeno a la reforma de la Administración de Justicia. Dice usted que hay que diferenciar entre el exceso de litigiosidad y la dilación indebida, tanto en la tramitación como en la ejecución, como se ha dicho aquí también y es acertado. Tiene usted razón y hay que hacerlo, pero no se pueden desconectar con una relación de causa-efecto una y otra. Hay en estos momentos muchas pretensiones que han sido resueltas por la Administración de Justicia con rotundidad, y sin embargo esto no ha desanimado a muchos litigantes a solicitar una revisión y una nueva consideración mediante el ejercicio de una apelación. Creo con toda sinceridad que el litigante tiene que ser consciente de cuál es el porcentaje de revisión de las decisiones que, adoptadas en primera instancia, realizan los órganos de segunda instancia. Muchas veces debería ser informado de que el porcentaje de probabilidad de no revisión de esa decisión es tan alto que muchas veces el camino procesal al que se le invita a acudir no solamente resultará costoso para él, sino también inútil para la pretensión de su derecho. Ahí es donde debemos hacer un esfuerzo muy importante. La encuesta a la que usted ha hecho referencia, que es muy negativa, es precisamente la que nos obliga a actuar, y tenga por seguro que en el acuerdo que nos pide lo vamos a hacer.

Voy a entrar conjuntamente con usted y con el señor Olabarría en otro de los asuntos importantes que se han tratado aquí, y es el papel que tienen que jugar los consejos autonómicos. Me dirijo conjuntamente a los dos porque sí creo que en la definición inicial que usted ha hecho como un instrumento de acercamiento evidentemente habría un acuerdo absolutamente general. Pero sí quiero decirle que sobre este asunto se ha pronunciado ya a día de hoy el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho muy claramente cómo se deben aplicar e interpretar las disposiciones del Estatuto de Cataluña sobre la Administración de Justicia y en particular las que se refieren a los consejos autonómicos. El artículo 122.2 de la Constitución, señora diputada, vincula la condición de órgano de gobierno con el principio de unidad jurisdiccional. Esta es una realidad y es una realidad interpretada ya por el Tribunal Constitucional, y lo identifica con la unidad del Poder Judicial y como unidad de gobierno del Poder Judicial. Y esta condición, la Constitución -y el Tribunal así lo ha ratificado-, por mandato expreso del artículo que he citado


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-el 122- se la atribuye en exclusiva el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto creo que es mejor que sepamos lo que nos dice el Tribunal Constitucional, porque nos dice con rotundidad que los consejos de justicia autonómicos no pueden ser órganos de gobierno del Poder Judicial; es decir que no podrán tener competencias en materia de nombramientos, en materia de ascensos, en materia de inspección y en materia de régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque esto queda reservado directamente al Consejo General del Poder Judicial.

Dicho esto, sabiendo que es una competencia exclusiva, como hay otras competencias que el orden ejecutivo tiene en exclusiva la Administración General del Estado del Gobierno de España, creo que esa invitación al diálogo, a la que yo antes de escucharla a usted y a través de la consejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya ya he dado los primeros pasos, nos tiene que permitir buscar las fórmulas más adecuadas para dar respuesta a esa siempre conveniente proximidad de la justicia a los ciudadanos, que asumo completamente. Pero sepamos muy bien no solamente lo que dice la Constitución, sino lo que ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional en relación con la interpretación, precisamente como consecuencia del estudio de los artículos correspondientes del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En cuanto a los acuerdos en la oficina judicial y materia de traspasos los trataremos como es lógico y normal bilateralmente con las comunidades autónomas. Sí le puedo decir en todo caso que algunos de los aspectos a los que usted ha hecho referencia de los derechos lingüísticos, el derecho lingüístico está por supuesto reconocido en nuestra jurisdicción, y sabe que siempre que ninguna de las partes alegue que se siente en dificultad de condiciones para poder recibir en igualdad que el resto de los litigantes todo el transcurso de la Administración de Justicia pueden ser utilizadas las lenguas cooficiales, y la posibilidad -que es un elemento sin duda a estudiar y a tener en cuenta- de utilizar cualquiera de la lenguas cooficiales en las distintas comunidades autónomas de España para dirigirse no solamente a los órganos jurisdiccionales que radican en ellas, sino a órganos supra autonómicos, a órganos nacionales, nos plantearía en estos momentos un problema que creo que es de difícil solución. ¿Quién paga las traducciones, quién las paga? ¿Hacemos que las pague el litigante? Creo que entonces iba a ser una norma muy poco eficaz. ¿Hacemos que las pague la comunidad autónoma que es la que tiene legalmente la obligación de promover el desarrollo de esa lengua? Con toda sinceridad creo que al margen del principio, en la tramitación judicial una de las enormes ventajas que tenemos -que se suma a la riqueza fabulosa de la que estamos profundamente orgullosos de tener las lenguas que tenemos en España, y que es algo que nos enriquece incluso a aquellos que nos las dominamos y no las manejamos, pero el solo hecho de compartirlas nos enriquece culturalmente- y que puede ser equiparada a esa enorme y fabulosa riqueza es el privilegio inmenso que tenemos, y es que conjuntamente con esas lenguas tenemos una lengua común, que hablamos todos los españoles y que es oficial en todos los territorios del Estado, y a la que por lo tanto debemos acudir desde mi punto de vista como instrumento en aquellos casos en los que nos interrelacionemos los que no tenemos la suerte de dominar ese tipo de lenguas.

En relación con el resto de las afirmaciones -voy ya rápido, señor presidente, soy consciente de la extensión- hago mías sus propuestas sobre la multirreincidencia. Creo que además lo del registro de faltas lo he anunciado yo directamente, y coincido también con la ley de mediación, la jurisdicción voluntaria, ya hemos hablado de los problemas que ha habido históricamente, y he hecho antes la autocrítica con relación a que con el sistema anterior los partidos políticos teníamos que haber llegado más lejos y ser más diligentes en efectuar nuestros nombramientos, pero evidentemente eso lo que hace es confirmar desde mi punto de vista la bondad del sistema que nosotros hemos propuesto para su modificación.

Señora Barkos, dice usted que pocos anuncios porque ya los han hecho otros compañeros de partido antes. Eso -déjeme que se lo diga- me preocupa que le preocupe a usted también, porque en la acción de Gobierno le puedo asegurar que somos muy solidarios entre nosotros. El hecho de que la vicepresidenta del Gobierno anuncie medidas o que yo anuncie medidas -y tengo que decir que alguna he anunciado- que afectan a otros ministerios no solo no nos causa preocupación, sino que, al contrario, se ve como un ejercicio de solidaridad. Estoy convencido de que el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, cuando hemos anunciado que vamos a mandar un código mercantil que va a contribuir de una forma muy importante a la circulación de bienes y servicios en este país y, por tanto, al mercado único, estarán encantadísimos, estarán felices, tan feliz como yo ayer cuando vi que mi vicepresidenta respaldaba y hacía suya una de las propuestas más importantes que va dentro del programa de justicia.

Utiliza usted la expresión copago. No hay copago en el tema de las tasas, porque si dice usted que hay copago, tendría que decir que llevamos muchos años con copago. (La señora Barkos Berruezo hace gestos al señor ministro.) Sí, desde 2009 y 2011. De acuerdo, le acepto la enmienda en ese sentido. La única diferenciación es que lo que yo he anunciado es que la evolución del precio de las tasas no afectará a la primera instancia y su evolución sí afectará a la segunda instancia. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en ello, porque creemos que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con una primera respuesta. De hecho, muchísimos asuntos no tienen posibilidad de un segundo pronunciamiento, pero sí pensamos que, en aquellos que cabe un segundo pronunciamiento, debe ser con coste siempre al recurrente, ¡ojo!, con una devolución en el supuesto de que el


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recurso sea admitido, cosa que he dicho también en mi primera intervención.

El tema de la dación en pago es muy serio, es un tema económico -no quiero eludirlo-, pero sí quiero decirle que tenemos que compaginar claramente evitar situaciones de abuso que se han producido cuando muchas personas adquirían un inmueble pensando que la hipoteca solamente estaba vinculada al valor de ese inmueble y la realidad no era así, pero ese es un problema de mala información a los usurarios que tiene que ser corregido por parte de las entidades bancarias. Otra cosa es que nosotros limitemos la responsabilidad única y exclusivamente al valor del inmueble sobre el cual se construye hipoteca, porque ya le anuncio una cosa: si adoptásemos tal medida, el precio de las hipotecas se dispararía, y eso lo sabe usted. Si los bancos no tuviesen la posibilidad de extender la responsabilidad patrimonial no solamente al valor del inmueble, sino a las propias actividades u otros bienes de la persona que ha solicitado el crédito, le cobrarían muchísimo más. Quiero decir con ello que tenemos que tener aquí plena transparencia y, por tanto, que el ciudadano sepa perfectamente cuando acude a una entidad bancaria si el crédito que le están dando va solo y exclusivamente contra el bien que está adquiriendo o si está adquiriendo una responsabilidad patrimonial distinta. Las dos figuras son válidas. Lo que sí le digo es que una será mucho más cara que otra, por una cobrará mucho más el banco que por la otra.

Con relación a la disposición transitoria cuarta, sobre la que usted me pregunta, le voy a contestar desde la admiración que le tengo pero también desde la propia rotundidad. Me irrita muchas veces cuando se dice que España tiene diecisiete comunidades autónomas, porque eso no es verdad. España tiene dieciséis comunidades autónomas y una comunidad foral, que es la Comunidad Foral de Navarra, que tiene una singularidad -le puedo decir además- precisa y formidable en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que me gustaría? Lo que me gustaría es que no hubiese necesidad de disposiciones transitorias porque en nuestra Constitución hubiese una enumeración de todas las comunidades autónomas, y, desde luego, entre esa denominación, tendría que estar -si de mi dependiese, le puedo asegurar que encabezándola, por su antigüedad y, déjeme que le diga también, por lo mucho que hemos aprendido todos de cómo se puede ejercer el autogobierno en la lealtad de un proyecto compartido- la Comunidad Foral de Navarra. Esa es mi visión, que nada tiene que ver en este caso con el Ministerio de Justicia, es una visión personal.

Respecto al recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra la Ley Foral de Navarra, señora Barkos -y no estoy eludiendo responsabilidades-, encontramos el expediente elaborado por el anterior equipo. No eludo responsabilidades y tengo que decir que lo estudié naturalmente antes y asumimos los criterios que nos había marcado el anterior equipo. Lo teníamos que interponer en aquel Consejo de Ministros -creo que fue el segundo que celebró este Gobierno porque vencía el plazo- y solo le quiero decir que es un problema técnico, pero un problema que debe de crear jurisprudencia. No va a perturbar de ninguna de las formas -así lo hemos hablado con el Gobierno navarro- el funcionamiento actual, pero va a crear una jurisprudencia que va a ser buena para todas las comunidades autónomas. Le recuerdo que en este caso, si no estoy equivocado, utilizamos un inteligente mecanismo que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introdujo -no recuerdo ahora mismo el año-, que es un diálogo negociado entre las comunidades autónomas y el departamento correspondiente del Gobierno de España para intentar buscar una fórmula de interpretación adecuada o de modificación de la legislación. En este caso no se pudo alcanzar y por eso -no eludo responsabilidades, porque si no me hubiese parecido bien, lógicamente no lo hubiese llevado a Consejo de Ministros- buscamos una interpretación del Tribunal Constitucional, pero que no va a perturbar en modo alguno, y así lo sabe el Gobierno navarro, su propio funcionamiento.

En relación con el resto de asuntos, tampoco quiero eludir responsabilidades, pero en lo que se refiere a la memoria histórica -usted ha hecho directamente referencia al Valle de los Caídos- es un asunto que pertenece al Ministerio de Presidencia, aunque su gestión la tiene -nunca he sabido muy bien por qué- Patrimonio del Estado, pero la titularidad del Valle es del Ministerio de Presidencia. En cuanto a la materia penitenciaria, sabe usted que es competencia directamente del Ministerio del Interior, pero en este caso no quiero eludirlo y sí decirle con toda rotundidad los criterios que he manifestado en relación con las políticas penitenciarias, y esos criterios los hago míos respondiendo a la suya.

Ya brevísimamente, antes de que me llame a capítulo el señor presidente de la Comisión, al señor Olabarría quiero agradecerle de verdad lo que sé que va a ser una colaboración intensa dentro de la propia discrepancia. Coincido con usted en que vamos a tener un calendario legislativo muy duro. Empeño mi palabra a que mi propuesta de consenso no es retórica. Nosotros hablaremos hasta la saciedad, no nos levantaremos jamás de una mesa hasta que agotemos la última posibilidad de encontrar un acuerdo. Les voy a pedir una cosa. Yo voy a escuchar, pero escúchenme ustedes también. Yo me voy a dejar convencer, siempre que sus argumentos concluyamos que son mejores que los nuestros, pero les pido a ustedes que tengan exactamente la misma actitud, que se dejen convencer también. No hemos improvisado nada. Llevamos mucho tiempo y mucha gente -aunque hoy yo me hago portavoz- antes de traer esta propuesta importantísima de reforma de la justicia que estamos presentando a través de ustedes a todos los españoles. Sin duda ninguna podemos encontrar muchísimos puntos en los que podamos mejorar, pero tengan por seguro que si ustedes nos escuchan, estoy convencido de que seremos capaces también de convencerles de la bondad y la eficacia de muchos de los planteamientos que estamos haciendo.


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Sobre los asuntos o a las ejecuciones pendientes, coincido plenamente con su afirmación: de qué nos sirve un declarativo si después no podemos ejecutarlo y, por lo tanto, la justicia no acaba con el reconocimiento del derecho sino con la ejecución. Tenemos que actuar y ahí vuelvo a entrar en que quizá determinadas ejecuciones de determinadas resoluciones judiciales se podrían hacer, como ocurre en otros muchos países, no necesariamente a través de vías judiciales. Es otro caso también donde, al final del proceso, procedimientos coadyuvantes -como de los que hablábamos antes- en la jurisdicción voluntaria podrían contribuir de una forma determinante para hacerlo. En cuanto a la desjudicialización, le pongo un ejemplo. Hablaba usted de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del número de diligencias previas. Señor Olabarría, podíamos pensar: las diligencias previas que no tienen autor reconocido ¿tienen que ser elevadas por parte de la policía o pueden quedarse en instancia policial? Pues es una de las reflexiones que nos estamos haciendo en estos momentos en el ministerio, de la que no he hablado porque no tengo -y se lo digo con toda sinceridad- todavía un criterio determinado, pero creo que deberíamos de caminar un poco con ese problema que ha expuesto.

Muy brevemente, estoy absolutamente de acuerdo con usted, este país no puede seguir perdiéndole respeto al Poder Judicial como consecuencia de la filtración de los sumarios, porque al margen del perjuicio para la víctima, para la persona que está encausada, o incluso puede serlo para quien sostiene la acusación, el desprestigio que como consecuencia de la filtración de los sumarios tiene en estos momentos nuestro sistema judicial es enorme y tenemos necesidad directamente de cortarlo. Hay que proponer soluciones y una de ellas desde luego es establecer un límite en el tiempo del secreto de los sumarios y eso nosotros -se lo puedo asegurar- lo vamos a introducir.

No insisto en el tema del Consejo General del Poder Judicial pero sí en el del Tribunal Constitucional. Dice usted que es monacal e ingenua mi propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué si lo hacen otros países no lo podemos hacer nosotros? Decía usted: ¡hombre, los grupos políticos cómo van a dejar...! ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y en lugar de decir dos y dos, cuatro, que es lo que yo estoy diciendo, en lugar de dos para ti y dos para mi, cuatro para todos? ¿No somos capaces de encontrar cuatro personas, que es la primera asignatura que tenemos pendiente, en las que todos coincidamos que cumplen los requisitos que marca nuestra Constitución para ser magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Y ante esa incapacidad tenemos que resignarnos y decir: yo me quedo con dos y otros dos se reparten? Yo lo lamento muchísimo, pero no coincido con que eso sea imposible. Le voy a decir una cosa, señor Olabarría. Se puede mantener el principio incluso en aquellos que designa no digo ya el Consejo General del Poder Judidical sino el propio Gobierno. Le pongo el ejemplo de lo equivalente -porque allí no existe el Constitucional-, que son los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos que designa personalmente el presidente de Estados Unidos. En esas designaciones, por la tradición que existe y por la enorme fuerza que tiene el derecho consuetudinario de que el presidente, por encima de sus ideas, está obligado a elegir a los mejores, funciona con criterios de independencia y de imparcialidad. Aprendamos de ellos lo que tenemos que hacer. (El señor Olabarría Muñoz: El método del Senado.-Rumores.)

Respecto a la doctrina Parot -se lo digo con toda rotundidad y con toda claridad, señor Olabarría-, mi criterio es que acierta el Tribunal Supremo. Ese es mi criterio. Me ha preguntado usted por mi opinión. Yo no tengo por qué intervenir en el recurso -ni intervendré, como es lógico y normal- que en estos momentos se está tramitando ante el Tribunal Constitucional, pero sí le recuerdo que muchas veces se está hablando de un problema de cumplimiento de las penas y no es exactamente eso. La sentencia hay que leérsela, porque de lo que se está hablando es del cómputo de beneficios penitenciarios. (Rumores.) Sí, señor Olabarría, le invito de verdad, porque me he estudiado la sentencia, a que seamos conscientes de que el relato periodístico que se hecho muchas veces de la doctrina Parot no coincide con la realidad. Se lo digo con toda sinceridad, porque usted me lo ha pedido y lo voy a decir: coincido con el criterio del Tribunal Supremo y espero que ese criterio sea el criterio definitivo.

Brevísimamente, señor presidente, no puedo terminar sin hacer una referencia de profunda gratitud, en la persona del señor Castillo, a mi grupo parlamentario, al Grupo Popular. Como ustedes han visto -lo han podido ver en este debate, que no sé si va a tener todavía más intervenciones o no en función de la hora-, la tarea no va a ser fácil. No hemos venido a estar, sino que hemos venido a hacer. Hemos venido a hacer muchas cosas que creemos, desde un análisis muy profundo, que tenemos que realizar. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, porque nada de lo que este ministro ha dicho aquí no estaba escrito en el programa electoral, que, como he dicho antes, es un contrato para nosotros, pero es evidente que vamos a encontrar dificultades que desde luego este ministro y su equipo saben a ciencia cierta que serían absolutamente incapaces de superar si no tuviésemos, como nos consta que tenemos, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular de la Cámara, por el que yo, profundamente, doy las gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: A pesar de lo avanzado de la hora, hay algunos portavoces que me piden la aplicación de la excepcionalidad que se establece en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. En consecuencia, me gustaría saber qué portavoces tienen previsión de intervenir. (Pausa.) Haremos el turno de menor a mayor en esta ocasión. (Rumores.) Lo han pedido todos, con lo cual lo haríamos como en los anteriores turnos de


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intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Me comprometo de verdad a no reabrir debate...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Villarrubia, por un tiempo máximo de dos minutos, en todo caso, para todos los portavoces.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Me sobran. Es un tema casi protocolario. Uno, deseo agradecer al señor ministro las explicaciones en los turnos. Hay discrepancias que tiempo habrá de aclarar. Dos, debo corregir una omisión en mi intervención anterior de olvidarme de la Mesa y, especialmente, del presidente de la Comisión anterior, don Álvaro Cuesta, y quiero que conste en acta la felicitación por su extraordinario trabajo. Tres, por no excederme en el tiempo antes, no he entrado en un tema que trataremos de forma monográfica y que es prioritario para nosotros, que es la lucha contra todo tipo de corrupción y que esta tarde, en la comparecencia del fiscal general del Estado, desarrollaremos y del que tendremos ocasión de hablar. Es una de las principales prioridades de mi grupo parlamentario. No reabrimos debate.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Llamazares en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Brevemente también, en relación con la configuración del Consejo General del Poder Judicial, he oído de todo hoy aquí. Empezaron ustedes con despolitización, luego hablaron de desjudicialización. Me da la impresión de que los vamos a convertir a todos en ángeles sin sexo. Creo que no es así. Respecto a la sanidad, sobre la que hice una referencia, no es lo mismo operar que dirigir el hospital, no es lo mismo y estamos hablando de eso. En ese sentido, mantengo que le deseo suerte en la modificación que propone, pero creo que el problema es endógeno, no es un problema que les hayamos creado nosotros. Tienen partidos, como cofradías, señoría, y están a matar. Por tanto, no me traslade usted la responsabilidad y el problema. El problema lo tienen ellos y hay que empezar a decir que es un problema de cultura, también política, en el caso de los jueces.

En cuanto a lo que usted ha planteado sobre la cadena perpetua, que es tan contradictoria con lo de revisable como la prisión permanente revisable -son paradojas en sí mismas-, me ha dejado más preocupado todavía, porque es un monumento no solamente a los juicios de intenciones, es un monumento a la inseguridad jurídica. Desgraciadamente yo tengo más miedo al populismo penal. Ustedes no tienen límite; es decir, cuando ocurra otro caso que llame la atención públicamente se verá que no es suficiente y, por tanto, que hay que darle más carnaza todavía al populismo penal. Esto no tiene límite mientras no pongamos pie en pared y digamos que el problema es preventivo o de reinserción y no de aumentar las penas o crear penas de intenciones.

Señor ministro, termino refiriéndome a una cuestión que no he comentado, pero que preocupa en estos momentos a los estudiantes de derecho y, además, es un tema que habíamos acordado con su grupo parlamentario de manera muy consensuada en la Cámara. Espero que sean capaces de ver con flexibilidad la Ley 34/2006, sobre todo en lo referido a los licenciados que están terminando.

El señor PRESIDENTE: La señora Díez renuncia a su turno. En consecuencia, tiene la palabra la señora Pigem en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

La señora PIGEM I PALMÉS: Señor presidente, también intervendré brevemente. Quiero agradecer la respuesta del señor ministro e insistir en que desde mi grupo parlamentario lo único que reclamamos es el desarrollo de lo que está previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo que está vigente. Es decir, con respecto a los consejos autonómicos, evidentemente la previsión estatutaria debidamente corregida y ponderada por la sentencia del Tribunal Constitucional y reiteramos en todo caso que el objetivo es tener un órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial en los términos en los que se acota por la sentencia. No somos la única comunidad, hay otras ocho que lo tienen en su estatuto.

En cuanto a los derechos lingüísticos, se trata -puedo sumarme a su consideración del castellano y puedo añadir la suerte que tenemos los ciudadanos y ciudadanas que somos bilingües al dominar el castellano y nuestra lengua propia- de evitar que la presentación de escritos en lenguas oficiales distintas del castellano pueda suponer su no admisión o la dilación en los procedimientos por este motivo; es el derecho. Luego hay que hablar efectivamente sobre quién costea los costes de traducción, etcétera. Estamos dispuestos a hablarlo, estamos dispuestos incluso a contribuir; vamos a iniciar este camino para que se respeten los derechos.

Quiero poner sobre la mesa un tema al que antes no he podido aludir por falta de tiempo y es que parece que en el Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, la previsión es que no se hagan concursos generales de jueces. Sobre este asunto quiero poner de manifiesto que uno de los problemas que hay en Cataluña es la movilidad de jueces, es algo que nos afecta especialmente, y de alguna manera tendría que proveerse a que la Escuela Judicial de Cataluña -por cierto, creo que hay un consenso unánime acerca de su buen funcionamiento- fuera proveyendo jueces por cada promoción, en número no inferior a sesenta, más que nada para prever las bajas y


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para intentar paliar la movilidad excesiva de jueces que afecta especialmente a Cataluña.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero agradecer brevemente también las respuestas del señor ministro e incluso alguna que ha sido una no respuesta y en ello me quiero detener. En cualquier caso, señor ministro, en materia de legislación penitenciaria es usted quien ha introducido el debate en esta Comisión al afirmar que no aceptaría criterios de excepcionalidad en dicha materia al hablar de amnistía. Me ha respondido -eso he creído entender- que no los aceptará en un caso pero sí por el contrario en materia de dispersión y, por tanto, de alejamiento.

Nos dice que el copago no es tal sino que es tasa. Yo le digo que no, que es copago. Lo llamarán tasa, pero termina siguiendo copago, y es tanto que no se han atrevido o no han querido aplicarlo en primera instancia, sino que lo han llevado o lo han limitado a la segunda, porque si no evidenciaría la no universalidad de garantía judicial. Así la cosa queda en que todos tenemos los mismos derechos, pero quizás -y en segunda instancia desde luego- unos más que otros. Nos dice ahora además que los recursos no son tantos y que en consecuencia no afectan a tanta gente. Antes nos ha dicho que estas tasas eran herramientas para condicionar o para limitar el exceso de litigiosidad. Hay una contradicción entre una afirmación y la contraria.

Termino, como digo, con esa no respuesta, si me permite. Me alegro enormemente del cariño que ha mostrado el ministro por la Comunidad Foral de Navarra en esta cuestión, pero no me ha respondido. ¿Hay en el horizonte del Ministerio de Justicia una reforma constitucional para eliminar la transitoria cuarta? ¿Sí o no? Con cariño, además, espero.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, voy a intentar no reabrir ninguna polémica, lo cual casi me obliga a intervenir sobre cuestiones tangenciales o colaterales a lo que hemos debatido hasta ahora. En primer lugar, señor ministro, cuando alude al sistema de designación de magistrados del Tribunal Supremo norteamericano, se le ha olvidado un detalle, de matiz quizá, que es que el Senado puede vetar los propuestos por el presidente, y el Senado es la Cámara territorial que representa a los territorios, a los Estados de la Unión. Es un matiz que hace referencia a las reflexiones de la señora Pigem y a las mías sobre la conformación de un Estado compuesto y cómo el Estado compuesto tiene que corresponderse con lo que todavía la justicia tiene pendiente, que es ajustar sus estructuras a las propias de un Estado compuesto, porque tenemos una Administración de Justicia absolutamente clónica con la propia de los Estados unitarios y no con la de los Estados compuestos, y ahí están buena parte de las disfunciones que hacen que el sistema de justicia ni sea muy apreciado por los ciudadanos ni sea muy eficiente en su funcionamiento.

En cuanto a la doctrina Parot, señor ministro, le puedo asegurar que de la misma manera que antes nos ha reprochado y nos ha reñido por no leer su programa electoral, no sé si en su partido lo ha leído alguien: yo sí lo leí por si acaso había algo que comentar, y ya lo creo que había cosas que comentar en su programa electoral y las comentamos en la campaña, pero sin perjuicio de esta circunstancia y en relación con la doctrina Parot o con cualquier sentencia, jamás la he leído por los medios de comunicación o a través de los resúmenes de los medios de comunicación. Intento leer la sentencia en formato papel además, cosa que empieza a ser un anacronismo en estos momentos. Le puedo asegurar que hace referencia al artículo 76 y al tiempo de cumplimiento de las penas, estableciendo, cuando se ha cometido más de un delito y se ha producido un concurso ideal, cuál es el sistema de tope o de límite máximo en cuanto a la duración de las mismas. Y no me diga que dice otras cosas o que se refiere a otras materias, salvo que usted sea el que las lee en los medios de comunicación, señor ministro, que me consta que tampoco.

El señor PRESIDENTE: ¿El portavoz del Grupo Popular va a intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Como las intervenciones previas han sido meramente sugerencias, comentarios y aclaraciones que se han solicitado al señor ministro, que no requieren más que de acuse de recibo o, en todo caso, la correspondiente información, mientras la normativa postal no cambie, los acuses de recibo no tienen réplica. Por tanto, renuncio al uso de la palabra. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Finalizado este turno extraordinario de portavoces, para concluir las intervenciones tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Lo haré telegráficamente. Señor Villarrubia, dice usted que lo lleva a otro escenario, pero quiero decirle en todo caso que nosotros coincidimos -lo manifestaba antes- plenamente con su preocupación en relación con la corrupción y que, por lo tanto, ahí nos va a encontrar. Nos va a encontrar no voy a decir con más, porque no creo que en esto nadie deba ponerse por delante, pero con la misma contundencia y con el mismo reproche no solamente político sino social que estoy


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convencido que usted hace, así que en este asunto tenga por seguro que seremos compañeros de viaje.

Señor Llamazares, no estoy hablando de ángeles sin sexo. No sé por qué atribuye usted a la ausencia de sexo la bondad. (El señor Llamazares Trigo: La bondad no, la política.- Risas.) Esto es un juicio de valor. En todo caso, estoy absolutamente convencido de que el sistema que nosotros hemos propuesto va a contribuir, y va a hacerlo de una forma muy importante, a que esos problemas que hemos tenido durante los últimos años se resuelvan.

Perdone que siga con el símil sanitario, pero usted lo ha hecho. Usted me dice: yo no estaba hablando de elegir al cirujano, estaba hablando de elegir al director del hospital. Claro, pero es que el director del hospital es el que elige al cirujano; es que el Consejo General del Poder Judicial tiene las competencias en materia de nombramientos y, por tanto, es el responsable en la elección del juez que sí va a juzgar, del cirujano que sí va a operar. Y yo, con la excepción de usted -porque sé que es un excelente médico-, y me perdonarán los demás si hay algún otro médico en la sala, que lo ignoro, con la excepción de usted, prefiero mil veces, de verdad, que mi cirujano lo elija un director del hospital, médico, que no ni siquiera mi portavoz en la Comisión, mi compañero el señor Castillo. (Risas.) Lo siento muchísimo, estoy seguro de que él no se ofenderá, pero entenderá que es así.

Dos cosas muy rápidas. Tenga usted por seguro que este ministerio y este ministro no van a caer en el populismo penal. Téngalo usted absolutamente seguro. Creo que he tenido ya alguna ocasión de demostrarlo y alguna declaración he hecho ya saliendo al paso de lo que en un primer momento podía ser un sentimiento orientado en una dirección diferente, porque creo que es mi obligación como ministro: no lo voy a hacer. Las propuestas de reforma penal que hemos traído son rotundamente adecuadas no a un caso concreto. Otra cosa es que el caso nos abra los ojos sobre una carencia que existía, pero no vamos a hacer una legislación para responder a casos individuales, se lo puedo asegurar.

Conozco perfectamente el problema de la aplicación de Bolonia a los estudiantes de derecho. Creo que coincidimos absolutamente en que tenemos que corregir algún déficit legislativo, de interpretación legislativa, en relación con la norma aprobada por esta Cámara. Les anticipo que creo que lo vamos a poder hacer por vía reglamentaria sin necesidad de nuevas modificaciones y que estoy convencido de que ese reglamento tendrá el consenso y el apoyo -así me consta- de todos los grupos parlamentarios.

Señora Pigem, en el planteamiento que ha hecho de respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional nos vamos a encontrar, en ese planteamiento de garantizar la unidad jurisdiccional y garantizar que la atribución del gobierno de los jueces corresponda al Consejo General del Poder Judicial; en ese respeto nos vamos a encontrar y desde ahí tenemos un camino que soy el primero que le digo que estoy absolutamente dispuesto a continuar. Sabemos cuál es el problema de los concursos de jueces. Le puedo decir que estamos en un diálogo permanente e intenso con el Consejo General del Poder Judicial. Hemos tomado ya medidas inmediatas acordadas con ellos que serán públicas dentro de muy pocos días, y dentro de todas las limitaciones y restricciones presupuestarias, le puedo asegurar que este ministerio va a hacer todo lo que esté en su mano para dar respuesta a la carencia. Sé que más jueces no es la única solución para los problemas de la justicia en España; sé que sin más jueces vamos a tener también muy difícil encontrar la solución óptima a los problemas de la justicia en España.

Por último, en relación con los costes de traducción, se puede interpretar la botella medio vacía o medio llena. Dice: estamos dispuestos a contribuir -cuando dice estamos, me imagino que se refiere al Gobierno de la Generalitat-, pero cuando dice estamos dispuestos a contribuir, está insinuando que no están dispuestos a soportarlo en exclusiva, es decir, que otros también tienen que contribuir. Es un tema del que tendremos que hablar.

Señora Barkos -le respondo también telegráficamente-, no confundamos el derecho de gracia. Como saben, este ministerio históricamente se llamaba de Gracia y Justicia, es decir, que se anteponía la gracia, que es una figura muy especial que no pertenece al Poder Judicial y que en modo alguno desautoriza las resoluciones judiciales -es muy importante que se sepa esto-, con las políticas penitenciarias. No lo es. De lo que este ministerio es responsable es de la concesión de indultos y de poner sobre la mesa, ante pretensiones que se hayan realizado, que la amnistía no cabe en nuestra Constitución; no la regula y por tanto la expulsa expresamente además al decir que se prohíben los indultos generales. Esa es la realidad y en relación con los indultos ya he manifestado antes cuál va a ser la vía de exigencia y desde luego directamente de firmeza.

Dice usted que si copago o tasa y que sí es copago. Si lo es, lo era, y me lo tiene que reconocer. El año pasado hemos ingresado 172 millones por esa fórmula de tasas. Por tanto, si usted quiere decir que hay copago, dígalo, pero no diga que se impone el copago, diga que ya existía con carácter previo. También puede decir de paso: y nos garantiza el ministro que no va a haber ninguna modificación en la primera instancia. Plantéelo usted en positivo, que estoy convencido que de esa forma iremos hacia delante.

No hay previsiones en esta legislatura de modificación de la Constitución española. Este es el primer planteamiento que le hago. Segundo, si las hubiese -me ha pedido mi opinión y yo se la doy-, le he dicho que yo sería partidario de una enumeración de todas las comunidades autónomas que están constituidas en España, y lógicamente esa enumeración nominal de las dieciséis comunidades autónomas y de la Comunidad Foral de Navarra, con su tratamiento singular, haría innecesaria


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la vigencia de la disposición transitoria. Ese es mi criterio.

Señor Olabarría, tangencialmente, nunca he dudado que usted se ha leído las sentencias en profundidad. Lo que le he dicho es que muchas veces cuando se habla de la doctrina Parot es única y exclusivamente del cumplimiento de penas y que no es exactamente del cumplimiento de las penas sino de la aplicación de los beneficios penitenciarios, aunque en definitiva puede usted decir que trae la misma consecuencia: si se sale antes o se sale después. Es verdad, pero para entender la sentencia hay que saber de qué estamos hablando y yo sé que usted lo entiende, por eso he querido hacer esa precisión. Mi criterio -se lo he vuelto a decir- es que el Tribunal Supremo ha acertado y ojalá esta doctrina se convierta en definitiva.

Luego me dice que el Senado de Estados Unidos puede vetar las propuestas presidenciales. Claro, es que el Senado de Estados Unidos lo puede vetar todo. ¡Pero si ha estado a punto de dejarle sin jefe de gabinete al presidente de los Estados Unidos! Ese es sin duda un modelo. En el modelo que nosotros tenemos, la responsabilidad en este caso es del Gobierno y le puedo asegurar que el Gobierno intentará -y estoy convencido de que acertará- realizar las propuestas que constitucionalmente le corresponden en exclusiva y el modelo que yo he trasladado a sus señorías: no partidario, de no politización, de buscar a los mejores para que ejerzan esa función constitucional. Es el compromiso que tiene el Gobierno en la selección de las personas que en su momento, no ahora, le corresponderá para designar el Tribunal Constitucional.

Si me permite el señor presidente, puesto que es mi última intervención, quiero despedirme reiterando mi más profundo agradecimiento. Hace cuatro horas y media que estamos aquí sentados, espero haber puesto de manifiesto en estas cuatro horas y media, aun con todas las discrepancias que se han planteado, que tenemos mucho camino que recorrer juntos y que yo quiero recorrerlo con ustedes. Tenemos una meta muy ambiciosa por delante. Podía haber sido todo más fácil, podíamos haber venido aquí única y exclusivamente a ver cuál era el estado de aplicación de las reformas que en los últimos años se han planteado. Hemos renunciado a esa comodidad, hemos renunciado al abstencionismo político y lo que hemos propuesto es una profunda regeneración y una profunda transformación. El solo hecho de que ustedes hayan querido compartir, desde sus críticas o desde sus apoyos, las propuestas que ha realizado este ministerio me produce una consideración de estar en deuda política con ustedes y una profunda gratitud personal.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Para terminar, señorías, quiero dejar constancia -y creo que puedo hablar en nombre de toda la Mesa- de que asumimos las palabras del señor Villarrubia, el portavoz del Grupo Socialista, en relación con el antecesor en la Presidencia de esta Comisión, don Álvaro Cuesta. Agradezco una vez más al señor ministro y a todo su equipo la amabilidad que han tenido, y le reiteramos nuestro deseo de suerte y de éxitos en su gestión porque su suerte va a ser la suerte del conjunto de los ciudadanos españoles en lo que depende de la Administración de Justicia. También deseamos que todas sus propuestas vengan aquí, a esta Comisión, y se sometan al debate porque si son coherentes, que seguro que lo son, si son razonables, que seguro que lo son, saldrán adelante en el espíritu que el señor ministro ha puesto de manifiesto esta mañana.

Señorías, recordándoles que esta tarde se reúne la Comisión a las cinco de la tarde, se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.

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