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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 43, de 27/02/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de febrero de 2012

Núm. 43


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/000247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la protección de los topónimos españoles ante su erradicación y expoliación por parte de diversas comunidades autónomas y entidades locales ... (Página7)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del ejercicio de las Libertades Fundamentales en la República de Cuba ... (Página10)

161/000256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma del Servicio Exterior ... (Página11)

161/000259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la situación de derechos humanos y falta de avance en la democratización que se vive en Cuba ... (Página12)

161/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la ratificación del tercer Protocolo para la Convención sobre los Derechos del Niño ... (Página13)

161/000271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri ... (Página14)

Comisión de Justicia

161/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante número de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales ... (Página15)

Comisión de Interior

161/000253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la seguridad para la prevención de robos y actos violentos en el campo valenciano ... (Página16)


Página 2




Comisión de Defensa

161/000257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación del Real Decreto 1311/2004, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 2004-2009, para acabar con las discriminaciones que sufre la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad ... (Página17)

Comisión de Fomento

161/000249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo modelo aeroportuario que introduce la participación privada en la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat y en el capital de AENA aeropuertos ... (Página18)

161/000254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las mejoras en las conexiones aéreas entre las Illes Balears y la península ... (Página19)

161/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página20)

161/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la creación de un Centro de Control de Tráfico Aéreo en Euskadi ... (Página21)

161/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la seguridad vial en el tramo de la carretera N-550 entre Santiago de Compostela y Sigüeiro, a la altura de A Sionlla ... (Página21)

161/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la carretera N-525 a su paso por Xinzo de Limia ... (Página22)

161/000283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al acondicionamiento de la carretera nacional 232, en el tramo que discurre entre el límite de la provincia de Castellón a la intersección de la carretera provincial de Ráfales ... (Página22)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regulación e implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales ... (Página23)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la elaboración con carácter urgente de un Plan Energético Nacional ... (Página24)

161/000250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la revocación de la decisión del Gobierno para que el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) albergue el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad ... (Página25)

161/000252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre renuncia al proyecto de línea eléctrica Sama-Velilla. ... (Página26)

161/000255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo ... (Página27)

161/000258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro energético ... (Página28)

161/000275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la industria turística de Málaga ... (Página29)


Página 3




Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales ... (Página30)

161/000260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar mecanismos de ayuda para sectores productivos como el pesquero y el agrario afectados negativamente por el aumento de los precios de los combustibles ... (Página30)

161/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de resolver el problema que afecta a numerosos núcleos de población de Galicia, afectados por la Ley de Costas ... (Página31)

161/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el grave impacto económico, social y medioambiental del nuevo acuerdo de la Unión Europea con Marruecos ... (Página32)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de las especialidades de "Psiquiatría del Niño y del Adolescente" y "Psicología Clínica de Infancia y Adolescencia" ... (Página33)

161/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre despatologización de la transexualidad y de medidas de integración laboral y social de las personas transexuales ... (Página34)

161/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la universalización de la asistencia sanitaria pública ... (Página35)

161/000278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de los Reales Decretos de especialidades médicas y de troncalidad ... (Página36)

161/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prescripción de medicamentos en enfermería ... (Página37)

161/000280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el pago de la factura de medicamentos a farmacias ... (Página37)

161/000281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de la dispensación de la píldora del día siguiente sin receta ... (Página38)

161/000284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre evaluación de técnicas y prestaciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ... (Página39)

161/000285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a una Estrategia de Atención Integral a los Pacientes Crónicos ... (Página40)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ... (Página40)

Comisión de Cultura

161/000248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la celebración del centenario del nacimiento del escritor ourensano Celso Emilio Ferreiro ... (Página41)

161/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección del patrimonio histórico-artístico frente al expolio y la exportación ilegal ... (Página41)

161/000272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para garantizar la participación de los trabucaires en las celebraciones populares catalanas ... (Página43)


Página 4




Preguntas para respuesta oral

Comisión de Interior

181/000102 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre medidas para la homologación económica y de derechos sociales de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ... (Página44)

Comisión de Fomento

181/000080 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre continuidad del proyecto de ADIF "0003" "Estaciones de viajeros" en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 ... (Página44)

181/000081 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre motivos por los que el aparcamiento de vehículos de la estación del tren de alta velocidad de Lleida-Pirineos aún no ha entrado en funcionamiento ... (Página44)

181/000082 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre fecha de la entrada en funcionamiento del aparcamiento de vehículos de la estación del tren de alta velocidad de Lleida-Pirineos ... (Página45)

181/000083 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo los accesos, ferroviarios y viarios, del nuevo muelle Prat del puerto de Barcelona ... (Página45)

181/000084 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo el acceso ferroviario de Cercanías a la T-1 del aeropuerto del Prat de Barcelona ... (Página45)

181/000085 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo la conexión de la A-2 y la B-30 ... (Página45)

181/000086 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo los diferentes tramos del cuarto cinturón de Barcelona ... (Página45)

181/000087 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo la variante de Vallirana en la carretera N-340 ... (Página45)

181/000090 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre previsiones acerca del desarrollo del convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras ... (Página46)

181/000091 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre posición del Ministerio de Fomento acerca de la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias para la suscripción de un convenio sobre infraestructuras portuarias de ámbito interinsular ... (Página46)

181/000092 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre modelo de gestión aeroportuaria que se pretende impulsar en la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página46)

181/000093 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre posición del Ministerio de Fomento acerca de la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias para equiparar el porcentaje de bonificación del transporte marítimo (25%) a la bonificación aérea (50%) a los residentes en las islas ... (Página46)

181/000094 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre previsiones acerca de la inclusión del desdoblamiento integral de la carretera N-232, en su tramo El Burgo de Ebro-Alcañiz-Mediterráneo, entre los proyectos a emprender durante la X Legislatura ... (Página46)


Página 5




181/000095 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre previsiones acerca de la inclusión del desdoblamiento integral de la carretera N-232, en su tramo Mallén-Figueruelas, entre los proyectos a emprender durante la X Legislatura ... (Página46)

181/000096 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre previsiones acerca de la inclusión del desdoblamiento integral de la N-II, en su tramo Alfajarín-Fraga, entre los proyectos a emprender durante la X Legislatura ... (Página47)

181/000097 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre previsiones acerca de la inclusión de la conexión con Francia a través de la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc entre los objetivos prioritarios del Gobierno en la X Legislatura ... (Página47)

181/000099 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre acierto de la política de inversión y creación de los aeropuertos desarrollados en las últimas décadas para las necesidades de nuestro país ... (Página47)

181/000100 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para rentabilizar los aeropuertos que se encuentran infrautilizados ... (Página47)

Comisión de Educación y Deporte

181/000103 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre modelo de selección y formación del profesorado que piensa adoptar el Gobierno ... (Página47)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000075 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre impulso de la negociación de precios de la leche en el seno de las interprofesionales ... (Página47)

181/000076 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre previsiones acerca de contemplar la obligatoriedad de los contratos homologados que regulen las relaciones comerciales entre los productores de leche y las industrias ... (Página48)

181/000077 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre previsiones acerca del proyecto de acuaEbro "1023" "Abastec. a Lleida y su comarca 3.ª Fase", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 ... (Página48)

181/000078 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre previsiones acerca del proyecto de acuaEbro "1016" "Canal de Segarra-Garrigues", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 ... (Página48)

181/000079 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre previsiones acerca del proyecto de acuaEbro "1028" "Abast. desde Presa del Rialb con capt. Canal de Segarra-Garrigues", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 ... (Página48)

181/000088 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre previsiones sobre si el Gobierno va a plantear ante la Unión Europea la necesidad de aprobar mecanismos de ayuda para los sectores afectados por el incremento de los carburantes, de modo que se autoricen ayudas como las otorgadas en el año 2008, cuando se produjo la anterior crisis ... (Página48)

181/000089 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre disposición del Gobierno a aprobar mecanismos de ayuda para el sector pesquero y agrario afectados por el incremento de los precios del gasoil ... (Página48)


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Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000101 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre actuaciones para atajar la discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más básicas que sufren los ciudadanos que dependen habitual o transitoriamente del sistema sanitario de otra comunidad autónoma diferente a la de su residencia ... (Página49)

Comisión de Igualdad

181/000098 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre medidas para desarrollar una Ley de custodia compartida que armonice la regulación legal de la misma en el conjunto del Estado ... (Página49)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/000247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los topónimos españoles ante su erradicación y expoliación por parte de diversas Comunidades Autónomas y entidades locales, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los topónimos, esto es, los nombres que reciben los distintos lugares, ocupan un lugar esencial en toda sociedad, pues no solo sirven para denominar a los parajes y poblaciones sino que contienen un fuerte componente simbólico, en la medida que aglutinan y unen a todos los habitantes que forman parte de una misma comunidad, formando parte de lo que se conoce como patrimonio cultural inmaterial.

Tales denominaciones, especialmente el nombre de municipios, regiones y países, no solo tienen un evidente componente social, cultural o simbólico sino que poseen además una función económica, en la medida en que constituyen verdaderos signos distintivos (marcas) que sirven para diferenciar unos destinos de otros dentro del mercado, constituyendo una herramienta estratégica de la promoción turística hacia el exterior.

El importante carácter simbólico o representativo del lenguaje y, en particular, de las denominaciones oficiales de los topónimos -al que se une el componente económico ya comentado- hace que a lo largo de la historia haya sido un elemento codiciado por el poder dominante, utilizándose para demostrar la supremacía del vencedor o conquistador y llegando, en casos extremos, a convertirse en una forma de esterilización cultural, destinada a eliminar todo vestigio del adversario y su cultura, mediante el cambio de nombre a las instituciones, los monumentos, los símbolos y la denominación de los distintos lugares.

Todos podemos encontrar fácilmente ejemplos de lo anterior si rastreamos nuestra historia, pero lo grave es que dicho fenómeno viene ocurriendo en España desde el advenimiento de la democracia y el renacimiento de la cultura y poder de las distintas regiones y autonomías, que han buscado, en mayor o menor medida, su reafirmación no solo rescatando y potenciando diversos elementos culturales o sociales propios de cada una (labor ciertamente loable), sino también eliminando, menospreciando o ignorando cualquier vestigio de la historia, la lengua y la cultura común de todos los españoles (lo que sin duda es censurable).

Dicho fenómeno se ha producido con mayor intensidad en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un componente nacionalista, pero se ha extendido también a otras, entre las cuales destacan especialmente aquellas que poseen un idioma co-oficial propio además del castellano, que han visto en la lengua un especial y efectivo instrumento de diferenciación y construcción identitaria.

En dicha estrategia, el cambio de nombre oficial de los distintos topónimos ha jugado un papel ciertamente relevante, pues bajo el pretexto (reiteramos que encomiable) de recuperar el nombre de lugares, ciudades y provincias propias de las distintas lenguas regionales españolas (como puede ser el catalán, gallego o el euskera, entre otras) se ha aprovechado para erradicar absolutamente la denominación oficial de los topónimos en español, utilizando la denominación municipal como instrumento de la llamada "normalización" lingüística.

En efecto, la normalización lingüística quedó configurada como ariete o punta de lanza de los nuevos fenómenos autonómicos en determinadas regiones, lo cual ha venido afectando a extremos tan diversos como la educación, los medios de comunicación, la cultura y, en lo que ahora interesa, el cambio de las denominaciones oficiales de los topónimos, dotándose las Comunidades


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de los correspondientes instrumentos legales: Ley Vasca 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización Lingüística; Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización Lingüística Catalana; Ley Gallega 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística; Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano; Ley Balear 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística; Ley Foral Navarra 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence, Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable en Asturias, etc.

Prueba de la capital importancia que en este proceso dieron ciertos entes autonómicos al cambio en la denominación oficial de los topónimos es que, en algunos casos, los procedimientos de modificación de los mismos fueron aprobados incluso con anterioridad a la propia ley de normalización lingüística, como por ejemplo ocurrió en Cataluña con la Ley 12/1982, de 8 de octubre, sobre cambio de denominación de municipios, que antecedió en un año a la ley autonómica de normalización o el Decreto del Consell del País Valenciano de 2 de agosto de 1979, en el cual directamente se asumieron competencias sobre la variación de nombres de los municipios y se determinaron los órganos para su conocimiento y resolución, con casi cinco años de antelación a la ley específica habilitadora,

Desde entonces la legislación sobre el procedimiento de cambio de denominación de municipios y topónimos ha sido sin duda prolija, en algunos casos mediante leyes promulgadas ex profeso, en otros casos introduciéndose en la propia legislación sobre régimen local de las respectivas autonomías e incluso, en algún supuesto, utilizando ambas vías. En dicho procedimiento pueden enmarcarse, entre otros muchos, el Decreto 132/1984, de 6 de septiembre, para la fijación y recuperación de la toponimia de Galicia, el Decreto 98/2002, de 18 de julio, sobre procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, o el Decreto 58/1992, de 13 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el procedimiento para la alteración del nombre de los municipios.

Aunque en todo este proceso no ha faltado un cierto componente creativo (pues no todos los lugares tenían previamente nombre en las lenguas autonómicas) vaya por delante que este Grupo no tiene absolutamente nada en contra de que se traten de recuperar los topónimos tradicionales de las distintas lenguas españolas distintas del castellano, a fin de fomentar su uso por parte de sus hablantes.

Ahora bien, las autoridades competentes autonómicas no se han contentado con rescatar y fomentar los topónimos en las lenguas autonómicas co-oficiales, sino que han decidido en muchos casos que el nombre oficial de los mismos (aplicable a toda España) fuera exclusivamente en la lengua vernácula, obligando a todos los españoles a usar nombres propios de lenguas que no tienen por qué conocer e introduciendo de esta manera en nuestra fonética sonidos privativos de las lenguas regionales.

Resulta además que el proceso de "normalización" de los topónimos en España ha sido bastante caótico, pues en ocasiones se ha mantenido en nombre original en castellano, en otras se ha fijado como oficial exclusivamente el de la lengua autonómica co-oficial y en otros casos se han mantenido ambos, pero sin un criterio ortográfico claro: hay casos en los que precede el nombre castellano (por ejemplo, la capital navarra Pamplona/lruña o la alavesa Vitoria-Gazteiz), otros en los que es al revés (por ejemplo, la localidad vasca de Arrasate/Mondragón) y, en todo caso, sin un criterio claro sobre el signo de separación entre ambos términos: en ocasión se utiliza un guión ("-"), en otros una barra ("/"), etc.

Aunque sea un hecho obvio, a fin de evitar visiones desenfocadas de la cuestión, conviene indicar que los topónimos y gentilicios españoles no son patrimonio de los ciudadanos que viven en una determinada localidad, mancomunidad, comarcas, ciudad o isla sino que son un patrimonio cultural de todos los españoles, por lo que no parece razonable que las autoridades de un concreto lugar puedan arrogarse el poder de abolir el nombre oficial en español.

Pero además de tan elemental cuestión, hay que añadir que la lengua común de los españoles es el castellano, que es la única que, por mandato constitucional, tenemos el deber de conocer (artículo 3.1 de la Constitución). Como establece el artículo 3.2 de la Carta Magna "las demás lenguas oficiales españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos", pero no, obviamente fuera de tal ámbito.

Pues bien, a pesar de tan básicos principios, resulta que en España hemos permitido que las autoridades competentes autonómicas y municipales hayan decidido modificar el nombre oficial de los distintos topónimos para dar entrada a las lenguas regionales (que tendrían así efectos jurídicos más allá de sus límites territoriales, en un verdadero supuesto de extraterritorialidad) y, en algunos casos incluso erradicando completamente a efectos oficiales el topónimo tradicional español.

Ejemplos de lo que decimos no faltan en nuestro ordenamiento, desgraciadamente. Así, por ejemplo:

(i) En Cataluña la Ley 12/1982, sobre cambio de denominación de municipios y su correspondiente Decreto 78/1991, de 8 de abril, sobre el uso de la toponimia, indica que, a efectos oficiales, "los nombres de las comarcas, de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas, de los núcleos de población, de los accidentes geográficos y de cualquier otra demarcación territorial, así como los nombres de las calles y de las vías urbanas e interurbanas de Cataluña, tienen como única forma oficial la catalana, excepto los de la Val d'Aran, que tienen como única forma oficial


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la aranesa". En consecuencia, dicha normativa prescribe que "la rotulación en todas las vías urbanas e interurbanas en el territorio de Cataluña debe hacer constar los topónimos de Cataluña exclusivamente en su forma oficial".

(ii) En similares términos se pronuncian otras autonomías como Galicia, cuya Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, estipula en un artículo 10 que "los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega", concluyendo el tercer apartado que "estas denominaciones son las legales a todos los efectos y la rotulación tendrá que concordar con ellas".

(iii) En la misma línea se expresa el artículo 14 de la Ley 3/1986 que dispone "los topónimos de las Islas Baleares tienen como única forma oficial la catalana" o la Ley 19/98, de 23 de marzo (la Ley 1732/1998), de uso y promoción del bable, que establece que "los topónimos de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional" o el artículo 15 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano.

En otros lugares, la abolición del topónimo español y la redenominación de los municipios en la lengua "propia" de la Comunidad exclusivamente no procede de terminantes declaraciones legales, pero se ha venido produciendo en virtud de los procedimientos establecidos al efecto, con la inestimable ayuda de comisiones o agencias toponímicas creadas ad hoc y, en todo caso, en íntima conexión con la correspondiente Academia de la Lengua regional, con la que cuentan gran número de Comunidades Autónomas.

No es ahora el momento de referirnos a los numerosos despropósitos cometidos en España en el ámbito de la construcción identitaria, por lo que centrándonos en lo que ahora nos ocupa, la consecuencia de lo anterior es que la totalidad de los españoles se van visto vinculados por denominaciones oficiales acordadas por una minoría (las representadas por las autoridades de una concreta Comunidad o municipio) que, de esa manera, imponen la utilización en español de topónimos propios de otras lenguas.

Sin ánimo de exhaustividad, pues hay cientos de casos, no parece en absoluto lógico que la totalidad de los españoles se encuentren con que, oficialmente (en toda España, insistimos), la ciudad de La Coruña se denomine "A Coruña", que la isla de Ibiza sea oficialmente "Eivissa", o Gerona se vea convertida en "Girona", provocando todo ello, además, una extraña situación respecto a la denominación de los correspondientes gentilicios.

Dicha intensa labor de erradicación del castellano se ha llevado a cabo bajo el impulso de los partidos regionalistas o nacionalistas pero sería injusto ignorar que ha contado, en no pocas ocasiones, con la activa colaboración de aquellos otros partidos políticos que se dicen nacionales, no solo en algunos parlamentos autonómicos, sino también en el Congreso de los Diputados, que es el único competente para poder modificar la denominación de las distintas provincias.

En efecto, en virtud del artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, "sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias" y eso es precisamente lo que se realizó mediante las siguientes leyes:

- Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida.

- Ley 13/1997, de 25 de abril, por la que pasa a denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares.

- Ley 2/1998, de 3 de marzo, sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense.

Tales decisiones, por las que se eliminó la denominación española tradicional de dichas provincias, se justificaron con genéricas apelaciones a la tradición histórica y cultural (como si el nombre en español fuera algo ajeno a la historia o cultura del lugar) y en concordancia con el nombre oficial de las correspondientes capitales provinciales (en el caso de Baleares, con el de la propia Comunidad Autónoma), cuyo nombre oficial ya había sido previamente modificado por el órgano competente autonómico a fin de desterrar su nomenclatura española.

No hace falta mucha imaginación para comprender que la expulsión del ordenamiento jurídico de los nombres tradicionales en castellano no obedece a un verdadero sentir popular de la ciudadanía española o a mejoras técnicas (en ningún caso se ha consultado a la Academia Española de la Lengua) o a una reparación de supuestos agravios históricos sino a variados intereses políticos partidistas o electoralistas.

Un caso paradigmático de lo que denunciamos se ha producido recientemente con la reforma del nombre de las tres provincias vascas, cuyo cambio de denominación oficial fue, ni más ni menos, el precio político que pagó el Gobierno Socialista para que el PNV apoyara los presupuestos generales del Estado del año 2011, materializado en la Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente "Araba/Álava", "Gipuzkoa" y "Bizkaia" las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente "Álava", "Guipúzcoa" y "Vizcaya".

Al margen de la perversión democrática que suponen este tipo de mercadeos políticos, no hace falta insistir en que entra en el terreno de la insensatez imponer a más de cuarenta millones de ciudadanos españoles unas denominaciones en un idioma (el euskera) que ignora el 97,5 % de la población española y que conlleva incrustaciones de la grafía eusquérica en la ortografía española, violentando su lógica lingüística.


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Pero además, todos estos cambios en la nomenclatura oficial de ciudades, pueblos y lugares se han venido realizando contra el criterio de la Real Academia Española de la Lengua, que considera -como no puede ser de otro modo- una injerencia intolerable y absurda de los políticos en el ámbito de la lengua. Precisamente con motivo de esta última reforma de la denominación de las provincias vascas, el académico y catedrático de Lengua Española Gregorio Salvador manifestó que "hacer oficial una ortografía distinta es una cosa absurda y molesta para el ciudadano común", calificándola como "una de tantas estupideces que se han hecho en el terreno lingüístico".

Por su parte, el historiador y Premio Nacional de Historia 2008, Fernando García de Cortázar, tuvo ocasión de indicar que "a los políticos no se les ha confiado ni el cambio de la ortografía española ni la introducción en nuestra fonética de sonidos privativos de las lenguas regionales", añadiendo que "llevamos tiempo teniendo que aguantar tamaños desafueros cuando a los topónimos gallegos y catalanes solo se les ha adjudicado oficialmente la versión en lengua autóctona y no se ha ofrecido la forma castellana, mucho más extendida entre la población", concluyendo que "está siendo vapuleado nuestro idioma común".

Han sido infinidad los lingüistas e intelectuales que han denunciado tal disparate, pero no hace falta ser académico de la lengua para darse cuenta de que en español no decimos München, London, Bordeaux, Zhónghuá, Moskvá, Warszawa ni Den Haag, sino Múnich, Londres, Burdeos, China, Moscú, Varsovia y La Haya, por lo que resulta incomprensible que el nombre oficial en toda España de numerosos topónimos sea el de otras lenguas distintas del castellano.

La Coruña es La Corogne en francés, Corunha en portugués o La Corunya en catalán; y Gerona es Gérone en francés o Xirona en gallego y a nadie se le pasaría por la cabeza imponer el nombre español a los hablantes de tales lenguas. ¿Acaso a alguien se le ocurría obligar a los hablantes gallegos a utilizar el término "La Rioja" y no "A Rioxa", como se dice en dicha lengua, o decretar que a efectos oficiales ha de escribirse en euskera Guipúzcoa y no "Gipuzkoa"?

A la vista de todo ello es evidente que han de corregirse tales despropósitos y ponerse orden y racionalidad a los topónimos españoles mediante las modificaciones legislativas pertinentes a nivel racional, pues no solo es misión del Estado proteger el idioma español (artículo 3.1 de la Constitución), uno de nuestros máximos activos en el mundo, sino que tal como establece el apartado 28 del artículo 149.1 de la Constitución Española "el Estado tiene competencia exclusiva en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación", como el que sin duda han venido sufriendo los topónimos españoles.

Dichos preceptos mencionados son una manifestación de lo que se dice en el Preámbulo del Texto constitucional cuando, refiriéndose al deseo de la Nación española de establecer la justicia, la libertad y la seguridad y de promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses impulse las reformas legales necesarias a fin de que:

- Las denominaciones oficiales, vinculantes en todo el territorio nacional, de las provincias, capitales, municipios, mancomunidades, comarcas, islas y demás topónimos se fijen en todo caso en idioma español, sin perjuicio de que aquellas Comunidades Autónomas con lengua co-oficial distinta del castellano puedan decretar que, en su exclusivo ámbito territorial, sea también co-oficial el término análogo propio de la lengua vernácula.

- En consecuencia, se procedan a hacer constar los citados topónimos oficiales en castellano en la rotulación de todas las vías urbanas e interurbanas existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de que, en el concreto ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma que así lo acuerde, pueda rotularse también en el idioma co-oficial correspondiente.

- En todo caso, se ponga coto a la erradicación de los topónimos oficiales en español perpetrados por diversas autoridades, procediendo a subsanar y dejar sin efecto aquellas leyes, acuerdos y actos aprobados hasta la fecha a fin de eliminar cualquier vestigio del idioma español en la toponimia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la defensa del ejercicio de las Libertades Fundamentales en la República de Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


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Exposición de motivos

Una vez más se conoce de la muerte por huelga de hambre de un disidente político cubano, Wilman Villar, de 31 años, posición adoptada ante la actitud represiva que sobre él desplegó el Gobierno de la Dictadura Castrista en la República de Cuba.

Esta trágica realidad obliga a una contundente respuesta de los demócratas para reclamarle una vez más, desde Europa al gobierno cubano, las garantías necesarias de respeto a los Derechos Humanos y al ejercicio de las Libertades Individuales y Colectivas en aquella Isla.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados condena las circunstancias que llevaron a Wilman Villar a la huelga de hambre que ha producido su muerte, lamenta el trágico desenlace y reitera al Gobierno de la República de Cuba la importancia de que, a través del diálogo, se alcance la reconciliación del pueblo de Cuba y se garanticen en aquel país los derechos humanos y el ejercicio de las libertades fundamentales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley sobre reforma del servicio exterior.

Antecedentes

El discurso de investidura del presidente del Gobierno de 19 de diciembre de 2011 tuvo una referencia explícita a la necesidad de reformar el Servicio Exterior para afrontar su modernización y ponerlo al servido de la internacionalización de la economía y la salida de la crisis económica, Este planteamiento viene a coincidir con las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán de CiU cuando en su programa electoral aboga por la reforma del Servicio Exterior y recuerda los distintos intentos fallidos de reforma del referido Servicio en los más de treinta años de democracia.

Son muchos los retos a los que debemos hacer frente, y es por ello que la política exterior no puede ser una política partidista que se cambie acorde a los objetivos de cada uno de los gobiernos entrantes sino que debe ser una política de Estado que recoja consensos y que permita su desarrollo a largo plazo para poder facilitar su evaluación y ofrecer a nuestros aliados una política previsible, seria y fiable.

Uno de los principales instrumentos para el desarrollo de la política exterior es el Servicio Exterior, cuya estructura, organización y dotación apenas ha sufrido cambios que le permitan adaptarse a realidades cambiantes, como la creciente proyección internacional de organismos sub-estatales, la presencia en el exterior de diferentes departamentos ministeriales, la modernización tecnológica o, no menos relevante, la convivencia con el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Por otra parte, se debería racionalizar el mapa diplomático y sobre todo el consular. Todo ello conjuntamente con la necesidad de potenciar la visión estratégica de la expansión económica. Nuestras embajadas y consulados, y más en un momento económico como el actual, deberían estar al servicio de aquellas actividades económicas y empresas que buscan internacionalizarse, ayudándoles a incrementar su actividad más allá de nuestras fronteras. Se necesitará, en este caso, una plena cooperación interdepartamental, especialmente entre los ministerios de Asuntos Exteriores, de Economía y Competitividad así como el de Industria, Energía y Turismo.

La revisión del mapa diplomático y consular debe incidir además en las zonas con importancia estratégica, mercados emergentes, en los que la presencia diplomática española es aún insignificante.

Con tal de poder facilitar el desarrollo de sus tareas a los profesionales que realizan su actividad en el exterior, se debe incidir en una formación continuada que permita el desarrollo de nuevas capacidades, a la par que medidas para facilitar la incorporación de su cónyuge o familiares al mercado laboral de destino, así como la revisión de la escala de remuneraciones en el exterior. Es necesario asimismo revisar el acceso a la carrera diplomática y la eventual creación de un cuerpo de funcionarios de la Escala B tal y como sucede en otros países.

Las nuevas tecnologías deben ser un elemento fundamental en el trabajo diario de los miembros del servicio exterior, les debe permitir una mayor agilidad a la hora de desarrollar sus cometidos. En este caso, y relacionado con la revisión del mapa diplomático, se ha de estudiar la figura de la "Smart diplomacy", jóvenes diplomáticos que tengan a su cargo, no uno solo sino varios países, y que gracias a las nuevas tecnologías y a los transportes, puedan estar en contacto con todos ellos y con el Ministerio. Esta figura ofrece ventajas


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sobre todo para países pequeños y con gran potencial económico.

En cuanto a los medios materiales de los que se disponen, el MAEC es uno de los ministerios con menor dotación económica en comparación con otros países. Esto es difícil de corregir en una situación económica como la actual, de contención del gasto, de hacer más con menos; se deben encaminar los esfuerzos a una mayor racionalización del gasto, a hacer uso de centrales de compras y a priorizar, pero debe tenerse en cuenta bajo una perspectiva de medio y largo plazo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Diseñar la política exterior española como política de Estado, con el establecimiento de objetivos a largo plazo y prioridades, y cuyos resultados sean evaluables.

2. Revitalizar el Consejo de Política Exterior, con una activa participación de las Comisiones de Asuntos Exteriores de las dos Cámaras de las Cortes Generales a partir de las deliberaciones y aportaciones formuladas por las referidas Comisiones.

3. Emprender una profunda reforma del Servicio Exterior que culmine con la aprobación de una Ley del Servicio Exterior para que este sea más ágil y flexible. Para ello, se debe incidir, entre otros, en los siguientes aspectos:

- Coordinación entre todos los departamentos ministeriales para reafirmar la unidad de acción de la política exterior.

- Racionalización del mapa de la implantación diplomática y consular adaptado a las necesidades actuales, pero también a las futuras, con una planificación a largo plazo y una mayor presencia en zonas consideradas como estratégicas y emergentes.

- Fomento del uso de las nuevas tecnologías mediante la implantación de la figura del "laptop ambassador" y el fomento de la "Smart diplomacy".

- Dotación a las misiones diplomáticas de competencias y medios para colaborar con la internacionalización empresarial.

- Reformas profundas en la política de personal, tanto funcionario como laboral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la grave situación de derechos humanos y falta de avance en la democratización que se vive en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El pasado 19 de enero de 2012, el disidente cubano Wilman Villar Mendoza moría tras una huelga de hambre que se había extendido durante cincuenta días. Wilman Villar, tras una acusación falsa, había sido condenado a cuatro años de cárcel para castigarle por haberse manifestado pacíficamente contra el gobierno cubano en noviembre de 2011. A raíz de este hecho, el gobierno cubano, ante la campaña de repulsa internacional desatada, supuestamente emprendió una campaña de amenazas dirigida contra su esposa y contra la organización "Damas de Blanco" de la cual ha recibido apoyo que ha sido denunciada por numerosas organizaciones de derechos humanos.

La República de Cuba, según su propia constitución política reformada en 2002, es un Estado socialista "de forma irrevocable". El partido comunista cubano controla todos los poderes e instituciones del Estado. A pesar del cambio en la presidencia ocurrido en 2006, de Fidel a su hermano Raúl, las escasas reformas introducidas en su estructura de economía dirigida no han cambiado la consideración de Cuba como el único país de América Latina en el que se reprime cualquier forma de disidencia política. Como pone de manifiesto el caso de Wilman Villar, con dicho fin se siguen produciendo detenciones ilegales, agresiones de todo tipo, juicios sumarios sin garantías, encarcelamientos en condiciones inhumanas y persecuciones de familiares de disidentes.

Las relaciones entre España y Cuba vienen determinadas por la "posición común" adoptada el 2 de diciembre de 1996 por el Consejo de la Unión Europea, que condiciona una cooperación económica completa con la isla a las mejoras en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, alentando en concreto al gobierno cubano a la liberación de todos los prisioneros políticos y el final del hostigamiento y de las medidas represivas respecto de los disidentes. Desde esa fecha, el Consejo de la Unión Europea ha venido evaluando la situación cubana sin que haya considerado necesario modificar dicha "posición común" después de constatar la falta de avances suficientes en esa materia. El Parlamento Europeo, por su parte, en sus resoluciones, ha votado


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a favor de mantener esta política denunciando al mismo tiempo las graves violaciones que se vienen cometiendo hasta la fecha contra los disidentes cubanos por parte de las autoridades de la isla.

El pueblo cubano tiene un vínculo histórico con España de enorme trascendencia, que se ve reforzado en la actualidad por las importantes relaciones que mantenemos con la isla en materia de inmigración, turismo y cultura. Por todo ello, la política bilateral del gobierno español siempre ha sido de gran relevancia para ambos pueblos. Sin embargo, la posición del gobierno precedente, presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero, se caracterizó en su política hacia Cuba por defender un cambio en la mencionada "posición común" adoptada en 1996 al considerar que la firmeza en materia de derechos humanos y democracia no facilitaría cambios políticos en la isla. Dicha política llevó en abril de 2011 al gobierno español a facilitar la acogida en nuestro territorio en calidad de "emigrantes" a un gran número de disidentes cubanos encarcelados que fueron forzados a exiliarse con sus familias para poder recuperar su libertad.

Todo lo expuesto hace urgente y necesario que se definan los nuevos principios sobre los que debe sustentarse la futura política de España en relación con el gobierno cubano y la población de la isla.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de UPyD presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener y defender, la "posición común" del Consejo de la Unión Europea sobre Cuba adoptada el 2 de diciembre de 1996: sin mejoras en la situación de los derechos humanos y sin avances en democratización no puede haber una cooperación plena con el régimen castrista; al mismo tiempo que apoyar un diálogo sincero entre la Unión Europea y el gobierno cubano en aras a facilitar reformas en dicho campo.

2. Denunciar sin excepciones la grave situación de derechos humanos que se vive actualmente en Cuba y apoyar en el exterior a los defensores de derechos humanos en la isla garantizándoles el derecho de asilo cuando fuere necesario.

3. Apoyar todas las iniciativas de la sociedad civil cubana en el interior y en el exterior de la isla, basadas en el diálogo y el respeto de los derechos humanos fundamentales, que busquen mejorar la situación de la población cubana y la democratización de Cuba.

4. Propugnar que solo se demande un cambio de la política de la Unión Europea hacia el gobierno cubano cuando se constaten la liberación de todos los presos de conciencia, el respeto de la libertad de expresión, la libertad de acceso a Internet para toda la población de la isla, mejoras en el respeto a las libertades individuales de los defensores de derechos humanos en la isla y el fin de las restricciones a la libre circulación con el exterior.

5. En ausencia de cambios significativos, mantener exclusivamente de la cooperación UE-Cuba en los sectores que benefician directamente a la población cubana, como son: ayuda humanitaria, seguridad alimenticia, protección del medioambiente, capacitación de la sociedad civil. En el caso de la cooperación estrictamente española, habría que añadir a los sectores anteriores el educativo y cultural, y la protección del patrimonio histórico, siempre que se garantice su carácter despolitizado.

6. Defender los intereses económicos y sociales de España en Cuba a través de la protección de las empresas que tienen inversiones en la isla y de las personas de origen español que residen en ella.

7. Rechazar el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos de América sobre Cuba en los términos definidos por la resolución de la Asamblea General de la ONU de 8 de diciembre de 2011."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/000263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ratificación del tercer Protocolo para la Convención sobre los Derechos del Niño, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Finalmente, después de un largo proceso, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el tercer Protocolo para la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante su Resolución 66/139, de 19 de diciembre de 2011, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Es un hito importante en la promoción de los derechos de la infancia. Ya no se trata de reafirmar la condición de los niños y niñas como sujetos de derecho; reconoce su competencia para defender, según sus aptitudes, ellos mismos, sus derechos, directamente ante una instancia internacional.

El Protocolo contempla la regulación del Comité de los Derechos del Niño, un procedimiento de comunicaciones y un procedimiento de investigación que viene a complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos.


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El respeto del interés superior del niño debe ser una consideración fundamental para reparar la violación de sus derechos, así como la necesidad de procedimientos adaptados a los niños en todas las instancias. En este sentido, resulta imprescindible que el Estado español estudie la creación de mecanismos eficaces y apropiados para que los niños y niñas cuyos derechos hayan sido vulnerados tengan acceso a recursos efectivos en su propio país.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover con la mayor celeridad la ratificación del tercer Protocolo para la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 66/139, de 19 de diciembre de 2011.

Promover la regulación de procedimientos apropiados y eficaces que permitan conocer denuncias, investigar y reparar las vulneraciones de los derechos de los niños y niñas, complementando lo establecido en el tercer Protocolo para la Convención de los Derechos del Niño."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Mohamed Sid Brahim Sid Embarec Basir, más conocido como Basiri, fue un activista por los derechos del pueblo saharaui, que desapareció bajo la responsabilidad de la autoridad colonial española, el Gobierno General de la Provincia del Sáhara.

Nacido en el Sahara Occidental, vivió en Marruecos, El Cairo y Damasco, donde estudió. Después de licenciarse en periodismo, fundó un periódico en Marruecos, desde el que cuestionaba las pretensiones marroquíes de anexionarse el Sahara. Las autoridades marroquíes lo persiguieron por este hecho y entonces solicitó autorización a las autoridades españolas para entrar en el territorio saharaui.

La demora en la respuesta y la angustia por la persecución marroquí le obligaron a entrar en su país al margen de la legalidad, siendo detenido y encarcelado junto a su hermano por las autoridades españolas.

Ante la presión de familiares y personalidades saharauis, el Gobernador español ordenó la puesta en libertad de ambos hermanos concediéndoles un salvoconducto a cada uno, renovable cada seis meses.

Ya en libertad retomó el activismo por la liberación de su pueblo, enviando misivas tanto a la Asamblea General Saharaui como al Gobernador General advirtiendo de la voluntad anexionista de Marruecos, reclamando medidas para evitarla, así como otras destinadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Ante la pasividad española y la urgente necesidad de organización de la población saharaui, el 12 de diciembre de 1969 se fundó la Organización de Vanguardia para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, cuyo secretario general fue el propio Basiri. Entre los objetivos de la organización estaba la concienciación de la población, y especialmente de la juventud, respecto a la independencia del pueblo saharaui.

La organización fue creciendo a lo largo del territorio. Las autoridades españolas tuvieron conocimiento de su existencia a mediados de 1970. En respuesta a ello, convocaron una gran manifestación en apoyo de la presencia española en territorio saharaui.

Lejos de buscar el conflicto, la organización saharaui llevó a cabo reuniones con los Delegados Provinciales del Gobierno General de la Provincia del Sáhara, informándoles de sus objetivos. Estos objetivos, según un memorándum que realizaron, incluían la independencia del estado saharaui, pero conservando los vínculos y las relaciones con España, el apoyo español en los foros internacionales en el periodo de transición, así como mejorar el nivel cultural y económico de la población.

Sin embargo, el 17 de junio de 1970 coincidieron dos manifestaciones: una de apoyo a la organización saharaui y otra de apoyo a la colonización. Las autoridades españolas instaron a la disolución de la primera e incluso hizo presencia el Gobernador español, a quien los saharauis hicieron entrega de su memorándum, pero se negaron a disolver la manifestación. Ante esta negativa, intervinieron las Fuerzas de la Legión, que dispararon indiscriminadamente contra la población, causando heridos y muertos y deteniendo a centenares.

Aquella misma noche fue detenido Basiri, que permaneció en la cárcel de Aaiún hasta el 16 de julio, fecha en que se tiene la última información respecto a su paradero. Desde ese momento, no hay noticias suyas: ni el Gobierno General de la Provincia del Sahara informó entonces, ni hasta ahora lo ha hecho el Gobierno español. La población saharaui lo considera un héroe y mártir y espera que el Gobierno español arroje luz sobre su desaparición.


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Cuando se han cumplido 40 años de su desaparición, en un contexto de recuperación de la memoria histórica española, y en un momento en que, después del caso Aminatou Haidar, el pueblo saharaui recuerda al Estado español su responsabilidad histórica, se considera oportuno que el Gobierno realice un gesto de cara al pueblo saharaui, aportando información sobre el desaparecido Basiri.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar un informe sobre la desaparición de Mohamed Sid Brahim Sid Embarec Basir, Basiri, aportando información sobre su suerte y paradero.

2. En caso de que el Gobierno español tuviera responsabilidad en la desaparición de Basiri, establecer las medidas necesarias para la reparación de su memoria, así como de su familia.

3. En caso de que Basiri hubiera fallecido después de la detención por parte de las fuerzas de seguridad españolas, realizar las gestiones oportunas para su localización y su repatriación a territorio saharaui."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Justicia

161/000282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones concretas para colaborar en la investigación y esclarecimiento del importante número de denuncias de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El caso de las denuncias sobre bebés robados en España, entre los años 1940 y 1990, es un escándalo social de grandes dimensiones que ha venido aflorando recientemente y que requiere un compromiso cierto de los poderes públicos para avanzar en la investigación y el deseable esclarecimiento de los hechos hasta que se haga justicia.

Los casos anteriores a 1950, que están siendo investigados, pueden hacer pensar en un instrumento al servicio de la represión franquista y es fácil imaginar la situación de indefensión y vulnerabilidad de las personas víctimas de estos hechos.

Las desapariciones tuvieron lugar también, además de en las cárceles, en Hospitales y Casas Cuna de distintas ciudades españolas hasta bien entrada la democracia. Según "SOS, Bebés Robados", Gipuzkoa es uno de los Territorios que agrupa un mayor número de afectados, con 126 casos de los más de 200 que está tramitando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Precisamente en esa Comunidad el Gobierno Vasco ha creado una Comisión interdepartamental con el fin de colaborar con los afectados y sus asociaciones.

Los padres de niños robados no imaginaban que los menores por los que pagaban procedían de una madre a quien le dijeron que su hijo había muerto. Según "SOS Bebés Robados", la única hipótesis que se plantea es que estos niños fueron dados por muertos y vendidos a terceras personas.

Gracias a la Ley de Adopción de 1987 el Gobierno puso orden y acabó prácticamente con la red de adopciones ilegales. Pero durante más de cincuenta años el robo de niños se ha desarrollado con absoluta impunidad y no ha sido objeto de la más mínima investigación. En la actualidad hay madres y padres, familiares, que piden que se aclare qué sucedió con aquel bebé que presuntamente nació muerto o fue dado en adopción. Aunque el paso del tiempo ha hecho que muchas de aquellas madres hayan fallecido sin haber logrado encontrar a su hijo.

El robo de miles de niños vendidos a otras familias provocan que madres y padres, familias, lloren la pérdida de sus hijos y que muchas mujeres y hombres hoy desconozcan su origen y sus raíces. La asociación Anadir señala que hay 894 casos en manos de la Fiscalía, mientras que en 169 el juez ha abierto diligencias por encontrar indicios de delito. Anadir alega que tiene sobre la mesa 1.800 expedientes y, la mayoría de ellos, corresponden a casos de mujeres que dieron a luz en un Hospital en el que le comunicaron que el recién nacido había muerto.

Es sabido que, desgraciadamente, alrededor de dos de cada tres afectados por el presunto robo de bebés, entre las décadas de los cuarenta y los ochenta, no pueden elevar una denuncia porque carecen de documentación suficiente que respalde sus sospechas. En ciertos casos, el centro médico en el que vino al mundo el bebé carece de papeles que certifiquen su nacimiento; en otros la búsqueda de los legajos de aborto resulta infructuosa e, incluso, se carece de constancia de su enterramiento.

Para avanzar en las investigaciones se han realizado exhumaciones con el resultado sorprendente de encontrar féretros vacíos. Pero además, estas exhumaciones abren la puerta a que se puedan autorizar nuevas intervenciones y, con ellas, un posible análisis de ADN para


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su contraste dentro del Banco de ADN que pusiera en marcha el anterior Ministro de Justicia de acuerdo con los afectados.

Según señaló el anterior Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el mes de noviembre del año pasado, la Fiscalía estaba investigando cerca de mil casos de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia en España. Reconoció que las pesquisas son muy complicadas debido a la antigüedad de las pruebas, a la falta de las mismas en otros casos, a las prescripciones y al hecho de que cada expediente tiene una naturaleza muy distinta. La desaparición de archivos tampoco facilita encontrar pruebas documentales que supongan indicios suficientes para que los jueces puedan avanzar en su tarea.

No obstante, en marzo de 2011, el Gobierno del PSOE y más en concreto el Ministerio de Justicia, designó un interlocutor o enlace permanente con las asociaciones y puso en marcha un Protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprendía apoyo psicológico e información legal. El objetivo del Protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses era el de favorecer la identificación genética en los casos de adopciones irregulares y sustracciones de recién nacidos en el conjunto de España.

En septiembre de 2011 el presidente de Anadir presentaba en el Congreso una propuesta para crear una Comisión que investigue los casos de adopciones irregulares. Sin embargo, las Cortes ya se habían disuelto por la convocatoria de elecciones.

Las asociaciones de afectados, Anadir, SOS Bebés Robados y Aberoa han anunciado la presentación de firmas ciudadanas y un documento dirigido al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, donde se le solicita, fundamentalmente, el cese de los archivos de denuncias sin haber practicado las mínimas actuaciones y la apertura de nuevas investigaciones por la policía judicial.

En relación con el apoyo a las denuncias y con los procesos de colaboración con los afectados, desconocemos la disposición y apoyo de los actuales Ministros de Justicia e Interior, al igual que de la Fiscalía General, para atender las demandas de las asociaciones de afectados y dar continuidad a las actuaciones iniciadas por el Gobierno anterior.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"1. Trasladar a la Comisión de Justicia la información sobre el grado de cumplimiento de las medidas impulsadas en la pasada legislatura por el Ministerio de Justicia relativas a:

a) La realización de pruebas de ADN,

b) La evolución de la colaboración prestada a las familias para facilitar su acceso a los datos del Registro Civil.

c) Los resultados de la comunicación con el enlace del Ministerio de Justicia establecido como vía institucional de interlocución con las personas afectadas.

2. Dar continuidad a la colaboración iniciada en la pasada legislatura con el Ministerio Fiscal y con los órganos judiciales, así como con las demás instituciones competentes para la investigación de los supuestos de robo y adopción irregular de niños y niñas denunciadas por los afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Interior

161/000253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la seguridad para la prevención de robos y actos violentos en el campo valenciano, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Aunque la seguridad ciudadana siempre se ha asociado o ha estado mucho más vinculada a las zonas urbanas, no podemos descuidar las zonas rurales y los problemas que puedan haber en ellas sobre estos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que la falta de seguridad o la sensación de inseguridad es sin duda uno de los problemas que más alarma social crea.

En los últimos años, el campo valenciano ha experimentado un aumento del número de delitos extremadamente preocupante por las repercusiones sociales y económicas que traen consigo.

Si bien históricamente los robos en el campo han sido habituales, en los últimos años estos, más que aumentar, han sufrido un cambio cualitativo. Si antes estos actos tenían lugar sobre producciones agrarias, en estos momentos van dirigidos hacia otros elementos como maquinaria, pozos de riego, utensilios, herraje, animales, etc. Esta nueva situación viene dada, por una parte, a los precios tan bajos de los productos agrarios que hace que ya no sea rentable su robo para una posterior venta, y por otra, a la desprotección innata del medio rural.

El problema de la seguridad ciudadana en las zonas rurales es diferente al de las zonas urbanas. Siempre se


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ha dicho que el campo no tiene puertas y por lo tanto la inseguridad sobre las pertenencias y producciones propias es especialmente relevante, ya que las medidas de guarda y protección no pueden tener nunca el mismo grado de eficacia que en las zonas urbanas.

Los robos en el campo no se deben solo a esa desprotección innata del medio rural, sino al hecho de que se le da una menor importancia y se hace un menor caso desde los poderes públicos que deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos, bien estén en las zonas urbanas como en las rurales.

Por lo tanto, hay que aumentar los recursos humanos y económicos para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer bien su trabajo en las zonas rurales. No se pueden destinar todos los esfuerzos a las zonas urbanas dejando de lado las rurales.

Finalmente y de forma lamentable, el número de denuncias de estos delitos no se corresponden con los realmente cometidos, debido fundamentalmente a que en muchos casos son robos de cuantías inferiores a las que el Código Penal estipula como tal, y sí como hurtos, pero sobre todo, por las incomodidades que le supone al agricultor o ganadero denunciar los robos. Por lo tanto, deberían mejorarse estos aspectos para facilitar la presión sobre los delincuentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que incremente la dotación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignadas a la protección de los bienes y personas de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que inicie el proceso reglamentario de modificación del Código Penal para incrementar las sanciones por los robos y actos violentos en las zonas rurales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Defensa

161/000257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la modificación del Real Decreto 1311/2004, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 2004-2009, para acabar con las discriminaciones que sufre la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad.

Antecedentes

La actual Escala del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS) de Oficiales Enfermeros tiene su origen en la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, con la creación de la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad. Posteriormente, el Real Decreto 255/1991, de 1 de marzo, de adaptación de las Leyes de plantillas de las Fuerzas Armadas a la estructura de Cuerpos, Escalas y empleos que dispone la Ley 17/1989, fijó la plantilla original de la Escala Media del citado Cuerpo.

Sin embargo, la plantilla asignada a la actual Escala de Oficiales Enfermeros del CMS por el Real Decreto 1311/2004, de 28 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 2004-2009, era diferente a la contenida inicialmente en el Real Decreto 255/1991. Esto ha significado que la actual Escala de Oficiales Enfermeros, aún manteniendo un número de efectivos muy similar al existente en 1991, ha sufrido una pérdida significativa en el número de plazas asignadas reglamentariamente: 7 Tenientes Coroneles, 133 Comandantes, 39 capitanes, 79 Tenientes y 19 Alféreces.

La disminución significativa en los empleos superiores de la Escala de Oficiales Enfermeros resulta desproporcionada respecto a las plazas asignadas al resto de Escalas de Oficiales de su mismo nivel en las Fuerzas Armadas, comparando el número de efectivos totales de enfermeros militares y los efectivos del resto de las otras Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, en la actualidad, en la Escala de Oficiales Enfermeros, los ascensos a Capitán se producen al llevar más de trece años en el empleo de Teniente, y los ascensos a Comandante se producen al llevar más de catorce años en el empleo de Capitán, mientras que en el resto de las actuales Escalas de Oficiales se producen a los seis y ocho años respectivamente, arrastrando los Oficiales Enfermeros un retraso de más de trece años al llegar al empleo de Comandante en relación con las otras Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas.

Esta situación ha sido planteada como queja por los Oficiales Enfermeros ante el Consejo Asesor de Personal de los Cuerpos Comunes en repetidas ocasiones, siendo todas ellas estimadas por dicho Consejo, e instando a las autoridades de Defensa a adoptar las medidas


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necesarias para que la situación en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad experimentara una progresiva aproximación a las de igual carácter del resto de las Fuerzas Armadas, tanto en los promedios de tiempo para el ascenso como en los cuadros numéricos de los distintos empleos.

No obstante, las autoridades de Defensa han desestimado hasta el momento todos los acuerdos remitidos por el Consejo Asesor de Personal, alegando siempre las mismas causas: "por entender que las diferencias que pueden existir entre las Escalas de los distintos Cuerpos Militares, en materia de plantilla y ascensos, están condicionadas por las necesidades de planeamiento de la defensa militar y operativas de las Fuerzas Armadas". Sin embargo, en ningún momento las autoridades de Defensa han especificado cuáles son las necesidades de planeamiento y operativas que han dado lugar a ese trato desigual para la Escala de Oficiales Enfermeros, lo cual se opone a la numerosa doctrina jurisprudencial existente, según la cual la denegación por parte de la Administración de las solicitudes y peticiones que se le planteen deben motivarse en base a razones objetivas para evitar la indefensión.

Asimismo, aunque las autoridades justifican la grave lesión al principio de igualdad que en materia de plantillas y ascensos sufre la Escala de Oficiales Enfermeros por las diferencias que pueden existir entre los distintos Cuerpos Militares, sucede que la Escala de Oficiales Enfermeros es la única de las once Escalas de Oficiales de su mismo nivel que sufre esta discriminación, siendo el tratamiento de todo el resto de Escalas más homogéneo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1311/2004, de 28 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 2004-2009, con el objetivo de que los empleos de la Escala de Oficiales Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad sean proporcionales a los de las actuales Escalas de Oficiales del resto de Cuerpos Militares y permitan el ascenso en los mismos períodos de tiempo que dichas Escalas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Fomento

161/000249

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo modelo aeroportuario que introduce la participación privada en la gestión de los aeropuertos de Barajas y el Prat y en el capital de AENA aeropuertos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El pasado día 20 de enero, la Ministra de Fomento anunció la suspensión del proceso de desarrollo del nuevo modelo Aeroportuario español, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de noviembre de 2011.

El acuerdo referido aprobado por el Gobierno Socialista respondía al consenso logrado con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y de forma mayoritaria por las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y un amplio soporte de agentes económicos y sociales. Se creaban los Consejos Rectores de los Aeropuertos de Barajas y el Prat como una primera fase para descentralizar la gestión de los aeropuertos españoles, introduciendo la posición determinante de las instituciones catalanas, en la gestión del Aeropuerto del Prat en Barcelona. El modelo fija una participación de las instituciones catalanas satisfactorio tanto de la sociedad civil catalana, como de los partidos políticos y del propio Gobierno de la Generalitat. El acuerdo prevé un Consejo Rector compuesto por 5 representantes catalanes, 4 representantes de Aena y funcionaría por mayoría de dos tercios, con lo cual la presencia de las instituciones catalanas (dos vocales a iniciativa de la Generalitat, un vocal del Ayuntamiento de Barcelona, un vocal de los municipios del área metropolitana y un vocal escogido entre personas de reconocido prestigio). El nuevo modelo aeroportuario es fundamental para la aplicación de objetivos estrategicos del Aeropuerto del Prat y de su gestión directa.

El acuerdo es respetuoso con la voluntad política manifestada de forma reiterada por el Parlament de Catalunya y satisface claramente las aspiraciones de las organizaciones civiles catalanas, que pidieron de forma clara un nuevo modelo de gestión en el encuentro del IESE en el año 2007.

Un nuevo modelo que propicia una clara separación de funciones entre los prestadores, por un lado, de la navegación aérea, y por otro lado, de los servicios de gestión aeroportuaria, con un enfoque más empresarial, con fórmulas societarias que nos situaban plenamente en un ámbito mercantil en consonancia con lo que ocurre en


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todo el ámbito europeo, en una nueva realidad económica donde nuestros aeropuertos son una pieza vital en los cambios del sector turístico y en el sector aéreo. Un modelo que aumenta la competencia entre nuestros principales aeropuertos, que introduce elementos liberalizadores, que asegure el mantenimiento de la red, que mantiene el carácter público de AENA y que da más participación a los territorios para que puedan colaborar en la gestión de sus aeropuertos.

Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista considera de un paso atrás y un error histórico la decisión anunciada por la Ministra de Fomento y considera de máxima urgencia la puesta en marcha del nuevo modelo Aeroportuario, procediendo a la Constitución del Consejo Rector Aeropuerto de El Prat, para poder desarrollar las políticas de promoción económica, de gestión descentralizada y llevar adelante el proceso liberalizador y la reforma estructural necesaria de nuestros aeropuertos para hacerlos más abiertos y competitivos.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar a la mayor brevedad el nuevo modelo aeroportuario de gestión descentralizada e individualizada, garantizando la participación determinante de las CC.AA. las administraciones locales y los agentes económicos y sociales con el objetivo de conseguir un modelo competitivo, moderno y eficiente.

2. Constituir en el plazo máximo de 3 meses el Consejo Rector del aeropuerto del Prat, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 de noviembre de 2011."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Román Ruiz Llamas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las mejoras en las conexiones aéreas entre las Islas Baleares y la península, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El transporte aéreo es para las Islas Baleares y concretamente para Menorca, Eivissa y Formentera una cuestión vital, de la cual dependen los enfermos cuando tienen que seguir un tratamiento fuera de la isla, o los jóvenes cuando quieren continuar una formación presencial fuera de la isla de origen, o todo el tejido productivo balear que tiene como motor central el sector turístico y de servicios. Las cifras lo ponen de manifiesto.

El aeropuerto de Menorca, por ejemplo, registra un trafico cada año de casi dos millones y medio de pasajeros y más de 2.600 toneladas de mercancías. Casi un 50% del PIB y de los lugares de trabajo de Menorca los genera el sector turístico. Efectivamente, de un transporte aéreo "digno", como lo ha calificado la sociedad menorquina, es decir, de un transporte con frecuencias y horarios adecuados y precios asequibles, depende la vitalidad de cada una de las islas que componen este archipiélago compartido.

Hoy la realidad en cuanto a la comunicación por avión es muy distinta. Viajar de Menorca o Eivissa a Mallorca cuesta a un residente unos 115 euros, a pesar de la declaración de obligación de servicio público (DOSP) actual y el descuento del 50%. En cambio, al no residente le puede llegar a costar unos 220 euros. La comunicación de Menorca o Eivissa con la península gestionada por el mercado tampoco es nada satisfactoria ni en frecuencias ni en precios. Los costes son muy variables pero se mantienen dos constantes: una, los precios aumentan a medida que se reduce el tiempo de anticipación en la compra, hasta tener que pagar más de 700 euros para viajar a Madrid en situaciones de imprevistos o urgencias; y dos, las bajas frecuencias y los horarios dificultan la flexibilidad que necesitan los usuarios isleños.

En cuanto a precios, y según estudios del propio Gobierno de las Islas Baleares, un viaje que tiene como origen o destino Eivissa o Menorca cuesta entorno al 52% más que hacer el mismo recorrido entre dos ciudades peninsulares. Según otras fuentes, Menorca o Eivissa son unos de los destinos turísticos de acceso más caro. En definitiva, la realidad es que actualmente el transporte aéreo tal y como está ordenado entre islas o entre las islas y la península dificulta e incluso ahoga la vitalidad empresarial y sociocultural de las islas afectadas.

Es evidente, por lo tanto, que las instituciones públicas no pueden quedarse al margen y tienen que dar respuesta a las necesidades planteadas. Hace falta la intervención pública, y esta intervención solo es posible si se parte de la base que el transporte aéreo para las islas del archipiélago balear es una cuestión de interés general, consideración esta que jurídicamente implica el pronunciamiento de la institución competente -el Gobierno del Estado- en forma de declaración de obligación de servicio público (DOSP). Pero es evidente, también, que la declaración de servicio público no es suficiente, como bien lo demuestra la actual situación


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aérea entre islas. La intervención pública va más allá, y las instituciones europeas ya han orientado sobre las fórmulas posibles a aplicar para salvar el aislamiento de territorios aislados. Tenemos múltiples ejemplos en toda Europa, y bien cerca en Cerdeña y Sicilia. En toda Europa se aplica la declaración de servicio público (Reglamento de la Unión Europea 1008/2008) y los estados aportan los recursos suficientes para sacar a concurso cada una de las frecuencias, fijando capacidad, horarios y precios.

El objetivo, por lo tanto, es muy claro: que los ciudadanos de las islas y los visitantes a las islas puedan viajar con unas condiciones de calidad y precio equiparables a los del resto del Estado. Y para garantizar este principio de igualdad de oportunidades el Estado tiene que cambiar de modelo de intervención pública (de hacer DOSP y solo destinar recursos en forma de descuento de residente), y hay de destinar los recursos necesarios para posibilitar concursos públicos viables que den respuesta a las necesidades de las islas.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado para que, en un plazo de seis meses:

1. Revise y mejore la actual declaración de obligación de servicio público de los vuelos entre islas para garantizar un transporte aéreo a precios no discriminatorios y con frecuencias adecuadas.

2. Haga efectiva la declaración de obligación de servicio público entre los vuelos entre las islas y la península.

3. Saque a concurso público con recursos del Estado la explotación de las frecuencias de los vuelos entre islas como entre islas y la península, con precios, horarios, periodos de efectividad y capacidad, previamente acordadas con el Gobierno autonómico y los Gobiernos insulares a través de una comisión mixta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión de los aeropuertos de la CAPV, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En el Estado español, la mayoría de los aeropuertos son infraestructuras de interés general, de competencia exclusiva del Ministerio de Fomento y gestionada por su sociedad pública AENA. Es decir, el estado español gestiona de forma centralizada todos sus aeropuertos, utilizando un modelo en red, como si todos ellos constituyeran una única infraestructura,

Se trata de un modelo nada acorde con la tendencia de gestión en los vecinos países de la Unión Europea, en los que las instituciones regionales, locales y agentes privados, tales como las Cámaras de Comercio, participan en sociedades mixtas de gestión totalmente descentralizada. Por ello, resulta imprescindible abordar la gestión descentralizada de los mismos, también en la CAPV.

En el siglo XXI no podemos abordar la construcción y gestión de infraestructuras como se hacía en el XIX, centrándonos en la importancia de la infraestructura en sí misma, sino que resulta imprescindible abordar las infraestructuras de transporte centrándonos en la persona, en sus necesidades de movilidad y en su fidelización en función de la calidad ofertada.

La competitividad de nuestros aeropuertos no puede residir exclusivamente en el bajo coste sino en el valor añadido ofertado y, por otra parte, desde un modelo propio y ágil de gestión, es necesaria la búsqueda de una complementariedad entre los aeropuertos que comparten espacios económicos.

Nuestras infraestructuras aeroportuarias deben formar parte del conjunto del sistema de transporte, tienen que encontrarse bien conectadas con unas infraestructuras ferroviarias de calidad y con unos servicios de autobús eficientes y fiables, que garanticen que todas las personas que residen en el territorio accedan a un aeropuerto con unos parámetros de calidad y seguridad.

La modernización de la gestión aeroportuaria es fundamental para avanzar en el desarrollo socioeconómico de nuestro Territorio. Y este proceso debe ser abordado desde la colaboración interinstitucional, trabajando por un modelo nuevo y diseñado por y para Euskadi.

En la actualidad, ante los cambios que se están introduciendo en la legislación estatal, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a que realice las gestiones oportunas para descentralizar la gestión de los aeropuertos de la CAPV y para que la misma sea encomendada al Gobierno Vasco en un plazo máximo de seis meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavos del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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161/000265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Centro de Control de Tráfico Aéreo en Euskadi, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca (Hondarribia, Loiu y Foronda) tienen un tráfico anual de alrededor de setenta mil entradas y salidas de sus aeródromos.

Concretamente, y según datos ofrecidos por AENA acerca de los movimientos durante el año 2011, el número de operaciones de aterrizaje y despegue de ese año fue de 54.432 en Loiu, 9.562 en Hondarribia, y 7.582 en Foronda.

En lo que a viajeros se refiere, las cifras ascienden a 4 millones de pasajeros que hicieron uso del aeropuerto de Bilbao a lo largo de 2011; 285.000 en el caso de Hondarribia, y algo más de 28.000 en Foronda (el total de transporte de mercancías gestionado por este aeropuerto asciende a 34.000 toneladas en el año 2011).

La Comunidad Autónoma del País Vasco es la única de todo el Estado que teniendo más de un aeropuerto no tiene un Centro de Control de Tráfico Aéreo desde donde se ordene el tráfico que sale y entra en sus aeropuertos.

Es el Centro de Control de Madrid quien realiza esta labor, lo que crea demoras en el tráfico aéreo, perjuicio para los usuarios y pérdidas para las compañías aéreas.

Con un Centro de Control en Euskadi se reducirían los conflictos de tráfico aéreo derivados de tener siete aeropuertos en un radio muy pequeño, pudiendo dar servicio no solo a los aeropuertos vascos, sino también a los limítrofes.

Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"Crear un Centro de Control Aeroportuario en Euskadi que dé servicio a los aeropuertos vascos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejorar la seguridad vial en el tramo de la N-550 entre Santiago de Compostela y Sigüeiro, a la altura de A Sionlla, para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El tramo de la N-550 entre Santiago de Compostela y Sigüeiro, a la altura de la zona conocida como A Sionlla, es uno de los puntos más peligrosos de la red de viales compostelanos. Verdaderamente, podemos definirlo como un punto negro debido a la alta tasa de siniestralidad que registra.

Desde el año 1995, se han contabilizado ya veinte muertes en accidentes de tráfico en la zona mencionada. A la luz de los datos, está claro que es preciso emprender una mejora de la seguridad vial en este punto. En este sentido, se apuntan algunas soluciones como la construcción de una mediana con el objetivo de evitar los choques frontales que suelen producirse.

El Ministerio de Fomento debe tener presente que en los últimos años solo se llevaron a cabo actuaciones de mejora del firme y se limitó la velocidad a 60 km/h, pero como es evidente no han sido medidas suficientes ni eficientes. Se precisa la adopción de más actuaciones para mejorar la seguridad vial y evitar más muertes en este tramo de la N-550.

El fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de febrero se produjeron, en apenas tres horas, tres accidentes entre los kilómetros 50 y 56 de la N-550. Hubo que lamentar la muerte de una persona, también se registraron dos heridos graves y dos leves.

Es necesario que el Ministerio de Fomento aborde este problema que no precisa de grandes inversiones y que supondría salvar vidas.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

A adoptar las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial en el tramo de la N-550 situado entre Santiago de Compostela y Sigüeiro, a la altura de A Sionlla, a fin de reducir la alta tasa de siniestralidad vial que se registra en la zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/000276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la N-525 a su paso por Xinzo de Limia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El acceso a Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense, en el tramo correspondiente desde el enlace con la autovía A-52 y la N-525, soporta una gran intensidad de tráfico. Es la vía principal de entrada y salida del municipio y es el único acceso al Parque Industrial y Empresarial, donde además de numerosas empresas se encuentran ubicadas las instalaciones de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).

La necesidad de mejora de este tramo se acrecienta si se tiene en cuenta que esta ITV da servicio a una comarca muy amplia y que cuenta con uno de los mayores parques móviles agrícolas de toda España.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xinzo de Limia había encargado un proyecto de mejora de la seguridad en la N-525 a su paso por esta zona y que fue realizado por la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, firmado en 2009 y con un presupuesto estimado de 2.889.065,03 ?.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar actuaciones para la mejora y seguridad en el tramo comprendido entre la N-525 y el acceso a la A-52, en Xinzo de Limia, que incluya una rotonda para facilitar el acceso al Parque Empresarial.

- Mejorar la seguridad vial del tramo comprendido entre la N-525 hasta el enlace con la OU-531, que facilite la incorporación a la A-52 del tráfico pesado.

- Actuaciones de mejora de la seguridad vial de la N-525 en Xinzo de Limia desde el PK-196+000 a PK-200+000. en base al proyecto mencionado en la exposición de motivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta mesa, para al amparo de lo establecido en el ar-tículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al acondicionamiento de la carretera nacional 232, en el tramo que discurre entre el límite de la provincia de Castellón a la intersección de la carretera provincial de Ráfales, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La carretera nacional 232 (Santander-Vinaroz) ha sufrido desde el siglo XIX vicisitudes varias que han llevado a que, a fecha de hoy, su acondicionamiento sea incompleto. Uno de los tramos que constituyen un cuello de botella que impide el crecimiento económico de poblaciones como La Cerollera, Monroyo o Ráfales es el que discurre entre el límite de la provincia de Castellón a la intersección de la carretera provincial de Ráfales, en la provincia de Teruel.

Se trata de un tramo de 13,826 kilómetros de recorrido de una gran complejidad orográfica que supone no solo grandes costes económicos sino una dificultad intrínseca en su remodelación.

En los años noventa, el Gobierno de la Nación empezó los trámites para su ejecución. Sin embargo, problemas con las expropiaciones dieron al traste con el intento. En el año 2003, el entonces Gobierno del Partido Popular licitó la obra con un presupuesto de 30,4 millones. Las obras se paralizaron como consecuencia de la quiebra de la empresa adjudicataria.

De nuevo, en el año 2007, el Ministerio de Fomento adjudicó a la empresa Rover Alcisa la construcción de este tramo por un importe de 47 millones de euros sobre un precio de licitación de 57.880.097 euros. Una vez empezada la obra y con una ejecución próxima al 10%, la empresa adjudicataria planteó un modificado de obra por importe superior al 20%, que el Ministerio de Fomento no aceptó. Como consecuencia de ello la empresa paralizó la obra, lo que obligó al Ministerio a iniciar un expediente de rescisión de contrato en el año 2010.

Durante el año 2011 continuaron las negociaciones entre el Ministerio y la empresa adjudicataria para buscar una fórmula que posibilitase la continuación de las obras, sin que hasta ahora tengamos nuevas noticias sobre el resultado de dichas negociaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reiniciar las negociaciones con la empresa Rover Alcisa que permitan la continuación de la obra.


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2. Que en el Presupuesto del Ministerio de Fomento de 2012 se contemple la partida presupuestaria correspondiente para la financiación de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación e implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificaron mediante enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco EAJ-PNV la Ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo referente a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para el Cuerpo de la Ertzaina.

La modificación legislativa, justa y muy necesaria, admitía el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real, situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social que en su artículo 161.1 bis ampara a las profesiones de "naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre" en las que se registren "elevados índices de morbilidad o mortalidad". Dicho establecimiento de los coeficientes reductores implica y exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad.

En relación con el colectivo de Policías Locales Autonómicos, de los estudios llevados a cabo en diferentes Universidades se desprende que existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su actividad no puede hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación, como consecuencia de la realización de trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.

Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica, es una profesión de riesgo ya no se discute; la legislación, los estudios realizados, la experiencia en el desarrollo de la profesión máxime en grandes ciudades, avalan el adelantar la edad de jubilación.

La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de Seguridad Estatales así como la reciente inclusión de la ya mencionada Policía Autonómica Ertzaina no hacen sino ratificar la necesidad de regulación y no discriminación por analogía del resto de Policías, a igual riesgo igual cobertura.

Un policía envejecido es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo y para una eficaz protección de los ciudadanos y de sus bienes. La seguridad es un Derecho de la Ciudadanía.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la legislación en materia de Seguridad Social que, en particular, contenga las siguientes medidas:

1) La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicos a los colectivos sujetos a estudio por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y la aplicación de los Coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales en las mismas condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésima Séptima de la Ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

2) Reconocimiento de la profesión policial de riesgo y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de enfermedades profesionales con el objetivo de proteger la salud y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera, y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU-ICV, CHA: La Izquierda Plural.


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000245

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Proposición no de Ley relativa a la elaboración con carácter urgente de un Plan Energético Nacional.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 5275 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración con carácter urgente de un Plan Energético Nacional, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La definición de una Política Energética a medio y largo plazo es esencial para cualquier planificación económica de futuro. Sin embargo, España carece desde hace muchas décadas de una verdadera Política Energética y, por tanto, de un Plan Estratégico realista y coherente que aporte estabilidad al sistema, atienda las necesidades de los ciudadanos y de las empresas a precios razonables, proporcione estabilidad a los inversores de todo tipo y siga las directrices de la UE.

España tiene una imperiosa necesidad de definir el marco en el que se desarrollarán las fuentes de energía y su comercialización en el futuro. La actual crisis económica que afecta a numerosos países del llamado mundo occidental y, en particular, con características propias a España, hace imprescindible y urgente la elaboración de un Plan Energético Nacional. Uno de los principales lastres del factor de competitividad de la Economía española es el precio que las empresas y los consumidores deben pagar por los distintos tipos de energía. Es un factor negativo determinante para la necesaria recuperación económica de nuestro País.

No existe una política de precios clara, ni de incentivos suficientes para las mejoras en el ahorro y la eficiencia energéticos, ni de fuentes y de sistemas de generación. La inseguridad jurídica a la que se ven sometidos últimamente determinados sectores de las energías renovables, configura un futuro incierto para inversores y empresas de tecnología puntera y con gran capacidad de desarrollo y exportación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Instando al Gobierno a elaborar con carácter urgente un Plan Energético Nacional que, teniendo en cuenta la triada Medio Ambiente-Economía-Energía, cumpla con los siguientes objetivos:

1. Disminución de la dependencia energética del exterior, potenciando al máximo las energías autóctonas, desarrolladas o por desarrollar, incrementando y favoreciendo la I+D+i en aquellos sectores que el Plan defina como de futuro.

2. Máximo desarrollo de las políticas de eficiencia energética y ahorro, mediante el fomento de sistemas eficientes en toda la cadena energética: producción, transmisión y consumo ciudadano.

3. Potenciar el desarrollo de las energías limpias y la transición a un modelo de Economía Baja en Carbono, disminuyendo la importación de combustibles fósiles, e invirtiendo la tendencia en emisiones de GGEI que, con independencia de las variaciones coyunturales, reduzca las cantidades que España debe pagar por los derechos de compra de CO2 Debe prestarse especial atención a la reducción de las emisiones dispersas.

4. Mejora y renovación de la red de distribución eléctrica para una integración eficiente de las energías renovables.

5. Regulación de las energías renovables, mediante una Ley específica de Energías Renovables, que defina el marco regulatorio general en el que deben desarrollarse este tipo de energías, dando así estabilidad al


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sector y potenciando el autoconsumo con balance neto y la generación distribuida.

6. Definición del horizonte de las centrales nucleares, permisos y alargamiento de vida, tras el preceptivo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

7. Supresión de las subvenciones a la producción y consumo de combustibles fósiles y, en particular, cese de las subvenciones a la minería del carbón y cierre de las explotaciones no eficientes en costes, con inversiones en economía productiva en las zonas afectadas. A estos efectos debe contemplar un plan del carbón 2012-2018.

8. Planificación y valorización de la producción energética descentralizada y de las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala como el biogás, y promoción de las "ciudades inteligentes". Fomento de la microgeneración, con la instalación de contadores reversibles para estos equipos.

9. Establecimiento de una Cesta Energética de producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación, transporte y suministro, y de la cobertura de las puntas de demanda, aplicando criterios medioambientales, de coste y de capacidad técnica. Todas las energías pueden integrarse en este Mix energético nacional, incluyendo las aún poco desarrolladas, como la eólica de media potencia y la geotérmica.

10. Establecimiento de un sistema de formación de precios de la energía eléctrica claro y transparente, revisión de la tarifa de último recurso (TUR) y de los costes regulados.

11. Una reforma adecuada de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/000250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a revocar la decisión del Gobierno para que el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) albergue el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) es una instalación de carácter industrial cuya finalidad es guardar en un único lugar el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares. La construcción del ATC fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 14 de diciembre de 2004, en una Resolución, con ocasión de la presentación del Informe General de las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear, en la que se instaba al Gobierno a que, en colaboración con ENRESA, "desarrollara los criterios necesarios para llevar a cabo en España la instalación de un ATC de combustible nuclear gastado, en consonancia con el PGRR". Igualmente, la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de abril de 2006 una Proposición no de Ley, por la que se instaba al Gobierno a constituir una Comisión Interministerial que debería establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento. Esta Comisión, cuyo cometido fundamental fue arbitrar la búsqueda del emplazamiento del ATC, se apoyó en un comité técnico asesor integrado por personas de reconocido prestigio académico y profesional. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2010 la Comisión Interministerial acordó aprobar y remitir al Gobierno el informe de propuesta de emplazamientos candidatos.

Finalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno del Partido Popular envió al Boletín Oficial del Estado para su inmediata publicación la Resolución aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 30 de diciembre por la que designa a la candidatura de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, como sede del proyectado ATC de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad. El término municipal de Villar de Cañas limita al norte con el de Zafra de Záncara, al este con los de Villares del Saz y Montalbanejo, al oeste con los de Montalbo y Villarejo de Fuentes, y al sur con el de Alconchel de la Estrella.

La ubicación de la gestión de residuos radiactivos en el municipio de Villar de Cañas se ha decidido de forma apresurada (una semana después de tomar posesión el nuevo Gobierno), y no ha contado con el necesario consenso social, territorial e institucional, como condición previa para instalar el ATC, a la que se instó al Gobierno de España, por parte del Congreso de los Diputados, en sesión plenaria de 23 de febrero de 2010. Por lo que, tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, varios movimientos sociales e instituciones han expresado su oposición a esta decisión y han anunciado que recurrirán la Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros


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de 30 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la designación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad y su Centro Tecnológico Asociado.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que esta decisión tan importante se ha tomado de manera precipitada y sin ese necesario consenso social, territorial e institucional previo. Por ello, el Gobierno debe reconsiderar la reciente decisión de albergar en Villar de Cañas (Cuenca) el ATC. Hay que poner también de manifiesto que la gestión de los residuos radiactivos excede el marco temporal del ciclo político actual. La decisión del Gobierno de designar a Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC va a tener efectos para muchas generaciones futuras y, por ello, creemos que la responsabilidad política va más allá del interés actual de los que votan en un determinado momento. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos defendido una alternativa viable desde el punto de vista técnico, pero también con un elevado consenso social y político para buscar el mejor emplazamiento posible, hecho que no se da.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Revocar de manera urgente la Resolución de 18 de enero de 2012, que designa a la candidatura del municipio de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad porque no cuenta con el necesario consenso social, institucional y territorial, como acordó el Congreso de los Diputados, el pasado 23 de enero de 2010, como condición previa para la instalación del ATC.

2. Hacer público, de manera precisa y urgente, todos los informes de carácter técnico en los que se ha basado el Gobierno en su acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 para tomar la decisión del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre renuncia al proyecto de línea eléctrica Sama-Velilla, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

En el año 1984 se solicitó, por parte de la empresa REE, la autorización de la línea eléctrica Sama-Velilla del Río Carrión entre Asturias y la provincia León, y su declaración como de utilidad pública. Desde entonces hasta 2012 se ha venido amenazando sobre problemas en el servicio y transporte eléctrico en el caso de no llevarse a cabo el proyecto.

De este modo, la Declaración, en su momento, de Utilidad Pública por parte de la Dirección General de Energía del entonces Ministerio de Industria y Energía y la necesidad de su reconocimiento y justificación se fundamentan en previsiones de escasa oferta futura, necesidad de mejorar la calidad del servicio e incremento de la demanda energética que simplemente no se han cumplido en los últimos años, como demuestran los propios datos manejados por Red Eléctrica Española. Ni siquiera las previsiones en el incremento de la producción energética en las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia pueden fundamentar unos datos que la propia empresa interesada desmonta.

La evolución de la potencia instalada en la zona que nos ocupa ha permitido cubrir los incrementos de la demanda en los últimos años sin esfuerzo. La variación entre la potencia instalada y la demanda máxima anual entre los años 1995 y 2004 ha sufrido una variación mínima, pasando de cubrir la demanda con el 56% de la potencia instalada en 1995 a hacerlo con el 57% en 2004. Este patrón se ha mantenido hasta 2012.

Por tanto, la argumentación sobre la que gira el proyecto y su necesidad de declaración de interés público no se sostiene. Más aún si ahondamos en que el porcentaje de la producción eléctrica exportada ronda el 85% en la provincia de León y el 50% en Asturias. Si la industrialización y desarrollo de las zonas sacrificadas es la fuerza del proyecto, este queda en evidencia inmediatamente con estos datos, y si el fundamento del Plan Energético Nacional es acercar las fuentes de producción a las zonas de consumo, entonces la autopista Sama-Velilla debe descartarse inmediatamente.

Paralelamente, sí es reconocible otro aspecto cuyo análisis pormenorizado se obvia en el borrador de evaluación de impacto ambiental a cuyas 25.000 alegaciones no se ha contestado todavía, el potencial como productor de energía del Principado de Asturias. Es muy difícil considerar seriamente un proyecto si nos hurtan la previsión de construcción de nuevas infraestructuras


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en Asturias y Galicia para la producción de energía eléctrica, incluida una regasificadora.

Esta situación nos acerca al análisis de las razones que convierten a unas regiones en productoras de energía para la industrialización de otras. Dejando sobre la mesa qué circunstancias o exigencias impiden la reindustrialización de León y Asturias y por qué se asume el desperdicio intolerable de trasladar la producción eléctrica miles de kilómetros, sacrificando por el camino un mínimo del 30% del total producido.

Se hace necesario un debate serio sobre energía y territorio, urgente un plan de reindustrialización de las zonas productoras de energía, incorporar a la planificación de los sectores de electricidad y gas la producción para consumo propio en las áreas industrializadas y, finalmente, aplicar a las previsiones de desarrollo de redes de transporte las políticas de ahorro energético y reducción de la demanda comprometidos por todos los Gobiernos, los Tratados Internacionales firmados por el Estado, el sentido común y cumplir las Directivas Europeas vigentes o en fase de transposición que afectan a esta problemática.

La decisión de ejecutar la autopista eléctrica entre Sama y Velilla del Río Carrión no tiene ningún fundamento técnico, es mera y exclusivamente una decisión política.

Otro aspecto fundamental para analizar el proyecto y el estudio de impacto ambiental es la imposibilidad de sortear los espacios protegidos declarados LIC y Reserva de la Biosfera. Una situación que, aunque no justifica el olvido de este último reconocimiento por la UNESCO, es suficiente para imposibilitar cualquier posibilidad de paso de la autopista de alta tensión. Últimamente el nuevo Gobierno del Principado de Asturias de ha descolgado amenazando incluso un Parque Regional.

El propio borrador de su Declaración de Impacto Ambiental define perfectamente la circunstancia, dejando constancia de la línea que cruzará León sin posibilidad de alternativas que no atraviesen espacios incluidos en la Red Natura 2000. Las conclusiones ofrecidas por el Informe elaborado por el CSIC sobre este particular son elocuentes. "Todas las alternativas... generan impacto ambiental y paisajístico en una zona de elevado interés natural... y cuyo futuro de desarrollo puede pasar en parte por promocionar un tipo de actividad turística que es sensible a esos impactos". "En ese sentido, solo la imperiosa necesidad, derivada de los requerimientos energéticos de la población y por tanto del sistema eléctrico, su seguridad y la posibilidad de obtener beneficios ambientales netos por la erradicación de focos contaminantes puede justificar esta construcción".

Por tanto, si consideramos, como lo es, infundada cualquier justificación de su Declaración como de Interés Público, el impacto, nunca moderado, de la línea descarta totalmente su ejecución en el futuro.

Además, el último recorrido que se intenta imponer cruza, entre otros, los Valles del Torio, el Bernesga y el Curueño, comprometiendo, como define el informe del CSIC, las posibilidades de desarrollo de los mismos. El impacto de esta autopista de doble circuito, con torres de hasta 72 metros de altura y bases de más de 100 metros cuadrados, sobre el paisaje y el patrimonio natural enumerado en el estudio de impacto ambiental sería de imposible reparación, perjudicando la consecución de los objetivos definidos en los programas institucionales de desarrollo rural y de desarrollo sostenible, así como el turismo, principal esperanza económica de estas comarcas. El impacto nunca podría ser moderado, a menos que no nos tomemos en serio el desarrollo de la Red Natura 2000 y la Declaración como Reservas de la Biosfera por parte de la UNESCO de estos territorios.

Por último, tan solo recordar que las distancias reales de la línea a las zonas urbanas son muy inferiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 100 metros por cada 100 kV.

Por estos motivos, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Eliminar del Plan Energético Nacional el proyecto de línea eléctrica entre Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (León).

2. Instar a Red Eléctrica Española (REE) a responder inmediatamente a las 25.000 alegaciones al borrador de Impacto Ambiental, remitidas por colectivos y particulares de la provincia de León."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de fe- brero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto Cuarto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, para su debate en Comisión.


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Exposición de motivos

El pasado 17 de febrero de 2011, hace ahora casi un año, todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas (PP, PSOE, Compromís y EU) aprobaron exigir la paralización de los permisos para realizar prospecciones petrolíferas en la costa valenciana.

Dicho acuerdo parlamentario, que contaba con la unanimidad de la Cámara y de la sociedad valenciana, era la respuesta institucional a los permisos otorgados por el Gobierno de España en 2010 a una empresa multinacional para que pueda efectuar prospecciones petrolíferas y de gas frente a la costa valenciana en un total de cinco áreas que suman más de 396.900 hectáreas de superficie en el mar, con profundidades que oscilan desde los 50 hasta los 2.000 metros.

Esos sondeos, de la misma manera, también afectan a la costa de las Islas Baleares, donde también existe una importante oposición social y política.

La costa valenciana en particular, y la mediterránea en general, es una zona de importante actividad turística, lo que supone un motor económico de considerable volumen para el PIB valenciano y también el conjunto estatal. De hecho, el turismo en el territorio valenciano supone el 14% del PIB autonómico siendo de los pocos del Estado que han mejorado en esta época de fuerte crisis económica.

Tanto las prospecciones, como una hipotética explotación del petróleo y del gas que se pudiesen derivar, podrían conllevar graves problemas medioambientales, como los sucedidos en el Golfo de México recientemente, lo que pondría en peligro el ecosistema, la pesca y, como no, el turismo, arruinando a zonas en las que miles de personas viven de ese sector, como es el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana y también de las Islas Baleares.

Dichas prospecciones solo beneficiarán a las empresas que se dediquen a la explotación de los yacimientos pero, en caso de un accidente, el perjuicio y el daño será para el medio ambiente, la economía y también la ciudadanía.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a retirar los permisos para realizar prospecciones petrolíferas y de gas en toda la costa mediterránea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley relativa al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro energético.

Antecedentes

Los sistemas energéticos eficientes mejoran la competitividad industrial y contribuyen al modelo de economía sostenible ya que incorporan un mayor aprovechamiento de recursos.

La cogeneración es una tecnología que se enmarca dentro de estos sistemas, pues permite ahorrar energía, optimizando el consumo de energía primaria y aumentando el rendimiento de los procesos de transformación de una instalación industrial. Con ello, la cogeneración contribuye a la preservación del medioambiente, poniendo en práctica el uso de técnicas más ecológicas, con menos emisiones de CO2, que refuerzan los objetivos dispuestos en el Protocolo de Kioto.

Otra de las ventajas destacables que presenta esta tecnología es que actúa como freno a la deslocalización, pues el crecimiento de esta también está ligado al aumento de los costes energéticos. La eficiencia energética que promueve la cogeneración y el elevado rendimiento energético implícito en el proceso, alrededor del 90% en las centrales de cogeneración, contribuyen directamente a rebajar este coste de la energía, frena la deslocalización.

Por todo ello, la cogeneración se ha consolidado como herramienta de competitividad industrial, las empresas que han incorporado procesos de cogeneración han resistido mejor la difícil coyuntura que las que no empleaban estos sistemas tecnológicos. Así lo demuestra el balance de 2011 presentado por la Asociación Española de Cogeneración, donde se confirma que las industrias con cogeneración vieron crecer su producción eléctrica un 2%, constatando una mayor actividad en sus industrias asociadas frente al descenso del -1,4% en el índice de producción industrial manufacturera y del -1,6% en la industria de suministro de energía eléctrica, gas y otros.

En su primera comparecencia, el ministro de Industria, Energía y Turismo señaló la necesidad de mejorar la competitividad industrial, reconociendo como uno de los ejes de actuación para su consecución la racionalización del coste de la energía. Desde CIU compartimos la apuesta por la competitividad industrial y, de hecho, la consideramos prioritaria para relanzar al sector. Por ello creemos que es responsabilidad del Gobierno


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materializar dicho eje en una apuesta firme por los proyectos y medidas que contribuyan a la eficiencia productiva y al ahorro energético.

La apuesta del Gobierno por sectores estratégicos requiere de medidas específicas de apoyo que refuercen su competitividad, garantizando el acceso a una energía competitiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un plan específico de medidas de política industrial orientado a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, con especial atención al impulso de los procesos de cogeneración que contribuyan a aumentar la competitividad de nuestro tejido industrial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El turismo se ha consolidado como la gran industria de Málaga y la Costa del Sol en un año marcado por la profunda crisis económica y las altas cifras de desempleo. En 2011 más de nueve millones de turistas visitaron la Costa del Sol, un 3,5% más que el ejercicio anterior. Los ingresos producidos por la actividad turística en la provincia de Málaga han ascendido a unos 8.000 millones de euros. Sin duda, el turismo tira del carro de la economía malagueña.

Este avance exponencial no hubiera sido posible sin el esfuerzo del sector turístico y el trabajo leal de las administraciones, que han apostado por la industria de forma directa con inversiones en la promoción turística y en programas específicos, y de manera indirecta con una potente inyección económica en materia e infraestructuras. Con los gobiernos socialistas las infraestructuras en la provincia han vivido una auténtica revolución en los últimos años.

Los 6.000 millones de euros de inversión de los gobiernos de Zapatero en la provincia han permitido que en 2011 la entrada de viajeros por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se incremente un 6%, superando los 6,3 millones; la estación de tren Málaga-María Zambrano registre unos 700.000 pasajeros, y la entrada de cruceristas por el Puerto de Málaga ascienda a 650.000.

Sin embargo, las primeras noticias del nuevo Gobierno de Rajoy no han sido nada halagüeñas para el sector turístico. El PP se presentó a las pasadas elecciones generales con una propuesta estrella en materia de turismo: rebaja del 4% en el IVA para el sector. En apenas un mes en el Gobierno, el Partido Popular ha tumbado la iniciativa, incumpliendo así su promesa electoral.

Aunque no ha sido el único revés para el sector. El Ministerio de Turismo también ha adelantado su intención de eliminar el programa Turismo Senior de Europa creado hace tres años para captar viajeros de la Unión Europea mayores de 55 años y cofinanciado por las autonomías y el Estado. Se trata de un programa que atrae turismo de calidad, con estancias de al menos siete días en establecimientos de cuatro estrellas y que fomenta las visitas a las zonas del interior. El impacto de su supresión se haría notar especialmente en Andalucía, destino que han elegido el 70% de los viajeros en las dos primeras temporadas de este programa. El plan Turismo Senior de Europa se ha traducido en la provincia de Málaga en 45.000 turistas y casi 400.000 pernoctaciones.

Así, las primeras decisiones del Gobierno han generado cierta incertidumbre entre el sector turístico malagueño y han sembrado la duda sobre otros proyectos claves para la industria. En este sentido, cabe destacar el papel que ha jugado en la transformación y modernización de los espacios turísticos de la Costa del Sol el Plan de Recualificación Turística, el denominado Plan Qualifica. Se trata de una iniciativa pionera del gobierno de la Junta de Andalucía que ha sido trasladada a otras comunidades como Canarias y Baleares y, que no sería posible sin la financiación del Gobierno.

El Plan Qualifica es un elemento fundamental para incrementar la calidad y competitividad del destino Costa del Sol. Su desarrollo ha permitido impulsar numerosas actuaciones en todo el litoral. Es el plan de turismo más ambicioso de todo el país y ya tiene ejecutado o comprometidos más de 105 millones de euros.

En este contexto, la línea de trabajo en materia turística para la legislatura que ahora arranca no puede ser la de los recortes, sino la de seguir apostando por la industria, mejorando la competitividad y buscando la excelencia para poder competir con los destinos emergentes. La reducción del déficit público no puede ser una excusa para recortar en turismo. El Gobierno debe mantener la financiación de los planes turísticos, continuar con la promoción y culminar los grandes proyectos en marcha en la provincia de Málaga, claves para el turismo.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Apueste y defienda la industria turística malagueña y los proyectos en marcha en la Costa del Sol con el objetivo de aumentar la creación de empleo.

2. Mantenga la financiación del Plan Qualifica de la Costa del Sol.

3. Mantenga el programa Turismo Senior de Europa.

4. Culmine los grandes proyectos en marcha en la provincia de Málaga, claves para el turismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000251

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las Comunidades Autónomas tienen atribuidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía la lucha contra los incendios forestales conforme a las competencias atribuidas en el Art. 148 8.ª CE respecto de los montes y los aprovechamientos forestales.

En consecuencia, las Comunidades Autónomas son las responsables de los respectivos planes de prevención y extinción de incendios en su ámbito competencial; la Administración General del Estado, al amparo del artículo 149 23.ª, regula la competencia legislativa Básica sobre protección del medio ambiente, aprovechamientos forestales y vías pecuarias y es competente en concreto y conforme al artículo 7.2 c) de la Ley 43/2003, de Montes, de la normalización de los medios materiales para la extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas en el contexto de una política prioritaria, como lo es la lucha contra los incendios forestales.

Es de destacar que entre los recursos con los que cuenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, además de los de extinción aéreos y medios de apoyo, se cuenta con las BRIF, brigadas de refuerzo contra incendios forestales formadas por más de 500 personas altamente cualificadas integradas en los dispositivos autonómicos, con posibilidad de actuar si fuera necesario en cualquier punto del territorio.

La anterior Administración General del Estado, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente de quien es competencia, mantuvo la intención de ceder los medios de lucha contra los incendios del Estado a las Comunidades Autónomas, dicha cesión supondría de hecho la omisión de la función de apoyo, control y supervisión del Estado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas correspondiente a:

1. Garantizar el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas que existen en la actualidad, destinados a acciones de prevención, sensibilización, información, planificación, coordinación, formación y de extinción de incendios forestales.

2. Mantener y potenciar esa función de refuerzo, de vital importancia, en el departamento del organismo ambiental competente en política forestal, actualmente la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

3. Que el Estado se comprometa a mantener, garantizar y potenciar los recursos profesionales tanto humanos como profesionales, en especial las BRIF, encargadas de la prevención y extinción de incendios forestales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA, La Izquierda Plural.

161/000260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adoptar mecanismos de ayuda para sectores productivos como el pesquero y el agrario afectados negativamente por el aumento de los precios de los combustibles, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

Los precios de los combustibles continúan en una senda alcista que parece no tener fin en un contexto de dura crisis económica.

Así, el precio del gasóleo se situó en el pasado mes de enero en los 0,671 euros por litro, llegando al nivel más alto de los últimos años.

Como bien sabe el Gobierno, el coste del gasóleo repercute muy directamente en sectores productivos básicos como el pesquero o el agrario, que no pueden sostener el pago de unos precios del gasóleo desorbitados a la vez que el precio de sus productos pesqueros o agrarios es cada vez más bajo.

Sin ir más lejos, el precio del pescado en origen es hasta un 56% más bajo que durante la anterior crisis de los combustibles en el año 2008. De igual modo, el precio de productos agrarios como la leche ha sumido en una grave crisis al sector ganadero.

El sector pesquero está pagando el gasóleo un 39,5% más caro que el precio medio de los últimos cinco años, que estaba en 0,48 euros por litro. Hay que tener en cuenta que esta escalada alcista en los precios de los combustibles debe ponerse en relación con los precios en origen del pescado, hasta un 56% más bajos que en el año 2008.

El Gobierno debe tener presente que las expectativas futuras respecto al precio de los combustibles no son muy buenas. El escenario geopolítico en los países productores de petróleo y la situación de debilidad del euro frente al dólar no arrojan un futuro muy esperanzador.

Dada la grave crisis por la que atraviesan nuestros sectores productivos, resultaría adecuado que el Gobierno estudiase la aprobación de algún mecanismo de ayuda al sector pesquero y al sector agrario. En este sentido, viene al caso recordar que en el año 2008, cuando se produjo la anterior subida de los combustibles, la Comisión Europea autorizó una serie de medidas paliativas para paliar los efectos negativos del incremento de los precios del gasoil, como las ayudas de minimis, ayudas por paralizaciones temporales de flota y planes de reactivación de la flota.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Establecer un diálogo con los sectores productivos afectados directamente por el considerable aumento del precio de los combustibles a fin de estudiar los mecanismos de compensación posibles.

- Aprobar mecanismos de ayuda para paliar las consecuencias negativas que la enorme subida de los precios de los combustibles está provocando en sectores productivos del sector primario como el sector pesquero y el agrario.

- Negociar ante la UE la autorización de dichas ayudas a similitud de lo acordado en el año 2008, cuando se produjo la anterior crisis en los precios de los combustibles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de resolver, el problema que afecta a numerosos núcleos de población de Galicia, afectados por la Ley de Costas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El 20 de abril de 2009 el Gobierno presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, 18/2008 de 29 de diciembre, de vivienda, amparándose en el artículo 161.2 de la Constitución. Este recurso provocó la suspensión de la vigencia del precepto impugnado.

En Galicia, la aplicación de la Ley de Costas produjo un problema importante debido a la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y ligados a actividades pesqueras. Núcleos de población afectados por la aplicación de la Ley de Costas, ya que estableció la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la Ley para suelos urbanos, debido a que estaban clasificados en la Normativa de Planeamiento Municipal como suelo no urbanizable, a pesar de reunir los requisitos para ser clasificados como suelo urbano. Tal es el caso, entre otros, de los núcleos situados en los ayuntamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.

La Xunta de Galicia, consciente de esta problemática, aprobó una modificación de la Ley Autonómica 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y de protección del Medio Rural de Galicia, conforme a la redacción de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia. La Xunta procedió a esta modificación haciendo uso de las competencias


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atribuidas en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, aprobó una modificación de la Ley Autonómica 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y de protección del medio rural de Galicia, conforme a la redacción de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica 18/2008, del 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia. Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa de plan municipal, equiparando dichos núcleos rurales a los núcleos urbanos, reduciendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros.

Recientemente, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció la decisión del Gobierno de llevar a cabo una modificación de la Ley de Costas, precisamente, en palabras del propio ministro, para dar solución a aquellos núcleos de viviendas que como los de Galicia se encuentra en situación de ilegalidad dada la aplicación de la citada norma.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado el 20 de abril de 2009, contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda, que trataba de solucionar el grave problema de inseguridad jurídica de numerosos núcleos de población de Marín, Ribeira, Pobra do Caramiñal o Malpica, entre otros, por la aplicación de la Ley de Costas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el grave impacto económico, social y medioambiental del nuevo acuerdo de la UE con Marruecos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Parlamento Europeo, con el voto en contra de todos los eurodiputados españoles, aprobó el 16 de febrero de 2012 el acuerdo de liberalización de productos agrícolas y pesqueros con Marruecos, cuya entrada en vigor tendrá efectos devastadores para las pequeñas y medianas explotaciones hortofrutícolas españolas, pues además de intensificar el deterioro ambiental, solo beneficiará a las grandes multinacionales europeas de la alimentación y a los grandes terratenientes marroquíes, entre ellos, y sobre todo, al rey de Marruecos, que sigue siendo el mayor propietario de tierra agrícola fértil.

El efecto puede ser devastador en productos como el tomate, el calabacín, el pepino, el ajo, la fresa, el azúcar y la clementina, con fuerte impacto económico, social y medioambiental, especialmente en Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias.

Además, el acuerdo descansa sobre una discutible base de legalidad internacional, pues sigue incluyendo recursos naturales que solo pertenecen al pueblo saharaui y, por tanto, respalda y prolonga el expolio que el Estado marroquí lleva a cabo en el Sahara Occidental.

El acuerdo tampoco tiene en cuenta algo fundamental a la hora de abordar el comercio, como es la calidad democrática y social de los productos, las condiciones de explotación que padecen los agricultores marroquíes, el dumping social que supone liberalizar para hacer competir vía precio a los productos agrícolas europeos con los marroquíes y la falta de aplicación de criterios medioambientales. Se sigue sin exigir a Marruecos que cumpla y garantice unas mínimas condiciones sociales, laborales, fitosanitarias y medioambientales.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Agotar todas las vías jurídicas y políticas para impedir la aplicación de este Acuerdo.

2. Promover, directamente y a través de la UE:

a) El seguimiento del impacto económico del sector agrícola español y estudiar mecanismos de compensación ante los graves daños económicos que para muchas pequeñas y medianas explotaciones hortofrutícolas españolas supondrá la entrada en vigor del nuevo acuerdo agrícola y pesquero de la UE con el Reino de Marruecos.

b) Ayudas adecuadas al pueblo saharaui para reparar el expolio de sus recursos naturales, como consecuencia del nuevo acuerdo de la UE con el Reino de Marruecos.

3. Estudiar si el nuevo acuerdo de la UE con el Reino de Marruecos es coherente con el Derecho internacional y respeta los derechos inalienables del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales.


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4. Realizar un seguimiento del impacto económico, social y medioambiental del nuevo acuerdo sobre las producciones agrícolas españolas, el empleo y el territorio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000261

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de las especialidades de "Psiquiatría del Niño y del Adolescente y "Psicología Clínica de Infancia y Adolescencia".

La creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente es una antigua reivindicación de las Sociedades Profesionales y de las Asociaciones de Familias de niños con enfermedad mental. Una petición que, incluso, han planteado los médicos especialistas de la Unión Europea, cuya sección de Psiquiatría del Niño y del Adolescente planteó al Ministerio de Sanidad, en el año 2010, la necesidad imperiosa de crear dicha especialidad en nuestro país.

España es uno de los tres países en la Unión Europea que aún no tiene oficialmente la especialidad y esto supone un grave problema para los profesionales de la Salud Mental del Niño y del Adolescente y, sobre todo, para la atención específica a esta población, ya que no existe un plan formativo oficial (vía MIR o PIR) y, además, no se dedican recursos suficientes desde la Sanidad Pública para atender a estos enfermos. Ello obliga a los estudiantes y a los profesionales interesados a viajar a otros países para recibir la formación correspondiente.

En abril del 2009, el ministro de Sanidad de entonces, Bernat Soria, anunció la creación de la especialidad, pero su promesa no se llevó nunca a cabo en la anterior legislatura.

A finales del año 2010, se crea una Comisión Promotora de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, que solo ha tenido desde entonces dos reuniones. En 2011, se anuncia la creación de varias especialidades médicas, entre las que se encuentra la Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

En verano de 2011 se comunica a las tres Sociedades Científicas representantes de los profesionales de la Salud Mental Infanto-Juvenil, SEPYPNA, AEPNYA y la Sección de infantil de la AEN, el borrador de Real Decreto de creación de nuevas especialidades y se les solicita las alegaciones oportunas. Real Decreto que sigue publicado en la web del Ministerio de Sanidad, pero del que se desconoce el recorrido que le espera.

Por otra parte, en el año 2008 el Ministerio de Sanidad y Consumo solicitó a la Asociación Española de Neuropsiquiatría un informe sobre la atención a la salud mental de niños y adolescentes. En este informe participaron además la Asociación de Enfermería en Salud Mental (AESM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP), la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNYA), la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA).

Entre las conclusiones figura la necesidad de impulsar la creación de la Especialidad de Psicología Clínica de Infancia y Adolescencia. Las necesidades actuales del Sistema Sanitario y las prestaciones establecidas por la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, hacen que los seis meses de rotación específica en los dispositivos de salud mental de niños y adolescentes del Programa Oficial de formación de especialistas en Psicología Clínica, sean totalmente insuficientes para garantizar una atención adecuada.

En esta misma línea se han manifestado la Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica y organismos internacionales como la Comisión Eu-ropea de la Organización Mundial de la Salud. En la Preconferencia "La salud mental de niños y adolescentes" de 2004 planteó que las políticas en salud mental deben desarrollar servicios específicos para la atención a niños y adolescentes, y que la salud mental de niños y adolescentes debe constituir un área específica de formación en todos los países europeos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la creación de las especialidades de "Psiquiatría del Niño y del Adolescente" y "Psicología Clínica de Infancia y adolescencia"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/000267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre despatologización de la transexualidad y de medidas de integración laboral y social de las personas transexuales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Las personas transexuales, especialmente las mujeres, tienen un grave problema de inserción social y laboral.

Ciertamente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, fue un avance muy importante, pero que no erradicó la situación de exclusión, y por extensión de marginación, que sufren buena parte de las personas transexuales.

La superación de esta injusta situación, que atenta contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, comenzando por el artículo 14, requiere una respuesta urgente, sólida y efectiva por parte de los poderes públicos. Así lo establece el artículo 9.2 de la Constitución Española al afirmar: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Por otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho constitucional fundamental. En el caso de las personas transexuales que no tienen acceso a una atención integral de reasignación de sexo este derecho se ve limitado, pudiendo crear o agravar los problemas psicológicos derivados de tener un sexo físico que no se corresponde con el mental. Y más cuando la falta de una cobertura clínica pública -que debería incluir el apoyo terapéutico familiar- les aboca en la situación de exclusión en que se encuentran a menudo a situaciones humillantes como la prostitución forzosa para adquirir el dinero con que conseguir el libre desarrollo de su personalidad. A veces, esta situación lleva a las personas transexuales a recibir intervenciones sanitarias en una situación de alegalidad o, incluso, de ilegalidad,

El 17 de mayo de 1990, la homosexualidad fue eliminada de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. No obstante, el "trastorno de identidad de género" continúa apareciendo como enfermedad tanto en el listado de la Organización Mundial de la Salud como de la Asociación de Psiquiatras Norteamericana.

En el Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010, el Gobierno español, con motivo de la Declaración Institucional contra la Homofobia y la Transfobia, manifestó el compromiso de solicitar a la OMS "la eliminación de la transexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y de su consideración como tal en los Manuales especializados de referencia, a fin de contribuir con ello a avanzar en la difusión y promoción de los valores de la igualdad".

Sin embargo, el Gobierno español mantiene la legitimidad de esta clasificación al reconocerla en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En esta Ley, se establecen como requisitos para acordar la rectificación registral del sexo, el diagnóstico de "disforia de género" mediante informe médico o psicológico y el tratamiento médico de al menos 2 años para adecuar las características físicas al "sexo reclamado".

Este requisito está en contradicción con la Resolución del Consejo de Europa para combatir la discriminación por razones de orientación sexual o la identidad de género, según la cual los Estados miembros deben garantizar el derecho de las personas transgénero a documentos que reflejen su identidad de género preferida sin requisitos obligatorios como la esterilización, cirugía de reasignación de género o terapia hormonal.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Esquema Republicana ya enmendó, en la tramitación de la Ley, el requerimiento de diagnóstico de "disforia de género" al considerar que convertía al protocolo de Benjamín en un patrón legal, que establecía una visión bipolar y preconcebida de la feminidad y la masculinidad, y que a la postre convertía al médico en juez.

Asimismo, también a propuesta de Esquerra Republicana, la Comisión de Igualdad, en su sesión del día 26 de octubre de 2010, aprobó -sin que se llevara a cabo en su totalidad por parte del Gobierno- la siguiente Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar las medidas oportunas para que la transexualidad deje de considerarse bajo el tipo CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y del DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Estadounidense) y que, en diferentes aspectos, les cataloga como enfermos mentales.

2. Impulsar las gestiones oportunas ante la Organización Mundial de la Salud para la retirada de la clasificación de la transexualidad o disforia de género como enfermedad mental, aprovechando el proceso actualmente en curso de revisión de las clasificaciones que establece dicha entidad de referencia en nuestros sistemas jurídicos y sanitarios.


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3. Instar al Gobierno, en función de los puntos 1 y 2 de esta Proposición no de Ley, a realizar las modificaciones oportunas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, en el menor plazo posible."

Hay que señalar la reivindicación, y trabajo de sensibilización, que en tal sentido mantiene la Red por la Despatologización de la Identidades Trans, así como la existencia de una campaña internacional por la despatologización de la transexualidad, Stop Trans Pathologization.

Finalmente, en otro orden de cosas, es necesario realizar una importante labor de formación y pedagogía a nivel social y educativo sobre la transexualidad para remover obstáculos y facilitar la integración de las personas transexuales, mejorar la convivencia y eliminar actitudes discriminatorias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Presentar, antes de un año, un Proyecto de Ley de medidas integrales para la integración laboral y social de las personas transexuales, incluyendo la discriminación positiva. Este Proyecto de Ley será negociado con los colectivos de defensa de los derechos de las personas transexuales.

2. Impulsar de manera urgente, en el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, la inclusión dentro de la cartera de servicios de la cobertura sanitaria del proceso íntegro de reasignación de género desde la atención psicoterapéutica y diagnóstico precoz hasta las intervenciones plástico-quirúrgicas, en su caso. Para ello se impulsarán las Unidades de Atención integral de reasignación de sexo (incluyendo la pedagogía y apoyo terapéutico familiar) en todas las Comunidades Autónomas, así como la suficiente formación de profesionales, con el correspondiente traspaso de fondos económicos para garantizar una correcta implementación de estas políticas.

3. Impulsar las cambios normativos necesarios con el fin de modificar el artículo 4.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas para eliminar los requisitos de diagnóstico de "disforia de género" y tratamiento médico durante 2 años para acceder a la rectificación registral de la mención del sexo.

4. Impulsar todas las modificaciones oportunas para la despatologización de la transexualidad en el Estado español, desde las modificaciones legales oportunas hasta las necesarias modificaciones nominales como en el caso de las llamadas Unidades de Trastorno de Identidad de Género.

5. Impulsar las cambios normativos necesarios con el fin de modificar el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para reconocer la libertad de elección del nombre y eliminar la referencia a la confusión nominal respecto al sexo.

6. Realizar, antes de un año, las modificaciones legales oportunas para tipificar legalmente como delito la transfobia (conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio, ridiculización, etc., que se producen contra las personas transexuales).

7. Impulsar, con su respectivo reconocimiento en el siguiente ejercicio presupuestario, la creación de una cátedra universitaria para la investigación científica interdisciplinar de la transexualidad.

8. Realizar, antes de un año, una campaña institucional con la finalidad de hacer pedagogía y sensibilizar sobre la transexualidad y combatir su discriminación. Esta campaña publicitará un teléfono de consulta y apoyo a las personas transexuales y/o familiares.

9. Introducir, de manera negociada con las Comunidades Autónomas, en todos los niveles educativos superiores al infantil, contenidos de pedagogía y sensibilización sobre transexualidad.

10. Reconocer e impulsar el trabajo de pedagogía y autoapoyo que realizan las asociaciones de transexuales, incluyendo su financiación pública.

11. Conceder, de manera inmediata y a la luz de los informes sobre cumplimiento de derechos humanos, el derecho de asilo a aquellas personas que padecen una clara discriminación o agresión en sus países de origen como consecuencia de la libre expresión de su identidad de género.

12. Impulsar en las instancias internacionales oportunas, tanto a nivel bilateral como multilateral, la eliminación de la consideración de la transexualidad como enfermedad.

13. Impulsar en la Unión Europea y la ONU, el estudio sobre la transfobia a nivel internacional y la adopción de medidas para combatirla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la universalización de la


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asistencia sanitaria pública, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El pasado mes de octubre de 2011, se promulgó la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que en su disposición adicional sexta estableció la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación otras normas del ordenamiento jurídico.

Esta extensión será efectiva para las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012.

Y para el resto de colectivos, estableció un plazo de seis meses, para que el Gobierno determine reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, antes del mes de abril de 2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación de los Reales Decretos de especialidades médicas y de troncalidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

España dispone de un sistema de formación de especialistas médicos (el sistema MIR) que ha demostrado ser un sistema de excelencia.

Desde hace muchos años, mediante este sistema se han ido formando las mejores generaciones de médicos de la historia de nuestra sanidad.

El sistema MIR es un sistema que ha ido incorporando adaptaciones sucesivas de metodologías formativas que han permitido ir incrementando la calidad del proceso formativo en beneficio de la excelencia profesional y en definitiva, en beneficio de la calidad asistencial a los pacientes españoles.

En la legislatura pasada se dieron pasos decisivos en relación a la mejora del sistema formativo MIR desarrollando trabajos y propuestas de mejora en la línea de incorporar el concepto de troncalidad en la formación especializada para asegurar una mejor formación de nuestros especialistas médicos y también una mejor planificación de necesidades para nuestros servicios públicos de salud.

Este proceso fue muy participativo e incorporó reflexiones y propuestas de las organizaciones profesionales y de las autoridades sanitarias de las CCAA.

De igual forma, se desarrolló una reflexión en relación a la redefinición de nuestro mapa de especialidades médicas para adaptarlo mejor a la evolución de las ciencias médicas y al conjunto de especialidades vigentes en la Unión Europea.

Fruto de esos trabajos, el Gobierno socialista procedió a la tramitación de sendos Reales Decretos para incorporar el concepto de troncalidad, por una parte, y para la creación de nuevas especialidades médicas, por otra.

Ambos Reales Decretos quedaron pendientes de informe del Consejo de Estado y de los últimos trámites procedimentales, para su aprobación definitiva.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inmediatamente:

1. Apruebe el Real Decreto por el que se regula la incorporación de criterios de troncalidad en la formación de determinadas especialidades en Ciencias de la Salud, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica.

2. Apruebe el Real Decreto por el que se crean nuevos títulos de especialista y se actualiza el sistema formativo de determinadas especialidades en Ciencias de la Salud incorporando las nuevas especialidades de Enfermedades infecciosas, Psiquiatría infanto-juvenil, Genética humana y Urgencias y emergencias como especialidad primaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la prescripción de medicamentos en enfermería, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Los profesionales de enfermería desarrollan en los servicios sanitarios una serie de tareas asistenciales, preventivas y de promoción de la salud de enorme importancia.

Constituyen un sector profesional que ofrece cuidados de calidad y servicios con gran cercanía y calidez a las necesidades de los pacientes.

La profesión enfermera ha experimentado una evolución enormemente positiva que ha hecho de ella una profesión imprescindible para la mejor calidad asistencial de nuestro sistema nacional de salud.

Esta evolución ha supuesto la adquisición de nuevas competencias profesionales que han permitido mejorar las ventajas del trabajo en equipos multidisciplinares que constituyen los servicios sanitarios en la actualidad.

Entre estas nuevas competencias profesionales está la relativa a la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios que fueron definidas en el artículo 77.1 de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

El pasado 4 de octubre se procedió a dar inicio a la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería, tanto en los servicios sanitarios públicos como en los privados.

Esta regulación supone una aspiración ampliamente sentida por el conjunto de los profesionales de enfermería de España y viene a dar respuesta a una necesidad sanitaria que beneficiará a los pacientes incrementando la calidad de la asistencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación inmediata del Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería cuyo trámite inició el anterior Gobierno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago de la factura de medicamentos a farmacias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Sistema Nacional de Salud español creado por la Ley General de Sanidad de 1986 tiene una prestación farmacéutica de calidad y con una amplia cartera de productos que permite ofrecer a los ciudadanos todos los avances farmacológicos que se van produciendo en base a los nuevos conocimientos en materia de I+D+i farmacéutica.

Una de las claves de la calidad de nuestra prestación farmacéutica reside en la amplia red de oficinas de farmacia que en España son unos 21.000 establecimientos sanitarios en los que los profesionales de la farmacia ofrecen servicios de alta calidad y gran cercanía.

La crisis económica está condicionando impagos y retrasos en el pago de la factura farmacéutica a las oficinas de farmacia por parte de diversas CCAA y, de manera especial, pueden citarse los casos de la Comunidad de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, entre otras.

Estos impagos y estos retrasos ponen en riesgo la viabilidad de las farmacias y, por tanto, ponen en riesgo la viabilidad de la prestación farmacéutica al tiempo que generan una enorme incertidumbre en el conjunto del sector español de oficinas de farmacia.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es responsable de asegurar la equidad y la calidad de la prestación farmacéutica y de coordinar las políticas de las CCAA en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se hace necesario, por tanto, asegurar la solución efectiva de esta problemática para no deteriorar la calidad asistencial, el acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos y la viabilidad del modelo español de farmacia.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una iniciativa para que el pago de la factura farmacéutica a las oficinas de farmacia tenga igual prioridad que el pago de las nóminas de los profesionales sanitarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de la dispensación de la píldora del día siguiente sin receta, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La prevención de embarazos no deseados es la mejor opción para conseguir una disminución relevante de las tasas de interrupción voluntaria de embarazos.

Desde que se produjo la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos en determinados supuestos en 1985, las estadísticas anuales han mostrado incrementos anuales de manera ininterrumpida, lo cual indicaba, entre otras cuestiones, la falta de éxito de las estrategias de prevención desarrolladas.

Es por eso que en la pasada legislatura se procedió a un abordaje normativo global e integral en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que dio como resultado la promulgación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre otras cuestiones, la citada Ley establece la obligación de desarrollar una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tenga entre sus objetivos preferentes la prevención de los embarazos no deseados.

Una de las medidas desarrolladas en septiembre de 2009 fue la decisión de permitir que la píldora del día siguiente (anticoncepción hormonal de urgencia) pudiera adquirirse sin receta médica en las farmacias españolas.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la píldora sin necesidad de prescripción médica a todas las mujeres que la necesiten, independientemente de su lugar de residencia y en el plazo necesario para garantizar su eficacia (hasta 72 horas después de una relación sexual).

Se establecieron protocolos para los profesionales de la farmacia que enfatizaban en que el uso de la píldora del día siguiente debe circunscribirse únicamente a aquellas situaciones de urgencia que lo requieran, principalmente cuando fallen otros métodos anticonceptivos o en relaciones sexuales no protegidas.

De este modo se pretendía contribuir a la reducción de embarazos no deseados, especialmente entre las jóvenes y las adolescentes, así como del número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Con esta iniciativa, España se equiparó a la mayoría de los países de su entorno como Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Grecia, Portugal, Suecia y Suiza, entre otros (la anticoncepción hormonal de urgencia es de libre dispensación en 15 países europeos).

En nuestro país hay que señalar además que la dispensación de esta píldora se realiza en las más de 21.000 farmacias de la red española, que son establecimientos sanitarios y bajo la responsabilidad profesional de los farmacéuticos, que son profesionales sanitarios altamente cualificados.

Ello permite una enorme accesibilidad a este procedimiento preventivo y ofrece las garantías sanitarias en el acceso.

Como consecuencia de esta medida, las estadísticas conocidas con posterioridad han apuntado una disminución de las cifras de interrupción voluntaria del embarazo en 2009 por primera vez desde 1985, disminución que se ha mantenido en 2010 en varias CCAA.

Hay que señalar que el acceso a la anticoncepción hormonal de urgencia sin receta médica tiene en España el aval de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al igual que las Agencias reguladoras en los diferentes países donde dispone de este estatus, y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el actual estatus de la anticoncepción hormonal de urgencia mediante el cual se puede acceder a la misma en las farmacias sin necesidad de receta médica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley a la evaluación de técnicas y prestaciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) como mecanismo para fundamentar técnicamente la selección, incorporación y difusión de las prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud, es especialmente importante como mecanismo para ordenar la cartera de servicios y garantizar la eficacia y la eficiencia del proceso asistencial. Así se viene reconociendo con una presencia importante en nuestro ordenamiento (RD 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, o Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, entre otros) y con la creación de organismos dedicados específicamente a ello, tanto a nivel central (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias creada por el RD 1415/1994 y encuadrada en el Instituto de Salud "Carlos III") como autonómico: Agència d'Avaluació de Tecnologia Médica (AATM), Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco/Osasunerako Teknologien Ebaluaketa (OSTEBA), etc.

Hasta este momento se ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud mediante distintos convenios entre la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III y las unidades de evaluación de tecnologías sanitarias existentes en las Comunidades Autónomas. De esta manera se ha facilitado el trabajo en red del conjunto de las agencias y unidades del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, mediante estos convenios, se han financiado proyectos concretos en temas tan relevantes como el cáncer, los cuidados paliativos, la salud mental o la diabetes, entre otros. Estos proyectos están sirviendo para evaluar nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos que puedan reportar beneficios en la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes entre otros.

En el desarrollo del Real Decreto 1030/2006, de cartera de servicios, se incluyó la detección de técnicas, tecnologías y procedimientos emergentes a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con otros organismos evaluadores. Dichas técnicas deberían ser evaluadas en una fase temprana de su aparición para tomar una decisión sobre su inclusión o no en la cartera de servicios comunes.

En la Unión Europea existen redes centinelas dedicadas a realizar esta detección y seguimiento, de las que forman parte algunos de los equipos españoles. A la configuración de una estrategia de trabajo en red entre las agencias y unidades de evaluación del Sistema Nacional de Salud para la identificación, la priorización y la evaluación temprana de tecnologías y procedimientos sanitarios nuevos y emergentes, se añade la necesidad de realizar un proceso de evaluación, tanto desde la eficacia y efectividad de técnicas, servicios y prestaciones sanitarias, como desde la eficacia económica en la búsqueda de eficiencia dentro de la relación coste/beneficio para dotar al Sistema Nacional de Salud de información relevante relativa a la toma de decisiones que permita mejorar la calidad y actualizar la cartera de servicios o prestaciones comunes a todos los ciudadanos.

Extender la cultura evaluadora basada en conceptos básicos de efectividad, utilidad, coste y eficiencia de los servicios de salud contribuye a impulsar el control de la calidad y la excelencia clínica, al tiempo que facilita la gestión de las instituciones sanitarias. Además, formar un número mayor de profesionales dedicados a medio tiempo o a tiempo completo a la evaluación de tecnologías y procedimientos en salud aumenta la capacidad de evaluar, así como la rapidez y la precisión -y, por tanto, la utilidad y el impacto- de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones.

Ambos elementos son también exigencias derivadas de la rapidez y el volumen con el que emergen y se introducen nuevas tecnologías y procedimientos en los servicios sanitarios, con el que aparecen nuevas indicaciones o queden obsoletas o superadas por nuevas tecnologías las que se utilicen en ese momento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

La creación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de una red de evaluación de técnicas y procedimientos o prestaciones que garanticen la equidad, calidad y actualización de la cartera de servicios bajo los criterios de eficacia y eficiencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/000285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a una Estrategia de Atención Integral a los Pacientes Crónicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El envejecimiento de la población así como el avance científico, que cronifica patologías antes mortales con la disponibilidad de nuevos instrumentos terapéuticos, está produciendo un incremento cada vez más acusado de pacientes crónicos. Una realidad a la que la asistencia sanitaria debe enfocarse para lograr mejores resultados en salud, mayor satisfacción de los pacientes y un ahorro de estancias hospitalarias o visitas médicas.

El Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 18 de marzo de 2010 una serie de medidas de aplicación progresiva en el período 2010-2013, entre las que se encontraba precisamente la elaboración de una acción estratégica transversal sobre enfermedades crónicas.

Es necesario desarrollar líneas de actuación en el Sistema Nacional de Salud, para adaptar así la respuesta a las nuevas realidades en materia de salud, como el envejecimiento de la población y la mayor incidencia de enfermedades crónicas.

Esta estrategia deberá tener entre sus objetivos, disminuir la frecuencia de factores de riesgo de patologías crónicas en la población general, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria a pacientes con problemas de salud de larga duración, disminuir la morbilidad, el deterioro funcional y la mortalidad prematura de los pacientes con enfermedades crónicas, así como mejorar la calidad de vida y la satisfacción de pacientes y personas cuidadoras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Desarrollar una Estrategia de Atención Integral a los Pacientes Crónicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para su debate en la Comisión Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

En 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores pasó a denominarse Ministerio de Asuntos Exteriores y de Co-operación. Este cambio nominal pretendía ser la visualización de un cambio cualitativo de la cooperación estatal y de su relevancia en las políticas gubernamentales.

En virtud de ello, sería lógico que fuera precisamente este Ministerio quien asumiera las competencias de desarrollar la política y el gasto de cooperación correspondiente al Gobierno español. No obstante, no gestiona ni la mitad del Presupuesto computado como AOD bilateral, que es asumido por una diversidad de Ministerios.

Esto, más allá de cuestionar la propia voluntad del Gobierno expresada mediante la modificación nominal del Ministerio, cuestiona también la eficiencia y eficacia de la ayuda, el aprovechamiento de los recursos e incluso las finalidades que deben perseguir las políticas de cooperación al desarrollo de los países empobrecidos.

Así, se considera necesario que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien centralice y controle toda la Ayuda Oficial al Desarrollo implementada por el Gobierno español, sin menoscabo de que se creen los mecanismos de colaboración adecuados con otros Ministerios para la implementación de todos aquellos proyectos, programas o acciones que se consideren oportunos en virtud de la necesidad de una oportuna y concreta especialización y experiencia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar las modificaciones legales oportunas con el fin de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sea quien centralice y gestione toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español.


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2. Establecer, desde la gestión centralizada del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, los canales oportunos para la colaboración de los diversos Ministerios para el buen desarrollo en la implementación de los proyectos, programas o acciones que motivadamente, en virtud de la eficiencia y eficacia, se consideren oportunos.

3. Enviar un informe anual, en el primer semestre del año con los datos del año anterior, a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre la participación de otros Ministerios en la Ayuda Oficial al Desarrollo, la justificación de dicha participación en detrimento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los resultados obtenidos en virtud de esta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Cultura

161/000248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Este 2012 se cumple el centenario del nacimiento del escritor ourensano Celso Emilio Ferreiro, uno de los grandes poetas de la postguerra española. Esta fecha ha propiciado que las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Galicia declararan unánimemente que este año sea declarado como "Ano Celso Emilio".

Por otro lado, son muchas las instituciones y las organizaciones culturales y sociales que se han sumado a este centenario del poeta gallego más traducido desde Rosalía de Castro.

"Longa noite de pedra" ("Larga noche de piedra") es su obra poética más importante, en la que aborda la opresión política durante el franquismo, la emigración, la lucha de clases y la libertad. Pero entre sus obras destacan también "Cartafol de poesía" "Carpeta de poesía", "O sono sulagado" "El sueño sumergido", o "Cantigas de escarnio e maldicir".

Ferreiro fue además un defensor de la libertad y la democracia con una dilatada actividad política. Desde la fundación de la Unión do Pobo Galego hasta la militancia en el Partido Galeguista y, finalmente y hasta su muerte, en el Partido Socialista, con el que concurrió a las elecciones generales en las listas al Senado por la provincia de Pontevedra en 1977.

Esta figura de la literatura ya fue distinguida en numerosas ocasiones. Así, por ejemplo, en 1989 le fue dedicado el Día das Letras Galegas, máxima distinción en la literatura gallega y que cada año desde 1963 se dedica a una personalidad diferente, a propuesta de la Real Academia Galega.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las instituciones gallegas y con la Fundación Celso Emilio Ferreiro en la realización de actividades, exposiciones, publicaciones y demás acciones que se consideren oportunas en el marco del Año 2012 como Año Celso Emilio Ferreiro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-Laura Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley relativa a la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico frente al expolio y la exportación ilegal, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El patrimonio histórico-artístico es objeto de frecuentes actos de expolio y posterior exportación ilegal para su venta, habitualmente, a través de subastas en Internet. Esta práctica constituye una verdadera amenaza para el patrimonio artístico español, ya que una gran mayoría de las obras sustraídas no están catalogadas, dificultando su correcta identificación en el posterior proceso de investigación y posible recuperación.

El mundo rural es especialmente vulnerable a este tipo de amenaza. Las parroquias e iglesias de nuestro país albergan importantes obras de arte sacro, ya sean pictóricas, escultóricas o de orfebrería religiosa, que constituyen un objetivo fácil y codiciado para los delincuentes,


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especialmente cuando aquellas están alejadas de núcleos urbanos. La sustracción de dichas piezas, más allá de la pérdida económica que supone, conlleva un daño de carácter subjetivo de imposible reparación si la obra sustraída no es recuperada. Existen numerosos ejemplos de este tipo de robos, entre ellos: la sustracción de una talla de San Roque del siglo XVIII, de la iglesia de Puras (Valladolid); tallas de San Antonio Abad del siglo XVII, de Santa Lucía del siglo XVI y de San Sebastián del siglo XVI, sustraídas todas ellas de la iglesia de Montamarta (Zamora); Grupo Escultórico de la iglesia de Santa Columba de la localidad de Villamediana (Palencia); pintura al óleo sobre lienzo del siglo XVIII de la ermita de Valdesalce de la localidad de Torquemada (Palencia), etc.

En muchas ocasiones, el robo de una obra de arte religioso no se denuncia de forma inmediata. Una parte importante de las iglesias y ermitas de nuestro medio rural se encuentran alejadas de los núcleos de población, en zonas de monte o lugares de difícil acceso, permaneciendo cerradas durante los meses correspondientes a la temporada invernal. Con demasiada frecuencia, cuando se produce un robo, este no es descubierto hasta muchos meses después de su perpetración, dificultándose la investigación y posible recuperación de las obras sustraídas.

Los ladrones conocidos como de "guante sacro" conocen estas circunstancias y las aprovechan para extraer las obras robadas del territorio nacional. En este sentido es fundamental la labor desarrollada por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil en coordinación con las Unidades Territoriales.

El Reglamento de desarrollo de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (RD 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español), dispone en su artículo 5:

"El Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil actuará, dentro de su respectivo ámbito territorial de competencia, en colaboración directa con el Ministerio de Cultura y con los órganos de las Comunidades Autónomas encargados de la ejecución de la Ley del Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que contra ésta se realicen.

El Ministerio de Cultura en colaboración con el de Interior facilitará al personal integrante de estos grupos la formación adecuada en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas. Al efecto, el Ministerio de Cultura prestará el asesoramiento y apoyo docentes en materia de protección del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de la competencia de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, y de la Escuela de Investigación Policial de la Guardia Civil.

Asimismo, el Ministerio de Cultura prestará el asesoramiento, apoyo y cooperación necesarios en el desarrollo de los programas de formación básica y perfeccionamiento que elaboren al efecto los órganos encargados de la formación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que realicen funciones de policía judicial, y participará en los cursos que se organicen e impartan en sus centros, a fin de facilitar a los funcionarios asistentes los conocimientos precisos para la protección del Patrimonio Histórico Español."

Por tanto, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial es la unidad especializada de la Guardia Civil en combatir las infracciones contra el Patrimonio Histórico español, asumiendo la responsabilidad de investigar y perseguir aquellos hechos que por su importancia o su complejidad no pueden ser asumidas por las Unidades Territoriales.

El Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, desarrolla un papel fundamental en este ámbito, en especial gracias a la labor de la Brigada del Patrimonio Histórico, asumiendo competencias para la investigación de todas las agresiones contra el patrimonio histórico, artístico y cultural, tanto de titularidad pública como privada, acaecidos en cualquier ámbito geográfico del territorio nacional.

En el entorno internacional es esencial la colaboración con otros cuerpos policiales como INTERPOL, EUROPOL y las unidades especializadas de las Policías de otros países.

A pesar de lo expuesto y de la excelencia de los cuerpos implicados en la lucha contra el robo y tráfico de obras de arte, el incremento de la actividad delictiva en este ámbito exige el refuerzo de los medios disponibles y la puesta a disposición de nuevos instrumentos para la lucha contra esta modalidad criminal.

En este sentido, es recomendable reforzar la labor de la Brigada del Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, coordinando sus operaciones con el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el Servicio Fiscal de la Guardia Civil.

La creación de una nueva herramienta informática común para las unidades implicadas resultaría de mucha utilidad. Esta herramienta debería incorporar un sistema de comparación de imágenes y varias bases de datos diferenciadas, en particular: obras de arte clasificadas (incluyendo fotografía, descripción detallada y antigüedad estimada), piezas robadas (con descripción completa, fotografía y fecha de la sustracción), empresas dedicadas a la compraventa (anticuarios, galeristas, salas de subastas, casas de empeño y negocios de compraventa de metales y joyas preciosas) y libros de policía (incluyendo fotografía y descripción precisa de las obras objeto de transacción, información sobre su procedencia


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y datos completos del comercio o vendedor al que fue adquirida). Además, debería preverse la interoperabilidad, o al menos la interconexión de dicha herramienta, con los sistemas de información de Europol e Interpol.

El sistema debería poder ser consultado no solo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también por ciudadanos particulares que podrían registrar obras de arte de su propiedad y, en muchos casos, proporcionar información sobre piezas robadas.

La herramienta, por último, también serviría como puente para la comunicación con las compañías de seguros especializadas en el mundo del arte, pudiendo además aportar información muy valiosa a las investigaciones que se llevan a cabo en caso de robo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover actuaciones tendentes a:

1. Proteger el Patrimonio Artístico Español, promoviendo instrumentos y herramientas informáticas comunes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permitan el registro de obras de arte, la rápida identificación de aquellas que hubieran sido sustraídas y el establecimiento de un sistema de alerta temprana.

2. Reforzar la labor de la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil en la lucha contra el expolio de obras de arte religiosas en las zonas rurales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la participación de los trabucaires en las celebraciones populares catalanas, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El pasado 6 de febrero del pasado año, Òmnium Cultural del Voltreganès organizó la conmemoración histórica sobre los hechos de la Gleva de 1714, en que un comando de 120 soldados austracistas fueron asesinados en torno al Santuario de La Gleva en febrero de 1714 cuando intentaban dificultar la llegada de provisiones a las tropas borbónicas que sitiaban Barcelona. En el transcurso del acto había previsto realizar unas salvas de trabuco de honor, que la delegación del Gobierno español en Catalunya prohibió alegando un informe de la Guardia Civil según el cual estas armas solo se podían utilizar en actos tradicionales y que esta conmemoración no lo era.

Alegando el mismo motivo, la Guardia Civil ya prohibió una actuación de trabucaires que iba llevar a cabo la Colla de Castellar del Riu el pasado 10 de diciembre.

Tanto la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya como los organizadores han discrepado frontalmente de esta decisión y los criterios amparados en una normativa estatal no adecuada a la realidad catalana, que impiden que los trabucaires participen en una celebración histórica o en un acto popular y que la decisión sobre esta cuestión dependa de un informe de la Guardia Civil.

En este sentido hay que señalar las competencias de la Generalitat de Catalunya, según el artículo 113 de su Estatut, en "el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que establece el Título V". Así, teniendo en cuenta las competencias catalanas en el ámbito de Cultura y de Juegos y espectáculos, así como en Seguridad Pública (artículos 127, 141, 164, respectivamente), debería tener responsabilidad en decidir sobre la participación de los trabucaires en las celebraciones.

Por otro lado, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Armas considera como armas aquellas de colección, que en otras legislaciones europeas son consideradas como antigüedades. Ello afecta a coleccionistas y a museos como el Museu Etnográfic de Ripoll, villa que tenía un pasado industrial basado en la manufactura de armas de fuego portátil, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, que son conocidas en todo el mundo por su particularidad.

Los controles sobre las armas antiguas, en tanto que son consideradas como armas, generan una serie de problemas que el actual Reglamento no corrige. Entre estos, la dificultad para conseguir que los coleccionistas dejen sus armas de fuego para exposiciones ya que es obligatorio diligenciar una guía de circulación cada vez que se traslada un arma antigua y hacerlo mediante un transporte autorizado. Tanto es así que la realización de la miniserie sobre el bandolero Joan de Serrallonga -coproducida por TVE y Televisió de Catalunya- se vio obligada a recurrir a armas antiguas francesas -aunque estaban históricamente descontextualizadas- porque tienen libre circulación.


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Modificar el Real Decreto de Reglamento de Armas, transposición de la directiva europea que establece un nuevo marco regulador de la tenencia y uso de armas de fuego, para permitir que sea la Generalitat de Catalunya, en virtud de sus competencias, quien decida las celebraciones en que pueden utilizarse las armas de avancarga y otras armas de fuego antiguas o históricas.

2. Modificar el Real Decreto de Reglamento de Armas para permitir la libre circulación de las armas de fuego antiguas o históricas, estableciéndose en su caso las garantías oportunas, pero sin obstaculizar la labor de profesionales u organizaciones que trabajan con ellas, como coleccionistas o museos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Interior

181/000102

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la homologación económica y de derechos sociales de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

Nota.-Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 de febrero de 2012.

Comisión de Fomento

181/000080

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para dar continuidad al proyecto de ADIF "0003" "Estaciones de Viajeros" que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-M.ª Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

181/000081

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Cuáles son los motivos por los que el aparcamiento de vehículos de la estación del Tren de Alta Velocidad de Lleida-Pirineus aún no ha entrado en funcionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-M.ª Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.


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181/000082

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿En qué fecha el aparcamiento de vehículos de la estación del Tren de Alta Velocidad de Lleida-Pirineus va a entrar en funcionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-M.ª Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

181/000083

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Cuál es el calendario concreto del Ministerio de Fomento para llevar a cabo los accesos, ferroviarios y viarios, del nuevo muelle Prat del Port de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.

181/000084

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Cuál es el calendario concreto del Ministerio de Fomento para llevar a cabo el acceso ferroviario de Rodalies a la T-1 del Aeroport del Prat?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.

181/000085

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Cuál es el calendario concreto del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la conexión de la A-2 y la B-30?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.

181/000086

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Cuál es el calendario concreto del Ministerio de Fomento para llevar a cabo los diferentes tramos del Quart Cinturó de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.

181/000087

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Cuál es el calendario concreto del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la Variant de Vallirana en la N-340?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.


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181/000090

Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno del Estado con respecto al desarrollo del Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias en materia de carreteras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

181/000091

Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro

Texto:

¿Cuál es la posición del Ministerio de Fomento con respecto a la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias para la suscripción de un Convenio sobre Infraestructuras Portuarias de Ámbito Interinsular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

181/000092

Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro

Texto:

¿Cuál es el modelo de gestión aeroportuaria que pretende impulsar el Gobierno del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

181/000093

Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro

Texto:

¿Cuál es la posición del Ministerio de Fomento con respecto a la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias para equiparar el porcentaje de bonificación del transporte marítimo (25%) a la bonificación aérea (50%) a los residentes en las islas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.

181/000094

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Contempla el Gobierno incluir el desdoblamiento integral de la N-232, en su tramo El Burgo de Ebro-Alcañiz-Mediterráneo, entre los proyectos a emprender durante esta Legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/000095

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Contempla el Gobierno incluir el desdoblamiento integral de la N-232, en su tramo Mallén-Figueruelas, entre los proyectos a emprender durante esta Legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.


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181/000096

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Contempla el Gobierno incluir el desdoblamiento integral de la N-II, en su tramo Alfajarín-Fraga, entre los proyectos a emprender durante esta Legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/000097

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Tiene el Gobierno como uno de sus objetivos prioritarios durante esta Legislatura la conexión con Francia a través de la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/000099

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Considera acertado para las necesidades de nuestro país la política de inversión y creación de los distintos aeropuertos que han desarrollado tanto Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español en las últimas décadas hasta el día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000100

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para rentabilizar los aeropuertos que se encuentran infrautilizados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000103

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué modelo de selección y formación del profesorado piensa adoptar su Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000075

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Está dispuesto el Gobierno a impulsar la negociación de precios de la leche en el seno de las interprofesionales, permitiendo que las organizaciones agrarias y las empresas lácteas negocien en las interprofesionales las condiciones generales de los contratos a similitud de lo establecido en Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.- M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.


Página 48




181/000076

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Cuál es la disposición del Gobierno a contemplar la obligatoriedad de los contratos homologados que regulen las relaciones comerciales entre los productores de leche y las industrias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.- M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000077

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con el proyecto de acuaEbro "1023" "Abastec. a Lleida y su comarca 3.ª Fase", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-María Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

181/000078

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el proyecto de acuaEbro "1016" "Canal de Segarra-Garrigues", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-María Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

181/000079

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña M.ª Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con el proyecto de acuaEbro "1028" "Abast. desde Presa del Rialb con capt. Canal de Segarra-Garrigues", incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2012.-María Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

181/000088

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Va el Gobierno a plantear ante la UE la necesidad de aprobar mecanismos de ayuda para los sectores afectados por el incremento de los carburantes, de modo que se autoricen ayudas como las otorgadas en el año 2008, cuando se produjo la anterior crisis?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.- M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/000089

Grupo Parlamentario Mixto (BNG)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Olaia Fernández Davila


Página 49




Texto:

¿Cuál es la disposición del Gobierno a aprobar mecanismos de ayuda para el sector pesquero y agrario, muy afectados por el desmesurado incremento de los precios del gasoil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.- M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000101

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué va a hacer el Gobierno para atajar la discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más básicas que sufren los ciudadanos que dependen habitual o transitoriamente del sistema sanitario de otra Comunidad Autónoma diferente a la de su residencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Igualdad

181/000098

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputado don Antonio Cantó García del Moral

Texto:

¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para desarrollar una Ley Nacional de Custodia Compartida como opción preferente que armonice la regulación legal de la misma en el conjunto del Estado garantizando la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

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