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BOCG. Senado, apartado I, núm. 475-3158, de 23/02/2015
cve: BOCG_D_10_475_3158
 


I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Enmiendas
621/000108
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.66, Núm.exp. 121/000065)


El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 3 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 10 de febrero de 2015.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y seis.

ENMIENDA

De adición.

Modificar el apartado 2 del artículo 607 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, quedando redactado en los términos siguientes:

«Artículo 607.

1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

1) Con la pena de prisión de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros.

2) Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.

3) Con la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150.

4) Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.

5) Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2 y 3 de este apartado.

2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años y con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delitos, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.»

JUSTIFICACIÓN

La naturaleza y gravedad de los delitos comprendidos en este título hacen aconsejable regular una protección cualificada de los menores frente a la posibilidad de que sus autores puedan entrar en disposición de ejercer algún tipo de influencia en la formación o desarrollo educativo de los mismos que, muy especialmente en el caso de los niños, por su falta de madurez física y mental, como recoge la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

Desde los distintos poderes públicos se debe atender el interés superior de los menores, frente a otros intereses concurrentes, y para ello se debe garantizar a nivel legislativo la protección efectiva de la formación de la infancia y la juventud, impidiendo que, su normal desarrollo, pueda verse perjudicado, impedido o desviado, en ningún caso.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo 579.

1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los arts. 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada con la pena de seis meses a dos años de prisión.

2. Los responsables de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, serán también castigados con la pena de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. En estos mismos términos de proporcionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45, serán también castigados, con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia.

3. A los condenados a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos comprendidos en este Capítulo se les impondrá además la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave cometido por un delincuente primario, el Tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

4. En los delitos previstos en esta sección, los Jueces y Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado, y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.»

JUSTIFICACIÓN

La naturaleza y gravedad de los delitos comprendidos en este título hacen aconsejable regular una protección cualificada de los menores frente a la posibilidad de que sus autores puedan entrar en disposición de ejercer algún tipo de influencia en la formación o desarrollo educativo de los mismos que, muy especialmente en el caso de los niños, por su falta de madurez física y mental, como recoge la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

Desde los distintos poderes públicos se debe atender el interés superior de los menores, frente a otros intereses concurrentes, y para ello se debe garantizar a nivel legislativo la protección efectiva de la formación de la infancia y la juventud, impidiendo que, su normal desarrollo, pueda verse perjudicado, impedido o desviado, en ningún caso.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo único.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Añadir un nuevo artículo 143 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, quedando redactado en los siguientes términos.

«Artículo 143 bis.

1. El que utilizare cualquier medio informativo o de difusión, incluidos los informáticos e Internet, incitando, informando o promoviendo prácticas de restricción alimentaria prolongada y/u otras conductas alimentarias que puedan causar anorexia, bulimia y otros trastornos de la alimentación, o quien facilite el acceso a dichos medios, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de entre 15.000 y 50.000 euros.

2. Si el delito se cometiera contra menores de edad y/o contra personas con algún tipo de discapacidad, se impondrá la pena en su mitad superior y una multa de entre 50.000 y 100.000 euros.

3. Quien llevando a cabo las conductas descritas en los apartados 1 y 2 de este artículo, ocasionare la muerte de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 años y con una multa de entre 100.000 y 200.000 euros.

4. Como medida cautelar mientras dure la instrucción se podrá imponer el cierre de los medios informativos o de difusión, incluidos los informáticos y los que precisan de Internet. Además, en la correspondiente sentencia, se podrá imponer el cierre definitivo de dichos medios.»

JUSTIFICACIÓN

Con la presente enmienda se pretende tipificar como delito las conductas de aquellas personas que incitan a que otros seres humanos pongan en grave riesgo su salud. La anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios muy graves que pueden ocasionar enfermedades e incluso la muerte. En España las páginas web que incitan y promueven esas prácticas de restricción alimentaria son legales y por ello nuestro grupo entiende necesario, dada la gravedad de las consecuencias, prohibirlas y castigar a quienes incitan a ello. El Código Penal francés castiga estas conductas desde el año 2008 y en junio de 2014 un grupo de diputados italianos presentó una enmienda al Código Penal de Italia para castigar a aquellos que inciten y promuevan trastornos alimentarios.

Según los datos de la Agencia de Calidad de Internet (IQUA), el 75 % de los usuarios de estas páginas son menores de edad y el 80 % son chicas. Además, según una encuesta realizada por Protégeles, publicada en diciembre de 2007 y realizada a menores con edades comprendidas entre 8 y 17 años, el 17 % de los menores que usaban internet visitaban páginas «Pro-Ana» (proanorexia) y «Pro-Mía» (probulimia) y el 26,2 % de chicas y el 15 % de los chicos accedían a ellas para perder peso.

Entendemos que las Cortes Generales no pueden seguir haciendo caso omiso a las asociaciones y a los expertos que alertan sobre las graves consecuencias derivadas de estas prácticas en España. Los poderes públicos debemos ser conscientes del peligro que corren un inmenso número de personas, principalmente menores, accediendo de forma rápida y fácil a contenidos que incitan y promueve prácticas alimentarias que atentan contra su salud, pudiendo degenerar en graves enfermedades e incluso en la muerte.

El Senador José María Fuster Muniesa (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 12 de febrero de 2015.—José María Fuster Muniesa, María Belén Ibarz Ibarz y Rosario Isabel Santos Fernández.

ENMIENDA NÚM. 4

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado por el que se añade el artículo 367 bis al Capítulo III. De los delitos contra la salud pública, Título XVII. De los delitos contra la seguridad colectiva, Libro II. Delitos y sus penas, que queda redactado como sigue:

Artículo 367 bis.

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a tres años quien, a través de cualquier medio, induzca a menores de edad a realizar hábitos o conductas favorecedoras de cualquier tipo de trastornos de la conducta alimentaria, cuando de los mismos pueda derivarse un menoscabo grave de su integridad corporal o su salud física o mental.

2. Será castigado con la pena de trescientos días de multa el proveedor de servicios de hospedaje de contenidos en medios electrónicos o telemáticos que, con conocimiento de los contenidos descritos en el número anterior, no proceda a su eliminación o a establecer mecanismos efectivos que impidan el acceso de menores de edad a los mismos.

3. La comisión de este delito a través de medios electrónicos o telemáticos conllevará el cierre de los accesos y contenidos definidos en este artículo.

JUSTIFICACIÓN

En los últimos años se ha producido un repunte de los casos de bulimia y anorexia ciertamente preocupante. Todos los expertos coinciden en que, junto a otras causas, la promoción de hábitos y conductas nocivos para la salud en redes sociales y páginas web, está contribuyendo de manera determinante al incremento de este tipo de trastornos graves para la salud que afectan principalmente a niños y jóvenes. Junto a la prevención, el efecto disuasorio de las sanciones debe contribuir a proteger la salud que es una obligación de los poderes públicos.

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 17 de febrero de 2015.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX) y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y seis.

ENMIENDA

De adición.

Añadir lo siguiente:

… sus integrantes, u otro grupo social perseguido a partir de cualquier otro criterio arbitrario, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Se trata de volver a introducir el «grupo social» como uno de los grupos humanos protegidos en el Código Penal ante conductas criminales constitutivas de genocidio. Todo ello para beneficio y mayor protección de todos los ciudadanos de España ante este tipo de crímenes.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 96 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De adición.

En consonancia con la enmienda anterior, se propone incluir en el preámbulo la siguiente explicación al concepto de «explotación sexual» para dejar clara la voluntad del legislador de que la nueva redacción del artículo 337 aprobada en el Congreso incluye todas las actuaciones de zoofilia y bestialismo:

«El término explotación sexual del artículo 337 no solo incluye prácticas de zoofilia que supongan actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, sino todas aquellas prácticas privadas de zoofilia en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo».

MOTIVACIÓN

Se valora positivamente que se haya añadido una referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave y muy extendida en España. Sin embargo, la explotación sexual de animales tiene una connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.

De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros textos legales y organismos internacionales, el término explotación sexual plantea problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas, que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente relevantes. La enmienda así planteada resulta necesaria para superar las limitaciones de aplicación práctica aparejadas al término explotación, de modo que además de tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.

Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos ha utilizado la expresión «explotación sexual». Por ejemplo, el Estado de Yucatán (México), prohibió los «actos de zoofilia con animales domésticos (mayo de 2013) y el Distrito Federal en Mexico condena el «acto zoofílico contra cualquier animal» (enero de 2013). Otros ejemplos son: Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigó con multa o cárcel «cualquier acto sexual con un animal» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con animales» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohibe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal prohibe «la penetración con pene humano en animales y viceversa»; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba los actos sexuales o la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N.º 2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, «cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales. El último país que ha prohibido el sexo con animales, de forma generalizada, ha sido Dinamarca en octubre de 2014. Por todo lo anterior, parece irrefutable que el código penal español, si mantiene el vocablo «explotación», en lugar de otro que abarque cualquier acto sexual con animales, tampoco se alienaría con el resto de países para elevar a delito este tipo de prácticas.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.



Supresión del Art. 33.2.

JUSTIFICACIÓN

La incorporación de la cadena perpetua en el Código penal no puede pasar inadvertida en la sociedad, es preciso incorporar sin un mínimo de reflexión que vaya más allá del ámbito emocional-vindicativo. Cuando el estado incorpora a la legislación criminal una pena de estas características pone en cuestionamiento nuestra concepción de Estado social y democrático de derecho que se asienta sobre una premisa incuestionable que aparece derivada de la forma política que ha adoptado el estado español en nuestra Constitución y que exige que todo sacrificio de la libertad haya de reducirse a lo absolutamente necesario para conseguir un objetivo que constitucionalmente lo justifique y que, en todo caso, siempre resulte respetuoso con los derechos humanos.

Para que la incorporación de la pena de prisión perpetua revisable al Código penal tuviera legitimidad suficiente tendría que superar, sin margen de duda, un juicio de compatibilidad con las normas constitucionales. El ministerio de justicia debería justificar con argumentos técnicos y científicos su necesidad en relación con los fines que tanto la doctrina como la jurisprudencia otorgan al Derecho penal. Además, tendría que explicar y justificar no sólo formalmente, sino materialmente, el reproche de inseguridad jurídica que esta pena conlleva (art. 9.3 CE); que no atenta contra la dignidad de las personas (derecho recogido en el art. 10 de la Constitución española); que no se convierte en una pena inhumana o en trato degradante (art. 15 CE), y que es compatible con el mandato constitucional de que las penas estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los penados (art. 25.2 CE).

La pena de prisión permanente es perpetua, de facto; tiende a extenderse durante toda la vida hasta la frontera de la muerte de la persona condenada. Este es el escenario previsible para la casi totalidad de esas condenas y es el marco respecto del que hay que realizar las reflexiones sobre su acomodación a las normas constitucionales.

El texto legal establece varias posibilidades de revisión por los Tribunales para que la persona condenada no muera en prisión y pueda salir de ella antes de que tal acontecimiento se produzca. Si la pena pudiera revisarse y, en caso de que la quien la cumple estuviera en condiciones de ser reinsertado y se pudiera concretar a una duración determinada, o suspenderse, podría ser ajustada a la Constitución. Esta posibilidad salvaguardaría formalmente el respeto debido al art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Pero no es así. Lamentablemente, con las opciones legales de revisión previstas en el PCP, el Ministerio de Justicia no está pensando en garantizar el derecho a la reeducación y a la inserción social de los penados a largas condenas, sino que intenta otorgar apariencia de legitimidad a la prisión perpetua, resaltando su carácter revisable y así salvar el escollo legal de su más que improbable constitucionalidad.

El proyecto de Ley no permite visualizar un horizonte de libertad en la frontera de la muerte para el condenado a prisión permanente revisable. Su clasificación en el tercer grado no está prevista y la única fórmula de revisión está contenida en el art. 92 PCP, la revisión ordinaria. Es cierto que a lo largo de la tramitación prelegislativa de los Anteproyectos se ha incorporado la posibilidad de acordar la suspensión de la condena a los presos mayores de 70 años o enfermos con graves padecimientos incurables, pero no resulta aventurado sospechar que los duros condicionantes previos y las rigurosos requisitos y normas de conducta contemplados en el art. 91 PCP harán prácticamente inviable su ejecución a este tipo de condenados, de manera que, en su mayoría, las personas condenadas a prisión perpetua revisable morirán en una cárcel, pese a vulnerar con ello los arts. 3 y 5 del CEDH.

La prisión perpetua revisable es inconstitucional porque atenta contra la dignidad de los seres humanos —art. 10 CE—; contra la prohibición de penas inhumanas y tratos inhumanos y degradantes —art. 15 CE—, contra el mandato de la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social art. 25 CE; además, su indeterminación se enfrenta abiertamente al principio básico de seguridad jurídica.

La indeterminación de la pena perpetua revisables atenta contra el principio de legalidad establecido en el art. 25.1 CE. que exige que las penas se encuentren perfectamente determinadas en su forma de cumplimiento y extensión en el Código penal. Así, la propia definición que la exposición de motivos de esta pena la cataloga como una pena de «prisión de duración indeterminada», vulnera abiertamente el mencionado principio de legalidad, recogido en el art. 25.1 CE. La imprevisibilidad del contenido del contenido temporal de la pena priva de libertad que se genera con la incertidumbre de las posibles salidas por revisión y suspensión de la condena, se confía a una normativa rigurosa, plagada de conceptos jurídicos indeterminados, de complicada aplicación y ejecución que confieren a la sanción penal un carácter arbitrario y desigual, como tal enfrentado a la dignidad humana; estas razones son suficientes para deslegitimarla. Los ciudadanos deben saber de antemano no sólo el ámbito de lo prohibido, sino también sus consecuencias.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la letra g) del apartado 4 del artículo 33, que quedaría redactado como sigue.

«4. ...

g) “La multa inferior a dos meses”.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la sustitución de la pena fijada en el Proyecto por la actualmente prevista en el Código Penal por no considerarse justificada la necesidad de incremento de la consecuencia jurídica prevista para las faltas, al no haberse modificado las conductas tipificadas, habiendo procedido el prelegislador únicamente a transformarlas en delitos leves, sin que haya razón alguna para aumentar el reproche penal, tal como entendía, dicho sea de paso, el Anteproyecto de modificación del Código Penal que el Gobierno sometió en su día a informe de los organismos pertinentes.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Art. 35, que quedaría redactado como sigue:

«Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustará a lo dispuesto en las leyes en este código.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime la referencia a la prisión permanente revisable por coherencia con lo dispuesto en el artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Art. 36.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Veintisiete.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir, en el apartado b) del actual artículo 39, la siguiente frase: «y convivencia con ellos en el domicilio», quedando redactado de la forma siguiente:

«b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho».

MOTIVACIÓN

Se trata de una corrección técnica, al incluir en el artículo 39 expresamente la nueva pena privativa de derechos de inhabilitación de tenencia de animales, que ya se ha incluido en los artículos 337 y 337 bis en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Obviamente, en el caso de aprobarse en el Senado las enmiendas relativas a la inhabilitación de convivencia con animales en el domicilio habría que incorporar la mención «y convivencia con ellos en el domicilio» tras «tenencia de animales» en la presente enmienda.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 57, quedando redactado como sigue:

«2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con el convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados, se podrá acordar la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, de cinco si fuera menos grave, o de un año si fuere leve, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Como ya se indicó en la justificación de la enmienda a este mismo artículo durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal contenida en la LO 5/2010, de 22 de junio, los efectos que la reforma del Código consecuencia de la LO 15/2003 produjo al incluirse en el párrafo 2 del artículo 57 la expresión «en todo caso», se hicieron notar de manera palpable en la práctica de los Juzgados y Tribunales penales en el tratamiento de los procedimientos relacionados con la violencia familiar y la violencia contra la mujer y siguen produciéndose hoy, por un lado, la actitud de numerosas «víctimas» que se acogen a la dispensa del art. 467.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) para evitar una sentencia condenatoria que —indefectiblemente— ha de ir acompañada de «la medida de alejamiento de la víctima» y, por otro lado, la frecuencia de situaciones que cabría integrar en el delito de quebrantamiento del art. 468 CP, a partir de una sobreprotección a la víctima tan desatinada que ha terminado en ciertos convirtiéndola en imputada (y hasta en condenada), como cooperadora necesaria del delito.

Aunque la STC 60/2010 declaró constitucional la aplicación automática de la pena de alejamiento en los supuestos del art. 57.2, y la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 15 de septiembre de 2011 desestimó dos cuestiones prejudiciales planteadas sobre dicha pena obligatoria, las disfunciones creadas con la modificación en 2003 del precepto se manifestaron desde su entrada en vigor y se vienen expresando desde los más diversos foros jurídicos, como el Consejo General de la Abogacía o la Fiscalía General del Estado (FGE) a partir del contenido de las Memorias de la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la mujer de los últimos años lo que avala la necesidad de seguir insistiendo en modificar el precepto y volver a la discrecionalidad anterior a la reforma de 2003. Como se indica por la FGE en la Memoria del año judicial 2012, cuando incluye al art. 57.2 entre las propuestas de reformas legislativas, la propia naturaleza de la pena, de carácter accesorio, que persigue la protección de la víctima, esto es, fines preventivo-especiales, permite sostener que sólo debería ser impuesta si existe riesgo real y objetivo para aquélla, apreciado por el Juez o Tribunal a tenor de las diligencias que se hayan de practicar en cada causa, y atendidas las particulares circunstancias de cada caso concreto, y de cada víctima concreta.

La adecuación y aplicación de la norma penal a las diferentes situaciones de cada procedimiento, proporcionaría un mayor rigor y una mayor eficacia en el seguimiento de las penas que efectivamente se impongan, tras la valoración judicial, para proteger a aquellas víctimas que sí lo necesiten.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 57, quedando redactado como sigue:

«2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados, se acordará la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, de cinco si fuera menos grave, o de un año si fuere leve, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. No obstante, el Juez o Tribunal sentenciador podrá dejar sin efecto la pena en supuestos excepcionales, a petición de la víctima y previa audiencia del Ministerio fiscal».

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de regulación prioritaria sería la anterior; no obstante, y para el caso de que no prosperara o no se estimara oportuna, cabría una segunda propuesta que viene a reproducir,en muy buena medida, la postura defendida sobre este concreto párrafo del art. 57 en la enmienda parcial de IU-ERC-IVC planteada durante la tramitación de la L.O. 5/2010.

La imposición imperativa de la pena de alejamiento produce efectos indeseables, por un lado, la actitud de numerosas «víctimas» que se acogen a la dispensa del art. 467.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) para evitar una sentencia condenatoria que —indefectiblemente— ha de ir acompañada de «la medida de alejamiento de la víctima» y, por otro lado, la frecuencia de situaciones que cabría integrar en el delito de quebrantamiento del art. 468 CP, a partir de una sobreprotección a la víctima tan desatinada que ha terminado en ciertos convirtiéndola en imputada (y hasta en condenada), como cooperadora necesaria del delito.

Si bien el CP contempla la suspensión de la pena de prisión, no ocurre lo propio con la pena accesoria de prohibición de aproximación.

En no pocos casos, la víctima del delito de violencia familiar o violencia contra la mujer comparece ante el Juzgado o Tribunal sentenciador o ante el Fiscal del caso para solicitar que quede sin efecto la pena de alejamiento y no resulta posible atender su pretensión (fundada en la voluntad aparentemente firme, libre y voluntariade aquélla), reduciendo a la concesión del indulto la deseada inejecución de esta concreta pena. Por ello, se considera conveniente el establecimiento de la previsión legal de que «en supuestos excepcionales», a petición de las personas protegidas por la pena de alejamiento impuesta en la condena, y paralelamente la adopción de las cautelas oportunas para asegurar que la declaración de voluntad ha sido prestada libremente, pueda quedar sin efecto su ejecución, permitiendo que el Juez o Tribunal sentenciador, a petición de la víctima y previa audiencia del Ministerio Fiscal, pudiera dejar sin efecto el alejamiento impuesto en la sentencia condenatoria, consiguiéndose un resultado más rápido que si se opta por la vía del indulto y, al propio tiempo, la decisión de dejar sin efecto la pena accesoria de alejamiento de la víctima no dependería de ésta, sino del órgano judicial que sentenció, con el previo informe del Ministerio Fiscal.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Art. 76.1.e).

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del Art. 78 bis.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 80. que quedaría redactado como sigue:

«1. Los Jueces o Tribunales podrán acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia cuando no se considere necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos y la pena impuesta, cualquiera sea su naturaleza, no sea superior a dos años de duración.



2. Antes de acordar la suspensión los Jueces o Tribunales recabarán los informes que permitan analizar y valorar las circunstancias personales del condenado y el riesgo de reincidencia. Previa audiencia de las partes personadas, se acordará lo procedente teniendo en cuenta las características del hecho enjuiciado, la duración de la pena impuesta, la conducta posterior a la infracción, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado por parte del condenado, así como sus circunstancias personales, familiares y sociales.

3. El plazo de la suspensión será de dos a cinco años. Para su determinación se tendrá en cuenta las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

4. Los Jueces o Tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena privativa de libertad impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra condena suspendida por el mismo motivo.»

JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta que se formula recupera la independiente conceptuación de las dos fórmulas que el legislador de 1995 diseñó para evitar la ejecución de la pena de prisión, la sustitución y la suspensión. Y respecto de esta última, pretende ampliar su ámbito para hacerlo confluir con el establecido exitosamente en nuestro derecho penal de menores, la sustitución de la ejecución de la condena, con independencia de la clase de pena impuesta.

2. La peligrosidad del penado —hasta hoy criterio a considerar ante la aplicación de la suspensión bajo condición— se sustituye en la reforma por una confusa expresión: que «sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos» (art. 80.1 PCP), que no obstante define el perfil del destinatario de la nueva y totalizadora institución de la «sustitución», el del delincuente primario, excluyendo al reincidente o, mejor dicho, al delincuente habitual que resulta, de tal forma, asimilado al delincuente peligroso, y focalizada hacia una sola clase de pena, la privativa de libertad.

La propuesta —en la línea trazada por la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor y acogiendo una fórmula cercana a la más versátil y flexible «probation» anglosajona que a la remisión bajo condición continental—, amplía su ámbito de aplicación más allá de las condenas a penas privativas de libertad, y fundamenta los criterios de concesión superando la sola peligrosidad del condenado. Aunque se plantea particularmente orientada a evitar la ejecución de las condenas cortas de prisión con fines de reinserción social, su objetivo es más general: evitar la estigmatización del reo que se deriva de la imposición de una condena penal.

3. No obsta a lo dicho anteriormente que se tome conciencia de lo necesaria que resulta la ampliación y potenciación de las fórmulas alternativas a la imposición y al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Según los datos más recientes procedentes del ministerio del interior, las infracciones penales descendieron un 2,7 % durante los seis primeros meses de 2013. Y esta ha sido la tendencia, al menos, en los últimos 5 años. Pese a que la población española creció en más de dos millones de personas entre 2007 y 2012, las cifras indican una tendencia descendente continuada de la criminalidad general. En relación con las estadísticas proporcionadas por Eurostat, la comparativa también resulta bien concluyente: respecto de delitos violentos, España ocupa el cuarto puesto comenzando por el final de una relación de 29 estados de la UE, mientras que en la tasa de encarcelamiento hacemos el puesto séptimo (el primero, si hablamos de los países de la UE-12), datos recientes (contenidos en el anuario estadístico del año 2012 publicado por el Ministerio del Interior) que revelan que nuestro sistema penal, enfrentado a unos índices de criminalidad nada preocupantes, hace un uso excesivo de la penas de prisión, infrautiliza las penas alternativas o en evitación de la prisión sin que con ello se esté resolviendo ningún problema de seguridad colectiva (por lo demás, irrelevante para la sociedad española, según revelan las encuestas del CIS, frente a otras cuestiones como el paro, la situación económica, o la corrupción).

4. Se exige como requisito ineludible para entrar a valorar la eventual concesión de la suspensión (salvo el supuesto de que el condenado padezca una enfermedad incurable) la elaboración de los informes que resulten precisos para servir de base a la formulación del «pronóstico favorable de comportamiento», tal como recomendaba el informe del Consejo Fiscal.

5. Se considera redundante y por ello se elimina, la audiencia al ofendido en los delitos perseguibles a instancia de parte, reconocido con carácter general en el art. 80.2 propuesto.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 81, que quedaría redactado como sigue:

«1. Serán condiciones necesarias para suspender la ejecución de la condena impuesta las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en ese Código.

2.ª Que la pena impuesta por el delito no sea superior a dos años.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas de la infracción castigada, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del ministerio fiscal y las partes, declare la imposibilidad total o parcial del condenado para hacerlas frente.

2. Aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del epígrafe anterior, podrá decretarse la suspensión de la ejecución de las condenas de duración no superior a tres años, atendidas las circunstancias que se establecen en el art. 80.2, cuando así lo aconsejen razones singulares de reinserción y rehabilitación social. En estos casos, la suspensión tendrá una duración de tres a cinco años, y se condicionará a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a las posibilidades económicas del condenado, o al cumplimiento del acuerdo de mediación, en su caso.

3. Los Jueces o Tribunales también podrán acordar la suspensión de la ejecución de las condenas de duración no superior a cinco años de quien hubiere cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del artículo 20 siempre que se acredite suficientemente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento a tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión de su condena.»

JUSTIFICACIÓN

1. La referencia en el cómputo de la pena privativa de libertad derivada del impago de la multa se ha eliminado de la norma propuesta al no resultar consecuente con la aplicación de la suspensión de la condena a las penas de toda naturaleza.

2. En concurrencia con la mayor parte de los países de nuestro entorno, la suspensión de la ejecución de la condena no debería excluir a los reincidentes, ni tampoco a la categoría específica entre éstos, los delincuentes habituales. La reiteración delictiva no debiera considerarse un requisito preventivo-general sino una circunstancia más a valorar por el juzgador desde criterios de prevención especial. Por ello se ha eliminado el carácter excepcional de la suspensión para los condenados que resulten ser reincidentes y la exclusión prevista para los habituales.

3. En el artículo correspondiente del PCP se sustituye la declaración de insolvencia para la exención del requisito de afrontar las responsabilidades civiles derivadas de la infracción por un compromiso por parte del condenado de satisfacerlas de acuerdo con su capacidad económica, hay que entender que a futuro y sin sujeción a caducidad; una extraña transacción, sin precedentes en nuestro derecho, y de complicado control y ejecución. Por ello se propone mantener el actual sistema, más conocido, practicado y certero que el proyectado, contemplándose la necesaria audiencia a las partes procesales (insistentemente requerida por los órganos constitucionales informantes de los Anteproyectos). La inclusión en el PCP de la figura del decomiso que no se deriva directamente —como las responsabilidades civiles— del ilícito penal pone de manifiesto la relevancia que para este pre-legislador tiene esta institución, lejana por lo demás a razones puras de política criminal; las motivaciones de carácter recaudatorio que parecen inferirse de la presencia puntual y trasversal del comiso en la reforma no deben constituirse en un requisito sine qua non para la concesión de la suspensión de la ejecución de una condena penal.

4. La incorporación al Proyecto del número 4 del art. 80, que, siguiendo una más que cuestionable sugerencia del informe del Consejo Fiscal, establece: «No se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a un año cuando aquélla resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito», es objetada expresamente en el informe al segundo ACP del Consejo de Estado. Con ello, se «traspone» a nuestro CP una norma del CP alemán (su parágrafo 56) quizá considerando que la sola referencia a «las circunstancias del delito cometido» del art. 80.1 PCP no cumple las exigencias de prevención general. Lo cierto es que se trata de una posición que rompe con la orientación preventivo-especial que ha presidido la remisión condicional desde su implantación en nuestro sistema penal por la Ley de marzo de 1908. Por todo ello se ha omitido en esta propuesta.

5. El PCP no establece, a diferencia del CP vigente, un plazo específico de suspensión para los que hubiesen delinquido a causa de su dependencia a las bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por razones de proporcionalidad y de seguridad jurídica, parece más apropiada la actual situación, por lo que la propuesta la contempla en los términos del actual art. 87.3.

No se contempla la previsión del PCP de condicionar la suspensión a la continuación del tratamiento hasta su finalización ya que tal requisito puede perturbar el carácter voluntario de este tipo de tratamientos y comprometer el principio de dignidad en la ejecución de las penas.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 82, que quedaría redactado como sigue:

«Los Jueces o Tribunales resolverán en sentencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución cuando ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza se pronunciarán con la mayor urgencia mediante auto motivado y, mientras tanto, no comunicarán ningún antecedente al Registro Central de Penados y Rebeldes. Si finalmente se acordara la suspensión de la ejecución de la pena, la inscripción de la pena suspendida se llevará a cabo en una Sección especial, separada y reservada de dicho Registro, a la que solo podrán acceder los Jueces o Tribunales».

JUSTIFICACIÓN

Se acoge la pretensión del pre-legislador de que, con carácter general, siempre que resulte posible se resuelva en la propia sentencia sobre la suspensión de la ejecución del fallo.

Con la propuesta se pretende frenar y corregir la tendencia observada en los últimos años, la recuperación del rígido modelo continental de suspensión, propiciando el «acercamiento», ya intentado por el legislador de 1995 sin que acertara a culminarlo, de manera que, sin llegar a la suspensión del dictado del fallo al estilo del derecho anglosajón, se apueste decididamente por la suspensión de la ejecución de la condena, como ya se viene haciendo en el derecho penal de menores.

Se elimina por innecesaria la regulación del dies a quo del cómputo del plazo suspensivo, y se hace lo propio con el efecto otorgado a la rebeldía durante el plazo de suspensión, un novedoso precepto introducido en la reforma y, sin duda, vinculado a la consideración esencialmente retributiva de la función de la pena por parte del pre-legislador. Sin embargo, razones derivadas del principio de seguridad jurídica y de coherencia con el principio de intervención mínima abonan la idea de la eficacia destructiva del tiempo, cuyo trascurso influye decisivamente en la efectividad misma de la pena. Si tales razones fundamentan, siquiera parcialmente, el instituto de la prescripción, han de hacerlo de un modo semejante con el de la suspensión de la ejecución de la condena. El principio de seguridad jurídica informa todo el sistema jurídico. No resulta consecuente que se admita la prescripción de la pena a efectos de extinción de responsabilidad penal por el trascurso del tiempo mediando declaración de rebeldía del penado y se considere que esa misma circunstancia vinculada a los límites temporales en que la justicia desarrolla su actividad carezca de efecto alguno en lo relativo al cómputo del periodo de suspensión condicional de la condena impuesta.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 83, que quedaría redactado como sigue:

«1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que se relacionan: (resto igual).

2. Igual.

3. Igual.

4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria. Estos servicios informarán al Juez o Tribunal de ejecución sobre el grado o nivel de su cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral en el caso de la 7.ª.»

JUSTIFICACIÓN

La única y general condición para decretar la suspensión ha de ser el trascurso del tiempo fijado sin delinquir. Sólo en el supuesto de que en el fallo de la condena que se suspende se incluya la pena de prisión se podrá, potestativamente, y atendidas las circunstancias del hecho, del reo y, en su caso, del perjudicado por el delito, establecer reglas de conducta añadidas como condición.

Se suprime la prohibición de «deberes y obligaciones que resulten excesivos o desproporcionados» por innecesaria: su sola contemplación como factibles les otorga carta de naturaleza.

Los sistemas de control previstos a cargo de los servicios de gestión de penas de la administración penitenciaria deben limitarse a comprobar el cumplimiento o no de las condiciones impuestas por el Juez o Tribunal e informar de ello periódicamente a aquéllos; en ningún caso, se les puede otorgar competencia para sustituir la tarea de los expertos que, mediante los informes psicosociales que, atendidas las circunstancias que se deriven de las vicisitudes de la suspensión, el juez o tribunal estime oportunos o necesarios.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 84, que quedaría redactado como sigue:

«El juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.»

JUSTIFICACIÓN

La conservación de la autonomía de la sustitución de las penas de prisión en los términos establecidos en el CP de 1995 implica —como se verá más adelante— la conservación del vigente artículo 88 en sus actuales términos y, por lo tanto, la eliminación de la referencia a las multas y a los trabajos en beneficio de la comunidad como condiciones o deberes para acordar la suspensión de la ejecución de la condena. En esta propuesta, como, por lo demás, se les sigue considerando en el art. 33 de la reforma, se les otorga el carácter de «penas», y lo son tanto cuando se imponen directamente como cuando se establecen como alternativas o sustitutivas a la prisión conforme a las pautas legalmente previstas.

La mención a la mediación como condición autónoma respecto de las obligaciones y deberes establecidos en el artículo anterior deriva de las especiales características y naturaleza de aquélla, en modo alguno similar —aunque pueda abarcarlas— a las reglas de conducta del art. 83.

El nuevo apartado 2 (ausente en los Anteproyectos e introducido en el Proyecto de L.O., referido a la limitación de la pena de multa en los delitos de violencia doméstica), se halla contenido en el último inciso del artículo 88.1 de esta propuesta.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 86, que quedaría redactado como sigue:

«1. La suspensión de la ejecución de la condena se revocará por el Juzgado o Tribunal cuando el penado sea condenado por la comisión de un delito doloso no leve, durante el periodo de suspensión.

2. El incumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos conforme a lo previsto en el art. 83.1 ó, en su caso, de lo establecido en el acuerdo de mediación, dará lugar, previa audiencia de las partes, a la revocación de la suspensión si fuera grave o reiterado. En otro caso podrá dar lugar a la amonestación del penado suspenso por el Juzgado o Tribunal, así como a la adopción de otras obligaciones o deberes, a la modificación de los ya impuestos o a su prórroga, que no podrá exceder de la mitad de la duración inicialmente prevista.

3. Revocada la suspensión, se ordenará la ejecución de la pena impuesta en la condena así como su inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes.»

JUSTIFICACIÓN

Frente a la revocación, que tiene como efecto hacer efectiva la pena suspendida, tanto la amonestación como la modificación de la condición o la prórroga del periodo de prueba son medidas que no afectan el mantenimiento de la suspensión de la ejecución de la condena penal. La amonestación tiende a la más eficaz ejecución en sus propios términos, mientras que la modificación o la prórroga están dirigidas a enmendar la regla primeramente impuesta, en su contenido o en su duración, y a darle al penado una nueva oportunidad más amoldada a sus circunstancias para que colabore eficazmente en su reinserción.

No se estima ajustada, y por ello no se contempla en la propuesta, la revocación a consecuencia del comportamiento del penado que obstaculice o impida cumplir con las previsiones establecidas en sentencia relativas al comiso y a la responsabilidad civil derivada de la infracción castigada. Tales conductas no constituyen delitos ni reglas de conducta que comprometan los fines —prioritariamente, hay que recordar, en esta materia de prevención especial— para los que se establece la suspensión de la ejecución de la condena.

Se ha eliminado la revocación retroactiva de la suspensión prevista en el PCP cuando se condene, dentro de cierto plazo después de haber concluido el periodo de suspensión, por un delito cometido antes o durante el periodo de suspensión. Con la suspensión se trata de evitar la comisión de ulteriores delitos, no de ocuparse inopinada e inoportunamente de los ya cometidos, justificando —además— lo injustificable, una dilatada investigación y un tardío enjuiciamiento de los delitos.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 87, que quedaría redactado como sigue:

«Transcurrido el plazo de suspensión establecido sin haber delinquido el condenado y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena, ordenando la cancelación de la inscripción hecha en la Sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes. Este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto.»

JUSTIFICACIÓN

En correlación directa con el art. 82 propuesto, el efecto de la remisión de la pena impuesta ha de consistir en evitar que la pena —cuya ejecución no ha resultado precisa— se haya de tener en cuenta a ningún efecto en la vida futura del penado suspenso, y menos aún como antecedente penal.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Art. 88, que quedaría redactado como sigue:



«1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

También podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, la pena de prisión podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima o por la pena de multa cuando conste acreditado que entre el reo y la víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o la existencia de una descendencia común. En estos supuestos, el Juez o Tribunal podrá imponer adicionalmente la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 4.ª, 6.ª y 7.ª del apartado 1 del artículo 83 de este Código de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.

3. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras».

JUSTIFICACIÓN

El mantenimiento, en esencia, de la autonomía de la sustitución de las penas de prisión por otras penas alternativas tal como fue diseñado en origen por el legislador de 1995 está justificado por los mismos motivos esgrimidos entonces, incrementados en estos momentos por los efectos indeseables producidos sobre el número de la población reclusa en los centros penitenciarios españoles que, desde entonces, y pese a la previsión legal y a la reducción de los índices de criminalidad, no ha cesado de aumentar. Según los datos más recientes procedentes del ministerio del interior, las infracciones penales descendieron un 2,7 % durante los seis primeros meses de 2013. Y esta ha sido la tendencia, al menos en los últimos 5 años. Pese a que la población española creció en más de dos millones de personas entre 2007 y 2012, las cifras indican una tendencia descendente continuada de la criminalidad general frente a la tendencia ascendente en los índices de emprisionamiento. En relación con las estadísticas proporcionadas por Eurostat, la comparativa también resulta bien concluyente: respecto de delitos violentos, España ocupa el cuarto puesto comenzando por el final en una relación de 29 estados de la UE, mientras que en tasa de encarcelamiento se está en el séptimo (el primero, si nos referimos a los países de la UE-12).

Respecto del texto en vigor tras la última reforma que afectó a esta norma, introducida en la LO 5/2010, de 22 de junio, se ha eliminado el adverbio «excepcionalmente» en el segundo inciso del apartado 1, por considerar que tal rasgo puede equivocar al intérprete y provocar una aplicación restringida de la norma; aunque su automatismo está descartado mediante la fórmula «podrá», lo que priva del carácter común a este precepto es la especial atención que se presta —pese a la una mayor duración de la pena impuesta— a los fines de prevención especial y de reinserción y rehabilitación a que atiende su sustitución. Sólo en este sentido puede predicarse su carácter extraordinario, que no excepcional.

La modificación del inciso tercero del mismo apartado, traspone a este artículo la previsión establecida por el pre-legislador en el art. 84.2 de la reforma, que se completa con la posibilidad brindada al Juez de establecer reglas de conducta siempre que no tengan la consideración de penas (art. 57 en relación con el 48 CP vigente) y hasta el límite temporal que vendrá dado por la extensión de la pena impuesta, en términos idénticos a los establecidos con carácter general en el primer inciso de este apartado 1.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 89, que quedaría redactado como sigue:

«1. Las penas de prisión de más de un año y menos de cinco impuestas a una persona extranjera no residente legalmente en España podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio español.

2. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular sus vínculos familiares, sociales, laborales, económicos o de otro tipo con el lugar donde resida, la expulsión resulte desaconsejable o desproporcionada.

3. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la pena siempre que fuera posible. De no serlo, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará sobre ello con la mayor urgencia. En todo caso, la resolución, debidamente motivada, se adoptará previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas.

4. El penado expulsado no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de la expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y sus circunstancias personales. Si lo hiciere, cumplirá las penas sustituidas salvo que el Juez o Tribunal, estimándolo innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y el restablecimiento de la confianza en la norma infringida por el delito, y ponderando las circunstancias del incumplimiento de la prohibición, reduzca su duración. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa. En todo caso, le será de abono el periodo de tiempo ya cumplido de prohibición de regreso.

5. Si acordada la sustitución de la pena de prisión por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a cabo, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la condena o su sustitución en los términos del art. 88 de este Código. En todo caso, le será de abono el tiempo en que preventiva o cautelarmente hubiere estado privado de libertad.»

JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta recupera la sustitución de la pena de prisión por la expulsión prevista para las personas extranjeras no residentes legalmente en España, tal como se viene concibiendo desde la entrada en vigor del CP de 1995. La inclusión en su ámbito de aplicación de todos los extranjeros, incluso con las limitaciones establecidas en el art. 88.4 de la reforma atendiendo los contundentes reproches contenidos en los informes del Consejo Fiscal y, particularmente, del Consejo de Estado, no logran disipar los graves inconvenientes de la pretendida generalización de la expulsión, que permiten dudar sobre su constitucionalidad y su acomodo a la normativa de la Unión Europea, del derecho internacional público, y de los cánones jurisprudenciales elaborados desde el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No existen tampoco apoyos en la jurisprudencia de nuestros tribunales ni se evidencian razones de política criminal que amparen la expulsión sustitutiva para extranjeros con residencia legal. Y el Código Penal no puede ponerse al servicio del control de los flujos migratorios.

2. La propuesta enmarca las penas de prisión sustituibles entre uno y cinco años, conforme a los márgenes marcados por el pre-legislador, en el art. 88.1 y 2 de la reforma y pone fin a la configuración de la expulsión preceptiva o automática, instaurada desde la reforma de la LO 11/2003 y mantenida desde entonces «pese al unánime rechazo de la doctrina y de la jurisprudencia», como observa en su informe el CGPJ.

3. Se suprime la previsión de sustituir la prisión una vez se hubiera accedido al tercer grado o con la concesión de la libertad condicional al penado porque tal situación implica un doble castigo: la ejecución de la pena de prisión y la posterior expulsión no equivale a la sustitución de aquélla sino a su ejecución cumulativa, comprometiendo seriamente el principio non bis in ídem.

4. Se acoge favorablemente la incorporación de la regla de proporcionalidad para ponderar la eventual denegación de la sustitución contenida en la reforma, y se trata de armonizar el concepto que normativamente se denomina «arraigo» con el establecido por la jurisprudencia que atiende a las notas que lo caracterizan y no al concepto en sí; por ello se alude a los diversos vínculos susceptibles de ser valorados por el juzgador a los efectos de considerar la proporcionalidad o la oportunidad de la expulsión en el caso concreto.

5. Se reincorpora las exigencias (incomprensiblemente eliminadas en la reforma) de motivación de la resolución que se pronuncie sobre la eventual sustitución, y de audiencia previa a las partes.

6. Se omite toda referencia a los efectos de la sustitución sobre la autorización de trabajo y de residencia. No guardan relación alguna con el sistema de justicia penal que, por razones de coherencia y de seguridad jurídica, no debe solaparse con la normativa administrativa de extranjería.

7. Si la expulsión sustituye a la ejecución de la pena impuesta, en caso de incumplimiento de la prohibición de entrada en territorio español, más allá de la previsión introducida en el PCP de una eventual reducción de la pena por razones de prevención general, es claro que el tiempo trascurrido hasta la trasgresión debe ser considerado de abono respecto del total de la pena sustituida, tanto si llegara a culminarse la entrada en España como si el penado fuera sorprendido en frontera, como si hubiera sido privado de libertad hasta constatarse la imposibilidad de llevar a cabo la expulsión.

8. Se elimina toda referencia al ingreso cautelar del extranjero condenado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El pre-legislador pretende con esta reforma asentar la novedad introducida en el Código Penal por la LO 5/2010, que hizo posible que los extranjeros condenados por delitos y pendientes de expulsión del territorio nacional fueran ingresados cautelarmente en los CIEs junto con otros extranjeros irregulares a quienes la única infracción que cabe reprochar es carecer de documentación en regla. De nuevo, un solapamiento inquietante y perturbador del derecho penal y el derecho administrativo que ha de ser enmendado por la reforma del CP y no consolidado con ella.

9. Se suprimen las limitaciones a la sustitución establecidas por razón del tipo delictivo por el que hubiere sido condenado el extranjero. Atendida la finalidad y con arreglo al fundamento en que se basa el instituto de la sustitución, los criterios que han de manejarse son, fundamentalmente, de índole preventivo-especial, y atienden al tipo delictivo para despejar la pena que pueda imponerse. Cualquier otra consideración aleja el foco de la mayor o menor gravedad del hecho y las circunstancias del penado, y lo dirige hacia otros criterios de significado más nebuloso, con tintes moralizantes o significado estrictamente político. Las normas penales han de ser interpretadas y aplicadas por los jueces y tribunales. Es a ellos a quienes corresponde acomodarlas al caso concreto, procurando que la taxatividad de la propia norma no cercene el necesario nivel de arbitrio.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 90, que quedaría redactado como sigue:

«1. El Juez de Vigilancia Penitenciaria concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en tercer grado. B) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta. C) Que haya observado buena conducta y exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido conforme a lo establecido en la Ley General Penitenciaria.

Para resolver sobre la libertad condicional, el Juez de Vigilancia valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, las circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. También se atenderá al esfuerzo reparador efectuado por el penado para disminuir el daño causado por el delito, particularmente a la víctima.

El Juez de Vigilancia, al acordar motivadamente la libertad condicional, podrá imponer la observancia de uno o varios de los deberes u obligaciones previstos en el artículo 83. Una vez concedida, le serán de aplicación las normas contenidas en los arts. 86 y 87.

2. También podrá conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos: a) Que hayan extinguido dos terceras partes de su condena. B) Que durante el cumplimiento de la condena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento de aquéllas del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa. C) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos y extremos a que se refiere el apartado anterior salvo el haber extinguido tres cuartas partes de la condena.

3. Asimismo, a propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal, cumplidas las circunstancias a) y c) del apartado 1, y una vez extinguida la mitad de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá adelantar la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado las actividades indicadas en el apartado anterior en los términos en él previstos, y que acredite la participación en programas de reparación a las víctimas o de tratamiento o desintoxicación, en su caso.

4. Excepcionalmente, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la condena condicional respecto de los penados en que concurran los siguientes requisitos: a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y ésta no supere los tres años de duración. B) Que hayan extinguido la mitad de su condena. C) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, salvo el de haber extinguido las tres cuartas partes de su condena, y el regulado en la letra b) del apartado 2.

5. El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al reo para cumplir su condena. Si en dicho periodo delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad concedida y el penado reingresará a prisión en el periodo o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.

6. El Juez de Vigilancia Penitenciaria resolverá sobre la concesión de la libertad condicional solicitada bien de oficio o bien a petición del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, podrá ser nuevamente planteada en cualquier momento.»

JUSTIFICACIÓN

La inclusión de la libertad condicional entre las modalidades de suspensión de la penas de prisión que se realiza en el PCP, implica la desnaturalización de esta figura y el desmantelamiento del sistema de individualización científica establecido por la legislación penitenciaria como modelo de ejecución penitenciaria (art. 72 LOGP), que viene desplegándose desde sus inicios con normalidad sin ser cuestionado por la doctrina, ni por la práctica administrativa penitenciaria ni tampoco por la jurisprudencia.

La libertad condicional en nuestro sistema de justicia penal ha estado siempre profundamente vinculada al sistema progresivo primero, y al de individualización científica después, y por tanto, ha sido entendida como la última fase de cumplimiento de las penas de prisión del interno cuando existe un pronóstico de reinserción favorable que permite el resto del cumplimiento en un régimen de libertad, de ahí el desacertado intento de asimilación por el PCP con otras instituciones como la suspensión o la sustitución de las condenas, cuya finalidad —cuando se trata de penas privativas de libertad— es limitar la ejecución de la pena de prisión a los supuestos imprescindibles, bien evitando el ingreso en los centros penitenciarios, bien sustituyendo la ejecución de la pena privativa por otro tipo de pena que afecte y limite a bienes jurídicos menos sensibles. La modificación propuesta quiere preservar la naturaleza de la libertad condicional mantenida también en la LO 10/1995, de 23 de noviembre pese a que vino a derogar la vieja Ley de Condena Condicional de 17 de marzo de 1908. Asimismo, corrige algunos aspectos concretos de la reforma que no se comparten.

Si bien el PCP mantiene los tres requisitos tradicionales para la concesión de la modalidad ordinaria de libertad condicional (clasificación en tercer grado, extinción de ¾ de la pena impuesta y observancia de buena conducta), suprime la exigencia de que se emita el informe conteniendo el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social por la Junta de Tratamiento previsto en el artículo 67 LOGP, que se recupera en la propuesta de modificación.

La reforma de la libertad condicional contenida en el PCP no se limita a exigir —asistemáticamente, además— como requisito para su concesión la satisfacción de la responsabilidad civil (requisito incorporado al CP por la LO 7/20113 y criticado duramente por la doctrina al condicionar la evolución penitenciaria a un criterio civil compensatorio), sino que en un nuevo giro de tuerca —como ocurre con la revocación suspensión ordinaria (art. 86.4)— la transforma en una condición que —de no cumplirse en los términos comprometidos por el penado, se convierte en una causa de denegación de la condena condicional (art. 90.4 del PCP). La propuesta no se refiere literalmente a la exigencia de la satisfacción de la responsabilidad civil, como elemento condicionante de la concesión de la libertad condicional sino que lo amplía conceptualmente para hacerlo pivotar sobre la actitud positiva y reparadora del penado respecto del daño —y no sólo material— producido por el delito.

Frente al PCP en el que no cabe otorgar la libertad condicional de oficio ya que siempre ha de ser solicitada a instancia de parte y con un lapso mínimo para reiterar la petición, la propuesta admite ambas fórmulas y elimina el plazo de tiempo (6-12 meses), requerido para su reproducción por entenderse más congruente con la naturaleza de esta institución vinculada a la evolución —en términos de reinserción y resocialización— del interno y a su clasificación penitenciaria.

En caso de revocación, se computa el periodo pasado en libertad condicional como de cumplimiento de la condena, en una formulación acorde con su conceptuación como una variante de ejecución de la pena de prisión.

El plazo de libertad condicional establecido en la reforma (entre 2 y 5 años) podrá ser superior que la pena que queda por cumplir, lo que tampoco se compadece con la tradicional naturaleza de la institución, motivo por el que se elimina.

Se ha suprimido la imposibilidad de concesión de esta modalidad para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El pre-legislador no tiene en cuenta que la LOGP posee mecanismos y herramientas suficientes y eficientes para detectar, en su caso, a los penados con un pronóstico desfavorable de reinserción, e impedir su acceso al tercer grado, requisito también presente para la concesión de la libertad condicional en la modalidad prevista como excepcional en el art. 90.

Se ha suprimido igualmente el requisito específico contemplado para la concesión de la libertad condicional a los penados por delitos de terrorismo y los cometidos en el seno de organizaciones criminales, que exige de aquéllos ciertas conductas delatoras o de índole moral, por considerar que violenta innecesariamente los principios de igualdad y de reinserción.

En suma, la reforma de los artículos 90 y siguientes implica transformaciones muy profundas en la institución que tienden a restringir el otorgamiento de la libertad condicional. La redacción propuesta pretende mantener su actual naturaleza de beneficio penitenciario encaminado a facilitar la reinserción de los presos, y tratar de que se incremente su aplicación, actualmente entre las más restringidas y restrictivas de la UE.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 91, que quedaría redactado como sigue:

«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes, las dos terceras o la mitad de la condena, podrán obtener la concesión de la libertad condicional.

El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado en los informes médicos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria estime necesario recabar para constatar la certeza de la dolencia y su diagnóstico.»

JUSTIFICACIÓN

El carácter excepcional de esta modalidad de libertad condicional y su justificación por estrictas razones humanitarias y de dignidad personal, cuya finalidad y objetivo va en exclusiva dirigidos a evitar la muerte de los presos en prisión, convierten en innecesarias las cautelas y prevenciones —que en este contexto muchas veces constituyen en la práctica obstáculos insalvables— incluidos en los números 2 y 3 del art. 91 del PCP. Se estima suficiente la regulación propuesta, como se reveló en la práctica forense durante los primeros años de aplicación del CP de 1995 hasta la introducción de los párrafos 2 y 3 en el art. 92 por la LO 15/2003, de 25 de noviembre.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Art. 92, que quedaría redactado como sigue:

«También podrán obtener la libertad condicional los condenados a penas de prisión, aunque no se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 90.1 de este Código, cuando, por aplicación de los límites establecidos en el artículo 76.1 a) y b) de este Código, el cumplimiento efectivo de la condena alcanzare los veinte años o cuando, al no resultar aplicable el apartado 2 de este último precepto, el cumplimiento sucesivo de las penas alcanzare también el mismo número de años. En estos supuestos la Administración penitenciaria elevará el expediente de libertad condicional al Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora de resolverlo, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, valorará la naturaleza, circunstancias y número de delitos cometidos, la personalidad del condenado, sus antecedentes, su evolución en el tratamiento reeducador, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad, así como sus condiciones de vida.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria, al decretar la libertad condicional de estos penados, impondrá la medida de libertad vigilada hasta el total cumplimiento de la condena. En el caso de que sea denegada la libertad condicional y en tanto el reo no haya cumplido en su totalidad la condena, la Administración penitenciaria volverá a elevar anualmente el expediente de la libertad condicional al Juez de Vigilancia hasta alcanzar el cumplimiento efectivo de la pena los veinticinco años. En este último supuesto le será concedida al reo la libertad condicional con sujeción a la medida de libertad vigilada hasta llegar al cumplimiento total de la condena.»

JUSTIFICACIÓN

1. En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable, se propone eliminar el art. 92 del PCP en su totalidad dado que el mismo regula la libertad condicional como modalidad de suspensión de la ejecución de dicha pena.

2. Se incluye un nuevo redactado de este artículo para regular desde parámetros del derecho penal democrático los supuestos de penas privativas de libertad que no son susceptibles de acogerse al régimen de la libertad condicional del art. 90 CP. Y que, de hecho, al no ser refundibles y no poder limitarse su duración, terminan convirtiéndose en penas de prisión a perpetuidad.

Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), a fecha de mayo de 2013, hay 253 personas presas, prácticamente todas hombres, sin contar las condenadas por terrorismo, con condenas no acumulables superiores a los 30 años. De ellos, 177 recluidos con penas de más de 30 años, y 56 de más de 40 años. De los 177 internos a quienes se aplicó la normativa del CP de 1973, 102 fueron condenados a penas superiores a 30 años y 75, a penas superiores a 40 años; de los 76 internos por aplicación del CP de 1995, todos lo fueron a condenas superiores a 40 años. Una de estas personas tiene una condena de 38.585 días, esto es, casi 106 años.

Las condenas que rebasan la cronología de una vida humana vulneran los principios constitucionales de reeducación y reinserción social —art. 25.2 CE-, la dignidad —art. 10 CE-, la promoción de la igualdad real y efectiva —art. 9.2— y la proscripción de tratos inhumanos y degradantes —art. 15 CE—.

Si bien es cierto que la STC 81/1997, de 22 de abril, interpretó el art. 25.2 CE como un mandato al legislador que no contiene derechos subjetivos a favor de los condenados, no lo es menos que la localización sistemática de la norma en la Sección 1.ª, Capítulo II, Título I de la Constitución la sitúa entre los derechos fundamentales a los que el art. 53. 1 y 2 —por su especial categoría— prevé una protección legal y jurisdiccional también especial, frente al tratamiento y garantías que el propio art. 53 en su apdo. 3 establece para los derechos contenidos en el Capítulo II bajo la denominación —aquí sí— de principios rectores.

Según el art. 25.2 CE, la orientación de las penas contenida en el mandato constitucional no se refiere a la expresión de las finalidades de la pena, retribución o prevención, sino que constituye un principio que se erige como límite último infranqueable proscriptor de cualquier posible situación penal que excluya materialmente a priori cualquier mínima posibilidad de reeducación y reinserción social. Y ello sucede, precisamente, en los casos de cadena perpetua encubierta que incluye nuestro Código Penal. La preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena como mínimum innegociable (STC 112/96) quedaría vaciado de contenido constituyendo una burla al mandato constitucional si por la excesiva duración de la condena la libertad resultase ilusoria o por producirse tan tarde y con consecuencias tan penosas para el sujeto llegara a constituir un trato inhumano degradante.

En esta línea y con un desarrollo más detallado la STS 27.01.99 explicita cómo lo que el legislador no ha contemplado, la cadena perpetua, no puede ser introducido por vía de acumulación aritmética de condenas. Pues «es indudable que una pena que segrega definitivamente al condenado de la sociedad no puede cumplir tales objetivos [los del art.25.2 CE] y es, por tanto, incompatible con ellos». Por otra parte, los especialistas, ahondando en el mismo fundamento, han comprobado empíricamente que una privación de libertad prolongada y continuada produce en no pocos casos graves perturbaciones de la personalidad. Por tales razones se considera en la actualidad que una configuración razonable de la ejecución de las penas privativas de larga duración requiere que el condenado pueda albergar la posibilidad de un reintegro a la sociedad libre, dado que lo contrario podría constituir, además de la vulneración del principio de humanidad y reinserción, anteriormente referidos, un «trato inhumano y degradante» al añadir al quantum de la pena a cumplir un plus de humillación o de trato vil que supera indebidamente la mera imposición de la condena, proscrito en el art. 15 de la Constitución (STC 65/1986, de 22 de mayo).

En este sentido, la Audiencia Nacional (Autos de 30.1.92 y de 5.3.92) señala en un caso de extradición que «en ningún caso el reclamado cumpliría de condena más de 30 años de prisión continuada efectiva, por así imponerlos principios constitucionales que vinculan directamente a este Tribunal en sus resoluciones, tales como los que se refieren a las funciones que cumplen las penas en nuestro ordenamiento jurídico (el art. 25 CE habla de que las penas están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y estos fines excluyen la pena de prisión a cadena perpetua). En la misma línea el TC, en sentencia 181/2004 de 2 de noviembre, razonó que «a pesar de reconocer que la imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del art. 15 CE, a los efectos de la corrección constitucional de las resoluciones judiciales que declaran procedente la extradición para el cumplimiento de una pena de cadena perpetua o para enjuiciar un delito al que previsiblemente se le impondrá esta pena, este Tribunal tiene declarado que resulta suficiente garantía que las resoluciones judiciales condicionen la procedencia de extradición a que en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida. También otros principios como el respeto a la dignidad humana —principio de humanidad de las penas— a través del sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes» (STC 148/2004 de 13 de septiembre, FJ 9, con cita de STEDH de 7 de julio de 1989).

Todo ser humano privado de libertad debe albergar la esperanza de que un día pueda salir en libertad. Si este horizonte penal queda cerrado por las condenas debido a que la suma de las mismas las haya convertido, de hecho, en una cadena perpetua, las consecuencias que esta situación genera son graves desde el punto de vista de la prevención de delitos y del mantenimiento del orden dentro del centro penitenciario. En este sentido, se puede generar la misma impunidad hacia la comisión de delitos futuros si se limita el tiempo máximo de condena a 20 años, que si el quantum de condena impide la salida de por vida. Las personas en esta situación «no tienen nada que perder» pues las condenas que sobrevengan no se cumplirán por la limitación temporal de la vida humana. Por ello, la comisión de nuevos delitos o faltas disciplinarias dentro de la cárcel se convierten en una posibilidad real y, por ende, más condenas, más víctimas y más gasto público.

En esta misma línea, podríamos referirnos de forma expresa al principio de proporcionalidad, que no sólo ha de vincular al legislador en la fase de individualización legal de las penas y al Juzgador en la judicial, cuando debe imponer una pena concreta dentro de los marcos penales establecidos atendiendo a las circunstancias personales del autor y a la gravedad del hecho, sino también en fase de ejecución efectiva de la pena privativa de libertad la proporcionalidad no debe ser meramente aritmética y puede seguir los mismos postulados que en fases anteriores del proceso penal. Este principio básico del derecho penal debe aunar tanto el reproche jurídico previsto por el legislador como la necesidad de preservar la dignidad de la persona sin comprometerla con un encarcelamiento tan prolongado que acabe destruyendo sus posibilidades de resocialización. El paso del tiempo va sin duda reduciendo la necesidad de pena y la proporción entre el quantum de pena y los fines que ha de cumplir aquella.

Ello no obsta para que se prevean mecanismos eficaces que impidan que la eventual excarcelación de una persona en la que aún haya un peligro de nuevas conductas delictivas, genere más criminalidad o riesgo de impunidad hacia el futuro. De ahí que, atendida la excepcionalidad de este supuesto, se contemple la imposición —bajo revisión y resolución judicial— de una medida de seguridad, la libertad vigilada, como instrumento para neutralizar o minimizar al máximo tal riesgo.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1, in fine del artículo 131, que quedaría redactado como sigue:

«A los cinco años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben a los seis meses.»

JUSTIFICACIÓN

La inmensa mayoría de los delitos leves resultan de la mera transposición al Libro II de las antiguas faltas del Libro III, por lo que no se entiende que se modifique su actual plazo de prescripción que es de seis meses. La supresión, en este supuesto, de los delitos de calumnias e injurias, se debe a que ni el prelegislador explica el motivo por el que mezcla realidades diferentes y porque la obligación de presentar el acta de conciliación previa —que no interrumpe el plazo de prescripción— haría prácticamente imposible la persecución de este tipo de delitos.



ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir la circunstancia 4.ª del apartado 1 del artículo 139 propuesto por el Proyecto, que reza: «Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra».

JUSTIFICACIÓN

Esta nueva circunstancia cualificativa destinada a convertir el homicidio en asesinato que propone el Proyecto, no responde a ninguna demanda doctrinal ni a ningún problema planteado jurisprudencialmente. Además, es de fundamento discutible y consecuencias confusas. En primer lugar, convierte el homicidio en asesinato atendiendo exclusivamente al móvil del autor (pretensión de facilitar o encubrir otro delito), lo que se aleja de los principios propios de la culpabilidad por hechos objetivos. En segundo lugar, si el delito de homicidio se comete con la finalidad de facilitar la comisión de otro, son aplicables las reglas generales del concurso medial de delitos (art. 77 del Código Penal), sin necesidad de convertirlo en delito de asesinato. Por último, tampoco es admisible calificar la muerte como asesinato cuando se destine al encubrimiento de otro delito: si ese otro delito lo ha cometido el mismo autor de la muerte, se tratará de un autoencubrimiento, tradicionalmente impune en nuestro derecho, por lo que la muerte debe mantenerse en la calificación como homicidio. En el caso de que con el homicidio se pretenda encubrir un delito ajeno si no concurren los elementos del delito de encubrimiento (art. 451 CP) que permitirían sancionarlo autónomamente, el móvil encubridor no es suficiente como para elevar la calificación del homicidio a asesinato.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Art. 140.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado al artículo 142, que quedaría redactado como sigue:

«El que por imprudencia leve causare la muerte de otra persona será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.»

JUSTIFICACIÓN

No parece que, en este caso, deba dejar de valorarse totalmente el reproche penal, dejando a las víctimas de la infracción el único camino de la vía civil, para demostrar la existencia de la imprudencia en sí y para reclamar las indemnizaciones correspondientes. Se ha de tener en cuenta que tal conducta ya está tipificada actualmente como falta en el artículo 621.2 del Código penal vigente.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 7 del artículo 171, quedando redactado como sigue:

«Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de inferior a dos meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 172, quedaría redactado como sigue:

«3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de inferior a dos meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 177 bis, quedando redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de 3 a 6 años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) la imposición de esclavitud, servidumbre, servicios forzados, explotación laboral o mendicidad.

b) la explotación sexual incluyendo la pornografía.

c) la explotación para realizar actividades delictivas.

d) la extracción de sus órganos corporales.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso».

JUSTIFICACIÓN

A) Se sustituye la pena de prisión 5 a 8 años por la pena de prisión de 3 a 6 años.

La pena prevista en el Proyecto es excesiva. Si la voluntad del legislador español es ajustarse a las previsiones comunitarias de obligado cumplimiento, la pena establecida para el tipo básico es tan elevada que incumple el mandato europeo contenido en la Directiva 2011/36/UE. La Unión Europea prevé que la trata de seres humanos sea sancionada con una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos cinco años (art. 4.1 de la Directiva). Estableciendo la normativa comunitaria la prisión de 5 años como límite máximo, el Proyecto de reforma no la contempla como máximo, sino como el mínimo de pena, cosa que excede en mucho de las previsiones comunitarias. Tratándose de mínimos de pena, la Directiva indica tan sólo en algunos casos que éstas puedan dar lugar a entrega (art. 4.4 de la Directiva). Por lo tanto, que no sean inferiores a un año de prisión.

Por otra parte, la pena de prisión que prevé el Proyecto infringe el principio de proporcionalidad. Para salvaguardar la coherencia interna del Código penal, la pena establecida para el delito de trata en algunos supuestos agravados no puede ser incluso superior a la del homicidio, como prevé el Proyecto. Además, entre los compromisos que España ha asumido (con la Unión Europea o el Consejo de Europa) se encuentra que las penas previstas para el delito de trata de seres humanos sean «proporcionadas». España incumple esta indicación con los marcos penales que se establecen en el Proyecto, puesto que dichas sanciones penales son superiores a las de los delitos que sancionan los supuestos de explotación (laboral, sexual) e incluso los atentados contra la vida.

La pena que se propone —prisión de tres a seis años— permite la entrega, cumple con las indicaciones de la Unión Europea y resulta más proporcional con el resto del articulado del Código penal.

B) Se suprime la referencia a «sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella».

La referencia territorial en el delito de trata de seres humanos no tiene ningún sentido. En ello está de acuerdo la comunidad internacional, reflejándose en los documentos supranacionales que se ocupan de la materia. Así, ni en la Directiva 2011/36/UE, ni en el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ni en el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa de 2005, existe referencia alguna al espacio territorial donde se produce la trata.

De seguir manteniendo esta dicción, podrían quedar fuera del ámbito de la tipicidad de trata de seres humanos conductas merecedoras de sanción. Por ejemplo, el sujeto que trafique con un español desde Alemania hasta Rusia para explotarlo sexualmente.

C) Se suprime la referencia «nacional o extranjera» de la víctima.

Resulta innecesaria, pues no existe un tertium genus que pueda quedar excluido con esta especificación.

D) Se suprime «u otras prácticas similares a las anteriores» y se sustituye por «explotación laboral».

Es una exigencia del principio de legalidad que las normas penales deben ser taxativas, de modo que los ciudadanos deben poder conocer con exactitud el contenido de los delitos, pues no de otro modo podría exigirse que observasen las normas. Por este motivo, debe suprimirse «u otras prácticas similares a las anteriores», al generar inseguridad jurídica respecto a qué conductas podrían considerarse similares a las anteriores. Esta cláusula abierta provocaría además la consagración legal de una «analogía in malam partem», prohibida en Derecho penal específicamente en el art. 4 CP.

En cambio, se propone la inclusión de la «explotación laboral» como una de las finalidades de la trata de seres humanos, ya que ésta no necesariamente se corresponde con las finalidades de esclavitud, servidumbre, servicios forzados o mendicidad previstas en el Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 177 bis, quedando redactado como sigue:

«4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) Se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto de la infracción.

b) La víctima sea menor de edad y se emplee violencia, intimidación, engaño o se abuse de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima o se hayan recibido pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control sobre la víctima menor de edad.

c) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal.»

JUSTIFICACIÓN

A) Dada la entidad de la pena con la que se conminan los supuestos agravados de trata, se propone la adición de «grave» a la puesta en peligro de la vida o la integridad de las víctimas. Ello tiene por finalidad excluir del campo aplicativo de la agravación supuestos de escasa entidad, como por ejemplo, el riesgo de que la víctima sufra una pequeña equimosis.

B) En la circunstancia agravante de que la víctima sea menor de edad, se propone la adición de medios comisivos que anulen o limiten su voluntad decisoria.

Se considera necesaria la inclusión de modalidades comisivas que anulen o limiten la voluntad decisoria de la víctima menor de edad (violencia, intimidación, etc), al objeto de graduar la responsabilidad penal en atención al mayor o menor desvalor de la conducta del autor. Según el Código penal vigente —no modificado por el Proyecto de reforma— no se exige para la aplicación del tipo básico el empleo de violencia, intimidación, engaño o abuso de situación de necesidad, superioridad o vulnerabilidad de la víctima cuando ésta sea un menor de edad (ap. 2 del art. 177 bis CP). Aun siendo correcta esta cláusula, posteriormente se equipara a nivel penológico los supuestos donde existe y donde no ha existido un atentado contra la voluntad decisoria del menor, puesto que en ambos casos sería de aplicación la circunstancia agravante de ser la víctima menor de edad. La modificación propuesta pretende graduar la pena y ajustarla al desvalor de la conducta realizada. Así, en los casos donde no se empleen medios comisivos como la violencia, sería de aplicación la pena prevista en el tipo básico de trata (ap. 1 art. 177 bis CP). En cambio cuando estos medios se hayan utilizado, sería de aplicación, según se propone, el supuesto agravado (ap. 4 art. 177 bis CP).

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 el artículo 234, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes sustraídos y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.. No se considerarán de escasa gravedad los casos en los que concurriese alguna de las circunstancias de los artículos 235 ó 235 bis.»

JUSTIFICACIÓN



La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelisgador que no solo atiende al valor de los objetos sustraídos, sino también a la situación económica de la víctima, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 236, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes sustraídos y el perjuicio causado, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador que no solo atiende al valor de los objetos sustraídos, sino también a la situación económica a la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 2 del artículo 246.

JUSTIFICACIÓN

El desvalor de la acción y del resultado carece de trascendencia penal y tienen mejor acomodo en la jurisdicción civil.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 2 del artículo 247.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que en el artículo anterior, el desvalor de la acción y del resultado carecen de trascendencia penal y tienen mejor acomodo en la jurisdicción civil.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 249.

«Si en atención a estas circunstancias, el hecho fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 252, que se incluye en la Sección 1 bis del Capítulo VI del Título XIII del Libro II, y que tendrá la siguiente redacción:

«1. Serán punibles con las penas del artículo 249 ó, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno abusare de ellas para disponer fraudulentamente del patrimonio o contraer obligaciones en beneficio propio o ajeno que causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si el hecho, por la reducida cuantía del perjuicio patrimonial causado y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

En cuanto a la fuente de las facultades de disponer previstas en el Proyecto: «emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico». Se propone suprimir su enumeración dado que lo importante es disponer de ellas (de las facultades de disponer) y no cuál es la fuente en la que se fundamentan; sin perjuicio que de mantenerse podrían suscitar problemas concursales con el delito de malversación del art. 435.3 vigente.

En relación a la conducta típica se propone la sustitución de la fórmula «infrinjan excediéndose» (de las facultades de disponer), ya que cuando se infringen las facultades de disponer normalmente hay un exceso de las mismas, por lo que se propone sus sustitución por la fórmula «abuso de las facultades» (de disponer).

Supresión del segundo párrafo del art. 252.2 del Proyecto: Tal y como dice el informe del CGPJ se trata de una fórmula amplia e indeterminada que infringe el principio de taxatividad.

En cuanto al apartado 3 del precepto se convierte en apartado 2 con la redacción que se propone por coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 253, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 254, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 255, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de cuantía defraudada, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la poca entidad del perjuicio causado, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escasa» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 263, quedando redactado como sigue:



«1. ...

Si el hecho, en atención a tales circunstancias, fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 270.2, que quedaría redactado como sigue:

«2. En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, (…). No obstante, no se impondrá esta pena en los casos en que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271 y el beneficio económico obtenido no exceda de 1000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

Los principios de intervención mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que no se consideren como infracción penal las conductas de distribución al por menor cuando, no dándose las circunstancias previstas en el artículo 271 CP, el beneficio obtenido no exceda de 1000 euros, toda vez que el bien jurídico queda suficientemente protegido a través de la sanción de estas conductas por medio del derecho administrativo sancionador, en principio, menos lesivo que el derecho penal. Además de la existencia de un instrumento sancionador de acreditada eficacia en la lucha policial contra esta forma precaria de venta ambulante, el miedo al decomiso de sus pobres mercancías y a la aplicación de la legislación de extranjería permite pensar que la descriminalización de estas conductas en modo alguno supondrá un incremento en su perpetración.

Ha de tenerse en cuenta que la calificación de estas conductas como delito leve como trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

La cifra de 1000 euros se propone por no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 270.2, que quedaría redactado como sigue:

«2. En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, (…). No obstante, cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener no fuera superior a los 1000 euros, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez impondrá la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días».

JUSTIFICACIÓN

Subsidiariamente, en caso de que no resultará aprobada la anterior enmienda se presenta esta enmienda con el fin de paliar la gran discrecionalidad en la aplicación del tipo atenuado y el consiguiente peligro cierto de que se termine aplicando el tipo básico, con la consiguiente pena de prisión.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 274.3, que quedaría redactada como sigue:

«3. La venta ambulante u ocasional... No obstante, esta pena no se impondrá en los casos de distribución al por menor cuando no concurra ninguna de las circunstancias del art. 276 y el beneficio económico obtenido no exceda de 1.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

Los principios de intervención mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que no se consideren como infracción penal las conductas de distribución al por menor cuando, no dándose las circunstancias previstas en el artículo 276 CP, el beneficio obtenido no exceda de 1000 euros, toda vez que el bien jurídico queda suficientemente protegido a través de la sanción de estas conductas por medio del derecho administrativo sancionador, en principio, menos lesivo que el derecho penal. Además de la existencia de un instrumento sancionador de acreditada eficacia en la lucha policial contra esta forma precaria de venta ambulante, el miedo al decomiso de sus pobres mercancías y a la aplicación de la legislación de extranjería permite pensar que la descriminalización de estas conductas en modo alguno supondrá un incremento en su perpetración.

Ha de tenerse en cuenta que castigar como delito leve estas conductas, trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

La cifra de 1000 euros se propone por no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 50

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 274.3, que quedaría redactado como sigue:

«3. La venta ambulante u ocasional… No obstante, cuando el beneficio obtenido no fuera superior a 1000 euros, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez impondrá la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días».

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de regulación prioritaria sería la anterior; no obstante, y para el caso de que no prosperara, cabe una segunda propuesta con el fin de paliar la gran discrecionalidad en la aplicación del tipo atenuado y el consiguiente peligro cierto de que se termine aplicando el tipo básico, con la consiguiente pena de prisión.

Ha de quedar totalmente vedada la posibilidad de aplicar a estas conductas el tipo básico, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión. Lo contrario supondría una clara lesión del principio de proporcionalidad. Esto no se impide simplemente con sustituir el término «podrán» de la cláusula atenuante por «impondrán», pues debido a la utilización de conceptos indeterminados como «características del culpable» o «reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener», queda a la discrecionalidad del Juez apreciar si concurren o no estos requisitos, de manera que cabría que aplicara el tipo básico en atención, por ejemplo, a la existencia de antecedentes. Por otra parte, estas conductas son de tan escasa gravedad que no se entiende que las «características del culpable» puedan justificar el rigor punitivo que implica la pena de prisión de hasta dos años.

Hay que tener en cuenta que castigar como delito leve estas conductas —trasunto de las vigentes faltas—, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

Técnicamente, la mejor vía para evitar que el tipo básico se aplique a estas conductas es establecer un criterio objetivo de aplicación del tipo atenuado, para la que se propone que el beneficio se cifre en concreto en una determinada cantidad que se propone sea de 1000 euros para no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 274.

«No obstante, atendida la reducida cuantía del beneficio económico obtenido, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez impondrá la pena de multa de uno a dos meses o localización permanente de cuatro a doce días.»

JUSTIFICACIÓN

Propuesta subsidiaria. Ha de quedar totalmente vedada la posibilidad de aplicar a estas conductas el tipo básico, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión. Lo contrario supondría una clara lesión del principio de proporcionalidad. Esto no se impide simplemente con sustituir el término «podrán» de la cláusula atenuante por «impondrán», sino también es debido a la utilización de conceptos indeterminados como «características del culpable» como queda a la discrecionalidad del Juez el apreciar si concurren o no estos requisitos, de manera que cabría que aplicara el tipo básico en atención, por ejemplo, a la existencia de antecedentes. Por otra parte, estas conductas son de tan escasa gravedad que no se entiende que las «características del culpable» puedan justificar el rigor punitivo que implica la pena de prisión de hasta dos años.

La fórmula alternativa que permite optar entre la pena de multa y la de localización permanente se justifica en el propósito de evitar la pena de prisión incluso si ésta llegara de forma indirecta por el efecto combinado del art. 57 y del art. 125 CP. sobre la pena de multa. La pena de localización permanente se prevé en los términos establecidos en el art. 33.4 del PCP, y dentro de sus límites en abstracto, con la misma extensión prevista actualmente para la falta en el art. 623.5 CP.

Ha de tenerse en cuenta que castigar como delito leve estas conductas, trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales, lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación, además de contribuir a justificar —llegado el caso— las detenciones o prisiones provisionales.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Art. 311 bis.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto introduce un nuevo precepto que castiga el proporcionar trabajo a un inmigrante sin que medie abuso ni lesión de derechos laborales (lo que ya está previsto a través del tipo del art. 312.2 CP). Se trata de un comportamiento ya sancionado a través de la legislación de extranjería (art. 54.1 d) LOEX) que, según parece, se considera por el pre-legislador insuficiente en términos punitivos, y propugna que ocupe también su espacio en el derecho penal. Un tipo delictivo perverso, innecesario y desproporcionado que no salvaguarda ningún bien jurídico digno de tal protección y se fundamenta en razones no de política criminal sino de política migratoria.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 315.

JUSTIFICACIÓN

De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa como la conducta tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un precepto anterior —y diferente— que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello.

El actual art. 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales —entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977— y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga.

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que sin embargo se produjeron en todos los ámbitos jurídicos —también, obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 1978. Incluso, La reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal de la democracia», mantiene prácticamente el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que tiene el término de coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que lleva a cabo nuestra Constitución—.

El art. 315.3 CP ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la Huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales de un día de duración, pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes.

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste con la prácticamente inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta materia, hasta el punto de que la parte del Código Penal que protege los denominados «Delitos contra los trabajadores» no tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 318 bis, que queda redactado como sigue:

«1. El que, con ánimo de lucro y con habitualidad, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España o a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

2. Se impondrá la pena en la mitad superior a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) Con ocasión del tráfico se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas.

b) Se trafique con menores de edad o incapaces.

c) Los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, además de la inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable pertenezca a una organización criminal que se dedique a la realización de tales actividades, además de la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de la condena.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se impondrá la pena superior en grado.



3. Cuando de los delitos comprendidos en este artículo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en este Código, se le impondrá alguna de las penas establecidas en el artículo 33.7 de este Código.

4. Los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.»

JUSTIFICACIÓN

Alternativa y subsidiaria a la supresión. El artículo 318 bis que propone el Proyecto, modifica el art. 318 bis vigente, para consagrar la idea de que el derecho penal proteja el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. Pone por delante la infracción de las normas sobre tránsito fronterizo y olvida que este delito, según la rúbrica que le precede, es un delito contra «los derechos de los ciudadanos extranjeros». Y olvida también que la política migratoria es un interés que se encuentra, además, protegido administrativamente con la previsión de las infracciones de la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (reformada por LO 2/2009, conocida como Ley de Extranjería), por lo que añadir su protección penal resulta rechazable, además de generador de confusiones.

La protección penal de este interés resulta rechazable. Se relaciona, en última instancia, con la concepción de la inmigración como un problema de seguridad y conduce a la consolidación de un Derecho penal del enemigo, que distingue entre ciudadanos y «no-ciudadanos», sosteniendo que estos últimos carecen de derechos y garantías. La tutela penal per se de una política migratoria fomenta la exclusión y la victimización de sujetos ya de por sí en situación de riesgo debido a las precarias condiciones que sufren en los países de origen. La intervención penal en esta materia debería limitarse a la protección de las personas en riesgo, dejando la protección de las fronteras al derecho administrativo sancionador. La tutela penal de los flujos migratorios no debería suponer un empeoramiento de la situación de las personas más vulnerables, sin riesgo de ser una tutela ilegítima y contradictoria con los principios más básicos de nuestro sistema democrático y social.

Sin embargo, la protección penal de la política migratoria viene impuesta por la Directiva 2002/90/CE del Consejo, cuyo texto copia casi literalmente el propuesto por el Proyecto para el apartado 1 del art. 318 bis del CP. Por tanto, la enmienda que se propone se sitúa en un terreno de mínimos y se resigna a la obligatoriedad de la Directiva, pero parte de que su incorporación no significa ni asumir su redactado literal ni olvidar las exigencias del marco constitucional español. Así, para cumplir con la exigencia de taxatividad, la enmienda propone evitar la genérica mención a la «ayuda» a la inmigración que utilizan la Directiva (y el Proyecto), para mantener los términos más estrictos del texto en vigor («promover, favorecer o facilitar»), que, respetando la imposición de la Directiva, tienen un significado más concreto. También respeta las exigencias de la Directiva la exclusiva mención al «tráfico ilegal».

Por otra parte, en el tipo básico del apartado 1, la enmienda propone exigir que el responsable actúe con ánimo de lucro y habitualidad, requisitos que no están presentes en el texto de la citada Directiva. Sin embargo, resulta ineludible exigirlos por imperativo del principio de proporcionalidad constitucionalmente consagrado y relacionado con los principios generales de intervención mínima y ultima ratio. En efecto, resulta tan sorprendente como alarmante que la regulación penal propuesta por el Proyecto contemple supuestos de menor gravedad que los sancionados administrativamente. Así, la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social prevé, como infracción administrativa muy grave «Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito» (art. 54.1 b). Es decir, la infracción administrativa posee más requisitos que la infracción penal proyectada, al contemplar la primera el ánimo de lucro en la ayuda a la entrada irregular. Por lo tanto, para respetar el principio de ultima ratio del Derecho penal, necesariamente cualquier reforma penal que se plantee debería contemplar —además del ánimo de lucro actualmente no previsto siquiera— algún elemento adicional que permita aplicar el Derecho penal a los supuestos más graves de promoción del tráfico ilegal y sobre todo, diferenciar el delito respecto de la infracción administrativa, como exigencia mínima de seguridad jurídica.

La propuesta de la enmienda sobre incorporar el ánimo de lucro y la habitualidad al tipo básico de favorecimiento del tráfico ilegal, no debe ser contemplada como un exótico apartamiento de las directrices europeas puesto que se encuentra en la línea de las previsiones del Derecho penal alemán (§ 96 Aufenthaltsgesetz-AufenthG), que contemplan el ánimo de lucro o la habitualidad como elementos necesarios para la aplicación del delito, para, de este modo, diferenciar la infracción administrativa de la penal.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 318 bis.

JUSTIFICACIÓN

La tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes en los términos que establece el PCP se propone, como se indica en la EM, «definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea», esto es, retomar la trasposición de la Directiva 2002/90/CE ya verificada por medio de la reforma del CP realizada por LO 5/2010, ajustándola también a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI. Sin embargo, conviene recordar que trasponer la normativa europea no puede significar reproducirla literalmente en el derecho interno, sino adaptarla a sus características evitando poner en riesgo otros compromisos derivados de la protección de los derechos y garantías básicas que contempla cada ordenamiento jurídico, lo que en España se traduce en la necesidad de respetar —en clave de política criminal y tipificación penal— las bases que conforman nuestro estado social y democrático de derecho.

En este tipo, la vigente regulación en el Código Penal contempla penas más rigurosas que, si bien con alguna posibilidad de atenuación, resulta ser una respuesta punitiva absolutamente desproporcionada. Esta desproporción es minimizada en el Proyecto, como se reconoce en la EM, al ajustarse a lo dispuesto en la mencionada Decisión Marco, que reserva «las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante». Además, se ha producido a lo largo del iter procedimental pre-legislativo una progresiva suavización del tipo inicial que incluía el castigo penal a la ayuda humanitaria, en muy buena medida debida a la reacción de numerosos colectivos y asociaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes que han provocado la desaparición en el texto del PCP de la sanción penal en los casos de comportamientos debidos a motivaciones humanitarias. Lo que da buena cuenta de la flexibilidad que admite y caracteriza la trasposición de la normativa comunitaria al derecho interno de cada estado miembro de la UE.

El Proyecto castiga por primera vez la ayuda con ánimo de lucro a la permanencia de los inmigrantes irregulares, es decir, indocumentados, cuando se realiza «con ánimo de lucro», y se vale de una redacción tan laxa y unos términos tan amplios que posibilita el castigo penal a comportamientos carentes de desvalor social como alquilar una vivienda o admitir en un hotel a un inmigrante «sin papeles», o asesorarle legalmente o, en fin, cualquier otra conducta que le permita prolongar su estancia en España. Se trata de un tipo en el que no se detecta el menor atisbo de lesión a los derechos de los ciudadanos extranjeros; no resulta, pues, ni jurídicamente aceptable ni éticamente soportable.

Con todo, la sola presencia del tipo del art. 318 bis 1 (qué decir, del subtipo agravado del art. 318 bis 3) resulta imposible de asumir con las categorías y principios del derecho penal democrático. El tipo del art. 318 bis 1) es un delito indecente. Porque pese a la rúbrica del Título XV bis que contiene en exclusiva el artículo, «delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», no se pretende perseguir los abusos contra aquéllos (ni tampoco la trata de seres humanos, para lo que ya hay otros tipos previstos en el CP); no se está protegiendo a los ciudadanos extranjeros sino que se les están estrangulando sus derechos, tratando a las víctimas como delincuentes y a quienes les auxilian como verdugos. El derecho penal en un estado democrático no puede ser utilizado para semejantes propósitos.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

En el apartado 1 del artículo 337, se propone elevar la pena máxima de privación de libertad de 18 meses a 24 meses y 1 día.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 57

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir en el punto 1 del artículo 337, el término «injustificadamente».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 58

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el punto 3 del artículo 337.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 59

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir a la letra d) del punto 1 del artículo 337, el siguiente texto:

«cualquier animal, que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que menoscaben su salud, o haciéndole objeto de cualquier práctica sexual o sometiéndole a explotación sexual.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 60

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva letra al apartado 2 del artículo 337, con la siguiente redacción:

«e) se hubiera causado la muerte.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir, en el artículo 337.1, «uso» a la «explotación sexual», con el siguiente redactado:

«Artículo 337.

1. “... causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud, o sometiéndole a uso o explotación sexual...”.»

MOTIVACIÓN

Se valora positivamente que se haya añadido una referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave y muy extendida en España. Sin embargo, la explotación sexual de animales tiene una connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.

De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros textos legales y organismos internacionales, el término explotación sexual plantea problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas, que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente relevantes. La enmienda así planteada resulta necesaria para superar las limitaciones de aplicación práctica aparejadas al término explotación, de modo que además de tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.

Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos ha utilizado la expresión «explotación sexual». Por ejemplo, el Estado de Yucatán (México), prohibió los «actos de zoofilia con animales domésticos (mayo de 2013) y el Distrito Federal en Mexico condena el «acto zoofílico contra cualquier animal» (enero de 2013). Otros ejemplos son: Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigó con multa o cárcel «cualquier acto sexual con un animal» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con animales»(antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohibe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal prohibe «la penetración con pene humano en animales y viceversa»; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba los actos sexuales o la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N.º 2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, «cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales. El último país que ha prohibido el sexo con animales, de forma generalizada, ha sido Dinamarca en octubre de 2014. Por todo lo anterior, parece irrefutable que el código penal español, si mantiene el vocablo «explotación», en lugar de otro que abarque cualquier acto sexual con animales, tampoco se alienaría con el resto de países para elevar a delito este tipo de prácticas.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir, en el artículo 337, un nuevo apartado tras el número 2 con el siguiente texto:

«Artículo 337.

2 bis. Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, cuando concurran más de la mitad de las circunstancias recogidas en el epígrafe anterior, con independencia de si se hubiera causado la muerte del animal.»

MOTIVACIÓN

Mediante este proyecto de ley se amplían algunas penas, pero no la actual redacción supedita el aumento de pena al resultado de muerte, cuando se ha comprobado sobradamente como en numerosas ocasiones la muerte deviene un alivio para el animal y la conducta reprobable penalmente se lleva a cabo con anterioridad a la muerte. Igualmente, si bien se aumenta la pena privativa de libertad en determinadas circunstancias, la pena de prisión para la comisión de un delito de maltrato de animales sigue siendo inferior a los dos años, que por lo general es la condena mínima para entrar en prisión, si se carece de antecedentes penales y se han satisfecho las responsabilidades civiles (pago de indemnización, en su caso). Así, cuando las penas de prisión son inferiores a uno o dos años, el juez puede sustituirlas o dejar en suspenso su cumplimiento atendiendo a circunstancias tales como el tipo de delito cometido, la peligrosidad del condenado o si no existe reincidencia. En la práctica, dicha situación conlleva que nadie entre en prisión por maltrato animal y que por tanto la sociedad no interiorice la gravedad de los hechos y no se produzca la sensibilización y posterior condena social. En este caso, la propuesta se dirige a crear un supuesto de prisión efectiva en los casos que, con independencia del resultado de muerte, generan más repulsa social.

ENMIENDA NÚM. 63

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone incluir en el artículo 337.1 junto a la inhabilitación de tenencia de animales «la convivencia con ellos en el domicilio», quedando redactado como sigue:

«Artículo 337.

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio...»



MOTIVACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone incluir en el artículo 337.3 junto a la inhabilitación de tenencia de animales, «la convivencia con ellos en el domicilio», quedando redactado como sigue:

«3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio.»

MOTIVACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 65

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se propone incluir en el artículo 337.4 junto a la inhabilitación de tenencia de animales, «la convivencia con ellos en el domicilio», quedando redactado como sigue:

«4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, ... Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio.»

MOTIVACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 66

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y nueve.

ENMIENDA

De adición.

Se propone incluir en el artículo 337 bis junto a la inhabilitación de tenencia de animales, «la convivencia con ellos en el domicilio», quedando redactado como sigue:

«El que abandone a un animal de los mencionados en el artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y la convivencia con ellos en el domicilio.»

MOTIVACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 67

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto 3 del artículo 386.

JUSTIFICACIÓN

Por las mismas consideraciones que las expresadas en el artículo 386.

ENMIENDA NÚM. 68

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del ciento noventa y nueve por el que se modifica el párrafo segundo del 389.

JUSTIFICACIÓN

Por las mismas consideraciones que las expresadas en el artículo 386.

ENMIENDA NÚM. 69

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el nuevo artículo 402 bis.

JUSTIFICACIÓN

La EM justifica la introducción de este precepto de la siguiente forma: «El artículo 637 del Código Penal vigente hasta ahora recogía conductas que deben ser tipificadas como delito, y no como una simple falta, pues no cabe duda de que es necesario proteger la confianza que determinados símbolos, uniformes o insignias generan, y su uso indebido debe ser sancionado penalmente. Por ello, se suprime la falta y se tipifica esa conducta como delito dentro de los tipos penales de usurpación de funciones públicas y de intrusismo».

Pero la conducta que se prevé o resulta totalmente inocua (disfrazarse de general del Ejército en una fiesta o de Almirante en una primera comunión) porque no afectan ni a la confianza en tales símbolos y menos aún significan usurpación de funciones públicas y de intrusismo, que exigen que el autor se atribuya la condición o ejerza actos que corresponden a personas que cumplen funciones públicas.

En otros casos, dicha conducta podría ser el medio de comisión de otros tipos penales (por ejemplo estafa) y quedarían absorbidas por el desvalor del delito fin.

En último extremo, podría conservarse la redacción propuesta, pero cambiando la penalidad por la «inferior a dos meses» por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 70

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 419, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 419.

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 71

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 420, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 420.

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 72

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 424, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 424.

1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, o un acto propio de su cargo o para que no realice o retrase el que debiera practicar, será castigado, en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida, sin perjuicio de la pena que, en su caso, le pudiera corresponder como inductor al delito eventualmente cometido por estos.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública se le impondrán las mismas penas de prisión y multa en su mitad inferior.

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare, la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 73

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)



El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos nueve.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al Artículo 424, el siguiente texto:

«Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 74

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos doce.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 428, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 428.

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 75

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos trece.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 429, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 429.

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 76

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 430, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 430.

Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los Artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

Cuando de los delitos comprendidos en este capítulo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de suspensión de las actividades sociales por un plazo de dos a cinco años y clausura de sus locales y establecimientos durante el mismo período de tiempo.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 77

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 432, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 432.

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de cuatro a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a diez años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si la malversación fuera sobre bienes que hubieran sido declarados de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.

3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de uno a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta diez años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 78

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 436, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 436.

La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 79

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Art. 485.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 80

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 550, que quedaría redactado como sigue:

«1. Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a tres años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a dos años en los demás casos.»

JUSTIFICACIÓN

Las acciones típicas en el delito de atentado del actual art. 550, acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave, pasan a describirse en el anteproyecto como agresión, acometimiento, o resistencia con violencia (que no tiene que ser grave) o con intimidación grave. En la Exposición de Motivos (EM) se da cuenta de la introducción de una «nueva definición del atentado», en la que se nos dice que no está incluida la resistencia pasiva, ya que «continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave» del art. 556 CP, mientras que los tipos que castigaban la desobediencia leve como faltas, previstos en el libro III (que el PCP deroga), pasan a ser «corregidos administrativamente». Como se señala por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ que elaboró el informe de este organismo (en adelante, ICGPJ), el empleo del término «agredieren» y «acometieren» es una redundancia ya que esta última conducta engloba a la primera; en suma, «acometer equivale a agredir» (entre otras y por todas, STS de 4 de junio de 2010). En su conjunto, la nueva definición del tipo básico no puede sino calificarse de innecesaria, provoca confusión semántica, y genera inseguridad jurídica; puede conducir a una interpretación extensiva del tipo y, por ende, a un mayor margen de discrecionalidad (con riesgo incluso de llegar a convertirse en arbitrariedad) en su interpretación y aplicación.

La propuesta pasa, pues, por mantener la actual definición del tipo básico, ajustando la penalidad a unos límites más racionales que eviten que la eventual aplicación de los tipos agravados (con la posible presencia de concurso de delitos) disparen las penas a aplicar hasta extremos desproporcionados.

La supresión del apartado 3 del art. 550 quiere evitar la sobreprotección a algunas altas autoridades del estado, que no estaba prevista en la redacción original del CP dada por la LO 10/1995, de 23 de noviembre sino que fue introducida con la LO 7/2000, de 22 de diciembre, y que incrementa la pena en función del cargo público ostentado por el sujeto pasivo de la acción. El PCP la amplía a Jueces y Magistrados, y también a los miembros del Ministerio Fiscal. Mantener esta redacción —incluso en su versión actual— representa, en pleno siglo XXI, un residuo de viejas concepciones ya depurado en la mayoría de las legislaciones penales de nuestro entorno o, en la más generosa de las lecturas, conservar un privilegio que —si se llegara a considerar oportuno contemplar— debiera serlo trasladándolo al Capítulo III, Sección 1.ª del Título XXI, entre los «Delitos contra la instituciones del Estado».

ENMIENDA NÚM. 81

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 551, que quedaría redactado como sigue:

«Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior si la agresión se verificara con armas o con otro medio peligroso.»

JUSTIFICACIÓN

Tal como está planteada la reforma del subtipo agravado en el PCP permite su aplicación a todas las conductas que definen el delito de atentado. Sin embargo, con la redacción propuesta (que utiliza el mismo verbo que la actual redacción) se limita exclusivamente a los casos de acometimiento, es decir, de agresión, evitando el riesgo de que su aplicación general violente el principio ne bis in idem. La multiplicación de conductas agravatorias, en los términos de la reforma, incurre en redundancias y desciende a supuestos específicos que, más allá de estar plenamente admitidos por la jurisprudencia, son en todo caso englobados en la redacción propuesta.

La omisión de la agravante específica de prevalimiento se explica por su innecesariedad, al caber su apreciación y aplicación desde la genérica del art. 22.7 CP.

ENMIENDA NÚM. 82

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 554, que quedaría redactado como sigue:

«Las penas previstas en los artículos 551 y 552 se impondrán en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios».

JUSTIFICACIÓN

Se conserva la redacción literal del actual artículo 555 por considerarse más apropiado que la propuesta de reforma en la que, para supuestos similares, prevé una pena igual, es decir, una protección penal idéntica si el sujeto pasivo carece de la condición de autoridad, agentes o funcionarios públicos, desapareciendo así la ilación sistemática que en estos tipos explica la diferencia penológica en atención al mayor o menor grado de relevancia en las funciones desempeñadas por el sujeto pasivo.

Se propone situar el ámbito subjetivo de este tipo en unos límites razonables, y en tal sentido suprimir la protección contemplada en favor de los miembros de las fuerzas armadas, ahora prevista en el artículo 554. Se trata de un tipo obsoleto heredado del CP de 1973, el viejo artículo 235 bis (introducido por la LO 14/1985, de 9 de diciembre), cuya presencia en los juzgados y tribunales es prácticamente residual en los últimos años, e innecesario en la medida en que los sujetos pasivos participan del ejercicio de funciones públicas. Otro tanto ocurre con los bomberos o miembros del personal sanitario o los equipos de socorro: su condición de servidores públicos, más allá de su concreto régimen estatutario, está reconocida por la jurisprudencia (STS 1125/2011, entre otras).

Mención aparte merece la inopinada inclusión en el ámbito de aplicación de la norma del «personal de seguridad privada». Introducida sorpresivamente en el texto legal inmediatamente después de finalizar el trámite de informes, no es mencionada ni en la EM ni en la Memoria de Impacto Normativo, y tampoco ha podido ser examinada ni sometida a los dictámenes legalmente exigidos en su tramitación pre-legislativa. Aunque con oscilaciones jurisprudenciales, a partir de la STS de 25 de octubre de 1991, luego refrendada por la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, no se les viene reconociendo a los vigilantes jurados el carácter de agentes de la autoridad. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en la Consulta 3/93 de 20 de octubre puntualizando que, conforme al art. 14 de la Ley 23/1992 y el art. 4.2. de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida en que auxilien y colaboren con aquéllos, les podría ser de aplicación el vigente artículo 555 CP. La propuesta que aquí se realiza parte de este mismo punto de vista, sin perjuicio de que prospere el Proyecto de la que será próxima Ley de Seguridad Privada (que a fecha 12 de diciembre de 2013 ha sido aprobado por la Comisión del Congreso, BOCG 19-12-2013) en el que se introduce como novedad, tal como se indica en su EM, «la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

ENMIENDA NÚM. 83

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 556, que quedaría redactado como sigue:

«Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones».

JUSTIFICACIÓN

El artículo 556 de la reforma describe la acción típica —resistencia pasiva y desobediencia grave— casi en los mismos términos que el actualmente vigente previéndose una penalidad más leve. En este sentido, se asume el texto de la reforma en tanto que la reducción de la penalidad permite ofrecer una respuesta más proporcionada a la conducta típica.

Se propone la supresión de la ampliación del sujeto pasivo al personal de seguridad privada, incluída inopinadamente en el PCP sin pasar por los Anteproyectos. No es mencionada ni en la EM ni en la Memoria de Impacto Normativo, y tampoco ha podido ser examinada ni sometida a los dictámenes legalmente exigidos en su tramitación pre-legislativa. Aunque con oscilaciones jurisprudenciales, a partir de la STS de 25 de octubre de 1991, luego refrendada por la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, no se les viene reconociendo a los vigilantes jurados el carácter de agentes de la autoridad. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en la Consulta 3/93 de 20 de octubre puntualizando que, conforme al art. 14 de la Ley 23/1992 y el art. 4.2. de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida en que auxilien y colaboren con aquéllos, les podría ser de aplicación el vigente artículo 555 CP. La propuesta que aquí se realiza parte de este mismo punto de vista, sin perjuicio de que prospere el Proyecto de la que será próxima Ley de Seguridad Privada (que a fecha 12 de diciembre de 2013 ha sido aprobado por la Comisión del Congreso, BOCG 19-12-2013) en el que se introduce como novedad, tal como se indica en su EM, «la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

ENMIENDA NÚM. 84

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 557, que quedaría redactado como sigue:

«Quienes actuando en grupo, y con el fin de alterar la paz pública, ejecutaren actos de violencia sobre las personas causándose lesiones, o de fuerza sobre las cosas produciendo daños, serán castigados con una pena de seis meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.»

JUSTIFICACIÓN

Superando lo que en la EM del PCP se formula como un reproche al actual tipo básico de desórdenes públicos, que «la anterior regulación de la alteración del orden público (…) no definía el delito, sino que yuxtaponía una serie de conductas punibles, lo que generaba problemas de tipicidad, en algunos casos, y concursales en otros», la redacción propuesta define con sencillez y concisión la conducta típica y resuelve los eventuales problemas concursales que pudieran, no obstante, producirse.

Los problemas de indefinición que, según la EM, afectan a los tipos de desórdenes públicos se acometen, en la reforma, redefiniendo la alteración del orden público «a partir de la referencia al sujeto plural». Desde luego el sujeto plural en el tipo básico de los desórdenes públicos ya existe desde su precedente, el art. 263 del CP de 1973, sin embargo, su ampliación semántica con la fórmula inédita hasta ahora «o individualmente pero amparados en él», lejos de definir al sujeto activo, introduce un concepto jurídico indeterminado, fuente previsible de abusos interpretativos. De ahí su supresión.

El castigo previsto para quienes les inciten o refuercen la disposición de los autores de llevar los actos a cabo, como tiene indicado el ICGPJ, supone «una alteración del régimen general». La incitación como forma de intervención en la perpetración del delito sólo se contempla en el CP como provocación si se realiza con publicidad. Por ello, en la formulación propuesta, se eliminan tales comportamientos como punibles debiéndose estar a lo establecido en los artículos 17 y 18 del CP.

En la propuesta se reintroduce quizá la ausencia más notable y trascendente de la reforma (aunque no sea mencionada ni en la EM ni en la Memoria), el elemento finalista, el elemento subjetivo del injusto que, añadido al dolo, acompaña a este tipo desde antes de su incorporación al Capítulo de los desórdenes públicos realizada con la Ley 82/1978 que desgajó el antiguo art. 263 (precepto introducido por la Ley de 15 de noviembre de 1971 de reforma del CP como una modalidad de delito de terrorismo) de los delitos contra la seguridad interior del estado, pasando a ser el art. 246 CP (antecedente inmediato del actual art. 557), sin modificación alguna en su redacción. A raíz de la STC 59/1990 (en la que, expresamente, se declara que los conceptos de orden público y paz pública no significan lo mismo en un sistema autocrático que en un estado social y democrático de derecho y han de ser interpretados a la luz de la Constitución), la jurisprudencia del TS puso especial énfasis en la presencia del elemento subjetivo del injusto del vigente art. 557 CP («con el fin de atentar contra la paz pública»), que despliega sus efectos sobre la culpabilidad y la antijuridicidad de las conductas, al tiempo que amplió su ámbito, exigiendo su concurrencia en los demás tipos regulados en el —entonces— capítulo IX del Título II. Por esto se estima trascendental la presencia en el tipo básico de los desórdenes públicos del elemento finalista que contribuye a definir con claridad el bien jurídico protegido por la norma.

Por razones de proporcionalidad y de seguridad jurídica, frente a lo que se diseña en la reforma, la alteración de la paz pública en el artículo propuesto requiere que produzca un resultado concreto; por lo mismo, se descartan las amenazas.

La propuesta ajusta el techo de la pena prevista para el delito a unos límites más ponderados para evitar que la eventual agravación (con la posible presencia de concurso de delitos) exaspere las penas a aplicar hasta extremos desproporcionados atendidos el significado y el resultado de los hechos perpetrados.

Se conserva la redacción del último inciso del vigente art. 557.1 CP. Está pacíficamente admitido por la doctrina que los eventuales problemas concursales, como se trata de ataques a bienes jurídicos distintos, con la actual redacción («sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder [a los actos descritos en el tipo] conforme a otros preceptos de este Código»), no resultarán aplicables las reglas del concurso de normas sino las del concurso de delitos. Cualquier duda o polémica al respecto está ya resuelta. De ahí su mantención.

ENMIENDA NÚM. 85

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 557 bis.

JUSTIFICACIÓN

Las circunstancias que agravan el tipo básico en unos casos no alcanzan el nivel de antijuridicidad suficiente para su sanción penal (v.gr., el porte de armas); en otros ya están previstas en otros lugares del Código (el prevalimiento; los actos de pillaje, calificables conforme al resultado del acto; o la potencial peligrosidad, a valorar y atemperar conforme a las reglas generales de aplicación de las penas); y en otros superan el canon de constitucionalidad (su perpetración en o con ocasión de una manifestación o reunión numerosa).

El precepto, sin antecedente legislativo alguno, ha de suprimirse.

ENMIENDA NÚM. 86

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 557 ter.

JUSTIFICACIÓN

Puesto en el contexto actual, el proyectado artículo 557 ter pone de manifiesto un indisimulado intento por penalizar con mayor severidad determinadas conductas por medio de las cuales se están movilizando y haciendo visibles en los últimos meses ciertos colectivos sociales perjudicados por las malas prácticas del sector bancario en nuestro país, que manifiestan su protesta y sus reivindicaciones mediante encierros y entradas colectivas en los patios de operaciones de las entidades crediticias privadas y que, ciertamente, incomodan e inquietan a las empresas del sector bancario implicadas y puede que también a los poderes públicos que probablemente se sientan en buena medida interpelados.

La EM pretende que se relacione este tipo con la «invasión de edificios» prevista en el vigente tipo básico del art. 557.1, y en consecuencia, afirma que su regulación implica una rebaja de la pena respecto de la prevista actualmente. Sin embargo, tal afirmación no es exacta. El art. 557.1 del PCP propone deliberadamente un tipo abierto con el que se quiere huir de la descripción pormenorizada de conductas típicas. Su redacción recuerda al vigente artículo 635, entre las faltas contra el orden público, que —en la redacción dada con la reforma de la LO 15/2003— castiga con la pena de localización permanente de dos a diez días o multa de uno a dos meses al «que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o establecimiento mercantil o local abierto al público». Siendo así, ocurre que, lejos de significar una rebaja de la pena, como se nos dice por el pre-legislador, el nuevo art. 557 ter implicaría la transformación de la falta en delito y por lo tanto un mayor rigor punitivo para un comportamiento hasta ahora reputado como leve. El principio de proporcionalidad y el principio de intervención mínima conjugado con la propuesta de mantenimiento del Libro III, abocan a proponer la supresión de este tipo delictivo en los términos que se formula en el PCP, es decir, incluyendo los supuestos agravados previstos en su párrafo segundo.

ENMIENDA NÚM. 87

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 559.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión propuesta del art. 557 bis al que se refiere. Como se hizo constar en el ICGPJ es poco conveniente «criminalizar los denominados actos de reforzamiento de la decisión previamente adoptada por terceros».

Se trata de uno de los preceptos más criticables de esta reforma, un tipo de una inconcreción y ambigüedad calculadas para avalar, si fuera preciso, actuaciones policiales desproporcionadas y atenazar la capacidad de convocatoria de los partidos políticos, centrales sindicales y movimientos sociales; para amedrentar a los ciudadanos y reducir su participación en las movilizaciones públicas a que sean llamados, corriéndose así un riesgo cierto de restringir el derecho fundamental a la libertad de expresión que recuerdan a los tiempos de vigencia del desaparecido delito de propaganda ilegal.

Con la nueva redacción dada al art. 559, de manera desconcertante, el pre-legislador abandona la técnica legislativa utilizada a lo largo del PCP para dejar sin contenido el concreto articulado mediante su derogación, y procede a transmutar el art. 559, ahora dedicado a castigar la perturbación del orden con objeto de impedir el ejercicio de derechos cívicos. Conviene recordar que el vigente art. 559 establece lo siguiente: «los que perturben gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos, serán castigados con las penas de multa de tres a doce meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a seis años». Su subrepticia supresión, sin ser incluido expresamente en la Disposición Derogatoria Única, eliminación resulta más llamativa si se tiene en cuenta que la conducta típica ha permanecido invariablemente desde 1848 en el epígrafe de los desórdenes públicos. Realizando una interpretación integradora, atendido el significado dado por el legislador a dicha expresión en otros preceptos del CP, en particular en el art. 542, la jurisprudencia y la doctrina incluyen en su ámbito de protección los derechos «reconocidos por la Constitución y las leyes», lo que combinado con el bien jurídico protegido en este Capítulo se concreta en aquellos que sirven a la participación del ciudadano en la vida pública, es decir, fundamentalmente, los de sufragio activo y pasivo, acceso a las funciones y cargos públicos, derecho de petición, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión y derecho de huelga.

Por ello, se considera imprescindible la conservación del artículo 559 en los términos en que está configurado en el CP vigente.

ENMIENDA NÚM. 88

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 572.2.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 89

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 605.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 90

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 607.1.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 91

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y siete.



ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Art. 607 bis, 1.2.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 92

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado nuevo, con la siguiente redacción:

«Suprimir el apartado 2 del art. 232.»

JUSTIFICACIÓN

En el primer apartado del art. 232 del Código penal vigente se sancionan las conductas de utilización de menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, mientras que en el apartado segundo se prevé el tráfico de estos menores con la finalidad de ser utilizados para la mendicidad, utilizando como medios comisivos la violencia, la intimidación o el suministro de sustancias perjudiciales para la salud. Se propone la supresión de este segundo apartado relativo al tráfico de menores porque estos supuestos se encuentran previstos en el delito de trata de seres humanos del art. 177 bis, al ser una de las finalidades de la misma la imposición de la mendicidad (apartado a) del art. 177 bis).

ENMIENDA NÚM. 93

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 301.1, quedando redactado de la siguiente manera:

«1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código.

En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en un delito contra la Administración Pública, artículos de 404 al 444, o los delitos contra la ordenación del territorio, 319 y 320.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 94

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 301.5, quedando redactado de la siguiente manera:

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

Los bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito que pueda tener jurisdicción o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno serán decomisados.

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 95

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 319, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 319.

1. Se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.

3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 96

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 320, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 320.

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con prisión de uno a tres años o la de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 97

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo artículo 405 bis, quedando redactado como sigue:

«Art. 405 bis.

La Autoridad o funcionario público que a sabiendas percibiera en beneficio propio, por si o por persona interpuesta, ingresos en metálico o en especie, distintos de los propios de su cargo o de las actividades públicas o privadas declaradas compatibles, que pudieran representar un incremento significativo de su patrimonio serán condenados a la pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al triplo del beneficio ilícito obtenido y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 98

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 421, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 421.

Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 99

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el Artículo 426, quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 426.

La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de seis meses a un año.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 100

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)



El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone modificar el primer párrafo del artículo 169 para incluir la amenaza a animales de compañía, con el siguiente redactado:

«Artículo 169.1.

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, o a sus animales de compañía, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico o contra la fauna, será castigado: (...).»

MOTIVACIÓN

El delito de amenazas es una conducta que permite una gran variedad de sujetos pasivos y víctimas de delito. La creciente presencia y papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, integrados en núcleos familiares y con estrechos lazos emocionales y afectivos con los seres humanos con los que conviven, conlleva también que estos animales sean utilizados como objeto de amenazas para los humanos, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar o de maltrato de menores.

ENMIENDA NÚM. 101

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado 3 al artículo 169, con el siguiente redactado:

«3.º En los respectivos casos, las penas se impondrán en su mitad superior cuando la amenaza se dirigiere contra un menor o un incapaz.»

MOTIVACIÓN

Por su especial vulnerabilidad, los menores o incapaces son personas proclives a ser víctimas de este delito, lo que les hace merecedores de una especial protección y requiere, en consecuencia, una mayor penalización de las amenazas que tienen por víctimas precisamente estos colectivos más vulnerables.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.

ENMIENDA NÚM. 102

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el párrafo primero del punto 1 del artículo 270, quedando redactado de la forma siguiente:

«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, explote económicamente, en especial mediante la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, o una prestación cualquiera protegida conforme al Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual, fijadas en cualquier tipo de soporte o comunicadas a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. El Proyecto pretende proteger no sólo las obras (Libro I LPI), sino también las prestaciones (Libro II LPI). Para bien ser, el giro «literaria, artística o científica» sólo es predicable de las obras, lo mismo que la referencia a su transformación (las prestaciones no se transforman, pues carecen todas de originalidad). Por otro lado, no tiene sentido seguir aludiendo, como hace el texto vigente, a «su interpretación o ejecución artística», porque, como decimos, el objetivo es proteger no sólo estas prestaciones, sino también las producciones fonográficas y audiovisuales, las emisiones de radiodifusión y todas las demás prestaciones del Libro II LPI.

ENMIENDA NÚM. 103

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el segundo párrafo del punto 1 del artículo 270, quedando redactado de la siguiente forma:

«La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, facilite el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, siempre que cumplan cumulativamente las siguientes condiciones:

1.º) el responsable del servicio conozca, o debiera conocer, el carácter ilícito de las obras o prestaciones ofrecidas ilícitamente en Internet cuyo acceso o localización facilita, o en cualquier controle los medios de acceso olocalización de las mismas;

2.º) quepa apreciar una vulneración significativa de derechos de propiedad intelectual, atendiendo, entre otros, el nivel de audiencia en España del servicio de la sociedad de la información y el volumen de obras y prestaciones protegidas no autorizadas;

3.º) el responsable del servicio desarrolle una labor específica de mantenimiento y actualización de las correspondientes herramientas tecnológicas, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios del servicio;

4.º)­ el responsable del servicio no se limite a un tratamiento meramente técnico o automático de los datos facilitados por terceros con los que no mantenga una colaboración, control o supervisión; y

5.º) el responsable del servicio actúe con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio a tercero.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica para lograr una más eficaz aplicación de este precepto.

ENMIENDA NÚM. 104

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el párrafo tercero del punto 1 del artículo 270, quedando redactado de la siguiente forma:

«En estos casos, el Juez o Tribunal ordenará la retirada de los contenidos por medio de los cuales se haya cometido la infracción, previa identificación inicial del contenido infractor, su localización y el derecho que infringe. Cuando a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo. En estos mismos casos, de manera excepcional de la conducta tipificada en este número, si el Juez considerase que resulta más eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

La medida de bloqueo de acceso no debe ser subsidiaria ni excepcional, sino alternativa. Dependiendo del tipo de infracción que se trate de combatir, se trataré de la única medida verdaderamente eficaz.

ENMIENDA NÚM. 105

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra a) del punto 3 del artículo 270, quedando redactado de la forma siguiente:

«Serán castigados con las penas previstas en los dos apartados anteriores, en sus respectivos casos quienes:

a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras o prestaciones a que se refiere el apartado uno de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o cumunicadas públicamente.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y concordancia con la definición del tipo básico del art. 270.1.I CP. El par «obras o prestaciones» debe mantenerse inalterado a lo largo de todo el texto.

ENMIENDA NÚM. 106

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar la terda d) del punto 3 del artículo 270, quedando redactado de la forma siguiente:

«Serán castigados con las penas previstas en los dos apartados anteriores, en sus respectivos casos quienes:

d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o su transformación, o una prestación cualquiera protegida conforme al Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual, fijadas en cualquier tipo de soporte o comunicadas a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y concordancia con la definición del tipo básico del art. 270.1.I CP. La descripción hecha en ese artículo debe reiterarse tal cual, si es necesario, en otros lugares del articulado.

ENMIENDA NÚM. 107

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto 4 del artículo 270, quedando redactado de la forma siguiente:

«4. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras o prestaciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y concordancia con la definición del tipo básico del art. 270.1.I CP. El par «obras o prestaciones» debe mantenerse inalterado a lo largo de todo el texto.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 212 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado uno que modifica el artículo 1, apartado 1.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado dos que modifica el artículo 2, apartado 1.

JUSTIFICACIÓN



Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado tres, que modifica el artículo 7.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado cuatro, que modifica el artículo 9.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado cinco, que modifica la rúbrica del Libro I.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado seis, que modifica la rúbrica del Capítulo I del Título I del Libro I.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado siete, que modifica el artículo 10.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado ocho, que modifica el artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado nueve, que modifica los apartados 3 y 4 del artículo 13.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta rompe con el criterio seguido para definir la pena en aquellos casos en los que por su extensión podría ser grave y menos grave; un criterio más lógico que atiende a la absorción de la pena más grave por la de menor gravedad.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado diez, que modifica el artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Once.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado once, que modifica los apartados 2 y 3 del artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado doce, que modifica el artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.



Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado trece, que modifica el artículo 20.1.4.º.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada a la circunstancia 8.ª del artículo 22 por el apartado catorce del artículo único en los siguientes términos:

«8.º Ser reincidente.

Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado, o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.»

JUSTIFICACIÓN

De una parte, se mantiene el Código Penal vigente y de otra, se recoge la normativa europea que obliga a España recogida en las la Decisiones Marco 2009/315/JAI para construir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre condenas entre los Estados miembros y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo de 6 de abril de 2009 por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada a la circunstancia 4.ª del artículo 22 por el apartado catorce del artículo único en los siguientes términos:

«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional o territorial, su identidad cultural o lingüística, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad, discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica que, además de ser más congruente con el conjunto del articulado, evita la tautología expresiva en la que incurre la redacción de esta circunstancia cuarta por el proyecto.

Por otra parte, la propuesta de incorporar nuevos motivos se fundamenta en la propia existencia de crímenes de odio, atentatorios a la dignidad y la vida de personas que son seleccionadas por estas características, las cuales, para determinadas organizaciones o grupos de odio, son suficientes para motivar sus ataques, dado que les consideran «vidas sin valor».

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 25 por el apartado quince del artículo único en los siguientes términos:

«A los efectos de este Código se considera en situación de “discapacidad” a aquella persona necesitada de especial protección, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, que requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y adaptación a la Convención de la ONU.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado dieciséis, que modifica la rúbrica del Título III del Libro I.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado diecisiete, que modifica el artículo 27.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado dieciocho, que modifica el apartado primero del artículo 30.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado diecinueve, que modifica el artículo 31.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo único, apartado veinte, artículo 31 bis.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 31 bis por el apartado veinte del artículo único mediante la supresión de los apartados 1.º a 4.º, cuya redacción será la del Código Penal vigente, y la modificación del apartado 5 en los siguientes términos:

«1 a 4. (Supresión).

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales o ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»

JUSTIFICACIÓN

Esta profunda reforma sólo aparece por primera vez en la última versión del Anteproyecto, de abril de 2013. Por ello, ni el Consejo Fiscal ni el Consejo General del Poder Judicial han podido emitir su preceptivo informe al respecto. Desde luego, en la limitadísima experiencia aplicativa del artículo 31 bis es imposible hallar ningún indicio que revelase la necesidad de un cambio.

La reforma incurre aquí en graves errores técnicos-legislativos, pues en los apartados 2 a 5 artículo 31 bis se ha limitado a copiar literalmente párrafo por párrafo varios apartados de los artículos 6 y 7 del decreto legislativo 231/2001 italiano, regulador de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, «injertándolos» en el sistema penal español, con todos los problemas que esta defectuosa técnica implica.

El Proyecto busca otorgar un mayor margen de impunidad a las empresas y demás personas jurídicas «excesivamente amplio», como ha afirmado el Consejo de Estado.

Además, pretende consagrar el criterio del defecto de control como criterio de imputación a la persona jurídica también en el caso de los delitos cometidos por los dirigentes de la persona jurídica, pero lo hace mediante una inversión de la carga de la prueba.

Exigir para la exención de responsabilidad que las empresas creen en su seno órganos funcional y económicamente independientes que controlen realmente a su consejo de administración (a modo de contrapoder interno real y no meramente nominal) se ha revelado como una exigencia que la generalidad de las empresas no son capaces de cumplir (y, desde luego, las pequeñas y medianas empresas mucho menos que las grandes).

El proyecto sustituye el concepto de «representante legal o administrador de hecho o de derecho» por uno mucho más amplio. El concepto ha sido mal copiado de las Decisiones Marco y Directivas que abordan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Donde la normativa europea identifica a quien tiene poder de mando en la empresa por su capacidad de tomar decisiones en nombre de ésta, el prelegislador español pone a cualquiera que pueda actuar en nombre de la empresa, con o sin poder de mando en la empresa. Así, la fórmula equipara al Presidente de un Banco con todos los apoderados singulares de cada una de las sucursales de un Banco. Y donde las normas europeas identifican a quien tiene poder de mando derivado de su capacidad de ejercer control en la empresa, el proyecto pone a cualquier persona autorizada para ejercer facultades de organización y control aunque no tenga poder de mando ni capacidad de dirección de la empresa.

El artículo 31 bis 2 permite que en vez de eximir de pena, ésta se atenúe cuando se logre acreditar el control interno pero no plenamente sino parcialmente.



La técnica legislativa es incorrecta. Lo que será pleno o completo es la diligencia desarrollada, no la acreditación. No obstante, incluso si se corríjase ese defecto, la atenuación no tiene sentido. Si hablamos de un supuesto en que concurre efectivamente responsabilidad penal de la persona jurídica, es porque la falta de cuidado ha sido grave. Por ello, si en efecto se prestaron medidas tan insuficientes que permiten hablar de una falta de cuidado grave, no se justificaría un efecto atenuatorio. A menos que el efecto pretendido fuese premiar a las empresas que adoptan por puro efecto propagandístico programas de cumplimiento interno inidóneos para prevenir delitos, algo que en modo alguno sería aceptable.

Por último, se trata de volver al artículo previo a la LO 7/2012 para mantener fuera del marco de exigencia de responsabilidad criminal a partidos políticos y sindicatos que constitucionalmente son los llamados a vertebrar la participación política de los ciudadanos y la representación y defensa de los derechos de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado veintiuno que modifica el artículo 31 ter.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado veintidós que modifica el artículo 31 quáter.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado veintitrés que modifica el artículo 31 quinquies.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado veinticuatro, en lo referido al artículo 33, apartado 2.

JUSTIFICACIÓN

Se rechaza la incorporación de la nueva pena de prisión permanente revisable y, consiguientemente se suprimen todos los artículos del proyecto que se refieren a ella.

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veinticuatro del artículo único en lo referido al artículo 33, apartado 3, letras j) y k).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del sistema de penas y de las faltas.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veinticuatro del artículo único en lo referido al apartado 4 del artículo 33.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento de las faltas.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veinticinco del artículo único, referido al artículo 35.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión que se plantea de la pena prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veintiséis del artículo único en lo referido al apartado 3 del artículo 36.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión que se plantea de la pena prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada a la letra a) del artículo 39 por el apartado veintisiete del artículo único en los siguientes términos:

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado veintinueve, que modifica el apartado 1 del artículo 48.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado treinta, que modifica el apartado 1 del artículo 53.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.



Se propone la supresión del artículo único, apartado treinta, que modifica el artículo 57.

JUSTIFICACIÓN

Por la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

La supresión de las faltas, además del incremento del rigor punitivo en aquellas conductas que pasan a ser delito, sin que existan razones claras que así lo aconsejen, tiene otras consecuencias indeseadas, propiciando un proceso penal sin garantías proscrito en nuestra Constitución en su artículo 24.

Aquellos contenidos que se integren en la reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, igualmente en tramitación parlamentaria, verán en muchos casos incrementadas las cuantías de las sanciones económicas, en las que no se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor, y serán impuestas por la propia administración, que en base a las previsiones de su autotutela actuará como juez y parte y en donde la declaración de los denunciantes, si estos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gozarán de presunción de veracidad, lo que no ocurre en el proceso penal, donde la denuncia no adquiere ese valor probatorio.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado treinta y dos del artículo único que modifica el apartado 2 del artículo 66.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la propuesta de mantenimiento del Libro III. Además, en los delitos dolosos, sean o no «leves» no hay motivo para prescindir de las reglas de determinación de la pena del artículo 66 CP.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado treinta y tres del artículo único que modifica la regla 2.ª del artículo 66 bis.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 31 bis.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado treinta y cuatro del artículo único que modifica el artículo 70 en su apartado 4.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la propuesta de supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado treinta y seis del artículo único que modifica el artículo 76 en sus apartados 1.e) y 2.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la propuesta de supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado treinta y nueve del artículo único que introduce un nuevo artículo 78 bis.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la propuesta de supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado cuarenta del artículo único referido al artículo 80 en los siguientes términos:

«1. Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso mediante resolución motivada la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando dicha ejecución no sea necesaria al existir un pronóstico favorable de que el penado, si se deja de ejecutar la privación de libertad impuesta, se abstendrá de delinquir en el futuro.

Para adoptar esta resolución el Juez o Tribunal valorará fundamentalmente las circunstancias personales, familiares y sociales del penado, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, y los efectos que en orden a su inserción social quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y, en su caso, del cumplimiento de las reglas de conducta que le fueren impuestas.

Antes de acordar lo que proceda, el Juez o Tribunal recabará el correspondiente informe psicosocial de peligrosidad criminal y dará audiencia a las partes.

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena las siguientes:

1.ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o características, no sean indicativos de una probabilidad de reiteración delictiva.

2.ª) Que la pena, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el comiso acordado en sentencia conforme al artículo 127, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a tales obligaciones. En este caso se requerirá que el reo asuma el compromiso de satisfacer aquellas responsabilidades civiles y de facilitar la ejecución del comiso, todo ello de acuerdo a su capacidad económica.

3. Los Jueces y Tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

4. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª a previstas en el apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

El Juez o Tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.

En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda respeta en lo esencial la formulación que de estas condiciones ofrece el Proyecto, incluso cuando, como sucede en la tercera, introduce variaciones con respecto al Derecho vigente. No obstante, se proponen algunas mejoras técnicas para armonizar el tratamiento que corresponde a los casos en los que el penado carezca de capacidad económica para afrontar el cumplimiento de todas las obligaciones patrimoniales derivadas del delito y evitar que esa precaria situación económica pueda erigirse sin más en un obstáculo definitivo para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, todo ello en la línea sugerida en el Informe del Consejo Fiscal. Se mantiene en los apartados 3 y 4 las dos modalidades extraordinarias de concesión de la suspensión previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 80, en la redacción del Proyecto, coincidentes también esencialmente con las dispuestas en los artículos 80.4 y 87 del vigente CP.

Se introduce finalmente en el apartado 1 del texto propuesto la exigencia de que antes de resolverse lo que proceda acerca de la suspensión o no de la ejecución de la pena se dé audiencia a las partes y en particular al penado, como reclama, en atención a la prohibición de indefensión (art. 24.1 CE), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 248/2004), así como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por ejemplo en su Sentencia de 23 de septiembre de 2004, asunto Kotsaridis c. Grecia).

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado cuarenta y uno del artículo único referido al artículo 81, en los siguientes términos:

«1. El plazo de suspensión será de dos a cinco años, salvo que se trate de penas leves, en cuyo caso dicho plazo será de tres meses a un año, y se fijará por el Juez o Tribunal atendiendo a los criterios expresados en el párrafo segundo del artículo 80.1, así como a la naturaleza específica y la duración de la pena suspendida.

En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años.

2. El plazo de suspensión se computará desde la fecha en que se notifique al penado la resolución que la acuerda, con apercibimiento de las consecuencias que habría de arrostrar en caso de que volviese a delinquir o incumpliese las demás condiciones impuestas. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme.

No se computará como plazo de suspensión aquél en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior es necesario vincular también, por razones de proporcionalidad, la duración del plazo de suspensión a la especie de pena privativa de libertad de que se trate y a la mayor o menor duración de la pena suspendida y se incorporan razonables sugerencias contenidas en el Informe del Consejo Fiscal.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 82 en la redacción dada por apartado cuarenta y dos del artículo único en los siguientes términos:

«2. Si el Juez o Tribunal acordara la suspensión de la ejecución de la pena, la inscripción de la pena suspendida se llevará a cabo en una Sección especial, separada y reservada del Registro Central de Penados y Rebeldes, a la que sólo podrán pedir antecedentes los Jueces y Tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el apartado 2 de este artículo en coherencia con las modificaciones expresadas en la enmienda al apartado 2 del anterior artículo 81, recuperando además, la regulación especial de la inscripción de la pena suspendida prevista en la redacción original del Código Penal vigente, especialmente adecuada a las finalidades preventivo-especiales perseguidas con la institución de la suspensión de la ejecución de la pena.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 83 en la redacción dada por el apartado cuarenta y tres del artículo único, en los siguientes términos:

«1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no cometa en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al artículo 81 de este Código alguno de los delitos que, según lo dispuesto en el artículo 85.1, obligarían a revocar su concesión. En el caso de que la suspensión se refiera a una pena de prisión el Juez o Tribunal podrá condicionarla al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta si ello resulta necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos:

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el Juez o Tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas respecto de las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de abandonar el lugar donde resida o de ausentarse temporalmente de él sin permiso del Juez o Tribunal.

3.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

4.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos.

5.ª Deber de comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el Juez o Tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para informar del cumplimiento de sus demás obligaciones y justificarlo o facilitar su comprobación.

6.ª Deber de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares.

7.ª Deber de participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.



8.ª Deber de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo alcanzado en su caso entre las partes en virtud de mediación. En todos los delitos de violencia de género está vedada la mediación.

9.ª Deber de cumplir las demás obligaciones que el Juez o Tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

2. No se podrán imponer deberes y prohibiciones que por sí solos o por su acumulación con otros resulten excesivos o desproporcionados.

3. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las reglas 1.ª, 3.ª y 6.ª del apartado 1 de este artículo.

4. La imposición de las prohibiciones previstas en las reglas 1.ª, 2.ª o 3.ª del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que velarán por su cumplimiento y comunicarán inmediatamente cualquier quebrantamiento al Ministerio Fiscal y al Juez o Tribunal de ejecución.

5. El control del cumplimiento de las prohibiciones y los deberes a que se refieren las reglas 4.ª, 6.ª y 7.ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria, que informarán al Juez o Tribunal de ejecución con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 4.ª y 6.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª y, en todo caso, a la conclusión del plazo de suspensión establecido. Asimismo, le darán cuenta inmediatamente de cualquier quebrantamiento de tales deberes o prohibiciones.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende en primer lugar que se incluya en este precepto la única condición a la que necesariamente se vincula la concesión de toda suspensión de la ejecución de la pena y, en cualquier caso, cuando son varias esas condiciones, la principal de ellas: que el reo no cometa en el plazo fijado por el Juez o Tribunal alguno de los delitos que obligarían a revocar su concesión.

Por otra parte se introduce una mejor ordenación sistemática y una mejora técnica de las reglas de conducta a las que se puede condicionar también en su caso la suspensión de la ejecución de la pena. Por ello se enuncian en primer lugar las prohibiciones y a continuación de ellas las consistentes en deberes de prestación positiva que pueden ser establecidas como condiciones para la suspensión de la ejecución de la pena.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 85 en la redacción dada por el apartado cuarenta y cinco del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Si el penado fuere condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión fijado y ello pusiere de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena, así como la inscripción de la misma en el Registro Central de Penados y Rebeldes. No se tomará en cuenta a tal efecto en ningún caso la comisión de hechos constitutivos de falta.

2. Cuando el penado hubiera sido condenado con posterioridad a la finalización del plazo de suspensión por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, el Juez o Tribunal podrá acordar la revocación de la suspensión y ordenar la ejecución de la pena con los mismos efectos y límites previstos en el apartado anterior.

En este caso, la revocación de la suspensión solamente podrá ser acordada si no hubiera transcurrido más de un año desde la terminación del plazo de suspensión, y deberá acordarse dentro del plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia de condena.

3. Del mismo modo previsto en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo se podrá proceder cuando el penado, tras haber sido oportunamente apercibido al efecto, no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información gravemente inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o sobre el paradero de bienes u objetos cuyo comiso hubiera sido acordado.

4. Si el penado incumpliere durante el plazo de suspensión las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá:

a) Imponer al penado nuevos deberes o prohibiciones, o modificar los ya impuestos.

b) Prorrogar el plazo de suspensión, que no podrá exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado, ni del plazo máximo de cinco años.

c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera grave o reiterado.

Se considerará grave y determinará en todo caso la revocación de la suspensión inicialmente acordada el incumplimiento de las prohibiciones y deberes indicados en las reglas 1.ª , 3.ª y 6.ª del apartado primero del artículo 83 cuando se tratare de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia.»

JUSTIFICACIÓN

Se reúnen de un modo más ordenado y sin reiteraciones las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, previendo en todo caso que las decisiones procedentes se adopten después de dar audiencia a las partes.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la sustitución del contenido del apartado cuarenta y ocho del apartado único que suprime el artículo 88 por la siguiente redacción a este artículo:

«1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que individualmente no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando la naturaleza del delito, las circunstancias personales del reo, su conducta posterior al hecho y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose como máximo cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado, rebajando al menos en un tercio la pena sustitutiva que en principio procediese aplicar a fin de evitar cualquier desproporción, la observancia de uno o varios de los deberes o prohibiciones previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

2. Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención especial y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior.

3. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, la pena de prisión impuesta no podrá ser sustituida.

4. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, cuando sea procedente, el tiempo a que equivalga la parte cumplida de aquella pena sustitutiva, de acuerdo con las reglas de conversión establecidas en el apartado 1 del presente artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se mantiene la institución individualizadora de la sustitución de la pena de prisión por otras de diferente naturaleza precisamente para ofrecer una respuesta más flexible a los jueces o Tribunales a fin de evitar la ejecución de penas cortas de prisión en los casos en que la gravedad del hecho cometido permita limitar la reacción penal a otra clase de sanciones y razones de prevención especial hagan también aconsejable esa sustitución.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la sustitución del contenido del apartado cincuenta del artículo único, que modifica el artículo 90, por la siguiente redacción:

«Cincuenta. Se adiciona un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 90 con el siguiente contenido:

En los delitos en los que los reos se hubiera apropiado de bienes o patrimonios públicos no se entenderá cumplida la circunstancia de la letra c) anterior, si el penado no hubiese adoptados todas la medidas para su efectivo reintegro o cuando conste que el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.»

JUSTIFICACIÓN

La diferencia esencial entre el Proyecto y el CP vigente es que el Proyecto incorpora la libertad condicional como una forma de suspensión; y el CP como una forma de cumplimento de la pena.

La suspensión es un medio diseñado para evitar en lo posible la ejecución de las penas cortas de privación de libertad, pero la libertad condicional forma parte de la propia ejecución de la pena de prisión, hasta el punto de constituir, según establece el artículo 72.1 de la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no modificada en esta reforma, el cuarto y último grado del sistema de individualización científica por el que esa ejecución se rige. Ello hace que resulte completamente errónea la pretensión de someter la libertad condicional a las reglas de la suspensión de la ejecución de la pena y que cuando tal pretensión se intenta llevar a sus últimas consecuencias se produzcan en realidad patentes distorsiones e incongruencias.

La evitación de todas estas incongruencias exige respetar el carácter que tradicionalmente se ha reconocido en nuestro Derecho a la institución de la libertad condicional, empezando por su consideración, a todos los efectos, como parte del cumplimiento de la pena.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Apartado Cincuenta y Uno

Artículo 274.

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que no puede ser aplicable la misma pena si los fines son comerciales o son agrarios. Se ha de tener presente que hay un reglamento específico en favor de la excepción del productor agrario dentro de la legislación comunitaria que regula el derecho del obtentor de variedades vegetales, es el Reglamento (CE) N.º 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Excepción, que también queda contemplada, dentro del marco normativo nacional, tanto a través de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, como el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales. Asimismo, consideramos que es comparable, por ser enormemente mayor, el perjuicio que tiene sobre el obtentor un uso comercial que un uso agrario.

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y uno del artículo único que modifica el artículo 91.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y dos del artículo único que modifica el artículo 92.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores de supresión de la pena de prisión permanente.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y tres del artículo único que suprime el artículo 93.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 84 en la redacción dada por el apartado cuarenta y cuatro del artículo único, en los siguientes términos:

«Durante el tiempo de suspensión de la pena, y en atención a la variación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su adopción, el Juez o Tribunal podrá modificar, previa audiencia de las partes, la decisión que anteriormente hubiera tomado conforme al artículo 83, para acordar el alzamiento de todos o alguno de los deberes y prohibiciones inicialmente establecidos, su aplazamiento o su sustitución por otros que resulten menos gravosos para el reo.»

JUSTIFICACIÓN

Se mejora técnicamente la redacción del precepto y se elimina del mismo cualquier expresión que pueda comportar una modificación in peius para el reo de las condiciones establecidas inicialmente en la resolución por la que se hubiese acordado la suspensión de la ejecución de la pena. Además se propone que antes de decidir acerca de esa modificación, por más que haya de ser favorable al reo, se le dé audiencia a él y a las demás partes, para que puedan alegar lo que estimen procedente.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.



Se propone la supresión del apartado cincuenta y cinco del artículo único que modifica la rúbrica del Título del Libro I.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 86 en la redacción dada por el apartado cuarenta y seis del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena.

2. En tal caso ordenará asimismo la cancelación de la inscripción hecha en la Sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes. Este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Se recupera la redacción original vigente en cuanto a la cancelación de la inscripción.

ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y seis del artículo único que modifica el apartado 1 del artículo 109.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 87 en la redacción dada por el apartado cuarenta y siete del artículo único, en los siguientes términos:

«En el caso de que la suspensión hubiera sido concedida conforme al artículo 80.4, el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena con los efectos previstos en el artículo anterior cuando hubiere transcurrido el plazo de suspensión de la ejecución de la pena sin haber cometido el reo un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida y se hubiere acreditado además su deshabituación o la continuidad del tratamiento. De lo contrario y previa audiencia del reo, revocará la suspensión concedida y ordenará el cumplimiento de la pena impuesta así como la inscripción de la misma en el Registro Central de Penados y Rebeldes, salvo que, oídos además los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años.»

JUSTIFICACIÓN

El nuevo artículo 87 en la redacción aquí propuesta se refiere al supuesto especial de la remisión de la pena o de la revocación de la suspensión de su ejecución en los casos en que esta hubiese sido concedida respecto de penas impuestas por delitos cometidos a causa de la dependencia de las sustancias referidas en el n.º 2.º del artículo 20 CP y lo regula, con algunas modificaciones de simple mejora técnica, en términos correspondientes a los previstos tanto en el artículo 87.2 del Proyecto, como en el artículo 87.5 del vigente Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y siete del artículo único que modifica el apartado 1 del artículo 111.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y seis del artículo único que modifica el apartado 1 del artículo 116.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión del apartado cuarenta y nueve del apartado único que modifica la redacción del artículo 89.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado cincuenta y nueve del artículo único que modifica el artículo 120.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada, al artículo 122, por el apartado sesenta del artículo único, por la que, seguidamente, se recoge:

«Artículo 122.

1. El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

2. Igualmente estarán obligados a la restitución los familiares y/o allegados de los encausados o condenados cuando por signos externos se aprecien indicios de que han experimentado un incremento patrimonial desproporcionado con respecto a los ingresos que estos hayan podido obtener legalmente. En este caso, el juez o tribunal podrá, garantizando el derecho a defensa de los afectados, llevar a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho patrimonio y adoptar las medidas que en su caso procedan.»

JUSTIFICACIÓN

Por una parte, en coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal, y, por otra, para mejorar la regulación penal para poder luchar con más eficacia contra las actividades delictivas graves que se refieren.

ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado sesenta y uno del artículo único que modifica el artículo 123.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada, por el apartado sesenta y dos, del artículo único, al artículo 127, en los siguientes términos:

«1. Toda pena que se imponga por un delito o falta doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y, en su caso, de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

2. En los casos en que la Ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal acordará la pérdida de los efectos que provengan del mismo y, en su caso, de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de las ganancias provenientes del delito, se acordará el comiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos. De igual modo se procederá, cuando se acuerde el comiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.»

JUSTIFICACIÓN

La introducción de la mención «en su caso» responde a la idea de que el comiso de los instrumentos y efectos del delito sólo procede cuando existe la peligrosidad objetiva de la cosa, de manera que se trata de impedir con el comiso su empleo en un futuro hecho delictivo. Si falta esta peligrosidad objetiva vinculada a la probabilidad de uso futuro en la realización de hechos delictivos no debe aplicarse.

La aplicación del comiso no debe depender del carácter doloso o imprudente del delito sino de su fundamento y naturaleza: la peligrosidad objetiva de la cosa o un enriquecimiento patrimonial de origen ilícito, según que se trate de comiso de efectos o instrumentos del delito o de comiso de las ganancias.

El comiso por el valor equivalente sólo tiene sentido respecto del comiso de ganancias, pues se trata de evitar un enriquecimiento patrimonial que tiene su origen en un hecho delictivo. No procede, en cambio, en el de los instrumentos o efectos del delito si su fundamento es el de neutralizar la peligrosidad objetiva de la cosa.

ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo único, apartado sesenta y tres, artículo 127 bis.



Se propone la modificación del nuevo artículo 127 bis, introducido por el apartado sesenta y tres del artículo único, con la siguiente redacción:

«1. El juez o tribunal ordenará también el comiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando se acredite por indicios racionales suficientes que los bienes o efectos provienen de actividades delictivas de la misma naturaleza:

a) Delitos de trata de seres humanos.

b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de quince años.

c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197.2 y artículo 264.

d) Insolvencias punibles y delitos societarios.

e) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y delitos relativos al mercado y a los consumidores.

f) Delitos de corrupción entre particulares.

g) Delitos de receptación y blanqueo de capitales.

h) Delitos de financiación de partidos políticos.

i) Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

j) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.

k) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

l) Delitos previstos en los artículos 320, 322 y 329.

m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.

n) Delitos de falsificación de moneda.

ñ) Delitos contra la Administración Pública.

o) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

p) Delitos de terrorismo.

Entre otros, podrá constituir un indicio suficiente del origen ilícito de los bienes o efectos el hecho de que su valor sea desproporcionado en relación con los ingresos obtenidos legalmente por las personas respecto de las que se acuerda el comiso.

1 bis. En los delitos a que se refiere el apartado anterior, los jueces y tribunales que conozcan de la causa podrán declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios:

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.»

JUSTIFICACIÓN

Si la razón de ser es evitar el enriquecimiento patrimonial injusto que se deriva de una actividad delictiva continuada vinculada a aquella que motiva la condena, la enumeración de delitos debe comprender también otros delitos como los que inciden sobre la corrupción pública o los de carácter socioeconómico. Además la nomenclatura de los delitos debe adaptarse a la usada en el Código penal español para evitar problemas interpretativos.

ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado sesenta y cuatro del artículo único que introduce un nuevo artículo 127 ter.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la introducción de los nuevos apartados sesenta bis y sesenta ter que incorporan un nuevo artículo 122 bis, un nuevo capítulo III «De la recuperación de activos vinculados al delito», dentro del Libro I del Título V.

ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado sesenta y seis del artículo único que introduce un nuevo artículo 127 quinquies en los siguientes términos:

«Si la ejecución del comiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circunstancia imputable a los responsables del hecho delictivo, el Juez o Tribunal podrá, mediante auto, acordar el comiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del comiso inicialmente acordado. De igual modo se procederá, cuando se acuerde el comiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.»

JUSTIFICACIÓN

La taxatividad que exige el principio de legalidad penal impone la necesidad de establecer algún criterio que permita precisar las circunstancias que llevarán a un comiso por valor equivalente. Al tratarse de una institución de naturaleza penal (una consecuencia accesoria) parece razonable vincularlo al comportamiento del responsable del hecho delictivo, que de forma dolosa o imprudente haya frustrado la posibilidad de ejecutar el comiso decretado.

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado sesenta y ocho del artículo único que modifica los apartados 1 y 2 del artículo 129.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de la modificación del numeral 5.º, del apartado 1, del artículo 130, introducida por el apartado setenta del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la modificación del artículo 131, introducida por el apartado setenta y uno del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 175

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de la modificación del apartado 2, del artículo 132, introducida por el apartado setenta y dos del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 176

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y cuatro del artículo único que modifica el artículo 138.

JUSTIFICACIÓN

Sólo el propósito de extremar el rigor de nuestro sistema penal explica las modificaciones propuestas y ello sin fundamento empírico alguno que lo avale.

ENMIENDA NÚM. 177

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y cinco del artículo único que modifica el artículo 139.

JUSTIFICACIÓN

Las dos modificaciones que, a través de la nueva redacción de este artículo 139 CP, se pretende introducir en la regulación del delito de asesinato, carecen de fundamento:

1. No está justificada la decisión de elevar el límite máximo de la pena de prisión prevista para el asesinato simple del artículo 139.1 hasta los veinticinco años. De las estadísticas disponibles, a las que alude el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre este Anteproyecto, no se deduce que existan especiales necesidades preventivas que aconsejen un incremento del rigor punitivo en este supuesto.

2. Tampoco está justificada la introducción de una nueva circunstancia característica del asesinato consistente en que el hecho de matar se ejecute «para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra». Por lo pronto, es muy discutible que la concurrencia de tales propósitos o intenciones pueda dotar de un fundamento legítimo a esta circunstancia cualificativa del asesinato en un Derecho penal del hecho, acorde con los principios y garantías propios de nuestro Estado de Derecho. No está de más recordar que tal circunstancia fue acogida por el legislador alemán de 1941, en pleno auge del Derecho penal de autor nacionalsocialista y que precisamente se acaba de anunciar por parte el Ministro de Justicia alemán el propósito de reformar el § 211 StGB para eliminar de la regulación del delito de asesinato todas las concomitancias con aquel ominoso pasado.

Pero es que, además, existe un amplio consenso acerca de que la presencia de tales elementos subjetivos no es indicativa en todos los casos de la existencia de un homicidio de especial gravedad. Por ello, si se introdujera esta nueva modalidad de asesinato sería necesario establecer en el texto legal o, a través de su interpretación judicial, determinadas restricciones que, una vez producidas, terminarían en la práctica por hacer aplicable esta circunstancia allí donde ya cabe apreciar actualmente la de alevosía. A todas estas innecesarias complicaciones se añaden las que han llevado al Consejo Fiscal a aconsejar en su Informe la supresión de esta circunstancia: la dificultad que presenta la solución de los «delicados problemas concursales» que se suscitarían respecto del correspondiente delito facilitado o encubierto y la posibilidad de que en este aspecto se llegue a lesionar el principio non bis in ídem.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)



El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y seis del artículo único que modifica el artículo 140.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable.

La reforma del delito de asesinato en su conjunto y particularmente la que se quiere introducir con la nueva redacción de este artículo 140 CP viene determinada por una decisión previa: la de establecer en nuestro Derecho la pena de cadena perpetua (eufemísticamente denominada «prisión permanente revisable») y dotarle de un propio campo de aplicación. Con independencia de ello, también es criticable una regulación tan compleja, casuística e incoherente del asesinato como la que se establece. A falta de una concepción general mínimamente consistente de este delito, resulta completamente arbitrario el criterio seguido para seleccionar las circunstancias que habrían de tener el efecto de cualificar el homicidio en asesinato, el de agravar la pena de prisión temporal o el de dar paso a la pena de cadena perpetua, en este tipo hiperagravado del artículo 140.1 que no sólo carece nuevamente de explicación en la Exposición de Motivos, sino de cualquier precedente en nuestro Derecho.

La arbitrariedad y las incoherencias se extienden también al contenido concreto de las circunstancias previstas en el artículo 140.1. Entre otras cosas, no es posible entender por qué se considera relevante para caracterizar como un hecho de extrema gravedad en todo caso precisamente que la edad de la víctima sea inferior a los dieciséis años, que la muerte sea «subsiguiente» (y no por ejemplo antecedente o acompañante) a un delito contra la libertad sexual o que el delito lo cometa un miembro de una organización criminal; máxime cuando se trata de circunstancias que, por lo demás, ni siquiera servirían por sí mismas para convertir un homicidio en asesinato.

Por su parte, la redacción del artículo 140.2 adolece de una absoluta imprecisión que, como ha señalado también en su Informe el Consejo General del Poder Judicial, puede dar lugar a las más variadas interpretaciones y, con ello, a una situación de inseguridad jurídica, tanto más inaceptable dadas las gravísimas consecuencias a las que el precepto se refiere.

ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y siete del artículo único que modifica el artículo 140 bis.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y ocho del artículo único que modifica el artículo 142.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de recuperar el texto del artículo 142 vigente, porque carece de toda lógica que se eleve a delito una conducta de peligro abstracto y se elimine del Código Penal una conducta de resultado en relación al mismo bien jurídico.

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado setenta y nueve del artículo único que modifica el artículo 147.

JUSTIFICACIÓN

Se opta por volver a la vigente redacción del artículo 147. La definición del delito básico de lesiones en los términos valorativos empleados por el prelegislador conllevarán que nuevamente deba determinarse el contenido de los mismos con arreglo, exclusivamente, a términos confusos como medio empleado —que ya recoge el artículo 148 como circunstancia de agravación— o resultado producido —excluidos los subtipos agravados del 149 y 150—, de difícil determinación si no se parte de la jurisprudencia ya consolidada en relación al concepto de «tratamiento médico o quirúrgico», «seguimiento médico» y «primera asistencia facultativa».

Además, la poca importancia que las lesiones constitutivas de falta puede revestir requiere que las penas puedan ser proporcionadas a las mismas, motivo por el que se propone mantener las penas leves que están previstas en el Código Penal actual en su artículo 617.1 y 2.

ENMIENDA NÚM. 182

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y uno del artículo único que modifica el artículo 152.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 183

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y uno del artículo único que modifica el artículo 150.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 184

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y tres del artículo único que modifica el artículo 156.

JUSTIFICACIÓN

En el vigente procedimiento civil, el juez acuerda la medida sólo si tras un procedimiento contradictorio de interés público, previa exploración de la persona y oído el Ministerio Fiscal, tras los informes periciales u otras pruebas que estime pertinentes, lo estima conveniente, por lo que ninguna novedad aporta la modificación del artículo 156 CP.

Además, el legislador aborda de manera subrepticia la regulación de un nuevo procedimiento en la Disposición Adicional 1.ª, (extraído del contenido que el Anteproyecto incluía en el propio artículo 156 y fue objeto de críticas). En definitiva, un fraude de etiquetas y una mala técnica, porque una disposición adicional no es el lugar de regular de forma particular un procedimiento como éste.

ENMIENDA NÚM. 185

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y cuatro del artículo único que modifica el artículo 166.

JUSTIFICACIÓN

No se explica por qué la respuesta penal se agrava y menos teniendo en cuenta la jurisprudencia del TC en torno a la inconstitucionalidad de los delitos de sospecha por resultar contrarios a la presunción de inocencia (STC 155/2002 de 22 de julio y ATC 421/1990, de 29 de noviembre). Tan sólo una penalidad ligeramente por debajo del marco penal del homicidio puede admitirse en estos casos que es, precisamente, la formula vigente: pena superior en grado a la que corresponde a la concreta figura de detención ilegal o secuestro llevada a cabo.

Tampoco se fundamenta la introducción de los dos nuevos supuestos: la minoría de edad o discapacidad de la víctima ya se contempla entre las circunstancias que agravan la detención ilegal o el secuestro en todas sus modalidades (vid. art. 165 CP vigente). La intención de atentar contra la libertad sexual concurrente o consecutiva a la detención o secuestro no constituyen delito si no se da, al menos, inicio a su ejecución; si el secuestro o detención tiene entidad propia con independencia del posterior delito sexual se sancionaran, conforme a jurisprudencia consolidada, por separado como un concurso real y entonces la reforma privilegia la pena en lugar de agravarla, como pretende —como ocurre con todos los denostados tipos penales complejos—. Y ello, suponiendo que pudiera acreditarse —lo que desde el punto de vista probatorio resulta extremadamente difícil— que había una «finalidad» concurrente o consecutiva de atentar a la libertad sexual en casos en los que, precisamente, no se puede contar ni siquiera con el testimonio o el cuerpo de la víctima desaparecida.

ENMIENDA NÚM. 186

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y seis del artículo único que modifica el artículo 171 añadiendo un nuevo apartado 7.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 187

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ochenta y siete del artículo único que modifica el artículo 172 añadiendo un nuevo apartado 3.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 188

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del último párrafo del apartado 2 del artículo 173 en la redacción dada al mismo por el apartado noventa del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 189

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del nuevo apartado 4 del artículo 173 introducido por el apartado noventa del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal y con la enmienda del sistema de penas.



ENMIENDA NÚM. 190

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado noventa y uno del artículo único que modifica el artículo 177.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 191

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del contenido del apartado noventa y dos del artículo único por el que se recoge a continuación que modifica los apartados 1, 4 y 9 del artículo 177 bis, en los siguientes términos:

1. Será castigado con la pena de 5 a 8 años de prisión como reo de trata de seres humanos, el que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de la esclavitud, servidumbre, servicios forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

c) La extracción de sus órganos o tejidos corporales.

[…]

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) se hubiera puesto en concreto peligro la vida, o la integridad física o psíquica de las personas objeto de la infracción.

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional o discapacidad, o sea menor de edad. Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.»

JUSTIFICACIÓN

Tras la introducción por LO 5/2010 del delito de trata de seres humanos, el Proyecto de reforma penal de 2013 ha estimado necesario introducir algunas modificaciones con el objetivo de lograr «una completa transposición de la normativa europea» (Exposición de Motivos), refiriéndose, en concreto, a la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (Directiva 2011, en adelante).

1. Se propone la supresión de la referencia geográfica al «territorio español» porque se contradice con el concepto penal de trata de personas defendido por el artículo 2.1 Directiva 2011. La gran mayoría de las legislaciones penales que regulan el delito de trata no señalan esa referencia territorial. Por otro lado, esa alusión puede desnaturalizar el delito que analizamos porque invita a confundir los comportamientos de trata de personas con la intervención en la entrada, permanencia, traslado o salida del territorio nacional, y, en esa medida, desvía la atención respecto de la trascendencia de la trata de carácter interno. Este delito no gira en torno al quebrantamiento de la normativa de extranjería. Por último, es superfluo el elemento territorial porque la reforma de la L.O del Poder Judicial (por L.O. 1/2014, de 13 de marzo), ya ha incluido el delito de trata de seres humanos en el listado de los que son perseguibles en virtud del principio de justicia universal (art. 23. 4, d), m) LOPJ). Ley que se encarga de limitar la aplicación del delito de trata.

2. Se propone suprimir la referencia en el tipo relativa a la «víctima nacional o extranjera». Es jurídicamente perturbadora (según el art. 1 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, suscrito por España, extranjero es toda persona que no sea nacional de los Estados miembros de la UE). Como hace la Directiva 2011, es conveniente mantener el término «personas», en coherencia también con la rúbrica del Título VIl bis «seres humanos».

3. Se ha optado por rechazar la propuesta del Proyecto consistente en incorporar la cláusula interpretativa que ofrecía el artículo 2.2 la Directiva 2011 en relación con el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima como procedimiento de comisión del delito de trata de personas. La razón es que no aporta criterios nuevos a la trayectoria jurisprudencial que se ha consolidado en torno a elementos similares que se utilizan en otros tipos penales.

4. Para cubrir posibles lagunas de impunidad, se propone la incorporación, como planteaba el Proyecto, del medio comisivo de la trata alusivo a la «entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la víctima» (previsto en la Directiva 2011).

5. Se ha delimitado con mayor claridad la finalidad del delito de trata relativa a la explotación laboral. El derecho penal de un Estado democrático de Derecho debe huir de fórmulas indeterminadas que colisionan con el mandato de taxatividad (principio de legalidad): «prácticas similares» a la esclavitud, servidumbre o servicios forzados. Basta utilizar términos acuñados en el derecho internacional, en cuyos instrumentos normativos se encuentran definidos. Por eso, como prácticas similares (sustituyendo este término), se han incluido expresamente (en virtud del art. 2.3 Directiva 2011) la mendicidad y la realización de actividades delictivas como modalidades de servicios o trabajos forzosos.

6. Asimismo, para cubrir lagunas de impunidad, se ha extendido la finalidad de extracción de órganos a los tejidos humanos.

7. Aprovechando la propuesta del Proyecto, se ha modificado también la redacción de los tipos agravados que atienden a la víctima de la trata:

a) Puesta en concreto peligro de la vida, o la integridad física o psíquica de las personas objeto de la infracción. Es cierto, que frente a la redacción vigente, la situación de peligro debe afectar a bienes jurídicos esenciales de la víctima: vida, integridad física/psíquica. Sin embargo, dado que en tales circunstancias se prevé un marco penal mucho más elevado, sería exigible una puesta en peligro concreto de los mismos.

b) En relación con el tipo agravado alusivo a la especial vulnerabilidad de la víctima, el Proyecto ha añadido, de conformidad con la sugerencia de la Directiva 2011 (Considerando 12), el estado de gestación, como situación personal idónea para facilitar de modo extraordinario el sometimiento de la víctima a la consecución de cualquiera de las finalidades de explotación asociadas al delito de trata. Sin embargo, de modo contrario al mandato de taxatividad (principio de legalidad) ha mantenido la referencia a la situación «personal», una expresión absolutamente indeterminada que no aparece en la Directiva 2011, ni debe aparecer en el precepto.

8. En coherencia con el resto del artículo.

ENMIENDA NÚM. 192

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y tres del artículo único, que modifica el apartado 1 del artículo 182 en los siguientes términos:

«1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de catorce años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta que se formula a través de esta enmienda y las que seguidamente se proponen a los apartados noventa y cuatro a noventa y ocho y ciento dos del artículo único, perfectamente acordes con la Directiva 2011/92/UE, plantean tres objetivos:

1. Subir la edad del consentimiento sexual de los 13 a los 14 años, como están haciendo la mayoría de los ordenamientos cercanos.

2. Mantener el principio de respeto y garantía de la libertad sexual de las personas de 14 y 15 años, cuando actúan con consentimiento libre y voluntario.

3. Establecer una específica protección para estos adolescentes de 14 y 15 años, consistente en que no se considerará hay consentimiento, además de en los supuestos de prevalencia ya regulados en el Art. 182, cuando la diferencia de edad de la otra persona sea superior a 4 años, o cuando por encima de esa diferencia de edad, haya un grado de desarrollo o madurez similar, concretando éstas de forma más acorde con el principio de legalidad penal y con la línea en la que se vienen pronunciando muchos de los ordenamientos europeos y anglosajones.

A la vez se introduce una adición al Art. 183 ter, apartado 2, posibilitando que alternativamente a la pena de prisión de seis meses a dos años, pueda aplicarse la pena de multa de doce a dieciocho meses, dado que en este punto el artículo 6.2 de la Directiva no exige ineludiblemente prisión.

ENMIENDA NÚM. 193

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y cuatro del artículo único en relación a la rúbrica del capítulo II bis del título VIII del libro II, que pasa a tener la siguiente redacción:

«CAPÍTULO II BIS

De los abusos y agresiones sexuales a menores de catorce años»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 194

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y cinco del artículo único, que modifica el artículo 183 en los siguientes términos:

«1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de catorce años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.

2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión.

Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de catorce años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre mismo.

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1 y con la pena de doce quince años, en el caso del apartado 2.

4. Las conductas previstas en los tres números anteriores serán castigadas con la pena prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la hubiera colocado en situación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, vida o salud de la víctima.

f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminales que se dedicaren a la realización de tales actividades.

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena inhabilitación absoluta de seis a doce años.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 195

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y seis.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la modificación del apartado noventa y seis del artículo único, que modifica el artículo 183 bis en los siguientes términos:

«El que, con fines sexuales, determine a un menor de catorce años a participar en comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque al autor no hubiera participado ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 196

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y siete del artículo único, que introduce un nuevo artículo 183 ter en los siguientes términos:

«1. El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información la comunicación contacte con un menor de catorce años y proponga concertar un encuentro el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

2. El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información comunicación contacte con un menor de catorce años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca dicho menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a dieciocho meses.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 197

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)



El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y ocho del artículo único, que introduce un nuevo artículo 183 quáter en los siguientes términos:

«Se presumirá que no existe consentimiento libre en una persona mayor de catorce años y menor de dieciséis cuando lleve a cabo alguna de las conductas señaladas en este Capítulo con persona que tenga respecto a ella una diferencia de edad de más de cuatro años, salvo que el autor sea una persona próxima al menor por grado de desarrollo o madurez.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 198

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 181 en la redacción dada por el apartado ciento uno del artículo único, en los siguientes términos:

«1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.»

JUSTIFICACIÓN

Por razones de proporcionalidad y con la redacción dada al artículo 187 por el apartado cien del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 199

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la circunstancia a) del apartado 2 del artículo 189 en la redacción dada por el apartado ciento dos del artículo único, en los siguientes términos:

a) Cuando se utilice a menores de catorce años.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda al apartado noventa y tres del artículo único.

ENMIENDA NÚM. 200

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento tres del artículo único que modifica los apartados 1 y 3 del artículo 192.

JUSTIFICACIÓN

Para recuperar el Código Penal vigente y en coherencia con anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 201

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento cuatro del artículo único que introduce un nuevo artículo 194 bis.

JUSTIFICACIÓN

Carece de sentido que el Código Penal contenga una norma de competencia de los tribunales españoles que se contiene en su sede natural, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recientemente reformado con los solos votos del Grupo Popular.

ENMIENDA NÚM. 202

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la modificación del apartado 7 del artículo 197 en la redacción dada al mismo por el apartado ciento cinco del artículo único en los siguientes términos:

«7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la víctima, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla realizadas por ella o con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar al resguardo de la observación ajena, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad a la que se refiere el apartado 3.»

JUSTIFICACIÓN

Las nuevas tecnologías obligan a una revisión del contenido del bien jurídico intimidad ampliándolo al derecho a controlar los datos íntimos, incriminando el atentado a la misma en una fase posterior de ataque al bien jurídico: la difusión no consentida de imágenes o grabaciones audiovisuales, aun cuando la captación o grabación se haya realizado con el consentimiento de la víctima.

ENMIENDA NÚM. 203

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento diez del artículo único que modifica el artículo 203.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 204

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento doce del artículo único que modifica el artículo 210.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 205

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento catorce del artículo único que modifica el artículo 234.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 206

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento quince.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al 235, por el apartado ciento quince del artículo único, en los siguientes términos:

«El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión del delito.

7.º Cuando se utilice a menores de catorce años para la comisión del delito.»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 6 se suprime la necesidad de que el delito haya quedado impune para no hacer inviable la agravación.

Se suprime la causa de agravación prevista en el número 7.º, porque contradice la anunciada apuesta por un modelo dualista coherente de respuesta al delito, pues tanto la «profesionalidad», como la «habitualidad» evocan la existencia de una situación de «peligrosidad criminal», que debe ser controlada por la vía de las medidas de seguridad, y no la de incrementar la pena más allá de lo que exigen el contenido de injusto y culpabilidad del hecho realizado. Por otra parte, la caracterización que de este dato («profesionalidad») ofrece el Proyecto suscita serias reservas, por apoyarse exclusivamente en las intenciones que animan la conducta del sujeto.

La causa de agravación de porte de armas vulnera los principios del hecho, lesividad y proporcionalidad. De un lado, el porte de armas no añade mayor gravedad al hecho, pues no implica peligro real, por tanto la realización del hurto portando el arma no convierte al hecho en más lesivo para los bienes jurídicos. Además, si el arma se llegara a usar estaríamos ante un robo con violencia o intimidación, que se sancionaría por tal calificación; y en ese caso el Proyecto no es consciente de que dado que la jurisprudencia admite la aplicación del tipo atenuado de robo con violencia o intimidación en casos de uso de armas, se produce la desproporción comparativa de las penas del hurto con porte de armas y robo violento con uso de armas, al ser posible sancionarse más el hurto con porte de armas que el robo con violencia o intimidación con uso de armas.

Finalmente, entendemos que debe mantenerse la edad de catorce años y no se debe ampliar la agravación pues la utilización de adolescentes en la comisión de un hurto no es un hecho que tenga la misma gravedad que la utilización de menores de catorce años desde una perspectiva penal, ya que la Ley Orgánica de Responsabilidad penal del Menor parte de la base de que el menor con catorce años no es responsable penalmente de sus actos; por tanto, su utilización para la comisión de delitos patrimoniales le genera a él mismo responsabilidad y no puede presumirse que ha sido instrumentalizado por el adulto.

ENMIENDA NÚM. 207

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento dieciséis del artículo único que introduce un nuevo artículo 235 bis.



JUSTIFICACIÓN

La agravante de porte de armas vulnera los principios del hecho, lesividad y proporcionalidad. De un lado, el porte de armas no añade mayor gravedad al hecho, pues no implica peligro real, por tanto la realización del hurto portando el arma no convierte al hecho en más lesivo para los bienes jurídicos. Además, si el arma se llegara a usar estaríamos ante un robo con violencia o intimidación, que se sancionaría por tal calificación; y en ese caso el Proyecto no es consciente de que dado que la jurisprudencia admite la aplicación del tipo atenuado de robo con violencia o intimidación en casos de uso de armas, se produce la desproporción comparativa de las penas del hurto con porte de armas y robo violento con uso de armas, al ser posible sancionarse más el hurto con porte de armas que el robo con violencia o intimidación con uso de armas.

ENMIENDA NÚM. 208

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento diecisiete del artículo único que modifica el artículo 236.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 209

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento dieciocho del artículo único que modifica el artículo 237.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que modifica la circunstancia 5.º del artículo 238.

ENMIENDA NÚM. 210

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ciento diecinueve del artículo único relativo al artículo 240, en los siguientes términos:

«1. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime la referencia al artículo 235 bis, en coherencia con la supresión de dicho precepto.

ENMIENDA NÚM. 211

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ciento veinte del artículo único referido al artículo 241, en los siguientes términos:

«1. El robo cometido en casa habitada o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.

3. Se consideran dependencias de casa habitada sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.»

JUSTIFICACIÓN

Supresión del tipo agravado por comisión del robo en edificio o local abiertos al público, por carecer de fundamento según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Supresión del apartado 4 por la utilización de un concepto jurídico indeterminado y por cuanto la pena establecida para estos supuestos agravados determinaría un cambio para la competencia para el enjuiciamiento de estos delitos.

ENMIENDA NÚM. 212

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento veintidós del artículo único que modifica el artículo 246.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 213

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento veintitrés del artículo único que modifica el artículo 247.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 214

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento veinticuatro del artículo único que modifica el artículo 249.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 215

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento veintisiete del artículo único referido al artículo 252, en los siguientes términos:

«1. Comete un delito de administración desleal quien siendo responsable de la administración de un patrimonio ajeno, perteneciente a personas físicas o jurídicas, ocasione a éstas un perjuicio patrimonial o económico, en beneficio propio o de un tercero, mediante cualquiera de los siguientes comportamientos:

1.º Excediéndose en las facultades de disposición del patrimonio administrado o de contracción de obligaciones a cargo de éste, que tenga conferidas por contrato o por mandato legal.

2.º Despreciando conscientemente posibilidades seguras de incrementar el patrimonio administrado o gestionado o transfiriendo a un tercero la oportunidad de realizar esos posibles negocios.

3.º Utilizando indebidamente los bienes del patrimonio que administra o, en su caso, los recursos humanos de la sociedad o del administrado.

4.º No evitando conscientemente una lesión al patrimonio administrado.

2. Los culpables de administración desleal serán castigados con la pena de prisión de un año a tres años. Para la fijación de la pena se atenderá la cuantía de lo defraudado y el quebranto económico ocasionado a los perjudicados. Se impondrá la pena de multa de tres a 12 meses si el valor de la cantidad defraudada fuera inferior a 10.000 euros.

3. El delito de administración desleal será castigado con la pena de prisión de dos años a seis años y multa de seis a dieciocho meses:

1.º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.

2.º Cuando se deje a los perjudicados en grave situación económica.

4. Se impondrán penas de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses cuando el perjuicio económico sea superior a 250.000euros y cuando la conducta típica sea realizada en una sociedad bancaria o de ahorro o en cualquier sociedad de inversiones abierta a un número indeterminado de inversores, agencia de valores, sociedad gestora de carteras, compañía de seguros o sociedad de pensiones o de inversión en perjuicio de los fondos patrimoniales administrados siempre que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

El binomio apropiación indebida/administración desleal es un delito nuclear en la corrupción empresarial y no sólo en ella. Hay concordia en que el artículo 295 CP requiere una profunda reconsideración, para dotarle de una función propia y clara, evitando a la vez reducirlo a una especie de apropiación indebida intraempresarial, de la que no se sabe exactamente quiénes podían ser los autores y quiénes las víctimas.

La mención a que la actuación tenía que ser fraudulenta contribuye a la oscuridad del precepto, en el que como ausencia más notable está la de la administración desleal de patrimonios de personas físicas.

A su vez, la descripción del delito de apropiación indebida abre la posibilidad de que ambas normas se superpongan en determinados casos, lo cual hacía difícil trazar una delimitación clara, y necesaria en atención a las penas imponibles.

La consecuencia para la vida de las sociedades mercantiles no puede ser buena, ni para los socios ni para los gestores, pues no está claro cuándo es posible actuar contra el administrador, y ni siquiera hay la necesaria concordia en orden a diferenciar entre prejuicio patrimonial y perjuicio económico.

Pero los males que se señalan no son remediados por el Proyecto, que persiste en la más inadmisible vaguedad, lo cual, y eso es lo más grave, y así se ha señalado ya en la doctrina, se dejan en la muy posible impunidad acciones como las de perjudicar a la Sociedad por no hacer dolosamente lo necesario para que ésta aumente sus beneficios, ya sea por desviar el negocio a favor propio o de un tercero. Igualmente queda en una nebulosa la utilización de bienes y recursos sociales en beneficio del administrador, que solo se transformaría en delito si se produce la imposibilidad de reponer el monto o la evaluación económica de lo utilizado. Tampoco parece clara la incriminación de las omisiones dolosas de acciones que pueden evitar la lesión del patrimonio social, como puede ser el renunciar a reclamar un pago o indemnización, o ejercer acciones para lograr una reparación.

En cuanto a las penas imponibles se continúa con la absurda técnica de remitir a las previstas para el delito de estafa (art. 249), tanto las penas básicas como las cualificadas, lo cual es incorrecto tanto porque lo adecuado es establecer la pena que exprese la valoración de la conducta —y no hacer eso no se justifica en nombre de una supuesta economía legislativa— cuanto porque muchas de las cualificaciones previstas para el delito de estafa no tienen sentido alguno en relación con las conductas de apropiación indebida o de administración desleal.

Tampoco es posible dar por supuesto que una administración desleal y una estafa han de ser siempre acciones de la misma gravedad, lo cual hace más absurda la remisión punitiva.

En cuanto a las cualificaciones, es patente, pensando en la reciente historia de la vida financiera española, que en cabeza de ellas debiera figurar la derivada de la administración desleal de entidades financieras (Bancos y Cajas), así como las sociedades de inversiones, agencias de valores, compañías de seguros, y tras ellas es admisible que se indicara como criterio el de la especial gravedad, llegando incluso a una especial cualificación si la cantidad en que se cifre el perjuicio es especialmente alta.

ENMIENDA NÚM. 216

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento veintiocho del artículo único referido al artículo 253, en los siguientes términos:

«Serán castigados con las penas de los artículos 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren, para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en caso de depósito necesario o miserable.»

JUSTIFICACIÓN

El delito de apropiación indebida debe mantener como título posesorio el de administración de los bienes, que tampoco debe ser remitido al nuevo delito genérico de administración desleal. El administrador que, abusando de sus facultades, se queda (apropia) para sí o para un tercero de los bienes que administra, ya sean fungibles como el dinero, o no, siempre ha cometido una apropiación indebida. Aquí, en España, y prácticamente en cualquier país del mundo civilizado. Para incriminar estas conductas, en absoluto es necesario ningún nuevo delito de administración desleal.

Por tanto, no tiene ningún sentido que el proyecto elimine la administración de entre la relación de títulos actualmente recogidos de forma expresa en el delito de apropiación indebida.

De igual modo, el delito de apropiación indebida debe mantener la actual mención al objeto material, sin excluir los activos patrimoniales, que fueron incluidos por el Código Penal de 1995, y que no estaban en el anterior artículo 535 CP derogado.



Los delitos patrimoniales clásicos, como el de apropiación indebida, deben ser interpretados a la luz de los tiempos actuales, superando interpretaciones históricas desfasadas como la que pretende que la apropiación indebida debe recaer sobre objetos físicamente aprehensibles y trasladables; es decir, sobre bienes muebles exclusivamente. Cuando alguien tiene un bien en depósito, administración… y se lo queda (para sí o para un tercero), comete apropiación indebida, porque ha sacado la cosa del patrimonio del titular (expropiado) y lo ha ingresado en el propio o ajeno (apropiado). Y da enteramente igual, que se trata de bienes muebles que de inmuebles.

ENMIENDA NÚM. 217

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento veintinueve del artículo único que modifica el artículo 254.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda por la que se introduce un nuevo artículo 253 bis que permite separar, como hace el Código Penal vigente, la apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido, de la apropiación de cosa transmitida o recibida por error.

ENMIENDA NÚM. 218

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento treinta del artículo único referido al artículo 255, en los siguientes términos:

«Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 219

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento treinta y uno del artículo único referido al artículo 256, en los siguientes términos:

«El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular y causando a este un perjuicio económico por valor superior a 400 euros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.»

JUSTIFICACIÓN

En tiempos de crisis económica y dada la escasa gravedad de estas conductas el principio de intervención mínima aconseja su destipificación total cuando el perjuicio económico sea inferior a 400 euros.

ENMIENDA NÚM. 220

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone una nueva redacción al artículo único del apartado treinta y dos que, modifica la rúbrica del Capítulo VIl del Título XIII del Libro II, en los siguientes términos:

«Delitos de alzamiento de bienes.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone como rúbrica la denominación tradicional con la que se conoce a estas figuras, esto es, «delitos de alzamiento de bienes».

ENMIENDA NÚM. 221

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento treinta y tres del artículo único referido al artículo 257, en los siguientes términos:

«1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2.º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

4. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el párrafo segundo del apartado 3, que prevé un tipo agravado y desproporcionado para el caso de que se trate de eludir el pago de deudas de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública. No hay razón para castigar más al empresario que trata de eludir el pago a la Hacienda que al que lo hace con sus trabajadores.

Se suprime el apartado 4 del artículo 257 del Proyecto que extiende algunos tipos agravados de estafa al alzamiento de bienes por entender que no es adecuada por cuanto que los delitos de estafa o apropiación indebida recaen sobre bienes ajenos, mientras que el alzamiento de bienes lo hace sobre el propio patrimonio.

ENMIENDA NÚM. 222

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento treinta y cuatro del artículo único que modifica el artículo 258.

JUSTIFICACIÓN

Ninguna norma establece el deber de colaborar con la Administración en la localización de los bienes a embargar (ni en el art. 97 Ley 30/1992; ni en los artículos 169 ss. de la Ley General Tributaria; ni en los artículos 75 ss. del Reglamento General de Recaudación de 2005; ni en los artículos 89 ss. Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social de 2004). Por tanto, no existe base legal para poder justificar la introducción de este delito de falta de colaboración en un procedimiento administrativo de ejecución.

ENMIENDA NÚM. 223

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada por el apartado ciento treinta y cinco del artículo único referido al artículo 258 bis, en los siguientes términos:

«1. Las disposiciones relativas a la malversación serán extensivas a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.

2. Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, el deudor que, sin estar autorizado para ello, haga uso de los bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, será castigado con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.»

JUSTIFICACIÓN

Se traslada a este Capítulo la modalidad impropia de malversación conocida como «quebrantamiento de depósito», prevista en el artículo 435.3 CP. En este delito lo que se protege es el derecho de crédito de los acreedores y poco tiene que ver con lo que se protege en la malversación. Es por ello por lo que su ubicación sistemática encaja mejor con los delitos de alzamiento de bienes que con los delitos de malversación. Dada la nueva configuración de las conductas de malversación y para evitar un solapamiento con el artículo 258 bis del Proyecto es imprescindible que los sujetos activos de ambos delitos se diferencien. Por ello, el sujeto activo del delito del artículo 258 bis no puede ser ninguno de los previstos para la malversación impropia (administradores y depositarios). A efectos prácticos, esto significa que el autor del delito del artículo 258 bis no puede ser el depositario de los bienes embargados. Como lo que sí ha de ser es deudor, para que este artículo no caiga en el vacío hay que imaginar algún supuesto en el que el deudor tenga acceso a sus bienes embargados o depositados sin ser el depositario de los mismos.

Por lo demás, la redacción del artículo 258 bis del Proyecto es confusa e incorrecta.

ENMIENDA NÚM. 224

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción del apartado 1 del artículo 259 dada por el apartado ciento treinta y ocho del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Será castigado con una pena de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o durante el año anterior a la producción de la misma, realizare alguna de las siguientes conductas:

1.ª Supresión.

2.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

3.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

4.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

5.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

6.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

7.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

8.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

9.ª Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

10ª (nuevo). Cuando se hubieran contraído obligaciones por un montante superior al capital de la empresa.

2. Supresión.

3. Supresión.

4. Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

5. Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

6. Se mantiene el texto que propone el Proyecto de Ley.

7. (nuevo) A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en los dos siguientes tendrá consideración de estado de insolvencia el de las entidades bancarias o cajas de ahorro que hayan precisado de la intervención o ayuda pública para poder atender al pago de sus obligaciones.»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 1 se suprime el término inminente, ya que la seguridad jurídica es incompatible con conceptos como el de «inminencia», y por razones de certeza es mejor fijar un plazo, —como hacen otras legislaciones—, que puede considerarse como de retroacción, del mismo modo que la Ley Concursal establece el de dos años para tomar en consideración la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor.

Supresión en el apartado 1. 5 del inciso «carezca de justificación económica». No es admisible que la especulación pueda tener una justificación económica, cuando la economía especulativa por definición es incapaz de crear riqueza y pueda generar graves problemas prácticos.

En el apartado 1.10 se incluye la previsión para que al igual que sucede en otros sistemas penales haya una referencia al endeudamiento por encima del capital de la empresa. Es frecuente que las graves crisis pongan al descubierto que toda la actividad de la empresa se había realizado partiendo de un capital social exiguo. Pero si se ha producido la insolvencia, el endeudamiento por encima del valor del capital debe ser un dato a tener en cuenta, con tanto o más motivo que la mala llevanza de la contabilidad.



Se suprime el apartado 2 ya que parece que el pre-legislador pretende introducir un doble criterio para este delito: un delito de peligro, por un lado, y otro delito de resultado cuando la reforma parte de la base cierta de que es muy difícil establecer relación de causalidad entre actos y estado de insolvencia. Es más sencillo establecer un solo sistema.

En cuanto a la supresión del apartado 3, carece totalmente de sentido prever la incriminación de la comisión dolosa de este delito, y no tanto porque sea más o menos difícil imaginar muchas de las acciones delictuosas previas a la crisis en modo imprudente, sino porque la imprudencia, en principio, se concibe para los delitos de resultado, aunque en ocasiones nuestro Código caiga en la tipificación de formas de peligro imprudente junto al peligro doloso. Pero el motivo principal para rechazar la modalidad imprudente es de naturaleza político-criminal: los comportamientos que materialmente se aprecian como imprudencias encuentran suficiente respuesta jurídica a través de la Ley Concursal, que permite valorar la insolvencia y también contempla importantes consecuencias jurídicas (art.177 LC). El Código penal debe reservarse para la quiebra dolosa.

La adición del apartado 7, tras la experiencia española de los últimos años la explicación es evidente: esas entidades, causantes de buena parte de las dificultades presupuestarias del Estado «salvador», resulta que además, materialmente, no aparecen como insolventes, pese a que su mala gestión cae sobre los recursos públicos. El escrupuloso respeto al principio de legalidad puede conllevar el riesgo de que algunas de las acciones determinantes del fiasco de un banco o caja queden en la impunidad.

ENMIENDA NÚM. 225

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción del nuevo artículo 259 bis introducido por el apartado ciento treinta y nueve del artículo único, en los siguientes términos:

«El deudor que en el año anterior a entrar en situación generalizada de insolvencia o en concurso, hubiera realizado alguna de las siguientes acciones:

1. Destruir o dañar o cualquier otra actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2. Realizar actos gratuitos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o asumir injustificadamente deudas, que no guarden proporción con su situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos.

3. Participar en negocios especulativos con riesgo superior a su capacidad patrimonial.

4. Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios.

5. Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor.»

JUSTIFICACIÓN

Se sustituye el contenido del artículo 259 bis del proyecto ya que las cualificaciones son innecesarias y perturbadoras, pues es absurdo aumentar las amenazas penales en un terreno en el que el problema es que el derecho penal llegue a aplicarse con normalidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la bancarrota necesariamente afecta a una pluralidad de personas (y no caigamos en el ejemplo de laboratorio de la quiebra ante un acreedor único) no tiene sentido prever la pluralidad de afectados como cualificación.

En cuanto al perjuicio superior a 600.000€ a alguno de los acreedores no significa que se le cause al «más débil» —al contrario, puede tratarse del acreedor económicamente más poderoso— única posibilidad de que tuviera algún sentido (y siempre que mediara dolo respecto de esa circunstancia concreta).

Ninguna justificación hay para agravar la pena porque más de la mitad del importe se deba a las Haciendas púbicas o a la Seguridad Social, que ya han sido privilegiadas en el régimen del alzamiento de bienes.

De nuevo flota la absurda idea de que perjudicar a ciudadanos es «menos grave» que perjudicar a la Administración.

El nuevo contenido del artículo 259 bis que se propone, subsana uno de los defectos del sistema penal español en materia de insolvencia que más reiteradamente han sido denunciados es que, abandonando lo que había sido una tradición lógica, cuál era la distinción entre insolvencias de comerciantes y de no comerciantes, el actual sistema, llegando al delito de concurso doloso no realiza distinción alguna.

Es cierto que la Ley Concursal es común a deudores comerciantes y no comerciantes, pero permite diferenciar acciones de unos y otros, cosa que, en cambio, el Código penal ignora. El Proyecto insiste en ese error y somete el concurso doloso de deudor no comerciante a la misma disciplina legal del deudor comerciante, siendo así que la mayor parte de las indicaciones de delictuosidad que contempla el artículo 259 solamente son concebibles para comerciantes o empresarios.

El artículo que se propone pretende remediar una situación a todas luces inadecuada, con un sistema análogo al de la quiebra del comerciante, pero ajustando sus condiciones a la diferente naturaleza del deudor.

ENMIENDA NÚM. 226

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento cuarenta del artículo único que modifica el artículo 260.

JUSTIFICACIÓN

El apartado 1 incrimina una forma de favorecimiento de acreedores. Es patente que esta figura está orientada a reprimir los actos que el deudor pueda ejecutar para perjudicar el principio de la par conditio creditorum. Si eso es así no tiene sentido abrir la posibilidad de que haya una «justificación económica o empresarial» para hacerlo. Si la conducta de beneficiar a unos acreedores en detrimento de otros se hubiera producido antes de la declaración del estado concursal, es seguro, de acuerdo a jurisprudencia y doctrina absolutamente dominantes, que no podría apreciarse alzamiento de bienes y, mucho menos, acusar de complicidad al acreedor beneficiado, pues el alzamiento no se produce con la simple preterición de acreedores, si lo que se satisface es un crédito real, y todo ello con plena independencia de que esa decisión del deudor pueda ulteriormente ser anulada en virtud de la retroacción de la quiebra o concurso, si se producen. Si la conducta no sería delictiva de producirse «antes», podemos preguntarnos si tiene sentido criminalizarla solamente porque se ha iniciado ya el proceso de ejecución concursal.

ENMIENDA NÚM. 227

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento cuarenta y uno del artículo único que modifica el apartado 1 del artículo 263.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la oposición a la supresión del Libro III del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 228

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 266 y la supresión de su apartado 2, en la redacción dada al mismo por el apartado ciento cuarenta y siete nueve del artículo único, quedando dicho artículo redactado en los siguientes términos:

«Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el artículo 263.1 mediante incendio, o provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.»

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la introducción en el proyecto del inciso que recoge, pues equipara situaciones muy distintas y por tanto convierte la pena en desproporcionada; en tal sentido, se ha de ser consciente de que no tiene el mismo desvalor causar daños poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas que causar daños generando un riesgo de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad.

En su redacción actual el artículo 266.2, que esta enmienda propone suprimir, incorpora una agravación para los daños informáticos contemplados en el artículo 264. Sin embargo, el proyecto cambia la referencia, de modo que desaparece la agravación de los daños informáticos y, sin embargo, se incorpora una superagravación que afecta a todas las agravaciones previstas en el artículo 263.2 CP cuando los daños se realicen en las condiciones previstas en el artículo 266.1: esto es, mediante incendio, provocando explosiones o similar.

ENMIENDA NÚM. 229

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento cuarenta y nueve del artículo único que modifica el artículo 270.

JUSTIFICACIÓN

Los problemas de proporcionalidad en la sanción penal de este tipo de conductas que se intentan regular está mejor resuelta en el Código vigente.

ENMIENDA NÚM. 230

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento cincuenta del artículo único que modifica el artículo 271.

JUSTIFICACIÓN

La ampliación de la tipicidad al beneficio potencial del apartado a) carece de toda justificación y supone un adelantamiento de barreras penales que puede llegar a implicar el castigo a título de delito consumado de meros actos preparatorios. El apartado b) incluye una redacción no fácilmente inteligible en algún extremo, pues como criterio de la «especial gravedad» incluye la «especial importancia de los perjuicios ocasionados», con lo cual la determinación del tipo resulta inexistente. Además de lo anterior no es fácilmente comprensible que la «especial gravedad» termine siendo referida no a los perjuicios o a los beneficios obtenidos, que constituirían un referente objetivo de gravedad, sino a la cantidad numérica de reproducciones, interpretaciones, etc., lo que no tiene por qué coincidir con un mayor perjuicio o beneficio, sino que únicamente representan un referente formal. De esta forma la distribución de una pluralidad de objetos de ínfimo valor puede terminar acarreando una pena de hasta seis años de prisión, lo que es desproporcionado. En todo caso la pena, incluso en los supuestos de gran perjuicio o beneficio, resulta a todas luces excesiva, pues es superior a la correspondiente al robo con fuerza o intimidación, a delitos de lesiones, etc.

ENMIENDA NÚM. 231

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado ciento cincuenta y uno que modifica el art. 274.

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta introduce un aumento injustificado de las penas.

ENMIENDA NÚM. 232

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado ciento cincuenta y dos que modifica el art. 276.

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta introduce una pena muy elevada que, además, provoca un cambio competencial. En cuanto a los casos de pertenencia a organización criminal serán ya punibles por la vía del artículo 570 ter 1 CP.

ENMIENDA NÚM. 233

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al nuevo artículo 286 bis introducido por el apartado ciento cincuenta y cuatro del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja pretendidos u obtenidos, el socio, administrador de hecho o de derecho, apoderado o empleado de una sociedad que, en las relaciones comerciales y afectando gravemente la competencia, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte, para sí o para un tercero y como contraprestación para favorecer a otro, un beneficio o ventaja no justificados.

2. El que, en las relaciones comerciales y afectando gravemente la competencia, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a los socios, administradores de hecho o de derecho, apoderados o empleados de una sociedad y como contraprestación para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, un beneficio o ventaja no justificados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio derivado de la ventaja competencial pretendida u obtenida.

3. Se mantiene la redacción dada por el Proyecto de Ley.

4. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triple del valor del beneficio o ventaja pretendidos u obtenidos, el socio, administrador de hecho o de derecho, apoderado o empleado de una entidad o asociación deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, que de manera deliberada realice cualesquiera actos tendentes a predeterminar o alterar fraudulentamente el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional. En el caso de que los responsables de tales actos sean deportistas, árbitros o jueces, la pena de inhabilitación especial comportará la suspensión de sus respectivas licencias por el tiempo de la condena.

4 bis. (nuevo) La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los apartados anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados.

5. Se mantiene la redacción dada por el Proyecto de Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se opta por una estructura de delito de resultado, frente a la actual configuración como un delito de mera actividad. De ahí la introducción del resultado de «grave afectación de la competencia», que más allá de permitir, en su caso, la incriminación de la tentativa, ex artículos 15 y 16 también, en su caso, de los actos preparatorios, como se propone en el nuevo apartado 4 bis, lo que resulta mucho más coherente con los tipos sancionadores recogidos en las normas de Defensa de la Competencia y en el Derecho contra la Competencia Desleal.

Se amplía el círculo de sujetos activos (y pasivos) al socio o titular de la sociedad (en el sentido del art. 297) en tanto que protagonista, muchas veces, de las espurias estrategias en orden a la captación de clientela o negocio por parte de los operadores del mercado, en franca deslealtad con sus competidores.

Se recoge la distinción entre administradores de hecho y de derecho, que ya ha causado estado en la incriminación penal de conductas societarias y una específica mención a los «apoderados», eliminando, finalmente, la referencia a «la adquisición o venta de mercancías» o a la «contratación de servicios» por resultar comprendidas en la genérica alusión a las «relaciones comerciales» ahora introducida en la presente reforma.

Respecto a la consideración de la especificidad de la corrupción en el ámbito deportivo, se propone una redacción independiente, que evite la confusa referencia que la actual redacción hace a la «aplicabilidad» de lo dispuesto «en este artículo» para las modalidades típicas del presente apartado, remisión ciertamente problemática. En este caso, se opta por una estructura de delito de mera actividad, referenciándose la pena pecuniaria al beneficio pretendido u obtenido y, añadidamente se menciona específicamente la suspensión de licencias (federativas o de otra índole) en el marco de la pena de inhabilitación especial para los supuestos de sujetos activos deportistas, jueces o árbitros.

ENMIENDA NÚM. 234



Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción del apartado 1 del nuevo artículo 286 ter introducido por el apartado ciento cincuenta y cinco del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Los que en la realización de actividades económicas internacionales y para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva, por sí o por persona interpuesta prometan, ofrezcan o concedan a una Autoridad o funcionario público, para sí o para un tercero, un beneficio o ventaja no justificados, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio pretendido u obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio. Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un período de siete a doce años.»

JUSTIFICACIÓN

Habiéndose optado por la supresión del Capítulo X del Título XIX del Libro II, así como del Título XIX bis, ambos del CP, y, con ello, la traslación a la presente sección 4.ª del capítulo XI del Título XIII del Libro II CP del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, decisión que se comparte, se propone una redacción más homogénea con los restantes tipos de corrupción en los negocios, manteniendo la estructura de aquellos, y destacando exclusivamente el ámbito específico de la actividad típica —«las actividades económicas internacionales»— y la singularidad de los sujetos venales o susceptibles de ser corrompidos —la Autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones-, optándose en este caso por una estructura de delito de mera actividad, so pretexto de la afectación de la función pública, y suprimiendo por lo demás la salvedad penológica, por resultar redundante con la regulación del concurso de leyes del artículo 8 CP.

ENMIENDA NÚM. 235

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción de la circunstancia a) y la supresión de la c) del nuevo artículo 286 quáter, introducido por el apartado ciento cincuenta y seis, del artículo único, en los siguientes términos:

a) el beneficio o ventaja competencial pretendida u obtenida mediante el soborno tenga un valor especialmente elevado,

c) Supresión.

JUSTIFICACIÓN

Se referencia la especial gravedad del supuesto de la letra a) al beneficio que obtiene o pretende obtener el corruptor, pues, de otro modo, podría entenderse que la agravación se estaría ligando al beneficio ofrecido o recibido por el receptor del soborno, que, las más de las veces, resulta ser de muy poco valor comparado con la ventaja competencial que pretende el corruptor.

En cuanto a los casos de pertenencia a organización criminal (letra c) serán ya punibles por la vía del artículo 570 ter 1 CP.

ENMIENDA NÚM. 236

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de las circunstancias c) y d) del nuevo artículo 286 quinquies, introducido por el apartado ciento cincuenta y siete, del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

Carece de sentido que el Código Penal contenga una norma de competencia de los tribunales españoles que se contiene en su sede natural, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recientemente reformado con los solos votos del Grupo Popular.

ENMIENDA NÚM. 237

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo único, apartado ciento cincuenta y ocho que modifica el art. 288.

JUSTIFICACIÓN

Como en el caso de los artículos 271 y 276, y por los mismos motivos, no resulta aceptable la determinación de la pena en función del beneficio potencial.

ENMIENDA NÚM. 238

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al apartado ciento sesenta y dos, del artículo único, en los siguientes términos:

Ciento sesenta y dos. Se añade un nuevo Capítulo XV al Título XIII del Libro II, con cuatro nuevos artículos 304 bis, 304 ter, 304 quáter y 304 quinquies, con el siguiente texto:

«CAPÍTULO XV

De los delitos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce un nuevo Capítulo XV en Título XIII del Libro II, con cuatro nuevos artículos 304 bis, 304 ter, 304 quáter y 304 quinquies, donde se tipifican como delito determinados comportamientos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos, lo que ha producido un evidente debilitamiento de la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas, y además dichas actuaciones, indudablemente han contribuido a la aparición de casos de corrupción vinculados a actuaciones de cargos públicos.

ENMIENDA NÚM. 239

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la sustitución de la redacción dada al nuevo artículo 304 bis introducido por el apartado ciento sesenta y tres, del artículo único, por el siguiente contenido:

Artículo 304 bis.

Los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, con la finalidad de falsear sus cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar su situación económica-financiera-patrimonial, para negar, impedir u obstruir el control externo de la misma, serán castigados, además de con las penas previstas para los concretos delitos cometidos, con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a diez años.

Cualquier otra omisión o falsedad deliberada de la situación económico-inanciero-patrimonial de las entidades mencionadas para otras finalidades no previstas en el párrafo anterior serán castigadas con la pena inferior en grado.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que introduce un nuevo Capítulo XV en Título XIII del Libro II bajo la rúbrica «De los delitos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos».

ENMIENDA NÚM. 240

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la sustitución de la redacción dada al nuevo artículo 304 ter introducido por el apartado ciento sesenta y cuatro, del artículo único, por el siguiente contenido:

Artículo 304 ter.

Serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de uno a dos años, los que con conocimiento de la comisión del delito previsto en el artículo anterior y sin haber participado en el mismo como autor o cómplice, intervinieren con posterioridad en el mismo, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento o ayudando a los responsables del mismo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que introduce un nuevo Capítulo XV en Título XIII del Libro II bajo la rúbrica «De los delitos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos».

ENMIENDA NÚM. 241

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificación de la redacción dada al artículo 306 por el apartado ciento sesenta y cinco, en los siguientes términos:

Artículo 306.

El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 242

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento sesenta y siete del artículo único por el que se modifica la redacción del artículo 311 bis.

JUSTIFICACIÓN

La tipificación penal de la conducta de dar ocupación o empleo a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo es innecesaria ya que la conducta ya está sancionada administrativamente en el artículo 54.1.d) LOEx como infracción muy grave.

Estos supuestos se encuadran en el artículo 312.1 CP, es decir, son prototipos del delito de tráfico ilegal de mano de obra, una modalidad delictiva que precisamente gira en torno a la contratación ilícita de trabajadores o a la represión de situaciones graves de economía sumergida que escapan al control estatal del mercado de trabajo.

ENMIENDA NÚM. 243

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ciento sesenta y ocho del artículo único, que modifica el artículo 315 en los siguientes términos:

Artículo 315.

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

3. [Supresión].

JUSTIFICACIÓN

No hay razón alguna para modificar los apartados 1 y 2, como se ha hecho en el Congreso mediante enmienda del GPP, disminuyendo las penas hoy vigentes a los empresarios que, bien mediante engaño abuso de situación de necesidad, bien mediante fuerza, violencia o intimidación, impidan o limiten el ejercicio del derecho de huelga. El empresario que actúa así no está ejerciendo ningún derecho fundamental y, por el contrario, está impidiendo su ejercicio.

En relación con el apartado 3, la conducta ahí recogida, que se incorpora al CP de 1995 como otras muchas provenientes del CP de 1973 por más que el anterior Ministro de justicia dijera que era responsabilidad del CP de 1995, por una aplicación errónea y un cambio en la enfoque y actuación en las acusaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal, está conduciendo, contra la jurisprudencia reiterada del TC, a situaciones de verdadero desconocimiento y cercenamiento del derecho a la huelga, a través de la imposición de penas privativas de libertad severas a sindicalistas, obviando la configuración de derecho de huelga como derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, y colocando por encima del derecho de huelga el derecho a trabajar, derecho que no goza de tal protección.

ENMIENDA NÚM. 244



Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento sesenta y nueve del artículo único por el que se modifica la redacción del artículo 318 bis.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto amplía el delito del 318 bis al proponer regular separadamente, y de modo aislado, la colaboración en la permanencia ilegal del extranjero, (con ánimo de lucro), sin necesidad de haber intervenido en el desplazamiento transfronterizo, (entrada o traslado ilegal). Sin duda, este planteamiento desvirtúa la base conceptual del tráfico ilícito de extranjeros: el inherente carácter transfronterizo de la colaboración de terceros en la inmigración ilegal, extremo que ha sido subrayado en la Exposición de motivos de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI, dirigidas a combatir la ayuda a la inmigración clandestina, «que se refiere al cruce irregular de la frontera en sentido estricto».

ENMIENDA NÚM. 245

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al apartado 2 del artículo 323 por el apartado ciento setenta de artículo único, en los siguientes términos:

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad en atención a la relevancia del valor cultural del bien o a la irreparabilidad del bien, la pena se aplicará en su mitad superior.

JUSTIFICACIÓN

Es preciso contemplar una agravación cuando los bienes dañados sean de gran relevancia cultural, con el objetivo de graduar la pena a la antijuridicidad del hecho, así como una atenuación de la pena atendiendo a la escasa entidad del perjuicio y las demás circunstancias del hecho.

En coherencia con el mantenimiento del Libro III se suprime el delito leve.

ENMIENDA NÚM. 246

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 337 en la redacción dada por el apartado ciento setenta y ocho del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a uso con fines sexuales, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio.

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio.»

JUSTIFICACIÓN

La explotación sexual de animales tiene una connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.

De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros textos legales y organismos internacionales, el término explotación sexual plantea problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas, que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente relevantes. La enmienda así planteada resulta necesaria para superar las limitaciones de aplicación práctica aparejadas al término explotación, de modo que además de tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.

Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos ha utilizado la expresión «explotación sexual».

Por otra parte, la inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 247

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento setenta y ocho del artículo único por el que se modifica la redacción del artículo 337.

JUSTIFICACIÓN

La enumeración de supuestas «clases de animales» que se añade en el Proyecto, no añade nada al concepto de «animal doméstico o amansado» que ya se encuentra en el CP vigente y resulta absolutamente disfuncional. Las agravaciones que se añaden en el Proyecto parecen directamente inspiradas en el catálogo de agravaciones previstas en los delitos de lesiones (para seres humanos, habría que especificar), lo mismo que la inclusión del tipo cualificado para supuestos en que se cause la muerte del animal. Con todo ello se da pie a confusiones en torno al bien jurídico protegido en estos delitos, que no puede ser la integridad física o vida del animal, sino su bienestar, entendido como la ausencia de sufrimientos innecesarios. Además y en coherencia con el mantenimiento del Libro III se suprime el delito leve que además puede triplicar la duración de la pena establecida ahora para la falta. Dado que hoy por hoy en España es posible maltratar cruelmente a cualesquiera clase de animales en espectáculos autorizados legalmente, no parece que deba ser contemplada como delito la realización de esas mismas conductas tan sólo por no contar con la preceptiva autorización, so pena de tipificar una mera infracción formal.

ENMIENDA NÚM. 248

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento setenta y nueve del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 337 bis.

JUSTIFICACIÓN

En atención al principio de intervención mínima. En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 249

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento ochenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 353 por el apartado ciento ochenta y dos del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Las penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en su mitad superior cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que afecte a una superficie de considerable importancia.

2.ª Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.

3.ª Que el incendio cause graves perjuicios socioeconómicos a núcleos de población o a lugares habitados.

4.ª Que afecte a especies amenazadas o altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal.

5.ª Que el incendio afecte a una zona de alto riesgo, calificada como tal en la legislación de montes.

6.ª En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.

2. También se impondrán dichas penas en su mitad superior cuando se actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.»

JUSTIFICACIÓN

Se mejora la redacción con el fin de evitar confusiones y solapamientos con otras circunstancias agravantes ya recogidas en el Código Penal vigente (cfr. art. 352 CP) o previstas en otros apartados de la reforma (cfr. art. 358 bis Proyecto). De forma paralela, con la remisión expresa a la legislación de montes se pretende evitar el uso de elementos valorativos de difícil concreción a la hora de determinar las zonas de alto riesgo. Por lo que respecta a la penalidad, no se justifica añadir un año más al máximo de pena a imponer por la realización de estos comportamientos.

ENMIENDA NÚM. 250

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento noventa y siete del artículo único por el que se modifica el artículo 386.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 251

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado ciento noventa y nueve del artículo único por el que se modifica el artículo 389.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 252

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos uno del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 402 bis.

JUSTIFICACIÓN

Los supuestos más graves de uso indebido de uniforme o traje oficial ya están recogidos en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (art. 612.5.º). El resto de los casos estarían ya incluidos en otro injusto específico como por ejemplo estafa, en cuyo caso se castigarán por éste.

ENMIENDA NÚM. 253

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuatro.

ENMIENDA



De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 405 por el apartado doscientos cuatro del artículo único, en los siguientes términos:

«A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a cinco años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 254

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 432 por el apartado doscientos dieciséis del artículo único, en los siguientes términos:

«1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

2. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público administrado, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de cuatro a diez años.

3. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior o en la mitad inferior del grado superior si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.»

JUSTIFICACIÓN

Redacción más respetuosa con la distinción penológica entre conductas apropiatorias y no apropiatorias (desleales), concretamente, entre la malversación de uso (art. 433 CP) y la malversación apropiatorias o definitiva (art. 432 CP).

ENMIENDA NÚM. 255

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos diecinueve del artículo único por el que se introduce un nuevo numeral 4.ª al artículo 435.

JUSTIFICACIÓN

Carece de sentido la inclusión de los administradores concursales dentro de la malversación impropia del nuevo n.º 4 que se pretende incluir en el artículo 435 Proyecto, ya que estos tienen perfecta cabida en el número 3 de dicho precepto actualmente vigente, que sanciona a los administradores o depositarios de bienes secuestrados por autoridad pública.

Nadie duda de que los jueces sean autoridad pública, y que cuando estos designan en un procedimiento concursal o de otro tipo, a un administrador o a un depositario judicial sobre bienes relativos al procedimiento, se debe aplicar el artículo 435.3.º CP. Conforme establece el Código Civil (art. 1785), el depósito judicial o secuestro, tiene lugar cuando se decreta el embargo o cualquier medida de aseguramiento de los bienes, y en la medida en que la designación judicial del administrador concursal es una medida de aseguramiento de los bienes, es un caso específico de depósito judicial y, por tanto, cae de lleno en el ámbito del artículo 435.3.º CP. Lo que hace innecesaria su inclusión en un nuevo apartado 4.º del artículo 435 Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 256

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 436 por el apartado doscientos veinte del artículo único, en los siguientes términos:

«La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a quince años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 257

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 438 por el apartado doscientos veintiuno del artículo único, en los siguientes términos:

«La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa, incurrirá en la pena prevista para éste, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este Código.»

JUSTIFICACIÓN

La inclusión de la apropiación indebida de funcionarios que actualmente contempla el artículo 438 carece de sentido al sancionarse esta misma conducta como malversación de caudales.

La inclusión en el artículo 438 Proyecto, junto a la estafa, del nuevo delito de fraude a la Seguridad Social del actual artículo 307 ter CP, resulta innecesaria y extraña a este tipo penal, porque si el funcionario o autoridad, abusando de su cargo, otorga consciente e indebidamente, el disfrute de prestaciones de la Seguridad Social, estará ordinariamente incurriendo en malversación, en tanto que los fondos de la Tesorería General de la Seguridad Social son caudales públicos a los efectos del delito de malversación.

Por lo que al delito de estafa de funcionario se refiere, la posible elevación de la pena de ésta, al grado superior en toda su extensión, puede resultar desproporcionada. Recuérdese que el delito de estafa puede alcanzar hasta los ocho años de prisión en determinados tipos agravados. De modo que su elevación al grado superior, supondría una pena de 8 a 12 años, que resultaría muy superior a la que corresponde a la malversación y a la apropiación indebida de funcionario, con lo que se rompe la tradicional equiparación punitiva existente entre la estafa y la apropiación indebida, ante idénticas circunstancias.

ENMIENDA NÚM. 258

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veintidós.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 439 por el apartado doscientos veintidós del artículo único, en los siguientes términos:

«La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a siete años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 259

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al artículo 441 por el apartado doscientos veinticuatro del artículo único, en los siguientes términos:

«La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 260

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veintinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos veintinueve del artículo único por el que se modifica el artículo 446.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 261

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos veintinueve del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 456.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 262

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la redacción dada al apartado 1 del artículo 510 por el apartado doscientos treinta y tres del artículo único, en los siguientes términos:

«1. Serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes inciten directamente a la discriminación o violencia contra una asociación o un grupo, una parte de los mismos o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad, discapacidad.

b) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones o expresiones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos.

/.../.»

JUSTIFICACIÓN

Sólo debe sancionarse la incitación directa a la comisión de actos discriminatorios o violentos por móviles discriminatorios.

El artículo 510. 1.º a) convierte en delito autónomo actos preparatorios de delitos, actos preparatorios de sentimientos y otros actos de complicidad en delitos y sentimientos, sin inicio de la tentativa, que no llegan a la categoría de actos preparatorios. Se convierte en delito autónomo una tentativa de inducción a la discriminación y violencia por una parte, y por otra, una tentativa de inducción a un sentimiento de odio u hostilidad y participaciones intentadas en la discriminación, violencia, odio y hostilidad. Si lo que se pretende es castigar la puesta en peligro —abstracta y concreta— de la igualdad (casos de fomento, promoción, incitación indirecta e incitación directa a la discriminación) y la lesión de la seguridad de los grupos en el sentido de la creación de un riesgo para la integridad física de los mismos (casos de incitación a la violencia) de determinados colectivos, esto es, preservar el derecho de algunos sectores a no ser discriminados o sufrir violencia por móviles discriminatorios en una fase inmediatamente anterior al ejercicio efectivo de la discriminación o el ejercicio efectivo de la violencia, entonces, lo lógico es mantener un tipo de peligro abstracto o concreto respecto a la discriminación o la violencia discriminatoria. Pretensión que se satisface con la condena de la provocación (incitación directa) a la discriminación o violencia discriminatoria.

Uno de los argumentos empleados por la Exposición de Motivos del Proyecto de CP para justificar la ampliación de la conducta típica alude a la necesidad de transposición de la Decisión Marco, 2008/913 JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia (DM 2008), y también a la necesidad de asumir la interpretación realizada por la STC 235/ 2007, de 7 de noviembre. Sin embargo, puede afirmarse que los dos fundamentos son inciertos. En realidad, la letra a) del apartado 1.º del 510, no respeta la DM que sólo sanciona los supuestos de incitación pública al odio y violencia. Por tanto, lejos de asumir la idea de reducción de la conducta típica a la incitación directa a la discriminación o violencia, el castigo se extiende a otros actos que, sin llegar a la categoría de actos preparatorios, previos a los mismos, pueden fomentar, promover, o incitar indirectamente al odio. Pero, no sólo se aleja del contenido de la DM, sino que tampoco sigue la línea emprendida por la STC 235/ 2007, de 7 de noviembre, que, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la negación del genocidio, distinguió entre la incitación directa e indirecta al odio, discriminación y violencia. En esta sentencia se interpreta que la negación del genocidio se castiga exclusivamente cuando suponga una modalidad de incitación indirecta al odio y/o violencia, en caso contrario no podría sancionarse. Sin embargo, el Proyecto no respeta ese límite y junto a los casos de incitación —directa e indirecta— amplía la conducta típica a los supuestos de fomentar (sinónimo de promover), promover (impulsar el desarrollo de una acción), que serían conductas previas al acto preparatorio. Además, incluye, junto a los términos, odio, violencia o discriminación, un nuevo concepto —«hostilidad»— que tampoco exige la DM, interpretado como creación de un contexto de conductas abusivas o agresivas por móviles discriminatorios.

La DM sólo recomienda la persecución de supuestos de apología directa, negación o trivialización flagrante de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la CPI «cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo más la apología pública, negación o trivialización flagrante de los delitos definidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional (crímenes contra la paz, de guerra, contra la humanidad) adjunto al acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 «cuando puedan incitar a la violencia o al odio». Sin embargo, el Proyecto mantiene este apartado exactamente igual que lo hacía el Anteproyecto, sancionando el enaltecimiento o la justificación pública de delitos discriminatorios sin necesidad del elemento adicional exigido por la STC 2007, esto es, la exigencia de una incitación indirecta. Se equipara así el enaltecimiento de los autores de delitos discriminatorios y la justificación de esos delitos con el enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo, como modalidad sui generis de la apología, sin exigir la concurrencia de la lesión o puesta en peligro de la igualdad, seguridad, etc. Es decir, no es necesario demostrar que se genera ex ante un clima de hostilidad hacia determinados colectivos. Como queda demostrado el castigo de tales conductas no es una exigencia de la DM que habla de apología pública (incitación directa) respecto a determinados delitos con capacidad de crear el clima de hostilidad mientras el Proyecto convierte en tipo autónomo el enaltecimiento o justificación sin exigir el elemento subjetivo respecto a los delitos discriminatorios en general. Sin embargo, cuando concurre tal elemento adicional, el delito se agrava, llegando a tener la misma pena que la prevista en el 510 1.º, cuando se fomente o promueva un clima de… Algo que sorprende pues su ubicación debería trasladarse al 510.1.º c) que sanciona conductas similares con la misma pena.

ENMIENDA NÚM. 263

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos treinta y cuatro del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 510 bis).



JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 264

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos treinta y ocho del artículo único por el que se modifica el artículo 550.

JUSTIFICACIÓN

La reforma proyectada en materia de delitos de atentados y desobediencia es rechazable en casi todos sus extremos.

En primer lugar, en lo referente a la eliminación de la atenuación de la pena para los supuestos de atentados contra terceros no funcionarios. Si de lo que se trata es de tener en cuenta el irrespeto al ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo, parece obvio que debe penarse menos a quien atenta contra un particular. El sentido de este cambio es el de permitir penar igual que el atentado a un agente de la autoridad, a un funcionario público, a un empleado de una empresa privada; se trata, por tanto, de reforzar la posibilidad de privatización de la seguridad ciudadana y el orden público.

En segundo lugar, por su indeterminación frente al ya existente «acometer.», claramente delimitado por jurisprudencia y doctrina. La eliminación del término «activa» referido a la resistencia pretende facilitar la inclusión de conductas no consideradas hasta ahora atentado, como puede ser un bloqueo o sentada (diga lo que diga la exposición de motivos, que no puede negar la evidencia), y supone una insoportable extensión del concepto de atentado; sí es positiva, en cambio, la eliminación de la hipótesis del «empleo de fuerza», por su poco claro alcance y sus duplicidades con «acometer».

En tercer lugar, porque la utilización del mero «hacer uso» frente a la descripción actual, que exige que el acometimiento «se verifique con», introduce la posibilidad de penar la mera exhibición, y, en todo caso, genera indeterminación e incertidumbre acerca del alcance de la conducta incriminada. A ello habría que añadir que la definición del peligro «potencial» es igualmente indeterminada.

La reforma reacciona frente al fracaso de la estrategia del Gobierno de la estigmatización en el debate público de las protestas sociales habidas en los últimos años, generando una tipificación extremadamente ambigua, probablemente con el único fin de aumentar de modo radical las facultades de detención de las fuerzas de policía y de confundir así la protesta pacífica legítima con la realización de conductas de atentados/desórdenes. Se persigue, por lo tanto, alcanzar el desaliento de la ciudadanía no violenta frente al ejercicio de los derechos fundamentales afectados, incluyendo hasta la mera manifestación de la adhesión a la protesta. Además de mandar un falso mensaje de protección a las fuerzas policiales, protección penal de la que actualmente ya gozan, y que no parece razonable aumentar a costa del incremento de las penas a los ciudadanos por el ejercicio de sus derechos fundamentales.

No hay nada aceptable en este segmento de la reforma, con excepción de la rebaja de la pena mínima en el tipo básico del delito de atentado y la eliminación de la conducta de «emplear fuerza» en la misma norma (art. 550 CP Proyecto).

ENMIENDA NÚM. 265

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos treinta y nueve del artículo único por el que se modifica el artículo 551.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 266

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta del artículo único por el que se suprime el artículo 552.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 267

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y uno del artículo único por el que se modifica el artículo 554.

JUSTIFICACIÓN

Es especialmente inaceptable la formulación del tipo «aclaratorio» proyectado: bomberos y personal sanitario ejercen funciones públicas y estaban por ello ya incluidos en el alcance de la norma; completamente al margen de la ordenación de un Estado de Derecho se sitúa la previsión de una privatización de la seguridad pública a empleados, de cualificación dudosa para estas funciones, de empresas privadas, y ello, además, con la misma pena que los atentados frente a los representantes del Estado, es decir, los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (arts. 554 y 556 del proyecto).

ENMIENDA NÚM. 268

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y dos del artículo único por el que se suprime el artículo 554.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 269

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y tres del artículo único por el que se modifica el artículo 556.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 270

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y cuatro del artículo único por el que se modifica el artículo 557.

JUSTIFICACIÓN

En materia de desórdenes públicos la reforma proyectada es inaceptable en términos de los estándares mínimos de un Estado de Derecho, pues permitiría una gestión autoritaria de los derechos fundamentales de reunión y libre expresión. Debe estimarse claramente contraria a la Constitución.

Así, las modificaciones en el tipo básico del proyectado artículo 557 CP Proyecto amplían de modo injustificable el alcance del comportamiento típico, equiparan de modo completamente inexplicable las previsiones para conductas de gravedad evidentemente divergente e introducen una notabilísima inseguridad jurídica mediante la utilización de términos conscientemente vagos: la eliminación de la especial finalidad pretende eliminar un espacio de interpretación utilizada por la jurisprudencia para excluir del alcance típico determinadas formas de protesta social; la definición de la violencia inespecífica utilizada (no queda claro qué significa violencia «contra las cosas» [sin daños]); no se justifica de ningún modo que la «amenaza» de realizar estas conductas, ya de por sí indeterminadas, se amenace de pena del mismo modo que la realización de la conducta; el nuevo tipo de pre-provocación/adhesión del artículo 557.2 CP Proyecto, que pena con la misma sanción conductas —de nuevo, completamente indeterminadas: ¿qué significa «reforzar la disposición»?— que, tomadas de una regulación en materia de terrorismo a su vez indebidamente inferida de la Decisión Marco de la Unión Europea del año 2008, suponen una criminalización de comportamientos que pueden ubicarse plenamente en el legítimo ejercicio de la libertad de opinión; de nuevo, además, amenazando con la misma pena conductas de gravedad completamente divergente.

ENMIENDA NÚM. 271

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y cinco del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 557 bis.

JUSTIFICACIÓN

Por su parte, el nuevo tipo cualificado propuesto del artículo 557 bis CP Proyecto resulta igualmente inaceptable; amplía el alcance típico, de nuevo, con términos extremadamente vaporosos («pillaje») a comportamientos de menor gravedad (porte de armas o instrumentos peligrosos), convierte en tipo cualificado el caso habitual (reunión numerosa).

ENMIENDA NÚM. 272

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y seis del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 557 ter.

JUSTIFICACIÓN

El tipo específico de la «ocupación temporal» de oficinas previsto en este artículo 557 ter utilizando, de nuevo, términos extremadamente poco claros («relevante perturbación de actividad normal»), criminaliza comportamientos que recientemente se han usado como forma de protesta social, y que alguna resolución judicial ha estimado ni siquiera constitutiva de falta; se trata de comportamientos no violentos cuya inclusión en el ámbito penal carece de toda explicación en Derecho.

ENMIENDA NÚM. 273

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cuarenta y siete del artículo único por el que se modifica el artículo 559.

JUSTIFICACIÓN

Finalmente, y con respecto al tipo de pre-provocación del artículo 559 CP Proyecto han de reiterarse las consideraciones hechas respecto del artículo 557.

En definitiva, la reforma proyectada pretende extender la criminalización de determinadas conductas como delitos contra el orden público que no pueden ser constitutivas de infracción en un régimen de libertades. Lo hace mezclando conscientemente y equiparando contra toda razón conductas de muy diversa gravedad. Convierte en verdaderos tipos cualificados comportamientos que sólo podrían serlo del tipo básico, invirtiendo la relación debida. Pretende una inaceptable privatización de la gestión del orden público. Criminaliza la mera expresión de opiniones. Y hace todo esto con una deliberada opción por la confusión, por la falta de claridad en la redacción de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 274

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cincuenta y tres del artículo único por el que se modifica el apartado 2 del artículo 572.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 275

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y cinco.



ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado doscientos cincuenta y cinco del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 605.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 276

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado doscientos cincuenta y seis del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 607 y se suprime su apartado 2, quedando redactado en los siguientes términos:

«Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

1.º Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros.

Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado.

2.º Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.

3.º […]. Se mantiene el texto propuesto por el Proyecto de Ley.

4.º […]. Se mantiene el texto propuesto por el Proyecto de Ley.

5.º […]. Se mantiene el texto propuesto por el Proyecto de Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 277

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del numeral 1.º del apartado 2 del artículo 607 afectado por el apartado doscientos cincuenta y siete del artículo único, quedando redactado en los siguientes términos:

«1.º Con la pena de prisión de 15 a 20 años si causaran la muerte de alguna persona.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable.

ENMIENDA NÚM. 278

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo único, apartado sesenta bis (nuevo).

Se propone la introducción, dentro del Título V del Libro I, de un nuevo capítulo II bis denominado «De la recuperación de activos vinculados al delito» con un solo artículo, el nuevo artículo 122 bis.

JUSTIFICACIÓN

El comiso sin sentencia tiene naturaleza civil, no penal, fundada en la idea de un enriquecimiento ilícito derivado de actividades delictivas, por lo que no debería recogerse entre las consecuencias accesorias, vinculadas a una condena. Su ubicación en el ámbito de la responsabilidad civil deja clara su naturaleza, lo que tiene consecuencias respecto a la prueba, la retroactividad, entre otros aspectos.

ENMIENDA NÚM. 279

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo único, apartado sesenta ter (nuevo), artículo 122 bis (nuevo).

Se propone la adición, dentro del nuevo capítulo III, denominado «De la recuperación de activos vinculados al delito», del Título V del Libro I de un nuevo artículo 122 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 122 bis):

El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso de los efectos o instrumentos empleados en la comisión de un hecho delictivo o de las ganancias provenientes del mismo, aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o

c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguida.

El comiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el párrafo anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 280

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento dieciocho bis, al artículo único, que modifica la circunstancia 5 º del artículo 238, en los siguientes términos:

«Ciento dieciocho bis. Se modifica la circunstancia 5.ª del artículo 238 que queda redactada como sigue:

“5.ª Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. En estos casos se considerará robo con fuerza en las cosas también su empleo para acceder al objeto o facilitar a su autor el abandono del lugar.”»

JUSTIFICACIÓN

Se defiende esta opción dado que el desvalor del hecho de apoderamiento cuando se utiliza la fuerza en las cosas para acceder al lugar o para abandonar el lugar —para asegurar el apoderamiento— puede ser similar en algunos casos: en aquellos en los que la «fuerza de salida» tiene el mismo significado de vencer barreras de protección puestas por el propietario como sucede en los casos de mecanismos de alarma pegados o anclados a los objetos o carcasas, cuyo sistema de seguridad se activa al entrar en contacto con un detector que se encuentra a la salida del establecimiento.

ENMIENDA NÚM. 281

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento veintiocho bis al artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 253 bis, en los siguientes términos:

«Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o que creen perdida, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de cosas de valor histórico, artístico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.»

JUSTIFICACIÓN

Mantener la conducta actualmente sancionadas en el artículo 253 vigente, relativo a la apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido, o haciendo mención expresa a la apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido, que al parecer el Proyecto quiere incluir en el artículo 254, para aclarar que la apropiación de cosa de dueño desconocido es una apropiación de cosa que se cree perdida, tal y cómo se viene interpretando esta conducta por la doctrina y jurisprudencia.

De modo que se evitan dudas sobre si reprende simples hurtos en los que se desconoce la identidad del dueño, lo que obviamente no es el caso, ya que tales supuestos son sancionados por la vía del hurto, y no por la vía de la apropiación de cosa de dueño desconocido. De ahí la propuesta de que se configure la conducta sancionando a quienes se apropiaren «de cosa perdida o que creen perdida».

ENMIENDA NÚM. 282

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cuatro bis que incorpora un nuevo artículo 304 quáter con la siguiente redacción:

Artículo 304 quáter.

1. Los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que acepten donaciones contraviniendo los requisitos y limitaciones establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, o incumplieren de igual modo cualquier otra limitación o prohibición prevista en dicha ley, serán castigados con las penas de prisión de dos a seis años y multa del tanto a séxtuplo de la cantidad recibida, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a diez años.

2. Los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que habiendo transcurrido seis meses desde que hubieron debido presentar las cuentas correspondientes al último ejercicio, no las hubieran presentado o no hubieran subsanado en plazo las deficiencias detectadas serán castigados con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de seis meses a dos años.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que introduce un nuevo Capítulo XV en Título XIII del Libro II bajo la rúbrica «De los delitos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos».

ENMIENDA NÚM. 283

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cuatro ter que incorpora un nuevo artículo 304 quinquies con la siguiente redacción:

«Artículo 304 quinquies.

Los que, por sí mismos o como administradores de hecho o de derecho de una sociedad, realicen donación a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores contraviniendo los requisitos y limitaciones establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, o en la legislación electoral, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tanto a séxtuplo de la cantidad donada, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas de dos a cuatro años.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que introduce un nuevo Capítulo XV en Título XIII del Libro II bajo la rúbrica «De los delitos cometidos con ocasión de la financiación a partidos políticos».

ENMIENDA NÚM. 284

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cuatro quáter al artículo único, con la siguiente redacción:



«Ciento sesenta y cuatro quáter (nuevo). El Título XIV del Libro II del Código Penal, relativo a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que comprende los artículos 305, 306, 307, 308, 308 bis, 309, 310, 310 bis y 310 ter aparece encabezado bajo la siguiente rúbrica:

«TÍTULO XIV

De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”»

JUSTIFICACIÓN

La enorme bolsa de fraude tributario y el gran daño social del mismo, especialmente en las actuales circunstancias económicas, unidas a la necesidad de uniformar los límites cuantitativos de surgimiento del delito, convierten en imperativo rebajar el límite entre delito e infracción administrativa a los 50.000. A lo anterior debe unirse la percepción de que los efectos de prevención general negativa han sido debilitados como consecuencia de la cantidad y variedad de posibilidades de regularización tributaria, lo que ha posibilitado que no pocos obligados tributarios se sientan tentados a acudir el fraude fiscal sabiendo que en el peor de los supuestos se librarán realmente de la sanción penal con la mera aceptación, reconocimiento y pago de la deuda tributaria.

Parece razonable que la rebaja de la pena venga unida tanto para el sujeto defraudador, como para otros partícipes, a la realización de actividades más importantes que el mero pago de las cuantías defraudadas o el reconocimiento de los hechos exigiendo acumuladamente la realización de otra u otras conductas que conlleven consecuencias directas para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de lo defraudado, así como para reforzar la lucha contra el fraude como actividad organizada.

De otra parte, la reforma que ahora se deroga, contiene elementos disfuncionales e, incluso, contradictorios con la experiencia acumulada hasta la fecha ignorando las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales que, más o menos, se iban asentando como base sobre la que edificar aquel modelo ya que se sigue advirtiendo que la misma prima el interés recaudatorio a corto plazo, olvidando que la consecución de los objetivos de prevención general depende del grado de eficacia de la norma y no deja la redacción del precepto o de un pretendido endurecimiento tan solo anclado en la elevación de las penas.

La reforma no ha hecho más que constatar la paulatina equiparación penológica del delito fiscal con el resto de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, lo que viene a significar que los injustos (en lo que se refiere al desvalor de acción y de resultado) se tratan de semejante manera, y además se advierte que los principios que rigen la aplicación de las normas tributarias en aras a la consecución de la debida liquidación nada tienen que ver con los que rigen en materia penal (presunción de inocencia, carga de la prueba, principio acusatorio…).

Además la reforma no respeta el principio de igualdad, equiparando la conducta del gran defraudador con la de quien percibe indebidamente una prestación, conducta que ya está sancionada en el ámbito del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, criminalizando a este último y exonerando al que regulariza haciendo desaparecer, incluso, el desvalor de su conducta defraudadora.

No es pues descabellada la calificación de los sindicatos de la norma del 307 ter como «norma de excepción», que incluye a trabajadores y pensionistas en el campo de acción del Derecho Penal, al eliminar los requisitos de cuantía económica establecidos para el fraude fiscal o la percepción de subvenciones, que sólo se considera delito cuando la cantidad defraudada excede de 120.000 euros. Con la nueva regulación de las defraudaciones en materia de prestaciones de Seguridad Social y al no sé exigir cantidad mínima alguna para que se incurra en la conducta delictiva, se eliminan los obstáculos que hasta ahora existía para que las prestaciones de Seguridad Social no fueran objeto de tratamiento penal, operando el sistema de sanciones de carácter administrativo, que llevan aparejadas, exclusivamente la obligación de reintegro, además de la pérdida del derecho.

En conclusión, podríamos decir, que con el artículo 307 ter, introducido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, se ha criminalizado duramente la pobreza, la miseria, y con una severidad en la construcción típica que es desconocida en el delito fiscal. Es decir: en este caso no se exige que se alcance un mínimo de cuantía para considerar la conducta como injusta, con lo que se castiga lo menos grave, incluso lo irrelevante desde el punto de vista patrimonial, con la sanción más grave, y sin embargo lo más dañoso (el delito fiscal) obtiene la construcción típica y la sanción más benigna.

Finalmente, y en cuanto al artículo 310, no resulta, en primer lugar, aceptable una pena tan benigna (ni que baje de los seis meses) cuando se trata de conductas gravísimas como las de llevanza de doble contabilidad o la falsedad en los libros obligatorios mediante la incorporación de asientos ficticios. De menor gravedad, aunque igualmente merecedora de sanción, es el incumplimiento en la llevanza de contabilidad o en la omisión en la anotación de operaciones. Todo ello obliga a mensurar de forma más adecuada las respectivas sanciones.

ENMIENDA NÚM. 285

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cuatro quinquies, que modifica el artículo 305 en los siguientes términos:

Artículo 305.

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de cincuenta mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario.

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación si excede de 250.000 euros el importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 euros.

4. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributada que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada ley.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 286

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cinco bis, al artículo único, que modifica la redacción del artículo 307, en los siguientes términos:

Artículo 307.

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se cometa concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado frente a la Seguridad Social.

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados frente a la Seguridad Social.

El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 250.000 euros.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, se estará a lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses.

3. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante la Seguridad Social, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 287

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y cinco ter, al artículo único, que modifica la redacción del artículo 308, en los siguientes términos:

Artículo 308.

1. El que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de cincuenta mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de su importe.

Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas.

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones Públicas cuyo importe supere los 50.000 euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.

3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

4. Quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las subvenciones, desgravaciones o ayudas a que se refieren los apartados primero y segundo de este artículo, el que reintegre las cantidades recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 288

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y seis bis, al artículo único, que modifica la redacción del artículo 309, en los siguientes términos:

Artículo 309.

El que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, serán castigados con la pena de prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 289

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y seis ter, al artículo único, que modifica la redacción del artículo 310, en los siguientes términos:

Artículo 310.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.

b) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos operaciones o, en general, transacciones económicas.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando:

a) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.

b) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delitos de los supuestos de hecho a los que se refieren los apartados 1 b) y 2 d), requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad, y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 50.000 euros por cada ejercicio económico.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 290

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y seis quáter, al artículo único, que modifica la redacción del artículo 310 bis, en los siguientes términos:

Artículo 310 bis.

1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas:

1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el comiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido. La suspensión no se concederá cuando conste que el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.

La resolución por la que el Juez o Tribunal concedan la suspensión de la ejecución de la pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda.

2.ª El Juez o Tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la pena, además de en los supuestos del artículo 85, cuando el penado no dé cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, al de reintegro de las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos casos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad condicional.



2. En el supuesto del artículo 125, el Juez o Tribunal oirán previamente a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, al objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito en el que se analizará la capacidad económica y patrimonial real de los responsables y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la normativa tributaria, de la Seguridad Social o de subvenciones.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 291

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y seis quinquies, al artículo único, que introduce un nuevo artículo 310 ter con la siguiente redacción:

Artículo 310 ter.

1. Cuando de los delitos comprendidos en este título fuere responsable una autoridad o cargo público se le impondrán las penas previstas en su mitad superior.

2. Cuando de los delitos comprendidos en este título fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada o indebidamente obtenida y, además, inhabilitación para contratar obras, servicios y suministros con las Administraciones públicas por un tiempo de dos a cinco años o la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por el mismo tiempo.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 292

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adición de un nuevo apartado ciento sesenta y seis septies por el que se suprimen los artículos 305 bis, 307 bis y 307 ter.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores y con la justificación de la enmienda que introduce el nuevo apartado sesenta y cuatro quáter.

ENMIENDA NÚM. 293

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado ciento noventa y nueve bis al artículo único por el que se modifica el artículo 398 en los sigueintes términos:

«Artículo 398.

La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.»

JUSTIFICACIÓN

Se recupera la redacción en vigor con anterioridad a la reforma de 2012 ya que la única aportación que la misma realizó es la introducción de un concepto jurídico indeterminado que exigirá una interpretación posterior que atenta contra el principio de certeza penal.

ENMIENDA NÚM. 294

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado doscientos cuatro bis al artículo único por el que se modifica la redacción del artículo 408, en los siguientes términos:

«La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 295

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado doscientos cuatro ter al artículo único por el que se modifica la redacción del párrafo segundo, del apartado 1 del artículo 408, en los siguientes términos:

«Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para terceros, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo, de cinco a ocho años.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementa la pena en atención a la gravedad de la conducta que se sanciona, con lo que además, se alargan los plazos de prescripción de los delitos que aquí se tipifican.

ENMIENDA NÚM. 296

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado doscientos nueve bis al artículo único por el que se modifica la redacción del párrafo segundo del artículo 426, en los siguientes términos:

«En todo caso si de los hechos se deriva una situación patrimonial ilícita el Juez o Tribunal acordará el comiso previsto en el artículo 122 bis, aun cuando no se imponga pena a alguna por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido esta.»

JUSTIFICACIÓN

Se establece esta previsión que se vincula en su numeración con nuestras enmiendas para evitar que la exención de responsabilidad criminal pueda favorecer una situación patrimonial favorable injusta.

ENMIENDA NÚM. 297

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado doscientos veinticinco bis por el que se añade un nuevo Capítulo IX bis al Título XIX del Libro II y un nuevo artículo 444 bis.

«Doscientos veinticinco bis (nuevo). Se añade un nuevo Capítulo IX bis al Título XIX del Libro II y un nuevo artículo 444 bis, con el contenido siguiente:

“Capítulo IX bis

Del enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios públicos

Artículo 444 bis.

La autoridad o funcionario público que, sin razón jurídica que lo sustente, experimente un incremento de sus bienes o patrimonio durante el ejercicio de su cargo o responsabilidad y no pueda acreditar su procedencia, será castigado con la pena de prisión uno a tres años, multa del tanto al triplo del valor dicho incremento e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.”»

JUSTIFICACIÓN

El precepto que se introduce responde a una demanda para permitir una mejor persecución de los delitos de corrupción.

ENMIENDA NÚM. 298

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un Libro III denominado «De las faltas y sus penas» con la siguiente redacción:

«Libro III

Faltas y sus penas

Título primero

Faltas contra las personas

Artículo 617.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses.

2. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de localización permanente de dos a seis días o multa de 10 a 30 días.

Artículo 619.

Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio que las circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o discapacitada que se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados.

Artículo 620.

Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días:

1.º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.

2.º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.

Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

En los supuestos del número 2.º de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias.

Artículo 621.

1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con lapena de multa de uno a dos meses.

3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán castigados conpena de multa de 10 a 30 días.

4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año.

5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año.

6. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.



Artículo 622.

Los padres que sin llegar a incurrir en delito contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia infringiesen el régimen de custodia de sus hijos menores establecido por la autoridad judicial o administrativa serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

Título II

Faltas contra el patrimonio

Artículo 623.

Serán castigados con localización permanente de cuatro a 12 días o multa de uno a dos meses:

1. Los que cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. En los casos de perpetración reiterada de esta falta, se impondrá en todo caso la pena de localización permanente. En este último supuesto, el Juez podrá disponer en sentencia que la localización permanente se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37.1.

Para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas.

2. Los que realicen la conducta descrita en el artículo 236, siempre que el valor de la cosa no exceda de 400 euros.

3. Los que sustraigan o utilicen sin la debida autorización, sin ánimo de apropiárselo, un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, si el valor del vehículo utilizado no excediera de 400 euros.

Si el hecho se ejecutase empleando fuerza en las cosas, se impondrá la pena en su mitad superior. Si se realizara con violencia o intimidación en las personas, se penará conforme a lo dispuesto en el artículo 244.

4. Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a 400 euros.

5. Los que realicen los hechos descritos en el párrafo segundo de los artículos 270.1 y 274.2, cuando el beneficio no sea superior a 400 euros, salvo que concurra alguna de las circunstancias prevenidas en los artículos 271 y 276, respectivamente.

Artículo 625.

1. Serán castigados con la pena de localización permanente de dos a 12 días o multa de 10 a 20 días los que intencionadamente causaran daños cuyo importe no exceda de 400 euros.

2. Se impondrá la pena en su mitad superior si los daños se causaran en los lugares o bienes a que refiere el artículo 323 de este Código.

Artículo 626.

Los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios, serán castigados con la pena de localización permanente de dos a seis días o tres a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y a multa de uno a dos meses.

Artículo 627.

El que defraudara a la Hacienda de la Comunidad Europea más de 4.000 euros, por cualquiera de los procedimientos descritos en el artículo 305, será castigado con multa de uno a dos meses.

Artículo 628.

El que defraudare a los presupuestos generales de la Comunidad Europea, u otros administrados por ésta, u obtuviera indebidamente fondos de las mismas, por alguno de los procedimientos descritos en los artículos 306 y 309, en cuantía superior a 4.000 euros, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

Título III

Faltas contra los intereses generales

Artículo 629.

Serán castigados con la pena de localización permanente de dos a ocho días o multa de 20 a 60 días los que, habiendo recibido de buena fe moneda, billetes, sellos de correos o efectos timbrados falsos, los expendieran en cantidad que no exceda de 400 euros, a sabiendas de su falsedad.

Artículo 630.

Los que abandonaren jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores, serán castigados con las penas de localización permanente de seis a 10 días o multa de uno a dos meses.

Artículo 631.

1. Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal serán castigados con la pena demulta de uno a dos meses.

2. Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses.

Artículo 632.

1. El que corte, tale, queme, arranque, recolecte alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, sin grave perjuicio para el medio ambiente, será castigado con la pena de multa de 10 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días.

2. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

Título IV

Faltas contra el orden público

Artículo 633.

Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán castigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y multa de 10 a 30 días.

Artículo 634.

Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días.

Artículo 635.

Será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de uno a dos meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o establecimiento mercantil o local abierto al público.

Artículo 636.

Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

No se considerará comprendida entre las actividades a las que se refiere el párrafo anterior la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

Artículo 637.

El que usare pública e indebidamente uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales, o se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea, será castigado con la pena de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a 30 días.

Título V

Disposiciones comunes a las faltas

Artículo 638.

En la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 de este Código.

Artículo 639.

En las faltas perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, incapaz o una persona desvalida.

La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.

En estas faltas, el perdón del ofendido o su representante legal extinguirá la acción penal o la pena impuesta, salvo lo dispuesto en el segundo Párrafo del número 4.º del artículo 130.”»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas formuladas a los delitos leves del Libro II.

Además, se propone sólo la destipificación, selectiva, de ciertas faltas.

Ello supone que se opta por el mantenimiento del Libro III sustancialmente tanto respecto de las faltas que en el proyecto se elevan a la categoría de delitos leves como de las que se reconducen al ámbito administrativo sancionador.

Se propone la destipificación de aquellas faltas que por su escasa gravedad social carece de sentido su mantenimiento en el Código penal desde el respeto al principio de intervención mínima. Coincide con algunas de las que en el Proyecto se destipifican totalmente por entenderse que resulta suficiente y político-criminalmente más adecuado su regulación exclusivamente civil. Especialmente relevante es que del elenco destipificado se excluyen las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve, así como las faltas de lesiones y maltrato de obra dolosas, pues se considera que en atención al bien jurídico protegido merecen estar en el Código penal y no resulta coherente con el mantenimiento en el mismo de otras conductas de gravedad menor. Además, el traslado a la Jurisdicción civil de estas conductas supone un encarecimiento de la protección de las víctimas, dado el obligatorio pago de tasas judiciales en este ámbito. A ello ha de añadirse que quien es acusado de un homicidio por imprudencia cuenta con menos garantías de defensa en la jurisdicción civil, pues en dicha jurisdicción no rige, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia. Finalmente, no puede olvidarse el efecto perverso de ampliación de la imprudencia grave que puede producirse ante los intentos de las víctimas de satisfacer sus pretensiones en la jurisdicción penal.

En general, este último efecto puede producirse en relación con todas aquellas conductas respecto de las cuales la diferencia entre el delito y la falta se establece a través de una cláusula valorativa. La desaparición de la falta puede conducir a que los tribunales amplíen el marco del delito; esto podría suceder, además de en los casos señalados de homicidio y lesiones imprudentes, en relación con las injurias y vejaciones, con los delitos de desobediencia, entre otros. Por ello, se considera preferible el mantenimiento de las conductas como faltas pues tiene un efecto de contención del propio marco delictivo.

La reconducción de ciertas conductas al Derecho Administrativo sancionador requeriría previamente la reorganización de todo el lus puniendi completando el Código penal a través de una Ley de infracciones administrativas del orden. En la medida en que esta reordenación no se produce, es incoherente incluir sólo algunas conductas, y mucho más hacerlo en una ley como la de Seguridad Ciudadana que tiene connotaciones claramente de mantenimiento de un determinado «orden público», pero no de defensa de derechos o valores que también está llamado a preservar el ordenamiento sancionador.

La conversión de las conductas en infracciones administrativas tiene efectos colaterales indeseables:

— En el orden administrativo sancionador (sustantivo y procesal) no rigen las mismas garantías que en el orden penal, pues el Tribunal Constitucional admite su modulación. Esta modulación afecta a principios tan básicos como el de legalidad, imparcialidad o la presunción de inocencia.

— Las cuantías de las multas administrativas son muy superiores a las posibles en el ámbito penal de las faltas y no se tiene en cuenta en su determinación la capacidad económica del autor como en el sistema de días-multa que rige para las faltas y delitos.

— No se contemplan otro tipo de sanciones que se consideran mucho más adecuadas para este tipo de conductas leves como los trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo.

— Muchas de las conductas que se reconducen a infracción administrativa están vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales, de modo que se considera preferible y más garantista que sea un juez y no la Administración quien se encargue de determinar si concurren sus presupuestos.

En conclusión, teniendo en cuenta, de un lado, el coste en principios penales y el efecto desaliento en cuanto al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, y, de otro, la severidad e idoneidad de las sanciones pecuniarias administrativas, convertir ciertas faltas en infracciones administrativas constituye un régimen más gravoso que su mantenimiento como faltas.

Se considera preferible el mantenimiento como faltas del resto de las infracciones penales leves en lugar de su conversión en delitos leves, tal y como hace el proyecto, porque ninguna de las razones alegadas en la Exposición de Motivos justifica la reforma; en particular, porque no va a aligerar el trabajo de la Administración de Justicia; porque supone un claro y contundente endurecimiento punitivo; porque se hace con menosprecio absoluto de principios y garantías constitucionales fundamentales; porque obedece a una política criminal equivocada; porque es incoherente y vulnera garantías básicas mantener las normas procesales para el enjuiciamiento de faltas a las nuevas figuras de delitos leves.

Finalmente:

1. En la Exposición de Motivos se afirma que la reforma de las faltas obedece a que dada la escasa gravedad de las conductas no se justifican los elevados costes que la utilización de la Administración de Justicia para su enjuiciamiento conlleva. Esta afirmación podría conducir a la errónea impresión de que la derogación del Libro III del Código Penal tendrá el efecto de aligerar la Administración de Justicia. Sin embargo, ello no es así, porque según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2012 —últimos publicados— el 75 por ciento de las faltas cometidas son patrimoniales y todas las faltas patrimoniales se elevan a delito leve.

2. La Exposición de Motivos sostiene que la conversión de las faltas en delitos leves no supone un endurecimiento de su régimen punitivo. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con la realidad; al contrario, constituye un neto endurecimiento punitivo; por ejemplo, si nos referimos a los delitos patrimoniales y, en particular, al hurto:

— Se eleva el límite máximo de la pena de multa prevista para los casos que hasta ahora se califican de falta y desaparecen los trabajos en beneficio para la comunidad como pena alternativa.

— La conversión de la falta en delito determina la posibilidad de aplicación de una pena de prisión de hasta 18 meses de prisión aunque la cuantía de lo sustraído sea de 1 euro.

— La conversión de la falta en delito posibilita la imposición de agravaciones, imposibles en la actualidad, tales como la profesionalidad, que permite la imposición de una pena de hasta 3 años de prisión, aunque la cuantía sea de 1 euro y desde el primer hecho delictivo.

— Porque se prevé la posibilidad de aplicación de la medida de libertad vigilada una vez cumplida la pena.

— Porque los antecedentes penales tienen efectos en el reo más allá de los relativos a la posible aplicación de la agravante de reincidencia, como el relativo a la imposibilidad de acceder a un permiso de residencia.

Todos estos efectos configuran un régimen netamente más duro que el actual.

3. El menosprecio por los principios y garantías constitucionales fundamentales se hace especialmente patente en la previsión de las agravantes de profesionalidad y de porte de armas aplicables, por ejemplo, al delito de hurto. La primera porque su definición plasma un elemento subjetivo y un juicio de peligrosidad del autor que nos sitúa al margen del Derecho penal del hecho en el núcleo del Derecho penal de autor.La segunda porque choca con el principio de proporcionalidad de las penas al posibilitar que un hurto con porte de armas se sancione más que un robo con violencia o intimidación con uso de armas.

4. La elevación de las faltas a delitos, en el caso de los delitos patrimoniales, obedece a una política criminal errónea que olvida, de un lado, que la pequeña delincuencia patrimonial está asociada a la marginalidad y, por tanto, sólo es posible reducirla con políticas sociales, y, de otro, que el mero endurecimiento de la pena no consigue los efectos preventivos deseados si no va acompañada de medidas que convierten en segura su aplicación, por ejemplo, aumentando las dotaciones policiales.

5. No menos relevante que lo anterior es la incoherencia del mantenimiento del proceso penal para faltas para el enjuiciamiento de ciertos delitos leves, pues desconoce que en el marco del juicio de faltas no rigen determinadas garantías constitucionales que sí rigen en todo caso para el enjuiciamiento de los delitos; así, por referirnos al más patente: no es obligatoria la asistencia letrada en el juicio de faltas. El Tribunal Constitucional ha admitido que ciertas garantías no se apliquen de igual manera en el juicio de faltas debido a la levedad de las penas con las que se pueden sancionar, de modo que si las penas posibles aumentan ya no será legítimo operar con un marco procesal con garantías limitadas.

ENMIENDA NÚM. 299

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone introducción de un nuevo apartado ochenta y cinco bis por el que se modifica la redacción dada al primer párrafo y el apartado 3 del artículo 169 en los siguientes términos:

«Artículo 169.

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, o a sus animales de compañía, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico o contra la fauna, será castigado: /…/

3. (Nuevo). En los respectivos casos, las penas se impondrán en su mitad superior cuando la amenaza se dirigiere contra un menor o un incapaz.»

JUSTIFICACIÓN

El delito de amenazas es una conducta que permite una gran variedad de sujetos pasivos y víctimas de delito. La creciente presencia y papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, integrados en núcleos familiares y con estrechos lazos emocionales y afectivos con los seres humanos con los que conviven, conlleva también que estos animales sean utilizados como objeto de amenazas para los humanos, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar o de maltrato de menores.

Por otra parte, por su especial vulnerabilidad, los menores o incapaces son personas proclives a ser víctimas de este delito, lo que les hace merecedores de una especial protección y requiere, en consecuencia, una mayor penalización de las amenazas que tienen por víctimas precisamente estos colectivos más vulnerables.

ENMIENDA NÚM. 300

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la introducción de un nuevo apartado ciento sesenta y nueve bis al artículo único, por el que se modifica de la redacción del apartado 3 del artículo 319 bis, en los siguientes términos:

«3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, que se deberán garantizar, en todo caso, como condición previa a la demolición. Para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización no se podrá ordenar la demolición. En todo caso, sin perjuicio de lo que antecede, se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.»



JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 301

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional primera.

JUSTIFICACIÓN

Resulta incoherente y absolutamente contradictoria con la reforma propuesta por el Proyecto en el artículo 156, donde se reforma el precepto vigente para terminar volviendo al mismo en la Disposición Adicional.

Así, resulta verdaderamente incomprensible el «doble viaje» efectuado en el Proyecto de reforma.

ENMIENDA NÚM. 302

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

El prelegislador ha plasmado en esta disposición su esquizofrenia: convierte las faltas en delitos pero quiere seguir tratándolas como faltas, de manera tal que se posibilita que a un sujeto se le condene a una pena de prisión pero con el ritual del juicio de faltas.

ENMIENDA NÚM. 303

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Nueva Disposición adicional.

En el plazo de seis meses se arbitrarán las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha de un registro telemático para el efectivo cumplimiento de lo previsto en el artículo 235.1.7.

JUSTIFICACIÓN

Razones de política criminal aconsejan castigar al reo que hubiera sido condenado por tres o más hurtos. En efecto, el Código Penal actual no ofrece adecuado tratamiento al problema de la reiteración delictiva, ya que puede conducir en la práctica a que un buen número de infracciones excedentes queden sin efectiva respuesta penal.

En esa dirección la jurisprudencia ha justificado que una pluralidad de faltas sea tratada como delito único en infracciones contra el patrimonio, pero su efectiva aplicación depende en gran medida de que exista un registro telemático que permita, una vez alcanzado el cúmulo de tres delitos, la correspondiente calificación penal.

ENMIENDA NÚM. 304

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Dotación de medios humanos y materiales para la persecución de los delitos relacionados con la corrupción.

El Gobierno presentará y aplicará urgentemente, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, un Plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales competentes para la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos y al Ministerio Fiscal, con atención específica a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.»

JUSTIFICACIÓN

La eficacia en la lucha contra la corrupción requiere dotar de los medios suficientes a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal que se dedican a combatirla.

ENMIENDA NÚM. 305

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta. 1.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

El contenido del número 1 de esta disposición resulta reiterativo en relación a lo ya previsto, y enmendado, en la disposición adicional tercera.

ENMIENDA NÚM. 306

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la redacción del apartado 1 de la disposición derogatoria única, en los siguientes términos:

«1. Se derogan los artículos 295, 431, 445 y 445 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas formuladas.

ENMIENDA NÚM. 307

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de los apartados uno y cuatro de la disposición final primera y la adición de un nuevo apartado sexto bis, en los siguientes términos:

«Primero. Supresión.

Cuarto. Supresión.

Sexto bis. Se suprimen los epígrafes 1.º y 10.º del apartado 5 del artículo 412.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

No existe razón que justifique la exclusión de la aplicación del producto de los bienes objeto de comiso a la responsabilidad civil.

Finalmente se propone también, acabar con el trato injustificado que exime a diputados y senadores, así como a determinados altos cargos, de declarar como testigos en sede judicial y que les permite hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que forman parte.

ENMIENDA NÚM. 308

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición final primera, apartado quince.

Se propone la modificación de la letra b) del apartado 2, del artículo 846 bis e), en la redacción dada por el apartado quince de la disposición final primera, en los siguientes términos:

«b) En los casos a que se refiere el artículo 122 bis del Código Penal.»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda al artículo 127 ter.

ENMIENDA NÚM. 309

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado dieciocho de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 310

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado diecinueve de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 311

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.



Se propone la supresión del apartado veinte de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 312

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veintiuno de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 313

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veintidós de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 314

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado veintitrés de la disposición final primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del Libro III.

ENMIENDA NÚM. 315

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición final terecera que queda redactada como sigue:

Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

«El apartado 1.º del artículo 65 tendrá la siguiente redacción:

1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.

b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

e) Delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.

f) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el contenido en coherencia con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

De otra parte, se propone atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos relacionados con la corrupción cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, para que sean rápidamente enjuiciados y puedan determinarse cuanto antes las responsabilidades.

ENMIENDA NÚM. 316

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición final cuarta.

JUSTIFICACIÓN

Las competencias del jurado actualmente ya están muy reducidas por lo que no hay razón que justifique la eliminación de sus competencias en los delitos de incendio.

ENMIENDA NÚM. 317

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final séptima.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición final séptima. Disposiciones de carácter ordinario.

Tienen carácter de ley ordinaria los apartados cincuenta y cinco a Sesenta y siete del Artículo Único, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y quinta, las disposiciones transitorias tercera y cuarta, y las disposiciones finales primera, segunda y quinta.

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 318

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo las reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.

Se modifican los artículos de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto que se recogen a continuación.

Uno. Se añade un nuevo párrafo al artículo 2, con el siguiente texto:

“No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.”

Dos. El artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:

“Artículo 5.

Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal a quien corresponda, la resolución del indulto en que no se hiciere mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la justificación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.”

Tres. El artículo 30 queda redactado de la forma siguiente:

“Artículo 30.

La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en real decreto motivado que se insertará en el ‘Boletín Oficial del Estado’, donde se recogerán las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno. Asimismo, el citado real decreto deberá contener las demás circunstancias citadas en el artículo 5 de esta Ley.”

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 33, con el siguiente texto:

“Artículo 33.

El Gobierno remitirá cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados copia de las resoluciones de los indultos concedidos. La citada Comisión, a la vista de las mismas, podrá requerir al Ministerio de Justicia a efectos de que remita copia íntegra de los expedientes de indulto que considere necesario.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone prohibir la concesión de indulto, total o parcial, en relación con delitos cometidos por autoridades o cargos públicos en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de obtener beneficios económicos para él mismo o para un tercero, mediante la modificación de la Ley reguladora de la Gracia de Indulto, se incorpora la necesidad de su justificación y se añaden previsiones para la información sobre indultos concedidos al Congreso.

ENMIENDA NÚM. 319

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Procedimiento preferente y sumario para la instrucción y enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.

1. El Gobierno remitirá en el plazo de tres meses, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.

2. En dicho Proyecto de ley se contemplará la exclusión, en las causas por estos delitos, de la posibilidad de dictar sentencias de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el acusado con carácter previo a la celebración del juicio oral.

3. Asimismo, se ampliarán y mejorarán las garantías que el ordenamiento jurídico contempla para la protección de los denunciantes, y de los testigos y peritos que intervengan en los procesos penales derivados de estos delitos, incluyendo medidas para la salvaguardia efectiva de sus derechos y de su indemnidad.»

JUSTIFICACIÓN

Para garantizar la adecuada respuesta penal a la corrupción es necesario también llevar a cabo modificaciones procesales. Con este objeto, se contempla un procedimiento preferente y sumario para su instrucción y enjuiciamiento. Además, se excluye la posibilidad de evitar el juicio oral mediante sentencias de conformidad.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 133 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 320

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)



El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. XXXI.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Preámbulo. Capítulo XXXI. Párrafo 19 (final).

«El término explotación sexual del artículo 337 no solo incluye prácticas de zoofilia que supongan actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, sino todas aquellas prácticas privadas de zoofilia en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.»

JUSTIFICACIÓN

Se valora positivamente que se haya añadido una referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave y muy extendida en España. Sin embargo, la explotación sexual de animales tiene una connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.

De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros textos legales y organismos internacionales, el término explotación sexual plantea problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas, que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente relevantes. La enmienda así planteada resulta necesaria para superar las limitaciones de aplicación práctica aparejadas al término explotación, de modo que además de tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.

Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos ha utilizado la expresión «explotación sexual». Por ejemplo, el Estado de Yucatán (México), prohibió los «actos de zoofilia con animales domésticos» (mayo de 2013) y el Distrito Federal en Mexico condena el «acto zoofílico contra cualquier animal» (enero de 2013). Otros ejemplos son: Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigó con multa o cárcel «cualquier acto sexual con un animal» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con animales» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohibe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de  2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal prohibe «la penetración con pene humano en animales y viceversa»; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba los actos sexuales o la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N º  2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, «cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales. El último país que ha prohibido el sexo con animales, de forma generalizada, ha sido Dinamarca en octubre de 2014. Por todo lo anterior, parece irrefutable que el código penal español, si mantiene el vocablo «explotación», en lugar de otro que abarque cualquier acto sexual con animales, tampoco se alienaría con el resto de países para elevar a delito este tipo de prácticas.

ENMIENDA NÚM. 321

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Diez

Se propone la modificación del artículo 15, que quedaría redactado como sigue:

«1. Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.

2. Los delitos leves solo se castigarán cuando hayan sido consumados, excepto los intentados contra las personas y el patrimonio.»

JUSTIFICACIÓN

No hay razón alguna para variar la no punición de las faltas intentadas, con las excepciones ya previstas, por el simple hecho de haber suprimido el Libro III y más si se tiene en cuenta que la razón fundamental de esa desaparición, es, según la Exposición de Motivos (en adelante EM), descargar de trabajo a los órganos judiciales y aplicar el principio de intervención mínima del derecho penal.

ENMIENDA NÚM. 322

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Veinticuatro.

Se modifica la letra f) del apartado 4 del artículo 33, que quedaría redactado como sigue.

«4. ...

f) “La multa inferior a dos meses”.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la sustitución de la pena fijada en el Proyecto por la actualmente prevista en el Código Penal por no considerarse justificada la necesidad de incremento de la consecuencia jurídica prevista para las faltas, al no haberse modificado las conductas tipificadas, habiendo procedido el prelegislador únicamente a transformarlas en delitos leves, sin que haya razón alguna para aumentar el reproche penal, tal como entendía, dicho sea de paso, el Anteproyecto de modificación del Código Penal que el Gobierno sometió en su día a informe de los organismos pertinentes.

ENMIENDA NÚM. 323

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Veinticuatro.

Se suprime el Art. 33.2.

JUSTIFICACIÓN

La incorporación de la cadena perpetua en el Código penal no puede pasar inadvertida en la sociedad, es preciso incorporar sin un mínimo de reflexión que vaya más allá del ámbito emocional-vindicativo. Cuando el estado incorpora a la legislación criminal una pena de estas características pone en cuestionamiento nuestra concepción de Estado social y democrático de derecho que se asienta sobre una premisa incuestionable que aparece derivada de la forma política que ha adoptado el estado español en nuestra Constitución y que exige que todo sacrificio de la libertad haya de reducirse a lo absolutamente necesario para conseguir un objetivo que constitucionalmente lo justifique y que, en todo caso, siempre resulte respetuoso con los derechos humanos.

Para que la incorporación de la pena de prisión perpetua revisable al Código penal tuviera legitimidad suficiente tendría que superar, sin margen de duda, un juicio de compatibilidad con las normas constitucionales. El ministerio de justicia debería justificar con argumentos técnicos y científicos su necesidad en relación con los fines que tanto la doctrina como la jurisprudencia otorgan al Derecho penal. Además, tendría que explicar y justificar no sólo formalmente, sino materialmente, el reproche de inseguridad jurídica que esta pena conlleva (art. 9.3 CE); que no atenta contra la dignidad de las personas (derecho recogido en el art. 10 de la Constitución española); que no se convierte en una pena inhumana o en trato degradante (art. 15 CE), y que es compatible con el mandato constitucional de que las penas estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los penados (art. 25.2 CE).

La pena de prisión permanente es perpetua, de facto; tiende a extenderse durante toda la vida hasta la frontera de la muerte de la persona condenada. Este es el escenario previsible para la casi totalidad de esas condenas y es el marco respecto del que hay que realizar las reflexiones sobre su acomodación a las normas constitucionales.

El texto legal establece varias posibilidades de revisión por los Tribunales para que la persona condenada no muera en prisión y pueda salir de ella antes de que tal acontecimiento se produzca. Si la pena pudiera revisarse y, en caso de que la quien la cumple estuviera en condiciones de ser reinsertado y se pudiera concretar a una duración determinada, o suspenderse, podría ser ajustada a la Constitución. Esta posibilidad salvaguardaría formalmente el respeto debido al art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Pero no es así. Lamentablemente, con las opciones legales de revisión previstas en el PCP, el Ministerio de Justicia no está pensando en garantizar el derecho a la reeducación y a la inserción social de los penados a largas condenas, sino que intenta otorgar apariencia de legitimidad a la prisión perpetua, resaltando su carácter revisable y así salvar el escollo legal de su más que improbable constitucionalidad.

El proyecto de Ley no permite visualizar un horizonte de libertad en la frontera de la muerte para el condenado a prisión permanente revisable. Su clasificación en el tercer grado no está prevista y la única fórmula de revisión está contenida en el art. 92 PCP, la revisión ordinaria. Es cierto que a lo largo de la tramitación prelegislativa de los Anteproyectos se ha incorporado la posibilidad de acordar la suspensión de la condena a los presos mayores de 70 años o enfermos con graves padecimientos incurables, pero no resulta aventurado sospechar que los duros condicionantes previos y las rigurosos requisitos y normas de conducta contemplados en el art. 91 PCP harán prácticamente inviable su ejecución a este tipo de condenados, de manera que, en su mayoría, las personas condenadas a prisión perpetua revisable morirán en una cárcel, pese a vulnerar con ello los arts. 3 y 5 del CEDH.

La prisión perpetua revisable es inconstitucional porque atenta contra la dignidad de los seres humanos —art. 10 CE—; contra la prohibición de penas inhumanas y tratos inhumanos y degradantes —art. 15 CE—, contra el mandato de la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social art. 25 CE; además, su indeterminación se enfrenta abiertamente al principio básico de seguridad jurídica.

La indeterminación de la pena perpetua revisables atenta contra el principio de legalidad establecido en el art. 25.1 CE. que exige que las penas se encuentren perfectamente determinadas en su forma de cumplimiento y extensión en el Código penal. Así, la propia definición que la exposición de motivos de esta pena la cataloga como una pena de «prisión de duración indeterminada», vulnera abiertamente el mencionado principio de legalidad, recogido en el art. 25.1 CE. La imprevisibilidad del contenido del contenido temporal de la pena priva de libertad que se genera con la incertidumbre de las posibles salidas por revisión y suspensión de la condena, se confía a una normativa rigurosa, plagada de conceptos jurídicos indeterminados, de complicada aplicación y ejecución que confieren a la sanción penal un carácter arbitrario y desigual, como tal enfrentado a la dignidad humana; estas razones son suficientes para deslegitimarla. Los ciudadanos deben saber de antemano no sólo el ámbito de lo prohibido, sino también sus consecuencias.

ENMIENDA NÚM. 324

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Veinticinco.

Art. 35. Quedaría redactado como sigue:

«Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustará a lo dispuesto en las leyes en este código.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime la referencia a la prisión permanente revisable por coherencia con lo dispuesto en el artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 325

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Veintiséis.

Artículo 36.1.

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales y características psicológicas del reo y la evolución del tratamiento reeducador, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 326

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Veintiséis.

Artículo 36.2

2. ... EI Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales y características psicológicas del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 327

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Veintiséis.

Artículo 36.3.

3. En todo caso, el Tribunal o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables valorando, especialmente, previo el Correspondiente informe psicológico, su dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 328

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Veintiséis.

Se suprime el Art. 36.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 329

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.



De modificación del artículo único. Veintisiete.

Se propone añadir, en el apartado b) del actual artículo 39, relativo a las penas privativas de derechos, la nueva medida propuesta sobre prohibición de tenencia de animales, con el siguiente texto:

«Artículo 39.

Son penas privativas de derechos:

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho».

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una corrección técnica, al incluir en el artículo 39 expresamente la nueva pena privativa de derechos de inhabilitación de tenencia de animales, que ya se ha incluido en los artículos 337 y 337 bis en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Obviamente, en el caso de aprobarse en el Senado las enmiendas relativas a la inhabilitación de convivencia con animales en el domicilio habría que incorporar la mención «y convivencia con ellos en el domicilio» tras «tenencia de animales» en la presente enmienda.

ENMIENDA NÚM. 330

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento veintiocho.

Se modifica el apartado 2 del artículo 253, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 331

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintinueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento veintinueve.

Se modifica el apartado 2 del artículo 254, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 332

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintinueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo Único, apartado Veintinueve por el que se modifica el apartado 1 del artículo 48.

«1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista «na declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presente los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar la previsión a las personas con discapacidad intelectual, que merecer el mismo trato que las discapacidades derivadas de trastorno o enfermedad mental.

ENMIENDA NÚM. 333

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Treinta y uno.

Art. 57.2. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 57, quedando redactado como sigue:

«2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con el convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados, se podrá acordar la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, de cinco si fuera menos grave, o de un año si fuere leve, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Como ya se indicó en la justificación de la enmienda a este mismo artículo durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal contenida en la LO 5/2010, de 22 de junio, los efectos que la reforma del Código consecuencia de la LO 15/2003 produjo al incluirse en el párrafo 2 del artículo 57 la expresión «en todo caso», se hicieron notar de manera palpable en la práctica de los Juzgados y Tribunales penales en el tratamiento de los procedimientos relacionados con la violencia familiar y la violencia contra la mujer y siguen produciéndose hoy, por un lado, la actitud de numerosas «víctimas» que se acogen a la dispensa del art. 467.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) para evitar una sentencia condenatoria que —indefectiblemente— ha de ir acompañada de «la medida de alejamiento de la víctima» y, por otro lado, la frecuencia de situaciones que cabría integrar en el delito de quebrantamiento del art. 468 CP, a partir de una sobreprotección a la víctima tan desatinada que ha terminado en ciertos convirtiéndola en imputada (y hasta en condenada), como cooperadora necesaria del delito.

Aunque la STC 60/2010 declaró constitucional la aplicación automática de la pena de alejamiento en los supuestos del art. 57.2, y la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 15 de septiembre de 2011 desestimó dos cuestiones prejudiciales planteadas sobre dicha pena obligatoria, las disfunciones creadas con la modificación en 2003 del precepto se manifestaron desde su entrada en vigor y se vienen expresando desde los más diversos foros jurídicos, como el Consejo General de la Abogacía o la Fiscalía General del Estado (FGE) a partir del contenido de las Memorias de la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la mujer de los últimos años lo que avala la necesidad de seguir insistiendo en modificar el precepto y volver a la discrecionalidad anterior a la reforma de 2003. Como se indica por la FGE en la Memoria del año judicial 2012, cuando incluye al art. 57.2 entre las propuestas de reformas legislativas, la propia naturaleza de la pena, de carácter accesorio, que persigue la protección de la víctima, esto es, fines preventivo-especiales, permite sostener que sólo debería ser impuesta si existe riesgo real y objetivo para aquélla, apreciado por el Juez o Tribunal a tenor de las diligencias que se hayan de practicar en cada causa, y atendidas las particulares circunstancias de cada caso concreto, y de cada víctima concreta.

La adecuación y aplicación de la norma penal a las diferentes situaciones de cada procedimiento, proporcionaría un mayor rigor y una mayor eficacia en el seguimiento de las penas que efectivamente se impongan, tras la valoración judicial, para proteger a aquellas víctimas que sí lo necesiten.

ENMIENDA NÚM. 334

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Treinta y Uno.

Art. 57.2. Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 57, quedando redactado como sigue:

«2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados, se acordará la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, de cinco si fuera menos grave, o de un año si fuere leve, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. No obstante, el Juez o Tribunal sentenciador podrá dejar sin efecto la pena en supuestos excepcionales, a petición de la víctima y previa audiencia del Ministerio fiscal.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de regulación prioritaria sería la anterior; no obstante, y para el caso de que no prosperara o no se estimara oportuna, cabría una segunda propuesta que viene a reproducir,en muy buena medida, la postura defendida sobre este concreto párrafo del art. 57 en la enmienda parcial de IU-ERC-IVC planteada durante la tramitación de la L.O. 5/2010.

La imposición imperativa de la pena de alejamiento produce efectos indeseables, por un lado, la actitud de numerosas «víctimas» que se acogen a la dispensa del art. 467.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) para evitar una sentencia condenatoria que —indefectiblemente— ha de ir acompañada de «la medida de alejamiento de la víctima» y, por otro lado, la frecuencia de situaciones que cabría integrar en el delito de quebrantamiento del art. 468 CP, a partir de una sobreprotección a la víctima tan desatinada que ha terminado en ciertos convirtiéndola en imputada (y hasta en condenada), como cooperadora necesaria del delito.

Si bien el CP contempla la suspensión de la pena de prisión, no ocurre lo propio con la pena accesoria de prohibición de aproximación.

En no pocos casos, la víctima del delito de violencia familiar o violencia contra la mujer comparece ante el Juzgado o Tribunal sentenciador o ante el Fiscal del caso para solicitar que quede sin efecto la pena de alejamiento y no resulta posible atender su pretensión (fundada en la voluntad aparentemente firme, libre y voluntariade aquélla), reduciendo a la concesión del indulto la deseada inejecución de esta concreta pena. Por ello, se considera conveniente el establecimiento de la previsión legal de que «en supuestos excepcionales», a petición de las personas protegidas por la pena de alejamiento impuesta en la condena, y paralelamente la adopción de las cautelas oportunas para asegurar que la declaración de voluntad ha sido prestada libremente, pueda quedar sin efecto su ejecución, permitiendo que el Juez o Tribunal sentenciador, a petición de la víctima y previa audiencia del Ministerio Fiscal, pudiera dejar sin efecto el alejamiento impuesto en la sentencia condenatoria, consiguiéndose un resultado más rápido que si se opta por la vía del indulto y, al propio tiempo, la decisión de dejar sin efecto la pena accesoria de alejamiento de la víctima no dependería de ésta, sino del órgano judicial que sentenció, con el previo informe del Ministerio Fiscal.

ENMIENDA NÚM. 335

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Treinta y Seis.

Se suprime el Art. 76.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 336

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Treinta y ocho.

Artículo 78.2.

2. En estos casos, el Juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales y características psicológicas del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 337

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Treinta y Nueve.

Se suprime el Art. 78 bis.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 338

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta.

Art. 80. Quedaría redactado como sigue:

«1. Los Jueces o Tribunales podrán acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia cuando no se considere necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos y la pena impuesta, cualquiera sea su naturaleza, no sea superior a dos años de duración.

2. Antes de acordar la suspensión los Jueces o Tribunales recabarán los informes que permitan analizar y valorar las circunstancias personales del condenado y el riesgo de reincidencia. Previa audiencia de las partes personadas, se acordará lo procedente teniendo en cuenta las características del hecho enjuiciado, la duración de la pena impuesta, la conducta posterior a la infracción, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado por parte del condenado, así como sus circunstancias personales, familiares y sociales.

3. El plazo de la suspensión será de dos a cinco años. Para su determinación se tendrá en cuenta las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

4. Los Jueces o Tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena privativa de libertad impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra condena suspendida por el mismo motivo.»



JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta que se formula recupera la independiente conceptuación de las dos fórmulas que el legislador de 1995 diseñó para evitar la ejecución de la pena de prisión, la sustitución y la suspensión. Y respecto de esta última, pretende ampliar su ámbito para hacerlo confluir con el establecido exitosamente en nuestro derecho penal de menores, la sustitución de la ejecución de la condena, con independencia de la clase de pena impuesta.

2. La peligrosidad del penado —hasta hoy criterio a considerar ante la aplicación de la suspensión bajo condición— se sustituye en la reforma por una confusa expresión: que «sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos» (art. 80.1 PCP), que no obstante define el perfil del destinatario de la nueva y totalizadora institución de la «sustitución», el del delincuente primario, excluyendo al reincidente o, mejor dicho, al delincuente habitual que resulta, de tal forma, asimilado al delincuente peligroso, y focalizada hacia una sola clase de pena, la privativa de libertad.

La propuesta —en la línea trazada por la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor y acogiendo una fórmula cercana a la más versátil y flexible «probation» anglosajona que a la remisión bajo condición continental—, amplía su ámbito de aplicación más allá de las condenas a penas privativas de libertad, y fundamenta los criterios de concesión superando la sola peligrosidad del condenado. Aunque se plantea particularmente orientada a evitar la ejecución de las condenas cortas de prisión con fines de reinserción social, su objetivo es más general: evitar la estigmatización del reo que se deriva de la imposición de una condena penal.

3. No obsta a lo dicho anteriormente que se tome conciencia de lo necesaria que resulta la ampliación y potenciación de las fórmulas alternativas a la imposición y al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Según los datos más recientes procedentes del ministerio del interior, las infracciones penales descendieron un 2,7 % durante los seis primeros meses de 2013. Y esta ha sido la tendencia, al menos, en los últimos 5 años. Pese a que la población española creció en más de dos millones de personas entre 2007 y 2012, las cifras indican una tendencia descendente continuada de la criminalidad general. En relación con las estadísticas proporcionadas por Eurostat, la comparativa también resulta bien concluyente: respecto de delitos violentos, España ocupa el cuarto puesto comenzando por el final de una relación de 29 estados de la UE, mientras que en la tasa de encarcelamiento hacemos el puesto séptimo (el primero, si hablamos de los países de la UE-12), datos recientes (contenidos en el anuario estadístico del año 2012 publicado por el Ministerio del Interior) que revelan que nuestro sistema penal, enfrentado a unos índices de criminalidad nada preocupantes, hace un uso excesivo de la penas de prisión, infrautiliza las penas alternativas o en evitación de la prisión sin que con ello se esté resolviendo ningún problema de seguridad colectiva (por lo demás, irrelevante para la sociedad española, según revelan las encuestas del CIS, frente a otras cuestiones como el paro, la situación económica, o la corrupción).

4. Se exige como requisito ineludible para entrar a valorar la eventual concesión de la suspensión (salvo el supuesto de que el condenado padezca una enfermedad incurable) la elaboración de los informes que resulten precisos para servir de base a la formulación del «pronóstico favorable de comportamiento», tal como recomendaba el informe del Consejo Fiscal.

5. Se considera redundante y por ello se elimina, la audiencia al ofendido en los delitos perseguibles a instancia de parte, reconocido con carácter general en el art. 80.2 propuesto.

ENMIENDA NÚM. 339

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cuarenta.

Artículo 80.1.

Para adoptar esta resolución el Juez o Tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales y características psicológicas del penado, sus antecedentes, su conducto posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, su peligrosidad y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 340

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cuarenta.

Artículo 80.3.

3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones l3 y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales y características psicológicas del reo, la naturaleza del hecho, su conducta, su peligrosidad y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 341

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo único, apartado cuarenta.

Art. 80, apartado 2 epígrafe 1.º.

«salvo en los supuestos de condenas por homicidio o lesiones imprudentes con ocasión de la conducción de vehículos a motor o por delitos contra la seguridad vial.»

JUSTIFICACIÓN

El art. 80 establece las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de las penas. Si se mantiene que «no se tendrá en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves» se convierte de facto en una condición que siempre se da en estos delitos. Así siempre se podrá estimar la suspensión de penas por delitos relacionados con las lesiones y muerte en el tráfico pues siempre se trata de delitos imprudentes.

Por ello y en consonancia con las políticas de Seguridad Vial se debería introducir esta excepción.

ENMIENDA NÚM. 342

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo único, cuarenta.

Art. 80.8.

8. En delitos imprudentes con ocasión de la conducción de vehículos a motor en que haya resultado muerta o sufrido lesiones permanentes alguna persona, los jueces y tribunales deberán oír a los perjudicados antes de conceder los beneficios de suspensión de la pena impuesta.

JUSTIFICACIÓN

El trato respetuoso a las victimas también incluye establecer como condición para la suspensión de la pena que el condenado haya mostrado su arrepentimiento a los perjudicados (víctima y familiares) y que estos puedan ser oídos por los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 343

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Uno.

Art. 81. Quedaría redactado como sigue:

«1. Serán condiciones necesarias para suspender la ejecución de la condena impuesta las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en ese Código.

2.ª Que la pena impuesta por el delito no sea superior a dos años.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas de la infracción castigada, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del ministerio fiscal y las partes, declare la imposibilidad total o parcial del condenado para hacerlas frente.

2. Aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del epígrafe anterior, podrá decretarse la suspensión de la ejecución de las condenas de duración no superior a tres años, atendidas las circunstancias que se establecen en el art. 80.2, cuando así lo aconsejen razones singulares de reinserción y rehabilitación social. En estos casos, la suspensión tendrá una duración de tres a cinco años, y se condicionará a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a las posibilidades económicas del condenado, o al cumplimiento del acuerdo de mediación, en su caso.

3. Los Jueces o Tribunales también podrán acordar la suspensión de la ejecución de las condenas de duración no superior a cinco años de quien hubiere cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del artículo 20 siempre que se acredite suficientemente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento a tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión de su condena.»

JUSTIFICACIÓN

1. La referencia en el cómputo de la pena privativa de libertad derivada del impago de la multa se ha eliminado de la norma propuesta al no resultar consecuente con la aplicación de la suspensión de la condena a las penas de toda naturaleza.

2. En concurrencia con la mayor parte de los países de nuestro entorno, la suspensión de la ejecución de la condena no debería excluir a los reincidentes, ni tampoco a la categoría específica entre éstos, los delincuentes habituales. La reiteración delictiva no debiera considerarse un requisito preventivo-general sino una circunstancia más a valorar por el juzgador desde criterios de prevención especial. Por ello se ha eliminado el carácter excepcional de la suspensión para los condenados que resulten ser reincidentes y la exclusión prevista para los habituales.

3. En el artículo correspondiente del PCP se sustituye la declaración de insolvencia para la exención del requisito de afrontar las responsabilidades civiles derivadas de la infracción por un compromiso por parte del condenado de satisfacerlas de acuerdo con su capacidad económica, hay que entender que a futuro y sin sujeción a caducidad; una extraña transacción, sin precedentes en nuestro derecho, y de complicado control y ejecución. Por ello se propone mantener el actual sistema, más conocido, practicado y certero que el proyectado, contemplándose la necesaria audiencia a las partes procesales (insistentemente requerida por los órganos constitucionales informantes de los Anteproyectos). La inclusión en el PCP de la figura del decomiso que no se deriva directamente —como las responsabilidades civiles— del ilícito penal pone de manifiesto la relevancia que para este pre-legislador tiene esta institución, lejana por lo demás a razones puras de política criminal; las motivaciones de carácter recaudatorio que parecen inferirse de la presencia puntual y trasversal del comiso en la reforma no deben constituirse en un requisito sine qua non para la concesión de la suspensión de la ejecución de una condena penal.

4. La incorporación al Proyecto del número 4 del art. 80, que, siguiendo una más que cuestionable sugerencia del informe del Consejo Fiscal, establece: «No se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a un año cuando aquélla resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito», es objetada expresamente en el informe al segundo ACP del Consejo de Estado. Con ello, se «traspone» a nuestro CP una norma del CP alemán (su parágrafo 56) quizá considerando que la sola referencia a «las circunstancias del delito cometido» del art. 80.1 PCP no cumple las exigencias de prevención general. Lo cierto es que se trata de una posición que rompe con la orientación preventivo-especial que ha presidido la remisión condicional desde su implantación en nuestro sistema penal por la Ley de marzo de 1908. Por todo ello se ha omitido en esta propuesta.

5. El PCP no establece, a diferencia del CP vigente, un plazo específico de suspensión para los que hubiesen delinquido a causa de su dependencia a las bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por razones de proporcionalidad y de seguridad jurídica, parece más apropiada la actual situación, por lo que la propuesta la contempla en los términos del actual art. 87.3.

No se contempla la previsión del PCP de condicionar la suspensión a la continuación del tratamiento hasta su finalización ya que tal requisito puede perturbar el carácter voluntario de este tipo de tratamientos y comprometer el principio de dignidad en la ejecución de las penas.

ENMIENDA NÚM. 344

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Dos.

Art. 82. Quedaría redactado como sigue:

«Los Jueces o Tribunales resolverán en sentencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución cuando ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza se pronunciarán con la mayor urgencia mediante auto motivado y, mientras tanto, no comunicarán ningún antecedente al Registro Central de Penados y Rebeldes. Si finalmente se acordara la suspensión de la ejecución de la pena, la inscripción de la pena suspendida se llevará a cabo en una Sección especial, separada y reservada de dicho Registro, a la que solo podrán acceder los Jueces o Tribunales».

JUSTIFICACIÓN

Se acoge la pretensión del pre-legislador de que, con carácter general, siempre que resulte posible se resuelva en la propia sentencia sobre la suspensión de la ejecución del fallo.

Con la propuesta se pretende frenar y corregir la tendencia observada en los últimos años, la recuperación del rígido modelo continental de suspensión, propiciando el «acercamiento», ya intentado por el legislador de 1995 sin que acertara a culminarlo, de manera que, sin llegar a la suspensión del dictado del fallo al estilo del derecho anglosajón, se apueste decididamente por la suspensión de la ejecución de la condena, como ya se viene haciendo en el derecho penal de menores.

Se elimina por innecesaria la regulación del dies a quo del cómputo del plazo suspensivo, y se hace lo propio con el efecto otorgado a la rebeldía durante el plazo de suspensión, un novedoso precepto introducido en la reforma y, sin duda, vinculado a la consideración esencialmente retributiva de la función de la pena por parte del pre-legislador. Sin embargo, razones derivadas del principio de seguridad jurídica y de coherencia con el principio de intervención mínima abonan la idea de la eficacia destructiva del tiempo, cuyo trascurso influye decisivamente en la efectividad misma de la pena. Si tales razones fundamentan, siquiera parcialmente, el instituto de la prescripción, han de hacerlo de un modo semejante con el de la suspensión de la ejecución de la condena. El principio de seguridad jurídica informa todo el sistema jurídico. No resulta consecuente que se admita la prescripción de la pena a efectos de extinción de responsabilidad penal por el trascurso del tiempo mediando declaración de rebeldía del penado y se considere que esa misma circunstancia vinculada a los límites temporales en que la justicia desarrolla su actividad carezca de efecto alguno en lo relativo al cómputo del periodo de suspensión condicional de la condena impuesta.

ENMIENDA NÚM. 345

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Tres.

Art. 83. Quedaría redactado como sigue:

«1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que se relacionan: (resto igual)

2. Igual.

3. Igual.

4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria. Estos servicios informarán al Juez o Tribunal de ejecución sobre el grado o nivel de su cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral en el caso de la 7.ª.»

JUSTIFICACIÓN

La única y general condición para decretar la suspensión ha de ser el trascurso del tiempo fijado sin delinquir. Sólo en el supuesto de que en el fallo de la condena que se suspende se incluya la pena de prisión se podrá, potestativamente, y atendidas las circunstancias del hecho, del reo y, en su caso, del perjudicado por el delito, establecer reglas de conducta añadidas como condición.

Se suprime la prohibición de «deberes y obligaciones que resulten excesivos o desproporcionados» por innecesaria: su sola contemplación como factibles les otorga carta de naturaleza.

Los sistemas de control previstos a cargo de los servicios de gestión de penas de la administración penitenciaria deben limitarse a comprobar el cumplimiento o no de las condiciones impuestas por el Juez o Tribunal e informar de ello periódicamente a aquéllos; en ningún caso, se les puede otorgar competencia para sustituir la tarea de los expertos que, mediante los informes psicosociales que, atendidas las circunstancias que se deriven de las vicisitudes de la suspensión, el juez o tribunal estime oportunos o necesarios.

ENMIENDA NÚM. 346

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.



De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Cuatro.

Art. 84. Quedaría redactado como sigue:

«El juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.»

JUSTIFICACIÓN

La conservación de la autonomía de la sustitución de las penas de prisión en los términos establecidos en el CP de 1995 implica —como se verá más adelante— la conservación del vigente artículo 88 en sus actuales términos y, por lo tanto, la eliminación de la referencia a las multas y a los trabajos en beneficio de la comunidad como condiciones o deberes para acordar la suspensión de la ejecución de la condena. En esta propuesta, como, por lo demás, se les sigue considerando en el art. 33 de la reforma, se les otorga el carácter de «penas», y lo son tanto cuando se imponen directamente como cuando se establecen como alternativas o sustitutivas a la prisión conforme a las pautas legalmente previstas.

La mención a la mediación como condición autónoma respecto de las obligaciones y deberes establecidos en el artículo anterior deriva de las especiales características y naturaleza de aquélla, en modo alguno similar —aunque pueda abarcarlas— a las reglas de conducta del art. 83.

El nuevo apartado 2 (ausente en los Anteproyectos e introducido en el Proyecto de L.O., referido a la limitación de la pena de multa en los delitos de violencia doméstica), se halla contenido en el último inciso del artículo 88.1 de esta propuesta.

ENMIENDA NÚM. 347

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Seis.

Art. 86. Quedaría redactado como sigue:

«1. La suspensión de la ejecución de la condena se revocará por el Juzgado o Tribunal cuando el penado sea condenado por la comisión de un delito doloso no leve, durante el periodo de suspensión.

2. El incumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos conforme a lo previsto en el art. 83.1 ó, en su caso, de lo establecido en el acuerdo de mediación, dará lugar, previa audiencia de las partes, a la revocación de la suspensión si fuera grave o reiterado. En otro caso podrá dar lugar a la amonestación del penado suspenso por el Juzgado o Tribunal, así como a la adopción de otras obligaciones o deberes, a la modificación de los ya impuestos o a su prórroga, que no podrá exceder de la mitad de la duración inicialmente prevista.

3. Revocada la suspensión, se ordenará la ejecución de la pena impuesta en la condena así como su inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes.»

JUSTIFICACIÓN

Frente a la revocación, que tiene como efecto hacer efectiva la pena suspendida, tanto la amonestación como la modificación de la condición o la prórroga del periodo de prueba son medidas que no afectan el mantenimiento de la suspensión de la ejecución de la condena penal. La amonestación tiende a la más eficaz ejecución en sus propios términos, mientras que la modificación o la prórroga están dirigidas a enmendar la regla primeramente impuesta, en su contenido o en su duración, y a darle al penado una nueva oportunidad más amoldada a sus circunstancias para que colabore eficazmente en su reinserción.

No se estima ajustada, y por ello no se contempla en la propuesta, la revocación a consecuencia del comportamiento del penado que obstaculice o impida cumplir con las previsiones establecidas en sentencia relativas al comiso y a la responsabilidad civil derivada de la infracción castigada. Tales conductas no constituyen delitos ni reglas de conducta que comprometan los fines —prioritariamente, hay que recordar, en esta materia de prevención especial— para los que se establece la suspensión de la ejecución de la condena.

Se ha eliminado la revocación retroactiva de la suspensión prevista en el PCP cuando se condene, dentro de cierto plazo después de haber concluido el periodo de suspensión, por un delito cometido antes o durante el periodo de suspensión. Con la suspensión se trata de evitar la comisión de ulteriores delitos, no de ocuparse inopinada e inoportunamente de los ya cometidos, justificando —además— lo injustificable, una dilatada investigación y un tardío enjuiciamiento de los delitos.

ENMIENDA NÚM. 348

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Siete.

Art. 87. Quedaría redactado como sigue:

«Transcurrido el plazo de suspensión establecido sin haber delinquido el condenado y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena, ordenando la cancelación de la inscripción hecha en la Sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes. Este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto.»

JUSTIFICACIÓN

En correlación directa con el art. 82 propuesto, el efecto de la remisión de la pena impuesta ha de consistir en evitar que la pena —cuya ejecución no ha resultado precisa— se haya de tener en cuenta a ningún efecto en la vida futura del penado suspenso, y menos aún como antecedente penal.

ENMIENDA NÚM. 349

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Ocho.

Art. 88. Quedaría redactado como sigue:

«1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

También podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, la pena de prisión podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima o por la pena de multa cuando conste acreditado que entre el reo y la víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o la existencia de una descendencia común. En estos supuestos, el Juez o Tribunal podrá imponer adicionalmente la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 4.ª, 6.ª y 7.ª del apartado 1 del artículo 83 de este Código de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.

2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.

3. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.»

JUSTIFICACIÓN

El mantenimiento, en esencia, de la autonomía de la sustitución de las penas de prisión por otras penas alternativas tal como fue diseñado en origen por el legislador de 1995 está justificado por los mismos motivos esgrimidos entonces, incrementados en estos momentos por los efectos indeseables producidos sobre el número de la población reclusa en los centros penitenciarios españoles que, desde entonces, y pese a la previsión legal y a la reducción de los índices de criminalidad, no ha cesado de aumentar. Según los datos más recientes procedentes del ministerio del interior, las infracciones penales descendieron un 2,7 % durante los seis primeros meses de 2013. Y esta ha sido la tendencia, al menos en los últimos 5 años. Pese a que la población española creció en más de dos millones de personas entre 2007 y 2012, las cifras indican una tendencia descendente continuada de la criminalidad general frente a la tendencia ascendente en los índices de emprisionamiento. En relación con las estadísticas proporcionadas por Eurostat, la comparativa también resulta bien concluyente: respecto de delitos violentos, España ocupa el cuarto puesto comenzando por el final en una relación de 29 estados de la UE, mientras que en tasa de encarcelamiento se está en el séptimo (el primero, si nos referimos a los países de la UE-12).

Respecto del texto en vigor tras la última reforma que afectó a esta norma, introducida en la LO 5/2010, de 22 de junio, se ha eliminado el adverbio «excepcionalmente» en el segundo inciso del apartado 1, por considerar que tal rasgo puede equivocar al intérprete y provocar una aplicación restringida de la norma; aunque su automatismo está descartado mediante la fórmula «podrá», lo que priva del carácter común a este precepto es la especial atención que se presta —pese a la una mayor duración de la pena impuesta— a los fines de prevención especial y de reinserción y rehabilitación a que atiende su sustitución. Sólo en este sentido puede predicarse su carácter extraordinario, que no excepcional.

La modificación del inciso tercero del mismo apartado, traspone a este artículo la previsión establecida por el pre-legislador en el art. 84.2 de la reforma, que se completa con la posibilidad brindada al Juez de establecer reglas de conducta siempre que no tengan la consideración de penas (art. 57 en relación con el 48 CP vigente) y hasta el límite temporal que vendrá dado por la extensión de la pena impuesta, en términos idénticos a los establecidos con carácter general en el primer inciso de este apartado 1.

ENMIENDA NÚM. 350

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cuarenta y Nueve.

Art. 89. Quedaría redactado como sigue:

«1. Las penas de prisión de más de un año y menos de cinco impuestas a una persona extranjera no residente legalmente en España podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio español.

2. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular sus vínculos familiares, sociales, laborales, económicos o de otro tipo con el lugar donde resida, la expulsión resulte desaconsejable o desproporcionada.

3. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la pena siempre que fuera posible. De no serlo, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará sobre ello con la mayor urgencia. En todo caso, la resolución, debidamente motivada, se adoptará previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas.

4. El penado expulsado no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de la expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y sus circunstancias personales. Si lo hiciere, cumplirá las penas sustituidas salvo que el Juez o Tribunal, estimándolo innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y el restablecimiento de la confianza en la norma infringida por el delito, y ponderando las circunstancias del incumplimiento de la prohibición, reduzca su duración. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa. En todo caso, le será de abono el periodo de tiempo ya cumplido de prohibición de regreso.

5. Si acordada la sustitución de la pena de prisión por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a cabo, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la condena o su sustitución en los términos del art. 88 de este Código. En todo caso, le será de abono el tiempo en que preventiva o cautelarmente hubiere estado privado de libertad.»

JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta recupera la sustitución de la pena de prisión por la expulsión prevista para las personas extranjeras no residentes legalmente en España, tal como se viene concibiendo desde la entrada en vigor del CP de 1995. La inclusión en su ámbito de aplicación de todos los extranjeros, incluso con las limitaciones establecidas en el art. 88.4 de la reforma atendiendo los contundentes reproches contenidos en los informes del Consejo Fiscal y, particularmente, del Consejo de Estado, no logran disipar los graves inconvenientes de la pretendida generalización de la expulsión, que permiten dudar sobre su constitucionalidad y su acomodo a la normativa de la Unión Europea, del derecho internacional público, y de los cánones jurisprudenciales elaborados desde el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No existen tampoco apoyos en la jurisprudencia de nuestros tribunales ni se evidencian razones de política criminal que amparen la expulsión sustitutiva para extranjeros con residencia legal. Y el Código Penal no puede ponerse al servicio del control de los flujos migratorios.

2. La propuesta enmarca las penas de prisión sustituibles entre uno y cinco años, conforme a los márgenes marcados por el pre-legislador, en el art. 88.1 y 2 de la reforma y pone fin a la configuración de la expulsión preceptiva o automática, instaurada desde la reforma de la LO 11/2003 y mantenida desde entonces «pese al unánime rechazo de la doctrina y de la jurisprudencia», como observa en su informe el CGPJ.

3. Se suprime la previsión de sustituir la prisión una vez se hubiera accedido al tercer grado o con la concesión de la libertad condicional al penado porque tal situación implica un doble castigo: la ejecución de la pena de prisión y la posterior expulsión no equivale a la sustitución de aquélla sino a su ejecución cumulativa, comprometiendo seriamente el principio non bis in ídem.

4. Se acoge favorablemente la incorporación de la regla de proporcionalidad para ponderar la eventual denegación de la sustitución contenida en la reforma, y se trata de armonizar el concepto que normativamente se denomina «arraigo» con el establecido por la jurisprudencia que atiende a las notas que lo caracterizan y no al concepto en sí; por ello se alude a los diversos vínculos susceptibles de ser valorados por el juzgador a los efectos de considerar la proporcionalidad o la oportunidad de la expulsión en el caso concreto.

5. Se reincorpora las exigencias (incomprensiblemente eliminadas en la reforma) de motivación de la resolución que se pronuncie sobre la eventual sustitución, y de audiencia previa a las partes.

6. Se omite toda referencia a los efectos de la sustitución sobre la autorización de trabajo y de residencia. No guardan relación alguna con el sistema de justicia penal que, por razones de coherencia y de seguridad jurídica, no debe solaparse con la normativa administrativa de extranjería.

7. Si la expulsión sustituye a la ejecución de la pena impuesta, en caso de incumplimiento de la prohibición de entrada en territorio español, más allá de la previsión introducida en el PCP de una eventual reducción de la pena por razones de prevención general, es claro que el tiempo trascurrido hasta la trasgresión debe ser considerado de abono respecto del total de la pena sustituida, tanto si llegara a culminarse la entrada en España como si el penado fuera sorprendido en frontera, como si hubiera sido privado de libertad hasta constatarse la imposibilidad de llevar a cabo la expulsión.

8. Se elimina toda referencia al ingreso cautelar del extranjero condenado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El pre-legislador pretende con esta reforma asentar la novedad introducida en el Código Penal por la LO 5/2010, que hizo posible que los extranjeros condenados por delitos y pendientes de expulsión del territorio nacional fueran ingresados cautelarmente en los CIEs junto con otros extranjeros irregulares a quienes la única infracción que cabe reprochar es carecer de documentación en regla. De nuevo, un solapamiento inquietante y perturbador del derecho penal y el derecho administrativo que ha de ser enmendado por la reforma del CP y no consolidado con ella.

9. Se suprimen las limitaciones a la sustitución establecidas por razón del tipo delictivo por el que hubiere sido condenado el extranjero. Atendida la finalidad y con arreglo al fundamento en que se basa el instituto de la sustitución, los criterios que han de manejarse son, fundamentalmente, de índole preventivo-especial, y atienden al tipo delictivo para despejar la pena que pueda imponerse. Cualquier otra consideración aleja el foco de la mayor o menor gravedad del hecho y las circunstancias del penado, y lo dirige hacia otros criterios de significado más nebuloso, con tintes moralizantes o significado estrictamente político. Las normas penales han de ser interpretadas y aplicadas por los jueces y tribunales. Es a ellos a quienes corresponde acomodarlas al caso concreto, procurando que la taxatividad de la propia norma no cercene el necesario nivel de arbitrio.

ENMIENDA NÚM. 351

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cuarenta y Nueve.

Artículo 89.4.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.

La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales y características psicológicas...

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 352

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cincuenta.

Art. 90. Quedaría redactado como sigue:

«1. El Juez de Vigilancia Penitenciaria concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en tercer grado. B) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta. C) Que haya observado buena conducta y exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido conforme a lo establecido en la Ley General Penitenciaria.

Para resolver sobre la libertad condicional, el Juez de Vigilancia valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, las circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. También se atenderá al esfuerzo reparador efectuado por el penado para disminuir el daño causado por el delito, particularmente a la víctima.

El Juez de Vigilancia, al acordar motivadamente la libertad condicional, podrá imponer la observancia de uno o varios de los deberes u obligaciones previstos en el artículo 83. Una vez concedida, le serán de aplicación las normas contenidas en los arts. 86 y 87.

2. También podrá conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos: a) Que hayan extinguido dos terceras partes de su condena. B) Que durante el cumplimiento de la condena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento de aquéllas del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa. C) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos y extremos a que se refiere el apartado anterior salvo el haber extinguido tres cuartas partes de la condena.

3. Asimismo, a propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal, cumplidas las circunstancias a) y c) del apartado 1, y una vez extinguida la mitad de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá adelantar la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado las actividades indicadas en el apartado anterior en los términos en él previstos, y que acredite la participación en programas de reparación a las víctimas o de tratamiento o desintoxicación, en su caso.

4. Excepcionalmente, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la condena condicional respecto de los penados en que concurran los siguientes requisitos: a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y ésta no supere los tres años de duración. B) Que hayan extinguido la mitad de su condena. C) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, salvo el de haber extinguido las tres cuartas partes de su condena, y el regulado en la letra b) del apartado 2.

5. El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al reo para cumplir su condena. Si en dicho periodo delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad concedida y el penado reingresará a prisión en el periodo o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.

6. El Juez de Vigilancia Penitenciaria resolverá sobre la concesión de la libertad condicional solicitada bien de oficio o bien a petición del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, podrá ser nuevamente planteada en cualquier momento.»

JUSTIFICACIÓN

La inclusión de la libertad condicional entre las modalidades de suspensión de la penas de prisión que se realiza en el PCP, implica la desnaturalización de esta figura y el desmantelamiento del sistema de individualización científica establecido por la legislación penitenciaria como modelo de ejecución penitenciaria (art. 72 LOGP), que viene desplegándose desde sus inicios con normalidad sin ser cuestionado por la doctrina, ni por la práctica administrativa penitenciaria ni tampoco por la jurisprudencia.

La libertad condicional en nuestro sistema de justicia penal ha estado siempre profundamente vinculada al sistema progresivo primero, y al de individualización científica después, y por tanto, ha sido entendida como la última fase de cumplimiento de las penas de prisión del interno cuando existe un pronóstico de reinserción favorable que permite el resto del cumplimiento en un régimen de libertad, de ahí el desacertado intento de asimilación por el PCP con otras instituciones como la suspensión o la sustitución de las condenas, cuya finalidad —cuando se trata de penas privativas de libertad— es limitar la ejecución de la pena de prisión a los supuestos imprescindibles, bien evitando el ingreso en los centros penitenciarios, bien sustituyendo la ejecución de la pena privativa por otro tipo de pena que afecte y limite a bienes jurídicos menos sensibles. La modificación propuesta quiere preservar la naturaleza de la libertad condicional mantenida también en la LO 10/1995, de 23 de noviembre pese a que vino a derogar la vieja Ley de Condena Condicional de 17 de marzo de 1908. Asimismo, corrige algunos aspectos concretos de la reforma que no se comparten.

Si bien el PCP mantiene los tres requisitos tradicionales para la concesión de la modalidad ordinaria de libertad condicional (clasificación en tercer grado, extinción de ¾ de la pena impuesta y observancia de buena conducta), suprime la exigencia de que se emita el informe conteniendo el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social por la Junta de Tratamiento previsto en el artículo 67 LOGP, que se recupera en la propuesta de modificación.



La reforma de la libertad condicional contenida en el PCP no se limita a exigir —asistemáticamente, además— como requisito para su concesión la satisfacción de la responsabilidad civil (requisito incorporado al CP por la LO 7/20113 y criticado duramente por la doctrina al condicionar la evolución penitenciaria a un criterio civil compensatorio), sino que en un nuevo giro de tuerca —como ocurre con la revocación suspensión ordinaria (art. 86.4)— la transforma en una condición que —de no cumplirse en los términos comprometidos por el penado, se convierte en una causa de denegación de la condena condicional (art. 90.4 del PCP). La propuesta no se refiere literalmente a la exigencia de la satisfacción de la responsabilidad civil, como elemento condicionante de la concesión de la libertad condicional sino que lo amplía conceptualmente para hacerlo pivotar sobre la actitud positiva y reparadora del penado respecto del daño —y no sólo material— producido por el delito.

Frente al PCP en el que no cabe otorgar la libertad condicional de oficio ya que siempre ha de ser solicitada a instancia de parte y con un lapso mínimo para reiterar la petición, la propuesta admite ambas fórmulas y elimina el plazo de tiempo (6-12 meses), requerido para su reproducción por entenderse más congruente con la naturaleza de esta institución vinculada a la evolución —en términos de reinserción y resocialización— del interno y a su clasificación penitenciaria.

En caso de revocación, se computa el periodo pasado en libertad condicional como de cumplimiento de la condena, en una formulación acorde con su conceptuación como una variante de ejecución de la pena de prisión.

El plazo de libertad condicional establecido en la reforma (entre 2 y 5 años) podrá ser superior que la pena que queda por cumplir, lo que tampoco se compadece con la tradicional naturaleza de la institución, motivo por el que se elimina.

Se ha suprimido la imposibilidad de concesión de esta modalidad para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El pre-legislador no tiene en cuenta que la LOGP posee mecanismos y herramientas suficientes y eficientes para detectar, en su caso, a los penados con un pronóstico desfavorable de reinserción, e impedir su acceso al tercer grado, requisito también presente para la concesión de la libertad condicional en la modalidad prevista como excepcional en el art. 90.

Se ha suprimido igualmente el requisito específico contemplado para la concesión de la libertad condicional a los penados por delitos de terrorismo y los cometidos en el seno de organizaciones criminales, que exige de aquéllos ciertas conductas delatoras o de índole moral, por considerar que violenta innecesariamente los principios de igualdad y de reinserción.

En suma, la reforma de los artículos 90 y siguientes implica transformaciones muy profundas en la institución que tienden a restringir el otorgamiento de la libertad condicional. La redacción propuesta pretende mantener su actual naturaleza de beneficio penitenciario encaminado a facilitar la reinserción de los presos, y tratar de que se incremente su aplicación, actualmente entre las más restringidas y restrictivas de la UE.

ENMIENDA NÚM. 353

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cincuenta.

Artículo 90.1

1. ... Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el Juez de Vigilancia Penitenciaria valorarán la personalidad del penado, su peligrosidad, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, sus características psicológicas y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas...

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 354

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cincuenta y Uno.

Art. 91. Quedaría redactado como sigue:

«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes, las dos terceras o la mitad de la condena, podrán obtener la concesión de la libertad condicional.

El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado en los informes médicos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria estime necesario recabar para constatar la certeza de la dolencia y su diagnóstico.»

JUSTIFICACIÓN

El carácter excepcional de esta modalidad de libertad condicional y su justificación por estrictas razones humanitarias y de dignidad personal, cuya finalidad y objetivo va en exclusiva dirigidos a evitar la muerte de los presos en prisión, convierten en innecesarias las cautelas y prevenciones —que en este contexto muchas veces constituyen en la práctica obstáculos insalvables— incluidos en los números 2 y 3 del art. 91 del PCP. Se estima suficiente la regulación propuesta, como se reveló en la práctica forense durante los primeros años de aplicación del CP de 1995 hasta la introducción de los párrafos 2 y 3 en el art. 92 por la LO 15/2003, de 25 de noviembre.

ENMIENDA NÚM. 355

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cincuenta y uno.

Artículo 91.2

2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales y características psicológicas, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 356

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Cincuenta y Dos.

Art. 92. Quedaría redactado como sigue:

«También podrán obtener la libertad condicional los condenados a penas de prisión, aunque no se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 90.1 de este Código, cuando, por aplicación de los límites establecidos en el artículo 76.1 a) y b) de este Código, el cumplimiento efectivo de la condena alcanzare los veinte años o cuando, al no resultar aplicable el apartado 2 de este último precepto, el cumplimiento sucesivo de las penas alcanzare también el mismo número de años. En estos supuestos la Administración penitenciaria elevará el expediente de libertad condicional al Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora de resolverlo, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, valorará la naturaleza, circunstancias y número de delitos cometidos, la personalidad del condenado, sus antecedentes, su evolución en el tratamiento reeducador, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad, así como sus condiciones de vida.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria, al decretar la libertad condicional de estos penados, impondrá la medida de libertad vigilada hasta el total cumplimiento de la condena. En el caso de que sea denegada la libertad condicional y en tanto el reo no haya cumplido en su totalidad la condena, la Administración penitenciaria volverá a elevar anualmente el expediente de la libertad condicional al Juez de Vigilancia hasta alcanzar el cumplimiento efectivo de la pena los veinticinco años. En este último supuesto le será concedida al reo la libertad condicional con sujeción a la medida de libertad vigilada hasta llegar al cumplimiento total de la condena.»

JUSTIFICACIÓN

1. En coherencia con la supresión de la pena de prisión permanente revisable, se propone eliminar el art. 92 del PCP en su totalidad dado que el mismo regula la libertad condicional como modalidad de suspensión de la ejecución de dicha pena.

2. Se incluye un nuevo redactado de este artículo para regular desde parámetros del derecho penal democrático los supuestos de penas privativas de libertad que no son susceptibles de acogerse al régimen de la libertad condicional del art. 90 CP. Y que, de hecho, al no ser refundibles y no poder limitarse su duración, terminan convirtiéndose en penas de prisión a perpetuidad.

Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), a fecha de mayo de 2013, hay 253 personas presas, prácticamente todas hombres, sin contar las condenadas por terrorismo, con condenas no acumulables superiores a los 30 años. De ellos, 177 recluidos con penas de más de 30 años, y 56 de más de 40 años. De los 177 internos a quienes se aplicó la normativa del CP de 1973, 102 fueron condenados a penas superiores a 30 años y 75, a penas superiores a 40 años; de los 76 internos por aplicación del CP de 1995, todos lo fueron a condenas superiores a 40 años. Una de estas personas tiene una condena de 38.585 días, esto es, casi 106 años.

Las condenas que rebasan la cronología de una vida humana vulneran los principios constitucionales de reeducación y reinserción social —art. 25.2 CE—, la dignidad —art. 10 CE—, la promoción de la igualdad real y efectiva —art. 9.2— y la proscripción de tratos inhumanos y degradantes —art. 15 CE—.

Si bien es cierto que la STC 81/1997, de 22 de abril, interpretó el art. 25.2 CE como un mandato al legislador que no contiene derechos subjetivos a favor de los condenados, no lo es menos que la localización sistemática de la norma en la Sección 1.ª, Capítulo II, Título I de la Constitución la sitúa entre los derechos fundamentales a los que el art. 53. 1 y 2 —por su especial categoría— prevé una protección legal y jurisdiccional también especial, frente al tratamiento y garantías que el propio art. 53 en su apdo. 3 establece para los derechos contenidos en el Capítulo II bajo la denominación —aquí sí— de principios rectores.

Según el art. 25.2 CE, la orientación de las penas contenida en el mandato constitucional no se refiere a la expresión de las finalidades de la pena, retribución o prevención, sino que constituye un principio que se erige como límite último infranqueable proscriptor de cualquier posible situación penal que excluya materialmente a priori cualquier mínima posibilidad de reeducación y reinserción social. Y ello sucede, precisamente, en los casos de cadena perpetua encubierta que incluye nuestro Código Penal. La preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena como mínimum innegociable (STC 112/96) quedaría vaciado de contenido constituyendo una burla al mandato constitucional si por la excesiva duración de la condena la libertad resultase ilusoria o por producirse tan tarde y con consecuencias tan penosas para el sujeto llegara a constituir un trato inhumano degradante.

En esta línea y con un desarrollo más detallado la STS 27.01.99 explicita cómo lo que el legislador no ha contemplado, la cadena perpetua, no puede ser introducido por vía de acumulación aritmética de condenas. Pues «es indudable que una pena que segrega definitivamente al condenado de la sociedad no puede cumplir tales objetivos [los del art.25.2 CE] y es, por tanto, incompatible con ellos». Por otra parte, los especialistas, ahondando en el mismo fundamento, han comprobado empíricamente que una privación de libertad prolongada y continuada produce en no pocos casos graves perturbaciones de la personalidad. Por tales razones se considera en la actualidad que una configuración razonable de la ejecución de las penas privativas de larga duración requiere que el condenado pueda albergar la posibilidad de un reintegro a la sociedad libre, dado que lo contrario podría constituir, además de la vulneración del principio de humanidad y reinserción, anteriormente referidos, un «trato inhumano y degradante» al añadir al quantum de la pena a cumplir un plus de humillación o de trato vil que supera indebidamente la mera imposición de la condena, proscrito en el art. 15 de la Constitución (STC 65/1986, de 22 de mayo).

En este sentido, la Audiencia Nacional (Autos de 30.1.92 y de 5.3.92) señala en un caso de extradición que «en ningún caso el reclamado cumpliría de condena más de 30 años de prisión continuada efectiva, por así imponerlos principios constitucionales que vinculan directamente a este Tribunal en sus resoluciones, tales como los que se refieren a las funciones que cumplen las penas en nuestro ordenamiento jurídico (el art. 25 CE habla de que las penas están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y estos fines excluyen la pena de prisión a cadena perpetua). En la misma línea el TC, en sentencia 181/2004 de 2 de noviembre, razonó que «a pesar de reconocer que la imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del art. 15 CE, a los efectos de la corrección constitucional de las resoluciones judiciales que declaran procedente la extradición para el cumplimiento de una pena de cadena perpetua o para enjuiciar un delito al que previsiblemente se le impondrá esta pena, este Tribunal tiene declarado que resulta suficiente garantía que las resoluciones judiciales condicionen la procedencia de extradición a que en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida. También otros principios como el respeto a la dignidad humana —principio de humanidad de las penas— a través del sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes» (STC 148/2004 de 13 de septiembre, FJ 9, con cita de STEDH de 7 de julio de 1989).

Todo ser humano privado de libertad debe albergar la esperanza de que un día pueda salir en libertad. Si este horizonte penal queda cerrado por las condenas debido a que la suma de las mismas las haya convertido, de hecho, en una cadena perpetua, las consecuencias que esta situación genera son graves desde el punto de vista de la prevención de delitos y del mantenimiento del orden dentro del centro penitenciario. En este sentido, se puede generar la misma impunidad hacia la comisión de delitos futuros si se limita el tiempo máximo de condena a 20 años, que si el quantum de condena impide la salida de por vida. Las personas en esta situación «no tienen nada que perder» pues las condenas que sobrevengan no se cumplirán por la limitación temporal de la vida humana. Por ello, la comisión de nuevos delitos o faltas disciplinarias dentro de la cárcel se convierten en una posibilidad real y, por ende, más condenas, más víctimas y más gasto público.

En esta misma línea, podríamos referirnos de forma expresa al principio de proporcionalidad, que no sólo ha de vincular al legislador en la fase de individualización legal de las penas y al Juzgador en la judicial, cuando debe imponer una pena concreta dentro de los marcos penales establecidos atendiendo a las circunstancias personales del autor y a la gravedad del hecho, sino también en fase de ejecución efectiva de la pena privativa de libertad la proporcionalidad no debe ser meramente aritmética y puede seguir los mismos postulados que en fases anteriores del proceso penal. Este principio básico del derecho penal debe aunar tanto el reproche jurídico previsto por el legislador como la necesidad de preservar la dignidad de la persona sin comprometerla con un encarcelamiento tan prolongado que acabe destruyendo sus posibilidades de resocialización. El paso del tiempo va sin duda reduciendo la necesidad de pena y la proporción entre el quantum de pena y los fines que ha de cumplir aquella.

Ello no obsta para que se prevean mecanismos eficaces que impidan que la eventual excarcelación de una persona en la que aún haya un peligro de nuevas conductas delictivas, genere más criminalidad o riesgo de impunidad hacia el futuro. De ahí que, atendida la excepcionalidad de este supuesto, se contemple la imposición —bajo revisión y resolución judicial— de una medida de seguridad, la libertad vigilada, como instrumento para neutralizar o minimizar al máximo tal riesgo.

ENMIENDA NÚM. 357

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Cincuenta y dos.

Artículo 92.1.

El Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:

c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, su peligrosidad, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, SUS características psicológicas y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el Centro Penitenciario y por aquellos especialistas que el propio Tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 358

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único, cincuenta y ocho.

Art 116.1 (excepto en los supuestos del artículo 114).

En estos supuestos, si la fase de instrucción penal finaliza con un auto de sobreseimiento, el Juez Instructor deberá dictar el auto de cuantía máxima con arreglo a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

JUSTIFICACIÓN

Protección de los usuarios más vulnerables y que no van motorizados. Existiendo un seguro obligatorio que debe cumplir una función social, en cuanto a la responsabilidad civil y la reparación de los daños personales sufridos con ocasión de la circulación no deben quedar desprotegidos y evitar que además de las lesiones sufridas, queden en una situación de riesgo por falta de medios económicos.

Es acorde con la misma petición en la reforma del «Baremo» sobre la inimputabilidad civil en el caso de victimas menores de edad, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, al entender que son colectivos que merecen una especial protección por parte del Estado y de la sociedad y que no deben quedar desprotegidos tras sufrir las graves consecuencias de un accidente de tráfico, y por ello la propuesta tiene el objeto de proteger a estos colectivos más vulnerables en la movilidad así como otros colectivos también vulnerables en el tráfico (peatones, ciclistas...). Está en consonancia con normas similares de países de nuestro entorno europeo, como Francia o Alemania.

ENMIENDA NÚM. 359

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Setenta y Uno.

Se modifica el apartado 1, letra b) del artículo 131, que quedaría redactado como sigue:

«1.b) los demás delitos leves que prescriben a los seis meses.»

JUSTIFICACIÓN

La inmensa mayoría de los delitos leves resultan de la mera transposición al Libro II de las antiguas faltas del Libo III, por lo que no se entiende que se modifique su actual plazo de prescripción que es de seis meses. La supresión, en este supuesto, de los delitos de calumnias e injurias, se debe a que ni el prelegislador explica el motivo por el que mezcla realidades diferentes y porque la obligación de presentar el acta de conciliación previa —que no interrumpe el plazo de prescripción— haría prácticamente imposible la persecución de este tipo de delitos.

ENMIENDA NÚM. 360

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Setenta y Cinco.

Se propone suprimir la circunstancia 4.ª del apartado 1 del artículo 139 propuesto por el Proyecto, que reza: «Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra».

JUSTIFICACIÓN

Esta nueva circunstancia cualificativa destinada a convertir el homicidio en asesinato que propone el Proyecto, no responde a ninguna demanda doctrinal ni a ningún problema planteado jurisprudencialmente. Además, es de fundamento discutible y consecuencias confusas. En primer lugar, convierte el homicidio en asesinato atendiendo exclusivamente al móvil del autor (pretensión de facilitar o encubrir otro delito), lo que se aleja de los principios propios de la culpabilidad por hechos objetivos. En segundo lugar, si el delito de homicidio se comete con la finalidad de facilitar la comisión de otro, son aplicables las reglas generales del concurso medial de delitos (art. 77 del Código Penal), sin necesidad de convertirlo en delito de asesinato. Por último, tampoco es admisible calificar la muerte como asesinato cuando se destine al encubrimiento de otro delito: si ese otro delito lo ha cometido el mismo autor de la muerte, se tratará de un autoencubrimiento, tradicionalmente impune en nuestro derecho, por lo que la muerte debe mantenerse en la calificación como homicidio. En el caso de que con el homicidio se pretenda encubrir un delito ajeno si no concurren los elementos del delito de encubrimiento (art. 451 CP) que permitirían sancionarlo autónomamente, el móvil encubridor no es suficiente como para elevar la calificación del homicidio a asesinato.



ENMIENDA NÚM. 361

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Setenta y Seis.

Se suprime el Art. 140.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 362

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Setenta y Ocho.

Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 142, que quedaría redactado como sigue:

«5. El que por imprudencia leve causare la muerte de otra persona será castigado con la pena de multa de uno a dos meses»

JUSTIFICACIÓN

No parece que, en este caso, deba dejar de valorarse totalmente el reproche penal, dejando a las víctimas de la infracción el único camino de la vía civil, para demostrar la existencia de la imprudencia en sí y para reclamar las indemnizaciones correspondientes. Se ha de tener en cuenta que tal conducta ya está tipificada actualmente como falta en el artículo 621.2 del Código penal vigente.

ENMIENDA NÚM. 363

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo único, Setenta y ocho.

Art. 142.

1. El que por imprudencia causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prision de seis meses a tres años.

2. Si la imprudencia fuera grave la pena será de dos a seis años de prisión.

3. En el caso de utilización del vehículo de motor o ciclomotor para la valoración de la gravedad de la imprudencia se valorará en particular la relevancia del riesgo no permitido creado. Se reputará imprudencia grave cuando concurra alguno o algunos de los delitos regulados en el Título XVII Capitulo IV De los delitos contra la seguridad vial o constituya alguna o algunas de las infracciones tipificadas como grave o muy grave en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

4. Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a ocho años y la participación en programas formativos o de reeducación sobre seguridad vial y será aplicable lo dispuesto en el artículo 385bis.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

5. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de despenalización de las «imprudencias leves», especialmente cuando provocan como resultado homicidios imprudentes y graves lesiones a muchos ciudadanos producirá un grave perjuicio para las víctimas de los siniestros de tráfico y deja en el ámbito privado y puramente económico las agresiones en la circulación. Ello supondría en la práctica la impunidad de conductas que socialmente son reprobadas y que causan alarma social, pero sobre todo supondría la inhibición del estado en la protección de sus ciudadanos cuando sufren agresiones con daños a la integridad física.

Actualmente muchas infracciones que deberían ser calificadas como delito, son consideradas faltas y por tanto, el problema fundamental desde nuestra perspectiva es ese punto de partida, el considerar que causar un daño que afecta a la integridad física de una persona queda en el ámbito privado y el estado no interviene. Debemos alcanzar un mayor rigor y una menor benevolencia en la interpretación de lo que es una imprudencia penal y una imprudencia meramente civil cuando nos referimos a la conducción de vehículos. Para su calificación como imprudencia leve o grave proponemos una referencia a las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico, dando una referencia clara y evitando que conductas graves con resultados gravísimos no sean consideradas delito.

Como medida de política criminal, en paralelo con las políticas de seguridad vial del Estado y por las graves consecuencias personales, familiares y sociales que tienen los siniestros de tráfico, deberían tipificarse en el nuevo Código Penal todas las imprudencias que causen heridos o muertos con la graduación que corresponda según la gravedad.

Defendemos que tipificar las imprudencias en el tráfico, además de ser un tema de justicia con y para las víctimas, es también necesario para la sociedad, que debe ser protegida de las agresiones en el tráfico. Despenalizar las imprudencias dificulta que los conductores sean realmente conscientes de las consecuencias de su conducta y la responsabilidad que supone conducir. No penalizar las agresiones contra la vida y la integridad física supone dar la espalda a una auténtica justicia y una justicia ignorada es una injusticia tolerada.

No debemos olvidar que los siniestros de tráfico son una pandemia y deben ser combatidos desde todos los frentes, también desde la justicia. La pseudo despenalización de las imprudencias en el tráfico es un retroceso que dificulta el objetivo de reducción de victimas adoptado por el Gobierno de España y va en contra de la Visión Cero y máxime ahora en que nos encontramos en una situación de repunte del número de víctimas y todo indica que estamos en un periodo de aumento de la siniestralidad y las víctimas.

En resumen, defendemos la necesidad de mantener tipificadas las conductas de imprudencia en la conducción de vehículos a motor con resultado de daños para las personas, lesiones o muerte y que queden graduadas en función de la gravedad de la conducta, pudiendo establecerse penas leves, trabajos en beneficio de la comunidad, multas, cursos formativos, etc., pero no es admisible que queden al margen del sistema penal. Todas las imprudencias en la conducción si causan heridos o muertos deben estar en el ámbito del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 364

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo único, ochenta y uno.

Art. 152.

1. El que por imprudencia causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado:

1. Con la pena de prisión de tres meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artíclo 147.1.

2. Con la pena de prisión de uno a cuatro años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3. Con la pena de prisión de seis meses a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

2. El que por imprudencia causare alguna lesión no prevista en los apartados anteriores será castigado con la pena de prisión de uno a seis meses.

3. Si la imprudencia fuera grave la pena será de uno a cinco años de prisión.

4. En el caso de utilización del vehículo de motor o ciclomotor para la valoración de la gravedad de la imprudencia se valorará en particular la relevancia del riesgo no permitido creado. Se reputará imprudencia grave cuando concurra alguno o algunos de los delitos regulados en el Título XVII Capitulo IV De los delitos contra la seguridad vial o constituya alguna o algunas de las infracciones tipificadas como grave o muy grave en Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

5. Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años y la participación en programas formativos o de reeducación sobre seguridad vial y será aplicable lo dispuesto en el artículo 385 bis.

JUSTIFICACIÓN

La misma justificación que para el artículo 142.

La propuesta de despenalización de las «imprudencias leves», especialmente cuando provocan como resultado homicidios imprudentes y graves lesiones a muchos ciudadanos producirá un grave perjuicio para las víctimas de los siniestros de tráfico y deja en el ámbito privado y puramente económico las agresiones en la circulación. Ello supondría en la práctica la impunidad de conductas que socialmente son reprobadas y que causan alarma social, pero sobre todo supondría la inhibición del estado en la protección de sus ciudadanos cuando sufren agresiones con daños a la integridad física.

Actualmente muchas infracciones que deberían ser calificadas como delito, son consideradas faltas y por tanto, el problema fundamental desde nuestra perspectiva es ese punto de partida, el considerar que causar un daño que afecta a la integridad física de una persona queda en el ámbito privado y el estado no interviene. Debemos alcanzar un mayor rigor y una menor benevolencia en la interpretación de lo que es una imprudencia penal y una imprudencia meramente civil cuando nos referimos a la conducción de vehículos. Para su calificación como imprudencia leve o grave proponemos una referencia a las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico, dando una referencia clara y evitando que conductas graves con resultados gravísimos no sean consideradas delito.

Como medida de política criminal, en paralelo con las políticas de seguridad vial del Estado y por las graves consecuencias personales, familiares y sociales que tienen los siniestros de tráfico, deberían tipificarse en el nuevo Código Penal todas las imprudencias que causen heridos o muertos con la graduación que corresponda según la gravedad.

Defendemos que tipificar las imprudencias en el tráfico, además de ser un tema de justicia con y para las víctimas, es también necesario para la sociedad, que debe ser protegida de las agresiones en el tráfico. Despenalizar las imprudencias dificulta que los conductores sean realmente conscientes de las consecuencias de su conducta y la responsabilidad que supone conducir. No penalizar las agresiones contra la vida y la integridad física supone dar la espalda a una auténtica justicia y una justicia ignorada es una injusticia tolerada.

No debemos olvidar que los siniestros de tráfico son una pandemia y deben ser combatidos desde todos los frentes, también desde la justicia. La pseudo despenalización de las imprudencias en el tráfico es un retroceso que dificulta el objetivo de reducción de victimas adoptado por el Gobierno de España y va en contra de la Visión Cero y máxime ahora en que nos encontramos en una situación de repunte del número de víctimas y todo indica que estamos en un periodo de aumento de la siniestralidad y las víctimas.

En resumen, defendemos la necesidad de mantener tipificadas las conductas de imprudencia en la conducción de vehículos a motor con resultado de daños para las personas, lesiones o muerte y que queden graduadas en función de la gravedad de la conducta, pudiendo establecerse penas leves, trabajos en beneficio de la comunidad, multas, cursos formativos, etc., pero no es admisible que queden al margen del sistema penal. Todas las imprudencias en la conducción si causan heridos o muertos deben estar en el ámbito del Código Penal.

ENMIENDA NÚM. 365

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ochenta y Seis.

El apartado 7 del artículo 171, quedando redactado como sigue:

«Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de inferior a dos meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 366

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ochenta y Siete.

El apartado 3 del artículo 172, quedaría redactado como sigue:

«3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de inferior a dos meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 367

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Noventa y Dos.

Artículo 177.1. bis Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 177 bis, quedando redactado como sigue:

«1. Será castigado con la pena de 3 a 6 años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) la imposición de esclavitud, servidumbre, servicios forzados, explotación laboral o mendicidad.

b) la explotación sexual incluyendo la pornografía.

c) la explotación para realizar actividades delictivas.

d) la extracción de sus órganos corporales.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.»

JUSTIFICACIÓN

A) Se sustituye la pena de prisión 5 a 8 años por la pena de prisión de 3 a 6 años.

La pena prevista en el Proyecto es excesiva. Si la voluntad del legislador español es ajustarse a las previsiones comunitarias de obligado cumplimiento, la pena establecida para el tipo básico es tan elevada que incumple el mandato europeo contenido en la Directiva 2011/36/UE. La Unión Europea prevé que la trata de seres humanos sea sancionada con una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos cinco años (art. 4.1 de la Directiva). Estableciendo la normativa comunitaria la prisión de 5 años como límite máximo, el Proyecto de reforma no la contempla como máximo, sino como el mínimo de pena, cosa que excede en mucho de las previsiones comunitarias. Tratándose de mínimos de pena, la Directiva indica tan sólo en algunos casos que éstas puedan dar lugar a entrega (art. 4.4 de la Directiva). Por lo tanto, que no sean inferiores a un año de prisión.



Por otra parte, la pena de prisión que prevé el Proyecto infringe el principio de proporcionalidad. Para salvaguardar la coherencia interna del Código penal, la pena establecida para el delito de trata en algunos supuestos agravados no puede ser incluso superior a la del homicidio, como prevé el Proyecto. Además, entre los compromisos que España ha asumido (con la Unión Europea o el Consejo de Europa) se encuentra que las penas previstas para el delito de trata de seres humanos sean «proporcionadas». España incumple esta indicación con los marcos penales que se establecen en el Proyecto, puesto que dichas sanciones penales son superiores a las de los delitos que sancionan los supuestos de explotación (laboral, sexual) e incluso los atentados contra la vida.

La pena que se propone —prisión de tres a seis años— permite la entrega, cumple con las indicaciones de la Unión Europea y resulta más proporcional con el resto del articulado del Código penal.

B) Se suprime la referencia a «sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella».

La referencia territorial en el delito de trata de seres humanos no tiene ningún sentido. En ello está de acuerdo la comunidad internacional, reflejándose en los documentos supranacionales que se ocupan de la materia. Así, ni en la Directiva 2011/36/UE, ni en el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ni en el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa de 2005, existe referencia alguna al espacio territorial donde se produce la trata.

De seguir manteniendo esta dicción, podrían quedar fuera del ámbito de la tipicidad de trata de seres humanos conductas merecedoras de sanción. Por ejemplo, el sujeto que trafique con un español desde Alemania hasta Rusia para explotarlo sexualmente.

C) Se suprime la referencia «nacional o extranjera» de la víctima.

Resulta innecesaria, pues no existe un tertium genus que pueda quedar excluido con esta especificación.

D) Se suprime «u otras prácticas similares a las anteriores» y se sustituye por «explotación laboral».

Es una exigencia del principio de legalidad que las normas penales deben ser taxativas, de modo que los ciudadanos deben poder conocer con exactitud el contenido de los delitos, pues no de otro modo podría exigirse que observasen las normas. Por este motivo, debe suprimirse «u otras prácticas similares a las anteriores», al generar inseguridad jurídica respecto a qué conductas podrían considerarse similares a las anteriores. Esta cláusula abierta provocaría además la consagración legal de una «analogía in malam partem», prohibida en Derecho penal específicamente en el art. 4 CP.

En cambio, se propone la inclusión de la «explotación laboral» como una de las finalidades de la trata de seres humanos, ya que ésta no necesariamente se corresponde con las finalidades de esclavitud, servidumbre, servicios forzados o mendicidad previstas en el Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 368

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Noventa y Dos.

Artículo 177.4 Bis. Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 177 bis, quedando redactado como sigue:

«4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) Se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto de la infracción.

b) La víctima sea menor de edad y se emplee violencia, intimidación, engaño o se abuse de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima o se hayan recibido pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control sobre la víctima menor de edad.

c) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal.

JUSTIFICACIÓN

A) Dada la entidad de la pena con la que se conminan los supuestos agravados de trata, se propone la adición de «grave» a la puesta en peligro de la vida o la integridad de las víctimas. Ello tiene por finalidad excluir del campo aplicativo de la agravación supuestos de escasa entidad, como por ejemplo, el riesgo de que la víctima sufra una pequeña equimosis.

B) En la circunstancia agravante de que la víctima sea menor de edad, se propone la adición de medios comisivos que anulen o limiten su voluntad decisoria.

Se considera necesaria la inclusión de modalidades comisivas que anulen o limiten la voluntad decisoria de la víctima menor de edad (violencia, intimidación, etc), al objeto de graduar la responsabilidad penal en atención al mayor o menor desvalor de la conducta del autor. Según el Código penal vigente —no modificado por el Proyecto de reforma— no se exige para la aplicación del tipo básico el empleo de violencia, intimidación, engaño o abuso de situación de necesidad, superioridad o vulnerabilidad de la víctima cuando ésta sea un menor de edad (ap. 2 del art. 177 bis CP). Aun siendo correcta esta cláusula, posteriormente se equipara a nivel penológico los supuestos donde existe y donde no ha existido un atentado contra la voluntad decisoria del menor, puesto que en ambos casos sería de aplicación la circunstancia agravante de ser la víctima menor de edad. La modificación propuesta pretende graduar la pena y ajustarla al desvalor de la conducta realizada. Así, en los casos donde no se empleen medios comisivos como la violencia, sería de aplicación la pena prevista en el tipo básico de trata (ap. 1 art. 177 bis CP). En cambio cuando estos medios se hayan utilizado, sería de aplicación, según se propone, el supuesto agravado (ap. 4 art. 177 bis CP).

ENMIENDA NÚM. 369

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Noventa y Dos.

Artículo 177. 3 bis. Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 177 bis.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este número en el que se dice que el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante «cuando» se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero del art. 177 bis CP. El consentimiento de la víctima de trata de seres humanos, siempre ha de ser irrelevante, porque en el propio concepto de trata (vinculado al de esclavitud) se incluye un atentado a la dignidad humana. El párrafo que se propone suprimir puede introducir confusión: si el delito de trata de seres humanos prohíbe considerar que una persona sea tratada como un objeto que puede ser sometido a comercio y a explotación, ¿existen casos en los que pueda entenderse que el consentimiento del que va a ser sometido a esclavitud es relevante? Obviamente no, pues la protección de la dignidad humana, el derecho de las personas a no ser reducidas a una cosa con la que se puede comerciar, no es disponible de modo que en ningún caso puede ser relevante el «consentimiento».

Además, la especificación del párrafo que se propone suprimir es innecesaria, porque el propio art. 177 bis apartado primero del CP exige que se haya empleado violencia, intimidación, engaño, abuso de situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima o la misma haya sido «comprada» por el traficante a quien tenía el control sobre ella. Es indiscutible que en todos estos casos no existe consentimiento.

ENMIENDA NÚM. 370

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y dos.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Noventa y Dos.

Se propone suprimir el apartado 12 del art. 177 bis.

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir la posible imposición de la medida de libertad vigilada, en coherencia con la propuesta que se realiza a nivel general sobre la supresión de este tipo de medidas de seguridad aplicables a sujetos imputables después del cumplimiento de una pena.

A mayor abundamiento, si el autor del delito fuera extranjero, esta medida de seguridad sería de imposible cumplimiento, atendiendo a lo que dispone la normativa administrativa. Así, según el art. 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que éste carezca de antecedentes penales en España. No pudiendo permanecer legalmente en territorio español, se imposibilita el cumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada.

ENMIENDA NÚM. 371

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Apartado Noventa y Tres.

Artículo 182.

1. El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con persona mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses.

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales, sean de naturaleza humana o animal, u objetos, por alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3.ª, o la 4.ª, de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.

JUSTIFICACIÓN

La criminología muestra casos en los que las conductas de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal se realizan utilizando animales, conductas con una gran peligrosidad y reproche social que les atribuyen indudable relevancia penal. Estos supuestos no encuentran actualmente encaje en los preceptos indicados, que únicamente hacen referencia a «miembros corporales» u «objetos». No pudiendo entender comprendidos a los animales, en cuanto seres vivos, como «objetos» es preciso modificar el redactado actual de estos preceptos, incluyendo expresamente la posible naturaleza animal (y no sólo humana) de los miembros corporales utilizados en el ataque sexual, tanto con carácter general en este artículo 179 como muy especialmente en los artículos 182 y 183, por contemplar éstos a menores de edad como víctimas.

ENMIENDA NÚM. 372

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Apartado Noventa y Cinco.

Artículo 183.

1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de trece años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.

2. Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidación el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión.

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales, sean de naturaleza humana o animal, u objetos, por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1 y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2.

JUSTIFICACIÓN

La criminología muestra casos en los que las conductas de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal se realizan utilizando animales, conductas con una gran peligrosidad y reproche social que les atribuyen indudable relevancia penal. Estos supuestos no encuentran actualmente encaje en los preceptos indicados, que únicamente hacen referencia a «miembros corporales» u «objetos». No pudiendo entender comprendidos a los animales, en cuanto seres vivos, como «objetos» es preciso modificar el redactado actual de estos preceptos, incluyendo expresamente la posible naturaleza animal (y no sólo humana) de los miembros corporales utilizados en el ataque sexual, tanto con carácter general en este artículo como muy especialmente en los artículos 182 y 183, por contemplar éstos a menores de edad como víctimas.

ENMIENDA NÚM. 373

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento catorce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento catorce.

Se modifica el apartado 2 el artículo 234, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes sustraídos y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.. No se considerarán de escasa gravedad los casos en los que concurriese alguna de las circunstancias de los artículos 235 ó 235 bis»»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelisgador que no solo atiende al valor de los objetos sustraídos, sino también a la situación económica de la víctima, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 374

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento diecisiete.

Se modifica el apartado 2 del artículo 236, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de los bienes sustraídos y el perjuicio causado, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador que no solo atiende al valor de los objetos sustraídos, sino también a la situación económica a la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 375

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento veintidós.

Se suprime el apartado 2 del artículo 246.

JUSTIFICACIÓN

El desvalor de la acción y del resultado carece de trascendencia penal y tienen mejor acomodo en la jurisdicción civil.

ENMIENDA NÚM. 376

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintitrés.



ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento veintitrés.

Se suprime el apartado 2 del artículo 247.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que en el artículo anterior, el desvalor de la acción y del resultado carecen de trascendencia penal y tienen mejor acomodo en la jurisdicción civil.

ENMIENDA NÚM. 377

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento veinticuatro.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 249.

«Si en atención a estas circunstancias, el hecho fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 378

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento veintisiete.

Se modifica el apartado 3 del artículo 252, quedando redactado como sigue:

«3. Si el hecho, por la reducida cuantía del perjuicio patrimonial causado y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 379

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintisiete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento veintisiete.

Se modifica el artículo 252, que se incluye en la Sección 1 bis del Capítulo VI del Título XIII del Libro II, y que tendrá la siguiente redacción:

«1. Serán punibles con las penas del artículo 249 ó, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno abusare de ellas para disponer fraudulentamente del patrimonio o contraer obligaciones en beneficio propio o ajeno que causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si el hecho, por la reducida cuantía del perjuicio patrimonial causado y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

En cuanto a la fuente de las facultades de disponer previstas en el Proyecto: «emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico». Se propone suprimir su enumeración dado que lo importante es disponer de ellas (de las facultades de disponer) y no cuál es la fuente en la que se fundamentan; sin perjuicio que de mantenerse podrían suscitar problemas concursales con el delito de malversación del art. 435.3 vigente.

En relación a la conducta típica se propone la sustitución de la fórmula «infrinjan excediéndose» (de las facultades de disponer), ya que cuando se infringen las facultades de disponer normalmente hay un exceso de las mismas, por lo que se propone sus sustitución por la fórmula «abuso de las facultades» (de disponer).

Supresión del segundo párrafo del art. 252.2 del Proyecto: Tal y como dice el informe del CGPJ se trata de una fórmula amplia e indeterminada que infringe el principio de taxatividad.

En cuanto al apartado 3 del precepto se convierte en apartado 2 con la redacción que se propone por coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 380

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento treinta.

Se modifica el apartado 2 del artículo 255, quedando redactad como sigue:

«2. Si el hecho, por la reducida cuantía de cuantía defraudada, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escaso/a» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 381

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento treinta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento treinta y uno.

Se modifica el apartado 2 del artículo 256, quedando redactado como sigue:

«2. Si el hecho, por la poca entidad del perjuicio causado, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante. La redacción también es mejorable para evitar la repetición del adjetivo «escasa» dos veces en la misma frase.

ENMIENDA NÚM. 382

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cuarenta y uno.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 263, quedando redactado como sigue:

«1. ...

Si el hecho, en atención a tales circunstancias, fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa inferior a dos meses o trabajo en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación resulta de la coherencia con la enmienda al artículo 33. La supresión del tope de los mil euros resulta de los propios conceptos utilizados por el prelegislador en el primer párrafo de este mismo artículo que no solo atiende al importe de lo defraudado, sino también a la situación económica de la víctima, es decir, al perjuicio causado, de lo que se desprende que existirán casos en los que a pesar de que el valor supere los 1.000 € el perjuicio causado a la víctima pueda ser irrelevante.

ENMIENDA NÚM. 383

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo Único, apartado ciento cuarenta y ocho, por el que se modifica el artículo 268.

«1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona discapacitada con discapacidad o desvalida.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.»

JUSTIFICACIÓN

Terminológica. Lo correcto es «persona con discapacidad», no «persona discapacitada». Así lo obliga la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece:

«Disposición adicional octava. Terminología.

Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad».

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.

ENMIENDA NÚM. 384

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cuarenta y nueve.

Art. 270.2. Quedaría redactado como sigue:

«2. En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, (…). No obstante, no se impondrá esta pena en los casos en que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271 y el beneficio económico obtenido no exceda de 1.000 euros».

JUSTIFICACIÓN

Los principios de intervención mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que no se consideren como infracción penal las conductas de distribución al por menor cuando, no dándose las circunstancias previstas en el artículo 271 CP, el beneficio obtenido no exceda de 1000 euros, toda vez que el bien jurídico queda suficientemente protegido a través de la sanción de estas conductas por medio del derecho administrativo sancionador, en principio, menos lesivo que el derecho penal. Además de la existencia de un instrumento sancionador de acreditada eficacia en la lucha policial contra esta forma precaria de venta ambulante, el miedo al decomiso de sus pobres mercancías y a la aplicación de la legislación de extranjería permite pensar que la descriminalización de estas conductas en modo alguno supondrá un incremento en su perpetración.

Ha de tenerse en cuenta que la calificación de estas conductas como delito leve como trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

La cifra de 1.000 euros se propone por no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 385

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuarenta y nueve.

ENMIENDA



De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cuarenta y nueve.

Art. 270.2. Quedaría redactado como sigue:

«2. En los supuestos a que se refiere el párrafo primero del número anterior, (…). No obstante, cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener no fuera superior a los 1000 euros, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez impondrá la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.»

JUSTIFICACIÓN

Subsidiariamente, en caso de que no resultará aprobada la anterior enmienda se presenta esta enmienda con el fin de paliar la gran discrecionalidad en la aplicación del tipo atenuado y el consiguiente peligro cierto de que se termine aplicando el tipo básico, con la consiguiente pena de prisión.

ENMIENDA NÚM. 386

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cincuenta y uno.

Art. 274. Quedaría redactada como sigue:

«2. La venta ambulante u ocasional... No obstante, esta pena no se impondrá en los casos de distribución al por menor cuando no concurra ninguna de las circunstancias del art. 276 y el beneficio económico obtenido no exceda de 1.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

Los principios de intervención mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que no se consideren como infracción penal las conductas de distribución al por menor cuando, no dándose las circunstancias previstas en el artículo 276 CP, el beneficio obtenido no exceda de 1000 euros, toda vez que el bien jurídico queda suficientemente protegido a través de la sanción de estas conductas por medio del derecho administrativo sancionador, en principio, menos lesivo que el derecho penal. Además de la existencia de un instrumento sancionador de acreditada eficacia en la lucha policial contra esta forma precaria de venta ambulante, el miedo al decomiso de sus pobres mercancías y a la aplicación de la legislación de extranjería permite pensar que la descriminalización de estas conductas en modo alguno supondrá un incremento en su perpetración.

Ha de tenerse en cuenta que castigar como delito leve estas conductas, trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

La cifra de 1000 euros se propone por no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 387

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cincuenta y uno.

Art. 274. Quedaría redactada como sigue:

«2. La venta ambulante u ocasional… No obstante, cuando el beneficio obtenido no fuera superior a 1000 euros, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez impondrá la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días».

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de regulación prioritaria sería la anterior; no obstante, y para el caso de que no prosperara, cabe una segunda propuesta con el fin de paliar la gran discrecionalidad en la aplicación del tipo atenuado y el consiguiente peligro cierto de que se termine aplicando el tipo básico, con la consiguiente pena de prisión.

Ha de quedar totalmente vedada la posibilidad de aplicar a estas conductas el tipo básico, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión. Lo contrario supondría una clara lesión del principio de proporcionalidad. Esto no se impide simplemente con sustituir el término «podrán» de la cláusula atenuante por «impondrán», pues debido a la utilización de conceptos indeterminados como «características del culpable» o «reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener», queda a la discrecionalidad del Juez apreciar si concurren o no estos requisitos, de manera que cabría que aplicara el tipo básico en atención, por ejemplo, a la existencia de antecedentes. Por otra parte, estas conductas son de tan escasa gravedad que no se entiende que las «características del culpable» puedan justificar el rigor punitivo que implica la pena de prisión de hasta dos años.

Hay que tener en cuenta que castigar como delito leve estas conductas —trasunto de las vigentes faltas—, conlleva antecedentes penales (a diferencia de la situación actual), lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación.

Técnicamente, la mejor vía para evitar que el tipo básico se aplique a estas conductas es establecer un criterio objetivo de aplicación del tipo atenuado, para la que se propone que el beneficio se cifre en concreto en una determinada cantidad que se propone sea de 1000 euros para no quebrar la sistemática del Título XIII en la versión del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 388

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento cincuenta y uno.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 274.

«No obstante, atendida la reducida cuantía del beneficio económico obtenido, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez impondrá la pena de multa de uno a dos meses o localización permanente de cuatro a doce días».

JUSTIFICACIÓN

Propuesta subsidiaria. Ha de quedar totalmente vedada la posibilidad de aplicar a estas conductas el tipo básico, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión. Lo contrario supondría una clara lesión del principio de proporcionalidad. Esto no se impide simplemente con sustituir el término «podrán» de la cláusula atenuante por «impondrán», sino también es debido a la utilización de conceptos indeterminados como «características del culpable» como queda a la discrecionalidad del Juez el apreciar si concurren o no estos requisitos, de manera que cabría que aplicara el tipo básico en atención, por ejemplo, a la existencia de antecedentes. Por otra parte, estas conductas son de tan escasa gravedad que no se entiende que las «características del culpable» puedan justificar el rigor punitivo que implica la pena de prisión de hasta dos años.

La fórmula alternativa que permite optar entre la pena de multa y la de localización permanente se justifica en el propósito de evitar la pena de prisión incluso si ésta llegara de forma indirecta por el efecto combinado del art. 57 y del art. 125 CP. sobre la pena de multa. La pena de localización permanente se prevé en los términos establecidos en el art. 33.4 del PCP, y dentro de sus límites en abstracto, con la misma extensión prevista actualmente para la falta en el art. 623.5 CP.

Ha de tenerse en cuenta que castigar como delito leve estas conductas, trasunto de las vigentes faltas, conlleva antecedentes penales, lo que supone un importante plus aflictivo para estas personas en cuanto imposibilita una posible regularización y precariza aún más su situación, además de contribuir a justificar —llegado el caso— las detenciones o prisiones provisionales.

ENMIENDA NÚM. 389

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento sesenta y siete.

Se suprime el Art. 311 bis.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto introduce un nuevo precepto que castiga el proporcionar trabajo a un inmigrante sin que medie abuso ni lesión de derechos laborales (lo que ya está previsto a través del tipo del art. 312.2 CP). Se trata de un comportamiento ya sancionado a través de la legislación de extranjería (art. 54.1 d) LOEX) que, según parece, se considera por el pre-legislador insuficiente en términos punitivos, y propugna que ocupe también su espacio en el derecho penal. Un tipo delictivo perverso, innecesario y desproporcionado que no salvaguarda ningún bien jurídico digno de tal protección y se fundamenta en razones no de política criminal sino de política migratoria.

ENMIENDA NÚM. 390

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento sesenta y ocho.

Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 315.

JUSTIFICACIÓN

De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa como la conducta tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un precepto anterior — y diferente — que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello.

El actual art. 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales — entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977 — y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga.

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que sin embargo se produjeron en todos los ámbitos jurídicos —también, obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 1978. Incluso, La reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal de la democracia», mantiene prácticamente el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que tiene el término de coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que lleva a cabo nuestra Constitución.

El art. 315.3 CP ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la Huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales de un día de duración, pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes.

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste con la prácticamente inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta materia, hasta el punto de que la parte del Código Penal que protege los denominados «Delitos contra los trabajadores» no tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 391

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Ciento sesenta y nueve.

Artículo 318 bis. Queda redactado como sigue:

«1. El que, con ánimo de lucro y con habitualidad, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España o a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

2. Se impondrá la pena en la mitad superior a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) Con ocasión del tráfico se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas.

b) Se trafique con menores de edad o incapaces.

c) Los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, además de la inhabilitación absoluta de seis a doce años.

d) Cuando el culpable pertenezca a una organización criminal que se dedique a la realización de tales actividades, además de la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de la condena.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se impondrá la pena superior en grado.

3. Cuando de los delitos comprendidos en este artículo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en este Código, se le impondrá alguna de las penas establecidas en el artículo 33.7 de este Código.

4. Los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada».

JUSTIFICACIÓN

Alternativa y subsidiaria a la supresión. El artículo 318 bis que propone el Proyecto, modifica el art. 318 bis vigente, para consagrar la idea de que el derecho penal proteja el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. Pone por delante la infracción de las normas sobre tránsito fronterizo y olvida que este delito, según la rúbrica que le precede, es un delito contra «los derechos de los ciudadanos extranjeros». Y olvida también que la política migratoria es un interés que se encuentra, además, protegido administrativamente con la previsión de las infracciones de la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (reformada por LO 2/2009, conocida como Ley de Extranjería), por lo que añadir su protección penal resulta rechazable, además de generador de confusiones.

La protección penal de este interés resulta rechazable. Se relaciona, en última instancia, con la concepción de la inmigración como un problema de seguridad y conduce a la consolidación de un Derecho penal del enemigo, que distingue entre ciudadanos y «no-ciudadanos», sosteniendo que estos últimos carecen de derechos y garantías. La tutela penal per se de una política migratoria fomenta la exclusión y la victimización de sujetos ya de por sí en situación de riesgo debido a las precarias condiciones que sufren en los países de origen. La intervención penal en esta materia debería limitarse a la protección de las personas en riesgo, dejando la protección de las fronteras al derecho administrativo sancionador. La tutela penal de los flujos migratorios no debería suponer un empeoramiento de la situación de las personas más vulnerables, sin riesgo de ser una tutela ilegítima y contradictoria con los principios más básicos de nuestro sistema democrático y social.

Sin embargo, la protección penal de la política migratoria viene impuesta por la Directiva 2002/90/CE del Consejo, cuyo texto copia casi literalmente el propuesto por el Proyecto para el apartado 1 del art. 318 bis del CP. Por tanto, la enmienda que se propone se sitúa en un terreno de mínimos y se resigna a la obligatoriedad de la Directiva, pero parte de que su incorporación no significa ni asumir su redactado literal ni olvidar las exigencias del marco constitucional español. Así, para cumplir con la exigencia de taxatividad, la enmienda propone evitar la genérica mención a la «ayuda» a la inmigración que utilizan la Directiva (y el Proyecto), para mantener los términos más estrictos del texto en vigor («promover, favorecer o facilitar»), que, respetando la imposición de la Directiva, tienen un significado más concreto. También respeta las exigencias de la Directiva la exclusiva mención al «tráfico ilegal».

Por otra parte, en el tipo básico del apartado 1, la enmienda propone exigir que el responsable actúe con ánimo de lucro y habitualidad, requisitos que no están presentes en el texto de la citada Directiva. Sin embargo, resulta ineludible exigirlos por imperativo del principio de proporcionalidad constitucionalmente consagrado y relacionado con los principios generales de intervención mínima y ultima ratio. En efecto, resulta tan sorprendente como alarmante que la regulación penal propuesta por el Proyecto contemple supuestos de menor gravedad que los sancionados administrativamente. Así, la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social prevé, como infracción administrativa muy grave «Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito» (art. 54.1 b). Es decir, la infracción administrativa posee más requisitos que la infracción penal proyectada, al contemplar la primera el ánimo de lucro en la ayuda a la entrada irregular. Por lo tanto, para respetar el principio de ultima ratio del Derecho penal, necesariamente cualquier reforma penal que se plantee debería contemplar —además del ánimo de lucro actualmente no previsto siquiera— algún elemento adicional que permita aplicar el Derecho penal a los supuestos más graves de promoción del tráfico ilegal y sobre todo, diferenciar el delito respecto de la infracción administrativa, como exigencia mínima de seguridad jurídica.

La propuesta de la enmienda sobre incorporar el ánimo de lucro y la habitualidad al tipo básico de favorecimiento del tráfico ilegal, no debe ser contemplada como un exótico apartamiento de las directrices europeas puesto que se encuentra en la línea de las previsiones del Derecho penal alemán (§ 96 Aufenthaltsgesetz-AufenthG), que contemplan el ánimo de lucro o la habitualidad como elementos necesarios para la aplicación del delito, para, de este modo, diferenciar la infracción administrativa de la penal.

ENMIENDA NÚM. 392

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento sesenta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento sesenta y nueve.

De supresión del Art. 318 bis. Apartados 1, 2 y 3.

JUSTIFICACIÓN

La tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes en los términos que establece el PCP se propone, como se indica en la EM, «definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea», esto es, retomar la trasposición de la Directiva 2002/90/CE ya verificada por medio de la reforma del CP realizada por LO 5/2010, ajustándola también a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI. Sin embargo, conviene recordar que trasponer la normativa europea no puede significar reproducirla literalmente en el derecho interno, sino adaptarla a sus características evitando poner en riesgo otros compromisos derivados de la protección de los derechos y garantías básicas que contempla cada ordenamiento jurídico, lo que en España se traduce en la necesidad de respetar —en clave de política criminal y tipificación penal— las bases que conforman nuestro estado social y democrático de derecho.

En este tipo, la vigente regulación en el Código Penal contempla penas más rigurosas que, si bien con alguna posibilidad de atenuación, resulta ser una respuesta punitiva absolutamente desproporcionada. Esta desproporción es minimizada en el Proyecto, como se reconoce en la EM, al ajustarse a lo dispuesto en la mencionada Decisión Marco, que reserva «las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante». Además, se ha producido a lo largo del iter procedimental pre-legislativo una progresiva suavización del tipo inicial que incluía el castigo penal a la ayuda humanitaria, en muy buena medida debida a la reacción de numerosos colectivos y asociaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes que han provocado la desaparición en el texto del PCP de la sanción penal en los casos de comportamientos debidos a motivaciones humanitarias. Lo que da buena cuenta de la flexibilidad que admite y caracteriza la trasposición de la normativa comunitaria al derecho interno de cada estado miembro de la UE.

El Proyecto castiga por primera vez la ayuda con ánimo de lucro a la permanencia de los inmigrantes irregulares, es decir, indocumentados, cuando se realiza «con ánimo de lucro», y se vale de una redacción tan laxa y unos términos tan amplios que posibilita el castigo penal a comportamientos carentes de desvalor social como alquilar una vivienda o admitir en un hotel a un inmigrante «sin papeles», o asesorarle legalmente o, en fin, cualquier otra conducta que le permita prolongar su estancia en España. Se trata de un tipo en el que no se detecta el menor atisbo de lesión a los derechos de los ciudadanos extranjeros; no resulta, pues, ni jurídicamente aceptable ni éticamente soportable.

Con todo, la sola presencia del tipo del art. 318 bis 1 (qué decir, del subtipo agravado del art. 318 bis 3) resulta imposible de asumir con las categorías y principios del derecho penal democrático. El tipo del art. 318 bis 1) es un delito indecente. Porque pese a la rúbrica del Título XV bis que contiene en exclusiva el artículo, «delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», no se pretende perseguir los abusos contra aquéllos (ni tampoco la trata de seres humanos, para lo que ya hay otros tipos previstos en el CP); no se está protegiendo a los ciudadanos extranjeros sino que se les están estrangulando sus derechos, tratando a las víctimas como delincuentes y a quienes les auxilian como verdugos. El derecho penal en un estado democrático no puede ser utilizado para semejantes propósitos.



ENMIENDA NÚM. 393

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Apartado Ciento setenta y ocho.

Se propone añadir, en el artículo 337.1, «uso» a la «explotación sexual», con el siguiente redactado:

«Artículo 337.

1. «... causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud, o sometiéndole a uso o explotación sexual...»

JUSTIFICACIÓN

Se valora positivamente que se haya añadido una referencia al sexo con animales en la conducta delictiva, ya que es una práctica grave y muy extendida en España. Sin embargo, la explotación sexual de animales tiene una connotación económica, y una interpretación en este o en un sentido análogo, podría acarrear el archivo de denuncias si no ha mediado una relación empresarial, dejando al margen todo tipo de perversiones y abusos hacia el animal con total impunidad.

De acuerdo con la utilización que del mismo hacen el propio Código Penal y otros textos legales y organismos internacionales, el término explotación sexual plantea problemas de aplicación práctica, con riesgo de interpretaciones judiciales restrictivas, que en todo caso limitarían los supuestos condenables a actividades económicas de proxenetismo o participación en espectáculos de bestialismo, excluyendo así del tipo penal otras prácticas de zoofilia socialmente reprochables y, por ende, penalmente relevantes. La enmienda así planteada resulta necesaria para superar las limitaciones de aplicación práctica aparejadas al término explotación, de modo que además de tipificar penalmente aquellas actividades económicas o comerciales en las que se utilizan animales con una finalidad de carácter sexual, resulten penalmente punibles también prácticas privadas de zoofilia, en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas, y que como tales han sido penadas en otros países del contexto europeo.

Haciendo un análisis comparativo de las reformas acometidas por algunos países vecinos de la Unión Europea y de Latinoamérica que han incluido los actos sexuales con animales en el Código Penal, se puede comprobar que ninguno de ellos ha utilizado la expresión «explotación sexual». Por ejemplo, el Estado de Yucatán (México), prohibió los «actos de zoofilia con animales domésticos (mayo de 2013) y el Distrito Federal en México condena el «acto zoofílico contra cualquier animal» (enero de 2013). Otros ejemplos son: Suecia: a partir de 1/1/2014, la modificación del Código Penal castigó con multa o cárcel «cualquier acto sexual con un animal» (antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos); Alemania: en febrero 2013, el Código Penal prohibió «el uso de animales para actividades sexuales»; Holanda: en febrero 2010, una reforma legal prohibió «el sexo de humanos con animales»(antes no estaba prohibido si los animales no eran maltratados o heridos). También prohíbe la distribución pornográfica; Bélgica: en 2007 una reforma legislativa aumentó las penas en caso de maltrato de animales y prohibió específicamente la práctica del sexo con los mismos; Inglaterra: la zoofilia se prohibió por la sección 69 del Acta de Ofensas Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003) y actualmente la ley de protección animal prohíbe «la penetración con pene humano en animales y viceversa»; Francia: hasta marzo de 2004, ninguna ley castigaba los actos sexuales o la zoofilia excepto cuando el animal sufría graves abusos. La Ley N.º 2004-204 de 9 de marzo 2004, añadió «o de índole sexual» en el artículo 521-1 del Código Penal, por lo que desde entonces, «cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado o en cautiverio, también «de índole sexual» se castiga con dos años de prisión; Suiza: desde 2001 los artículos 135 y 197.4.3.ª del Código Penal prohíben la difusión y la posesión de la pornografía o escenas de violencia que involucran animales. El último país que ha prohibido el sexo con animales, de forma generalizada, ha sido Dinamarca en octubre de 2014. Por todo lo anterior, parece irrefutable que el código penal español, si mantiene el vocablo «explotación», en lugar de otro que abarque cualquier acto sexual con animales, tampoco se alienaría con el resto de países para elevar a delito este tipo de prácticas.

ENMIENDA NÚM. 394

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Ciento setenta y ocho.

Se propone añadir, en el artículo 337, un nuevo apartado tras el número 2 con el siguiente texto:

«Artículo 337.

2 bis. Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, cuando concurran más de la mitad de las circunstancias recogidas en el epígrafe anterior, con independencia de si se hubiera causado la muerte del animal».

JUSTIFICACIÓN

Mediante este proyecto de ley se amplían algunas penas, pero no la actual redacción supedita el aumento de pena al resultado de muerte, cuando se ha comprobado sobradamente como en numerosas ocasiones la muerte deviene un alivio para el animal y la conducta reprobable penalmente se lleva a cabo con anterioridad a la muerte. Igualmente, si bien se aumenta la pena privativa de libertad en determinadas circunstancias, la pena de prisión para la comisión de un delito de maltrato de animales sigue siendo inferior a los dos años, que por lo general es la condena mínima para entrar en prisión, si se carece de antecedentes penales y se han satisfecho las responsabilidades civiles (pago de indemnización, en su caso). Así, cuando las penas de prisión son inferiores a uno o dos años, el juez puede sustituirlas o dejar en suspenso su cumplimiento atendiendo a circunstancias tales como el tipo de delito cometido, la peligrosidad del condenado o si no existe reincidencia. En la práctica, dicha situación conlleva que nadie entre en prisión por maltrato animal y que por tanto la sociedad no interiorice la gravedad de los hechos y no se produzca la sensibilización y posterior condena social. En este caso, la propuesta se dirige a crear un supuesto de prisión efectiva en los casos que, con independencia del resultado de muerte, generan más repulsa social.

ENMIENDA NÚM. 395

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Ciento setenta y ocho.

Se propone incluir junto a la inhabilitación de tenencia de animales «la convivencia con ellos en el domicilio». Dicha inclusión se hará extensible en los artículos 337, apartados 1, 3 y 4.

«Artículo 337.

1. ... será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio».

«Artículo 337.

3. ... se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio».

«Artículo 337.

4. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y convivencia con ellos en el domicilio».

JUSTIFICACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 396

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento setenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo único. Ciento setenta y nueve.

Añadir al artículo 337 bi al final el término «y convivencia con ellos en el domicilio».

JUSTIFICACIÓN

La inhabilitación para la tenencia de animales debe hacerse extensiva también a la convivencia con ellos en el mismo domicilio, para evitar la problemática práctica de que una persona condenada por un delito tipificado en este precepto e inhabilitada para la tenencia de animales, pueda llegar a convivir con éstos, evadiendo dicha pena de inhabilitación, simplemente con que los animales se encuentren registrados, por ejemplo, a nombre de un familiar o de su pareja. Ello máxime considerando el constatado vínculo existente entre las conductas incluidas en este tipo penal y la violencia doméstica y el maltrato infantil, así como la utilización de estas prácticas como herramienta para victimizar a humanos en contextos de violencia intrafamiliar.

ENMIENDA NÚM. 397

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y siete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo. Ciento Noventa y siete.

De supresión del Art. 386. Párrafo tercero.

JUSTIFICACIÓN

Las mismas conductas que se recogen en este precepto son castigadas en el PCP con penas mucho más graves, que pasan de localización permanente de 2 a 8 días o multa de 20 a 40 días, a ser castigadas con penas de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 24 meses. Hay que atender también que el precepto se refiere al adquirente de buena fe que después usa o distribuye el objeto falso una vez le conste la falsedad, lo cual no es sino un modo de cometer estafa, en su caso. Trasladadas estas conductas sin más, del Libro III al II parece un exceso. Bagatelas en su sentido más literal. Susceptibles, como mucho, de sanción administrativa.

ENMIENDA NÚM. 398

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento noventa y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Ciento noventa y nueve.

De supresión del Art. 389. Párrafo segundo.

JUSTIFICACIÓN

Por las mismas consideraciones que las expresadas en el artículo 386

ENMIENDA NÚM. 399

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos uno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos uno.

Se suprime el nuevo artículo 402bis.

JUSTIFICACIÓN

La EM justifica la introducción de este precepto de la siguiente forma: «El artículo 637 del Código Penal vigente hasta ahora recogía conductas que deben ser tipificadas como delito, y no como una simple falta, pues no cabe duda de que es necesario proteger la confianza que determinados símbolos, uniformes o insignias generan, y su uso indebido debe ser sancionado penalmente. Por ello, se suprime la falta y se tipifica esa conducta como delito dentro de los tipos penales de usurpación de funciones públicas y de intrusismo».

Pero la conducta que se prevé o resulta totalmente inocua (disfrazarse de general del Ejército en una fiesta o de Almirante en una primera comunión) porque no afectan ni a la confianza en tales símbolos y menos aún significan usurpación de funciones públicas y de intrusismo, que exigen que el autor se atribuya la condición o ejerza actos que corresponden a personas que cumplen funciones públicas.

En otros casos, dicha conducta podría ser el medio de comisión de otros tipos penales (por ejemplo estafa) y quedarían absorbidas por el desvalor del delito fin.

En último extremo, podría conservarse la redacción propuesta, pero cambiando la penalidad por la «inferior a dos meses» por coherencia con la enmienda al artículo 33.

ENMIENDA NÚM. 400

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos seis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos seis.

Artículo 419. Quedando redactado de la siguiente manera:

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción

ENMIENDA NÚM. 401

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos siete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Primero. Doscientos siete.

«Artículo 420.

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 402

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)



El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Primero. Doscientos ocho.

«Artículo 423.

1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, o un acto propio de su cargo o para que no realice o retrase el que debiera practicar, será castigado, en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida, sin perjuicio de la pena que, en su caso, le pudiera corresponder como inductor al delito eventualmente cometido por estos.

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública se le impondrán las mismas penas de prisión y multa en su mitad inferior.

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare, la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 403

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos nueve.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos nueve.

«Artículo 424.

Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 404

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos doce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos doce.

«Artículo 428. Quedaría redactado de la siguiente forma.

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 405

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos trece.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos trece.

«Artículo 429.

El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 406

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos catorce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos catorce.

«Artículo 430.

Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los Artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

Cuando de los delitos comprendidos en este capítulo fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, se le impondrá la pena de suspensión de las actividades sociales por un plazo de dos a cinco años y clausura de sus locales y establecimientos durante el mismo período de tiempo.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 407

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos dieciséis.

«Artículo 432.

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de cuatro a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a diez años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si la malversación fuera sobre bienes que hubieran sido declarados de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.

3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de uno a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta diez años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 408

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos veinte.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos veinte.

«Artículo 436.

La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 409

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos treinta y dos.

De supresión del Art. 485.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 410

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos treinta y ocho.

Art. 550. Quedaría redactado como sigue:

«1. Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a tres años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a dos años en los demás casos.»

JUSTIFICACIÓN

Las acciones típicas en el delito de atentado del actual art. 550, acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave, pasan a describirse en el anteproyecto como agresión, acometimiento, o resistencia con violencia (que no tiene que ser grave) o con intimidación grave. En la Exposición de Motivos (EM) se da cuenta de la introducción de una «nueva definición del atentado«, en la que se nos dice que no está incluida la resistencia pasiva, ya que «continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave» del art. 556 CP, mientras que los tipos que castigaban la desobediencia leve como faltas, previstos en el libro III (que el PCP deroga), pasan a ser «corregidos administrativamente». Como se señala por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ que elaboró el informe de este organismo (en adelante, ICGPJ), el empleo del término «agredieren» y «acometieren» es una redundancia ya que esta última conducta engloba a la primera; en suma, «acometer equivale a agredir» (entre otras y por todas, STS de 4 de junio de 2010). En su conjunto, la nueva definición del tipo básico no puede sino calificarse de innecesaria, provoca confusión semántica, y genera inseguridad jurídica; puede conducir a una interpretación extensiva del tipo y, por ende, a un mayor margen de discrecionalidad (con riesgo incluso de llegar a convertirse en arbitrariedad) en su interpretación y aplicación.

La propuesta pasa, pues, por mantener la actual definición del tipo básico, ajustando la penalidad a unos límites más racionales que eviten que la eventual aplicación de los tipos agravados (con la posible presencia de concurso de delitos) disparen las penas a aplicar hasta extremos desproporcionados.

La supresión del apartado 3 del art. 550 quiere evitar la sobreprotección a algunas altas autoridades del estado, que no estaba prevista en la redacción original del CP dada por la LO 10/1995, de 23 de noviembre sino que fue introducida con la LO 7/2000, de 22 de diciembre, y que incrementa la pena en función del cargo público ostentado por el sujeto pasivo de la acción. El PCP la amplía a Jueces y Magistrados, y también a los miembros del Ministerio Fiscal. Mantener esta redacción —incluso en su versión actual— representa, en pleno siglo XXI, un residuo de viejas concepciones ya depurado en la mayoría de las legislaciones penales de nuestro entorno o, en la más generosa de las lecturas, conservar un privilegio que —si se llegara a considerar oportuno contemplar— debiera serlo trasladándolo al Capítulo III, Sección 1.ª del Título XXI, entre los «Delitos contra la instituciones del Estado».

ENMIENDA NÚM. 411

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos treinta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.



De modificación del Artículo Único. Doscientos treinta y nueve.

Art. 551. Quedaría redactado como sigue:

«Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior si la agresión se verificara con armas o con otro medio peligroso».

JUSTIFICACIÓN

Tal como está planteada la reforma del subtipo agravado en el PCP permite su aplicación a todas las conductas que definen el delito de atentado. Sin embargo, con la redacción propuesta (que utiliza el mismo verbo que la actual redacción) se limita exclusivamente a los casos de acometimiento, es decir, de agresión, evitando el riesgo de que su aplicación general violente el principio ne bis in idem. La multiplicación de conductas agravatorias, en los términos de la reforma, incurre en redundancias y desciende a supuestos específicos que, más allá de estar plenamente admitidos por la jurisprudencia, son en todo caso englobados en la redacción propuesta.

La omisión de la agravante específica de prevalimiento se explica por su innecesariedad, al caber su apreciación y aplicación desde la genérica del art. 22.7 CP.

ENMIENDA NÚM. 412

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos cuarenta y uno.

Art. 554. Quedaría redactado como sigue:

«Las penas previstas en los artículos 551 y 552 se impondrán en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios».

JUSTIFICACIÓN

Se conserva la redacción literal del actual artículo 555 por considerarse más apropiado que la propuesta de reforma en la que, para supuestos similares, prevé una pena igual, es decir, una protección penal idéntica si el sujeto pasivo carece de la condición de autoridad, agentes o funcionarios públicos, desapareciendo así la ilación sistemática que en estos tipos explica la diferencia penológica en atención al mayor o menor grado de relevancia en las funciones desempeñadas por el sujeto pasivo.

Se propone situar el ámbito subjetivo de este tipo en unos límites razonables, y en tal sentido suprimir la protección contemplada en favor de los miembros de las fuerzas armadas, ahora prevista en el artículo 554. Se trata de un tipo obsoleto heredado del CP de 1973, el viejo artículo 235 bis (introducido por la LO 14/1985, de 9 de diciembre), cuya presencia en los juzgados y tribunales es prácticamente residual en los últimos años, e innecesario en la medida en que los sujetos pasivos participan del ejercicio de funciones públicas. Otro tanto ocurre con los bomberos o miembros del personal sanitario o los equipos de socorro: su condición de servidores públicos, más allá de su concreto régimen estatutario, está reconocida por la jurisprudencia (STS 1125/2011, entre otras).

Mención aparte merece la inopinada inclusión en el ámbito de aplicación de la norma del «personal de seguridad privada». Introducida sorpresivamente en el texto legal inmediatamente después de finalizar el trámite de informes, no es mencionada ni en la EM ni en la Memoria de Impacto Normativo, y tampoco ha podido ser examinada ni sometida a los dictámenes legalmente exigidos en su tramitación pre-legislativa. Aunque con oscilaciones jurisprudenciales, a partir de la STS de 25 de octubre de 1991, luego refrendada por la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, no se les viene reconociendo a los vigilantes jurados el carácter de agentes de la autoridad. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en la Consulta 3/93 de 20 de octubre puntualizando que, conforme al art. 14 de la Ley 23/1992 y el art. 4.2. de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida en que auxilien y colaboren con aquéllos, les podría ser de aplicación el vigente artículo 555 CP. La propuesta que aquí se realiza parte de este mismo punto de vista, sin perjuicio de que prospere el Proyecto de la que será próxima Ley de Seguridad Privada (que a fecha 12 de diciembre de 2013 ha sido aprobado por la Comisión del Congreso, BOCG 19-12-2013) en el que se introduce como novedad, tal como se indica en su EM, «la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

ENMIENDA NÚM. 413

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos cuarenta y tres.

Art. 556. Quedaría redactado como sigue:

«Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones».

JUSTIFICACIÓN

El artículo 556 de la reforma describe la acción típica — resistencia pasiva y desobediencia grave— casi en los mismos términos que el actualmente vigente previéndose una penalidad más leve. En este sentido, se asume el texto de la reforma en tanto que la reducción de la penalidad permite ofrecer una respuesta más proporcionada a la conducta típica.

Se propone la supresión de la ampliación del sujeto pasivo al personal de seguridad privada, incluída inopinadamente en el PCP sin pasar por los Anteproyectos. No es mencionada ni en la EM ni en la Memoria de Impacto Normativo, y tampoco ha podido ser examinada ni sometida a los dictámenes legalmente exigidos en su tramitación pre-legislativa. Aunque con oscilaciones jurisprudenciales, a partir de la STS de 25 de octubre de 1991, luego refrendada por la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, no se les viene reconociendo a los vigilantes jurados el carácter de agentes de la autoridad. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en la Consulta 3/93 de 20 de octubre puntualizando que, conforme al art. 14 de la Ley 23/1992 y el art. 4.2. de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la medida en que auxilien y colaboren con aquéllos, les podría ser de aplicación el vigente artículo 555 CP. La propuesta que aquí se realiza parte de este mismo punto de vista, sin perjuicio de que prospere el Proyecto de la que será próxima Ley de Seguridad Privada (que a fecha 12 de diciembre de 2013 ha sido aprobado por la Comisión del Congreso, BOCG 19-12-2013) en el que se introduce como novedad, tal como se indica en su EM, «la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

ENMIENDA NÚM. 414

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del Artículo Único. Doscientos cuarenta y cuatro.

Art. 557. Quedaría redactado como sigue:

«Quienes actuando en grupo, y con el fin de alterar la paz pública, ejecutaren actos de violencia sobre las personas causándose lesiones, o de fuerza sobre las cosas produciendo daños, serán castigados con una pena de seis meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código».

JUSTIFICACIÓN

Superando lo que en la EM del PCP se formula como un reproche al actual tipo básico de desórdenes públicos, que «la anterior regulación de la alteración del orden público (…) no definía el delito, sino que yuxtaponía una serie de conductas punibles, lo que generaba problemas de tipicidad, en algunos casos, y concursales en otros», la redacción propuesta define con sencillez y concisión la conducta típica y resuelve los eventuales problemas concursales que pudieran, no obstante, producirse.

Los problemas de indefinición que, según la EM, afectan a los tipos de desórdenes públicos se acometen, en la reforma, redefiniendo la alteración del orden público «a partir de la referencia al sujeto plural». Desde luego el sujeto plural en el tipo básico de los desórdenes públicos ya existe desde su precedente, el art. 263 del CP de 1973, sin embargo, su ampliación semántica con la fórmula inédita hasta ahora «o individualmente pero amparados en él», lejos de definir al sujeto activo, introduce un concepto jurídico indeterminado, fuente previsible de abusos interpretativos. De ahí su supresión.

El castigo previsto para quienes les inciten o refuercen la disposición de los autores de llevar los actos a cabo, como tiene indicado el ICGPJ, supone «una alteración del régimen general». La incitación como forma de intervención en la perpetración del delito sólo se contempla en el CP como provocación si se realiza con publicidad. Por ello, en la formulación propuesta, se eliminan tales comportamientos como punibles debiéndose estar a lo establecido en los artículos 17 y 18 del CP.

En la propuesta se reintroduce quizá la ausencia más notable y trascendente de la reforma (aunque no sea mencionada ni en la EM ni en la Memoria), el elemento finalista, el elemento subjetivo del injusto que, añadido al dolo, acompaña a este tipo desde antes de su incorporación al Capítulo de los desórdenes públicos realizada con la Ley 82/1978 que desgajó el antiguo art. 263 (precepto introducido por la Ley de 15 de noviembre de 1971 de reforma del CP como una modalidad de delito de terrorismo) de los delitos contra la seguridad interior del estado, pasando a ser el art. 246 CP (antecedente inmediato del actual art. 557), sin modificación alguna en su redacción. A raíz de la STC 59/1990 (en la que, expresamente, se declara que los conceptos de orden público y paz pública no significan lo mismo en un sistema autocrático que en un estado social y democrático de derecho y han de ser interpretados a la luz de la Constitución), la jurisprudencia del TS puso especial énfasis en la presencia del elemento subjetivo del injusto del vigente art. 557 CP («con el fin de atentar contra la paz pública»), que despliega sus efectos sobre la culpabilidad y la antijuridicidad de las conductas, al tiempo que amplió su ámbito, exigiendo su concurrencia en los demás tipos regulados en el —entonces— capítulo IX del Título II. Por esto se estima trascendental la presencia en el tipo básico de los desórdenes públicos del elemento finalista que contribuye a definir con claridad el bien jurídico protegido por la norma.

Por razones de proporcionalidad y de seguridad jurídica, frente a lo que se diseña en la reforma, la alteración de la paz pública en el artículo propuesto requiere que produzca un resultado concreto; por lo mismo, se descartan las amenazas.

La propuesta ajusta el techo de la pena prevista para el delito a unos límites más ponderados para evitar que la eventual agravación (con la posible presencia de concurso de delitos) exaspere las penas a aplicar hasta extremos desproporcionados atendidos el significado y el resultado de los hechos perpetrados.

Se conserva la redacción del último inciso del vigente art. 557.1 CP. Está pacíficamente admitido por la doctrina que los eventuales problemas concursales, como se trata de ataques a bienes jurídicos distintos, con la actual redacción («sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder [a los actos descritos en el tipo] conforme a otros preceptos de este Código»), no resultarán aplicables las reglas del concurso de normas sino las del concurso de delitos. Cualquier duda o polémica al respecto está ya resuelta. De ahí su mantención.

ENMIENDA NÚM. 415

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cuarenta y cinco.

De supresión del Art. 557 bis.

JUSTIFICACIÓN

Las circunstancias que agravan el tipo básico en unos casos no alcanzan el nivel de antijuridicidad suficiente para su sanción penal (v.gr., el porte de armas); en otros ya están previstas en otros lugares del Código (el prevalimiento; los actos de pillaje, calificables conforme al resultado del acto; o la potencial peligrosidad, a valorar y atemperar conforme a las reglas generales de aplicación de las penas); y en otros superan el canon de constitucionalidad (su perpetración en o con ocasión de una manifestación o reunión numerosa).

El precepto, sin antecedente legislativo alguno, ha de suprimirse.

ENMIENDA NÚM. 416

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cuarenta y seis.

De supresión del Art. 557 ter.

JUSTIFICACIÓN

Puesto en el contexto actual, el proyectado artículo 557 ter pone de manifiesto un indisimulado intento por penalizar con mayor severidad determinadas conductas por medio de las cuales se están movilizando y haciendo visibles en los últimos meses ciertos colectivos sociales perjudicados por las malas prácticas del sector bancario en nuestro país, que manifiestan su protesta y sus reivindicaciones mediante encierros y entradas colectivas en los patios de operaciones de las entidades crediticias privadas y que, ciertamente, incomodan e inquietan a las empresas del sector bancario implicadas y puede que también a los poderes públicos que probablemente se sientan en buena medida interpelados.

La EM pretende que se relacione este tipo con la «invasión de edificios» prevista en el vigente tipo básico del art. 557.1, y en consecuencia, afirma que su regulación implica una rebaja de la pena respecto de la prevista actualmente. Sin embargo, tal afirmación no es exacta. El art. 557.1 del PCP propone deliberadamente un tipo abierto con el que se quiere huir de la descripción pormenorizada de conductas típicas. Su redacción recuerda al vigente artículo 635, entre las faltas contra el orden público, que —en la redacción dada con la reforma de la LO 15/2003— castiga con la pena de localización permanente de dos a diez días o multa de uno a dos meses al «que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o establecimiento mercantil o local abierto al público». Siendo así, ocurre que, lejos de significar una rebaja de la pena, como se nos dice por el pre-legislador, el nuevo art. 557 ter implicaría la transformación de la falta en delito y por lo tanto un mayor rigor punitivo para un comportamiento hasta ahora reputado como leve. El principio de proporcionalidad y el principio de intervención mínima conjugado con la propuesta de mantenimiento del Libro III, abocan a proponer la supresión de este tipo delictivo en los términos que se formula en el PCP, es decir, incluyendo los supuestos agravados previstos en su párrafo segundo.

ENMIENDA NÚM. 417

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cuarenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cuarenta y siete.

De supresión del Art. 559.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión propuesta del art. 557 bis al que se refiere. Como se hizo constar en el ICGPJ es poco conveniente «criminalizar los denominados actos de reforzamiento de la decisión previamente adoptada por terceros».

Se trata de uno de los preceptos más criticables de esta reforma, un tipo de una inconcreción y ambigüedad calculadas para avalar, si fuera preciso, actuaciones policiales desproporcionadas y atenazar la capacidad de convocatoria de los partidos políticos, centrales sindicales y movimientos sociales; para amedrentar a los ciudadanos y reducir su participación en las movilizaciones públicas a que sean llamados, corriéndose así un riesgo cierto de restringir el derecho fundamental a la libertad de expresión que recuerdan a los tiempos de vigencia del desaparecido delito de propaganda ilegal.

Con la nueva redacción dada al art. 559, de manera desconcertante, el pre-legislador abandona la técnica legislativa utilizada a lo largo del PCP para dejar sin contenido el concreto articulado mediante su derogación, y procede a transmutar el art. 559, ahora dedicado a castigar la perturbación del orden con objeto de impedir el ejercicio de derechos cívicos. Conviene recordar que el vigente art. 559 establece lo siguiente: «los que perturben gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos, serán castigados con las penas de multa de tres a doce meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a seis años». Su subrepticia supresión, sin ser incluido expresamente en la Disposición Derogatoria Única, eliminación resulta más llamativa si se tiene en cuenta que la conducta típica ha permanecido invariablemente desde 1848 en el epígrafe de los desórdenes públicos. Realizando una interpretación integradora, atendido el significado dado por el legislador a dicha expresión en otros preceptos del CP, en particular en el art. 542, la jurisprudencia y la doctrina incluyen en su ámbito de protección los derechos «reconocidos por la Constitución y las leyes», lo que combinado con el bien jurídico protegido en este Capítulo se concreta en aquellos que sirven a la participación del ciudadano en la vida pública, es decir, fundamentalmente, los de sufragio activo y pasivo, acceso a las funciones y cargos públicos, derecho de petición, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión y derecho de huelga.

Por ello, se considera imprescindible la conservación del artículo 559 en los términos en que está configurado en el CP vigente.

ENMIENDA NÚM. 418

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y tres.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cincuenta y tres.

De supresión del Art. 572.2.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 419

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cincuenta y cinco.

De supresión del Art. 605.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 420

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.



De supresión del Artículo Único. Doscientos cincuenta y seis.

De supresión del Art. 607.1.1.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 421

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doscientos cincuenta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Artículo Único. Doscientos cincuenta y siete.

De supresión del Art. 607 bis, 1.2.

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia, al hacer referencia a una pena eliminada del elenco del artículo 33, y mantención del artículo vigente.

ENMIENDA NÚM. 422

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo apartado.

Artículo 169.

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, o a sus animales de compañia, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico o contra la fauna, será castigado: (...)

(…)

3°. En los respectivos casos, las penas se impondrán en su mitad superior cuando la amenaza se dirigiere contra un menor o un incapaz.

JUSTIFICACIÓN

El delito de amenazas es una conducta que permite una gran variedad de sujetos pasivos y víctimas de delito. La creciente presencia y papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, integrados en núcleos familiares y estableciendo con estrechos lazos emocionales y afectivos con los seres humanos con los que conviven, conlleva también que estos animales puedan ser utilizados como objeto de amenazas para los humanos estrechamente vinculados a ellos. Una realidad que numerosos estudios vienen constatando, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar o de maltrato de menores.

Por su especial vulnerabilidad, los menores o incapaces son personas proclives a ser víctimas de este delito, lo que les hace merecedores de una especial protección y requiere, en consecuencia, una mayor penalización de las amenazas que tienen por víctimas precisamente estos colectivos más vulnerables.

ENMIENDA NÚM. 423

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo apartado.

Articulo 179.

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales, sean de naturaleza humana o animal, u objetos, por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

JUSTIFICACIÓN

La criminología muestra casos en los que las conductas de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal se realizan utilizando animales, conductas con una gran peligrosidad y reproche social que les atribuyen indudable relevancia penal. Estos supuestos no encuentran actualmente encaje en los preceptos indicados, que únicamente hacen referencia a «miembros corporales» u «objetos». No pudiendo entender comprendidos a los animales, en cuanto seres vivos, como «objetos» es preciso modificar el redactado actual de estos preceptos, incluyendo expresamente la posible naturaleza animal (y no sólo humana) de los miembros corporales utilizados en el ataque sexual, tanto con carácter general en este artículo como muy especialmente en los artículos 182 y 183, por contemplar éstos a menores de edad como víctimas.

ENMIENDA NÚM. 424

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De Adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Se suprime el Art. 6.2.

JUSTIFICACIÓN

El actual artículo 6.1 del Código Penal contiene la plasmación en el derecho positivo del fundamento en que están basadas las medidas de seguridad en el sistema de justicia penal español: «las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito». Se trata de un precepto cuya redacción se ha mantenido inalterada desde 1995 que, por un lado, hace bascular la noción de peligrosidad en la gravedad del delito cometido, que se convierte en la medida de la justa proporción de la sanción vinculada al hecho delictivo y, por otro lado, proscribe la imposición de medidas pre-delictuales.

Así, resulta consecuente la regla contenida en su párrafo 2: «Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor». Con arreglo a este criterio se condiciona la imposición de medidas privativas de libertad a que la pena prevista por el delito cometido lo sea también de prisión. Tampoco podrá extenderse más allá del tiempo de cumplimiento en prisión previsto para el delito ni prolongarse más de lo que impongan las necesidades de prevención especial para el caso concreto. Con la actual redacción, el art. 6.2 impide la aplicación de una medida de internamiento en un centro de custodia por un delito que no esté castigado con el ingreso en prisión e imposibilita que se cumpla más allá de la pena abstracta del delito, es decir, una vez cumplido ese máximo y sin solución de continuidad.

El CP de 1995 se basa en un sistema dual que prevé la aplicación conjunta de penas y medidas de seguridad y que sólo se transforma en monista cuando se llega a la ejecución de la condena, para impedir ―con el correctivo vicarial― lo que, de prosperar la reforma, podría llegar a ser el régimen general de ejecución, la aplicación conjunta de pena y medida de seguridad convertidas en una sanción única susceptible de prolongar ―puede que hasta indefinidamente― el tiempo de cumplimiento de la condena en régimen de privación de libertad, conculcando principios elementales del derecho penal democrático como el principio de legalidad, el de seguridad jurídica y el de proporcionalidad y comprometiendo seriamente el non bis in idem.

El PCP reforma el art. 6.2 para disponer: «las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor». Así, el criterio de la gravedad del hecho cede al de la peligrosidad del infractor, el centro de gravedad del sistema se traslada del delito al delincuente y la peligrosidad sustituye a la culpabilidad abstracta como límite de la sanción a imponer (en el entendido de que en realidad estamos ante un fraude de etiquetas en el que las medidas previstas en realidad son penas con finalidad inocuizadora y demagógica) y en todo caso eliminando el nexo de la restricción de derechos operada con la medida con la gravedad del delito que es exteriorización garantista de peligrosidad. En abierta contradicción con el art. 6.1 cuya vigencia no se cuestiona y con el art. 95.2 proyectado, al que se vacía de contenido.

Las medidas de seguridad no pueden desconectarse de la gravedad del delito cometido, que es precisamente la necesaria expresión de la peligrosidad, por imperativo del principio de proporcionalidad. Así se ha proclamado por la doctrina del TC (entre otras, por todas, STC 61/1998, de 17 de marzo). Desconectar la gravedad y duración de la restricción de derechos operada por la medida de seguridad de la del delito, medida por la pena abstracta prevista, superando aquélla la de ésta, supondría usar el delito cometido como mera excusa para una arbitraria privación de libertad o otros derechos, configurando así un tipo de medida de seguridad «adelictual» o «extradelictual», similar a las medidas de seguridad pre-delictuales en su proscripción por nuestra ley fundamental.

El futurible art. 95.2 seguirá proporcionando la medida de seguridad a la gravedad del delito, por lo que resulta incoherente, y un fraude a esta misma declaración, eliminar el límite de la duración de la pena abstracta del delito, único criterio de proporcionalidad razonable.

En correlación con la supresión de esta modificación, deberá modificarse la Exposición de Motivos del PCP.

ENMIENDA NÚM. 425

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 95. Se propone la siguiente redacción:

«1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes pertinentes y oído el acusado, cuando concurran las siguientes circunstancias: (…)

3. Que la imposición de la medida de seguridad resulte necesaria para reducir razonablemente la peligrosidad.

2.  La medida de seguridad no podrá ser más gravosa ni de mayor duración que la pena prevista para el delito en que se haya expresado la peligrosidad. En ningún caso se impondrá una medida de seguridad privativa de libertad si la pena establecida para el delito no fuera de la misma naturaleza.

3.  La peligrosidad consiste en la alta probabilidad de comisión de nuevos delitos, acreditada en un procedimiento contradictorio con base en los informes técnicos pertinentes. El Juzgado o Tribunal deberá motivar suficientemente la apreciación de la peligrosidad.»

JUSTIFICACIÓN

La regulación en el código penal debe apuntar al menos a unos mínimos de garantías en los aspectos procesales y de ejecución, sin perjuicio de que deba exigirse la aprobación de la normativa procesal y de ejecución necesaria a través de una disposición adicional.

Debe prevenirse el riesgo de que espurios criterios de prevención general, significadamente la alarma social, se inmiscuyan en la coherencia del criterio de necesidad de prevención de la peligrosidad, así como que la decisión judicial pueda estar condicionada por la presión social y/o mediática.

La confusa y ambigua redacción («proporcionada a la gravedad del delito y de aquellos que se prevea pudiera llegar a cometer, así como a la peligrosidad del sujeto») difumina el concepto de peligrosidad, la proporcionalidad de la medida con la gravedad del hecho que expresa la peligrosidad y expresa muy poco rigor en la determinación del criterio de necesidad de la medida y proporción con la peligrosidad.

ENMIENDA NÚM. 426

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Se suprime el Art. 96.3.3.

JUSTIFICACIÓN

La expulsión de extranjeros no es una medida de seguridad, es una sanción administrativa dirigida al control de flujos migratorios y políticas de orden público, por lo que debe quedar al margen del derecho penal. Además de que no distingue entre extranjeros legalmente residentes o no o comunitarios.

ENMIENDA NÚM. 427

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 98.

«1. El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico, distinto de los establecimientos para el cumplimento de penas, del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal conforme al n.º 1 del art. 20…

2. El régimen del internamiento se determinará por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con base en los informes emitidos por los facultativos que atiendan al sometido a la medida. Cuando a juicio de aquéllos ya no sea necesario el internamiento, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá decretar el cese y, caso de persistir peligrosidad, según los informes obrantes y los que se puedan solicitar, podrá sustituirlo por libertad vigilada y/o tratamiento ambulatorio hasta completar el plazo máximo de la medida impuesta, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Si transcurrido el plazo de la medida impuesta, ésta sigue siendo necesaria, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su prolongación por periodos sucesivos de dos años, hasta el límite máximo de la pena abstracta prevista para el delito. Cumplido este límite se procederá, en su caso, por los trámites del art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

JUSTIFICACIÓN

El internamiento psiquiátrico, como cualquier otra medida, no puede ser indefinido ni exceder del límite de proporcionalidad con la gravedad del hecho en que se exterioriza la peligrosidad. Más allá de este límite, no cabe sino aplicar el régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otro lado, debe introducirse ya en el Código Penal una norma que evite lo que ahora está ocurriendo, que las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico se están cumpliendo, en el mejor de los casos, en la enfermería de las prisiones. Pareciera que de la dicción «centro psiquiátrico» se excluyera por su propio significado los centros penitenciarios, pero resulta revelador que el pre-legislador atribuya la propuesta de prórroga de la medida a la Junta de Tratamiento, un órgano penitenciario definido en la LOGP.

En correlación con el mantenimiento del vigente art. 6.2, la posibilidad de prórroga indefinida de la medida de internamiento, tal como está planteada en el PCP, contraría el principio de seguridad jurídica, la inconcreción de la duración de la medida puede llegar a convertirla en perpetua.

Dar mayor peso al criterio de los facultativos que atienden al sometido a medida evitaría las situaciones que ahora se están produciendo, en las que los juzgados y tribunales en ocasiones se guían para el mantenimiento o cese de la medida más por criterios de alarma social y prevención general que por la necesidad de prevenir la peligrosidad a juicio de los profesionales sanitarios.

Por otro lado, es necesario acabar con la anomalía, que ha demostrado su disfuncionalidad, de que un juzgado, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (JVP), haga propuestas a otro órgano, el juzgado o tribunal sentenciador. Los órganos judiciales están para decidir, no para proponer, y debe ser el JVP el que asuma esta función de ejecución de las medidas.

Por último, en este como en otros preceptos del PCP, la libertad vigilada se prevé como una medida de seguridad de imposición casi automática, incluso aparentemente intentando sustraerla del régimen general de las medidas previsto en los arts. 6 y 95 de acreditación de la peligrosidad criminal e incluso, como en este caso, desplazando la carga de la prueba a la demostración de la no necesidad de la misma, cuando lo que debe probarse es la existencia de peligrosidad.

Es cierto que la libertad vigilada es una medida menos restrictiva que los internamientos previstos, pero no debe pensarse por ello que es una intervención inocua o poco aflictiva y menos aún sustraerse a los principios sustantivos y procesales que rigen para todas las medidas de seguridad.

Debido al carácter remisorio del art. 99.2 en el ordinal sexagésimo segundo, las previsiones del apartado 1.2., y de los apartados 2 y 3, son también de aplicación a los supuestos de internamiento en centro educativo especial del declarado completa o parcialmente exento de responsabilidad criminal.

ENMIENDA NÚM. 428

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.



Art. 101.1. Se propone la supresión del siguiente párrafo del apartado 1.

«… hasta el límite de las tres cuartas partes de la duración de la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Resultaría inconsecuente con el sistema vicarial y con el principio de proporcionalidad que no se abonase a la pena la totalidad del tiempo de internamiento de la medida de seguridad, y que se mantuviese el régimen establecido en el PCP para la imposición conjunta de una pena privativa de libertad de más de 5 años y una medida de internamiento del art. 100.

ENMIENDA NÚM. 429

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 101.2. Se propone la supresión del apartado 2, pasando los párrafos 3 y 4 a ser, respectivamente, los 2 y 3.

JUSTIFICACIÓN

Resultaría inconsecuente con el sistema vicarial y con el principio de proporcionalidad que no se abonase a la pena la totalidad del tiempo de internamiento de la medida de seguridad, y que se mantuviese el régimen establecido en el PCP para la imposición conjunta de una pena privativa de libertad de más de 5 años y una medida de internamiento del art. 100.

ENMIENDA NÚM. 430

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 101.2.— Se propone la modificación de la letra c) del apartado 1, quedando redactada como sigue:

«1. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria…

c) Suspender la ejecución de la medida durante un plazo máximo del límite máximo de duración de la medida. En este caso, acreditada su necesidad por la peligrosidad, se impondrá al sujeto una medida de libertad vigilada con una duración máxima de cinco años y hasta el límite de la pena abstracta prevista para el delito.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la atribución del control de las medidas al JVP, y para eliminar el automatismo en la imposición de la libertad vigilada.

ENMIENDA NÚM. 431

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 103.2. Se propone la supresión del apartado 2, pasando el apartado 3 a ser el 2.

JUSTIFICACIÓN

Se suprime con el párrafo 2 del PCP la posible revocación de la suspensión basada en circunstancias pasadas no conocidas en el momento de otorgarla, porque lo relevante es la presencia de circunstancias objetivas y sobrevenidas que hagan posible la realización de un pronóstico de futuro.

ENMIENDA NÚM. 432

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 103.3. Quedaría redactado como sigue (ahora apartado 2):

«2. La duración de internamiento en su conjunto no podrá exceder del límite legal de duración máxima de la pena».

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el apartado 3 del PCP para eliminar el último inciso, en correlación con la supresión del número 3 del art. 98.

ENMIENDA NÚM. 433

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 104.2. Quedaría redactado como sigue:

«2. Asimismo podrá imponer una medida de libertad vigilada, siempre que se cumplan los requisitos de los números 2 y 3 del art. 95.1 de este Código, en los siguientes casos:

1.º Cuando el sujeto haya sido absuelto por haber sido apreciado la concurrencia de alguna de las eximentes de los números 1.º, 2.º ó 3.º del artículo 20, o haya sido apreciado la atenuante 1.ª del artículo 21 con relación a alguna de las anteriores.

2.º Cuando haya acordado suspender la ejecución de la medida de seguridad privativa de libertad.

3.º Cuando se cumpla el plazo máximo de duración de la medida de seguridad privativa de libertad o se decrete su cese y resulte necesario para reducir razonablemente la peligrosidad.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la prevención de automatismos en la imposición de la libertad vigilada tanto respecto de la decisión judicial como de los requisitos y supuestos para adoptarla.

ENMIENDA NÚM. 434

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 104 bis, apartado 5, letra b). Quedaría redactada como sigue:

«1. Corresponderá en todo caso al Juez de Vigilancia Penitenciaria…

(…)

b) En los supuestos de los números 2.º y 3.º del apartado 2 del art. 104.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación del número 5 obedece a la necesidad de cohonestar esta norma con la modificación realizada en el art. 104.

ENMIENDA NÚM. 435

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Art. 104 ter, apartados 1 y 2. Quedarían redactados como sigue:

«1. La libertad vigilada tendrá una duración máxima de cinco años y en todo caso la de la pena abstracta prevista para el delito.

2. El plazo máximo de duración podrá ser prorrogado por plazos sucesivos de una duración máxima de 2 años hasta el límite de la pena abstracta prevista para el delito.»

JUSTIFICACIÓN

Una medida de seguridad no puede, por su propia esencia y fundamento, tener una duración mínima. Si desaparece la peligrosidad, la medida debe cesar.

Se ha de preservar el principio de proporcionalidad vinculado a la gravedad del hecho. La libertad vigilada también es una relevante intromisión en la esfera de la libertad y privacidad de las personas por lo que las prórrogas de 5 años son excesivas y en todo caso se debe salvaguardar la proporcionalidad con el delito que expresa la peligrosidad. No puede mantenerse a una persona en libertad vigilada durante el resto de su vida.

ENMIENDA NÚM. 436

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Apartado Nuevo.

Se propone suprimir el apartado 2 del art. 232.

JUSTIFICACIÓN

En el primer apartado del art. 232 del Código penal vigente se sancionan las conductas de utilización de menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, mientras que en el apartado segundo se prevé el tráfico de estos menores con la finalidad de ser utilizados para la mendicidad, utilizando como medios comisivos la violencia, la intimidación o el suministro de sustancias perjudiciales para la salud. Se propone la supresión de este segundo apartado relativo al tráfico de menores porque estos supuestos se encuentran previstos en el delito de trata de seres humanos del art. 177 bis, al ser una de las finalidades de la misma la imposición de la mendicidad (apartado a) del art. 177 bis).

ENMIENDA NÚM. 437

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

Artículo 301.1. Quedando redactado de la siguiente manera:

«1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código.

En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en un delito contra la Administración Pública, artículos de 404 al 444, o los delitos contra la ordenación del territorio, 319 y 320.»



JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 438

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Apartado Nuevo.

Artículo 301.5. Quedando redactado de la siguiente manera:

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

Los bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito que pueda tener jurisdicción o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno serán decomisados.

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 439

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De Adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

El Artículo 319. Quedaría redactado de la siguiente manera:

«1. Se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.

3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 440

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Apartado Nuevo.

El Artículo 320. Queda redactado de la siguiente manera:

«1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con prisión de uno a tres años o la de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 441

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Apartado Nuevo.

Artículo 405 bis (nuevo). Se adiciona un nuevo artículo 405 bis, quedando redactado como sigue:

«Art. 405 bis.

La Autoridad o funcionario público que a sabiendas percibiera en beneficio propio, por si o por persona interpuesta, ingresos en metálico o en especie, distintos de los propios de su cargo o de las actividades públicas o privadas declaradas compatibles, que pudieran representar un incremento significativo de su patrimonio serán condenados a la pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al triplo del beneficio ilícito obtenido y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a tres años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 442

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

«Artículo 421.

Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 443

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición al Artículo Único. Nuevo Apartado.

«Artículo 426. Quedaría redactado de la siguiente forma:

La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de seis meses a un año.»

JUSTIFICACIÓN

Lucha contra la corrupción.

ENMIENDA NÚM. 444

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 95.1.

1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1) Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.

2) Que del hecho y de las circunstancias personales y características psicológicas del sujeto pueda deducirse un pronóstico de peligrosidad, que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.

3) Que la imposición de una medida de seguridad resulte necesaria para compensar, al menos parcialmente, la peligrosidad del sujeto.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 445

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 98.1.

1. El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número l9 del artículo 20, o al que le haya sido apreciado esa eximente con-carácter incompleto, si tras efectuarse una evaluación exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo, exista base suficiente para concluir que, debido a su trastorno O alteraciones psicológicas, es posible preverla comisión por aquél de nuevos delitos de gravedad relevante.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 446

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 98.1.

1. El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 3^ del artículo 20, o al que le haya sido apreciado esa eximente con carácter incompleto, si tras efectuarse una evaluación exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo, exista base suficiente para concluir que, debido a su peligrosidad, es posible prever la comisión por aquél de nuevos delitos de gravedad relevante.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.



ENMIENDA NÚM. 447

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 100.1.

1. El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro de deshabituación del sujeto que haya cometido un delito a causa de su grave adicción al alcohol, a las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, y se prevea que se pueda evitar así que cometa nuevos delitos.

Esta medida solamente se impondrá en los casos en que, previa evaluación exhaustiva sobre la adicción y la peligrosidad del sujeto, se concluya con base suficiente que el tratamiento de deshabituación permitirá superar dicha adicción y disminuir la peligrosidad asociada a la misma.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 448

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 104.3.

3. El Juez de Vigilancia Penitenciaria impondrá el cumplimiento de una medida de libertad vigilada en los siguientes casos:

c) Cuando haya acordado suspender la ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad.

d) Cuando se cumpla el plazo máximo de duración de la medida de seguridad privativa de libertad que se hubiera impuesto o se decrete su cese, y resulte necesario para compensar la peligrosidad.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria resolverá previos los informes y comprobaciones que estime necesarios y después de haber oído al penado y al Ministerio Fiscal.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 449

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo único.

Artículo 107.1.

1. El Juez o Tribunal podrán imponer la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y de la valoración de las circunstancias personales y características psicológicas concurrentes pueda deducirse la peligrosidad del sujeto para reincidir en la comisión del mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle una pena con este contenido por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.9, 2fi y 3fi del artículo 20.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 450

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al Artículo único.

Se propone la adición en el artículo 114:

En estos supuestos, cuando los perjuicios se hayan ocasionado en un accidente de circulación, corresponderá el total importe de la reparación o indemnización si la victima fuere menor de 14 años, mayor de 70 años, se trate de una persona con discapacidad o no fuera ocupante o conductor de un vehículo a motor.

JUSTIFICACIÓN

Protección de los usuarios más vulnerables y que no van motorizados. Existiendo un seguro obligatorio que debe cumplir una función social, en cuanto a la responsabilidad civil y la reparación de los daños personales sufridos con ocasión de la circulación no deben quedar desprotegidos y evitar que además de las lesiones sufridas, queden en una situación de riesgo por falta de medios económicos.

Es acorde con la misma petición en la reforma del «Baremo» sobre la inimputabilidad civil en el caso de victimas menores de edad, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, al entender que son colectivos que merecen una especial protección por parte del Estado y de la sociedad y que no deben quedar desprotegidos tras sufrir las graves consecuencias de un accidente de tráfico, y por ello la propuesta tiene el objeto de proteger a estos colectivos más vulnerables en la movilidad así como otros colectivos también vulnerables en el tráfico (peatones, ciclistas...). Esta en consonancia con normas similares de países de nuestro entorno europeo, como Francia o Alemania.

ENMIENDA NÚM. 451

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de Nueva Disposición Adicional.

A los efectos de la valoración del comportamiento, peligrosidad y cualquier otra característica psicológica de la personalidad del imputado o penado serán necesarios los informes de los psicólogos forenses adscritos a la Administración de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la psicología forense no es una categoría profesional regulada expresamente, el uso social del término es constatable por los distintos actores que intervienen en la Administración de Justicia. Por todo ello se propone que esta enmienda este reflejada en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 452

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición adicional.

Disposición adicional Nueva. Exención del pago de tasas judiciales en los procedimientos civiles para la reclamación de indemnizaciones por los daños y perjuicios personales sufridos en accidentes de circulación.

En los supuestos de reclamación judicial en vía civil de los daños y perjuicios sufridos en accidentes de circulación, los perjudicados, familiares y/o herederos estarán exentos del pago de tasas judiciales.

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo conveniente.

La Senadora María del Mar del Pino Julios Reyes, CC (GPMX) y el Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—María del Mar del Pino Julios Reyes y Narvay Quintero Castañeda.

ENMIENDA NÚM. 453

De doña María del Mar del Pino Julios Reyes (GPMX) y de don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

La Senadora María del Mar del Pino Julios Reyes, CC (GPMX) y el Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veintitrés.

ENMIENDA

De adición.

Añadir al artículo 248.1, lo siguiente:

«... induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno como el juego del “trile” y otros fraudes de igual naturaleza, sean castigadas adecuadamente.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor claridad.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 66 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015.—Ester Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 454

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto uno del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 1.

JUSTIFICACIÓN

La modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 455

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dos.

ENMIENDA

De supresión.



Se suprime el punto dos del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 2.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 456

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto tres del artículo único por el que se modifica el artículo 7.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 457

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto cuatro del artículo único por el que se modifica el artículo 9.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 458

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto cinco del artículo único por el que se modifica la rúbrica del libro I.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 459

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto seis del artículo único por el que se modifica la rúbrica del capítulo I del título I del libro I.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 460

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto siete del artículo único por el que se modifica el artículo 10.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 461

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ocho.



ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto ocho del artículo único por el que se modifica el artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 462

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto nueve del artículo único por el que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo  13.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 463

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto diez del artículo único por el que se modifica el artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 464

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Once.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto once del artículo único por el que se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 16.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 465

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto trece del artículo único por el que se modifica el punto 1.º del apartado 4.º del artículo 20.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 466

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

(Subsidiaria de la enmienda anterior).

Artículo único. Catorce. Artículo 22.

Se modifican las circunstancias 4.ª del artículo 22 modificadas por el punto catorce del artículo único quedando con el siguiente redactado:

«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, territorial, identidad cultural o lingüística, su sexo, orientación o identidad sexual, su aspecto físico, situación de persona sin hogar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Racismo, antisemitismo y otras razones expresadas en la circunstancia agravante, no son ninguna «otra clase de discriminación», son doctrinas o cosmovisiones que en muchos casos, como ha demostrado la historia, su aplicación puede conllevar el odio, la hostilidad, discriminación, violencia e incluso crímenes de lesa humanidad. Calificarlo de «discriminación» trivializa y banaliza el problema, y esa categoría semántica no se ajusta a la realidad. Además, es incorrecto utilizar la expresión «u otra clase de discriminación» porque confunde con la noción que las Directivas Europeas de Igualdad de Trato dan «clases de discriminación» que son discriminación directa, indirecta, asociada y múltiple. Así mismo, el artículo no tiene por qué referir a la víctima, personalizado, cuando la infracción puede ser cometida contra una entidad, asociación, colectivo, grupo u otro tipo de institución y sus bienes.

Por otro lado, se propone ampliar los motivos por la propia existencia de crímenes de odio, atentatorios a la dignidad y la vida de personas que son seleccionadas por esas características (las cuales para determinadas organizaciones o grupos de odio —como los neonazis, entre otros— son suficiente para motivar sus ataques, dado que les consideran «vidas sin valor».

ENMIENDA NÚM. 467

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto catorce del artículo único por el que se modifican los números 4 y 8 del artículo 22.



JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 468

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto quince del artículo único por el que se modifica el artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 469

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto dieciséis del artículo único por el que se modifica la rúbrica del título II del libro I.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 470

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto diecisiete del artículo único por el que se modifica el artículo 27.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 471

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto dieciocho del artículo único por el que se modifica el artículo 31.

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la enmienda anterior, la modificación introducida supone la eliminación de la referencia a las faltas del presente artículo. Ello se introduce en relación con el apartado 1 de la disposición derogatoria única por la que se deroga el libro III —referido a las faltas y sus penas— de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En este sentido, la pretensión, citada en la Exposición de motivos, es respetar el principio de intervención mínima y transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas. Podemos compartir la idea de despenalizar las faltas, así como la consideración de que algunas pueden pasar a la nueva categoría de delitos leves. En todo caso, en principio supone trasladar al derecho administrativo sancionar, dependiente del poder ejecutivo, un buen número de infracciones hasta ahora penales.

Sin embargo, ello no se corresponde con la realidad del Proyecto de Ley. Son muy pocas las faltas que se derogan —la mayoría pasan al Libro II— por lo que, en realidad, la derogación del Libro III supone un endurecimiento del sistema penal. Pero además, surgen diversas cuestiones que afectan de forma negativa a quien es juzgado por un delito por los mismos hechos que ahora son constitutivos de falta. Cabe destacar las siguientes:

1. La reincidencia, hasta ahora ausente en las faltas, sí se tendrá en cuenta en los supuestos incorporados como delitos leves.

2. Pasa a castigarse la tentativa cuando sólo se castigaban las faltas consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas y el patrimonio.

3. La prescripción, hasta ahora en las faltas de seis meses, aumenta y al pasar a delitos es de un año.

4. La cancelación de los antecedentes penales tiene lugar transcurrido un mayor período de tiempo.

Por otro lado, en el plano procesal, en la mayor parte de los supuestos que son incorporados como delitos, la tramitación será mucho más compleja y de mayor duración que el sistema que actualmente rige en las faltas. Supone la necesidad de contar con abogado y procurado; y la condición de imputado, hasta ahora ausente en las faltas, puede suponer graves consecuencias psicológicas para el sujeto que haya cometido los hechos ahora constitutivos de delito.

Además, supone colapsar aún más una administración de justicia ya de por si abarrotada. La tramitación procesal por delito es más compleja y lenta que en las faltas lo que, sin una inversión mayor en justicia, supondrá un aumento de la dilación en la tramitación de los procedimientos. Ello, incluso puede llegar a suponer la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, con la eliminación de las faltas y el hecho de que la gran mayoría de ellas pasen a ser consideradas delitos, se incrementará una falsa imagen de inseguridad ciudadana. Pues, las estadísticas reflejarán un mayor índice de criminalidad por este tipo de infracciones lo que, a su vez, justifica la laminación de los derechos civiles como único medio para garantizar la seguridad.

ENMIENDA NÚM. 472

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra k) del apartado 2 de la nueva redacción del artículo 33 contenido en el punto veinticuatro del artículo único, en los siguientes términos:

«2. Son penas graves:

[…]

k) La privación de la patria potestad o de la institución análoga que exista en el Derecho civil propio de cada Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica que pretende completar con la denominación análoga pero distinta que dicha institución tiene en el Derecho civil propio de varias Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 473

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto veintiséis del artículo único por el que se modifican los apartados 1 y 2 y se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 36.

JUSTIFICACIÓN

La introducción de la pena de prisión permanente revisable oculta una pena a perpetuidad que busca apartar indefinidamente a las personas en lugar de buscar su reinserción. La denominación emprada pretende burlar las limitaciones que para ello impone el artículo 25 de la Constitución española que exige que las penas privativas de libertad estén orientas hacia la reeducación y la reinserción social. Sin embargo, la introducción de la «cadena perpetua», aunque con distinta denominación, supone apartarse de los principios que deben inspirar cualquier sistema penal, renunciando, justamente, a la reeducación y la reinserción social.

ENMIENDA NÚM. 474

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)



La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintisiete.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la letra b) del artículo 38 contenido en el punto veintisiete del artículo único, quedando con el siguiente redactado:

«Son penas privativas de derechos:

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho».

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una corrección técnica, al incluir en el artículo 39 expresamente la nueva pena privativa de derechos de inhabilitación de tenencia de animales, que ya se ha incluido en los artículos 337 y 337 bis en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Obviamente, en el caso de aprobarse en el Senado las enmiendas relativas a la inhabilitación de convivencia con animales en el domicilio habría que incorporar la mención «y convivencia con ellos en el domicilio» tras «tenencia de animales» en la presente enmienda.

ENMIENDA NÚM. 475

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto treinta y nueve del artículo único por el que se introduce un nuevo artículo 78 bis.

JUSTIFICACIÓN

La introducción de la pena de prisión permanente revisable oculta una pena a perpetuidad que busca apartar indefinidamente a las personas en lugar de buscar su reinserción. La denominación emprada pretende burlar las limitaciones que para ello impone el artículo 25 de la Constitución española que exige que las penas privativas de libertad estén orientas hacia la reeducación y la reinserción social. Sin embargo, la introducción de la «cadena perpetua», aunque con distinta denominación, supone apartarse de los principios que deben inspirar cualquier sistema penal, renunciando, justamente, a la reeducación y la reinserción social.

ENMIENDA NÚM. 476

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Est