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BOCG. Senado, apartado I, núm. 444-3010, de 27/11/2014
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

(621/000098)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 92


Núm. exp. 121/000092)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2014.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

La pesca marítima es un sector económico y social clave para España, el decimocuarto país del mundo por longitud de costa (tercero de la Unión Europea) que, históricamente, ha generado un gran número de puestos de trabajo. Sin embargo, desde hace años se vienen acumulando problemas graves derivados de la sobreexplotación de los recursos animales, la destrucción de los fondos marinos por los diversos tipos de pesca, la extracción de peces inmaduros, etc., así como los terribles efectos de la crisis económica. Con el tiempo, la explotación de nuestros mares ha perdido importancia y los puertos se han convertido en muelles de descarga de especies capturadas en aguas lejanas.

En todo caso, pese a los factores que han ido lastrando al sector, España continúa siendo una de las grandes potencias pesqueras mundiales, tanto por tamaño de la flota (tonelaje y potencia), como por volumen de capturas y valor de la pesca desembarcada, así como por la transformación industrial de la pesca y la distribución comercial. Su actividad tiene un indudable carácter estratégico para la economía.

Lejos de convertirse en salvaguarda del sector pesquero, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, repercutirá muy negativamente en la competitividad de nuestro sector pesquero cuya rentabilidad, en términos económicos y sociales, continúa




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a la baja en lo que supone un evidente contraste con otros países a los que la Política Pesquera Común (PPC) ha supuesto una inyección económica que ha incrementado —al revés que en España— el incremento de las alternativas de empleo para el sector.

La normativa española en materia de pesca marítima está supeditada en muy alto grado por los reglamentos y las decisiones adoptadas por los diferentes organismos de la Unión Europea lo que restringe muchísimo el ejercicio de las competencias por parte de las respectivas Comunidades Autónomas y, singularmente, las de aquellas con menor población que —no por tamaño de su costa— tienen menor peso político que otras. Esta nueva legislación promovida ahora por el gobierno profundiza en los criterios de insolidaridad territorial que ya han llevado a la discriminación de flotas pesqueras por la restricción y prohibición de captura de algunas especies solo en determinados caladeros mientras que otras flotas han copado la captura de esas mismas especies generando, además, una honda preocupación por el futuro de los viveros. El Proyecto de Ley reincide en la limitación de las competencias autonómicas en materia de ordenación pesquera.

NUEVO RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES: ¿EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL BAJO SOSPECHA?

Mención específica merece el significativo y abundante bloque de reformas que se introduce en este Proyecto de Ley y que hacen referencia a un nuevo régimen de infracciones, multas y sanciones. El celo inspector se va a intensificar aunque no será garantía, en modo alguno, de mejores maneras y métodos para el ejercicio de la pesca marítima. A la vista del articulado de esta reforma legislativa cabe anticipar y augurar un importante aumento de procedimientos sancionadores con secuelas económicas que se añadirán a las ya muy grandes dificultades que atraviesan las empresas del sector pesquero español.

En este sentido, cabe señalar que se aumenta el tiempo de prescripción de las sanciones leves ampliándolo de seis meses hasta un año.

Se extiende, asimismo, el plazo de caducidad del procedimiento sancionador estableciendo que el periodo máximo para tramitar, resolver y notificar la resolución sancionadora será de seis meses para las infracciones leves, y de nueve meses para las infracciones graves y muy graves. De este modo, dejaría de aplicarse supletoriamente el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 que señala que este plazo no podrá exceder de seis meses.

Se añaden, como infracciones leves, entre otras, la mala utilización del Diario Electrónico de a Bordo, el ejercicio de la pesca de recreo sin portar licencia o autorización, disponiendo de los mismos en vigor, y el ejercicio de la pesca de recreo con caña desde tierra sin disponer de la correspondiente licencia o autorización, mientras que permanecen todas las infracciones que ya estaban reguladas desde 2001.

En relación a las infracciones graves, se regulan, además de las ya existentes, veinticuatro nuevas infracciones entre las que destaca el ejercicio de actividades de pesca sin estar incluido en el censo específico correspondiente, así como cualquier incumplimiento de la normativa en materia de señalización, organización de concursos de pesca de recreo sin contar con la preceptiva autorización, o el incumpliendo las condiciones de la misma.

Respecto a las infracciones muy graves, esta reforma legislativa incorpora un total de nueve actuaciones ilícitas para las que se establecen castigos de especial dureza. Entre ellas cabe señalar la presentación de documentos, datos, circunstancias o información falsos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias de cualquier clase. También la violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Tratados Internacionales o Regionales en materia de pesca marítima, cuando su incumplimiento suponga o pueda suponer un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. Finalmente también se castigará con dureza la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques de países terceros identificados por las Organizaciones Internacionales por haber incurrido en actividades contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.

El Proyecto de Ley presentado por el gobierno aumenta también la escala máxima de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, previendo una horquilla de sanción pecuniaria entre 300.000 y 600.000 euros.

Finalmente se crean hasta siete nuevas clases de sanciones, tales como la amonestación pública, el decomiso de capturas pesqueras o productos de pesca, reducción o anulación de derechos o posibilidades, la inmovilización temporal del buque, y la suspensión del estatuto de operador económico autorizado.




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El Proyecto de Ley presentado por el gobierno nace como otra grave obstáculo para la subsistencia del sector mediante un texto en el que se reconvierte la legislación vigente en un instrumento recaudatorio con sanciones que, en algunos casos, duplican las que actualmente se venían imponiendo. Una normativa particularmente sancionadora va a intensificar la debilidad del sector pesquero nacional que ya de por sí es creciente como consecuencia del incremento de los costes, la reducción de capturas impuesta por los organismos supranacionales y la importación del pescado de otros países.

AUTONOMÍAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

Si a eso unimos el impacto en el proceso de adaptación del sector a la Política Pesquera Común, la nueva propuesta legislativa del gobierno va en claro perjuicio de nuestros pescadores y armadores a los que, por otra parte, no se ha tenido muy en cuenta a la hora de plasmar sus preocupaciones.

En este sentido, el nuevo marco legislativo para todo el sector pesquero español es crucial para una Comunidad Autónoma como Asturias donde la actividad pesquera continúa desarrollando —muy a duras penas, eso sí— un papel vertebrador. La flota pesquera asturiana la componen unos 300 barcos de diferentes tamaños y artes, de los que 159 se dedican a la xarda (caballa) con precios de venta de pescado estancados desde hace años, pese a la mayor carga de gastos de carburantes, seguros sociales y mantenimiento de las embarcaciones.

Los negativos efectos de este Proyecto de Ley tendrán mayor incidencia en el ya muy zarandeado sector pesquero de Asturias que, en los últimos seis años, ha sido especialmente perjudicado por las decisiones que penalizaron los repartos de cuota establecidos por la Unión Europea. Cabe señalar, por ejemplo, que el sector pesquero asturiano se vio desagradablemente sorprendido por las reducciones en la cuota de xarda (caballa) que derivaron a partir de 2010 con mayores limitaciones a su pesca por los efectos de las sanciones en especie. Tampoco son de menor importancia las preocupaciones derivadas de las vedas que —aplicadas tras la alerta científica del Instituto Español de Oceanografía— han impedido faenar a la flota asturiana en sus zonas próximas de captura mientras que, para las mismas especies, se autorizaba excepcional y masivamente su pesca en los caladeros de otras Comunidades Autónomas generando un gran descontento entre los pescadores y armadores discriminados.

La paulatina merma competencial a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación de los recursos pesqueros se agudiza con esta reforma legislativa y van a surgir las Autonomías de «primera» y de «segunda», con el gobierno central repartiendo juego —es decir, cuotas— en función de negociaciones parciales derivadas de las disposiciones planteadas desde los organismos europeos.

El Proyecto de Ley carece de perspectiva para conceder a las Comunidades Autónomas la adopción de medidas que permitan el desarrollo económico y social de un sector tradicional que lleva años abocado a las dificultades y a las permanentes incertidumbres sobre su inmediato futuro. La proliferación de medidas sancionadoras y el incremento de las multas colocan al sector de pesca español bajo un manto de sospecha que tal vez interese al gobierno como tarjeta de presentación ante las autoridades europeas, pero desdeña el día a día de una actividad muy dura, condicionada por factores biológicos, climatológicos, económicos y sociales, constantemente supeditada a las continuadas modificaciones de las normativas y medidas de las administraciones y organismos nacionales y supranacionales. En este sentido, el Proyecto de Ley es ajeno a la realidad cotidiana del sector pesquero español y lejos de resolver sus problemas los acentuará, por lo que el senador de Foro de Ciudadanos-Foro Asturias (FAC) integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Senado presenta esta enmienda de veto como expresión del rechazo al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y a los efectos de su devolución al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.




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PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 3/2001, de 16 de marzo, de Pesca Marítima del Estado tiene como principales objetivos: impulsar la mejora de la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola gracias a su diversificación económica, con actividades como el turismo pesquero o marinero y la pesca-turismo, reforzar las medidas de lucha contra la pesca ilegal internacional y paralelamente establecer una simplificación y modernización administrativa en ámbitos como los registros de buques pesqueros o en el procedimiento sancionador en materia de pesca marítima.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió comparte, en esencia los objetivos planteados en el Proyecto de Ley, y en particular, la necesidad de mejorar las rentas derivadas de la actividad extractiva pesquera mediante actividades complementarias, para mejorar la viabilidad de un sector pesquero muy castigado por la crisis económica. Sin embargo, las principales medidas contempladas en el Proyecto de Ley: las orientadas a la diversificación pesquera y acuícola, ya han sido adoptadas en su mayor parte por algunas de las Comunidades Autónomas, concretamente Catalunya, como administración competente en materia de pesca y turismo. Las medidas y definiciones que incorpora el Proyecto de Ley generan un confusionismo innecesario, que no se produciría si el Proyecto de Ley se limitara a eliminar los obstáculos normativos que impiden una diversificación de la actividad pesquera.

A modo de ejemplo, en Catalunya las citadas actividades ya se encuentran reguladas en el Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola, y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales. También el Ministerio de Fomento, mediante la Dirección General de la Marina Mercante, ha establecido las condiciones de seguridad y de embarque con validez exclusivamente en Catalunya. Por ello, la decisión del Gobierno de regular estas actividades para las comunidades autónomas que no lo hayan hecho, no debería incidir sobre las comunidades, como Catalunya, donde esta regulación ya es vigente.

La segunda cuestión relevante de discrepancia con el Proyecto es el amparo constitucional. Si la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado se amparaba en el artículo 149.1.19.ª, el cual determina que el Estado tiene competencia exclusiva en pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas; el vigente Proyecto de Ley, en lo que se refiere al Capítulo V del Título II sobre Puertos de desembarque y primera venta de los productos pesqueros, en lo relativo al establecimiento de requisitos de trazabilidad de los productos pesqueros para su comercialización, se ampara en el artículo 149.1.13.ª, es decir determina que corresponde a las «bases y coordinación general de la actividad económica». Con esta simple modificación del amparo constitucional el Proyecto de Ley plantea un nuevo «vaciado» de competencias de las comunidades autónomas y traspasa buena parte de las competencias en materia pesquera de las comunidades autónomas al Estado, traspaso que no puede ampararse en la mejora de la trazabilidad, ya que el control de trazabilidad viene suficientemente garantizado por su obligado cumplimiento, según las normas de la Política Pesquera Común.

El tercero y último punto de discrepancia con el Proyecto de Ley lo configura la nueva regulación del registro de embarcaciones de pesca. Atendiendo a la distribución competencial establecida en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la doctrina constitucional, la pesca marítima en aguas interiores es competencia de las Comunidades Autónomas, mientras que en la ordenación pesquera la competencia de las Comunidades Autónomas es de desarrollo legislativo y ejecución, con independencia de si se trata de de aguas interiores o exteriores.

En este ámbito el Proyecto de Ley modifica la Ley 3/2001, en relación al registro de embarcaciones de pesca, establece una nueva redacción del artículo 57 mediante el cual se elimina el Registro de Buques Pesqueros, quedando sustituido por un Registro General de la Flota Pesquera compuesto por los buques contenidos en el censo de la Flota Pesquera Operativa (regulado en el artículo 22 y que incluye las embarcaciones autorizadas a la pesca en aguas exteriores) y los buques que faenan exclusivamente en aguas interiores, siendo el Ministerio de Agricultura, Medio ambiente y Alimentación el responsable de las modificaciones del citado Registro y su comunicación a la Unión Europea. Para el Grupo Parlamentario




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Catalán esta modificación no respeta las competencias de la Comunidades Autónomas en la gestión y ejecución de sus Registros de Buques pesqueros, lo cual dificulta la gestión.

A modo de conclusión, este Proyecto de Ley modifica significativamente la distribución de competencias prevista en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía en materia de pesca, un ámbito en el que los reglamentos comunitarios de la UE ya ofrecen un preciso grado de detalle, por lo que el vaciado de competencias de las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno debe interpretarse como una nueva muestra de intervencionismo de la administración central y de recentralización de competencias por parte del Estado.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.


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