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BOCG. Senado, apartado I, núm. 429-2898, de 04/11/2014
cve: BOCG_D_10_429_2898
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

(621/000093)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 109


Núm. exp. 121/000111)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Los Senadores que formulamos la presente propuesta de veto lo hacemos como impugnación, no sólo del Proyecto de Ley al que se refiere, sino también al conjunto de la política fiscal del Gobierno.

El Gobierno ha planteado una reforma integral del sistema tributario se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya tramitación en el Senado es simultánea y ante los que, coherentemente, formulamos las respectivas propuestas de veto, que comparten un mismo hilo conductor y argumental, toda vez que carece de sentido intentar hacer una consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera de




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ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, la de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias.

Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá un nuevo hachazo.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición, incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978 se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de fraude devaluaran su eficicacia.

Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este Veto infringe directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.

Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.




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Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a operaciones especulativas.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento en las previsiones económicas de nuestros principales clientes en el exterior, tanto de la UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la situación geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que añadir, ahora en España, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta Ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de polarización social que se ha producido en esta crisis.

Y este Proyecto de Ley del Impuesto refuerza tal realidad.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.




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Este Proyecto de Ley, en lo que afecta a la regulación del IVA, modifica de modo sustancial el régimen de tributación de los Entes Públicos dado que quedarán no sujetas al Impuesto de todas las prestaciones de servicios que estos Entes realicen, incluidas todas las prestaciones que las Administraciones Públicas reciban de sus sociedades mercantiles, ya sea en virtud de relaciones jurídicas internas por la vía de la encomienda de gestión o los encargos de ejecución, ya sea mediante cualquier otra fórmula en la que estas sociedades mercantiles se presenten como proveedores de servicios a estas Administraciones.

Tal modificación provocará un gasto añadido en el sector público empresarial en concepto de IVA no deducible y con ellos una subsiguiente minoración de la disponibilidad presupuestaria de las Administraciones territoriales no recaudadoras, autonómicas y locales.

Por otro lado mantiene el tipo vigente sobre el suministro doméstico de electricidad y gas que, los Senadores que presentamos esta Propuesta de Veto pensamos que, al igual que ocurre con otros Estados de la UE, se debe de aplicar un tipo inferior, planteando que éste sea del 10%. Igualmente planteamos la reducción del tipo, en este caso al 4%, para el transporte de viajeros (salvo el aéreo), consumo de aguas aptas para la alimentación, entrada a manifestaciones culturales y espectáculos deportivos de carácter no profesional y a la industria cultural (museos, salas cinematográficas, teatros…).

Aunque el Proyecto supone un avance positivamente en la aplicación del régimen simplificado, debiera reservarse el mismo en el caso de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas cuyos ingresos no superen los cien mil euros anuales.

Por otra parte, creemos que se debe extender el régimen especial del criterio de caja a todos los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural no ha superado los diez millones de euros.

En relación a la reforma de la Ley de Impuestos Especiales rechazamos la exención al combustible utilizado en los vuelos domésticos y en embarcaciones por su repercusión medioambiental; también planteamos la eliminación de las exenciones y bonificaciones fiscales para las embarcaciones y aeronaves de recreo y alquiler. Igualmente, se introducen diferentes modificaciones para propiciar el uso de vehículos con menores emisiones a la atmósfera y gravar más a los vehículos más contaminantes, así como para aproximar progresivamente de las tarifas de las gasolinas sin plomo y los gasóleos de uso general y eximir a los vehículos eléctricos y a los adscritos a régimen de car sharing.

Por otro lado, creemos necesario modificar la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, eximiendo del gravamen previsto a todas las tecnologías renovables en régimen especial y a las renovables destinadas al autoconsumo.

Finalmente quienes suscribimos este Veto planteamos que el Gobierno presente un Proyecto de Ley sobre bienes suntuarios.

A lo dicho, se añade que el conjunto de la reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas tareas.

c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función de la renta.

d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno,




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algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública, texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que formulamos esta Propuesta de Veto estamos convencidos de que el instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas, recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.

No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad, sino para aumentar los beneficios empresariales.

El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12% de los ingresos más bajos es lo mismo que el 12% de los más altos, obvia que los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta. Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22% más para gastos en educación y un 9,5% adicional para gastos en salud.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados, con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.

Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes medidas:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos actuales:

a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF




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los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles).

b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar amnistías fiscales.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales.

d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto sectorial como temporalmente.

e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los desplazados a territorio español.

f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF: Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos marginales altos.

g) Incorporar elementos de igualdad de género en las reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del sexo.

h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos que no tienen en cuenta niveles de renta.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal:

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo).

b) Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las Administraciones Locales.

Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de esta reforma fiscal se reforma en la política presupuestaria que guarda una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de 38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a 40.719,12 millones, un 6,1% más.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester Capella i Farré.




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PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras pretende abordar, junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta reforma, reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por los contribuyentes y avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas efectivamente planteadas consigan lograr dichos objetivos.

La reforma planteada es poco ambiciosa, ineficiente, injusta y regresiva. Lejos de una reforma fiscal estructural y en profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario español, plantean una reforma de alcance muy limitado, que supone simplemente un conjunto de supuestas rebajas tributarias por igual a todos los contribuyentes, sin tener en cuenta su capacidad económica a la hora de contribuir en el sostenimiento de los gastos públicos. Y todo ello con fines electoralistas y a corto plazo, continuando con su discurso exageradamente optimista acerca de la recuperación económica para intentar recuperar la confianza de unos ciudadanos que la han perdido viendo, por ejemplo, como España sigue sin combatir el fraude fiscal, como tampoco hace en esta reforma, y temiendo, además, que esta bajada de impuestos pueda ser revertida en un futuro no muy lejano a tenor de alguna de las exigencias de estabilidad fiscal a las cuales la UE nos tiene acostumbrados.

Por si esto fuera poco, la presente reforma tiene un cariz profundamente reaccionario y recentralizador, ya que, mientras que no ha sido negociada con las Comunidades Autónomas, las afectará directamente, puesto que reducirá sus fuentes de ingresos relativas a una recaudación de impuestos que ya de por sí es muy limitada por la poca descentralización del Estado.

Se trata de una reforma regresiva basada en el supuesto erróneo de que existe una gran presión fiscal en España —pese a que esta se sitúa seis puntos y medio por debajo de la media de la UE. Además, la pérdida de recaudación que la reforma supondrá, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, producirá un notable descenso en cuanto al gasto social que repercutirá negativamente en la sociedad, ya que la poca capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles en la actualidad impide un aumento del consumo interno, lo que a su vez imposibilita una mayor recaudación mediante el IVA aunque los tipos impositivos desciendan. En este sentido, resulta destacable a nuestro juicio que el Gobierno continúe sin explorar otras vías de recaudación que podrían revertir en un mayor gasto social, como podría ser el aumento del tipo en el impuesto del patrimonio, que se mantiene en un insuficiente 0,5%, o la revocación del privilegio fiscal que tienen aquellos extranjeros que computan tan sólo un 24% para los primeros 600.000 euros que tributan en España.

Finalmente, se trata de una reforma absolutamente ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal o la economía sumergida y fía la reducción del déficit a la mejora de la situación económica y la reducción del gasto público.

Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.




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El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y las modificaciones que contiene respecto de los otros dos que componen esta reforma fiscal («Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades» y «Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias»), éste no puede considerarse de manera aislada o desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias. Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a estos otros dos proyectos de ley complementarios mencionados.

Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo, su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser retiradas.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la




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desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Basta un ejemplo para poner de relieve que las injusticias fiscales abundan en estos proyectos: como han apuntado los técnicos citados, teniendo en cuenta el alto precio de la electricidad en nuestro país con respecto a los países de la UE y su alza en los últimos años, conforme al Artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE, se podía haber previsto que, previa consulta del Comité del IVA, España pudiera aplicar un tipo impositivo reducido a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana. Nada de esto hay.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos.




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A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de polarización social que se ha producido en esta crisis.. En este mismo sentido, la contribución a la recaudación del Impuesto del Patrimonio —que dista mucho de ser un verdadero Impuesto a la Riqueza— queda en un exiguo 0,5% de la recaudación fiscal general.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función de la renta.

c) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de vista electoral.

Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública, texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

La pérdida de progresividad y limitación de la capacidad recaudatoria fiscal del Estado hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.




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Estas medidas, no tienen en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se creará.

Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma fiscal del gobierno y abogamos por:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos actuales:

a) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar amnistías fiscales.

b) Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA. Establecer un IVA super reducido para bienes, servicios y productos básicos o culturales.

c) Creación de un Impuesto especial sobre Bienes, Productos o Servicios Suntuarios. Será aplicable a los productos y servicios considerados de lujo.

d) Creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), con una base impositiva amplia y que será sustituido, cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.

e) Creación de Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento para la vivienda familiar, en función de la renta, y sin exenciones para segundas viviendas.

Segundo.

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo).

Tercero. Medidas para una fiscalidad verde:

a) Introducir criterios medioambientales en impuestos ya existentes que no tengan una finalidad meramente recaudatoria.

b) Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado nivel de preocupación o riesgo.

Cuarto. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las Administraciones Locales.

Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.




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La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno al presentar este Proyecto de Ley se centra principalmente, y así lo reconoce explícitamente en el Preámbulo, en incorporar modificaciones menores en la legislación de los impuestos indirectos para adaptarla a la normativa comunitaria.

Si examinamos el contenido del «Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras», no encontramos ninguna razón de peso para considerarlo como parte de una reforma fiscal «de contenido estructural muy importante para nuestra economía y de reducción de impuestos para todos los ciudadanos» tal y como afirmó el ministro de Hacienda al iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En 2012, el Gobierno del Partido Popular elevó tres puntos el IVA general hasta el 21% y, el tipo reducido pasó del 8% al 10%, alcanzando la media europea de en este tipo de gravamen. Además, efectuaron una importante reclasificación de los bienes y servicios con tipos reducidos y superreducidos. Nuevamente, junto con los aumentos del IRPF y otros impuestos cuya recaudación principal recayó sobre las rentas medias y sobre los trabajadores asalariados, se estableció un sistema tributario insolidario con la mayoría de la sociedad española y especialmente perjudicial sobre algunos sectores de actividad, como la cultura, que incrementó de forma extraordinaria en 13 puntos el IVA de actividades tan importantes como el cine, el teatro y la música, comprometiendo de forma grave su mantenimiento y viabilidad.

Este proyecto de ley, no modifica los tipos de IVA, solo se centra en la obligada adaptación del texto vigente a la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero. Además, en relación a los impuestos especiales, modifica el Impuesto sobre la electricidad que pasa a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica, siguiendo la Directiva 2003/96/CE, aunque se mantiene la determinación de la base imponible, el tipo impositivo, y los beneficios fiscales existentes y no variará la recaudación.

En relación a la modificación en materia de fiscalidad medioambiental solo se realizan cambios menores en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de efecto invernadero. El Gobierno, en una visión miope de la realidad y con la manida excusa de la crisis, refuerza el falso planteamiento que contrapone




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protección ambiental con recuperación económica, y abandona la necesaria modificación de la regulación impositiva medioambiental y energética que incentive comportamientos más respetuosos con el medioambiente de nuestro país.

Con esta norma, el Gobierno vuelve a desaprovechar otra reforma legislativa para rectificar y reducir la desigualdad e inequidad del sistema tributario que sufre la sociedad española. No sólo no acomete una verdadera reforma fiscal que, unida a la lucha contra el fraude, ayude a recaudar suficientemente de todos los contribuyentes, sino consagra un modelo de sistema tributario que beneficia solo a un sector de la sociedad minoritario, de rentas altas y grandes empresas, que aspira a mantener los niveles de recaudación obligando a continuar con la política de ajuste fiscal basada en recortes de los servicios esenciales, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad de la gran mayoría de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, los senadores y senadoras presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Dentro de lo que el Gobierno ha denominado como reforma fiscal, se ha incluido un proyecto de ley de modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de la Ley de Impuestos Especiales y de la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental.

Debe destacarse ya que la iniciativa legislativa de referencia tiene un limitado alcance, centrándose en la adaptación del texto de la Ley a la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero, que introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales, en la necesidad de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013, que ha afectado a los tipos aplicables a los productos sanitarios, y en la realización de una serie de modificaciones técnicas que, o bien precisan algún aspecto de la tributación, o bien suprimen determinados límites o requisitos, en el ámbito de discreción que la Directiva de IVA permite a los Estados miembros.

En relación con los Impuestos Especiales, el Impuesto sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo —Directiva 2003/96/CE—, pero se mantiene la recaudación respecto a la estructura anterior, ya que la base imponible se determina igual, el tipo impositivo no varía y se mantienen los beneficios fiscales.

En materia de fiscalidad medioambiental únicamente se contemplan determinadas modificaciones puntuales del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, con el objetivo de clarificar determinados conceptos que han dado lugar a dudas en cuanto a su aplicación práctica.




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Si este es el contenido del Proyecto de Ley, no se alcanza a comprender como el mismo puede considerarse parte de una «reforma fiscal», debiendo recordarse que la real reforma fiscal del Gobierno del PP ya se ha llevado a efecto mediante la mayor subida de impuestos de la democracia.

En efecto, en la presente legislatura se ha producido la subida de más de 50 impuestos, con una recaudación normativa por parte de la Administración Central de más de 28.000 millones de euros, que ha afectado sustancialmente a las rentas medias y a los trabajadores asalariados. La estrategia impositiva ha incluido un incremento extraordinario de la fiscalidad indirecta, cuya figura más representativa es el IVA, sin compensación alguna a los perdedores que son las rentas medias y bajas, máxime cuando se sigue reduciendo el peso del gasto público en el PIB.

La reforma del IVA, efectuada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que procedió a incrementar el tipo general del IVA del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%, además de efectuar una importante reclasificación de los bienes y servicios sometidos a los tipos reducido o superreducido, ha supuesto en los ejercicios 2012-2014 unos mayores ingresos de 9.667 M de euros, esperándose, para 2015, unos ingresos adicionales de 476 M de euros.

El Impuesto sobre el Valor Añadido ha constituido así un elemento esencial de la política tributaria del Gobierno, pues su incremento ha sido el principal instrumento para desplazar la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, desterrándose cualquier consideración relativa a la justicia o equidad del sistema tributario en su conjunto o cualquier condicionante que pudiera derivarse de los principios constitucionales de progresividad y capacidad económica. Pero que sea esta la declarada orientación del Gobierno no puede hacernos olvidar que dicha decisión —mayor peso de la imposición indirecta sobre la directa— ha configurado un sistema tributario menos justo y progresivo, donde la tributación se concentra cada vez más en todos los contribuyentes por igual, independientemente de su riqueza y renta, lo que conduce, inevitablemente, a un mayor beneficio de las rentas y patrimonios más elevados. Los presuntos beneficios a las rentas medias y bajas y al trabajo asalariado se convierten en mera «propaganda» sin contenido real, pues cualquier mejora en su tributación personal, si es que se produce, será absorbida por este incremento de la imposición indirecta.

El Proyecto de Ley renuncia incluso a corregir aquellas situaciones que se han demostrado, no sólo injustas, sino también especialmente perjudiciales para el mantenimiento y desarrollo de relevantes sectores de actividad. Y así, el incremento extraordinario de 13 puntos del IVA de las actividades culturales, como cine, teatro y música, está penalizando el acceso a la cultura a la gran mayoría de la ciudadanía y tiene un efecto negativo sobre el sector cultural que representa más del 3% del PIB y que da empleo a cientos de miles de personas de este país. Igualmente, el incremento del IVA está afectando a la viabilidad económica de sectores intensivos en la utilización de mano de obra (p.ej., peluquerías) o que inciden en la salud pública (p.ej., servicios veterinarios).

Por último, la puntual modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero muestra a las claras que no existe una voluntad real de acometer una regulación integral de la Imposición medioambiental y energética, que introduzca criterios de política ambiental en el sistema tributario de manera que se internalicen los costes externos y se incentiven comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su devolución al Congreso de los Diputados.


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