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BOCG. Senado, apartado I, núm. 401-2699, de 22/09/2014
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

(621/000086)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 81


Núm. exp. 121/000081)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 16 de septiembre de 2014.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El principio básico de la regulación de los derechos de autor debe garantizar un justo equilibrio entre los derechos económicos de los autores, productores o distribuidores y la regulación de una serie de excepciones que permitan el uso de dichas obras con o sin remuneración. En este sentido, resulta cuestionable la capacidad para adaptar satisfactoriamente mediante modificaciones parciales la actual regulación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años. Ello cuando, además, la regulación de los derechos de autor se encuentra fuertemente condicionada por la normativa comunitaria y los convenios internacionales ratificados por España sobre la materia. Entendemos que no basta, por tanto, con la introducción de modificaciones parciales a medida que el Estado se ve obligado a ir transponiendo directivas comunitarias que inciden en la regulación de la Propiedad Intelectual. Por ello, es notorio que la actual Ley de Propiedad Intelectual necesita una profunda reforma para incorporar todos los cambios acaecidos en el mercado de la información, de la cultura y en el marco tecnológico y transponer en su globalidad las distintas directivas comunitarias.




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Desde Esquerra Republicana no compartimos la regulación de la compensación por copia privada incorporada en el Proyecto de Ley. Compartimos la necesidad de permitir los actos de copia privada, para garantizar un uso razonable de las obras por los particulares, y que dichos actos suponen un límite al derecho de reproducción y, por tanto, deben ser protegidos mediante el establecimiento de una compensación equitativa a los titulares de los derechos. Sin embargo, no compartimos el modelo establecido para la financiación de la compensación equitativa.

El sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Dicho sistema no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación. Además, supone trasladar el coste de dicha compensación al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga de la copia privada. No es de recibo que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste.

Finalmente, nuevamente la reforma que se pretende ignora la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. Tampoco garantiza la plena aplicación del apartado 1 del artículo 155 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual a la Generalitat de Catalunya.

Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El pasado 14 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y acordó remitir a las Cortes Generales el mismo.

Después de dos años y medio de gobierno del PP, se esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema generado en torno a la compensación equitativa por copia privada. Sin embargo, no ha sido así. La reforma legislativa que impulsa el Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra.

Falta de consenso con los sectores concernidos

Tras el fracaso del canon indiscriminado, el ministerio ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación




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equitativa por copia privada, optando por dar continuidad a la salida provisional instaurada en diciembre de 2011, esto es, el pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque en una cuantía muy reducida, un 95% inferior a la que se recaudaba por el canon, lo que supone un notable perjuicio para los creadores, según han denunciado al unísono las asociaciones de titulares y las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que ven cómo peligra el mantenimiento de su función social.

Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el artículo 5.2.b) de dicha directiva.

Además, el Proyecto de Ley declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor, para justificar la reducción de la compensación a pagar al creador con cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, el proyecto menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. De hecho, se desregulariza la actividad de gestión de los derechos de autor. Tampoco satisface a los colectivos de creadores los mecanismos que van a fijar las nuevas tarifas.

Tampoco reconoce adecuadamente el anteproyecto los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea.

Por otra parte, los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar a los mismos. Sin embargo, el Proyecto de Ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional. El Gobierno ha renunciado a generar mejores condiciones para la difusión cultural, al no garantizar el apoyo a la creación y a los creadores y creadoras, al no consolidar la accesibilidad universal y alcanzar a la vez un compromiso en la defensa de la diversidad cultural, la libertad y el impulso del procomún y el trabajo colaborativo en la red.

Nos hayamos pues ante un Proyecto de Ley elaborado sin diálogo con los sectores implicados, sin alcanzar el más mínimo acuerdo, y que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Por tanto, resulta imprescindible retirarlo inmediatamente y abrir un proceso de diálogo que permita abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que garantice la máxima transparencia y el control público en las entidades de gestión de derechos y que resuelva definitivamente la fórmula que permita atender la compensación equitativa por copia privada, a la que tienen derecho los creadores, sin cargar sobre el conjunto de contribuyentes ni penalizar al conjunto de la ciudadanía.

Injustificada provisionalidad

Como justificación de la urgencia de acometer esta reforma, se invoca el hecho de que la experiencia acumulada ha permitido identificar problemas de funcionamiento del modelo de gestión colectiva y ha revelado aspectos que admiten amplios márgenes de mejora. Asimismo, se invoca la Moción de 14 de julio de 2011, sobre las medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legalidad por parte de las entidades de gestión y en lo que se refiere a la compensación equitativa por copia privada.

Sin embargo, aún constatada de manera unánime la necesidad de afrontar una reforma de la vigente ley de propiedad intelectual, lo cierto es que la reforma parcial presentada por el Gobierno adolece de falta de oportunidad y precipitación, toda vez que no permite adecuar la misma al resultado de los trabajos de las instituciones comunitarias en materias tan esenciales como la compensación por copia privada y el régimen de la gestión colectiva.

El Gobierno, consciente de tal realidad, asume en el propio texto del Proyecto, en la disposición adicional tercera, el compromiso de realizar los trabajos preliminares de dicha reforma integral en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley de reforma parcial, en la que habrán de evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.




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En el actual contexto, tan solo son necesarias dos modificaciones legislativas de las previstas en el Proyecto. La primera de ellas, motivada por la necesaria trasposición de la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Y, la segunda, como motivo de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, que tiene como objetivo principal establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en la utilización de estas obras por parte de las instituciones culturales y los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea.

Salvo en esos supuestos concretos, no existen razones urgentes que justifiquen una reforma legal, que, a pesar de ser reclamada de manera reiterada desde años, obvia la premisa fundamental sobre la que ha de articularse, como es la «plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea».

Así consta advertido en las Conclusiones de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados de 24 de febrero de 2010, en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición adicional duodécima, que contiene, asimismo, el mandato para el Gobierno de modificar la compensación equitativa por copia privada, en plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea.

Resulta ineludible traer a colación las conclusiones de la Subcomisión del Congreso ya aludidas, en relación con la revisión de los límites y excepciones al derecho de autor —y entre ellos el límite de copia privada—, a la luz de las nuevas realidades tecnológicas, en las que de manera clara y contundente se expresa que «cualquier iniciativa requiere que se acompase a la normativa europea, dado el elevado grado de armonización ya existente y la marcada dimensión internacional de la propiedad intelectual».

Esta reforma, a pesar de su carácter parcial, consolida un sistema de financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a la par que conlleva cambios sustantivos en el actual esquema de ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, cuyo profundo alcance y consecuencias prácticas, jurídicas y económicas desaconsejan su carácter meramente provisional. Sucesivos cambios legislativos en esta materia podrían acarrear consecuencias negativas para los titulares de derechos y usuarios de difícil reparación.

Falta de una solución adecuada para la compensación por copia privada

En cuanto se refiere a la compensación por copia privada, el Proyecto consolida el sistema de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado mediante la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Desarrollado, a su vez, mediante el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A su vez, se modifica el límite por copia privada restringiendo los supuestos en los que una reproducción para uso privado puede confeccionarse lícitamente.

La reforma que articula el Gobierno en este Proyecto, obvia la existencia de dos aspectos importantes pendientes de una próxima solución a nivel en el nivel comunitario.

Por un lado, los trabajos realizados en orden a una futura propuesta, por parte de la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento, destinada a la adopción de medidas legislativas armonizadoras del sistema de copia privada.

El sistema diseñado por el Gobierno español se aleja de los trabajos realizados por la Comisión Europea, con vistas a la adopción de medidas legislativas destinadas a la armonización del sistema de copia privada.

Sin olvidar, en esta concreta materia, la existencia de varias denuncias interpuestas contra el Reino de España también ante la Comisión Europea por las entidades de gestión, como consecuencia del sistema de financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado adoptado por el Real Decreto-ley 20/2011, y cuya resolución está pendiente ante las autoridades comunitarias.

El Consejo General del Poder Judicial, en el informe emitido con objeto de analizar la reforma que afronta este Proyecto, ya ha alertado del riesgo de que el sistema de pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no se ajuste a las exigencias derivadas del Derecho comunitario. Respecto a la




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restricción del límite de copia privada, que justificaría una disminución de la cuantía de la compensación equitativa, sostiene que podría situar el límite y la compensación en unos niveles tan exiguos que los titulares no se vieran compensados adecuadamente del perjuicio efectivamente sufrido.

El informe del Consejo de Consumidores y Usuarios es igualmente crítico con el nuevo sistema al considerarlo gravemente perjudicial para los usuarios y consumidores que se ven obligados, a través de sus impuestos, a mantener un sistema de copia privada independientemente de si realizan o no las copias o de que adquieran soportes o productos que puedan ser usados para dicho fin.

En este contexto la inminente modificación del sistema español lejos de aproximarnos a los países de la Unión, se acomete de manera desacompasada y nos aleja de la futura normativa europea. Todo ello, aún de manera provisional, y bajo la incertidumbre de que sea preciso modificar nuevamente el sistema con objeto de acomodarlo al Derecho comunitario. Ello originaría importantes distorsiones en el mercado interior, inseguridad jurídica y efectos perjudiciales —incluidos importantes costes de transacción— de difícil retorno a la legalidad, con la consiguiente desprotección de la propiedad intelectual y la inhibición del desarrollo de las industrias culturales y de los nuevos modelos de negocio en el entorno digital en nuestro país.

Menoscabo de la gestión colectiva de derechos

Por lo que respecta a la necesidad y oportunidad de la modificación del sistema de gestión colectiva se ha de advertir que la reforma que acomete el Proyecto se anticipa y, por tanto, se sitúa al margen del proceso de armonización, objeto de reciente análisis en el seno de la instituciones comunitarias y que ha culminado con la aprobación de la Directiva sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, y licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para usos en línea en el mercado interior. Máxime cuando esta directiva deberá ser objeto de trasposición a nuestro ordenamiento, en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la directiva.

El Consejo de Estado ya alertó en su informe de la dificultad que entraña la regulación proyectada, que se agrava ante la sucesión de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mientras las Instituciones europeas estén revisando la actual articulación del sistema de canon vigente y se encontrasen tramitando normas que incidirán en las normas de los Estados miembros. El conocimiento de esa realidad, recuerda el Consejo de Estado, obliga a extremar el rigor en la redacción de los proyectos normativos, de cara a evitar eventuales consecuencias negativas.

Conclusión

Bien es cierto que este Grupo Parlamentario comparte la necesidad de la reforma integral del sistema de protección de la propiedad intelectual, en aras de la consecución de manera efectiva de una mayor protección de los creadores intelectuales, acorde con la implantación de la nuevas tecnologías, la nueva realidad social y económica, cohonestada, a su vez, con el desarrollo de las industrias creativas y culturales.

En cambio, en el actual contexto no concurren argumentos jurídicos o económicos que respalden la necesidad y oportunidad de una reforma parcial y, necesariamente provisional, de la Ley de Propiedad Intelectual como la que el Proyecto diseña, a la par que se anuncia una próxima reforma integral.

A su vez, el profundo calado de esta reforma, precisa de una amplia consulta y consenso con todos los sectores afectados: titulares de derechos, usuarios, consumidores y operadores económicos, que no es posible posponer al comienzo de los trabajos destinados a la reforma integral que pretende acometer el Gobierno, en el plazo de un año.

La urgencia de las reformas que reclama el Gobierno no están justificadas desde la defensa del interés general, ni existen razones suficientes, desde la perspectiva de ese mismo interés, para plantear un giro como el que el Gobierno plantea respecto a la vigente Ley de Propiedad Intelectual, máxime habida cuenta su carácter provisional y transitorio.

Por consiguiente, concurren sobrados argumentos que aconsejan posponer la reforma que aborda este Proyecto con vistas a incorporar las modificaciones que sean precisas en orden a la trasposición a nuestra ley de la directiva citada y sea posible abordar, con las debidas garantías y una participación real y auténtica de los sectores afectados, la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, extremos todos ellos que fundamentan y avalan con amplitud la presentación de esta enmienda a la totalidad.




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El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Desde nuestro Grupo hemos denunciado en repetidas ocasiones la política neoliberal de este Gobierno que como norma general defiende la no intervención en los mercados salvo, como en el caso que nos ocupa, cuando hay que proteger los intereses de los grandes grupos financieros o empresariales. En el caso de este Proyecto de Ley se aborda la protección y reforzamiento de los grandes grupos empresariales y grupos de intereses, con un intervencionismo que recorta libertades, supone un ataque a la socialización del conocimiento, da la espalda a la nueva economía y al progreso científico y técnico, y finalmente ignora el derecho de Euskal Herria a decidir su propio futuro, obstaculizando nuestro derecho a fijar un modelo social propio de propiedad intelectual.

Presentamos este veto porque este Proyecto de Ley supone:

Recorte de libertades, limitación de la creatividad

La presente reforma parcial de la Ley de Protección Intelectual, bajo el «leitmotiv» de la protección de la propiedad intelectual, aborda un nuevo recorte de libertades a la vez que supone un nuevo obstáculo a la creación en los ámbitos digitales que lejos de favorecer la competencia en los sectores artístico, científico, técnico educativo o periodístico, va a reforzar a los grandes grupos editoriales o discográficos perpetuando el actual oligopolio existente en dichos ámbitos de aplicación de la Ley.

Este proyecto de Ley niega derechos fundamentales de carácter universal, que son recogidos incluso en su propio texto constitucional, como son el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así como el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. En concreto limita el libre acceso a la información, a la cultura y a la formación, conculca derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libre creación, promueve la violación del secreto de las comunicaciones y es un ataque directo a la neutralidad de la red, de internet. También supone —como desarrollaremos en el siguiente apartado— no respetar un derecho individual básico como es el que cada autor, cada creador, pueda ofrecer su obra bajo las condiciones de uso que considere oportunas.

Ataque a la socialización del conocimiento

El modelo de protección de la propiedad intelectual que promueve esta reforma legislativa ignora que existe una hipoteca social sobre el conocimiento, que debe estar al servicio de toda la sociedad y que no debe estar sometido a los intereses económicos y mercantiles de las grandes corporaciones. La mercantilización de los derechos de propiedad intelectual contribuye a incrementar la brecha social entre ricos y pobres, a la privatización de los resultados de las investigaciones científicas, pudiendo llegar a afectar a la salud y alimentación de la ciudadanía como ya se da, de hecho, en los casos de control por empresas de los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos o semillas.




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El establecimiento en el Proyecto de Ley de la figura del «derecho irrenunciable» derivado de citar textos en internet va a afectar sin excepción a todos los creadores y generadores de producción cultural, artística, científica, técnica y docente, a los cuales se les va a impedir renunciar voluntariamente a ese derecho. Esto supone hacer ineficaces en la práctica las licencias «Creative Commons», que tienen un uso muy extendido, sobre todo, en ámbitos universitarios y en todos aquellos relacionados con la nueva economía. Estas licencias, que ofrecen en la actualidad cobertura jurídica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos en internet, quedarían sin valor práctico ante la imposición del «copyright» sobre el «copyleft» en contra del criterio y la decisión de los propios autores. Esto va en contra de los derechos e intereses colectivos que promueve la socialización del conocimiento, y sólo tiene la virtualidad de favorecer la recaudación de derechos por parte de unos pocos que, además, no son los titulares de la mayoría de las obras de creación que generan dichos derechos.

Otro de los elementos negativos de este Proyecto es la amenaza que supone al «derecho de cita» que está en la base del ejercicio de la profesión periodística. Pero además, la criminalización de los enlaces, genera inseguridad jurídica en el amplio espectro de los blogs y otros agentes activos en la red, aparte de que supone negar la esencia de la difusión del conocimiento en internet basada en la triada «compartir-enlazar-difundir» a través de la web.

Ahora bien, desde la responsabilidad de un Gobierno que tiene que estar comprometida con el progreso científico y el desarrollo universitario, es incomprensible la aprobación de este proyecto de Ley cuya entrada en vigor supone una tasa adicional para el conocimiento. Con esta modificación legal las Universidades deberán pagar por los contenidos acogidos a licencias «Creative Commons», que los profesores publican para sus alumnos, un canon de 5 euros por alumno, recaudado en régimen de monopolio por la entidad de gestión de derechos CEDRO que representa tan solo alrededor del 20% de los creadores universitarios. Esto supone una privatización ilegítima de la educación, la investigación y los textos académicos, pues otorga a una entidad privada la gestión del «Open Access», que pasa a estar regido por el «copyright», expropiándolo del procomún en contra de la decisión de sus autores que han establecido que sea de dominio público.

Al final este canon, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, actúa en detrimento de la justa recompensa a los autores y supone una subvención encubierta a los editores, a quienes el artículo 2 de la Directiva 2001 de Propiedad Intelectual no incluye como beneficiarios de derechos de propiedad intelectual y que, sin embargo, son beneficiarios del 45% de la recaudación de la entidad privada de Seguir anclados en la vieja economía.

Desde otra perspectiva esta Ley sigue anclada en los principios de la vieja economía, que guían la actuación de este Gobierno, y supone un freno, cuando no un obstáculo, al progreso y desarrollo de la nueva economía que tiene su base en la sociedad de la información y comunicación, y en la creación en el ámbito digital. Este Gobierno modifica una Ley de 1996 con la perspectiva y el espíritu de la Ley 22/1987 que respondía a un escenario de desarrollo tecnológico que no tiene nada que ver con el actual contexto de pujanza de la sociedad de la comunicación e información.

Las medidas propuestas por este Proyecto de Ley para controlar e impedir la «piratería» en internet, ponen en peligro la esencia misma de la red pues no tiene en cuenta las particularidades de la era digital, de la sociedad de la información y comunicación. En vez de apoyar el desarrollo de nuevos modelos de gestión de negocios basados en internet, perpetúa modelos caducos, lo que va a provocar la deslocalización de los existentes y, sobre todo, la deslocalización de la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Nuevas iniciativas alrededor de la industria cultural y tecnológica vinculada a la comunicación, conocimiento y ocio, que no tendrán otra opción que la de la emigración como consecuencia del freno evidente que este Proyecto de Ley supone para el desarrollo de un enorme potencial creativo basado en la cultura del «Open Access» y de los nuevos modelos de emprendimiento social que surgen alrededor de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y el conocimiento.

Impedir el derecho a decidir su propio modelo a Euskal Herria

Analizados los contenidos principales de este Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, y ante las consecuencias culturales, económicas y sociales de los mismos, nos reafirmamos en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite nos sea impuesto un modelo de propiedad intelectual que limita la creatividad, recorta libertades, dificulta la socialización del conocimiento e impide el progreso económico y social por las vías de la nueva economía de la sociedad de la información y el conocimiento;




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un modelo que, claramente, es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca que no concibe que la cultura, la creación y producción intelectual, artística y científica, tenga que ser necesariamente objeto de transacción para ser comprada y vendida sino que también puede ser una aportación que sus creadores hacen al conjunto de la sociedad para el beneficio común y para que forme parte de la identidad colectiva de nuestro Pueblo.

Por estas razones presentamos este veto al Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pedimos su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El pasado 14 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y acordó remitir a las Cortes Generales el mismo.

Después de dos años y medio de gobierno del PP, se esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema generado en torno a la compensación equitativa por copia privada. Sin embargo, no ha sido así. La reforma legislativa que impulsa el Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra.

Falta de consenso con los sectores concernidos

Tras el fracaso del canon indiscriminado, el ministerio ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada, optando por dar continuidad a la salida provisional instaurada en diciembre de 2011, esto es, el pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque en una cuantía muy reducida, un 95% inferior a la que se recaudaba por el canon, lo que supone un notable perjuicio para los creadores, según han denunciado al unísono las asociaciones de titulares y las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que ven cómo peligra el mantenimiento de su función social.

Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el artículo 5.2.b) de dicha directiva.

Además, el Proyecto de Ley declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor, para justificar la reducción de la compensación a pagar al creador con cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, el proyecto menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores. De hecho, se desregulariza la actividad de gestión de los derechos de autor. Tampoco satisface a los colectivos de creadores los mecanismos que van a fijar las nuevas tarifas.




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Tampoco reconoce adecuadamente el anteproyecto los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea.

Por otra parte, los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar a los mismos. Sin embargo, el Proyecto de Ley ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional. El Gobierno ha renunciado a generar mejores condiciones para la difusión cultural, al no garantizar el apoyo a la creación y a los creadores y creadoras, al no consolidar la accesibilidad universal y alcanzar a la vez un compromiso en la defensa de la diversidad cultural, la libertad y el impulso del procomún y el trabajo colaborativo en la red.

Nos hayamos pues ante un Proyecto de Ley elaborado sin diálogo con los sectores implicados, sin alcanzar el más mínimo acuerdo, y que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Por tanto, resulta imprescindible retirarlo inmediatamente y abrir un proceso de diálogo que permita abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que garantice la máxima transparencia y el control público en las entidades de gestión de derechos y que resuelva definitivamente la fórmula que permita atender la compensación equitativa por copia privada, a la que tienen derecho los creadores, sin cargar sobre el conjunto de contribuyentes ni penalizar al conjunto de la ciudadanía.

Injustificada provisionalidad

Como justificación de la urgencia de acometer esta reforma, se invoca el hecho de que la experiencia acumulada ha permitido identificar problemas de funcionamiento del modelo de gestión colectiva y ha revelado aspectos que admiten amplios márgenes de mejora. Asimismo, se invoca la Moción de 14 de julio de 2011, sobre las medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legalidad por parte de las entidades de gestión y en lo que se refiere a la compensación equitativa por copia privada.

Sin embargo, aún constatada de manera unánime la necesidad de afrontar una reforma de la vigente ley de propiedad intelectual, lo cierto es que la reforma parcial presentada por el Gobierno adolece de falta de oportunidad y precipitación, toda vez que no permite adecuar la misma al resultado de los trabajos de las instituciones comunitarias en materias tan esenciales como la compensación por copia privada y el régimen de la gestión colectiva.

El Gobierno, consciente de tal realidad, asume en el propio texto del Proyecto, en la disposición adicional tercera, el compromiso de realizar los trabajos preliminares de dicha reforma integral en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley de reforma parcial, en la que habrán de evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.

En el actual contexto, tan solo son necesarias dos modificaciones legislativas de las previstas en el Proyecto. La primera de ellas, motivada por la necesaria trasposición de la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Y, la segunda, como motivo de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, que tiene como objetivo principal establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en la utilización de estas obras por parte de las instituciones culturales y los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea.

Salvo en esos supuestos concretos, no existen razones urgentes que justifiquen una reforma legal, que, a pesar de ser reclamada de manera reiterada desde años, obvia la premisa fundamental sobre la que ha de articularse, como es la «plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea».

Así consta advertido en las Conclusiones de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados de 24 de febrero de 2010, en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición adicional duodécima, que contiene, asimismo, el mandato para el Gobierno de modificar la compensación equitativa por copia privada, en plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea.




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Resulta ineludible traer a colación las conclusiones de la Subcomisión del Congreso ya aludidas, en relación con la revisión de los límites y excepciones al derecho de autor —y entre ellos el límite de copia privada—, a la luz de las nuevas realidades tecnológicas, en las que de manera clara y contundente se expresa que «cualquier iniciativa requiere que se acompase a la normativa europea, dado el elevado grado de armonización ya existente y la marcada dimensión internacional de la propiedad intelectual».

Esta reforma, a pesar de su carácter parcial, consolida un sistema de financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a la par que conlleva cambios sustantivos en el actual esquema de ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, cuyo profundo alcance y consecuencias prácticas, jurídicas y económicas desaconsejan su carácter meramente provisional. Sucesivos cambios legislativos en esta materia podrían acarrear consecuencias negativas para los titulares de derechos y usuarios de difícil reparación.

Falta de una solución adecuada para la compensación por copia privada

En cuanto se refiere a la compensación por copia privada, el Proyecto consolida el sistema de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado mediante la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Desarrollado, a su vez, mediante el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A su vez, se modifica el límite por copia privada restringiendo los supuestos en los que una reproducción para uso privado puede confeccionarse lícitamente.

La reforma que articula el Gobierno en este Proyecto, obvia la existencia de dos aspectos importantes pendientes de una próxima solución a nivel en el nivel comunitario.

Por un lado, los trabajos realizados en orden a una futura propuesta, por parte de la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento, destinada a la adopción de medidas legislativas armonizadoras del sistema de copia privada.

El sistema diseñado por el Gobierno español se aleja de los trabajos realizados por la Comisión Europea, con vistas a la adopción de medidas legislativas destinadas a la armonización del sistema de copia privada.

Sin olvidar, en esta concreta materia, la existencia de varias denuncias interpuestas contra el Reino de España también ante la Comisión Europea por las entidades de gestión, como consecuencia del sistema de financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado adoptado por el Real Decreto- ley 20/2011, y cuya resolución está pendiente ante las autoridades comunitarias.

El Consejo General del Poder Judicial, en el informe emitido con objeto de analizar la reforma que afronta este Proyecto, ya ha alertado del riesgo de que el sistema de pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no se ajuste a las exigencias derivadas del Derecho comunitario. Respecto a la restricción del límite de copia privada, que justificaría una disminución de la cuantía de la compensación equitativa, sostiene que podría situar el límite y la compensación en unos niveles tan exiguos que los titulares no se vieran compensados adecuadamente del perjuicio efectivamente sufrido.

El informe del Consejo de Consumidores y Usuarios es igualmente crítico con el nuevo sistema al considerarlo gravemente perjudicial para los usuarios y consumidores que se ven obligados, a través de sus impuestos, a mantener un sistema de copia privada independientemente de si realizan o no las copias o de que adquieran soportes o productos que puedan ser usados para dicho fin.

En este contexto la inminente modificación del sistema español lejos de aproximarnos a los países de la Unión, se acomete de manera desacompasada y nos aleja de la futura normativa europea. Todo ello, aún de manera provisional, y bajo la incertidumbre de que sea preciso modificar nuevamente el sistema con objeto de acomodarlo al Derecho comunitario. Ello originaría importantes distorsiones en el mercado interior, inseguridad jurídica y efectos perjudiciales —incluidos importantes costes de transacción— de difícil retorno a la legalidad, con la consiguiente desprotección de la propiedad intelectual y la inhibición del desarrollo de las industrias culturales y de los nuevos modelos de negocio en el entorno digital en nuestro país.




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Menoscabo de la gestión colectiva de derechos

Por lo que respecta a la necesidad y oportunidad de la modificación del sistema de gestión colectiva se ha de advertir que la reforma que acomete el Proyecto se anticipa y, por tanto, se sitúa al margen del proceso de armonización, objeto de reciente análisis en el seno de la instituciones comunitarias y que ha culminado con la aprobación de la Directiva sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, y licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para usos en línea en el mercado interior. Máxime cuando esta directiva deberá ser objeto de trasposición a nuestro ordenamiento, en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la directiva.

El Consejo de Estado ya alertó en su informe de la dificultad que entraña la regulación proyectada, que se agrava ante la sucesión de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mientras las Instituciones europeas estén revisando la actual articulación del sistema de canon vigente y se encontrasen tramitando normas que incidirán en las normas de los Estados miembros. El conocimiento de esa realidad, recuerda el Consejo de Estado, obliga a extremar el rigor en la redacción de los proyectos normativos, de cara a evitar eventuales consecuencias negativas.

Conclusión

Bien es cierto que compartimos la necesidad de la reforma integral del sistema de protección de la propiedad intelectual, en aras de la consecución de manera efectiva de una mayor protección de los creadores intelectuales, acorde con la implantación de la nuevas tecnologías, la nueva realidad social y económica, cohonestada, a su vez, con el desarrollo de las industrias creativas y culturales.

En cambio, en el actual contexto no concurren argumentos jurídicos o económicos que respalden la necesidad y oportunidad de una reforma parcial y, necesariamente provisional, de la Ley de Propiedad Intelectual como la que el Proyecto diseña, a la par que se anuncia una próxima reforma integral.

A su vez, el profundo calado de esta reforma, precisa de una amplia consulta y consenso con todos los sectores afectados: titulares de derechos, usuarios, consumidores y operadores económicos, que no es posible posponer al comienzo de los trabajos destinados a la reforma integral que pretende acometer el Gobierno, en el plazo de un año.

La urgencia de las reformas que reclama el Gobierno no están justificadas desde la defensa del interés general, ni existen razones suficientes, desde la perspectiva de ese mismo interés, para plantear un giro como el que el Gobierno plantea respecto a la vigente Ley de Propiedad Intelectual, máxime habida cuenta su carácter provisional y transitorio.

Por consiguiente, concurren sobrados argumentos que aconsejan posponer la reforma que aborda este Proyecto con vistas a incorporar las modificaciones que sean precisas en orden a la trasposición a nuestra ley de la directiva citada y sea posible abordar, con las debidas garantías y una participación real y auténtica de los sectores afectados, la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, extremos todos ellos que fundamentan y avalan con amplitud la presentación de esta Propuesta de Veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.




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PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC),

de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC),

de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El talento, la creatividad son el bien más preciado de la sociedad porque están en la base del progreso social y económico. Y para que puedan desarrollarse en buenas condiciones, los creadores deben poder vivir de su obra, siendo la remuneración del derecho de autor, a través del reconocimiento de la propiedad intelectual, uno de los medios para conseguirlo. Como se produce y se protege esta remuneración con garantía de seguridad jurídica y eficacia normativa en cada contexto social es en último término el objeto de toda ley relacionada con la propiedad intelectual.

La sociedad actual nos reclama una serie de desafíos en esta materia, que a nuestro entender, no han sido satisfactoriamente incluidos en este Proyecto de Ley o durante su tramitación en el Congreso.

Los avances continuos y constantes en las nuevas tecnologías y en el desarrollo de Internet han provocado la mayor democratización de la historia en el acceso a los contenidos culturales. Pero, el desarrollo del derecho de acceso como consumidor de cultura no debe impedir o limitar el desarrollo del derecho del trabajador o autor cultural a recibir una retribución justa por su trabajo. La convivencia pacífica en el desarrollo de estos dos derechos debería ser el objetivo del Gobierno para la modificación de esta norma y, el resultado no es el esperado.

El Consejo de Estado y algunos de los órganos consultivos que han analizado el contenido de este proyecto de ley, han advertido de la falta de respuesta adecuada o suficiente que ofrece el mismo a muchos de los problemas de que adolece el sector. E incluso, del posible aumento de los conflictos de derechos y de la litigiosidad en torno a la propiedad intelectual que va a generar su entrada en vigor.

Compartimos esta advertencia de los órganos consultivos y estamos en contra del tratamiento del proyecto de ley a cuestiones como la compensación equitativa por copia privada, sufragado injustamente y en una cantidad ínfima a través de los Presupuestos Generales del Estado en contra de la reciente jurisprudencia europea, la implantación de una ventanilla única, el establecimiento de tarifas, o la compensación por el uso de fragmentos de información, que menoscaba los derechos de autor de periodistas y fotoperiodistas.

Esta norma no resuelve la gran crisis que está viviendo la cultura en nuestro país. La indefensión de los autores, la reducción o la ausencia de una retribución justa por su trabajo, el tratamiento inadecuado de las entidades de gestión y de defensa de sus derechos, unido a los graves recortes públicos en toda la política de ayudas y promoción de la industria y sufriendo el impuesto al consumo cultural más alto de toda Europa, está provocando el cierre de muchas empresas, el crecimiento de la economía sumergida y el exponencial aumento del desempleo en el sector.

Cambiar esta situación es urgente, y debería ser la única motivación de un Gobierno comprometido con la cultura. La cultura necesita una gran reconversión industrial y, ni la acción del Gobierno del Partido Popular, ni su tarea legislativa como muestra este proyecto de ley, están contribuyendo a ofrecer las soluciones que demanda la cultura en la sociedad actual.

Siguiendo la costumbre en su labor legislativa, el gobierno del Partido Popular ha presentado este Proyecto de Ley, sin haber realizado un diagnóstico exhaustivo de la situación de la industria cultural en la actualidad. Un diagnóstico que ofreciera datos de la incidencia de los cambios tecnológicos en el acceso a los contenidos culturales, tanto de forma legal como ilegal, de la creación de nuevos modelos de negocio en el sector, de la evolución en el nivel de litigiosidad en torno a la propiedad intelectual, del nivel de neutralidad de Internet, de la actividad de las entidades de gestión, o de las consecuencias de algunas de las medidas puestas en marcha por este Gobierno, especialmente los cambios en el sistema de compensación por copia privada. Y no puede escudarse el Gobierno en falta de tiempo, porque llevan anunciando esta Ley desde el inicio de la Legislatura.




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Tampoco entendemos que no se incluya toda la normativa comunitaria o convenios internacionales necesarios para armonizar la legislación internacional en torno a la propiedad intelectual. Así, las modificaciones legislativas a las que obliga la «Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior» no han sido incluidas en esta norma. Es incomprensible y muy poco razonable la urgencia del Gobierno en aprobar una Ley que va a exigir su modificación en un breve espacio de tiempo, porque no traspone toda la legislación comunitaria. Y esta circunstancia, entraña una clara «inseguridad jurídica» en el sector a la espera de una legislación más consolidada.

Además, el Gobierno, con la tranquilidad de su amplia mayoría parlamentaria e incidiendo en la prepotencia mostrada en anteriores modificaciones legislativas, no ha buscado el consenso necesario con los diferentes actores implicados en el sector para elaborar una modificación completa y eficaz de la ley vigente. Y, menos aún, ha buscado la colaboración y el consenso con los grupos parlamentarios, como demuestran las seis enmiendas a la totalidad que se han presentado en el inicio de su trámite parlamentario.

Por todo lo mencionado con anterioridad, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

En marzo de 2010 la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó por una muy amplia mayoría el informe de la Subcomisión para la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, de Propiedad Intelectual. En sus conclusiones la Subcomisión tuvo bien presente la necesidad de cohonestar los dos párrafos del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los que se afirma que:

«Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.»

La Subcomisión pudo constatar, a partir de una amplia indagación entre los sectores más concernidos por la propiedad intelectual, que el cambio tecnológico facilita enormemente la consecución de los objetivos del primer párrafo del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la par que genera serios problemas para la consecución de los objetivos del segundo.

Las innovaciones tecnológicas vuelven obsoletos muchos de los modelos de negocio tradicionales del sector cultural, al tiempo que abren grandes posibilidades a otros nuevos. Sin embargo la Subcomisión de Propiedad Intelectual pudo constatar las dificultades de que esos nuevos modelos de negocio puedan emerger en un marco de inseguridad jurídica para sus promotores y en un contexto de frecuente vulneración de los derechos de los creadores.

La falta de respuestas legales a la actual situación hace que nuestro país desaproveche las ventajas que supone para nuestro sector cultural la importancia demográfica y cultural del castellano en una economía globalizada. Ciertamente ya la Subcomisión pudo constatar que, precisamente por tratarse de problemas globales, no basta con la modificación de la legislación española para resolver los problemas




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frente a los que nos encontramos, sino que son necesarios cambios en la legislación internacional, comenzando por la europea.

La Subcomisión señaló algunos de los problemas que debería abordar una revisión de la Ley de Propiedad intelectual como son la gestión colectiva de los derechos de los creadores, la compensación por copia privada y las infracciones en el entorno en línea. También señaló la necesidad de fomentar los acuerdos entre los distintos sectores concernidos por los derechos de propiedad intelectual.

Han pasado cuatro años desde los trabajos de la Subcomisión. El cambio tecnológico en el sector cultural no ha hecho sino acentuarse y, lejos de solucionarlos, agravar muchos de los problemas que padece la industria cultural en nuestro país. A dicho cambio hay que sumar los efectos de la crisis económica y también las consecuencias de algunas medidas tomadas por el gobierno, especialmente las referidas a la compensación por copia privada.

En este contexto, el proyecto que presenta el gobierno presenta tres vicios de origen que afectan de manera grave a su utilidad para los propósitos que estableció la Subcomisión hace cuatro años. Por un lado se echa en falta un diagnóstico de la situación real de la industria cultural y de su relación con las nuevas tecnologías. Un diagnóstico, de carácter imparcial y avalado por la administración pública, que sea capaz de ilustrar al gobierno, como titular de la iniciativa, y al Parlamento, como legislador, sobre la dimensión cualitativa y cuantitativa de los problemas que una reforma de la ley ha de abordar. Por otro lado, y dado el nivel de litigiosidad que se detecta en torno a la propiedad intelectual, se echa también en falta un análisis detallado que ilumine los aspectos más conflictivos en el uso de bienes y servicios protegidos por la legislación de propiedad intelectual, tanto en lo referido a la garantía de los derechos de los titulares de los mismos, como en lo concerniente al desarrollo de los nuevos modelos de negocio en la sociedad de la información.

No solo se echan en falta los estudios mencionados, sino que los informes de los órganos consultivos apuntan a la existencia de indicios de que la nueva reforma de la ley aumente la litigiosidad. Lo cual se convierte en un ejemplo más de lo que significa aprobar una ley sin que previamente exista un sistema de indicadores que permita monitorizar los efectos de la propia ley sobre los objetivos que persigue.

A estos dos vicios de origen habría que añadir un tercero, la falta de un consenso con los sectores concernidos por la reforma. Ciertamente es patente la existencia de intereses encontrados en torno a los derechos de propiedad intelectual, como existen y han existido históricamente respecto a otros derechos de propiedad. Sin embargo, una ley es tanto más eficaz cuanto más pacífica resulta su elaboración y aprobación, cuanto mayor es el consenso social sobre la misma. Y ese consenso deseable no precede al proyecto de ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que el gobierno ha presentado para su aprobación por las Cortes Generales.

El proyecto de ley tampoco da una respuesta satisfactoria a la necesidad que vio la Subcomisión hace ya cuatro años de armonizar la legislación internacional en lo relativo a la propiedad intelectual. Este es el caso de la regulación de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor. El proyecto que presenta el Gobierno desconoce la aprobación por una amplísima mayoría del Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero, y posteriormente por el Consejo, de la «Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior». Una directiva que debe ser traspuesta a la legislación española.

De igual modo, y sin que los tiempos se lo hayan impedido, el proyecto aborda la reforma de la compensación por copia privada en una dirección que se aleja de las recomendaciones y de la orientación de legislación europea. Este es el caso del Informe Vitorino, presentado en enero de 2013, y que apuesta por un sistema contrario al que adoptó de manera urgente y poco meditada el actual gobierno mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En el mismo sentido el proyecto de ley se aleja del llamado Informe Castex, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el día 11 del pasado mes de febrero. Todo ello aconseja por sí solo que el gobierno retire su proyecto de ley para adecuarlo a la orientación de la legislación europea.

Tampoco resuelve el texto uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan tanto los creadores como quienes quieren establecer nuevos modelos de negocio legal en el entorno en línea. Es indiscutible la dificultad de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en línea, aunque también es cierto que cada vez hay más conciencia social de la necesidad de establecer un marco de seguridad jurídica




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al respecto. La reforma del TRLPI por la Ley de Economía Sostenible fue un paso adelante en esa lucha. Se diseñó entonces un sistema administrativo de protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual que fue después avalado en su integridad por el Tribunal Supremo. Sin duda se trata de un modelo perfectible, pero el salto fue cualitativo, y clara la apuesta por defender a nuestros creadores.

Cosa distinta ha sido su eficacia real y práctica. Los datos sobre las infracciones a la propiedad intelectual en la red no descienden, por lo que los creadores españoles necesitan amparo y eficacia. Ahora nos enfrentamos a una norma que pretende reformar de una manera no sustancial lo vigente y que a nuestro entender no mejora lo que existe, sino que lo empeora o, al menos, coloca en peor situación a los titulares de derechos. Así lo entendió el Consejo de Estado cuando informó el texto en fase de Anteproyecto, formulando muchas y bien fundadas críticas y aportando propuestas que no han sido incorporadas por el Gobierno y que a buen seguro contribuirían a mejorar una norma que es una base sólida para avanzar.

El problema de la Ley vigente no es sólo ni principalmente de contenido, que puede mejorarse sin duda. El problema real es de aplicación de la Ley, de eficacia administrativa. Lo cierto es que ni la Exposición de Motivos del Proyecto, ni su Memoria, analizan con detalle cuál es la situación actual en la aplicación de los mandatos legales del propio TRLPI y si la norma vigente es o no idónea para luchar contra los delitos contra la propiedad intelectual en internet, si los resortes jurídicos son suficientes y si los medios personales y materiales de que ha dispuesto la Administración son o no adecuados, que no lo son.

Y tampoco se ofrece un retrato de la actuación del órgano administrativo sobre el que pivota el sistema, esto es, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y lo que es peor, no se aprecia compromiso o deseo alguno en el Gobierno de mejorar la situación de escasez de medios personales y materiales de la Sección Segunda, lo que es un requisito inexcusable si existe voluntad política real de que sea un órgano eficaz y eficiente.

El Proyecto nace así lastrado irremediablemente en su propuesta normativa esencial, puesto que por muy eficaces que fueran los medios que se mencionan en la Preámbulo, que tampoco lo son, la insuficiencia de medios personales y materiales de la que ha adolecido la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual desde su creación amenaza con perpetuar la situación de inacción de dicho órgano.

A estos problemas que ya señalaba la Subcomisión de Propiedad Intelectual hace cuatro años, el proyecto añade algunos nuevos, como la ventanilla única y el establecimiento de tarifas. Ninguno de los dos es pacífico, ambos son discutidos por el sector sin que, hasta ahora, el gobierno haya sido capaz de propiciar un acuerdo que este proyecto de ley consagre. Los problemas, viejos y nuevos, del sector de la cultura permanecerán inalterados de aprobarse el proyecto de ley.

Al inicio de la legislatura el gobierno anunció una reforma parcial y urgente de la legislación sobre propiedad intelectual, y dos años después nos envía este desacertado y deficiente proyecto. Parcial, porque en el mismo proyecto anuncia que en menos de un año nos enviará una reforma general y sistemática de la Ley de Propiedad Intelectual. Urgente, porque los problemas acucian al sector de la cultura. Y cabe concluir que, de no enmendar el texto, seguirá siendo urgente una reforma incluso después de haber aprobado la que se nos envía ahora.

Es necesaria una legislación sobre propiedad intelectual que incentive la innovación en forma apoyo a los creadores, y este proyecto la desincentiva con bajadas de tarifas generalizadas que son una señal para no realizar un trabajo creativo que se plasme en obras musicales, audiovisuales o teatrales y en todo tipo de obras culturales. Es necesario una reforma que de seguridad jurídica a los miles de empresarios y emprendedores para fortalecer la inversión y la creación de empleo y el proyecto que presenta el gobierno no lo hace. La reforma que nos envía el gobierno no alcanza a ser el proyecto que España necesita para reordenar la economía de la cultura en torno a su activo más valioso: el trabajo creativo. Parece recomendable que el gobierno retire el proyecto, y presente otro adecuado a las verdaderas necesidades de la economía con base en la cultura y la propiedad intelectual, y también adecuado a la legislación europea. Y como ya no puede ser urgente, por lo menos que sea un proyecto general, coherente y sistemático, para el que contara con el apoyo del Grupo Socialista.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


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