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BOCG. Senado, apartado I, núm. 397-2692, de 15/09/2014
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

(621/000078)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 72


Núm. exp. 121/000072)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Se presenta la Propuesta de Veto al Gobierno del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales por vulneración de las reglas de distribución de competencias establecidas en el bloque de constitucionalidad.

JUSTIFICACIÓN

La Constitución española realiza en el artículo 149.1.3 CE una reserva competencial exclusiva en materia de relaciones internacionales a favor de la Administración General del Estado, que no es óbice para que se reconozca a su vez a las comunidades autónomas una competencia en materia de acción exterior.

En el caso vasco, la competencia de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) tiene su amparo normativo en los siguientes preceptos estatutarios:

a) La CAE posee facultad para instar a la negociación de un tratado internacional en materia de euskera (artículo 6.5 EAE).

b) La CAE posee facultad para ejecutar tratados internacionales y convenios en todo lo que afecte a las materias atribuidas a su competencia. Ningún tratado o convenio podrá afectar a las atribuciones y




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competencias del País Vasco, si no es por el procedimiento del artículo 152.2 CE (reforma estatutaria), salvo en lo previsto en el artículo 93 CE (art. 20.3 EAE).

c) La CAE deberá ser informada sobre los tratados y convenios que afecten a materias de específico interés para el País Vasco (art. 20.5 EAE).

A estas tres facultades se les debe añadir la facultad de la CAE para solicitar del Gobierno del Estado formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito materias propias de su competencia e interés.

Tanto la STC 165/1994 como la STC 31/2010 sintetizan la doctrina sobre la distribución competencial en materia de acción exterior de las comunidades autónomas las Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior en el ámbito de su competencia; no es posible identificar la materia de relaciones internacionales con todo tipo de actuación o proyección exterior; queda al margen de la competencia estatal ex artículo 149.1.3 CE quedando al margen de la competencia estatal, por lo tanto, las relaciones exteriores entre sujetos subestatales, así como las relaciones no reguladas por el derecho internacional; y d) el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que el Estado establezca medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas, pero únicamente para evitar eventuales perjuicios sobre la dirección y ejecución de la política exterior que corresponde en exclusiva al Estado].

De lo dicho se deduce que el Estado a la hora de estructurar el proyecto de ley que enmendamos tiene un ámbito específico y un claro límite: el primero se manifiesta en que su competencia sobre «relaciones internacionales» comprende la reserva a favor del Estado de las relaciones de España con otros Estados independientes y soberanos, el aspecto más tradicional de estas relaciones, y con las Organizaciones internacionales gubernamentales. Relaciones que, en todo caso, están regidas por el «Derecho internacional general» a que se refiere el artículo 96.1 CE, y por los tratados y convenios en vigor para España.

Y el límite se refiere a que no puede identificar la materia «relaciones internacionales» con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior, actividades sobre las que la función coordinadora del Estado —que la hay— no puede ser entendida como un presupuesto de aquellas acciones de las comunidades autónomas, sino como un instrumento dirigido a evitar discordancias entre la acción exterior de las comunidades autónomas y la política exterior del Estado.

En el Proyecto de Ley de tratados y otros acuerdos internacionales el Estado ejerce su competencia de coordinación con vocación centralizadora y extendiendo su competencia del artículo 149.1.3 más allá de las facultades de coordinación que en esta materia le viene reconociendo la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, en relación a la CAE y CFN no reconoce las singularidades propias derivadas del régimen foral.

Resulta objetable la regulación de los acuerdos internacionales no normativos por la injerencia que supone en el ámbito propio de, entre otros, las Comunidades Autónomas que, toda vez que su naturaleza no es la de sujetos de derecho internacional, sus relaciones no pueden ser englobadas dentro de la materia de relaciones internacionales, estricto sensu.

Pero resulta igualmente criticable la delimitación de los acuerdos internacionales administrativos que el proyecto define como «acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado que se celebre por órganos, organismos o entes de un sujeto de derecho internacional que sean competentes por razón de la materia, cuya celebración esté prevista en un tratado que ejecuta o concreta y cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica, cualquiera que sea su denominación.» Son los denominados por la doctrina como «acuerdos de ejecución» y como tales no siempre están caracterizados como convenios internacionales, de lo que cabe deducir que las comunidades autónomas podrían en ejercicio de sus competencias en materia de acción exterior adoptar dichos acuerdos, sin que la competencia estatal de coordinación pueda ir más allá de requerir información sobre su celebración a las comunidades autónomas y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar o remediar perjuicios sobre la política exterior del Estado; pero sin que con ellas se establezca una dependencia jerárquica respecto del Estado.

Por último, en lo que a la regulación de los Tratados internacionales se refiere este Grupo entiende que el nombramiento de representantes de España, que según el proyecto se efectuará a propuesta de los Ministerios interesados, sería necesario incluir, toda vez que puede afectar a ámbitos competenciales de las comunidades autónomas, que también las comunidades autónomas pudieran realizar propuestas sobre los representantes que configuran la representación oficial del Estado.


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