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BOCG. Senado, apartado I, núm. 365-2504, de 12/06/2014
cve: BOCG_D_10_365_2504
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

(621/000072)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 79


Núm. exp. 121/000079)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La exposición de motivos de este Proyecto de Ley comienza afirmando que el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos. Es imposible no compartir esta sentida declaración. La cuestión es preguntarse si las reformas promovidas por este Gobierno avanzan en una mejor gestión de los recursos públicos o simplemente acaban por reducirse a una política de recortes en el conjunto de administraciones públicas, reducción de empleo público y deterioro de los servicios públicos.

Aquí no se está hablando, como sería razonable, de la dimensión deseable de nuestro sector público y de los ingresos necesarios para financiarla, sino de reformas en las administraciones públicas para avanzar en el proceso de consolidación fiscal recortando el gasto público.

Para el Gobierno, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es un «hito en la gestión de los recursos públicos». Sin embargo, lo cierto es que las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del




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Estado para impulsar la economía asumiendo una verdadera función anticíclica y desarrollar el Estado social.

Y todo ello reconociendo, como también hace la exposición de motivos de este Proyecto de Ley, que el gasto público en España como porcentaje del PIB se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con menor gasto público y que desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB, también nos encontramos muy por debajo de la media comunitaria.

Esta última cuestión, la de los ingresos, es importante a la hora de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país. Desde 2008 se ha producido una brutal y desproporcionada caída de la recaudación tributaria. Descontando el efecto de las medidas discrecionales en materia de ingresos, la escasa progresividad del sistema tributario, las deficiencias en la gestión y en la lucha contra el fraude y el impacto de la desaparición de bases fiscales ligadas a la burbuja inmobiliaria, son elementos que cobran gran relevancia para explicar el desplome de los ingresos. Y tampoco conviene olvidar el coste de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos adoptadas por distintos gobiernos a favor del ciclo económico y que ahora pasan factura.

Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos, y son precisas reformas de calado en los ingresos públicos para lograr más suficiencia y progresividad. Recortar el gasto público conlleva negativas consecuencias económicas y sociales.

También las reformas que promueve el Gobierno contienen preocupantes elementos recentralizadores que socavan los principios de autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la Administración.

La reforma de la Administración local es un buen ejemplo. Supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el Estado español con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que, «grosso modo», ha supuesto un avance en el desarrollo del Estado de bienestar desde el impulso dado en el ámbito municipal. Con esta reforma local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno.

En este contexto, el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa tiene como objeto destacado suprimir algunas entidades e integrar otras en organismos públicos ya existentes con el fin declarado de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. Sin embargo, ni están claros los teóricos ahorros presupuestarios, ni por supuesto asegurada la mejora de la eficiencia de los organismos públicos.

El primer problema de este proceso es que la supresión de ciertos órganos administrativos no prevé una alternativa clara y funcional para que las competencias que estos órganos vienen desempeñando continúen en otros de una manera formal y garantizada. Y la cuestión adquiere más importancia al comprobar que muchas medidas se concentran en el ámbito de las políticas sociales.

El propio Consejo de Estado en su dictamen al Anteproyecto de Ley, al apreciar la supresión de órganos que actúan en el ámbito de las políticas sociales, explicita la conveniencia de velar por que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos.

El segundo problema es que no se evalúa el impacto de estas medidas en el empleo público, cuestión que se agrava con el proceso de amortización de empleo en la Administración del Estado que va consolidándose desde hace varios años.

Desde 2010 se ha agudizado la restricción de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado al no atender la reposición de efectivos. Esta política ha provocado que hoy el número de empleados públicos de dicha administración sea inferior al que existía hace 7 años.

Tal y como ha denunciado el sindicato CC.OO., la política de no cubrir siquiera la tasa de reposición de efectivos se agravará en los próximos años, al llegar la jubilación de un importante número de personal como consecuencia de la existencia de una plantilla madura que no es repuesta convenientemente.

Además, las políticas de privatizaciones en la Administración del Estado y el aumento de las tasas de algunos servicios públicos generan menor actividad y más presiones para amortizar empleo público. Claro está que todo ello está conduciendo al deterioro de los servicios públicos, cuando éstos deberían ser fuente de ocupación y contribuir a la salida de la crisis económica.

Continuar podando la administración pública, incluso reconociendo que España es uno de los estados miembros de la Unión con menor gasto público, es una irresponsabilidad.

Este Proyecto de Ley no contribuye a mejorar la gestión de los servicios públicos porque se incardina en una reforma de las administraciones públicas en la que lo sustantivo son los recortes sin valorar las necesidades de la ciudadanía.




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Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular. Se trata de un Proyecto de Ley elaborado con el objetivo de laminar las competencias de las Comunidades Autónomas sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado. Se trata, a fin de cuentas, de reducir las Comunidades Autónomas a meras delegaciones de la Administración General del Estado dedicadas a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español.

Este Proyecto de Ley forma parte del programa de reformas que continúan con el desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello pese a que el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria está repercutiendo en la atención a las personas y, especialmente, en las más necesitadas. Pero además, la falta de recursos públicos que supone, sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público, más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis.

El presente Proyecto de Ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas prevista en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Se trata de una competencia de carácter transversal que es utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas. Ello porque este Proyecto de Ley se extralimita en la determinación de aquellas materias que deben tener la consideración de básicas de acuerdo con el actual marco de distribución de competencias.

El ámbito de decisión de la Generalitat de Catalunya y del resto de Comunidades Autónomas queda enormemente reducido y se le impide en desarrollo de políticas propias. De este modo, se reduce la descentralización política a mera descentralización administrativa, imponiendo una rigurosa y monolítica uniformidad. Así pues, en el ámbito de la fiscalización de cuentas, se modifica la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas para favorecer la supresión de la Sindicatura de Comptes y el resto de órganos autonómicos equivalentes. Por ello, se crean secciones territoriales del Tribunal de Cuentas desde una visión absolutamente centralista y homogeneizadora. También, en el ámbito de las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, se pretende facilitar la integración en la ANECA de las entidades de las Comunidades Autónomas que ejerzan dichas funciones.

Además, y entre otras muchas medidas, el Proyecto de Ley pretende imponer la licencia federativa única mediante la modificación del apartado 4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Dicha imposición es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular. La modificación proyectada supone convertir a las federaciones autonómicas en simples delegaciones de la federación española sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinándolas a




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la federación española. Todo ello por un interés eminentemente recaudatorio que pretende dotar de recursos a las federaciones estatales sustrayéndoselos a las autonómicas.

La modificación planteada deja sin sentido que las federaciones autonómicas emitan licencias propias, dado que la licencia única ya permitiría participar tanto en competiciones estatales como en autonómicas. Ello pese a que en principio la pretendida modificación parece que siga dejando que sean las federaciones autonómicas integradas en las españolas las que gestionen las licencias. Sin embargo, se explicita que la federación española podrá decidir que la emisión de la licencia sea a cargo directa de ella misma, sin intervención de la autonómica. Dicha prohibición práctica de las licencias autonómicas se hace legalmente explícita cuando las federaciones autonómicas no se integren en la federación estatal. En estos casos la federación española sería la que emitiría las licencias, lo que ocasionaría una confusión dado que la federación autonómica en cuestión no aceptaría estas licencias generadas desde fuera de la federación y no permitiría la participación de los deportistas con estas licencias.

El proyecto de ley comporta la desaparición de las de las licencias autonómicas. Convierte las federaciones autonómicas en una simple delegación de la federación española que es la que determina el precio de las licencias, la compensación que se reserva y si finalmente la licencia es gestionada por la autonómica o directa o la gestiona la española. Además, en tanto que delegaciones, la economía de las federaciones autonómicas pasará a ser gestionada por las federaciones españolas, las cuales discutirán qué parte del precio de la licencia será la propia compensación por las supuestas competencias y qué parte del precio irá hacia las autonómicas en función de la evaluación que se haga desde la española de los gastos que puede conllevar el calendario competitivo autonómico y la misma existencia de la federación como entidad jurídica. Detrás de la gestión de la economía y la gestión de la actividad deportiva y competitiva.

En último término, la modificación, de llevarse a cabo, hará innecesarias las federaciones autonómicas, que podrían ser sustituidas por simples delegaciones de las federaciones españolas. La modificación que se pretende ha sido rechazada por distintas federaciones autonómicas. Pues detrás de la figura de la licencia única hay, a corto o medio plazo, la desaparición de las federaciones autonómicas como entidades jurídicas, con capacidad y legitimidad para gestionar en ese territorio la modalidad deportiva correspondiente.

Por todo lo expuesto parece que de lo que se trata es de imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea. Por ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha 26 de octubre de 2012, casi un año después del inicio de la legislatura, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se creaba una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en plural, a pesar que todos los miembros de la comisión son representantes de la Administración General del Estado.

En fecha 21 de junio de 2013, la Vicepresidenta del Gobierno presentó públicamente el informe que había elaborado la mencionada Comisión mediante el cual se pretendía dar publicidad a todo el proceso de reforma de la administración que actualmente se pretende llevar a cabo.

Según señala el informe, las medidas que pretende llevar a cabo el Gobierno se sustentan en cinco ejes: (i) la creación de la mencionada Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, (ii) la




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subcomisión de duplicidades administrativas, (iii) la subcomisión de simplificación administrativa, (iv) la subcomisión de gestión de servicios y medios comunes, y (v) la subcomisión de administración institucional.

El principal argumento (y casi único) para la reforma, expuesto en la introducción del propio informe, es la necesidad de mejorar la eficiencia de la Administración para de tal forma mejorar la competitividad del país basado todo ello a su vez en el argumento, también expuesto en las conclusiones del informe, de racionalización de las estructuras administrativas. De forma más secundaria se argumenta también la necesidad de una Administración más transparente estableciendo la administración electrónica como pilar fundamental.

La primera gran medida de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas fue la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local la cual, como es bien sabido, ha cercenado la autonomía local y ha minorado las competencias locales y autonómicas.

El pasado 2 de diciembre de 2013 el Gobierno presentaba un informe (de fecha 18 de noviembre de 2013) con los criterios mediante los cuales pretende erradicar las duplicidades administrativas entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Mediante el mismo se puso en marcha el segundo eje anteriormente mencionado (el de las duplicidades administrativas).

De esta forma, mediante la aprobación del presente proyecto de ley de racionalización del sector público y de otras medidas de reforma administrativa se empieza a materializar el segundo pilar de la reforma de la administración tan profusamente anunciada.

Nuevamente los argumentos utilizados por el Gobierno para presentar la reforma son la reducción de gasto y la eficiencia, sin embargo, sorprende la escasa ambición del Gobierno en la reordenación y reducción del gasto de su propio sector público, el de la Administración General del Estado, a la vez que el proyecto de ley incorpora medidas cuya finalidad no es otra que la de recuperar, para la Administración General del Estado, competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas, tal y como ya ha ocurrido con la reforma local.

En consecuencia, por un lado, el presente Proyecto de Ley, vulnera las competencias autonómicas, concretamente, para citar las más significativas:

— En materia de Universidades, respecto a las competencias sobre evaluación de las enseñanzas (títulos y planes de estudio) y la competencia sobre la evaluación y la garantía de la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria;

— De entrada rechazar la intromisión del presente proyecto de Ley en el mundo del deporte español. Las federaciones deportivas no forman parte estrictamente del «sector público», al que se refiere el proyecto de ley, por lo que regular la licencia deportiva única no es un acto de «racionalización del sector público» si no un acto irracional contra el deporte, especialmente el deporte de base.

— En el ámbito deportivo, la regulación de la licencia deportiva única, con el objetivo de diluir la capacidad de impulso territorial que tienen las federaciones deportivas de determinados territorios, como es el caso de Catalunya. El Gobierno incorpora la «licencia única», intentando imponer un modelo de «mercado único» por el cual se van a primar las licencias «low cost» de cualquier federación en detrimento del equilibrio económico y financiero, la sostenibilidad, de las federaciones territoriales, siempre vinculada a los derechos y prestaciones de servicios que esta otorga y que, insistimos, en el caso de Catalunya, han logrado los éxitos deportivos conseguidos, gracias a la vinculación entre la organización deportiva de las federaciones y el ejercicio de las correspondientes competencias que de la Generalitat en «el fomento, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución, el asesoramiento, la implantación y la proyección de la práctica de la actividad física y del deporte» (Art.134 Estatut de Catalunya).

— Las competencias para determinar la validez de la publicación de los actos las disposiciones generales y las normas que emanen del Gobierno o de la Administración de la Generalitat.

— Sentencia de muerte a muchos Consorcios, con finalidades y medidas de difícil justificación.

La poca entidad respeto a las medidas o esfuerzos de racionalización que se impone al conjunto de la Administración General del Estado deja el Proyecto de Ley claramente bajo sospecha. De entrada, llega con 2 años de retraso, desde el inicio de la legislatura se han impuesto muchas medidas de ahorro y racionalización que han afectado y en algún caso mejorado la racionalidad de las administraciones locales, las que se puede constatar presentaban menos déficit pero ninguna de las duras medidas impuestas para «arreglar» lo que ya funcionaba se ven trasladadas mediante este proyecto a la Administración General del Estado.




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En el caso de las comunidades autónomas —y también de los municipios— en los últimos 2-3 años se ha aplicado un difícil modelo de austeridad basado en criterios más tecnócratas que no de racionalidad o pragmatismo administrativo, se han suprimido organismos, se ha reducido personal y todas las partidas presupuestarias se han reducido conforme los nuevos límites presupuestarios. Todo ello ha comportado sacrificios muy importantes a la ciudadanía, afectando a las prestaciones del estado del bienestar. Ahora parecía que era el turno de la Administración General del Estado, pero no, al analizar el contenido del articulado de la ley observamos que en nada se parece al título del Proyecto. El Gobierno sigue sin predicar con el ejemplo en su propia administración.

Del análisis de la memoria económica se desprende que los principales ahorros que se obtienen son: los 107 millones de euros que se derivan de la centralización de las cuentas corrientes del Estado (medida que por su naturaleza resulta simple pero que el Gobierno ha tardado más de dos años hasta adoptarla), y el ahorro conjunto, correspondiente a los años 2014 y 2015, de casi 40 millones de euros, derivados de la fusión de diversos organismos. La consecución de esta cifra de ahorro no justifica el revuelo y decepciona las expectativas creadas en su tan anunciada presentación. Son más excusa que no otra cosa. Estos ahorros son claramente insuficientes, las otras administraciones públicas están siendo mucho más eficientes que la administración central en la adopción de medidas de ahorro. En cifras totales el Gobierno nos propone un ahorro equivalente al 0,09% de los gastos previstos por el Estado para el año 2014, sin duda, cifra mínima comparada con las múltiples reducciones de transferencias del Estado a las comunidades autónomas aplicadas en 2012, 2013 y 2014, las cuales han forzado a estas administraciones a realizar esfuerzos de austeridad muy superiores a los que ahora manifiesta adoptar el Gobierno para la administración Central.

Sorprende que el presente proyecto de ley, presentado como el pilar de la racionalización estatal, se limite a presentar medidas como la actualización y enumeración de los fines y competencias en relación a la entidad estatal de derecho público «Obra Pía de los Santos Lugares» o la extinción del organismo estatal de la «Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla», mientras que la afectación a los organismos o entidades públicas de peso de la Administración General del Estado es nula e inexistente.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta una propuesta de veto sobre el presente Proyecto de Ley.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Preámbulo de este Proyecto de Ley comienza afirmando que el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos. Es imposible no compartir esta sentida declaración. La cuestión es preguntarse si las reformas promovidas por este Gobierno avanzan en una mejor gestión de los recursos públicos o simplemente acaban por reducirse a una política de recortes en el conjunto de administraciones públicas, reducción de empleo público y deterioro de los servicios públicos.

Aquí no se está hablando, como sería razonable, de la dimensión deseable de nuestro sector público y de los ingresos necesarios para financiarla, sino de reformas en las administraciones públicas para avanzar en el proceso de consolidación fiscal recortando el gasto público.

Para el Gobierno, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es un «hito en la gestión de los recursos públicos». Sin embargo, lo cierto es que las estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del




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Estado para impulsar la economía asumiendo una verdadera función anticíclica y desarrollar el Estado social.

Y todo ello reconociendo, como también hace el Preámbulo de este Proyecto de Ley, que el gasto público en España como porcentaje del PIB se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con menor gasto público y que desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB, también nos encontramos muy por debajo de la media comunitaria.

Esta última cuestión, la de los ingresos, es importante a la hora de analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país. Desde 2008 se ha producido una brutal y desproporcionada caída de la recaudación tributaria. Descontando el efecto de las medidas discrecionales en materia de ingresos, la escasa progresividad del sistema tributario, las deficiencias en la gestión y en la lucha contra el fraude y el impacto de la desaparición de bases fiscales ligadas a la burbuja inmobiliaria, son elementos que cobran gran relevancia para explicar el desplome de los ingresos. Y tampoco conviene olvidar el coste de las sucesivas reformas desfiscalizadoras en los impuestos directos adoptadas por distintos gobiernos a favor del ciclo económico y que ahora pasan factura.

Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos, y son precisas reformas de calado en los ingresos públicos para lograr más suficiencia y progresividad. Recortar el gasto público conlleva negativas consecuencias económicas y sociales.

También las reformas que promueve el Gobierno contienen preocupantes elementos recentralizadores que socavan los principios de autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la Administración.

La reforma de la Administración local es un buen ejemplo. Supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el Estado español con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que, «grosso modo», ha supuesto un avance en el desarrollo del Estado de bienestar desde el impulso dado en el ámbito municipal. Con esta reforma local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual Gobierno.

En este contexto, el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa tiene como objeto destacado suprimir algunas entidades e integrar otras en organismos públicos ya existentes con el fin declarado de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. Sin embargo, ni están claros los teóricos ahorros presupuestarios, ni por supuesto asegurada la mejora de la eficiencia de los organismos públicos.

El primer problema de este proceso es que la supresión de ciertos órganos administrativos no prevé una alternativa clara y funcional para que las competencias que estos órganos vienen desempeñando continúen en otros de una manera formal y garantizada. Y la cuestión adquiere más importancia al comprobar que muchas medidas se concentran en el ámbito de las políticas sociales.

El propio Consejo de Estado en su dictamen al Anteproyecto de Ley, al apreciar la supresión de órganos que actúan en el ámbito de las políticas sociales, explicita la conveniencia de velar por que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos.

El segundo problema es que no se evalúa el impacto de estas medidas en el empleo público, cuestión que se agrava con el proceso de amortización de empleo en la Administración del Estado que va consolidándose desde hace varios años.

Desde 2010 se ha agudizado la restricción de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado al no atender la reposición de efectivos. Esta política ha provocado que hoy el número de empleados públicos de dicha administración sea inferior al que existía hace 7 años.

Tal y como ha denunciado el sindicato CC.OO., la política de no cubrir siquiera la tasa de reposición de efectivos se agravará en los próximos años, al llegar la jubilación de un importante número de personal como consecuencia de la existencia de una plantilla madura que no es repuesta convenientemente.

Además, las políticas de privatizaciones en la Administración del Estado y el aumento de las tasas de algunos servicios públicos generan menor actividad y más presiones para amortizar empleo público. Claro está que todo ello está conduciendo al deterioro de los servicios públicos, cuando éstos deberían ser fuente de ocupación y contribuir a la salida de la crisis económica.

Continuar podando la administración pública, incluso reconociendo que España es uno de los estados miembros de la Unión con menor gasto público, es una irresponsabilidad.

Este Proyecto de Ley no contribuye a mejorar la gestión de los servicios públicos porque se incardina en una reforma de las administraciones públicas en la que lo sustantivo son los recortes sin valorar las necesidades de la ciudadanía.




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Es por estos motivos, que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Con la presentación de esta norma, el Gobierno del Partido Popular vuelve a legislar en contra del reparto constitucional de competencias.

Presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por ser un texto que amparándose en la crisis que sufre nuestro país y en una necesaria «racionalidad» en la organización del sector público, propone una serie de medidas de reducción del mismo sin un diagnóstico claro y justificado y con un soterrado objetivo ideológico de recentralización y de deterioro de los servicios públicos.

El propio Consejo de Estado en su informe critica «la falta de correspondencia entre el título de la norma y su contenido». Además, califica de «excesivo» la denominación de la ley de «racionalización del sector público» dada la variedad y heterogeneidad en el verdadero alcance de las medidas que propone el texto. En realidad el contenido adolece de «racionalización« y de «reforma» por lo que, sería más coherente con el Parlamento denominar al Proyecto de Ley «de supresión y reorganización de determinados organismos públicos» y otras medidas de orden administrativo.

Los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de veto estamos de acuerdo en estudiar, valorar e impulsar la eliminación, en su caso, de duplicidades, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y la reducción de cargas administrativas con el objetivo de hacer más sostenible el sector público al servicio del ciudadano, pero basándonos en diagnósticos y análisis que lo justifiquen y, en virtud, de la obligada lealtad institucional, compartidos y, en su caso, consensuados con los diferentes ámbitos de la administración pública.

Rechazamos una norma con un contenido que atenta claramente contra el sistema de competencias autonómicas, con un claro efecto recentralizador, atacando incluso el sistema de ingresos de los gobiernos regionales. El Gobierno, después de más de dos años y medio de legislatura, muestra en muchas de las normas que está aprobando, un escaso respeto por el sistema autonómico. En este sentido, y aludiendo a una mal entendida «unidad de mercado» generan un conflicto innecesario con el sistema de licencias deportivas autonómicas, que funciona perfectamente, y un impacto negativo en la situación de las federaciones deportivas.

Además, el texto centraliza las funciones de organismos autonómicos sobre evaluación de la enseñanza en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación —Aneca—, y convierte al




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Boletín Oficial del Estado en tablón edictal único para todas las administraciones, despreciando los Boletines oficiales autonómicos o los diarios oficiales provinciales.

Creemos improcedente el tratamiento que ofrece el proyecto de ley a la regulación de los Consorcios, instituciones de colaboración entre administraciones y, en algunos casos con la participación de la iniciativa privada, que, en general, están realizando una gran labor de servicio público en diferentes sectores. No es acertado que una disposición adicional de la Ley exonere a cualquier entidad de la Administración General del Estado que participe en un Consorcio del pago o de la aportación comprometida porque otro de los miembros no la haya efectuado por cualquier eventualidad. Esto constituye un ataque a los principios básicos del derecho.

La supresión del Consejo de la Juventud o del Instituto de la Mujer en este proyecto de ley es un menosprecio a la participación ciudadana que a la vez tiene un gran impacto social. La eliminación de instituciones con fines sociales que no puedan ser fácilmente controlables o manipulables y, cuyos informes y análisis puedan criticar la acción del Gobierno. El Consejo de Estado lo advierte en su informe al comprobar la «concentración de medidas de supresión de órganos que actúan en el ámbito de las políticas sociales» y la conveniencia de «velar por que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de estos fines» beneficiosos para el ciudadano y más en la coyuntura actual.

Además, queremos poner de manifiesto la reiterada falta de respeto del Ejecutivo por el proceso legislativo y por el Parlamento. Una vez más el Gobierno, a través de las enmiendas registradas en el Congreso por el grupo parlamentario popular, y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, incluye modificaciones legislativas de lo más dispar y ajenas completamente con el contenido propio del proyecto de ley.

Por todo lo anterior, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

La agilidad no es una cualidad que adorne la labor del actual Ejecutivo. Pasados casi dos años y medio de la actual X Legislatura, el Gobierno presenta, al fin, un «Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa» que —contrariamente a lo anunciado, esperado y deseado— no responde en absoluto a los compromisos derivados del programa votado mayoritariamente por los electores el 20 de Noviembre de 2011, ni a los expresados por el propio candidato a la presidencia del gobierno en su discurso de investidura, ni tampoco a los augurios e intenciones realizadas al principio del mandato por diferentes miembros del Gobierno ante las Cortes Generales. En definitiva: el proceso de reforma que implica este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de los españoles ni a la imprescindible adaptación de nuestras administraciones al siglo XXI.

Incumpliendo los mandatos constitucionales y, singularmente, los referidos a la solidaridad y equilibrio entre territorios, tampoco responde este Proyecto de Ley a las necesidades de reforma de las administraciones que permitan a los españoles disponer de unos buenos y eficientes servicios públicos que eviten organismos y entes innecesarios, duplicidades y gasto desmedido. A todo ello cabe añadir que el texto propuesto por el gobierno invade competencias de administraciones autonómicas y locales, a la par que elude aplicarse a sí mismo medidas de racionalización en su propio ámbito administrativo lo que acaba por reconvertir el Proyecto de Ley en un intento de acomodar los intereses de reorganización del propio gobierno sin tener en cuenta sus efectos en la vida y necesidades de los ciudadanos. El Consejo




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de Estado lo advierte en su dictamen sobre el Anteproyecto y pone en cuestión el resultado final en la vida de los ciudadanos.

Este Proyecto de Ley debería ser el resultado de las conversaciones, debates, intenciones y acuerdos adoptados en la V Conferencia de Presidentes que derivó en una Comisión con las Comunidades autónomas para abordar el «sobrepeso» del sector público. Desde aquel 2 de octubre de 2012 es notorio el fracaso en el cumplimiento de varias de las obligaciones principales surgidas de aquel encuentro celebrado en la sede de la Cámara Alta en el que se acordó «asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos» y compartir que «el objetivo prioritario y esencial de todas las administraciones públicas es volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo, como garantía del Estado del bienestar». Con los datos del paro, de la Encuesta de Población Activa y de la Seguridad Social a la vista, es concluyente que no se han alcanzado los objetivos planteados en materia de trabajo, como tampoco los relativos a la prestación de servicios públicos esenciales, claramente recortados y venidos a menos.

Al fracaso de los acuerdos impulsados por el gobierno y del resultado baldío de sus medidas en la racionalización del sector público, cabe señalar que la Comisión para la reforma de las administraciones Públicas (CORA) y la Oficina para la reforma de la administración (OPERA) no profundizan en el problema del descomunal tamaño de nuestro sector público, ni esclarece las duplicidades, ni aclara el ámbito competencial de los servicios a la población que ha sido el pretexto —no pocas veces justificado— para asumir la prestación de una asistencia correcta y adecuada al ciudadano.

El «Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa» tiene por base el discriminatorio, insolidario e injusto «déficit a la carta» promovido e impulsado por el Gobierno en el verano de 2013 y que fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto contrario de varias Comunidades Autónomas. Un déficit a la carta que ha condicionado la acción política autonómica y específicamente la de Asturias a la que se privó de manera arbitraria del mismo margen presupuestario que a comunidades que habían incumplido con los objetivos de déficit público y que, además, tenían mayor crecimiento económico. El resultado fue un proceso de asfixia que repercutió muy negativamente en la prestación de servicios públicos esenciales a los ciudadanos.

En cualquier caso, el «Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa» debería tener como gran objetivo el combate contra el despilfarro. En eso, al menos, se confiaba cuando en las primeras semanas de mandato, febrero de 2012, la propia Vicepresidenta del Gobierno anunció ante la Comisión Constitucional del Senado una serie de medidas para reducir las fundaciones, consorcios y empresas vinculadas al sector público. Cifró, de aquella, en más de cuatro mil entidades el conjunto del sector público y adquirió el compromiso de rebajarlo una quinta parte «en un primer paso». Han pasado 28 meses desde entonces y el balance del gobierno en lo que afecta a su propia reforma del sector público es tan revelador como infructuoso. A este respecto, los datos oficiales del Inventario de Entes del Sector Público estatal son contumaces: se mantienen 414 de los 447 entes que el gobierno se encontró a principios de su mandato. Ahora ya no se habla tanto de recortar lo propio sino de endosar a las demás administraciones el adelgazamiento del sector público y este Proyecto de Ley continua en la política desarrollada por el gobierno a lo largo de la Legislatura y cuyos efectos han sido muy negativos para los ciudadanos que han sufrido en sus propias carnes la merma de recursos humanos y materiales en educación, sanidad y prestaciones sociales. También lo han sido para las administraciones territoriales y prueba de ello fue la aprobación —sin tener en cuenta las aportaciones de la oposición— de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, con apenas seis meses de vigencia, ha supuesto un ataque al municipalismo y a su inequívoco compromiso para la prestación de servicios públicos esenciales.

El factor de competitividad que se le supone a este Proyecto de Ley no existe, lo que constituye desperdiciar la oportunidad de hacer de la eficacia y la eficiencia de nuestras administraciones una seña de identidad. También impide la mejora de la calidad de las prestaciones públicas y habrá que esperar a que se aprecie significativamente que la austeridad se traslada a los mecanismos de gestión en lugar del deterioro de los servicios básicos que reciben los ciudadanos. Los precedentes en este sentido no pueden ser más desfavorables, con un gobierno que —al contrario de lo que prometió— ha multiplicado los impuestos repercutiéndolos en todos los órdenes de la vida ciudadana y también en la gestión administrativa.

Finalmente, el Proyecto de Ley pasa de largo a la hora de facilitar el acceso para conocer con claridad y transparencia los indicadores que permiten medir la eficacia y la eficiencia de las diferentes administraciones públicas.




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Por todo ello se propone el rechazo al «Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa» presentado por el Gobierno al objeto de que proponga un nuevo Proyecto de Ley que responda a las necesidades prioritarias y urgentes, haciendo posible que la labor de las Administraciones y de todo el sector público que sustentan sea acorde a los mandatos reflejados en la Constitución española y a las exigencias de modernización de nuestra sociedad.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Grupo Vasco (EAJ-PNV) presenta una Propuesta de Veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por vulneración del sistema de distribución competencial y del principio de autonomía reconocidos en la Constitución.

Con el objetivo genérico de racionalizar el sector público y de fijar medidas de reforma administrativa, el Estado plantea una serie de modificaciones estructurales, organizativas y legislativas que, en buena parte de los casos, irrumpen de forma directa en los ámbitos competenciales y funcionales del resto de Administraciones territoriales del Estado, afectando tanto a la potestad de autoorganización que ostentan dichas Administraciones, como a sus competencias y funciones en diversos sectores de la actuación pública.

Una prueba de esta intromisión ilegítima del Estado se desprende del contenido de la disposición adicional primera del proyecto de Ley destinada a la identificación de los títulos competenciales en los que se ampara el Estado para la elaboración de esta norma legal.

También resulta particularmente reseñable la modificación recogida en el artículo 25 del presente proyecto de Ley modifica el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al establecer en el «Boletín Oficial del Estado» un tablón edictal único para el conjunto de las Administraciones públicas existentes en el Estado.

En este sentido, resulta relevante por lo que tiene de manifiesta invasión competencial, la atribución al Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de funciones que corresponden al ámbito de la ejecución de la legislación laboral, competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

A mayor abundamiento, obviando los aspectos que se refieren de forma nítida al espacio organizativo del Estado o a su competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.18 CE, el proyecto recoge una serie de medidas organizativas y normativas que afectan al régimen de distribución competencial vigente invadiendo competencias de las Comunidades Autónomas.

Entre ellas, cabe destacar la centralización en un organismo del Estado —el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos—, o el desbordamiento competencial derivado de la falta de reconocimiento de ámbitos competenciales compartidos —ANECA—.

Por todo ello, se solicita la devolución al Gobierno del Estado del proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.




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PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, remitido al Congreso de los Diputados, asume una discordancia tan llamativa entre su título y su contenido que el Dictamen del Consejo de Estado, de una forma inusualmente contundente, le ha reprochado «su falta de correspondencia», lo ha tachado de «excesivo» y ha recomendado su modificación. En efecto, por su estructura y contenido, parece antes una especie de reglamento de ejecución de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, que una Ley que se pretende aprueben las Cortes Generales. El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su frontal rechazo a un proyecto cuyo título no se puede calificar solamente como ampuloso y confuso, sino, directamente, como engañoso. Lo que este proyecto pretende no es la «racionalización» del sector público, sino la eliminación o reorganización de algunas estructuras administrativas, algo cuyo alcance y trascendencia resulta completamente diverso.

Este Gobierno ha encontrado en la crisis la excusa perfecta para justificar las políticas de retroceso y deterioro de todos los servicios públicos. Ha asfixiado económicamente numerosas políticas públicas y ha promovido por doquier la privatización de servicios públicos. La respuesta no es nueva, ni original, y sabemos que los fundamentos teóricos nacen tras la primera crisis del petróleo y tienen su apogeo en los años ochenta. Las recetas anticrisis de algunos sectores siempre pretenden disminuir la intervención de la Administración y dejar cada vez menos espacio a lo público. En esta crisis, por supuesto, las mismas voces han vuelto su mirada a la Administración como si se tratase de un ente innecesario cuya única función es malgastar el dinero de los impuestos y obstaculizar el crecimiento.

El Grupo Parlamentario Socialista, antes apoyando al Gobierno y ahora desde la oposición, va a defender lo mismo: una Administración Pública eficiente y sostenible, al servicio de las necesidades de la ciudadanía. Por eso, ni ahora ni antes podemos coincidir en que la Administración es simplemente un factor de eficiencia y productividad; como por cierto ha sucedido con la reciente reforma local. Esta afirmación no es solamente un juego retórico, sino que encierra una verdadera perversión de las prioridades esenciales del Estado Social que es España. Desde nuestro punto de vista la Administración era, y debe continuar siendo, sobre todo, el instrumento de los Gobiernos para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, prestar servicios públicos y corregir las desigualdades que genera el sistema.

Expuesto lo anterior, resulta imposible no mostrar una absoluta discrepancia con el punto de partida que se refleja en el Preámbulo del proyecto, según la cual, «el objetivo de una reforma de las Administraciones Públicas no puede ser otro que el de convertir a la Administración española en un factor de eficiencia y productividad que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos.»

Nuestro rechazo rotundo de la premisa elemental hace innecesario descender a examinar cada uno de los contenidos normativos, porque con este veto que ahora formulamos se pretende la revisión de un axioma incorrecto y una orientación completamente distinta en el desarrollo de su articulado.

Podemos asumir contenidos razonables que supriman o fusionen entidades desfasadas o con escasa actividad. Como se acaba de comentar, es una tarea que ya se inició por el anterior Gobierno y nada habría que objetar a su finalidad cuando sea razonable. Sin embargo, discrepamos en que esto represente una reforma de las Administraciones, ni siquiera una «racionalización» de las mismas. Se está dotando de una inmerecida importancia a la adopción de estas medidas.

Igualmente rechazamos el énfasis puesto por este proyecto en la desaparición de órganos encargados especialmente de políticas sociales o de igualdad. Para el Grupo Parlamentario Socialista resulta obvio que determinados órganos administrativos con fines sociales, no tienen necesariamente que ser factores de eficiencia y productividad sino que, cumpliendo con el artículo 9.2 de la Constitución, han de ser promotores de libertad e igualdad y «removedores de obstáculos» para que estos valores superiores del ordenamiento jurídico sean reales y efectivos. Este grupo parlamentario cree por principio que la Administración Pública ha de vertebrar actuaciones de promoción de colectivos que sin ser mayoritarios, son esenciales para conseguir la igualdad y los derechos individuales y sociales. Y que el Gobierno debe ser especialmente respetuoso con entidades que lo son de representación y no de mera ejecución de




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políticas públicas, o asumir el riesgo de que se piense lógicamente que no es el ahorro lo que se busca, sino solo acallar las voces críticas o no controlables, como en el caso del Consejo de la Juventud. En este sentido, la eliminación que el proyecto plantea del Consejo de la Juventud y del Instituto de la Mujer supone un ataque directo a la participación de los ciudadanos. Siendo muy significativo el que, al mismo que se eliminan estos dos órganos, se refuerza la Obra Pía de los Santos Lugares.

Tampoco debemos olvidar los elementos de recentralización que el proyecto recoge y que manifiestan, una vez más, la ausencia por el Gobierno de una auténtica interiorización del Estado Autonómico en sus muy diversas manifestaciones. Constituyendo dos ejemplos muy significativos, por una parte, la cuestión de la licencia deportiva única; y, por otra, la conversión del Boletín Oficial del Estado, en tablón edictal único del Estado, ignorando no solamente los boletines oficiales de la provincia, sino también los diarios oficiales de las comunidades autónomas. En relación a la licencia deportiva única, y sin perjuicio de los cambios experimentados por el proyecto de ley en este asunto, en su tramitación en el Congreso de los Diputados, esta modificación supone alterar profunda y sustancialmente las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas en materia de deporte, redefiniendo el modelo actual hacia una recentralización de competencias y destruyendo el sistema deportivo diseñado por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Supone enmascarar, bajo apariencia de evitar la duplicidad administrativa, una alteración de la situación financiera de las federaciones deportivas españolas con impacto en los Presupuestos Generales del Estado. El resultado sería que las federaciones autonómicas soporten el impacto del recorte de ingresos de las federaciones deportivas estatales, con la consiguiente quiebra y desaparición de muchas de las federaciones que no serán capaces de mantenerse. Este planteamiento resulta inadmisible.

Además, este proyecto de ley incluye una modificación sustancial de la regulación de los consorcios que vulnera, de manera flagrante, los principios generales del derecho. Siendo especialmente significativo al respecto la redacción de la Disposición adicional sexta del proyecto de ley cuando señala que «Cuando la Administración General del Estado o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados». Es decir, se plantea la exoneración de responsabilidad por parte del Estado si algún otro miembro del consorcio, por las razones que sean, no cumple con sus obligaciones. Estamos hablando de instituciones fundamentales de nuestro país en las que el Estado, mediante esta regulación, queda exento del cumplimiento de sus responsabilidades. Lo que supone una evidente quiebra de los principios generales del derecho, dado que el incumplimiento de un tercero, en sí mismo y como requisito exclusivo, no puede convertirse en causa de exoneración de responsabilidad para alguna de las restantes partes implicadas.

A todas estas cuestiones materiales ha de sumarse la nefasta técnica jurídico-legislativa de la que, una vez más, se sirve el Gobierno para la tramitación de este proyecto de ley. En este sentido, cabe señalar: la incorporación al texto del proyecto, en su tramitación en el Congreso de los Diputados, de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular de contenido material ajeno absolutamente al proyecto de ley y que exigirían debates y proyecto de ley específicos; la excesiva naturaleza reglamentista del proyecto de ley en muchos aspectos, con la consiguiente congelación de rango de aspectos que no necesitarían una regulación por ley; y, finalmente, la vulneración, por el artículo 22.2 del proyecto de ley, del principio de reserva de ley orgánica que establece el artículo 136.4 de la Constitución en relación a la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Gobierno debería replantearse la formulación de este proyecto de ley, enviando al Parlamento un nuevo texto que, al menos, contemplara los siguientes tres aspectos:

Corregir la premisa y replantear el objetivo de la reforma administrativa para adecuarlo, al menos, a la definición constitucional de España como Estado Social y Democrático de Derecho y a la Administración como garante de los intereses generales. Además, si pretende una reforma de calado, ineludiblemente debería buscar un planteamiento de consenso con las demás fuerzas parlamentarias, porque éste es, sin duda, un asunto que no debe ponerse en cuestión cada vez que el Gobierno cambie de dirección política.

Responder fielmente al título de racionalización del sector público. Ya que se autocalifica como reformista, es un deber inexcusable del Gobierno plantear auténticas reformas que aborden, al menos, entre sus contenidos mínimos, medidas para conseguir una función pública más eficiente y motivada, una Administración más transparente en línea con el ciudadano y la mejora de la calidad de los servicios




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públicos. O alternativamente, cambiar el pretencioso título del proyecto para adecuarlo al poco ambicioso contenido, haciendo referencia meramente a que en él se suprimen, reforman o fusionan algunas entidades públicas de rango menor.

Adoptar un conjunto de disposiciones para reorganizar los organismos públicos cuya reforma requiera una norma con rango de Ley. Cuando se persigue la mejora de la Administración resulta más elemental e inexcusable que nunca dotar al Proyecto de la entidad y rigor requeridos, además de evitar la confusión en la que incurre entre lo accesorio y lo principal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista plantea el presente veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.


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