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BOCG. Senado, apartado I, núm. 365-2488, de 12/06/2014
cve: BOCG_D_10_365_2488
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

(621/000072)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 79


Núm. exp. 121/000079)

El Senador José María Fuster Muniesa (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 13 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 4 de junio de 2014.—José María Fuster Muniesa, María Belén Ibarz Ibarz y Rosario Isabel Santos Fernández.

ENMIENDA NÚM. 1

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo. II.

ENMIENDA

De modificación.

De los párrafos decimoprimero y decimosegundo del Apartado II de la Exposición de Motivos:

(…)

En el ámbito de la evaluación de Planes de Estudio conducentes a la obtención de Títulos Universitarios Oficiales, el Estado tiene atribuida la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, que realiza a través de la ANECA. Paralelamente, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Galicia cuentan con agencias de evaluación homologadas internacionalmente y, por ello, con capacidad para evaluar los planes de estudio de las Universidades (evaluación de títulos); mientras que otras seis (Aragón, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco) tienen




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agencias de evaluación con competencia únicamente para emitir informes acerca de la renovación de acreditaciones ya concedidas. Por tanto, se trata de dos administraciones que ejercen la misma función sobre un mismo territorio.

En los ámbitos de la garantía de calidad de las Universidades españolas y de evaluación de Planes de Estudio conducentes a la obtención de Títulos Universitarios Oficiales, el Estado y las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias y funciones, tal como dispone el apartado 3 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley Orgánica de Universidades, a cuyos efectos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y los órganos de evaluación creados por ley de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con estándares internacionales de calidad, deben establecer mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo.

Por todo ello, se establecen las bases para que la ANECA pueda ejercer las funciones de evaluación de las titulaciones universitarias que vienen desempeñando simultáneamente entidades de la Administración General del Estado y de algunas Comunidades Autónomas. Todos estos cambios aconsejan la conversión de la hasta ahora Fundación ANECA en un organismo público, lo que se lleva a cabo a través del texto de la presente Ley.

JUSTIFICACIÓN

Sin perjuicio de la oportunidad o no de cambiar el estatus jurídico de la ANECA, la redacción del Proyecto de Ley infravalora injustificadamente las competencias de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) e invade competencias previstas en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de Universidades.

ENMIENDA NÚM. 2

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo. III.

ENMIENDA

De modificación.

Del párrafo quinto del Apartado III de la Exposición de motivos:

(…)

La norma incluye también una modificación puntual de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para que sea el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de sus competencias, quien analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado. Esta modificación pretende contribuir a evitar la ineficiente superposición de observatorios de diferentes Administraciones Públicas en el ámbito del empleo y a mejorar su utilidad para la definición de las políticas públicas.

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con la enmienda presentada al artículo 16 del Proyecto de Ley a los efectos de evitar la invasión de competencias autonómicas.




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ENMIENDA NÚM. 3

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo. IV.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los párrafos séptimo, octavo y noveno del Apartado IV de la exposición de motivos:

(…)

Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados es la implantación del Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del Estado», como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la Administración General del Estado. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la estructura interna del BOE se rige por criterios subjetivos, distinguiendo los actos a publicar en razón de la Administración de la que procedan. Todas estas publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme establece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias según norma con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación que se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y seguridad jurídica que supone el «Boletín Oficial del Estado», puede tener conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, independientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan.

Conectada con esta medida [Tablón edictal único] se encuentra la modificación de la Ley General Tributaria y la del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) en materia de notificaciones, que tienen por objeto incluir entre las notificaciones del Tablón edictal único, respectivamente, las notificaciones en los procedimientos tributarios y aquellas correspondientes a los procedimientos catastrales de valoración colectiva. Estas últimas tienen actualmente, dadas sus singularidades de volumen y plazos, un sistema específico de anuncio para la notificación por comparecencia, consistente en la publicación en el diario oficial correspondiente al ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto.

Con la modificación del apartado b) del artículo 29.4 del TRLCI en lo relativo a la supresión de la publicación de edictos en otros boletines oficiales distintos, se unifica en el BOE la publicación de los anuncios correspondientes a todas las notificaciones catastrales, deriven del procedimiento que deriven, en aras de la simplificación de trámites, y de la coordinación normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.

(…)

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las enmiendas presentadas a los artículos 25, 26 y 27 del Proyecto de Ley por ser la redacción propuesta en el Proyecto de Ley contraria al principio de descentralización consagrado en la Constitución.




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ENMIENDA NÚM. 4

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

1. Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia funcional.

La ANECA ejercerá las funciones previstas en el párrafo primero de este apartado 1, dentro del marco general de competencias definido en nuestro ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3, sin perjuicio de las competencias y funciones de las Comunidades Autónomas en esta materia.

JUSTIFICACIÓN

Garantizar las competencias autonómicas desarrolladas por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón en materia de evaluación de titulaciones y profesorado universitario, y de calidad del sistema de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley 5/2005, de 14 de junio de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

ENMIENDA NÚM. 5

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 16.




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Artículo 16. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada en los siguientes términos:

f) Gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, con una red en todo el territorio del Estado que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, en el marco de sus competencias, en colaboración con las Comunidades Autónomas y sin perjuicio de las competencias de los servicios públicos de empleo autonómicos en la materia.

JUSTIFICACIÓN

Garantizar las competencias autonómicas establecidas en el artículo 77 del Estatuto de Autonomía y las funciones desarrolladas por el Instituto Aragonés de Empleo.

ENMIENDA NÚM. 6

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 17. Tres.

Tres. Se modifica el artículo segundo que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo segundo. Fines.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad primordial, la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, todo ello circunscrito al ámbito de la Administración General del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la competencia autonómica en materia de fomento de la igualdad recogida en el artículo 71. 37ª del Estatuto de Autonomía y las funciones del Instituto Aragonés de la Mujer.

ENMIENDA NÚM. 7

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21. 1.




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ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 21.1.

Artículo 21. Consejo de la Juventud de España.

1. El Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica, que tiene por finalidad servir de cauce de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud que se desarrollan en el ámbito de la administración general del Estado, y que desempeñará las funciones que reglamentariamente se determinen para el cumplimiento de estos fines.

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la competencia autonómica en materia de Juventud recogida en el artículo 71. 38ª del Estatuto de Autonomía y las funciones del Instituto Aragonés de la Juventud.

ENMIENDA NÚM. 8

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 25.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 25:

Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.




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No obstante lo anterior, y a los solos efectos de facilitar el acceso a la información de los administrados, todas las notificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos jurídicos de las notificaciones publicadas en Boletines Oficiales de ámbito territorial inferior.

Con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar conforme a los párrafos anteriores.

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente contenido:

«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el “Boletín Oficial del Estado” previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.

3. 2. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de los anuncios a que se refieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.»

Tres. Se introduce una Disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de la notificación por medio de anuncios.

Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 y en la Disposición adicional vigésima primera resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones que deban practicarse por edictos en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que procedan.

ENMIENDA NÚM. 9

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda alternativa al Artículo 25.

ENMIENDA ALTERNATIVA

A la anterior de supresión del artículo 25:

De supresión.




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Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente contenido:

«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el “Boletín Oficial del Estado” previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.

3. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de los anuncios a que se refieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.»

Tres. Se introduce una Disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de la notificación por medio de anuncios.

Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 y en la Disposición adicional vigésima primera resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones que deban practicarse por edictos en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que procedan.




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ENMIENDA NÚM. 10

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 26.

Artículo 26. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quedará redactado como sigue:

«1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado” en el en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

No obstante lo anterior, y a los solos efectos de facilitar el acceso a la información de los administrados, todos los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos jurídicos de los anuncios publicados en Boletines Oficiales de ámbito territorial inferior.

La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado” correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte.




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ENMIENDA NÚM. 11

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda alternativa al Artículo 26.

ENMIENDA ALTERNATIVA

A la anterior de supresión del artículo 26.

De supresión.

Artículo 26. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quedará redactado como sigue:

«1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”.

La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte.




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ENMIENDA NÚM. 12

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 27.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 27.

Artículo 27. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifica la letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos se publicará anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de exposición pública de la relación de titulares con notificaciones pendientes.

No obstante lo anterior, y a los solos efectos de facilitar el acceso a la información de los administrados, todos los anuncios se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos jurídicos de los anuncios publicados en Boletines Oficiales de ámbito territorial inferior.

La relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, el órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta individual. La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” boletín correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte.

ENMIENDA NÚM. 13

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda alternativa al Artículo 27.




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ENMIENDA ALTERNATIVA

A la anterior de supresión del artículo 27.

De supresión.

Artículo 27. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifica la letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos se publicará anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, en el que se indicará lugar y plazo de exposición pública de la relación de titulares con notificaciones pendientes.

Esta relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, el órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta individual. La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»

JUSTIFICACIÓN

Por entenderse contraria al principio de descentralización de las Administraciones Públicas, la previsión de centralizar todas las notificaciones en el Boletín Oficial del Estado cualquiera que sea la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 19 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

El título del Proyecto de Ley queda redactado en los siguientes términos:

«Proyecto de Ley de medidas de reordenación del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.»




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MOTIVACIÓN

Tal y como alega el Consejo de Estado, el título de este Proyecto de Ley es excesivo. Desde una perspectiva subjetiva, se refiere sólo a la Administración del Estado. Desde una perspectiva objetiva, su alcance material no es tan amplio como la voz «racionalización» evoca.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 2. 3.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el apartado 3, a continuación del cuarto párrafo de dicho apartado, con la siguiente redacción:

«Una vez producida la efectiva integración a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, los presupuestos del INTA contarán con las transferencias corrientes por parte de la Administración General del Estado precisas para cubrir en su totalidad los gastos de personal.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior, se propone que en los presupuestos del INTA, una vez realizada la integración, la cobertura de los gastos de personal en su totalidad esté financiada por transferencias corrientes.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

Al artículo 2.

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«2 bis (nuevo). A efectos presupuestarios, la integración en el INTA del organismo autónomo CEHIPAR, el Instituto Tecnológico “La Marañosa” y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá” se realizará contemplando la totalidad de los ingresos y gastos que actualmente se imputan a cada organismo y que forman parte de sus presupuestos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional undécima de esta Ley, se habilitarán las modificaciones presupuestarias oportunas para satisfacer los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del proceso de integración a que se refiere este artículo.»




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MOTIVACIÓN

En este artículo se produce la integración en el Organismo Público de Investigación Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), del Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM) y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE).

Actualmente, estos organismos del Ministerio de Defensa se ordenan presupuestariamente de forma diversa. El INTA y el CEHIPAR son organismos autónomos mientras que el ITM está subsumido en el Presupuesto de la Dirección General de Armamento y Material y el LABINGE en el presupuesto de la Dirección General de Infraestructura.

En los presupuestos del INTA, al ser un Organismo Público de Investigación, se computan los ingresos generados a través de las actividades de prestación de servicios, lo cual da lugar a que se genere una autofinanciación real y que se concrete presupuestariamente, dedicando fondos de estas operaciones comerciales para completar el Capítulo 1 de gastos de personal. En estos momentos, este capítulo está subvencionado en el 53,21% a través de las aportaciones contempladas como transferencias corrientes de la Administración General del Estado para atenciones del personal, mientras que el 46,79% restante se completa con dichas operaciones comerciales.

En el caso del CEHIPAR ocurre exactamente lo mismo, si bien en una dimensión más reducida. Las transferencias corrientes de la Administración General del Estado para atenciones del personal cubren el 70,89% de los gastos de personal y el 29,11% restante se completa con la prestación de servicios que se realizan desde ese organismo autónomo.

La situación del ITM y LABINGE es distinta y los gastos de personal están cubiertos al 100% por las transferencias corrientes de la Administración General del Estado.

Por lo tanto, a la hora de que se produzca la integración presupuestaria de todos los organismos y centros en el INTA si la autofinanciación sigue siendo parte importante para afrontar los gastos de personal del conjunto de los centros integrados, y siendo éste un parámetro que no se puede asegurar económicamente en su totalidad y que estaba solo contemplado en los dos organismos autónomos, podríamos encontrarnos con la situación de no poder afrontar el conjunto de los gastos de personal del nuevo Organismo Público de Investigación INTA.

Por todo ello se propone explicitar que la integración presupuestaria se realice contemplando el total de ingresos y gastos y que puedan realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas para cumplir con las obligaciones derivadas del proceso de integración.

En otra enmienda se propone aclarar que en el INTA, una vez producida la integración, la cobertura de los gastos de personal esté garantizada.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo primero de la Ley 16/1983, modificado en el apartado dos del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo primero. Naturaleza y régimen jurídico.

1. Se crea el Instituto de la Mujer, como organismo autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia.




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2. El Instituto de la Mujer será el organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, modificada por la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y en el artículo 12 de la Directiva 2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

3. El Instituto de la Mujer se rige por lo dispuesto en la presente Ley, en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en el resto de normas que se sean de aplicación:»

MOTIVACIÓN

Se propone adscribir el Instituto de la Mujer al Ministerio de la Presidencia asegurando la transversalidad de la perspectiva de género y centrar sus competencias a cuestiones específicas y propias de las mujeres.

Es preciso garantizar los logros conseguidos y lograr la transversalidad entre todas las administraciones, así como cumplir con las directivas europeas relativas al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo segundo de la Ley 16/1983, modificado en el apartado tres del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo segundo. Fines.

El Instituto de la Mujer tiene como finalidad primordial el fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.»

MOTIVACIÓN

Se propone eliminar, en lo que respecta a los fines del Instituto de la Mujer, lo que no guarda relación específica con las mujeres, ya que todas esas cuestiones puede llevarlas perfectamente la Secretaría General para políticas de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Cuatro.




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ENMIENDA

De modificación.

El artículo tercero de la Ley 16/1983, modificado en el apartado cuatro del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo tercero. Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer desarrollará las siguientes funciones:

a) Estudiar la situación de la mujer española en los campos legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural.

b) Recopilar información y documentación relativa a la mujer, así como crear un banco de datos actualizado que sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.

c) Elaborar informes e impulsar medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes respecto a la mujer en la sociedad.

d) Seguir la normativa vigente y su aplicación en la materia que es competencia de este Instituto.

e) Prestar asesoramiento y colaboración al Gobierno para lograr las metas previstas en la presente Ley.

f) Coordinar los trabajos que han de desarrollar los diferentes ministerios y demás organismos específicamente relacionados con la mujer.

g) Administrar los recursos de todo orden que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines.

h) Fomentar la prestación de servicios en favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una especial necesidad de ayuda.

i) Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones.

j) Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad y de las medidas que hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Realizar cuantas actividades favorezcan a las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

l) Velar por la imagen de las mujeres en la publicidad y atender las denuncias concretas en este campo.

m) Formular iniciativas y actividades de sensibilización social, información, formación y participación, así como realizar cuantas actividades sean requeridas para el logro de las finalidades expuestas, con arreglo a la normativa de aplicación.

n) Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas en la normativa vigente.»

MOTIVACIÓN

Definir las funciones del Instituto en todo lo relativo a cuestiones específicas y propias de las mujeres.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.




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El artículo cuarto de la Ley 16/1983, modificado en el apartado cinco del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo cuarto. Dirección y coordinación.

La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer ejercerá la dirección y coordinación de las funciones encomendadas al organismo. Su nombramiento se realizará mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Presidencia.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas, para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género entre todas las administraciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

La letra b) del artículo quinto de la Ley 16/1983, modificado en el apartado siete del artículo 17, queda redactada en los siguientes términos:

«Artículo quinto. Financiación.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer dispondrá de los siguientes recursos económicos:

(…)

b) Las subvenciones y cualquier otra ayuda económica que pueda obtener y que válidamente acepte.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir las donaciones y legados como potenciales recursos económicos del Instituto para cumplir con sus fines. Es preciso garantizar las partidas presupuestarias a través de los Presupuestos Generales del Estado para las políticas de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 19.




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ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 63 de la Ley 16/2003, modificado en el artículo 19, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 63. Observatorio de Salud.

(…)

2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, mediante estudios comparados de los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados.

Asimismo, el Observatorio de Salud contribuirá a alcanzar los objetivos previstos en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, así como promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género, las actuaciones tendentes a la consecución de la equidad en salud y a la prevención del impacto del cambio climático sobre la salud pública y sobre el Sistema Nacional de Salud.»

MOTIVACIÓN

El actual Observatorio Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, proporciona un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, mediante estudios de los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados, elaborando entre otros estudios un informe anual sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que se presenta por el Ministerio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Estas funciones están justificadas ante la necesidad de realizar un seguimiento detallado del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud tanto globalmente como en los servicios de salud que lo conforman. Además, el Observatorio mantiene una línea de cooperación con otros organismos similares y realiza informes y documentos para la Agencia de Calidad. En tal sentido se realizó el Plan de Calidad 2006-2010 con la actualización de los objetivos y de las estrategias de dicho Plan para los próximos años.

No deben devaluarse las competencias del Observatorio pues son importantes en la gestión del sistema sanitario público.

Por todo ello se propone mantener las funciones y competencias encomendadas actualmente al actual Observatorio en el nuevo Observatorio de la Salud, evitando que tres observatorios distintos con funciones muy dispares que ahora se integran (prevención del tabaquismo, salud de la mujer y salud y cambio climático) resten relevancia a la singularidad que hasta ahora ha tenido el Observatorio del Sistema Nacional de Salud previsto en la Ley 16/2003.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 19.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 63 de la Ley 16/2003, modificado en el artículo 19, que queda redactado en los siguientes términos:




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«Artículo 63. Observatorio de Salud.

(…)

2 bis (nuevo). El Observatorio de Salud elaborará anualmente un informe sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que se presentará por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este informe contendrá análisis específicos de la salud de mujeres y hombres.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 21.

MOTIVACIÓN

El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles formada por los consejos de juventud de las comunidades autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. En la actualidad son más de 70 las entidades juveniles que componen este proyecto común.

En el Proyecto de Ley se suprime este organismo autónomo (disposición adicional primera) y se conserva el Instituto de la Juventud que pasa a denominarse Consejo de la Juventud de España y que es concebido como una entidad corporativa de base privada y personalidad jurídica propia.

No compartimos la desaparición del que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud. Dicha desaparición dejaría sin representación al colectivo joven para la defensa de sus derechos e intereses tanto en España como en las instituciones europeas e internacionales.

El Gobierno justifica la supresión del CJE aludiendo a una supuesta duplicidad de funciones con el Instituto de la Juventud (Injuve). Sin embargo, lo cierto es que el Injuve representa la política de juventud del Gobierno y el CJE a las personas jóvenes a través de sus organizaciones juveniles. Así, el Injuve es un órgano gubernamental encargado de prestar servicios a la juventud cuyo director es nombrado por el Ministerio competente, mientras que el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud asociada, cuya presidencia y Comisión Permanente son elegidas democráticamente por las entidades miembro del Consejo en Asamblea.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 23.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 23.

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley pretende implantar un modelo de licencia deportiva única mediante la modificación del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Esto significa cambiar de manera radical las relaciones del Estado con las comunidades autónomas en materia de deporte sin necesidad alguna, con una visión recentralizadora equivocada que no entiende la heterogeneidad del Estado autonómico.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 26.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con el siguiente contenido:

«Artículo 26 bis (nuevo). Modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Se modifica el apartado 4 del artículo 22 de Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que queda redactado como sigue:

“4. La actuación del operador designado gozará de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En todo caso, cuando no sea posible la entrega en el domicilio, las notificaciones administrativas y judiciales quedarán depositadas a disposición de los interesados en la oficina del operador postal durante un plazo mínimo de quince días hábiles”.»

MOTIVACIÓN

Actualmente el plazo durante el cual las notificaciones administrativas o judiciales, tras los dos intentos legales de entrega en el domicilio sin éxito, quedan depositadas en lista en la oficina de correos queda a la absoluta discrecionalidad del operador postal.

Se viene aplicando un plazo de siete días naturales, que es totalmente insuficiente y socava las garantías de los ciudadanos. De esos siete días, uno siempre es domingo por lo cual no están abiertas las oficinas y con frecuencia puede haber más festivos en la misma semana. Por otro lado, actualmente la mayoría de las oficinas de correos solamente abren en horario de mañana. Ello provoca que a muchos




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ciudadanos les coincidan esos horarios con sus propias horas de trabajo y que, en la práctica, les resulte difícil o imposible personarse en la oficina de correos en el exiguo plazo concedido, sobre todo cuando se hallan a cierta distancia de su domicilio o lugar de trabajo.

A los siete días la notificación se devuelve y si el interesado se presenta con posterioridad ya no se le puede entregar, lo que provoca que muchas notificaciones resulten fallidas con las consecuencias negativas que produce tanto al buen funcionamiento de las instituciones administrativas y judiciales como a los propios ciudadanos.

Como garantía adicional de la recepción de las notificaciones, es preciso señalar un plazo razonable en el cual queden a disposición de los interesados en la oficina correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 26, numerando como apartado uno el texto del proyecto de ley, con la siguiente redacción:

«Dos (nuevo). Se introduce una nueva disposición adicional vigésima en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria con el siguiente contenido:

“Disposición adicional vigésima (nueva). Publicación por medio de anuncio en el ʽBoletín Oficial del Estadoʼ.

La publicación en el ʽBoletín Oficial del Estadoʼ de los anuncios que vengan impuestos por esta Ley se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.ʼʼ»

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley, en su artículo 25, modifica el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) y, en su artículo 26, el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). En ambos casos se trata de establecer un sistema único para la publicación de los anuncios en los casos de notificaciones que no hubieran podido llevarse a cabo por las distintas Administraciones Públicas y se dispone, en concreto, la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Ahora bien, así como en la LRJ-PAC se introduce una disposición adicional vigésima primera en la que se contempla, expresamente, el carácter gratuito de la inserción de los anuncios a que se refieren los apartados 1 y 2 de la citada disposición adicional, en el caso de las notificaciones en materia tributaria contenidas en la LGT, nada se dice sobre la gratuidad de la inserción de anuncios en el BOE.

Se propone introducir una disposición en los mismos términos en la LGT, para evitar tener que hacer interpretaciones posteriores de la normativa vigente.




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ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 28. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La letra k) del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda redactada como sigue:

“Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.

(…)

k) Por asuntos particulares, seis días al año.”»

MOTIVACIÓN

Se propone recuperar los seis días al año para asuntos particulares de los que disponían los empleados públicos. Además, se suprime el resto de las modificaciones que introduce el Proyecto de Ley en la Ley 7/2007.

El Proyecto de Ley modifica el artículo 10 del EBEP que regula el trabajo de los empleados públicos interinos. Se plantea que las distintas administraciones puedan utilizar estos contratos de manera arbitraria para puestos de trabajo estructurales, sin obligación alguna de cubrir de manera reglamentaria las correspondientes vacantes y sin que exista limitación alguna a la concatenación de diferentes programas temporales. Asimismo, se permite a la administración correspondiente la libre movilidad funcional y geográfica de las personas que tengan este tipo de interinidad (y la interinidad por acumulación de tareas), al permitir que pueda modificarse la plaza que ocupan libremente con la única limitación de que obedezca al mismo programa temporal. Todo ello supone sustituir empleo público de calidad, a través de ofertas de empleo público, por trabajo precario.

Además, se permite a las diferentes administraciones la apertura de plazas de empleados públicos civiles parea su ocupación por militares de carrera, sin establecer ni el tipo de plazas ni la justificación de dicha apertura. Y también se plantea un régimen mixto, exclusivo y excepcional, tanto de movilidad como de régimen laboral para el personal militar que preste servicios en la administración civil.

No es de recibo que, ante la incapacidad para estabilizar y dignificar el empleo del personal militar, se busquen salidas laborales que alivien el malestar de las plantillas apostando por la militarización de la administración civil.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición adicional primera.

MOTIVACIÓN

No compartimos la desaparición del Consejo de la Juventud de España, que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición adicional cuarta.

MOTIVACIÓN

Esta disposición suprime la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, prevista en la disposición final segunda de la Ley 16/2003.

Esta Comisión efectúa el seguimiento de las cuestiones que afecten a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, especialmente el impacto de las nuevas prestaciones. Corresponde a dicha Comisión, sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas otros órganos, informar con carácter preceptivo sobre el impacto económico de la cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones del sistema, la inclusión de una nueva prestación, la memoria económica de los planes integrales de salud y la actualización de los procesos hospitalarios, así como de los costes medidos en términos de grupos de diagnósticos relacionados, a efectos de la distribución del Fondo de Cohesión Sanitaria.

La Comisión también evalúa el gasto realizado por las comunidades autónomas y efectúa un seguimiento del gasto sanitario consolidado y su ejecución por los agentes que integran el Sistema Nacional de Salud. Informa a su vez sobre la evolución de la financiación que las regiones destinan a los servicios de asistencia sanitaria, sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio de Sanidad.

También es útil la Comisión Interministerial para vigilar la sostenibilidad del sistema, ya que es importante la existencia de un órgano de estas características en el que tengan presencia las comunidades autónomas.

Por todo ello se propone mantener la Comisión y suprimir la disposición adicional cuarta.




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ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria primera.

MOTIVACIÓN

No compartimos la desaparición del Consejo de la Juventud de España, que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime de la disposición derogatoria la mención a las siguientes disposiciones:

«La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.




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El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 22 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II. Párrafos undécimo y duodécimo.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«En el ámbito de la evaluación de los Planes de Estudio conducentes a la obtención de Títulos Universitarios Oficiales, el Estado y las Comunidades Autónomas tienen atribuidas la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, las competencias y funciones de evaluación y garantía de calidad de las universidades. De este modo, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que las funciones de evaluación, y las conducentes a la certificación y acreditación se realizan a través de la ANECA y de los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determine, en el ámbito de sus respectivas competencias. Paralelamente Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Galicia cuentan con agencias de evaluación homologadas internacionalmente y, por ello, con capacidad para evaluar los planes de estudio de las universidades (evaluación de títulos); mientras que otras seis (Aragón, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco) tienen agencias de evaluación con competencia únicamente para emitir informes acerca de la renovación de acreditaciones ya concedidas. Por tanto, se trata de dos administraciones que ejercen la misma función sobre un mismo territorio. Por todo ello la LOU también determina que la ANECA y los órganos de evaluación creados por ley de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con estándares internacionales de calidad, establecerán mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo.

Por todo ello, se establecen las bases para que la ANECA pueda ejercer las funciones de evaluación de titulaciones universitarias que vienen desempañando simultáneamente entidades de la Administración General del Estado y de algunas Comunidades Autónomas. Todos estos cambios aconsejan la conversión de la hasta ahora Fundación ANECA en un organismo público, lo que se lleva a cabo a través del texto de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

No debe utilizarse el título competencial reconocido en el artículo 149.1.30 CE, relativo a la competencia exclusiva del Estado de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, cuando en realidad se trata de las competencias sobre evaluación de las enseñanzas (títulos y planes de estudio), materia sobre la cual tanto el Estado como las Comunidades Autónomas disponen de competencias compartidas. Los objetivos relativos a la promoción y la garantía de calidad de las Universidades españolas, en el ámbito nacional e internacional, se cumplen mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de la calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales. La LOU, en el artículo 31, ya se ha pronunciado sobre la promoción y garantía de calidad de las universidades, en plena sintonía con la enmienda que presentamos.




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La pretensión de centralización en la ANECA de las funciones que vienen desarrollando las Comunidades Autónomas, supondría un paso atrás en las políticas de calidad impulsadas por la Comunidades Autónomas, de acuerdo con las Universidades de su competencia. En cualquier caso si una Comunidad desea traspasar a la ANECA todas o parte de las funciones que viene ejerciendo mediante un órgano propio de evaluación, puede hacerlo sin necesidad de más regulación.

Todo ello sin perjuicio de que el Estado considere oportuno modificar la configuración legal de la ANECA.

ENMIENDA NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. III. Párrafo cuarto.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

También en el marco de las medidas CORA la presente Ley introduce un régimen jurídico, con carácter básico, sencillo y ex novo del derecho de separación de los miembros del consorcio administrativo y, cuando ello dé lugar a su disolución, se establecen las reglas por las que se regirá. Posteriormente, en la futura Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se incluiría un régimen integral (creación, adscripción, funcionamiento, disolución) y básico referido a los consorcios, que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Sin embargo, contar ya con estas normas permitirá a cualquier Administración Pública, poder ejercer su derecho de separación del consorcio siempre que haya un incumplimiento grave y previo requerimiento por el organismo competente exigiendo la enmienda del mismo cuando considere que sea la solución más adecuada para la sostenibilidad de las cuentas públicas y se den los requisitos legales para ello. Con este nuevo régimen se mejora la sostenibilidad y eficiencia de los consorcios y la seguridad jurídica de sus miembros. Todo ello sin perjuicio de los consorcios creados en el ámbito territorial de aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencia sobre las diversas modalidades organizativas.

JUSTIFICACIÓN

Se adapta la Exposición de Motivos a las enmiendas presentadas en relación a los artículos 12 y 13 relativas al ejercicio del derecho de separación en los Consorcios.

ENMIENDA NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV. Párrafos segundo, tercero y cuarto.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

En el ámbito deportivo, una de las principales reformas consiste en la implantación de una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial. Esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional, ya que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites administrativos necesarios para la práctica deportiva. Además, existen otras ventajas directamente derivadas de esta eliminación de cargas administrativas: se simplificarán las actuaciones en la tramitación de licencias de los deportistas, jueces, árbitros y clubes; mejorará la movilidad geográfica de los deportistas para poder participar en competiciones de Comunidades Autónomas diferentes a las de residencia; y se abaratarán los costes asociados a la obtención de las licencias.

Con la introducción del modelo de licencia deportiva única y la atribución de la expedición de las mismas a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, las federaciones estatales, en los casos previstos en la propia modificación de la norma, podrían dejar de percibir ingresos por la expedición u homologación de las licencias de ámbito nacional que hasta la fecha venían percibiendo.

Por este motivo, en el texto se establece que, en el supuesto de que tales circunstancias se dieran, las federaciones nacionales serán compensadas por las federaciones autonómicas por tales conceptos, así como por el resto de servicios que, en su caso, pudieran prestar a dichas federaciones autonómicas. En los casos que proceda dicha compensación, se determinará conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente y siempre previo acuerdo adoptado en la Asamblea General de la Federación nacional.

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con la enmienda de supresión del artículo 23 relativo a la regulación de la licencia única deportiva se suprimen las referencias en la Exposición de Motivos que justifican la misma.

ENMIENDA NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV. Párrafos séptimo y octavo.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados es la implantación del Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del Estado», mediante la sindicación de publicaciones oficiales como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la Administración General del Estado, sin perjuicio de que se publique en la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la estructura interna del BOE se rige por criterios subjetivos, distinguiendo los actos a publicar en razón de la Administración de la que procedan. Todas estas publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme establece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias según norma con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación que se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.




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De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y seguridad jurídica que supone el «Boletín Oficial del Estado», puede tener conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, independientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versen.

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la Exposición de Motivos a la modificación de los artículos 25 y 26 a los efectos de que las notificaciones se puedan realizar en los boletines autonómicos y provinciales competentes y que a su vez se permita una sindicación de los mismos con la finalidad de ahorrar costes.

ENMIENDA NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con la siguiente redacción.

‘‘1. Con relación a las Universidades de competencia del Estado, corresponderán al Organismo Público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informes en el ámbito universitario, y cualquiera otra que le atribuya la Ley. La ANECA ejercerá sus funciones sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en sus Estatutos de Autonomía, con relación a las universidades de su competencia. A estos efectos, la ANECA y las agencias autonómicas, homologadas internacionalmente, desarrollarán sus funciones plenamente, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo que acuerden.

La ANECA y los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas internacionalmente homologados, asumirán las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia funcional.

La ANECA y los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas que no hayan recibido la homologación internacional, para el ejercicio de sus funciones podrán solicitar colaboración mutua con la ANECA o entre sí. Dichas entidades de las Comunidades Autónomas y a solicitud de las mismas, que ejerzan funciones de evaluación podrán integrarse en la ANECA y podrán participar en su gestión, en los términos que reglamentariamente se establezcan’’.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 172.2, b) del EAC establece que corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia compartida sobre la evaluación y la garantía de la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria, y también del personal docente e investigador. Del mismo modo en la letra e) se reconoce el mismo título competencial sobre la regulación del régimen de profesorado docente e investigador contratado y funcionario. La STC 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya no encontró tacha de inconstitucionalidad en este artículo.




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La Agencia catalana (AQU Catalunya) ha recibido plena homologación internacional y figura inscrita en el Registro ENQUA; ANECA ha recibido el mismo reconocimiento, junto con otras agencias autonómicas. Teniendo en cuenta la transversalidad de las competencias en evaluación de la calidad, que corresponden a todas las administraciones implicadas en la educación superior: Estado, CCAA y las propias universidades, la ley debe garantizar que puedan desarrollarlas plenamente, en el marco europeo de educación e investigación. Las evaluaciones, acreditaciones y certificaciones emitidas por las agencias homologadas en Europa deberían poder ser reconocidas, en los términos que se acuerde entre dichas agencias (estatales, autonómicas e internacionales). Intentar centralizar la calidad o sus garantías en un órgano estatal no parece acorde con la existencia de un registro europeo, integrado por una pluralidad de agencias que han superado las condiciones y los requisitos para ser internacionalmente homologadas. En cualquier caso, la garantía de calidad universitaria no puede desarrollarse al margen de la propia Universidad, ni ignorando la evolución que se está produciendo en el marco europeo de agencias de aseguramiento de la calidad, que reconoce cada vez mayor importancia a la intervención de las mismas.

Finalmente y de acuerdo con la muy reiterada doctrina constitucional, las bases estatales deben fijar un mínimo común normativo, suficientemente amplio y flexible, que permita que la Comunidad Autónoma, con competencia compartida en la materia, como sucede en evaluación y aseguramiento de la calidad, pueda adoptar políticas propias.

ENMIENDA NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 13. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

«1. El ejercicio del derecho de separación no produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su disolución. continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración.»

JUSTIFICACIÓN

Es una propuesta de aceptación del derecho de separación pero redactada en positivo, en el sentido que la separación no produce la disolución por si misma sino que requiere acuerdo de las partes integrantes de conformidad con lo previsto en los estatutos.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De supresión.




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JUSTIFICACIÓN

No se han aportado argumentos económicos que justifiquen la supresión de este organismo autónomo, ya que el traspaso del personal y de los activos al INJUVE no justifica el ahorro argumentado. No parece que el nuevo organismo, de carácter privado, quede en disposición de asumir con carácter inmediato las funciones institucionales que se le otorgan y que deben propiciar y garantizar la participación de la juventud en el ámbito institucional.

ENMIENDA NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Se rechaza la medida por considerar que supone una invasión de competencias dado que el artículo 134 del EAC, al amparo del artículo 149 de la CE, atribuye a la Generalitat de Catalunya competencia exclusiva en materia de deportes.

En ejercicio de dicha competencia, el Parlament de Catalunya aprobó el Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto Único de la Ley del Deporte, y en su posterior desarrollo normativo, el Gobierno aprobó el Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Catalunya, modificado por el Decreto 55/2012.

La medida, incluida en el proyecto de ley de racionalización del sector público, supone la desaparición de les licencias autonómicas. Las federaciones deportivas autonómicas expedirán una licencia «única» que permitirá participar tanto en competiciones autonómicas como estatales. Desparece, pues, la licencia autonómica que permite participar en una competición deportiva estatal siendo homologada. Un deportista que participe únicamente en competiciones oficiales catalanas, no podrá obtener una licencia catalana sino que deberá obtener y pagar una licencia a nivel estatal.

No respeta, por tanto, el derecho de los deportistas catalanes a obtener una licencia exclusivamente autonómica, derecho que se recoge en diferentes preceptos del Texto Único de la Ley del Deporte de Catalunya y en el Decreto 58/2010, de las entidades deportivas de Catalunya.

La modificación de la Ley del deporte propuesta vulnera la capacidad que las federaciones catalanas tienen, según la actual normativa en vigor, de expedir licencies para actuar en su ámbito territorial, —independientemente que éstas también habiliten para participar en cualquier competición de ámbito estatal—, sin estar condicionadas a tener que establecer una cuota para la federación española cuando sólo se quiere competir en Catalunya, y sin tener que inscribirse en un registro de la federación estatal.

ENMIENDA NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

Artículo 24. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2.b) del artículo 13, que queda redactado como sigue:

«b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos.

Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’ (TSL) establecidos en España, publicada publicados en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»

Dos. Se modifica el apartado de 2 del artículo 15, que queda redactado como sigue:

«2. La relación de sistemas de firma electrónica diferentes a la firma avanzada o reconocida admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los mecanismos admitidos, así como las características de los elementos de identificación utilizados y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos mecanismos.

Así mismo, debe ser pública y accesible por medios electrónicos la relación de los sistemas de firma electrónica aceptada para cada trámite, en función del análisis de Riesgos que las Administraciones hagan del nivel de seguridad de cada acto o trámite administrativo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de la mención explícita a la TSL en prevención de eventuales modificaciones de las especificaciones técnicas que rigen los contenidos y formatos de dichas listas, dejando solamente la referencia a la sede electrónica del Ministerio que será donde, en todo caso, se publicará la relación de certificados reconocidos/cualificados que generan tanto las firmas electrónicas avanzadas como reconocidas/cualificadas.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 15 (y no su supresión) para dar cobertura a los casos previstos en el apartado 2.c) del artículo 13.

Se considera que con la aprobación del Reglamento de identificación sobre identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior, seguirá siendo necesaria la regulación de los mecanismos de autenticación de la identidad y firma electrónica en los procedimientos administrativos concretos, sujeto al análisis de riesgos que las Administraciones hagan del nivel de seguridad de cada acto o trámite administrativo de acuerdo con lo que establece el artículo 13 de la LAECSP, relativo a la elección de los medios de identificación a usar por parte de los ciudadanos —a excepción del e-DNI que es de obligada aceptación—.

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. Uno.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

«Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

‘‘5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el ‘Boletín Oficial del Estado’, en el de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

Las notificaciones publicadas en los boletines oficiales autonómicos o provinciales se publicarán asimismo en el ‘Boletín Oficial del Estado’ mediante la sindicación de los contenidos de los correspondientes sistemas de información o de los mecanismos alternativos que se acuerden.

Asimismo, con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el ’Boletín Oficial del Estado’ conforme lo establecido en los dos primeros párrafos’’.»

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente contenido:

«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, en el de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 68.5 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, «los actos, las disposiciones generales y las normas que emanen del Gobierno o de la Administración de la Generalitat han de ser publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Esta publicación es suficiente, a todos los efectos, para la eficacia de los actos y para la entrada en vigor de las disposiciones generales y las normas».

En consecuencia, la modificación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que prevé este Proyecto de Ley entraría en discrepancia con las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya.




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ENMIENDA NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo 26. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Uno. El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quedará redactado como sigue:

‘‘1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el ‘Boletín Oficial del Estado’ en el de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

La publicación en el ‘BOE’ se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el ‘Boletín Oficial del Estado’ o en el de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificadas con arreglo a lo establecido en esta Sección.

4. La publicación de los anuncios de actos tributarios emitidos por las administraciones autonómicas o locales en sus correspondientes boletines gozarán de la misma validez jurídica.

5. En todo caso las publicación de los anuncios que vengan impuestos por esta Ley en el ‘Boletín Oficial del Estado’ se efectuarán sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que lo hayan solicitado’’.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación del artículo 112 de la LGT prevé como obligatoria la publicación de los anuncios de notificación por comparecencia únicamente en el BOE, descartando la utilización de los boletines oficiales autonómicos y locales, incluso de forma opcional. En Catalunya la Agencia Tributaria efectúa las notificaciones de sus actos administrativos mediante publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de




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Catalunya. Se prevé en consecuencia que se otorgue plena validez jurídica a la publicación de los anuncios tributarios dictados por la Generalitat de Catalunya y por las entidades locales en sus respectivos boletines oficiales.

Asimismo se prevé la gratuidad del procedimiento administrativo común, del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y para los procedimientos de la Ley General Tributaria.

ENMIENDA NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

No se han aportado argumentos económicos que justifiquen la supresión de este organismo autónomo, ya que el traspaso del personal y de los activos al INJUVE no justifica el ahorro argumentado. No parece que el nuevo organismo, de carácter privado, quede en disposición de asumir con carácter inmediato las funciones institucionales que se le otorgan y que deben propiciar y garantizar la participación de la juventud en el ámbito institucional.

ENMIENDA NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición adicional sexta. Aportaciones a los consorcios en los que participa el Estado.

1. Las Administraciones públicas o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o dependientes que sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados. La administración que pretenda dejar de efectuar sus aportaciones por este concepto, deberá requerir al órgano competente para que exija el cumplimiento de las obligaciones de aportación a aquellos miembros del consorcio que no las hubieran efectuado y será efectiva cuando transcurran tres meses sin que los miembros obligados a realizarlas hayan cumplido con su obligación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando la no aportación dineraria por parte de las Administraciones Públicas pueda ser causa de inviabilidad del consorcio o dificulte gravemente su actividad, las Administraciones deberán priorizar la conveniencia de mantener los compromisos económicos adquiridos, a los efectos de garantizar la continuidad del consorcio cuando sus actividades




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sean consideradas de interés general, sin perjuicio de que se adopten los acuerdos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de todas las entidades integrantes del consorcio. En todo caso, se considerarán de interés general las actividad de I+D+I, las de gestión de equipamientos culturales, sanitarios, de transporte y sociales.

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar equiparar legalmente a todas las administraciones en el caso de incumplimientos que afecten a las aportaciones al fondo patrimonial o a la financiación de los consorcios.

En segundo lugar, destacar que la actuación consorciada entre administraciones públicas puede contribuir eficientemente a la racionalización del sector público y a la contención del gasto, es por lo tanto una opción que debería potenciarse y facilitarse, especialmente en aquellos ámbitos en los que la actuación pública consorciada puede ser clave para afrontar la actual coyuntura económica, como en el caso de I+D+I, por su importancia estratégica y su valor como motor de cambio a un nuevo modelo económico sostenible y competitivo.

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

No parece oportuno autorizar, por ley, el incumplimiento por parte de la Administración General del Estado de las obligaciones que tenga asumidas estatutariamente, relativas a efectuar aportaciones al fondo patrimonial de un consorcio o a su financiación, en el caso de que alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados, pudiéndose activar este mecanismo a partir del «impago» de cualquier cantidad, por mínima que sea o por discutible que sea el incumplimiento.

Sorprende esta disposición, en un momento de penuria que afecta a todas las administraciones públicas, en el cual, precisamente la administración central es la que dispone de más mecanismos para evitar retrasos en el pago de sus aportaciones.

La presente disposición resulta además reiterativa, por el hecho que esta administración ya goza del derecho de separación del consorcio por los mismos motivos (incumplimiento de obligaciones estatutarias por parte de otros miembros). Tampoco parecería aceptable que dicha habilitación al incumplimiento quede únicamente restringida a la Administración General del Estado, sin extenderse a los restantes miembros del consorcio.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.




Página 86


ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional. Régimen aplicable a consorcios cuyo objeto es la actividad investigadora.

La disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no será de aplicación a los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, son considerados agentes de ejecución en I+D+i, ni a la agrupación o asociación de los mismos, que se regirán por lo establecido en dicha Ley. Dichos consorcios podrán contratar personal propio, en régimen laboral, dentro de los márgenes de oferta de empleo público establecidos en las leyes presupuestarias.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) ya ha establecido el régimen jurídico aplicable a les agentes en I+D+i del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, y también las reglas para que sean considerados integrantes en un determinado sector público, aprobando un régimen específico que debe ser considerado preferente puesto que se adapta a les necesidades y peculiaridades este sector. Se aprobó con la participación de la comunidad investigadora y de las Comunidades Autónomas con competencias en investigación, y está vigente desde la aprobación de dicha Ley, sin que haya comportado ninguna dificultad.

La actividad científica requiere una especial consideración a los efectos de garantizar su pleno desarrollo por el personal investigador, en estructuras jurídicas adaptadas al desarrollo de dicha actividad. Someter a los consorcios con actividad investigadora a las normas de general aplicación a dicha figura jurídica puede suponer un grave inconveniente e incluso la necesidad de transformación de los actuales consorcios en otras figuras jurídicas, seguramente menos adecuadas a la participación interadministrativa. Debemos recordar que en la actualidad importantes centros de investigación e infraestructuras científicas son consorcios que desarrollan su actividad normalmente, bajo el régimen ya establecido en la LCTI, que en su disposición adicional vigésima ha resuelto sin dificultad ninguna el alcance de las distintas administraciones integrantes del consorcio en cuanto a lo que a su adscripción se refiere, en términos SEC.

Sin perjuicio de quedar sometidos a las normas básicas aplicables al sector público, establecidas anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en lo referente a las limitaciones a la contratación y a la tasa de reposición de efectivos, los consorcios que desarrollan actividad investigadora deben poder contratar su propio personal.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:




Página 87


«Disposición adicional (nueva). Cálculo de la tasa de reposición del personal docente e investigador universitario para el 2014.

La reposición de efectivos del personal docente e investigador universitario, prevista en el artículo 21.Uno.2, I) de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se aplicará en los términos previstos en el apartado 3 de dicho artículo, sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que dejaron de prestar servicios en las universidades y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en las mismas durante el ejercicio presupuestario de 2013 y, excepcionalmente, también durante los ejercicios 2011 o 2012 no aplicados, siempre que contaran con la autorización expresa de la administración responsable.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la enmienda es permitir, a los efectos de la reposición de efectivos de personal docente e investigador de las universidades, la acumulación de las bajas de dicho personal relativas a los ejercicios 2011 y 2012 no aplicadas en el correspondiente ejercicio. De este modo se garantiza la ejecución de los Programas de captación de talento que algunas CCAA han desarrollado conjuntamente con las Universidades de su competencia, a los efectos de racionalizar, adaptar a las necesidades reales y garantizar la calidad en la reposición de PDI.

Las actividades de I+D+i son prioritarias en el proceso de cambio de modelo productivo y de salida de la crisis; y las CCAA y las universidades deben poder adoptar las decisiones de apoyo a estas políticas sobre el escaso margen existente actualmente en la reposición de efectivos, sin límites añadidos.

En el caso de Catalunya, la Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2014, ha priorizado la contratación de PDI a través del Plan Serra Húnter, para la contratación de personal académico de Excelencia, que se encuentra ya en la segunda fase de su implementación.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional.

La disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no será de aplicación a los consorcios creados en el ámbito territorial de aquellas Comunidades Autónomas que, en materia de organización de su Administración, tengan atribuida la competencia exclusiva sobre las diversas modalidades organizativas e instrumentales para la actuación administrativa.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la STC 50/1999, de 6 de abril, FJ.3 las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas Administraciones de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en éste ámbito.




Página 88


ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los consorcios legales previstos en la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona se rigen por lo previsto en dicha ley.»

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3, las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas Administraciones de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en éste ámbito.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

No se han aportado argumentos económicos que justifiquen la supresión de este organismo autónomo, ya que el traspaso del personal y de los activos al INJUVE no justifica el ahorro argumentado. No parece que el nuevo organismo, de carácter privado, quede en disposición de asumir con carácter inmediato las funciones institucionales que se le otorgan y que deben propiciar y garantizar la participación de la juventud en el ámbito institucional.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.




Página 89


ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición final primera. Títulos competenciales.

«Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado: Lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo II, relativa a los consorcios será de aplicación a los consorcios integrantes del sector público del Estado y a los restantes consorcios si así se determina en sus estatutos.»

JUSTIFICACIÓN

La utilización de la figura consorcial, que tan frecuente es en algunos ámbitos, y que facilita la adopción de decisiones y la gestión compartida entre diversas administraciones pública, no debe cargarse con un exceso regulatorio de su régimen jurídico. La flexibilidad de la que hasta ahora han disfrutado los consorcios para adaptar su régimen a las necesidades en cada caso, mediante la aprobación de unos estatutos con fuerza vinculante sobre sus miembros integrantes, se ha mostrado instrumento suficiente, que de acuerdo con la ley, las partes pueden elaborar y adaptar oportunamente. Tampoco podemos ignorar la existencia de normativa autonómica de aplicación a las figuras consorciales dentro de su ámbito de competencias, que ha completado en lo estrictamente necesario el régimen jurídico en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, que ya ha determinado las bases aplicables. Por otro lado, los consorcios ya están sometidos a las normas que se dictan regularmente sobre todo el sector público, con carácter básico.

Cargar innecesariamente las bases hasta ahora establecidas puede suponer un obstáculo a la política de racionalización del sector público, objeto de esta Ley.

Existe normativa autonómica de aplicación a las figuras consorciales dentro de su ámbito de competencias, que ha completado en lo estrictamente necesario el régimen jurídico en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, que ya ha determinado las bases aplicables. Por otro lado, los consorcios ya están sometidos a las normas que se dictan regularmente sobre todo el sector público, con carácter básico.

En este ámbito sectorial, las bases del Estado en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas deben garantizar y hacer posible la competencia autonómica para legislar sobre el régimen jurídico y el procedimiento en el ámbito que es propio es decir sus propias administraciones públicas en un sentido amplio en el ejercicio de su potestad de auto organización. De hecho la regulación de los consorcios es una manifestación de esta potestad de auto organizarse y gestionar sus servicios por la comunidad autónoma con competencia exclusiva en esta materia. (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ.3)

Cargar innecesariamente las bases hasta ahora establecidas puede suponer un obstáculo a la política de racionalización del sector público, objeto de esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:




Página 90


Disposición Final (nueva). Modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Se modifica la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, para incluir una nueva disposición adicional única, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Régimen jurídico de los consorcios sanitarios.

1. Los consorcios sanitarios cuyo objeto principal sea la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud están adscritos a la Administración sanitaria responsable de la gestión estos servicios en su ámbito territorial de actuación y su régimen jurídico es el establecido en esta disposición y, subsidiariamente, en aquello no regulado en esta Ley, la normativa que regula con carácter general el resto de consorcios administrativos.

2. Los consorcios sanitarios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración sanitara a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración sanitaria a la que este adscrito el consorcio.

3. El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o laboral en caso de ser contratado directamente por el consorcio. El régimen jurídico del personal del consorcio será el que corresponda de acuerdo con su naturaleza y procedencia.»

JUSTIFICACIÓN

El objeto de la Ley15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, según se indica en su exposición de motivos, es establecer que la gestión de los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios puede llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho; indicando expresamente que, entre otras formas jurídicas, ampara la gestión a través de entes interpuestos dotados de personalidad jurídica, tales como empresas públicas, consorcios o fundaciones u otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en nuestro ordenamiento jurídico.

De acuerdo con esto, los consorcios son una de les entidades que pueden gestionar los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

En el momento que se aprobó la Ley15/1997, de 25 de abril, la regulación básica de los consorcios se limitaba a las previsiones del artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Actualmente, esta regulación se ha completado con la adición, mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de una disposición adicional vigésima a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el régimen jurídico de los consorcios.

Esta circunstancia, ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de una normativa propia a los consorcios sanitarios, atendida su especificidad. Esta regulación con carácter sistemático se debe incluir en la norma que con carácter especifico regula las formulas de gestión indirecta en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, es decir, en la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

El impacto de la no previsión de esta disposición sería enorme. Sólo en el caso de Catalunya, la nueva regulación afectaría a 12 consorcios y a más de 14.000 profesionales que deberían integrarse en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en los convenios del personal funcionario o laboral de la administración de servicios de la Administración autonómica o local, donde difícilmente en su régimen de funcionamiento tienen cabida las peculiaridades del personal asistencial en régimen laboral del sector sanitario. La disposición propuesta en ningún caso supone un mayor coste para el sistema ni supone renunciar a un mayor control del déficit público, sino todo lo contrario.




Página 91


ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición final (nueva). Competencias autonómicas en materia de organización de su Administración y de régimen local.

Lo dispuesto en esta Ley en materia de consorcios es de aplicación a los consorcios integrantes del sector público del Estado y a los integrantes del sector público de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las previsiones de los Estatutos de Autonomía en materia de consorcios y de sus competencias exclusivas en materia de organización de su Administración y de régimen local.

JUSTIFICACIÓN

Existe normativa autonómica de aplicación a las figuras consorciales dentro de su ámbito de competencias, que ha completado en lo estrictamente necesario el régimen jurídico en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, que ya ha determinado las bases aplicables. Por otro lado, los consorcios ya están sometidos a las normas que se dictan regularmente sobre todo el sector público, con carácter básico.

En este ámbito sectorial, las bases del Estado en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas deben garantizar y hacer posible la competencia autonómica para legislar sobre el régimen jurídico y el procedimiento en el ámbito que es propio es decir sus propias administraciones públicas en un sentido amplio en el ejercicio de su potestad de auto organización. De hecho la regulación de los consorcios es una manifestación de esta potestad de auto organizarse y gestionar sus servicios por la comunidad autónoma con competencia exclusiva en esta materia. (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ.3)

Cargar innecesariamente las bases hasta ahora establecidas puede suponer un obstáculo a la política de racionalización del sector público, objeto de esta Ley.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 39 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.




Página 92


Se propone la modificación del Título del proyecto de ley en los siguientes términos:

«Proyecto de Ley de supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de orden administrativo».

JUSTIFICACIÓN

Para adecuar el Título al contenido del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del primer párrafo del artículo 4 que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4. Integración de fundaciones en organismos públicos.

El organismo público Programas Educativos Europeos pasará a denominarse Proyección Internacional de las Universidades Españolas y Programas Educativos Europeos (Universidad.es), e integrará la actividad de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es). La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación integrará la actividad de la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación. ICEX España Exportación e Inversiones integrará la actividad de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Red.es integrará la actividad de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La integración de la actividad de las fundaciones en los organismos tendrá lugar mediante la cesión a favor de éstos de todos los bienes y derechos de las fundaciones. La cesión se practicará con ocasión de la liquidación de las fundaciones, en unidad de acto, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros que se menciona en la disposición adicional novena.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 5.




Página 93


Se propone la modificación del segundo párrafo del apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por el artículo 5 del presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

/…/

Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria. El organismo autónomo asumirá estas funciones en el momento en que se extinga la fundación del sector público estatal Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es) y pasará a denominarse Proyección Internacional de las Universidades Españolas y Programas Educativos Europeos (Universidad.es), subrogándose en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación, excepto los derechos y obligaciones que esta fundación ostenta derivados de su absorción de la extinta Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que están destinados al cumplimiento de los fines de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que se ejecutan en virtud de los fines recogidos en el artículo 3.2 de sus Estatutos, que pasaran al Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la Fundación Universidad.es y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá al Presidente del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 7.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada al mismo por el artículo 7 del presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

1. Se autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, a la que corresponden las funciones que le atribuye la presente Ley y la de elevar informes al ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar colaboración a los órganos de evaluación que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1089, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.»




Página 94


JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 8.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que la regulación de la ANECA debe realizarse de conformidad con la nueva Disposición Adicional propuesta por este mismo grupo parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 11, Apartado Dos.

Se propone la modificación del párrafo tercero, del apartado 3, del artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la redacción dada por el presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

/…/

Excepcionalmente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar, de forma motivada y haciendo pública su decisión, la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese caso el procedimiento descrito en el apartado 1.

/…/

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario alejar cualquier sospecha de arbitrariedad en una decisión discrecional. En este sentido, las decisiones excepcionales requieren un control, debiendo ser motivadas y públicas.




Página 95


ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 12.

JUSTIFICACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 13.

JUSTIFICACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 14.

JUSTIFICACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.




Página 96


ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 16.

Se modifica la letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en la redacción dada a la misma por el Proyecto de Ley que se enmienda, que tendrá la siguiente redacción:

f) Coordinar, a través del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, una red en todo el territorio del Estado que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, con los distintos organismos que tengan atribuida esta competencia en los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

JUSTIFICACIÓN

Con seis millones de desempleados, la mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo y de la empleabilidad de los trabajadores es una necesidad que, a la par que exige nuevos recursos económicos, demanda instrumentos de coordinación que analicen de forma conjunta el mercado de trabajo, no la desarticulación de los mismos como hace el Proyecto de Ley.

Es más, esta coordinación se efectúa con los organismos que a tal efecto ya han sido creados y dependen de las competencias de las Comunidades Autónomas, por lo que la eliminación de estos organismos de la dicción del precepto es intrascendente, no supone, en consecuencia, ahorro en el gasto, y sí incide en la eficiencia de las funciones del Observatorio de las Ocupaciones, que pierde su función de coordinación.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.




Página 97


ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

No parece procedente la inserción de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades en el Instituto de la Mujer. Ambos organismos tienen el mismo titular, por lo que se cuestiona su efecto sobre la reducción en el gasto público. Se aprovecha para degradar la relevancia institucional propositiva e incidir significativamente en la eficiencia del organismo autónomo, que pierde su especialización. Asimismo, plantea serias dudas sobre la exigencia de un organismo de fomento de la igualdad en cada Estado miembro que establece la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

El nuevo organismo se ve privado de sus competencias de impulso y coordinación gubernamental de las distintas políticas públicas relacionadas con la igualdad de trato y eliminación de la discriminación existentes entre hombres y mujeres. Sus funciones quedan diluidas en declaraciones competenciales genéricas sin determinación del órgano de ejecución, que, en cualquier caso, no será el órgano especializado creado al efecto.

Se trata de una reforma impregnada de ideología que elimina la configuración y funciones del organismo sobre la igualdad de trato. Elimina líneas claras de actuación que quedan sumergidas en un principio genérico de no discriminación. Se pierde así la singularidad en el análisis de la perspectiva de género en las políticas públicas.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 18.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que sucede con la fusión entre el Instituto de la Mujer y la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, se aprovecha esta supuesta reordenación para realizar reducciones competenciales significativas, omisiones relevantes, como todas las relativas a la igualdad de trato, y para degradar institucionalmente un órgano de consulta y de coordinación, limitando sus actuaciones. Se cuestiona, asimismo, el cumplimiento de la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.




Página 98


ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 19.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada al mismo por el artículo 19 del presente proyecto de ley, que quedará redactado como sigue:

/…/

2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y de forma transversal a cualesquiera asuntos, sin perjuicio de los observatorios que tengan encomendados otras funciones específicas.

/…/

JUSTIFICACIÓN

Se considera de utilidad que exista un Observatorio de Salud con competencias transversales. Sin embargo, no se considera oportuna la supresión de los Observatorios de la Salud de la Mujer o el de Prevención del Tabaquismo.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 21.

JUSTIFICACIÓN

No se justifica por motivos de ahorro la desaparición de instituciones de larga tradición e historia que representan a la juventud. Con la modificación planteada se quiere insonorizar cualquier órgano representativo de la sociedad civil.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 22.




Página 99


JUSTIFICACIÓN

Se considera injustificada la necesidad de establecer secciones territoriales del Tribunal de Cuentas en las circunstancias previstas, especialmente cuando se está discutiendo la posibilidad de modificar la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas en los debates que se llevan a cabo en la Cámara en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

Por otra parte, la atribución de una nueva función, en este caso consultiva, al Tribunal de Cuentas no puede llevarse a cabo mediante una disposición adicional en su Ley de funcionamiento, puesto que las funciones de dicho Tribunal están previstas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, por exigencia del artículo 136.4 de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 23.

Se propone modificación del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, en la redacción dada al mismo por el artículo 23 del presente proyecto de ley, que queda redactado en los siguientes términos:

4. Para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia, expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que se encuentren integradas en las federaciones deportivas españolas, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente, que en todo caso deberán contemplar una compensación económica a las federaciones deportivas españolas por el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en su marco legal y reglamentario.

El importe de esa compensación será aprobado, cada temporada deportiva, por la Asamblea General de la federación española correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de una Comisión Interterritorial Federativa cuya composición y funcionamiento será regulado reglamentariamente.

Las condiciones y requisitos de la expedición de la licencia se establecerán reglamentariamente por la administración estatal, para el ámbito de participación nacional y por la autonómica para el de cada Comunidad Autónoma correspondiente entrando en vigor en el momento en el que se inscriba en el registro oportuno de la federación española que corresponda.

En los supuestos de inexistencia de federación autonómica o cuando ésta no se hallare integrada en la federación deportiva española, la expedición de las licencias habilitadas para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal será competencia de la federación deportiva española.

Corresponde a las federaciones españolas la elaboración y permanente actualización del censo de licencias federativas habilitadas para la participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal, al que se tendrá acceso conforme a la forma reglamentaria que se adopte, respetando en todo caso la legislación en materia de Protección de Datos.

Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva válida para la participación en las competiciones mencionadas en el párrafo primero, quienes hayan sido objeto de sanción por dopaje, en cualquier ámbito deportivo mientras ésta esté vigente. Esta inhabilitación impedirá al deportista gozar de cualquier reconocimiento que hubiera podido obtener por su condición de deportista de alto nivel. Las administraciones públicas competentes acordarán y establecerán los mecanismos que permitan aplicar eficazmente las sanciones establecidas en cualquier ámbito deportivo por motivo de dopaje.




Página 100


Quienes traten de obtener una licencia habilitada para las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley vulnera la distribución de competencias entre Estado y CCAA establecida en la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Con esta enmienda se propone un sistema alternativo respetuoso con el bloque de constitucionalidad.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo 24, Apartado Dos.

Se propone la supresión del apartado dos del artículo 24 del presente proyecto de ley por el que se suprime el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

JUSTIFICACIÓN

Se considera razonable la admisión de diferentes certificados para contribuir a aumentar la facilidad y el uso de la Administración electrónica, pero no se considera que en esta tarea se deba suprimir las especificaciones del actual artículo 15.2 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías para la ciudadanía que este artículo puede suponer en la notificación administrativa, además de ser irrespetuoso con las competencias autonómicas y locales.




Página 101


ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 26.

JUSTIFICACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías que este artículo puede suponer en la notificación administrativa, además de ser irrespetuoso con las competencias autonómicas y locales.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 27.

JUSTIFICACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías que este artículo puede suponer en la notificación administrativa.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 28.

Se propone la supresión de los apartados uno, dos, tres y cuatro del artículo 28 del presente proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.




Página 102


JUSTIFICACIÓN

Además de discrepar de cuestiones de fondo que plantea este artículo 28, la modificación de aspectos sustanciales del Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, como supone dicho artículo, requiere una norma y un debate específicos.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Primera.

JUSTIFICACIÓN

El Consejo de la Juventud es un órgano de participación fundamental para mantener los cauces de comunicación de las instituciones con la sociedad civil.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone modificación de la redacción de la Disposición adicional segunda, que quedará redactada en los siguientes términos:

Disposición adicional segunda. Supresión del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.

Queda suprimido el Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, regulado en la Orden de 24 de noviembre de 1998 por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, órgano colegiado adscrito al Plan Nacional sobre Drogas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.

JUSTIFICACIÓN

No debe suprimirse el Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas porque es necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.




Página 103


ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la modificación de la Disposición Adicional Tercera, que quedará redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera. Supresión de Observatorios en el ámbito de la salud.

Quedan suprimidos el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Observatorio de Salud y Cambio Climático, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2009.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera que no deben ser suprimidos los Observatorios relativos a la prevención del Tabaquismo y el de Salud de la Mujer, cuyas funciones específicas deben estar garantizadas.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Quinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 17 de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Sexta.




Página 104


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al articulado de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional duodécima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional duocédima.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al articulado de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional con la siguiente redacción:

«(Nueva) Disposición adicional… Autorización para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

1. Se autoriza al Gobierno a crear la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que corresponden las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a la que será de aplicación la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos.

2. El Gobierno creará en el plazo máximo de seis meses la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) mediante la aprobación de su estatuto. Una vez extinguida la Fundación ANECA, la Agencia Estatal se subrogará en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se considera una formulación más adecuada que la propuesta por el proyecto de ley.




Página 105


ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición Adicional Nueva con la siguiente redacción:

(Nueva) Disposición Adicional… Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y recuperación de los derechos laborales de los Funcionarios Públicos.

Primero. Se modifica el artículo 48 que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Permisos de los funcionarios públicos.

1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.




Página 106


Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días.

2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»

Segundo. Se modifica el artículo 50 que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.»

Tercero. Se suprime el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como su normativa de desarrollo.

Cuarto. Se suprime la Disposición adicional 38.ª de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, así como su normativa de desarrollo.

JUSTIFICACIÓN

Los empleados públicos han soportado como colectivo una disminución de derechos económicos y laborales que no debemos seguir manteniendo. Hay que recuperar la situación previa a 2012 para restituir los permisos y también las circunstancias laborales en caso de enfermedad.

La regulación de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales ha sido un error. Se basó en un imaginario artificial sobre el absentismo, sobre concepto equívoco y unas medidas desproporcionadas.

El absentismo debe concebirse como la ausencia injustificada al trabajo y no, en sentido amplio, como la ausencia al trabajo con independencia de la causa que lo motiva (esto es, vacaciones, licencias, permisos, y enfermedad, siendo este el concepto que ha llevado a la reducción de los días por asuntos propios o la reducción de los días adicionales por vacaciones). Es en el sentido estricto del absentismo en el que se deben arbitrar las medidas oportunas para combatir los abusos.

La regulación actual resulta punitiva y elevan a categoría el caso patológico que hay que combatir por otros medios. En la práctica, se producen situaciones tan escasamente equitativas como el hecho de que el nivel del salario puede ser determinante en la decisión de un trabajador enfermo o en proceso de recuperación de asistir al trabajo, de forma que aquellos que necesiten el sueldo para vivir no puedan permitirse el lujo de esta de baja a pesar de que su situación lo requiera.




Página 107


ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 de la Disposición Transitoria segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:

1. El órgano colegiado adscrito al Plan Nacional sobre Drogas al que se refiere la disposición adicional segunda seguirá desempeñando sus funciones, de conformidad con su normativa reguladora, hasta el momento de la constitución del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones creado en el artículo 20 de esta ley.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta.




Página 108


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 17 del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Quinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Séptima.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Octava.




Página 109


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De modificación.

A la Disposición derogatoria única.

Se propone la supresión de los siguientes párrafos de la Disposición derogatoria única:

Tercer párrafo: «Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo, del Consejo de la Juventud de España».

Quinto párrafo: «El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de venta, el suministro y publicidad de los productos del tabaco».

Séptimo párrafo: «La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo».

Noveno párrafo: «El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas».

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De sustitución.

A la Disposición final quinta.

Se propone la modificación de la Disposición final quinta, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición final quinta. Títulos competenciales.

Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado:

Los artículos 24 y 25, y la Disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y en materia de procedimiento administrativo común.

El artículo 29 se dicta al amparo del artículo 149.1.4.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.




Página 110


La Disposición Adicional (Nueva) «….» (que modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), tiene tienen carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

La Disposición final tercera, se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que establece la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y régimen general de comunicaciones.

La Disposición final cuarta se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, sobre legislación mercantil.

El Anexo se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª, sobre legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De sustitución.

A la Disposición final novena.

Se propone la modificación de la Disposición final novena, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 19 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.




Página 111


Se modifica el título del Proyecto de Ley.

«Proyecto de Ley de medidas de reordenación del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como alega el Consejo de Estado, el título de este Proyecto de Ley es excesivo. Desde una perspectiva subjetiva, se refiere sólo a la Administración del Estado. Desde una perspectiva objetiva, su alcance material no es tan amplio como la voz «racionalización» evoca.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. 3.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el apartado 3 del artículo 2.

«Una vez producida la efectiva integración a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, los presupuestos del INTA contarán con las transferencias corrientes por parte de la Administración General del Estado precisas para cubrir en su totalidad los gastos de personal.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior, se propone que en los presupuestos del INTA, una vez realizada la integración, la cobertura de los gastos de personal en su totalidad esté financiada por transferencias corrientes.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 2.

«Nuevo apartado). A efectos presupuestarios, la integración en el INTA del organismo autónomo CEHIPAR, el Instituto Tecnológico “La Marañosaˮ y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marváˮ se realizará contemplando la totalidad de los ingresos y gastos que actualmente se imputan a cada organismo y que forman parte de sus presupuestos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional undécima de esta Ley, se habilitarán las modificaciones presupuestarias oportunas para satisfacer los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del proceso de integración a que se refiere este artículo.»




Página 112


JUSTIFICACIÓN

En este artículo se produce la integración en el Organismo Público de Investigación Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), del Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM) y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE).

Actualmente, estos organismos del Ministerio de Defensa se ordenan presupuestariamente de forma diversa. El INTA y el CEHIPAR son organismos autónomos mientras que el ITM está subsumido en el Presupuesto de la Dirección General de Armamento y Material y el LABINGE en el presupuesto de la Dirección General de Infraestructura.

En los presupuestos del INTA, al ser un Organismo Público de Investigación, se computan los ingresos generados a través de las actividades de prestación de servicios, lo cual da lugar a que se genere una autofinanciación real y que se concrete presupuestariamente, dedicando fondos de estas operaciones comerciales para completar el Capítulo 1 de gastos de personal. En estos momentos, este capítulo está subvencionado en el 53,21% a través de las aportaciones contempladas como transferencias corrientes de la Administración General del Estado para atenciones del personal, mientras que el 46,79% restante se completa con dichas operaciones comerciales.

En el caso del CEHIPAR ocurre exactamente lo mismo, si bien en una dimensión más reducida. Las transferencias corrientes de la Administración General del Estado para atenciones del personal cubren el 70,89% de los gastos de personal y el 29,11% restante se completa con la prestación de servicios que se realizan desde ese organismo autónomo.

La situación del ITM y LABINGE es distinta y los gastos de personal están cubiertos al 100% por las transferencias corrientes de la Administración General del Estado.

Por lo tanto, a la hora de que se produzca la integración presupuestaria de todos los organismos y centros en el INTA si la autofinanciación sigue siendo parte importante para afrontar los gastos de personal del conjunto de los centros integrados, y siendo éste un parámetro que no se puede asegurar económicamente en su totalidad y que estaba solo contemplado en los dos organismos autónomos, podríamos encontrarnos con la situación de no poder afrontar el conjunto de los gastos de personal del nuevo Organismo Público de Investigación INTA.

Por todo ello se propone explicitar que la integración presupuestaria se realice contemplando el total de ingresos y gastos y que puedan realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas para cumplir con las obligaciones derivadas del proceso de integración.

En otra enmienda se propone aclarar que en el INTA, una vez producida la integración, la cobertura de los gastos de personal esté garantizada.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 17, apartado dos.

El artículo primero de la Ley 16/1983, modificado en el apartado dos del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo primero. Naturaleza y régimen jurídico.

1. Se crea el Instituto de la Mujer, como organismo autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de la Presidencia.




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2. El Instituto de la Mujer será el organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, modificada por la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y en el artículo 12 de la Directiva 2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

3. El Instituto de la Mujer se rige por lo dispuesto en la presente Ley, en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en el resto de normas que se sean de aplicación:»

JUSTIFICACIÓN

Se propone adscribir el Instituto de la Mujer al Ministerio de la Presidencia asegurando la transversalidad de la perspectiva de género y centrar sus competencias a cuestiones específicas y propias de las mujeres.

Es preciso garantizar los logros conseguidos y lograr la transversalidad entre todas las administraciones, así como cumplir con las directivas europeas relativas al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 17, apartado tres.

El artículo segundo de la Ley 16/1983, modificado en el apartado tres del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo segundo. Fines.

El Instituto de la Mujer tiene como finalidad primordial el fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar, en lo que respecta a los fines del Instituto de la Mujer, lo que no guarda relación específica con las mujeres, ya que todas esas cuestiones puede llevarlas perfectamente la Secretaría General para políticas de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica el artículo 17, apartado cuatro.

El artículo tercero de la Ley 16/1983, modificado en el apartado cuatro del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo tercero. Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer desarrollará las siguientes funciones:

a) Estudiar la situación de la mujer española en los campos legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural.

b) Recopilar información y documentación relativa a la mujer, así como crear un banco de datos actualizado que sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.

c) Elaborar informes e impulsar medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes respecto a la mujer en la sociedad.

d) Seguir la normativa vigente y su aplicación en la materia que es competencia de este Instituto.

e) Prestar asesoramiento y colaboración al Gobierno para lograr las metas previstas en la presente Ley.

f) Coordinar los trabajos que han de desarrollar los diferentes ministerios y demás organismos específicamente relacionados con la mujer.

g) Administrar los recursos de todo orden que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines.

h) Fomentar la prestación de servicios en favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una especial necesidad de ayuda.

i) Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones.

j) Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad y de las medidas que hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Realizar cuantas actividades favorezcan a las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

l) Velar por la imagen de las mujeres en la publicidad y atender las denuncias concretas en este campo.

m) Formular iniciativas y actividades de sensibilización social, información, formación y participación, así como realizar cuantas actividades sean requeridas para el logro de las finalidades expuestas, con arreglo a la normativa de aplicación.

n) Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas en la normativa vigente.»

JUSTIFICACIÓN

Definir las funciones del Instituto en todo lo relativo a cuestiones específicas y propias de las mujeres.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 17, apartado cinco.




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El artículo cuarto de la Ley 16/1983, modificado en el apartado cinco del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo cuarto. Dirección y coordinación.

La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer ejercerá la dirección y coordinación de las funciones encomendadas al organismo. Su nombramiento se realizará mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Presidencia.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas, para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género entre todas las administraciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 17, apartado siete.

La letra b) del artículo quinto de la Ley 16/1983, modificado en el apartado siete del artículo 17, queda redactada en los siguientes términos:

«Artículo quinto. Financiación.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer dispondrá de los siguientes recursos económicos:

(…)

b) Las subvenciones y cualquier otra ayuda económica que pueda obtener y que válidamente acepte.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir las donaciones y legados como potenciales recursos económicos del Instituto para cumplir con sus fines. Es preciso garantizar las partidas presupuestarias a través de los Presupuestos Generales del Estado para las políticas de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica el artículo 19.

El punto 2 del artículo 63 de la Ley 16/2003, modificado en el artículo 19, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 63. Observatorio de Salud.

(…)

2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, mediante estudios comparados de los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados.

Asimismo, el Observatorio de Salud contribuirá a alcanzar los objetivos previstos en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, así como promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género, las actuaciones tendentes a la consecución de la equidad en salud y a la prevención del impacto del cambio climático sobre la salud pública y sobre el Sistema Nacional de Salud.»

JUSTIFICACIÓN

El actual Observatorio Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, proporciona un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, mediante estudios de los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados, elaborando entre otros estudios un informe anual sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que se presenta por el Ministerio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Estas funciones están justificadas ante la necesidad de realizar un seguimiento detallado del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud tanto globalmente como en los servicios de salud que lo conforman. Además, el Observatorio mantiene una línea de cooperación con otros organismos similares y realiza informes y documentos para la Agencia de Calidad. En tal sentido se realizó el Plan de Calidad 2006-2010 con la actualización de los objetivos y de las estrategias de dicho Plan para los próximos años.

No deben devaluarse las competencias del Observatorio pues son importantes en la gestión del sistema sanitario público.

Por todo ello se propone mantener las funciones y competencias encomendadas actualmente al actual Observatorio en el nuevo Observatorio de la Salud, evitando que tres observatorios distintos con funciones muy dispares que ahora se integran (prevención del tabaquismo, salud de la mujer y salud y cambio climático) resten relevancia a la singularidad que hasta ahora ha tenido el Observatorio del Sistema Nacional de Salud previsto en la Ley 16/2003.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.

ENMIENDA

De adición.

De adición al artículo 19.




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Se añade un nuevo punto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, modificado en el artículo 19, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 63. Observatorio de Salud.

(…)

2 bis (nuevo). El Observatorio de Salud elaborará anualmente un informe sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que se presentará por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este informe contendrá análisis específicos de la salud de mujeres y hombres.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 21.

JUSTIFICACIÓN

El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles formada por los consejos de juventud de las comunidades autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. En la actualidad son más de 70 las entidades juveniles que componen este proyecto común.

En el Proyecto de Ley se suprime este organismo autónomo (disposición adicional primera) y se conserva el Instituto de la Juventud que pasa a denominarse Consejo de la Juventud de España y que es concebido como una entidad corporativa de base privada y personalidad jurídica propia.

No compartimos la desaparición del que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud. Dicha desaparición dejaría sin representación al colectivo joven para la defensa de sus derechos e intereses tanto en España como en las instituciones europeas e internacionales.

El Gobierno justifica la supresión del CJE aludiendo a una supuesta duplicidad de funciones con el Instituto de la Juventud (Injuve). Sin embargo, lo cierto es que el Injuve representa la política de juventud del Gobierno y el CJE a las personas jóvenes a través de sus organizaciones juveniles. Así, el Injuve es un órgano gubernamental encargado de prestar servicios a la juventud cuyo director es nombrado por el Ministerio competente, mientras que el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud asociada, cuya presidencia y Comisión Permanente son elegidas democráticamente por las entidades miembro del Consejo en Asamblea.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.




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ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 23.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley pretende implantar un modelo de licencia deportiva única mediante la modificación del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Esto significa cambiar de manera radical las relaciones del Estado con las comunidades autónomas en materia de deporte sin necesidad alguna, con una visión recentralizadora equivocada que no entiende la heterogeneidad del Estado autonómico.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 26.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo 26.

«Nuevo artículo). Modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Se modifica el apartado 4 del artículo 22 de Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que queda redactado como sigue:

‘‘4. La actuación del operador designado gozará de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En todo caso, cuando no sea posible la entrega en el domicilio, las notificaciones administrativas y judiciales quedarán depositadas a disposición de los interesados en la oficina del operador postal durante un plazo mínimo de quince días hábiles’’.»

JUSTIFICACIÓN

Actualmente el plazo durante el cual las notificaciones administrativas o judiciales, tras los dos intentos legales de entrega en el domicilio sin éxito, quedan depositadas en lista en la oficina de correos queda a la absoluta discrecionalidad del operador postal.

Se viene aplicando un plazo de siete días naturales, que es totalmente insuficiente y socava las garantías de los ciudadanos. De esos siete días, uno siempre es domingo por lo cual no están abiertas las oficinas y con frecuencia puede haber más festivos en la misma semana. Por otro lado, actualmente la mayoría de las oficinas de correos solamente abren en horario de mañana. Ello provoca que a muchos ciudadanos les coincidan esos horarios con sus propias horas de trabajo y que, en la práctica, les resulte




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difícil o imposible personarse en la oficina de correos en el exiguo plazo concedido, sobre todo cuando se hallan a cierta distancia de su domicilio o lugar de trabajo.

A los siete días la notificación se devuelve y si el interesado se presenta con posterioridad ya no se le puede entregar, lo que provoca que muchas notificaciones resulten fallidas con las consecuencias negativas que produce tanto al buen funcionamiento de las instituciones administrativas y judiciales como a los propios ciudadanos.

Como garantía adicional de la recepción de las notificaciones, es preciso señalar un plazo razonable en el cual queden a disposición de los interesados en la oficina correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo 26.

«Dos (nuevo). Se introduce una nueva disposición adicional vigésima en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria con el siguiente contenido:

“Disposición adicional vigésima (nueva). Publicación por medio de anuncio en el ʽBoletín Oficial del Estadoʼ.

La publicación en el ʽBoletín Oficial del Estadoʼ de los anuncios que vengan impuestos por esta Ley se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado’’.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley, en su artículo 25, modifica el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) y, en su artículo 26, el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). En ambos casos se trata de establecer un sistema único para la publicación de los anuncios en los casos de notificaciones que no hubieran podido llevarse a cabo por las distintas Administraciones Públicas y se dispone, en concreto, la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Ahora bien, así como en la LRJ-PAC se introduce una disposición adicional vigésima primera en la que se contempla, expresamente, el carácter gratuito de la inserción de los anuncios a que se refieren los apartados 1 y 2 de la citada disposición adicional, en el caso de las notificaciones en materia tributaria contenidas en la LGT, nada se dice sobre la gratuidad de la inserción de anuncios en el BOE.

Se propone introducir una disposición en los mismos términos en la LGT, para evitar tener que hacer interpretaciones posteriores de la normativa vigente.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28. Tres.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica el artículo 28, apartado tres.

«Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La letra k) del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda redactada como sigue:

‘‘Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.

(…)

k) Por asuntos particulares, seis días al año’’.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recuperar los seis días al año para asuntos particulares de los que disponían los empleados públicos. Además, se suprime el resto de las modificaciones que introduce el Proyecto de Ley en la Ley 7/2007.

El Proyecto de Ley modifica el artículo 10 del EBEP que regula el trabajo de los empleados públicos interinos. Se plantea que las distintas administraciones puedan utilizar estos contratos de manera arbitraria para puestos de trabajo estructurales, sin obligación alguna de cubrir de manera reglamentaria las correspondientes vacantes y sin que exista limitación alguna a la concatenación de diferentes programas temporales. Asimismo, se permite a la administración correspondiente la libre movilidad funcional y geográfica de las personas que tengan este tipo de interinidad (y la interinidad por acumulación de tareas), al permitir que pueda modificarse la plaza que ocupan libremente con la única limitación de que obedezca al mismo programa temporal. Todo ello supone sustituir empleo público de calidad, a través de ofertas de empleo público, por trabajo precario.

Además, se permite a las diferentes administraciones la apertura de plazas de empleados públicos civiles parea su ocupación por militares de carrera, sin establecer ni el tipo de plazas ni la justificación de dicha apertura. Y también se plantea un régimen mixto, exclusivo y excepcional, tanto de movilidad como de régimen laboral para el personal militar que preste servicios en la administración civil.

No es de recibo que, ante la incapacidad para estabilizar y dignificar el empleo del personal militar, se busquen salidas laborales que alivien el malestar de las plantillas apostando por la militarización de la administración civil.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional primera.

Se suprime la disposición adicional primera.

JUSTIFICACIÓN

No compartimos la desaparición del Consejo de la Juventud de España, que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud.




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ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

Esta disposición suprime la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, prevista en la disposición final segunda de la Ley 16/2003.

Esta Comisión efectúa el seguimiento de las cuestiones que afecten a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, especialmente el impacto de las nuevas prestaciones. Corresponde a dicha Comisión, sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas otros órganos, informar con carácter preceptivo sobre el impacto económico de la cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones del sistema, la inclusión de una nueva prestación, la memoria económica de los planes integrales de salud y la actualización de los procesos hospitalarios, así como de los costes medidos en términos de grupos de diagnósticos relacionados, a efectos de la distribución del Fondo de Cohesión Sanitaria.

La Comisión también evalúa el gasto realizado por las comunidades autónomas y efectúa un seguimiento del gasto sanitario consolidado y su ejecución por los agentes que integran el Sistema Nacional de Salud. Informa a su vez sobre la evolución de la financiación que las regiones destinan a los servicios de asistencia sanitaria, sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio de Sanidad.

También es útil la Comisión Interministerial para vigilar la sostenibilidad del sistema, ya que es importante la existencia de un órgano de estas características en el que tengan presencia las comunidades autónomas.

Por todo ello se propone mantener la Comisión y suprimir la disposición adicional cuarta.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria primera.

JUSTIFICACIÓN

No compartimos la desaparición del Consejo de la Juventud de España, que ahora es el único cauce de participación autónomo y plural de la juventud.




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ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime de la disposición derogatoria la mención a las siguientes disposiciones:

«La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 11 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo décimo segundo del apartado II del Preámbulo del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, quedando redactado de la siguiente forma:

«Por todo ello, se establecen medidas para que la ANECA pueda ejercer funciones de coordinación y cooperación voluntaria con las entidades de evaluación homólogas de las Comunidades Autónomas. las bases para que la ANECA pueda ejercer las funciones de evaluación de las titulaciones universitarias que vienen desempeñando simultáneamente entidades de la Administración General del Estado y de algunas Comunidades Autónomas. Todos estos cambios aconsejan la conversión de la hasta ahora Fundación ANECA en un organismo público, lo que se lleva a cabo a través del texto de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En virtud del art. 16 del Estatuto de autonomía del País Vasco, la comunidad Autónoma Vasca tiene atribuida la competencia en materia universitaria. En base a ello, y en el marco de racionalización de la Administración Pública, planteamos que sea la ANECA la entidad que deje de ejercer determinadas




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funciones que ya se llevan a cabo por las agencias autonómicas, posibilitándose las funciones de coordinación que pretende el Estado tanto desde el nivel normativo como desde la Red española de Agencias de Calidad universitaria, a través de la colaboración con ANECA en casos concretos.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los párrafos séptimo y octavo del apartado IV del Preámbulo del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que dicen:

«Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados es la implantación del Tablón Edictal Único a través del “Boletín Oficial del Estado”, como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la Administración General del Estado. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la estructura interna del BOE se rige por criterios subjetivos, distinguiendo los actos a publicar en razón de la Administración de la que procedan. Todas estas publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme establece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias según norma con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación que se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y seguridad jurídica que supone el “Boletín Oficial del Estado”, puede tener conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, independientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del artículo 25 del actual Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. IV.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los párrafos noveno y décimo del apartado IV del Preámbulo del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que dicen:

«Conectada con esta medida [Tablón edictal único] se encuentra la modificación de la Ley General Tributaria y la del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) en materia de notificaciones, que tienen por objeto incluir entre las notificaciones del Tablón edictal único, respectivamente, las notificaciones en los procedimientos tributarios y aquellas correspondientes a los procedimientos




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catastrales de valoración colectiva. Estas últimas tienen actualmente, dadas sus singularidades de volumen y plazos, un sistema específico de anuncio para la notificación por comparecencia, consistente en la publicación en el diario oficial correspondiente al ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto.

Con la modificación del apartado b) del artículo 29.4 del TRLCI en lo relativo a la supresión de la publicación de edictos en otros boletines oficiales distintos, se unifica en el BOE la publicación de los anuncios correspondientes a todas las notificaciones catastrales, deriven del procedimiento que deriven, en aras de la simplificación de trámites, y de la coordinación normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del Artículo 25 del actual Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, del Artículo 5 del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007:

Se modifica el apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que quedaría redactada en los siguientes términos:

“Uno. Se crea, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para la gestión coordinada de la aplicación de los créditos presupuestarios que puedan resultar afectados por la ejecución, por las Comunidades Autónomas competentes en materia de educación, de las acciones del ʻPrograma de acción en el ámbito del aprendizaje permanenteʼ de la Unión Europea o del programa comunitario que lo sustituya, así como para el desarrollo de todas las demás actividades necesarias para dicha gestión. De acuerdo con la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión Europea el 15 de julio de 2004 y adoptada por el Consejo el 24 de julio de 2006, el Organismo asumirá la gestión del mencionado Programa e informará a las Comunidades Autónomas de su ejecución, a través de su Consejo Rector.

Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria, sin perjuicio de las iniciativas de la misma o similar naturaleza que puedan adoptar las Comunidades Autónomas que tienen atribuidas competencias en materia de universidades.”»

JUSTIFICACIÓN

Corresponde a las Comunidades Autónomas competentes en materia educación la ejecución de los créditos presupuestarios de procedencia europea que puedan contemplarse en el «Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente» de la Unión Europea. La función que puede reservarse al




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Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se concreta en la gestión coordinada de la aplicación de los fondos comunitarios, tal y como se expresa en la Decisión comunitaria que regula este programa europeo; la función de información a las Comunidades Autónomas es a todas luces, insuficiente para satisfacer el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. Esto resulta coherente, además, con la distribución competencial vigente en el Estado en esta materia, sobre la que la normativa europea no tiene efecto alguno según reiterada doctrina del TC, entre otras, las SSTC 146/1996 y 208/1999.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, del Artículo 7 del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

1. Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia funcional.

La ANECA ejercerá las funciones previstas en el párrafo primero de este apartado 1, sin perjuicio de las competencias y funciones que, sobre esa misma materia, corresponden a las Comunidades Autónomas.

(Resto: igual).»

JUSTIFICACIÓN

La redacción propuesta es menos ambigua y por tanto garantiza un mayor grado de protección a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de universidades y aparejadas a la misma las que tienen por objeto la evaluación de la calidad y la acreditación de los sistemas universitarios autonómicos, como es el caso del sistema universitario vasco.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, del Artículo 16 del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada en los siguientes términos:

«f) Gestionar el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal con el fin de analizar la situación y tendencias del mercado de trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en esta materia.»

JUSTIFICACIÓN

Las funciones propias de un Observatorio de estas características se insertan en el ámbito de ejecución de la legislación laboral competencia de las Comunidades Autónomas y, por tanto, de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos. En consecuencia, el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público Estatal no puede obviar el régimen de distribución competencial vigente relegando a los servicios públicos de empleo autonómicos al papel de meros colaboradores del Observatorio estatal.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 21 del Proyecto de Ley racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa con la siguiente redacción:

«1. El Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica, que tiene por finalidad servir de cauce de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud que se lleven a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado, y que desempeñará las funciones que reglamentariamente se determinen para el cumplimiento de estos fines.»

JUSTIFICACIÓN

La Constitución no reserva al Estado competencia alguna en materia de juventud. La competencia en esta materia corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas, en el caso de la CAPV de conformidad con el art. 10.39 de su Estatuto de Autonomía. El hecho de que sobre la materia «juventud» puedan proyectarse otros títulos competenciales no convierte al Estado en el único garante de las políticas públicas en esta materia, que, en todo caso, deben también desarrollarse por las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos.




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ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 25 del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que dice:

«Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente contenido:

«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el “Boletín Oficial del Estado” previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.

3. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de los anuncios a que se refieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.»

Tres. Se introduce una Disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de la notificación por medio de anuncios.

Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 y en la Disposición adicional vigésima primera resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.»




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JUSTIFICACIÓN

La centralización en el Boletín Oficial del Estado de la totalidad de las notificaciones que deban practicarse por edictos por cualquier Administración Pública resulta contraria al principio descentralización que rige la actuación de las Administraciones Públicas y que se encuentra consagrado en el artículo 103 de la Constitución y está, también, recogido como principio general en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los términos expuestos en el proyecto, la eficacia del acto administrativo queda supeditada a la actuación de dos Administraciones: la Administración actuante en la que se ha conformado el expediente administrativo y la del Estado en quien recae, en los casos en los que resulte necesario proceder a la notificación por medio de edictos, la realización de este acto administrativo que tiene efectos jurídicos en la esfera de los administrados.

La modificación propuesta resulta, además, contraria a los principios de cooperación y colaboración que contempla el artículo 3.2 de la propia Ley 30/1992, en la medida en la que impone al conjunto de Administraciones Públicas un sistema que quiebra la unidad del expediente administrativo al centralizar en un instrumento del Estado, su Boletín Oficial, la notificación preceptiva de los actos administrativos producidos por dichas Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, prevé en su artículo 12, relativo a la publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos, que «la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente»; es decir, que anuda el tablón de anuncios y edictos a la sede electrónica de cada administración competente, situación que se quiebra con la implantación de un tablón edictal único.

Asimismo, la modificación propuesta en el presente Proyecto de Ley colisiona con el artículo 32 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que al regular el expediente electrónico establece la exigencia de que dicho expediente disponga de un índice electrónico que garantice su integridad, siendo que esta integridad se ve alterada al verificarse un requisito esencial para la efectividad del acto administrativo —como es su notificación— en el ámbito de otra Administración Pública que debería disponer, a estos efectos, de un segundo índice dentro un mismo procedimiento.

Además, la propuesta neutraliza de forma absoluta el principio de territorialidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas al establecer un único sistema de notificación por edictos para el conjunto de las Administraciones públicas existentes en el Estado.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 27 del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que dice:

«Artículo 27. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifica la letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado como sigue:




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«b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos se publicará anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, en el que se indicará lugar y plazo de exposición pública de la relación de titulares con notificaciones pendientes.

Esta relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, el órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta individual. La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del Artículo 25 del actual Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de a Disposición transitoria séptima del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que dice:

«Disposición transitoria séptima. Notificaciones catastrales.

La nueva regulación de las notificaciones catastrales en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial prevista en el artículo 29, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la redacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a las notificaciones que hayan de practicarse a partir del día 1 de junio de 2015, aunque los procedimientos de los que deriven se hubieren iniciado con anterioridad.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del Artículo 25 del actual Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone la modificación de la Disposición derogatoria del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, quedando redactado de la siguiente forma:

«Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, y específicamente:

La Ley de 3 de junio de 1940, por la que se constituye en Institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Obra Pía de los Santos Lugares, y reorganizando la Junta de Patronato de la misma.

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 23 de marzo de 1960, sobre reorganización de la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla y el Reglamento de 5 de febrero de 1938, para la aplicación del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, de 14 de diciembre de 1936.

La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y publicidad de los productos del tabaco.

La Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.

El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.

La Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del Artículo 25 del actual Proyecto de Ley.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 39 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Título del proyecto de ley en los siguientes términos:

«Proyecto de Ley de supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de orden administrativo».




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MOTIVACIÓN

Para adecuar el Título al contenido del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del primer párrafo del artículo 4 que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4. Integración de fundaciones en organismos públicos.

El organismo público Programas Educativos Europeos pasará a denominarse Proyección Internacional de las Universidades Españolas y Programas Educativos Europeos (Universidad.es), e integrará la actividad de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es). La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación integrará la actividad de la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación. ICEX España Exportación e Inversiones integrará la actividad de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Red.es integrará la actividad de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La integración de la actividad de las fundaciones en los organismos tendrá lugar mediante la cesión a favor de éstos de todos los bienes y derechos de las fundaciones. La cesión se practicará con ocasión de la liquidación de las fundaciones, en unidad de acto, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros que se menciona en la disposición adicional novena.

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del segundo párrafo del apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por el artículo 5 del presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

/…/

Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria. El organismo autónomo asumirá




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estas funciones en el momento en que se extinga la fundación del sector público estatal Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es) y pasará a denominarse Proyección Internacional de las Universidades Españolas y Programas Educativos Europeos (Universidad.es), subrogándose en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación, excepto los derechos y obligaciones que esta fundación ostenta derivados de su absorción de la extinta Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que están destinados al cumplimiento de los fines de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que se ejecutan en virtud de los fines recogidos en el artículo 3.2 de sus Estatutos, que pasaran al Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la Fundación Universidad.es y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá al Presidente del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada al mismo por el artículo 7 del presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

1. Se autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, a la que corresponden las funciones que le atribuye la presente Ley y la de elevar informes al ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar colaboración a los órganos de evaluación que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1089, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 8.

MOTIVACIÓN

Por considerar que la regulación de la ANECA debe realizarse de conformidad con la nueva Disposición Adicional propuesta por este mismo grupo parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo tercero, del apartado 3, del artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la redacción dada por el presente proyecto de ley, que pasa a tener la siguiente redacción:

/…/

Excepcionalmente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar, de forma motivada y haciendo pública su decisión, la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese caso el procedimiento descrito en el apartado 1.

/…/

MOTIVACIÓN

Se considera necesario alejar cualquier sospecha de arbitrariedad en una decisión discrecional. En este sentido, las decisiones excepcionales requieren un control, debiendo ser motivadas y públicas.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 12.




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MOTIVACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 13.

MOTIVACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 14.

MOTIVACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 15.




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MOTIVACIÓN

Se considera del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en la redacción dada a la misma por el Proyecto de Ley que se enmienda, que tendrá la siguiente redacción:

f) Coordinar, a través del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, una red en todo el territorio del Estado que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, con los distintos organismos que tengan atribuida esta competencia en los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

MOTIVACIÓN

Con seis millones de desempleados, la mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo y de la empleabilidad de los trabajadores es una necesidad que, a la par que exige nuevos recursos económicos, demanda instrumentos de coordinación que analicen de forma conjunta el mercado de trabajo, no la desarticulación de los mismos como hace el Proyecto de Ley.

Es más, esta coordinación se efectúa con los organismos que a tal efecto ya han sido creados y dependen de las competencias de las Comunidades Autónomas, por lo que la eliminación de estos organismos de la dicción del precepto es intrascendente, no supone, en consecuencia, ahorro en el gasto, y sí incide en la eficiencia de las funciones del Observatorio de las Ocupaciones, que pierde su función de coordinación.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 17.

MOTIVACIÓN

No parece procedente la inserción de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades en el Instituto de la Mujer. Ambos organismos tienen el mismo titular, por lo que se cuestiona su efecto sobre la reducción en el gasto público. Se aprovecha para degradar la relevancia institucional propositiva e incidir significativamente en la eficiencia del organismo autónomo, que pierde su especialización. Asimismo, plantea serias dudas sobre la exigencia de un organismo de fomento de la igualdad en cada Estado




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miembro que establece la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

El nuevo organismo se ve privado de sus competencias de impulso y coordinación gubernamental de las distintas políticas públicas relacionadas con la igualdad de trato y eliminación de la discriminación existentes entre hombres y mujeres. Sus funciones quedan diluidas en declaraciones competenciales genéricas sin determinación del órgano de ejecución, que, en cualquier caso, no será el órgano especializado creado al efecto.

Se trata de una reforma impregnada de ideología que elimina la configuración y funciones del organismo sobre la igualdad de trato. Elimina líneas claras de actuación que quedan sumergidas en un principio genérico de no discriminación. Se pierde así la singularidad en el análisis de la perspectiva de género en las políticas públicas.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 18.

MOTIVACIÓN

Al igual que sucede con la fusión entre el Instituto de la Mujer y la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, se aprovecha esta supuesta reordenación para realizar reducciones competenciales significativas, omisiones relevantes, como todas las relativas a la igualdad de trato, y para degradar institucionalmente un órgano de consulta y de coordinación, limitando sus actuaciones. Se cuestiona, asimismo, el cumplimiento de la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada al mismo por el artículo 19 del presente proyecto de ley, que quedará redactado como sigue:

/…/

2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y de forma transversal a cualesquiera asuntos, sin perjuicio de los observatorios que tengan encomendados otras funciones específicas.

/…/




Página 137


MOTIVACIÓN

Se considera de utilidad que exista un Observatorio de Salud con competencias transversales. Sin embargo, no se considera oportuna la supresión de los Observatorios de la Salud de la Mujer o el de Prevención del Tabaquismo.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone supresión del artículo 21.

MOTIVACIÓN

No se justifica por motivos de ahorro la desaparición de instituciones de larga tradición e historia que representan a la juventud. Con la modificación planteada se quiere insonorizar cualquier órgano representativo de la sociedad civil.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 22.

MOTIVACIÓN

Se considera injustificada la necesidad de establecer secciones territoriales del Tribunal de Cuentas en las circunstancias previstas, especialmente cuando se está discutiendo la posibilidad de modificar la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas en los debates que se llevan a cabo en la Cámara en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

Por otra parte, la atribución de una nueva función, en este caso consultiva, al Tribunal de Cuentas no puede llevarse a cabo mediante una disposición adicional en su Ley de funcionamiento, puesto que las funciones de dicho Tribunal están previstas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, por exigencia del artículo 136.4 de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.




Página 138


ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificación del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, en la redacción dada al mismo por el artículo 23 del presente proyecto de ley, que queda redactado en los siguientes términos:

4. Para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia, expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que se encuentren integradas en las federaciones deportivas españolas, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente, que en todo caso deberán contemplar una compensación económica a las federaciones deportivas españolas por el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en su marco legal y reglamentario.

El importe de esa compensación será aprobado, cada temporada deportiva, por la Asamblea General de la federación española correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de una Comisión Interterritorial Federativa cuya composición y funcionamiento será regulado reglamentariamente.

Las condiciones y requisitos de la expedición de la licencia se establecerán reglamentariamente por la administración estatal, para el ámbito de participación nacional y por la autonómica para el de cada Comunidad Autónoma correspondiente entrando en vigor en el momento en el que se inscriba en el registro oportuno de la federación española que corresponda.

En los supuestos de inexistencia de federación autonómica o cuando ésta no se hallare integrada en la federación deportiva española, la expedición de las licencias habilitadas para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal será competencia de la federación deportiva española.

Corresponde a las federaciones españolas la elaboración y permanente actualización del censo de licencias federativas habilitadas para la participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal, al que se tendrá acceso conforme a la forma reglamentaria que se adopte, respetando en todo caso la legislación en materia de Protección de Datos.

Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva válida para la participación en las competiciones mencionadas en el párrafo primero, quienes hayan sido objeto de sanción por dopaje, en cualquier ámbito deportivo mientras ésta esté vigente. Esta inhabilitación impedirá al deportista gozar de cualquier reconocimiento que hubiera podido obtener por su condición de deportista de alto nivel. Las administraciones públicas competentes acordarán y establecerán los mecanismos que permitan aplicar eficazmente las sanciones establecidas en cualquier ámbito deportivo por motivo de dopaje.

Quienes traten de obtener una licencia habilitada para las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.

MOTIVACIÓN

A pesar de las modificaciones incorporadas en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, positivas respecto del texto inicial remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Socialista sigue sin compartir en su integridad esta nueva regulación que afecta a las licencias deportivas. El proyecto de ley vulnera la distribución de competencias entre Estado y CCAA establecida en la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Por tanto, se propone una redacción que contempla un sistema alternativo y respetuoso con el bloque de constitucionalidad.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. Dos.




Página 139


ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado dos del artículo 24 del presente proyecto de ley por el que se suprime el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

MOTIVACIÓN

Se considera razonable la admisión de diferentes certificados para contribuir a aumentar la facilidad y el uso de la Administración electrónica, pero no se considera que en esta tarea se deba suprimir las especificaciones del actual artículo 15.2 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 25.

MOTIVACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías para la ciudadanía que este artículo puede suponer en la notificación administrativa, además de ser irrespetuoso con las competencias autonómicas y locales.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 26.

MOTIVACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías que este artículo puede suponer en la notificación administrativa, además de ser irrespetuoso con las competencias autonómicas y locales.




Página 140


ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 27.

MOTIVACIÓN

No se comparte la pérdida de garantías que este artículo puede suponer en la notificación administrativa.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de los apartados uno, dos, tres y cuatro del artículo 28 del presente proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

MOTIVACIÓN

Además de discrepar de cuestiones de fondo que plantea este artículo 28, la modificación de aspectos sustanciales del Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, como supone dicho artículo, requiere una norma y un debate específicos. En cualquier caso, y en coherencia con esta enmienda, este grupo parlamentario ha planteado una nueva disposición adicional en relación a esta Ley 7/2007 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Primera.




Página 141


MOTIVACIÓN

El Consejo de la Juventud es un órgano de participación fundamental para mantener los cauces de comunicación de las instituciones con la sociedad civil.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone modificación de la redacción de la Disposición adicional segunda, que quedará redactada en los siguientes términos:

Disposición adicional segunda. Supresión del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.

Queda suprimido el Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, regulado en la Orden de 24 de noviembre de 1998 por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, órgano colegiado adscrito al Plan Nacional sobre Drogas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.

MOTIVACIÓN

No debe suprimirse el Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas porque es necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la modificación de la Disposición Adicional Tercera, que quedará redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera. Supresión de Observatorios en el ámbito de la salud.

Quedan suprimidos el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Observatorio de Salud y Cambio Climático, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2009.»




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MOTIVACIÓN

Se considera que no deben ser suprimidos los Observatorios relativos a la prevención del Tabaquismo y el de Salud de la Mujer, cuyas funciones específicas deben estar garantizadas.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 17 de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Adicional Sexta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al articulado de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional duodécima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional duodécima.




Página 143


MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas al articulado de este mismo proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional con la siguiente redacción:

«(Nueva) Disposición adicional… Autorización para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

1. Se autoriza al Gobierno a crear la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que corresponden las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a la que será de aplicación la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos.

2. El Gobierno creará en el plazo máximo de seis meses la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) mediante la aprobación de su estatuto. Una vez extinguida la Fundación ANECA, la Agencia Estatal se subrogará en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica. Se considera una formulación más adecuada que la propuesta por el proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición Adicional Nueva con la siguiente redacción:

(Nueva) Disposición Adicional… Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y recuperación de los derechos laborales de los Funcionarios Públicos.

Primero. Se modifica el artículo 48 que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Permisos de los funcionarios públicos.

1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes:




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a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días.

2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»

Segundo. Se modifica el artículo 50 que quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.




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Tercero. Se suprime el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como su normativa de desarrollo.

Cuarto. Se suprime la Disposición adicional 38ª de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, así como su normativa de desarrollo.»

MOTIVACIÓN

Los empleados públicos han soportado como colectivo una disminución de derechos económicos y laborales que no debemos seguir manteniendo. El Grupo Socialista considera que se debe regresar a la situación previa a 2012 para restituir los permisos y también las circunstancias laborales en caso de enfermedad.

La regulación de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales ha sido un error. Se basó en un imaginario artificial sobre el absentismo, sobre concepto equívoco y unas medidas desproporcionadas.

El absentismo debe concebirse como la ausencia injustificada al trabajo y no, en sentido amplio, como la ausencia al trabajo con independencia de la causa que lo motiva (esto es, vacaciones, licencias, permisos, y enfermedad, siendo este el concepto que ha llevado a la reducción de los días por asuntos propios o la reducción de los días adicionales por vacaciones). Es en el sentido estricto del absentismo en el que se deben arbitrar las medidas oportunas para combatir los abusos.

La regulación actual resulta punitiva y elevan a categoría el caso patológico que hay que combatir por otros medios. En la práctica, se producen situaciones tan escasamente equitativas como el hecho de que el nivel del salario puede ser determinante en la decisión de un trabajador enfermo o en proceso de recuperación de asistir al trabajo, de forma que aquellos que necesiten el sueldo para vivir no puedan permitirse el lujo de esta de baja a pesar de que su situación lo requiera.

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Primera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda. 1.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone la modificación del apartado 1 de la Disposición Transitoria segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:

1. El órgano colegiado adscrito al Plan Nacional sobre Drogas al que se refiere la disposición adicional segunda seguirá desempeñando sus funciones, de conformidad con su normativa reguladora, hasta el momento de la constitución del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones creado en el artículo 20 de esta ley.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al artículo 17 del proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.




Página 147


ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Séptima.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Octava.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de los siguientes párrafos de la Disposición derogatoria única:

Tercer párrafo: «Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo, del Consejo de la Juventud de España».

Quinto párrafo: «El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de venta, el suministro y publicidad de los productos del tabaco».

Séptimo párrafo: «La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo».

Noveno párrafo: «El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas».

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.




Página 148


ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la modificación de la Disposición final quinta, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición final quinta. Títulos competenciales.

Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado:

Los artículos 24 y 25, y la Disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y en materia de procedimiento administrativo común.

El artículo 29 se dicta al amparo del artículo 149.1.4.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.

La Disposición Adicional (Nueva) «…» (que modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), tiene tienen carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

La Disposición final tercera, se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que establece la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y régimen general de comunicaciones.

La Disposición final cuarta se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, sobre legislación mercantil.

El Anexo se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª, sobre legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la modificación de la Disposición final novena, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.




Página 149


MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 19 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Palacio del Senado, 9 de junio de 2014.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un punto «V», antes del antepenúltimo párrafo del Preámbulo «En último lugar, se introducen varias medidas relativas al régimen de los empleados públicos.

(…)»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 4 que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Integración de fundaciones en organismos públicos.

El organismo público Programas Educativos Europeos integrará la actividad de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es) y pasará a denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación integrará la actividad de la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación. ICEX España Exportación e Inversiones integrará la actividad de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Red.es integrará la actividad de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La integración de la actividad de las fundaciones en los organismos tendrá lugar mediante la cesión a favor de éstos de todos los bienes y derechos de las fundaciones. La cesión se practicará con ocasión de la liquidación de las fundaciones, en unidad de acto, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros que se menciona en la disposición adicional novena.




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Los órganos de gobierno de los organismos públicos adoptarán cualesquiera actuaciones sean precisas para integrar la actividad de las fundaciones en el Acuerdo mencionado en la disposición adicional novena.

La integración no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantengan las fundaciones citadas, quedando los organismos públicos subrogados en las citadas relaciones jurídicas.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la modificación del nombre Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) por Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que englobará las funciones encomendadas tanto al OAPEE como a Universidad.es. Con ello se pretende fomentar la internacionalización y la competitividad del sistema educativo español y la creación de sinergias en el ámbito educativo.

La necesidad de esta modificación deriva de la asunción por parte del Organismo Autónomo de las funciones de Universidad.es, entre cuyas actividades destaca la proyección internacional de las universidades españolas, que incluye la atracción de talento y la gestión de programas de movilidad académica hacia España financiados exclusivamente por gobiernos extranjeros, entre los que destacan los de países asiáticos o iberoamericanos, resultando inadecuada, por tanto, la mención del término «Europeo» en el nombre del Organismo resultante de la fusión.

A mayor abundamiento, el SEPIE asume funciones de internacionalización análogas al DAAD alemán (Servicio Alemán de Intercambio Académico, por sus siglas en alemán), NUFFIC en Países Bajos (Organización Holandesa para la Cooperación en Educación Superior) o Campus France en Francia, por lo que es conveniente que las universidades españolas, en la competencia global por la atracción de talento, estén apoyadas por un organismo con denominación análoga a los europeos mencionados, y no por un organismo con la denominación «europeo» en su título.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 5, segundo párrafo, que tendrá la siguiente redacción:

«Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria. El organismo autónomo asumirá estas funciones en el momento en que se extinga la fundación del sector público estatal Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades españolas (Universidad.es), y con la nueva denominación de Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), subrogándose en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación, excepto los derechos y obligaciones que esta fundación ostenta derivados de su absorción de la extinta Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que están destinados al cumplimiento de los fines de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que se ejecutan en virtud de los fines recogidos en el artículo 3.2 de sus Estatutos, que pasarán al Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la Fundación Universidad.es y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, corresponderá al presidente del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

(Resto igual)»




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JUSTIFICACIÓN

Coincidente con la justificación de la enmienda al art. 4.

ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado 3 a la redacción propuesta para el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, con la siguiente redacción:

«3. La ANECA podrá participar en los procedimientos de homologación y reconocimiento de equivalencias a títulos universitarios españoles y correspondencia de nivel académico, en los términos que se determinen reglamentariamente. La iniciación de estos procedimientos devengará una tasa.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica. En congruencia con las nuevas responsabilidades de la ANECA.

ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 12 al que se añade un tercer párrafo:

«Artículo 12. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo determinado si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.»




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JUSTIFICACIÓN

Clarificar como proceder en la sustitución de la prestación de servicios de municipios afectados por la redacción de los artículos 26 y 36 de la LRBRL entre municipios y diputaciones, cuando estaban siendo prestados mediante un consorcio y el municipio decide dejar de prestarlo por no tener carácter obligatorio.

ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 23 que queda redactado como sigue:

«Artículo 23. Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte.

Se modifica el apartado 4 del artículo 32 de la ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, que queda redactado en los siguientes términos:

“4. Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la correspondiente federación estatal, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la federación estatal correspondiente las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular y del número de licencia. Las federaciones de ámbito estatal integrarán en un único registro la información obrante en los registros de las federaciones autonómicas, que deberán mantener permanentemente actualizado para una adecuada supervisión y control de los titulares de las licencias, de acuerdo con la legislación vigente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexistencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica no se hallare integrada en la federación estatal, la expedición de licencias será asumida por la federación correspondiente de ámbito estatal. También a ésta le corresponderá la expedición de aquellas licencias para las que sea necesario contar con un visado o autorización previa de la federación deportiva internacional correspondiente, y en particular cuando así se desprenda de lo dispuesto en los estatutos de dichas federaciones internacionales.

Las federaciones determinarán el reparto económico de la cuantía de la licencia siguiendo los criterios que se determinen reglamentariamente. Entre estos criterios se incluirán los servicios recíprocamente prestados entre la federación estatal y las autonómicas. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General respectiva, debiendo contar, además, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los responsables de las federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. Estas federaciones deberán representar, a su vez, al menos las dos terceras partes de las licencias de esa modalidad deportiva. En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un acuerdo para la determinación de la cuantía económica que corresponde a cada federación autonómica y a la federación estatal, dicha determinación se someterá a decisión de un órgano independiente, cuyo Presidente y demás miembros serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior de Deportes y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas.




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Corresponde a las federaciones de ámbito estatal la elaboración y permanente actualización del censo de licencias deportivas, que deberá estar a disposición de todas las federaciones autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios censos o registros de las licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación en materia de protección de datos.

Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en las competiciones de cualquier modalidad deportiva a las que hace referencia el párrafo primero los deportistas y demás personas de otros estamentos que hayan sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el internacional, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas competentes reconozcan o mantengan la condición de deportista a o técnico de alto nivel. El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar en competiciones oficiales. De igual forma y en los mismos términos que el párrafo anterior, no podrán obtener licencia aquellas personas que se encuentren inhabilitadas, como consecuencia de las infracciones previstas en la legislación Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y en su caso en la normativa autonómica vigente. Todo lo dispuesto en este párrafo se entenderá en los términos que establezca la legislación vigente en materia de lucha contra el dopaje.

Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica.

ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado cinco del artículo 28.

Donde dice:

Cinco. Se añade una Disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimotercera. Personal militar que preste servicios…»

Debe decir:

Cinco. Se añade una Disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción: «Disposición adicional duodécima. Personal militar que preste servicios…»

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica.




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ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añaden tres nuevos apartados (seis y siete y ocho) al artículo 28 del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa con la siguiente redacción:

Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

[…]

Seis. Se añade una Disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera decimocuarta. Especialidades en caso de declaración judicial de irregularidad en la contratación de las Administraciones Públicas.

1. En aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, las disposiciones previstas en los artículos 15.1, 15.3, 15.5 y 43 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, surtirán efectos en el ámbito de las Administraciones públicas en los términos previstos en los apartados siguientes, que resultarán igualmente de aplicación ante cualquier otro supuesto del que pueda derivarse una relación indefinida no fija con la Administración, declarada por sentencia.

En todo caso, la irregularidad derivada por alguna de estas causas no será obstáculo para la obligación de la Administración de proceder a la cobertura del puesto de trabajo o a su amortización, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

2. En cumplimiento de esta previsión:

a) En caso de puestos de trabajo de necesaria cobertura, el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se proceda a dicha cobertura por los procedimientos de provisión aplicables a las Administraciones Públicas, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que dicho trabajador acceda al empleo público, superando un proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

b) En caso de puestos de trabajo que no fueren de necesaria cobertura, la extinción de la relación laboral se producirá con la amortización del mismo a través de los procedimientos de supresión de puestos de trabajo propios de la Administración de que se trate, con los efectos económicos señalados en el apartado c) del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, sin que resulten por tanto de aplicación en este supuesto los procedimientos y efectos previstos para el despido en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia del número de trabajadores afectados. La Administración deberá dictar, en todo caso, resolución sobre el carácter innecesario de la provisión del puesto.

Todo ello sin perjuicio de que, si por concurrir causas económicas, técnicas u organizativas, la Administración afectada promoviese un despido colectivo, los trabajadores a que se refieren las letras a) y b) precedentes, cuyos puestos no hubieran sido objeto de cobertura o amortización, pudieran verse afectados también por dicha medida, en los términos y con los efectos previstos en la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores.

3. A los efectos previstos en esta disposición:

a) Tendrán la consideración de Administración Pública los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

b) Se entenderá que no son de necesaria cobertura, entre otros, los trabajos destinados a cubrir una necesidad temporal, los que respondan a la realización de un proyecto o prestación específica, cualquiera que sea su sustantividad, los que tengan su origen en una colaboración social, los correspondientes a




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servicios cuya prestación hubiera sido contratada externamente por la misma con arreglo a lo previsto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en relación con las contrataciones que se efectúen en virtud de encomiendas de gestión, cualquiera que fuera la causa que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido no fijo.»

Siete. Se añade una disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de esta Ley, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados, no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años, ni a los contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica a que se refieren los artículos 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sólo se tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en dicho artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley. Los párrafos primero y segundo del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores no serán tampoco de aplicación a los contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica a que se refieren los artículos 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Igualmente, no serán de aplicación a los contratos de carácter especial de artistas en espectáculos públicos, a los que se refiere el apartado e) del artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuando éstos se celebren en el ámbito de las Administraciones Públicas.»

Ocho. Se añade una disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta. Ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta del Estatuto Básico del Empleado Público y vigésima del Estatuto de los Trabajadores.

A efectos de lo dispuesto en las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta de esta Ley y en el segundo párrafo de la disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, también tendrán la consideración de Administración Pública el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.»




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JUSTIFICACIÓN

Con todo ello, lo que se pretende es incrementar la eficiencia en los recursos humanos disponibles a fin de mejorar las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, introduciendo elementos de garantía jurídica y laboral para los trabajadores, y clarificando así un ámbito que hasta el momento carecía de referente normativo expreso.

ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 29.

ENMIENDA

De adición.

Articulo (nuevo) XX. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 17 en los siguientes términos:

«b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley; diario oficial o sitio electrónico donde se contenga la convocatoria y que permita su enlace desde la BDNS; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes que, a efectos de lo previsto en el artículo 20.8.a, contará a partir de la fecha de inserción del anuncio de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones salvo que la convocatoria demore el inicio a una fecha posterior».

Dos. Se modifica el artículo 18 con el siguiente contenido:

«Artículo 18. Publicidad de las subvenciones.

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20.

3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.

4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.»

Tres. Se modifica el artículo 20 en los siguientes términos:

«Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas.




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2. La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentariamente podrá establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya a los fines de la Base de Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea o a la coordinación de las políticas de cooperación internacional y demás políticas públicas de fomento.

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

Igualmente contendrá la identificación de las personas o entidades incursas en las prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición.

3. La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos y entidades contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5; las entidades que según ésta u otras leyes deban suministrar información a la base de datos y los organismos que reglamentariamente se determinen en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y otras ayudas públicas.

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido:

a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de datos.

b) En las Comunidades autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma.

c) En las Entidades locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local.

La prohibición de obtener subvenciones prevista en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13, será comunicada a la BDNS por el Tribunal que haya dictado la sentencia o por la autoridad que haya impuesto la sanción administrativa; la comunicación deberá concretar las fechas de inicio y finalización de la prohibición recaída; para los casos en que no sea así, se instrumentará reglamentariamente el sistema para su determinación y registro en la Base de datos.

La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

5. La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

a) La colaboración con las Administraciones públicas y los órganos de la Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.

b) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.

c) La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social en el ámbito de sus competencias.

d) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.

e) La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.

f) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.




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g) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las funciones que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

h) La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.

i) La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y la Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la competencia.

En estos casos, la cesión de datos será realizada preferentemente mediante la utilización de medios electrónicos, debiendo garantizar la identificación de los destinatarios y la adecuada motivación de su acceso.

Se podrá denegar al interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control.

6. Dentro de las posibilidades de cesión previstas en cada caso, se instrumentará la interrelación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones con otras bases de datos, para la mejora en la lucha contra el fraude fiscal, de Seguridad Social o de subvenciones y Ayudas de Estado u otras ayudas. En cualquier caso, deberá asegurarse el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos cedidos.

7. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas que tengan conocimiento de los datos contenidos en la base de datos estarán obligados al más estricto y completo secreto profesional respecto a los mismos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos:

a) los anuncios de las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, las administraciones concedentes, inmediatamente después de publicar la convocatoria y como requisito de su validez, comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información necesaria para dar publicidad de todas las convocatorias sujetas a esta ley. La BDNS suministrará un enlace al sitio electrónico que contenga la convocatoria y permitirá acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública del anuncio.

b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. Igualmente deberá informarse, cuando corresponda, sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 y, en caso de subvenciones plurianuales, sobre la distribución por anualidades. No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.




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9. La Base de Datos Nacional de Subvenciones podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves. En concreto, se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese impuesto y la subvención a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y durante el tiempo que así se establezca.

10. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las Instrucciones oportunas para concretar los datos y documentos integrantes de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la información que sea objeto de publicación para conocimiento general y el plazo de su publicación, que se fijarán de modo que se promueva el ejercicio de sus derechos por parte de los interesados.»

Cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 23 con el siguiente contenido:

«2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado o en el sitio electrónico que se haya previsto en las bases reguladoras y deberá anunciarse en la BDNS computando la fecha de inserción del anuncio como inicio del plazo para la presentación de solicitudes salvo que la convocatoria demore el inicio a una fecha posterior. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 47 con la siguiente redacción:

«5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Intervención General de la Administración del Estado para el ejercicio de sus funciones de control financiero conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»

Seis. Se modifica el artículo 57, sustituyendo la letra f que queda con la siguiente redacción:

«f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.»

Siete. Se modifica el artículo 62, añadiéndose un apartado 3:

«3. Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 no cumplan con la obligación de suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación.

En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración General del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancionador al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 63 con el siguiente contenido:

«3. El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.»

Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 66 con la siguiente redacción:

«4. El expediente sancionador por incumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones contemplado en el apartado 3 del artículo 62 será iniciado por acuerdo del Interventor General de la Administración del Estado y la resolución será competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, cuando el responsable de la infracción sea un órgano de la Administración General del Estado, los órganos competentes serán los establecidos




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en el artículo 31 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

Diez. Se añade una nueva disposición adicional. Colaboración del Ministerio de Justicia con la Intervención General de la Administración del Estado.

«El Ministerio de Justicia proporcionará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, la información referida a las penas y medidas de prohibición de acceso a subvenciones contenida en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, sin que para ello sea preciso requerir la autorización de los interesados. A partir de su puesta en marcha, la obligación impuesta a los Tribunales en el artículo 20.4 será instrumentada a través de esta medida.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo Capítulo, a continuación del artículo 27, en el que se integrarían todas las medidas reguladas desde del artículo 28 del proyecto de Ley.

«Capítulo IV. Medidas de Función Pública

Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo primero del apartado 1 de la Disposición transitoria primera, que queda redactado como sigue:

«1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se constituirá la entidad corporativa de base privada prevista en el artículo 21. Hasta tanto se constituya la referida entidad




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corporativa de base privada y, como máximo, hasta que transcurra dicho plazo de seis meses, el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España al que se refiere la disposición adicional primera continuara desempeñando sus funciones de conformidad con sus normas de creación y funcionamiento.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Nueva Disposición Transitoria.

Se añade una nueva disposición transitoria (novena) al Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria novena. Régimen aplicable a las declaraciones de indefinidos no fijos dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

La disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a todas aquellas relaciones jurídicas de indefinidos no fijos que se mantuviesen con la Administración en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que fuere la fecha de la declaración como indefinido no fijo del trabajador afectado o la causa que la hubiese motivado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 175

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición Transitoria al Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa con la siguiente redacción:

«Disposición Transitoria XXX. Régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.




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Lo previsto en el artículo 28, apartado cuatro de esta Ley, por el que se modifica el artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a la misma que hayan sido cesados en un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre designación, será de aplicación a los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera objeto de supresión, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración»

JUSTIFICACIÓN

La introducción de esta Disposición transitoria es necesaria para preservar la situación jurídica de los funcionarios de carrera que hubieran obtenido destino en un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en una Administración Pública distinta de la suya de origen, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, con el fin de otorgar seguridad jurídica y evitar posibles perjuicios derivados de un cambio de destino, protegiendo de este modo las situaciones familiares, económicas y personales consolidadas al amparo de la actual redacción del artículo 84.3 del EBEP.

ENMIENDA NÚM. 176

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición transitoria al Proyecto de Ley.

«Disposición transitoria XXX. Régimen transitorio de los procedimientos.

El régimen sancionador previsto en el articulo xxx (de modificación de la Ley 38/2003) será de aplicación a las subvenciones concedidas de acuerdo con la anterior normativa siempre que el régimen jurídico sea más favorable que el previsto en la legislación anterior.

La modificación recogida en el artículo 20.8, y las correlativas de los artículos 17.3.b, 18 y 23.2, serán de aplicación a las subvenciones convocadas o concedidas a partir del 1 de enero de 2016. No obstante, a efectos de dar cumplimiento a las previsiones recogidas en los artículos 8.1.c) y 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS dará publicidad a las subvenciones y ayudas públicas concedidas a personas jurídicas por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculantes o dependientes, con indicación de la convocatoria e importe concedido a partir de la entrada en vigor del citado artículo 10.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.




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ENMIENDA NÚM. 177

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición derogatoria, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, y específicamente:

— La Ley de 3 de junio de 1940, por la que se constituye en Institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Obra Pía de los Santos Lugares, y reorganizando la Junta de Patronato de la misma.

— La Orden del Ministerio de la Gobernación de 23 de marzo de 1960, sobre reorganización de la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla y el Reglamento de 5 de febrero de 1938, para la aplicación del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, de 14 de diciembre de 1936.

— La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

— La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

— El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y publicidad de los productos del tabaco.

— La Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

— La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

— La Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

— La disposición adicional decimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

— El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.

— El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.

— La Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.»

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2014, que modifica el Texto Refundido de la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia de la enmienda añadiendo un nuevo párrafo en la disposición derogatoria.

ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final quinta del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa con la siguiente redacción:

«Disposición final quinta. Títulos competenciales.

Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado:

— Lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II, relativa a los consorcios, tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

— Los artículos 24 y 25, y la Disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y en materia de procedimiento administrativo común.

— El artículo 26 y el artículo 27 se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General y Deuda del Estado.

— Los apartados uno a cinco del artículo 28 y la Disposición adicional duodécima (permiso por asuntos particulares), tienen carácter básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

— Los apartados seis a ocho del artículo 28 y la disposición transitoria novena se dictan al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

— El artículo 29 se dicta al amparo del artículo 149.1.4.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.

— La Disposición final tercera, se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que establece la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y régimen general de comunicaciones.

— La Disposición final cuarta se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, sobre legislación mercantil.

— El Anexo se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª, sobre legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.»




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JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica.

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Final con la siguiente redacción:

«Disposición Final XX. Modificación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se propone la modificación del artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en los siguientes términos:

Artículo 28. Tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros.

Uno. Creación de la tasa.

Se crea la tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, de un expediente de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico de títulos extranjeros de educación superior, o bien de un expediente de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros de educación no universitaria.

Tres. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación de la solicitud de homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación. La justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la tramitación del expediente.

Cuatro. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación de títulos o estudios extranjeros.

Cinco. Cuantía.

1. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

Euros
a) Solicitud de homologación al título español de Doctor. 118
b) Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 80



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Euros
c) Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 40
d) Solicitud de homologación al título Superior de Música, Danza o Arte Dramático. 80
e) Solicitud de homologación al título español de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, o Título Profesional de Música o Danza. 40
f) Solicitud de homologación al título español de Técnico de Formación Profesional, Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo. 40
g) Solicitud de homologación al título español de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 40
h) Solicitud de homologación al Certificado de Aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 40
i) Solicitud de convalidación por cursos o módulos de enseñanzas españolas de nivel no universitario. 20
j) Solicitud de homologación a un título español universitario de Grado o Máster. 160
k) Solicitud de equivalencia a titulación y a nivel académico. 160

2. Cuando se trate de títulos o estudios no mencionados expresamente en los subapartados anteriores, se aplicará la cuantía correspondiente al título o estudios equivalentes por sus efectos o nivel académico.

Seis. Exenciones.

No se devengará tasa alguna por la solicitud de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de especialidades en Ciencias de la Salud.

Siete. Gestión y recaudación.

1. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Hacienda, siéndole aplicable lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

2. No obstante, en aquellos países de residencia de los solicitantes en que no exista entidad de depósito autorizada, el ingreso se verificará mediante su ingreso en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito para este fin.

3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los servicios competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica. En congruencia con las nuevas responsabilidades de la ANECA derivadas de los artículos 7 y 8 de este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Final con la siguiente redacción:

«Disposición Final XX. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se propone la modificación del anexo II de la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en los siguientes términos:

Procedimiento Norma reguladora Artículo
Los procedimientos de expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación, reconocimiento, correspondencia y equivalencia a titulación y a nivel académico de títulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados académicos o profesionales.

(resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica. En congruencia con las nuevas responsabilidades de la ANECA derivadas de los artículos 7 y 8 de este Proyecto de Ley.


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