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BOCG. Senado, apartado I, núm. 355-2451, de 28/05/2014
cve: BOCG_D_10_355_2451
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

(621/000069)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 80


Núm. exp. 121/000080)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 38 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 22 de mayo de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

El título del Proyecto de Ley, queda redactado en los siguientes términos:

«Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y por la que se modifican diversas leyes del sector financiero.»

MOTIVACIÓN

Compartimos con el Consejo de Estado que el título del Proyecto de Ley no resulta exacto. Si bien el contenido básico es la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2013/36/UE en lo que




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respecta a las entidades de crédito, también se modifican otras leyes en el ámbito financiero. En particular se produce una modificación sustancial de la Ley 24/1988 del Mercado de valores.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5. 2. c.

ENMIENDA

De modificación.

La letra c) del apartado 2 del artículo 5, queda redactada en los siguientes términos:

«c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de los tipos en los préstamos o créditos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia, estableciendo horquillas que eliminen riesgos excesivos para los clientes.»

MOTIVACIÓN

Potenciar los derechos de los clientes de servicios o productos bancarios.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.

ENMIENDA

De modificación.

En el primer inciso del primer párrafo del apartado 1 del artículo 17, la expresión «o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 por ciento», se sustituye por la expresión «o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30, 40 ó 50 por ciento».

MOTIVACIÓN

Enmienda técnica.




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ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 24. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 24, con la siguiente redacción:

«2 bis (nuevo). En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los requisitos de idoneidad serán exigibles a las categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales a las que hace referencia el artículo 32.1 de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

Los requisitos de idoneidad deben extenderse a las categorías de personal a las que hace referencia el artículo 32.1 al regular la política de remuneraciones. En particular: altos directivos, empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos y empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 29. 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el apartado 3 del artículo 29, con la siguiente redacción:

«f) (nueva) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en el resto de normativa que afecte a las actividades de la entidad de crédito.»

MOTIVACIÓN

Se propone recoger esta previsión como función indelegable del consejo de administración.




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ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 29. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 29, queda redactado en los siguientes términos:

«4. El presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el cargo de consejero delegado.»

MOTIVACIÓN

Una de las funciones indelegables del consejo de administración es garantizar una supervisión efectiva de la alta dirección. Esta supervisión es imposible si puede ser compatible el cargo de consejero delegado con el de presidente del consejo de administración. Por tanto, se propone suprimir la salvedad de que ello sea posible si la entidad de crédito lo justifica y el Banco de España lo autoriza.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 31. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 31. Comité de nombramientos.

1. Las entidades de crédito deberán constituir un comité de nombramientos, integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros y, en todo caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir el segundo párrafo del apartado 1. Entendemos que todas las entidades de crédito deben constituir un comité de nombramientos con miembros no ejecutivos y en ningún caso hacerlo de manera conjunta con el de remuneraciones. Ambos comités deben estar separados y tener sustantividad propia para evitar en la medida de lo posible que los grupos de interés, además de «colocar» a sus afines, también fijen sus retribuciones.




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ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 33.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 33 bis (nuevo). Elementos fijos de la remuneración.

La fijación de los componentes fijos de la remuneración de las categorías de personal a las que se refiere el artículo 32.1 evitará establecer incentivos que supongan asumir riesgos que rebasen el nivel tolerado por la entidad de crédito. En este sentido, el componente fijo individual de la remuneración no podrá superar, en ningún caso, el 30 por ciento de la remuneración total.»

MOTIVACIÓN

La retribución fija está compuesta por un fijo sectorial, un fijo de empresa y un fijo individual. Se puede argumentar, siempre con matices, que los fijos sectorial y de empresa son neutros en cuanto a la toma de riesgos, pero el fijo individual es otra cuestión.

El fijo individual es una cantidad importante de la remuneración. Puede ser similar a la suma del fijo sectorial y de empresa o incluso superior. Y este componente incorpora un incentivo a la repetición de políticas de toma de riesgos que aseguren la permanencia y los intereses de los grupos que determinan la existencia de dichos incentivos.

Esto es así porque a la cantidad que supone el fijo individual se accede a través de procesos de selección por medio de empresas especializadas (normalmente vinculadas a grupos de interés), procesos de incorporación directa desde escuelas de negocios (directamente vinculadas a grupos de interés) o procesos de incorporación directa desde empresas del sector, en función de la experiencia en las mismas y en relación a la ejecución adecuada de las políticas de la propiedad, valoradas por intermediarios pertenecientes a grupos de interés.

Se propone, por tanto, minimizar las retribuciones fijas individuales.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

La letra a) del apartado 1 del artículo 34, queda redactada en los siguientes términos:

«a) Los componentes variables de la remuneración estarán vinculados exclusivamente a los resultados, entendidos a estos efectos como los beneficios propios de la explotación del objeto social, y su importe total se basará en una evaluación en la que se combinen los resultados del individuo, valorados




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conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de negocio afectada, y los resultados globales de la entidad de crédito y su grupo.»

MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta, tal y como establece el artículo 33 (ordinal 2.º de la letra e) del apartado 1) del Proyecto de Ley, que la remuneración variable debe reflejar un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, se propone que esté exclusivamente vinculada a los beneficios ordinarios, excluyendo atípicos o vinculaciones a otros índices que la experiencia ha demostrado exacerban el riesgo más allá de lo admisible.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. d.

ENMIENDA

De modificación.

La letra d) del apartado 1 del artículo 34, queda redactada en los siguientes términos:

«d) Queda prohibida cualquier remuneración variable garantizada.»

MOTIVACIÓN

La remuneración variable garantizada es incompatible con una gestión sana y sensata de los riesgos y con el principio de recompensar el rendimiento.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. e.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la letra e) del apartado 1 del artículo 34.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.




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ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. g.

ENMIENDA

De modificación.

La letra g) del apartado 1 del artículo 34, queda redactada en los siguientes términos:

«g) Las entidades establecerán las ratios apropiadas entre los componentes fijos y los variables de la remuneración total. En cualquier caso, el componente variable no será superior al cien por cien del componente fijo de la remuneración total de cada individuo.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir cualquier nivel superior al cien por cien del componente fijo de retribución variable.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. n.

ENMIENDA

De modificación.

El primer párrafo de la letra n) del apartado 1 del artículo 34, queda redactado en los siguientes términos:

«n) La Junta General de accionistas será la única competente para decidir sobre el pago o consolidación de la remuneración variable de cada individuo. La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará o se consolidará únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la entidad en su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados de la entidad, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.»

MOTIVACIÓN

Reconocer la competencia exclusiva de la Junta General en materia de pagar o consolidar remuneraciones variables de cada individuo que, en todo caso, se pagarán o se consolidarán únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la entidad en su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados de la entidad, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.




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ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 35.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 35. Entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

En el caso de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, se aplicarán los siguientes principios:

a) Los miembros del consejo de administración y los directivos de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales percibirán exclusivamente una remuneración fija por el desempeño de su función o cargo, no pudiendo percibir ninguna otra cantidad, sea variable o de beneficios discrecionales de pensiones, en tanto subsista el apoyo financiero público.

En tanto subsista el apoyo financiero público las personas a que se refiere el párrafo anterior no percibirán indemnización alguna, pensiones de cualquier clase o blindaje, cualquiera que sea el título laboral, mercantil o de otra naturaleza que se invoque, que se deriven de sus relaciones con la entidad de crédito, aunque aquellas sean prestadas por un tercero o se perciban con carácter diferido una vez cese el apoyo financiero público.

Durante el tiempo que la entidad de crédito reciba apoyo financiero público no podrá adoptar acuerdos ni celebrar ningún negocio jurídico, cualquiera que sea su naturaleza, forma o causa que atribuya a sus administradores y directivos derecho alguno distinto de la retribución fija que se establece en la letra b) de este artículo, aunque el momento del ejercicio o disfrute de ese derecho se difiera en el tiempo para el momento en que cese el apoyo financiero público.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público ajustarán obligatoriamente y para el tiempo en que dure el apoyo financiero la retribución de sus administradores y directivos a las condiciones establecidas con carácter imperativo en la letra b) de este artículo.

b) Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, como requisito previo necesario para disfrutar del mismo, deberán adaptar sus estatutos sociales y sus reglamentos internos, modificar sus acuerdos sociales y los contratos que regulan su relación con sus administradores y directivos a lo dispuesto en este artículo. En particular deberán observarse las siguientes reglas:

Se limitará la retribución de los administradores y directivos tomando como referencia la media aplicada a colectivos similares de las entidades equiparables a la entidad de crédito que reciba el apoyo financiero, tomando en cuenta su tamaño y complejidad de gestión, así como las funciones que efectivamente desempeñe cada administrador y directivo. En todo caso, el total de las remuneraciones de cada administrador y directivo no podrá superar las cuantías máximas anuales, por todos los conceptos, estatutarios o de cualquier otra naturaleza o clase siguientes:

— Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades de crédito que reciban apoyo financiero público: un máximo de cuarenta mil euros anuales brutos.

— Retribución fija por todos los conceptos del presidente, ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público: un máximo de ciento cincuenta mil euros anuales brutos.

Al efecto del cómputo de los límites anteriores se incluirán todas las retribuciones percibidas dentro del mismo grupo de empresas al que pertenezca la entidad de crédito. A esos mismos efectos, la retribución




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fija de los presidentes y consejeros ejecutivos incluirá las dietas que perciban por su pertenencia al consejo de administración u órganos dependientes del mismo.

c) Las limitaciones establecidas en las letras a) y b) de este artículo podrán levantarse una vez extinguido el apoyo financiero público.

d) Lo establecido en este artículo se aplicará también a las condiciones retributivas de los miembros de los órganos de administración de las entidades que reciban apoyo financiero público y cuya relación con la entidad no se regule en contrato alguno.

e) Serán radicalmente nulos e insubsanables e ineficaces, en su integridad, todos los actos, contratos o negocios jurídicos que se aparten en todo o en parte de lo establecido en este artículo.»

MOTIVACIÓN

Limitar estrictamente las remuneraciones, indemnizaciones y compromisos por pensiones en las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 36.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 36. Comité de remuneraciones.

Las entidades de crédito deberán constituir un comité de remuneraciones integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros, y en todo caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.»

MOTIVACIÓN

Se propone suprimir el apartado 2 de este artículo, pues permite constituir, para algunas entidades a criterio del Banco de España, el comité de remuneraciones de manera conjunta con el de nombramientos. Sin embargo, ambos comités deben estar separados y tener sustantividad propia para evitar en la medida de lo posible que los grupos de interés, además de «colocar» a sus afines, también fijen sus retribuciones.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 38.

ENMIENDA

De modificación.




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El artículo 38 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 38. Función de gestión de riesgos y comité de riesgos.

1. Las entidades de crédito deberán disponer de una unidad u órgano que asuma la función de gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, independiente de las funciones operativas, que tenga autoridad, rango y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al consejo de administración.

2. Las entidades de crédito deberán establecer un comité de riesgos. Este comité estará integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la entidad.»

MOTIVACIÓN

Entendemos que, en todo caso, ha de existir un comité de riesgos en cualquier entidad de crédito. El control de la propensión al riesgo de una entidad y su estrategia son cuestiones capitales, como demuestra la experiencia y el propio origen de la crisis financiera.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 82. 3. j.

ENMIENDA

De modificación.

La letra j) del apartado 3 del artículo 82, queda redactada en los siguientes términos:

«j) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las comunicaciones que puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración firmados por el Banco de España con autoridades supervisoras de otros países.»

MOTIVACIÓN

El apartado 3 del artículo 82 establece las excepciones de la obligación de secreto por parte del Banco de España. La redacción que se propone para la letra f) entendemos es más correcta técnicamente, ya que debe ser la ley que faculta para pedir dicha información la que establezca los términos en los que debe realizarse dicha petición y entregarse la información requerida.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 87. 1. Letra nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 87, con la siguiente redacción:

«g) (nueva) Indicadores de sostenibilidad vinculados con la Responsabilidad Social Empresarial.»

MOTIVACIÓN

Por la importancia de atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 87. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 87, queda redactado en los siguientes términos:

«4. Agrupados por entidades, el Banco de España tendrá disponibles en su página web, al menos, los siguientes informes:

a) La auditoría de cuentas.

b) El informe de relevancia prudencial.

c) El informe de gobierno corporativo.

d) El resultado de las pruebas de resistencia periódicas.

e) El informe bancario anual.»

MOTIVACIÓN

Publicar, al menos, los informes más relevantes para conocer la situación de las entidades de crédito supervisadas.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 92. Letra nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el artículo 92, con la siguiente redacción:

«x’ (nueva) Comercializar instrumentos financieros incumpliendo lo dispuesto en el apartado 2 bis de la disposición adicional primera de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

Se propone tipificar como infracción muy grave la comercialización entre clientes minoristas de instrumentos financieros arriesgados y complejos, como son las participaciones preferentes. En otras enmiendas se establece la prohibición de comercializar esos productos entre la clientela minorista. Así, su comercialización quedaría restringida a clientes profesionales y a otros bancos.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 92. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el artículo 92, con la siguiente redacción:

«x (nueva) Incumplir las previsiones contenidas en el artículo 35 sobre la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración y directivos de entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.»

MOTIVACIÓN

Se propone tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de las limitaciones en las remuneraciones, indemnizaciones y compromisos por pensiones de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 93. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.




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Se añade una nueva letra en el artículo 93, con la siguiente redacción:

«j (nueva) Incumplir las previsiones contenidas en los artículos 32, 33, 33 bis y 34 sobre la política de remuneraciones de las categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad de crédito.»

MOTIVACIÓN

Se propone tipificar como infracción grave el incumplimiento de lo dispuesto sobre política de remuneraciones y, en particular, sobre los elementos variables de la remuneración.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 115. 5.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 115, queda redactado en los siguientes términos:

«5. Salvo la amonestación privada, todas las demás sanciones serán publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” una vez que sean firmes en vía administrativa.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de hacer públicas todas las sanciones, con excepción de la de amonestación privada.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 115. 6.

ENMIENDA

De modificación.

El primer inciso del apartado 6 del artículo 115, queda redactado en los siguientes términos:

«6. Las sanciones y amonestaciones por infracciones muy graves y graves deberán asimismo ser publicadas en la página web del Banco de España, en un plazo máximo de quince días hábiles desde que la sanción o amonestación sea firme en vía administrativa, con información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o amonestación.»




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MOTIVACIÓN

La mención a la normativa de protección de datos para publicar en la página web del Banco de España las sanciones y amonestaciones por infracciones muy graves y graves carece de sentido, cuando ya son publicadas en el BOE. Por tanto se propone suprimir esa mención al comienzo del apartado 6 del artículo 115.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. f.

ENMIENDA

De modificación.

La letra f) del apartado 2 de la disposición adicional primera, queda redactada en los siguientes términos:

«f) La oferta pública de venta deberá dirigirse exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.»

MOTIVACIÓN

Se propone que las participaciones preferentes no puedan ser comercializadas entre la clientela minorista. Así, su comercialización quedaría restringida a clientes profesionales y a aquellos que tienen el máximo conocimiento, experiencia y capacidad financiera (entidades autorizadas para operar en los mercados financieros: empresas de inversión, entidades de crédito, compañías de seguros o bancos centrales; y gobiernos).

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en la disposición adicional primera, con la siguiente redacción:

«2 bis (nuevo). Las empresas de servicios financieros y las entidades de crédito no podrán comercializar, bajo ningún concepto, entre los clientes minoristas instrumentos financieros que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que constituyan o reconozcan una deuda perpetua o redimible a la sola voluntad del emisor, cualquiera que sea la denominación de dichos instrumentos financieros.

b) Que no se estén negociando en un mercado secundario.




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c) Que estén comprendidos en las letras h), i) o j) del apartado 1 o en los apartados 2 a 8 del artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»

MOTIVACIÓN

Los últimos años han mostrado que las normas de protección de los inversores minoristas han fracasado. Basta con observar los casos de las participaciones preferentes y los swaps.

La experiencia ha demostrado que la única manera de proteger al inversor minorista es prohibir radicalmente a las empresas de servicios financieros y a las entidades de crédito la comercialización entre esos clientes de instrumentos financieros arriesgados y complejos. Instrumentos que el inversor minorista no es capaz de comprender y que pueden provocar perder la totalidad de lo invertido.

Lo que aquí se propone respeta las directivas MiFID porque éstas establecen un marco mínimo de protección, que puede ser reforzado por los estados.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley para la creación urgente de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base impositiva amplia y que será sustituido, cuando en su caso proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.»

MOTIVACIÓN

En enero de 2013, once Estados miembros de la Unión Europea —entre los que está España— acordaron aplicar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) mediante el mecanismo de cooperación reforzada. Tras dicho acuerdo, los países que lo suscribieron deben legislar la puesta en práctica nacional del ITF detallando, entre otras cuestiones, qué productos financieros serían objeto de su aplicación, qué tipos impositivos afectarían a cada uno de ellos, los plazos para el inicio de su aplicación y el destino del dinero recaudado.

Se calcula que serían 5.000 millones de euros anuales en España la recaudación de ese impuesto con unas bases imponibles amplias y unos tipos muy pequeños. Sería urgente su implantación para ayudar a una mejora de la recaudación y de un mejor reparto de la carga impositiva.

Algunos países, como Italia y Francia, ya han asumido su compromiso y han implantado impuestos especiales a las transacciones financieras antes de la redacción de un ITF final común, que llevará algún tiempo.

Un tributo de este tipo contribuiría a evitar los movimientos financieros especulativos y al control de los paraísos fiscales, y permitiría obtener recursos del sector financiero, corresponsable de la crisis financiera de estos años, para mejorar las políticas de gasto y reducir el déficit público.




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ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Agencia pública europea de calificación.

El Gobierno promoverá ante las instituciones europeas la creación de una agencia pública europea de calificación crediticia que sea la única entidad autorizada para calificar la deuda soberana de los estados miembros de la Unión Europea.»

MOTIVACIÓN

Las agencias de calificación son empresas privadas que funcionan bajo la lógica del beneficio y sus beneficios provienen precisamente de las operaciones que realizan. Surge pues un conflicto de interés cuando las entidades emisoras contratan a la agencia que califica sus productos. Y puede suceder que estas agencias exageren la calificación otorgada y consigan así satisfacer al cliente e incrementar los beneficios por comisiones.

Los analistas de estas agencias no tienen responsabilidad alguna frente a los pronósticos que realizan. Opiniones que pueden llevar a los ciudadanos de los países afectados a situaciones socioeconómicas preocupantes. Dan sus argumentos amparados por la empresa para la que trabajan y no tienen que dar más cuentas a nadie, ni a reguladores ni a inversores.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la nefasta actuación de las agencias de calificación.

Lo que se propone es la creación de una agencia pública europea de calificación que no actúe movida por el criterio de rentabilidad.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Participación mayoritaria del Estado en entidades financieras nacionalizadas.

El Estado, a través del FROB como propietario del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) matriz de Bankia, así como de Catalunya Caixa, mantendrá el control público de dichas entidades garantizando una participación pública en el capital de las mismas del 51 por ciento como mínimo, para facilitar el crédito a




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las empresas de menor dimensión y a las familias, y sin perjuicio de la naturaleza territorial de las entidades nacionalizadas a la hora de respetar las competencias de las comunidades autónomas en su gestión.

En todo caso, respetando el porcentaje mínimo de participación del Estado señalado en el párrafo anterior, la venta, en su caso, de participaciones públicas en las entidades de crédito nacionalizadas no podrá realizarse a un precio inferior al que resulte de dividir el total de las sumas aportadas por el Estado a cada entidad por el porcentaje del capital de dicha entidad que se enajene.»

MOTIVACIÓN

El Estado, a través del FROB, ha iniciado la privatización de Bankia con la puesta en venta de una participación de la entidad nacionalizada del 7,5%. Hasta ese momento el FROB controlaba el 68,4% del capital de Bankia a través de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad.

No podemos compartir la privatización, sin ningún tipo de transparencia, de las entidades nacionalizadas en las que se han enterrado miles de millones de euros de dinero público para su saneamiento y que no se tiene intención de recuperar.

Constituir una verdadera Banca Pública es la mejor y más eficaz manera para ayudar a que crezca el tan necesario crédito a la pequeña empresa y a las familias. Esa sí que sería una buena política para la reactivación de la economía y la creación de empleo.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Limitaciones en la distribución de resultados de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

1. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público deberán destinar el 50 por ciento de sus beneficios netos a constituir una reserva indisponible, que tendrá la consideración legal de recursos propios de las entidades de crédito, con el fin de fortalecer sus recursos propios y hasta que alcancen la ratio de capital establecida en la presente Ley.

2. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público no podrán repartir entre sus socios dividendos o cualquier clase de reserva hasta que no desaparezca dicho apoyo financiero.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que podrá percibir un dividendo anual de hasta un 5 por ciento cuando existan las condiciones legales para el reparto de dividendos.»

MOTIVACIÓN

Resulta lógico que las entidades que reciben apoyo financiero público destinen el resultado positivo de su actividad a fortalecer sus recursos patrimoniales.




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ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Paralización de los desahucios y límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria.

1. El Gobierno llevará a cabo con carácter de urgencia las medidas oportunas para paralizar en forma de moratoria los desahucios de las viviendas en que residan habitualmente aquellas familias que acrediten circunstancias sobrevenidas.

2. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, en los procedimientos de ejecución de débitos derivados de créditos o préstamos con garantía hipotecaria que graven la vivienda en que resida habitualmente el deudor crediticio, antes de poder instar a la ejecución hipotecaria en subasta pública tendrán que acreditar totalmente su crédito, incluido el principal, intereses y la asunción del importe del Impuesto municipal que grava la transmisión de bienes inmuebles (IIVTNU), con la entrega de la propiedad de la vivienda afectada.»

MOTIVACIÓN

Se propone actuar urgentemente en el caso de las personas que, por razón de pérdida del puesto de trabajo o por otras causas no fraudulentas, afrontan un desahucio.

Además, se propone introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria, cuando se trata de la adquisición de la vivienda habitual y de entidades financieras que reciben apoyo financiero público, priorizando la dación en pago.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«1. El Fondo será regido y administrado por una Comisión Gestora integrada por once miembros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por el Banco de España, cuatro por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas y uno designado por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros.»




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MOTIVACIÓN

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros para los depósitos en dinero o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos de cambio correspondientes, y de 100.000 euros para los inversores que hayan confiado a una entidad de crédito valores u otros instrumentos financieros. Estas dos garantías que ofrece el Fondo son distintas y compatibles entre sí.

Además, para el cumplimiento de su función de garantía de depósitos y en defensa de los depositantes cuyos fondos están garantizados y del propio Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, el Fondo podrá adoptar medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito.

Los titulares de los depósitos son acreedores de las entidades de crédito y es lógico que en la Comisión Gestora del Fondo estén representados sus legítimos intereses a través de las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

El cuarto párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«Los representantes de las entidades adheridas serán designados dos por las asociaciones representativas de bancos, uno por las de cajas de ahorros y uno por las de Cooperativas de Crédito, en los términos que se prevean reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo inciso del último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«Asimismo, por el mismo procedimiento previsto anteriormente se nombrarán dos suplentes por el Banco de España y uno por cada uno de los designados por las entidades adheridas y por las asociaciones




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y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, que sustituirán a los titulares en caso de vacante, ausencia y enfermedad.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«4. Los representantes de las entidades de crédito adheridas al Fondo y el representante designado por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros cesarán en su cargo por las causas siguientes:»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De adición.

Después del quinto párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«La persona designada por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, en los términos que se prevean reglamentariamente, será persona de reconocida honorabilidad profesional y poseerá conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.




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ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El apartado 3 del artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 93. Obligaciones de información.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

En ningún caso, las entidades dedicadas a la actividad financiera y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito podrán invocar el derecho a la intimidad de sus clientes, la confidencialidad de los datos o la obligación de guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, movimientos, transacciones y demás operaciones propias o de sus clientes ante cualquier solicitud de documentación e información de estos datos por parte de las Administraciones tributarias en el curso de las comprobaciones e investigaciones tributarias o requerimientos individualizados de información de datos de carácter tributario.”»

MOTIVACIÓN

Se propone clarificar la situación legal y evitar la innecesaria litigiosidad de las entidades amparada en un supuesto deber de reserva, de intimidad o de confidencialidad que no debe prevalecer sobre el interés público y constitucional de contribuir conforme a la capacidad económica de los contribuyentes. Litigios cuya resolución se demora en el tiempo más allá de los cuatro años de la prescripción administrativa y convierte en inservible la información tributaria requerida sobre sus clientes.

La Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos años recursos del BBVA, BSCH, POPULAR, BANKINTER, SABADELL y BANIF contra el requerimiento de Hacienda que les exigió distintos datos de todas las cuentas bancarias abiertas en estas entidades que hubiesen registrado ingresos anuales de más de 3 millones de euros (NIF de la entidad declarante, código de cuenta cliente y el importe total anual de la suma de apuntes en el Haber).

Decisión recurrible ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo ya fijó doctrina con su sentencia de 3 de noviembre de 2011 al desestimar el recurso del BANCO DE ANDALUCÍA




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contra un requerimiento casi idéntico de la AEAT, aunque referido al ejercicio fiscal de 2005, que ha servido para la desestimación de los recursos de los bancos enunciados en el párrafo anterior.

Dicha sentencia estableció que «el deber de colaboración con la Administración Tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada, así como su obtención por la persona física o jurídica, pública o privada requerida, bien como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que pesan sobre ella, bien en mérito a sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceros». El Supremo, por tanto, creyó obvio e incuestionable que la información pedida por Hacienda al banco tenía trascendencia tributaria, por lo que rechazó las pretensiones de este banco.

Esta misma sentencia ha servido para que la Audiencia Nacional haya considerado ajustado a derecho el requerimiento de información a El Corte Inglés para que informe a Hacienda de la lista de titulares de su tarjeta que compraron por valor de más de 30.000 euros anuales en los ejercicios 2006 y 2007, o la desestimación de un recurso de Sistema 48, S.A. al que Hacienda exigió la misma información que a El Corte Inglés.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad.

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:

(…)

7 (nuevo). Las estipulaciones que en contratos de préstamo o crédito de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar, fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado y reúnan al menos una de las siguientes características:

a) Que se fije un límite a la bajada de los tipos de interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los mismos.

b) Que el límite establecido a la bajada de los tipos de interés sea igual o mayor al 40 por ciento del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación.

c) Que la diferencia entre los límites fijados en el contrato para la bajada y subida de los tipos de interés sea igual o mayor a cuatro puntos porcentuales.”»




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MOTIVACIÓN

Se propone incluir como abusivas las denominadas cláusulas suelo que no respeten los mínimos recogidos en la enmienda. Estas cláusulas están provocando un perjuicio manifiesto a los consumidores y usuarios por la vulneración del justo equilibrio de las partes tal y como están manifestando los tribunales.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 31. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 31.1:

«1. Las entidades de crédito deberán constituir un comité de nombramientos, integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la entidad.

El Banco de España podrá determinar, previa solicitud motivada, que algunas las entidades, en razón a su tamaño, su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades, puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el comité de remuneraciones.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 31 del Proyecto de Ley dispone que el Banco de España podrá determinar que algunas entidades, en razón de su tamaño u organización interna (entre otras características), puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el comité de retribuciones.

Consideramos que esta posibilidad debería ampliarse a la totalidad de entidades, ya que la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE se limita a establecer la obligatoriedad de que existan tales comités en entidades significativas por su tamaño u organización interna, no contemplando de forma expresa ninguna restricción acerca de la posibilidad de que un mismo comité ejerza ambas funciones.

ENMIENDA NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 36. 2.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

Artículo 36.2:

«2. El Banco de España podrá determinar, previa solicitud motivada, que algunas las entidades, en razón a su tamaño, su organización interna, la naturaleza, el alcance o la escasa complejidad de sus actividades, puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el comité de remuneraciones.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 36 del Proyecto de Ley dispone que el Banco de España podrá determinar que algunas entidades, en razón de su tamaño u organización interna (entre otras características), puedan constituir el comité de nombramientos de manera conjunta con el comité de retribuciones.

Consideramos que esta posibilidad debería ampliarse a la totalidad de entidades, ya que la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE se limita a establecer la obligatoriedad de que existan tales comités en entidades significativas por su tamaño u organización interna, no contemplando de forma expresa ninguna restricción acerca de la posibilidad de que un mismo comité ejerza ambas funciones.

ENMIENDA NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 84. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 84:

«2. Sin perjuicio del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad y de la normativa de información contable prevista en la Ley 24/1988, de 28 de julio y demás legislación mercantil que resulte de aplicación, el Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros individuales de las entidades de crédito, así como los modelos de estados financieros consolidados, con los límites y especificaciones que reglamentariamente se determinen, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de España y hacerse públicos con carácter general por las propias entidades de crédito. En el uso de esta facultad, cuyo ejercicio podrá encomendar el Ministro de Economía y Competitividad al Banco de España, no existirán más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de crédito de una misma categoría y análogos para las diversas categorías de entidades de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción del Proyecto podría dar lugar a equívocos respecto de las facultades del Ministro de Economía y Competitividad en relación con las normas contables con efectos en la información consolidada, reguladas por el Reglamento comunitario 1606/2002, así como respecto de los estados con información




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reservada que deben remitirse al supervisor, ahora regulados en el Reglamento 575/2013 y desarrollados por la EBA.

Para evitar la contradicción con las normas comunitarias citadas, se considera necesario dejar claro en el texto del Proyecto que la facultad del Ministro de Economía y Competitividad recogida en el artículo 84 quede limitada a la emisión de normas contables con efectos en las cuentas individuales y a la determinación de unos modelos de estados financieros públicos.

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Transitoria:

«Las entidades de crédito que precisen adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la presente ley en materia de comisiones del consejo de administración deberán hacerlo en la primera junta general que tenga lugar en el año 2015 y, en todo caso, no más tarde del plazo establecido para la celebración de la junta general ordinaria de dicho ejercicio.

En tanto no tenga lugar la adaptación de estatutos, el consejo de administración de las entidades de crédito deberá dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, constituyendo las comisiones que resulten necesarias y otorgándoles las funciones que les correspondan de conformidad con la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Algunas entidades tendrán que desdoblar su actual comisión de nombramientos y retribuciones y crear una comisión de riesgos atribuyéndole funciones que la normativa y los estatutos vigentes reservan a la comisión de auditoría. La disposición transitoria trata de permitir que el consejo cumpla con la ley sin necesidad de convocar inmediatamente una junta general extraordinaria con la única finalidad de acometer la reforma de los estatutos.

ENMIENDA NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el párrafo segundo del punto séptimo del apartado Uno de la Disposición Final Primera en el referido texto.

Redacción que se propone:




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Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

(…)

«El reglamento interno de la entidad y sus circulares podrán establecer los supuestos, entre los que podrán estar el impago de las obligaciones y la apertura de un procedimiento concursal en relación con los miembros y clientes o con la propia entidad de contrapartida central, que determinen el vencimiento anticipado de todos los contratos y posiciones de un miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, lo que dará lugar a su compensación y a la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones incluidas, y en virtud de la cual, las partes solo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del producto de la compensación de dichas operaciones que será calculado en los términos previstos en el reglamento. En consecuencia, en tales supuestos, y en virtud de la compensación de sus operaciones, las partes tendrán únicamente el derecho a recibir o la obligación de pagar la suma neta de los valores positivos y negativos de sus operaciones, valorados a precios de mercado en los términos previstos en el reglamento y las circulares. Ese régimen de compensación tendrá la consideración de acuerdo de compensación contractual de conformidad con el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, y estará sujeto al régimen específico contenido en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.»

JUSTIFICACIÓN

La finalidad de la enmienda es doble, de un lado, conseguir que el artículo 44 ter, apartado número 7, prevea legalmente, con toda claridad, los casos en que podrá producirse el vencimiento anticipado de los contratos y posiciones abiertas en una entidad de contrapartida central, dando lugar a su compensación y a la creación del correspondiente saldo neto, remitiendo a las normas específicas de las entidades de contrapartida central (sus Reglamentos) el detalle del procedimiento a seguir y de los requisitos a comprobar. De otro, dejar claro que la revisión general que se lleva a cabo del artículo 44 ter de la Ley del Mercado de Valores no afecta al régimen específico al que están sujetas las garantías constituidas ante las entidades de contrapartida central, contenido, básicamente, en la Ley 41/1999.

ENMIENDA NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el párrafo segundo del punto Octavo del apartado Uno de la Disposición Final Primera en el referido texto.

Redacción que se propone:

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

(…)

«8. La entidad de contrapartida central establecerá en su reglamento interno las reglas y procedimientos para hacer frente a las consecuencias que resulten de incumplimientos de sus miembros. Dichas reglas y procedimientos concretarán el modo en que se aplicarán los diversos mecanismos de garantía con que cuente la entidad de contrapartida central y las vías para reponerlos con el objetivo de permitir que la entidad de contrapartida central continúe operando de una forma sólida y segura.»




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Si la entidad de contrapartida central se viera sometida a un procedimiento concursal, los miembros y clientes que no hubieran incumplido sus obligaciones con la entidad de contrapartida central gozarán de un derecho absoluto de separación tras la liquidación de las operaciones garantizadas respecto de las garantías que hubieran constituido a favor de la entidad de contrapartida central de conformidad con su reglamento interno y con excepción de las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos. En caso de que se proceda a la liquidación anticipada de contratos y posiciones que los miembros tuvieran abiertos, incluyendo los que fueran por cuenta de sus clientes, se procederá a la compensación de los contratos, a la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones y a la aplicación de garantías de acuerdo con el régimen dispuesto para los acuerdos de compensación contractual en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo. Tras dicha liquidación, los miembros y sus clientes gozarán de un derecho absoluto de separación respecto del eventual sobrante de las garantías que tales miembros o clientes hubieran constituido de conformidad con el reglamento interno de la entidad de contrapartida central.

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda está conectada con la enmienda de modificación de la nueva redacción del aludido artículo 44 ter, en su apartado número 7, al que se propone, por razones de claridad normativa, incorporar un nuevo párrafo final, que recoge, mejorado, el segundo párrafo del apartado número 8 de ese mismo artículo.

ENMIENDA NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Uno.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un nuevo párrafo en el punto Séptimo del apartado Uno de la Disposición Final Primera en el referido texto.

Redacción que se propone:

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

(…)

«Si la entidad de contrapartida central se viera sometida a un procedimiento concursal, y tras la liquidación de todos los contratos y posiciones de un miembro, ya sean por cuenta propia o por cuenta de clientes, a la que se aplicarán las garantías que se hubieran constituido a favor de la entidad de contrapartida central de conformidad con el reglamento de esta última, los miembros y clientes que no hubieran incumplido sus obligaciones con la entidad de contrapartida central gozarán de un derecho absoluto de separación respecto del eventual sobrante de las aludidas garantías, con excepción de las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos.»

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el artículo 44 ter de la Ley contempla actualmente las situaciones concursales de los miembros de las entidades de contrapartida central y de sus clientes, el proyecto de Ley ha identificado una nueva situación concursal en ese campo, como es el caso de que sea la propia entidad de contrapartida central la que sea declarada en concurso.




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Partiendo de tal circunstancia, la enmienda tiene un doble objetivo:

— De un lado, dejar claro el tratamiento legal que se aplicará a las garantías constituidas por miembros y clientes en caso de que se produjese una situación concursal de la propia entidad de contrapartida central.

— De otro, y dado que las situaciones concursales figuran recogidas en el apartado número 7 del aludido artículo 44 ter, incluir el tratamiento de la nueva situación concursal detectada (el concurso de la propia entidad de contrapartida central) en ese apartado número 7, trasladando a él las novedades que el proyecto de Ley sitúa, con poco acierto sistemático, dentro del apartado número 8 del aludido artículo 44 ter.

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que al amparo del artículo 33 de la Ley de 26/2013, de Cajas y Fundaciones Bancarias la actividad principal de las fundaciones bancarias viene constituida de una parte por la obra social y de otra, por la gestión de la participación financiera y teniendo en cuenta que ésta última, en cuanto a su control, corresponde en exclusiva al Banco de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la cuestión queda reconducido a la obra social aspecto éste, propio de las fundaciones y por tanto de la normativa civil lo que justifica la aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión para determinar el protectorado el domicilio social. En este mismo sentido lo establece el actual Estatuto de Catalunya respecto de la obra social que radique en entidades con sede en su territorio. No obstante, y dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de funciones de control fuera de dicho ámbito territorial. En este sentido entendemos que la nueva regulación establecida por el artículo 45 en virtud de la cual únicamente será el Ministerio de Economía y Competitividad el que tenga la competencia para ejercitar las funciones de protectorado para aquellas fundaciones cuya obra social sobrepase una CCAA debe ser corregida por una redacción que permita que se mantenga esta competencia ministerial pero en coordinación con el protectorado ejercido por la CCAA competente.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:




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Disposición Final Décima:

Tres. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 45:

«En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actividad principal exceda del territorio de una comunidad autónoma, el protectorado será ejercido por aquella en la que la fundación tenga su domicilio social. No obstante, corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad, en coordinación con el protectorado, el control de la actividad realizada por la fundación bancaria fuera del ámbito territorial de dicha comunidad autónoma, así como informar, a petición del protectorado, de cualesquiera circunstancias que en relación a la obra social afecten a dicho ámbito territorial.»

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que al amparo del artículo 33 de la Ley de 26/2013, de Cajas y Fundaciones Bancarias la actividad principal de las fundaciones bancarias viene constituida de una parte por la obra social y de otra, por la gestión de la participación financiera y teniendo en cuenta que ésta última, en cuanto a su control, corresponde en exclusiva al Banco de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la cuestión queda reconducido a la obra social aspecto éste, propio de las fundaciones y por tanto de la normativa civil lo que justifica la aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión para determinar el protectorado el domicilio social. En este mismo sentido lo establece el actual Estatuto de Catalunya respecto de la obra social que radique en entidades con sede en su territorio. No obstante, y dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de funciones de control fuera de dicho ámbito territorial. En este sentido entendemos que la nueva regulación establecida por el artículo 45 en virtud de la cual únicamente será el Ministerio de Economía y Competitividad el que tenga la competencia para ejercitar las funciones de protectorado para aquellas fundaciones cuya obra social sobrepase una CCAA debe ser corregida por una redacción que permita que se mantenga esta competencia ministerial pero en coordinación con el protectorado ejercido por la CCAA competente.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que al amparo del artículo 33 de la Ley de 26/2013, de Cajas y Fundaciones Bancarias la actividad principal de las fundaciones bancarias viene constituida de una parte por la obra social y de otra, por la gestión de la participación financiera y teniendo en cuenta que ésta última, en cuanto a su control, corresponde en exclusiva al Banco de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la cuestión queda reconducido a la obra social aspecto éste, propio de las fundaciones y por tanto de la normativa civil lo que justifica la aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión para determinar el protectorado el domicilio social. En este mismo sentido lo establece el actual Estatuto de Catalunya respecto de la obra social que radique en entidades con sede en su territorio. No obstante, y dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de funciones de control fuera de dicho ámbito territorial. En este sentido entendemos que la




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nueva regulación establecida por el artículo 45 en virtud de la cual únicamente será el Ministerio de Economía y Competitividad el que tenga la competencia para ejercitar las funciones de protectorado para aquellas fundaciones cuya obra social sobrepase una CCAA debe ser corregida por una redacción que permita que se mantenga esta competencia ministerial pero en coordinación con el protectorado ejercido por la CCAA competente.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 29 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del Artículo 18 con la siguiente redacción:

«2. Reglamentariamente, se determinarán los criterios y procedimiento que regirán esta evaluación y el plazo para realizarla. En todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) la reputación del adquirente propuesto;

b) la reputación, conocimientos, capacidades y experiencia de todo miembro del órgano de dirección y todo miembro de la alta dirección que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;

c) la solvencia financiera del adquirente propuesto, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o se prevea ejercer en la entidad de crédito en la que se propone la adquisición;

d) la capacidad de la entidad de crédito de cumplir de forma duradera los requisitos prudenciales que se deriven de la presente Ley y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en su caso, de otra normativa europea, incluyendo si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que permita ejercer una supervisión eficaz, proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes y determinar el reparto de responsabilidades entre las autoridades competentes;

e) la existencia de indicios razonables que permitan suponer que, en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o intentado efectuar o se han efectuado operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, en el sentido de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, o que la adquisición propuesta podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

3. El Banco de España podrá oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 2 o si la información aportada por el adquirente propuesto está incompleta. En todo caso, no se impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni se permitirá al Banco de España examinar la adquisición prevista a la luz de las necesidades económicas del mercado.

4. Se publicará una lista en la que se indique la información que será necesaria para realizar la evaluación y que deberá facilitarse al Banco de España en el momento de la notificación. La información exigida a efectos de la evaluación prudencial deberá ser proporcionada y adaptada a la naturaleza del adquirente propuesto y de la adquisición propuesta.

No obstante, cuando el Banco de España reciba notificación de varias propuestas de adquisición o incremento de participaciones significativas en una misma entidad de crédito, tratará a todos los adquirentes propuestos de forma no discriminatoria.»




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JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, se prevén los criterios y procedimientos actualmente previstos en artículo 23 de la Directiva.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado 1 del Artículo 24 con la siguiente redacción:

«La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos velarán porque los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna.»

JUSTIFICACIÓN

Debe promoverse la incorporación de mujeres cualificadas en los órganos de administración y dirección de las entidades de crédito. En ese sentido debería al menos mencionarse expresamente la diversidad de género y eliminarse el inciso final «que no obstaculicen la selección de consejeras» ya que no es suficiente con no obstaculizar —algo que obviamente como toda discriminación arbitraria está prohibido legal y constitucionalmente—, sino con promover activamente su presencia, ya que el nivel de presencia actual es claramente insuficiente (por ejemplo en España el 16,6% de empresas del IBEX en 2013) en relación con lo dispuesto en la Ley de Igualdad Ley de Igualdad, que prevé que para 2015, el 40% de los administradores de las empresas deberían ser mujeres. En noviembre de 2012, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva que fija un objetivo mínimo, para 2020, del 40% para los miembros no ejecutivos del género menos representado en el consejo de administración de las empresas cotizadas en Europa. No se trata de no impedir, sino de promover la presencia de las mujeres en estos órganos.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el apartado 1 del Artículo 24 con la siguiente redacción:




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«Igualmente, se garantizará la presencia de consejeros independientes en número suficiente según las prácticas y estándares nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo de entidades de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Asegurar la presencia de consejeros independientes en los órganos de administración de las entidades de crédito según las prácticas y estándares nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. 3. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la letra a) del apartado 3 del Artículo 24 con la siguiente redacción:

«a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente. En todo caso, dicha información deberá incluir la relativa a la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de contemplar la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas para valorar la concurrencia de honorabilidad que se determinará reglamentariamente.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del Artículo 29 con la siguiente redacción:

«5. Las entidades de crédito contarán con un página web donde darán difusión a la información pública prevista en este capítulo y en el capítulo anterior y comunicarán el modo en que cumplen las obligaciones de gobierno corporativo. Reglamentariamente se podrán determinar las formas de cumplimiento de la obligaciones previstas en este apartado.»




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JUSTIFICACIÓN

La obligación prevista en este apartado debe extenderse también al capítulo anterior ya que este también recoge obligaciones de gobierno corporativo, como por ejemplo la diversidad en los consejos o la idoneidad de los directivos. La redacción del Proyecto de Ley deja estas cuestiones fuera de la explicación del modo de cumplimiento. Conforme a la actual redacción, una entidad no tendría que explicar cómo cumple la diversidad en el Consejo, ni la idoneidad, ni nada de lo previsto en los artículos 24 a 27. La propia Directiva 2013/36/UE alude a la explicación en la web del cumplimiento de los artículos 88 a 95 en los que se incluyen ambos capítulos. Es cierto que la Directiva no hace obligatorio sino potestativo para los Estados este régimen de publicación en la web, pero una vez elegido que sea obligatorio como hace el Proyecto de Ley, lo que no se puede es publicar sólo parte y no dar explicaciones sobre el resto.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del Artículo 32 con la siguiente redacción:

«3. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 450 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las entidades de crédito harán pública la remuneración total devengada en cada ejercicio económico de cada uno de los miembros de su consejo de administración y altos directivos, empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo.

Asimismo, las entidades de crédito harán pública la ratio de diferencia salarial entre el consejero o alto directivo que recibe la remuneración más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución.»

JUSTIFICACIÓN

Las entidades de crédito deben publicar también la retribución individualizada total de los directores o asimilados así como la de otros puestos clave para el desarrollo diario de la entidad, así como los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. g. 1.º

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 1.º de la letra g) del apartado 1 del Artículo 34 con la siguiente redacción:




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«1.º El componente variable no será superior al cincuenta por ciento del componente fijo de la remuneración total de cada individuo.»

JUSTIFICACIÓN

La crisis financiera internacional ha traído consigo un debate sobre el gobierno corporativo y las políticas de remuneración de los altos directivos y consejeros de las entidades financieras. El diagnóstico de los principales organismos y foros internacionales, con algunos matices, coincide en lo sustancial, que si bien las políticas de remuneración no han sido la principal causa de la crisis, si han favorecido una asunción de riesgos excesiva y contribuido así a importantes pérdidas sufridas por las principales entidades. En definitiva, la aplicación de estos sistemas retributivos en el sector financiero incentiva el beneficio a corto plazo, descuidando los riesgos para la solvencia de la entidad en el medio y largo plazo.

Por tanto, existe un consenso amplio sobre la necesidad de regular las remuneraciones excesivas para garantizar una mayor estabilidad en el sistema financiero global. La Directiva 2013/36/UE establece como objetivo de carácter mínimo una política de remuneraciones mejor alienada con los riesgos en el medio plazo de la entidad. Por ello, proponemos ir más allá al reducir el componente variable de la remuneración al 50 por ciento del componente fijo y limitar al 100 por cien el nivel más elevado de remuneración variable en caso de aprobación por la Junta General de Accionistas de la entidad. Exigir, en todo caso, para el incremento de la retribución variable que supere el 50% un quórum reforzado en la Junta General de Accionistas, de no ser posible el quórum inicial de al menos un tercio de las acciones con derecho a voto.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. g. 2.º

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 2.º de la letra g) del apartado 1 del Artículo 34 con la siguiente redacción:

«2.º No obstante, la Junta General de accionistas de la entidad podrán aprobar un nivel superior al previsto en el párrafo anterior, siempre que no sea superior al cien por cien del componente fijo. La aprobación del nivel más elevado de remuneración variable se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

i) La Junta General de Accionistas de la entidad tomará su decisión sobre la base de una recomendación pormenorizada del consejo de administración u órgano equivalente que exponga los motivos y el alcance de la decisión e incluya el número de personas afectadas y sus cargos, así como el efecto previsto sobre el mantenimiento por la entidad de una base sólida de capital.

ii) La Junta General de Accionistas de la entidad adoptará su decisión por una mayoría de al menos dos tercios, siempre que estén presentes o representados en la votación al menos la mitad de las acciones o derechos equivalentes con derecho a voto. De no ser posible el quórum anterior, el acuerdo se adoptará por una mayoría de, al menos, tres cuartos, siempre que el capital social presente o representado con derecho a voto sea al menos de un tercio de las acciones o derechos equivalentes con derecho a voto.

iii) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará a todos los accionistas con antelación suficiente el asunto que se someterá a aprobación.

iv) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al Banco de España la recomendación dirigida a la Junta General de Accionistas, incluido el nivel más alto del componente variable de la remuneración propuesto y su justificación, y acreditará que ese nivel no afecta




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a las obligaciones de la entidad previstas en la normativa de solvencia, y habida cuenta en particular de las obligaciones de recursos propios de la entidad.

v) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al Banco de España la decisión adoptada al respecto por la Junta General de Accionistas, incluido el porcentaje máximo más alto del componente variable de la remuneración aprobado, y el Banco de España utilizará la información recibida para comparar las prácticas de las entidades en dicha materia. El Banco de España facilitará esta información a la Autoridad Bancaria Europea.

vi) En su caso, el personal directamente afectado por la aplicación de niveles máximos más altos de remuneración variable no podrá ejercer, ni directa ni indirectamente, los derechos de voto que pudiera tener como accionista de la entidad y sus acciones se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria en los acuerdos que se refieran a la aplicación de niveles máximos más altos de remuneración variable.

Las menciones efectuadas en esta letra a los accionistas se aplicarán igualmente a los miembros de las Asambleas generales de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

La crisis financiera internacional ha traído consigo un debate sobre el gobierno corporativo y las políticas de remuneración de los altos directivos y consejeros de las entidades financieras. El diagnóstico de los principales organismos y foros internacionales, con algunos matices, coincide en lo sustancial, que si bien las políticas de remuneración no han sido la principal causa de la crisis, si han favorecido una asunción de riesgos excesiva y contribuido así a importantes pérdidas sufridas por las principales entidades. En definitiva, la aplicación de estos sistemas retributivos en el sector financiero incentiva el beneficio a corto plazo, descuidando los riesgos para la solvencia de la entidad en el medio y largo plazo.

Por tanto, existe un consenso amplio sobre la necesidad de regular las remuneraciones excesivas para garantizar una mayor estabilidad en el sistema financiero global. La Directiva 2013/36/UE establece como objetivo de carácter mínimo una política de remuneraciones mejor alienada con los riesgos en el medio plazo de la entidad. Por ello, proponemos ir más allá al reducir el componente variable de la remuneración al 50 por ciento del componente fijo y limitar al 100 por cien el nivel más elevado de remuneración variable en caso de aprobación por la Junta General de Accionistas de la entidad. Exigir, en todo caso, para el incremento de la retribución variable que supere el 50% un quórum reforzado en la Junta General de Accionistas, de no ser posible el quórum inicial de al menos un tercio de las acciones con derecho a voto.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 95. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 95 con la siguiente redacción:

«1. Las infracciones graves o muy graves prescribirán a los cinco años y las leves a los dos años.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley reduce el plazo de prescripción para infracciones graves de cinco a cuatro años con respecto al previsto en la legislación vigente. Por ello, se propone mantener el plazo de cinco años.




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ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. f.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la letra f) del apartado 2 de la Disposición adicional primera con la siguiente redacción:

«f) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos el 90 por ciento del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de establecer límites más elevados en el régimen fiscal para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. g.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la letra g) del apartado 2 de la Disposición adicional primera con la siguiente redacción:

«g) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 200.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 50.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de establecer límites más elevados en el régimen fiscal para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.




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ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Recuperación del apoyo público.

Toda actuación de saneamiento y recapitalización de entidades de crédito se desarrollará bajo el principio de asunción del coste por parte de quien lo ocasiona. En ningún caso, el saneamiento o la recapitalización de entidades de crédito tendrá, al final del proceso, costes para el contribuyente.

Se exigirá, como condición en los procesos de fusión, absorción o venta de la participación del FROB, que el apoyo financiero público para garantizar la viabilidad de una entidad de crédito se reembolse o recupere en su totalidad al final del proceso.»

JUSTIFICACIÓN

Contemplar en el Proyecto de Ley el principio esencial que las instancias financieras internacionales han situado en la base de la intervención pública ante la crisis financiera: que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Autoridad de Protección Financiera del Consumidor.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Protección Financiera, como ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejercerá sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.

En particular, la Autoridad velará por la protección de la clientela de servicios financieros y asumirá las funciones en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos y otras similares que tienen atribuidas el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, previo acuerdo con las administraciones afectadas, podrá incluir a las demás autoridades estatales y autonómicas con competencias en la materia, conforme a lo establecido para los órganos de cooperación en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»




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JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública, que afecta a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. En ese sentido, se propone la creación de una Agencia de Protección Financiera, como órgano en la que se integren las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros en aras a una protección más eficaz de los derechos de usuarios de servicios financieros. Esta Autoridad tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores, con el fin de evitar los posibles abusos y malas prácticas de las entidades de crédito.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Salvaguardia del modelo de cooperativas de crédito.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de reforma del régimen de las cooperativas de crédito y, en particular, de los aspectos relativos a su gobierno corporativo y financiación. En dicho proyecto tendrá en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad entre el tamaño y los requerimientos prudenciales de las entidades. Asimismo, en coordinación con el conjunto de autoridades competentes, impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar la preservación de la naturaleza jurídica y social de las cooperativas de crédito y la diversidad de modelos bancarios.»

JUSTIFICACIÓN

El modelo cooperativo se constituye sobre bases más democráticas, igualitarias y económicamente razonables: la libre adhesión, el control democrático, el apoyo mutuo, la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación, la redistribución del trabajo y sus beneficios y, en definitiva, la ausencia de desigualdades extremas entre el esfuerzo y las ganancias derivadas de ese esfuerzo. Los valores que inspiran el cooperativismo resultan claramente antagónicos a aquellos que generaron la crisis. Es por ello que resulta necesario garantizar su pervivencia, preservar la diversidad de opciones de modelo bancario y concretamente la existencia del modelo cooperativo como modelo de banca estrechamente vinculado a la creación de tejido social y económico, a la economía productiva. Sin embargo, como consecuencia de la duración e intensidad de la crisis económica y de lo obsoleto de algunos aspectos de su regulación —como pueda ser el gobierno corporativo o las fuentes de financiación—, resulta necesario garantizar el cooperativismo financiero, a través de las oportunas reformas en materia de gobernanza, financiación y aplicación del principio de proporcionalidad entre su tamaño y los requerimientos a los que se hallan expuestas, reformas que constituyen, junto a la temprana actuación de las autoridades financieras, el mejor instrumento para la salvaguardia del modelo.




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ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Informe sobre comisiones bancarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, un informe con el fin de analizar la evolución de la comisiones de servicios financieros en los últimos años, y que las recomendaciones de dicho organismo, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, se adopten con determinación, favoreciendo así unos precios más competitivos para los usuarios de servicios financieros, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.»

JUSTIFICACIÓN

Las comisiones bancarias son las cantidades de dinero que las entidades de crédito cobran a sus clientes en compensación por sus servicios prestados, por ejemplo, enviar una transferencia, administrarle una cuenta, estudiar un préstamo, darle una tarjeta de crédito o débito, etc.). Los datos suministrados por el Banco de España ponen de manifiesto que las comisiones bancarias han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y, en muchos casos, han tenido un carácter opaco para muchos ciudadanos. Por ello, se propone la elaboración por parte de la CNMC de un informe que analice la competencia efectiva en relación con las comisiones bancarias, debido a la mayor concentración que está experimentando el sector financiero en nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Código Deontológico para los altos cargos de las entidades de crédito.

El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España impulsarán, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el desarrollo de un Código Deontológico de carácter vinculante para la actividad profesional de los miembros del consejo de administración y los altos cargos directivos de las entidades de crédito.»




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JUSTIFICACIÓN

Necesidad de establecer un Código Deontológico de carácter vinculante para la función directiva de las entidades de crédito, tal y como se ha adoptado en Holanda, en el que se contemplen normas y valores que deben asumir quienes llevan a cabo la administración y dirección y así limitar los riesgos que supone la socialización de las pérdidas.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

El Gobierno, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, presentará un Proyecto de Ley de creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras en España que grave las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales y derivados, diferenciando los correspondientes tipos impositivos que correspondan en cuanto a su aplicación. Al menos la mitad de los mayores ingresos generados se destinarán a una redistribución más social y equitativa de la riqueza y, en particular, a financiar políticas sociales específicas.

El Gobierno impulsará ante la Comisión Europea y el Consejo de la UE, las actuaciones oportunas para agilizar la puesta en marcha y aplicación del Impuesto sobre Transacciones Financieras Internacionales en la Unión Europea.»

JUSTIFICACIÓN

Con el fin de apoyar los compromisos europeos (mecanismo de cooperación reforzada), frenar la especulación financiera y contribuir a mejorar la equidad, se insta al Gobierno a hacer efectiva la puesta en marcha del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:




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«Disposición adicional xx. Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, a efectos de considerar al Fondo entidad de naturaleza intrínsecamente privada y, en consecuencia, no consolidable a efectos de contabilidad nacional. Para ello, estudiará los cambios legislativos oportunos, especialmente en materia de gobernanza, financiación y toma de decisiones del Fondo al objeto de garantizar tanto la función de garantía de depósitos, como el nulo impacto en el erario público de toda eventual actuación futura.»

JUSTIFICACIÓN

Se exhorta al Gobierno a establecer los cambios legislativos necesarios, en particular en materia de gobernanza, financiación y toma de decisiones de la gestora del Fondo de Garantía de Depósitos a efectos de considerarlo como entidad de naturaleza intrínsecamente privada y, en consecuencia, situada fuera del perímetro de consolidación de la contabilidad nacional.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Tasa anual de supervisión.

1. El Banco de España cobrará una tasa anual de supervisión a las entidades de crédito, sucursales establecidas en España y demás entidades supervisadas. Dicha tasa estará destinada a sufragar los gastos en que incurra el Banco de España en relación con las funciones de supervisión que le atribuye la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico. El importe de las tasas no superará el de los gastos relativos a esos cometidos.

2. La cuantía de la tasa exigida a una entidad de crédito o a una sucursal se calculará de acuerdo con los regímenes que haya definido y publicado con anterioridad el Banco de España, una vez analizados los posibles costes y beneficios conexos.

3. Las tasas se calcularán al máximo nivel de consolidación y se basarán en criterios objetivos relativos a la importancia y perfil de riesgo de la entidad de crédito de que se trate, incluidos sus activos ponderados por riesgo.

La base para el cálculo de la tasa anual de supervisión de un año natural determinado será el gasto relativo a la supervisión de las entidades de crédito y sucursales en ese año. Respecto de la tasa anual de supervisión, el Banco de España podrá exigir pagos por adelantado, que se basarán en una estimación razonable. El Banco de España comunicará a las entidades de crédito, a las sucursales y a las demás entidades supervisadas la base de cálculo de la tasa anual de supervisión.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cobrarán a su vez tasas de supervisión a las entidades sobre las que ejercen sus respectivas funciones de supervisión, atendiendo a los mismos principios y criterios previstos para el Banco de España en los apartados anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta cada vez más habitual en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la UE y en la propia normativa comunitaria el cobro de tasas por los costes de las funciones de supervisión financiera.




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El art. 30 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, de 15 de octubre de 2013 extiende el sistema de tasas a las entidades supervisadas por el BCE. Habida cuenta de ello parece oportuno extender este sistema a nuestro ordenamiento jurídico por el conjunto de funciones de supervisión que la legislación vigente atribuye a los supervisores financieros. Adicionalmente, y más allá del sistema financiero, el cobro de tasas por servicios públicos resulta generalizado en nuestro país. No parece que en la actual coyuntura los operadores financieros sujetos a la supervisión de las autoridades españolas no deban contribuir al sostenimiento de los gastos que su supervisión acarrea para el erario público.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Comisión independiente para el futuro del sistema financiero.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se creará la Comisión independiente para el futuro del sistema financiero, que estará integrada por expertos, académicos y otros profesionales de reconocido prestigio procedentes de la sociedad civil, con arreglo a la composición plural y principios de funcionamiento que sean acordados por los grupos parlamentarios.

2. Será función principal de la Comisión la evaluación de los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero español, con especial atención a su estrategia exterior. En particular, la Comisión observará en su actuación y su análisis los principios de transparencia y responsabilidad democrática, la seguridad jurídica y tendrá en cuenta los efectos sociales derivados del funcionamiento del sistema financiero.

3. La Comisión será independiente, si bien rendirá cuentas ante las Cortes Generales, a las que presentará informes trimestrales sobre el progreso de sus trabajos y un informe final en el plazo de un año desde su constitución, que tendrá lugar antes de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

Más allá de las medidas urgentes y reactivas adoptadas durante la crisis, resulta necesario analizar con mayor profundidad, profesionalidad y con visión a medio y largo plazo cuáles son los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros de nuestro sistema financiero. En particular, es deseable un sistema financiero en el que las decisiones, tanto públicas como privadas, se adopten con transparencia y responsabilidad, a partir de normas seguras, previsibles y que tengan en cuenta una adecuada gestión de la complejidad. Asimismo, es preciso garantizar por parte de los poderes públicos que la información es accesible por igual a todos los participantes en el sistema financiero y que estos toman sus decisiones libremente. Finalmente, habida cuenta de la creciente interdependencia e integración de los mercados y sistemas financieros europeos y globales resulta preciso diseñar una estrategia exterior que tenga en cuenta en el medio y largo plazo el interés general.

Para ello, se propone la creación de una Comisión Independiente para el futuro del sistema financiero, integrada por expertos, académicos y profesionales de reconocido prestigio procedentes de la sociedad civil, similar a las que en países como el Reino Unido o los EE.UU. han llevado a cabo un análisis sereno, profundo y a medio y largo plazo de los problemas, retos y necesidades estratégicas de sus respectivos sistemas financieros. La composición, nombramiento y principios de funcionamiento de la Comisión, que será independiente si bien rendirá cuentas ante las Cortes Generales, será establecido por acuerdo de los




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grupos parlamentarios que en todo caso tendrá en cuenta la opinión de las instituciones financieras y del conjunto de actores de la sociedad civil respetando la pluralidad.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Control parlamentario del Banco Central Europeo.

En tanto que miembro del Consejo de la Unión Europea, el Gobierno velará por la inclusión en la normativa europea de cláusulas que aseguren la responsabilidad democrática del Banco Central Europeo en tanto que supervisor bancario, en particular a través de la extensión del control ordinario del Parlamento Europeo a esa actividad.»

JUSTIFICACIÓN

En la medida en que el Proyecto de Ley trata de recoger el nuevo reparto competencial que en materia de supervisión tiene lugar tras la aprobación de determinados elementos de la Unión Bancaria, y en particular la atribución al BCE de competencias de supervisión dentro del Reglamento por el que se aprueba el Mecanismo Único de Supervisión, resulta necesario dar pasos en paralelo para la oportuno control democrático de las nuevas funciones asumidas por el BCE. En ese sentido se exhorta al Gobierno a impulsar en la negociación de acuerdos políticos y de normas europeas la inclusión de cláusulas que aseguren tal control democrático de las autoridades financieras en el nivel europeo.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Revisión de la regulación legal de las cláusulas abusivas de los contratos.

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno presentará un informe sobre el cumplimiento y eventual revisión de la legislación en materia de cláusulas abusivas de la contratación dentro del sistema financiero. A tal efecto consultará previamente con las autoridades competentes en materia de protección de los usuarios de servicios financieros y, en particular, con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»




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JUSTIFICACIÓN

Las situaciones de desequilibrio que se producen en la celebración de contratos se traducen a menudo en la aceptación forzosa de determinadas cláusulas contractuales que o resultan contrarios a la legislación en materia contractual o sin resultar contrarias a la legislación vigente sí traslucen una situación de desigualdad en la formación y expresión de la voluntad de las partes contratantes. El desequilibrio de las partes contratantes requiere de una intervención pública suficiente para equilibrar la relación jurídica y garantizar que los contratos se celebran libre y responsablemente. Resulta preciso efectuar un análisis de la situación de cumplimiento de la regulación vigente en esta materia y, en su caso, una revisión de tal normativa.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Proyecto de Ley de insolvencia de las personas físicas.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de insolvencia de las personas físicas. En concreto, establecerá un procedimiento ad hoc, judicial o administrativo, orientado, en el caso de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, al diseño de un plan de pagos efectivo en beneficio de acreedor y deudor, con o sin exoneración de las deudas pendientes, que permita una mínima satisfacción a los acreedores sin conducir a la exclusión económica del deudor, y en particular del deudor hipotecario. Asimismo, para este tipo de deudores, se regularán los procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria. En todo caso, se garantizará la máxima seguridad jurídica en el tráfico mercantil.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta preciso regular la insolvencia personal, especialmente en caso de deudores hipotecarios. El recién aprobado Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, prevé un marco legal de los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Según la propia norma su objetivo es «agilizar y flexibilizar estos procesos y de garantizar la supervivencia de sociedades que han acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un punto de vista operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación». Se propone —en sintonía con las legislaciones de nuestro entorno europeo y con el propio espíritu de la norma recién aprobada que pretende un «nuevo comienzo» para empresas viables—, aprobar formas similares que permitan la refinanciación y el nuevo comienzo de las personas físicas que actuando de buena fe se ven afectadas por deudas, especialmente, hipotecarias como consecuencia de un empeoramiento sobrevenido de su situación económica.




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ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria xxx. Régimen transitorio de la limitación de los intereses de demora en préstamos y créditos hipotecarios.

La limitación de los intereses de demora de hipotecas a la que hace referencia la disposición final xxx será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 1108 del Código Civil para el caso de cláusulas declaradas abusivas.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con la enmienda que incorpora una nueva disposición final que modifica la Ley Hipotecaria. Se adapta la transitoriedad a la nueva norma de limitación de los intereses de demora. Asimismo, se incluye en el inciso final una referencia al art. 1108 del CC que establece que «si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal». La referencia a esta norma pretende evitar una integración conservadora de los contratos que incluyan cláusulas abusivas; en esos casos no deberá producirse un nuevo cálculo del interés de demora conforme a la nueva regulación, sino que tratándose de una cláusula abusiva deberá entenderse como nula de pleno derecho, teniéndose por no puesta y, en consecuencia, aplicarse el interés legal del dinero previsto en el artículo 1.108 para los supuestos de ausencia de convenio entre las partes.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado a la Disposición final primera con la siguiente redacción:




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Nuevo apartado. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 61 ter del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, con la siguiente redacción:

«1. Junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo de las sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros y altos directivos, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y altos directivos y los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución de la sociedad.

2. El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros y altos directivos, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con carácter vinculante y como punto separado del orden del día, a la Junta General ordinaria de accionistas.»

JUSTIFICACIÓN

Las sociedades cotizadas, al igual que las entidades de crédito, deben publicar también la retribución individualizada total de los directores o asimilados así como la de otros puestos clave para el desarrollo diario de la sociedad, así como los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución de la empresa. Por otro lado, se garantiza el derecho de los accionistas de emitir un voto vinculante sobre las políticas de retribuciones de los consejeros y los altos cargos.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición final novena que modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la composición de la comisión gestora Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) que pasará a estar integrada por 11 miembros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por el Banco de España y cinco por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas (tres de bancos, uno de cajas de ahorros y uno de cooperativas de crédito). La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España.

La reforma se justifica por tratarse de una institución incluida dentro del perímetro de consolidación fiscal, es decir, que se tendrá en cuenta para contabilizar el déficit público. Sin embargo, resulta fundamental volver a la razón de ser originaria de los fondos de garantía de depósitos, como mecanismo colectivo de mutualización de apoyos en casos de problemas de entidades, entre las propias entidades, es decir, de naturaleza privada. Sacar al FGD del perímetro de consolidación fiscal, rompiendo el canal de comunicación entre intervenciones del fondo y costes para el contribuyente, es una forma de garantizar no sólo los




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depósitos, sino que en caso de actuación del FGD los costes no repercutirán en el erario público. Deben ser las entidades individual y colectivamente, quienes soporten el coste de los rescates, individuales y colectivos, y no los contribuyentes. En consecuencia se propone la supresión de la disposición final octava y la permanencia de la actual composición de la comisión gestora, con doce miembros, seis del Banco de España y seis del sector financiero.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición final décima.

JUSTIFICACIÓN

Por invasión de competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, queda modificada como sigue:

Se da nueva redacción a los apartados a) y b) de la disposición adicional decimotercera, que queda redactado como sigue:

a) La emisión ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o inversores profesionales de al menos el noventa por ciento del total de la misma, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

b) En el caso de emisiones de participaciones preferentes, o instrumentos de deuda convertibles de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, el valor nominal unitario mínimo de los valores será de 200.000 euros. En el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo será de 50.000 euros.

(…)»




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Necesidad de establecer límites más elevados para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Modificación de Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 queda.

Uno. El párrafo tercero del art 114 de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 queda redactado como sigue:

Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda garantizados con hipoteca no podrán ser superiores al interés remuneratorio previsto en el contrato aumentado en tres puntos porcentuales y sólo podrán devengarse sobre el principal impagado. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Dos. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda derogada.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma efectuada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en materia de limitación de los intereses de demora —reforma que trae causa especialmente de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11) que declara abusivas determinadas cláusulas contractuales—, resulta notablemente insuficiente para preservar los derechos de los deudores hipotecarios.

Se establece por tanto una limitación más estricta, en línea con lo previsto en las legislaciones de nuestro entorno (Francia, Reino Unido, etc.), y un ámbito de aplicación más amplio. Los límites a los intereses de demora funcionan tanto para evitar la resolución de los contratos como para favorecer el retorno al cumplimiento de sus obligaciones de pago por parte de los deudores. Se constituyen de esta forma en un mecanismo que no actúa sólo evitando el cargo de intereses muy por encima de los prejuicios que el impago suponga para los prestamistas, sino que constituyen un beneficio económico neto en la medida en que posibilitan el restablecimiento temprano del cumplimiento del calendario de pagos. En definitiva, no sólo se pretende eliminar la existencia de intereses de demora claramente abusivos, sino favorecer las posibilidades de retorno al pago. En ese sentido:

— Se sustituye el interés máximo de tres veces el interés legal, en torno al 12%, por tres puntos por encima del interés remuneratorio, es decir, un máximo ligeramente superior al 6%.

— En segundo lugar, se amplía a todos los préstamos y créditos sobre vivienda con garantía hipotecaria y no sólo a aquellos celebrados sobre vivienda habitual, y ello porque no existe razón alguna para penalizar al resto de prestatarios con una desmesurada aplicación de intereses de demora.




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— Finalmente, se limita claramente la aplicación al principal impagado, evitando la aplicación del interés de demora a la totalidad del capital pendiente.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 38 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el título del Proyecto de Ley

«Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y por la que se modifican diversas leyes del sector financiero.»

JUSTIFICACIÓN

Compartimos con el Consejo de Estado que el título del Proyecto de Ley no resulta exacto. Si bien el contenido básico es la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a las entidades de crédito, también se modifican otras leyes en el ámbito financiero. En particular se produce una modificación sustancial de la Ley 24/1988 del Mercado de valores.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5. 2. c.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 5.

«c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de los tipos en los préstamos o créditos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia, estableciendo horquillas que eliminen riesgos excesivos para los clientes.»

JUSTIFICACIÓN

Potenciar los derechos de los clientes de servicios o productos bancarios.




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ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se sustituye el primer inciso del primer párrafo del apartado 1 del artículo 17.

La expresión «o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 por ciento», se sustituye por la expresión «o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30, 40 o 50 por ciento».

JUSTIFICACIÓN

Enmienda técnica.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo 24.

«Nuevo apartado) En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los requisitos de idoneidad serán exigibles a las categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales a las que hace referencia el artículo 32.1 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Los requisitos de idoneidad deben extenderse a las categorías de personal a las que hace referencia el artículo 32.1 al regular la política de remuneraciones. En particular: altos directivos, empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos y empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.




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Se añade una nueva letra en el apartado 3 del artículo 29.

«Nueva letra) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en el resto de normativa que afecte a las actividades de la entidad de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger esta previsión como función indelegable del consejo de administración.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 29 del apartado 4.

«4. El presidente del consejo de administración no podrá ejercer simultáneamente el cargo de consejero delegado.»

JUSTIFICACIÓN

Una de las funciones indelegables del consejo de administración es garantizar una supervisión efectiva de la alta dirección. Esta supervisión es imposible si puede ser compatible el cargo de consejero delegado con el de presidente del consejo de administración. Por tanto, se propone suprimir la salvedad de que ello sea posible si la entidad de crédito lo justifica y el Banco de España lo autoriza.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 31. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 31 del apartado 1.

«1. Las entidades de crédito deberán constituir un comité de nombramientos, integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros y, en todo caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir el segundo párrafo del apartado 1. Entendemos que todas las entidades de crédito deben constituir un comité de nombramientos con miembros no ejecutivos y en ningún caso hacerlo de manera conjunta con el de remuneraciones. Ambos comités deben estar separados y tener sustantividad




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propia para evitar en la medida de lo posible que los grupos de interés, además de «colocar» a sus afines, también fijen sus retribuciones.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 33.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo 33.

«Nuevo artículo) Elementos fijos de la remuneración.

La fijación de los componentes fijos de la remuneración de las categorías de personal a las que se refiere el artículo 32.1 evitará establecer incentivos que supongan asumir riesgos que rebasen el nivel tolerado por la entidad de crédito. En este sentido, el componente fijo individual de la remuneración no podrá superar, en ningún caso, el 30 por ciento de la remuneración total.»

JUSTIFICACIÓN

La retribución fija está compuesta por un fijo sectorial, un fijo de empresa y un fijo individual. Se puede argumentar, siempre con matices, que los fijos sectorial y de empresa son neutros en cuanto a la toma de riesgos, pero el fijo individual es otra cuestión.

El fijo individual es una cantidad importante de la remuneración. Puede ser similar a la suma del fijo sectorial y de empresa o incluso superior. Y este componente incorpora un incentivo a la repetición de políticas de toma de riesgos que aseguren la permanencia y los intereses de los grupos que determinan la existencia de dichos incentivos.

Esto es así porque a la cantidad que supone el fijo individual se accede a través de procesos de selección por medio de empresas especializadas (normalmente vinculadas a grupos de interés), procesos de incorporación directa desde escuelas de negocios (directamente vinculadas a grupos de interés) o procesos de incorporación directa desde empresas del sector, en función de la experiencia en las mismas y en relación a la ejecución adecuada de las políticas de la propiedad, valoradas por intermediarios pertenecientes a grupos de interés.

Se propone, por tanto, minimizar las retribuciones fijas individuales.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 34.

«a) Los componentes variables de la remuneración estarán vinculados exclusivamente a los resultados, entendidos a estos efectos como los beneficios propios de la explotación del objeto social, y




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su importe total se basará en una evaluación en la que se combinen los resultados del individuo, valorados conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de negocio afectada, y los resultados globales de la entidad de crédito y su grupo.»

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta, tal y como establece el artículo 33 [ordinal 2.º de la letra e) del apartado 1] del Proyecto de Ley, que la remuneración variable debe reflejar un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, se propone que esté exclusivamente vinculada a los beneficios ordinarios, excluyendo atípicos o vinculaciones a otros índices que la experiencia ha demostrado exacerban el riesgo más allá de lo admisible.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. d.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 34.

«d) Queda prohibida cualquier remuneración variable garantizada.»

JUSTIFICACIÓN

La remuneración variable garantizada es incompatible con una gestión sana y sensata de los riesgos y con el principio de recompensar el rendimiento.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. e.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la letra e) del apartado 1 del artículo 34.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. g.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 34.

«g) Las entidades establecerán las ratios apropiadas entre los componentes fijos y los variables de la remuneración total. En cualquier caso, el componente variable no será superior al cien por cien del componente fijo de la remuneración total de cada individuo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir cualquier nivel superior al cien por cien del componente fijo de retribución variable.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1. n.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el primer párrafo de la letra n) del apartado 1 del artículo 34.

«n) La Junta General de accionistas será la única competente para decidir sobre el pago o consolidación de la remuneración variable de cada individuo. La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará o se consolidará únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la entidad en su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados de la entidad, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocer la competencia exclusiva de la Junta General en materia de pagar o consolidar remuneraciones variables de cada individuo que, en todo caso, se pagarán o se consolidarán únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la entidad en su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados de la entidad, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 35.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 35.




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«Artículo 35. Entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

En el caso de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, se aplicarán los siguientes principios:

a) Los miembros del consejo de administración y los directivos de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales percibirán exclusivamente una remuneración fija por el desempeño de su función o cargo, no pudiendo percibir ninguna otra cantidad, sea variable o de beneficios discrecionales de pensiones, en tanto subsista el apoyo financiero público.

En tanto subsista el apoyo financiero público las personas a que se refiere el párrafo anterior no percibirán indemnización alguna, pensiones de cualquier clase o blindaje, cualquiera que sea el título laboral, mercantil o de otra naturaleza que se invoque, que se deriven de sus relaciones con la entidad de crédito, aunque aquellas sean prestadas por un tercero o se perciban con carácter diferido una vez cese el apoyo financiero público.

Durante el tiempo que la entidad de crédito reciba apoyo financiero público no podrá adoptar acuerdos ni celebrar ningún negocio jurídico, cualquiera que sea su naturaleza, forma o causa que atribuya a sus administradores y directivos derecho alguno distinto de la retribución fija que se establece en la letra b) de este artículo, aunque el momento del ejercicio o disfrute de ese derecho se difiera en el tiempo para el momento en que cese el apoyo financiero público.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público ajustarán obligatoriamente y para el tiempo en que dure el apoyo financiero la retribución de sus administradores y directivos a las condiciones establecidas con carácter imperativo en la letra b) de este artículo.

b) Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, como requisito previo necesario para disfrutar del mismo, deberán adaptar sus estatutos sociales y sus reglamentos internos, modificar sus acuerdos sociales y los contratos que regulan su relación con sus administradores y directivos a lo dispuesto en este artículo. En particular deberán observarse las siguientes reglas:

Se limitará la retribución de los administradores y directivos tomando como referencia la media aplicada a colectivos similares de las entidades equiparables a la entidad de crédito que reciba el apoyo financiero, tomando en cuenta su tamaño y complejidad de gestión, así como las funciones que efectivamente desempeñe cada administrador y directivo. En todo caso, el total de las remuneraciones de cada administrador y directivo no podrá superar las cuantías máximas anuales, por todos los conceptos, estatutarios o de cualquier otra naturaleza o clase siguientes:

● Retribución, por todos los conceptos, de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades de crédito que reciban apoyo financiero público: un máximo de cuarenta mil euros anuales brutos.

● Retribución fija por todos los conceptos del presidente, ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público: un máximo de ciento cincuenta mil euros anuales brutos.

Al efecto del cómputo de los límites anteriores se incluirán todas las retribuciones percibidas dentro del mismo grupo de empresas al que pertenezca la entidad de crédito. A esos mismos efectos, la retribución fija de los presidentes y consejeros ejecutivos incluirá las dietas que perciban por su pertenencia al Consejo de Administración u órganos dependientes del mismo.

c) Las limitaciones establecidas en las letras a) y b) de este artículo podrán levantarse una vez extinguido el apoyo financiero público.

d) Lo establecido en este artículo se aplicará también a las condiciones retributivas de los miembros de los órganos de administración de las entidades que reciban apoyo financiero público y cuya relación con la entidad no se regule en contrato alguno.

e) Serán radicalmente nulos e insubsanables e ineficaces, en su integridad, todos los actos, contratos o negocios jurídicos que se aparten en todo o en parte de lo establecido en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Limitar estrictamente las remuneraciones, indemnizaciones y compromisos por pensiones en las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.




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ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 36.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 36.

«Artículo 36. Comité de remuneraciones.

Las entidades de crédito deberán constituir un comité de remuneraciones integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas en la entidad. Al menos un tercio de estos miembros, y en todo caso el presidente, deberán ser consejeros independientes.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir el apartado 2 de este artículo, pues permite constituir, para algunas entidades a criterio del Banco de España, el comité de remuneraciones de manera conjunta con el de nombramientos. Sin embargo, ambos comités deben estar separados y tener sustantividad propia para evitar en la medida de lo posible que los grupos de interés, además de «colocar» a sus afines, también fijen sus retribuciones.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 38.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 38.

«Artículo 38. Función de gestión de riesgos y comité de riesgos.

1. Las entidades de crédito deberán disponer de una unidad u órgano que asuma la función de gestión de riesgos proporcional a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades, independiente de las funciones operativas, que tenga autoridad, rango y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al consejo de administración.

2. Las entidades de crédito deberán establecer un comité de riesgos. Este comité estará integrado por miembros del consejo de administración que no desempeñen funciones ejecutivas y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la entidad.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que, en todo caso, ha de existir un comité de riesgos en cualquier entidad de crédito. El control de la propensión al riesgo de una entidad y su estrategia son cuestiones capitales, como demuestra la experiencia y el propio origen de la crisis financiera.




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ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 82. 3. j.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra j) del apartado 3 del artículo 82.

«j) Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las comunicaciones que puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración firmados por el Banco de España con autoridades supervisoras de otros países.»

JUSTIFICACIÓN

El apartado 3 del artículo 82 establece las excepciones de la obligación de secreto por parte del Banco de España. La redacción que se propone para la letra f) entendemos es más correcta técnicamente, ya que debe ser la ley que faculta para pedir dicha información la que establezca los términos en los que debe realizarse dicha petición y entregarse la información requerida.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 87. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 87.

«Nueva letra) Indicadores de sostenibilidad vinculados con la Responsabilidad Social Empresarial.»

JUSTIFICACIÓN

Por la importancia de atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 87. 4.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 87:

«4. Agrupados por entidades, el Banco de España tendrá disponibles en su página web, al menos, los siguientes informes:

a) La auditoría de cuentas.

b) El informe de relevancia prudencial.

c) El informe de gobierno corporativo.

d) El resultado de las pruebas de resistencia periódicas.

e) El informe bancario anual.»

JUSTIFICACIÓN

Publicar, al menos, los informes más relevantes para conocer la situación de las entidades de crédito supervisadas.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 92. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra al artículo 92.

«Nueva letra) Comercializar instrumentos financieros incumpliendo lo dispuesto en el apartado 2 bis de la disposición adicional primera de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone tipificar como infracción muy grave la comercialización entre clientes minoristas de instrumentos financieros arriesgados y complejos, como son las participaciones preferentes. En otras enmiendas se establece la prohibición de comercializar esos productos entre la clientela minorista. Así, su comercialización quedaría restringida a clientes profesionales y a otros bancos.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 92. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra al artículo 92.




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«Nueva letra) Incumplir las previsiones contenidas en el artículo 35 sobre la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración y directivos de entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de las limitaciones en las remuneraciones, indemnizaciones y compromisos por pensiones de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 93. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra al artículo 93.

«Nueva letra) Incumplir las previsiones contenidas en los artículos 32, 33, 33 bis y 34 sobre la política de remuneraciones de las categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone tipificar como infracción grave el incumplimiento de lo dispuesto sobre política de remuneraciones y, en particular, sobre los elementos variables de la remuneración.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 115. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del artículo 115.

«5. Salvo la amonestación privada, todas las demás sanciones serán publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” una vez que sean firmes en vía administrativa.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de hacer públicas todas las sanciones, con excepción de la de amonestación privada.




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ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 115. 6.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el primer inciso del apartado 6 del artículo 115.

«6. Las sanciones y amonestaciones por infracciones muy graves y graves deberán asimismo ser publicadas en la página web del Banco de España, en un plazo máximo de quince días hábiles desde que la sanción o amonestación sea firme en vía administrativa, con información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o amonestación.»

JUSTIFICACIÓN

La mención a la normativa de protección de datos para publicar en la página web del Banco de España las sanciones y amonestaciones por infracciones muy graves y graves carece de sentido, cuando ya son publicadas en el BOE. Por tanto se propone suprimir esa mención al comienzo del apartado 6 del artículo 115.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. f.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra f) del apartado 2 de la disposición adicional primera.

«f) La oferta pública de venta deberá dirigirse exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que las participaciones preferentes no puedan ser comercializadas entre la clientela minorista. Así, su comercialización quedaría restringida a clientes profesionales y a aquellos que tienen el máximo conocimiento, experiencia y capacidad financiera (entidades autorizadas para operar en los mercados financieros: empresas de inversión, entidades de crédito, compañías de seguros o bancos centrales; y gobiernos).

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. Apartado nuevo.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado a la disposición adicional primera.

«Nuevo apartado) Las empresas se servicios financieros y las entidades de crédito no podrán comercializar, bajo ningún concepto, entre los clientes minoristas instrumentos financieros que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que constituyan o reconozcan una deuda perpetua o redimible a la sola voluntad del emisor, cualquiera que sea la denominación de dichos instrumentos financieros.

b) Que no se estén negociando en un mercado secundario.

c) Que estén comprendidos en las letras h), i) o j) del apartado 1 o en los apartados 2 a 8 del artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»

JUSTIFICACIÓN

Los últimos años han mostrado que las normas de protección de los inversores minoristas han fracasado. Basta con observar los casos de las participaciones preferentes y los swaps.

La experiencia ha demostrado que la única manera de proteger al inversor minorista es prohibir radicalmente a las empresas de servicios financieros y a las entidades de crédito la comercialización entre esos clientes de instrumentos financieros arriesgados y complejos. Instrumentos que el inversor minorista no es capaz de comprender y que pueden provocar perder la totalidad de lo invertido.

Lo que aquí se propone respeta las directivas MiFID porque éstas establecen un marco mínimo de protección, que puede ser reforzado por los estados.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley para la creación urgente de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base impositiva amplia y que será sustituido, cuando en su caso proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.»

JUSTIFICACIÓN

El enero de 2013, once Estados miembros de la Unión Europea —entre los que está España— acordaron aplicar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) mediante el mecanismo de cooperación reforzada. Tras dicho acuerdo, los países que lo suscribieron deben legislar la puesta en práctica nacional del ITF detallando, entre otras cuestiones, qué productos financieros serían objeto de su aplicación, qué tipos impositivos afectarían a cada uno de ellos, los plazos para el inicio de su aplicación y el destino del dinero recaudado.




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Se calcula que serían 5.000 millones de euros anuales en España la recaudación de ese impuesto con unas bases imponibles amplias y unos tipos muy pequeños. Sería urgente su implantación para ayudar a una mejora de la recaudación y de un mejor reparto de la carga impositiva.

Algunos países, como Italia y Francia, ya han asumido su compromiso y han implantado impuestos especiales a las transacciones financieras antes de la redacción de un ITF final común, que llevará algún tiempo.

Un tributo de este tipo contribuiría a evitar los movimientos financieros especulativos y al control de los paraísos fiscales, y permitiría obtener recursos del sector financiero, corresponsable de la crisis financiera de estos años, para mejorar las políticas de gasto y reducir el déficit público.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Agencia pública europea de calificación.

El Gobierno promoverá ante las instituciones europeas la creación de una agencia pública europea de calificación crediticia que sea la única entidad autorizada para calificar la deuda soberana de los estados miembros de la Unión Europea.»

JUSTIFICACIÓN

Las agencias de calificación son empresas privadas que funcionan bajo la lógica del beneficio y sus beneficios provienen precisamente de las operaciones que realizan. Surge pues un conflicto de interés cuando las entidades emisoras contratan a la agencia que califica sus productos. Y puede suceder que estas agencias exageren la calificación otorgada y consigan así satisfacer al cliente e incrementar los beneficios por comisiones.

Los analistas de estas agencias no tienen responsabilidad alguna frente a los pronósticos que realizan. Opiniones que pueden llevar a los ciudadanos de los países afectados a situaciones socioeconómicas preocupantes. Dan sus argumentos amparados por la empresa para la que trabajan y no tienen que dar más cuentas a nadie, ni a reguladores ni a inversores.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la nefasta actuación de las agencias de calificación.

Lo que se propone es la creación de una agencia pública europea de calificación que no actúe movida por el criterio de rentabilidad.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.




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Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Participación mayoritaria del Estado en entidades financieras nacionalizadas.

El Estado, a través del FROB como propietario del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) matriz de Bankia, así como de Catalunya Caixa, mantendrá el control público de dichas entidades garantizando una participación pública en el capital de las mismas del 51 por ciento como mínimo, para facilitar el crédito a las empresas de menor dimensión y a las familias, y sin perjuicio de la naturaleza territorial de las entidades nacionalizadas a la hora de respetar las competencias de las comunidades autónomas en su gestión.

En todo caso, respetando el porcentaje mínimo de participación del Estado señalado en el párrafo anterior, la venta, en su caso, de participaciones públicas en las entidades de crédito nacionalizadas no podrá realizarse a un precio inferior al que resulte de dividir el total de las sumas aportadas por el Estado a cada entidad por el porcentaje del capital de dicha entidad que se enajene.»

JUSTIFICACIÓN

El Estado, a través del FROB, ha iniciado la privatización de Bankia con la puesta en venta de una participación de la entidad nacionalizada del 7,5%. Hasta ese momento el FROB controlaba el 68,4% del capital de Bankia a través de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad.

No podemos compartir la privatización, sin ningún tipo de transparencia, de las entidades nacionalizadas en las que se han enterrado miles de millones de euros de dinero público para su saneamiento y que no se tiene intención de recuperar.

Constituir una verdadera Banca Pública es la mejor y más eficaz manera para ayudar a que crezca el tan necesario crédito a la pequeña empresa y a las familias. Esa sí que sería una buena política para la reactivación de la economía y la creación de empleo.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Limitaciones en la distribución de resultados de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público.

1. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público deberán destinar el 50 por ciento de sus beneficios netos a constituir una reserva indisponible, que tendrá la consideración legal de recursos propios de las entidades de crédito, con el fin de fortalecer sus recursos propios y hasta que alcancen la ratio de capital establecida en la presente Ley.

2. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público no podrán repartir entre sus socios dividendos o cualquier clase de reserva hasta que no desaparezca dicho apoyo financiero.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que podrá percibir un dividendo anual de hasta un 5 por ciento cuando existan las condiciones legales para el reparto de dividendos.»




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JUSTIFICACIÓN

Resulta lógico que las entidades que reciben apoyo financiero público destinen el resultado positivo de su actividad a fortalecer sus recursos patrimoniales.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Paralización de los desahucios y límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria.

1. El Gobierno llevará a cabo con carácter de urgencia las medidas oportunas para paralizar en forma de moratoria los desahucios de las viviendas en que residan habitualmente aquellas familias que acrediten circunstancias sobrevenidas.

2. Las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, en los procedimientos de ejecución de débitos derivados de créditos o préstamos con garantía hipotecaria que graven la vivienda en que resida habitualmente el deudor crediticio, antes de poder instar a la ejecución hipotecaria en subasta pública tendrán que acreditar totalmente su crédito, incluido el principal, intereses y la asunción del importe del Impuesto municipal que grava la transmisión de bienes inmuebles (IIVTNU), con la entrega de la propiedad de la vivienda afectada.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone actuar urgentemente en el caso de las personas que, por razón de pérdida del puesto de trabajo o por otras causas no fraudulentas, afrontan un desahucio.

Además, se propone introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria, cuando se trata de la adquisición de la vivienda habitual y de entidades financieras que reciben apoyo financiero público, priorizando la dación en pago.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final novena.

El apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:




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«1. El Fondo será regido y administrado por una Comisión Gestora integrada por once miembros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por el Banco de España, cuatro por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas y uno designado por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros.»

JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros para los depósitos en dinero o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos de cambio correspondientes, y de 100.000 euros para los inversores que hayan confiado a una entidad de crédito valores u otros instrumentos financieros. Estas dos garantías que ofrece el Fondo son distintas y compatibles entre sí.

Además, para el cumplimiento de su función de garantía de depósitos y en defensa de los depositantes cuyos fondos están garantizados y del propio Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, el Fondo podrá adoptar medidas de apoyo a la resolución de una entidad de crédito.

Los titulares de los depósitos son acreedores de las entidades de crédito y es lógico que en la Comisión Gestora del Fondo estén representados sus legítimos intereses a través de las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros.

ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final novena.

El cuarto párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«Los representantes de las entidades adheridas serán designados dos por las asociaciones representativas de bancos, uno por las de cajas de ahorros y uno por las de Cooperativas de Crédito, en los términos que ser prevean reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica la disposición final novena.

El segundo inciso del último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«Asimismo, por el mismo procedimiento previsto anteriormente se nombrarán dos suplentes por el Banco de España y uno por cada uno de los designados por las entidades adheridas y por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, que sustituirán a los titulares en caso de vacante, ausencia y enfermedad.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final novena.

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, queda redactado en los siguientes términos:

«4. Los representantes de las entidades crédito adheridas al Fondo y el representante designado por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros cesarán en su cargo por las causas siguientes:»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De adición.

De adición a la disposición final novena.

Después del quinto párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2011, modificado en la disposición final novena, se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«La persona designada por las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, en los términos que se prevean reglamentariamente, será persona de reconocida honorabilidad profesional y poseerá conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones.»




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final.

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El apartado 3 del artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 93. Obligaciones de información.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

En ningún caso, las entidades dedicadas a la actividad financiera y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito podrán invocar el derecho a la intimidad de sus clientes, la confidencialidad de los datos o la obligación de guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, movimientos, transacciones y demás operaciones propias o de sus clientes ante cualquier solicitud de documentación e información de estos datos por parte de las Administraciones tributarias en el curso de las comprobaciones e investigaciones tributarias o requerimientos individualizados de información de datos de carácter tributario.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone clarificar la situación legal y evitar la innecesaria litigiosidad de las entidades amparada en un supuesto deber de reserva, de intimidad o de confidencialidad que no debe prevalecer sobre el interés público y constitucional de contribuir conforme a la capacidad económica de los contribuyentes. Litigios cuya resolución se demora en el tiempo más allá de los cuatro años de la prescripción administrativa y convierte en inservible la información tributaria requerida sobre sus clientes.

La Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos años recursos del BBVA, BSCH, POPULAR, BANKINTER, SABADELL y BANIF contra el requerimiento de Hacienda que les exigió distintos datos de todas las cuentas bancarias abiertas en estas entidades que hubiesen registrado ingresos anuales de




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más de 3 millones de euros (NIF de la entidad declarante, código de cuenta cliente y el importe total anual de la suma de apuntes en el Haber).

Decisión recurrible ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo ya fijo doctrina con su sentencia de 3 de noviembre de 2011 al desestimar el recurso del BANCO DE ANDALUCÍA contra un requerimiento casi idéntico de la AEAT, aunque referido al ejercicio fiscal de 2005, que ha servido para la desestimación de los recursos de los bancos enunciados en el párrafo anterior.

Dicha sentencia estableció que «el deber de colaboración con la Administración Tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada, así como su obtención por la persona física o jurídica, pública o privada requerida, bien como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que pesan sobre ella, bien en mérito a sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceros». El Supremo, por tanto, creyó obvio e incuestionable que la información pedida por Hacienda al banco tenía trascendencia tributaria, por lo que rechazó las pretensiones de este banco.

Esta misma sentencia ha servido para que la Audiencia Nacional haya considerado ajustado a derecho el requerimiento de información a El Corte Inglés para que informe a Hacienda de la lista de titulares de su tarjeta que compraron por valor de más de 30.000 euros anuales en los ejercicios 2006 y 2007, o la desestimación de un recurso de Sistema 48, S.A. al que Hacienda exigió la misma información que a El Corte Inglés.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final.

«Disposición final (nueva). Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad.

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:

(…)

7 (nuevo). Las estipulaciones que en contratos de préstamo o crédito de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar, fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado y reúnan al menos una de las siguientes características:

a) Que se fije un límite a la bajada de los tipos de interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los mismos.

b) Que el límite establecido a la bajada de los tipos de interés sea igual o mayor al 40 por ciento del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación.

c) Que la diferencia entre los límites fijados en el contrato para la bajada y subida de los tipos de interés sea igual o mayor a cuatro puntos porcentuales.”»




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JUSTIFICACIÓN

Se propone incluir como abusivas las denominadas cláusulas suelo que no respeten los mínimos recogidos en la enmienda. Estas cláusulas están provocando un perjuicio manifiesto a los consumidores y usuarios por la vulneración del justo equilibrio de las partes tal y como están manifestando los tribunales.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al Artículo 2 del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, del siguiente tenor:

«Apartado nuevo. En las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de ordenación del crédito y banca, la ejercerán respecto de los bancos que desarrollen, con carácter exclusivo o principal, su actividad bancaria en dicha Comunidad. A estos efectos, se entiende que un banco desarrolla su actividad bancaria con carácter principal en una Comunidad Autónoma, cuando dicha actividad en la misma resulte ser superior a la realizada en el conjunto de los demás territorios.

Igualmente, las Comunidades Autónomas serán competentes respecto de las cajas de ahorro y cooperativas de crédito cuyo domicilio social se encuentre en su ámbito territorial.»

JUSTIFICACIÓN

Las Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, han asumido las competencias exclusivas en materia de Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, así como la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, sin perjuicio de otros títulos competenciales, relativos a otras figuras afines y colindantes, que habilitan al poder legislativo y ejecutivo de las Comunidades Autónomas en orden a la regulación de determinados aspectos que afectan a las entidades financieras y de crédito, así como en cuanto al ejercicio de competencias de ejecución sobre las mismas.

Dichas atribuciones de las Comunidades Autónomas se han de ejercitar sin perjuicio de la reserva al Estado de la competencia exclusiva en materia mercantil, sobre «las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros», así como en lo que atañe a las «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

No obstante, transcurridos más de treinta años desde que se aprobara la Constitución española, vigentes los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas, el legislador estatal ha impedido, por acción y omisión, el ejercicio por las Comunidades Autónomas de competencias que les corresponde a estas últimas, toda vez que no ha operado, o no ha operado de forma adecuada, las modificaciones para ajustar el ordenamiento jurídico en el ámbito de las entidades de crédito y financieras al nuevo sistema de distribución competencial emanado de las mencionadas normas supremas.

En efecto, el legislador estatal mantiene, con modificaciones y derogaciones puntuales, numerosas normas, extralimitándose, asimismo, mediante nuevas normas, del ámbito competencial que le asigna la Constitución y los Estatutos de Autonomía.




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Resulta preciso, por tanto, corregir las extralimitaciones en las que el legislador estatal ha incurrido, estableciendo puntos de conexión acordes con el sistema de distribución competencial contemplado en la Constitución y los Estatutos.

En cuanto a las entidades de crédito y financieras a que se refiere la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, ya tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en las sentencias 96/1996 y 235/1999, a propósito del artículo 42 de la misma norma.

En este sentido, la STC 96/1996 aclara que «La ley no puede reservar al Estado la totalidad de las competencias en la materia sobre todas las entidades de crédito distintas a las Cajas de Ahorros y Cooperativas, al margen de las características estructurales y operativas, de sus ámbitos de actuación, y de los riesgos que conllevan para la estabilidad y la confianza en el sistema financiero».

A continuación, el Tribunal Constitucional recuerda que «cuando una Comunidad Autónoma ha asumido el desarrollo legislativo de las bases de ordenación del crédito y la banca, cuya fijación es competencia del Estado, es necesario tener en cuenta que el establecimiento por parte del Estado de las bases de ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de la Comunidad». En consecuencia, «la interdicción del vaciamiento de la competencia autonómica, en sus facetas de desarrollo normativo y de ejecución, no puede ser desconocida o privada de toda la relevancia».

En la misma línea, en respuesta a las alegaciones del abogado del Estado, indica que la declaración como básica de la totalidad de la Ley 26/1988 supone «la negación pura y simple de toda competencia autonómica sobre las entidades de crédito que no son Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito, y por ende su total vaciamiento, en abierta contradicción con los Estatutos de Autonomía».

Así, concluye que «la falta de mención expresa a las restantes entidades financieras o de crédito que no son Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito, que se aprecia en el artículo 42 de la Ley 26/1988, supone una asunción implícita de las competencias respecto de ellas por parte del Estado. Asunción de competencias que resulta contraria al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, en cuanto determina lisa y llanamente el total vaciamiento de la competencia previamente reconocida y asumida en los Estatutos de Autonomía en materia de ordenación del crédito, al desconocer absolutamente la Ley impugnada cualquier posibilidad de actuación de las Comunidades Autónomas respecto de las entidades que no sean Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito».

En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 42 de la Ley 26/1988, precisando que «Al recaer la declaración de inconstitucionalidad sobre un precepto que excluye a las Comunidades Autónomas de un ámbito competencial reconocido en sus Estatutos de Autonomía, y no —como es la regla— sobre lo que el texto dice expresamente (…), este Tribunal no debe entrar siquiera a examinar cuál ha de ser la regulación básica de las potestades de disciplina e intervención respecto a las entidades de crédito que no sean Cajas de ahorros o Cooperativas de crédito. Ese juicio implicaría la reconstrucción de una norma explicitada debidamente en el texto legal y por ende la creación de una norma nueva, con la consiguiente asunción por el Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde».

Finalmente, concluye que «La inconstitucionalidad del precepto, pues, debe ser remediada por el Legislador, en uso de su libertad de configuración normativa. Son las Cortes Generales a quienes corresponde, en primer lugar, determinar cuál haya de ser la legislación básica en materia de disciplina e intervención respecto de aquellas entidades de crédito que no son cajas de ahorros o cooperativas de crédito, atendiendo a la estructura, funciones y ámbito de las distintas entidades, a las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza, y a todos los demás factores que resultan relevantes para configurar una ordenación básica del crédito y la banca adecuada a los intereses generales.» «Esta tarea legislativa que corresponde a las Cortes Generales debe ser llevada a término dentro de un plazo de tiempo razonable».

Los argumentos expuestos son reiterados por la STC 235/1999, añadiendo que «este Tribunal debe reiterar el inexcusable imperativo que sobre el legislador pesa en orden a la reparación con presteza de semejante situación contraria al bloque de constitucionalidad». Asimismo, señala que «la declaración de inconstitucionalidad del precepto y la reiteración, que queda hecha, de la necesaria intervención legislativa, bastan, cabe esperar en virtud del principio de lealtad constitucional, para propiciar una pronta sanación de la situación inconstitucional». Muy al contrario, años después del primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el prelegislador no ha procedido ahora a reparar la inconstitucionalidad de aquel precepto objeto de declaración de inconstitucionalidad y vuelve a incurrir en el mismo error.




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Ahora bien, nótese que los fundamentos jurídicos de las sentencias citadas no se circunscriben a la materia de disciplina e intervención, sino que inciden en el sistema de distribución de competencias dimanante del bloque de constitucionalidad en materia de Entidades a las que les resulta de aplicación la Ley 26/1988.

En segundo lugar, en cuanto al ámbito objetivo, como se ha indicado, las sentencias citadas trascienden la materia de disciplina e intervención y ponen de manifiesto la necesidad de un nuevo sistema de distribución de competencias que se ajuste al bloque de constitucionalidad en materia de las entidades de crédito.

En efecto, el TC, en el fundamento jurídico 19 de la STTC 96/1996, declara que «las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña tienen atribuidas competencias sobre “Cajas de Ahorros y Cooperativas de crédito corporativo, público y territorial” y, además, sobre la “ordenación del crédito y banca”. Materia esta que engloba cuestiones relativas tanto a la estructura y organización, como a las funciones y actividad externa de las entidades de crédito, entidades que desbordan el círculo de la Cajas de Ahorro y las cooperativas de crédito. Comprendiéndose en esa actividad, entre otras, las normas de ordenación y disciplina de obligada observancia para ellas.»

En consecuencia, se ha de asignar a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de las bases en relación con los bancos que desarrollen, con carácter exclusivo o principal, su actividad en una Comunidad Autónoma.

Dicho punto de conexión tiene como efecto la atribución a dichas Comunidades de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de las bases de ordenación del crédito y la banca solo en el supuesto en que las entidades referidas presenten una especial vinculación a dicha Comunidad.

En lo que atañe al sistema de distribución competencial en materia de Cajas y Cooperativas de Crédito, el fundamento jurídico 19 de la sentencia 96/1996 citada, reiterando los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 4 de la sentencia 86/1992 y en el fundamento jurídico 3.a) de la sentencia 87/1993, realiza una equiparación entre las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, al declarar que «determinado tratamiento normativo especial de las Cajas de Ahorros y de las Cooperativas de crédito “… encuentra su fundamento no solo en su más íntima vinculación con las Comunidades Autónomas, sino también en sus rasgos diferenciales, muy acusados en algunos aspectos, respecto de la banca, no obstante sus semejanzas en otros, también notorias”, de manera que ello se adecua a “... la distinta configuración de una y otras entidades desde el propio texto constitucional, así como la mayor intensidad de las competencias comunitarias al respecto”».

En este mismo sentido, de conformidad con el FJ 21 de la citada sentencia 96/1996, «Preciso es recordar, una vez más, que en la delimitación de la competencia autonómica en materia de cajas y cooperativas concurren especiales circunstancias características, que no se dan normalmente en el caso de la banca u otras entidades con determinados ámbitos territoriales (provincias o regiones), su naturaleza u origen fundacional, y la frecuente vinculación de aquellas entidades a los fines públicos o institucionales de los entes fundadores de las respectivas Comunidades Autónomas (…)».

No obstante, la equiparación que el TC ha realizado entre las Cajas de Ahorros y las Cooperativas de Crédito en orden a determinar el ámbito competencial que corresponde a las Comunidades Autónomas no ha sido trasladada a la legislación estatal. En consecuencia, se ha de asignar a la autoridad autonómica las competencias legislativas y de ejecución sobre las cooperativas de crédito, fijando el «domicilio social» como único punto de conexión, sin perjuicio de la competencia estatal para fijar las bases.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




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Se propone la adición de un nuevo apartado al Artículo 2 del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, del siguiente tenor:

«Apartado nuevo. En el marco de legislación básica establecida por las normas señaladas en el párrafo 1, también será de aplicación la normativa dictada por las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en materia de ordenación del crédito y banca, en relación con los bancos cuyo domicilio social se encuentre en su ámbito territorial.»

JUSTIFICACIÓN

Misma justificación que la anterior enmienda.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al Artículo 2 del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, del siguiente tenor:

«Apartado nuevo. En el marco de legislación básica establecida por las normas señaladas en el párrafo 1, también será de aplicación la normativa dictada por las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en materia de ordenación del crédito y banca, en relación con los bancos cuyo domicilio social y ámbito de actuación principal se encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, se entiende que el ámbito de actuación principal de un banco se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma cuando la mayoría de los fondos reembolsables captados por la entidad procedan de su ámbito territorial.»

JUSTIFICACIÓN

Misma justificación que la anterior enmienda.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo a la Disposición final décima del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, con el siguiente texto:

«Lo previsto en esta Disposición final décima no será de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan reconocida la competencia exclusiva en materia de fundaciones.»




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JUSTIFICACIÓN

En defensa del ámbito competencial.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una enmienda al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima. Tres.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone sustituir todo el texto de la Disposición final décima, apartado Tres, por:

«Tres. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:

Corresponderá al protectorado velar por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones bancarias, sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Banco de España.

En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una Comunidad Autónoma, el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad siempre que individualmente ostenten una participación directa o indirecta en la entidad de crédito de, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto o, teniendo un porcentaje inferior, la fundación bancaria sea su mayor accionista. En caso contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente Comunidad Autónoma.

En todo caso, en función de lo dispuesto en el artículo 32.2, se entenderá que el ámbito de actuación principal de la fundación bancaria excede de una Comunidad Autónoma cuando, al menos el 50% del gasto en obra social y el 50 %o de la actividad de las entidades de crédito en las que participe, directa o indirectamente, considerando la distribución territorial de sus depósitos, se realice, o se haya realizado en los dos años anteriores, fuera de la Comunidad Autónoma en la que la fundación tiene su sede.

Para el ejercicio de las funciones de protectorado previstas en el artículo 35.1, letras c), e), f) y g), de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que según el párrafo anterior correspondan al Ministerio de Economía y Competitividad, éste recabará informe previo de las Comunidades Autónomas en las que la fundación bancaria desarrolle su obra social.

En todo caso, corresponderán al Ministerio de Economía y Competitividad las funciones de protectorado relacionadas con las materias reguladas en los Capítulos IV y VI del Título II de esta Ley, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Banco de España.»

MOTIVACIÓN

Entendemos que para determinar el ámbito de actuación principal de la fundación bancaria el porcentaje del gasto en obra social realizado fuera de la Comunidad Autónoma en la que la fundación tiene su sede, así como el porcentaje de la actividad de la entidad de crédito participada realizada fuera de dicha Comunidad Autónoma, considerando la distribución territorial de sus depósitos, deben siempre ser superiores a los porcentajes respectivos de gasto en obra social y actividad bancaria realizadas por la entidad de crédito dentro del territorio de la Comunidad Autónoma donde la fundación bancaria tiene su sede.

Entendemos asimismo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 26/2013, que define expresamente la actividad principal de la fundación, debería exigirse la concurrencia de ambos




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porcentajes para determinar que el ámbito de actuación principal de la fundación excede de una Comunidad Autónoma, y especialmente el porcentaje que mide la implantación de la obra social de la fundación.

Por último, se precisa que las funciones de protectorado relacionadas con la gestión de la participación financiera y el informe de gobierno corporativo de la fundación quedarán atribuidas en todo caso al Ministerio de Economía y Competitividad.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 27 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del Artículo 18 con la siguiente redacción:

«2. Reglamentariamente, se determinarán los criterios y procedimiento que regirán esta evaluación y el plazo para realizarla. En todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) la reputación del adquirente propuesto;

b) la reputación, conocimientos, capacidades y experiencia de todo miembro del órgano de dirección y todo miembro de la alta dirección que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;

c) la solvencia financiera del adquirente propuesto, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o se prevea ejercer en la entidad de crédito en la que se propone la adquisición;

d) la capacidad de la entidad de crédito de cumplir de forma duradera los requisitos prudenciales que se deriven de la presente Ley y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en su caso, de otra normativa europea, incluyendo si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que permita ejercer una supervisión eficaz, proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes y determinar el reparto de responsabilidades entre las autoridades competentes;

e) la existencia de indicios razonables que permitan suponer que, en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o intentado efectuar o se han efectuado operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, en el sentido de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, o que la adquisición propuesta podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

3. El Banco de España podrá oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 2 o si la información aportada por el adquirente propuesto está incompleta. En todo caso, no se impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni se permitirá al Banco de España examinar la adquisición prevista a la luz de las necesidades económicas del mercado.

4. Se publicará una lista en la que se indique la información que será necesaria para realizar la evaluación y que deberá facilitarse al Banco de España en el momento de la notificación. La información exigida a efectos de la evaluación prudencial deberá ser proporcionada y adaptada a la naturaleza del adquirente propuesto y de la adquisición propuesta.

No obstante, cuando el Banco de España reciba notificación de varias propuestas de adquisición o incremento de participaciones significativas en una misma entidad de crédito, tratará a todos los adquirentes propuestos de forma no discriminatoria.»




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MOTIVACIÓN

Mejora técnica, se prevén los criterios y procedimientos actualmente previstos en artículo 23 de la Directiva.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado 1 del Artículo 24 con la siguiente redacción:

«La composición general del consejo de administración en su conjunto deberá reunir conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la entidad, incluidos sus principales riesgos y asegurar la capacidad efectiva del consejo de administración para tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad. El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos velarán porque los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna.»

MOTIVACIÓN

Debe promoverse la incorporación de mujeres cualificadas en los órganos de administración y dirección de las entidades de crédito. En ese sentido debería al menos mencionarse expresamente la diversidad de género y eliminarse el inciso final «que no obstaculicen la selección de consejeras» ya que no es suficiente con no obstaculizar, —algo que obviamente como toda discriminación arbitraria está prohibido legal y constitucionalmente—, sino con promover activamente su presencia, ya que el nivel de presencia actual es claramente insuficiente (por ejemplo en España el 16,6% de empresas del IBEX en 2013) en relación con lo dispuesto en la Ley de Igualdad Ley de Igualdad, que prevé que para 2015, el 40% de los administradores de las empresas deberían ser mujeres. En noviembre de 2012, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva que fija un objetivo mínimo, para 2020, del 40% para los miembros no ejecutivos del género menos representado en el consejo de administración de las empresas cotizadas en Europa. No se trata de no impedir, sino de promover la presencia de las mujeres en estos órganos.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la letra a) del apartado 3 del Artículo 24 con la siguiente redacción:




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«a) Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente. En todo caso, dicha información deberá incluir la relativa a la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de contemplar la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas para valorar la concurrencia de honorabilidad que se determinará reglamentariamente.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 24.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el apartado 1 del Artículo 24 con la siguiente redacción:

«Igualmente, se garantizará la presencia de consejeros independientes en número suficiente según las prácticas y estándares nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo de entidades de crédito.»

MOTIVACIÓN

Asegurar la presencia de consejeros independientes en los órganos de administración de las entidades de crédito según las prácticas y estándares nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del Artículo 29 con la siguiente redacción:

«5. Las entidades de crédito contarán con un página web donde darán difusión a la información pública prevista en este capítulo y en el capítulo anterior y comunicarán el modo en que cumplen las obligaciones de gobierno corporativo. Reglamentariamente se podrán determinar las formas de cumplimiento de la obligaciones previstas en este apartado.»




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MOTIVACIÓN

La obligación prevista en este apartado debe extenderse también al capítulo anterior ya que este también recoge obligaciones de gobierno corporativo, como por ejemplo la diversidad en los consejos o la idoneidad de los directivos. La redacción del Proyecto de Ley deja estas cuestiones fuera de la explicación del modo de cumplimiento. Conforme a la actual redacción, una entidad no tendría que explicar cómo cumple la diversidad en el Consejo, ni la idoneidad, ni nada de lo previsto en los artículos 24 a 27. La propia Directiva 2013/36/UE alude a la explicación en la web del cumplimiento de los artículos 88 a 95 en los que se incluyen ambos capítulos. Es cierto que la Directiva no hace obligatorio sino potestativo para los Estados este régimen de publicación en la web, pero una vez elegido que sea obligatorio como hace el Proyecto de Ley, lo que no se puede es publicar sólo parte y no dar explicaciones sobre el resto.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del Artículo 32 con la siguiente redacción:

«3. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el artículo 450 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las entidades de crédito harán pública la remuneración total devengada en cada ejercicio económico de cada uno de los miembros de su consejo de administración y altos directivos, empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control, y a todo trabajador que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo baremo de remuneración que el de los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo.

Asimismo, las entidades de crédito harán pública la ratio de diferencia salarial entre el consejero o alto directivo que recibe la remuneración más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución.»

MOTIVACIÓN

Las entidades de crédito deben publicar también la retribución individualizada total de los directores o asimilados así como la de otros puestos clave para el desarrollo diario de la entidad, así como los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 1.º y 2.º de la letra g) del apartado 1 del Artículo 34 con la siguiente redacción:




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«1.º El componente variable no será superior al cincuenta por ciento del componente fijo de la remuneración total de cada individuo.

2.º No obstante, la Junta General de accionistas de la entidad podrán aprobar un nivel superior al previsto en el párrafo anterior, siempre que no sea superior al cien por cien del componente fijo. La aprobación del nivel más elevado de remuneración variable se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

i) La Junta General de Accionistas de la entidad tomará su decisión sobre la base de una recomendación pormenorizada del consejo de administración u órgano equivalente que exponga los motivos y el alcance de la decisión e incluya el número de personas afectadas y sus cargos, así como el efecto previsto sobre el mantenimiento por la entidad de una base sólida de capital.

ii) La Junta General de Accionistas de la entidad adoptará su decisión por una mayoría de al menos dos tercios, siempre que estén presentes o representados en la votación al menos la mitad de las acciones o derechos equivalentes con derecho a voto. De no ser posible el quórum anterior, el acuerdo se adoptará por una mayoría de, al menos, tres cuartos, siempre que el capital social presente o representado con derecho a voto sea al menos de un tercio de las acciones o derechos equivalentes con derecho a voto.

iii) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará a todos los accionistas con antelación suficiente el asunto que se someterá a aprobación.

iv) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al Banco de España la recomendación dirigida a la Junta General de Accionistas, incluido el nivel más alto del componente variable de la remuneración propuesto y su justificación, y acreditará que ese nivel no afecta a las obligaciones de la entidad previstas en la normativa de solvencia, y habida cuenta en particular de las obligaciones de recursos propios de la entidad.

v) El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al Banco de España la decisión adoptada al respecto por la Junta General de Accionistas, incluido el porcentaje máximo más alto del componente variable de la remuneración aprobado, y el Banco de España utilizará la información recibida para comparar las prácticas de las entidades en dicha materia. El Banco de España facilitará esta información a la Autoridad Bancaria Europea.

vi) En su caso, el personal directamente afectado por la aplicación de niveles máximos más altos de remuneración variable no podrá ejercer, ni directa ni indirectamente, los derechos de voto que pudiera tener como accionista de la entidad y sus acciones se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria en los acuerdos que se refieran a la aplicación de niveles máximos más altos de remuneración variable.

Las menciones efectuadas en esta letra a los accionistas se aplicarán igualmente a los miembros de las Asambleas generales de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito.»

MOTIVACIÓN

La crisis financiera internacional ha traído consigo un debate sobre el gobierno corporativo y las políticas de remuneración de los altos directivos y consejeros de las entidades financieras. El diagnóstico de los principales organismos y foros internacionales, con algunos matices, coincide en lo sustancial, que si bien las políticas de remuneración no han sido la principal causa de la crisis, si han favorecido una asunción de riesgos excesiva y contribuido así a importantes pérdidas sufridas por las principales entidades. En definitiva, la aplicación de estos sistemas retributivos en el sector financiero incentiva el beneficio a corto plazo, descuidando los riesgos para la solvencia de la entidad en el medio y largo plazo.

Por tanto, existe un consenso amplio sobre la necesidad de regular las remuneraciones excesivas para garantizar una mayor estabilidad en el sistema financiero global. La Directiva 2013/36/UE establece como objetivo de carácter mínimo una política de remuneraciones mejor alienada con los riesgos en el medio plazo de la entidad. Por ello, proponemos ir más allá al reducir el componente variable de la remuneración al 50 por ciento del componente fijo y limitar al 100 por cien el nivel más elevado de remuneración variable en caso de aprobación por la Junta General de Accionistas de la entidad. Exigir, en todo caso, para el incremento de la retribución variable que supere el 50% un quórum reforzado en la Junta General de Accionistas, de no ser posible el quórum inicial de al menos un tercio de las acciones con derecho a voto.




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ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 95.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del Artículo 95 con la siguiente redacción:

«1. Las infracciones graves o muy graves prescribirán a los cinco años y las leves a los dos años.»

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley reduce el plazo de prescripción para infracciones graves de cinco a cuatro años con respecto al previsto en la legislación vigente. Por ello, se propone mantener el plazo de cinco años.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. f.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de las letras f) y g) del apartado 2 de la Disposición adicional primera con la siguiente redacción:

«f) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos el 90 por ciento del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

g) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 200.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 50.000 euros.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de establecer límites más elevados en el régimen fiscal para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 2. g.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de las letras f) y g) del apartado 2 de la Disposición adicional primera con la siguiente redacción:

«f) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos el 90 por ciento del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

g) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 200.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 50.000 euros.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de establecer límites más elevados en el régimen fiscal para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Recuperación del apoyo público.

Toda actuación de saneamiento y recapitalización de entidades de crédito se desarrollará bajo el principio de asunción del coste por parte de quien lo ocasiona. En ningún caso, el saneamiento o la recapitalización de entidades de crédito tendrá, al final del proceso, costes para el contribuyente.

Se exigirá, como condición en los procesos de fusión, absorción o venta de la participación del FROB, que el apoyo financiero público para garantizar la viabilidad de una entidad de crédito se reembolse o recupere en su totalidad al final del proceso.»

MOTIVACIÓN

Contemplar en el Proyecto de Ley el principio esencial que las instancias financieras internacionales han situado en la base de la intervención pública ante la crisis financiera: que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente.




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ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Autoridad de Protección Financiera del Consumidor.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Protección Financiera, como ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejercerá sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.

En particular, la Autoridad velará por la protección de la clientela de servicios financieros y asumirá las funciones en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos y otras similares que tienen atribuidas el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, previo acuerdo con las administraciones afectadas, podrá incluir a las demás autoridades estatales y autonómicas con competencias en la materia, conforme a lo establecido para los órganos de cooperación en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»

MOTIVACIÓN

Resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública, que afecta a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. En ese sentido, se propone la creación de una Agencia de Protección Financiera, como órgano en la que se integren las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros en aras a una protección más eficaz de los derechos de usuarios de servicios financieros. Esta Autoridad tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores, con el fin de evitar los posibles abusos y malas prácticas de las entidades de crédito.

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Salvaguardia del modelo de cooperativas de crédito.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de reforma del régimen de las cooperativas de crédito y, en particular, de los aspectos relativos a su gobierno corporativo y financiación. En dicho proyecto tendrá en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad entre el tamaño y los requerimientos prudenciales de las entidades. Asimismo, en




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coordinación con el conjunto de autoridades competentes, impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar la preservación de la naturaleza jurídica y social de las cooperativas de crédito y la diversidad de modelos bancarios.»

MOTIVACIÓN

El modelo cooperativo se constituye sobre bases más democráticas, igualitarias y económicamente razonables: la libre adhesión, el control democrático, el apoyo mutuo, la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación, la redistribución del trabajo y sus beneficios y, en definitiva, la ausencia de desigualdades extremas entre el esfuerzo y las ganancias derivadas de ese esfuerzo. Los valores que inspiran el cooperativismo resultan claramente antagónicos a aquellos que generaron la crisis. Es por ello que resulta necesario garantizar su pervivencia, preservar la diversidad de opciones de modelo bancario y concretamente la existencia del modelo cooperativo como modelo de banca estrechamente vinculado a la creación de tejido social y económico, a la economía productiva. Sin embargo, como consecuencia de la duración e intensidad de la crisis económica y de lo obsoleto de algunos aspectos de su regulación, —como pueda ser el gobierno corporativo o las fuentes de financiación—, resulta necesario garantizar el cooperativismo financiero, a través de las oportunas reformas en materia de gobernanza, financiación y aplicación del principio de proporcionalidad entre su tamaño y los requerimientos a los que se hallan expuestas, reformas que constituyen, junto a la temprana actuación de las autoridades financieras, el mejor instrumento para la salvaguardia del modelo.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Informe sobre comisiones bancarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, un informe con el fin de analizar la evolución de la comisiones de servicios financieros en los últimos años, y que las recomendaciones de dicho organismo, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, se adopten con determinación, favoreciendo así unos precios más competitivos para los usuarios de servicios financieros, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.»

MOTIVACIÓN

Las comisiones bancarias son las cantidades de dinero que las entidades de crédito cobran a sus clientes en compensación por sus servicios prestados, por ejemplo, enviar una transferencia, administrarle una cuenta, estudiar un préstamo, darle una tarjeta de crédito o débito, etc.). Los datos suministrados por el Banco de España ponen de manifiesto que las comisiones bancarias han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y, en muchos casos, han tenido un carácter opaco para muchos ciudadanos. Por ello, se propone la elaboración por parte de la CNMC de un informe que analice la competencia efectiva en relación con las comisiones bancarias, debido a la mayor concentración que está experimentando el sector financiero en nuestro país.




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ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Código Deontológico para los altos cargos de las entidades de crédito.

El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España impulsarán, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el desarrollo de un Código Deontológico de carácter vinculante para la actividad profesional de los miembros del consejo de administración y los altos cargos directivos de las entidades de crédito.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de establecer un Código Deontológico de carácter vinculante para la función directiva de las entidades de crédito, tal y como se ha adoptado en Holanda, en el que se contemplen normas y valores que deben asumir quienes llevan a cabo la administración y dirección y así limitar los riesgos que supone la socialización de las pérdidas.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

El Gobierno, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, presentará un Proyecto de Ley de creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras en España que grave las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales y derivados, diferenciando los correspondientes tipos impositivos que correspondan en cuanto a su aplicación. Al menos la mitad de los mayores ingresos generados se destinarán a una redistribución más social y equitativa de la riqueza y, en particular, a financiar políticas sociales específicas.

El Gobierno impulsará ante la Comisión Europea y el Consejo de la UE, las actuaciones oportunas para agilizar la puesta en marcha y aplicación del Impuesto sobre Transacciones Financieras Internacionales en la Unión Europea.»

MOTIVACIÓN

Con el fin de apoyar los compromisos europeos (mecanismo de cooperación reforzada), frenar la especulación financiera y contribuir a mejorar la equidad, se insta al Gobierno a hacer efectiva la puesta en marcha del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.




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ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, a efectos de considerar al Fondo entidad de naturaleza intrínsecamente privada y, en consecuencia, no consolidable a efectos de contabilidad nacional. Para ello, estudiará los cambios legislativos oportunos, especialmente en materia de gobernanza, financiación y toma de decisiones del Fondo al objeto de garantizar tanto la función de garantía de depósitos, como el nulo impacto en el erario público de toda eventual actuación futura.»

MOTIVACIÓN

Se exhorta al Gobierno a establecer los cambios legislativos necesarios, en particular en materia de gobernanza, financiación y toma de decisiones de la gestora del Fondo de Garantía de Depósitos a efectos de considerarlo como entidad de naturaleza intrínsecamente privada y, en consecuencia, situada fuera del perímetro de consolidación de la contabilidad nacional.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Tasa anual de supervisión.

1. El Banco de España cobrará una tasa anual de supervisión a las entidades de crédito, sucursales establecidas en España y demás entidades supervisadas. Dicha tasa estará destinada a sufragar los gastos en que incurra el Banco de España en relación con las funciones de supervisión que le atribuye la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico. El importe de las tasas no superará el de los gastos relativos a esos cometidos.

2. La cuantía de la tasa exigida a una entidad de crédito o a una sucursal se calculará de acuerdo con los regímenes que haya definido y publicado con anterioridad el Banco de España, una vez analizados los posibles costes y beneficios conexos.

3. Las tasas se calcularán al máximo nivel de consolidación y se basarán en criterios objetivos relativos a la importancia y perfil de riesgo de la entidad de crédito de que se trate, incluidos sus activos ponderados por riesgo.

La base para el cálculo de la tasa anual de supervisión de un año natural determinado será el gasto relativo a la supervisión de las entidades de crédito y sucursales en ese año. Respecto de la tasa anual




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de supervisión, el Banco de España podrá exigir pagos por adelantado, que se basarán en una estimación razonable. El Banco de España comunicará a las entidades de crédito, a las sucursales y a las demás entidades supervisadas la base de cálculo de la tasa anual de supervisión.

4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cobrarán a su vez tasas de supervisión a las entidades sobre las que ejercen sus respectivas funciones de supervisión, atendiendo a los mismos principios y criterios previstos para el Banco de España en los apartados anteriores.»

MOTIVACIÓN

Resulta cada vez más habitual en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la UE y en la propia normativa comunitaria el cobro de tasas por los costes de las funciones de supervisión financiera. El art. 30 del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, de 15 de octubre de 2013 extiende el sistema de tasas a las entidades supervisadas por el BCE. Habida cuenta de ello parece oportuno extender este sistema a nuestro ordenamiento jurídico por el conjunto de funciones de supervisión que la legislación vigente atribuye a los supervisores financieros. Adicionalmente, y más allá del sistema financiero, el cobro de tasas por servicios públicos resulta generalizado en nuestro país. No parece que en la actual coyuntura los operadores financieros sujetos a la supervisión de las autoridades españolas no deban contribuir al sostenimiento de los gastos que su supervisión acarrea para el erario público.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Comisión independiente para el futuro del sistema financiero.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se creará la Comisión independiente para el futuro del sistema financiero, que estará integrada por expertos, académicos y otros profesionales de reconocido prestigio procedentes de la sociedad civil, con arreglo a la composición plural y principios de funcionamiento que sean acordados por los grupos parlamentarios.

2. Será función principal de la Comisión la evaluación de los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero español, con especial atención a su estrategia exterior. En particular, la Comisión observará en su actuación y su análisis los principios de transparencia y responsabilidad democrática, la seguridad jurídica y tendrá en cuenta los efectos sociales derivados del funcionamiento del sistema financiero.

3. La Comisión será independiente, si bien rendirá cuentas ante las Cortes Generales, a las que presentará informes trimestrales sobre el progreso de sus trabajos y un informe final en el plazo de un año desde su constitución, que tendrá lugar antes de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley.»

MOTIVACIÓN

Más allá de las medidas urgentes y reactivas adoptadas durante la crisis, resulta necesario analizar con mayor profundidad, profesionalidad y con visión a medio y largo plazo cuáles son los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros de nuestro sistema financiero. En particular, es deseable un sistema financiero en el que las decisiones, tanto públicas como privadas, se adopten con transparencia y responsabilidad, a partir de normas seguras, previsibles y que tengan en cuenta una adecuada gestión de la complejidad. Asimismo, es preciso garantizar por parte de los poderes públicos que la información




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es accesible por igual a todos los participantes en el sistema financiero y que estos toman sus decisiones libremente. Finalmente, habida cuenta de la creciente interdependencia e integración de los mercados y sistemas financieros europeos y globales resulta preciso diseñar una estrategia exterior que tenga en cuenta en el medio y largo plazo el interés general.

Para ello, se propone la creación de una Comisión Independiente para el futuro del sistema financiero, integrada por expertos, académicos y profesionales de reconocido prestigio procedentes de la sociedad civil, similar a las que en países como el Reino Unido o los EE.UU. han llevado a cabo un análisis sereno, profundo y a medio y largo plazo de los problemas, retos y necesidades estratégicas de sus respectivos sistemas financieros. La composición, nombramiento y principios de funcionamiento de la Comisión, que será independiente si bien rendirá cuentas ante las Cortes Generales, será establecido por acuerdo de los grupos parlamentarios que en todo caso tendrá en cuenta la opinión de las instituciones financieras y del conjunto de actores de la sociedad civil respetando la pluralidad.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Control parlamentario del Banco Central Europeo.

En tanto que miembro del Consejo de la Unión Europea, el Gobierno velará por la inclusión en la normativa europea de cláusulas que aseguren la responsabilidad democrática del Banco Central Europeo en tanto que supervisor bancario, en particular a través de la extensión del control ordinario del Parlamento Europeo a esa actividad.»

MOTIVACIÓN

En la medida en que el Proyecto de Ley trata de recoger el nuevo reparto competencial que en materia de supervisión tiene lugar tras la aprobación de determinados elementos de la Unión Bancaria, y en particular la atribución al BCE de competencias de supervisión dentro del Reglamento por el que se aprueba el Mecanismo Único de Supervisión, resulta necesario dar pasos en paralelo para la oportuno control democrático de las nuevas funciones asumidas por el BCE. En ese sentido se exhorta al Gobierno a impulsar en la negociación de acuerdos políticos y de normas europeas la inclusión de cláusulas que aseguren tal control democrático de las autoridades financieras en el nivel europeo.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:




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«Disposición adicional xx. Revisión de la regulación legal de las cláusulas abusivas de los contratos.

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno presentará un informe sobre el cumplimiento y eventual revisión de la legislación en materia de cláusulas abusivas de la contratación dentro del sistema financiero. A tal efecto consultará previamente con las autoridades competentes en materia de protección de los usuarios de servicios financieros y, en particular, con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»

MOTIVACIÓN

Las situaciones de desequilibrio que se producen en la celebración de contratos se traducen a menudo en la aceptación forzosa de determinadas cláusulas contractuales que o resultan contrarios a la legislación en materia contractual o sin resultar contrarias a la legislación vigente sí traslucen una situación de desigualdad en la formación y expresión de la voluntad de las partes contratantes. El desequilibrio de las partes contratantes requiere de una intervención pública suficiente para equilibrar la relación jurídica y garantizar que los contratos se celebran libre y responsablemente. Resulta preciso efectuar un análisis de la situación de cumplimiento de la regulación vigente en esta materia y, en su caso, una revisión de tal normativa.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional xx. Proyecto de Ley de insolvencia de las personas físicas.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de insolvencia de las personas físicas. En concreto, establecerá un procedimiento ad hoc, judicial o administrativo, orientado, en el caso de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, al diseño de un plan de pagos efectivo en beneficio de acreedor y deudor, con o sin exoneración de las deudas pendientes, que permita una mínima satisfacción a los acreedores sin conducir a la exclusión económica del deudor, y en particular del deudor hipotecario. Asimismo, para este tipo de deudores, se regularán los procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria. En todo caso, se garantizará la máxima seguridad jurídica en el tráfico mercantil.»

MOTIVACIÓN

Resulta preciso regular la insolvencia personal, especialmente en caso de deudores hipotecarios. El recién aprobado Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, prevé un marco legal de los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Según la propia norma su objetivo es «agilizar y flexibilizar estos procesos y de garantizar la supervivencia de sociedades que han acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un punto de vista operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación». Se propone, —en sintonía con las legislaciones de nuestro entorno europeo y con el propio espíritu de la norma recién aprobada que pretende un «nuevo comienzo» para empresas viables—, aprobar formas similares que permitan la refinanciación y el nuevo comienzo de las personas físicas que actuando de




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buena fe se ven afectadas por deudas, especialmente, hipotecarias como consecuencia de un empeoramiento sobrevenido de su situación económica.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria xxx. Régimen transitorio de la limitación de los intereses de demora en préstamos y créditos hipotecarios.

La limitación de los intereses de demora de hipotecas a la que hace referencia la disposición final xxx será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 1108 del Código Civil para el caso de cláusulas declaradas abusivas.»

MOTIVACIÓN

En relación con la enmienda que incorpora una nueva disposición final que modifica la Ley Hipotecaria. Se adapta la transitoriedad a la nueva norma de limitación de los intereses de demora. Asimismo, se incluye en el inciso final una referencia al art. 1108 del CC que establece que «si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal». La referencia a esta norma pretende evitar una integración conservadora de los contratos que incluyan cláusulas abusivas; en esos casos no deberá producirse un nuevo cálculo del interés de demora conforme a la nueva regulación, sino que tratándose de una cláusula abusiva deberá entenderse como nula de pleno derecho, teniéndose por no puesta y, en consecuencia, aplicarse el interés legal del dinero previsto en el artículo 1.108 para los supuestos de ausencia de convenio entre las partes.

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De adición.




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Se propone la adición de un nuevo apartado Tres a la Disposición final primera con la siguiente redacción:

«Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 61 ter Del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, con la siguiente redacción:

«1. Junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo de las sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros y altos directivos, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y altos directivos y los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución de la sociedad.

2. El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros y altos directivos, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con carácter vinculante y como punto separado del orden del día, a la Junta General ordinaria de accionistas.»

MOTIVACIÓN

Las sociedades cotizadas, al igual que las entidades de crédito, deben publicar también la retribución individualizada total de los directores o asimilados así como la de otros puestos clave para el desarrollo diario de la sociedad, así como los ratios de diferencia salarial entre el directivo o consejero que recibe una retribución más elevada y el trabajador que recibe la menor retribución de la empresa. Por otro lado, se garantiza el derecho de los accionistas de emitir un voto vinculante sobre las políticas de retribuciones de los consejeros y los altos cargos.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición final novena que modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la composición de la comisión gestora Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) que pasará a estar integrada por 11 miembros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro designados por el Banco de España y cinco por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas (tres de bancos, uno de cajas de ahorros y uno de cooperativas de crédito). La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España.

La reforma se justifica por tratarse de una institución incluida dentro del perímetro de consolidación fiscal, es decir, que se tendrá en cuenta para contabilizar el déficit público. Sin embargo, resulta fundamental volver a la razón de ser originaria de los fondos de garantía de depósitos, como mecanismo colectivo de mutualización de apoyos en casos de problemas de entidades, entre las propias entidades, es decir, de




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naturaleza privada. Sacar al FGD del perímetro de consolidación fiscal, rompiendo el canal de comunicación entre intervenciones del fondo y costes para el contribuyente, es una forma de garantizar no sólo los depósitos, sino que en caso de actuación del FGD los costes no repercutirán en el erario público. Deben ser las entidades individual y colectivamente, quienes soporten el coste de los rescates, individuales y colectivos, y no los contribuyentes. En consecuencia se propone la supresión de la disposición final octava y la permanencia de la actual composición de la comisión gestora, con doce miembros, seis del Banco de España y seis del sector financiero.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, queda modificada como sigue:

Se da nueva redacción a los apartados a) y b) de la disposición adicional decimotercera, que queda redactado como sigue:

a) La emisión ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o inversores profesionales de al menos el noventa por ciento del total de la misma, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

b) En el caso de emisiones de participaciones preferentes, o instrumentos de deuda convertibles de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, el valor nominal unitario mínimo de los valores será de 200.000 euros. En el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo será de 50.000 euros.

(…)»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Necesidad de establecer límites más elevados para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para la clientela minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición final con la siguiente redacción:

«Disposición final xxx. Modificación de Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 queda.

Uno. El párrafo tercero del art 114 de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 queda redactado como sigue:

Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda garantizados con hipoteca no podrán ser superiores al interés remuneratorio previsto en el contrato aumentado en tres puntos porcentuales y sólo podrán devengarse sobre el principal impagado. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Dos. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda derogada.»

MOTIVACIÓN

La reforma efectuada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en materia de limitación de los intereses de demora, —reforma que trae causa especialmente de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11) que declara abusivas determinadas cláusulas contractuales—, resulta notablemente insuficiente para preservar los derechos de los deudores hipotecarios.

Se establece por tanto una limitación más estricta, en línea con lo previsto en las legislaciones de nuestro entorno (Francia, Reino Unido, etc.), y un ámbito de aplicación más amplio. Los límites a los intereses de demora funcionan tanto para evitar la resolución de los contratos como para favorecer el retorno al cumplimiento de sus obligaciones de pago por parte de los deudores. Se constituyen de esta forma en un mecanismo que no actúa sólo evitando el cargo de intereses muy por encima de los prejuicios que el impago suponga para los prestamistas, sino que constituyen un beneficio económico neto en la medida en que posibilitan el restablecimiento temprano del cumplimiento del calendario de pagos. En definitiva, no sólo se pretende eliminar la existencia de intereses de demora claramente abusivos, sino favorecer las posibilidades de retorno al pago. En ese sentido:

— Se sustituye el interés máximo de tres veces el interés legal, en torno al 12%, por tres puntos por encima del interés remuneratorio, es decir, un máximo ligeramente superior al 6%.

— En segundo lugar, se amplía a todos los préstamos y créditos sobre vivienda con garantía hipotecaria y no sólo a aquellos celebrados sobre vivienda habitual, y ello porque no existe razón alguna para penalizar al resto de prestatarios con una desmesurada aplicación de intereses de demora.

— Finalmente, se limita claramente la aplicación al principal impagado, evitando la aplicación del interés de demora a la totalidad del capital pendiente.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo undécimo del expositivo segundo del Preámbulo II, que queda redactado en los siguientes términos:

«En virtud del Título III y en línea con la legislación actualmente en vigor, se designa al Banco de España como autoridad supervisora de las entidades de crédito. Para ello, se le otorgan las facultades y poderes necesarios para realizar esta función, se delimita el ámbito subjetivo y objetivo de su actuación supervisora y se le concede la capacidad de tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa de solvencia. En materia contable, se prevé la posibilidad de que el Ministro de Economía y Competitividad habilite al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito y de las entidades reguladas en el artículo 84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los grupos consolidables de determinadas empresas de servicios de inversión y otras entidades. Esta habilitación se entiende sin perjuicio de los informes que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deba solicitar en materia de planificación contable.

Asimismo, en tanto que la actividad de las entidades de crédito se circunscribe en un entorno cada vez más integrado, particularmente a nivel europeo, es preciso regular las relaciones del Banco de España con otras autoridades supervisoras y, en particular, con la Autoridad Bancaria Europea. En este contexto conviene subrayar que a partir de la entrada en vigor y completa efectividad del Mecanismo Único de Supervisión en la Unión Europea, el Banco de España habrá de ejercer sus funciones de supervisión de entidades de crédito en cooperación y sin perjuicio de las competencias que serán directamente atribuidas al Banco Central Europeo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo de 15 de octubre de 2013 que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. El Mecanismo Único de Supervisión desarrollará una función crucial para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las políticas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Se adapta la exposición de motivos a las modificaciones introducidas en el artículo 84 y en el apartado 24 de la disposición final primera del Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 84. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Sin perjuicio del Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad y de la normativa de información contable prevista en la Ley 24/1988, de 28 de julio y demás legislación mercantil que resulte de aplicación, el Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito, así como los estados financieros consolidados, con los límites y especificaciones que reglamentariamente se determinen, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser




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suministrados al Banco de España y hacerse públicos con carácter general por las propias entidades de crédito. En el uso de esta facultad, cuyo ejercicio podrá encomendar el Ministro de Economía y Competitividad al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no existirán más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de crédito de una misma categoría y análogos para las diversas categorías de entidades de crédito.

La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los informes que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos, así como para la resolución de consultas sobre esa normativa.»

JUSTIFICACIÓN

Se amplía el ámbito de la habilitación para dictar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 24 de la disposición final primera, que queda redactado en los siguientes términos:

Veinticuatro. El artículo 86 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 86. Obligaciones de información contable y de consolidación.

1. Las cuentas e informes de gestión individuales y consolidados correspondientes a cada ejercicio de las entidades citadas en el artículo 84.1 deberán ser aprobadas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de aquél, por su correspondiente junta general, previa realización de la auditoría de cuentas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el título III del libro I del Código de Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para establecer y modificar en relación con las entidades citadas en el apartado anterior, las normas contables y los modelos a que se deben ajustar sus estados financieros, así como los referidos al cumplimiento de los coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a la Comisión o hacerse públicos con carácter general por las propias entidades. Esta facultad no tendrá más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de una misma categoría y semejantes para las diversas categorías.

La orden ministerial en la que se establezca la habilitación determinará los informes que, en su caso, serán preceptivos para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos, así como para la resolución de consultas sobre esa normativa.

Asimismo, se faculta al Ministro de Economía y Competitividad, y son su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para regular los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar las entidades enumeradas en el artículo 84.1, así como, en relación con sus operaciones de mercado de valores, las demás entidades contempladas en el artículo 65.

3. El Ministro de Economía y Competitividad y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tendrán las mismas facultades previstas en el apartado anterior en relación con los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión contemplados en el apartado siguiente y con los grupos consolidables cuya




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entidad matriz sea alguna de las citadas en el artículo 84.1.a) y b). El ejercicio de estas facultades requerirá los informes preceptivos que, en su caso, se determinen en la orden ministerial de habilitación.

4. Para el cumplimiento de los niveles mínimos de recursos propios y limitaciones exigibles en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, las empresas de servicios de inversión consolidarán sus estados contables con los de las demás empresas de servicios de inversión y entidades financieras que constituyan con ellas una unidad de decisión, según lo previsto en el artículo 4 y conforme a lo dispuesto por dicho reglamento.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las entidades sujetas a consolidación cuanta información sea necesaria para verificar las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de las entidades consolidadas, así como, con igual objeto, inspeccionar sus libros, documentación y registros.

Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales de una empresa de servicios de inversión con otras entidades quepa presumir la existencia de una relación de control en el sentido del presente artículo, sin que las entidades hayan procedido a la consolidación de sus cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información a esas entidades o inspeccionarlas, a los efectos de determinar la procedencia de la consolidación.

6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información de las personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que exista una relación de control conforme a lo previsto en el artículo 4, a efectos de determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las empresas de servicios de inversión y de sus grupos consolidables.

7. El deber de consolidación establecido en el artículo 42 del Código de Comercio se entenderá cumplido mediante la consolidación a que se refieren los números anteriores por aquellos grupos de sociedades cuya entidad dominante sea una empresa de servicios de inversión, o por aquellos otros que tengan como dominante una sociedad cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones en empresas de servicios de inversión. Dicho deber se entenderá cumplido, asimismo, para los grupos de los organismos rectores de los mercados secundarios oficiales y del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de consolidar entre sí que pueda existir para las filiales que no sean entidades financieras, en los casos que proceda de acuerdo con el señalado artículo 42 del Código de Comercio.»

JUSTIFICACIÓN

Se amplía el ámbito de la habilitación para dictar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades descritas en el artículo 84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los grupos consolidables de determinadas empresas de servicios de inversión y otras entidades.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final decimocuarta. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 de la disposición final decimocuarta queda redactado del siguiente modo:

«2. Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones siguientes serán exigibles a partir de las fechas que se señalan a continuación, debiendo las entidades dar cumplimiento a todos los requerimientos legales o estatutarios necesarios para cumplir en las fechas indicadas:

a) A partir del 31 de octubre de 2014:




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1.º) Las disposiciones contenidas en los artículos 26, apartados 1 a 4, 29.4, 34.1 d), g) e i) y 38. 2 y 3 de esta ley y en el artículo 70 ter. Tres.4 introducido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, por esta ley.

2.º) Las disposiciones contenidas en los artículos 67 bis y 70 ter.7.e) introducidos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, por esta ley, así como el artículo 34.1 d), g) e i) de esta ley, en su aplicación a las empresas de servicios de inversión, en virtud de lo establecido en el artículo 70 ter. Dos.5 introducido, asimismo, en la Ley 24/1988, de 28 de julio, por esta ley.

b) Las disposiciones contenidas en los artículos 31, 36 de esta ley y en los artículos 70 ter. Uno y 70 ter. Dos.6 introducidos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, por esta ley, a partir del 31 de octubre de 2014, excepto para aquellas entidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley ya estuvieran obligadas, de acuerdo con la normativa anterior, a constituir un comité de nombramientos, un comité de remuneraciones o un comité conjunto de nombramientos y remuneraciones.»

JUSTIFICACIÓN

Dado el extenso periodo de tramitación de la norma, los plazos para la entrada en vigor de algunos artículos referentes a obligaciones de gobierno corporativo podrían ser excesivamente cortos. Por ello, resulta razonable extender estos plazos hasta el 31 de octubre.


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