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BOCG. Senado, apartado I, núm. 355-2450, de 28/05/2014
cve: BOCG_D_10_355_2450
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

(621/000069)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 80


Núm. exp. 121/000080)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 22 de mayo de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Tal y como relata el preámbulo de este Proyecto de Ley, su objeto principal es adaptar, en el marco de los Acuerdos de Basilea III, nuestro ordenamiento a los cambios normativos que se imponen en la Unión Europea con la Directiva 2013/36/UE, continuando la transposición iniciada por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

En este sentido, se trata de dar respuesta a las evidentes carencias en la regulación financiera que ha puesto de manifiesto la crisis, introduciendo nuevos requisitos de solvencia y reforzando los existentes con la esperanza de avanzar en la creación de una auténtica normativa bancaria única en materia de solvencia. Así, se supone que esta armonización será condición necesaria para la constitución de la Unión Bancaria, que necesita una normativa financiera común para la constitución de los mecanismos únicos de supervisión y resolución de entidades de crédito de la zona euro.

Además de todo ello, el Gobierno fusiona y sistematiza la normativa de solvencia de las entidades de crédito, una normativa dispersa y carente de sistemática fruto de las numerosas modificaciones que se han producido desde mediados de los 80 y sobre todo en el curso de la actual crisis bancaria, y también




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realiza una modificación sustantiva de la Ley del Mercado de Valores para recoger lo que dispone la Directiva en lo que respecta a las empresas de inversión.

Es un avance en el ámbito regulatorio, pero un avance insuficiente ante lo que ha puesto de manifiesto la reciente crisis sistémica y global cuyo origen se sitúa en el ámbito de los mercados financieros.

El sistema financiero es fundamental para cualquier economía como instrumento de intermediación entre el ahorro y la inversión, pero cuando se va transformando en un factor de riesgo y especulación, como ha sucedido en España en los últimos años, se convierte en una bomba de relojería.

Desde 1980, cuando empezaron a liberalizarse los flujos de capital y financieros y el pensamiento neoliberal se hizo hegemónico, las crisis financieras se han sucedido con mayor frecuencia como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros. El origen de todas ellas es la creencia en la eficiencia total de los mercados financieros y es el fundamentalismo de mercado el que acabó por provocar una crisis financiera a escala global. La actual crisis ha demostrado, una vez más, que esa creencia es errónea porque no se apoya en hechos objetivos sino en prejuicios ideológicos que encubren la defensa de los intereses de los sectores económicos dominantes.

La hasta ahora última crisis financiera, de una intensidad desconocida, ha certificado la falacia de la eficiencia de los mercados financieros, ha puesto en evidencia todos los fallos de mercado que narran los manuales de economía y ha constatado la necesaria intervención pública en los mercados financieros. No hay otro sector, como el financiero, en el que esté más justificada la intervención pública en forma de regulación, supervisión e intermediación directa porque son los ciudadanos los que al final pagan la factura de la crisis, tanto por el coste de oportunidad de los recursos públicos destinados a los rescates financieros, como por las consecuencias sobre su bienestar de los efectos de la recesión económica.

El fracaso de los reguladores, de los supervisores o de las famosas agencias de clasificación planteaba la imperiosa necesidad de acometer medidas para reformar el funcionamiento del sistema financiero. Medidas como son el aumento de los requisitos mínimos de capital de las entidades financieras, reglas más estrictas para los activos fuera de balance, reforzar las reglas de control interno y de gestión del riesgo, adoptar una definición común de capital regulatorio en toda la UE, revisar el modelo de negocio de las agencias de calificación, regular apropiadamente el sistema de banca paralela, revisar los mercados de productos estructurados y derivados, limitar las remuneraciones y los incentivos de los ejecutivos financieros, desarrollar un marco regulatorio en la UE de gestión de crisis, armonizar los sistemas y esquemas de garantía de depósitos en la UE, o desarrollar un conjunto de regulaciones financieras, poderes supervisores y regímenes sancionadores armonizados.

¿Se ha avanzado en estos aspectos? Ni siquiera podemos sentirnos satisfechos con lo que se ha avanzado en estas sensatas propuestas de reformas.

Hay que tener en cuenta que las anteriores medidas son las recomendaciones más relevantes que el Grupo de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera elaboró en febrero de 2009 por encargo de la Comisión Europea para mejorar el marco regulatorio y supervisor existente en la Unión Europea. Pero incluso así, se ha optado en la práctica por la versión más complaciente con las entidades de crédito de las que ofrece el Reglamento (UE) 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Valga como ejemplo que los requisitos de capital deben ser impuestos a las entidades, sin contemplaciones, al margen de lo que estas consideren. Y lo mismo es aplicable en cuanto a los colchones de capital porque la experiencia de la crisis demuestra que, en mayor o menor medida, todas las entidades tienen carácter sistémico.

Las exigencias indicadas son más necesarias, si cabe, en España por dos razones adicionales. Por un lado, por la extrema bancarización de nuestra economía, bien conocida y descrita en la literatura científica desde hace décadas. Las entidades financieras dominan, de una manera desconocida en otros países, los sectores fundamentales de la economía española. Por otro lado, porque la crisis de las entidades financieras ha adquirido una virulencia sin parangón y el sector financiero actual no se parece en nada al que existía hace apenas 5 años. Puede decirse, sin exagerar, que sin la ayuda directa del Estado o del BCE, en inyección de dinero líquido o de avales, el sector financiero español habría desaparecido. En mayor o menor cuantía todas las entidades de crédito españolas han debido recurrir a estas ayudas, lo que ha puesto de relieve la falacia de la afirmación de que lo privado funciona mejor que lo público. Dejadas a su suerte, la mayoría de las entidades financieras no habrían sobrevivido y las que lo hubieran hecho habrían salido bastante dañadas, como indica la drástica erosión de los resultados de la práctica totalidad de las entidades de crédito, y habrían seguido el camino de los bancos británicos, por poner un ejemplo.




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Al mismo tiempo, la crisis ha provocado una transformación decisiva de la composición y funcionamiento del sistema financiero. A los clásicos actores, los bancos y cajas, se han sumado otros que mueven más recursos que aquellos y que incluso han llegado a convertirse en accionistas significativos de dichos bancos. Son por ejemplo los conocidos como shadow banking que deben tratarse, sin excepciones, como lo que son: entidades financieras.

El Proyecto de Ley ignora todas estas transformaciones y por ello nace ya viejo al regular un sector financiero que ya no existe. No es excusa suficiente alegar que ello se hará de manera coordinada con los demás estados de la Unión Europea porque cuando ello suceda, la regulación de estos nuevos actores llegará demasiado tarde.

Es bueno recordar que quien en régimen de autorización maneja el dinero de otros no puede actuar bajo el estricto criterio de libre empresa. Y menos puede hacerlo quien depende del apoyo del Estado. La crisis de las entidades financieras tuvo su origen en buena medida en el defectuoso gobierno corporativo. Por eso la regulación del gobierno corporativo de las entidades de crédito es en el Proyecto de Ley decepcionante, ya que no va más allá de lo que ya existe para las sociedades cotizadas, salvo en dos aspectos.

Por un lado, en cuanto al Plan de viabilidad, cuya eficacia depende en gran medida de la efectividad de la supervisión del Banco de España que, como se ha visto en los años pasados, ha sido francamente deficiente.

Por otro lado, resulta insatisfactoria la regulación de las remuneraciones de los consejeros y altos directivos de las entidades de crédito. La regulación actual sólo puede ser aceptable con matices para las entidades de crédito que no reciben ningún apoyo o ayuda pública, pero eso no sirve para aquellas que, sin ese apoyo en forma de avales o de inyecciones de capital, no podrían pensar siquiera en estas cuestiones. No basta sólo con introducir mecanismos de control o de transparencia (incluso los que se prevén son insuficientes) sino que debe imponerse un control cuantitativo de dichas remuneraciones. Por ello, el régimen del artículo 35 del texto del Gobierno es totalmente insuficiente.

En este sentido se echa de menos una mejor regulación del régimen de nombramiento de los consejeros y altos directivos de los bancos y entidades de crédito y de la idoneidad de estos. Que el presidente destituido de BANKIA, escasamente idóneo para trabajar en una entidad financiera, sea alto directivo del mayor banco español da idea del pobre gobierno corporativo y de la debilidad de la supervisión del Banco de España. En cualquier otro país de nuestro entorno está situación hubiera sido inconcebible.

Además, la posibilidad de que el componente variable de la remuneración pueda alcanzar el doscientos por ciento del componente fijo, sin introducir más especificaciones, mantiene la puerta abierta a que en el futuro se reproduzcan fenómenos como los ya conocidos de incitar a inversiones especulativas de los bancos o entidades de crédito.

Cabe resaltar también la deficiente regulación de las facultades supervisoras del Banco de España. Parece que no se ha aprendido nada. Así, por ejemplo, se deja abierta la puerta a que las entidades no cumplan con las guías en materia supervisora que elabore el Banco de España. Estas guías deben ser imperativas y no debe aceptarse excepciones a su cumplimiento. La experiencia de lo que ha sucedido con los consejeros independientes de las entidades cotizadas demuestra que este es el único camino.

Por último, pero quizás lo más importante, una ley que pretende ser la «constitución» del sector financiero debiera contener otras medidas.

Las cuestiones antes expuestas tienen gran importancia porque no cabe duda de que es preciso avanzar en un mayor control y supervisión del sistema financiero o en establecer medidas que desincentiven la toma de riesgos excesivos. Pero no bastará con mejores instrumentos de supervisión y tímidas medidas de reforma. Son medidas necesarias pero no suficientes.

Al inicio de la crisis se llegaron a plantear, incluso por los más fervientes defensores del neoliberalismo, medidas de mayor calado para garantizar que el flujo de financiación se dirija a la actividad productiva frente a la simple especulación.

En este sentido, es preciso recuperar la banca pública porque con la crisis hemos comprobado el coste de renunciar a ella a la hora de normalizar el funcionamiento del sistema financiero y del mercado del crédito. Este espacio financiero público debe responder a una lógica diferente a la del privado.

La experiencia ha demostrado que no basta con mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras y que es necesaria la existencia de entidades financieras públicas fuertes que, con su actuación, condicionen el funcionamiento de las entidades privadas a fin de hacerlas más eficientes económica y socialmente.




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Esta banca pública debe reconstruirse a partir de la banca nacionalizada y debe actuar conforme a criterios profesionales y sociales. En vez de ello, se está decorando formalmente esa banca para malvenderla. En este momento es hora de resaltar que el tiempo se ha encargado de poner de relieve la inconsistencia de las palabras del Gobierno al afirmar que se recuperaría hasta el último céntimo del dinero invertido e intervenir entidades financieras.

También hay que regular un tributo, como el que propuso Tobin en su día, que penalice las transacciones financieras a corto plazo y el uso del «dinero caliente». Es necesario crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base amplia que podría ser sustituido, en su caso, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.

Hay que penalizar y hacer prácticamente imposibles las transacciones, directas o indirectas, con los paraísos fiscales hasta hacer insoportable la tenencia de fondos en los mismos.

Pasando a la otra mitad del sistema financiero, los mercados de valores, hay que prohibir radicalmente la comercialización de los instrumentos financieros complejos como las participaciones preferentes o los créditos subordinados entre la clientela minorista. No basta con limitar cuantitativamente el volumen de los instrumentos comercializados.

Hoy más que nunca debería ser una prioridad política trabajar para contar con un sistema financiero estable y eficiente comprometido con el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

Por todos estos motivos se presenta este veto y propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Tal y como relata el Preámbulo de este Proyecto de Ley, su objeto principal es adaptar, en el marco de los Acuerdos de Basilea III, nuestro ordenamiento a los cambios normativos que se imponen en la Unión Europea con la Directiva 2013/36/UE, continuando la transposición iniciada por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

En este sentido, se trata de dar respuesta a las evidentes carencias en la regulación financiera que ha puesto de manifiesto la crisis, introduciendo nuevos requisitos de solvencia y reforzando los existentes con la esperanza de avanzar en la creación de una auténtica normativa bancaria única en materia de solvencia. Así, se supone que esta armonización será condición necesaria para la constitución de la Unión Bancaria, que necesita una normativa financiera común para la constitución de los mecanismos únicos de supervisión y resolución de entidades de crédito de la zona euro.

Además de todo ello, el Gobierno fusiona y sistematiza la normativa de solvencia de las entidades de crédito, una normativa dispersa y carente de sistemática fruto de las numerosas modificaciones que se han producido desde mediados de los 80 y sobre todo en el curso de la actual crisis bancaria, y también realiza una modificación sustantiva de la Ley del Mercado de Valores para recoger lo que dispone la Directiva en lo que respecta a las empresas de inversión.

Es un avance en el ámbito regulatorio, pero un avance insuficiente ante lo que ha puesto de manifiesto la reciente crisis sistémica y global cuyo origen se sitúa en el ámbito de los mercados financieros.




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El sistema financiero es fundamental para cualquier economía como instrumento de intermediación entre el ahorro y la inversión, pero cuando se va transformando en un factor de riesgo y especulación, como ha sucedido en España en los últimos años, se convierte en una bomba de relojería.

Desde 1980, cuando empezaron a liberalizarse los flujos de capital y financieros y el pensamiento neoliberal se hizo hegemónico, las crisis financieras se han sucedido con mayor frecuencia como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros. El origen de todas ellas es la creencia en la eficiencia total de los mercados financieros y es el fundamentalismo de mercado el que acabó por provocar una crisis financiera a escala global. La actual crisis ha demostrado, una vez más, que esa creencia es errónea porque no se apoya en hechos objetivos sino en prejuicios ideológicos que encubren la defensa de los intereses de los sectores económicos dominantes.

La hasta ahora última crisis financiera, de una intensidad desconocida, ha certificado la falacia de la eficiencia de los mercados financieros, ha puesto en evidencia todos los fallos de mercado que narran los manuales de economía y ha constatado la necesaria intervención pública en los mercados financieros. No hay otro sector, como el financiero, en el que esté más justificada la intervención pública en forma de regulación, supervisión e intermediación directa porque son los ciudadanos los que al final pagan la factura de la crisis, tanto por el coste de oportunidad de los recursos públicos destinados a los rescates financieros, como por las consecuencias sobre su bienestar de los efectos de la recesión económica.

El fracaso de los reguladores, de los supervisores o de las famosas agencias de clasificación planteaba la imperiosa necesidad de acometer medidas para reformar el funcionamiento del sistema financiero. Medidas como son el aumento de los requisitos mínimos de capital de las entidades financieras, reglas más estrictas para los activos fuera de balance, reforzar las reglas de control interno y de gestión del riesgo, adoptar una definición común de capital regulatorio en toda la UE, revisar el modelo de negocio de las agencias de calificación, regular apropiadamente el sistema de banca paralela, revisar los mercados de productos estructurados y derivados, limitar las remuneraciones y los incentivos de los ejecutivos financieros, desarrollar un marco regulatorio en la UE de gestión de crisis, armonizar los sistemas y esquemas de garantía de depósitos en le UE, o desarrollar un conjunto de regulaciones financieras, poderes supervisores y regímenes sancionadores armonizados.

¿Se ha avanzado en estos aspectos? Ni siquiera podemos sentirnos satisfechos con lo que se ha avanzado en estas sensatas propuestas de reformas.

Hay que tener en cuenta que las anteriores medidas son las recomendaciones más relevantes que el Grupo de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera elaboró en febrero de 2009 por encargo de la Comisión Europea para mejorar el marco regulatorio y supervisor existente en la Unión Europea. Pero incluso así, se ha optado en la práctica por la versión más complaciente con las entidades de crédito de las que ofrece el Reglamento (UE) 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Valga como ejemplo que los requisitos de capital deben ser impuestos a las entidades, sin contemplaciones, al margen de lo que estas consideren. Y lo mismo es aplicable en cuanto a los colchones de capital porque la experiencia de la crisis demuestra que, en mayor o menor medida, todas las entidades tienen carácter sistémico.

Las exigencias indicadas son más necesarias, si cabe, en España por dos razones adicionales. Por un lado, por la extrema bancarización de nuestra economía, bien conocida y descrita en la literatura científica desde hace décadas. Las entidades financieras dominan, de una manera desconocida en otros países, los sectores fundamentales de la economía española. Por otro lado, porque la crisis de las entidades financieras ha adquirido una virulencia sin parangón y el sector financiero actual no se parece en nada al que existía hace apenas 5 años. Puede decirse, sin exagerar, que sin la ayuda directa del Estado o del BCE, en inyección de dinero líquido o de avales, el sector financiero español habría desaparecido. En mayor o menor cuantía todas las entidades de crédito españolas han debido recurrir a estas ayudas, lo que ha puesto de relieve la falacia de la afirmación de que lo privado funciona mejor que lo público. Dejadas a su suerte, la mayoría de las entidades financieras no habrían sobrevivido y las que lo hubieran hecho habrían salido bastante dañadas, como indica la drástica erosión de los resultados de la práctica totalidad de las entidades de crédito, y habrían seguido el camino de los bancos británicos, por poner un ejemplo.

Al mismo tiempo, la crisis ha provocado una transformación decisiva de la composición y funcionamiento del sistema financiero. A los clásicos actores, los bancos y cajas, se han sumado otros que mueven más recursos que aquellos y que incluso han llegado a convertirse en accionistas significativos de dichos




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bancos. Son por ejemplo los conocidos como shadow banking que deben tratarse, sin excepciones, como lo que son: entidades financieras.

El Proyecto de Ley ignora todas estas transformaciones y por ello nace ya viejo al regular un sector financiero que ya no existe. No es excusa suficiente alegar que ello se hará de manera coordinada con los demás estados de la Unión Europea porque cuando ello suceda, la regulación de estos nuevos actores llegará demasiado tarde.

Es bueno recordar que quien en régimen de autorización maneja el dinero de otros no puede actuar bajo el estricto criterio de libre empresa. Y menos puede hacerlo quien depende del apoyo del Estado. La crisis de las entidades financieras tuvo su origen en buena medida en el defectuoso gobierno corporativo. Por eso la regulación del gobierno corporativo de las entidades de crédito es en el Proyecto de Ley decepcionante, ya que no va más allá de lo que ya existe para las sociedades cotizadas, salvo en dos aspectos.

Por un lado, en cuanto al Plan de viabilidad, cuya eficacia depende en gran medida de la efectividad de la supervisión del Banco de España que, como se ha visto en los años pasados, ha sido francamente deficiente.

Por otro lado, resulta insatisfactoria la regulación de las remuneraciones de los consejeros y altos directivos de las entidades de crédito. La regulación actual sólo puede ser aceptable con matices para las entidades de crédito que no reciben ningún apoyo o ayuda pública, pero eso no sirve para aquellas que, sin ese apoyo en forma de avales o de inyecciones de capital, no podrían pensar siquiera en estas cuestiones. No basta sólo con introducir mecanismos de control o de transparencia (incluso los que se prevén son insuficientes) sino que debe imponerse un control cuantitativo de dichas remuneraciones. Por ello, el régimen del artículo 35 del texto del Gobierno es totalmente insuficiente.

En este sentido se echa de menos una mejor regulación del régimen de nombramiento de los consejeros y altos directivos de los bancos y entidades de crédito y de la idoneidad de estos. Que el presidente destituido de BANKIA, escasamente idóneo para trabajar en una entidad financiera, sea alto directivo del mayor banco español da idea del pobre gobierno corporativo y de la debilidad de la supervisión del Banco de España. En cualquier otro país de nuestro entorno está situación hubiera sido inconcebible.

Además, la posibilidad de que el componente variable de la remuneración pueda alcanzar el doscientos por ciento del componente fijo, sin introducir más especificaciones, mantiene la puerta abierta a que en el futuro se reproduzcan fenómenos como los ya conocidos de incitar a inversiones especulativas de los bancos o entidades de crédito.

Cabe resaltar también la deficiente regulación de las facultades supervisoras del Banco de España. Parece que no se ha aprendido nada. Así, por ejemplo, se deja abierta la puerta a que las entidades no cumplan con las guías en materia supervisora que elabore el Banco de España. Estas guías deben ser imperativas y no debe aceptarse excepciones a su cumplimiento. La experiencia de lo que ha sucedido con los consejeros independientes de las entidades cotizadas demuestra que este es el único camino.

Por último, pero quizás lo más importante, una ley que pretende ser la «constitución» del sector financiero debiera contener otras medidas.

Las cuestiones antes expuestas tienen gran importancia porque no cabe duda de que es preciso avanzar en un mayor control y supervisión del sistema financiero o en establecer medias que desincentiven la toma de riesgos excesivos. Pero no bastará con mejores instrumentos de supervisión y tímidas medidas de reforma. Son medidas necesarias pero no suficientes.

Al inicio de la crisis se llegaron a plantear, incluso por los más fervientes defensores del neoliberalismo, medidas de mayor calado para garantizar que el flujo de financiación se dirija a la actividad productiva frente a la simple especulación.

En este sentido, es preciso recuperar la banca pública porque con la crisis hemos comprobado el coste de renunciar a ella a la hora de normalizar el funcionamiento del sistema financiero y del mercado del crédito. Este espacio financiero público debe responder a una lógica diferente a la del privado.

La experiencia ha demostrado que no basta con mejorar la regulación y la supervisión de las entidades financieras y que es necesaria la existencia de entidades financieras públicas fuertes que, con su actuación, condicionen el funcionamiento de las entidades privadas a fin de hacerlas más eficientes económica y socialmente.

Esta banca pública debe reconstruirse a partir de la banca nacionalizada y debe actuar conforme a criterios profesionales y sociales. En vez de ello, se está decorando formalmente esa banca para malvenderla. En este momento es hora de resaltar que el tiempo se ha encargado de poner de relieve la




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inconsistencia de las palabras del Gobierno al afirmar que se recuperaría hasta el último céntimo del dinero invertido e intervenir entidades financieras.

También hay que regular un tributo, como el que propuso Tobin en su día, que penalice las transacciones financieras a corto plazo y el uso del «dinero caliente». Es necesario crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base amplia que podría ser sustituido, en su caso, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.

Hay que penalizar y hacer prácticamente imposibles las transacciones, directas o indirectas, con los paraísos fiscales hasta hacer insoportable la tenencia de fondos en los mismos.

Pasando a la otra mitad del sistema financiero, los mercados de valores, hay que prohibir radicalmente la comercialización de los instrumentos financieros complejos como las participaciones preferentes o los créditos subordinados entre la clientela minorista. No basta con limitar cuantitativamente el volumen de los instrumentos comercializados.

Hoy más que nunca debería ser una prioridad política trabajar para contar con un sistema financiero estable y eficiente comprometido con el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

Es por estos motivos, que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Palacio del Senado, 26 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Actualmente estamos inmersos en importantes cambios en el sistema financiero de toda la Unión Europea a través de la creación de la unión bancaria europea en sus distintas fases, primero a través del mecanismo de supervisión, después, del mecanismo o de la autoridad de resolución de entidades bancarias y lo que tiene que seguir en fases posteriores para la consecución de esa gran unión bancaria europea. Por tanto, el cambio normativo es necesario. Es esencial disponer una ley estable para un sistema financiero que necesita de un impulso especial en estos momentos.

En España, su sistema financiero ha sido el protagonista, si no el causante, de esta enorme crisis que estamos sufriendo todavía y que ha puesto de manifiesto los déficits regulatorios y la necesidad de más control y más regulación sobre el sistema financiero para evitar los abusos que se han producido y que han dado lugar a una situación crítica para nuestra economía y para nuestro país, hasta el punto de que ha requerido de una inyección de ayuda pública de más de 100.000 millones de euros.

No se puede estar de acuerdo con los objetivos recogidos en este Proyecto de Ley remitido por el Congreso, al ser imposible compartir entre otras cosas la necesidad de reforzar los requerimientos de capital y los de liquidez en las entidades bancarias cuando han sido precisamente sus abusos en forma de endeudamiento, en forma de expansión irresponsable en sus balances los que están haciendo que los Estados y, al final, los propios contribuyentes quienes terminen pagando sus errores.

No se puede estar de acuerdo al considerar que no se garantiza en él la necesaria garantía de devolución del dinero público inyectado a las entidades bancarias españolas, cifrado en estos momentos en algo más de 100.000 millones de euros. Se están produciendo procesos de venta, de absorción o de fusión de las entidades nacionalizadas con importantes pérdidas de estas ayudas públicas. Y el Gobierno tiene excesiva prisa en desprenderse de esas entidades bancarias, pudiendo y debiendo aprovechar esas entidades nacionalizadas para abordar, a través de esa banca pública, el grave problema que tienen las familias y empresas en cuanto a necesidades de inyección de financiación.




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No se puede estar de acuerdo al ver que este proyecto de ley no contiene el establecimiento de un gran código deontológico para nuestro sistema financiero, al igual que se ha hecho en países como Holanda. Ese código deontológico debería de significar la definición de valores y normas asumibles por los directivos y altos cargos de las entidades financieras para evitar abusos, para evitar fraudes y para evitar un funcionamiento ineficaz, ineficiente y perverso por parte del sistema financiero español.

No se puede estar de acuerdo con un texto en que no se limiten al menos al 50% de las remuneraciones fijas las remuneraciones variables de los altos cargos de las entidades bancarias, una limitación bastante inferior a la establecida en el proyecto de ley. Texto en que también falta que, en aras de la transparencia, no fije la publicación de las remuneraciones de los directores generales y asimilados, y no solo de los consejeros. Con ello se vería la brecha salarial que hay en nuestro sistema bancario, es decir, la diferencia entre la remuneración más alta de cualquier empleado de la entidad bancaria y la más baja.

No se puede estar de acuerdo con un Proyecto de Ley en el que no se recoja la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas. Y no lo es cuando esta condena por delitos, por faltas o por infracciones administrativas, se incluye en concreto en las empresas de servicios financieros como requisito para garantizar la honorabilidad y, sin embargo, no se incluye como requisito de honorabilidad para los altos cargos y directivos de las entidades bancarias.

No se puede estar de acuerdo con un texto en que no aparece ningún mecanismo de protección a los clientes de servicios bancarios, como tendría que ser creando una agencia de protección financiera como una autoridad de protección que estaría integrada por todas las administraciones competentes en materia de consumo y por los distintos supervisores, tanto Banco de España como Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros. Mejorando así el sistema de protección de los usuarios y clientes de servicios bancarios para evitar los fraudes, las cláusulas abusivas y los productos tóxicos que se han comercializado.

Y aun siendo importantes estas carencias en el articulado de este Proyecto de ley no lo son menos tanto la no creación de una comisión independiente para estudiar el futuro del sistema financiero, como un mayor control parlamentario sobre el Banco Central Europeo, que cada día tiene competencias más importantes y más definitivas para el futuro de nuestra economía.

Carencias que se hacen evidentes al no contener nada que haga referencia, en aras a la transparencia, a mecanismos de información pública sobre el cumplimiento, por parte de las entidades bancarias, de las obligaciones de gobierno corporativo, tanto en el criterio de diversidad en los consejos, como en la idoneidad de los propios directivos.

Y más evidentes todavía en temas como: poco endurecimiento en las condiciones en la comercialización de participaciones preferentes, en la vergonzosa reducción del plazo de prescripción para las infracciones graves, en la inexistencia de la necesidad que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haga un informe periódico sobre las abusivas comisiones bancarias, en la necesaria implantación del impuesto sobre transacciones financieras, de la necesaria estricta limitación de la aplicación de los abusivos intereses de demora, de la necesaria corrección de la regulación del Fondo de garantía de depósitos, etc.

Y desde luego en lo que no se puede estar de acuerdo es en el contenido dentro de este Proyecto de Ley de una disposición que provocará un seguro y grave conflicto competencial con las CC.AA. Siendo inadmisible al contener un texto que cambia radicalmente lo que estaba regulado ya en la Ley de Cajas de Ahorro, y que entra de lleno en competencias reguladas en estatutos de algunas comunidades autónomas.

Por todo ello, se formula el siguiente veto, por el que se propone la devolución del Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados.


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