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BOCG. Senado, apartado I, núm. 322-2304, de 17/03/2014
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

(621/000065)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 71


Núm. exp. 121/000071)

PROPUESTAS DE VETO

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 12 de marzo de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Este Proyecto de Ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Directiva motivo de trasposición supone un cambio importante en la normativa europea sobre la protección de los consumidores. Dicha Directiva deroga la normativa europea vigente sobre protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles estableciendo un nuevo marco legal en la materia y pretende lograr una mayor armonización, avanzar en el mercado interior y garantizar a los consumidores un elevado nivel común de protección en la Unión Europea.




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Así, la Directiva determina la información a facilitar en los contratos a distancia y contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, así como en los restantes contratos; regula el derecho de desistimiento en ventas a distancia; establece normas para las entregas de bienes y los posibles incumplimientos; prohíbe al empresario cobrar al consumidor por el uso de determinados medios de pago en exceso al coste soportado; y concreta medidas para proteger al consumidor del riesgo de pérdida o deterioro de bienes antes de la posesión.

El Proyecto de Ley realiza una trasposición en general muy ajustada a la Directiva, incorporando literalmente el contenido de ésta en muchos de sus artículos, pero también se regulan cuestiones que van más allá de lo exigido por la Directiva.

En este sentido, la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias debería servir para abordar, entre otros, los problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores en ámbitos como el sector del ahorro con el fraude de las preferentes, el hipotecario con las cláusulas suelo y los desahucios, o en servicios de telefonía o energía.

Recientemente se rechazó en la Cámara la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía fortalecer las acciones colectivas para hacerlas más eficaces y útiles frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas que desaniman al consumidor a reclamar, especialmente en supuestos en los que la cuantía es pequeña considerada de manera individual, aunque los afectados sean un gran número de consumidores.

En ese debate parlamentario, el voto en contra del Grupo Popular fue justificado por su portavoz aludiendo al hecho de que, precisamente, iba a ser remitido a las Cortes el Proyecto de Ley que nos ocupa y que no era de recibo introducir una modificación relativa a los derechos de los usuarios y consumidores cuando este Proyecto de Ley es el escenario legislativo más idóneo en el que abordar esta cuestión.

Existe pues un consenso generalizado entre todos los grupos parlamentarios para mejorar un aspecto esencial en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, cual es el de su acceso a la justicia y, en particular, la acción colectiva.

El recurso judicial o acción colectiva de los consumidores y usuarios es un elemento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al margen de las cuestiones procesales y de la complejidad y exceso de duración en el tiempo de los procedimientos civiles, concursales y penales colectivos, el principal problema de la acción colectiva es que es una actuación judicial con efectos a futuro para evitar que se vuelvan a comercializar determinados productos o clausulados, pero no es una acción resarcitoria para indemnizar a los perjudicados. Si bien es cierto que en la tramitación del Congreso se han incorporado algunos avances sobre esta cuestión, no es suficiente.

En todo caso y a efectos prácticos, el hecho de que la acción judicial colectiva no esté funcionando correctamente ni en el fondo ni en la forma se observa en cuestiones de plena actualidad como son los abusos en las cláusulas suelo o el fraude de las preferentes y otros productos tóxicos de ahorro. En estos casos asistimos a una considerable lentitud y complejidad procesal que produce que muchos consumidores vean mermados sus derechos constitucionales a una tutela judicial efectiva y a un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos.

Este Proyecto de Ley, como decimos, renuncia a dar un papel más relevante a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios. Pero también renuncia a abordar otras cuestiones de gran relevancia en el contexto actual de crisis económica y social. Es el caso de las denominadas cláusulas suelo o de la necesidad de regular un procedimiento especial de insolvencia para los consumidores.

Es urgente una regulación clara de las cláusulas suelo hipotecarias estableciendo los supuestos en los que se concreta una cláusula de este tipo como abusiva por falta de reciprocidad. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y las múltiples interpretaciones de la misma por parte de los juzgados demuestran claramente la necesidad de cambios legislativos que clarifiquen esta cuestión.

Las cláusulas suelo, en la mayoría de los casos, han sido predispuestas junto a otras que limitan al alza las subidas de tipos. Sin embargo, es más que evidente pensar que esta limitación al alza en ningún momento desplegará sus efectos beneficiosos para el consumidor dadas las elevadas cotas que alcanza. Así lo reconoció en su momento el propio Banco de España en un informe de fecha 16 de abril de 2010, afirmando que «las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera no tienen, en general, virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva a incrementos de tipos de interés». Las




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cláusulas suelo o techo se caracterizan, además de por haber sido impuestas por las entidades financieras sin que el usuario haya recibido la oportuna información, por provocar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

Respecto al grave problema del sobreendeudamiento familiar en España, nos encontramos con que la principal dificultad de muchas familias en este sentido radica en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria contraída. En muchas economías domésticas el pasivo exigible es muy superior a su activo, que está compuesto básicamente por su vivienda habitual y que fue sobrevalorada en su día por las empresas tasadoras controladas por las entidades financieras. Ante esta situación de sobreendeudamiento los consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante situaciones sobrevenidas.

La Ley Concursal es un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Frente a una situación de sobreendeudamiento los consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en teoría la ley lo permite. La explicación es que el proceso, tal y como está planteado, aboca a una penosa situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada y no ofrece garantía alguna al consumidor en la protección de sus derechos, además de resultar excesivamente caro.

Es, por tanto, también urgente una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor incorporando en la Ley Concursal un procedimiento especial para personas consumidoras.

En suma, un Proyecto de Ley como éste que modifica la norma más importante que afecta a los consumidores y usuarios, no puede obviar cuestiones tan fundamentales como las aquí comentadas para abordar la delicada situación en que se encuentran millones de consumidores y usuarios en España.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno ha elaborado el presente Proyecto de Ley sin tener en cuenta el orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y los Estatutos de Autonomía y sin corregir la discriminación lingüística que padecen los consumidores de territorios con lenguas oficiales distintas de la española.

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido en numerosos pronunciamientos que la existencia de una regulación europea no modifica el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad, especialmente en la propia Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Por ello, es claro que el Estado se extralimitaría en el ejercicio de sus competencias de transponer dicha directiva sin tener en cuenta que la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas ostentan competencias exclusivas en materia de consumo.

El artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Catalunya atribuye a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de consumo. Además, el propio artículo 113 de dicho Estatuto recoge de forma expresa la competencia de la Administración de la Generalitat para desarrollar, aplicar y ejecutar la normativa de la Unión Europea que afecte al ámbito de sus competencias. Es en aplicación de dichas competencias que el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Catalunya que regula el marco normativo general en Catalunya de la protección de los consumidores y usuarios.




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Por ello, sólo debe ser de aplicación en Catalunya la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en aquellas materias que deben tener la consideración de básicas de acuerdo con el actual marco de distribución de competencias y ello, además, supone que es la Generalitat quien debe transponer las directivas sobre materias no básicas. Sin embargo, ya desde un inicio, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios hacia una lectura extensiva de las competencias básicas del Estado, el propio Tribunal Constitucional se pronunció mediante Sentencia 15/1989 sobre ello. Así mismo, la actual Ley vigente persiste en dicha interpretación. De este modo, el ámbito de decisión de la Generalitat queda enormemente reducido y se le impide en desarrollo de políticas propias sobre la materia.

Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Este Proyecto de Ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Directiva motivo de trasposición supone un cambio importante en la normativa europea sobre la protección de los consumidores. Dicha Directiva deroga la normativa europea vigente sobre protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles estableciendo un nuevo marco legal en la materia y pretende lograr una mayor armonización, avanzar en el mercado interior y garantizar a los consumidores un elevado nivel común de protección en la Unión Europea.

Así, la Directiva determina la información a facilitar en los contratos a distancia y contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, así como en los restantes contratos; regula el derecho de desistimiento en ventas a distancia; establece normas para las entregas de bienes y los posibles incumplimientos; prohíbe al empresario cobrar al consumidor por el uso de determinados medios de pago en exceso al coste soportado; y concreta medidas para proteger al consumidor del riesgo de pérdida o deterioro de bienes antes de la posesión.

El Proyecto de Ley realiza una trasposición en general muy ajustada a la Directiva, incorporando literalmente el contenido de ésta en muchos de sus artículos, pero también se regulan cuestiones que van más allá de lo exigido por la Directiva.

En este sentido, la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias debería servir para abordar, entre otros, los problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores en ámbitos como el sector del ahorro con el fraude de las preferentes, el hipotecario con las cláusulas suelo y los desahucios, o en servicios de telefonía o energía.




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Recientemente se rechazó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía fortalecer las acciones colectivas para hacerlas más eficaces y útiles frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas que desaniman al consumidor a reclamar, especialmente en supuestos en los que la cuantía es pequeña considerada de manera individual, aunque los afectados sean un gran número de consumidores.

En ese debate parlamentario, el voto en contra del Grupo Popular fue justificado por su portavoz aludiendo al hecho de que, precisamente, iba a ser remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que nos ocupa y que no era de recibo introducir una modificación relativa a los derechos de los usuarios y consumidores cuando este Proyecto de Ley es el escenario legislativo más idóneo en el que abordar esta cuestión.

Existe pues un consenso generalizado entre todos los grupos parlamentarios para mejorar un aspecto esencial en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, cual es el de su acceso a la justicia y, en particular, la acción colectiva.

El recurso judicial o acción colectiva de los consumidores y usuarios es un elemento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al margen de las cuestiones procesales y de la complejidad y exceso de duración en el tiempo de los procedimientos civiles, concursales y penales colectivos, el principal problema de la acción colectiva es que es una actuación judicial con efectos a futuro para evitar que se vuelvan a comercializar determinados productos o clausulados, pero no es una acción resarcitoria para indemnizar a los perjudicados. Si bien es cierto que en la tramitación del Congreso se han incorporado algunos avances sobre esta cuestión, no es suficiente.

En todo caso y a efectos prácticos, el hecho de que la acción judicial colectiva no esté funcionando correctamente ni en el fondo ni en la forma se observa en cuestiones de plena actualidad como son los abusos en las cláusulas suelo o el fraude de las preferentes y otros productos tóxicos de ahorro. En estos casos asistimos a una considerable lentitud y complejidad procesal que produce que muchos consumidores vean mermados sus derechos constitucionales a una tutela judicial efectiva y a un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos.

Este Proyecto de Ley, como decimos, renuncia a dar un papel más relevante a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios. Pero también renuncia a abordar otras cuestiones de gran relevancia en el contexto actual de crisis económica y social. Es el caso de las denominadas cláusulas suelo o de la necesidad de regular un procedimiento especial de insolvencia para los consumidores.

Es urgente una regulación clara de las cláusulas suelo hipotecarias estableciendo los supuestos en los que se concreta una cláusula de este tipo como abusiva por falta de reciprocidad. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y las múltiples interpretaciones de la misma por parte de los juzgados demuestran claramente la necesidad de cambios legislativos que clarifiquen esta cuestión.

Las cláusulas suelo, en la mayoría de los casos, han sido predispuestas junto a otras que limitan al alza las subidas de tipos. Sin embargo, es más que evidente pensar que esta limitación al alza en ningún momento desplegará sus efectos beneficiosos para el consumidor dadas las elevadas cotas que alcanza. Así lo reconoció en su momento el propio Banco de España en un informe de fecha 16 de abril de 2010, afirmando que «las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera no tienen, en general, virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva a incrementos de tipos de interés». Las cláusulas suelo o techo se caracterizan, además de por haber sido impuestas por las entidades financieras sin que el usuario haya recibido la oportuna información, por provocar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

Respecto al grave problema del sobreendeudamiento familiar en España, nos encontramos con que la principal dificultad de muchas familias en este sentido radica en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria contraída. En muchas economías domésticas el pasivo exigible es muy superior a su activo, que está compuesto básicamente por su vivienda habitual y que fue sobrevalorada en su día por las empresas tasadoras controladas por las entidades financieras. Ante esta situación de sobreendeudamiento los consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante situaciones sobrevenidas.

La Ley Concursal es un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Frente a una situación de sobreendeudamiento los consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en teoría la ley lo permite. La explicación es que el proceso, tal y como está planteado,




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aboca a una penosa situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada y no ofrece garantía alguna al consumidor en la protección de sus derechos, además de resultar excesivamente caro.

Es, por tanto, también urgente una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor incorporando en la Ley Concursal un procedimiento especial para personas consumidoras.

En suma, un Proyecto de Ley como éste que modifica la norma más importante que afecta a los consumidores y usuarios, no puede obviar cuestiones tan fundamentales como las aquí comentadas para abordar la delicada situación en que se encuentran millones de consumidores y usuarios en España.

Por todos estos motivos, presentamos la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC),

de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC),

de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno vuelve a presentar un proyecto de ley para su debate en el Parlamento cuyo contenido regulatorio dista mucho de favorecer de forma satisfactoria los intereses de los ciudadanos, en este caso como consumidores y usuarios, frente a los abusos que generan algunas malas prácticas comerciales.

El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre tiene como principal finalidad incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la nueva normativa europea que establece la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

Los senadores y senadoras firmantes de esta enmienda estamos de acuerdo en la necesidad de adecuación de nuestra legislación, concretamente el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a las directivas europeas en temas tan importantes como el aumento del nivel de protección de los derechos de los consumidores en los contratos celebrados, tanto a distancia como fuera de los establecimientos mercantiles, así como en la eliminación de cualquier tipo de cláusulas abusivas que pudieran contener, o en reforzar la seguridad jurídica de consumidores y empresarios.




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Además, la armonización europea va a contribuir a la eliminación de las disparidades existentes en la legislación de cada uno de los Estados miembros de los contratos celebrados entre empresas y consumidores que generaban ineficiencias y obstáculos en el mercado interior.

Pero, el Gobierno del Partido Popular no cumple con el trabajo que se le exige a su acción legislativa. Consideramos que tanto el texto inicial de la norma, como su tramitación en la Cámara Baja, y el texto resultante que procedemos a debatir en el Senado, no alcanza los requisitos de forma mínimos exigibles de respeto democrático al trámite legislativo, ni los requisitos de contenido que protejan adecuadamente a los ciudadanos de prácticas comerciales muy agresivas y lesivas de sus intereses.

Incomprensiblemente, esta norma llega muy tarde, con los plazos de transposición superados. Y aun así, el Gobierno ha hecho una transposición de mínimos, o como señala el Consejo de Estado en su informe, «una mera operación mecánica de incorporación de sus mandatos a nuestro derecho interno». Cuando lo recomendable es adaptar adecuadamente las normas europeas al derecho propio. Además, en este caso, de tantas implicaciones para los ciudadanos, el Gobierno podría haber sido mucho más ambicioso y podría haber incluido reformas que no contempla la Directiva pero que son muy necesarias, como ha advertido el Consejo de Consumidores y Usuarios, en aspectos como la mejora en los servicios de atención al cliente, la defensa de los consumidores ante actividades publicitarias y comerciales agresivas de algunas empresas, o el incremento de los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de daños.

Tampoco ha tenido en cuenta el Gobierno, los graves problemas por sobrendeudamiento que están teniendo muchos de sus conciudadanos, y más en la coyuntura actual con cerca de seis millones de parados y con una reducción considerable de los ingresos familiares, y ha propuesto la mejora en la articulación de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos en materia de consumo.

Una vez más, queremos denunciar la reiterada falta de respeto del Ejecutivo por el proceso legislativo y por el Parlamento. El Gobierno, a través de las enmiendas registradas en el Congreso por el grupo parlamentario popular, y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, incluye modificaciones legislativas que no tienen que ver con el contenido propio del proyecto de ley, y que evitan los respectivos informes previos a que están sometidos los anteproyectos.

Por tanto, el proyecto de ley que nos llega al Senado no contiene solo la transposición de la Directiva, sino que incluye modificaciones normativas que nada tienen que ver con el acervo comunitario de derechos de los consumidores.

Por todo lo expuesto con anterioridad presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, no es sino una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida, porque siendo una de las escasas iniciativas del Gobierno en lo que llevamos de Legislatura en esta materia, ha optado por hacer la necesaria trasposición de la Directiva 2011/83/UE, bajo el principio de mínimos.




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Se trata de una regulación de mínimos, porque la crisis económica que impregna el discurso del Gobierno en prácticamente todos los ámbitos de su quehacer, la crisis económica que se utiliza como argumento, y en muchas ocasiones como pretexto, de lo que el Gobierno denomina como su política de reformas y que los ciudadanos perciben como de recortes, no ha tenido su reflejo en esta propuesta de regulación.

Efectivamente, si algo ha puesto de relieve la crisis económica en el ámbito específico de la defensa de los consumidores, es que éstos precisan de medidas reforzadas y urgentes de protección y amparo que palíen las carencias normativas que se han detectado con motivo de la crisis en aspectos fundamentales que afectan tanto a su vida cotidiana como a su situación personal o familiar y a pesar de la imperiosa necesidad de poner freno a algunas prácticas comerciales cada vez más agresivas que provocan o pueden provocar un serio daño en sus menguantes presupuestos familiares. Ante esto el Gobierno se sigue mostrando insensible a las principales reivindicaciones y demandas tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales y de las principales asociaciones de consumidores y usuarios españolas.

Se trata pues, de una oportunidad perdida en la que, ciertamente, se produce una mejora sobre la situación anterior, pero una mejora tímida. Insuficiente. Que no supera el desequilibrio entre las partes afectadas. Este carácter mínimo se viene justificando en razón de los límites del marco regulador de la Directiva 2011/83/UE, que se traspone. Pobre justificación cuando otros países de la Unión Europea han aprovechado el mismo marco para regulaciones más ambiciosas en la defensa de los intereses de los consumidores.

El Gobierno, que ha rebasado el límite temporal para la transposición de la Directiva, no ha aprovechado la oportunidad que le brindaba la modificación del texto refundido, para introducir reformas en cuestiones clave que permitieran mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos en los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de daños, para la elevación de la calidad en los servicios de atención al cliente, la protección frente al «acoso» comercial que sufren los ciudadanos a través de las líneas telefónicas, para la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobreendeudamiento (como recientemente ha reclamado el Defensor del Pueblo), entre otras cuestiones.

Debemos recordar, para reforzar nuestro argumento de que debía de haberse ampliado la reforma a aspectos de mayor calado social, que la Directiva que aquí se transpone, ha tenido un tortuoso camino en su tramitación en Europa y que, a pesar de su ambicioso título, la pretensión inicial se ha quedado en una simplificación y armonización de normas, en unos supuestos concretos, a fin de incrementar la confianza de los consumidores en las compras transfronterizas con el objeto de aprovechar el potencial de estas ventas a distancia sin haber introducido, en algunos aspectos, mejoras sustanciales en la protección dispensada por la normativa vigente en España en materia de contratación a distancia y fuera de establecimiento comercial. En Europa, la propuesta de Directiva de la Comisión, hasta su aprobación, provocó un importante debate sobre el deseable nivel de armonización de las propuestas de la Comisión en la política de protección de los consumidores, especialmente debido a que la propuesta rebajaba el nivel de protección existente en muchos Estados miembros, lo que suscitó graves reparos a su contenido. Y este es un motivo más que, a juicio de este Grupo, obligaba al Gobierno a ampliar la reforma a otros aspectos sustanciales, ya comprometidos públicamente algunos de ellos, y cuyo retraso está afectando gravemente al conjunto de los consumidores y usuarios españoles.

Con este proyecto de ley, carente de la más mínima ambición reformadora, el Gobierno obliga a los consumidores españoles a seguir esperando en cuestiones clave para mejorar su sistema de protección como la mejora de los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente, ofrecidos o prestados en territorio español; como la reforma de las acciones colectivas con el objeto de fortalecerlas para hacerlas más eficaces y verdaderamente útiles frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas, extraordinariamente difíciles de combatir, que desaniman al consumidor de reclamar, especialmente en supuestos en los que la cuantía es pequeña considerada de manera individual, aunque los afectados sean un gran número de consumidores; o como el establecimiento de límites al «acoso» telefónico que sufren diariamente miles de consumidores y usuarios para cambiar su compañía suministradora de servicios básicos.

Aunque sea de justicia reconocer el esfuerzo del Grupo de la Mayoría en lograr un texto consensuado en el trámite del Congreso de los Diputados, este esfuerzo lo consideramos insuficiente. Lo es, porque el texto resultante todavía tiene carencias, como las apuntadas más arriba, y porque aún resulta una regulación desequilibrada, que no alivia la indefensión de los consumidores españoles.




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Y sobre todo lo es porque al mismo tiempo que el Grupo de la Mayoría se remitió a la negociación para salvar las discrepancias que se plasmaron en el debate de totalidad del Congreso, aprovechó el trámite de enmiendas para introducir una serie de cuestiones que no guardan ninguna relación con el contenido material del Proyecto de Ley. Lo que a nuestro juicio ha supuesto un fraude de tramitación del Proyecto de Ley. Y lo ha hecho, con la imposición por la fuerza de los votos de una serie de enmiendas que no guardan relación alguna con el contenido del Proyecto. Ignorando que los reglamentos y la Jurisprudencia, que existe en esta materia, no están a disposición de Mayoría, sino que obligan a todos por igual. Y que, en todo caso, unos y otra, operan como garantía de las minorías.

Nos referimos a lo que se ha venido en llamar el «principio de congruencia», criterio que se extrae de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, en su Sentencia 119/2011, de 5 de julio de 2011. Allí se afirma que «la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa» (FJ 6.º). Tras afirmar que «con carácter general, la necesidad de una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto enmendado» (FJ 6.º).

No se trata pues de nuestro acuerdo o desacuerdo en relación con las materias que regulan tan variopintas enmiendas, que de todo hay, como ya hemos manifestado en los debates precedentes, sino de la utilización de un procedimiento ilegítimo que lesiona los derechos de los parlamentarios y sortea el procedimiento de audiencia y e informe, previos, propios de las iniciativas gubernamentales. A lo que habría que añadir que este tipo de leyes, comúnmente calificadas como ‘ómnibus’, son contrarios a los propios criterios establecidos por el Gobierno en su informe CORA, que las considera contraproducente para la inteligibilidad de los textos normativos y, lo que es peor, lesivo para la seguridad de los mismos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente propuesta de veto, solicitando la devolución al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.


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