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BOCG. Senado, apartado I, núm. 279-2046, de 04/12/2013
cve: BOCG_D_10_279_2046
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

(621/000056)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 64


Núm. exp. 121/000063)

ENMIENDAS

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 4 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el apartado primero del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de un nuevo apartado 4, quedando redactado en los términos siguientes:

«Siete. El apartado primero del artículo 21 queda redactado como sigue:

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que




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permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone volver a la redacción anterior del artículo 21,1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera puesto que, con frecuencia, pueda resultar imposible a la entidades locales alcanzar el cumplimiento de los objetivos en la misma anualidad en la que se ha producido su incumplimiento y reflejarlo en la redacción del plan económico-financiero.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone: Se propone la incorporación al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de un nuevo apartado 4, quedando redactado en los términos siguientes:

«Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamientos la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

4. En el caso de las entidades locales, el superávit se aplicará a la reducción del nivel de endeudamiento hasta situarse en los niveles establecidos legalmente. El resto del superávit podrá destinarse de acuerdo a lo previsto en la disposición adicional sexta.»

JUSTIFICACIÓN

Esta disposición establece un trato equitativo para todas las entidades locales, evitando la discriminación que se produce para las entidades cuyos ratios de deuda están cercanos al límite legal, así como una mayor racionalidad en el uso de la deuda, impidiendo que deba amortizarse deuda en condiciones económicas muy ventajosas y fomentando las inversiones financieramente sostenibles de las entidades locales, a efectos de mejorar el empleo.




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ENMIENDA NÚM. 3

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone: Se propone modificar el apartado 2 de la disposición adicional sexta que se incorpora a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de un nuevo apartado 4, quedando redactado en los términos siguientes:

«Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

1. (...)

2. En los años 2013 y 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto’, o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en cada uno de los citados años 2013 y 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. (...).”.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Orgánica introduce una modificación respecto de lo establecido en el Anteproyecto de Ley al que hace referencia la nota informativa, de 4 de julio de 2013, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente dicho cambio se introduce en la «Disposición Adicional Sexta» en donde se suprime toda referencia al año 2013. Esta situación supone una modificación de las condiciones acordadas en el seno de la CNAL con la FEMP.

Hay que tener en cuenta que la nota del Ministerio a la que se dio difusión a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (en su página web), recoge en su página 11 que la medida contenida en la disposición adicional sexta se puede aplicar tanto en 2013 como en 2014. Por consiguiente, al desaparecer en el Proyecto de Ley la referencia a 2013, aquellas Entidades Locales




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que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento neto quedarían desprotegidas jurídicamente.

Por este motivo se propone que se mantenga la redacción del Anteproyecto de Ley acordada con la FEMP.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto enmendado: Disposición adicional segunda (Nueva).

Texto que se propone: Se propone modificar el artículo 35 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, quedando redactado en los términos siguientes:

Artículo 35. Capital Social mínimo de las Sociedades de Garantía Recíproca.

Se modifica el artículo 8 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 8. Cifra mínima del capital social desembolsado y de recursos propios computables.

1. El capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca que se, constituyan a partir de la aprobación de esta ley, no podrá ser inferior a 10.000.000 de euros.

2. (...).»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 17 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.




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ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado uno del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea y sin perjuicio, en ningún caso, de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

El último párrafo del punto 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado cinco del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa audiencia de la Corporación Local afectada y previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores.»

MOTIVACIÓN

La retención de recursos del sistema de financiación local, en la participación de los tributos del Estado, es una cuestión de suficiente envergadura como para que se asegure la audiencia previa de la corporación local afectada, no sólo desde un punto de vista funcional (informar sobre cualquier aspecto que afecte a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores) sino también para dar oportunidad a la corporación, en su caso, de oponer los reparos que estime conveniente.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.




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ENMIENDA

De modificación.

El punto 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado seis del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«6. Si aplicadas las medidas previstas en el apartado 5 anterior, el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería referida en la letra c) del apartado 5 anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá iniciar, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada, el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores. De llevarse a cabo dicho procedimiento, se dará traslado de la medida al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que tenga conocimiento de su adopción.»

MOTIVACIÓN

Debe asegurarse la audiencia previa de la comunidad autónoma afectada, no sólo desde un punto de vista funcional (informar sobre cualquier aspecto que afecte a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores) sino también para dar oportunidad a la comunidad, en su caso, de oponer los reparos que estime conveniente.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado once del artículo primero queda redactado en los siguientes términos:

«Once. Se modifica el artículo 32, que queda redactado como sigue:

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará prioritariamente, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a garantizar y mejorar la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas”.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.




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ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado doce del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Doce. Se incorporan dos nuevos apartados 7 y 8 en la disposición adicional primera, con la siguiente redacción:

“7. A partir de la aplicación de las medidas previstas en el apartado 5 del artículo 20, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá proponer a la Comunidad Autónoma su acceso a los mecanismos adicionales de financiación vigentes. La Comunidad Autónoma manifestará de manera justificada la aceptación o el rechazo de dicha propuesta.

8. Si a partir de la aplicación de lo previsto en el artículo 18.5 las Corporaciones Locales incluidas en al ámbito subjetivo definido en los artículos 111 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales persisten en el incumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa audiencia de la Corporación Local afectada, podrá determinar el acceso de la misma a los mecanismos adicionales de financiación vigentes”.»

MOTIVACIÓN

Se propone una redacción más ajustada que no erosione definitivamente la autonomía de las administraciones territoriales.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado quince del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

1. (…)

2. En los años 2013 y 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

(…)




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b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en al letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que están vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en cada uno de los citados años 2013 y 2014.

(…)”.»

MOTIVACIÓN

Se propone mantener la redacción de esta disposición en la versión del anteproyecto de ley, que contaba con un acuerdo en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) con la FEMP.

En el proyecto de ley se suprime toda referencia al año 2013, de tal forma que aquellas entidades locales que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento quedarían desprotegidas jurídicamente.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno pre (nuevo). Se incluye un nuevo apartado 4 en el artículo 3, con la siguiente redacción:

“4 (nuevo). La estabilidad presupuestaria prevista en este artículo permitirá, en todo caso, la existencia de desviaciones presupuestarias dirigidas a garantizar el mantenimiento y mejora de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales. En estos supuestos, la estabilidad presupuestaria se alcanzará, en su caso, por la combinación de aumentos de ingresos o reducciones de gasto que no tengan esa naturaleza fundamental”.»

MOTIVACIÓN

Se propone preservar una financiación suficiente para sanidad, educación y servicios sociales básicos, al ser servicios públicos fundamentales. Son, además, gastos esenciales para el desarrollo económico y, por tanto, para fortalecer también los ingresos de las administraciones públicas y su sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno bis (nuevo). Se incluye un nuevo artículo, con la siguiente redacción:

“Artículo 4 bis (nuevo). Principio de suficiencia en los ingresos.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de suficiencia en los ingresos. Corresponde al Gobierno, respetando en todo caso el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, promover las actuaciones precisas para mejorar la suficiencia del sistema tributario y potenciar su equidad y progresividad.

2. Las reformas en materia tributaria para mejorar la suficiencia y progresividad del sistema se orientarán a financiar prioritariamente el aumento del gasto en protección social hasta situarlo en los parámetros medios de la Unión Europea y a contribuir a mejorar la distribución de la renta.

3. El Gobierno propiciará los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal y situando como prioridad la reducción de la economía sumergida en España”.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de establecer el principio de suficiencia en los ingresos como principio fundamental de la gestión presupuestaria. La estructura y suficiencia de los ingresos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas guardan íntima relación. En este contexto, además, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno ter (nuevo). Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7 y se añade un nuevo apartado 2 bis en dicho artículo, quedando redactados en los siguientes términos:

“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando en todo momento la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público, destinando los recursos disponibles con carácter prioritario al mantenimiento y mejora de los servicios públicos fundamentales.




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2 bis. El modelo de control interno del gasto público se orientará a garantizar la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora, a reforzar el control permanente y la auditoría, a impedir que la naturaleza jurídica de cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control del gasto al que se vea sometida, a publicitar la actividad desarrollada y facilitar el acceso a los datos económicos comprobados, a informar de cualquier tipo de subvención que concedan instituciones públicas y privadas, y a desarrollar herramientas tendentes a clarificar la información de las cuentas públicas”.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

Además, la correcta asignación y utilización de los recursos públicos exige un modelo de control interno del gasto público eficiente y transparente. Es, en particular, importante que los informes de control financiero y de auditoría realizados por los órganos de control interno de las administraciones sean públicos, así como las actividades desarrolladas, de forma que la ciudadanía tenga acceso a los datos económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos bis (nuevo). El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

2. Con carácter general, el conjunto de Administraciones Públicas no podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera superior.

El importe del déficit estructural no podrá superar, en cómputo total y anual, el 0,20 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el Estado, el 0,25 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el conjunto de las Comunidades Autónomas y el 0,05 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para las Entidades Locales.

3. El conjunto de Administraciones Públicas podrá alcanzar un déficit estructural de hasta el 1 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas sea igual o inferior al 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales.

Así mismo, el conjunto de Administraciones Públicas podrá incurrir en un déficit estructural superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, cuando el Congreso de los Diputados aprecie, por mayoría simple, que se dan alguna de las siguientes circunstancias:




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a) Catástrofes naturales.

b) Una tasa de variación real del Producto Interior Bruto inferior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo a la que se refiere el artículo 12 de esta Ley, o una tasa de desempleo superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, medidas ambas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

c) Situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia que originó la desviación.

4. Las Administraciones de Seguridad Social podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.

5. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria”.»

MOTIVACIÓN

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece el déficit cero estructural como el principio rector de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, déficit que podrá ser superado sólo en situaciones excepcionales por el Estado y las comunidades autónomas o alcanzar hasta el 0,4% del PIB en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo.

Se propone que, al menos, se establezca con carácter general el 0,5% de PIB que es, además, la referencia que establece la UE como límite al déficit público estructural y una distribución por administraciones. También se propone la posibilidad de superarlo cuando la deuda pública sea igual o inferior al 60% del PIB o cuando la economía se encuentre por debajo de su crecimiento medio o con una tasa de paro superior al promedio comunitario. Por último, es razonable que sea la mayoría simple el criterio para apreciar las circunstancias por parte del Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos ter (nuevo). Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 12 y el apartado 5 de dicho artículo, quedando redactados en los siguientes términos:

“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, salvo que la tasa de desempleo española sea superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, en cuyo caso el gasto computable podrá superar la tasa de referencia de crecimiento hasta que desaparezca dicha circunstancia.

(…)

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se podrán destinar prioritariamente a reducir el nivel de deuda pública cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas supere el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales”.»




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MOTIVACIÓN

La regla que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que el gasto crezca en función de lo que lo haga la economía, y aún excluyendo el gasto por desempleo como estabilizador automático, puede ser contraproducente en situaciones económicas complicadas en las que el desempleo es elevado y, en general, en una economía con dotaciones de capital público e infraestructuras sociales insuficientes.

Además, el exceso de ingresos sobre lo previsto ha de dedicarse a las políticas de gasto que políticamente se estimen oportunas, si bien podrían destinarse a reducir deuda pública cuando ésta supere el 60% del PIB.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos quater (nuevo). Los dos últimos párrafos del apartado 1 del artículo 13 quedan redactados de la siguiente forma:

“Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 30 por ciento para la Administración central, 24 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea, resultase un límite de deuda distinta al 60 por ciento, el reparto del mismo entre Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas.

El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 24 por ciento de su Producto Interior Bruto regional”.»

MOTIVACIÓN

Se propone una distribución más equitativa de los esfuerzos de sostenibilidad financiera entre Administraciones Públicas, buscando proporciones más ajustadas a la distribución competencial del gasto público. Es importante considerar, en particular, que las comunidades autónomas son las responsables de la mayor parte de las políticas sociales de gasto y de una parte importante de las políticas de impulso a la actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Tres bis (nuevo). Se añade un nuevo artículo, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 13 bis (nuevo). Prioridad absoluta del gasto en servicios públicos fundamentales.

El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto”.»

MOTIVACIÓN

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Se propone que la prioridad corresponda al gasto en servicios públicos fundamentales.

En otra enmienda se propone que el Gobierno promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución para remediar lo que es una disposición de marcado carácter antisocial.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Tres ter (nuevo). Se modifica el artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 14. Pago de la deuda pública.

Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”.»

MOTIVACIÓN

El artículo 14 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. En otra enmienda se propone que la prioridad corresponda al gasto en servicios públicos fundamentales.




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Además, en otra enmienda se propone también que el Gobierno promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución para remediar lo que es una disposición de marcado carácter antisocial.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Once bis (nuevo). Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional primera, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional primera. Mecanismos de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

(…)

6. Las Comunidades Autónomas con periodicidad trimestral y las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste.

En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será competente para realizar el seguimiento de los planes de ajuste e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad”.»

MOTIVACIÓN

El redactado propuesto es suficiente para un correcto seguimiento de los planes de ajuste que se exigen para acceder a los mecanismos adicionales de financiación para las administraciones territoriales.

La Ley Orgánica 2/2012 provoca un abuso de posición de control por parte del Gobierno que puede vulnerar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Poner a las comunidades autónomas que soliciten ayuda financiera bajo el control de la Intervención General del Estado afecta al núcleo básico esencial de la autonomía de aquellas, porque estamos hablando de relaciones entre dos administraciones españolas, la general del Estado y la autonómica, que constitucionalmente se encuentran en pie de igualdad.

Por otro lado, la posibilidad de que empresas privadas de auditoría controlen a una administración local supone dejar en manos privadas el control del poder político, por mucho que se trae de disfrazar bajo el pretendido papel auxiliar de esas empresas.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición transitoria con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria (nueva). Reforma urgente del artículo 135 de la Constitución.

Con carácter de urgencia, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española para eliminar en su apartado 3 la prioridad absoluta del pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones.»

MOTIVACIÓN

El apartado 3 del artículo 135 de la Constitución es frontalmente antisocial al establecer que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final séptima.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición final séptima queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición final séptima. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, la disposición final segunda, sobre “Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante” y la disposición transitoria sobre aplicación de la modificación del citado Texto Refundido a las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha modificación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el artículo primero que modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española a la que se refiere la disposición transitoria de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.




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El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 22

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del párrafo decimocuarto del Preámbulo:

«Ello se completa con medidas que unilateralmente cada Administración debe aplicar cuando detecte periodos medios de pago que superen los límites permitidos: inclusión en la actualización de su plan de tesorería del importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad y compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para dicha reducción.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 23

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los párrafos decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo del Preámbulo.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 24

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Dos del artículo primero, nueva redacción del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 25

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Cinco del artículo primero, nueva redacción del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas automáticas de prevención).

MOTIVACIÓN

El denominado Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público introduce un cambio muy relevante en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al incluir en el límite del endeudamiento público no solo la deuda financiera sino también la deuda comercial.

Esta ampliación sustancial es coherente con el concepto de estabilidad en sentido amplio, que contempla la sostenibilidad financiera —capacidad de financiación presente y futura— como un aspecto ineludible de la estabilidad presupuestaria.

No obstante lo anterior, y como señala el dictamen del Consejo de Estado, que sea posible constitucionalmente la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no significa que «sea un desarrollo que deriva necesariamente del artículo 135 de la Constitución ni del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Continúa el Consejo de Estado advirtiendo que «no cabe duda de que no resultan aplicables a la deuda comercial las previsiones del artículo 135.3, segundo párrafo, de la Constitución (y 14 de la propia LOEPSF) sobre la prioridad absoluta de pago de la deuda pública en sentido estricto…», y que, en cuanto al reforzamiento de la regla de gasto «…la limitación de gasto impuesta a las Administraciones públicas encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general (ex art. 149.1.13.ª)…» y al «…principio de coordinación con la Hacienda Estatal del artículo 156.1 CE...».

Si esto es así, no parece existir objeción para establecer la necesidad de las Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de pago a proveedores y obligar a las mismas a disponer de un plan de tesorería que garantice el cumplimiento del plazo máximo de pago que fija la normativa sobre morosidad.

No sucede lo mismo, sin embargo, en cuanto a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Y ello porque el proyecto se limita a prever la aplicación de las mismas, en las condiciones que se determinan, a los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de pago a proveedores. Pero dicha ampliación se ha efectuado de la forma más simple posible, utilizando la técnica de incluir en las correspondientes previsiones legales una referencia al periodo medio de pago a los proveedores, sin ninguna matización adicional.

Tal solución, sin duda fácil de articular, desconoce que, de un lado, la posible morosidad puede tener unos efectos muy diferentes en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria,




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ya que los requisitos exigidos respecto del nivel de déficit y de deuda pueden no ser miméticamente aplicables y, de otro, se ignoran las posibles dificultades para conseguir en la practica el objetivo perseguido por la norma (inexistencia de morosidad alguna en el sector público). Tampoco se coordina la normativa proyectada con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que ya prevé el devengo de elevados intereses de demora en el supuesto de incumplimiento de los plazos máximos de pago.

Un ejemplo puede ser ilustrativo de lo que se lleva dicho: la nueva redacción del artículo 18 de la LOEPSF prevé que la Administración General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, puede proceder a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Pero ¿en qué supuestos?, ¿cuando la deuda supere una determinada cuantía?, ¿aunque exista una morosidad limitada que no ponga en peligro, en la práctica, la sostenibilidad financiera y, por ende, la estabilidad presupuestaria?

En definitiva, compartiéndose la importancia que el puntual pago a los proveedores tiene para el principio de estabilidad presupuestaria e, incluso, para el correcto funcionamiento de nuestra economía, lo que no puede aceptarse es la aplicación incondicionada y automática de medidas preventivas, correctivas y coercitivas pensadas para el cumplimiento de otros objetivos (déficit y deuda pública), sin la más mínima adaptación a la realidad que subyace en la morosidad de las Administraciones Públicas. Y todo ello con la posible afectación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por la falta de proporcionalidad y justificación de las medidas de intervención previstas.

ENMIENDA NÚM. 26

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Seis del artículo primero, nueva redacción del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas automáticas de corrección).

MOTIVACIÓN

En coherencia con la anterior enmienda.

ENMIENDA NÚM. 27

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Ocho del artículo primero, nueva redacción del artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas coercitivas).




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MOTIVACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 28

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión del apartado 7 del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Instrumentación del principio de transparencia).

MOTIVACIÓN

Parece excesivo que la no publicación del periodo medio de pago o la falta de suministro de la documentación exigida pueda ser causa para imponer las medidas coercitivas del artículo 20.

ENMIENDA NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (destino del superávit presupuestario):

«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del remanente de tesorería positivo para gastos generales si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.»

MOTIVACIÓN

En el apartado 1 del artículo 32 de la LOEPSF la expresión, «a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda» da lugar a confusiones innecesarias en la interpretación de los conceptos, siendo más claro y operativo indicar expresamente el límite máximo que opera para reducir esa deuda, que es, en consonancia con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de dicha Ley, el remanente positivo de tesorería para gastos generales.




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ENMIENDA NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los nuevos apartados 7 y 8 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Instrumentación del principio de transparencia).

MOTIVACIÓN

A través de la redacción del proyecto, con la incorporación de un «podrá», se le otorga al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un poder absoluto sobre la incorporación de las Administraciones autonómica y local a los mecanismos adicionales de financiación, sustrayendo a los órganos de gobierno de las respectivas Administraciones la capacidad de tomar una decisión que conlleva, adicionalmente, una serie de condicionantes y controles financieros. Se carece de la mínima seguridad jurídica y, por tanto existe una total indefensión por parte de la Administración a la que se le aplique esta norma, ya que no se establecen los criterios objetivos en los que debería basarse el Ministerio para tomar una decisión de esa naturaleza.

Por otro lado, se utiliza esta ley para obligar a las CCAA a incorporarse a los mecanismos adicionales de financiación establecidos por el Estado, puesto que no solo se puede rechazar la adhesión si la CCAA dispone de financiación sino que obligan a que el coste de la misma sea inferior al del mecanismo adicional.

ENMIENDA NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Trece del artículo primero, nueva redacción de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 32

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra c), apartado 2, de la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que queda redactada en los siguientes términos:

«C) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores de la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), este se podrá destinar a sufragar proyectos financieramente sostenibles de inversión, de gasto social y de promoción e impulso económico para la generación de empleo. A estos efectos, y siempre con respeto a estos principios, se determinarán por ley tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar el destino del superávit como financieramente sostenible.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.»

MOTIVACIÓN

Si después de cubrir los requisitos legales contemplados en los apartados a) y b), continúa existiendo un saldo positivo, la Corporación Local debería poder destinar el mismo a aquellos gastos que justifique necesarios llevar a cabo dentro de su autonomía local, como ocurre con las Comunidades Autónomas y el Estado.

ENMIENDA NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado 2 bis a la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los siguientes términos:

«3. Las Entidades Locales podrán extender a 2014, la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional, o si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación 2012, siempre que cumplan con lo establecido en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y de acuerdo con las reglas a que hacen referencia las letras a), b) y c) del apartado 2 anterior y referenciado al año 2013 si tal destino se produce en dicho año. En estos casos, no será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 anterior.»

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley de Orgánica introduce una modificación respecto de lo establecido en el Anteproyecto de Ley al que hace referencia la nota informativa, de 4 de julio de 2013, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente dicho cambio se introduce en la «Disposición Adicional Sexta» en donde se suprime toda referencia al año 2013.

Hay que tener en cuenta que la nota del Ministerio a la que se dio difusión a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (en su página web), recogía en su página 11 que la medida contenida en la disposición adicional sexta se puede aplicar tanto en 2013 como en 2014.




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Por consiguiente, al desaparecer en el Proyecto de Ley la referencia a 2013, aquellas Entidades Locales que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento neto quedarían desprotegidas jurídicamente, pero también dejarían sin efecto la aplicación del remanente correspondiente a la liquidación de 2012 en 2013 por el escaso tiempo de que dispondrían las Entidades Locales tras la aprobación de la presente Ley, para cumplir con los plazos que la normativa presupuestaria exige para hacer efectivas las oportunas modificaciones presupuestarias.

Por este motivo y para poder aplicar el superávit en términos de contabilidad nacional, o si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación 2012, se establece la posibilidad de extender también a 2014 su aplicación.

ENMIENDA NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el apartado 3 de la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 y 2 bis) de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

«Se faculta al Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva implantación de las previsiones de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.




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ENMIENDA NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, Diez bis (nuevo).

Se propone la adición de un nuevo párrafo tercero «in fine» al apartado 1 del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la siguiente redacción:

«El cálculo del techo de gasto no financiero del Presupuesto se fijará, para las entidades locales, a partir de la aplicación de la regla de gasto, sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior. Lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley, incluidos los principios y excepciones en los ajustes por “grado de ejecución del gasto”, se establecerá reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEP) obliga a las Corporaciones Locales (como al resto de Administraciones Públicas) a aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto prevista en el artículo 12 de dicha Ley.

Para la aprobación de sus Presupuestos para 2013 muchas Corporaciones Locales calcularon sus respectivos techos de gasto no financiero (techos de asignación de recursos, en palabras de la LOEP) aplicando la regla de gasto ya referida en función del criterio marcado hasta ese momento por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), que no era otro que el de tomar como referencia a los efectos ya expresados las previsiones iniciales del Presupuesto 2012.

Es decir, el MINHAP señalaba que la aplicación de la regla de gasto consignada en el art. 12 de la LOEP debía hacerse para el año «n» a partir de las previsiones iniciales del Presupuesto del año «n-1», siendo esa la base para determinar después el techo de gasto no financiero de la correspondiente Administración.

Sin embargo, bien entrado el mes de diciembre de 2012 el MINHAP, a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales de su página web, comunicó un cambio muy importante respecto del criterio anterior, al señalar que la regla de gasto debía aplicarse para el año «n» a partir de los datos de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local correspondiente al año «n-1» (es decir, para el ejercicio 2013 sobre la liquidación del ejercicio 2012).

Con independencia de los enormes trastornos que tal cambio sobrevenido de criterio ha provocado en aquellas Corporaciones Locales que habían aprobado ya su Presupuesto antes de hacerse público el mencionado cambio, es preciso resaltar que la interpretación más lógica de la concreción de la regla de gasto consignada en el artículo 12 de la LOEP es la efectuada inicialmente por el propio MINHAP.

Y, por ello, se propone que el cálculo del techo de gasto no financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado se fije a partir de la aplicación de la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior y que tanto esa como las restantes cuestiones tales como la problemática asociada al «grado de inejecución del gasto» se establezcan no en una «Guía para la determinación de la Regla de gasto del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para corporaciones locales» sin valor normativo alguno, sino en el propio texto de la Ley Orgánica y en un desarrollo reglamentario de la LOEP que es lo que otorga seguridad jurídica a la actuación local.




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ENMIENDA NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del nuevo apartado 3 de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Final Primera de este Proyecto de Ley, que da una nueva redacción al artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

MOTIVACIÓN

Además, de por ser contraria a los principios que inspiran la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ser extravagante al objeto material de este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición Final Tercera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley y por ser muy discutible la técnica de tramitación legislativa que manifiesta la presentación de esta enmienda.




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El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado uno.

El apartado 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado uno del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea y sin perjuicio, en ningún caso, de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado cinco.

El último párrafo del apartado 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado cinco del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa audiencia de la Corporación Local afectada y previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que esta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores.»




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JUSTIFICACIÓN

La retención de recursos del sistema de financiación local, en la participación de los tributos del Estado, es una cuestión de suficiente envergadura como para que se asegure la audiencia previa de la corporación local afectada, no sólo desde un punto de vista funcional (informar sobre cualquier aspecto que afecte a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores) sino también para dar oportunidad a la corporación, en su caso, de oponer los reparos que estime conveniente.

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado seis.

El apartado 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, modificado en el apartado seis del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«6. Si aplicadas las medidas previstas en el apartado 5 anterior, el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería referida en la letra c) del apartado 5 anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá iniciar, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada, el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores. De llevarse a cabo dicho procedimiento, se dará traslado de la medida al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que tenga conocimiento de su adopción.»

JUSTIFICACIÓN

Debe asegurarse la audiencia previa de la comunidad autónoma afectada, no sólo desde un punto de vista funcional (informar sobre cualquier aspecto que afecte a las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores) sino también para dar oportunidad a la comunidad, en su caso, de oponer los reparos que estime conveniente.

ENMIENDA NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.




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El apartado once del artículo primero queda redactado en los siguientes términos:

«Once. Se modifica el artículo 32, que queda redactado como sigue:

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará prioritariamente, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a garantizar y mejorar la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas.”»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado doce del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Doce. Se incorporan dos nuevos apartados 7 y 8 en la disposición adicional primera, con la siguiente redacción:

"7. A partir de la aplicación de las medidas previstas en el apartado 5 del artículo 20, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá proponer a la Comunidad Autónoma su acceso a los mecanismos adicionales de financiación vigentes. La Comunidad Autónoma manifestará de manera justificada la aceptación o el rechazo de dicha propuesta.

8. Si a partir de la aplicación de lo previsto en el artículo 18.5 las Corporaciones Locales incluidas en al ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales persisten en el incumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa audiencia de la Corporación Local afectada, podrá determinar el acceso de la misma a los mecanismos adicionales de financiación vigentes".»

JUSTIFICACIÓN

Se propone una redacción más ajustada que no erosione definitivamente la autonomía de las administraciones territoriales.

ENMIENDA NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.




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ENMIENDA

De modificación.

El apartado quince del artículo primero, queda redactado en los siguientes términos:

«Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

1. (…)

2. En los años 2013 y 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

(…)

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en al letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que están vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en cada uno de los citados años 2013 y 2014.

(…).”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone mantener la redacción de esta disposición en la versión del anteproyecto de ley, que contaba con un acuerdo en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) con la FEMP.

En el proyecto de ley se suprime toda referencia al año 2013, de tal forma que aquellas entidades locales que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento quedarían desprotegidas jurídicamente.

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno pre (nuevo). Se incluye un nuevo apartado 4 en el artículo 3, con la siguiente redacción:

"4 (nuevo). La estabilidad presupuestaria prevista en este artículo permitirá, en todo caso, la existencia de desviaciones presupuestarias dirigidas a garantizar el mantenimiento y mejora de la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales. En estos supuestos, la estabilidad presupuestaria se alcanzará, en su caso, por la combinación de aumentos de ingresos o reducciones de gasto que no tengan esa naturaleza fundamental".»

JUSTIFICACIÓN

Se propone preservar una financiación suficiente para sanidad, educación y servicios sociales básicos, al ser servicios públicos fundamentales. Son, además, gastos esenciales para el desarrollo económico y, por tanto, para fortalecer también los ingresos de las administraciones públicas y su sostenibilidad financiera.




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ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno bis (nuevo). Se incluye un nuevo artículo, con la siguiente redacción:

"Artículo 4 bis (nuevo). Principio de suficiencia en los ingresos.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de suficiencia en los ingresos. Corresponde al Gobierno, respetando en todo caso el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, promover las actuaciones precisas para mejorar la suficiencia del sistema tributario y potenciar su equidad y progresividad.

2. Las reformas en materia tributaria para mejorar la suficiencia y progresividad del sistema se orientarán a financiar prioritariamente el aumento del gasto en protección social hasta situarlo en los parámetros medios de la Unión Europea y a contribuir a mejorar la distribución de la renta.

3. El Gobierno propiciará los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal y situando como prioridad la reducción de la economía sumergida en España".»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de establecer el principio de suficiencia en los ingresos como principio fundamental de la gestión presupuestaria. La estructura y suficiencia de los ingresos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas guardan íntima relación. En este contexto, además, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Uno ter (nuevo). Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7 y se añade un nuevo apartado 2 bis en dicho artículo, quedando redactados en los siguientes términos:

"1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política




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económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando en todo momento la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público, destinando los recursos disponibles con carácter prioritario al mantenimiento y mejora de los servicios públicos fundamentales.

2 bis. El modelo de control interno del gasto público se orientará a garantizar la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora, a reforzar el control permanente y la auditoría, a impedir que la naturaleza jurídica de cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control del gasto al que se vea sometida, a publicitar la actividad desarrollada y facilitar el acceso a los datos económicos comprobados, a informar de cualquier tipo de subvención que concedan instituciones públicas y privadas, y a desarrollar herramientas tendentes a clarificar la información de las cuentas públicas".»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

Además, la correcta asignación y utilización de los recursos públicos exige un modelo de control interno del gasto público eficiente y transparente. Es, en particular, importante que los informes de control financiero y de auditoría realizados por los órganos de control interno de las administraciones sean públicos, así como las actividades desarrolladas, de forma que la ciudadanía tenga acceso a los datos económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué se gastan los fondos públicos.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos bis (nuevo). El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

2. Con carácter general, el conjunto de Administraciones Públicas no podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera superior.

El importe del déficit estructural no podrá superar, en cómputo total y anual, el 0,20 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el Estado, el 0,25 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para el conjunto de las Comunidades Autónomas y el 0,05 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales para las Entidades Locales.

3. El conjunto de Administraciones Públicas podrá alcanzar un déficit estructural de hasta el 1 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas sea igual o inferior al 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales.




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Así mismo, el conjunto de Administraciones Públicas podrá incurrir en un déficit estructural superior al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, cuando el Congreso de los Diputados aprecie, por mayoría simple, que se dan alguna de las siguientes circunstancias:

a) Catástrofes naturales.

b) Una tasa de variación real del Producto Interior Bruto inferior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo a la que se refiere el artículo 12 de esta Ley, o una tasa de desempleo superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, medidas ambas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

c) Situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia que originó la desviación.

4. Las Administraciones de Seguridad Social podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.

5. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria".»

JUSTIFICACIÓN

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece el déficit cero estructural como el principio rector de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, déficit que podrá ser superado solo en situaciones excepcionales por el Estado y las comunidades autónomas o alcanzar hasta el 0,4% del PIB en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo.

Se propone que, al menos, se establezca con carácter general el 0,5% de PIB que es, además, la referencia que establece la UE como límite al déficit público estructural y una distribución por administraciones. También se propone la posibilidad de superarlo cuando la deuda pública sea igual o inferior al 60% del PIB o cuando la economía se encuentre por debajo de su crecimiento medio o con una tasa de paro superior al promedio comunitario. Por último, es razonable que sea la mayoría simple el criterio para apreciar las circunstancias por parte del Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos ter (nuevo). Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 12 y el apartado 5 de dicho artículo, quedando redactados en los siguientes términos:

"1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, salvo que la tasa de desempleo española sea superior a la tasa promedio de desempleo de la Unión Europea, en cuyo caso el gasto computable podrá superar la tasa de referencia de crecimiento hasta que desaparezca dicha circunstancia.




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(…)

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se podrán destinar prioritariamente a reducir el nivel de deuda pública cuando el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas supere el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales".»

JUSTIFICACIÓN

La regla que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que el gasto crezca en función de lo que lo haga la economía, y aún excluyendo el gasto por desempleo como estabilizador automático, puede ser contraproducente en situaciones económicas complicadas en las que el desempleo es elevado y, en general, en una economía con dotaciones de capital público e infraestructuras sociales insuficientes.

Además, el exceso de ingresos sobre lo previsto ha de dedicarse a las políticas de gasto que políticamente se estimen oportunas, si bien podrían destinarse a reducir deuda pública cuando ésta supere el 60% del PIB.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Dos quater (nuevo). Los dos últimos párrafos del apartado 1 del artículo 13 quedan redactados de la siguiente forma:

"Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 30 por ciento para la Administración central, 24 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea, resultase un límite de deuda distinta al 60 por ciento, el reparto del mismo entre Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas.

El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 24 por ciento de su Producto Interior Bruto regional".»

JUSTIFICACIÓN

Se propone una distribución más equitativa de los esfuerzos de sostenibilidad financiera entre Administraciones Públicas, buscando proporciones más ajustadas a la distribución competencial del gasto público. Es importante considerar, en particular, que las comunidades autónomas son las responsables de la mayor parte de las políticas sociales de gasto y de una parte importante de las políticas de impulso a la actividad económica.




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ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Tres bis (nuevo). Se añade un nuevo artículo, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 13 bis (nuevo). Prioridad absoluta del gasto en servicios públicos fundamentales.

El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto".»

JUSTIFICACIÓN

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Se propone que la prioridad corresponda al gasto en servicios públicos fundamentales.

En otra enmienda se propone que el Gobierno promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución para remediar lo que es una disposición de marcado carácter antisocial.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Tres ter (nuevo). Se modifica el artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 14. Pago de la deuda pública.

Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 14 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor




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superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. En otra enmienda se propone que la prioridad corresponda al gasto en servicios públicos fundamentales.

Además, en otra enmienda se propone también que el Gobierno promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución para remediar lo que es una disposición de marcado carácter antisocial.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero, con la siguiente redacción:

«Once bis (nuevo). Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional primera, que queda redactado como sigue:

"Disposición adicional primera. Mecanismos de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

(…)

6. Las Comunidades Autónomas con periodicidad trimestral y las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste.

En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será competente para realizar el seguimiento de los planes de ajuste e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad".»

JUSTIFICACIÓN

El redactado propuesto es suficiente para un correcto seguimiento de los planes de ajuste que se exigen para acceder a los mecanismos adicionales de financiación para las administraciones territoriales.

La Ley Orgánica 2/2012 provoca un abuso de posición de control por parte del Gobierno que puede vulnerar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Poner a las comunidades autónomas que soliciten ayuda financiera bajo el control de la Intervención General del Estado afecta al núcleo básico esencial de la autonomía de aquellas, porque estamos hablando de relaciones entre dos administraciones españolas, la general del Estado y la autonómica, que constitucionalmente se encuentran en pie de igualdad.

Por otro lado, la posibilidad de que empresas privadas de auditoría controlen a una administración local supone dejar en manos privadas el control del poder político, por mucho que se trae de disfrazar bajo el pretendido papel auxiliar de esas empresas.




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ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición transitoria con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria (nueva). Reforma urgente del artículo 135 de la Constitución.

Con carácter de urgencia, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española para eliminar en su apartado 3 la prioridad absoluta del pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones.»

JUSTIFICACIÓN

El apartado 3 del artículo 135 de la Constitución es frontalmente antisocial al establecer que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final séptima.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición final séptima queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición final séptima. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, la disposición final segunda, sobre “Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante” y la disposición transitoria sobre aplicación de la modificación del citado Texto Refundido a las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha modificación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el artículo primero que modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la ley de reforma del artículo 135 de la Constitución Española a la que se refiere la disposición transitoria de esta Ley.»




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

Al Preámbulo.

Se propone la siguiente redacción del párrafo decimocuarto del Preámbulo:

«Ello se completa con medidas que unilateralmente cada Administración debe aplicar cuando detecte periodos medios de pago que superen los límites permitidos: inclusión en la actualización de su plan de tesorería del importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad y compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para dicha reducción.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De supresión.

Al Preámbulo.

Se propone la supresión de los párrafos decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo del Preámbulo.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.




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ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, Dos.

Se propone la supresión del apartado Dos del artículo primero, nueva redacción del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, Cinco.

Se propone la supresión del apartado Cinco del artículo primero, nueva redacción del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas automáticas de prevención).

JUSTIFICACIÓN

El denominado Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público introduce un cambio muy relevante en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al incluir en el límite del endeudamiento público no solo la deuda financiera sino también la deuda comercial.

Esta ampliación sustancial es coherente con el concepto de estabilidad en sentido amplio, que contempla la sostenibilidad financiera —capacidad de financiación presente y futura— como un aspecto ineludible de la estabilidad presupuestaria.

No obstante lo anterior, y como señala el dictamen del Consejo de Estado, que sea posible constitucionalmente la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no significa que «sea un desarrollo que deriva necesariamente del artículo 135 de la Constitución ni del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».

Continúa el Consejo de Estado advirtiendo que «no cabe duda de que «no resultan aplicables a la deuda comercial las previsiones del artículo 135.3, segundo párrafo, de la Constitución (y 14 de la propia LOEPSF) sobre la prioridad absoluta de pago de la deuda pública en sentido estricto…», y que, en cuanto al reforzamiento de la regla de gasto «…la limitación de gasto impuesta a las Administraciones públicas encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general (ex art. 149.1.13.ª)…» y al «…principio de coordinación con la Hacienda Estatal del artículo 156.1 CE...».




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Si esto es así, no parece existir objeción para establecer la necesidad de las Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de pago a proveedores y obligar a las mismas a disponer de un plan de tesorería que garantice el cumplimiento del plazo máximo de pago que fija la normativa sobre morosidad.

No sucede lo mismo, sin embargo, en cuanto a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Y ello porque el proyecto se limita a prever la aplicación de las mismas, en las condiciones que se determinan, a los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de pago a proveedores. Pero dicha ampliación se ha efectuado de la forma más simple posible, utilizando la técnica de incluir en las correspondientes previsiones legales una referencia al periodo medio de pago a los proveedores, sin ninguna matización adicional.

Tal solución, sin duda fácil de articular, desconoce que, de un lado, la posible morosidad puede tener unos efectos muy diferentes en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, ya que los requisitos exigidos respecto del nivel de déficit y de deuda pueden no ser miméticamente aplicables y, de otro, se ignoran las posibles dificultades para conseguir en la practica el objetivo perseguido por la norma (inexistencia de morosidad alguna en el sector público). Tampoco se coordina la normativa proyectada con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que ya prevé el devengo de elevados intereses de demora en el supuesto de incumplimiento de los plazos máximos de pago.

Un ejemplo puede ser ilustrativo de lo que se lleva dicho: la nueva redacción del artículo 18 de la LOEPSF prevé que la Administración General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, puede proceder a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Pero ¿en qué supuestos?, ¿cuando la deuda supere una determinada cuantía?, ¿aunque exista una morosidad limitada que no ponga en peligro, en la práctica, la sostenibilidad financiera y, por ende, la estabilidad presupuestaria?

En definitiva, compartiéndose la importancia que el puntual pago a los proveedores tiene para el principio de estabilidad presupuestaria e, incluso, para el correcto funcionamiento de nuestra economía, lo que no puede aceptarse es la aplicación incondicionada y automática de medidas preventivas, correctivas y coercitivas pensadas para el cumplimiento de otros objetivos (déficit y deuda pública), sin la más mínima adaptación a la realidad que subyace en la morosidad de las Administraciones Públicas. Y todo ello con la posible afectación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por la falta de proporcionalidad y justificación de las medidas de intervención previstas.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, Seis.

Se propone la supresión del apartado Seis del artículo primero, nueva redacción del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas automáticas de corrección).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la anterior enmienda.




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ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, Ocho.

Se propone la supresión del apartado Ocho del artículo primero, nueva redacción del artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (medidas coercitivas).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, Nueve.

Se propone la supresión del apartado 7 del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Instrumentación del principio de transparencia).

JUSTIFICACIÓN

Parece excesivo que la no publicación del periodo medio de pago o la falta de suministro de la documentación exigida pueda ser causa para imponer las medidas coercitivas del artículo 20.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, Once.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Destino del superávit presupuestario):




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«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del remanente de tesorería positivo para gastos generales si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 1 del artículo 32 de la LOEPSF la expresión, «a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda» da lugar a confusiones innecesarias en la interpretación de los conceptos, siendo más claro y operativo indicar expresamente el límite máximo que opera para reducir esa deuda, que es, en consonancia con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de dicha Ley, el remanente positivo de tesorería para gastos generales.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, Doce.

Se propone la supresión de los nuevos apartados 7 y 8 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Instrumentación del principio de transparencia).

JUSTIFICACIÓN

A través de la redacción del proyecto, con la incorporación de un «podrá», se le otorga al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un poder absoluto sobre la incorporación de las Administraciones autonómica y local a los mecanismos adicionales de financiación, sustrayendo a los órganos de gobierno de las respectivas Administraciones la capacidad de tomar una decisión que conlleva, adicionalmente, una serie de condicionantes y controles financieros. Se carece de la mínima seguridad jurídica y, por tanto existe una total indefensión por parte de la Administración a la que se le aplique esta norma, ya que no se establecen los criterios objetivos en los que debería basarse el Ministerio para tomar una decisión de esa naturaleza.

Por otro lado, se utiliza esta ley para obligar a las CCAA a incorporarse a los mecanismos adicionales de financiación establecidos por el Estado, puesto que no solo se puede rechazar la adhesión si la CCAA dispone de financiación sino que obligan a que el coste de la misma sea inferior al del mecanismo adicional.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.




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Al artículo primero, Trece.

Se propone la supresión del apartado Trece del artículo primero, nueva redacción de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, Quince.

Se modifica la letra c) apartado 2 de la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que queda redactada en los siguientes términos:

«C) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores de la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a sufragar proyectos financieramente sostenibles de inversión, de gasto social y de promoción e impulso económico para la generación de empleo. A estos efectos, y siempre con respeto a estos principios, se determinarán por ley tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar el destino del superávit como financieramente sostenible.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.»

JUSTIFICACIÓN

Si después de cubrir los requisitos legales contemplados en los apartados a) y b), continúa existiendo un saldo positivo, la Corporación Local debería poder destinar el mismo a aquellos gastos que justifique necesarios llevar a cabo dentro de su autonomía local, como ocurre con las Comunidades Autónomas y el Estado.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, Quince.




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Se adiciona un nuevo apartado 2 bis a la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en los siguientes términos:

«3. Las Entidades Locales podrán extender a 2014, la aplicación del superávit en términos de contabilidad nacional, o si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación 2012, siempre que cumplan con lo establecido en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y de acuerdo con las reglas a que hacen referencia las letras a), b) y c) del apartado 2 anterior y referenciado al año 2013 si tal destino se produce en dicho año. En estos casos, no será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 anterior.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Orgánica introduce una modificación respecto de lo establecido en el Anteproyecto de Ley al que hace referencia la nota informativa, de 4 de julio de 2013, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente dicho cambio se introduce en la «Disposición Adicional Sexta» en donde se suprime toda referencia al año 2013.

Hay que tener en cuenta que la nota del Ministerio a la que se dio difusión a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (en su página web), recogía en su página 11 que la medida contenida en la disposición adicional sexta se puede aplicar tanto en 2013 como en 2014. Por consiguiente, al desaparecer en el Proyecto de Ley la referencia a 2013, aquellas Entidades Locales que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento neto quedarían desprotegidas jurídicamente, pero también dejarían sin efecto la aplicación del remanente correspondiente a la liquidación de 2012 en 2013 por el escaso tiempo de que dispondrían las Entidades Locales tras la aprobación de la presente Ley, para cumplir con los plazos que la normativa presupuestaria exige para hacer efectivas las oportunas modificaciones presupuestarias.

Por este motivo y para poder aplicar el superávit en términos de contabilidad nacional, o si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación 2012, se establece la posibilidad de extender también a 2014 su aplicación.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, Quince.

Se modifica el apartado 3 de la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 y 2 bis) de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.




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ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, Dieciséis.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

«Se faculta al Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva implantación de las previsiones de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo primero, Diez bis (nuevo).

Se propone la adición de un nuevo párrafo tercero «in fine» al apartado 1 del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la siguiente redacción:

«El cálculo del techo de gasto no financiero del Presupuesto se fijará, para las entidades locales, a partir de la aplicación de la regla de gasto, sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior. Lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley, incluidos los principios y excepciones en los ajustes por "grado de ejecución del gasto", se establecerá reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEP) obliga a las Corporaciones Locales (como al resto de Administraciones Públicas) a aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto prevista en el artículo 12 de dicha Ley.

Para la aprobación de sus Presupuestos para 2013 muchas Corporaciones Locales calcularon sus respectivos techos de gasto no financiero (techos de asignación de recursos, en palabras de la LOEP) aplicando la regla de gasto ya referida en función del criterio marcado hasta ese momento por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), que no era otro que el de tomar como referencia a los efectos ya expresados las previsiones iniciales del Presupuesto 2012.




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Es decir, el MINHAP señalaba que la aplicación de la regla de gasto consignada en el art. 12 de la LOEP debía hacerse para el año «n» a partir de las previsiones iniciales del Presupuesto del año «n-1», siendo esa la base para determinar después el techo de gasto no financiero de la correspondiente Administración.

Sin embargo, bien entrado el mes de Diciembre de 2012 el MINHAP, a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales de su página web, comunicó un cambio muy importante respecto del criterio anterior, al señalar que la regla de gasto debía aplicarse para el año «n» a partir de los datos de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local correspondiente al año «n-1» (es decir, para el ejercicio 2013 sobre la liquidación del ejercicio 2012).

Con independencia de los enormes trastornos que tal cambio sobrevenido de criterio ha provocado en aquellas Corporaciones Locales que habían aprobado ya su Presupuesto antes de hacerse público el mencionado cambio, es preciso resaltar que la interpretación más lógica de la concreción de la regla de gasto consignada en el artículo 12 de la LOEP es la efectuada inicialmente por el propio MINHAP.

Y, por ello, se propone que el cálculo del techo de gasto no financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado se fije a partir de la aplicación de la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior y que tanto esa como las restantes cuestiones tales como la problemática asociada al «grado de inejecución del gasto» se establezcan no en una «Guía para la determinación de la Regla de gasto del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para corporaciones locales» sin valor normativo alguno, sino en el propio texto de la Ley Orgánica y en un desarrollo reglamentario de la LOEP que es lo que otorga seguridad jurídica a la actuación local.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo.

Se propone la supresión del nuevo apartado 3 de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De supresión.




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A la Disposición Final Primera.

Se propone la supresión de la Disposición Final Primera de este Proyecto de Ley, que da una nueva redacción al artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Además, de por ser contraria a los principios que inspiran la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ser extravagante al objeto material de este Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

A la Disposición Final Tercera.

Se propone la supresión de la Disposición Final Tercera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley y por ser muy discutible la técnica de tramitación legislativa que manifiesta la presentación de esta enmienda.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 26 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.




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2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

A los efectos de esta Ley, las medidas aplicables a las Administraciones Públicas en caso de déficit y deuda pública, podrán ser aplicables a la morosidad de las Administraciones Públicas sobre su deuda comercial, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación del concepto aplicable al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a los efectos de incluir en dicho concepto la sostenibilidad de la deuda comercial, no encuentra base suficiente en el artículo 135 CE, ni debe considerarse en igual tratamiento legal que la deuda pública. El margen de actuación y autonomía de la Comunidad Autónoma tampoco es el mismo, de acuerdo con la distribución de las competencias que afectan a ambos niveles de deuda.

Cumplir con la deuda comercial es una de las obligaciones y de los objetivos de todas las Administraciones públicas, y las políticas presupuestarias y de tesorería deben tender a ello. Sin embargo, no es aceptable que en base a las demoras en el pago de deuda comercial el Estado se atribuya el mismo nivel de acción e intervención que sobre la deuda pública, que goza de prioridad absoluta (art. 135 CE).

Sin modificar el actual concepto de estabilidad presupuestaria, las medidas que se instrumenten en el caso de morosidad en la deuda comercial, deben articularse separadamente y las Comunidades Autónomas deben recibir el apoyo del Estado en el cumplimiento de sus políticas relativas a la sostenibilidad de la deuda comercial.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Tres. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:

6. Todas las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería y, en la medida de lo posible, en el inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan, lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para




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la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

La Comunidad Autónoma podrá solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que adopte medidas específicas de apoyo al cumplimiento del plan de tesorería autonómico. Asimismo, dicho Ministerio garantizará que las actuaciones estatales de carácter económico y presupuestario que puedan adoptarse e incidan en una minoración de ingresos de las administraciones territoriales o en un aumento del gasto de las mismas, no repercutan negativamente en el cumplimiento de dicho plan, que a dichos efectos deberá considerarse prioritario.»

JUSTIFICACIÓN

Los planes de tesorería que adopte la Comunidad Autónoma para reducir y eliminar la morosidad en el pago de la deuda comercial, deben contar con el apoyo de la Administración General del Estado. En cualquier caso, las medidas económicas y presupuestarias que se adopten a nivel estatal, no deben suponer una dificultad añadida a dicho cumplimiento, evitando las repercusiones negativas que puedan generarse. Los planes de tesorería para avanzar en el pago de la deuda comercial deben ser considerados de carácter prioritario también por parte del Estado.

Puesto que el automatismo en la aplicación de las medidas contempladas en el Proyecto de Ley, impide tener en consideración las diversas variables que pueden incidir en la regla de pago de su deuda comercial, es necesario introducir medidas correctivas de dicho automatismo, precisamente a los efectos de garantizar un mayor cumplimiento y adaptación a la realidad de cada Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Cinco. El artículo 18 queda redactado como sigue:

Artículo 18. Medidas automáticas de prevención.

4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará un seguimiento del cumplimiento de los periodos medio de pago a proveedores de las Comunidades Autónomas.

Cuando el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formulará una comunicación de alerta indicándose el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores. Si la Comunidad Autónoma considera viables las medidas indicadas, deberá incluir todo ello en su plan de tesorería en el mes siguiente a dicha comunicación de alerta. En caso contrario, y antes de que la alerta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sea firme, la Comunidad Autónoma podrá presentar alegaciones. Dichas alegaciones serán objeto de valoración en la comunicación de alerta firme por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en caso de desestimación, se deberá incorporar una justificación suficiente y adecuada. En última instancia, contra la alerta firme se podrá interponer recurso administrativo.




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En cualquier caso, la comunicación de alerta firme por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se entenderá como una medida de prevención a fin de facilitar que todas las administraciones públicas cumplen con el periodo medio de pago a los proveedores, sin que ello pueda conllevar más obligaciones para las Administraciones territoriales que las que ya derivan de la propia Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el mismo concepto.»

JUSTIFICACIÓN

Por un lado, el automatismo en la aplicación de las medidas contempladas en el Proyecto de Ley, impide tener en consideración las diversas variables que pueden incidir en la regla de pago de la deuda comercial por parte de las Administraciones territoriales. Por ello, es necesario introducir la posibilidad de que las Comunidades Autónomas presenten alegaciones, para una mayor adaptación a la realidad de cada una de ellas, evitando que se cree una herramienta de control unilateral e inflexible en manos de la Administración General del Estado, precisamente a los efectos de garantizar un mayor cumplimiento del objetivo que persigue la ley.

A tal efecto, resulta necesario clarificar que dicha alerta por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe ser entendida solamente como un mecanismo para facilitar que las administraciones públicas puedan cumplir con el pago de 30 días máximos que establece la ley de morosidad. Debido a que esta misma ley ya penaliza las demoras que puedan acaecerse en el pago de facturas a proveedores es necesario que todo el desarrollo de esta ley se conciba como un complemento a la propia ley de morosidad sin que, en ningún caso, se impongan nuevas sanciones o trabas para ningún nivel administrativo en la consecución de tal fin.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección.

1. En el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, deberá ponerlo en conocimiento de la Comunidad Autónoma afectada, que podrá presentar alegaciones, que serán objeto de valoración. En caso de mantenerse discrepancias, se deberá incorporar una justificación suficiente y adecuada y, en última instancia, se permitirá interponer recurso administrativo contra el informe.

En cualquier caso, la comunicación del informe por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se entenderá como una medida correctiva a fin de facilitar que todas las administraciones públicas cumplen con el periodo medio de pago a los proveedores, sin que ello pueda conllevar más obligaciones para las Administraciones territoriales que las que ya derivan de la propia ley de morosidad por el mismo concepto.

Todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización por el Estado en tanto persista el citado incumplimiento. Esta autorización (... hasta el final del apartado 1).»




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JUSTIFICACIÓN

El automatismo en la aplicación de las medidas contempladas en el Proyecto de Ley, impide tener en consideración las diversas variables que pueden incidir en la regla de pago de la deuda comercial por parte de las Administraciones territoriales. Por ello, es necesario introducir la posibilidad de que las Comunidades Autónomas presenten alegaciones, para una mayor adaptación a la realidad de cada una de ellas, evitando que se cree una herramienta de control unilateral e inflexible a manos de la Administración General del Estado, precisamente a los efectos de garantizar un mayor cumplimiento del objetivo que persigue la ley.

A tal efecto, resulta necesario clarificar que la realización de un informe por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe ser entendido solamente como un mecanismo para facilitar que las administraciones públicas puedan cumplir con el pago de 30 días máximos que establece la ley de morosidad. Debido a que esta misma ley ya penaliza las demoras que puedan acaecerse en el pago de facturas a proveedores es necesario que todo el desarrollo de esta ley se conciba como un complemento a la propia ley de morosidad sin que, en ningún caso, se impongan nuevas sanciones o trabas para ningún nivel administrativo en la consecución de tal fin.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección.

3. En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con Comunidades Autónomas incumplidoras precisará, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán los criterios que servirán de base para la emisión del informe regulado en este apartado, y deberá tener en cuenta el grado de ejecución de las medidas que deben ser aplicadas por la Comunidad Autónoma para corregir la situación de incumplimiento y si el objeto de la subvención o convenio incumbe a un sector o ámbito considerado prioritario o estratégico para la recuperación económica. A estos efectos se consideran prioritarios y estratégicos el empleo y el sector de I+D+i, así como los programas con financiación europea en estos ámbitos.

En el supuesto de que se proponga informe desfavorable, antes de su emisión con carácter definitivo, deberá ponerse en conocimiento de la Comunidad Autónoma a los efectos de la presentación de alegaciones. Estas serán objeto de valoración en el informe definitivo y, en caso de desestimación, se deberá incorporar una justificación suficiente y adecuada. Contra el informe definitivo se podrá interponer recurso administrativo.

En el supuesto excepcional de que el informe no favorable recaiga sobre convenios y subvenciones en I+D+I, en el mismo informe deberán proponer, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Competitividad, los mecanismos alternativos que garanticen su financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado, a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos de crecimiento económico implícitos en la actuación.»




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JUSTIFICACIÓN

La formalización de convenios entre el Estado y la Comunidad Autónoma es un mecanismo jurídico relacional de gran relevancia en materia de empleo o de I+D+i. La competencia estatal en fomento de la investigación científica y técnica se ejecuta con frecuencia mediante convenios interadministrativos. La Unión Europea ha recomendado a España revisar las prioridades de gastos y reasignar fondos con la finalidad de favorecer la investigación, la innovación y la calidad en materia de educación a los efectos de potenciar la economía del conocimiento como medida de crecimiento económico así como fomentar empleo. Asimismo ha recomendado a España a estimular la creación de empleo.

El control de los objetivos de déficit debe ser compatible con dichas medidas y por ello se considera necesario que el informe preceptivo y vinculante que debe emitir el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenga en cuenta si el objeto del convenio o la subvención incumbe a un sector o ámbito considerado prioritario o estratégico para la recuperación económica. En este sentido se consideran prioritarios y estratégicos el sector de I+D+I, el empleo y cualquier otro programa con financiación europea que se articule a tal fin.

A tenor de los efectos que produce el informe negativo, en unos casos es motivo de denegación de subvenciones que habían recibido propuesta de resolución favorable por el Ministerio competente y, en otros, impiden la formalización de convenios o de sus prórrogas entre el Estado y las CCAA, su regulación debe reunir las garantías necesarias, tanto en lo que respecta a los criterios aplicables como al procedimiento para su emisión.

La ausencia de intervención de la Comunidad Autónoma en el procedimiento de emisión del informe genera indefensión a la comunidad y al potencial beneficiario de la subvención. Este último ve limitada la defensa de sus intereses en la fase de recurso ante una resolución de denegación motivada por el incumplimiento de los objetivos de déficit de su Comunidad, supuesto que no le es imputable y sobre el cual no dispone de la información necesaria para argumentar su defensa, generándose indefensión. Para evitarla debe garantizarse, a la Comunidad Autónoma afectada, la audiencia sobre la propuesta de informe y la posibilidad de efectuar alegaciones antes de su emisión definitiva. Las alegaciones deben incorporarse al informe definitivo y su desestimación debe motivarse adecuadamente.

El informe desfavorable es un acto administrativo de trámite cualificado, en unos casos decide sobre el fondo del asunto (denegación de subvención) y en otros impide continuar el procedimiento (formalización de convenios y prórrogas), que debería ser autónomamente impugnable de acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalmente, en relación con los procesos competitivos en el ámbito de la I+D+i, alterar la adjudicación resultante de una convocatoria —que está basada en estrictos criterios científicos— por causas o criterios ajenos a la calidad y la competitividad científica, es contrario a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que establece que la asignación de recursos públicos se realizará sobre la base de una evaluación científica y/o técnica, en función de los objetivos (art. 5).

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección.




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4. Las medidas previstas en los apartados anteriores se aplicarán también en caso de formulación de la advertencia previa prevista en el artículo 19 de esta Ley. No procederá su aplicación en caso de discrepancia, hasta que sea considerada firme»

JUSTIFICACIÓN

A los efectos de garantizar que la Comunidad Autónoma dispondrá de trámite de audiencia para alegaciones, y de que en caso de discrepancia podrá interponerse un recurso administrativo.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección.

6. Si aplicadas las medidas previstas en el apartado 5 anterior, el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería referida en la letra c) del apartado 5 anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas iniciará podrá iniciar el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, siempre y cuando no se ponga en peligro el cumplimiento de los demás objetivos de deuda, déficit y regla del gasto. Para ellos, se recabará de la Comunidad Autónomas la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados recursos y se comunicará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su conocimiento.»

JUSTIFICACIÓN

La obligación por parte del Ministerio de atender la deuda comercial para cumplir con los plazos de morosidad, además de tener una enorme complejidad operativa, altera las reglas de jerarquización y pago establecidas por la Comunidad Autónoma en función del impacto social y económico específico de su ámbito territorial y puede dejar impagada deuda no considerada comercial pero cuyo gasto es ineludible y que afecta al déficit.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

«Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección.

5. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará a la Comunidad Autónoma indicando que partir de ese momento:

a) Todas aquellas modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la Comunidad autónoma y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos, requerirán la adopción un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con indicación del crédito afectado, la medida de gasto que lo sustenta y la modificación presupuestaria origen de la misma. Quedan excluidas también las modificaciones derivadas de la incorporación de remanentes procedentes de transferencias finalistas de otras administraciones.»

JUSTIFICACIÓN

La incorporación de remanentes de crédito procedentes de transferencias finalistas resulta común en tanto en cuanto la Administración del Estado transfiere estos recursos finalistas en el último trimestre del año, no pudiéndose efectuar el gasto correspondiente antes de finalizar el ejercicio. Estos créditos están financiados con los recursos ingresados en el ejercicio anterior y por tanto no suponen ningún aumento del déficit.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Ocho. El artículo 25 queda redactado como sigue:

Artículo 25. Medidas coercitivas.

1. En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, o cuando el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la comunicación prevista en el artículo 20.6 la Administración Pública responsable deberá:

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta




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información será objeto de un seguimiento específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.

b) En el caso que el periodo medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la comunicación prevista en el artículo 20, se podrá acordar, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma un crédito extraordinario que aporte la liquidez necesaria para la reducción del periodo medio de pago a proveedores. En el correspondiente plan de ajuste de la Comunidad Autónoma se preverá la forma de retorno del citado crédito, según se haya acordado. Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.»

JUSTIFICACIÓN

No son equiparables los problemas de tesorería con los de generación de déficit. La aplicación automática de medidas coercitivas no debe proceder en el caso de morosidad en la deuda comercial, puesto que se trata de una medida con verdaderos efectos sancionadores a la Comunidad Autónoma afectada y de escasa eficacia para corregir el problema. La deuda comercial debe afrontarse con medidas racionales de apoyo a la Comunidad Autónoma en su plan de tesorería, puesto que esta importante cuestión para el crecimiento económico del país, no se solventa a base de automatismos, en algunos casos de imposible cumplimiento. La política estatal debería articularse en positivo, adoptando medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos destinados a evitar la morosidad y que establece la Comunidad Autónoma.

No se considera aceptable que en un estado autonómico se admita que las medidas coercitivas puedan alcanzar a las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos, con la suspensión automática de dichas competencias. En el supuesto extraordinario de que el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal de la Unión Europea haga imprescindible una actuación coercitiva, dicha acción debería justificarse de manera totalmente transparente ante la Comunidad Autónoma y la medida correspondiente ser adoptada de acuerdo con la propia Comunidad Autónoma.

Con relación a la posibilidad de constituir un depósito en el Banco de España, este hecho supondría una sustracción de liquidez que contradice los principios de sostenibilidad, y con afectación directa sobre déficit en el caso que finalmente se convierta en multa coercitiva. La multa coercitiva no garantiza el cumplimiento de los objetivos de morosidad, cosa que sí permite el crédito extraordinario cuya amortización se reflejará en el correspondiente plan de ajuste de la Comunidad Autónoma.

Por último, debido a que la ley de morosidad ya penaliza las demoras que puedan acaecerse en el pago de facturas a proveedores no es admisible sancionar doblemente a la administración incumplidora, por un mismo incumplimiento.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Ocho. El artículo 25 queda redactado como sigue:

Artículo 25. Medidas coercitivas.

2. De no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado a) anterior o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, previo acuerdo de la Comisión Bilateral Comunidad Autónoma-Estado, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda insiste nuevamente en la transparencia y la independencia de criterio ante la adopción de medidas coercitivas que afectan gravemente a la Comunidad Autónoma y a su autonomía financiera y de decisión de gasto.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Ocho. El artículo 25 queda redactado como sigue:

Artículo 25. Medidas coercitivas.

3. La Comunidad Autónoma podrá presentar alegaciones en caso de discrepancias con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la interpretación y aplicación de las medidas coercitivas. Dichas alegaciones serán objeto de valoración en el informe definitivo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en caso de desestimación, se deberá incorporar una justificación suficiente y adecuada. En última instancia, contra el informe se podrá interponer recurso administrativo.»

JUSTIFICACIÓN

Si finalmente entran en aplicación las medidas coercitivas, debería considerarse la posibilidad de que la Comunidad Autónoma sobre la que recaigan, pueda resolver los conflictos que de la interpretación y aplicación de las mismas puedan surgir.




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ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Nueve. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:

Artículo 27. Instrumentación del principio de transparencia.

6. Las Administraciones Públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o dependientes incluidos en el sector administraciones públicas según la metodología SEC, harán público su periodo medio de pago a los proveedores en los términos que se establezcan por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Circunscribir el ámbito de aplicación al sector administraciones públicas, no a todo el sector público.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), este se podrá destinar a:

1. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea financieramente sostenible.

2. Financiar programas de promoción económica, planes de empleo local y programas de ayudas sociales, de carácter extraordinario, no recurrentes, justificados por la coyuntura económica.

Para aplicar lo previsto en los párrafos anteriores, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.»




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JUSTIFICACIÓN

La actual coyuntura económica se caracteriza por la diminución de la actividad económica, altos niveles de desempleo y aumento de las situaciones de pobreza. Ello obliga a muchos ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y mejor conocedora de la realidad y necesidades específicas de cada población, a llevar a cabo actuaciones extraordinarias para paliar los efectos de dicha situación. Considerando que la necesidad de dar respuesta a las necesidades de carácter social o incluso el impulso de determinadas actividades de promoción económica puede resultar más prioritario para un municipio que el desarrollo de inversiones, se considera conveniente ofrecer la posibilidad de utilizar los recursos que resulten del superávit presupuestario a llevar a cabo las citadas actuaciones destinadas a paliar los efectos más agudos de la crisis, siempre con carácter extraordinario en atención a las circunstancias del momento.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA ALTERNATIVA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo Primero. Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

2. En el año 2013 y 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de ̔Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto̕̕, o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2013 y 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), este se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.”»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Orgánica introduce una modificación respecto de lo establecido en el Anteproyecto de Ley al que hace referencia la nota informativa, de 4 de julio de 2013, del Ministerio de




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Hacienda y Administraciones Públicas sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente dicho cambio se introduce en la «Disposición Adicional Sexta» en donde se suprime toda referencia al año 2013. Esta situación supone una modificación de las condiciones acordadas en el seno de la CNAL con la FEMP.

Hay que tener en cuenta que la nota del Ministerio a la que se dio difusión a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (en su página web), recoge en su página 11 que la medida contenida en la disposición adicional sexta se puede aplicar tanto en 2013 como en 2014. Por consiguiente, al desaparecer en el Proyecto de Ley la referencia a 2013, aquellas Entidades Locales que dieran un destino al superávit diferente a reducir el endeudamiento neto quedarían desprotegidas jurídicamente.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Dieciséis. Se modifica la disposición final segunda que queda redactada como sigue:

Disposición final segunda. Desarrollo normativo de la Ley.

1. Se faculta al Consejo de Ministros en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva implantación de las previsiones de esta Ley. En particular, por Real Decreto del Consejo de Ministros se desarrollarán las condiciones y el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas para pagar directamente a los proveedores, así como el resto de medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley en relación con la sostenibilidad de la deuda comercial.»

JUSTIFICACIÓN

Con la voluntad de garantizar la efectiva participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones de carácter técnico relativas al cálculo del periodo medio de pago. La competencia estatal en materia económico financiera debe garantizar el principio de coordinación.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De modificación.




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Redacción que se propone:

«Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Se incorpora un nuevo apartado 3 en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, con la siguiente redacción:

Disposición adicional octava. Deducción o retención de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

3. El Gobierno del Estado garantizará la objetividad y proporcionalidad en el reparto del objetivo de déficit entre el propio Estado y las Comunidades Autónomas. Las decisiones relativas al objetivo de déficit que corresponda adoptar al Gobierno o al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requerirán el informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de la Administración General del Estado y de cada una de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

No debe procederse a la deducción o retención de los importes satisfechos en los términos expresados en el nuevo apartado 3 de la disposición adicional octava de la LOFCA, para satisfacer deuda con proveedores. Dar cumplimiento a la misma corresponde a la Comunidad Autónoma en el marco de sus posibilidades de tesorería.

Contrariamente, se propone que se garantice en la propia LOFCA el principio de proporcionalidad en el reparto del objetivo de déficit. El justo reparto y compartición de esfuerzo económico y fiscal entre el Estado y las CCAA es la mejor medida para garantizar el cumplimiento de dicho objetivo.

También es importante considerar que se está creando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como garantía de transparencia e independencia.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional primera. Publicación del periodo medio de pago.

Transcurrido un mes trimestre desde la entrada en vigor de esta ley, todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes incluidos en el sector administraciones públicas según la metodología SEC, publicarán en su portal web su periodo medio de pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su periodo medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.»




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JUSTIFICACIÓN

Flexibilizar el calendario previsto para publicar en la página web el periodo medio de pago a proveedores y circunscribir el ámbito de aplicación al sector administraciones públicas. La publicación de las medidas de reducción del período medio de pago son de carácter eminentemente interno.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición transitoria. Aplicación de las modificaciones tributarias incluidas en la disposición final segunda “Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”, a las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición.

A las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición final segunda de esta Ley les serán de aplicación las modificaciones establecidas en dicha disposición final en los elementos determinantes de la cuantía de las tasas de ocupación y de actividad, con la excepción de las modificaciones del régimen de bonificaciones a la cuota de la tasa de ocupación del artículo 181, introducidas por esa disposición final, para las obras ya ejecutadas o que estén previstas ejecutar en la concesión a la entrada en vigor de la presente Ley, a las cuales no les resultarán de aplicación.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima coherente excluir de la aplicación de las nuevas bonificaciones a las concesiones y autorizaciones ya otorgadas, por cuanto en el momento de otorgar el correspondiente título ya se tuvo en cuenta dichas inversiones en el determinación del plazo y de la tasa de actividad.

No obstante lo anterior, es habitual que durante la vigencia de una concesión las empresas concesionarias propongan la realización de nuevas obras, inicialmente no previstas al otorgar la concesión. En estos casos, no sería ecuánime que nuevos concesionarios pudieran optar a las nuevas bonificaciones que se proponen en esta Ley, mientras que los concesionarios ya existentes no pudieran optar a las mismas.

Por todo lo anterior, se propone que sólo se excluya de la aplicación de las nuevas bonificaciones incluidas en la disposición final a las obras ya ejecutadas y a las que estén previstas ejecutar en la concesión a la entrada en vigor de la nueva Ley.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición transitoria nueva. Período transitorio.

A efectos de cumplir lo establecido en esta ley orgánica, no serán de aplicación las medidas señaladas en los artículos 18, 20, 25 y 27 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, hasta que la Administración General del Estado no haya asegurado los mecanismos de liquidez a las comunidades autónomas suficientes para el cumplimiento efectivo del período medio de pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las intervenciones generales del Estado y de la administración afectada deberán certificar el cumplimiento efectivo de un periodo medio de pago máximo de 30 días, con carácter previo a la aplicación de las medidas establecidas en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Financiar el déficit financiero y reducir la morosidad para que los pagos de las administraciones públicas no superen los 30 días son dos objetivos diferentes y que deben ser compatibles. Para garantizarlo es necesario un periodo transitorio que finaliza una vez cada una de las administraciones ha puesto el contador a cero de sus retrasos en el pago a los proveedores.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición transitoria nueva. Compatibilidad de mecanismos de liquidez.

Los mecanismos extraordinarios de liquidez destinados a la reducción del periodo medio de pago de las administraciones públicas en ningún caso afectaran a los mecanismos de liquidez para la financiación ordinaria del presupuesto, de acuerdo con los objetivos de déficit acordados para cada administración.»

JUSTIFICACIÓN

Financiar el déficit financiero y reducir la morosidad para que los pagos de las administraciones públicas no superen los 30 días son dos objetivos diferentes y que deben ser compatibles. Para garantizarlo es necesario garantizar la plena compatibilidad de los mecanismos de liquidez puestos en marcha con el fin de financiar el déficit financiero de una parte y con el fin de financiar el exceso de deuda comercial derivado del retraso en el pago a los proveedores por otra.




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ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Uno. El apartado 1 del artículo 166 queda redactado en los siguientes términos:

“1. Con el objeto de que se pueda tomar en consideración la estructura de costes de cada Autoridad Portuaria y garantizar el principio de autosuficiencia económico-financiera, en un marco de competencia leal entre puertos, cada Autoridad Portuaria podrá proponer en el marco del Plan de Empresa anual tres coeficientes correctores que se aplicarán respectivamente a las cuantías básicas de las tasas del buque (T-1), del pasaje (T-2) y de la mercancía (T-3), con los siguientes límites:

a) Los coeficientes correctores propuestos no podrán ser superiores a 1,30.

b) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores propuestos sea menor que la unidad, la rentabilidad media de los dos ejercicios inmediatamente anteriores al año en el que se acuerde el Plan de Empresa, si se hubieran aplicado los nuevos coeficientes correctores propuestos, debe ser positiva.

c) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores propuestos sea mayor que la unidad, la rentabilidad media de los dos ejercicios inmediatamente anteriores al año en el que se acuerde el Plan de Empresa, si se hubieran aplicado los nuevos coeficientes correctores propuestos, no debe ser superior al objetivo de rentabilidad anual establecido para el conjunto del sistema portuario.

d) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores propuestos sea menor que 0,70, la rentabilidad media de los dos ejercicios anteriores al año en el que se acuerde el Plan de Empresa, si se hubieran aplicado los nuevos coeficientes correctores propuestos, no debe ser inferior al objetivo de rentabilidad anual establecido para el conjunto del sistema portuario.

e) La diferencia entre los coeficientes correctores propuestos no podrá ser mayor que 0,30.

A estos efectos se entenderá por rentabilidad media de los dos ejercicios el cociente de dividir la media de los resultados del ejercicio de los dos años correspondientes, calculados de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 157 de esta Ley, por la media de los activos no corrientes netos medios de dichos ejercicios, calculados de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del artículo 157 de esta Ley.

En el caso de que para el ejercicio de aplicación de los coeficientes correctores la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos introduzca revisiones en las cuantías básicas de las tasas de utilización, de acuerdo con lo previsto en los artículos 202, 210, 217, 229 y 235 de esta Ley, o modificaciones de los tipos de gravamen de la tasa de ocupación establecidos en el artículo 176, y por consiguiente en la tasa de actividad, a los efectos del cálculo de la rentabilidad de los dos ejercicios inmediatamente anteriores, se deberá tener en cuenta el impacto que sobre los ingresos de dichos períodos hubieran tenido las revisiones y modificaciones citadas.

De la misma forma, si el ejercicio siguiente al ejercicio en que se aprobaran las revisiones en las cuantías básicas o modificaciones de los tipos de gravamen no hubiera modificación alguna al respecto sobre los mismos, a los efectos del cálculo de la rentabilidad de aquellos ejercicios anteriores susceptibles de ser tenidos en consideración, se deberá tener en cuenta el impacto que sobre los ingresos de dichos períodos hubieran tenido las revisiones y modificaciones citadas.

Para el caso de la tasa de actividad la variación que experimente la misma no podrá ser superior a la experimentada por la tasa de ocupación de acuerdo en el artículo 188 de esta Ley.




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No obstante los límites anteriores, las Autoridades Portuarias que hayan suscrito un Convenio de Normalización Financiera, en los términos previstos en el artículo 160.3 de esta ley, deberán aplicar en todo caso coeficientes correctores superiores a la unidad e inferiores a 1,30. Estos coeficientes correctores serán acordados por la Autoridad Portuaria con Puertos del Estado en el marco del correspondiente Plan de Empresa”.»

JUSTIFICACIÓN

La justificación propuesta para la enmienda es la introducción de determinadas medidas en el ámbito portuario dirigidas a la reactivación económica en los puertos mediante la reducción de la carga tributaria que, a través de las tasas que gravan las operaciones portuarias, soportan los operadores privados.

No obstante, no existe una justificación que evalúe de forma explícita y directa la bondad detal proceder, ni como la misma puede afectar a la carga tributaria que soportan los operadores portuarios sin obviar directamente el objeto del propio artículo 166, que no es otro que «tomar en consideración la estructura de costes de cada Autoridad Portuaria y garantizar el principio de autosuficiencia económico-financiera...».

El hecho de establecer la rentabilidad a efectos de la utilización de los coeficientes correctores como la media de los tres ejercicios inmediatamente anteriores y calculada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de esta Ley, por las causas que a continuación se exponen, distorsiona al alza la misma. No teniendo en cuenta su tendencia ni sus previsiones futuras, coartando, además, a corto-medio plazo cualquier acción correctiva que a través de un incremento de los coeficientes correctores una Autoridad Portuaria pudiera llevar a cabo a fin de adecuar su estructura económico-financiera a la realidad o a sus previsiones.

A los efectos:

1. Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Una media de tres años no hará sino establecer una estabilidad sesgada al alza que no tendrá en consideración la tendencia experimentada en el año precedente y esperado en los años venideros. Sería conveniente no modificar el redactado en los términos expuestos por la enmienda o, en su defecto, utilizar la media de los dos años inmediatamente anteriores para que el sesgo sea menor.

2. La modificación del artículo 157 llevada a cabo por la Ley 02/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, introdujo el prorrateo durante siete años de las incorporaciones de nuevas infraestructuras portuarias básicas (dique de abrigo, esclusa y acceso marítimo). A resultas de dicha modificación la rentabilidad obtenida es artificialmente alta a efectos de la aplicación de coeficientes correctores. No teniendo en consideración lo dispuesto por los principios del apartado dos del propio artículo 166. Ni el objeto del presente apartado uno.

Aquellas Autoridades Portuarias que han movilizado una gran cantidad de recursos para llevar a cabo sus procesos de ampliación, por el hecho de no computar dichos activos en el año que se dan de alta contablemente sino de forma prorrateada, ven minorado su margen de maniobra para adaptar sus ingresos a la estructura de costes y financiera que han asumido.

A fin de evitar la distorsión implícita originada por el citado prorrateo en el cálculo de la rentabilidad sería conveniente no modificar el redactado en los términos expuestos por la enmienda, dejarlo como actualmente aparece o, en su defecto, utilizar la media de los dos años inmediatamente anteriores donde la distorsión producida por los prorrateos será inferior.

3. Calcular la rentabilidad anual a efectos de la utilización de coeficientes correctores como la rentabilidad media de los tres ejercicios inmediatamente anteriores, en este caso, los ejercicios 2010, 2011 y 2012, arroja una rentabilidad sesgada que no tiene en cuenta marcos jurídicos homogéneos, ni tiene en consideración todos los elementos de cálculo contenidos en los mismos.

Tal y como establece el redactado de la propuesta de Ley:

a. «En el caso de que para el ejercicio de aplicación de los coeficientes correctores la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos introduzca revisiones en las cuantías básicas de las tasas de utilización, de acuerdo con lo previsto en los artículos 202, 210, 217, 229 y 235 de esta Ley...».

El ejercicio 2010, por un lado, y el 2011 y 2012, por otro, están encuadrados en marcos legales diferentes. El marco legal del ejercicio 2010 era la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, y el de los ejercicios 2011 y 2012 es la Ley 02/2011, de 5 de septiembre.




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Las diferencias entre un marco normativo y el otro no sólo son cualitativas, sino también cuantitativas.

La cuantificación de las tasas de utilización y la determinación de sus bonificaciones (diferente en ambos marcos legales-minorándose las mismas en el actual-), por un lado, y el incremento de la estructura de costes (con la aparición de determinados gastos en la cuenta de resultados de las Autoridades Portuarias con la Ley 02/2011 —gastos de recogida de residuos generados por buques—), entre otros, por otro, son claros ejemplos de lo expuesto. No obstante, el beneficio de los años 2010, 2011 y 2012 a efectos del cálculo propuesto se considera homogéneo a igualdad de tráficos y con unas hipotéticas e idénticas estructuras de coste, cuantías básicas y bonificaciones.

El resultado que se obtenga en base a la forma de cálculo propuesta tiene un sesgo significativo al alza. Sería conveniente no modificar el redactado en los términos expuestos o, en su defecto, utilizar la media de los dos años inmediatamente anteriores para que el ejercicio 2010 no genere esa distorsión.

b. «..., o modificaciones de los tipos de gravamen de la tasa de ocupación establecidos en el artículo 176, a los efectos del cálculo de la rentabilidad de los tres ejercicios inmediatamente anteriores, se deberá tener en cuenta el impacto que sobre los ingresos de dichos períodos hubieran tenido las revisiones y modificaciones citadas.»

El cálculo propuesto tiene en cuenta las revisiones que en el tipo de gravamen de la tasa de ocupación pudieran darse y sus efectos en ejercicios anteriores. No así el decremento, lógico por otra parte, que esa revisión de los tipos de gravamen hubiera podido tener, hipotéticamente, en la tasa de actividad. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 02/2011, de 5 de septiembre.

Aquellas Autoridades Portuarias donde la tasa de ocupación tenga un peso significativo dentro de su cifra de negocio, por ende, la de actividad también lo tendrá y su no inclusión en la revisión a los efectos propuestos distorsiona al alza la rentabilidad resultante.

c. El ejercicio 2010 no estaba sujeto a la Ley 02/2011, de 5 de septiembre, ni a la modificación introducida por Ley 02/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El realizar el cálculo y las correcciones expuestas anteriormente «como si hubiera sido/estado» ya representa una distorsión en si mismo. Sería conveniente, para este caso, utilizar la media de los dos años inmediatamente anteriores.

Por último, cabe recordar que, en base al artículo 156 de la presente Ley, el objetivo de rentabilidad anual para el conjunto del sistema portuario se establece en el 2,5 por ciento y podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que se apruebe a estos efectos. Cualquier modificación a la baja del citado objetivo, creemos, debería ser aprobada de forma razonada tomando en consideración la estructura de costes y financiera de cada Autoridad Portuaria, garantizando el principio de autosuficiencia económico-financiera y salvaguardando la eficiencia económica en la gestión de los puertos.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

"Dos. El apartado 2 del artículo 177 tendrá la siguiente redacción:

2. Las Autoridades Portuarias acordarán con el Organismo Público Puertos del Estado, en el marco de los acuerdos del Plan de Empresa, el coeficiente de actualización del valor del terreno y aguas del




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puerto, que deberá estar adecuadamente justificado en una memoria económica, la cual se basará principalmente en las inversiones a acometer por la Autoridad Portuaria, su deuda existente y la evolución del mercado.

El acuerdo finalmente alcanzado se elevará al Ministerio de Fomento para su aprobación.

La actualización no será aplicable cuando, por causas imputables a la Autoridad Portuaria, la valoración de los terrenos y las aguas del puerto no hubiera sido revisada siendo procedente de conformidad con lo dispuesto en el siguiente apartado de este artículo.

La actualización del valor de los terrenos y las aguas del puerto no afectará a las concesiones y autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la actualización de la cuantía de la tasa conforme a lo previsto en el artículo siguiente".»

JUSTIFICACIÓN

La actual redacción que contiene el proyecto de Ley es indeterminada por cuanto se desconoce si la justificación la debe realizar Puertos del Estado o las diferentes Autoridades Portuarias, o, incluso en este último caso, si es para cada empresa que posee título de ocupación (referencias a «decisiones de las propias empresas o agentes económicos»), sector de actividad (referencia a «condiciones de demanda») o a todo el puerto. Asimismo, la forma de elaborar la justificación a aplicar es total indeterminada. Por consiguiente, esta redacción genera una total inseguridad, tanto para los propios titulares de concesiones y autorizaciones, como para la propia Autoridad Portuaria que gestiona el dominio público.

La redacción de este artículo debe tener en cuenta lo siguiente:

— El hecho Imponible de la tasa a la que hace referencia la valoración del terreno y las aguas del puerto es la ocupación del dominio público portuario, en virtud de un título de concesión o autorización, incluyendo la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado, por lo que debe corresponder a cada Autoridad Portuaria, como gestor de este dominio público, realizar la propuesta del coeficiente de actualización de estos valores del terreno y agua.

— Las valoraciones de los terrenos y de la lámina de agua deben ser aprobados por el Ministerio de Fomento (artículo 177 del TRLPEMM), por lo que debería corresponder a este órgano la actualización del citado valor del terreno, sin necesidad de que el mismo sea aprobado por Ley.

— El artículo 164 del TRLPEMM establece que el importe de la tasa de ocupación debe hacer referencia al valor del mercado, por lo que debe tenerse el mismo en cuenta.

— Los ingresos que se obtengan por ésta y el resto de tasas tienen que tener en cuenta la posible proyección de la Autoridad Portuaria al objeto de poder generar nuevas infraestructuras que ayuden el desarrollo del comercio marítimo.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

"Tres. El apartado 1 del artículo 178 queda redactado en los siguientes términos:

1. La Autoridad Portuaria reflejará en las condiciones de la concesión o autorización la cuota íntegra de la tasa.




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Las Autoridades Portuarias acordarán con el Organismo Público Puertos del Estado, en el marco de los acuerdos del Plan de Empresa, el coeficiente de actualización a aplicar a la tasa de ocupación del puerto, que deberá estar adecuadamente justificado en una memoria económica, la cual se basará principalmente en las inversiones a acometer por la Autoridad Portuaria, su deuda existente y la evolución del mercado.

El acuerdo finalmente alcanzado se elevará al Ministerio de Fomento para que tramite su aprobación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la que, en su caso, proceda.

Las Autoridades Portuarias que no tengan revisado el valor del terreno y del agua, cuando así fuera procedente, no podrán actualizar la tasa de ocupación".»

JUSTIFICACIÓN

La justificación del presente cambio es la misma que en el caso anterior.

Por otro lado, cabe reseñar que la actual redacción del Proyecto de Ley, en este punto, permite la actualización de la tasa de ocupación de aquellas concesiones ya otorgadas que se encuentran ubicadas en puertos que no tengan el valor del terreno revisado, pero no permite la revisión del valor del terreno en dicho puerto. Este extremo supondría que, con el paso del tiempo, pudieran existir empresas que ocuparan una misma superficie pero que pagaran importes diferentes en concepto de tasa de ocupación, sólo por el hecho de que exista un criterio diferente en la actualización.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

"Cinco. El artículo 190 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 190. Actualización de la base imponible.

Las Autoridades Portuarias acordarán con el Organismo Público Puertos del Estado, en el marco de los acuerdos del Plan de Empresa, el coeficiente de actualización a aplicar a la tasa de actividad, cuanto esta no se fije en función de la cifra o del volumen de negocio,en el puerto, que deberá estar adecuadamente justificado en una memoria económica, la cual se basará principalmente en las inversiones a acometer por la Autoridad Portuaria, su deuda existente y la evolución del mercado.

El acuerdo finalmente alcanzado se elevará al Ministerio de Fomento para que tramite su aprobación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la que, en su caso, proceda".»

JUSTIFICACIÓN

La justificación del presente cambio es la misma que para los casos de la actualización del valor del terreno y de la tasa de ocupación.




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ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

"Seis. Se modifica la letra a) del artículo 214 en los siguientes términos:

a) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones exclusivamente de entrada o salida marítima la cuota íntegra de la tasa se calculará de acuerdo con alguno de los siguientes regímenes:

1.° Régimen de estimación simplificada: para los vehículos que se transporten como mercancías y para las mercancías transportadas en los elementos de transporte que se relacionan a continuación, la cuota íntegra será el resultado de aplicar a cada elemento de transporte o a cada vehículo que se transporte como mercancía embarcado o desembarcado la cantidad obtenida como producto de los coeficientes indicados en la tabla siguiente por la cuantía básica (M) y por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 166.

Elemento de transporte tipo cargado o descargado Coeficiente
Contenedor <= 20’ operado mediante manipulación vertical (por unidad) 10,00
Vehículo rígido o articulado con caja o plataforma, de hasta 10,50 m (por unidad) 10,00
Semirremolque o remolque, de hasta 6,10 m (por unidad) 10,00
Contenedor > 20’ operado mediante manipulación vertical (por unidad) 15,00
Vehículo rígido o articulado con caja o plataforma, mayor de 10,50 m y menor de 16,50 m de longitud total (por unidad) 15,00
Semirremolque o remolque, mayor de 6,10 m (por unidad) 15,00
Vehículo rígido con remolque (tren de carretera) (por unidad) 25,00
Vehículos que se transporten como mercancías:
Vehículo de hasta 2.500 kg de peso (por unidad)
Vehículo de más de 2.500 kg de peso (por unidad) 
0,50
2,00
Nota: Los contenedores operados con un elemento de transporte, se liquidarán en base al elemento de transporte utilizado.

A los elementos de transporte que vayan vacíos, a excepción de los vehículos que se transporten como mercancías, se les aplicará la cuota prevista en el apartado a). 2.°.2.

Este régimen se aplicará a solicitud del sujeto pasivo a la totalidad de su carga transportada en elementos de transporte correspondiente a una misma operación de embarque o desembarque, en un mismo buque.




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2.° Régimen por grupos de mercancías: la cuota íntegra de la tasa será el resultado de sumar las cantidades que, en su caso, resulten de los siguientes conceptos:

2.°.1 Aplicar a cada tonelada de carga embarcada o desembarcada la resultante del producto de la cuota básica (M) por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía que corresponda en virtud del artículo 166, y por los coeficientes indicados en la tabla siguiente, en función del grupo al que pertenezca la mercancía conforme a lo establecido en el Anexo III de esta Ley:

Grupo de mercancía Coeficiente
Primero 0,16
Segundo 0,27
Tercero 0,43
Cuarto 0,72
Quinto 1,00

2.°.2 Aplicar, en su caso, a cada unidad o tonelada, embarcada o desembarcada, de envase, embalaje, contenedor, cisterna u otro recipiente o elemento de transporte que tenga o no el carácter de perdido o efímero y que se utilice para contener las mercancías en su transporte, así como a los vehículos, a los remolques y semirremolques que, como tales elementos de transporte terrestre, vacíos o no de mercancías, la resultante de multiplicar la cuantía básica (M) por el coeficiente corrector de la tasa de la mercancía que corresponda en virtud del artículo 166 y por los coeficientes indicados en la tabla siguiente:

Elemento de transporte tipo cargado o descargado Coeficiente
Contenedor <= 20’ operado mediante manipulación vertical (por unidad) 0,90
Vehículo rígido o articulado con caja o plataforma, de hasta 10,50 m (por unidad) 0,90
Semirremolque o remolque, de hasta 6,10 m (por unidad) 0,90
Contenedor > 20’ operado mediante manipulación vertical (por unidad) 1,80
Vehículo rígido o articulado con caja o plataforma, mayor de 10,50 m y menor de 16,50 m de longitud (por unidad) 1,80
Semirremolque o remolque mayor de 6,10 m (por unidad) 1,80
Cabezas tractoras (por unidad) 0,60
Vehículo rígido con remolque (tren de carretera) (por unidad) 2,90
Otros no incluidos en los conceptos anteriores (por tonelada) 0,50
Nota: Los contenedores operados con un elemento de transporte, se liquidarán en base al elemento de transporte utilizado.

2.°.3 Cuando el elemento de transporte vacío tenga la condición de mercancía será de aplicación la cuantía que resulte de aplicar este régimen en función de su peso y del grupo a que pertenezca conforme a lo establecido en el Anexo III de esta Ley, no siendo aplicable el régimen de estimación simplificada, excepto en el caso de los vehículos que se transporten como mercancía, a los que se podrá aplicar dicho régimen de estimación simplificada".»

JUSTIFICACIÓN

Deben corregirse algunos errores derivados del redactado actual, los cuales pasan a describirse a continuación:

— En los vehículos rígidos y articulados, los tamaños que se reflejan en el Proyecto de Ley se estima que corresponden a la caja o plataforma y no a la longitud total del camión. Este hecho comportaría que apenas se pudieran acoger casi ningún camión rígido a la cuota reducida.




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— Mientras que se asigna la misma cuota a los camiones rígidos y articulados de tamaño grande, no así a los de tamaño pequeño, por cuanto no se detalla ninguna cuota para el camión articulado de tamaño pequeño.

— Tratamiento diferenciado de los camiones articulados sin contenedor a los camiones articulados con contenedor (mientras que los primeros se liquidan a un precio único, los segundos deberían liquidarse al precio del contenedor más el de la cabeza tractora).

— Precio diferente para una plataforma con un contenedor de 40’ que para la misma plataforma con dos contenedores de 20’, cuando la operativa y la utilización de las instalaciones portuarias es la misma en ambos casos.

Por todo lo anterior, se propone la modificación del actual redactado.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Final Nueva. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se suprime el apartado 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

JUSTIFICACIÓN

No considerar adecuado que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo en el sistema de pensiones, revise el sistema, de forma unilateral, sin contar con acuerdo o consenso, y aplique de forma automática el factor de sostenibilidad.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifican los apartados tres, cuatro y cinco del artículo 17 que quedan redactados en los siguientes términos:

«3. Antes del 15 de abril de cada año (…). Este informe se elaborará sobre la base de la información que, en aplicación de la normativa europea, haya de remitirse a las autoridades europeas y a la hora de valorar el cumplimiento se tendrá en cuenta un margen razonable que pueda cubrir las variaciones respecto del informe contemplado en el apartado siguiente derivadas del calendario de disponibilidad de los datos.

4. Antes del 15 de octubre de cada año (…). Para la elaboración de este informe se tendrá en cuenta la información que, en aplicación de la normativa europea, haya de remitirse a las autoridades europeas y la información actualizada remitida por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dicho informe incluirá también una previsión sobre el grado de cumplimiento en el ejercicio corriente, coherente con la información que se remita a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa europea.

5. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, en sus ámbitos respectivos de competencia, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto.

Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuación a lo establecido en otros artículos de la LOEPSF.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Doce. Se incorporan tres nuevos apartados 7,8 y 9 en la disposición adicional primera con la siguiente redacción:

«7. A partir de (…).

8. Si a partir (…).

9. Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas concierten con cargo a los mecanismos adicionales de financiación cuyas condiciones financieras hayan sido previamente aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económico y su plazo no sea superior a diez años quedarán exceptuadas de la autorización preceptiva del Consejo de Ministros, y no les resultarán de aplicación las restricciones previstas en el apartado dos del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición transitoria tercera de esta Ley.

Excepcionalmente, las limitaciones de plazo recogidas en la disposición transitoria tercera de esta ley podrán no ser de aplicación a las operaciones de crédito mencionadas en el párrafo anterior cuando así lo aprecie el Consejo de Ministros en las autorizaciones de dichas operaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Dado que los mecanismos adicionales de liquidez se establecen a través de una norma con rango de Ley y por Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano colegiado del Gobierno según el artículo 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se autoriza a las




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Comunidades Autónomas a formalizar las respectivas operaciones de crédito en aplicación de los mismos y se acuerdan sus condiciones financieras, no se estima necesario volver a autorizar estas operaciones de endeudamiento por Acuerdo del Consejo de Ministros, como se ha venido realizando hasta ahora, en aplicación del artículo 14 de la LOFCA y de la Disposición transitoria tercera de la LOEPSF.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Quince. Se incluye una nueva disposición adicional sexta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas a cierre del ejercicio anterior, para dar cumplimiento al plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en




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contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende permitir que las entidades locales que se encuentran en las situaciones descritas en el apartado 1 puedan aplicar los remanentes o el superávit en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria de este Proyecto normativo.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional (Nueva).

Primero. El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda con la siguiente redacción:

«Por asuntos particulares, cuatro días cada año.»

Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público de conformidad con el apartado primero de esta Disposición.

JUSTIFICACIÓN

La actuales perspectivas de la economía española permiten que se plantee la ampliación de este permiso en un día más, teniendo en cuenta que los empleados públicos han contribuido decisivamente en el esfuerzo de consolidación fiscal llevado a cabo por las Administraciones Públicas, lo que además ha venido acompañado de un incremento de su eficiencia al continuar prestando los servicios públicos con un alto nivel de calidad.

Este nuevo escenario económico permite modificar el precepto citado del Estatuto Básico del Empleado Público, como normativa aplicable a todo el personal funcionario, así como a referenciar a su nueva redacción las limitaciones que el Real Decreto-ley 20/2012 introdujo en cuanto a este permiso para el personal laboral.




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ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«El primer párrafo del artículo 53.3 queda redactado en los siguientes términos:

En los municipios de gran población y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación o por sus respectivas Asambleas, al ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b del apartado 1 a parte de los funcionarios pertenecientes a las mismas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


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