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BOCG. Senado, apartado I, núm. 279-2045, de 04/12/2013
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

(621/000057)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 65


Núm. exp. 121/000064)

PROPUESTAS DE VETO

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno con este Proyecto de ley del Sector Eléctrico pretende culminar, sin lograrlo realmente, la llamada reforma energética del Gobierno cuyos contenidos parciales ya había ido adelantando a través de un amplio conjunto de órdenes ministeriales y decretos que lo completan y en cuyo análisis deben tenerse en cuenta porque están al servicio de los mismos objetivos.

En primer lugar, se debe destacar que el Gobierno plantea el enésimo cambio regulatorio en el sector eléctrico afectando en profundidad a consumidores, administraciones públicas y sectores económicos así como comprometiendo objetivos estratégicos del país sin ofrecer las mínimas garantías de participación, información y transparencia en el proceso de reforma. De hecho la Comisión Nacional de la Energía en su informe preceptivo para informar sobre el Anteproyecto afirma rotundamente el plazo insuficiente para informar y analizar las alegaciones del Consejo Consultivo de Electricidad. A los déficits del proceso previo hay que sumar la presentación del proyecto de ley por trámite de urgencia a las Cortes Generales, violentando de nuevo los mecanismos de participación y debate parlamentario. Una vez más se aplica el procedimiento sumarísimo con el que ya es habitual tramitar la mayoría de los proyectos lo que ya de por sí y al margen de las cuestiones de fondo, supone un manifiesto riesgo para la técnica y calidad legislativa.




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Es incomprensible que una ley que afecta un sector tan estratégico se haga de espaldas a los sectores afectados y se impida la participación efectiva y el trabajo de los organismos controladores. El déficit democrático de esta reforma se acumula a las anteriores y a la eliminación de instrumentos de control independientes del Gobierno como la eliminación de la CNE.

En segundo lugar, los cambios regulatorios que se plantean nada tienen que ver con una reforma energética sino con parches y cambios parciales al sector eléctrico. Es una reforma de carácter presupuestario y reduccionista que no incluye un análisis integral y global de los retos económicos y energéticos de España. Una reforma que sirve para mantener vigente un modelo energético caduco, caro e insostenible y perpetuar los errores acumulados en una mala regulación del sector eléctrico y que sigue manteniendo una elevadísima dependencia exterior.

En la exposición de motivos del proyecto se plantea que después de 16 años de la Ley 54/1997 se han cumplido los objetivos pero ahora es insuficiente para corregir desequilibrios entre ingresos y costes debido a decisiones políticas.

Esto evidencia el claro error de diagnóstico en la propuesta, incluido el que se realiza sobre el origen del déficit tarifario, único problema que, en realidad, pretende resolver. Sólo se centra en el déficit tarifario, pero una vez más se equivoca en el diagnóstico y por lo tanto en las soluciones.

La ley del sector eléctrico nació con errores y deficiencias ya que liberalizó el sector eléctrico sin tener en cuenta los múltiples fallos de mercado en un sector que debe garantizar un bien básico y que se ordena a partir de un monopolio natural y la integración vertical de empresas, a partir de la negación de que el energético es un sector público en el que resulta imprescindible mantener elementos de planificación e instrumentos transparentes de intervención pública.

El resultado ha sido una liberalización meramente formal que ha dado lugar a la constitución de un poderoso oligopolio con capacidad de condicionar las acciones de los poderes públicos.

Además de un conjunto de actividades cuyo precio no depende de la competencia sino de componentes como las reservas de combustible, de la especulación en mercados internacionales y nacionales o de tecnologías que no tienen costes variables adaptados a mercado…. Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales ni adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix energético. Efectivamente son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma integral del mercado eléctrico que esta ley no aborda.

El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico culpando una vez más de los desequilibrios entre ingresos y costes del sistema a las energías renovables, que se han convertido en la bestia negra tanto del Gobierno como de las grandes empresas eléctricas.

Se establece que el déficit de tarifa se crea durante el periodo 2004-2012 cuando la fórmula contable del déficit tarifario se crea en 2002. Se hace una definición del déficit de tarifa errónea al considerar que es la diferencia entre los costes reales y los ingresos del sistema, pasando por alto que el problema son los costes reconocidos que no son los reales. La propia CNE ya ha advertido, igual que la Comisión Europea que el funcionamiento del mercado provoca sobre retribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica. Estos beneficios caídos del cielo podrían suponer unos 24.000 millones de euros que sería el equivalente al 90% del déficit de tarifa acumulado. Esta ley no modifica esta situación y mantiene un sistema marginalista de configuración de los precios que supone beneficios millonarios a las grandes compañías eléctricas.

Además muchos componentes de los costes reconocidos tienen que ver con decisiones que se perpetúan y que acaban pagando el conjunto de la ciudadanía. Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo eléctrico culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al ahorro energético pero la evidencia es que después de múltiples recortes a las energías limpias los precios y los costes continúan subiendo, llevando una subida de la luz de más del 11% en lo que llevamos de legislatura. Las CNE señala en distintos informes que las causas han sido múltiples.

El origen del enorme denominado «déficit tarifario», que en el 2012 ascendía a 26.000 millones de euros y está repercutiéndose a los consumidores, está en los acuerdos entre los distintos gobiernos y las empresas de la patronal eléctrica UNESA para conseguir un incremento permanente de sus costes reconocidos y garantizarse los ingresos del sistema.

Los cambios regulatorios no resuelven este problema a pesar de los errores y fracasos acumulados. El propio ministro de industria ha reconocido un déficit de 3.000 M¤ para el 2013 aunque en julio dijo que no habría déficit y a pesar de los múltiples cambios y recortes a las renovables ya introducidos. Después




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del RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables, se produjeron fuertes subidas de la luz que, según la CNE, se debieron a las ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso, la baja demanda eléctrica, los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y los costes extra-peninsulares.

Las decisiones llevadas a cabo sólo hacen que empeorar el problema de un modelo insostenible económica y medioambientalmente además de hipotecar el futuro.

Las consecuencias de los errores de diagnóstico y de un análisis sesgado de la situación anteponiendo los intereses de las grandes empresas conllevan que las medidas sean equivocadas, irresponsables e incoherentes. El resultado de la reforma es un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias y del ahorro energético.

Una receta aplicada desde el 2009 y ahora ampliada en este proyecto de ley que penaliza tres veces al consumidor a través de la subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al autoconsumo.

La solución que plantean es que aumente la dependencia de los combustibles fósiles y de energías que no tenemos y los ciudadanos consuman más y paguen más.

Este modelo es insostenible económica y ambientalmente por la evolución de los precios a futuro del gas y petróleo, los costes de importación energética en nuestra balanza de pagos y el aumento de emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura que este país no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad de nuestra economía.

Como planteamos al principio, el proyecto de ley plantea cambios parciales pero con un grave impacto en el sector eléctrico y en el conjunto de la economías. Los principales cambios por los que nuestro grupo parlamentario plantea una enmienda a la totalidad son:

— La revisión automática de los peajes o la aplicación de los principios de la ley de estabilidad presupuestaria al sector eléctrico. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar un límite de déficit de 2% y de limitar la deuda acumulada en los desajustes es un deseo del gobierno pero no viene acompañado de soluciones o instrumentos. Este planteamiento rígido de someter al principio absoluto del equilibrio sin revisar la deuda reconocida puede poner en riesgo objetivos más importantes, a nuestro entender, en un sistema eléctrico que debe garantizar un servicio de interés público. La reducción de déficit tarifario que es una deuda con las empresas eléctricas debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de sostenibilidad medioambiental, equidad, eficiencia y desvincularse del impacto del sector en el conjunto de la economía. La obsesión por fijar por ley no sólo no resuelve el problema sino que genera incoherencias y riesgos importantes. La misma CNE señala la miopía de que la ley no prevea poder destinar superávits a nada más que reducir la deuda sin introducir alternativas o la imposibilidad de reducir peajes. Además, el hecho de que los desajustes sean ahora soportados por todos los actores que reciben costes regulados puede suponer una medida insoportable para productores pequeños, aumenta la inestabilidad y amenaza la competencia y equidad efectiva entre los actores. Una medida al servicio de los grandes grupos empresariales.

Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es una insensatez plantear la revisión automática de los peajes que recaerá en los consumidores o contribuyentes (que vienen a ser los mismos sujetos) sin revisar la deuda acumulada. Una medida que o bien no se cumplirá (como el Gobierno ya ha hecho en reiteradas ocasiones) o que de no corregir los problemas estructurales del sistema incrementará la factura de forma exponencial en los próximos años.

— Una ley para acabar con la inversión en energías renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Esto conlleva el absurdo de demonizar y penalizar las energías limpias mientras exime de responsabilidad y penalización a otras tecnologías. Así este proyecto de ley tacha en pleno s. XXI a las energías renovables de «excepcionales» y las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico. El cambio de las reglas de retribución a las energías renovables se suman a los 5 que ya han sufrido y que no han resuelto los problemas. Las previsiones de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las instalaciones ya existentes y que en muchos casos significará la bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o reconocer los costes reales de inversión.




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Además, el cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir a través de fijar un coste estándar es un atropello no sólo porque contradice los principios de libertad y competencia del mercado sino que están alejados de la realidad diversa de este tipo de instalaciones. La arbitrariedad que supone esta medida artificial contable excluye la variabilidad de costes en función de los años de la inversión, basándose en la potencia instalada. La rentabilidad fijada no reconoce los costes reales y es ilusoria. Además los mecanismos de retribución están indexados a precio de mercado y en función de los precios de gas y petróleo o de la prima de riesgo del país. El resultado es un sistema de retribuciones anticíclico, ineficiente —ya que no aprovecha las ventajas comparativas de las energías limpias— y alejado de reflejar los costes reales. Los informes de la CNC y la CNE ponen en evidencia los enormes riesgos del sistema planteado.

Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por ley (revisable cada 6 y 3 años) lo que multiplica los desincentivos a las energías limpias ya que han sido sistemáticamente penalizadas en cada una de las reformas. Esta ley y los decretos previstos aumentan exponencialmente «la prima de riesgo renovable» en el país, dinamitando la posibilidad de nuevas inversiones en el sector, aumentando nuestra dependencia energética y destruirá miles de puestos de trabajo.

— Impedir el autoconsumo. Este es el objetivo que esconde el conjunto de barreras económicas, administrativas y la articulación del sistema de sanciones que recoge el proyecto de ley. La regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y muy esperada para muchos consumidores y pequeñas empresas como una oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia energética. La reforma prevista en la ley y los decretos que acompañan supone un conjunto de trabas administrativas (como los contadores que se exigen, la presentación de un proyecto, registro, prohibición del autoconsumo compartido… ) que en el caso de los autoconsumidores domésticos serán insalvables y trabas económicas desproporcionadas. Lo más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el mundo y consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo tal y como alerta la CNE en su informe preceptivo. Esta medida supone un auténtico «impuesto al sol» obligando a pagar por conceptos absurdos con el único objetivo de impedir su desarrollo. Conjunto de medidas que protegen a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la democratización de un sistema eléctrico que supone el autoconsumo. En lugar de reconocer los beneficos del autoconsumo (ahorro y eficiencia en las redes de transporte, reducción precios de mercado, descentralización, cambio en la cultura del consumidor, mejora de la balanza comercial y mejora reducción de emisiones…) se establecen barreras efectivas para impedir su desarrollo. Las discriminación hacia las energías limpias se evidencia incluso en el trato diferencial a la cogeneración con gas (excepcionada hasta 2019) respecto a la autoproducción en general.

Otro ejemplo del sectarismo y sesgo de estas medidas es el sistema de sanciones desproporcionado que se establece a incumplimientos relativos al autoconsumo tipificando como infracciones muy graves de exigencias muy amplias y cuestiones relacionadas con requisitos técnicos que son completamente desmesuradas en comparación con exigencias a las empresas. Medidas que atentan contra los criterios de proporcionalidad y que no tienen en cuenta que el autoconsumo recae, sobretodo, en ciudadanos individuales y no empresas con volumen de negocios tal y como se establece en el régimen de sanciones.

— Se plantean cambios en el sistema de facturación que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes implicaciones. En primer lugar, desincentiva cualquier planteamiento de ahorrar energía por parte del consumidor. En segundo lugar, va a generar grandes dificultades a las personas en situación de pobreza energética, o sea, aquella que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y de calefacción, especialmente en invierno. En el informe «Sostenibilidad en España 2012» del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), desaparecido recientemente por decisión gubernamental demuestra que unos 4 millones de personas residentes en España, aproximadamente un 10% de los hogares españoles, tiene dificultades para cubrir sus necesidades energéticas y garantizar las condiciones de habitabilidad de su vivienda. La nueva fórmula tarifaria que es una especie de tarifa plana de la luz (donde cada vez va a dar más igual que consumas mucho o poco, en el sector doméstico), castiga más al que consume menos, bien por ser «pobre energéticamente» o por ser eficiente en el consumo. Una irresponsabilidad económica y ambiental,




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además de una insensibilidad con un problema creciente en nuestro país. Además, no se prevén medidas que amplíen la figura del consumidor vulnerable, excluyendo a gran parte de la ciudadanía a poder acogerse ni ninguna medida de protección ante un grave problema de desigualdad y de exclusión económica al derecho a la energía.

— En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas de consumidores y de productores como si no fueran parte de la realidad de nuestro país y actores relevantes en nuestro sistema eléctrico en la distribución de electricidad. Los planteamientos de la reforma se establecen de acuerdo a las necesidades y definiciones de las sociedades mercantiles y la disposición transitoria quinta no resuelve el problema a las barreras planteadas a la economía social. Esto supone un ataque a un modelo de producción distribuida y un retroceso en términos de competencia en el sistema eléctrico.

— Los pagos por capacidad y por hibernación. Todas estas medidas están orientadas a retribuir a ciertos sujetos del sistema aunque no produzcan electricidad. El referente a los pagos por capacidad e hibernación de centrales está destinado a garantizar ingresos a las centrales de gas ante un sistema con exceso de capacidad. Ahora todos los consumidores pagarán las centrales cerradas por falta de planificación mientras se aplican medidas retroactivas y se desincentiva la inversión en energías más limpias y más baratas.

— Por otro lado se fomenta la interrumpibilidad a pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de potencia eléctrica.

— Impide especialmente la competencia efectiva y el abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares. Los costes extrapeninsulares forman parte de los costes del sistema y los límites a las energías renovables y al autoconsumo tendrán especial incidencia en estos territorios donde la ventaja comparativa de estas tecnologías y de la generación distribuida es todavía mayor. Un ejemplo es el impacto en el autoconsumo usado para la desalación de agua, intensamente utilizado en Canarias y que se verá encarecido de forma importante.

Todas estas medidas adoptadas en la reforma eléctrica nos llevan a consecuencias dramáticas en un sector estratégico además de incumplir con los compromisos internacionales que tiene España. El impacto normativo de esta reforma y el acumulado a las reformas emprendidas anteriormente tendrá como resultado:

— Infracción de directivas europeas: la normativa no menciona los aspectos medioambientales y plantea una falta de compromiso con los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones además de incumplir las Directivas europea de fomento de las energías renovables y la directiva de eficiencia energética. De hecho España no ha cumplido todavía con los objetivos 20 20 20 y el estudio de la Comisión Europea que estima el cumplimiento de estos objetivos de reducción emisiones e implantación de renovables prevé que España va a incumplirlos claramente.

— Inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. La nueva normativa, como las anteriores aplica medidas retroactivas y recortes al sector de las energías renovables generando más inseguridad jurídica y dinamitando la credibilidad del país como potencial inversión. La ruptura de las reglas del juego sumado a la instauración cíclica de la inseguridad regulatoria acentúan la conflictividad en el sector a nivel nacional e internacional.

— Hundimiento de las inversiones en el sector de las energías renovables, especialmente pequeños inversores que habían apostado por instalaciones y ahora no podrán hacer frente a los pagos de los costes fijos que tienen que afrontar. Este además puede ser un nuevo agujero en el sistema financiero, ya que se calculan que se puede generar un agujero de impagos de miles de millones de euros.

— Impulso de los privilegios de las grandes empresas frente a los consumidores y los pequeños productores e involución democrática. La reforma está diseñada para mantener la posición de dominio del oligopolio en el mercado eléctrico y expulsar elementos de competencia y de autonomía respecto a las grandes empresas. Esto tiene como consecuencia perpetuar un sistema de precios opaco y basado en la especulación y las sobre retribuciones perjudicando al conjunto de la ciudadanía y su derecho a elegir y apostar por otro modelo energético.

— Impedir el cambio hacia la soberanía energética y la generación distribuida. Un punto clave en la transformación del actual modelo energético es el autoconsumo descentralizando el suministro de




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electricidad y ahorrando en transporte. Esta reforma aumenta la dependencia y la ineficiencia energética impidiendo esta transición.

— Una reforma negacionista del cambio climático y que aumentará las emisiones. España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y su modelo energético se consolidará como uno de los más irresponsables de la UE, favoreciendo el petróleo, el gas y el carbón mientras se penalizan las energías limpias y el ahorro y la eficiencia energética.

— Ineficiencia económica. La propia CNE ha afirmado que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él.

No se tiene en cuenta que las renovables disminuyen el precio mayorista de la electricidad tal y como ha afirmado la Comisión Europea en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013.

La fuerte dependencia energética de España es una fuente de ineficiencia económica. En el 2012, las renovables evitaron la importación de entre 40 y 45 millones de barriles de petróleo, o lo que es lo mismo, el equivalente al consumo nacional de petróleo durante un mes, unos 5.000 millones de euros.

El año pasado, la factura española por importaciones energéticas fue de 46.608 millones de euros: 35.955 millones por petróleo y 10.653 millones por gas, según datos de la Dirección General de Aduanas, más del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de déficit energético en la balanza comercial.

— Destrucción de empleo y conocimiento. El impacto sobre el empleo de la reforma no se ha valorado como es debido; el sector de las renovables genera 118.000 empleos, directos e indirectos, que peligran si la reforma sigue adelante con el desmantelamiento de las renovables. Se olvida también la contribución de este sector al PIB, valorado en 10.244 millones de euros en 2011, lo que representa cerca del 1% del PIB español.

Además, este es un sector que innova e invierte 3 veces más que la media de empresas en I+D y genera empleo de valor añadido. España es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por habitante, solo por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y destaca especialmente por su innovación en el ámbito solar, en el que concentra el 43% del total.

— Desigualdad y exclusión. En el marco del aumento de la tarifa eléctrica de un 80% desde el 2004, y de la crisis económica, la reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y asegurarles un suministro básico de energía, lo que va a generar más desigualdad y exclusión social.

La electricidad y el gas son un servicio público básico y solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno va a ser un nuevo obstáculo para la accesibilidad a la energía de los consumidores en condiciones de justicia y equidad porque tiene como único objetivo perpetuar el oligopolio de las eléctricas y que los consumidores soporten el déficit de tarifa generado por una mala regulación y gestión, hecho que además de no solucionarse con esta reforma va a seguir acumulando más deuda.

La reforma del sector eléctrico reduce a la mitad los beneficiarios del bono social porque añade requisitos de rentas a los criterios personales que ya existían y no aprovecha la oportunidad para establecer una legislación sobre pobreza energética, que incluya el derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan pagar su factura.




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La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

La liberalización del Sector Eléctrico que llevó a cabo el Gobierno Aznar ha sido la causa de un agujero negro de 26.000 millones de euros de deuda con las compañías eléctricas. Una deuda que, obviamente, afecta a la situación económica y financiera que atraviesa el Estado. De la misma manera, que la afecta la importación de combustibles que supera los 45.000 millones de euros. La reforma del Sector Eléctrico debería, pues, afrontar este problema y apostar por soluciones alternativas a la actual configuración oligopólica y opaca del sistema energético y a su dependencia exterior. Estas soluciones pasan, indudablemente, por una sustitución progresiva de las energías convencionales por las renovables.

Lejos de ello, y para mantener los escandalosos privilegios de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico y con las que el bipartidismo mantiene unas condenables puertas giratorias, se criminaliza injustamente a las energías renovables, que son la única alternativa de futuro, viable, limpia, barata y (auto)sostenible, además de generadora de empleo, y especialmente en las zonas rurales y deprimidas, e incluso de exportación tecnológica y productiva. Por otro lado, el continuo castigo que están sufriendo las energías renovables contradice, entre otros, el Informe de la Agencia Internacional de la Energía que recomienda invertir en renovables y redes inteligentes.

Asimismo, y de manera surrealista, el presente Proyecto de Ley también castiga el autoconsumo, obligando a aquellas familias o empresas que optan por el autoabastecimiento a pagar al Estado unos cargos por una energía que ellas mismas producen y consumen.

En definitiva, el presente Proyecto de Ley realiza —desde nuestro punto de vista, interesadamente— un mal diagnóstico y, en consecuencia, no se adoptan las medidas adecuadas para resolver los problemas. Así, el Proyecto de Ley mantiene el oligopolio eléctrico y su sistema de fijación de precios, sus abusivas condiciones favorables —como el pago por capacidad o de costes de interrrumpibilidad—, el riesgo nuclear y las energías contaminantes o la dependencia exterior de combustibles fósiles (con el correspondiente aumento sucesivo de los precios a medida que se vayan agotando). Es decir, que no sólo se mantienen las causas generadoras del llamado «déficit de tarifa», sino que, lejos de resolver el problema, lo agrava para un futuro.

Por todo ello, se presenta el presente veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.




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Al igual que hemos denunciado en otras ocasiones, una vez más, el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (6217000057) que ha presentado el Gobierno, no ha tenido durante su tramitación, ninguna participación, ni coherencia, ni consenso.

El conjunto de medidas que plantea esta Ley, no entra en la raíz del problema del sector eléctrico en el Estado. Ahondando en la falta de sostenibilidad del modelo energético; manteniendo las causas estructurales que generan el déficit tarifario, con una visión claramente mercantilista de este servicio.

Este proyecto de Ley, no aborda el sistema de formación de precios eléctricos, tema que influye directa y decisivamente en todo el sistema. Además de mantener las causas generadoras del déficit de tarifa, agrava el problema cara al futuro, pues mantiene el riesgo nuclear, las energías contaminantes y la dependencia exterior de combustibles fósiles (con el aumento sucesivo de sus precios según se vayan agotando).

Lejos de buscar alternativas sostenibles, apuesta por seguir otorgando beneficios «llovidos del cielo» a grandes centrales ya amortizadas, sobre todo nucleares e hidráulicas, que siguen obteniendo pingües beneficios. Así, los precios nunca se acercarán al coste real de las centrales. Haciendo caso omiso, a la reclamación de los usuarios del sector, de realizar una auditoría de costes del sector eléctrico, que permita ver claramente cuáles de los costes reconocidos a las empresas del sector son ciertas.

Este Proyecto de ley sigue sin dar la más mínima transparencia al sistema, al no asignar debidamente los costes de los diferentes servicios entre los beneficiarios de los mismos.

Se sigue apostando por beneficiar a las grandes empresas, con total discrecionalidad del gobierno.

Este Proyecto de Ley, lejos de abordar el problema, apuesta por un modelo energético que ha quedado demostrado que es despilfarrador, contaminante, insostenible, centralizador y obsoleto. Cierra las puertas a las renovables, atentando contra su seguridad jurídica, ya que requieren de marcos retributivos estables y no puede modificarse con carácter retroactivo las reglas de juego de las inversiones que fueron realizadas con anterioridad, en la confianza de una retribución estable que ahora es modificada.

Además de frenar claramente a las renovables, penaliza el ahorro y el autoconsumo en lugar de fomentarlo, llegando al absurdo del «peaje de respaldo», poniendo barreras a un nuevo modelo energético tan necesario. Complica hasta el extremo la tramitación administrativa del autoconsumo, que debería de poder instalarse sin necesidad de tramitación administrativa.

Por si esto fuera poco, se da una clara invasión competencial, con una voluntad claramente recentralizadora, en cuanto a la regulación de la actividad de distribución de energía eléctrica, al desaparecer cualquier tipo de competencia de las CCAA en la planificación técnica de la actividad de distribución de energía eléctrica, incluida la aprobación de Planes de Inversión anuales y plurianuales.

Por todo ello, porque Amaiur no comparte el modelo energético por el que apuesta este Proyecto de Ley, porque el proyecto de Ley que nos han presentado, va en sentido opuesto al modelo energético por el que apostamos, presentamos este veto.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Este Proyecto de Ley de Sector Eléctrico se acumula a la sucesión de reformas del sector, contribuyendo a incrementar los errores iniciados en anteriores reformas llevadas a cabo en esta legislatura.

Resulta inexplicable que el proyecto remitido al Senado no establezca las condiciones para cumplir con los compromisos adquiridos por España con los objetivos europeos en materia energética; no resuelve el déficit de tarifa, sino que lo consolida, trasladándolo al recibo de la luz; condena a tener una energía cada vez más cara, más que nunca en nuestra historia y más que el resto de países de la Unión Europea;




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genera una nueva forma de pobreza energética porque su elevado coste impedirá el acceso a una parte de la población ya duramente castigada por la crisis y los recortes; renuncia al avance en independencia energética y a la generación de energías respetuosas con el medio ambiente al perjudicar la generación eléctrica por fuentes renovables; amenaza gravemente la competitividad de la industria española, y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos.

Este proyecto se suma a la panoplia de reformas que hasta ahora ha abordado el Gobierno que afecta a prácticamente todos los aspectos del sector eléctrico, con múltiples Decretos-Ley, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales y que sólo puede calificarse como caos regulatorio.

Tanto esta como las anteriores reformas se han llevado a cabo sin el obligado debate económico, social y ambiental que requiere un sector básico para la economía y desarrollo de nuestro país como es la energía, lo que pone de manifiesto el desprecio a cualquier consideración u opinión que no sea la propia e irreflexiva directriz política y eso incluye la burla del debate parlamentario en una Ley de una naturaleza tan sumamente compleja y trascendente como esta. Incluso llama atención y carece de antecedentes, el escaso período de tiempo proporcionado a los organismos reguladores y los cuatro días de plazo al Consejo de Estado para que elaborase el preceptivo dictamen.

Todo el proceso regulatorio se ha caracterizado por el oscurantismo y la carencia de diálogo, que contrasta con los largos procesos de debate llevados a cabo en países de nuestro entorno en la búsqueda de una solución que por la participación de los sectores implicados responda mejor al interés general. Del análisis de los documentos a los que hemos podido acceder, de todas las comparecencias públicas y de la línea de conducta gubernamental, cuyo origen es el Real Decreto Ley 1/2012, y que culmina por ahora en el Real Decreto Ley 9/2013, podemos afirmar claramente que el principal y casi único objetivo que persigue el Gobierno es la eliminación del déficit tarifario que previsiblemente se alcance en el próximo ejercicio presupuestario, en base al sistema de recorte que se ha venido planteando en todas las actividades.

Constituye un ejemplo más de falta de transparencia en la iniciativa legislativa, siempre al margen del consenso con los sectores sociales implicados y parlamentarios, y contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad. Con esos rasgos podemos definir el Proyecto de Ley, como una iniciativa gubernamental no consensuada, que ignora las recomendaciones realizadas por entes reguladores independientes, que profundiza en la quiebra de los principios generales del derecho, fomenta la desinversión, aumenta la carga sobre los consumidores, menoscaba la competitividad de la industria, compromete la viabilidad de las instalaciones existentes de producción de energía renovable y no establece las bases adecuadas para erradicar la dependencia energética del exterior.

Existe una alarmante ausencia del análisis respecto a la eficiencia y en la sostenibilidad del suministro eléctrico porque el Proyecto de Ley renuncia a la mejora de los tres ejes fundamentales de la política energética, relacionados con la seguridad del suministro, la protección del medio ambiente y la garantía de la competencia. Hace imposible el objetivo de definir un marco regulatorio estable y predecible que permita al sector su conversión en un motor de la economía y creación de empleo.

Esta ausencia de planificación a largo plazo, basada en la sostenibilidad energética y ambiental, resulta contradictoria con la política de la Unión Europea para contribuir al cumplimiento de los compromisos derivados del paquete Energía y Cambio Climático. Esos compromisos establecen como objetivos para 2020 la reducción de gases de efecto invernadero del 20% en la Unión Europea con respecto a 1990, alcanzar un 20% de participación de energías renovables en la energía primaria y conseguir un 20% de mejora de la eficiencia energética. Precisamente los últimos pronunciamientos de la Unión Europea responden a la misma idea: un excesivo ritmo de cambios regulatorios pueden desincentivar las inversiones y poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. El Proyecto nos aleja de un modelo energético sostenible, que contribuya al bienestar de la humanidad mientras preserve los recursos ambientales y contribuya a su distribución de forma justa. En definitiva, renuncia a un modelo energético compatible con la protección del medio ambiente, con precios de la energía asequibles que reflejen adecuadamente los costes incurridos y que facilite el acceso universal a formas modernas de energía y que impulse la innovación, así como la posibilidad de promover programas de ahorro y eficiencia energética.

Refiriendo sintéticamente alguno de los ámbitos regulados más destacados, el nuevo sistema retributivo de las instalaciones de generación a partir de fuentes renovables establece su financiación con lo que perciba del mercado más un posible complemento, que permita obtener una rentabilidad «razonable» establecida en base al tipo de interés del bono a diez años más un diferencial. Es decir, las instalaciones




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en funcionamiento recibirán un complemento a sus ingresos por el mercado si ello es necesario para alcanzar una rentabilidad «razonable» en toda la vida de la instalación.

El rechazo político global contra estas medidas gubernamentales constituye un auténtico clamor que se ha puesto de manifiesto con las discrepancias fundamentadas por los gobiernos de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Murcia, Navarra y por este Grupo Parlamentario, que han presentado diferentes recursos de inconstitucionalidad al Real Decreto-Ley 9/2013. Tanto el recurso como la objeción a este sistema incluido en el Proyecto se fundamentan en el rechazo de la «retroactividad impropia», entendida la que incide sobre situaciones jurídicas actuales aún no concluidas, es decir, exactamente lo que sucede con el nuevo régimen retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Dicho régimen no sólo sería de aplicación a las instalaciones que entren en funcionamiento tras la entrada en vigor de las normas que lo fijan, sino también a las instalaciones existentes de régimen especial, es decir, aquellas que tenían reconocidos el derecho a la percepción de un régimen económico primado (más ventajoso) con base a la normativa vigente con anterioridad.

El propio Consejo de Estado, en su Dictamen recomienda la adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivo específico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes con anterioridad al 14 de julio de 2013. A juicio de este grupo, el régimen retributivo del Proyecto incompatible con el Derecho de la Unión Europea y vulnera el principio de seguridad jurídica.

El Proyecto de Ley también regula el autoconsumo como fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema eléctrico, estableciendo la obligación de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores mediante el pago de peajes. En línea con las críticas realizadas por la CNE y por la CNC, consideramos que se trata de un peaje novedoso, injustificado y discriminatorio que sacrifica la eficiencia económica y la sostenibilidad económico financiera del sistema y que impone barreras económicas que hacen que las inversiones en autoconsumo no sean rentables y que los proyectos se conviertan en inviables.

La regulación del autoconsumo y el balance neto debe construirse sobre los principios de justicia, seguridad jurídica y no discriminación. En opinión de este Grupo parlamentario, el autoconsumo no debe ser penalizado, como hace el Proyecto, sino fomentado, porque contribuye a la mejora económica y socio ambiental de país, a la lucha contra el cambio climático, al uso más eficiente de las infraestructuras eléctricas, a la mejora de la competitividad empresarial y al desarrollo tecnológico. Este último punto es particularmente importante, por la estrecha relación de la generación distribuida con el desarrollo de redes inteligentes y de ciudades inteligentes. Una regulación justa y no discriminatoria del autoconsumo con balance neto permitiría realizar un despliegue rápido de tecnologías y situar al país en la vanguardia de una actividad de gran valor añadido e impulsar la I+D, fuertemente dañada con las medidas de recortes aprobadas hasta el momento.

El Proyecto de Ley tampoco afronta la reforma del funcionamiento del mercado mayorista. La propia Comisión Nacional de Competencia ya advertía que los niveles de competencia en el mercado mayorista de la electricidad son claramente insuficientes, por lo que es necesario introducir mecanismos y propuestas que garanticen una competencia efectiva entre los operadores del sector que incentiven la formación de precios más eficientes. En esta línea, la Comisión Europea ha afirmado que una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la consolidación del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras de producción, tales como las centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas.

Por tanto, hay que señalar que una deficiente fijación de las retribuciones podría suponer el efecto contrario al que se pretende, un incremento del precio de la energía, y se estaría dificultando, de nuevo, el adecuado cumplimiento del principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.

En relación con los costes de generación de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, entendemos que los incentivos a la inversión en los sistemas eléctricos no peninsulares pueden justificarse, razonablemente, por la existencia de un coste añadido en la generación de la energía eléctrica en tales zonas geográficas. No obstante, consideramos que debería introducirse un plan estratégico a largo plazo de reducción paulatina de los sobrecostes de generación mediante la viabilidad de integración de los sistemas no peninsulares en el mercado peninsular cuando exista una interconexión de capacidad comercial suficiente.

El Proyecto desatiende también el cada vez más acuciante problema de la pobreza energética, por el que muchas familias se ven en la necesidad de renunciar a una parte importante del consumo eléctrico en sus domicilios, relacionada con elementos tan básicos como la calefacción, ante la imposibilidad de




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afrontar los pagos de las facturas. En la actual situación de crisis, esta circunstancia no resulta de universal aceptación y convendría, al menos, que en los períodos en los que las rentas familiares no superen determinado umbral, las interrupciones del suministro por impago estén acotadas precisándose de una autorización administrativa del Gobierno autónomo para, ante un impago, proceder a la interrupción del servicio. En dicha autorización podrá tenerse en consideración tanto factores económicos como coyunturales de rigurosidad de temperaturas.

Sin propósito exhaustivo, solamente se han reflejado algunas de las más significativas carencias y errores del Proyecto de Ley. Existen muchas más, relacionadas con aspectos tan importantes como la incertidumbre el relación a la prioridad de despacho de las energías renovables e instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, la regulación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso, que quedan sin aclarar en quiénes podrán acceder a las mismas, o como los relacionados con la gestión de la demanda y a la eficiencia en el consumo, donde el Proyecto confunde aspectos técnicos y mezcla conceptos elementales.

Sin embargo, se han argumentado razones que sobradamente justifican el sentido de esta enmienda para solicitar la devolución al Gobierno de un Proyecto cortoplacista, que carece de visión estratégica, que tendría como consecuencia el encarecimiento artificial e innecesario de la electricidad a las empresas y hogares, disminuyendo la competitividad y generando más exclusión social, a la que añade la energética, que se aleja del obligado cumplimiento de los objetivos comunitarios de sostenibilidad energética y ambiental, que supondrá la pérdida de liderazgo y capacidad exportadora de la industria española de energías renovables, malgastando el esfuerzo colectivo de los últimos 10 años y con un coste de oportunidad de incalculable valor, y que, a pesar de ser su objetivo principal, tampoco conseguirá resolver de forma adecuada el déficit tarifario.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El proyecto de ley del Sector Eléctrico se enmarca en la llamada reforma energética del Gobierno y consiste en un conjunto más amplio de ordenes ministeriales y decretos que complementan este proyecto de ley y en cuyo análisis deben tenerse en cuenta porque están al servicio de los mismos objetivos.

En primer lugar, se debe destacar que el Gobierno plantea el enésimo cambio regulatorio en el sector eléctrico afectando en profundidad a consumidores, administraciones públicas y sectores económicos así como comprometiendo objetivos estratégicos del país sin ofrecer las mínimas garantías de participación, información y transparencia en el proceso de reforma. De hecho la Comisión Nacional de la Energía en su informe preceptivo para informar sobre el Anteproyecto afirma rotundamente el plazo insuficiente para informar y analizar las alegaciones del Consejo Consultivo de Electricidad. A los déficits del proceso previo hay que sumar la presentación del proyecto de ley por trámite de urgencia a las Cortes Generales, violentando de nuevo los mecanismos de participación y debate parlamentario.

Es incomprensible que una ley que afecta un sector tan estratégico se haga de espaldas a los sectores afectados y se impida la participación efectiva y el trabajo de los organismos controladores. El déficit democrático de esta reforma se acumula a las anteriores y a la eliminación de instrumentos de control independientes del Gobierno como la eliminación de la CNE.




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En segundo lugar, los cambios regulatorios que se plantean nada tienen que ver con una reforma energética sino con parches y cambios parciales al sector eléctrico. Es una reforma de carácter presupuestario y reduccionista que no incluye un análisis integral y global de los retos económicos y energéticos de España. Una reforma que sirve para mantener vigente un modelo energético caduco, caro e insostenible y perpetuar los errores acumulados en una mala regulación del sector eléctrico.

En el Preámbulo del proyecto se plantea que después de 16 años de la ley 54/1997 se han cumplido los objetivos pero ahora es insuficiente para corregir desequilibrios entre ingresos y costes debido a decisiones políticas.

Esto evidencia el claro error de diagnóstico en la propuesta, incluido sobre el origen del déficit tarifario, único problema que pretende resolver. Sólo se centra en el déficit tarifario, pero una vez más se equivoca en el diagnóstico y por lo tanto en las soluciones.

La ley del sector eléctrico nació con errores y deficiencias ya que liberalizó el sector eléctrico sin tener en cuenta los múltiples fallos de mercado en un sector que debe garantizar un bien básico y que se ordena a partir de un monopolio natural y la integración vertical de empresas. Además de un conjunto de actividades cuyo precio no depende de la competencia sino de componentes como las reservas de combustible, de la especulación en mercados internacionales y nacionales o de tecnologías que no tienen costes variables adaptados a mercado… Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales ni adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix energético. Efectivamente son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma integral del mercado eléctrico que esta ley no aborda.

El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico culpando una vez más de los desequilibrios entre ingresos y costes del sistema a las energías renovables.

Se establece que el déficit de tarifa se crea durante el periodo 2004-2012 cuando la fórmula contable del déficit tarifario se crea en 2002. Se hace una definición del déficit de tarifa errónea al considerar que es la diferencia entre los costes reales y los ingresos del sistema, pasando por alto que el problema son los costes reconocidos que no son los reales. La propia CNE ya ha advertido, igual que la Comisión Europea que el funcionamiento del mercado provoca sobre retribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica. Estos beneficios caídos del cielo podrían suponer unos 24000 millones de euros que sería el equivalente al 90% del déficit de tarifa acumulado. Esta ley no modifica esta situación y mantiene un sistema marginalista de configuración de los precios que supone beneficios millonarios a las grandes compañías eléctricas.

Además muchos componentes de los costes reconocidos tienen que ver con decisiones que se perpetúan y que acaban pagando el conjunto de la ciudadanía. Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo eléctrico culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al ahorro energético pero la evidencia es que después de múltiples recortes a las energías limpias los precios y los costes continúan subiendo, llevando una subida de la luz de más del 11% en lo que llevamos de legislatura. Las CNE señala en distintos informes que las causas han sido múltiples.

El origen del enorme denominado «déficit tarifario», que en el 2012 ascendía a 26.000 millones de euros y está repercutiéndose a los consumidores, está en los acuerdos entre los distintos gobiernos y las empresas de la patronal eléctrica UNESA para conseguir un incremento permanente de sus costes reconocidos y garantizarse los ingresos del sistema.

Los cambios regulatorios no resuelven este problema a pesar de los errores y fracasos acumulados. El propio ministro de industria ha reconocido un déficit de 3.000M¤ para el 2013 aunque en julio dijo que no habría déficit y a pesar de los múltiples cambios y recortes a las renovables ya introducidos. Después del RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables, se produjeron fuertes subidas de la luz que, según la CNE, se debieron a las ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso, la baja demanda eléctrica, los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y los costes extra-peninsulares.

Las decisiones llevadas a cabo sólo hacen que empeorar el problema de un modelo insostenible económica y medioambientalmente además de hipotecar el futuro.

Las consecuencias de los errores de diagnóstico y de un análisis sesgado de la situación anteponiendo los intereses de las grandes empresas conllevan que las medidas sean equivocadas, irresponsables e incoherentes. El resultado de la reforma es un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias y del ahorro energético.




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Una receta aplicada desde el 2009 y ahora ampliada en este proyecto de ley que penaliza tres veces al consumidor a través de la subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al autoconsumo.

La solución que plantean es que aumente la dependencia de los combustibles fósiles y de energías que no tenemos y los ciudadanos consuman más y paguen más.

Este modelo es insostenible económica y ambientalmente por la evolución de los precios a futuro del gas y petróleo, los costes de importación energética en nuestra balanza de pagos y el aumento de emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura que este país no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad de nuestra economía.

Como planteamos al principio, el proyecto de ley plantea cambios parciales pero con un grave impacto en el sector eléctrico y en el conjunto de la economías. Los principales cambios por los que nuestro grupo parlamentario plantea una enmienda a la totalidad son:

— La revisión automática de los peajes o la aplicación de los principios de la ley de estabilidad presupuestaria al sector eléctrico. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar un límite de déficit de 2% y de limitar la deuda acumulada en los desajustes es un deseo del gobierno pero no viene acompañado de soluciones o instrumentos. Este planteamiento rígido de someter al principio absoluto del equilibrio sin revisar la deuda reconocida puede poner en riesgo objetivos más importantes, a nuestro entender, en un sistema eléctrico que debe garantizar un servicio de interés público. La reducción de déficit tarifario que es una deuda con las empresas eléctricas debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de sostenibilidad medio ambiental, equidad, eficiencia y desvincularse del impacto del sector en el conjunto de la economía. La obsesión por fijar por ley no sólo no resuelve el problema sino que genera incoherencias y riesgos importantes. La misma CNE señala la miopía de que la ley no prevea poder destinar superávits a nada más que reducir la deuda sin introducir alternativas o la imposibilidad de reducir peajes. Además, el hecho de que los desajustes sean ahora soportados por todos los actores que reciben costes regulados puede suponer una medida insoportable para productores pequeños, aumenta la inestabilidad y amenaza la competencia y equidad efectiva entre los actores. Una medida al servicio de los grandes grupos empresariales.

Creemos que es una insensatez plantear la revisión automática de los peajes que recaerá en los consumidores o contribuyentes (que vienen a ser los mismos sujetos) sin revisar la deuda acumulada. Una medida que o bien no se cumplirá (como el Gobierno ya ha hecho en reiteradas ocasiones) o que de no corregir los problemas estructurales del sistema incrementará la factura de forma exponencial en los próximos años.

— Una ley para acabar con la inversión en energías renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Esto conlleva el absurdo de demonizar y penalizar las energías limpias mientras exime de responsabilidad y penalización a otras tecnologías. Así este proyecto de ley tacha en pleno s. XXI a las energías renovables de «excepcionales» y las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico. El cambio de las reglas de retribución a las energías renovables se suman a los 5 que ya han sufrido y que no han resuelto los problemas. Las previsiones de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las instalaciones ya existentes y que en muchos casos significará la bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o reconocer los costes reales de inversión.

Además, el cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir a través de fijar un coste estándar es un atropello no sólo porque contradice los principios de libertad y competencia del mercado sino que están alejados de la realidad diversa de este tipo de instalaciones. La arbitrariedad que supone esta medida artificial contable excluye la variabilidad de costes en función de los años de la inversión, basándose en la potencia instalada. La rentabilidad fijada no reconoce los costes reales y es ilusoria. Además los mecanismos de retribución están indexados a precio de mercado y en función de los precios de gas y petróleo o de la prima de riesgo del país. El resultado es un sistema de retribuciones anti cíclico, ineficiente —ya que no aprovecha las ventajas comparativas de las energías limpias— y alejado de reflejar los costes reales. Los informes de la CNC y la CNE ponen en evidencia los enormes riesgos del sistema planteado.




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Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por ley (revisable cada 6 y 3 años) lo que multiplica los desincentivos a las energías limpias ya que han sido sistemáticamente penalizadas en cada una de las reformas. Esta ley y los decretos previstos aumentan exponencialmente «la prima de riesgo renovable» en el país, dinamitando la posibilidad de nuevas inversiones en el sector, aumentando nuestra dependencia energética y destruirá miles de puestos de trabajo.

— Impedir el autoconsumo. Este es el objetivo que esconde el conjunto de barreras económicas, administrativas y la articulación del sistema de sanciones que recoge el proyecto de ley. La regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y muy esperada para muchos consumidores y pequeñas empresas como una oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia energética. La reforma prevista en la ley y los decretos que acompañan supone un conjunto de trabas administrativas (como los contadores que se exigen, la presentación de un proyecto, registro, prohibición del autoconsumo compartido…) que en el caso de los autoconsumidores domésticos serán insalvables y trabas económicas desproporcionadas. Lo más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el mundo y consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo tal y como alerta la CNE en su informe preceptivo. Esta medida supone un auténtico «impuesto al sol» obligando a pagar por conceptos absurdos con el único objetivo de impedir su desarrollo. Conjunto de medidas que protegen a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la democratización de un sistema eléctrico que supone el autoconsumo. En lugar de reconocer los beneficos del autoconsumo (ahorro y eficiencia en las redes de transporte, reducción precios de mercado, descentralización, cambio en la cultura del consumidor, mejora de la balanza comercial y mejora reducción de emisiones…) se establecen barreras efectivas para impedir su desarrollo. Las discriminación hacia las energías limpias se evidencia incluso en el trato diferencial a la cogeneración con gas (excepcionada hasta 2019) respecto a la autoproducción en general.

Otro ejemplo del sectarismo y sesgo de estas medidas es el sistema de sanciones desproporcionado que se establece a incumplimientos relativos al autoconsumo tipificando como infracciones muy graves de exigencias muy amplias y cuestiones relacionadas con requisitos técnicos que son completamente desmesuradas en comparación con exigencias a las empresas. Medidas que atentan contra los criterios de proporcionalidad y que no tienen en cuenta que el autoconsumo recae, sobretodo, en ciudadanos individuales y no empresas con volumen de negocios tal y como se establece en el régimen de sanciones.

— Se plantean cambios en el sistema de facturación que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes implicaciones. En primer lugar, desincentiva cualquier planteamiento de ahorrar energía por parte del consumidor. En segundo lugar, va a generar grandes dificultades a las personas en situación de pobreza energética, o sea, aquella que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y de calefacción, especialmente en invierno. En el informe «Sostenibilidad en España 2012» del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), desaparecido recientemente por decisión gubernamental demuestra que unos 4 millones de personas residentes en España, aproximadamente un 10% de los hogares españoles, tiene dificultades para cubrir sus necesidades energéticas y garantizar las condiciones de habitabilidad de su vivienda. La nueva fórmula tarifaria que es una especie de tarifa plana de la luz (donde cada vez va a dar más igual que consumas mucho o poco, en el sector doméstico), castiga más al que consume menos, bien por ser «pobre energéticamente» o por ser eficiente en el consumo. Una irresponsabilidad económica y ambiental, además de una insensibilidad con un problema creciente en nuestro país. Además, no se prevén medidas que amplíen la figura del consumidor vulnerable, excluyendo a gran parte de la ciudadanía a poder acogerse ni ninguna medida de protección ante un grave problema de desigualdad y de exclusión económica al derecho a la energía.

— En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas de consumidores y de productores como si no fueran parte de la realidad de nuestro país y actores relevantes en nuestro sistema eléctrico en la distribución de electricidad. Los planteamientos de la reforma se establecen de acuerdo a las necesidades y definiciones de las sociedades mercantiles y la disposición transitoria quinta no resuelve el problema a las barreras planteadas a la economía social. Esto supone un ataque a un




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modelo de producción distribuida y un retroceso en términos de competencia en el sistema eléctrico.

— Los pagos por capacidad y por hibernación. Todas estas medidas están orientadas a retribuir a ciertos sujetos del sistema aunque no produzcan electricidad. El referente a los pagos por capacidad e hibernación de centrales está destinado a garantizar ingresos a las centrales de gas ante un sistema con exceso de capacidad. Ahora todos los consumidores pagarán la centrales cerradas por falta de planificación mientras se aplican medidas retroactivas y se desincentiva la inversión en energías más limpias y más baratas.

— Por otro lado se fomenta la interrumpibilidad a pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de potencia eléctrica.

— Impide especialmente la competencia efectiva y el abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares. Los costes extrapeninsulares forman parte de los costes del sistema y los límites a las energías renovables y al autoconsumo tendrán especial incidencia en estos territorios donde la ventaja comparativa de estas tecnologías y de la generación distribuida es todavía mayor. Un ejemplo es el impacto en el autoconsumo usado para la desalación de agua, intensamente utilizado en Canarias y que se verá encarecido de forma importante.

Todas estas medidas adoptadas en la reforma eléctrica nos llevan a consecuencias dramáticas en un sector estratégico además de incumplir con los compromisos internacionales que tiene España. El impacto normativo de esta reforma y el acumulado a las reformas emprendidas anteriormente tendrá como resultado:

— Infracción de directivas europeas: la normativa no menciona los aspectos medio ambientales y plantea una falta de compromiso con los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones además de incumplir la Directivas europea de fomento de las energías renovables y la directiva de eficiencia energética. De hecho España no ha cumplido todavía con los objetivos 20 20 20 y el estudio de la Comisión Europea que estima el cumplimiento de estos objetivos de reducción emisiones e implantación de renovables prevé que España va a incumplirlos claramente.

— Inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. La nueva normativa, como las anteriores aplica medidas retroactivas y recortes al sector de las energías renovables generando más inseguridad jurídica y dinamitando la credibilidad del país como potencial inversión. La ruptura de las reglas del juego sumado a la instauración cíclica de la inseguridad regulatoria acentúan la conflictividad en el sector a nivel nacional e internacional.

— Hundimiento de las inversiones en el sector de las energías renovables, especialmente pequeños inversores que habían apostado por instalaciones y ahora no podrán hacer frente a los pagos de los costes fijos que tienen que afrontar. Este además puede ser un nuevo agujero en el sistema financiero, ya que se calculan que se puede generar un agujero de impagos de miles de millones de Euros.

— Impulso de los privilegios de las grandes empresas frente a los consumidores y los pequeños productores e involución democrática. La reforma está diseñada para mantener la posición de dominio del oligopolio en el mercado eléctrico y expulsar elementos de competencia y de autonomía respecto a las grandes empresas. Esto tiene como consecuencia perpetuar un sistema de precios opaco y basado en la especulación y las sobre retribuciones perjudicando al conjunto de la ciudadanía y su derecho a elegir y apostar por otro modelo energético.

— Impedir el cambio hacia la soberanía energética y la generación distribuida. Un punto clave en la transformación del actual modelo energético es el autoconsumo descentralizando el suministro de electricidad y ahorrando en transporte. Esta reforma aumenta la dependencia y la ineficiencia energética impidiendo esta transición.

— Una reforma negacionista del cambio climático y que aumentará las emisiones. España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y su modelo energético se consolidará como uno de los más irresponsables de la UE, favoreciendo el petróleo, el gas y el carbón mientras se penalizan las energías limpias y el ahorro y la eficiencia energética.

— Ineficiencia económica. La propia CNE ha afirmado que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él.




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No se tiene en cuenta que las renovables disminuyen el precio mayorista de la electricidad tal y como ha afirmado la Comisión Europea en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013.

La fuerte dependencia energética de España es una fuente de ineficiencia económica. En el 2012, las renovables evitaron la importación de entre 40 y 45 millones de barriles de petróleo, o lo que es lo mismo, el equivalente al consumo nacional de petróleo durante un mes, unos 5.000 millones de euros.

El año pasado, la factura española por importaciones energéticas fue de 46.608 millones de euros: 35.955 millones por petróleo y 10.653 millones por gas, según datos de la Dirección General de Aduanas, más del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de déficit energético en la balanza comercial.

— Destrucción de empleo y conocimiento. El impacto sobre el empleo de la reforma no se ha valorado como es debido; el sector de las renovables genera 118.000 empleos, directos e indirectos, que peligran si la reforma sigue adelante con el desmantelamiento de las renovables. Se olvida también la contribución de este sector al PIB, valorado en 10.244 millones de euros en 2011, lo que representa cerca del 1% del PIB español.

Además, este es un sector que innova e invierte 3 veces más que la media de empresas en I+D y genera empleo de valor añadido. España es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por habitante, solo por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y destaca especialmente por su innovación en el ámbito solar, en el que concentra el 43% del total.

— Desigualdad y exclusión. En el marco del aumento de la tarifa eléctrica de un 80% desde el 2004, y de la crisis económica, la reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y asegurarles un suministro básico de energía, lo que va a generar más desigualdad y exclusión social.

La electricidad y el gas son un servicio público básico y solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno va a ser un nuevo obstáculo para la accesibilidad a la energía de los consumidores en condiciones de justicia y equidad porque tiene como único objetivo perpetuar el oligopolio de las eléctricas y que los consumidores soporten el déficit de tarifa generado por una mala regulación y gestión, hecho que además de no solucionarse con esta reforma va a seguir acumulando más deuda.

La reforma del sector eléctrico reduce a la mitad los beneficiarios del bono social porque añade requisitos de rentas a los criterios personales que ya existían y no aprovecha la oportunidad para establecer una legislación sobre pobreza energética, que incluya el derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan pagar su factura.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.




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PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El texto remitido por el Congreso de los Diputados del «Proyecto de Ley del sector eléctrico» es la constatación del caos normativo sobre el sector que el Gobierno del Partido Popular lleva realizando, a golpe de numerosos decretos leyes y órdenes ministeriales, desde que empezó la Legislatura. No podemos compartir la filosofía que destila el texto propuesto que, apelando al objetivo de «garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico español» consolida el déficit de tarifa, convirtiendo la energía que se consume en nuestro país en la más cara de toda la Unión Europea, relega la generación de energía por fuentes renovables, no impulsa la independencia energética, e influye negativamente en la competitividad de la industria.

Es una constante en nuestras propuestas de veto legislativas, recordarle al Partido Popular su obligación de defensa del interés general en su acción de gobierno. Y esta máxima exige la consulta y el debate sereno con todos los agentes económicos y sociales que puedan ser afectados por cualquier propuesta de regulación. Tanto en este proyecto de ley, como en toda la regulación sectorial que han puesto en marcha, y, aun siendo un sector básico para la economía y el desarrollo de nuestro país, destaca esta ausencia de diálogo y de participación del sector y con las Comunidades Autónomas que también tienen competencias en el ámbito energético.

Otro de los motivos de nuestro veto es, nuevamente, una cuestión formal y de procedimiento del que está abusando el Gobierno en su tarea de propuesta legislativa, el procedimiento de urgencia injustificado para la tramitación de la mayoría de los proyectos de ley que remite al Parlamento. Como bien sabe el Gobierno, esto reduce considerablemente la oportunidad de estudio en detalle de cualquier iniciativa por los órganos consultivos y reguladores, como ya ha denunciado el Consejo de Estado, que insólitamente sólo tuvo cuatro días para su análisis, y máxime en una norma como esta con multitud de cuestiones técnicas y jurídicas que aconsejan su estudio en detalle. Además, en el trámite parlamentario se dificulta enormemente el trabajo del legislador, reduciendo el tiempo de debate y la búsqueda de consenso político que exige cualquier tipo de normativa. La primera consecuencia ha sido la presentación de siete enmiendas a la totalidad en su trámite del Congreso de los Diputados.

Los senadores y senadoras firmantes de esta enmienda creemos firmemente en la regulación del mercado y de las actividades económicas para garantizar el interés general y los derechos de los ciudadanos. Y esta norma no lo hace. Además, adolece de una necesaria e imprescindible planificación a largo plazo basada en la sostenibilidad energética y ambiental como exigen nuestros compromisos europeos con los objetivos para 2020 en Energía y Cambio climático.

Este Proyecto de Ley renuncia a la mejora de los tres ejes fundamentales de la política energética, la seguridad del suministro, la protección del medio ambiente y la garantía de la competencia. Hace imposible el objetivo de definir un marco regulatorio estable y predecible que permita al sector su conversión en un motor de la economía y de creación de empleo.

Si nos centramos en el detalle del contenido del proyecto de ley, podemos destacar algunos aspectos que no compartimos y que afianzan el veto a la misma. Así, no es razonable el establecimiento del pago de peajes al autoconsumo, desincentivando la implantación de este sistema que, como señala la Directiva 2009/28/CE «permite la utilización de fuentes locales de energía contribuyendo a aumentar la independencia energética, una mayor seguridad del suministro local, con trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de la energía». Compartimos las críticas de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia a este sistema de peaje «injustificado y discriminatorio», que va a frenar de forma brusca su desarrollo haciendo que las inversiones no sean rentables y reconduciendo a sus usuarios al suministro de energía a través de los canales tradicionales. Nuevamente, encontramos en esta norma un ejemplo de la regulación partidaria y partidista de este




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Gobierno a favor de determinados intereses que no siempre coinciden con la obligada defensa del interés general que citábamos anteriormente.

Tampoco estamos de acuerdo con la penalización que impone el régimen especial retributivo a las inversiones en las instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables, tanto a las existentes como a las de nueva creación, demostrando una vez más el poco interés del Gobierno y del Partido Popular en estas fuentes de energía más sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, y que contribuyen en la lucha contra el cambio climático.

Nos oponemos frontalmente a una regulación que no se preocupa por el medio ambiente. Porque, al contrario del Partido Popular, no apoyamos el desarrollo económico a cualquier coste. No apoyamos el desarrollo económico que pueda implicar altos niveles de degradación ambiental o graves costes sociales y que hipoteque el desarrollo futuro. En cambio, apostamos por un modelo energético sostenible que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país, preservando los recursos ambientales y fomentando su distribución de la forma más justa, con precios asequibles y garantía social de suministro, que disminuya la pobreza energética y evite indiscriminadas interrupciones del servicio a las personas más vulnerables.

Con este texto, el Gobierno vuelve a presentar una propuesta legislativa sobre uno de los pilares básicos para el desarrollo de un país, el sector energético, sin responder con decisión y valentía a las demandas de la sociedad actual, que necesita un verdadero marco normativo que fomente su eficiencia, incremente su sostenibilidad, impulse la independencia, ofrezca la necesaria seguridad jurídica y estabilidad a los operadores económicos, que respete las competencias autonómicas y que no haga recaer los costes de reducción del déficit tarifario en los consumidores, o las empresas reduciendo su competitividad y frenando consecuentemente el desarrollo económico que genera prosperidad y empleo en nuestro país.

Por todo lo anterior, proponemos el veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico y solicitamos su devolución al Gobierno.


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