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BOCG. Senado, apartado I, núm. 278-2048, de 02/12/2013
cve: BOCG_D_10_278_2048
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

(621/000055)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 63


Núm. exp. 121/000069)

PROPUESTAS DE VETO Y ENMIENDAS QUE IMPLICAN LA IMPUGNACIÓN COMPLETA DE UNA SECCIÓN

I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente año 2014, y que se están tramitando en ésta Cámara, siguen una línea continuista con los dos proyectos presentados con anterioridad por este Gobierno y, como los anteriores, responden a un diagnóstico erróneo de las características propias que la crisis sistémica internacional adopta en el Estado Español y no dan solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que, con carácter general, va a profundizar y agravar todos éstos problemas. Además, desde nuestra perspectiva, estos presupuestos no solo son ajenos a nuestro País, sino que están hechos de espaldas a la realidad política, económica y social de Euskal Herria.




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Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la disolución del Estado de Bienestar con la pérdida del poder adquisitivo de la pensiones y con recortes en aspectos claves, especialmente en tiempos de crisis, como son el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la protección familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de dependencia.

Siguen incrementando el endeudamiento que, sin ser consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios vascos, lo pagaremos especialmente la ciudadanía de Euskal Herria, un 63% más que el resto de las gentes del estado.

Siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de derechos de trabajadores y trabajadoras.

Siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo, que estos presupuestos son un 7% inferiores a lo ejecutado en este año 2013.

En el capítulo de ingresos, siguen sin dar respuesta al problema estructural español del fraude fiscal.

Siguen sin dar pasos efectivos para abordar la competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación del valor añadido con inversiones en I+D+i.

En definitiva son unos Presupuestos que van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes.

DE LA MACROECONOMÍA A LA MICROECONOMÍA

El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores en los que siempre en el año siguiente iban a mejorar todos los indicadores económicos. La realidad que auguran diversos organismos internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo. Si descendemos a los detalles el panorama es más desesperanzador. Continua creciendo el endeudamiento y, aunque la caída de los intereses genere coyunturalmente más disponibilidad económica en estos presupuestos, la espada de Damocles que supone que supere el 96% del PIB está pendiente sobre el conjunto del Estado y, sobre todo, sobre la ciudadanía de Euskal Herria que a través del cupo carga con un coste superior en más de un 60% al que soportan las gentes del resto del Estado; coste de un endeudamiento fruto de la nefasta gestión de los gobiernos central y autónomos que ha dirigido tanto el PP como el PSOE, y al que no han contribuido las instituciones propias de los territorios de Euskal Herria.

Por otro lado sigue deteriorándose la calidad del empleo y no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia se basa en contratos temporales, y en contratos a tiempo parcial.

Con un crecimiento económico casi inexistente, reducción de salarios, desorbitadas tasas de paro permanentes, endeudamiento camino del 100% del PIB, reducción del poder adquisitivo de las pensiones, subida de los impuestos indirectos y de las gentes sometidas a nómina que pagan puntualmente el panorama apunta a una persistente atonía del consumo interno que hace imposible un crecimiento económico generador de empleo económica y socialmente sostenible.

INSUFICIENCIA DE INGRESOS, COMPROMISO CON EL FRAUDE FISCAL E INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD

En el capítulo de ingresos, estos presupuestos generales siguen sin dar respuesta al problema estructural del fraude fiscal en el estado español. Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre tendencias fiscales en la UE, en el que el Estado Español ocupa el lugar número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone la recaudación de las Administraciones Públicas. El total de ingresos públicos representó el 31,4% del PIB, lo que suponen 8,1 puntos menos que la media de la Eurozona. Y esta situación no es fruto de la actual coyuntura de recesión económica, sino que responde a un problema estructural pues desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la recaudación del Estado ha superado la barrera del 35%. Si analizamos donde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos —en el año 2011 de los 27 estados de la Unión Europea, el Estado Español ocupaba el puesto número 27 en el porcentaje sobre el PIB que suponía la recaudación por este concepto—, impuestos especiales e impuesto de sociedades —puesto número 22—; tan solo en el IRPF —el impuesto de quienes están vinculados a una nómina— el Estado español ocupa una posición más normalizada situándose en el puesto número 12 de la U-27.




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Estos datos resultan especialmente llamativos —sería más exacto calificarlos de escandalosos— si vemos la evolución de los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de las incluidas en el IBEX35, que en el primer semestre de este año han incrementado sus beneficios un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, o la evolución de las SICAV que en el presente año se han incrementado en más de un centenar, que en el pasado año tuvieron beneficios superiores al 8% y en la primera mitad de este año la rentabilidad media se acercaba al 4%.

A la luz de estos datos cobra especial relevancia el último informe de Caritas que señala que en el Estado hay ya tres millones de personas en situación de «pobreza severa» (según la terminología de Cáritas), esto es que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres representan el 6,4% de la población, una tasa que casi duplica la de 2007 (3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en su informe del Observatorio de la Realidad Social 2012.

En esta misma línea, el último informe sobre la riqueza mundial que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, señala que mientras el número de millonarios en el Estado Español aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, llegando hasta las 402.000 personas, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1 en 2012.

La política económica y social de este Gobierno, que se viene concretando en estos presupuestos generales y en los dos anteriores, están generando una acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas élites que se mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento, constante y progresivo, de la desigualdad que —como alerta Caritas— trae consigo «una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social» agudizada por «las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas».

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos hace estos presupuestos ineficaces a la hora de abordar los retos urgentes e imprescindibles de abordar con urgencia, como son afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza, garantizar la protección social y reforzar el estado de bienestar.

POLÍTICAS DE GASTO INSUFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR

En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos ultra-liberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por el Gobierno, ha puesto en la picota al Gasto Público como causa de todos los males, con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar. Sin embargo las cifras, los datos objetivos, no sólo desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de que el problema fundamental de las instituciones estatales no es el gasto público, sino el ingreso.

En el último informe de Eurostat sobre la distribución del Gasto Público por funciones en el seno de la UE27, el Estado español se sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la UE27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el Estado español sólo alcanza el 45,2%. Si analizamos las diferentes funciones de gasto vemos que en el capítulo fundamental —sobre todo en época de crisis económica— de los fondos destinados a Protección Social y Sanidad, en el Estado español supone el 51,6% del total del gasto público frente al 54,8% de la UE27; y en términos de porcentaje del PIB en el conjunto de la Unión Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado español sólo alcanza el 23,2%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes recortes de los dos últimos Presupuestos, el mantenimiento de las partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las funciones de Protección Social no garantizan el Estado de Bienestar.

Las transferencias corrientes o gasto disponible para las políticas públicas disminuyen un 4,7%; el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad pública, el 39% de reducción en la inversión en protección familiar o la reducción casi la mitad en el caso de la inversión en los sistemas de dependencia, suponen en la práctica un deterioro de la prestación del servicio en el corto y medio plazo, y el progresivo desmantelamiento de dichos servicios públicos.

En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no van a mejorar sensiblemente se siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo que, en los presupuestos para 2014, son inferiores en un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.




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El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de Bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingreso eficientes y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos.

FRACASO DE LAS LLAMADAS REFORMAS ESTRUCTURALES NEOLIBERALES

La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de reformas llamadas estructurales —como son la reforma laboral, la reforma financiera y medidas fiscales, reforma del sistema de pensiones— que, lejos de dar respuesta a los problemas estructurales económico-sociales del Estado español, están debilitando a marchas forzadas su carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y no están contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis económica.

En repetidas ocasiones hemos planteado en los debates con el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios sectores de la población; esta reforma laboral que no ha generado empleo sino que, al contrario, ha propiciado que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el despido impune, generando más desempleo y crispación social fruto de la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. La mayoría de las previsiones coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población activa estará en paro en el año 2018.

A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las rebajas salariales —tanto en términos reales desde el año 2010, como en términos nominales desde el 2012— no sólo no han creado empleo sino que han desactivado el consumo interno. El ajuste de una disminución del 7% en los salarios del estado español no se ha traducido ni en aumento del empleo ni, en la mayoría de los casos, en competitividad real. Un informe del Banco Central Europeo acusa a las grandes empresas españolas de subir los precios y bajar los salarios, trasladando todo el ajuste a los salarios, a los más débiles; al final el aumento de beneficios de estas empresas —participadas mayoritariamente por fondos de inversiones y de pensiones extranjeros— a través del reparto de dividendos no han reforzado al economía del estado sino que han alimentado la economía especulativa internacional.

La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No se han tomado medidas —ni están previstas en este proyecto de presupuestos— que impidan la especulación de las entidades financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central Europeo y de la propia administración pública española. El crédito sigue sin fluir a las familias, a las pymes, autónomos y economía social; la banca ha reducido en un 9,22% su concesión de crédito, mientras ha aumentado un 15,4% su captación de depósitos. Después de las reformas del gobierno, del rescate europeo y los 108.361 millones de ayudas públicas, el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo económico y social. No fluye el crédito a empresas y familias, pero los grandes bancos han ganado cuota de mercado a cuenta del desmantelamiento de las Cajas, y casi han duplicado sus beneficios este año pasando de 3.174 millones (primer semestre 2012) a 5.310 millones (primer semestre 2013), según la AEB.

Y en cuanto a las medidas fiscales, como ya hemos señalado en el apartado anterior no han contribuido a atajar la brecha existente con la mayoría de los estados de la Unión europea.

Finalmente la reforma del sistema de pensiones que está impulsando en la actualidad el gobierno, y que en este proyecto de presupuestos ya se concreta en una pedida significativa de su poder adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros estados de la Unión Europea. el régimen de pensiones existentes en el Estado español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término medio, vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser inferiores en un 40% a las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

En definitiva la reforma impulsada por el Gobierno va a profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la crisis.




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Tras el fracaso económico y social de estas reformas estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad mantienen a la economía del estado español en el círculo perverso de la recesión que impide el estímulo de la actividad económica y la reducción de las tasas de paro. Y las cifras de este proyecto de presupuestos no auguran ningún cambio sustancial. El incremento en un 5,6% del gasto no financiero de los ministerios, es decir gastos de personal y gasto corriente, y la disminución en un 4,7% de las transferencias corrientes son muy significativas a este respecto. Por otro lado tampoco hay medidas reales de estímulo del crecimiento lo que implica que con una reducida inversión productiva es difícil lograr creación de empleo. El recorte continuado en la inversión pública que ha disminuido en un 15% desde el 2010 y que no se incrementa en el año 2014 confirma estos malos augurios. Por otro lado la no apuesta presupuestaria decidida por la potenciación de la I+D+i supone de facto la renuncia del Gobierno al futuro.

Desde esta perspectiva este proyecto de presupuestos para el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas estructurales de carácter neoliberal que no están contribuyendo al reforzamiento de la economía productiva, ni a la competitividad económica, ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado español.

SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA EUSKAL HERRIA

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes amparándose en su mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca —CAV— y Foral de Navarra) es claramente minoritaria (23%) y que su política económica y social está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2014 recogen las cantidades de 569 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1.527 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Deuda que no tiene su origen en nuestro País y que sin embargo, cada persona de Euskal Herria va a soportar un coste de 1041 euros de los intereses de dicha deuda, frente a los 767 euros que soportará cada persona del resto del estado. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2014 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria... Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima.




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Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del estado español van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de AMAIUR presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2014.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado consolidan los recortes sociales que, por extensión, son recortes en los derechos de la ciudadanía. Asimismo, no sólo mantienen, sino que aumentan, el espolio fiscal a los Països Catalans.

A pesar de la manipuladora propaganda política que afirma que la economía va por el camino de la recuperación, la realidad es que la deuda española llegará al 100% de su PIB situándose por encima del billón de euros, con un paro cercano al 30% y viéndose obligada a extraer recursos del Fondo de reserva de pensiones de la Seguridad Social —otra vez— para quitarle más de 6.000 millones para asumir gastos superfluos o innecesarios como el exagerado gasto militar español.

Sin embargo, y pese a los recortes sociales directos del Gobierno español, se sigue exprimiendo a los Països Catalans obligando a sus gobiernos a realizar mayores recortes sobre su población. El Gobierno español recortará las inversiones en Catalunya más de un 25%, en el País Valencià más de un 8% y en las Illes Balears casi un 6%. A ello hemos de sumar los recortes por la falta de inversión en la infraestructura básica para estar a la altura en términos de productividad y competitividad. En este sentido, es especialmente relevante que los Presupuestos siguen sin contemplar como una clara prioridad el Corredor Mediterráneo, afectando al potencial económico del conjunto de los Països Catalans.

No sólo se consolida, sino que se agudiza una tendencia que ha provocado un recorte de las inversiones en los Països Catalans: de unos 3.700 Millones de euros en Catalunya, 1.650 en el País Valencià y de 280 en las Illes Balears. Por supuesto no se contemplan los pagos pendientes por los incumplimientos de la Disposición Adicional Tercera de l’Estatut o la compensación por el impuesto a la banca.

Asimismo, hay que señalar que la fuerza centrífuga que se aplica en los recortes (el Fondo de Compensación Interterritorial se recorta un 13% y los Sistemas de Financiación de los Entes Territoriales un 10’5%, por poner sólo dos ejemplos), está inversamente relacionada con la fuerza centrípeta que se aplica en el aumento de los ingresos. De esta manera, es el Estado quien se apropia con el aumento del IVA recaudado. Teniendo en cuenta que el 23% de los 8.500 Millones adicionales ingresados por el aumento del IVA se han recaudado en Catalunya, sólo con que Catalunya se quedara la mitad de los 2.000 Millones que le corresponde, recuperaríamos la situación que teníamos en 2012, revertiendo los recortes adicionales a que han obligado la asfixia financiera a las autonomías y especialmente a las que padecemos un descarado espolio fiscal. He aquí los argumentos que exhibe el Gobierno español sobre el trato presupuestario a Catalunya y que la población deberá tener en cuenta para decidir el voto en la consulta sobre el futuro de nuestro país.

Paralelamente a este recorte de inversión territorial que supone un recorte social en tanto que un 75% del presupuesto de las Comunidades Autónomas se destina a servicios sociales, se siguen produciendo importantes recortes en partidas sociales. Especialmente escandaloso es el recorte de más de un 35%,




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es decir de más de una tercera parte, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, siendo este recorte de más de un 36% en los servicios sociales en particular. A pesar de las explicaciones financieras del Gobierno, no se puede justificar de ninguna manera un recorte de estas dimensiones cuando se están cerrando servicios y hospitales por todos sitios y el derecho a la dependencia ha dejado de ser un derecho (el presupuesto de dependencia, ya recortado anteriormente, se recorta en la mitad, cuando debería ser del doble para hacerse efectivo el derecho). Asimismo, y con los índices de paro que tenemos, se han recortado 150 millones las partidas para las Comunidades Autónomas para fomento de la inserción y la estabilidad laboral.

También es particularmente escandaloso el recorte en Sanidad cuando se están aumentando los presupuestos del Ministerio de Industria, para pagar unos vergonzosos e ilegítimos sobrecostes —y deuda— eléctricos, y del Ministerio de Defensa, que no sólo es absolutamente exagerado sino que es deficitario y generador de 30.000 millones de deuda (eso según una cifra oficial que irá en crecimiento). Además, el de Defensa es el único que ha seguido creciendo en los años de crisis, pese a que de manera encubierta mediante el incremento a lo largo del año a costa de deuda pública. En este sentido, hay que señalar que el presupuesto de Defensa se han incrementado en unos 1.500 millones, un 24%, respecto a lo aprobado por el propio Parlamento.

Finalmente, y como dato anecdótico dentro de las partidas superfluas o no urgentes o imprescindibles que se incrementan, debemos citar el aumento de 6 millones de euros en las partidas para las Federaciones Deportivas Españolas o el aumento de un 27% del presupuesto del Instituto Cervantes (entre otros gastos, se incluye el incremento de 80.000 euros generado al incluir como Alto Cargo al Secretario General del Instituto). Eso sí, paralelamente, se rebaja en 68.000 euros la ya escasa partida para el Institut d’Estudis Catalans.

Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Las previsiones del Gobierno son sólo augurios

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más elevado de lo esperado por el propio Gobierno.

La caída de la demanda interna explica gran parte de los errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del 2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del Gobierno de que caería sólo un 2,1%.




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Indicador Previsión Gobierno Dato final
Producto Interior Bruto -0,5% -1,5%
Demanda interna -2,9% -4,1%
Consumo privado -1,4% -3,1%
Consumo público -8,2% -3,7%
Inversión -2,1% -7,5%
Exportaciones +6,0% +4,1%
Importaciones -1,5% -4,0%

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva, que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más perversa de los efectos producidos en la economía. Esto es algo que el propio Fondo Monetario Internacional, en un estudio titulado «Expansionary Austerity: New International Evidence» supo ver también. Según esta visión, puesta además de relieve por la realidad económica, las medidas de consolidación fiscal sólo consiguen ahogar aún más la economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el 59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el 43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, como




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consecuencia de las últimas reformas laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez, justificaría la necesidad de nuestras alternativas.

En todo caso, la Comisión Europea ya se ha manifestado poniendo en cuestión las previsiones del Gobierno y el propio Proyecto de Presupuestos exigiendo nuevos ajustes.

Unos presupuestos injustos fiscalmente

La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo, es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89% de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades. Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997 a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del 17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía, sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo, como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores.

Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros anuales. Aunque estos presupuestos incrementan la partida de la Agencia Tributaria hasta los 949,2 millones de euros, cabe recordar que veníamos de un recorte del 7,7% en el anterior ejercicio y que la tasa de reposición del personal de la agencia sigue




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estando en un miserable 10%, dando cuenta de que no hay voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.

En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25%, y visto ya cuáles son los tipos efectivos, el objetivo es corregir esta injusta situación. Para lo cual proponemos que se eleve hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar otros 20.000 millones de euros.

Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores a los 12.000 millones de euros.

Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la recaudación del tributo.

También proponemos incorporar la fiscalidad ambiental como un mecanismo fundamental para el cambio de modelo productivo y como instrumento redistributivo en la sociedad. Introducir el criterio de quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema tributario pero también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.

En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.

Unos presupuestos antisociales que consolidan el Estado del malestar y la devaluación de las condiciones de vida de los ciudadanos

Las nuevas exigencias de la Comisión Europea de más ajustes sin duda conllevarán un mayor deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los españoles.

Para empezar, el Gobierno aprueba junto con estos presupuestos y reflejándolo ya en los mismos un ataque en toda regla a la capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las cantidades que van a percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este hecho se suma al incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por el anterior ejecutivo, y que provocará un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

La pretendida revalorización de las pensiones al menos un 0,25% anual no es en realidad tal cosa. Con índices de precios que se sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, lo que estamos realmente es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no sólo a tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias dependen de las pensiones para sobrevivir, sino también efectos económicos de extraordinaria importancia. El consumo se va a resentir cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es mucho mayor que en las rentas más altas. Así, un empobrecimiento de las clases trabajadoras llevará inevitablemente a un menor consumo y, por ende, un empeoramiento de la demanda interna y del crecimiento económico. Todo lo cual debilitará aún más las posibilidades de crear empleo y de salir de la crisis.

No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones el Gobierno no sólo provoca un empobrecimiento mayor de las personas jubiladas sino que también está creando incentivos para la suscripción de planes de pensiones privados. Estos planes de pensiones privados son meros productos financieros y asimismo son instrumentos insolidarios que ponen en riesgo los propios ahorros de los pensionistas, aunque en todo caso son un negocio muy lucrativo de las entidades financieras.




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Las personas desempleadas, criminalizadas por parte del Gobierno con insidias sobre el fraude en las prestaciones por desempleo, no corren mejor suerte. En 2014 el Servicio de Empleo Público Estatal dispondrá de menos recursos para las políticas activas de empleo y protección a los desempleados, ya que verá sus recursos disminuidos en un 6,1% en comparación con la liquidación prevista para 2013. Con un 21% menos de recursos en términos reales que en 2011 se pretende atender a un 22% de personas desempleadas más en 2014.

Por otro lado, en un país como España que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resulta insignificante los 799 millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Más aún cuando el problema no es de falta de viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas.

El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura de la SAREB para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, mientras que ha dinamitado iniciativas democráticas por parte de determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, que trataban de evitar los desahucios como medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que interpuso el Gobierno respecto al plan antidesahucios de Andalucía fue una victoria de la troika y las entidades financieras y una severa derrota de los ciudadanos y, concretamente, de los sectores más afectados por la crisis económica.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial de estos presupuestos. Además, con un fuerte impacto de género, al no prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que ningún miembro del hogar recibe ingreso.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia y mercados. Una muestra de ello son los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que han sufrido recortes en los últimos años entre el 12 y el 20% y continúan a la baja. Los recortes, repagos y privatizaciones son particularmente injustos con los más débiles: menores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o afectados por enfermedades raras.

En paralelo, se refuerza la mano derecha del Estado, el código penal y la represión de la contestación social, al tiempo que continúa en declive la tutela judicial efectiva, la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y la justicia gratuita. En definitiva, se refuerza la justicia como poder del Estado ligado al Gobierno mientras se debilita como servicio público sufriendo nuevos recortes, en particular en materia de personal y de la modernización necesaria para su funcionamiento.

La contrarreforma en materia de educación, para impulsar la competitividad al servicio de los mercados según se afirma en las memorias presupuestarias, se acompaña en estos presupuestos con la consolidación de los recortes. En 2014 nos encontraremos un 30,5% por debajo del nivel de gasto de 2010 en educación.

Las becas y ayudas aumentan sus créditos para 2014 pero la nueva fórmula, que introduce no sólo la renta sino también el rendimiento, supondrá una reducción de lo que perciben los universitarios y los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En todo caso, aparecen nuevos recortes en distintos programas disminuyendo los créditos para educación infantil, mejora de la difusión de la formación profesional, educación compensatoria, mejora de la calidad educativa, formación del profesorado o para movilidad de estudiantes.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

De cara a la solidaridad con el exterior, la Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0,17% de la Renta Nacional Bruta, lo que significa 234 millones menos que en 2013 y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE e incumpliendo los compromisos internacionales.




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Unos presupuestos para socializar las deudas

La actual crisis económica no es una crisis de deuda pública sino de deuda privada. Ningún organismo internacional supo verlo en su momento y ninguno está actuando actualmente para resolverlo con la velocidad que corresponde. Más bien estamos asistiendo a una transferencia de deudas desde el sector privado hacia el sector público, el cual está absorbiendo asimismo los riesgos derivados.

Los presentes presupuestos predicen un incremento de la deuda pública hasta los 826.500 millones de euros, lo que viene a significar un 99,8% sobre el PIB. Cabe recordar que en 2007 la deuda publica era del 36,3% sobre el PIB, y que sólo empezó a crecer como consecuencia de la crisis y de la aplicación de los programas de rescate bancario y de las medidas anticíclicas.

Según datos del FMI, desde 2009 se han inyectado directamente en el sistema financiero un total de 63.000 millones de euros. Una parte importante de esas cantidades provino del fondo de rescate bancario firmado entre el Gobierno español y la troika. Al margen de esa cantidad, y de forma complementaria, están el resto de ayudas directas e indirectas a la banca.

No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya dejó entrever que al menos 30.000 millones de ayudas a fondo perdido no serán recuperadas por los contribuyentes.

Desde el comienzo de las medidas de consolidación fiscal los mercados financieros se han ido calmando y la prima de riesgo ha disminuido. En el marco de ese contexto el Gobierno ha calculado que en 2014 se pagarán un total de 36.590 millones de euros en concepto de intereses de la deuda pública, un 5,12% menos que en el anterior ejercicio.

Aunque tales hipótesis son muy frágiles, a tenor de cómo se están sentando las bases de la siguiente crisis, 36.590 millones de euros es una cantidad imposible de atender sin provocar una merma brutal en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Y, desgraciadamente, así está siendo. Los cambios institucionales llevados a cabo por los Gobiernos de PP y PSOE, especialmente la reforma de la constitución en 2011, han llevado a la creación de una palanca financiera para el desmantelamiento de los servicios públicos.

Además, el perverso e inmoral triángulo financiero creado por las instituciones de la actual Unión Europea, y que permite una transferencia legal de dinero desde lo público a lo privado por medio de la deuda, sigue abierto. Así, las entidades financieras tienen barra libre para endeudarse con el Banco Central Europeo a tipos de interés muy reducidos, mientras que utilizan ese dinero para prestar a las administraciones públicas, a través de diversos programas —como el plan de proveedores— o directamente por medio del mercado de deuda pública, y lograr de ese modo ingentes beneficios a costa del contribuyente. Sin que, por supuesto, se haya logrado reconectar al sistema financiero con su función de prestamista a la economía real.

De hecho, la reestructuración del sistema financiero, que continúa en estos presupuestos, está lejos de ser exitosa. Al menos de acuerdo a los propósitos oficiales de volver a abrir el grifo del crédito. Todavía el 21% de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas y medianas señalan que el principal problema que enfrentan es el acceso al crédito. Siendo verdad que esos datos eran ligeramente superiores hace tres años, lo cierto es que manifiestan lo lejos que queda la consecución del objetivo de volver a canalizar el crédito.

En todo caso, el Banco Central Europeo, así como el resto de bancos centrales de occidente —muy particularmente la Reserva Federal y el Banco de Japón—, está manteniendo una política monetaria expansiva verdaderamente ineficaz. El dinero no llega a la economía real sino que se mantiene en la esfera financiera, hinchando una nueva burbuja de activos financieros que tarde o temprano terminará estallando como hiciera en su momento la burbuja inmobiliaria. La razón por la que no son medidas válidas es que estamos ante un momento económico llamado «trampa de la liquidez» que refleja que sin incentivos para la inversión —y con la debilidad tan acusada de la demanda interna, y con sus expectativas también a la baja— incluso con un sistema financiero sano no habría motivos para endeudarse.

Pero además el Gobierno sigue ignorando un problema fundamental, y que de hecho está en el origen de la presente crisis, que es el endeudamiento privado. El endeudamiento de los hogares españoles está en torno al 130% de su ingreso bruto disponible, con lo cual todos los esfuerzos de los hogares están destinados a reducir esa exposición tan bestial. La política de estos presupuestos, de empobrecimiento de las rentas más bajas, sólo empeora el problema al aumentar la dificultad para devolver las deudas. Los impagos y los intentos por reestructurar las deudas de los hogares están y estarán a la orden del día. De ahí que sea necesario poner en marcha programas públicos de reestructuración de la deuda privada, como se ha hecho en otros tiempos históricos.




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Unos presupuestos inútiles para el cambio de modelo productivo

La dotación para inversión real directa en los presupuestos consolidados para 2014 disminuye el 9,8% y, en particular, la política de infraestructuras lo hace un 17,1%. Aún considerando la inversión que realiza el sector público empresarial, lo cierto es que el esfuerzo inversor público es insuficiente para una economía en recesión y con una tasa de desempleo tan escandalosa como la nuestra.

Pero más allá del efecto multiplicador de la inversión, su composición es igual de importante y en estos presupuestos la apuesta sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de cercanías y de media distancia. Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.

Además, el desmantelamiento de las empresas públicas del transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad. El transporte y las infraestructuras deben ser un servicio público de gestión directa que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.

En materia de investigación estos presupuestos confirman la profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100 millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no por la vía de la degradación de los salarios.

Desde el punto de vista energético, en un contexto de continúo encarecimiento de los costes de la energía, el Gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este sector estratégico para la economía.

La partida para desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los presupuestos de 2011 y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153 millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico, este programa representa el 0,2% del total de industria y energía. En línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de




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energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

En materia de medio ambiente, la reducción en las partidas del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales evidenciando que los presupuestos no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.

Esta cuestión adquiere gravedad en programas como el de ordenación territorial de los recursos hídricos en el que desciende un 81% la dotación a las sociedades de aguas, o el de actuaciones en la costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los tres casos se trata de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del 75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo desde que existe el programa, obviando los riesgos que está corriendo este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación, biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y decadente.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Unos presupuestos recentralizadores y, a la vez, propiciadores de la desigualdad

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad.

El Gobierno pretende que sean las entidades territoriales las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5% educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0% respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

El Proyecto asume la contradicción de pretender la recentralización y a la vez prescindir de todos los fondos que en Educación, Sanidad y Servicios Sociales tenían como finalidad garantizar idéntico nivel de atención básica y prestaciones en todo el territorio.

Otro elemento que caracteriza a estos presupuestos es la falta de lealtad institucional.

Son unos presupuestos que no cumplen con Catalunya e incumplen un año más la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya que fija el porcentaje de inversiones que se deben destinar en proporción a la participación en el producto interior bruto. No sólo no prevén compensar la deuda pendiente con la Generalitat sino que si en el año 2012 ya no se cumplía con el porcentaje de inversiones que marca la ley, este año se reduce un 25,5% más. Algo inasumible para la población que acumula un déficit de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento que limita la movilidad, el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

Tampoco se atiende la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón que, para las inversiones en infraestructuras, prevé que se ponderará con carácter prioritario la superficie del territorio (un 9,45%, en el caso aragonés). Además, después de cinco años de recortes, las inversiones del Estado en Aragón han vuelto a caer, esta vez un 5,4%, lo que supone desde que empezó la crisis un recorte acumulado de las inversiones en los últimos seis años de más de un 70%, con las graves consecuencias que supone para un territorio aún desvertebrado y con profundos desequilibrios.




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Asimismo, y por tercer año consecutivo, se incumple la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía al destinarse menos recursos de lo que corresponde a Andalucía de la inversión estatal regionalizada atendiendo a su peso poblacional, el 17,9%, en el total nacional. Este nuevo incumplimiento significa que en el conjunto de los tres presupuestos elaborados por este gobierno del Partido Popular, el déficit de inversiones acumulado en Andalucía asciende a 743 millones de euros.

Unos presupuestos al servicio de intereses particulares

Los presentes presupuestos no se han redactado en los despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y, de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos institucionales —la troika—. El volumen de ayudas a la banca, la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno y de las actuales sociedades europeas.

La reforma constitucional de 2011, por parte de PP y PSOE; la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera; y la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son pasos todos ellos a favor de la creación de una camisa de fuerza claramente injusta e inapropiada para el momento histórico. Y se suman al Tratado de Maastricht, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto Fiscal, entre otros, que han consolidado una forma ideológica de concebir la economía que es, en última instancia, responsable de nuestra dramática situación.

En definitiva, estos presupuestos no sólo sientan las bases de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.

Por todo ello, presentamos veto al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 pretende, en la senda de los anteriores para 2012 y 2013, garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas, restablecer la confianza en nuestra economía y confirmar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Aspectos estos decisivos para alcanzar los grandes objetivos: un crecimiento sostenible y la creación de empleo.

Sobre la corrección del déficit y la estabilidad presupuestaria conviene apuntar desde el comienzo el nítido cumplimiento del Gobierno de Canarias con ambos. De la lectura del proyecto, no obstante, surgen de inmediato datos importantes que sobrecargan injustificadamente a las Administraciones territoriales en el esfuerzo del ajuste general de nuestra economía:

a) La reducción drástica de las operaciones de capital —lo es ligeramente en las operaciones corrientes— afectando a las inversiones que realizan principalmente las Comunidades Autónomas.




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b) Al igual que en los dos presupuestos anteriores para 2012 y 2013, el proyecto de 2014 distribuye asimétricamente las políticas de gasto e inversión entre las diferentes Comunidades y, lo que es peor, lo hace prescindiendo de observar las necesidades y circunstancias de las diferentes autonomías.

c) De igual asimetría resultan los esfuerzos requeridos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, junto a las entidades locales.

Por tanto, desde la constatación de que múltiples pueden ser los motivos que nos animan a enmendar este Proyecto de Presupuestos queremos sentar ya que nuestra enmienda se basa en la grave falta de cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial que mandata, también, nuestra Constitución.

A pesar de ser un grupo político territorial no queremos dejar de insistir en que la política general debe atender a todos los territorios por ello justificamos esta enmienda en dos ejes, primero, desde la visión de la Política General del Estado y en segundo lugar, como siempre, desde la defensa de los intereses de Canarias en el marco del interés general.

Política General del Estado

Son unos Presupuestos que no sólo no respetan los preceptos constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles sino que por tercer año consecutivo van directamente contra ellos. Solo este motivo justifica la solicitud de devolución al Gobierno ya que estos presupuestos consagran un modelo basado en la desigualdad, olvida la solidaridad entre españoles, mandato constitucional, y representan la continuidad de los graves desequilibrios interterritoriales que padecemos y, lo que es peor, su agravamiento.

Podemos reflejar así algunos de los aspectos generales de los desequilibrios a los que nos referimos.

En primer lugar, son unos Presupuestos que consagran y extrapolan a un futuro de más de 5 años la resolución de la «crisis de paro» que vive nuestro país, lo cual supone un grave atentado contra los españoles de todas las edades especialmente los jóvenes. El PP no sólo creó el modelo especulativo que nos condujo a la crisis de endeudamiento privado sino que renuncia a resolver el impacto que para varias generaciones de españoles ha supuesto la misma.

El Programa Nacional de Reformas (PNR) y el Cuadro Macroeconómico del propio Proyecto de Presupuestos lo ratifican. Tampoco puede ser de otra manera, el FMI en su último diagnóstico, establece que España tendrá en 2018 un 25% de tasa de paro y, además, poco sabemos sobre la fecha en la que habrá un punto de inflexión y la cifra de paro volverá a ser soportable.

En efecto, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 están elaborados claudicando en resolver dicha situación como resultado todo ello de la consagración a ultranza del cumplimiento con el compromiso europeo del déficit. Renuncia, por tanto, el Gobierno de España a la perentoria necesidad de defender a nuestro país de una política solidaria, en términos de lucha contra el paro, impuestas desde el norte de Europa, a cambio de un teórico rescate que, en definitiva, lo abonaremos los ciudadanos españoles, lo cual es una muestra más del desinterés del Gobierno por la lucha en defensa de los intereses generales.

La crisis de Alemania duró desde 1995 a 2005, se trasgredieron todos los criterios de las finanzas europeas y ellos sí obtuvieron nuestra solidaridad y comprensión y, dicho sea de paso, con problemas mucho menores de paro que los nuestros.

Ese será el estado real de la economía española, un estancamiento de la economía real, lo que se reconoce con claridad el cuadro macroeconómico del Gobierno, ya que es cierto que sin un verdadero plan de choque, y con la escala adecuada, no romperemos la inercia creada para generar crecimientos del PIB que produzcan una inversión de las tendencias apuntadas para la tasa de paro española.

Un cuadro macroeconómico como el elaborado nos pone en duda su rigor ya que problemas como el endeudamiento privado y el descenso del poder adquisitivo de las familias, sitúan toda responsabilidad de la recuperación en el Sector Exterior. Adicionalmente, es de dudosa credibilidad en cuanto a su previsión de incremento del consumo y de la demanda interna que, en nuestra opinión, es claramente incompatible con otra de las patas del propio cuadro: la tasa de paro prevista.

En segundo lugar, por cuarto año consecutivo se disminuye el caudal inversor del estado en la economía real, y desde 2011 se ha pasado de un total de 20.684 millones de euros a los 12.094 millones de euros ahora programados es decir, en solo tres años ha habido una reducción del 41,5%. Los deseables




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efectos multiplicadores, vía la generación de empleo, y su contribución a la formación bruta de capital seguirán ausente por tercer año consecutivo.

Adicionalmente el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ha pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los 432,4 millones de euros ahora programados, es decir, en solo tres años una reducción del 44,16% que es superior al porcentaje antes señalado.

La continuidad de la caída junto con su distribución por los territorios y el Impacto en el FCI expresan el carácter insolidario de este Proyecto de Presupuestos y le dan, además, una especial relevancia al suponer una renuncia directa a este recurso importante también para la ganancia en competitividad del país.

Tercero, el Proyecto de Ley de Presupuestos consagra un modelo de financiación autonómica que privilegia a unas comunidades frente a otras, las más ricas frente a las más pobres, y que incide por tanto en la desigualdad entre los españoles habida cuenta de la alta capacidad redistributiva de la renta que tienen las políticas sociales que ejecutan las instancias autonómicas, tales como la sanidad y la educación, por tanto desoyendo una vez más el mandato constitucional de solidaridad interterritorial. Se renuncia por el Gobierno a la protección de los intereses generales de los españoles ante un diagnostico ampliamente reconocido sobre las injustas condiciones de financiación autonómica actuales.

Cuarto, en contra de las afirmaciones del Gobierno, el gasto social no es una prioridad de los Presupuestos 2014, su crecimiento es el resultado de un imperativo legal de la política social de nuestro país y, en todo caso, las reformas del PP se dirigen hacia una rebaja de dichos mandatos legales para suavizar su coste presupuestario, en lugar de incentivar decididamente una lucha real contra el paro, como método estructural para superar los problemas de financiación de dichas políticas sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 continúan profundizando en la reducción del gasto público dentro del contexto de consolidación fiscal; ahora bien, el ajuste de gasto que se propone sigue centrándose fundamentalmente en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas mediante la limitación, asimétrica con el Estado y entre ellas, de su objetivo de déficit y endeudamiento y la adopción de medidas encaminadas a reducir el gasto en educación y sanidad, entre otras; pero no en aquellas destinadas a la realización de las verdaderas reformas estructurales que se requieren en el ámbito de la Administración del Estado y que debieran incidir también en una reducción de su gasto estructural.

Un análisis del gasto de los últimos años de los presupuestos generales del Estado, pone de manifiesto que los ajustes de gastos se han practicado sólo en las operaciones de capital, capítulos 6 y 7 del presupuesto, y en particular en los créditos regionalizados que han sufrido un descenso durante el periodo 2010 2014 de cerca de 15.500 millones de euros, el 60% de lo consignado en 2010. En cambio, los créditos de las operaciones corrientes, si no consideramos las variaciones de las partidas de pensiones, desempleo y gastos financieros, el ajuste realizado por el Estado desde 2011 no alcanza el 1,5%. Además, un análisis por políticas de gasto nos indica que se ha producido un aumento del gasto de los servicios de carácter general, una exigua disminución en la política de alta dirección y una importante disminución en las transferencias a otras Administraciones Públicas e Infraestructuras.

Por otra parte, tampoco parece que los presupuestos de 2014 contemplen los ajustes derivados del proyecto de Reforma de las Administraciones Públicas puesto en marcha por el Gobierno. Este año plantea 217 medidas, (139 afectan a las CCAA y a la Administración del Estado y 78 exclusivamente a la Administración del Estado) y que pretende en los cuatro años de gobierno, dejar de gastar 37.620 millones de euros y proporcionar un ahorro con respecto a 2011 de 17.534 millones de euros anuales en el momento que todas las medidas se hayan culminado. A pesar de que según el informe de ejecución presentado en septiembre de este año presenta 15 medidas finalizadas y 194 en proceso de ejecución, tenemos el presentimiento de que nuevamente serán las Comunidades Autónomas las que, en el ámbito de esta reforma, sufran aún más los ajustes que permitan la consolidación fiscal.

Desde la defensa de los intereses de Canarias

Canarias ha asumido y cumplido —y lo sigue haciendo— el objetivo de estabilidad y el rigor en el control del gasto público. Lo hace a costa de grandes sacrificios, de enormes esfuerzos, encaminados en la defensa de los servicios públicos esenciales. Por el contrario, el Gobierno del Estado continúa sin reducir su estructura, incrementando el gasto corriente a costa de disminuir la inversión pública y reducir las transferencias a las autonomías.




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En consecuencia, obliga a una distribución asimétrica de los esfuerzos entre el Estado, por un lado, y las comunidades autónomas y los entes locales, por otro. Como también son asimétricas, al igual que en los dos años anteriores, las políticas de gasto en relación con las necesidades objetivas de los diferentes territorios. Una circunstancia que supone un grave atentado contra el principio de solidaridad que mandata la Constitución.

Estos nuevos presupuestos estatales también vulneran el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, instrumento bajo el amparo de la Unión Europea que reconoce nuestras singularidades y nuestra condición ultraperiférica. El REF no puede convertirse en papel mojado. Y eso es lo que ocurrirá si finalmente se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 que se ha presentado.

Por tercer año consecutivo, las políticas aplicadas por el Gobierno de España constituyen un freno a nuestro desarrollo económico incumpliendo los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto de Autonomía y en ese régimen específico.

Las partidas globales que reciben las Islas se reducen en cerca de 500 millones de euros con respecto al presupuesto de 2011, es decir, una disminución del 42% al pasar de 1.190 millones a los 693 millones para el próximo ejercicio.

Continúa disminuyendo, un año más, la inversión por habitante que sigue manteniéndose por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas. Y todo ello, pese a que el REF dispone textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. Como es evidente, éste es un extremo que incumple claramente este proyecto de ley.

Así, mientras el Archipiélago recibirá 155 euros por habitante, el conjunto de las autonomías percibirá 215 euros, lo que supone que cada canario recibirá 60 euros menos. Si la comparación se realiza con aquellos territorios más beneficiados, las diferencias crecen hasta los 400 euros per cápita.

Reflejo de esta distribución arbitraria es también el siguiente escenario: Canarias, con una participación del 4% en el PIB español, un 4,5% de la población y un 33% de desempleo, recibe en estos presupuestos el 3,2% del total de las inversiones estatales. Por el contrario, otras comunidades con un PIB y población similar y con una tasa de paro inferior a la canaria en casi 10 puntos, perciben cerca del 14% de estas partidas.

El caso del convenio de carreteras es especialmente significativo y la confirmación de una clara intencionalidad política para bloquear el desarrollo de Canarias. Al igual que sucedió en 2013, el gobierno del PP solo destina 54 millones de los 225 comprometidos. Con ello, el recorte de los últimos tres años supera los 462 millones de euros.

En esa línea de recorte indiscriminado, se reducen las asignaciones destinadas a infraestructuras hidráulicas, desde los 36 millones de 2013 a los 21 millones para 2014. Además, persisten en la eliminación de convenios como el de infraestructuras turísticas por importe de 50 millones de euros, o el de infraestructuras educativas que ascendía a 40 millones.

Especialmente grave es la disminución de las partidas relacionadas con el empleo, con una rebaja del 20% con respecto a 2013, pasando de 86 millones de euros a 69 millones en 2014. Entre estas deducciones se encuentra la eliminación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) que llegó a estar dotado con 42 millones de euros y que ha sido un instrumento fundamental para la formación de los parados.

Y el Ministerio de Fomento, tras dos años cerrándonos las puertas, rescata las mismas bonificaciones a las tasas aeroportuarias —vía enmienda anunciada por la propia ministra— que nosotros logramos que se aplicasen en 2010 y 2011 y que, según el ministro de Industria eran «pan para hoy y hambre para mañana». Y ahora, forzados por la caída de Barajas, se apresuran a aplicar para atraer a cuatro millones más de pasajeros.

Barajas sumó 45 millones de pasajeros el pasado año y sigue siendo el aeropuerto con más viajeros del Estado, pero lo que el Gobierno ha evitado reconocer y apoyar con políticas especiales la red de aeropuertos de Canarias, que en 2012 registró un movimiento de 35 millones de pasajeros. Fomento apuesta por rescatar un aeropuerto, pero ha cerrado durante dos años esa misma posibilidad a toda una Comunidad Autónoma.

Canarias sigue estando a la misma distancia de la Península, a más de 1.000 kilómetros de Cádiz, pero las decisiones políticas nos sitúan cada vez más lejos de un territorio cada vez más inalcanzable para las empresas canarias, cada vez menos accesible para los propios canarios. No se trata de mendigar al




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Gobierno lo que no nos corresponde ni exigir más ayudas en una etapa de fuertes ajustes presupuestarios. Se trata de denunciar y exigir que cumplan su palabra y respeten nuestros derechos.

Otro elemento que acredita que este gobierno da la espalda a los canarios es la disminución practicada en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), siendo Canarias la autonomía que sufre un mayor descenso. Paradójicamente, el Fondo fue creado, precisamente, para corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades; pero en lugar de llevar a la práctica este principio el resultado final es separarnos aún más del resto.

No queda ahí el maltrato que para Canarias supone el proyecto de cuentas estatales. Lamentablemente, hay más datos que lo confirman.

— Desaparecen todas las partidas de los planes educativos de cooperación como los programas de refuerzo, comedores escolares, transportes o ayudas a los libros de texto.

— No se dotan las partidas concernientes a las estrategias contempladas en el Sistema Nacional de Salud como el Plan de salud buco-dental, los planes de calidad o el plan funcional sobre el sida, entre otras.

— No se incluyen las partidas de la ficha adicional del POSEI en apoyo a nuestras producciones locales.

— Se mantiene en 2014 la disminución que se impuso en 2013 a la subvención destinada a la desalinización del agua, que pasó de los 17 millones iniciales a los actuales 4 millones; un incumplimiento más de nuestro REF que establece en el artículo 11.2 una compensación «que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada».

En definitiva, estos presupuestos representan un fiel reflejo de la desatención sistemática que el Gobierno del Estado presta a Canarias con unos ajustes que castigan a las Islas de forma desproporcionada y discrecional.

Unos presupuestos que instamos a corregir porque profundizan en la brecha existente entre ciudadanos y dejan en desigualdad a las Islas, provocando con ello un Estado de dos velocidades y una Canarias cada vez más alejada de España.

En este tercer presupuesto de la mayoría absoluta del PP, utilizada ésta para imponer un modelo de país donde los desequilibrios sociales y territoriales se incrementan de forma muy grave y preocupante, pretendemos corregir la orientación social y territorial de este proyecto de Presupuestos, atendiendo a las siguientes prioridades generales como son,

— Redistribuir los recursos para la financiación autonómica de forma más equitativa.

— Aumentar los Fondos de Compensación Interterritorial para mejorar la corrección de los desequilibrios territoriales.

— Reorientar la política de apoyos a la economía real entre las que deben reconsiderarse las de Tasas Aéreas de nuestro país para incrementar la competitividad del Sector Turístico.

En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público productivo puede aumentar la capacidad de recuperación de nuestra economía e implementar un mayor grado de cohesión social y territorial, a la vez que coincidimos en objetivos como los planteados para lograr una economía más eficiente y competitiva.

Consolidar estas políticas, sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha de servir en medio de una crisis económica también para hacer frente al reparto injusto de esta sus perversos efectos sociales y territoriales.

En consecuencia, consideramos que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2014, presentado por el Gobierno no aborda los problemas reales de los españoles, solo es coherente desde la perspectiva del cumplimiento de Objetivo de déficit, incrementa la atonía de la actividad económica, aumenta los desequilibrios interterritoriales y sobre todo, por tercer año consecutivo, condena a Canarias y a sus ciudadanos a un triste destino teñido de paro y pobreza, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.




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La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El gobierno del Partido Popular nos presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 muy poco creíble, basado en previsiones que, como en años anteriores, se confirmarán erróneas, y serán insuficientes para impulsar el imprescindible e inaplazable estímulo que necesita la economía de nuestro país para empezar a reducir el verdadero drama de la sociedad española actual: seis millones de personas sin trabajo y dos millones de hogares con todos sus miembros en paro.

El Gobierno ha elaborado estos Presupuestos con unas previsiones sobre la evolución de la economía española demasiado optimistas si las comparamos con las que ofrecen otras instituciones de referencia. Así, en el escenario macroeconómico previsto por el ejecutivo, el Producto Interior Bruto crecerá en 2014 el 0,7 % y la tasa de paro descenderá hasta el 25,9 %. Tanto la Unión Europea como la OCDE rebajan la predicción del crecimiento hasta el 0,5 % y el FMI espera un mínimo crecimiento de sólo el 0,2 %. En la tasa de desempleo, también hay mayor pesimismo en las predicciones. Tanto la UE como la OCDE consideran que se situará de media en el 26,4 %, y el FMI la eleva hasta el 26,7 %.

El Gobierno ha previsto un déficit para todas las administraciones públicas del 5,8 % del PIB, que se ajusta a la cifra exigida por la Comisión Europea para 2014, después de flexibilizar el plazo del plan de consolidación fiscal para España ampliando hasta 2016 el compromiso para reducir el déficit al 3%. Nuevamente, el FMI y la OCDE afean las previsiones del Gobierno, afirmando que se alcanzará un déficit del 6,7 y 6,1 % respectivamente.

Si analizamos en detalle el escenario macroeconómico que lo acompaña vemos que sustentan la recuperación, en gran medida en el menor ritmo de contracción de la demanda interna y en la consolidación de los buenos resultados del sector exterior y, concretamente en el mantenimiento de las exportaciones. Y esto, en un mercado globalizado y extremadamente sensible a cualquier tipo de inestabilidad hace que estas previsiones sean muy débiles, y puedan cambiar. Hablan de una «paulatina recuperación de la demanda interna» que tampoco se cree nadie en este escenario de alta presión fiscal y excesivo endeudamiento privado.

Con estos mimbres se ha preparado el presupuesto del Estado para 2014, y es fácil predecir que también será irreal, tanto como los dos presupuestos anteriores que han aprobado desde que están en el gobierno y que han tenido que modificar a golpe de decreto.

Pero el ministro de Hacienda no se modera en sus declaraciones y afirma con rotundidad que este proyecto de ley constituye «los presupuestos de la recuperación» de la economía española y se atreve a decir que «son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española». La triste realidad de estos presupuestos es que reducen nuevamente la inversión productiva, continúan recortando los pilares del Estado de bienestar, y consolidan la reducción de prestaciones y gasto social, especialmente a las personas más vulnerables y que, precisamente en esta coyuntura de alto desempleo, necesitan mayor protección por parte de la administración pública.




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Las únicas cifras que deberían guiar al ministro para su acción de gobierno, son las alarmantes cifras de desempleo que en España no paran de batir records, casi 6 millones de parados en la última Encuesta de Población Activa, una tasa de desempleo del 26 %, y del 55 % entre los jóvenes menores de 25 años. Además, casi dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro.

Ante magnitudes tan dramáticas, unidas al aumento espectacular de la desigualdad en España, y la recomendación de diversos organismos internacionales como el FMI, la Comisión Europea decidió flexibilizar el plazo del plan de consolidación fiscal para nuestro país. Y esto era necesario, pero no suficiente. Porque, además de relajar el ritmo del ajuste, este debería adaptarse al ritmo de la recuperación de nuestra economía. Pero, hemos estado en recesión más de un año, sin ningún ritmo. Y todos sabemos que sin crecimiento no se puede detener el aumento del déficit y la deuda pública.

También, habría que repartir de forma más equitativa los costes de la consolidación fiscal. Según el propio FMI, en el caso de España, hasta ahora, el ajuste ha estado basado en la reducción de prestaciones sociales y en el incremento de impuestos directos e indirectos provocando, consecuentemente, un aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza. Organizaciones sociales alertan de que las políticas de austeridad podrían retrasar 25 años la recuperación del nivel de vida previo a la crisis.

Pero el gobierno del Partido Popular, impasible ante tanto sufrimiento de la sociedad española, ha confirmado con este proyecto de presupuestos que no piensa rectificar su política económica. Siguen basando el ajuste fiscal principalmente en aumento de impuestos y en reducción de inversión pública, pese a todos los datos e informes que advierten que de esta forma no se genera crecimiento y aumenta el desempleo y la desigualdad.

Y es que sólo con políticas de austeridad y ajuste fiscal no es posible que haya recuperación económica. Es como un círculo vicioso. Se reduce el gasto público y se suben los impuestos. Esto reduce la renta familiar disponible y se contrae el consumo. Esto a su vez minora la recaudación de impuestos directos e indirectos y por tanto aumenta el déficit y la deuda pública. Y, si además, coincide que la economía está en recesión o tasas de crecimiento muy moderado, y hay restricción de crédito, el coctel es mortal, más recesión y más desempleo.

Por tanto, no podemos compartir la previsión de ingresos de este presupuesto porque es irreal. No sólo no se acomete una verdadera reforma fiscal que, unida a la lucha contra el fraude, ayude a recaudar suficientemente de todos los contribuyentes para financiar los servicios esenciales y evitar recortes, sino que se consolida la subida del IRPF, que justificaron como temporal, y que junto a la subida del IVA, grava principalmente a las clases medias y bajas y reduce aún más la capacidad de consumo interna.

El análisis con detalle del apartado de gastos nos reafirma en el convencimiento de la pésima gestión económica que realiza el Gobierno del Partido Popular. Para empezar, nos encontramos con un crecimiento de la deuda pública desorbitado, que alcanzará en 2014 el 97 % del PIB, provocando que la partida del pago de intereses alcance la cifra de casi 37 mil millones de euros de gasto.

Por otro lado, se reduce la inversión real de los ministerios, hasta el 16,6 % con respecto a la de 2013. Y, de nuevo, se confirma la falta de sensibilidad de este gobierno con los colectivos y las personas más vulnerables. Así, se reducen las prestaciones por desempleo y el gasto en políticas activas de empleo, se devalúan las pensiones, se consolidan los recortes en sanidad, dependencia, educación, infraestructuras, y cultura. En la inversión de I+D+i simulan un cambio de tendencia al aumentar el gasto en 70,7 millones de euros, cuando el balance desde 2011 es una reducción de más de 1.900 millones. Esto frena en seco cualquier posibilidad de progreso de nuestra economía en los próximos años.

No vamos a desgranar una a una las cifras de un presupuesto injusto e insolidario con los ciudadanos de este país. Pero si queremos resaltar la filosofía del mismo en contra de la cohesión territorial, ya que no tiene en cuenta adecuadamente, como es tónica en este Gobierno, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y, especialmente el gasto en atención social a los ciudadanos. Y esto es muy grave, y más, en una coyuntura como la actual. Vuelven a perder una gran oportunidad de demostrar aquello de lo que no son y no tienen, aunque lo presuman: solidaridad. Porque, como bien saben, las Comunidades Autónomas gastan más del 80% de su presupuesto en educación, sanidad, y servicios sociales, en definitiva, en atender las necesidades básicas y esenciales de los ciudadanos.

En relación a Cataluña, se reduce la inversión en más del 25% con respecto a la del año anterior, incumpliendo otro año más el Estatuto de Autonomía al presupuestar sólo una parte de la inversión territorializada en infraestructuras que le corresponde a Catalunya por el peso de la región en el PIB. Los Presupuestos prevén invertir sólo el 9,6 % del total cuando, en realidad le correspondería el doble,




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el 19 %. Además, no se consigna ninguna cantidad para hacer frente de las liquidaciones pendientes de los años 2009, 2010 y 2011 en los que si se presupuestó adecuadamente.

Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda rechazamos de plano este proyecto de Ley y solicitamos su devolución al Gobierno por injusto, porque no va a alentar la necesaria recuperación de la economía, no va a generar empleo, va a frenar el desarrollo y la innovación, está en contra de la cohesión territorial y, va a incrementar la desigualdad y la pobreza.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más elevado de lo esperado por el propio Gobierno.

La caída de la demanda interna explica gran parte de los errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del 2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Indicador Previsión Gobierno Dato final
Producto Interior Bruto -0,5% -1,5%
Demanda interna -2,9% -4,1%
Consumo privado -1,4% -3,1%
Consumo público -8,2% -3,7%
Inversión -2,1% -7,5%
Exportaciones +6,0% +4,1%
Importaciones -1,5% -4,0%

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva, que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más perversa de los efectos producidos en la economía. Esto es algo que el propio Fondo Monetario Internacional, en un estudio titulado «Expansionary Austerity: New International Evidence» supo ver también. Según esta visión, puesta además de relieve por la realidad económica, las medidas de consolidación fiscal sólo consiguen ahogar aún más la economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa crisis económica y social en nuestro país.




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El Gobierno adopta con estos presupuestos una política suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el 59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el 43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez, justificaría la necesidad de nuestras alternativas.

Unos presupuestos injustos fiscalmente

La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo, es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia regresiva del esquema fiscal español.




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Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89% de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades. Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997 a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del 17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía, sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo, como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores.

Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros anuales. Aunque estos presupuestos incrementan la partida de la Agencia Tributaria hasta los 949,2 millones de euros, cabe recordar que veníamos de un recorte del 7,7% en el anterior ejercicio y que la tasa de reposición del personal de la agencia sigue estando en un miserable 10%, dando cuenta de que no hay voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.

En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25%, y visto ya cuáles son los tipos efectivos, el objetivo es corregir esta injusta situación. Para lo cual proponemos que se eleve hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar otros 20.000 millones de euros.

Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores a los 12.000 millones de euros.

Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la recaudación del tributo.

También proponemos incorporar la fiscalidad ambiental como un mecanismo fundamental para el cambio de modelo productivo y como instrumento redistributivo en la sociedad. Introducir el criterio de quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema tributario pero también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.




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En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.

Unos presupuestos antisociales que consolidan el Estado del malestar

El Gobierno aprueba junto con estos presupuestos un ataque en toda regla a la capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las cantidades que van a percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este hecho se suma al incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por el anterior ejecutivo, y que provocará un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

La pretendida revalorización de las pensiones al menos un 0,25% anual no es en realidad tal cosa. Con índices de precios que se sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, lo que estamos realmente es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no sólo a tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias dependen de las pensiones para sobrevivir, sino también efectos económicos de extraordinaria importancia. El consumo se va a resentir cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es mucho mayor que en las rentas más altas. Así, un empobrecimiento de las clases trabajadoras llevará inevitablemente a un menor consumo y, por ende, un empeoramiento de la demanda interna y del crecimiento económico. Todo lo cual debilitará aún más las posibilidades de crear empleo y de salir de la crisis.

No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones el Gobierno no sólo provoca un empobrecimiento mayor de las personas jubiladas sino que también está creando incentivos para la suscripción de planes de pensiones privados. Estos planes de pensiones privados son meros productos financieros y asimismo son instrumentos insolidarios que ponen en riesgo los propios ahorros de los pensionistas, aunque en todo caso son un negocio muy lucrativo de las entidades financieras.

Las personas desempleadas, criminalizadas por parte del Gobierno con insidias sobre el fraude en las prestaciones por desempleo, no corren mejor suerte. En 2014 el Servicio de Empleo Público Estatal dispondrá de menos recursos para las políticas activas de empleo y protección a los desempleados, ya que verá sus recursos disminuidos en un 6,1% en comparación con la liquidación prevista para 2013. Con un 21% menos de recursos en términos reales que en 2011 se pretende atender a un 22% de personas desempleadas más en 2014.

Por otro lado, en un país como España que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resulta insignificante los 799 millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Más aún cuando el problema no es de falta de viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas.

El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura de la SAREB para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, mientras que ha dinamitado iniciativas democráticas por parte de determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, que trataban de evitar los desahucios como medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que interpuso el Gobierno respecto al plan antidesahucios de Andalucía fue una victoria de la troika y las entidades financieras y una severa derrota de los ciudadanos y, concretamente, de los sectores más afectados por la crisis económica.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial de estos presupuestos. Además, con un fuerte impacto de género, al no prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que ningún miembro del hogar recibe ingreso.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia y mercados. Una muestra de ello son los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que han sufrido recortes en los últimos años entre el 12 y el 20% y continúan a la baja. Los recortes, repagos y privatizaciones son particularmente injustos con los más débiles: menores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o afectados por enfermedades raras.




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En paralelo, se refuerza la mano derecha del Estado, el código penal y la represión de la contestación social, al tiempo que continúa en declive la tutela judicial efectiva, la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y la justicia gratuita. En definitiva, se refuerza la justicia como poder del Estado ligado al Gobierno mientras se debilita como servicio público sufriendo nuevos recortes, en particular en materia de personal y de la modernización necesaria para su funcionamiento.

La contrarreforma en materia de educación, para impulsar la competitividad al servicio de los mercados según se afirma en las memorias presupuestarias, se acompaña en estos presupuestos con la consolidación de los recortes. En 2014 nos encontraremos un 30,5% por debajo del nivel de gasto de 2010 en educación.

Las becas y ayudas aumentan sus créditos para 2014 pero la nueva fórmula, que introduce no sólo la renta sino también el rendimiento, supondrá una reducción de lo que perciben los universitarios y los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En todo caso, aparecen nuevos recortes en distintos programas disminuyendo los créditos para educación infantil, mejora de la difusión de la formación profesional, educación compensatoria, mejora de la calidad educativa, formación del profesorado o para movilidad de estudiantes.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

De cara a la solidaridad con el exterior, la Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0,17% de la Renta Nacional Bruta, lo que significa 234 millones menos que en 2013 y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE e incumpliendo los compromisos internacionales.

Unos presupuestos para socializar las deudas

La actual crisis económica no es una crisis de deuda pública sino de deuda privada. Ningún organismo internacional supo verlo en su momento y ninguno está actuando actualmente para resolverlo con la velocidad que corresponde. Más bien estamos asistiendo a una transferencia de deudas desde el sector privado hacia el sector público, el cual está absorbiendo asimismo los riesgos derivados.

Los presentes presupuestos predicen un incremento de la deuda pública hasta los 826.500 millones de euros, lo que viene a significar un 99,8% sobre el PIB. Cabe recordar que en 2007 la deuda publica era del 36,3% sobre el PIB, y que sólo empezó a crecer como consecuencia de la crisis y de la aplicación de los programas de rescate bancario y de las medidas anticíclicas.

Según datos del FMI, desde 2009 se han inyectado directamente en el sistema financiero un total de 63.000 millones de euros. Una parte importante de esas cantidades provino del fondo de rescate bancario firmado entre el Gobierno español y la troika. Al margen de esa cantidad, y de forma complementaria, están el resto de ayudas directas e indirectas a la banca.

No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya dejó entrever que al menos 30.000 millones de ayudas a fondo perdido no serán recuperadas por los contribuyentes.

Desde el comienzo de las medidas de consolidación fiscal los mercados financieros se han ido calmando y la prima de riesgo ha disminuido. En el marco de ese contexto el Gobierno ha calculado que en 2014 se pagarán un total de 36.590 millones de euros en concepto de intereses de la deuda pública, un 5,12% menos que en el anterior ejercicio.

Aunque tales hipótesis son muy frágiles, a tenor de cómo se están sentando las bases de la siguiente crisis, 36.590 millones de euros es una cantidad imposible de atender sin provocar una merma brutal en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Y, desgraciadamente, así está siendo. Los cambios institucionales llevados a cabo por los Gobiernos de PP y PSOE, especialmente la reforma de la constitución en 2011, han llevado a la creación de una palanca financiera para el desmantelamiento de los servicios públicos.

Además, el perverso e inmoral triángulo financiero creado por las instituciones de la actual Unión Europea, y que permite una transferencia legal de dinero desde lo público a lo privado por medio de la




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deuda, sigue abierto. Así, las entidades financieras tienen barra libre para endeudarse con el Banco Central Europeo a tipos de interés muy reducidos, mientras que utilizan ese dinero para prestar a las administraciones públicas, a través de diversos programas —como el plan de proveedores— o directamente por medio del mercado de deuda pública, y lograr de ese modo ingentes beneficios a costa del contribuyente. Sin que, por supuesto, se haya logrado reconectar al sistema financiero con su función de prestamista a la economía real.

De hecho, la reestructuración del sistema financiero, que continúa en estos presupuestos, está lejos de ser exitosa. Al menos de acuerdo a los propósitos oficiales de volver a abrir el grifo del crédito. Todavía el 21% de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas y medianas señalan que el principal problema que enfrentan es el acceso al crédito. Siendo verdad que esos datos eran ligeramente superiores hace tres años, lo cierto es que manifiestan lo lejos que queda la consecución del objetivo de volver a canalizar el crédito.

En todo caso, el Banco Central Europeo, así como el resto de bancos centrales de occidente —muy particularmente la Reserva Federal y el Banco de Japón—, está manteniendo una política monetaria expansiva verdaderamente ineficaz. El dinero no llega a la economía real sino que se mantiene en la esfera financiera, hinchando una nueva burbuja de activos financieros que tarde o temprano terminará estallando como hiciera en su momento la burbuja inmobiliaria. La razón por la que no son medidas válidas es que estamos ante un momento económico llamado «trampa de la liquidez» que refleja que sin incentivos para la inversión —y con la debilidad tan acusada de la demanda interna, y con sus expectativas también a la baja— incluso con un sistema financiero sano no habría motivos para endeudarse.

Pero además el Gobierno sigue ignorando un problema fundamental, y que de hecho está en el origen de la presente crisis, que es el endeudamiento privado. El endeudamiento de los hogares españoles está en torno al 130% de su ingreso bruto disponible, con lo cual todos los esfuerzos de los hogares están destinados a reducir esa exposición tan bestial. La política de estos presupuestos, de empobrecimiento de las rentas más bajas, sólo empeora el problema al aumentar la dificultad para devolver las deudas. Los impagos y los intentos por reestructurar las deudas de los hogares están y estarán a la orden del día. De ahí que sea necesario poner en marcha programas públicos de reestructuración de la deuda privada, como se ha hecho en otros tiempos históricos.

Unos presupuestos inútiles para el cambio de modelo productivo

La dotación para inversión real directa en los presupuestos consolidados para 2014 disminuye el 9,8% y, en particular, la política de infraestructuras lo hace un 17,1%. Aún considerando la inversión que realiza el sector público empresarial, lo cierto es que el esfuerzo inversor público es insuficiente para una economía en recesión y con una tasa de desempleo tan escandalosa como la nuestra.

Pero más allá del efecto multiplicador de la inversión, su composición es igual de importante y en estos presupuestos la apuesta sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de cercanías y de media distancia. Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.

Además, el desmantelamiento de las empresas públicas del transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo, amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad. El transporte y las infraestructuras deben ser un servicio público de gestión directa que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.

En materia de investigación estos presupuestos confirman la profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.




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Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100 millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no por la vía de la degradación de los salarios.

Desde el punto de vista energético, en un contexto de continúo encarecimiento de los costes de la energía, el Gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este sector estratégico para la economía.

La partida para desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los presupuestos de 2011 y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153 millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico, este programa representa el 0,2% del total de industria y energía. En línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

En materia de medio ambiente, la reducción en las partidas del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales evidenciando que los presupuestos no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.

Esta cuestión adquiere gravedad en programas como el de ordenación territorial de los recursos hídricos en el que desciende un 81% la dotación a las sociedades de aguas, o el de actuaciones en la costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los tres casos se trata de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del 75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo desde que existe el programa, obviando los riesgos que está corriendo este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación, biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y decadente.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente, que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Unos presupuestos recentralizadores

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad.




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El Gobierno pretende que sean las entidades territoriales las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5% educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0% respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

Otro elemento que caracteriza a estos presupuestos es la falta de lealtad institucional.

Son unos presupuestos que no cumplen con Catalunya e incumplen un año más la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya que fija el porcentaje de inversiones que se deben destinar en proporción a la participación en el producto interior bruto. No sólo no prevén compensar la deuda pendiente con la Generalitat sino que si en el año 2012 ya no se cumplía con el porcentaje de inversiones que marca la ley, este año se reduce un 25,5% más. Algo inasumible para la población que acumula un déficit de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento que limita la movilidad, el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

Unos presupuestos al servicio de intereses particulares

Los presentes presupuestos no se han redactado en los despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y, de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos institucionales —la troika—. El volumen de ayudas a la banca, la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno y de las actuales sociedades europeas.

La reforma constitucional de 2011, por parte de PP y PSOE; la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera; y la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son pasos todos ellos a favor de la creación de una camisa de fuerza claramente injusta e inapropiada para el momento histórico. Y se suman al Tratado de Maastricht, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto Fiscal, entre otros, que han consolidado una forma ideológica de concebir la economía que es, en última instancia, responsable de nuestra dramática situación.

En definitiva, estos presupuestos no sólo sientan las bases de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos de cualquier Institución son el instrumento básico para la definición, desarrollo y gestión de las prioridades políticas de dicha Institución.

En este sentido tenemos que hablar de definir las prioridades de la ciudadanía, hablamos del nivel y de las características de los servicios públicos que el Gobierno del Estado quiere ofrecer a la ciudadanía, al igual que marcar los criterios y maneras de repartir socialmente el costo que dichos servicios necesitan.




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Es de sobra conocido que los Presupuestos Generales del Estado 2014 vienen a situarse dentro de una profunda crisis económica a la que evidentemente tienen que responder. Crisis económica definida en un contexto europeo que ha tenido graves repercusiones sociales y en el que la ciudadanía europea ha mostrado su más aguda crítica, donde la política de ahorro como estrategia divide a Europa, puesto que los Gobiernos la aprueban mientras la ciudadanía las desaprueba. Un entorno donde los Estados han visto restringidos sus márgenes de maniobra en el ámbito presupuestario, sufriendo continuas exigencias de recortes, austeridad del gasto y una serie de reformas que no han sido entendidas por la ciudadanía.

Los colectivos de ciudadanos/as que menos han influido en la crisis son, sin embargo, los que más la sufren; con unas tasas de paro muy altas, con una capacidad de negociación salarial inexistente, con una pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones y con un largo etc.

Con una deuda pública desbordada cercana a los 980.000 millones de euros; con una inversión pública muy baja que hace que tengamos que ser muy pesimistas de cara al futuro.

Aunque el Gobierno intente transmitir el mensaje de que lo peor ya ha pasado, la realidad es que las familias que tienen un salario medio o ayudas que tiene algunos miembros en paro, no han recibido todavía señales positivas como para que alberguen esperanzas.

La Unión Europea tiene un gran retraso con respecto de los competidores con un gran compromiso en I+D+i que no se percibe en estos Presupuestos.

En este marco, pues, y con el objetivo de déficit público como guía y restricción, el Gobierno presenta unos Presupuestos que desde el Grupo Vasco nos parecen rechazables, y es por lo que presentamos una Propuesta de Veto a los mismos. Los motivos de carácter general son:

— La pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones.

— La caída considerable de la inversión pública.

Concretando el análisis en la aplicación de estos Presupuestos en relación a Euskadi, hay que señalar que nuestro Grupo Parlamentario considera de extrema gravedad la nula implicación del Gobierno del Estado con Euskadi, con un escaso 0’4% de inversiones del total.

Un Proyecto que está sufriendo el olvido por parte del Gobierno del Estado es el Proyecto de «Y» ferroviaria vasca. Proyecto que está sufriendo continuas demoras y no cumple siquiera con los objetivos marcados por la Unión Europea en el ámbito del transporte.

Dado esto, hace que el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) solicite la devolución del Proyecto al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados no son los que necesita el país para salir de la crisis económica.

Tras dos años del Gobierno del Partido Popular el escenario económico, social y político en España es muy preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema y la devaluación salarial de la clase media que contienen estos Presupuestos.

Los resultados de la política económica aplicada hasta el momento han sido evidentes: una tasa de paro que resulta intolerable, sobre todo entre los jóvenes y los parados de larga duración, recortes inútiles e injustos del gasto en educación, I+D+i, sanidad y dependencia, que no han conseguido controlar el déficit del Estado ni la deuda pública, así como la creciente desigualdad y persistencia de un endeudamiento




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estructural que encarece la financiación del sector privado. De este modo, la gran mayoría de los ciudadanos están sufriendo una pérdida de bienestar social y material que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por los partidos conservadores europeos.

España, entre otros países, se ha beneficiado de un tímido cambio en la senda de consolidación fiscal que se ha suavizado por parte de las instituciones europeas, reconociendo que el objetivo no era tanto la cifra de déficit público, sino la continuidad del esfuerzo estructural para reducir el desequilibrio en las cuentas públicas. Este cambio en la intensidad de la reducción del déficit que veníamos pidiendo con insistencia los socialistas europeos, junto con el dinamismo de las exportaciones y la reducción de las tensiones financieras, van a favorecer la estabilización de la economía española. Sin embrago, como reconoce el propio escenario macroeconómico presentado por el Gobierno, el crecimiento económico va a ser insuficiente y se va a seguir destruyendo empleo neto durante el próximo año. La exigua reducción de la tasa de paro en 2014, que quedará en todo caso muy por encima de la que se encontró el Gobierno en 2011 (21,6%), se debe fundamentalmente a la caída de la población activa, que se ha reducido en el último año en casi 350 mil personas. Va a continuar la debilidad de la demanda interna que se refleja en la contribución negativa al crecimiento y, especialmente, el consumo y la inversión privada apenas avanzan debido a los ajustes que está adoptando el Gobierno.

La estrategia de salida de la crisis adoptada por el Gobierno se ve reflejada en las grandes orientaciones de política económica de los Presupuestos para 2014, que consiste en continuar recortando los pilares del Estado de bienestar y continuar ajustando los salarios de los trabajadores aumentando el poder de decisión de los empresarios, lo que resulta totalmente insostenible, pudiendo generarse a medio plazo graves conflictos sociales.

De ninguna manera pueden calificarse estos Presupuestos como los «de la recuperación económica», como pretende sostener el Gobierno, porque siguen teniendo un marcado carácter restrictivo. Los seis millones de parados van a constatar cómo se seguirá destruyéndose empleo neto el próximo año y se dedicará menos dinero a prestaciones por desempleo. Los nueve millones de pensionistas y los 2,8 millones de empleados públicos van perder poder adquisitivo. Muchos estudiantes se van a quedar sin beca por los cambios introducidos en los nuevos criterios de acceso y los enfermos crónicos graves van a tener que afrontar un nuevo copago hospitalario del 10% de su tratamiento.

Por tanto, el Gobierno está fuera de la realidad que viven millones de ciudadanos españoles en el día a día que están haciendo auténticos milagros para llegar a fin de mes. En este sentido, el Informe del Consejo de Europa sobre el Estado de los Derechos Humanos en España, publicado el pasado 9 de octubre, alerta de que los recortes efectuados en los presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un preocupante incremento de la pobreza de las familias, existiendo el riesgo de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social.

Y todo ello, mientras el Gobierno del Partido Popular lleva a España al mayor endeudamiento público de toda su historia democrática, superando el billón de euros. La propia Comisión Europea ha dicho que, en 2015, la deuda pública superará el 100% del PIB. Además, las ayudas a las entidades financieras, que han provocado en parte este aumento de la deuda pública, no han servido para la reactivación del crédito a las familias y empresas.

En relación con el cuadro macroeconómico en el que se van a desarrollar los presupuestos, las recientes proyecciones del FMI, sin perjuicio de las divergencias en las previsiones de crecimiento, aseguran que durante 2014 se seguirá destruyendo empleo (más de 120.000), con la tasa de paro más alta de la UE (casi el 27%, por encima de la tasa de paro de Grecia), ocupando la economía española el próximo año el puesto 182, de un total de 188 países, con peor evolución del PIB. Por ello, creemos que existe un evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que erosionaría aún más la credibilidad del principal instrumento de la política económica del Gobierno.

En el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2014 son, de nuevo, poco consistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un contexto de muy débil crecimiento. Siguen sin acometerse reformas en profundidad de las principales figuras tributarias, y una lucha decidida contra el fraude, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que evite los recortes en políticas sociales, es decir, que paguen quienes no lo hacen y quienes contribuyen por debajo de sus posibilidades. Mientras tanto, se extiende a 2014, y quien sabe si a 2015 también, la aplicación del gravamen complementario del IRPF lo que, junto a la subida generalizada




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del IVA, hace que sean las clases medias y bajas las que soporten la mayor parte del incremento del esfuerzo fiscal.

En el capítulo de gastos, el pago de los intereses de la deuda sigue siendo la mayor partida de gasto no financiero (36.600 millones de euros), representando más que todo el gasto de personal al servicio del Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión pública, que se sitúa en niveles de finales de los años 80, y la financiación de los servicios públicos esenciales.

Las inversiones reales de los Departamentos Ministeriales en los Presupuestos se reduce de nuevo un 16,6% con respecto a 2013. Ello demuestra, una vez más, que la anunciada reducción del 4,7% del gasto disponible para los Ministerios no supone una austeridad en el funcionamiento de la Administración General, sino que refleja el brutal recorte a que se ve sometida la inversión pública, lo que tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Los recortes de los presupuestos del Gobierno del Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas activas de empleo en porcentaje del PIB, acumulando una reducción del 44,8% con respecto de los Presupuestos de 2011 (-3.280 millones de euros). En inversión en I+D+i, se ha producido un drenaje de recursos de 1.943 millones de euros desde 2011, por lo que el exiguo incremento de 70,7 millones de euros que experimenta el Presupuesto para 2014 no puede hacer variar la realidad de que la mejora de la productividad de la economía española, variable clave para la sostenibilidad a medio y largo plazo, no es una prioridad para este Gobierno.

En relación con la política educativa, el conjunto de los tres presupuestos del Gobierno del Partido Popular habrán reducido las partidas de gasto en 700 millones de euros anuales, lo que es una expresión inequívoca, junto con la Ley Wert y los cambios introducidos para acceder a una beca, del proyecto educativo de la derecha para este país, que no es otro que dinamitar el principio de igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública. Es necesario recordar que con los gobiernos socialistas nos equiparamos al resto de los países de la Unión Europea al acercarse el gasto dedicado a educación al 5% del PIB, mientras que el Gobierno del PP ha comprometido una reducción de la inversión en educación de hasta el 3,9% del PIB.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la situación sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa crisis, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. En la presentación de los Presupuestos para 2014, el peso del gasto social se cifra en el 52,6% del gasto total, lo que supone una caída de 4,4 puntos porcentuales respecto de 2011.

En definitiva, el Gobierno sigue recortando, o no dotando suficientemente, en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el futuro y salgamos con un modelo más sólido: en educación, en I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en infraestructuras.

Por si todo lo anterior fuera poco, la actualización del Plan de Ajuste Presupuestario de las Administraciones Públicas que el Gobierno ha remitido a Bruselas prevé, sin aportar el detalle de las medidas a adoptar, un ajuste adicional durante 2014 y 2015 de 8.600 millones de euros para las Comunidades Autónomas, y de 8.800 millones de euros para las Entidades Locales. Tal previsión va a provocar un indudable deterioro en la prestación de servicios públicos esenciales (educación, sanidad, servicios sociales...), confirmando que el modelo de salida de la crisis del PP se basa sólo en empleos precarios, bajos salarios y sistemático desmantelamiento del Estado del Bienestar, lo que tendrá un impacto muy negativo en las condiciones de vida de millones de españoles.

En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para luchar contra el desempleo, que es el principal problema de los españoles, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos, pueden carecer de la necesaria credibilidad en momentos cruciales para España, continúan profundizando en el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la precariedad en el empleo y no contienen ninguna medida eficaz para combatir la crisis económica en la que continua inmerso nuestro país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y solicita su devolución al Congreso de los Diputados.




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El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 no es el adecuado desde la perspectiva de impulsar el crecimiento, la competitividad y la salida de la crisis, no lo es en lo que atañe a promover la creación de empleo en una economía cuya tasa de paro supera el 26% y tampoco es el adecuado desde la perspectiva territorial catalana, son presupuestos que castigan Catalunya.

Se trata de un Proyecto de Ley de presupuestos de continuidad respecto a los aprobados para 2012 y 2013. Por la vía de los ingresos, el Gobierno prorroga para 2014 los importantes incrementos de la presión fiscal efectuados en 2012 y en 2013, lo cual poco puede contribuir a estimular el crecimiento. Por la vía del gasto y de la fijación de objetivos de déficit, de nuevo para 2014 la administración central vuelve a centrifugar déficit y tensiones presupuestarias hacia las Administraciones territoriales, tensiones que nada tienen que ver con las que se aplica a su propio presupuesto.

El Proyecto de Ley no contiene estímulos a la recuperación, al crecimiento o a la mejora de la competitividad. Tampoco incorpora estímulos a la creación de empleo, con estos presupuestos la demanda interna y el consumo seguirán reduciéndose, con el negativo impacto que ello comporta sobre el bienestar de la población. Los principales ajustes en el gasto se centran de nuevo en las políticas de mayor incidencia social: dependencia, servicios sociales, sanidad, educación o del gasto destinado a la administración de justicia cuyo presupuesto también se reduce.

No contienen prioridades definidas de inversión que maximicen su eficiencia en términos de coste/beneficio, con carácter previo a su realización. En definitiva, no son unos presupuestos orientados a propiciar la salida de la crisis ni el inicio de la recuperación del empleo.

Desde la perspectiva territorial son unos presupuestos que castigan Catalunya, si el conjunto de la inversión del Estado desciende un 8%, la que está territorializada en Catalunya desciende un 25%; sólo un 9,6% de la inversión territorializada del Estado va destinada a Catalunya, la mitad del porcentaje que representa la economía catalán en el conjunto del PIB del Estado y menos de la mitad de lo que suponen las exportaciones catalanas en el conjunto de la exportación del Estado. Demasiados proyectos de inversión en curso y muy relevantes para Catalunya aparecen con dotación cero o con dotaciones ridículas.

Falta inversión, faltan transferencias y falta más lealtad del Estado con las Administraciones Territoriales catalanas, en particular con la Generalitat, con el fin de que estas puedan seguir siendo motores y catalizadores de la actividad económica territorial y que puedan ejercer plenamente sus responsabilidad de garantes de una parte muy relevante del estado del bienestar.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, solicitando su devolución al Gobierno.




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II. ENMIENDAS QUE IMPLICAN LA IMPUGNACIÓN COMPLETA DE UNA SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

ENMIENDA NÚM. 180

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Proyecto de Presupuestos para 2014 consolida definitivamente la estrategia del Gobierno de renunciar a garantizar la igualdad en servicios básicos y prestaciones de todos los ciudadanos, sea cuál sea la Comunidad Autónoma de su residencia, por mor de extinguir todos los programas que financiaban tal garantía. Las competencias que han asumido las Comunidades dejan de tener financiación al margen del sistema de financiación autonómica.

En Sanidad, se produce una nueva rebaja del 0,4% sobre el descenso del 3,1% del ejercicio anterior, poniendo al borde de la desaparición el Fondo de cohesión sanitaria que, si en el presente ejercicio ya sufrió un recorte del 61%, para el 2014 se le añade otro ajuste del 40%. Los recortes, repagos y copagos están deteriorando el Sistema Nacional de Salud y perjudicando sobremanera a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión y a quienes tienen menores ingresos.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial de estos presupuestos, después de que en 2013 se impusiese una rebaja del 14,4%. Se mantiene la misma consignación para el Nivel Mínimo Garantizado, lo cual es una declaración expresa de la voluntad del ejecutivo de hibernar el sistema de atención a la dependencia, sosteniendo la desaparición de la aportación del nivel concertado. Todo ello, además, con un fuerte impacto de género, al no prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que ningún miembro del hogar recibe ingresos y el nivel de pobreza afecta ya casi a una cuarta parte de la población.

También se mantiene la débil financiación de la Red Básica de Servicios Sociales.

Por otro lado, el Proyecto de Presupuestos cierra los ojos las consecuencias que tendrá en los Servicios Sociales la aplicación, una vez aprobado, del Proyecto de Ley de Reforma del Régimen Local.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia y mercados.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la totalidad de la Sección 26: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ENMIENDA NÚM. 211

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más elevado de lo esperado por el propio Gobierno.




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La caída de la demanda interna explica gran parte de los errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del 2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva, que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más perversa de los efectos producidos en la economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014. Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el 59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el 43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de




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estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las finanzas.

Por último, en materia de investigación estos presupuestos confirman la profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100 millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no por la vía de la degradación de los salarios.

Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la totalidad de la Sección 27: Ministerio de Economía y Competitividad.

ENMIENDA NÚM. 249

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Enmienda a la totalidad de la Sección 36, Sistemas de Financiación de Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

Estos presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las Comunidades Autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Además se ignora que el próximo año debería entrar en vigor un nuevo sistema de financiación autonómica.

En estos presupuestos las transferencias del gobierno a otras Administraciones Públicas, se recortan drásticamente, en 2.328 millones de euros, una rebaja del 4,8%. Se rebajan las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia Global un 15,6%, la aportación del Estado al Fondo de Garantía en un 3,5% y a las CCAA en su conjunto se reduce un 18,87%. Las transferencias a los entes locales se congelan, con un incremento del 0,04%. Pero eso se produce tan sólo por el importante incremento de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, ya que disminuye fuertemente tanto la partida de Participación de ayuntamientos en los ingresos del Estado como la partida de Participación de las diputaciones y cabildos insulares en los ingresos del Estado.




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Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la falta de lealtad institucional. Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ya que no se reconocen las deudas pendientes.

ENMIENDA NÚM. 250

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Enmienda a la totalidad de la Sección 60, Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

A pesar de que el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social está en trámite parlamentario, los presupuestos de 2014 están anticipando su aplicación con una revalorización de tan sólo el 0,25% de las pensiones, muy por debajo del IPC. Así pues, se suspende para el ejercicio 2014 la aplicación de lo previsto en el artículo 48 de la Ley General de la Seeguridad Social. Y se hace por segundo año consecutivo, tal y como ya hizo el Real Decreto ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. En definitiva, este incremento del 0,25% no queda más en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las personas pensionistas verán como pierden de forma pronunciada su poder adquisitivo.

ENMIENDA NÚM. 262

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Formulamos veto a la sección 12 por estar en contra de los principales objetivos políticos que se plantea en sus distintos programas e incluso en sus prioridades y previsiones económicas para hacerlos realidad.

Efectivamente, tal y como apuntaban los presupuestos de 2012 y 2013 se consolida la tendencia de la política exterior española a retornar como punto de partida 2004, optando por la confrontación y dejando en el olvido relaciones internacionales basadas en el dialogo político y la cooperación.

La acción exterior del Gobierno parece seguir supeditada a los intereses comerciales. En ejercicios anteriores nuestro Grupo Parlamentaria citaba casos muy significativos como la actuación REPSOL YPF en Ecuador objeto de numerosas denuncias de daños medioambientales violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, o más recientemente, el fuerte rechazo de las comunidades indígenas campesinas de Barillas en Guatemala contra el proyecto de la empresa española Hidralia. Nada apunta a que se vayan a producir cambios, condicionando su acción del Estado en el exterior a los intereses de las grandes multinacionales españolas de los diversos sectores. Solo así puede entenderse la creación de nuevos consulados en India y China, al mismo tiempo que se cierran consulados que afectarán de forma importante a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, como sería el caso del cierre del Consulado de Basilea.




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Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del 4,4% más el recorte acumulado, en contra lo manifestado por el Gobierno calificándolo como «austero» pero «asumible», a nuestro juicio estará muy lejos de situar la política exterior a la altura de una política de Estado. La reducción embajadas y consulados y organismos internacionales donde España contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio de fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca España. Este presupuesto significará debilitamiento de la acción bilateral, multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor presencia y representación tanto en la UE como en los organismos multilaterales.

Igualmente importantes son los recortes de personal que definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la acción consular sino que además son insuficientes a llevar a cabo la futura Ley de Acción y del Servicio Exterior actualmente en esta Cámara. De hecho los españoles residentes en el extranjero ya están percibiendo las dificultades que se derivan de los recortes en la atención que reciben en Secciones Consulares y Consulados hasta para obtener certificaciones o una simple fe de vida.

Por otra parte, al haberse introducido para la participación electoral de los emigrantes en los procesos en los que todavía pueden hacerlo el voto rogado y el ejercicio en urna en los Consulados, los ajustes afectan a derechos constitucionales básicos.

Por otra parte, el ajuste toca también al Instituto Cervantes que en el ejercicio 2013 ya vio recortado su presupuesto en un 13% y según reconoció el Gobierno en las recientes comparecencias ahora gestionará un presupuesto 3,7% más bajo de lo que gestionó en 2013, que se traducirá en el cierre de centros importantes.

Este Grupo Parlamentario no puede permanecer impasible, y mostramos nuestra oposición a unos presupuestos que en la práctica no irán destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de orden mundial justo y solidario y que incumple los compromisos adquiridos por España en la lucha contra la pobreza.

En cuanto a derechos humanos, queda claro que tampoco es una prioridad del Ministerio. Parece que nada cambia, inmovilismo absoluto ante las violaciones de Derechos Humanos en Palestina, Sahara Occidental o Guinea Ecuatorial, por citar algunos ejemplos, en los que lamentablemente la política exterior del Estado no se implica. No únicamente se trata de mantener el compromiso en los organismos internacionales sino que además sería necesario incrementar las transferencias destinadas a entidades sin fines de lucro que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos.

Por último, la política de cooperación de este Gobierno nos conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional para el desarrollo. La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0.17% de la RNB, lo que significa 234 millones menos que en 2013, y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE, incumpliendo los compromisos internacionales.

La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. El recorte de este año se suma a los iniciados en 2010 y suponen en conjunto 2.755 millones de euros menos, lo que implica el desmantelamiento de la política de cooperación española. Además cabe destacar que del total de fondos destinados a AOD, un 55% estará gestionado por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la política de cooperación y el único que cuenta con una Agencia especializada y con capacidades, la AECID, en la materia.

Un desmantelamiento que se ilustra en la reducción de un 10% en el presupuesto de la AECID, que ya había experimentado un recorte muy importante en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un descenso en sus fondos de más de 631 M en los tres últimos ejercicios presupuestarios. Ello supone que únicamente el 12% del total de la AOD de la Administración General del Estado será gestionada por la AECID.

Los presupuestos para el 2014 también castigan especialmente a los fondos destinados a Convenios con ONGD que descienden en un 65%, lo que significa casi 50 millones menos que en 2012, hecho que entra en con la visión del propio Gobierno que considera la cooperación vía convenios como «un tipo de ayuda que va muy directamente a los ciudadanos de los países en desarrollo y que, además, financia buena parte de lo que es el apoyo a uno de los agentes principales de la cooperación para el desarrollo».

El FONPRODE es 100% reembolsable, infringiendo de nuevo la Ley del FONPRODE y reforzando la tendencia hacia la financiarización de la política de cooperación española que se inició en 2011.




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ENMIENDA NÚM. 276

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

La Justicia y la posibilidad de que los ciudadanos acudan en defensa de sus derechos a jueces y tribunales no es una prioridad para este Gobierno.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se ha previsto para Justicia la cantidad de 1.500,75 millones de euros. Se trata de una reducción de un 2,17% en relación con la cantidad prevista en 2013. Se trata de un nuevo recorte presupuestario sostenido desde el inicio de la legislatura, progresivo y continuado, pues en los presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21% respecto del año 2012.

Las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno junto a las anunciadas (a pesar de la confusión existente entre borradores, informes de expertos, anteproyectos o simples anuncios propagandísticos del Ministro de Justicia) sustentadas por los presupuestos de la sección 2012, 2013 y 2014, suponen en su conjunto un ataque sin precedentes al servicio público de la Justicia y una limitación de la posibilidad de los ciudadanos de conseguir accede de forma efectiva a la Justicia. Los presupuestos para 2014 son un paso más en el «desmontaje» de la Justicia puesto en marcha por este Gobierno.

El gasto destinado a la Administración de Justicia en los PGE para el año 2014 supone sin duda una nueva involución en el proceso modernizador de la administración de justicia retrocediendo hasta el año 2008 para encontrar una previsión de gasto similar, que entonces se situó en 1480 millones de euros.

Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades reales de una administración de justicia históricamente deficitaria en recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Resulta ilustrativo que no haya mención alguna al carácter de servicio público de la Justicia. Toda una declaración de intenciones que parece encontrar acomodo en las reformas propuestas por el Gobierno y en las prioridades del gasto en la sección.

Por otro lado, en materia de inversiones, se baja de 74,94 millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado de nuevas tecnologías y en el ámbito del Plan de Modernización. Con el presupuesto presentado por el Gobierno difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de los problemas pendientes de la justicia española: modernización e implantación de la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a las Comunidades Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas tecnologías, etc.

Tampoco la implantación de los tribunales de instancia, ni la reordenación de partidos judiciales o el avance en la implantación de oficinas judiciales pueden llevarse a cabo sin nuevas inversiones, y según nuestras estimaciones con este presupuesto ni siquiera llegan para el mantenimiento de la estructura actual, lo cual es indicativo de que a pesar de que el discurso oficial sea el de que las reformas a impulsar no significarán cierre de sedes judiciales, la realidad va a ser otra. Así, los ciudadanos, además de tener que afrontar el pago de las tasas judiciales, deberán sufragar el coste de los desplazamientos forzados.

Destaca también la partida destinada a sufragar el beneficio de la Justicia Gratuita cuya cuantía asciende 34 m/¤. Pese a existir un incremento respecto el año anterior, debemos destacar que la partida supone la demostración de una doble falsedad. Por una parte, frente a la afirmación del Ministerio de Justicia en los PGE de construir una justicia de «puertas abiertas», se ha establecido una justicia blindada para quienes tengan recursos o para se sitúen por debajo del umbral de la pobreza mediante la imposición de las tasas judiciales.

La segunda además supone una rotundo incumplimiento del Gobierno cunado justificó la implantación de las tasas judiciales para destinarlas a la partida de justicia gratuita. Los PGE prevén una previsión de ingresos por tasas judiciales de 365 m/¤ para 2014, y de forma sonrojante solo se destinan 34 m/¤ para Justicia Gratuita. En ese sentido hemos de recordar que la recaudación corresponde a todo el estado y




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que la partida de gasto se debe repartir posteriormente entre los territorios gestionados por el ministerio y los gestionados por las Comunidades Autónomas con competencia transferida. Aspecto que no se establece ni en los presupuestos ni en la descripción general de objetivos y que el Ministerio debería aclarar.

Lo cierto es que no salen las cuentas, ante el flagrante incumplimiento de sus compromisos públicos. Si el dinero de las tasas no se invierte en mejorar la Justicia Gratuita, resulta necesario que el Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales.

Debe llegarse a la conclusión de que las tasas han tenido una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente, se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la población en función de su capacidad económica. Esta privatización del servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de los Registros Civiles. Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal, aunque la previsión del proyecto de crear 50 haya sido duplicada en el trámite del Congreso, tal número sigue siendo insuficiente. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Ello resulta incompatible con el enorme volumen de procedimientos por resolver en el conjunto de nuestro sistema judicial, que en la actualidad se sitúa en 2,6 millones de asuntos pendientes.

No se da una salida al colectivo de jueces y magistrados sustitutos, y la carga de trabajo sin crear nuevas plazas repercutirá aún más negativamente en el servicio público, ya de por sí en derribo. Además consideramos, que las plazas deberían hacerse extensivas a Secretarios Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se han ido cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación de trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las reivindicaciones sindicales sobre la eliminación del límite máximo del 10% de la tasa de reposición de efectivos con el fin de que se puedan convocar todas las plazas vacantes no cubiertas por personal titular en esta Administración de Justicia.

Por contra resulta significativo que pese a la reducción de competencias del CGPJ y el contexto de crisis, que afecta a la práctica totalidad de los presupuestos, la partida destinada al mismo ha sufrido un recorte moderado.

Un último apunte, muy significativo, la desaparición de la partida de reparación a las víctimas de la Guerra Civil «a la espera de que se puedan estudiar nuevas subvenciones» refleja claramente en este presupuesto las prioridades del Gobierno.

En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit por la vía de la disminución del gasto público. Al contrario, suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización de nuestro sistema judicial.

ENMIENDA NÚM. 291

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

La presentación del proyecto de los Prepuestos Generales del Estado (PGE) siempre genera una gran expectación y un enorme debate público, pues se supone que son las cuentas que han de señalar los derroteros de las políticas públicas del estado para el próximo año. Esto es relativamente cierto, pues la




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realidad es muy diferente. El presupuesto público sufre innumerables alteraciones a lo largo del ejercicio que lo modifica substancialmente, de tal manera, que al finalizar el año puede haber sufrido un cambio radical.

Esto es lo que ocurre anualmente con el presupuesto militar. Resulta que cada año durante la ejecución del gasto asignado al Ministerio de Defensa se añaden recursos al presupuesto inicial procedentes de diferentes ámbitos, un aumento que en los últimos diez años arroja una media anual de 1.500 millones de euros extras sobre asignación inicial. Lo que es sin duda un engaño, pues demuestra que muchas de las partidas presupuestarias están infravaloradas, y que se completan a lo largo del ejercicio con aportaciones extraordinarias.

De esto podemos deducir que el gasto real en defensa del Estado español, recogido en los PGE es manifiestamente insuficiente, por no decir falso, pues puede alcanzar un 154% sobre el inicial, como ocurrió en el pasado año 2012.

Esto es especialmente significativo en dos de las partidas presupuestarias: el pago de los compromisos adquiridos con los Programas Espaciales de Armamentos (PEAs) y las misiones militares en el exterior.

De esta manera, los presupuestos de 2014 en lo relativo a los PEAs son un calco de los del ejercicio de 2012 y 2013. Se sigue la misma estrategia de no contabilizar este gasto en los PGE, aunque ya se conozca de antemano, pues se tiene la seguridad de que el crédito se va a conseguir con asignaciones extraordinarias.

De hecho, tanto en 2012 como en 2013 se acudió a esta vía para conseguir créditos por importe de 1.782,711 y 877,3 M¤, respectivamente. ¿Ocurrirá lo mismo en 2014? Sin duda, Pedro Argüelles, Secretario de Defensa ha asegurado que recurrirá de nuevo a créditos extraordinarios para hacer frente al pago de los PEAs.

La otra partida que cada año es consignada de manera insuficiente son las operaciones militares en el exterior, denominadas de manera eufemística de «mantenimiento de la paz», —pues no es lo que están llevando a cabo en Afganistán ni en las aguas del océano Índico y que cada año tienen una aportación anual de 14,36 millones. En el año 2012 cerraron el ejercicio con un coste de 766,8 millones y este año 2013 en el mes de marzo ya tenían aprobada una aportación de 514,5 millones que al finalizar el año será superior.

Ambas partidas, son un caso manifiesto de fraude presupuestario para ocultar a la oposición política y a la opinión pública el verdadero presupuesto militar. Se consignan de manera insuficiente estas partidas, para después incrementarlas con diversos mecanismos contables.

Modificaciones que provienen de diversos ámbitos, como son los créditos extraordinarios para hacer frente al pago de los PEAs; las partidas ampliables que son traspasos que provienen de un cajón desastre denominado Fondos de Contingencia; o algunas transferencias externas procedentes por ejemplo de Naciones Unidas con motivo de las misiones en el exterior, e ingresos propios generados por la enajenación de patrimonio de Defensa (viviendas, terrenos, cuarteles y venta de armas).

De todo ello indicadores del gasto militar previsto para 2014 muestran que el gasto militar diario es ligeramente superior al año 2013 y representa 45,27 millones diarios, un 1,58 del PIB, lo cual indica una aportación por persona/año de 353 euros para sufragar una incógnita denominada Defensa Nacional.

Además, las variaciones en la inversión militar aumentarán en un 17,1%, que pasarán de 769,1 en 2013 a 900,5 millones 2014.

La variación más significativa en los PGE es la correspondiente a la investigación militar para el ejercicio 2014 que es de 506,84 M¤. En el año 2013, el presupuesto de este apartado ascendió hasta los 363,38 M¤, lo que representa un aumento del 39,5%.

En relación al apartado correspondiente al presupuesto para la investigación civil, esta alcanza los 5.633,15 M¤. Lo que representa un aumento de un 1,3% respecto el presupuesto de 2013, que ascendió a 5.562,45M¤. La inversión en investigación militar alcanzará en 2014 el 8,26% del total de la I+D española, mientras en 2013 representaba solo el 6,13%. Resulta evidente una clara apuesta por la I+D militar por parte del Gobierno español para el ejercicio 2014.

Es cierto que la crisis europea afecta especialmente aquellos países con economías menos desarrolladas. Pero esto no es óbice para que los gobiernos de estos países, entre ellos España, no atajen la crisis abortando aquellos gastos que se pueden considerar como menos «productivos». Y es que el gasto militar en su conjunto entorpece el desarrollo económico, pues ese mismo gasto dedicado al desarrollo de bienes de la economía real tendrían un efecto más positivo.




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Sirvan de ejemplo las siguientes alternativas de reducción del gasto militar que podrán liberar miles de millones de euros para gastos sociales y economía productiva:

1) Dedicar la partida destinada a I+D militar a I+D civil, lo que supondría el desvío de 506,4 millones de euros hacia la investigación civil.

2) Reducir y anular inversiones en armamentos, especialmente las relacionadas con los PEAs, y destinar esos recursos al desarrollo de bienes civiles, lo que supondría evitar el crédito extraordinario de aproximadamente 1.000 millones de euros, no incluido en los PGE, ya ha anunciado por el Ministerio de Defensa.

3) Reducir progresivamente los efectivos militares de un ejército sobredimensionado, no para engrosar la lista de paro, sino para realizar otras funciones de servicios públicos que tuvieran un mayor impacto en el bienestar de la población. Por ello es preciso que como actuación previa se de a conocer el contenido del documento elaborado por el JEMAD «VISION 2025» respecto a la dimensión y restructuración de las futuras plantillas de las Fuerzas Armadas y la puesta en marcha del PROGRAMA SAPROMIL que permite la incorporación de los miles de militares a otras funciones públicas.

4) Anular las operaciones militares en el exterior, lo que traería consigo un ahorro de cientos de millones de euros.

Todo ello justifica con creces la presentación de esta enmienda de veto de devolución de la Sección del Ministerio de Defensa.

ENMIENDA NÚM. 300

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo, es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89% de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades. Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997 a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del 17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía,




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sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo, como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores y la ampliación de los privilegios de las SICAV a las sociedades de inversión inmobiliaria.

Además, se ha avanzado la voluntad de presentar en 2014 una reforma profunda del sistema fiscal. Lo que se ha avanzado de forma informal como contenidos de dicha reforma no va a significar mayor progresividad ni justicia. Al contrario, parece que se pretende incrementar el peso de los impuestos indirectos y reducir el tipo del Impuesto de Sociedades.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad.

Por último, el Gobierno pretende que sean las entidades territoriales las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5% educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0% respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la Sección 15: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 305

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

Los presupuestos de la sección 16 para 2014 presentan un incremento de 1,35%. Fundamentalmente este incremento se justifica exclusivamente en el incremento de El incremento se justifica en el incremento en los créditos de obligaciones de ejercicios anteriores y el coste de las Elecciones previstas en 2014.

Por demás, al igual que las demás secciones, son unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan la acción de este Gobierno, que difícilmente harán posible cumplir siquiera con sus objetivos y compromisos. Nuevamente se hace especial hincapié en la necesidad de hacer frente a la demandas de seguridad de nuestra sociedad con el objetivo de lograr un progresivo descenso de la criminalidad. Mensaje desconcertante, más aún en el contexto de criminalización y represión de las movilizaciones ciudadanas, sin precedentes en democracia, que estamos viviendo.




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A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el presupuesto 2014 para el Ministerio de Interior, al igual que el de los ejercicios anteriores, lo que pone de relieve es la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y la respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma.

La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población reclusa, que son cuestiones distintas.

Sin embargo, los presupuestos para 2014 no prevén partidas presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito, de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la Constitución. La literatura que acompaña los presupuestos para el área de seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, etc., contrasta con la práctica de este Gobierno. Sin ir más lejos, días atrás, conocimos los la destitución del mando de la Comisaría General de Policía judicial o los cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), afectando a las investigaciones que actualmente se siguen en importantes casos de corrupción, en los que están implicados ex cargos públicos y dirigentes del Partido Popular, como los casos Gurtell-Bárcenas.

Por nuestra parte, defendemos la necesidad de un nuevo modelo de policía, un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y eficiente, que se concrete en la creación de un único cuerpo de policía estatal de carácter civil. Estos presupuestos no son los presupuestos que puedan soportar el necesario cambio de modelo policial. Al contrario todo apunta a una pretendida re-militarización de la Guardia Civil, en el que las asociaciones no tienen las condiciones necesarias ni los recursos para desarrollar su labor de defensa de sus derechos e intereses.

Un año más, en los distintos programas de esta sección para el ejercicio 2014, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil, Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos, como otros años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con derechos recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de reposición para los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil es preocupante y más aún lo es la falta de medios económicos y materiales para prestar su trabajo en condiciones óptimas.

Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática, instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y formación.

Se consolidan en estos presupuestos una visión estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad. Esta visión policial se plasma en políticas como la instalación de cuchillas en la verja de Melilla mientras se mantiene la inexistencia de dotación presupuestaria que permita el desarrollo acciones coordinadas entre los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios y la integración social de los inmigrantes, así como la protección humanitaria de los mismos (asilo/refugio), entre otras. Insistimos en exigir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

En relación con instituciones penitenciarias, según informa el propio Ministerio aproximadamente el 70% se destinará a pagar deuda acumulada de 2012.

La transferencia al organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que pasa a ser una transferencia externa del Estado, y se traduce en un incremento de 12,24 millones de euros, no es suficiente para paliar el déficit en programas de reinserción y acceso al mundo laboral.

Las cantidades presupuestadas para programación y desarrollo de actividades culturales, deportivas, de inserción laboral o educativas permanecen inalterables año tras año, cuando por el contrario desde el Ministerio se ofrecen cifras que ponen de manifiesto la saturación en los centros penitenciarios motivada por la alta tasa de ocupación penitenciaria. Por no hablar de la expresada voluntad de racionalizar la asistencia sanitaria de los internos que ya ha tenido como precedente la limitación en el suministro de fármacos necesarios.




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En relación con los fondos reservados parece absolutamente injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 325

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

A pesar de que la inversión pública es un elemento imprescindible de dinamización económica como reconocen todas las organizaciones internacionales que sostienen que sólo con ajustes no se sale de la crisis. Sin embargo, de nuevo en estos presupuestos para 2014 las inversiones previstas desde el Ministerio de Fomento siguen conteniendo el mayor esfuerzo en términos absolutos (el 1,6% del PIB y el 61% del total de inversiones del presupuesto con respecto conjunto de ministerios), basado fundamentalmente en el principio dinamizador que las infraestructuras de transporte suponen para la economía.

Además, el análisis de estas inversiones y de su composición nos lleva a determinar que el esfuerzo en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el transporte ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de mercancías y en las subvenciones corrientes al transporte es claramente insuficiente, siendo estas inversiones las que realmente tienen una clara reversión social y económica generando puestos de trabajo de calidad, mientras que la construcción de más y más infraestructuras de transporte continúa siendo la prioridad del Gobierno generando una deuda impagable.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años nos ha situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y líneas de alta velocidad así como de número aeropuertos, pero no ha impedido que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro entorno ni que tengamos los mayores niveles de paro. La falta de un análisis detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto económico y social de las infraestructuras ha sido totalmente obviado por los sucesivos gobiernos y el resultado se ha visto ya en forma de una enorme deuda, que ahora se pretende aliviar con la venta de parte de esas infraestructuras, a la vez que el Gobierno pretende como única solución el rescate de otras, como son las autopistas que se encuentran en manos de las concesionarias.

Es así como la alta velocidad sigue siendo el gran receptor de la inversión (El 70% de la destinada a ferrocarril con 3.194 millones de euros). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte elitista que una gran parte de la población no puede permitirse y de sus fortísimos impactos ambientales y territoriales. Entre tanto, si la inversión va a la alta velocidad, está continúa retrayendo recursos de la inversión tan necesaria para el ferrocarril convencional (373 millones de euros), las mercancías (140 millones de euros) o las cercanías, que es precisamente el medio que usa la mayor parte de la población (121 millones de euros).

Hay que añadir que la reducción de un 2,7% en las subvenciones corrientes al transporte supondrá además un mayor encarecimiento de los precios para los usuarios que ya vienen sufriendo en los últimos años, a lo que hay que sumar la reducción de líneas y servicios de RENFE-Operadora como resultado de la Obligación de Servicio Público (OSP) implantada según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30/12/2010 que está teniendo como consecuencia la dificultad de movilidad para muchas personas que se ven abocados a optar entre el aislamiento o el uso del automóvil.

La clara apuesta del Gobierno por la liberalización de los servicios de transporte ferroviario supone la privatización de muchos de ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio público. En definitiva menos servicios, más caros y de menor calidad.

En los PGE 2014 podemos comprobar cómo se va a desarrollar el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio en cuanto al diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no va a suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de planes anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.153 millones de euros de los que 1.184 millones serán para la creación de nuevas




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infraestructuras (178 Kms. más) frente a los 878 millones que se destinaran al mantenimiento y conservación de la propia red, claramente insuficiente para los 26.038 Kms. ya en servicio de la Red de carreteras del Estado. El deterioro de las carreteras existentes es a todas luces evidente y el pretexto utilizado por el Gobierno de que las licitaciones son más económicas porque las ofertas han bajado su precio, no se compadece con la realidad que ya en 2012 y 2013 estamos constatando. Se desiste además de las actuaciones en zonas urbanas y de la partida de acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la seguridad en carretera, a pesar de lo que pretende hacer ver el discurso oficial, queda claramente relegada al olvido.

Estos presupuestos dejan clara la intención de continuar apostando por un modelo dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se trasvasa a las entidades privadas. Es la ley de los vasos comunicantes, donde las dificultades de movilidad y encarecimiento del transporte para las mayorías se traducen en escandalosos beneficios para las grandes constructoras y las entidades financieras. Buen ejemplo de ello es la propuesta de volver a constituir una nueva Empresa Nacional de Autopistas que asumirá el fracaso fundamentalmente de las radiales de Madrid.

Y a la vez, se plantea la privatización parcial de AENA.

La política de vivienda da carpetazo a todas las ayudas, subvenciones y planes de vivienda hasta ahora vigentes, desviando las inversiones hacia el fomento del alquiler, beneficiando principalmente a los arrendatarios frente a los arrendadores, y al fomento de la rehabilitación (a las constructoras).

Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el Gobierno hará para cumplir con este derecho y van en sintonía con las recientes leyes de medidas para la flexibilización y fomento del mercado de viviendas de alquiler y de renovación, regeneración y renovación urbanas que responden única y exclusivamente a las exigencias largamente demandadas por las grandes agencias inmobiliarias y constructoras, en vez de tener como prioridad contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas antiguas y deterioradas, generar empleo y e introducir sistemas que permitan ahorros energéticos y de consumo de agua. Se priorizan otras exigencias que ya el anterior gobierno del PSOE atendió, como fomento del alquiler, realizando importantes cambios normativos, implantando el desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas que, tras pinchar la burbuja inmobiliaria destinada casi en exclusividad a la venta, necesita ahora desviar el negocio hacia la vivienda en alquiler.

Se aseguran así los beneficios de estos grupos de presión en detrimento del de los inquilinos que verán como las condiciones contractuales se hacen más precarias, disminuyendo las obligaciones en cuanto a la duración de los contratos y aumentando las posibilidades para su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios, encareciendo el precio de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca más en contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho fundamental habitacional.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la Sección 17: Ministerio de Fomento.

ENMIENDA NÚM. 547

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los presupuestos de educación para 2014 no sólo resultan continuistas sino que muestran la consolidación de los recortes emprendidos por el Gobierno del PP desde el inicio de su gestión y refuerzan el discurso que ha servido de base para la reforma educativa articulada a través de la LOMCE, además de avanzar en la estrategia de retirada presupuestaria del Gobierno de los contenidos fundamentales del Estado de Bienestar que son competencia de las Comunidades Autónomas.

Si bien es cierto que en estos presupuestos se destina un 10,6% más que el pasado ejercicio, no lo es menos que los datos reales muestran un recorte del 41% desde 2010.




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Son recortes que, además, afectan a partidas cruciales para el desarrollo de una educación de calidad y a los colectivos que precisan apoyos y respaldos, lo que abunda en la constante devaluación del objetivo de equidad:

— Dos millones de euros en la partida destinada a infantil, primaria, secundaria, FP y escuelas oficiales de idiomas.

— Más de cuatro millones de euros (4,7) al Sistema Nacional de Cualificaciones y de la FP para la mejora de la FP.

— Un 23,4% menos en la partida destinada a Educación Compensatoria.

— Cuatro millones de euros en la partida destinada a la Mejora de la Calidad Educativa.

— Supresión de la partida destinada a Investigación y Evaluación Educativa.

— Desaparece el Educa3 en infantil y primaria, desaparece el PROA desde infantil a FP.

— Desaparecen las ayudas para ordenadores, que en 2012 contaba con un presupuesto, ya recortado de 45 millones euros y se pretende sustituir por la denominada «mochila» digital con una dotación de dos millones de euros.

— Recorte en la formación del profesorado en un 92, 47% entre los ejercicios 2012-2014.

— Recorte en la partida destinada a las ayudas a libros de texto, perdiendo 18,6 millones con respecto al ejercicio anterior y que ha pasado de 98 millones en 2011 a la práctica desaparición de la misma en este próximo ejercicio (1,4 millones).

Incluso la partida estrella para estos presupuestos, las becas de carácter general, aquellas que se otorgan en función de las circunstancias socio-económicas, esconden un engaño, uno más. Y ello viene determinado porque la nueva fórmula que se recoge en la LOMCE, introduce no sólo la renta sino el rendimiento, penalizando precisamente a los que menos recursos económicos tienen.

Finalmente y en términos reales el presupuesto para 2014, supone un 30,5% por debajo del gasto de 2010 en educación. En los dos últimos años se han recortado más de 5.000 millones en educación.

Por todo lo expuesto presentamos un veto a la sección 18.

ENMIENDA NÚM. 658

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En un país cuyo principal problema económico y social es el paro, es incomprensible que se continúe reduciendo la partida de Fomento de la Inserción y la Estabilidad Laboral. Por tercer año consecutivo las transferencias a las CCAA en materia de políticas activas y formación profesional se ven minoradas. En este proyecto el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 baja la partida respecto el anterior en 150 millones, un 10% menos respecto 2013 ya que pasa de 1.391 millones a 1.241. El acumulado de recortes desde 2011, cuando la partida estaba dotada con más de 3.100 millones es de un 56% de recorte, es decir, lo han dejado en menos de la mitad. Esto no sólo supone un menosprecio a las competencias de las CCAA sino también la renuncia a apoyar a las personas desempleadas en el fomento de su empleabilidad.

El SEPE dispondrá de menos recursos el año que viene para las políticas activas de empleo y protección a los desempleados. Aunque formalmente el SEPE presente su anteproyecto de presupuestos para 2014 con un incremento sobre el año anterior la realidad es que el año que viene tendrá menos recursos. En el proyecto de presupuesto para 2014 el SEPE prevé gestionar 33.956,8 millones de euros, mientras que el presupuesto modificado de 2013, y por lo tanto el presupuesto real de ese año, es de 36.138,4 millones de euros, es decir dispondrá de 2.181,6 millones de euros menos reduciendo su presupuesto un 6 % en comparación con 2013.




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Pero estos presupuestos no sólo condenan a las personas desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse sin ingresos. El incremento del 10% de las prestaciones a los desempleados que explica el gobierno no es real, ya que se aplica sobre la ley de PGE 2013 pero ese presupuesto se incrementó mediante el Real Decreto-ley 10/2013, en 5.000 millones porqué con el presupuesto inicial no se podía hacer frente al incremento del gasto ni a la caída de los ingresos. Además, el presupuesto recoge el endurecimiento al acceso a prestaciones que introdujo el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

ENMIENDA NÚM. 666

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este sector estratégico para la economía. La partida para desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011 y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a la energía. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153 millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico, este programa representa el 0.2% del total de industria y energía. En línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida para el IDAE —Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético— que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es un estado muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

Además, el Proyecto no contiene consignaciones suficientes para afrontar los compromisos del nuevo Plan de la Minería suscrito recientemente.

Por otra parte, el Gobierno renuncia a tener una auténtica política industrial que promueva los sectores que puedan contribuir a cambiar el modelo productivo y garantizar empleo de calidad. La única apuesta de este Proyecto es, una vez, más el apoyo al sector del automóvil que ni tan siquiera está impidiendo la pérdida de empleos en el mismo.




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ENMIENDA NÚM. 693

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En un momento en que la aplicación de la nueva PAC crea incertidumbre sobre una realidad preexistente de caída de la actividad en el sector y aumento del despoblamiento en las zonas rurales derivado de ello, el incremento del 3% (47 millones de euros) en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no compensa la drástica reducción experimentada en los 2 últimos años, hecho que evidencia el desinterés del Gobierno por la materia y que sintoniza con las últimas reformas legislativas que debilitan el control y la acción pública en pro de la especulación y el beneficio privado.

La reducción en las partidas ambientales del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales donde se evidencia que los presupuestos no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible. Con excepción de las inversiones en infraestructuras de agua se generalizan los recortes, especialmente graves en programas como la ordenación territorial de los recursos hídricos que desciende en un 81% la dotación a las sociedades de aguas, actuaciones en la costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los 3 casos se trata de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del 75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo desde que existe el programa, obviando los riesgos que están corriendo este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación, biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y decadente.

La partida destinada a actuaciones en costa se encuentra en sintonía con la legislación aprobada que privatiza el litoral, no permitirá cumplir con las obligaciones europeas que tienen en materia de gestión e inversión ni con los efectos del cambio climático más evidentes como la subida del mar y las repercusiones sobre nuestro patrimonio natural.

En materia de agua se prioriza la inversión pero las partidas destinadas a la mejora de la gestión y calidad del agua no incrementan hecho no permitirá atender las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua.

Además de ser unos presupuestos que no establecen objetivos en materia ambiental renuncian a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía y siguen penalizando con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos creadores de empleo como el de las energías renovables. Incorporar el criterio de quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema fiscal pero también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En lo que respecta al sector agrario, los recursos presupuestarios han disminuido en los últimos 5 años un 65%, pasando de los 4.835 millones de euros del ejercicio presupuestario de 2009 a los 1.673 millones presupuestados para 2014. Un drástico recorte para un sector productivo que, a pesar de las dificultades, sigue generando empleo y mantiene el superávit de la balanza comercial española gracias a su fortaleza exportadora.

En estos presupuestos se produce una reducción nominal del 0,4% respecto a los presupuestos de 2013 y los recortes en los programas para calidad, competitividad y sanidad agrícola y ganadera pueden frenar la innovación y dejar a los profesionales agrarios en una complicada situación ante una eventual plaga en los cultivos o zoonosis en la cabaña ganadera.

También se reducen un 13% los recursos dedicados a la regulación de los mercados agrarios lo que significa renunciar a lograr mantener unos precios en origen que garanticen la continuidad de la actividad




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en el sector y, a la vez, conseguir que los precios para los consumidores no se disparen. En la jungla menos regulada sólo pueden conseguir sus objetivos las grandes cadenas de distribución.

Además, la congelación de la partida para seguros agrarios, tras los recortes acumulados de ejercicios anteriores, unida a la eliminación del apoyo a los seguros agrarios en varias comunidades autónomas, provocará que muchos agricultores no puedan asegurar sus explotaciones ante el elevado coste.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la Sección 23: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

ENMIENDA NÚM. 1009

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los programas contenidos en esta sección son de continuidad respecto a los contemplados en los presupuestos de 2012 y 2013 y adolecen de los mismos errores. Estos programas constatan de nuevo que el Gobierno renuncia a una apuesta de la salida de la crisis basada y a partir del crecimiento de la economía. La política de austeridad extrema continuará teniendo, por tercer año consecutivo, un impacto muy negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Estos programas no generan confianza, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. No se apuesta por la demanda interna y no se potencia la internacionalización de nuestra economía.

La política tributaria hará recaer nuevamente y de manera injusta la mayor parte de la financiación de los servicios públicos sobre las rentas del trabajo y las clases medias. La subida de impuestos es injusta y tendrá efectos negativos sobre la actividad económica. No se aborda la necesaria reforma fiscal para la sostenibilidad de las cuentas públicas y la generación de riqueza. La lucha contra el fraude fiscal sufrirá un retroceso todavía mayor al actual por el recorte en las plantillas de funcionarios destinados a la misma.

En cuanto a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se constata nuevamente las dos premisas que presiden la política del Gobierno: recentralización y control del Estado del resto de administraciones públicas y, por consiguiente, el nulo interés por el municipalismo y el mundo rural, como queda reflejado en las medidas legales previstas en el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

— La cooperación económica local prácticamente desaparece como máximo instrumento de cooperación local y que hasta el año 2011 dio importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de 2011 alcanzó los 2,6 M¤. Este programa se recorta un 64% respecto a los presupuestos de 2013.

— Los planes provinciales e insulares de cooperación han quedado reducidos a 432.000 ¤, impidiendo la continuidad de los planes de obras y servicios.

— La financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes ya desapareció el los presupuestos de 2011, los primeros del Gobierno del Partido Popular.

Nuevamente los empleados públicos verán congelados sus salarios y la oferta de empleo público se reduce de una forma alarmante, poniendo en grave riesgo la calidad de los servicios que el Estado debe prestar a los ciudadanos.




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ENMIENDA NÚM. 1010

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Partido Popular ha reducido de forma considerable los presupuestos de Educación desde que llegó al Gobierno, concretamente, 690 millones de euros menos con respecto a los presupuestos de 2011.

Aunque las cifras globales para Educación en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014 hayan aumentado ligeramente, queda mucho recorrido pendiente para alcanzar los niveles óptimos para la educación de nuestro país si queremos apostar por la mejora de resultados en todos los ámbitos.

La dotación para el Programa de formación permanente del profesorado es totalmente insuficiente teniendo en cuenta el papel fundamental que juegan los docentes en la obtención de mejores resultados académicos y en la lucha contra el abandono escolar. Además, se consolida la eliminación de las transferencias a Comunidades Autónomas para contratos-programa con centros educativos, para el incremento del éxito escolar y para la formación permanente del profesorado. En 2011 se contaba con 41,5 millones de euros para esta partida.

El Programa de educación infantil y primaria está dotado con 159,36 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,29% con respecto al año 2013. Este programa ha sufrido un recorte de casi el 40% desde el presupuesto de 2011. En esta etapa es donde se debería apostar por incrementar las dotaciones presupuestarias para que las evaluaciones constaten una mejora cualitativa como garantía para afrontar la secundaria con éxito.

El Programa de Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas sufre un recorte del 6,98%. A este recorte hay que añadirle el registrado el año anterior que supuso un 38,2% con respecto a 2012 y que se centró en la desaparición de las transferencias corrientes a Comunidades Autónomas para la mejora de las enseñanzas de lenguas extranjeras y para financiar el Plan de disminución de abandono escolar temprano.

Este hecho pone de manifiesto que se ejecuta todo lo contrario a lo que públicamente manifiesta el Gobierno en lo referente a la lucha para la mejora del aprendizaje de las lenguas extranjeras y del abandono escolar. Este era uno de los motivos con los que ha justificado el Ministerio para llevar a cabo la reforma legislativa de educación LOMCE, y por el contrario, como se puede apreciar en los presupuestos, no se ha introducido ninguna previsión económica al respecto.

En el Proyecto actual, el total que recibirá la Dirección General de FP es un 22,64% menos que en el presupuesto anterior. Aquí también se puede apreciar la intención real del Gobierno en devaluar la Formación Profesional en contra de la voluntad expresada por el Gobierno sobre los compromisos que se quieren acontecer para «mejorar y apostar por la FP como herramienta vital para que el capital humano del país sea más competitivo».

En la Secretaria General de Universidades se prevé una disminución de los gastos de personal en un 1,62%. Manteniéndose igual para los altos cargos y absorbiendo toda esta disminución el personal funcionario, una disminución del 2,10%.

Exactamente ocurre lo mismo en la Dirección General de Política Universitaria, donde se disminuye los gastos de personal en un 8,92%, manteniéndose igual para los altos cargos y absorbiendo toda esta disminución del 8,92% el personal funcionario.

La disminución global en enseñanzas universitarias es de 2.108.030¤ lo que implica una disminución del 1,72% respecto al 2013.

El Programa de Becas y ayudas a estudiantes ha aumentado el 18,49 % con respecto al presupuesto de 2013. Gran parte de este incremento corresponde en primer lugar a las Becas y ayudas al estudio en un 15,46% y un 18,51% en Compensación a la Universidades Públicas.

El incremento de la compensación por matrículas a las Universidades Públicas será del todo insuficiente ya que hay que tener en cuenta el aumento de las matrículas en algunas CCAA. La comparación del presupuesto 2014 referente a la compensación por matrículas con las cantidades del 2012, último año en el que apareció esta partida, supone un reducción de 148 millones de euros y 192 millones menos con




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respecto al 2011. Teniendo en cuenta que la situación económica de las familias, lejos de mejorar, en general ha empeorado, queda mucho recorrido aún para alcanzar los niveles de 2011.

En cuanto al programa Erasmus, se corresponde con «Otras becas y ayudas», con 18 millones de euros, nada que ver con los 62,8 millones de euros que recibía en 2011, también en plena crisis.

Las cantidades del Programa de Educación Compensatoria aumentan ligeramente un 0,73% más. Pero si comparamos con el presupuesto de 2012 se produce un descenso de 116,14 millones de euros lo que supone un 68,41% menos. La principal causa de este descenso es la desaparición del programa PROA (Programas de apoyo y refuerzo en centros de Primaria y Secundaria) dentro del capítulo destinado a transferencias corrientes a Comunidades autónomas, que contaba con 60 millones de euros.

El Programa Otras enseñanzas y actividades educativas se vuelve a reducir en un 9,53%, pasando a 47,35 millones en el 2014.

En conclusión, estos presupuestos distan mucho de ser el elemento fundamental para afrontar la lucha para «Disminuir tasas de abandono temprano de la educación y aumentar las tasas de titulación en educación secundaria obligatoria».

Prueba irrefutable de ello es que tras la tramitación y aprobación de la LOMCE como elemento estrella para mejorar la educación en nuestro país no se haya previsto la dotación presupuestaria para su implantación en el curso 2014-15 tal como lo prevé el texto normativo.

Estos presupuestos, aunque con un tímido aumento, de ningún modo van a incidir en esa supuesta mejora de la calidad educativa, dejando por el camino ilusiones truncadas de muchos jóvenes sobre su futuro profesional, van a suponer incrementos en el índice de profesionales de la educación en las listas del paro, a los alumnos más vulnerables se les vetará su continuidad en el sistema, y en definitiva, será una pérdida de valor añadido a la sociedad de nuestro país.

Cultura

Pocas semanas después de que el Gobierno haya mostrado sus auténticas prioridades en materia cultural presentando (y aprobando) en el Parlamento la Ley para la Regulación de la Tauromaquia, como su primera y única norma en este campo, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 nos vuelven a demostrar cual es para el Gobierno la prioridad de la Cultura en el conjunto de sus políticas.

Al exiguo presupuesto de 716 millones de euros, se le siguen añadiendo el mantenimiento del tipo de IVA al 21 % para las principales actividades culturales (cine, artes escénicas, música….) lo que supone unas consecuencias devastadoras, ya acreditadas en el año que lleva su aplicación, para el acceso a la cultura (social y geográficamente), el trabajo de los creadores y la viabilidad de las empresas del sector. La subida del IVA cultural tampoco ha supuesto un beneficio para los tributos del Estado puesto que no compensa las disminuciones por otros conceptos (IRPF, Sociedades….); y también se le sigue añadiendo el recorte brutal de los fondos disponibles por compensación de la copia privada fruto del cambio de modelo, aprobado por el Gobierno, que sustituye el Canon Digital por una cantidad fijada arbitrariamente en los propios Presupuestos que ha quedado reducida a cinco millones de euros (frente a los 100 millones de euros como mínimo que se recaudaban con el sistema anterior).

Esta fuerte restricción en los recursos destinados a la Cultura tiene a su vez un impacto especialmente negativo para Cataluña. Los fondos que el Gobierno destina a las instituciones e infraestructuras culturales de carácter estatal o con repercusión para toda España ubicadas en Cataluña son claramente insuficientes e injustas con una Comunidad Autónoma que lidera la actividad y la industria cultural española (25 %). En particular, es muy decepcionante la desaparición por segundo año consecutivo del convenio firmado entre el Gobierno y el ayuntamiento de Barcelona para reconocer y apoyar la capitalidad cultural de esa ciudad, lo que conlleva la dejadez de responsabilidades por parte del Ministerio de Cultura en algunas instituciones clave como el Gran Teatre del Liceu o proyectos como la Biblioteca Provincial y Urbana.

Finalmente, destacamos también el bajísimo compromiso del Ministerio de Cultura en estos presupuestos con el reconocimiento y desarrollo de la pluralidad lingüística de España, desatendiendo los programas en esta materia y muy significativamente su apoyo a las Academias de la Lengua del catalán, galego o euskera, que son el símbolo de esta realidad plurilingüe.




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ENMIENDA NÚM. 1011

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado son el principal instrumento de política económica, del mismo no se desprende ninguna estrategia para la creación de empleo.

El escenario macroeconómico de 2014 prevé una crecimiento económico de apenas un 0,7%, insuficiente para la generación de empleo neto. Según las previsiones del Gobierno, el empleo neto en 2014 cae un 0,2%, los costes laborales unitarios caen un 0,6%, y la tasa de paro se sitúa en torno al 26%, 4,4 puntos porcentuales por encima de la media anual de 2011 (21,6%). Una tasa estancada, aunque teñida de aparente reducción, cuando a lo que realmente responde es a la caída de la población activa y a la precarización del empleo existente (mayor contratación a tiempo parcial, más temporalidad y más devaluación salarial).

En un país cuyo principal problema económico y social es el paro, es incomprensible que se continúe reduciendo la partida de Fomento de la Inserción y la Estabilidad Laboral. Por tercer año consecutivo las transferencias a las CCAA en materia de políticas activas y formación profesional se ven minoradas. En este proyecto el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 baja la partida respecto el anterior en 150 millones, un 10% menos respecto 2013 ya que pasa de 1.391 millones a 1.241. El acumulado de recortes desde 2011, cuando la partida estaba dotada con más de 3.100 millones es de un 56% de recorte, es decir, lo han dejado en menos de la mitad. Esto no sólo supone un menosprecio a las competencias de las CCAA sino también la renuncia a apoyar a las personas desempleadas en el fomento de su empleabilidad.

El SEPE dispondrá de menos recursos el año que viene para las políticas activas de empleo y protección a los desempleados. Aunque formalmente el SEPE presente su anteproyecto de presupuestos para 2014 con un incremento sobre el año anterior la realidad es que el año que viene tendrá menos recursos. En el proyecto de presupuesto para 2014 el SEPE prevé gestionar 33.956,8 millones de euros, mientras que el presupuesto modificado de 2013, y por lo tanto el presupuesto real de ese año, es de 36.138,4 millones de euros, es decir dispondrá de 2.181,6 millones de euros menos reduciendo su presupuesto un 6 % en comparación con 2013.

Pero estos presupuestos no sólo condenan a las personas desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse sin ingresos. El incremento del 10% de las prestaciones a los desempleados que explica el gobierno no es real, ya que se aplica sobre la ley de PGE 2013 pero ese presupuesto se incrementó mediante el Real Decreto-ley 10/2013, en 5.000 millones porqué con el presupuesto inicial no se podía hacer frente al incremento del gasto ni a la caída de los ingresos. Además, el presupuesto recoge el endurecimiento al acceso a prestaciones que introdujo el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

En Seguridad Social prevén sin embargo una reducción de la aportación del Estado a complementos a mínimos de 1.500 millones en relación a 2013, algo discutible si tenemos en cuenta que con la reforma de las pensiones que está llevando a cabo este Gobierno y que se aplicará en 2014, serán muchos más los pensionistas que engrosarán las filas de los necesitados de complementos a mínimos.

A mayor abundamiento, del presupuesto de esta Sección 19, al servicio de la creación de empleo, no se deprende ninguna política general de creación de empleo; ni tampoco se encuentran las políticas específicas anunciadas: Plan de empleo juvenil.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos para 2014 confirma la senda desarrollada por el Gobierno que deja sin iniciativa política ni estrategia la política de inmigración. Destaca de nuevo la desaparición del fondo para la integración de inmigrantes que desactiva cualquier capacidad de desarrollo social e integrador de la política.

Tampoco satisfacen en absoluto las partidas destinadas a la atención a la ciudadanía española en el exterior que, como es conocido, aumenta su número empujada por la necesidad de encontrar fuera de España el empleo y las oportunidades que no pueden encontrar en su país. Se recortan las prestaciones




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en casos de necesidad y vuelve a ser flagrante la atención presupuestaria a los emigrantes que recientemente han salido de España.

ENMIENDA NÚM. 1012

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El ministerio de Agricultura ha sido durante los pasados ejercicios presupuestarios uno de los ministerios con más recortes acumulados. Su presupuesto ha disminuido notablemente con una pérdida acumulada de 810 millones de euros. Una cantidad que no se enmienda con los 41 millones de incremento que registra el conjunto del presupuesto en este próximo ejercicio. Una situación económica que condena la agricultura, el medio ambiente y la alimentación a renunciar a las políticas públicas imprescindibles para nuestra agricultura.

Políticas relacionadas con el desarrollo rural que, de nuevo, ven mermados sus recursos, especialmente los que daban sentido a la existencia de una Ley 45/2007 de desarrollo rural sostenible, que queda, con este presupuesto, totalmente desmantelada. El mundo rural pierde así una imprescindible cobertura de políticas destinadas a la equidad entre ciudadanos, y equidad en el desarrollo entre territorios.

Lo mismo sucede con las ayudas destinadas a los seguros agrarios, una pieza fundamental de nuestro sistema agrario que tiene como finalidad contribuir a la garantía de las cosechas de nuestros agricultores, sometidas a fenómenos meteorológicos que tienen afectaciones muy graves para su renta. Congelar estas partidas en la situación de importantes reducciones de pasados ejercicios, alentando a que se desentiendan de estas ayudas, también, las Comunidades Autónomas, significa una grave irresponsabilidad de efectos devastadores para nuestra agricultura.

En términos similares hemos de rechazar las insuficientes dotaciones para las políticas pesqueras en los programas 415A, 415B, que vienen sufriendo recortes des del año 2011 cercanos al 50% de las partidas entonces consignadas.

La partida destinada a actuaciones en costa se encuentra en sintonía con la legislación aprobada que privatiza el litoral, no permitirá cumplir con las obligaciones europeas que tienen en materia de gestión e inversión ni con los efectos del cambio climático más evidentes como la subida del mar y las repercusiones sobre nuestro patrimonio natural.

En materia de agua se prioriza la inversión pero las partidas destinadas a la mejora de la gestión y calidad del agua no incrementan hecho no permitirá atender las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua.

Además de ser unos presupuestos que no establecen objetivos en materia ambiental renuncian a implementar medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía y siguen penalizando con nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos creadores de empleo como el de las energías renovables. Incorporar el criterio de quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema fiscal pero también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y energética actual.




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ENMIENDA NÚM. 1013

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El nuevo descenso del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirma un año más, que las personas en situación de vulnerabilidad no son una prioridad para el Gobierno del Partido Popular.

A los recortes en estos Presupuestos se le suman los ya realizados en los anteriores ejercicios presupuestarios de 2012 y 2013.

En un momento en que las cifras de pobreza son las más altas de las últimas décadas, el área de Servicios Sociales sufre el mayor de descenso de la sección, un 46,8%. Además lo aplican en la atención a la dependencia, que unido a los recortes de los años previos suma ya un total de 1.636 millones de euros menos para los dependientes. Estas cifras suponen la expulsión del sistema de miles de beneficiarios. Sólo en el último año, 40.812 personas dependientes se han quedado sin ayuda gracias a los denominados «presupuestos sociales» de este Gobierno.

A los recortes de la atención a la dependencia hay que añadir la paralización del calendario, la eliminación del nivel concertado y la eliminación de la cotización de la seguridad social de los cuidadores familiares. Todo ello confirma el claro objetivo del Partido Popular de desmontar la Ley de la dependencia.

Cuando las cifras de niños en riesgo de pobreza se incrementan anualmente, alcanzando en la actualidad a más de 2 millones en nuestro país, las políticas de atención a la infancia no incluyen ningún incremento, con lo que se consolidan los recortes que viene haciendo el gobierno, de más del 60% del gasto de 2011.

En los programas de igualdad, se ha reducido la política de igualdad de oportunidades un 47,7 %, la lucha contra la violencia de género el 28 %, así como la cantidad destinada al Instituto de la mujer llegando a una disminución presupuestaria del 34,2 % en sólo 3 años.

Finalmente, en las políticas de Sanidad con una disminución del 36,8%, el Partido Popular consolida el descenso en el gasto que lleva realizando desde que está gobernando. La política sanitaria del gobierno afianza año a año los recortes de derechos, de servicios y de prestaciones, y continúa sin apostar por el plan de cohesión, las estrategias de promoción de la salud, o la investigación.

ENMIENDA NÚM. 1014

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta sección establece las prioridades del Ministerio de Economía y Competitividad en aspectos esenciales para el comportamiento de la economía de nuestro país, entre ellos la dirección de la política económica en general, las necesarias reformas para la mejora del funcionamiento de los mercados y de la competitividad de nuestras empresas y su internacionalización, la política comercial y los programas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En este sentido, la importancia de la inversión en conocimiento como principal inversión productiva es un hecho aceptado a nivel internacional, hasta tal punto que los países que apuestan claramente por la I+D+I luchan de una manera mucho más eficaz contra la crisis y sus consecuencias. El Programa Horizonte 2020 es un claro ejemplo de la prioridad de Europa por la innovación, la ciencia y el conocimiento como elementos clave para el desarrollo económico y social.




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El Gobierno afirma que los niveles de financiación actuales son razonables y que la I+D+I es una de las prioridades de los presupuestos de los últimos años. Nada más lejos de la realidad. Nuevamente, una cosa son las intenciones y otra las políticas concretas que se reflejan en los Presupuestos.

El Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno, en cambio, va claramente en dirección contraria. Los programas de I+D+I continúan retrocediendo en el conjunto del gasto. El recorte acumulado desde el 2011 representa el 28% de los créditos de los Capítulos I al VI y el 23% del Capítulo VIII. Además, han disminuido un 31% los créditos destinados al Fondo de Investigación Científica y Técnica, es decir, los programas dedicados a proyectos y personal de investigación.

El recorte acumulado desde el año 2011 en el CDTI es del 63%, que equivale a 156 M¤, lo cual representa una seria limitación a la capacidad de actuación de este Centro, clave para el fomento y desarrollo de la innovación empresarial y de la competitividad de nuestra economía.

La limitación en la reposición de personal de investigación y el retraso de dos años en la creación de la Agencia Estatal de Investigación son dos ejemplos más de la nula prioridad que concede el Gobierno a las políticas de fomento y promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Catalunya dispone de importantes centros y fundaciones vinculados a la I+D+I y que han alcanzado gran prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Las aportaciones que realiza en los mismos el Estado son totalmente insuficientes para la consecución de sus fines y la continuidad de su prestigio.

ENMIENDA NÚM. 1015

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Tal y como sucedió en los presupuestos del 2012 y 2013, los presupuestos de la Seguridad Social no responden a la realidad económica de nuestro país ni a las necesidades sociales que hoy reclaman estos tiempos de crisis.

El contexto actual pone de manifiesto que las condiciones de nuestro crecimiento se asientan, fundamentalmente, en la precarización de nuestros servicios sociales y de nuestro mercado de trabajo, gravemente afectado por la reforma laboral del año 2012. En esta situación y con una previsión de crecimiento de un 0’7% que conforma la incapacidad de nuestra economía para crear empleo, y una reiterada caída de ingresos en la caja de la Seguridad Social, las perspectivas de nuestros pensionistas son claramente negativas.

El presupuesto actual debe afrontar una caída de las cotizaciones de los trabajadores en activo que descienden un 3’76, y que no son compensadas por la caída de las cotizaciones sociales que disminuyen un 2,86%, mientras que a su vez, las cotizaciones de los desempleados sufren un incremento del 8’13%. En este contexto, la rebaja presupuestaria alcanza la cifra, para el año 2014 de –9.741’91 millones de euros. Es decir, un 94’99% más que el déficit alcanzado en los últimos años. Un escenario claramente negativo que se confirma con la cifra de 504.358 afiliados menos a la seguridad social en el último balance anual de septiembre de 2013.

En este escenario, la caída de los ingresos que provienen de las transferencias del estado para financiar las pensiones no contributivas equivale a una reducción del 16’40% en relación al 2013, es decir, 2.577 millones de euros. No parece que el incremento de un 5% en las bases máximas de cotización pueda tener ningún efecto paliativo a esta situación, si tenemos en cuenta la caída del número de cotizantes y el estancamiento de las bases de cotización y muy especialmente la precarización del mercado laboral, el aumento del trabajo a tiempo parcial y una reducción del 25’52% de los contratos indefinidos.

El incremento de nuevos pensionistas al sistema, más aquellos que se incorporaran, atendiendo a la nueva reforma del sistema de pensiones de aplicación prevista para el 2014, derivará en una mayor necesidad de complementos para complementar la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones. Siendo relevante también, el descenso de las pensiones no contributivas en un 14% en relación al 2013 o la disminución de las prestaciones familiares en un 40’97%.




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Estas cifras demuestran el deterioro de nuestro sistema de Seguridad Social fruto del desmantelamiento del hasta ahora conocido como «estado del bienestar», que finiquitan definitivamente estos presupuestos, atendiendo a lo que sucede en derechos como la Ley de la Dependencia, que ha excluido a miles de personas del sistema; la dotación de la Tele asistencia que, después de sucesivos recortes, ha desaparecido con un grave perjuicio para miles de personas necesitadas de este servicio esencial para su autonomía personal; o lo sucedido con las ayudas destinadas al Turismo y al Termalismo social que ha visto, en estos últimos dos años, recortes del 34%.

En este contexto, sin crecimiento económico, sin creación de empleo, con más precariedad laboral y una permanente devaluación de los salarios, con ajustes que recaen en los más débiles y una sociedad injusta y desequilibrada donde las desigualdades crecen por encima de la media europea y a lo que hemos de sumar la pérdida continuada de poder adquisitivo de nuestros pensionistas, que deben asumir, con sus escasos recursos, la pérdida de servicios sociales y sanitarios para muchos de ellos ya inasumibles, proponemos la devolución al gobierno del presupuesto de la sección 60.

ENMIENDA NÚM. 1016

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 el Gobierno vuelve a incumplir el principio previsto por la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Autonomía de Cataluña y acordado por los Gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña por el que la dotación en inversiones para Cataluña coincidiría con el peso de esta Comunidad en el PIB español (18,9 % según el INE). Este incumplimiento tiene su máxima expresión en el presupuesto del Ministerio de Fomento donde la inversión regionalizada destinada a Cataluña no alcanza los 945 millones de euros lo que representa un 25 % menos que en 2013 (1.267 millones de euros) y tan solo el 9,6 % del total, o lo que es lo mismo en torno a 900 millones de euros menos de lo que correspondería según el acuerdo vigente antes citado.

Esta merma produce obviamente o el olvido o la ralentización innecesaria y contraproducente económicamente de infraestructuras y obras importantes para Cataluña especialmente en lo que se refiere al Corredor del Mediterráneo, las autovías en Girona y el Pirineo, las cercanías y la gran estación intermodal de la Sagrera (Barcelona) o a obras de preservación del Patrimonio Histórico como las Murallas de Tarragona.

Esta desatención a los compromisos adquiridos con Cataluña se inscribe además en una política general de disminución de los presupuestos del Ministerio de Fomento, especialmente en el apartado de inversiones reales (-29,37 %) absolutamente contraria con lo que debería ser una auténtica estrategia para salir de la crisis que buscara compaginar la competitividad económica de España con la creación de puestos de trabajo y la garantía de cohesión social y distribución equitativa de oportunidades para toda la ciudadanía. Para salir de la crisis, la inversión debería ser una autentica prioridad y en este presupuesto no lo es.

Otro claro reflejo de la equivocación del Gobierno en sus prioridades presupuestarias son las dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado 2014 en materia de vivienda. Contraviniendo la retórica de las tres leyes aprobadas en el Parlamento sobre esta materia y del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016, el Gobierno continúa la senda de los anteriores ejercicios presupuestarios, traduciendo el presupuesto de cifras el ensañamiento en los recortes de los programas destinados a favorecer el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos con menores rentas. Así, si tomamos como referencia el último presupuesto aprobado durante la pasada legislatura, el programa 261-N, promoción,




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administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda, destinado, «a equilibrar el desarrollo regional y estimular la distribución de la riqueza como consecuencia de esa planificación (artículo 131 de la Constitución Española), que posibilitará, además, la consecución de los objetivos previstos en el artículo 47 de la Constitución «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», se ha visto recortado en un 31,41%; El programa 261-0, ordenación y fomento de la edificación, destinado principalmente a la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y social, reduce su dotación en este presupuesto en un 2,33%, con lo que ha visto disminuida su cuantía, a lo largo de la presente legislatura un 63,97%. Por último, el programa 261-P, suelo y políticas urbanas, sufre una reducción del 1,55%, acumulando una disminución del 39,91%.

ENMIENDA NÚM. 1017

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

La política centralista y recentralizadora del Estado se pone nuevamente de manifiesto en esta sección. Los recortes previstos en la financiación de las Comunidades Autónomas ponen en grave riesgo las políticas sociales y el Estado del Bienestar, especialmente educación y sanidad, cuyas competencias pertenecen mayoritariamente a las CCAA. Además, estos presupuestos ignoran y no tienen en cuenta que el próximo año debe entrar en vigor un nuevo sistema de financiación autonómica.

Se recortan casi un 5% (2.300 M¤) las transferencias a las otras Administraciones Públicas; así como las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global (15,6%), las aportaciones del Estado al Fondo de Garantía (3,5%) y a las CCAA en su conjunto (18,9%).

La cooperación económica local prácticamente desaparece como máximo instrumento de cooperación local y que hasta el año 2011 dio importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de 2011 alcanzó los 2,6 M¤. Este programa se recorta un 64% respecto a los presupuestos de 2013.

Los planes provinciales e insulares de cooperación han quedado reducidos a 432.000 ¤, imposibilitando su continuidad.

La financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes ya desapareció el los presupuestos de 2011, los primeros del Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, estos presupuestos no reconocen las deudas pendientes con Catalunya e ignoran nuevamente, y por tercer ejercicio consecutivo, el contenido de la Disposición Adicional Tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprobado por el Parlament de Catalunya, refrendado por la ciudadanía y finalmente aprobado por las Cortes Generales.

ENMIENDA NÚM. 1018

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.




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Presentamos esta propuesta de veto a la Sección 12 por estar en contra de los principales objetivos políticos que se plantea en sus distintos programas e incluso en sus prioridades y previsiones económicas para hacerlos realidad.

Efectivamente, tal y como apuntaban los presupuestos de 2012 y 2013 se consolida la tendencia de la política exterior española a retornar como punto de partida 2004, optando por la confrontación y dejando en el olvido relaciones internacionales basadas en el dialogo político y la cooperación.

La acción exterior del Gobierno parece seguir supeditada a los intereses comerciales. En ejercicios anteriores nuestro Grupo Parlamentaria citaba casos muy significativos como la actuación REPSOL YPF en Ecuador objeto de numerosas denuncias de daños medioambientales violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, o más recientemente, el fuerte rechazo de las comunidades indígenas campesinas de Sarillas en Guatemala contra el proyecto de la empresa española Hidralia. Nada apunta a que se vayan a producir cambios, condicionando su acción del Estado en el exterior a los intereses de las grandes multinacionales españolas de los diversos sectores. Solo así puede entenderse la creación de nuevos consulados en India y China, al mismo tiempo que se cierran consulados que afectarán de forma importante a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, como sería el caso del cierre del Consulado de Basilea.

Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del 4,4 % más el recorte acumulado, en contra lo manifestado por el Gobierno calificándolo como «austero» pero «asumible», a nuestro juicio estará muy lejos de situar la política exterior a la altura de una política de Estado. La reducción embajadas y consulados y organismos internacionales donde España contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio de fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca España. Este presupuesto significará debilitamiento de la acción bilateral, multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor presencia y representación tanto en la UE como en los organismos multilaterales.

Igualmente importantes son los recortes de personal que definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la acción consular sino que además son insuficientes a llevar a cabo la futura Ley de Acción y del Servicio Exterior actualmente en el Congreso de los Diputados.

Este retroceso puede observarse en Instituto Cervantes donde el ejercicio 2013 vio recortado su presupuesto en un 13 % y según reconoció el Gobierno en las recientes comparecencias ahora gestionará un presupuesto 3,7 % más bajo de lo que gestionó en 2013, que se traducirá en el cierre de centros importantes.

No podemos permanecer impasible, y mostramos nuestra oposición a unos presupuestos que en la práctica no irán destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de orden mundial justo y solidario y que incumple los compromisos adquiridos por España en la lucha contra la pobreza.

En cuanto a derechos humanos, queda claro que tampoco es una prioridad del Ministerio. Parece que nada cambia, inmovilismo absoluto ante las violaciones de Derechos Humanos en Palestina, Sahara Occidental o Guinea Ecuatorial, por citar algunos ejemplos, en los que lamentablemente la política exterior del Estado no se implica. No únicamente se trata de mantener el compromiso en los organismos internacionales sino que además sería necesario incrementar las transferencias destinadas a entidades sin fines de lucro que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos.

Por último, la política de cooperación de este Gobierno nos conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional para el desarrollo. La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0,17 % de la RNB, lo que significa 234 millones menos que en 2013, y un descenso acumulado del 61 % respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE, incumpliendo los compromisos internacionales.

La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. El recorte de este año se suma a los iniciados en 2010 y suponen en conjunto 2.755 millones de euros menos, lo que implica el desmantelamiento de la política de cooperación española. Además cabe destacar que del total de fondos destinados a AOD, un 55 % estará gestionado por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la política de cooperación y el único que cuenta con una Agencia especializada y con capacidades, la AECID, en la materia.

Un desmantelamiento que se ilustra en la reducción de un 10 % en el presupuesto de la AECID, que ya había experimentado un recorte muy importante en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un descenso en sus fondos de más de 631 M en los tres últimos ejercicios presupuestarios. Ello supone




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que únicamente el 12 % del total de la AOD de la Administración General del Estado será gestionada por la AECID.

Los presupuestos para el 2014 también castigan especialmente a los fondos destinados a Convenios con ONGD que descienden en un 65 %, lo que significa casi 50 millones menos que en 2012, hecho que entra en con la visión del propio Gobierno que considera la cooperación vía convenios como «un tipo de ayuda que va muy directamente a los ciudadanos de los países en desarrollo y que, además, financia buena parte de lo que es el apoyo a uno de los agentes principales de la cooperación para el desarrollo».

El FONPRODE es 100 % reembolsable, infringiendo de nuevo la Ley del FONPRODE y reforzando la tendencia hacia la financiarización de la política de cooperación española que se inició en 2011.

ENMIENDA NÚM. 1019

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se ha previsto para Justicia la cantidad de 1.500,75 millones de euros. Se trata de una reducción de un 2,17% en relación con la cantidad prevista en 2013. Se trata de un nuevo recorte presupuestario sostenido desde el inicio de la legislatura, progresivo y continuado, pues en los presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21% respecto del año 2012.

Las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno junto a las anunciadas (a pesar de la confusión existente entre borradores, informes de expertos, anteproyectos o simples anuncios propagandísticos del Ministro de Justicia) sustentadas por los presupuestos de la sección 2012, 2013 y 2014, suponen en su conjunto un ataque sin precedentes al servicio público de la Justicia. Los presupuestos para 2014 son un paso más en el «desmontaje» de la Justicia puesto en marcha por este Gobierno.

El gasto destinado a la Administración de Justicia en los PGE para el año 2014 supone sin duda una nueva involución en el proceso modernizador de la administración de justicia retrocediendo hasta el año 2008 para encontrar una previsión de gasto similar, que entonces se situó en 1480 millones de euros.

Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades reales de una administración de justicia históricamente deficitaria en recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Resulta ilustrativo que no haya mención alguna al carácter de servicio público de la Justicia. Toda una declaración de intenciones que parece encontrar acomodo en las reformas propuestas por el Gobierno y en las prioridades del gasto en la sección.

Por otro lado, en materia de inversiones, se baja de 74,94 millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado de nuevas tecnologías y en el ámbito del Plan de Modernización. Con el presupuesto presentado por el Gobierno difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de los problemas pendientes de la justicia española: modernización e implantación de la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a las Comunidades Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas tecnologías, etc.

Tampoco la implantación de los tribunales de instancia, ni la reordenación de partidos judiciales o el avance en la implantación de oficinas judiciales pueden llevarse a cabo sin nuevas inversiones, y según nuestras estimaciones con este presupuesto ni siquiera llegan para el mantenimiento de la estructura actual.

Destaca también la partida destinada a sufragar el beneficio de la Justicia Gratuita cuya cuantía asciende 34 m/¤. Pese a existir un incremento respecto el año anterior, debemos destacar que la partida




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supone la demostración de una doble falsedad. Por una parte, frente a la afirmación del Ministerio de Justicia en los PGE de construir una justicia de «puertas abiertas», se ha establecido una justicia blindada para quienes tengan recursos o para se sitúen por debajo del umbral de la pobreza mediante la imposición de las tasas judiciales.

La segunda además supone una rotundo incumplimiento del Gobierno cunado justificó la implantación de las tasas judiciales para destinarlas a la partida de justicia gratuita. Los PGE prevén una previsión de ingresos por tasas judiciales de 365 m/¤ para 2014, y de forma sonrojante solo se destinan 34 m/¤ para Justicia Gratuita. En ese sentido hemos de recordar que la recaudación corresponde a todo el estado y que la partida de gasto se debe repartir posteriormente entre los territorios gestionados por el ministerio y los gestionados por las Comunidades Autónomas con competencia transferida. Aspecto que no se establece ni en los presupuestos ni en la descripción general de objetivos y que el Ministerio debería aclarar.

Lo cierto es que no salen las cuentas, ante el flagrante incumplimiento de sus compromisos públicos. Si el dinero de las tasas no se invierte en mejorar la Justicia Gratuita, resulta necesario que el Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales.

Debe llegarse a la conclusión de que las tasas han tenido una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente, se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la población en función de su capacidad económica. Esta privatización del servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de los Registros Civiles.

Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal. De ellas 30 estarían destinadas al ingreso en la judicatura y 20 en la fiscalía. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Ello resulta incompatible con el enorme volumen de procedimientos por resolver en el conjunto de nuestro sistema judicial, que en la actualidad se sitúa en 2,6 millones de asuntos pendientes.

No se da una salida al colectivo de jueces y magistrados sustitutos, y la carga de trabajo sin crear nuevas plazas repercutirá aún más negativamente en el servicio público, ya de por sí en derribo. Además consideramos, que las plazas deberían hacerse extensivas a Secretarios Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se han ido cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación de trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las reivindicaciones sindicales sobre la eliminación del límite máximo del 10% de la tasa de reposición de efectivos con el fin de que se puedan convocar todas las plazas vacantes no cubiertas por personal titular en esta Administración de Justicia.

Por contra resulta significativo que pese a la reducción de competencias del CGPJ y el contexto de crisis, que afecta a la práctica totalidad de los presupuestos, la partida destinada al mismo ha sufrido un recorte moderado.

Un último apunte, muy significativo, la desaparición de la partida de reparación a las víctimas de la Guerra Civil «a la espera de que se puedan estudiar nuevas subvenciones» refleja claramente en este presupuesto las prioridades del Gobierno.

En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit por la vía de la disminución del gasto público. Al contrario, suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora, transformación y modernización de nuestro sistema judicial.




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ENMIENDA NÚM. 1020

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

El presupuesto de Defensa que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 es,un año más, falso. El Ministro de Defensa en la presentación de los mismos manifestó que disminuía 191 millones de euros es decir un descenso del 3,22% en relación al 2013.

El Ministro no contempla las partidas de los Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa que sitúan el descenso en 1,98%. Si además utilizamos el criterio de contabilización de la OTAN la cifra es del –0,63%.

Pero aún hay más. Cada año se producen, en el transcurso del ejercicio, modificaciones presupuestarias relevantes en el gasto militar. Las modificaciones en el año 2012 fueron de 2,762 millones de euros y de 1,837 en el 2013 (datos estos últimos provisionales a 9/2013).

Esto es consecuencia fundamentalmente de 2 partidas: el pago de los compromisos adquiridos con los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y para cubrir gastos de las misiones militares en el exterior (Afganistán, Líbano etc…)

Estamos ante un evidente fraude presupuestario mediante el cual se oculta a la opinión pública el verdadero gasto militar.

En relación a los PEA en 2012 se presupuestaron 4,95 M¤ y se gastaron 1.787,4 M¤ a través de un crédito extraordinario de 1.782,7M¤.

En 2013 se presupuestaron 6,84M¤ y se prevé gasto de 884M ¤ a través de crédito extraordinario de 877,3M¤.

En 2014 se ha presupuestado 6,84M¤. El Secretario de Defensa ha asegurado que recurrirán a un nuevo crédito extraordinario.

La otra partida que repetidamente es presupuestada de forma insuficiente es la de operaciones militares en el exterior. Con una consignación inicial alrededor d 15M¤ y con una liquidación final de 900 M¤.

Por otro lado el presupuesto asignado a la investigación civil es de 5.633,15M¤, un aumento del 1,3% en relación al 2012. Mientras que la partida de investigación militas crece un 39,5%.Desmintiendo estas cifras el mensaje del gobierno que la I+D+i civil ha sido una de las prioridades prioritarias.

Si a todo esto añadimos que adeudamos 23.000M¤ de los PEAs la situación es insostenible.

Los recursos que se dedican a estos costosísimos programas de armamentos en un país con un 25% de la población activa no responden a las necesidades reales de seguridad y detraen recursos para políticas activas de empleo o políticas sociales.

ENMIENDA NÚM. 1021

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

Los presupuestos de la sección 16 para 2014 presentan un incremento de 1,35%. Fundamentalmente este incremento se justifica exclusivamente en el incremento de El incremento se justifica en el incremento en los créditos de obligaciones de ejercicios anteriores y el coste de las Elecciones previstas en 2014.

Por demás, al igual que las demás secciones, son unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan la acción de este Gobierno, que difícilmente harán posible cumplir siquiera con sus objetivos y compromisos. Nuevamente se hace especial hincapié en la necesidad de hacer frente




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a la demandas de seguridad de nuestra sociedad con el objetivo de lograr un progresivo descenso de la criminalidad. Mensaje desconcertante, más aún en el contexto de criminalización y represión de las movilizaciones ciudadanas, sin precedentes en democracia, que estamos viviendo.

A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el presupuesto 2014 para el Ministerio de Interior, al igual que el de los ejercicios anteriores, lo que pone de relieve es la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y la respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma.

La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población reclusa, que son cuestiones distintas.

Sin embargo, los presupuestos para 2014 no prevén partidas presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito, de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la Constitución. La literatura que acompaña los presupuestos para el área de seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, etc., contrasta con la práctica de este Gobierno. Sin ir más lejos, días atrás, conocimos los LA destitución del mando de la Comisaría General de Policía judicial o los cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), afectando a las investigaciones que actualmente se siguen en importantes casos de corrupción, en los que están implicados ex cargos públicos y dirigentes del Partido Popular, como los casos Gurtell-Bárcenas.

Nuestro Grupo Parlamentario defiende la necesidad de un nuevo modelo de policía, un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y eficiente, que se concrete en la creación de un único cuerpo de policía estatal de carácter civil. Estos presupuestos no son los presupuestos que puedan soportar el necesario cambio de modelo policial. Al contrario todo apunta a una pretendida re-militarización de la Guardia Civil, en el que las asociaciones no tienen las condiciones necesarias ni los recursos para desarrollar su labor de defensa de sus derechos e intereses.

Un año más, en los distintos programas de esta sección para el ejercicio 2014, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil, Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos, como otros años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con derechos recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de reposición para los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil es preocupante y más aún lo es la falta de medios económicos y materiales para prestar su trabajo en condiciones óptimas.

Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática, instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y formación.

Se consolidan en estos presupuestos una visión estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad. Esta visión policial se plasma en la inexistencia de dotación presupuestaria que permita el desarrollo acciones coordinadas entre los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios y la integración social de los inmigrantes, así como la protección humanitaria de los mismos (asilo/refugio), entre otras. Nuestro Grupo Parlamentario sigue exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

En relación con instituciones penitenciarias, según informa el propio Ministerio aproximadamente el 70% se destinará a pagar deuda acumulada de 2012.

La transferencia al organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que pasa a ser una transferencia externa del Estado, y se traduce en un incremento de 12,24 millones de euros, no es suficiente para paliar el déficit en programas de reinserción y acceso al mundo laboral.

Las cantidades presupuestadas para programación y desarrollo de actividades culturales, deportivas, de inserción laboral o educativas permanecen inalterables año tras año, cuando por el contrario desde el Ministerio se ofrecen cifras que ponen de manifiesto la saturación en los centros penitenciarios motivada por la alta tasa de ocupación penitenciaria.




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En relación con los fondos reservados parece absolutamente injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 1022

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

En estos presupuestos para 2014 las inversiones previstas desde el Ministerio de Fomento siguen conteniendo el mayor esfuerzo en términos absolutos (el 1,6% del PIB y el 61% del total de inversiones del presupuesto con respecto conjunto de ministerios), basado fundamentalmente en el principio dinamizador que las infraestructuras de transporte suponen para la economía. Es el análisis de estas inversiones y de su composición lo que nos lleva a determinar que el esfuerzo en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el transporte ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de mercancías y en las subvenciones corrientes al transporte es claramente insuficiente, siendo estas inversiones las que realmente tienen una clara reversión social y económica generando puestos de trabajo de calidad, mientras que la construcción de más y más infraestructuras de transporte continúa siendo la prioridad del Gobierno generando una deuda impagable.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años nos ha situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y líneas de alta velocidad así como de número aeropuertos, pero no ha impedido que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro entorno ni que tengamos los mayores niveles de paro. La falta de un análisis detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto económico y social de las infraestructuras ha sido totalmente obviado por los sucesivos gobiernos y el resultado se ha visto ya en forma de una enorme deuda, que ahora se pretende aliviar con la venta de parte de esas infraestructuras, a la vez que el Gobierno pretende como única solución el rescate de otras, como son las autopistas que se encuentran en manos de las concesionarias.

Es así como la alta velocidad sigue siendo el gran receptor de la inversión (El 70% de la destinada a ferrocarril con 3.194 millones de euros). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte elitista que una gran parte de la población no puede permitirse y de sus fortísimos impactos ambientales y territoriales. Entre tanto, si la inversión va a la alta velocidad, está continúa retrayendo recursos de la inversión tan necesaria para el ferrocarril convencional (373 millones de euros), las mercancías (140 millones de euros) o las cercanías, que es precisamente el medio que usa la mayor parte de la población (121 millones de euros).

Hay que añadir que la reducción de un 2,7% en las subvenciones corrientes al transporte supondrá además un mayor encarecimiento de los precios para los usuarios que ya vienen sufriendo en los últimos años, a lo que hay que sumar la reducción de líneas y servicios de RENFE-Operadora como resultado de la Obligación de Servicio Público (OSP) implantada según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30/12/2010 que está teniendo como consecuencia la dificultad de movilidad para muchas personas que se ven abocados a optar entre el aislamiento o el uso del automóvil.

La clara apuesta del Gobierno por la liberalización de los servicios de transporte ferroviario supone la privatización de muchos de ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio público. En definitiva menos servicios, más caros y de menor calidad.

En los PGE 2014 podemos comprobar cómo se va a desarrollar el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio en cuanto al diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no va a suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de planes anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.153 millones de euros de los que 1.184 millones serán para la creación de nuevas infraestructuras (178 Kms. más) frente a los 878 millones que se destinaran al mantenimiento y conservación de la propia red, claramente insuficiente para los 26.038 Kms. ya en servicio de la Red de carreteras del Estado. El deterioro de las carreteras existentes es a todas luces evidente y el pretexto




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utilizado por el Gobierno de que las licitaciones son más económicas porque las ofertas han bajado su precio, no se compadece con la realidad que ya en 2012 y 2013 estamos constatando. Se desiste además de las actuaciones en zonas urbanas y de la partida de acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la seguridad en carretera, a pesar de lo que pretende hacer ver el discurso oficial, queda claramente relegada al olvido.

Estos presupuestos dejan clara la intención de continuar apostando por un modelo dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se trasvasa a las entidades privadas. Es la ley de los vasos comunicantes, donde las dificultades de movilidad y encarecimiento del transporte para las mayorías se traducen en escandalosos beneficios para las grandes constructoras y las entidades financieras.

La política de vivienda da carpetazo a todas las ayudas, subvenciones y planes de vivienda hasta ahora vigentes, desviando las inversiones hacia el fomento del alquiler, beneficiando principalmente a los arrendatarios frente a los arrendadores, y al fomento de la rehabilitación (a las constructoras).

Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el Gobierno hará para cumplir con este derecho y van en sintonía con las recientes leyes de medidas para la flexibilización y fomento del mercado de viviendas de alquiler y de renovación, regeneración y renovación urbanas que responden única y exclusivamente a las exigencias largamente demandadas por las grandes agencias inmobiliarias y constructoras. Exigencias que ya el anterior gobierno del PSOE atendió, como fomento del alquiler, realizando importantes cambios normativos, implantando el desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas que, tras pinchar la burbuja inmobiliaria destinada casi en exclusividad a la venta, necesita ahora desviar el negocio hacia la vivienda en alquiler.

Se aseguran así los beneficios de estos grupos de presión en detrimento del de los inquilinos que verán como las condiciones contractuales se hacen más precarias, disminuyendo las obligaciones en cuanto a la duración de los contratos y aumentando las posibilidades para su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios, encareciendo el precio de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca más en contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho fundamental habitacional.

ENMIENDA NÚM. 1023

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este sector estratégico para la economía. La partida para desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011 y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a la energía. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153 millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico, este programa representa el 0.2% del total de industria y energía. En línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida para el IDAE —Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético— que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es un estado muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el




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futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

ENMIENDA NÚM. 1024

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Estos presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las Comunidades Autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Además se ignora que el próximo año debería entrar en vigor un nuevo sistema de financiación autonómica.

En estos presupuestos las transferencias del gobierno a otras Administraciones Públicas, se recortan drásticamente, en 2.328 millones de euros, una rebaja del 4,8%. Se rebajan las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia Global un 15,6%, la aportación del Estado al Fondo de Garantía en un 3,5% y a las CCAA en su conjunto se reduce un 18,87%. Las transferencias a los entes locales se congelan, con un incremento del 0,04%. Pero eso se produce tan sólo por el importante incremento de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, ya que disminuye fuertemente tanto la partida de Participación de ayuntamientos en los ingresos del Estado como la partida de Participación de las diputaciones y cabildos insulares en los ingresos del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la falta de lealtad institucional. Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ya que no se reconocen las deudas pendientes.

ENMIENDA NÚM. 1177

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

MOTIVACIÓN

Inadecuación de los créditos a los objetivos de protección social, que ponen en grave riesgo el desarrollo de unas políticas fundamentales para la vertebración y la cohesión social.

Al igual que sucediera en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013, los presupuestos de Seguridad Social que se presentan para 2014 no se ajustan a la realidad.

Si a las magnitudes macroeconómicas de crecimiento económico de un 0,7% del PIB, insuficientes para la creación de empleo neto, añadimos la precarización de nuestro mercado de trabajo y la política de devaluación salarial emprendida a partir de la reforma laboral de 2012, nos encontramos con un escenario de caída de los ingresos en cotizaciones que va a incidir directamente en el gasto de prestaciones, con unas dotaciones ya de por sí escasas para mantener el nivel de vida de nuestros pensionistas.

Este deterioro del saldo presupuestario, que según los presupuestos de Seguridad Social para 2014 alcanza la cifra de –9.744,91 millones de euros —un 94,99% más que el déficit alcanzado en 2011, un déficit que, en consecuencia, se ha multiplicado por 20 en los dos últimos años—, puede implicar una mayor detracción de recursos del Fondo de Reserva, el cual entre 2012 y 2013 ya se ha visto reducido en 23.631 millones de euros, lo que representa una reducción de un 33,7% respecto de la cifra que alcanzaba a finales de 2011.




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Es cierto que las cifras del presupuesto de ingresos, 119.691,14 millones de euros, representan un decremento de un 4,76% respecto a 2013. Pero no es menos cierto que la caída de las cotizaciones sociales, que representan el 86% de los recursos financieros del sistema, disminuyen sólo un 2,86% en relación a 2013, mientras que las cotizaciones de ocupados caen un 3,76% y se incrementan las cotizaciones de desempleados un 8,13%, lo que hace presagiar un deterioro aún mayor del mercado laboral. Al respecto se señala que, entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013, la caída en la afiliación es de 504.358 afiliados.

Y tampoco es menos cierto que el incremento en un 5% de las bases máximas de cotización tendrá un efecto mínimo sobre los ingresos del sistema, pues en ningún caso podrán compensar la caída del número de cotizantes y el estancamiento de las bases de cotización, consecuencia directa de la devaluación salarial y la precarización del mercado laboral: mayor trabajo a tiempo parcial en detrimento del trabajo a tiempo completo, y mayor temporalidad. Como dato se señala que los últimos datos de contratación enero-septiembre de 2013 reflejan una reducción de un 25,52% de los contratos indefinidos, en relación con el mismo período del año 2012.

Y a esto hay que añadir una importante caída de los ingresos provenientes de las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas: 2.557,42 millones de euros menos que en el ejercicio 2013, un 16,40%.

Así, la financiación de los complementos a mínimos desciende 1.500 millones de euros en relación a 2013. Si en 2013 el Gobierno se vanagloriaba del aumento de la aportación del Estado para sufragar esos gastos, que superaba los 12.950, en 2014 debemos lamentar esta reducción habida cuenta de que se espera un crecimiento del número de pensionistas, tal y como viene sucediendo en los últimos ejercicios, y sabemos que el 27,5% de estos pensionistas necesita de complementos a mínimos. A ello hay que añadir que la reforma de las pensiones que está llevando a cabo el Gobierno, que se aplicará en 2014, derivará a un mayor número de pensionistas a estos complementos por pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones. También las pensiones no contributivas descienden un 14% en relación a 2013, así como las prestaciones familiares, con una disminución del 40,97%, y las partidas destinadas a servicios sociales.

Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, también es cierto que presenta un incremento en operaciones no financiera del 2,89%: 129.436 millones de euros frente a los 125.579 millones de euros en el ejercicio 2013. Y también es cierto que la dotación destinada al pago de prestaciones se ha incrementado en un 2,98%, hasta alcanzar los 125.318,88 millones de euros. Pero no es menos cierto que esta partida en 2013 se incrementó un 5,22% y ha resultado insuficiente para hacer frente a las obligaciones del sistema.

Por su parte, el incremento de las partidas destinada al pago de las pensiones contributivas del sistema en un 3,26%, 3.533,95 millones de euros más que en 2013, hace explicita la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir 9 millones pensionistas en 2014 por la aplicación del nuevo índice de revalorización que contiene la reforma de las pensiones (0,25%), pues dicha partida debe hacer frente al aumento de los pensionistas, así como al denominado efecto sustitución, esto es, pensiones más elevadas que las que venían percibiendo las personas que fallecen y son dadas de baja en las obligaciones del sistema.

En el Presupuesto del IMSERSO destaca que en materia de atención a la dependencia se ha producido un descenso del 46,8% respecto del anterior. Detrás de este enorme recorte está la eliminación de la partida destinada a cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, unida al mantenimiento de las cantidades recortadas en 2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los tres presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular supone que en cada uno de esos años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención a las personas en situación de dependencia 283 millones de euros, más una cantidad igual que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se han producido recortes sustanciales en la partida destinada al nivel mínimo. Esta partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en 2011 y sufrió un recorte de 50 millones en 2012 y de 250 millones en 2013, hasta dejarla con una dotación de 1.087 millones, cantidad claramente insuficiente, que se repite en el Proyecto de Presupuestos correspondiente a 2014.

Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, que ha recortado derechos y expulsado a miles de beneficiarios.

Las partidas presupuestarias destinadas a Turismo y Termalismo Social sufrieron importantes minoraciones en los dos Presupuestos anteriores. En el Presupuesto de 2012 ambas sufrieron un descenso total de 34.098.000 euros respecto del anterior, lo que suponía una disminución del 24%. En el




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Presupuesto de 2013 se recortaban 7.201.150 euros de Turismo Social, lo cual supuso un nuevo recorte del 10% en esta partida. En el Presupuesto de 2014, después de dos ejercicios de fuertes recortes, se produce el mantenimiento de esas adelgazadas cifras. Estos programas, además de contribuir al mantenimiento y mejora de la salud de las personas mayores, facilitan su socialización y su acceso al ocio, al tiempo que generan importantes retornos económicos y de empleo en las zonas turísticas beneficiadas.

La dotación a Teleasistencia, que en 2011 era de 32 millones de euros, experimentó en el Presupuesto de 2012 un recorte de más del 93%, para acabar desapareciendo en el de 2013, lo que ha perjudicado a miles de personas que gracias a este servicio podían seguir viviendo en su domicilio a pesar de tener ciertas limitaciones por cuestiones de salud o de edad. En el Presupuesto de 2014 no existe dotación alguna para esta partida fundamental para el envejecimiento activo.

La red de centros adscritos al Programa 3134, «Autonomía Personal y Atención a la Dependencia» cuenta con 10 centros en funcionamiento, los mismos que existían en el año 2011. Es decir, en dos años de gobierno del Partido Popular no se ha incorporado a la red ni un solo centro y a la vista del este Proyecto de Presupuestos, será difícil que se abra algún centro nuevo en 2014.

Por todo ello, se propone el presente veto al Presupuesto de la Sección 60, pues no se ajustan a la realidad. Ni a la realidad de un mercado laboral, donde no se atisba ninguna política de creación de empleo y marcado por la precariedad y la devaluación salarial, de incidencia directa en los ingresos del sistema. Ni a la realidad de unos gastos que nacen infradotados para atender sus obligaciones, y que además explicitan la implantación de un sistema de revalorización que condena a nuestros pensionistas a la pérdida constante del poder adquisitivo de sus pensiones, especialmente preocupante en pensiones ya de por sí muy bajas y respecto de las que no hace un esfuerzo suplementario de aumento, esto es, las pensiones mínimas. Partidas de gastos con descensos importantes en las destinadas a evitar la pobreza y la exclusión social.

ENMIENDA NÚM. 1192

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

La grave crisis económica ha venido a poner de manifiesto de manera contundente la importancia de la inversión en conocimiento. Los efectos de la crisis en aquellos países que venían dedicando de manera sostenida mayores recursos a ciencia, tecnología e innovación han sido menos profundos y duraderos.

Para lograr una economía saludable que impulse el crecimiento que precisamos para la recuperación del empleo es imprescindible hacer de la inversión en investigación, desarrollo e innovación una prioridad. Los avances científicos contribuyen a la mejora de la calidad de vida y son fuente principal de la innovación, una innovación que contribuye de manera determinante a la mejora de la competitividad.

En el ámbito europeo esa prioridad se ha plasmado en el Programa Horizonte 2020. Los recursos destinados a este Programa dan buena prueba del papel clave para el desarrollo social y económico —y con ello para la salida de la crisis— que desde las instituciones europeas se reconoce a la promoción del conocimiento, de la ciencia y la innovación.

Sin embargo, una vez más, el Proyecto presentado por el Gobierno apunta en la dirección opuesta. La política de gasto de Investigación, Desarrollo e Innovación civil continúa perdiendo peso en el conjunto del gasto. Esta política representaba el 2,4 % de los presupuestos 2011 y en el Proyecto para 2014 ha descendido ya hasta el 1,6 %.

El recorte acumulado desde 2011 representa un 28 % de los créditos de los Capítulos I al VII y un 23 % de Capítulo VIII. Se ha reducido más allí donde la ejecución presupuestaria es elevada y menos donde es baja. Los créditos destinados al Fondo para la Investigación Científica y Técnica, de donde se nutren proyectos y personal de investigación, han caído un 31 %.




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En cuanto al CDTI, el recorte acumulado en Capítulo VII desde 2011 es del 66,3 %, 156 millones de euros, limitando seriamente la capacidad de actuación del Centro en su misión de fomento de la innovación empresarial, directamente vinculada con la competitividad.

Y lo que es, si cabe, aún más preocupante: el Gobierno afirma en el libro de presentación del Proyecto (Pag. 166-167) que los niveles de financiación actuales son razonables y que la I+D+i ha sido una de las prioridades de los presupuestos de los últimos años.

En esa clave ha de interpretarse el proclamado aumento del gasto en investigación civil, que además de exiguo apenas atiende deudas de los dos años anteriores y ni siquiera alcanza la suma de los créditos extraordinarios que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar en 2013 ante las denuncias de la comunidad científica y el inminente colapso del sistema. De hecho, iniciada la tramitación del Proyecto de Presupuestos para 2014, no se ha publicado todavía la convocatoria 2013 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, lo que representará en la práctica un año perdido.

Las cifras reflejadas en los diferentes programas de la Sección 27 que se integran en la Política de Gasto 46 son claramente incompatibles con la suficiencia financiera de nuestro Sistema de Ciencia-Tecnología, por lo que afectarían aún más a su capacidad investigadora, particularmente a lo más valioso, su personal de investigación. Sus efectos se multiplican por la limitación que el artículo 21 del Proyecto de Ley establece en la reposición del personal de investigación y el retraso ya de dos años en la creación de la Agencia Estatal de Investigación.

E igualmente perjudicial, y contrario al pretendido impulso de la competitividad que parecería presentarse como parte esencial del núcleo de la actividad del Departamento, es el mantenimiento del recorte de las transferencias al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Este recorte está afectando gravemente a la capacidad y eficacia del Centro en el momento en que, justamente, su acción es más necesaria para la recuperación económica.

Como es bien sabido, las políticas de I+D+i son especialmente sensibles a la inestabilidad financiera y los efectos del recorte no podrían, por tanto, ser recuperados a corto ni medio plazo.

Por ello el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto a la Sección 27 de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

ENMIENDA NÚM. 1260

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El presupuesto para 2014 previsto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa con la tendencia de recorte marcada por los correspondientes a 2012 y 2013 y resulta claramente insuficiente.

En el área de servicios sociales no se recuperan las partidas que se habían hecho desaparecer en los dos presupuestos anteriores, mientras que las que permanecen se mantienen con dotación escasa, tras los importantes recortes que sufrieron. Con ello se sigue dejando sin una atención básica a los colectivos más vulnerables de la sociedad mientras aumentan considerablemente las situaciones de necesidad a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.

En materia de atención a la dependencia se ha producido un descenso del 46,8% respecto del anterior. Detrás de este enorme recorte está la eliminación de la partida destinada a cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres, unida al mantenimiento de las cantidades recortadas en 2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los 3 Presupuestos elaborados por el PP ha supuesto que en cada uno de esos años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención a las personas en situación de dependencia 283 millones de euros, más una cantidad igual que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se han producido recortes sustanciales en la partida destinada al nivel mínimo. Esta partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en 2011 y sufrió un recorte de 50 millones en 2012




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y de 250 millones en 2013, hasta dejarla con una dotación de 1.087 millones, cantidad claramente insuficiente, que se repite en el Presupuesto correspondiente a 2014.

Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Las modificaciones normativas han expulsado a miles de personas en situación de dependencia que tenían derecho a ser beneficiarias del Sistema y han reducido sustancialmente la intensidad de los servicios y prestaciones. Medidas como la paralización del calendario, la eliminación de la financiación del nivel concertado, el aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares (casi todas mujeres), o el régimen incompatibilidad entre servicios y prestaciones, entre otras, han desmontado el Sistema tal y como fue concebido y acordado por los agentes sociales y las fuerzas políticas.

El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, se recortó en 2012 un 24,3% y en 2013 un 12,50%. En 2014 se mantienen las exiguas dotaciones resultantes de aquellos recortes.

Entre otras partidas relevantes, en este programa se encuentra el Plan Concertado, que en los dos Presupuestos anteriores sufrió un recorte del 66,66%, hasta situarlo en 30 millones de euros, una cantidad claramente insuficiente para el cumplimiento de sus fines, que los PGE de 2014 se limitan a mantener. Esto ocurre mientras la demanda de servicios sociales ha aumentado a cifras hasta ahora desconocidas.

En las políticas de discapacidad el anunciado nuevo Plan acción para las personas con discapacidad no cuenta con dotación alguna. Además, se mantienen las cantidades recortadas en partidas como la de la Universidad Carlos III para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción; la Confederación Española de Personas Sordas, para ejercicio de sus derechos básicos y para el Centro de Normalización lingüística de la Lengua de Signos Españolas; o la Fundación CENTAC para Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Con ello continúa el retroceso en materia de igualdad de oportunidades para este colectivo.

En las principales partidas del Programa 231G, Atención a la infancia y a las familias, se mantienen las cantidades resultantes de los recortes del 42,6% experimentado en 2012, y el 17,32% de 2013.

Ello ha implicado un enorme retroceso en estas políticas justo cuando son más necesarias. Entre otras consecuencias, se produjo en 2012 la desaparición de dos Programas de enorme importancia: los de medidas para menores infractores y los destinados a menores en situación de dificultad social y maltrato, que no se recuperaron en 2013 y tampoco en 2014.

En el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres también se ahonda en los recortes efectuados por los dos Presupuestos anteriores, dejando a los Programas correspondientes con una financiación insuficiente para el cumplimiento de sus fines. Con ello el Gobierno demuestra la escasa importancia que le merecen las políticas públicas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y erradicar la violencia de género.

El Programa 232B de actuaciones en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en los Presupuestos para 2013, se redujo a la mitad respecto de los presupuestos 2011 del último gobierno socialista, dejando una financiación exigua, que se mantiene en el Presupuesto de 2014. Esto supuso drásticas disminuciones en la dotación de los programas de Formación y Fomento del Empleo femenino (94% en los Planes Especiales respecto a los PGE 2011), así como el desmantelamiento de las ayudas al tejido asociativo de las mujeres en los programas a gestionar en CCAA o a través de Entidades Locales.

A ello hay que añadir, en 2014, el recorte que sufren los Programas para la aplicación de la igualdad de oportunidades, mientras que se dotan una serie de partidas con el denominador común del fomento del emprendimiento. Es loable tratar de favorecer el denominado «emprendimiento», pero ello no debe hacerse a costa de restar fondos de un programa cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A la vez, los presupuestos públicos de igualdad siguen beneficiando a los programas a gestionar por la CEOE, o por la Fundación YNCYDE, o del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, en detrimento de otras partidas de gasto que antaño gestionaba el tejido asociativo de mujeres, que acumula experiencia y expertizaje en la materia.

El Instituto de la Mujer, queda con la misma —escasa— financiación que tenía en 2013, después de sufrir un recorte del 34,13% respecto de los presupuestos de 2011 que laminó tanto las actuaciones del Gobierno como las de asociaciones de mujeres en materia de no discriminación y fomento de la participación de la mujer. Además, se pierde definitivamente la «cantera» de especialistas en género que se habían ido formando a lo largo de estos últimos años a través del Instituto, al reducirse, hasta casi desaparecer, la dotación para las ayudas a estudios universitarios de postgrado y a las becas de formación en materia de igualdad.




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En cuanto a la Prevención integral contra la violencia de género del Programa 232C, tras el decremento en 2013 del 27,01% sobre el ejercicio 2011, se produce en 2014 un recorte del 1,54% respecto del año anterior, alcanzando ya un recorte que supera el 28% y confirmando que el Gobierno es totalmente insensible ante esta realidad, en la que la rebaja de planteamientos ante cómo se debe luchar para erradicar esta expresión brutal de la discriminación contra las mujeres es patente: sigue sin ponerse en marcha el tan anunciado Plan personalizado de asistencia a las víctimas, han desaparecido prácticamente las campañas de prevención contra la violencia, mientras el Gobierno desmantela progresivamente la red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia.

ENMIENDA NÚM. 1261

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El presupuesto para 2014 previsto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa con la tendencia de recorte marcada por los correspondientes a 2012 y 2013 y resulta claramente insuficiente.

En el área de sanidad los presupuestos consolidan el recorte ya iniciado en los dos anteriores e impiden conscientemente que el Estado cumpla sus funciones de garante de la cohesión del Sistema Nacional de Salud y de coordinación de las políticas sanitarias.

En este sentido al decremento de un 61,10 por ciento que el Fondo de Cohesión Sanitaria sufrió en los PGE 2013 se une un nuevo descenso del 37,1 por ciento, quedando su dotación en 22 M de euros cuando en 2011 era de 99 M. Sin embargo lo peor es su desnaturalización. Por segundo año consecutivo el Fondo deja de cumplir las principales funciones para las que fue creado: la compensación a las comunidades autónomas de la asistencia sanitaria a pacientes derivados entre ellas, de la asistencia sanitaria en centros de referencia del Sistema Nacional de Salud y de la asistencia sanitaria a pacientes como consecuencia de la aplicación de técnicas o procedimientos con uso tutelado. Se convierte en un fondo extrapresupuestario donde el Estado no aporta ninguna financiación a los fines citados.

La dotación para Estrategias de Salud sigue bajando, las partidas de Salud Pública han desaparecido y el Plan de Calidad está dotado en un 10% de lo que estaba en la anterior legislatura.

En definitiva las políticas de cohesión y coordinación, que habían recibido un fuerte impulso durante el gobierno socialista, dejan de ser prioritarias lo que prueba el escaso peso político del Ministerio de Sanidad y pone de manifiesto que su finalidad actual consiste en una política legislativa de erosión de la sanidad pública.

En el área de servicios sociales no se recuperan las partidas que se habían hecho desaparecer en los dos presupuestos anteriores, mientras que las que permanecen se mantienen con dotación escasa, tras los importantes recortes que sufrieron. Con ello se sigue dejando sin una atención básica a los colectivos más vulnerables de la sociedad mientras aumentan considerablemente las situaciones de necesidad a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.

En materia de atención a la dependencia se ha producido un descenso del 46,8% respecto del anterior. Detrás de este enorme recorte está la eliminación de la partida destinada a cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres, unida al mantenimiento de las cantidades recortadas en 2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los 3 Presupuestos elaborados por el PP ha supuesto que en cada uno de esos años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención a las personas en situación de dependencia 283 millones de euros, más una cantidad igual que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se han producido recortes sustanciales en la partida destinada al nivel mínimo. Esta partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en 2011 y sufrió un recorte de 50 millones en 2012 y de 250 millones en 2013, hasta dejarla con una dotación de 1.087 millones, cantidad claramente insuficiente, que se repite en el Presupuesto correspondiente a 2014.




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Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Las modificaciones normativas han expulsado a miles de personas en situación de dependencia que tenían derecho a ser beneficiarias del Sistema y han reducido sustancialmente la intensidad de los servicios y prestaciones. Medidas como la paralización del calendario, la eliminación de la financiación del nivel concertado, el aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares (casi todas mujeres), o el régimen incompatibilidad entre servicios y prestaciones, entre otras, han desmontado el Sistema tal y como fue concebido y acordado por los agentes sociales y las fuerzas políticas.

El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, se recortó en 2012 un 24,3% y en 2013 un 12,50%. En 2014 se mantienen las exiguas dotaciones resultantes de aquellos recortes.

Entre otras partidas relevantes, en este programa se encuentra el Plan Concertado, que en los dos Presupuestos anteriores sufrió un recorte del 66,66%, hasta situarlo en 30 millones de euros, una cantidad claramente insuficiente para el cumplimiento de sus fines, que los PGE de 2014 se limitan a mantener. Esto ocurre mientras la demanda de servicios sociales ha aumentado a cifras hasta ahora desconocidas.

En las políticas de discapacidad el anunciado nuevo Plan acción para las personas con discapacidad no cuenta con dotación alguna. Además, se mantienen las cantidades recortadas en partidas como la de la Universidad Carlos III para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción; la Confederación Española de Personas Sordas, para ejercicio de sus derechos básicos y para el Centro de Normalización lingüística de la Lengua de Signos Españolas; o la Fundación CENTAC para Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Con ello continúa el retroceso en materia de igualdad de oportunidades para este colectivo.

En las principales partidas del Programa 231G, Atención a la infancia y a las familias, se mantienen las cantidades resultantes de los recortes del 42,6% experimentado en 2012, y el 17,32% de 2013.

Ello ha implicado un enorme retroceso en estas políticas justo cuando son más necesarias. Entre otras consecuencias, se produjo en 2012 la desaparición de dos Programas de enorme importancia: los de medidas para menores infractores y los destinados a menores en situación de dificultad social y maltrato, que no se recuperaron en 2013 y tampoco en 2014.

En el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres también se ahonda en los recortes efectuados por los dos Presupuestos anteriores, dejando a los Programas correspondientes con una financiación insuficiente para el cumplimiento de sus fines. Con ello el Gobierno demuestra la escasa importancia que le merecen las políticas públicas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y erradicar la violencia de género.

El Programa 232B de actuaciones en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en los Presupuestos para 2013, se redujo a la mitad respecto de los presupuestos 2011 del último gobierno socialista, dejando una financiación exigua, que se mantiene en el Presupuesto de 2014. Esto supuso drásticas disminuciones en la dotación de los programas de Formación y Fomento del Empleo femenino (94% en los Planes Especiales respecto a los PGE 2011), así como el desmantelamiento de las ayudas al tejido asociativo de las mujeres en los programas a gestionar en CCAA o a través de Entidades Locales.

A ello hay que añadir, en 2014, el recorte que sufren los Programas para la aplicación de la igualdad de oportunidades, mientras que se dotan una serie de partidas con el denominador común del fomento del emprendimiento. Es loable tratar de favorecer el denominado «emprendimiento», pero ello no debe hacerse a costa de restar fondos de un programa cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A la vez, los presupuestos públicos de igualdad siguen beneficiando a los programas a gestionar por la CEOE, o por la Fundación YNCYDE, o del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, en detrimento de otras partidas de gasto que antaño gestionaba el tejido asociativo de mujeres, que acumula experiencia y expertizaje en la materia.

El Instituto de la Mujer, queda con la misma —escasa— financiación que tenía en 2013, después de sufrir un recorte del 34,13% respecto de los presupuestos de 2011 que laminó tanto las actuaciones del Gobierno como las de asociaciones de mujeres en materia de no discriminación y fomento de la participación de la mujer. Además, se pierde definitivamente la «cantera» de especialistas en género que se habían ido formando a lo largo de estos últimos años a través del Instituto, al reducirse, hasta casi desaparecer, la dotación para las ayudas a estudios universitarios de postgrado y a las becas de formación en materia de igualdad.

En cuanto a la Prevención integral contra la violencia de género del Programa 232C, tras el decremento en 2013 del 27,01% sobre el ejercicio 2011, se produce en 2014 un recorte del 1,54% respecto del año




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anterior, alcanzando ya un recorte que supera el 28% y confirmando que el Gobierno es totalmente insensible ante esta realidad, en la que la rebaja de planteamientos ante cómo se debe luchar para erradicar esta expresión brutal de la discriminación contra las mujeres es patente: sigue sin ponerse en marcha el tan anunciado Plan personalizado de asistencia a las víctimas, han desaparecido prácticamente las campañas de prevención contra la violencia, mientras el Gobierno desmantela progresivamente la red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia.

Por todo ello formulamos el presente veto Sección 26 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

ENMIENDA NÚM. 1312

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

A la sección 25.

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 25. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 20 no responden, en esta Sección 25, a los objetivos y prioridades que los distintos responsables del Departamento han expuesto en sede parlamentaria, carece de una razonable adecuación entre dichos objetivos y las previsiones presupuestarias.

Asimismo, mantiene en el olvido importantes políticas que en años anteriores llevaba a cabo el Ministerio de Presidencia y se mantienen duplicidades no deseables, además de crearse alguna nueva.

ENMIENDA NÚM. 1316

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos para el año 2014 correspondientes a los programas de la Sección 20 (Industria, Energía y Turismo) continúan incidiendo en los mismos errores desarrollados por el Ministerio en la primera mitad de la legislatura y que han llevado a una muy preocupante caída del peso de la industria en el PIB, alejándonos cada vez más de los objetivos europeos.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo consolida con sus políticas los recortes sobre la industria y el turismo, así como la decisión de frenar el desarrollo de las energías renovables. Los presupuestos de esta sección debilitan fuertemente programas fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de la economía española y profundizan notablemente los principales problemas de nuestro tejido productivo.

ENMIENDA NÚM. 2093

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.




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MOTIVACIÓN

El Gobierno califica la política educativa en estos Presupuestos como prioritaria y sin embargo esta calificación no impide que se consoliden en estos presupuestos los dramáticos recortes que han dejado a la educación en España en los niveles presupuestarios del año 2006.

El pretendido incremento presupuestario en educación para el año 2014 va a significar un recorte del 24% respecto del último presupuesto gestionado por el Partido Socialista, el del año 2011. Eso significa que el Partido Popular está recortando en estos tres años presupuestarios, 2012, 2013 y 2014, una media de 700 millones anuales respecto al último presupuesto socialista, que ascendió a 2.843 millones.

De mantenerse esta media el próximo año y el compromiso con Bruselas de bajar el gasto en educación en 2015 hasta el 3,9 —así lo indica—, en una sola legislatura, en solo cuatro ejercicios presupuestarios se habrán ahorrado uno; o quizás sea más exacto decir que en cuatro años habrán recortado, habrán hurtado a la educación todo un año presupuestario, 2.800 millones de euros.

Además, los recortes inducidos por este Gobierno en las comunidades autónomas harán que se disparen los recortes en el sistema educativo en estos dos escasos años a 5.200 millones.

En cuanto a los programas presupuestarios que incluye el proyecto, el destinado a formación permanente del profesorado mantiene una reducción del 92,47% respecto del Presupuesto de 2011.

El destinado a educación infantil y primaria, comparado con el presupuesto de 2011 se recorta casi un 40%. En este programa han desaparecido las dotaciones para el ciclo de 0 a 3 años, en la línea de lo mantenido por el ministro Wert de que no es una etapa educativa sino asistencial. Es significativo que en los objetivos señalados para este programa se menciona textualmente: «sobre la base de lo anterior, (que hay que potenciar la educación infantil), resulta necesaria la asignación de fondos públicos destinados a este fin que permitan garantizar y hacer extensiva la concertación de nuevas unidades a aquellos centros privados de educación infantil que lo soliciten y reúnan los requisitos establecidos». Es decir, lo único que preocupa al Gobierno es concertar más unidades privadas de educación infantil.

En el programa de educación secundaria, FP y escuelas oficiales de idiomas, lo recortado desde 2011 se eleva hasta un 59%, es decir, 146 millones. Pero si lo comparamos con el año anterior, con el año 2013, cae también en siete millones y medio de los cuales, 5 millones se recortan en formación profesional, lo que contrasta con la prioridad que el Gobierno ha manifestado por la FP.

En el referido a enseñanzas universitarias, la asfixia a las universidades cada vez es mayor. Se ha recortado prácticamente un 70% a las universidades, un 69,88%.

En el programa relativo a servicios complementarios de la enseñanza, se han recortado un 98,4% desde 2011 los créditos referidos a la cobertura de libros de texto, habiendo confesado la Secretaria de Estado en la Comisión de Educación que en la práctica se elimina, dejando en exclusiva la partida restante para los centros de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las becas y ayudas, las modificaciones introducidas en la normativa reguladora, harán más difícil el acceso a las mismas, a pesar del aumento del crédito. Además, el día 31 de agosto de este mismo año, de acuerdo con los informes de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración General del Estado, se había ejecutado el crédito del programa Becas y Ayudas a Estudiantes en 80,4%. Esta cifra es extraordinariamente elevada, muy superior a la cifra de ejecución de agosto de 2012 que era del 49% y desproporcionada si la comparamos con la cifra de ejecución de agosto de 2011, cuando todavía gobernaba en Partido Socialista, que estaba en un 22%, lo que puede indicar muy probablemente una huida hacia delante en la gestión del crédito, que debe ser compensada con el incremento del crédito en este presupuesto.

En los programas de Deportes, el Gobierno sigue igualmente con la tónica de estrangular el presupuesto del Consejo Superior de Deportes disminuyendo las partidas globales, las transferencias corrientes, las inversiones, etcétera.

En materia de Cultura, en el marco de la impresentable política de hostilidad del PP con la cultura, con los creadores y autores, con el claro incumplimiento por parte del Gobierno de Rajoy del derecho de los ciudadanos que recoge el art. 44 de la Carta Magna, el problema del canon sin resolver y los recortes, evidentes o camuflados, son las líneas maestras del exiguo presupuesto de 716,40 millones de euros de la cultura para 2014, en este apartado de la Sección 18.

El incremento del tipo del IVA del 8 por ciento al 21 por ciento, aprobado por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para actividades culturales como el cine y el teatro, ha tenido y está teniendo efectos devastadores sobre un sector que ya venía atravesando, cuando se aprobó esta subida, serias dificultades.




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Esta medida que es un grave ataque a la industria cultural y creativa en España, y es una pésima decisión porque ahoga las posibilidades de crecimiento de un sector que representa el 3,2% del PIB y emplea a cerca de 500.000 trabajadores. Y con la mirada puesta en el futuro, supone renunciar a un modelo de crecimiento económico basado en la creatividad y en el valor añadido que va asociado al talento y a la innovación.

Por otra parte, la pérdida en la recaudación del propio impuesto evidencia la torpeza del Gobierno y el negativo impacto de la medida, porque de cines cerrados, de teatros vacíos, de conciertos sin público no se recauda nada. Y eso es lo que va a conseguir el Gobierno si no rectifica: vaciar espacios culturales.

El Grupo Socialista ha presentado numerosas iniciativas, todas ellas rechazadas por el voto en contra del Grupo Popular, para dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida al material escolar y a los bienes y servicios culturales prevista en el mencionado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Si bien uno de los objetivos que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en el ámbito de Cultura, es «facilitar la creación, la innovación y la producción de conocimiento e impulsar la cultura en red, salvaguardando los derechos derivados de la propiedad intelectual», aún no ha sido presentado el proyecto de ley de propiedad intelectual que viene siendo anunciado desde las primeras comparecencias del Ministro Wert, únicamente se suprimió el canon digital, mediante el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, que regula la Comisión de Propiedad Intelectual.

El Gobierno anunció entonces que establecería, reglamentariamente, el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministro Wert afirmó que «el modelo de compensación equitativa de los derechos de autor a través del canon digital se ha demostrado, en la práctica y en los tribunales, un modelo cuestionado y lleno de ineficiencias, contestado desde la sociedad y sumamente difícil de gestionar».

Y en el proyecto de presupuestos se recoge, de nuevo como el año pasado, la cantidad de 5 millones de euros para 2014 para la compensación equitativa por copia privada, pero sigue sin resolverse la cuestión, lo que representa un fuerte golpe al tejido asociativo del sector cultural.

El anunciado proyecto de ley de mecenazgo tampoco ha sido remitido a las Cortes, como se comprometió por parte del Ministro Wert en su primera comparecencia para presentar las líneas generales del Departamento, siendo muy necesaria una ley singular diferenciada como instrumento normativo específico dedicado en exclusiva al mecenazgo.

La ley no debiera ceñirse sólo a aspectos fiscales sino también a otros aspectos que sirven de estímulo a la participación privada en actividades de interés general y que, en muchos casos, son la verdadera motivación de la actuación de mecenazgo, incorporando mejoras tributarias sobre la situación actual.

Por otro lado, y es una muestra clara de la falta de coherencia y de rigor, esta Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado no contempla las líneas de crédito imprescindibles para cumplir el Plan Estratégico General 2012-2017 de la Secretaría de Estado de Cultura, es decir, no recoge, no cuenta con los recursos financieros necesarios para poder desarrollar la propia política diseñada por el Gobierno del PP.

En definitiva, sustanciales recortes en cultura, decisiones pendientes y problemas sin resolver, incoherencia, constituyen alguna de las razones por las que el Grupo Socialista no comparte la política del Gobierno del Partido Popular ni su concreción en los Presupuestos Generales del Estado y, por todo ello, presenta una enmienda a la totalidad de devolución de la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

ENMIENDA NÚM. 2273

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

En el Proyecto de Ley de PGE para 2014 las políticas de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitencias, correspondientes a la Sección 16 del Ministerio del Interior asciende a 6.386, y en términos consolidados el presupuesto total del Ministerio para 2.014 asciende a 7.296,51 millones de euros, lo que




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implica según el Ministerio del Interior un incremento respecto a los presupuestos de 2013 en términos no consolidados del 1,2 por ciento. Pero es imprescindible precisar sin embargo que este aumento está prácticamente condicionado por los créditos destinados al pago de obligaciones de ejercicios anteriores, esto es, de deudas, asignados por importe de 61,7 millones de euros, así como al incremento derivado y exigido por la organización de las elecciones al Parlamento Europeo, por importe de 93,5 millones de euros. Sin esta cuantía veríamos que el presupuesto del Ministerio del Interior seguiría bajando, lo que unido a las bajadas de 2011 y 2012 significa una bajada de más de un seis por ciento en las políticas de seguridad en los tres presupuestos que, con el de 2014, ha gestionado el gobierno del Partido Popular.

Los gastos de personal, que supone casi el 80 por ciento de todo el presupuesto, se reduce en un 2,06 por ciento, 121,29 millones, y esto es consecuencia de la política de congelación salarial y de la variación más importante en el menor número de efectivos por la práctica congelación de plantillas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que claramente tendrá efectos en la seguridad. Ya está teniendo efectos en zonas rurales donde la escasa presencia de guardias civiles permite que los malhechores campen a sus anchas. También repercutirá negativamente la escasez de medios humanos y económicos que conlleva este Presupuesto, en la necesaria solución a los problemas fronterizos de Ceuta y Melilla y en la prevención de la emigración irregular, para lo que el Ministerio mantiene unos créditos con cuantías ridículas, que para todas las actuaciones no van a superar los 18 millones de euros y hay que recordar que de esos 13 millones es para mantenimiento y sólo 1,8 millones de euros para el reforzamiento del SIVE.

El PGE al igual que en años anteriores siguen sin previsión alguna en relación con los Proyectos de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y Ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, lo que desmiente cualquier intención, comunicada a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de aprobar estas leyes prácticamente en esta legislatura.

Las atribuciones presupuestarias de la Dirección General de Política Interior, que se incrementan por la organización de las elecciones al Parlamento Europeo por importe de 93,5 millones de euros, se mantiene en materia de asilo, refugio, régimen de apátrida y atención a desplazados. Son unas dotaciones insuficientes para asegurar el adecuado desarrollo de los procedimientos de protección internacional, sobre todo si tenemos en cuenta que el número de solicitudes en este momento asciende a 3.216, que de seguir esta tendencia acabará por encima de las 4 mil solicitudes. A ello hay que añadir la financiación del compromiso del Ministro del Interior, que afirmó en el último JAI, que a través del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados actualmente se está trabajando en la elaboración del Programa 2013, a ejecutar en 2014, que podría establecer un máximo de cien refugiados, que si bien la cifra no va a aliviar en exceso a los países que están sufriendo la presión de los refugiados de Siria, si va a suponer un incremento del gasto.

La Protección Civil continúa sin ser una prioridad para el Ministerio del Interior. El Presupuesto para 2014 es exactamente el mismo, al céntimo incluso, que el correspondiente en 2013 como si la labor de coordinación con las Comunidades Autónomas, la prestación de medios auxiliares del Estado y la intervención, por ejemplo, en incendios e inundaciones no necesitaran mejorar sus actuaciones y eficiencia.

En cuanto al tráfico, con un ligero incremento, la Dirección General de Tráfico continuará con la disminución de sus partidas para actuaciones en tramos y puntos peligrosos o conflictivos. En cambio contará con más para vigilancia estática para el tráfico, lo que se traducirá, exclusivamente, en más sanciones.

Finalmente, el Presupuesto para la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias disminuye en 69 millones de euros respecto a 2013. Eso implica que habrá, ya que por tercer año consecutivo, menos funcionarios al continuar congelada la oferta pública de empleo. La consecuencia será, de aprobarse la propuesta de nuevo código penal, un inexorable aumento de los internos por el incremento de las penas y duración de las mismas. Y en línea descendente continúan también la formación y reinserción de internos que contará con menos recursos.




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ENMIENDA NÚM. 2329

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

MOTIVACIÓN

Por falta de adecuación de los créditos a los objetivos de la sección.

Tres grandes razones explican la enmienda a la totalidad en la parte relativa a la política tributaria:

— La subida de impuestos generalizada es injusta y tiene unos efectos negativos sobre la actividad económica.

— No aborda una ambiciosa reforma fiscal que contribuya a la sostenibilidad de las cuentas públicas, a la generación de riqueza y al reparto de la misma.

— Estos Presupuestos suponen un retroceso, que se suma al de los dos presupuestos anteriores, en los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude fiscal.

Además, los créditos que corresponde gestionar a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ponen de manifiesto la dejación que hace el Estado de la cooperación económica local. Este programa, de gran importancia hasta los Presupuestos de 2011, prácticamente desaparece; este año el programa ha disminuido un 64,57 por ciento respecto a los PGE 2013. Pero lo que es peor la dotación para planes provinciales e insulares de cooperación ha quedado reducida a 432 mil euros; con ello se impide la continuación de los planes de obras y servicios. Por otra parte desde que gobierna el PP la financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de este programa, ha desaparecido. Si a ello se unen las medidas legales previstas en el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local queda demostrado el nulo interés de este gobierno por el municipalismo y el mundo rural.

Los Presupuestos de esta sección, unido al proyecto de ley de Presupuestos —especialmente los Títulos III, que establece otro año la congelación salarial de los empleados públicos y una oferta de empleo público reducidísima, y VII— y a las decisiones políticas adoptadas por el Ministerio, reflejan también el desinterés del gobierno por el sector público y los servicios públicos así como su pretensión de un sistema de relaciones entre los tres niveles de administración presidido no por el principio de cooperación sino por el de control del Estado sobre el resto de administraciones, fundamentalmente respecto de las entidades locales.

ENMIENDA NÚM. 2330

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

(AL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA).

MOTIVACIÓN

El Presupuesto de la Corporación Pública de Radio Televisión Española (CRTVE), con los recortes consolidados en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013, y la asignación para 2014, no garantiza la viabilidad del Servicio Público de la Radio Televisión Pública ordenado por las leyes y el Mandato Marco para la CRTVE —aprobado por el Parlamento en diciembre de 2007.




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ENMIENDA NÚM. 2342

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

La reiterada caída de las inversiones del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado, durante la presente legislatura, está contribuyendo a la destrucción de miles de empleos, al cierre de numerosas empresas, a importantes retrasos en la culminación de proyectos vitales para nuestra economía y a un grave deterioro de nuestras infraestructuras.

La errática política de infraestructuras y transportes del Ministerio de Fomento, el incumplimiento sistemático de la planificación comprometida por el propio Ministerio, el abandono de la cohesión territorial en la planificación y ejecución de la inversión o el afán de ocultismo con el que el Gobierno gestiona la política de Fomento que le ha llevado a impulsar la privatización de hasta el 60% de AENA a espaldas del Parlamento y sin reflejo presupuestario, justificarían individual y ampliamente la presentación de un propuesta de veto a esta sección.

Siguiendo la tónica de los anteriores proyectos, la Sección 17 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 sufrirá un nuevo recorte del –1,26%, con respecto al Presupuesto de 2013 y de un –13,36%, si lo comparamos con el último presupuesto aprobado durante la pasada legislatura. Si analizamos las inversiones de esta sección presupuestaria, su capítulo 6 disminuye, en comparación con el correspondiente al ejercicio actual, un 29,37%. Si esta comparación la realizamos con el último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno socialista, la reducción experimentada por esta sección en su capítulo de inversiones reales es de un 45,25%. Esta caída se produce, además, en la totalidad de los principales programas que desarrollan políticas de inversión, aunque es especialmente significativa la correspondiente al programa 453-B: Creación de infraestructura de carreteras, cuyo capítulo de inversiones reales disminuye, en comparación con el presupuesto en vigor, en 605.867,34 miles de euros (–42,23%), experimentando el conjunto del programa una reducción del 32,82%, lo cual es paradójico teniendo en cuenta el peso del transporte por carretera en el conjunto de la movilidad y, por tanto, en el conjunto de nuestra economía. A esto hay que añadir un nuevo recorte del 11,6% en el programa de conservación de carreteras con respecto al presupuesto 2013, con una disminución en su capítulo 6 de 124.082,66 miles de euros (–13,17%) y que se traducirá en una importante descapitalización de nuestro patrimonio infraestructural, el incremento del riesgo de accidentes de tráfico, la destrucción de cientos de puestos de trabajo y un nuevo y reiterado incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Fomento.

Por otro lado, este desmoronamiento de la inversión en la sección 17 no se ve compensada por la de las sociedades adscritas al Ministerio de Fomento que siguen la misma política en este aspecto. Y si bien es cierto que algunas sociedades como Puertos del Estado, Renfe o Seittsa, experimentan ligeros incrementos, en absoluto compensan los brutales recortes en la inversión que se han producido a lo largo de la presente legislatura.

La caída de la inversión 2014/2012 de las sociedades adscritas al Ministerio de Fomento ha superado los 1.200 millones según las cifras consignadas por el propio Gobierno en los diferentes PGE, y supera los 4.000 millones si se comparan los PGE de 2014 y 2011. Esta caída de la inversión ha ido asociada a un fuerte aumento de la deuda, según las previsiones del Gobierno en los diferentes PGE de más de 844 millones en el periodo 2014/2012.

A todo lo anterior hay que añadir una previsión de inversión, durante el presente ejercicio, en las citadas sociedades, muy distante de las cifras presupuestadas: –31,92% en Adif; –15,63% en Aena; –25,74% en Puertos y –24,33% en Renfe.

El impacto de la caída de inversión del Grupo Fomento del 34% en el período 2014/2011, más de 4.000 millones, ha contribuido a la destrucción de cientos de miles de empleos en España, sin haber supuesto por ello una reducción de la deuda, reflejo del fracaso de la política diseñada por el Ministerio de Fomento.

Mención aparte merece el caso de ADIF, cuyo promedio de inversión anual a lo largo de la presente legislatura ha caído, en comparación con la legislatura anterior, un 18,35%, retrasando con ello la construcción de nuestros grandes corredores ferroviarios pertenecientes a las Redes Transeuropeas de Transporte y que constituyen unas infraestructuras vitales para impulsar nuestra industria y nuestro comercio en el exterior.




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Por lo que respecta a la política de vivienda, continúa la senda de los anteriores ejercicios presupuestarios, traduciendo el presupuesto en cifras el ensañamiento de este Gobierno en los recortes de los programas destinados a favorecer el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos con menores rentas. Así, si tomamos como referencia el último presupuesto aprobado durante la pasada legislatura, el programa 261-N, promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda, destinado, «a equilibrar el desarrollo regional y estimular la distribución de la riqueza como consecuencia de esa planificación (artículo 131 de la Constitución Española), que posibilitará, además, la consecución de los objetivos previstos en el artículo 47 de la Constitución «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», se ha visto recortado en un 31,41%; El programa 261-O, ordenación y fomento de la edificación, destinado principalmente a la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y social, reduce su dotación en este presupuesto en un 2,33%, con lo que ha visto disminuida su cuantía, a lo largo de la presente legislatura un 63,97%. Por último, el programa 261-P, suelo y políticas urbanas, sufre una reducción del 1,55%, acumulando una disminución del 39,91%.

Los presupuestos correspondientes a los programas de vivienda son ficticios en tanto que el Gobierno ha suspendido la aplicación del Plan de Vivienda y Suelo 2009-2012 y ha bloqueado, por falta de desarrollo normativo y ausencia de convenios de colaboración con las CCAA y entidades financieras que los articulen, la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, hecho que queda reconocido expresamente por el Gobierno en la descripción del programa 261N.

Por todo ello, es procedente la presente propuesta de veto a la Sección 17 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014. Se trata de dar ocasión al Gobierno a su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios que coadyuven al estímulo del crecimiento y a la generación de empleo y que participen en el impulso a la competitividad, sostenibilidad y desarrollo exterior de nuestras empresas.

ENMIENDA NÚM. 2670

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

MOTIVACIÓN

El Gobierno destinará 7.720,53 millones de euros (M¤, en adelante) en 2014 a la política de agricultura, pesca y alimentación, lo que representa un incremento mínimo del 0,8% respecto a los 7.661,87 M¤ de este año 2013.

A pesar de ello, continúa siendo un presupuesto insuficiente que no permite compensar las disminuciones que se vienen produciendo desde que gobierna el Partido Popular en el presupuesto destinado a agricultura, pesca y alimentación. Recordemos que el gasto en esta política pública era de 8.575,09 M¤ en el Presupuesto para 2011 y que se redujo mínimamente en 2012 (8.510,63 M¤) para sufrir una drástica bajada en el presupuesto para 2013 (7.661,86 m¤).

Esto convierte al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un «cascarón vacío» que, en buena medida, se limita a tramitar los fondos europeos. No existe una política agrícola y pesquera activa en defensa y promoción de un sector fundamental para nuestra economía real.

Las transferencias agrícolas y pesqueras que España recibe de los fondos europeos (FEAGA, FEADER, FEMP, FEP, FEOGA-O, IFOP y otros recursos) se incrementan ligeramente. Según el dato de previsión de caja, pasa de 7.204,21 M¤ en 2013 a 7.274,00 M¤ previstos para 2014.

En esta misma línea, es necesario destacar que la política de gasto dedicada a esta área supone, en relación al total del presupuesto, un porcentaje incluso menor que la del año anterior: del 1,88% en el Presupuesto para 2013 pasa al 1,82% en el actual.

Salvo el relativo al desarrollo rural, todos los programas dedicados a agricultura y alimentación sufren mermas considerables. Con estas cifras difícilmente se cumplirán en el medio rural los objetivos de la política de desarrollo rural de mejora de la competitividad, de creación de empleo y diversificación de la actividad, de respeto al medio ambiente o de conservación del patrimonio.




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Hay que tener en cuenta que, desde que gobierna el Partido Popular, los dos programas dedicados al mundo rural (414B y 414C) se han visto reducidos prácticamente a la nada. En particular es necesario destacar la reducción del programa 414C —que disminuye en torno al 90% desde el Presupuesto General del Estado para 2011—, llamado a financiar el Programa de Desarrollo Rural sostenible 2010-2014 que deja virtualmente sin aplicación la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo rural sostenible del medio rural se ha ido implementando estos años.

Los dos programas dedicados a la política pesquera resultan también absolutamente insuficientes para enfrentar los retos e, incluso, amenazas a las que se enfrenta el sector pesquero español. Los programas 415A (Protección de recursos pesqueros y desarrollo sostenible) y 415B (Mejora de estructuras y mercados pesqueros) suman 61,2 M¤, frente a los 62,3 M¤ que sumaban en 2013 o los 121,99 M¤ del Presupuesto para 2011.

El programa dedicado a la protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible (415A), dirigido al conocimiento de los caladeros y a su explotación más racional, no llega a 14M¤, lo que supone una reducción del 29,8% entre 2012 y 2013. En cuanto al programa relativo a la mejora y estructura de los mercados pesqueros (415B) ha pasado de 48,9 M¤ a 46,4 M¤ (%). Frente a los 93,35 M¤ con que contaba en 2011, la reducción presupuestaria es notable.

De nuevo en este ámbito es aplicable la conclusión anterior según la cual el MAGRAMA está quedando, también en materia de pesca, prácticamente reducido a gestionar las ayudas provenientes de la UE.

La protección ambiental se manifiesta desde el punto de vista del Gobierno como un obstáculo para hacer negocios. El desmantelamiento de las políticas medioambientales que ha mostrado este Gobierno a través de su actividad legislativa de rebaja de exigencias en todos los ámbitos que ha regulado (Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, Ley de prevención y control de la contaminación y residuos y suelos contaminados, Ley de costas y el proyecto de evaluación ambiental y la Ley de evaluación ambiental en trámite), se confirma de nuevo con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que vuelven a suponer un retroceso en las todas las partidas, con una única excepción relativa a la gestión e infraestructuras del agua.

El 27 de septiembre de 2013 se hizo público el informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), creado por NNUU, que alerta de que nos acercamos al punto de no retorno en la lucha contra el calentamiento global. En un prolijo informe detalla los riesgos de este fenómeno tanto en la subida de la temperatura, cambio en el clima, concentraciones en la atmosfera de gases contaminantes o subida del nivel del mar.

Mientras que las evidencias científicas y el rigor de los estudios internacionales urgen a la adopción de medidas, el Gobierno sigue encerrado en su ceguera frente a la prevención y a las medidas paliativas. El presupuesto en este ámbito desciende en más de seis millones de euros (6.64M¤) respecto al año anterior y un 58,22 (59M¤) respecto a 2011. Aunque en ello influye la situación del mercado de CO2, a todas luces, si algo ha sucedido en este tiempo es precisamente que resulta aún más acuciante la adopción de medidas presupuestarias en todos los ámbitos relacionados con el cambio climático.

Es evidente que el Gobierno hace oídos sordos ante las evidencias científicas, no ha previsto realmente ningún mecanismo legal de estudio e incluso ha provocado el cierre del Observatorio Español de la Sostenibilidad. La falta de interés, junto con el presupuesto mermado hace imposible afrontar con un mínimo rigor y seriedad unas consecuencias que pueden ser irreversibles si no se adoptan medidas a tiempo.

Aunque aumenta la partida referida a la gestión e infraestructuras (cumplimiento de aplicación de la legislación de aguas y planificación hidrológica) el resto desciende. La inversión en este área resulta efectivamente estratégica y fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que las graves inundaciones sufridas en este mismo año y 2012 han puesto en evidencia la necesidad de adecuar infraestructuras para prevenir nuevas inundaciones y mayores daños cuando las condiciones climáticas sean desfavorables.

Por todo ello, se presenta el presente veto al Presupuesto de la Sección 23.




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ENMIENDA NÚM. 2892

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa destinará para la Defensa 5.743 millones de euros según lo recogido en la Sección 14 de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que significa un 3,22 por ciento menos que en 2013.

Un año más el Gobierno aprueba para la Defensa un presupuesto amputado que no permite vislumbrar qué modelo de Fuerzas Armadas y qué política de Defensa quiere para España, ya que el mismo carece de objetivos estratégicos.

Otra vez el Presupuesto del Ministerio de Defensa para 2014 es un presupuesto virtual ya que sigue sin recoger una previsión de gasto realista, especialmente, para los programas especiales de armamento y para operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, para lo que programa 6,84 millones de euros para programas especiales de armamento, así como 4 millones para las operaciones de mantenimiento de la paz.

La realidad es que los gastos de las operaciones militares en el exterior en 2012 fueron 784 millones de euros, procedentes de un fondo de contingencia del Ministerio de Hacienda.

De otra parte, los Programas Especiales de Armamento recibieron también de fuera del Ministerio un crédito extraordinario de 1.782 millones en 2012 y de 877 millones este 2013.

Así pues, el presupuesto inicial del Ministerio de 5.743 millones de euros, no recoge en absoluto el gasto del Departamento, que gastó un 40 por ciento más en 2012 de los 6.316 millones que presupuestó y que gastará en 2013, como mínimo, un 30 por ciento más.

Respecto a la política de personal de las Fuerzas Armadas tampoco podemos deducir con claridad hacia dónde va el presupuesto. Estamos en 121.000 efectivos. Los Presupuestos contemplan una nueva reducción en tropa y marinería, sin que haya una planificación a medio plazo y excluyendo de cualquier debate a la Cámara.Esto afecta de manera directa a una materia como la Defensa, política de Estado.

Finalmente, hay que señalar que continúan bajando en los Presupuestos los elementos nucleares para el mantenimiento y las capacidades militares, así como la modernización y el adiestramiento. Si se mantienen los recortes en esta materia, no estarán aseguradas nuestras capacidades de hoy, e incluso estaremos poniendo en peligro las capacidades del futuro, lo que inexorablemente nos conducirá a perder los requerimientos necesarios para cumplir con la misión fundamental que el artículo 8 de la Constitución encomienda a la Fuerzas Armadas.

ENMIENDA NÚM. 2893

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Sección 13. Ministerio de Justicia

Veto

Para el año 2014 el presupuesto destina 1.500,75 millones de euros para las políticas de justicia, lo que supone una reducción de un 2,17% en relación con el presupuesto para 2013, que ya tuvo una caída del 4,21% respecto al presupuesto del año 2012, y que vuelve a situar el presupuesto de justicia en cifras de presupuestos anteriores al año 2009.

Este sostenido descenso en las políticas de justicia en los años de Gobierno del Partido Popular, aplicado también en otros servicios públicos básicos, tiene un negativo impacto y consecuencias del máximo alcance en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.




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Poco o nada que ver con la «regeneración institucional» que predica el Ministerio de Justicia las tres sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobadas prácticamente en solitario por el Grupo Popular, a toda velocidad, sin el mínimo diálogo ni voluntad de consenso. Con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, se ha perdido la oportunidad de mejorar su funcionamiento, llamado por la Carta Magna a garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, garantía de un buen servicio público de la justicia para todos los ciudadanos, a la vez que se han sentado las bases para una ocupación política del Poder Judicial por el Gobierno, lo que ha motivado que el Grupo Socialista haya recurrido de inconstitucionalidad algunos preceptos de la ley ante el Tribunal Constitucional.

Las reformas anunciadas en la demarcación y planta judicial siguen la senda de las reformas de la Administración que nos viene proponiendo el Gobierno del Partido Popular, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tienen como único eje rector, so pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la Administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos en favor del negocio privado.

En cuanto a las reformas organizativas para crear vías alternativas a la resolución de conflictos, ya el Grupo Socialista manifestó su honda preocupación por que se tratara de una fórmula de las que el Ministro ha venido anunciando, de privatizar el servicio público de la justicia a favor de determinadas corporaciones profesionales y en detrimento del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que no podrán permitirse acceder a esa vía privada. En la medida que aceptemos que se refuerce la justicia privada, avanzamos en la demolición de la justicia como servicio público.

El Grupo Socialista no puede compartir que se haga una justicia de dos velocidades, no puede aceptar el «tasazo» copago que establece una diferencia entre los ciudadanos que puedan costearse la defensa de sus derechos de quienes, sencillamente, no puedan ni siquiera plantearse acceder a la defensa de los mismos.Por afectar a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley se recurrió la Ley de tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.

Frente a la recaudación de impuestos para dotar de los servicios públicos que precisa nuestra sociedad, se está imponiendo el criterio de pagar por usar el servicio, dificultando en este caso el acceso a la justicia de la mayoría de la ciudadanía, que no se encontrará en los supuestos de disfrutar del beneficio de la justicia gratuita, pero a la que resultará extraordinariamente gravoso acudir a los tribunales.

La justicia gratuita no experimenta incremento alguno a pesar de la litigiosidad y de los efectos de la crisis. Por el contrario, se anuncia el refuerzo del servicio sin aportar ni un euro más a la partida presupuestaria cuya cuantía se mantiene, y se traslada la sostenibilidad del sistema de asistencia jurídica gratuita a la colaboración con las Comunidades Autónomas. Se anuncia también una revisión del sistema basada, exclusivamente, en la desconfianza hacia los ciudadanos ya que parte de una presunción de fraude al dedicar un capítulo importante a la comprobación de la existencia real de este derecho.

No es casual que se releguen las reformas orientadas a la modernización de la justicia, visto el descenso del 18 % de las partidas destinadas a la modernización tecnológica: 30,84 millones corresponden al Plan de Modernización Tecnológica. Este nuevo recorte se suma al del pasado ejercicio 2013, es decir, continua la pauta del descenso sostenido en el tiempo.

La Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal es, un año más, absolutamente insuficiente, ya que se prevé que no podrá superar, en el año 2014, el límite máximo de 50 plazas. De ellas, 30 estarían destinadas al ingreso en la judicatura y 20 en la fiscalía. Se trata de una medida que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma, cuando lo necesario es el incremento como mínimo en 300 plazas para jueces y fiscales.

No se incrementa la plantilla judicial y se pretende que, con los mismos recursos, se pueda asumir la carga de trabajo que realizaba la justicia interina, tras el ERE en la Administración de Justicia lo que agravará todavía más la precaria situación de los juzgados y tribunales, con los consiguientes perjuicios para la ciudadanía.

El modelo de Ruiz-Gallardón ni implanta la oficina judicial, ni ofrece a la ciudadanía un modelo alternativo que agilice la justicia, constituye, exclusivamente, con su apuesta por las tasas y privatizaciones de servicios como única forma de «agilizar» la justicia, una forma de desmantelar otro servicio público.

Los recortes previstos en materia de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 evidencian que el buen funcionamiento del servicio público de la administración de justicia y la tutela adecuada de los derechos fundamentales de la ciudadanía no se encuentra entre las prioridades del Gobierno.




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Por todo ello, el Grupo Socialista no comparte la política de justicia del Gobierno del Partido Popular ni su concreción en los Presupuestos Generales del Estado y, por esa razón, presenta un veto a la Sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 2912

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 presentan una reducción presupuestaria del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación de 1.264,82 millones de euros, casi 100 millones con respecto al actual que se situaba en los 1.343 millones, es decir una reducción del 7,18%, correspondiendo al programa 142A, 669,97 millones de euros, y al programa 143A, Cooperación para el desarrollo 494 millones.

La política exterior en su conjunto, encuadrada dentro del de Área de Servicios Públicos Básicos, pasa de 1.497 mill euros (0,37% del gasto total presupuestario) a 1.395 mill euros (0,33 del gasto total presupuestario), lo que significa una reducción global de este Servicio Publico Básico del 6,69%, la mayor con diferencia de todas las políticas de dicho Área de Gasto. Se explica en la propia propuesta presupuestaria que dicha minoración de recursos se debe principalmente a la disminución del Programa 143A, Cooperación para el Desarrollo» con un crédito que supone una tasa de variación negativa del 5,04. Se trata sin lugar a dudas de un dato revelador al igual que lo es la minoración sufrida por el Programa 142A, Acción del Estado en el Exterior» que se dota con 669,98 mill euros, lo que significa una reducción del 12,33% con respecto a la dotación presupuestada para el año 2013.

En general, si atendemos a los Presupuestos globales del Ministerio se pone en cuestión el objetivo que el Ministerio menciona en su reciente Proyecto de Ley de la Acción y el Servicio Exterior del estado, en el que según el texto remitido al Congreso se pretende fortalecer la presencia internacional y reforzar la imagen de España en el mundo, la llamada «Marca España».

Y es que en estos presupuestos no sólo no aparece ningún atisbo de reforzamiento de la presencia internacional de España sino que más bien, de haber algo, lo que hay es una disminución muy importante de los instrumentos de acción exterior y en particular de la diplomacia española.

Estos presupuestos plantean demasiadas incertidumbres directamente relacionadas con la política exterior, la política en materia de derechos humanos, en relación a la protección y defensa de los intereses españoles en el exterior, de reforzamiento de las instituciones globales, sobre el papel y la presencia activa de España en África, Oriente Medio y por supuesto Asia, ante el proceso de concentración de nuestras delegaciones y misiones diplomáticas, y también cuestiona nuestro papel en el Servicio Exterior europeo entre otras cuestiones.

En resumen, no podemos estar más que inquietos a la vista de estos Presupuestos que ponen en cuestión los objetivos que debe tener la política exterior como política de Estado, una adaptada al siglo XXI y sus grandes retos globalizadores, y que se dota con presupuestos más propios del siglo pasado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de la situación de crisis económica en las que se desenvuelven las cuentas públicas, pero también somos conscientes de que este Ministerio y sus políticas no pueden convertirse en la cenicienta de los PGE.

Específicamente, en materia de Cooperación al Desarrollo, en tan sólo 3 años el Gobierno ha llevado la Ayuda Oficial al Desarrollo del 0,28 % del último presupuesto socialista, al 0,17 %, cuando hay que recordar que el objetivo se sitúa en el 0,7 %. El PP está realizando un recorte selectivo e intencionado de la cooperación que tiene sólo un objetivo: desmantelar y desarmar la arquitectura del Sistema Español de Cooperación.

Estos presupuestos nos llevan a la época anterior a la Ley de Cooperación. Hoy el MAEC sólo gestiona el 44 % del Presupuesto de Cooperación y Hacienda el 56 %. La cooperación ya no está en manos




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del MAEC. Además, la Agencia Española de Cooperación (AECI) ya sólo gestiona el 12 % del presupuesto y se le ha reducido el presupuesto en un 74% desde 2011.

El Gobierno del PP ha renunciado no sólo a que España siga siendo un referente en el ámbito internacional, han renunciado a cumplir con nuestros compromisos como país, pero peor aún, han renunciado a nuestra seña de identidad, la solidaridad y el progreso global.

Por otro lado, aunque el Gobierno de España tiene el compromiso de poner en marcha en 2014 la Tasa de Transacciones financieras, en este presupuesto no se contempla, incurriendo una vez más en un incumplimiento de su compromiso con los países europeos y con el sector de la cooperación internacional.

ENMIENDA NÚM. 2936

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Inadecuación de los créditos presupuestarios consignados a los objetivos de creación de empleo, de desarrollo de políticas activas de empleo, de protección frente al desempleo y de políticas vertebradoras en materia de inmigración e integración.

A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado son el principal instrumento de política económica, del mismo no se desprende ninguna estrategia para la creación de empleo.

El escenario macroeconómico de 2014 prevé una crecimiento económico de apenas un 0,7%, insuficiente para la generación de empleo neto. Según las previsiones del Gobierno, el empleo neto en 2014 cae un 0,2%, los costes laborales unitarios caen un 0,6%, y la tasa de paro se sitúa en torno al 26%, 4,4 puntos porcentuales por encima de la media anual de 2011 (21,6%). Una tasa estancada, aunque teñida de aparente reducción, cuando a lo que realmente responde es a la caída de la población activa y a la precarización del empleo existente (mayor contratación a tiempo parcial, más temporalidad y más devaluación salarial).

Así nos lo confirma los grandes números del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tramposos al igual que sucediera en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y para 2013, pues ocultan una sobrevaloración de ingresos por cuotas y una infravaloración de gastos en pensiones y en desempleo.

Es cierto que prevén una caída de los ingresos por cotizaciones del 2,86% en relación a 2013. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los ingresos por cotizaciones de ocupados disminuyen un 3,76%, mientras que las cotizaciones por desempleados experimentan un incremento del 8,13%, podemos vaticinar que esta caída puede ser aún más cuantiosa. Al respecto se señala que, septiembre de 2012 y septiembre de 2013, la caída en la afiliación es de 504.358 afiliados.

Es cierto que prevén un incremento de un 10,25% en el gasto de prestaciones por desempleo, cuando realmente esconde una reducción de un 5%. Si tenemos en cuenta que el presupuesto inicial para 2013, dotado con 26.696 millones ¤ se amplió en julio en 4.410 millones ¤, el gasto final para 2013 alcanza los 31.103 millones ¤., 1.676 millones ¤ menos que lo cifrado para 2014: 29.429,2 millones ¤. Y a lo que añadimos la reducción en un 31% de las partidas destinadas a los subsidios por desempleo, que cubren fundamentalmente a parados y larga duración y mayores de 52 años, hoy 55 años.

En Seguridad Social prevén sin embargo una reducción de la aportación del Estado a complementos a mínimos de 1.500 millones en relación a 2013, algo discutible si tenemos en cuenta que con la reforma de las pensiones que está llevando a cabo este Gobierno y que se aplicará en 2014, serán muchos más los pensionistas que engrosarán las filas de los necesitados de complementos a mínimos.

Es cierto pues que se trata de un presupuesto en los que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social y al desempleo varían en sentido inverso a como lo hicieron en 2013. Pero estas variaciones no responden a estrategias de protección y acciones de inserción, sino que tratan de cuadrar y maquillar la Sección 19.

A mayor abundamiento, del presupuesto de esta Sección 19, al servicio de la creación de empleo, no se desprende ninguna política general de creación de empleo; ni tampoco se encuentran las políticas específicas anunciadas: Plan de empleo juvenil.




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Y nos tememos que suceda lo mismo que en 2013, cuando el Gobierno previó una destrucción de empleo del 0,2% —igual que la previsión para 2014 y ahora nos dicen que esa cifra se ha elevado al 3,4%. Es decir, se ha multiplicado por 15 la previsión del Gobierno.

El presupuesto del Servicio Público de Empleo confirma que el Gobierno deja al futuro crecimiento económico la creación de empleo, sin una apuesta decidida en políticas activas de empleo y formación, a la que se añaden más recortes en protección por desempleo, ahora mediante el establecimiento de nuevos requerimientos para el acceso a la prestación, o para su mantenimiento, tal y como pone de manifiesto el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que se suma en este aspecto a los Reales Decretos-leyes 20/2012 y 23/2012.

Las políticas activas de empleo han sufrido un recorte de un 44,8% en relación a 2011, por lo que el aumento en un 7,2% de estas partidas respecto a los presupuestos para 2013 no llegan a compensar el gran recorte producido en las mismas en 2012 y 2013.

Los programas de inserción, formación y recualificación de parados gestionados por Comunidades Autónomas sufren un recorte del 62% en relación a 2011.

Los programas para la contratación de desempleados por parte de Ayuntamientos prácticamente desaparecen: de 388 millones ¤ pasan a medio millón.

Reducen en un 90%, de 488 millones ¤ a 48 millones ¤, las partidas destinadas a la modernización y mejora de la atención de los Servicios Públicos de Empleo. No apuestan por la labor de orientación e inserción de estos servicios y consolidan la eliminación de los promotores y orientadores de empleo.

La formación profesional se financia exclusivamente por cuotas. El Estado se abstiene de hacer ninguna aportación, aun siendo la formación la clave de bóveda de la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral. Y la formación profesional de ocupados se reduce un 68%.

A su vez, del Plan PREPARA se sigue excluyendo a la inmensa mayoría de los jóvenes.

Estos Presupuestos, además, nacen huérfanos de un Plan de Empleo juvenil, con dotación adecuada para cortar la hemorragia del paro de los jóvenes y su salida al exterior.

De otro lado, el proyecto de Presupuestos para 2014 confirma la senda desarrollada por el Gobierno que deja sin iniciativa política ni estrategia la política de inmigración. Destaca de nuevo la desaparición del fondo para la integración de inmigrantes que desactiva cualquier capacidad de desarrollo social e integrador de la política. Desde el punto de vista de este Grupo la integración de los inmigrantes es necesaria e irrenunciable si se quiere tener en unos años una sociedad cohesionada y pacífica donde el origen inmigrante no sea un factor de diferencia que reste oportunidades.

Tampoco satisfacen en absoluto las partidas destinadas a la atención a la ciudadanía española en el exterior que, como es conocido, aumenta su número empujada por la necesidad de encontrar fuera de España el empleo y las oportunidades que no pueden encontrar en su país. Se recortan las prestaciones en casos de necesidad y vuelve a ser flagrante la atención presupuestaria a los emigrantes que recientemente han salido de España.

Por todo ello, se formula la siguiente propuesta de veto a la Sección 19, pues son tramposos, antisociales y no cumplen con las políticas que deben sustanciar: no contienen ninguna estrategia para la creación de empleo, no apuestan por políticas activas y de formación, reducen drásticamente el sistema de protección, en detrimento de la cohesión social, y hacen imposible políticas esenciales y vertebradoras de la sociedad, como son las políticas de inmigración e integración.

ENMIENDA NÚM. 3337

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3338

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2014 supera el 11% (233,95 millones de euros menos que en 2013) situando la previsión para ese año en el 0,17% de la RNB, lejos de la meta del 0,7% en 2015 comprometida en distintos marcos internacionales de desarrollo y ratificado por el Gobierno español a través de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio.

La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. El recorte de este año se suma a los más de 2.462 M de reducción que la AOD ha experimentado entre los años 2012 y 2013, lo que implica el desmantelamiento de la política de cooperación española. Un recorte que ha afectado fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente a su Programa 143A Cooperación para el Desarrollo, con un descenso acumulado de casi el 75% en los últimos tres ejercicios presupuestarios.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y acumula una caída de más de 644 M en ese mismo período, lo que significa un 74% menos de presupuesto con respecto a lo programado para el 2011, y un 14% (36 M) menos con respecto a 2013. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países priorizados, por lo que se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.

ENMIENDA NÚM. 3347

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

Además, el presupuesto de ingresos del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye la dotación de 365 millones correspondientes a la recaudación de las tasas judiciales. En cambio, el presupuesto de gastos no dota ninguna partida para la repartición de dichas tasas, contraviniendo lo establecido por el Estado en la Ley de Tasas en el ámbito de la Administración de justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ya que de acuerdo con el artículo 11 de dicha ley (Ley 10/2012)




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se establece que la tasa judicial se considerará vinculada en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia gratuita al sistema de justicia gratuita que se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

El incumplimiento del Estado de dicha disposición constituye una vulneración del principio establecido por la ley jurisdiccional de la justicia gratuita y de la modernización de la administración de justicia.

ENMIENDA NÚM. 3348

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3349

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3355

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.




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ENMIENDA NÚM. 3356

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3367

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3420

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3426

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.




Página 92


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3428

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3445

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3446

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.




Página 93


ENMIENDA NÚM. 3454

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 3462

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31. Gastos de Diversos Ministerios.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 relativa a la presente sección no da respuesta a los principales problemas que tienen la sociedad y la economía para salir de la crisis, crear empleo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la competitividad de nuestra economía.


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