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BOCG. Senado, apartado I, núm. 276-1993, de 28/11/2013
cve: BOCG_D_10_276_1993
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

(621/000054)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 58


Núm. exp. 121/000058)

ENMIENDAS

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 37 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Título: Se propone que el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pase a denominarse:

«Proyecto de Ley del Gobierno y la Autonomía Local».

JUSTIFICACIÓN

Los términos «racionalización» y «sostenibilidad», tal y como se describen en el la exposición de motivos del Proyecto de Ley, esconden un eufemismo de privatización y recorte de servicios públicos




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municipales. Por otro lado, la Administración Local se merece una Ley que la entienda como nivel de gobierno y respete plenamente el principio, constitucionalmente garantizado, de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al número dos del artículo primero, sobre el artículo 3.2 de la Ley 7/85:

Se propone la supresión de esta modificación y que la redacción del art. 3.2 de la Ley 7/85 quede como en su actual redacción, para que de esta forma las EATIM puedan seguir teniendo la consideración de Entidades Locales.

JUSTIFICACIÓN

La modificación que se establece del artículo 3.2 de la LBRL implica la desaparición de las EATIM, Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, de entre las Entidades Locales enumeradas en este apartado.

Esta desaparición es consecuencia de la modificación, incorporada también en esta Ley, del artículo 45 de la LBRL, que deja a estas Entidades como una forma de organización desconcentrada del municipio, para la administración de núcleos de población separados, carente de personalidad jurídica.

La regulación de estas Entidades es una materia típica de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de régimen Local. Por lo que es necesario ajustar la normativa a lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al número cinco del artículo primero, que modifica el artículo 13 de la Ley 5/1985:

Se propone su supresión de esta modificación.

JUSTIFICACIÓN

Cuestionamos la incentivación discriminatoria a favor de los municipios que se fusionen, la aprobación de los convenios de fusión por mayoría simple de los plenos municipales y que las diputaciones sean quienes coordinen y supervisen la integración de los servicios resultantes del proceso.




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Con la propuesta se puede alterar el resultado electoral ya que al sumar los concejales de dos o más municipios de distinta población provocaría una composición que no atiende a criterios reales del municipio resultante de la fusión.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 22.2 i) LBRL.

Propuesta de adición:

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

i) La aprobación de la plantilla de personal, de la relación de puestos de trabajo y demás instrumentos de planificación, ordenación y regulación colectiva de las relaciones laborales, incluidos los Acuerdos y/o Convenios Colectivos, así como la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

JUSTIFICACIÓN

La actual normativa admite que los instrumentos de planificación, ordenación y regulación colectiva de las relaciones laborales en la Administración Local, se atribuya a Alcaldía o Junta de Gobierno, en algunos casos. Entendemos que estos instrumentos son esenciales para la gestión de los servicios públicos y de RRHH, asegurando el derecho efectivo a la negociación y participación laboral y de la oposición.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 22.2 ñ). Se propone la adición en la letra ñ) el apartado 2 del artículo 22, de un nuevo párrafo, quedando redactado como sigue:

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

En cualquier caso el Pleno será el competente para la aprobación de los pliegos de condiciones de licitación y de la adjudicación de los contratos de gestión de servicios recogidos en el artículo 26 que, por




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su duración o cuantía, sean considerados como servicios esenciales y en cualquier caso, aquellos cuya cuantía sea superior a seiscientos mil euros.

JUSTIFICACIÓN

Los contratos de servicios básicos como limpieza, transporte público, vertidos, alumbrado, etc constituyen el principal gasto de los ayuntamientos. En este sentido, dejar sin competencias al pleno sobre la aprobación de los pliegos y la valoración de los mismos, es tanto como vaciar de contenido la competencia para la aprobación del presupuesto en su vertiente del gasto que sí reside en el pleno municipal puesto que esta vendría condicionada por contrataciones sobre las que no tiene control.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al número siete del artículo primero, que incluye un nuevo artículo 24 bis en la Ley 7/1985.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de dicho artículo para preservar la personalidad jurídica a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. Deben ser las Comunidades Autónomas y Territorios Forales los que regulen las EATIM. Con la supresión del 24 bis se mantiene la personalidad jurídica de estas Entidades y, por tanto, su carácter de ente descentralizado.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al número ocho del artículo primero, que modifica el Art. 25 de la Ley 7/1985.

Se propone modificar al apartado 2 del artículo 25 de LBRL, que quedaría redactado como sigue:

2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) En materia de seguridad y ordenación del tráfico urbano, las competencias que confiere el artículo 53 de la LO 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los miembros de la Policía Local.

b) Protección Civil, prevención y extinción de incendios.




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c) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

d) Intermediación y asesoramiento en procedimientos de desahucio u otros conflictos relacionados con el derecho a una vivienda digna.

e) Gestión y protección del patrimonio histórico-artístico local. Dentro del término municipal competerá a los consistorios el uso civil del patrimonio histórico artístico que comprenda iglesias, catedrales, monasterios y análogos, que conformen edificaciones en propiedad de las diferentes confesiones religiosas, pero que formen parte del patrimonio mencionado. El uso y disfrute civil de dichos edificios será regulado mediante convenio.

f) Protección del medio ambiente. Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.

g) Abastos, mataderos, ferias y mercados.

h) Defensa de usuarios y consumidores.

i) Participación y planificación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j) Protección de la salubridad pública. Prevención, promoción y educación para la Salud.

k) Cementerios y servicios funerarios.

l) Prestación de servicios sociales y de promoción, inserción e inclusión sociales.

m) Suministro de agua, alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

n) Transporte público de viajeros.

o) Actividades, instalaciones y promoción culturales.

p) Actividades, instalaciones y promoción deportivas y de ocupación de tiempo libre.

q) Promoción y gestión del turismo local.

r) Promoción y gestión del desarrollo económico y el empleo local.

s) Promoción de instrumentos para la planificación económica en régimen de coordinación con el resto de administraciones basados en la concertación y con observancia del principio de subsidiariedad.

t) Participar en la programación y planificación de la enseñanza en las etapas de educación infantil, primaria o educación especial.

u) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

v) Potenciar los medios de participación ciudadana a través de instrumentos de democracia participativa y directa así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

w) Promoción, planificación y gestión de las políticas de género, programas y gestión de instalaciones que contribuyan a minimizar la violencia machista.

x) Promoción, planificación y gestión de programas, actividades y recursos que contribuyan a la lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

JUSTIFICACIÓN

Mejora y completa el ámbito de competencias propias de los municipios.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.




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Al número nueve del artículo primero, que modifica el artículo 26 de la Ley 7/1985.

Supresión del número nueve del artículo 1 del proyecto, en relación a la modificación del artículo 26 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

Este apartado 1.9 refleja la errónea concepción de lo que han sido y son las diputaciones provinciales, así como se fuerzan los conceptos de forma un tanto grosera. Se afirma, en efecto, lo siguiente: «La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos».

Es evidente, por obvio, que se mezclan interesadamente lo que es la función tradicional de las diputaciones provinciales (la asistencia a municipios) con algo que es cualitativamente distinto, como es la prestación de servicios sobre ámbitos materiales concretos hasta ahora de competencia y de ejercicio municipal. No es posible, en términos conceptuales exactos, que una competencia funcional, como es la de asistencia, englobe una competencia material, como es la prestación de servicios.

La confusión en este punto denota con claridad que el proyecto se asienta sobre bases conceptuales muy poco sólidas y, en algunos puntos como este, sobre construcciones conceptuales totalmente erróneas.

No se trata de un mero ejercicio por la provincia de las competencias municipales, siguiendo de su titularidad (más asimilable a una labor de asistencia, aunque de imposición obligatoria a municipios y provincias), sino de un traspaso a la misma de la titularidad de las competencias municipales. Aunque aquí la confusión es la norma.

Cabe entender, por tanto, que la voluntad del proyecto es la de trasladar «el ejercicio de las competencias», pues en caso contrario el encaje constitucional de este procedimiento sería muy dudoso al afectar en algunos casos a la garantía institucional de la autonomía municipal (en cuanto «vaciaría» de competencias, que son propias de los municipios, a innumerables ayuntamientos). Además, la «reversibilidad» de «la asunción del servicio» claramente nos advierte que no hay un traslado competencial.

No tiene ninguna lógica institucional tal baile de conceptos que, además, son nucleares para identificar la intensidad y calado de las afectaciones a la autonomía local en las que este precepto incurre.

¿Serán empresas privadas las que evaluarán la actuación del municipio, máxima expresión de la democracia al tratarse del nivel de gobierno mas cercano al ciudadano?¿Tendrá que asumir el municipio el coste de esta evaluación, pese a la crítica situación en que se encuentra por la actual situación de crisis económica?

¿Por qué la diputación coordinará los servicios en municipios menores de 20.000 habitantes y no en todos o en los menores de 5.000 o 1.000 o en ninguno?

ENMIENDA

De adición.

Al número nueve del artículo primero. Se propone la inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado nueve del Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 26 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente texto:

«1. Las competencias en materia de urbanismo y medio ambiente urbano, establecidas en el artículo 25.2.a) y b), incluidas las competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el apartado anterior.




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3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tiene competencias conforme a lo establecido en el artículo 25, posibilitando la participación ciudadana directa en los planes urbanísticos.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones Locales pueden prestar una contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda discriminación en materia de accesibilidad y movilidad. Por otra parte, las Administraciones Locales deberán cumplir las normas mínimas que establecen las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de la ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), según se expuso antes, así como otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno de la Nación o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

A las Administraciones Locales les corresponde la aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del «paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU

El ámbito de dichas Ordenanzas debe afectar a todos los ámbitos en que son competentes.

Se ha de condicionar la aprobación de todo expediente municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De adición.

Al número nueve del artículo primero. Se propone la inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado nueve del Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 26 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente texto:

«1. Las competencias en materia de urbanismo y medio ambiente urbano, establecidas en el artículo 25.2.a) y b), incluidas las competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el apartado anterior.

3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tiene competencias conforme a lo establecido en el artículo 25, posibilitando la participación ciudadana directa en los planes urbanísticos.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones Locales pueden prestar una contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda discriminación en materia de accesibilidad y movilidad. Por otra parte, las Administraciones




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Locales deberán cumplir las normas mínimas que establecen las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de la ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), según se expuso antes, así como otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno de la Nación o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

A las Administraciones Locales les corresponde la aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del «paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU.

El ámbito de dichas Ordenanzas debe afectar a todos los ámbitos en que son competentes.

Se ha de condicionar la aprobación de todo expediente municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Al número diez del artículo primero. Se propone la supresión del artículo artículo 27 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El artículo genera colisiones manifiestas con los Estatutos de Autonomía reformados en materia de competencias (en especial con lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña art.84-87 y la LO 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía art.93). Igualmente colisiona con la Ley de Administración Local en Aragón, que desarrolla lo establecido en el Estatuto de Aragón. Se considera improcedente e innecesario el listado de competencias que, entre otras consideraciones, podrán delegar el Estado y las Comunidades Autónomas en los municipios.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De sustitución.

Al número once del artículo primero, el artículo 28 de la LBRL queda redactado como sigue:

«Los Municipios pueden realizar actividades y gestionar servicios complementarios de las materias propias de otras Administraciones Públicas, siempre que ello no afecte a la adecuada prestación de los servicios mínimos, en un horizonte de equilibrio económico-financiero.»




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley propone la supresión del art. 28 de la Ley 7/1985 LBRL que prevé la posibilidad que los municipios realicen actividades complementarias de otras administraciones públicas. Siendo coherentes, se trata de trasladar al artículo 28 la regulación que ya prevé el proyecto en su art. 7.4 en el que se contempla la posibilidad de adoptar nuevas iniciativas complementarias. Es decir, se mantiene la sistemática del texto legal, al mantener este artículo.

En realidad, la supresión, no acaba con las actividades complementarias de las entidades locales, porque pretender esa operación es un objetivo irrealizable en lo material a tenor de los dispuesto por la CE en los artículos 9.2,44.1, 45.2, 47 o 130.1. El Proyecto de Ley sólo realiza un cambio de denominación, para seguir manteniendo su existencia siempre que se ajusten a las exigencias del artículo 7.4. Un empeño por clarificar las competencias que se muestra, una vez más, inútil en su recorrido conceptual y sobre todo operativo.

Si bien se considera que en la vertiente de impedir el ejercicio de competencias impropias en determinadas materias es congruente dicha supresión, aspectos tales como la promoción de la mujer o la protección del medio ambiente se consideran obligación de todas las Administraciones Públicas, por su transversalidad. Cabe subrayar que muchas de estas «actividades complementarias» son competencias propias de las Comunidades Autónomas y que con ese acotamiento competencial que pretenden llevar a cabo los artículos 25 y 27, pretenden cerrar el paso a que el legislador autonómico sectorial atribuya competencias sobre esos ámbitos a los municipios. Esa operación es a todas luces inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al número doce del artículo primero que modifica el artículo 32 bis de la LBRL, quedando redactado como sigue:

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional, experiencia y adecuación al puesto, entre empleados públicos con condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto establece una clara discriminación entre el empleo público para el acceso a puestos directivos, en función del tipo de relación laboral (funcionarial), que no consideramos ajustada, salvo en los supuestos en que el desempeño del cargo implique el ejercicio de potestades públicas y así se establezca en la correspondiente RPT. La restricción en el acceso a puestos directivos al grupo A1, no garantiza una mayor cualificación profesional de las personas seleccionadas.




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ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Al número trece del artículo primero, por el que se modifica el artículo 36 de LBRL.

Se propone la supresión de las letras e) y g) del apartado 1 del artículo 36.

JUSTIFICACIÓN

El redactado del apartado g) puede hacer entender, sobre todo en el contexto general de la reforma operada por la presente ley, que la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes corresponden en exclusiva a las diputaciones provinciales, cuando se trata de unos servicios que pueden ser prestados con eficacia, eficiencia y sin afectación de la sostenibilidad financiera, tanto por parte de muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como por comarcas, consorcios y mancomunidades.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Al número catorce del artículo primero. Se propone la supresión de dicho artículo, manteniendo la actual redacción del artículo 45 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 45 debe referirse a las EATIM existentes o que se constituyan tras expedientes administrativos iniciados antes del 1 de enero de 2013. En él deben quedar reconocida y garantizada la personalidad jurídica y funciones de las EATIM.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.




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ENMIENDA

De adición.

Al número quince al artículo primero (artículo nuevo, corriendo numeración), por el que se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 46 de la LBRL, que quedaría redactado como sigue:

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Las sesiones plenarias se celebrarán en la sede de la respectiva corporación, o en aquellos espacios que se designe al efecto en el propio reglamento orgánico. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.

JUSTIFICACIÓN

Los textos legales elaborados por el Gobierno sobre la LBRL limitan la autonomía local establecida por el artículo 140 de la Constitución en cuanto a la capacidad de autorregular los espacios en los cuales se puede reunir legalmente el Pleno de la corporación. Este es un tema que ha resultado especialmente sensible en municipios con dos o más núcleos urbanos claramente diferenciados que han tratado de alternar la celebración de sesiones en locales designados mediante el propio reglamento orgánico de la corporación. Tal ha sido el caso de Sagunto (Valencia) que acordó mediante su reglamento orgánico la celebración de Plenos alternativamente en el núcleo urbano de Sagunto y en el del Puerto de Sagunto, habiendo recaído sentencia contraria a ello por contravenir el artículo 49 del RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De adición.

Al número diecisiete del artículo del primero. Inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado diecisiete del Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 72 bis de la Ley 7/1985:

«1. Toda actuación de información o participación será plenamente accesible a las personas con discapacidad de cualquier tipo, incluida sensorial o de comunicación.

2. Se incorporará a todos los foros u órganos de participación a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.

3. Todas las decisiones que puedan afectar a las personas con discapacidad deberán ser objeto de consulta previa a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.»




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JUSTIFICACIÓN

En todas las actividades de información y publicidad de las Entidades Locales se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los distintos tipos de discapacidad. Se debe garantizar de forma clara e ineludible, a través de esta Ley, la accesibilidad a la información de las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida sensorial o de comunicación y cognitiva, a través de cualquier vía o medio (físico, virtual…). El sector público debe centrarse en prestar unos servicios inclusivos, para todos, ya vivan en las ciudades o en las zonas rurales, ya tengan necesidades especiales, debido a la discapacidad, o no. No todo el mundo sabe utilizar o puede permitirse un PC, por lo que los servicios públicos deben estar accesibles en todas las plataformas (PCs, televisión digital, móviles, y ventanillas únicas).

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al número dieciocho del artículo primero. Se propone la supresión del nuevo artículo 75 bis sobre el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las entidades locales.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y el personal al servicio de las entidades locales no tiene el mínimo consenso entre las fuerzas políticas y la FEMP. No garantiza la autonomía local y no se fija sobre criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal. El Proyecto de Ley contradice lo acordado en la Comisión de Administraciones Publicas del Congreso de los Diputados por unanimidad sobre esta cuestión al aprobarse la Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema retributivo de los cargos públicos de las entidades locales presentada por el Grupo Parlamentario IU-ICV, cuyo texto era el siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un acuerdo entre las fuerzas políticas y la FEM, con el fin de que, garantizando la autonomía local, se establezca un marco de retribuciones de los cargos públicos locales que respondan a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto y la situación financiera municipal, con el fin de incorporarlo, en su caso, al proyecto de ley de nuevo Gobierno local.»

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.




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ENMIENDA

De supresión.

Al número diecinueve del artículo primero. Se propone la supresión de esta apartado sobre el nuevo artículo 75 ter sobre la limitación en el número de cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

JUSTIFICACIÓN

La limitación que plantea esta disposición con respecto la dedicación exclusiva de cargos públicos en municipios de menos de 1.000 habitantes se considera que desincentiva la acción política en el pequeño municipio, suponiendo un ataque a la democracia.

De otro lado se observa que no se prevé el número de cargos públicos con dedicación exclusiva en los municipios de más de 1.000.0000 de habitantes que no sean Madrid y Barcelona, lo que se aviene mal con una regulación normativa de vigencia indefinida; por más que en el momento actual no se dé el supuesto, es posible que en un futuro algún municipio pudiera alcanzar esa cifra de población.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Al número veinte del artículo primero, por el que se modifica el art. 84.bis.1 LBRL

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, del cumplimiento de las previsiones de uso del suelo establecidas en el correspondiente planeamiento y de la liquidación de las obligaciones fiscales establecidas por la entidad correspondiente, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

JUSTIFICACIÓN

El sometimiento de la mayoría de las actividades privadas locales a comunicación responsable, debe compatibilizarse con el cumplimiento de las regulaciones municipales en la materia. Se considera necesario hacerlo explícito en el texto de la legislación Local, especialmente en las normas urbanísticas y de uso del suelo y fiscales.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.




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ENMIENDA

De adición.

Al número veinte del artículo primero, por el que se modifica el art. 84.bis.1.a).

Propuesta de adición:

1. …/…

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del patrimonio histórico-artístico o del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la supresión del control previo de acciones en que pudiera verse afectado el patrimonio histórico artístico en relación con el ARSAL y otra normativa. Podría contribuir a situaciones irreparables.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veintiuno del artículo primero, por el que se modifica el artículo 85.2 de la LBRL.

Se propone la supresión de la modificación del apartado 2 del artículo 85 LBRL.

JUSTIFICACIÓN

La valoración de la eficiencia para la gestión de los servicios públicos no es una función que corresponda al Interventor Municipal sino a los órganos de gobierno de los entes locales. Hay que añadir que la norma sufre un cierto grado de incertidumbre en someter la decisión municipal a la acreditación de unos requisitos que se definen de forma indeterminada. Por otra parte, la exigencia, a los efectos de optar por una forma de gestión indirecta, de una segunda memoria justificativa del asesoramiento recibido, tan sólo aporta confusión, es redundante e innecesaria.




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ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veintitrés del artículo primero, que modifica el artículo 86 de la Ley 7/1985.

JUSTIFICACIÓN

La defensa de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas viene recogida en el artículo 128 de la Constitución Española:

«1. Toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo esigiere el interés general.»

Se recoge, en el apartado 2, la medida de control sobre la actividad local consistente en la aprobación de los expedientes de las entidades locales para el ejercicio de la actividad económica y para la reserva por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.

En relación con dicha medida de control para la reserva de servicios esenciales, se indica que en la normativa estatal vigente solo está prevista para el ejercicio de actividades en régimen de monopolio, puesto que resulta desde todo punto de vista absurdo que, declarándose la reserva por Ley, tenga que contar con una autorización de la Comunidad Autónoma.

Consideramos que se realiza una interpretación errónea de la reserva de servicios con su ejercicio en régimen de monopolio, cuando es la reserva de servicios esenciales, mediante norma con rango de Ley, la que habilita para su ejercicio efectivo en régimen de monopolio. Aunque esa confusión pueda estar latente, lo cierto es que esa autorización de la Comunidad Autónoma, según el anteproyecto, se vuelca sobre actividades económicas en libre concurrencia, lo que, colisiona frontalmente con el principio de autonomía local, puesto que somete a un régimen de tutela el ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veinticuatro del artículo primero. Se propone la supresión del apartado 2 del art. 92. LBRL




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JUSTIFICACIÓN

El texto constituye una declaración de principios que no se compadece con la estructura de las plantillas en municipios con prestación directa de servicios mínimos, de los regulados en el artículo 26.2 LBRL.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Al número veinticinco (nuevo, corriendo numeración) del artículo primero. Se propone la adición de una modificación del artículo 89 LBRL, que quedaría redactado como sigue:

Artículo 89.

1. El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

2. Las relaciones laborales y la determinación de las condiciones de trabajo del personal asalariado de las entidades locales se desarrollarán mediante la negociación colectiva, en el marco de la legislación aplicable.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que el Proyecto considera necesaria la remisión constante a la exigencia de leyes en vigor, consideramos imprescindible el reconocimiento de la negociación colectiva en la AALL.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veintiocho del artículo primero. Se propone suprimir este apartado sobre el nuevo artículo 104 bis sobre el «personal eventual de las entidades locales».

JUSTIFICACIÓN

Existe falta de justificación de los criterios de estratificación seguidos en función de la población, de tal forma que en este caso no pueden contar con personal eventual los municipios con población inferior a 5.000




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habitantes, cuando pueden ser los que más lo requieran por la escasez de su personal funcionario y laboral, lo que sigue la línea u objetivo general de la reforma de debilitamiento institucional de los pequeños municipios.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta del artículo primero, por el que se incluye un nuevo artículo 116 bis.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este artículo que incluye un nuevo artículo 116 bis de la LBRL, dado su carácter regresivo para la democracia local.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta y uno del artículo primero, por el que se incluye un nuevo artículo 116ter.

JUSTIFICACIÓN

La valoración del coste del coste estándar debería hacerse por las CCAA y municipios atendiendo a las especificidades propias de los territorios y a otros parámetros tales como población, localización, orografía, etc.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.




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ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta y cinco del artículo primero. Se propone la supresión de este apartado sobre la disposición adicional novena.

JUSTIFICACIÓN

Se considera que las medidas que contempla vulneran la autonomía y la potestad autoorganizativa local, al establecer una serie de prohibiciones a las entidades locales territoriales de crear entes instrumentales o de participar en otras entidades, durante el periodo de vigencia de su plan económico— financiero o de su plan de ajuste.

También se considera que atenta contra al autonomía y la potestad autoorganizativa local la obligación prevista en el apartado 2, de disolver las entidades dependientes de las entidades locales que desarrollen actividades económicas deficitarias si continúan en esta situación a 31 de diciembre de 2014, previa aprobación antes del 31 de diciembre de 2013 de un Plan de Saneamiento Individualizado. En caso que no se acuerde su disolución quedarán disueltas automáticamente a 1 de agosto de 2015.

En los apartados 3 se establece la prohibición a los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, adscritos o dependientes de las entidades locales o de sus organismos autónomos, para constituir, participar en la constitución y adquirir nuevas entidades.

Por último, en el apartado 4 e contempla la obligación de disolver en el plazo de un mes de las entidades controladas por entidades dependientes de las entidades locales o por sus organismos autónomos, e iniciar el proceso de liquidación en tres meses.

Se indica que, según se especifica en su apartado 1 el contenido de este artículo solo resulta aplicable a las entidades locales previstas en el artículo 3.1 de la Ley, desconociéndose el criterio seguido para excluir de su aplicación a las entidades previstas en el apartado 2 del artículo 3, cuales son las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.

No se entiende, por ejemplo, por qué debe disolverse una entidad instrumental dependiente de otra cuyo funcionamiento sea plenamente correcto (por ejemplo, una empresa pública dependiente de un consorcio).

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nuevo. Por el que se modifica el artículo 94 LBRL.

Propuesta de adición:

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local, será objeto de negociación en los ámbitos correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco de la legislación básica estatal y autonómica correspondiente.

En su defecto, se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada de la Administración Civil del Estado.




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JUSTIFICACIÓN

La jornada de trabajo es materia de negociación colectiva, tanto de personal laboral como funcionario, en la Administración Local, aunque puedan regularse su contenido por legislación básica estatal o leyes autonómicas dictadas en virtud de competencia propia en la materia. Mantener la remisión automática a otras administraciones es contrario al derecho de negociación.

Artículo 37 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Materias objeto de negociación m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nuevo. Por el que se modifica el artículo 96 LBRL.

En el ejercicio del derecho y el deber de formación del personal funcionario del las Administraciones Locales, la Administración del Estado y las autonómicas, en el marco de la negociación prevista en el artículo 37.1.f) del EBEP, desarrollarán cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para este personal, colaborado entre sí, así como con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta pretende enmarcar la formación y promoción como deber de las administraciones locales y del personal asalariado. En esta materia deben cooperar todas las instituciones y garantizar la negociación correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimotercera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición adicional decimotercera. Propuesta de supresión.




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto plantea una política de RRHH completamente contrapuesta en la gestión de servicios locales mediante Consorcios, en función de que estuvieran creados con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL o después. La limitación en el primer caso, que impide reasignar efectivos de las entidades integradas en el Consorcio, carece de fundamento. Solo persigue endurecer la gestión de RRHH en la AALL y evitar que los procesos de reasignación eviten la destrucción de empleo público.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional nueva. Competencias autonómicas en materia de régimen local.

1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, exceptuando aquellas con un sistema institucional propio que emana de sus propios Estatutos de Autonomía y que hayan desarrollado o estén en proceso de aprobación de una ley de gobiernos locales.

2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales...»

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 9 de julio, atribuye a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de régimen local.

Artículo 160.1, sobre el régimen local:

«Artículo 160. Régimen local.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el principio de autonomía local, incluye:

a) Las relaciones entre las instituciones de la Generalitat y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Generalitat, incluyendo las distintas formas asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales.

b) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos especificados por el artículo 84.

c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos.

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Generalitat y el funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos de estos órganos.

e) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales.»




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Este artículo fue impugnado conjuntamente con los artículos 84.2 y 86.5 argumentando que el capítulo donde estaban integrados estos artículos contenían una regulación impropia para un Estatuto porque impedían (según los recurrentes) el ejercicio de la competencia estatal en relación a dictar normas básicas sobre las competencias locales.

«Capítulo VI. El Gobierno local.

Artículo 84. Competencias locales.

2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que determinen las leyes:

a) La ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística y la conservación y el mantenimiento de los bienes de dominio público local.

b) La planificación, la programación y la gestión de vivienda pública y la participación en la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial.

c) La ordenación y la prestación de servicios básicos a la comunidad.

d) La regulación y la gestión de los equipamientos municipales.

e) La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los locales de concurrencia pública.La coordinación mediante la Junta de Seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes en el municipio.

f) La protección civil y la prevención de incendios.

g) La planificación, la ordenación y la gestión de la educación infantil y la participación en el proceso de matriculación en los centros públicos y concertados del término municipal, el mantenimiento y el aprovechamiento, fuera del horario escolar, de los centros públicos y el calendario escolar.

h) La circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal.

i) La regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal y turístico y fomento de la ocupación.

j) La formulación y la gestión de políticas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

k) La regulación y la gestión de los equipamientos deportivos y de ocio y promoción de actividades.

l) La regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y prestación de servicios de telecomunicaciones.

m) La regulación y la prestación de los servicios de atención a las personas, de los servicios sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes.

n) La regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo en las playas, los ríos, los lagos y la montaña.

3. La distribución de las responsabilidades administrativas en las materias a que se refiere el apartado 2 entre las distintas administraciones locales debe tener en cuenta su capacidad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la Carta Europea de la Autonomía Local, por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal, y por el principio de suficiencia financiera.

Artículo 86. El municipio y la autonomía municipal.

5. Corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios y, si procede, la impugnación correspondiente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones que el Estado pueda emprender en defensa de sus competencias.»

La sentencia 31/2010, de 28 de junio que resolvió los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut no anula estos artículos y hace una interpretación útil para fundamentar que el conjunto de competencias que ostenten los gobiernos locales de Cataluña no depende de lo que disponga la legislación básica del Estado, si no que goza de protección por parte del bloque de constitucionalidad (Estatut) que el Gobierno de Cataluña debe hacer efectiva y el estatal respetar.

Al mismo tiempo la impugnación de los artículos 160.1 y 160.3 sobre la atribución a la Generalitat de competencias exclusivas sobre régimen local no declara su inconstitucionalidad, aunque la Generalitat no




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menciona las competencias que a favor del Estado establece el artículo 149.1.18a de la Constitución, lo que quiere decir que se acepta, se asume y se respeta la autonomía de la Generalitat para desarrollar su propio modelo institucional. Es lo que llama Miquel Roca como la tensión entre la concepción bifrontal del régimen local y la interiorización autonómica, es decir que su garantía y defensa de los entes locales obliga al Estado y, también, a las comunidades autónomas. Y eso porque la autonomía local se inscribe directamente en el texto constitucional. Pero después de 35 años desde la aprobación de la Constitución, la interpretación del bloque de constitucionalidad debe ser otra y se debe desplazar al carácter bifrontal en favor de la interiorización autonómica de los regimenes locales.

Esta afirmación la refuerza el hecho de que los últimos cuatro años la Generalitat ha ido desarrollando un cuerpo legislativo propio en relación al régimen local y, por tanto, a una voluntad clara de poner en práctica un sistema institucional propio. Como ejemplos las siguientes leyes:

Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias

Ley 27/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de Greuges

Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Comptes

Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y procedimiento administrativo de las administraciones públicas de Cataluña

Ley 12/2010, del 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales

Ley 30/2010, del 3 de agosto, de vegueries

Ley 31/2010, del 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona

Proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña

Por todos estos motivos podríamos concluir que:

1) La sentencia 31/2010, de 28 de junio no declara inconstitucionales los artículos 160.1 y 160.3, ni los artículos 84.2 y 84.3 ni el 86.5 referentes a las competencias autonómicas de régimen local.

2) La evolución del marco constitucional y de los gobiernos locales reclama pasar del carácter bifrontal del régimen local a la interiorización autonómica.

3) El Estado reconoce (al rechazar la impugnación) el valor generador de competencias a la Generalitat en relación al régimen local.

4) La Generalitat ha desarrollado un sistema institucional propio que ahora culmina con la ley de gobiernos locales y de forma inmediata con la ley de finanzas locales.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Adicional decimoséptima (nueva). Quedaría redactada como sigue:

Disposición adicional decimosexta. Estaciones de Radioaficionado.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1983 sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados y ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados, las estaciones de Radioaficionado únicamente precisarán para su instalación y funcionamiento de la preceptiva autorización reglamentaria expedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por lo




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tanto, no se someterán a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo ni de comprobación e inspección posterior por parte de la entidad local.

JUSTIFICACIÓN

El Artículo 1 de la Ley 19/1983 sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, establece lo siguiente:

«Quienes estando legitimados para usar de la totalidad o parte de un inmueble y hayan obtenido la autorización reglamentaria del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para el montaje de una estación radioeléctrica de aficionados, podrán instalar, por su cuenta, en el exterior de los edificios que usen, antenas para la transmisión y recepción de emisiones.»

Es decir, la propia normativa estatal ya establece que el único requisito para llevar a cabo una instalación y puesta en funcionamiento de una estación radioeléctrica de aficionado sea la autorización preceptiva y reglamentariamente regulada expedida por el ahora Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición Transitoria primera.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto suprime la participación local en la gestión de la Atención primaria de Salud, y solo esta, desde el momento de entrada en vigor de la LRSAL.

Entendemos que esta competencia debería permanecer en el ámbito local, para asegurar la participación de la ciudadanía, a través de su representación más directa.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De sustitución.




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Disposición transitoria cuarta. Se propone su sustitución por:

«Rendición de cuentas de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio:

1. En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán tener presentadas las cuentas de los últimos dos ejercicios ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. En el caso de no presentar dichas cuentas en el plazo previsto, la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, nombrará una Comisión Gestora que asumirá el gobierno de la entidad de ámbito territorial inferior al Municipio hasta las siguientes elecciones y que deberá regularizar las cuentas de la entidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se mantiene la obligación de rendir cuentas, pero se concreta el número de ejercicios y se amplía el plazo, pues los tres meses propuestos son muy cortos a la vista de la necesidad de aclarar quién debe ejercer las funciones públicas de secretaría e intervención en las distintas Comunidades Autónomas. Se entiende que la condena a la supresión de la entidad por no rendir cuentas no es adecuada ni proporcional, proponiéndose que sea una Comisión Gestora la que asuma el gobierno.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición transitoria primera nueva.

Disposición transitoria primera (nueva). Servicios municipales complementarios prestados por entidades locales.

Las entidades locales que, a la entrada en vigor de la presente Ley, vinieran prestando servicios complementarios de las competencias de otras administraciones que no fueran objeto de regulación expresa en la misma, podrán mantener su gestión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el Proyecto mantiene un significativo vacío sobre el mantenimiento de los servicios locales actuales y el empleo asociado a los mismos. La propuesta responde a esta necesidad, con independencia de que el servicio correspondiente pudiera verse afectado por medidas de racionalización derivadas del incumplimiento del equilibrio presupuestario de la entidad titular y otros requisitos contemplados en la LRSAL.




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ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor una vez constituidas las Corporaciones Locales resultantes de las elecciones municipales que se celebrarán en el año 2015.

JUSTIFICACIÓN

Toda vez que la aprobación de esta Ley subvierte y se encuentra enfrentada a varios mandatos constitucionales básicos, como el de los artículos 137 y 140 sobre la autonomía local y su capacidad jurídica plena, o los artículos 128 y 131 sobre el deber de la iniciativa pública en cuanto al desarrollo de actividades económicas; dado que, del mismo modo, también entra en conflicto con líneas competenciales dispuestas en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que, recordemos, según el artículo 147.1 de nuestra Constitución deben ser amparados por el Estado como parte integrante de su ordenamiento jurídico; toda vez que, además, deroga, modifica, se enfrenta o afecta, a apartados del ordenamiento legal de varios espacios competenciales ya delimitados y plenamente operativos y vigentes, como, al menos, las disposiciones adicional segunda y transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobando el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; los artículos 25, 27, 36, 75, 86 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; entre otros; y teniendo en cuenta la modificación sobre aspectos esenciales de la arquitectura constitucional del régimen estatal y la afección que tendrá esta Ley sobre el funcionamiento y los procedimientos ya delimitados de relación político administrativa entre las diferentes administraciones del Estado, entrará en vigor a partir de la constitución de las entidades locales tras las elecciones municipales de 2015.

Esta fecha de entrada en vigor es necesaria toda vez que no subvertiría el mandato democrático resultante de los últimos comicios locales; permitirá observar la evolución de la estabilidad económico-financiera de las entidades locales con una mayor perspectiva y capacidad de análisis; porque la capacidad de respuesta de la citada Ley, con apenas un año y pocos meses en vigor, no cumplirá con los objetivos que se impone regular ante esos comicios; introduciría además una situación de ilegalidad o conflicto procedimental en amplios servicios y competencias municipales que vienen prestándose hoy en día con una completa definición y absoluta delimitación en su praxis; incurríamos en un error si en virtud de modificaciones trascendentales del orden municipal, con reducciones de competencias, ajustes de las mismas, nuevos escenarios de acuerdo en la delegación de servicios, limitación de actividades complementarias, reestructuraciones de plantilla, servicios o presupuestos, nuevas figuras legales y procedimientos administrativos diferentes, sometiésemos a una presión desmedida, legal y normativa, a municipios, entes comarcales, diputaciones, Comunidades Autónomas y finalmente al Estado.




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El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 30 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número Uno sobre el apartado 1 del artículo 2.

Se propone el siguiente texto:

«1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, máxima proximidad de la gestión pública a los ciudadanos, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.»

JUSTIFICACIÓN

El Municipio es —y sigue siendo— la entidad pública territorial más cercana a los ciudadanos. La más próxima a sus necesidades y la primera que recibe sus demandas, sea o competente para atenderlas. La demanda vecinal de servicios sociales a los respectivos Ayuntamientos con ocasión de la crisis económico-financiera es la mejor prueba.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera no son motivo suficiente para desconocer esa realidad, como tampoco su consecución es incompatible con aquél. De igual modo, la prestación municipal —siempre que cuente con recursos suficientes— no es más ineficiente que la provincial, la insular o la autonómica; menos aun en aquellos servicios públicos que, inevitablemente, exigen la localización de unidades, oficinas en los distintos núcleos de población, lo más cercano posible a los vecinos (el caso de los servicios sociales primarios). Siendo así, desconocer el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos (vecinos) supone la desnaturalización de los municipios como Administración constitucionalmente garantizada. La Carta Europea de la Autonomía Local es diáfana: «El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos» (art. 4.3).

En consecuencia, se propone la incorporación del principio de «máxima proximidad de la gestión pública», como principio rector de lo municipal, en tanto que principio que, por sí solo, legitima toda la acción pública municipal, tanto para el ejercicio de competencias propias, como para el desempeño de las de otras Administraciones cuando el ámbito municipal sea el más adecuado para su prestación.




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ENMIENDA NÚM. 39

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, número tres sobre apartado 4 del artículo 7.

Se propone el siguiente texto:

«4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley condiciona el ejercicio de competencias «impropias» a la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, así como a que no se incurra en ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración.

El primero de los condicionantes se concreta mediante remisión a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; sin embargo, el segundo de los requisitos se articula sobre un par de conceptos abiertos e imprecisos: «ejecución simultánea» y «servicio público», de los que nada se concreta (¿simultáneo es igual a duplicidad, concurrencia, o es literal, dos administraciones haciendo lo mismo?, ¿servicio público entendido como cualquier actividad administrativa, como competencia administrativa o como servicio de titularidad pública?). La consecuencia es que su control y contenido queda a criterio de la Administración que informe, un supuesto típico de control preventivo y discrecional prohibido por la Constitución (desde STC 4/1981). Es importante destacar que, tal y como aparece redactado, el supuesto planteado (ejercicio simultáneo de servicio público) nada tiene que ver con el régimen de competencias que se pretende limitar; el artículo 28 de la LBRL, vigente, sólo se refiere a competencias complementarias de las que ejercen otras Administraciones.

Por otra parte, en cuanto a los medios de control, informe previo, necesario y vinculante, de la Administración competente por razón de la materia sobre la inexistencia de duplicidades y de la Administración que ejerza la tutela financiera, constituyen supuestos que vulneran la autonomía local en tanto que invaden la competencia municipal y suponen un control preventivo de oportunidad. Lo primero, la invasión competencial, porque todo informe vinculante es, materialmente, un supuesto de competencia compartida, en tanto su ejercicio depende de la voluntad de otra Administración. En el caso de la inexistencia de duplicidades, la competencia municipal queda condicionada al criterio de oportunidad de la llamada Administración competente por razón de la materia —además, como se apuntó, sin criterio legal alguno que limite la arbitrariedad—. En el supuesto del informe de la administración que ejerza la tutela financiera, se trata de un control duplicado, puesto que la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ya establece los mecanismos de control, y, además, de mera oportunidad, ya que, controlado el cumplimiento de esa legislación, el informe previo, necesario y vinculante de tutela financiera carece de fundamento, salvo la desconfianza en el cumplimiento por el Municipio de la legalidad.




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La regulación propuesta, en particular la subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras Administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o dependencia jerárquica respecto de las mismas (desde STC 4/1981). Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local que asegura a los Municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y, además, en tanto exige que las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante (igual en caso de que se exigiera autorización previa).

En consecuencia, se eliminan los informes vinculantes previstos en el precepto, quedando la comprobación de los condicionantes al procedimiento administrativo que el Ayuntamiento debe tramitar para ejercer esta clase de competencias, con informes de legalidad de la Secretaría y de sostenibilidad financiera de la Intervención local.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número cuatro sobre apartados 3 y 4 del artículo 10.

Se propone el siguiente texto:

«3. En especial, la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con no afectarán en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley introduce la precisión de que el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es uno de los ámbitos de la coordinación interadministrativa —que, debe recordarse, sólo se justifica cuando se afecten intereses supramunicipales—, lo cual parece coherente con el objetivo de engarzar de modo expreso esa legislación con la regulación del régimen local, por más que esta vinculación ya era exigible. Sin embargo, el número 4 que se añade carece de fundamento. El precepto sitúa en el mismo plano coordinación y autonomía local, lo que contradice la garantía constitucional de la autonomía local, y, además, la afirmación de que serán compatibles constituye un apriorismo vacío de contenido, puesto que esa eventual compatibilidad sólo se podrá comprobar con ocasión del ejercicio de las funciones de coordinación, entonces podrá verificarse si vulnera o no aquella garantía constitucional.

En consecuencia, se propone la modificación del número 4, precisando que la coordinación no puede afectar a la autonomía local, tal y como resulta de su configuración constitucional.




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ENMIENDA NÚM. 41

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número ocho sobre el artículo 25.

Se propone el siguiente texto:

«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Asistencia social primaria Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios, y actividades funerarias y policía sanitaria mortuoria.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. Archivos, bibliotecas y museos.

n) Participar Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

o) Protección de consumidores y usuarios.

p) Padrón municipal de habitantes.

q) Relaciones de convivencia ciudadana.

r) Promoción de la participación ciudadana.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, máxima proximidad de la gestión pública a los ciudadanos, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. En el caso de leyes estatales, a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia




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financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. Las leyes estatales determinarán la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.»

JUSTIFICACIÓN

En aras de la racionalización de la Administración local, en particular de la actualización de los ámbitos y materias en los que debe actuar en el siglo XXI, se realizan ajustes en el nuevo artículo 25.

En concreto, en el número 1, se elimina la referencia a: «en los términos previstos en este artículo», puesto que esa restricción es contraria tanto a la garantía constitucional de la autonomía local, que asegura el derecho a intervenir en cuantos asuntos interesen a los vecinos (art. 137), como de modo expreso, a la Carta Europea de Autonomía Local en tanto reconoce el derecho de las Entidades Locales a ejercer su iniciativa en cuantas materias no estén excluidas de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2).

En el número 2, primer párrafo, se elimina la expresión «como» porque, gramaticalmente, impide entender la frase, y, en cuanto al fondo, hace dudar de si son competencias propias o si sólo son «como» competencias propias. En cuanto a la relación de materias, se completa con materias que constituyen seña de identidad de lo municipal, en especial la asistencia social primaria, que todos los Ayuntamientos vienen prestando. También, por la misma razón, se añade: protección de consumidores, padrón municipal, relaciones de convivencia y promoción de la participación ciudadana; así como se precisa la referencia a archivos, bibliotecas y museos, que luego constituyen servicios municipales obligatorios. De modo singular, en cuanto a vivienda de protección pública, se elimina la referencia a criterios de sostenibilidad financiera, porque los mismos deben guiar toda la acción municipal, sin que pueda entenderse que sólo son exigibles en ese caso. En cambio, ese elimina la referencia a las competencias en materia de enseñanza, en tanto que competencia propia de las Comunidades Autónomas que excede de lo municipal; únicamente se mantiene la colaboración en el cumplimiento de la escolarización obligatoria y en la búsqueda de solares para centros educativos,

En el número 3, en cuanto a los principios a considerar para concretar las competencias municipales en cada una de las materias relacionadas, se añade el de «máxima proximidad de la gestión a los ciudadanos», en coherencia con la enmienda introducida al artículo 2.1 de la LBRL.

Por último, en los números 4 y 5, se aclara que las leyes a las que se hace referencia son las propias de la competencia del Estado, puesto que una ley estatal ordinaria no puede condicionar la potestad legislativa autonómica, señalando cuál deba ser su contenido/documentación, por exceder de su competencia. En su caso, esta función sólo podría desplegarla la propia Constitución.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número nueve sobre el número 1 del artículo 26.




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Se propone el siguiente texto:

«1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida y transporte de residuos domésticos, limpieza viaria urbana, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado evacuación aguas residuales, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, atención social primaria, incluidas situaciones de exclusión social y emergencias, intervención y disciplina urbanística, infraestructuras y equipamientos municipales, vigilancia de espacios públicos, regulación y control del tráfico, ordenación transporte público en vehículos de turismo, control del comercio ambulante, padrón municipal de habitantes, ordenación de la convivencia ciudadana y promoción de la participación ciudadana.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos, ordenación y gestión urbanística, vigilancia y control de ruidos, zonas verdes, control actividades clasificadas, policía local, promoción del desarrollo económico local, promoción del deporte y ocupación tiempo libre, promoción de la cultura, protección del patrimonio histórico municipal.

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, y mercado y/o lonja.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano protección del medio ambiente y protección contra contaminación acústica.

La prestación efectiva de estos servicios y funciones corresponde a los Municipios que pueden llevarlo a cabo de forma independiente o de manera conjunta, sin perjuicio de los mecanismos de dispensa y de colaboración de otras Administraciones previstas en las leyes.»

JUSTIFICACIÓN

En razón del objetivo de racionalizar la Administración municipal se propone una actualización de la relación de servicios obligatorios según la población municipal que responde a la realidad de las tareas y asuntos públicos de los que se vienen ocupando los municipios.

En particular, entre los servicios obligatorios a prestar por todos los municipios, cualquiera que sea su población, se incluyen los servicios sociales primarios o comunitarios, y no sólo la evaluación e información sobre las necesidades existentes. Esta clase de servicios se demandan y deben ser prestados en el ámbito municipal y constituyen una de las señas de identidad de lo municipal; la crisis económico-financiera lo confirma.

Por otra parte, en garantía del derecho de los municipios a intervenir en la gestión de los asuntos que les atañen mediante órganos propios (art. 137 CE, así desde STC 32/1981), se cierra el apartado con un párrafo en el que se establece que, como regla general, los servicios y funciones obligatorios se podrán prestar de forma independiente o de manera conjunta, sin perjuicio de la eventual colaboración de otras Administraciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.




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Al artículo primero. Número nueve sobre el número 2 del artículo 26.

De modificación. Se propone el siguiente texto:

«2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será La Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará podrá coordinar la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida de residuos.

b) Limpieza viaria.

c) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de las vías.

f) Tratamiento de residuos.

Para coordinar la citada prestación de cualquiera de esos servicios la Diputación propondrá, previo acuerdo de con la conformidad de los municipios afectados interesados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidirá la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe, a petición del municipio, que éste puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.»

JUSTIFICACIÓN

El mecanismo de gestión coordinada de determinados servicios municipales persigue una reducción de los costes efectivos de prestación mediante la gestión conjunta de esos servicios haciendo economías de escala. Ahora bien, la consecución de este objetivo no justifica la restricción del mismo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, entre otras razones, porque esa limitación impide la continuidad territorial de los servicios y porque, si se trata de obtener aquellas ventajas, la mayor población municipal no es un obstáculo sino un elemento que puede favorecerlo. Por otra parte, el tope establecido constituye una medida discriminatoria, falta de justificación, por tanto arbitraria (contraria al art. 9.3 CE), de igual modo que su implantación efectiva genera una situación de desigualdad o agravio entre los ciudadanos que recibirán más o menos servicios en función de la localidad en la que residen en función del modo en que se organice la gestión coordinada.

En consecuencia se elimina el límite en función de la población municipal, admitiendo que el mecanismo diseñado sea válido para cualesquiera de los servicios reseñados con independencia del municipio, siempre, claro está, con su acuerdo.

Por otra parte, se suprime el control/tutela del Ministerio de Hacienda en cuanto al modo en que se prestarán los servicios coordinados en tanto esa intervención vulnera la garantía constitucional que prohíbe la tutela preventiva, genérica e indeterminada (desde STC 4/1981). Asimismo, la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda constituye un acto administrativo de aprobación de un modo de gestión de servicios públicos que carece de relevancia estatal, por tanto, entra dentro de la autonomía local para decidir cómo gestionar asuntos de su competencia (desde STC 32/1981); y, sobre todo, este mecanismo es contradictorio con la capacidad municipal de decidir sobre la forma de gestión de los servicios públicos, sin perjuicio de que algunas de las fórmulas requieran de justificación expresa en el expediente administrativo (así, expresamente, el nuevo artículo 85.2 LBRL, que condiciona las formas de gestión empresariales, pero mantiene la decisión en el Pleno municipal).




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En consecuencia, se suprimen las referencias al control y decisión por el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, se suprime el tercer párrafo, que se refiere a la posibilidad de que el Municipio pueda recuperar la prestación (no la coordinación, porque ninguna administración se coordina así misma), en la medida que, siendo voluntario el mecanismo de prestación coordinada de los servicios, basado en el acuerdo previo de los municipios, será en esos acuerdos/convenio donde se establezcan las reglas para recuperar la prestación. De otro modo, se vulneraría la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número diez sobre el artículo 27.

De modificación de los números 1, 3 y 6 del artículo 27.

Se propone el siguiente texto:

«1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas, hacer efectivo el principio de máxima proximidad de la gestión pública a los ciudadanos, y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, hacer efectivo el principio de máxima proximidad de la gestión pública a los ciudadanos y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, salvo que las atribuyan como propias, podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

b) Protección del medio natural.

c) Prestación de los servicios sociales especializados, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.




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e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

j) Promoción y gestión turística supramunicipal.

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva entidad local.

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 2.1 LBRL, se incorpora, de modo expreso en los números 1 y 3 del precepto, la referencia expresa al principio básico que legitima la acción municipal: «máxima proximidad de la gestión pública a los vecinos», como principio rector de la delegación de competencias.

Por otra parte, en el número 3 del artículo, se elimina la mención «generando un ahorro neto», porque, si los Municipios pueden prestar el servicio más barato que la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, la competencia debe ser propia de la Administración local, resultando arbitrario por incongruente que la norma desapodere a los Ayuntamientos por razones de sostenibilidad financiera para, a continuación, promover su delegación porque la prestación municipal genera un ahorro neto en la gestión (el caso de la asistencia sanitaria, las escuelas infantiles o la prestación de servicios sociales especializados). Las causas de la delegación deben ser otras, relacionadas con la mayor proximidad a los ciudadanos y la clarificación competencial.




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Igualmente, en el mismo número 3, se introduce la aclaración de que la relación de competencias «delegables», lo es sin perjuicio de la facultad tanto del legislador estatal como del autonómico de atribuir competencias a los Municipios como propias, incluyendo todas las descritas, de acuerdo con lo recogido en el artículo 7 de la LBRL y, además, de conformidad con la doctrina constitucional sobre la atribución de competencias a los Municipios, correspondiendo al Estado la determinación del mínimo competencial y a las Comunidades Autónomas su desarrollo o complemento (desde STC 32/1981).

En cuanto a la relación de competencias que detalla el precepto, se añaden algunas precisiones para garantizar su coherencia con las competencias propias y los servicios municipales obligatorios relacionados en los artículos 25 y 26 LBRL.

Por último, en el número 6 del artículo, se suprime la mención expresa a administración autonómica delegante. La delegación puede ser estatal o autonómica, de modo que cualquiera de esas Administraciones puede incurrir en incumplimiento de las obligaciones financieras. El principio de lealtad institucional, tanto como la garantía de las cuentas locales que se pretende, exige dar el mismo trato cualquiera que sea la Administración delegante.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número trece sobre el artículo 36.

Se propone el siguiente texto:

«1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis.

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

g) Asistencia en la prestación municipal de los servicios de Administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.




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2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, previo acuerdo de los municipios, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de esta Ley.

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios.

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.»

JUSTIFICACIÓN

Se elimina, por discriminatorio y falto de justificación, la diferenciación de los municipios según tengan más/menos 20.000 habitantes en las letras f) y g) del número. La labor de asistencia y cooperación provincial debe ser igual para todos los municipios, con independencia de que sean los municipios más pequeños los que puedan demandar un mayor apoyo.

Por otra parte, se aclara que las competencias de la Diputación sobre Administración electrónica y contratación centralizada lo son sólo de asistencia y colaboración con los municipios, eliminando la previsión de que los de menos de 20.000 habitantes carezcan de cualesquiera competencias en dos ámbitos básicos para una gestión municipal moderna y eficiente.

En el número 2 del artículo, sobre los planes provinciales de obras y servicios, se introduce la necesidad de acuerdo con los municipios para la puesta en marcha de formas de gestión provincial coordinada, en coherencia con el artículo 26.2 de esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.




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ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número dieciséis sobre el artículo 57.

De modificación del número 3 del artículo 57. Se propone el siguiente texto:

«3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos, situación que deberá mantenerse mientras se encuentre en funcionamiento.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley condiciona la constitución de un consorcio a que no sea posible, ni más ventajoso en términos de eficiencia económica, la suscripción de un convenio, y, además, establece una segunda carga, la de que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos. Esta limitación resulta desproporcionada y falta de motivación. La gestión conjunta de competencias mediante un consorcio, una vez puesta en marcha, puede encontrarse con una multitud de circunstancias que demanden una mayor aportación de recursos, sea por cambio de calidad o regularidad de los servicios, sea por cualquier otro factor, correspondiendo, en todo caso, la decisión a las Administraciones consorciadas. En lugar de una prohibición, que bien puede llevar a la refundación recurrente de los consorcios para evitarla, se propone exigir, como regla general, el compromiso de mantener una situación de estabilidad presupuestaria y financiera que no afecte al conjunto de las haciendas locales involucradas.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De adición.

Artículo primero. Número diecisiete sobre el artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.

De adición de un nuevo número 4. Se propone el siguiente texto:

«4. En el caso de que la Administración General del Estado delegue competencias o suscriba convenios de colaboración con las entidades locales, que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a su cargo, los medios que articulen la delegación o el convenio incluirán, como cláusula de garantía del cumplimiento de esos compromisos, la facultad de la entidad local de compensar su importe con las cantidades que, por cualquier concepto, tenga obligación legal de ingresar o abonar a la Administración General.»

JUSTIFICACIÓN

Se completa el precepto añadiendo un mecanismo análogo de garantía de las entidades locales cuando la delegación o el convenio de colaboración procedan o sea suscrito con cualesquiera órganos de




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la Administración General del Estado. Esta previsión viene impuesta por el principio de lealtad institucional, que también obliga a esa Administración (art. 9 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), y también, por el principio de legalidad, en tanto las leyes estatales básicas, como la legislación de régimen local, también son obligatorias y deben ser cumplidas por la Administración General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número dieciocho sobre nuevo artículo 75 bis:

Modificación del apartado 1. Se propone el siguiente texto:

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del personal al servicio de las entidades locales.

1. Los miembros de las Corporaciones locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población municipal en relación con los servicios que, obligatoriamente, debe prestar, y a su presupuesto, según la siguiente tabla:

HABITANTES; REFERENCIA

Municipios de gran población; Secretario de Estado

Más de 50.000; Secretario de Estado –10%

20.000. a 50.000; Secretario de Estado –20%

5.000. a 20.000; Secretario de Estado –30%

Hasta 5.000; Secretario de Estado –40%

La referencia lo es de la retribución íntegra, con todos los complementos, incluido el complemento de productividad.

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

JUSTIFICACIÓN

La limitación de las retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales mediante el establecimiento de un máximo constituye una medida restrictiva de la potestad de autoorganización de los Municipios, en tanto que capacidad de decisión sobre la retribución de quienes han sido elegidos como representantes públicos, que forma parte de la garantía constitucional de la autonomía local. La medida, además, resulta discriminatoria, puesto que ningún otro representante público objeto de elección directa




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por los ciudadanos se encuentra en esta situación, antes al contrario, los parlamentarios estatales y autonómicos quedan a las decisiones de sus respectivas cámaras, dentro, claro está, de los límites máximos globales que se recogen en los presupuestos generales estatales y autonómicos. Por otra parte, la medida propuesta, en si misma considerada, resulta arbitraria, puesto que se basa en un criterio poblacional que carece de fundamento, puesto que no tiene relación alguna con las tareas que cada Municipio debe afrontar, tampoco con el tamaño de la organización administrativa necesaria para atenderlas, ni menos aún con la responsabilidad exigida a los responsables públicos. En este sentido, el proyecto de ley pugna con la autonomía local con una medida contraria a la capacidad de decisión municipal, discriminatoria y arbitraria, sin que, deba añadirse, nada impida conciliar aquella autonomía con la estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera sin incurrir en esas infracciones.

Con carácter subsidiario de lo expuesto y sin renuncia a esos argumentos, se formula una enmienda alternativa que pretende superar, cuando menos, la arbitrariedad apuntada, mediante la vinculación de las retribuciones máximas con los distintos municipios en función de los servicios mínimos obligatorios que deben prestar (artículo 26 de la LBRL) y, en su caso, su complejidad organizativa (municipios de gran población), poniéndolo en relación con sus presupuestos, esto es, la capacidad de la hacienda municipal de hacer frente a esas retribuciones de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De otra parte, y con la misma finalidad, se aclara el alcance de las retribuciones de referencia.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo primero número dieciocho sobre el artículo 75 bis apartado 2, quedando el texto siguiente:

2. Las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones Provinciales tendrán, además, un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia. En el caso de los Cabildos y los Consejos Insulares el indicador determinante será el de la población de la isla.

Los concejales que sean proclamados diputados provinciales o equivalentes deberán optar por mantener el régimen de dedicación exclusiva en una u otra entidad local, sin que en ningún caso puedan acumularse ambos regímenes de dedicación.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece en relación a las retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales que los Presupuestos Generales del Estado determinarán cada año el límite máximo total que pueden percibir aquéllos, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población, según la tabla contenida en el mismo.

Para los municipios, el número de habitantes es el indicador previsto en el proyecto que determinará el tramo de retribuciones que corresponda a los miembros de las Corporaciones municipales. La referencia a los Cabildos Insulares se contiene únicamente en el apartado 2.º del artículo transcrito, estableciendo en relación a los mismos, un tope máximo retributivo de sus Presidentes que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde de la Corporación municipal más poblada de la isla.

La equiparación realizada en el proyecto de Ley, en cuanto al indicador del número de habitantes municipales, entre los Cabildos Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las islas, desde un punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son entidades locales territoriales configuradas en




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nuestro ordenamiento jurídico con naturaleza y régimen jurídico sustancialmente diferente al previsto para los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la «población municipal» constituye junto con la organización y el territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como Instituciones de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias, configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, así como las competencias transferidas por Ley del Parlamento de Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede permitir la equiparación en el tratamiento retributivo de sus miembros con los de los municipios atendiendo, como se recoge en el proyecto de Ley, exclusivamente al indicador de la población municipal. A mayor abundamiento, las consideraciones anteriores deben completarse con la referencia a su reforzamiento competencial. La Exposición de Motivos del proyecto de Ley objeto de enmienda dispone expresamente: «Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entidades equivalentes (…)». En este sentido, la redacción dada al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un exponente claro, patente y manifiesto del incremento cuantitativo en el elenco de competencias propias asignadas a aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica «Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios» establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado 1.º del citado precepto.

— Finalmente, la consideración específica de la naturaleza de los Cabildos Insulares viene avalada por la propia necesidad establecida en el apartado 1.º del artículo 75 bis del proyecto de Ley que expresamente determina que el límite máximo total retributivo de los miembros de las Corporaciones locales se establecerá «atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla (…)»




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En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista en el artículo 75 bis.2.º del proyecto de Ley a través de la remisión al indicador del número de habitantes del «municipio más poblado de la isla», instando al efecto a que el indicador determinante que se contemple en el mismo sea en todo caso, el de la «población de la isla», pues es la que indudablemente contribuye a configurar a las islas, por una parte, como entidades locales territoriales de carácter supramunicipal y, por otra, como integrantes del Archipiélago Canario, en los términos que han quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 50

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número diecinueve sobre nuevo artículo 75 ter.

De modificación del número 1 del nuevo artículo 75.ter.

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 5.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de tres.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de siete.

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de once.

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.001, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de dieciocho.

e) En los Ayuntamientos de Municipios en régimen de gran población, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de veinticinco.

f) En los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de cuarenta y cinco y treinta y dos, respectivamente.

Excepcionalmente, el número de miembros que podrán prestar servicios en régimen de dedicación exclusiva podrá ser superior, siempre y cuando, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación en el que queden acreditadas las circunstancias y necesidades que requieren esa mayor dedicación y, además, que la misma no afecta a la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal.»

JUSTIFICACIÓN

Los mismos argumentos expuestos en relación con la enmienda al nuevo artículo 75.bis sobre las retribuciones de los miembros de las Corporaciones locales: vincular los límites con las competencias de cada municipio en función de su población y, además, admitir, con carácter excepcional, que el Pleno




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municipal pueda ampliar esos límites en función de sus propias necesidades y siempre dentro del marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número diecinueve que se refiere al artículo 75 ter en su apartado 3.

Texto propuesto:

3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva se determinará en función del criterio de población de la isla.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece los límites máximos cuantitativos de miembros de las entidades locales con dedicación exclusiva a través de catorce baremos de población establecidos al efecto. Por ende, para los municipios, el número de habitantes es el indicador previsto en el proyecto que determinará el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios con dedicación exclusiva. Por su parte, el apartado 3.º de dicho precepto, para el supuesto de los Cabildos Insulares, limita el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva remitiendo al mismo límite que el establecido para la Corporación del municipio más poblado de la isla.

La equiparación realizada en el proyecto de Ley, en cuanto al indicador del número de habitantes municipales, entre los Cabildos Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las islas, desde un punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son entidades locales territoriales configuradas en nuestro ordenamiento jurídico con naturaleza y régimen jurídico sustancialmente diferente al previsto para los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la «población municipal» constituye junto con la organización y el territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como Instituciones de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias, configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes




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reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, así como las competencias transferidas por Ley del Parlamento de Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede permitir la equiparación en el tratamiento de la determinación del límite máximo de sus miembros con dedicación exclusiva en los términos recogidos en el proyecto de Ley, esto es, atendiendo exclusivamente al indicador de la población municipal. A mayor abundamiento, las consideraciones anteriores deben completarse con la referencia a su reforzamiento competencial. La Exposición de Motivos del proyecto de Ley objeto de enmienda dispone expresamente: «Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entidades equivalentes (…)». En este sentido, la redacción dada al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un exponente claro, patente y manifiesto del incremento cuantitativo en el elenco de competencias propias asignadas a aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica «Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios» establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado 1.º del citado precepto.

En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista en el artículo 75 ter.3.º del proyecto de Ley a través de la remisión al indicador del número de habitantes del «municipio más poblado de la isla», para la determinación del límite máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, instando al efecto a que el indicador determinante que se contemple en el mismo sea en todo caso, el de la «población de la isla», pues es la que indudablemente contribuye a configurar a las islas, por una parte, como entidades locales territoriales de carácter supramunicipal y, por otra, como integrantes del Archipiélago Canario, en los términos que han quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número veintiuno sobre el apartado 2 del artículo 85.




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Se propone el siguiente texto:

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:

a) Gestión por la propia entidad local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b) para lo que se deberán tener en cuenta, entre otros, los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. El acuerdo del Pleno deberá justificar haber cumplimentado este análisis de alternativas y ponderación de criterios señalados. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley limita la potestad de organización local en su vertiente de libertad de elección del modo de gestión. Es razonable exigir que, con carácter previo a la toma de la decisión, la entidad local evalúa la fórmula más adecuada de entre las posibles, considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad financiera; pero no de modo exclusivo, puesto que la decisión sobre la forma de gestión debe considerar, también, la garantía de igualdad en el acceso al servicio, los fines de cohesión social y la calidad de las prestaciones. Por este motivo se incluye la expresión: «entre otros».

Por otra parte, se suprimen las referencias a documentos que deben obrar en el expediente que se tramite al efecto, incluyendo memoria sobre asesoramiento e informe del interventor, puesto que introducen confusión respecto al contenido del expediente conforme a la legislación vigente, al tiempo que se presentan como una suerte de tutela preventiva de la decisión que adopte el Pleno. En particular, en el caso del órgano de intervención, la emisión de esta clase de informes sobre eficiencia, con valoración prospectiva, tiene la condición de mecanismo de tutela preventiva y control de oportunidad, que excede de las funciones y tareas que la legislación asigna estos órganos: control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, gestión tributaria y la contabilidad, tesorería y recaudación; que este proyecto de ley refuerza en el nuevo artículo 92.bis.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. A los efectos perseguidos, basta con que la norma imponga una motivación precisa de la decisión y de las alternativas consideradas y que el acuerdo que se adopte de cuenta de la misma.




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ENMIENDA NÚM. 53

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Primero: Número veinticinco sobre el artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

De modificación del número 6 del artículo 92.bis. Se propone el siguiente texto:

«6. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal.

Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 60% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Corporación local se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 25% del total posible.

Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales.

Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales.

Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo y que hubieran sido nombrados por libre designación.

En caso de cese de un puesto de libre designación, la Corporación local deberá asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación.»

JUSTIFICACIÓN

La recuperación por el Estado de las competencias sobre los funcionarios locales de habilitación local, que plantea el proyecto de ley, no justifica la reducción al mínimo de los méritos correspondientes a las Corporaciones locales en las que, en su caso, habrán de prestar servicios. La realidad municipal es determinante del buen desempeño de las funciones de cada una de las subescalas en que se agrupan esa clase de funcionarios. Por este motivo se eleva el porcentaje de méritos específicos a fijar por la correspondiente Corporación Local.




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De otra parte, en relación con los supuestos singulares de nombramiento por sistema de libre designación, se suprime la exigencia de autorización expresa del nombramiento por parte del órgano competente de la Administración General del Estado, que convierte el supuesto en competencia concurrente, así como la necesidad de un informe previo en caso de cese, que niega la esencia discrecional de esta decisión, porque se trata de supuestos de tutela preventiva, genérica e indeterminada proscrita por la Constitución (STC 4/1981). En igual medida, esos controles niegan la naturaleza jurídica del sistema de libre designación, que descansa en la discrecionalidad del órgano competente y, con ello, vulneran la potestad de organización de las Entidades Locales (art. 80 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

ENMIENDA NÚM. 54

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Primero. Número veintiocho sobre nuevo artículo 104.bis.

Se propone el siguiente texto:

«Artículo 104 bis. Personal eventual de las entidades locales.

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse, como regla general, a los siguientes límites y normas:

a) Los Ayuntamientos de Municipios con población no superior a 5.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual por un número que no podrá exceder de tres.

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de cinco.

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de diez.

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local.

e) Los Ayuntamientos de Municipios en régimen de gran población podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local.

f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas entidades locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas.

En ningún caso, cualquiera que sea la población del Municipio, el número de puestos de trabajo reservados a personal eventual podrá ser superior al de Concejales.»




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JUSTIFICACIÓN

Se da por reproducida la justificación que acompaña a las enmiendas a los nuevos artículos 75.bis y 75.ter de la LBRL.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número veintiocho sobre el artículo 104 bis, apartado 2.

Texto propuesto:

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos Insulares el número se determinará en función del criterio de población de la isla.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece los límites máximos cuantitativos de número de puestos de trabajo de personal eventual que podrán incluir en sus plantillas las Corporaciones locales. Por ende, para los municipios, el número de habitantes es el indicador previsto en el proyecto a tal efecto. Por su parte, el apartado 2.º de dicho precepto, para el supuesto de los Cabildos Insulares, limita el número de puestos de trabajo de personal eventual remitiendo al mismo límite que el establecido para la Corporación del municipio más poblado de la Provincia, llamando poderosamente la atención el que no se utilice el indicador de la población del municipio más poblado de la isla, como se hace en otros preceptos del proyecto de Ley. No obstante, parece apreciarse error de transcripción por omisión a la vista de la redacción dada a la premisa del citado apartado, pudiendo entender que la intención del legislador fue la de establecer el citado indicador de la población del municipio más poblado de la isla.

Por ende, la equiparación realizada en el proyecto de Ley, entre los Cabildos Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las islas, desde un punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son entidades locales territoriales configuradas en nuestro ordenamiento jurídico con naturaleza y régimen jurídico sustancialmente diferente al previsto para los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la «población municipal» constituye junto con la organización y el territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como Instituciones




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de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias, configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, así como las competencias transferidas por Ley del Parlamento de Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede permitir la equiparación en el tratamiento del número de puestos de trabajo de personal eventual que podrán incluir en sus plantillas las Corporaciones locales en los términos recogidos en el proyecto de Ley, esto es, atendiendo exclusivamente al indicador de la población municipal. A mayor abundamiento, las consideraciones anteriores deben completarse con la referencia a su reforzamiento competencial. La Exposición de Motivos del proyecto de Ley objeto de enmienda dispone expresamente: «Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entidades equivalentes (…)». En este sentido, la redacción dada al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un exponente claro, patente y manifiesto del incremento cuantitativo en el elenco de competencias propias asignadas a aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica «Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios» establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado 1.º del citado precepto.

En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista en el artículo 104 bis. 2.º del proyecto de Ley a través de la remisión al indicador del número de habitantes del «municipio más poblado», para la determinación del número de puestos de trabajo de personal eventual que podrán incluir en sus plantillas las Corporaciones locales, instando al efecto a que el indicador determinante que se contemple en el mismo sea en todo caso, el de la «población de la isla», pues es la que indudablemente contribuye a configurar a las islas, por una parte, como entidades locales territoriales de carácter supramunicipal y, por otra, como integrantes del Archipiélago Canario, en los términos que han quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.




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ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número treinta sobre el artículo 116.bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

Texto que se propone:

«1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante Orden ministerial que será objeto de publicación.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan podrá incluir incluirá al menos alguna de las siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local para reducir sus costes.

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de entidades locales que se hubiera acordado.»

JUSTIFICACIÓN

El precepto incluido en el proyecto de ley regula materia sujeta a reserva de Ley Orgánica. De acuerdo con lo previsto en el artículo 135 de la Constitución, el contenido de los planes económico-financieros viene determinado por el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En consecuencia se propone la supresión del artículo 116.bis por falta de rango de la norma que lo introduce.

Con carácter subsidiario, para el caso de que se mantenga o, incluso, que se tramite como Ley Orgánica, se introducen mejoras para aclarar el alcance del contenido complementario que se introduce: que los requisitos formales que deben reunir los planes económico-financiero serán objeto de aprobación y publicación, por imponerlo así los principios de lealtad institucional y de seguridad jurídica (también en coherencia con el siguiente artículo 116.ter, que así lo dispone); y que la relación de medidas tiene carácter indicativo, no imperativo en todos los supuestos, habida cuenta que habrán de acomodarse a la realidad, circunstancias y necesidades de cada entidad local afectada, sin que pueda establecerse un grupo de medidas con carácter general.




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ENMIENDA NÚM. 57

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número treinta y cuatro sobre la disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.

Se modifica el número 2 de la disposición adicional novena.

Se propone el siguiente texto:

«2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, no de gestión de servicios públicos locales, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses un año desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014 transcurrido el plazo señalado en el plan, la entidad local en el plazo máximo de los seis meses un año siguiente a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 correspondiente de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos.»

JUSTIFICACIÓN

El redimensionamiento del sector público local debe atender a la realidad municipal y la complejidad del proceso abierto. Así, con objeto de evitar situaciones irreversibles, se precisa que estas medidas sólo se aplicarán a las empresas locales distintas de aquellas que gestionen servicios públicos, en la medida que estas actividades deben seguir siendo prestadas en tanto que traen causa de obligaciones impuestas por Ley. Asimismo, los plazos fijados por el proyecto de ley también desconocen aquella realidad y las dificultades de su tramitación. En este sentido, se amplían los plazos, de modo que las decisiones sean ponderadas y no precipitadas, y, además, que el reequilibrio sea posible en función de los términos y el plazo que fije cada plan de ajuste en función de las circunstancias y singularidades de cada empresa pública local afectada. La ampliación de los plazos encuentra su fundamento en el principio de lealtad institucional. Ningún sentido tiene que las Administraciones territoriales, incluida la Estatal, cuenten con varios años para cumplir los objetivos de déficit, incluyendo, de ser necesario, prórrogas; mientras que, por el contrario, se pretenda que en un año se proceda al ajuste de todas las empresas locales deficitarias y, de no conseguirlo, su extinción, cuando la contribución de las Administraciones locales al déficit público es 0 para el periodo 2013-2015.

Por otra parte, como en otras enmiendas, se suprime el informe previo de la intervención por que se trata de una tarea de control que excede de las funciones que le asigna la legislación (nuevo artículo 92.




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bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), convirtiéndose en un medio de tutela preventiva y valoración de oportunidad contraria a la garantía constitucional de la autonomía local (STC 4/1981).

ENMIENDA NÚM. 58

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con informe previo de la asociación más representativa de las entidades locales españolas, el Gobierno establecerá mediante reglamento las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.

Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como aparece redactado, el precepto faculta con la mayor amplitud y sin limitación al Ministerio de Hacienda y al Gobierno para establecer las normas y criterios rectores de la función interventora en el ámbito local. La interdicción constitucional de la tutela preventiva y genérica sobre las entidades locales obliga, cuando menos, a precisar que esas normas serán aprobadas, oída la asociación más representativa de las entidades locales, y que, además, lo serán mediante reglamento que, como tal, será objeto de publicación oficial, evitándose, de este modo, cualquier control, tutela o dirección de carácter informal en contra de la autonomía local.

Por otra parte, se suprime el tercer párrafo, sobre la remisión anual de un informe a la Intervención General del Estado, puesto que la Intervención Local no puede tener dependencia ni funcional ni jerárquica de aquélla, en tanto que contraria a la garantía constitucional de la autonomía local en su dimensión de prohibición de tutela preventiva, genérica e indeterminada; ello, claro está, sin perjuicio de la obligada rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, que es a quien corresponde conocer de su actividad.




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ENMIENDA NÚM. 59

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo segundo. Número tres sobre el artículo 218 apartados 1 y 2. Informes sobre resolución de discrepancias.

Se propone el siguiente texto:

«1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

Igualmente, el Secretario de la Corporación presentará informe sobre los argumentos de legalidad que hayan servido de fundamento para el levantamiento de los reparos. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la entidad local podrá elevar su resolución consulta al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.»

JUSTIFICACIÓN

El levantamiento de los reparos formulados por la Intervención local se regula con detalle en la legislación vigente, siendo las decisiones adoptadas susceptibles de revisión judicial plena (arts. 215 a 218 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales). Siendo así, el proyecto de ley introduce unos requisitos y controles injustificados en tanto desvirtúan el procedimiento de resolución de discrepancias, dando una apariencia de actuación irregular a un cauce previsto y ordenado por la normativa vigente.

Por otra parte, ningún fundamento tiene contraponer un órgano burocrático (el órgano interventor) con órganos representativos (el Alcalde y el Pleno); ese contrapeso sólo puede serlo con la Secretaría como órgano encargado del asesoramiento jurídico de la Corporación y, por tanto, asesor del Alcalde y el Pleno a los efectos de levantamiento de los reparos. Por este motivo, se introduce el informe del Secretario.

En cuanto al número dos del precepto, la autonomía local pugna con la eventualidad de que una discrepancia sea resuelta por un órgano administrativo de una Administración pública distinta. Este supuesto lo es de tutela administrativa contraria a la garantía constitucional. En consecuencia, se propone sustituir el precepto por la facultad del Presidente de la entidad local de consultar al órgano competente de la Administración que ejerza la tutela financiera.

ENMIENDA NÚM. 60

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo. Tres.




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ENMIENDA

De modificación.

Texto propuesto:

«El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas y al Órgano de Control Externo de fiscalización de la respectiva Comunidad Autónoma todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.»

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de que el órgano interventor deba remitir exclusivamente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de las entidades locales y plenos de las corporaciones, contrarios a los reparos formulados, así como las principales anomalías advertidas en cuanto a los ingresos se refiere, obvia a los órganos de control externo de las respectivas comunidades autónomas, las cuales tienen competencias en materia de ámbito local en sus respectivos territorios.

A los órganos de control externo, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de creación, les corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de sus respectivas Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución.

A los efectos de la señalada normativa, dentro del sector público de la respectiva Comunidad Autónoma se encuentran incluidos las Entidades Locales que forman parte de su territorio, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes.

Estas competencias de fiscalización se encuentran debidamente coordinadas entre dichos órganos y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

A dicho fin los órganos de control externo y el Tribunal de Cuentas del Reino cuentan con una Plataforma de Rendición de Cuentas que posibilita que las corporaciones locales puedan remitir de manera simultánea las cuentas y documentos que a los que vienen obligados por Ley o que en su caso se les puedan requerir, evitando de esta manera las duplicidades y facilitando las actuaciones de dichas Instituciones de control.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional séptima. Transferencia de los servicios de sanidad y servicios sociales.

En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones transitorias primera y segunda, a los solos efectos de las transferencias previstas en esta Ley, se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la metodología para valorar el coste de los servicios transferidos.»




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 25 y 26 de la LBRL dirigidas a asegurar la competencia de los municipios en servicios sociales, cuando menos en asistencia social primaria, se limita la aplicación de esta disposición adicional a la sanidad.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional novena. Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.

1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se seguirán rigiendo por la normativa que les sea de aplicación hasta su extinción, debiendo adaptarse a lo previsto en esta Ley en caso de que se pretenda su modificación deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

La adaptación obligatoria de convenios, acuerdos e instrumentos de colaboración interadministrativos constituye una medida contraria a los principios de intangibilidad de los contratos y de seguridad jurídica, que introduce una innecesaria confusión e incertidumbre sobre las relaciones que se regulan. Es regla tradicional del Derecho público español que los cambios normativos no afecten a los contratos, acuerdos y convenios en curso de ejecución, que seguirán rigiéndose por las reglas y normas vigentes en el momento de su aprobación. Esta enmienda recupera esta regla; algo, por otra parte, sobre lo que advirtió el Dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto ley. Ahora bien, lo dicho no se contrapone a la obligación de adaptarse en el caso de que se pretenda la modificación de esos convenios y/o acuerdos.

ENMIENDA NÚM. 63

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone el siguiente texto:

«Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio en materia de enseñanza, en particular la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponde a las Comunidades Autónomas y la intervención en la gestión de los mismos. Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las esas competencias, para lo que se contemplará, en su caso, el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales. En todo caso se mantendrá la titularidad municipal de los bienes inmuebles destinados a esas competencias, traspasándose a la Comunidad Autónoma el uso de los mismos en iguales condiciones y obligaciones que tenía el Municipio.»

JUSTIFICACIÓN

Se ajusta este régimen de traspaso a los términos en que queda redactada la letra n), del número 2, del artículo 25 de la LBRL, que limita las competencias municipales relacionadas con la educación a la colaboración en el cumplimiento de la escolarización obligatoria y en la búsqueda de suelos para centros docentes públicos. Se mantiene la remisión a la legislación sobre financiación autonómica y haciendas locales en cuanto a los términos del traspaso. Y se aclara el régimen de titularidad/propiedad en que quedan los inmuebles afectados por la asunción de la competencia por las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional nueva. Régimen especial de los municipios canarios.

En el caso de Canarias, los criterios de atribución de competencias a los municipios, así como los supuestos de intervención de los Cabildos Insulares, quedarán a lo que establezca la legislación territorial correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Las circunstancias territoriales (insularidad, orografía, redes de comunicación), sociales (singularidades y localización núcleos de población) e institucionales (Cabildos, ausencia de provincia) que concurren en las islas Canarias, obligan a adaptar las medidas que plantea la reforma legal a esa realidad en orden a la consecución de los objetivos que persigue. A estos efectos no basta con que las referencias a las Diputaciones Provinciales se completen con el añadido de los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares. La realidad del municipalismo insular es bien distinta de la peninsular (así se reconoce en la STC 132/2012).

La primera singularidad se refiere la planta municipal. En el archipiélago no existen entidades locales menores y el número de municipios es de 88 (de los cuales sólo 1 de menos de 1.000 habitantes), de modo que no se produce la problemática del minifundismo municipal que pretende superar la norma. Además, ese número de entidades se corresponde con una densidad de 24.000 habitantes/municipio, frente a los 6.000 habitantes/municipio en el resto de España; una densidad que en el archipiélago es aun mayor si se consideran los 10/12 millones de turistas anuales que recibe y la incidencia de esa población en los servicios públicos municipales. Por otra parte, habida cuenta las circunstancias antes apuntadas,




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todos los municipios, pero especialmente los de menos de 20.000 habitantes, atienden las necesidades de la población de núcleos perfectamente diferenciados por razones geográficas, económicas y culturales, que, de otra forma, quedarían sin atención, por su distancia con respecto a las capitales de cada una de las islas. En este sentido es obligado adecuar los criterios de reparto de competencias a los Municipios, incluyendo las que pueda atribuir la Comunidad Autónoma, a una realidad singular, en la que no se reconoce minifundismo municipal, y sí capacidad acreditada de gestión.

En relación con esto último, la capacidad de gestión, los datos sobre la deuda pública dan cuenta de la singularidad que concurre en los municipios canarios. En este sentido, los Municipios canarias, en los que reside el 4,51% de la población española, suman tan sólo el 2,74% del total de la deuda viva de los Ayuntamientos españoles; que, por otra parte, con un 4,83% es la menor de las deudas de las Administraciones públicas españolas (76,70% Estado, 18,47% CCAA). De igual forma, por exigencia de la legislación territorial, los Municipios canarios formulan y depositan sus cuentas anualmente, sin que se reconozcan los supuestos de incumplimiento que apunta el proyecto de ley.

En segundo término, en cuanto a la asunción de competencias por los Cabildos Insulares, el objetivo perseguido de garantizar la viabilidad y eficiencia de esos servicios requiere su adaptación a la realidad territorial y político-administrativa de las islas.

En el archipiélago, la estructura territorial y, por ende, la planta local, es insular y no provincial. En las islas, la provincia como entidad local no existe (artículo 41 Ley bases del Régimen Local, LBRL), mucho menos como conjunto de pueblos alrededor de un pueblo o ciudad; la entidad local es la isla, pero su condición es más compleja porque, simultáneamente, es institución autonómica (artículo 23 Estatuto Autonomía de Canarias, EAC). A su vez, el Cabildo, como órgano de gobierno de la isla, tiene las competencias de las Diputaciones provinciales (artículo 36 LBRL), pero, a ellas se suman, otras competencias propias y autonómicas, que lo diferencian (artículo 41.1 en relación con el citado artículo 23 EAC). Por último, Diputaciones y Cabildos tienen una diferente legitimidad democrática que condiciona su organización y su actividad. Nada tiene que ver la legitimidad indirecta de las Diputaciones (artículo 204 Ley Orgánica Régimen Electoral General, LOREG), cuyo plenario resulta del reparto de concejales entre los municipios de la provincia, de modo que, en caso de asunción de servicios municipales, aun de forma indirecta, los municipios seguirán teniendo participación en las decisiones que se tomen sobre los mismos; frente a la legitimidad democrática directa de los Cabildos (artículo 201 LOREG), siendo los consejeros insulares objeto de elección directa, con la consecuencia de que, una vez asumido cualquier servicio municipal, los Municipios quedarían desapoderados por completo sin ninguna facultad de intervención, ni siquiera de participación en su funcionamiento.

En conclusión, a tenor de las diferencias existentes entre la estructura local insular y la peninsular, la realización de los objetivos perseguidos por el proyecto de ley pasa por remitir los criterios de reparto de competencias a Municipios y los supuestos de intervención de los Cabildos insulares a lo que disponga la legislación territorial canaria.

ENMIENDA NÚM. 65

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 25 y 26 de la LBRL dirigidas a asegurar la competencia de los municipios en servicios sociales, cuando menos en asistencia social primaria, se propone la supresión de esta disposición transitoria reguladora del traspaso de esos servicios a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 66

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición transitoria octava. Personal eventual de las entidades locales.

Lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a la entrada en vigor de esta Ley. a partir del 30 de junio de 2015.

No obstante, en los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantes que a la entrada en vigor de esta Ley tengan en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número superior al 0,7 % del número total de puestos de trabajo de la plantilla de los respectivos Ayuntamientos, considerando, a estos efectos, los entes clasificados como Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas, podrán mantener en sus plantillas hasta un 1,5 % de puestos de trabajo de personal eventual hasta el 30 de junio de 2015, fecha en que deberá aplicarse la limitación prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso, la entrada en vigor de esta ley podrá suponer el incremento del número total de puestos de trabajo de personal eventual de la plantilla de las respectivas entidades locales respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012 2013, cuando ese número exceda del límite establecido en el artículo 104 bis de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley limita el número máximo de puestos de trabajo de personal eventual en cada Entidad Local. Esta disposición transitoria dispone su cumplimiento desde el momento de su entrada en vigor. Se trata de una medida desproporcionada. En rigor se trata de una sanción pero que, en lugar de castigar a las entidades locales —si ese es el objetivo— recae sobre personas individuales, de modo sorpresivo, perentorio y sin compensación o transición alguna. Se trata de un mandato contrario al principio de confianza legítima, en tanto cambia drásticamente las reglas del juego sin tiempo de adaptación ni indemnización (cfr. art. 9.3 CE). Igualmente, el precepto resulta arbitrario cuando se pone en relación con otras medidas análogas cuya exigencia se demora hasta la próxima legislatura.

En consecuencia, se propone la aplicabilidad plena de este precepto a partir de la próxima legislatura, 30 de junio de 2015, salvo que se demore la entrada en vigor del conjunto de la Ley hasta esa fecha conforme se propone en la enmienda a la disposición final quinta.




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ENMIENDA NÚM. 67

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«La presente Ley entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2015.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma de la organización, funcionamiento y competencias de la Administración local que plantea el proyecto de ley es de tal entidad que su implantación inmediata, sin tiempo razonable para la adecuación y ajuste de las estructuras administrativas, se presenta complicada y controvertida. En este sentido, parece razonable demorar su entrada en vigor hasta el inicio de la próxima legislatura, el 1 de junio de 2015.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 30 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2013.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.

ENMIENDA NÚM. 68

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De adición.

En consonancia con lo establecido en el artículo 142 de la Constitución Española, «Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas», por tanto, se hace imprescindible una regulación normativa para abordar de un modo claro, concreto y clarificador la «financiación» que necesita la administración local para aquellos servicios que debe de prestar y se corresponden con sus competencias obligatorias o mínimas, legalmente establecidas, y con ello solucionar el problema de la suficiencia financiera de la administración local y de los recursos económicos de las mismas. Para ello, en el plazo de un año a la aprobación de esta Ley, el Consejo de Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley de Haciendas Locales que incluya de forma expresa, determinada y concisa la participación del Estado y de las Comunidades Autónomas en la financiación de las entidades locales.

JUSTIFICACIÓN

El asunto de la financiación de la administración local es y ha supuesto el fondo del gran debate en los últimos tiempos, de cuya resolución va a depender que abramos un nuevo período de evolución de




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nuestras instituciones locales, municipales y comarcales, para responder mejor a las demandas de los ciudadanos, mejorar la estructura de la administración local y alcanzar la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan desde dichas administraciones o que simplemente derivemos a un debate estéril de carácter legalista, de nivel académico, de teoría constitucional o de carácter exclusivamente de lucha partidaria, que no aborde con la debida profundidad y alcance, la cuestión anteriormente mencionadas. Mientras no se aborde ni se determine la regulación de este asunto, la reforma que se plantea adolecerá de de apartar o dejar de lado el que seguramente constituye el gran problema de la administración local.

ENMIENDA NÚM. 69

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De adición.

La regulación de las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, dado que es materia de competencia esencialmente autonómica, se limita esencialmente a señalar su carácter de entidad local, imponiendo expresamente su obligación de rendir cuentas.

JUSTIFICACIÓN

En el contexto territorial actual consideramos de vital importancia que deba quedar establecido el marco general de las entidades locales inferiores al municipio en la Ley de Bases de Régimen Local, tal como ocurre en el resto de entidades, a fin de que las líneas básicas de organización, funcionamiento, competencias y recursos sea homogénea en todo el estado.

ENMIENDA NÚM. 70

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De adición.

Asimismo, en el marco de una reforma que afecta al régimen local en España, debe de tener una especial consideración a la forma en que son elegidos los representantes o miembros de las entidades locales, y con ello contribuir a la regeneración de la vida municipal cuya exigencia es el acercamiento entre electores (representados) y elegidos (representantes) que sólo puede favorecerse a partir de la reducción del tamaño de las circunscripciones electorales en el ámbito municipal, sobretodo en aquellos concejos de más de 5.000 habitantes y en aquellos otros que tienen determinadas peculiaridades debido a su extensión o que ya se encuentren subdivididos en distintas áreas, cada una de ellas con su propia denominación. Para ello, en el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Consejo de Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en la que se aborde la modificación del artículo 179 del mencionado texto legal, con la finalidad de permitir que en los municipios españoles puedan existir varias circunscripciones, en función de su población, extensión, geografía o división de distritos, entre otros factores a tener en cuenta, y que redunden en la consecución del objetivo de cercanía y proximidad anteriormente señalado.




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JUSTIFICACIÓN

En la reforma analizada, no se plantea de modo suficiente la regeneración de la vida municipal o local, cuya exigencia debe tener en cuenta el acercamiento o proximidad que deban tener los electores o votantes con aquellos que sean elegidos. Para la consecución de este objetivo, se plantea la posibilidad de que las circunscripciones electorales en los municipios puedan ser varias, no prescribiendo la circunscripción electoral única como característica de las elecciones municipales. Lo que se pretende con ello, es que los votantes tengan un mayor grado de conocimiento de la persona o personas que les va representar en la entidad local que se trate, al ser la administración local, la más próxima al ciudadano.

ENMIENDA NÚM. 71

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 3.2.d: Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en los términos de la respectiva legislación autonómica.

JUSTIFICACIÓN

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local constituye una oportunidad inmejorable para revisar la situación de la entidades locales menores existentes, y establecer las bases, no sólo en relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación a las competencias y recursos de las mismas, fijando unos parámetros comunes a todas las Comunidades Autónomas, y por tanto, aplicables a todo el territorio español.

ENMIENDA NÚM. 72

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado Siete del artículo Primero del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

JUSTIFICACIÓN

Se considera una incongruencia eliminar la personalidad jurídica de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, máxime cuando el propio artículo que se pretende crear regula la posibilidad de su creación cuando resulta una opción eficiente para la administración desconcentrada, a lo que no debemos de olvidar que la mayoría de estas entidades locales se encuentran expresamente reconocidas en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, normas que son de un rango superior a la que actualmente es objeto de reforma mediante el presente proyecto de ley.




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ENMIENDA NÚM. 73

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 25.2.a.

a) Urbanismo: Planteamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección, gestión y conservación del Patrimonio histórico o de interés local. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodar el texto a las competencias más concretas en dicha materia, así como en consonancia de las materias propuestas por la FEMP en el documento de trabajo elaborado en el mes de mayo de 2012, el cual fue consensuado por los grupos políticos representados en su Junta de Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 74

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 25.2.e.

e) Bienestar Social y Atención Social Primaria: Promoción, información, evaluación y prestación de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodación del texto, al efecto de concretar las competencias en materia de servicios sociales, teniendo en cuenta que la administración local es la más próxima al ciudadano y la que puede dar una respuesta más inmediata a este tipo de situaciones.

ENMIENDA NÚM. 75

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.




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Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 25.2.i.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas, comercio ambulante y protección de consumidores y usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodación del texto, al efecto de concretar las competencias en materia de económica comercial, teniendo en cuenta que se trata de una materia de creciente importancia y transcendencia por el número de afectados y por sus implicaciones jurídicas y económicas pero la efectiva defensa de consumidores y usuarios pasa por un acceso inmediato y las posibilidades reales se dan ante la administración local que es la más próxima al ciudadano y la que puede dar una respuesta más inmediata a este tipo de situaciones.

ENMIENDA NÚM. 76

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 25.2.j.

j) Vigilancia, promoción, prevención y protección de la salubridad pública.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodar el texto a las competencias más concretas en dicha materia, así como en consonancia de las materias propuestas por la FEMP en el documento de trabajo elaborado en el mes de mayo de 2012, el cual fue consensuado por los grupos políticos representados en su Junta de Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 77

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 25.2.k.

k) Cementerios, actividades funerarias y policía sanitaria mortuoria.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodar el texto a las competencias más concretas en dicha materia, así como en consonancia de las materias propuestas por la FEMP en el




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documento de trabajo elaborado en el mes de mayo de 2012, el cual fue consensuado por los grupos políticos representados en su Junta de Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 78

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de parte del texto del apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la redacción del art. 25.2.n.

Se propone suprimir el texto siguiente de la redacción propuesta para el art. 25.2.n de la Ley de Bases de Régimen Local:

«La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que al quedar la materia de educación fuera del alcance de la administración local, atribuirle la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios donde se desarrollan una competencias que no le son propias, puede dar lugar a duplicidades y disfuncionalidades, pudiendo crear conflictos entre los entes locales y los órganos de gestión de los centros de enseñanza a los que se refiere.

ENMIENDA NÚM. 79

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo párrafo al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción enumerado como art. 25.2.o.

o) Políticas de empleo y formación ocupacional.

JUSTIFICACIÓN

Resulta incongruente a quien suscribe, y máxime en el contexto socioeconómico actual que reconociendo en el apartado Uno del artículo Primero de este Proyecto de Ley los principios de descentralización y proximidad, se pretenda excluir a las administraciones de locales de competencias en materia de sentar las bases de empleo y formación en su territorio, sobretodo teniendo en cuenta los índices de desempleo actuales, por ello no se puede desdeñar la colaboración que en esta competencia pueden desempeñar las entidades locales.




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ENMIENDA NÚM. 80

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Nueve del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 26.1.c.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público y protección de consumidores y usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y acomodación del texto, al efecto de concretar las competencias en materia de económica comercial, teniendo en cuenta que se trata de una materia de creciente importancia y transcendencia por el número de afectados y por sus implicaciones jurídicas y económicas pero la efectiva defensa de consumidores y usuarios pasa por un acceso inmediato y las posibilidades reales se dan ante la administración local que es la más próxima al ciudadano y la que puede dar una respuesta más inmediata a este tipo de situaciones ajustándola a la realidad presupuestaria.

ENMIENDA NÚM. 81

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Nueve del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 26.2.

2. Los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva, la dispensa de la obligación de prestar determinados servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior, cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento, previo informe de la Diputación Provincial o entidad equivalente, sobre los servicios siguientes:

a) Recogida de residuos.

b) Limpieza viaria.

c) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de las vías.

f) Tratamiento de residuos.

Cuando sea admitida y aceptada la dispensa señalada en el párrafo primero de este artículo, será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los servicios mencionado,




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para lo que decidirá sobre la prestación directa por ella misma o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

Trascurridos cinco años desde que la Diputación o entidad equivalente asumieran los servicios de los que el municipio ha sido dispensado por la Comunidad Autónoma acredite, y previo informe de la administración que asumió dichos servicios,, a petición del propio municipio, que acredite que éste puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del precepto referido, se fundamenta en que la redacción propuesta supone una auténtica injerencia en la autonomía municipal, y el sometimiento a una «tutela» de otra administración, ya que en la regulación vigente, los municipios tenían la facultad de solicitar la dispensa de prestar un servicio mínimo a la CCAA, facultad que se pretende que mantengan, y su eliminación no sólo supone la supresión de ese derecho, sino que pueden verse privados de ejercer competencias que tienen legalmente atribuidas, ex lege, por imperativo legal, creando por ello inseguridad jurídica, tanto a dichas entidades locales como a los administrados; con el peligro de vaciar de contenido a los municipios más pequeños, solo en función al número de habitantes, sin tener en cuenta otros parámetros como la orografía, las comunicaciones, la edad de la población, la estacionalidad de la misma o las circunstancias socioeconómicas del territorio.

ENMIENDA NÚM. 82

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Trece del artículo Primero, en lo que refiere a la redacción del segundo párrafo del art. 36.2.a.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos, y ser propuestas a las municipios, para ser aplicadas por ellos previa aceptación de las mismas por los órganos competentes de la administración local requerida.

JUSTIFICACIÓN

La redacción del proyecto de ley supone otra injerencia a la autonomía municipal, arbitrando otro modo de vaciar competencialmente la gestión de los servicios que tienen expresamente atribuidos por ley los municipios, de ahí la modificación parcial que se propone, para vulnerar dicha autonomía reconocida constitucionalmente.




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ENMIENDA NÚM. 83

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo párrafo al apartado Catorce del artículo Primero, en lo que refiere a la nueva redacción del art. 45 que el proyecto de ley propone suprimir.

Artículo 45. De las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

1. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, como forma de organización descentralizada del mismo, para la administración de núcleos de población separados y su territorio, bajo su denominación tradicional de concejos pedanías, parroquias, caseríos, aldeas, barrios, anteiglesias, lugares anejos y otros análogos o aquella que establezcan las leyes.

2. La iniciativa para constituir nuevas entidades locales de ámbito inferior al municipio, corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último deberá ser oído en todo caso.

3. Sólo podrán constituirse este tipo de entidades si resulta una opción más eficiente para la administración descentralizada de núcleos de población separados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

JUSTIFICACIÓN

Las entidades locales menores constituyen un ente básico y fundamental para la satisfacción de las aspiraciones de la comunidad vecinal. Su proximidad hacia la ciudadanía resulta mas accesible y económica que otras administraciones, de ahí que afirmamos que deben coexistir con el resto de entidades locales, además de por tradición y su especial vinculación en determinados territorios.

ENMIENDA NÚM. 84

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

A la tabla contenida en el apartado Dieciocho del artículo Primero, y del párrafo segundo del apartado 1 en lo que refiere a la introducción del nuevo art. 75.bis.

Habitantes
Más de 500.000 Retribución de Referencia
Secretario de Estado
300.001 a 500.000 Secretario de Estado –10%
150.001 a 300.000 Secretario de Estado –20%
75.001 a 150.000 Secretario de Estado –25%
50.001 a 75.000 Secretario de Estado –35%
20.001 a 50.000 Secretario de Estado –45%



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10.001 a 20.000 Secretario de Estado –55%
5.001 a 10.000 Secretario de Estado –60%
2.001 a 5.000 Secretario de Estado –65%
200 a 2.000 Secretario de Estado –70%

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 200 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Lo que se pretende es dignificar la labor del cargo electo, y fomentar y estimular a los ciudadanos en la participación de la vida pública, sobretodo en los concejos más pequeños, donde su función es vital dado la cercanía que existe entre el miembro de la Corporación Local y los administrados, aplicando la ecuación sobre la dedicación desempeñada añadida a la responsabilidad asumida debe llevar aparejada una retribución en la medida más justa posible, abriendo la posibilidad a una retribución en los municipios de población inferior a 200 habitantes.

ENMIENDA NÚM. 85

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Diecinueve del artículo Primero, en lo que se refiere a la introducción del nuevo art. 75.ter.1.a y b.

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 200 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, facultándose excepcionalmente que un miembro desempeñar su cargo con dedicación parcial.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 201 y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, facultándose excepcionalmente que otro miembro de la Corporación pueda desempeñar su cargo con dedicación parcial.

JUSTIFICACIÓN

Los municipios con menos de 200 habitantes en España no podrán pagar a los cargos electos ni habrá dedicaciones exclusivas, algo que en la práctica ya sucede en la gran mayoría de los municipios afectados. Sin embargo, la propuesta inicial del proyecto de ley carece de motivación y apenas supondrá ahorro alguno. Carece de sentido no retribuir un mismo servicio y responsabilidad, en función del tamaño del municipio. Con ello, sería casi imposible la confección de listas para elegir a los responsables de la corporación, avocando a los municipios de pequeño tamaño a su desaparición o que queden vacíos de representantes elegidos dichas corporaciones.




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ENMIENDA NÚM. 86

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de los párrafos cuarto, quinto y sexto referente a la introducción del nuevo artículo 92 bis.6, que se contienen en el Apartado Veinticinco del artículo Primero del proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

La naturaleza reservada y exclusivamente técnica de las funciones que desempeñan los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional justifica que el régimen de provisión sea exclusivamente el concurso.

La objetividad, independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones (principios recogidos en el nuevo art. 92.3 que se contiene en el propio) exigen que el criterio de selección sea el concurso, debiendo eliminarse el sistema de libre designación, lo que incidiría positivamente en un mayor grado de institucionalización y una mejora sustancial de la imagen de nuestras instituciones locales más relevantes y de las cuales depende la mayor parte de los fondos públicos del sector local.

ENMIENDA NÚM. 87

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del Apartado Octavo referente a la introducción del nuevo artículo 92 bis.6, que se contienen en el Apartado Veinticinco del artículo Primero del proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

No resulta idóneo ni funcional que se imponga un periodo mínimo de permanencia de dos años en el puesto, y se reduzca a la mínima expresión el nombramiento provisional. Ello propiciaría la falta de movilidad del personal, y la proliferación de los nombramientos accidentales en personas que no hayan superado las pruebas de habilitación. No parece que ello contribuya a fortalecer tan importante figura de control, a la que la que además, el proyecto sobrecarga con nuevas funciones, tareas y responsabilidades, tales como los pronunciamientos e informes determinantes para obligar a los ayuntamientos a la cesión de competencias.




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ENMIENDA NÚM. 88

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo apartado con el número 12 al apartado Veinticinco del artículo Primero, en lo que refiere a la creación y nueva redacción del art. 92.bis. y como párrafo final.

Las Corporaciones locales podrán reconocer o asignar a los funcionarios con habilitación nacional funciones complementarias y distintas a las expresamente reservadas a esta Escala, así como funciones directivas de carácter gerencial compatibles con el ejercicio de las funciones reservadas.

JUSTIFICACIÓN

Esta redacción añadida a la introducción del nuevo artículo 92.bis supondría, de una parte, reconocer una realidad habitual en nuestras Entidades Locales y por otra, aprovechar un potencial de recursos humanos con experiencia, preparación y formación adecuadas en alta dirección, sin que ello suponga en principio aumento del gasto público, sino por el contrario, una mejor asignación y optimización de recursos y la efectividad del principio de mérito y capacidad en el acceso a la función directiva. A su vez, redundaría en una mayor transparencia y minoraría una progresiva desinstitucionalización que de alguna manera han padecido nuestras Entidades Locales en los últimos años.

ENMIENDA NÚM. 89

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Veintiocho del artículo Primero, en los en lo que refiere a la introducción del nuevo art. 104.bis.1, párrafos d), e), f).

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de cuatro.

e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.

f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad del número de concejales de la Corporación local.

JUSTIFICACIÓN

La creciente proliferación de puestos de asesores y responsables de libre designación no es la respuesta adecuada a la insuficiente capacitación cívica de algunos representantes elegidos, porque




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introduce elementos que distorsionan la transparencia de los resultados electorales, y además desplazan o se inmiscuyen en el ámbito de las tareas propias de los funcionarios.

Asimismo, se pueden concretar esos determinados ahorros netos en la administración local reduciendo las plantillas de asesores a medida que se refuerza la capacidad y la experiencia de los propios ediles elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.

ENMIENDA NÚM. 90

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.

A la letra f) referente a la introducción del nuevo artículo 116 bis, que se contienen en el Apartado Treinta del artículo Primero del proyecto de ley.

De modificación.

f) Potestativamente, una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

JUSTIFICACIÓN

Establecer como una medida obligatoria la propuesta de fusión con un concejo colindante puede ser incongruente, ya que pueden darse varias circunstancias, desde que ninguno de los concejos anexos quiera fusionarse con la entidad obligada a formular un Plan económico financiero, que tampoco pueda por situaciones determinadas como la accesibilidad o la geografía u orografía respecto del municipio vecino, como también que esta obligación puede orillar la autonomía municipal de igual modo, de ahí que sea más correcto técnicamente prescribir esta posibilidad de modo facultativo.

ENMIENDA NÚM. 91

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de la letra e) referente a la introducción del nuevo artículo 116 bis, que se contienen en el Apartado Treinta del artículo Primero del proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la eliminación de dicho enunciado, ya que el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, no tiene que ser debido a la existencia de una




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entidad local menor, la cual puede ser perfectamente eficiente y sostenible, por lo que resulta contradictorio su eliminación ex lege por el mero hecho de ser una entidad de ámbito territorial inferior el municipio.

ENMIENDA NÚM. 92

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 2.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado dos de la Disposición Adicional Sexta. Colaboración con las Intervenciones Locales.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de pretender cobrar por actuaciones de apoyo en materia de fiscalización interna de la gestión económica financiera no parece de lo más adecuado, ya que el debate principal en los últimos ha girado en torno a la asegurar y garantizar la financiación de las administraciones locales, y que ahora el Estado pretenda cobrar por «colaborar», después de que esta reforma pretenda tutelar desde la administración del Estado a los Ayuntamientos y demás entidades locales, a mayores, y cuando se solicita colaboración en aras de cumplir con lo dispuesto en L.O. 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se deba de hacer mediante contraprestación económica, suponiendo esta previsión una obligación injusta para la administración pública más escasa de recursos.

ENMIENDA NÚM. 93

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De adición.

Traspaso de medios personales. 1. Los funcionarios de carrera que como consecuencia de un traspaso de una competencia llevado a cabo en cumplimiento de las previsiones de esta Ley, pasen a prestar servicios en una Administración Pública distinta de la de origen, quedarán en la nueva Administración en situación de servicio activo en sus cuerpos o escalas de pertenencia, y se regirán por la legislación de función pública aplicable al personal de la Administración en que estén prestando servicios. Respecto de su Administración de origen, quedarán en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones públicas, conservando todos sus derechos en ella como si se hallaran en servicio activo.

2. En el caso del personal laboral fijo que se vea afectado por un traspaso de competencia en los términos indicados en el apartado anterior, la Administración Pública en la que pasen a prestar servicios se subrogará en la posición de la Administración de origen.

3. El personal funcionario interino o laboral temporal que se vea afectado por un traspaso de competencia en los términos indicados en los apartados anteriores, se regirá, respectivamente, por las previsiones antes indicadas para el personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, dentro de los límites inherentes a su condición.




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4. Los traspasos de medios personales producidos como consecuencia de lo previsto en esta Ley, en ningún caso podrán dar lugar a la adquisición de la condición de empleado público cuando previamente no tuvieran esta condición.

JUSTIFICACIÓN

Si el objeto de la reforma es discernir las competencias evitando gastos y costes a las entidades locales resulta incongruente y contrario al espíritu de la reforma que en los casos de transferencia de competencias ésta no venga acompañada con el traspaso del personal adscrito ya que de otra manera la entidad local quedaría con el gasto en personal pero sin el servicio a sus ciudadanos mientras que el nuevo ente competencial debería incorporar personal para prestar ese servicio incumpliendo el principio de que el resultado final suponga en su conjunto un coste mayor para las Administraciones Públicas. Por otra parte figuraba como Disposición Adicional 15.ª de todos los proyectos anteriores.

ENMIENDA NÚM. 94

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimosexta.

ENMIENDA

De adición.

Los funcionarios pertenecientes a la entrada en vigor de la presente Ley a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal quedan integrados en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

JUSTIFICACIÓN

Se introduce la misma como una mejora de la técnica legislativa, en la cual debe de adecuarse el régimen jurídico al traspaso de la Escala desde el Estatuto Básico del Empleado Público a la Ley de Bases de Régimen Local, con la derogación de la Disposición Adicional Segunda y la Transitoria Séptima del Estatuto Básico prevista en el Proyecto objeto de esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 95

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Rendición de cuentas de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán tener presentadas sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva.




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2. En el caso de no presentar dichas cuentas en el plazo previsto, la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, nombrará una Comisión Gestora que asumirá el gobierno de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio hasta las siguientes elecciones, y que deberá regularizar las cuentas de la entidad.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las enmiendas anteriores relativas a los entes locales menores, la propuesta se dirige a adecuar su funcionamiento al nuevo marco normativo y evitar su disolución debido a que los responsables de la misma no hayan cumplido con la obligación formal de presentar las cuentas en plazo.

ENMIENDA NÚM. 96

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Los procedimientos de constitución de nuevas entidades de ámbito inferior al municipio que se encuentren en tramitación en el momento de aprobación de la presente ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de su incoación.

JUSTIFICACIÓN

El propósito de esta enmienda es dotar de seguridad jurídica a aquellas entidades locales menores que se encuentren en proceso de constitución al momento de la entrada en vigor de la presente ley, al objeto de garantizar que el procedimiento se lleve a cabo conforme al establecido en el momento que se ha decidido dar dicho paso.

ENMIENDA NÚM. 97

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la celebración de las próximas elecciones municipales previstas para mayo del año 2015.

JUSTIFICACIÓN

Se formaliza esta enmienda para mejor acomodación de las entidades locales a las nuevas obligaciones que se le establecen y por seguridad jurídica.




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El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 7 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2013.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.

ENMIENDA NÚM. 98

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se da nueva redacción a la letra e) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando el texto como sigue:

«e) Orientación y atención en Incorporación Social a personas en situación o riesgo de exclusión social.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción de las competencias propias en materia de servicios sociales de la letra e) —«Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social»—, UPN considera que no es suficientemente claro.

La atención inmediata puede ser interpretada de diversas formas y dar lugar a una implantación muy dispar en las distintas Comunidades Autónomas.

Por otro lado, no se corresponde con ninguno de los programas básicos implantados en los servicios sociales que son la base de los Planes de Inclusión Social vigentes.

Consideramos imprescindible modificar su redacción para dejar estas competencias mejor definidas.

ENMIENDA NÚM. 99

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se la letra ñ) (nueva) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando el texto como sigue:

«ñ) Integrar y aplicar la transversalidad de género, entendida como la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas, normas, planes, programas y actuaciones de las materias recogidas en esta Ley.»




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JUSTIFICACIÓN

En la Exposición de Motivos se indica que respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración una competencia», se trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.

Sin embargo, entendemos que este principio no es de aplicación en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto que más que una materia de actuación, y por tanto una competencia atribuible únicamente a una administración, es un principio de debe ser integrado por todas ellas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres —concretamente en los artículos 4 (Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas), 14 (Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos) y 15 (Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres).

ENMIENDA NÚM. 100

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se da nueva redacción a la letra c) del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando el texto como sigue:

«3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

(…)

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior que añade la letra ñ (nueva) al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que integra la igualdad entre hombre y mujeres como un principio de actuación de todas las administraciones y, por tanto, como una competencia propia de cada una.

ENMIENDA NÚM. 101

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.




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ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando el texto como sigue:

«6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la financiación que se acuerde con la correspondiente entidad local, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta redacción queda claro que las Administraciones delegantes y las delegadas son las que establecerán también por acuerdo el régimen de financiación, ya que no existe motivo para impedir acuerdos de esta naturaleza cuando existe interés por las dos partes, dado que los mismos deben contar —también en este aspecto— con la aceptación por la entidad local, conforme al apartado anterior, y dado que el apartado 2 ya incorpora mecanismos para garantizar que las entidades locales pueden participar en la financiación de servicios de su interés, que vienen prestando y quieran seguir prestando, sin que ello afecte a su estabilidad presupuestaria ni sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 102

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un párrafo nuevo con la siguiente redacción:

«Corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra el ejercicio de las facultades de tutela financiera de las entidades locales que la legislación en materia de estabilidad presupuestaria asigna al Estado, así como la recepción y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la información que deba ser facilitada por las entidades locales, en cumplimiento de lo previsto en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

1.ª De conformidad con el art. 46.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra el control de legalidad de las actuaciones de las entidades locales de Navarra, extensible al control del cumplimiento de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria, conforme queda puntual y referencialmente reconocido en la Disposición Adicional Séptima del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 25/2003, de 15 de julio.

La referencia genérica a la normativa en materia de estabilidad financiera propuesta en la enmienda, evitará las modificaciones sucesivas del Convenio cada vez que se legisle sobre dicha materia.

2.ª Por otra parte, el cumplimiento permanente de dicho control de legalidad, exigido asimismo y de manera expresa en la Disposición Adicional Decimosegunda del Proyecto de Ley de Racionalización y




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Sostenibilidad de la Administración Local, justifica la enmienda, al objeto de que la información exigida en la presente Ley a las entidades locales, sea recepcionada por la Comunidad Foral de Navarra para su posterior remisión por ésta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 103

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena. 1.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se se añade al apartado 1 otro párrafo, quedando redactado como sigue:

«No obstante, los instrumentos de cooperación para la financiación de las competencias de creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil del artículo 27.3 e) de la citada Ley — según la nueva redacción dada por el apartado Diez del artículo primer del presente Proyecto de Ley— tendrán un plazo de adaptación de 5 años desde la entrada en vigor de esta ley»

JUSTIFICACIÓN

Se considera insuficiente el plazo establecido en seis meses para la adaptación de los convenios en vigor de competencias impropias y delegadas, por idénticas razones a las expuestas en la siguiente enmienda de UPN al punto 2 de la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto de Ley.

Asimismo, en la nueva versión del Proyecto de Ley, ya no se recoge, como se recogía antes, en la versión del 12 de febrero de 2013 y se recoge aún para Salud, un plazo de cinco años para ir asumiendo la competencia de creación, mantenimiento y gestión de las Escuelas Infantiles, que estaba siendo municipal (de ello partía el art. 15 LOE) y pasa a las CCAA, en cuanto que, aunque no estaba en la LRBRL, ahora aparece en el artículo 27.3 (apartado e), como una de las que pueden delegar Estado o CCAA en los entes locales.

Por tanto, el plazo para asumirlas o convenir su delegación resultaría el de la nueva DA 9ª, con lo que es oportuno proponer que se recupere el plazo de los cinco años para poder asumir un veinte por cien anual progresivamente.

ENMIENDA NÚM. 104

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.




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Texto que se propone:

Se incorpora al Proyecto de Ley una Disposición Final Nueva con la siguiente redacción:

«A los Consorcios que, con la exclusiva participación de Administraciones Públicas, estén constituidos o se constituyan como fórmulas de gestión compartida de cualquiera de los servicios especificados en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y respondan a los objetivos previstos en dicho precepto, no será de aplicación lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta, ni lo establecido en la Disposición Final Segunda, ambas de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la Comunidad Foral de Navarra, se han constituido, con la participación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de las funciones históricas de cooperación asignadas a la Diputación Foral, y diversas entidades locales de carácter asociativo, entidades consorciales cuyo objeto social exclusivo es la prestación en común de los servicios municipales de abastecimiento de agua en alta y de tratamiento y transporte de residuos urbanos.

La fórmula de gestión compartida de dichos servicios ha devenido necesaria, dado que la complejidad técnica y la requerida eficiencia de dichos servicios, han exigido ámbitos de actuación y economías de escala superiores a los de las propias mancomunidades prestadoras de dichos servicios hasta ese momento, posibilitando una mayor eficiencia de dichos servicios.

La pretendida modificación del régimen jurídico de los Consorcios prevista en la Disposición Final Segunda y la adaptación estatutaria de los mismos ordenada en la Disposición Transitoria Sexta, ambas del presente Proyecto de Ley, supondría la adscripción de la entidad consorcial a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, con el consecuente cambio del régimen presupuestario, contable y de control de unos servicios de competencia local, por lo que su gestión dejaría de estar residenciada en un ámbito de decisión de carácter local.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 44 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2013.—Ester Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 105

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto uno del artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales para ordenar y gestionar los propios intereses una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

2. Para la efectividad de la autonomía local garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias, las islas y al resto de entidades locales territoriales su derecho a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, atribuyéndoles las competencias que procedan de conformidad con los principios de subsidiariedad, descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa




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a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía.

3. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyen o que, en todo caso, deban corresponder a las entidades locales en las materias que regulen.

4. Las entidades locales deben ser consultadas, en la medida de lo posible, a su debido tiempo y de la forma apropiada, a lo largo de los procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende garantizar la eficacia de la autonomía local, garantizada constitucionalmente, e incorporar el principio de subsidiariedad contenido en la Carta Europea de Autonomía Local del Consejo de Europa, de 1 de septiembre de 1988, cuya aplicación determina que se atribuyan las competencias a la administración más cercana a la ciudadanía salvo que por su naturaleza se justifique que sean prestadas por un ente más alejado.

ENMIENDA NÚM. 106

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

(subsidiaria de la enmienda anterior)

Supresión

Artículo primero. Uno

JUSTIFICACIÓN

Los principios de eficiencia y eficacia son principios constitucionales a los que se encuentra sujeta la actuación administrativa de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución. Asimismo, no compartimos la sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Pero además, su inclusión es irrelevante jurídicamente pues es incorporar a la presente Ley algo que ya se regula en otra norma. Por ello, no encontramos justificado modificar una Ley para introducir estas modificaciones.

ENMIENDA NÚM. 107

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.




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JUSTIFICACIÓN

Se pretende mantener la redacción actual del artículo que incluye las entidades de ámbito inferior al municipio. Mediante el cambio que pretende introducir el presente Proyecto de Ley, desaparecen las Entidades de Ámbito Inferior al Municipio del listado de entidades locales. Sin embargo, la regulación de estas entidades es competencia de las Comunidades Autónomas (artículo 149.1.18 de la Constitución) y no corresponde al legislador estatal modificar su naturaleza ni suprimirlas. En este sentido, el fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre reconoció que la creación de este tipo de entidades, entre otras, así como la determinación de sus competencias, corresponde únicamente a las Comunidades Autónomas.

Mediante esta enmienda se pretende garantizar la condición de ente local a las Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), cuya existencia se encuentra establecida por el apartado 7 del artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 108

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

JUSTIFICACIÓN

El apartado 4 que se pretende introducir al artículo 7 es un claro reflejo de la desconfianza que el Gobierno español tiene respecto de la administración local. Lejos de reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones, el Estado se sitúa en una posición de tutela. Se pretende constreñir la actividad de los entes locales. En este sentido, si bien el deseo de evitar duplicidades administrativas tiene su lógica económica, este en todo caso debería ser un principio general a aplicar por las entidades locales de acuerdo con sus necesidades, finalidades e intereses municipales. La emisión de informes vinculantes por parte de la administración competente en la materia y por parte de la administración que tenga atribuida la tutela de las entidades locales comporta una restricción injustificada de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 109

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta modificación se abre la puerta a la invasión del ámbito de la autonomía local, pese a encontrarse garantizada constitucionalmente, ello para asegurar el cumplimiento de los objetivos de




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estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Resulta especialmente significativo que se substituya la expresión «las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso la autonomía de las entidades locales» por «las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las entidades locales». Vemos como se pretende pasar de un marco en el que la autonomía local limitaba la coordinación a otro en el que se considera dicha coordinación compatible con la autonomía local.

Por otro lado, la alusión expresa al cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es redundante, no aporta nada jurídicamente, por lo que no se justifica una modificación legal para introducir reiteraciones.

ENMIENDA NÚM. 110

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que si una persona extracomunitaria desea empadronarse en un municipio limítrofe debe cumplir los requisitos para empadronarse pero no aportar el visado (exista o no un acuerdo en materia de pequeño tráfico transfronterizo), requisito que a día de hoy no les era exigible.

ENMIENDA NÚM. 111

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al apartado dos. La regulación de estas entidades es materia propia de las Comunidades Autónomas. No corresponde al legislador estatal determinar que no tengan personalidad jurídica propia.

ENMIENDA NÚM. 112

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica el punto e) del apartado 2 del nuevo redactado del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en los siguientes términos:

«e) Prestación de los servicios sociales y de promoción, inserción e inclusión social.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que la prestación de los servicios sociales y de promoción, reinserción e inclusión sociales deben seguir siendo competencia de las entidades locales. La nueva redacción supondrá que la competencia de los municipios con población superior a 20.000 habitantes sea únicamente la de evaluación e información, de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Por lo tanto, las competencias sobre servicios sociales de todos los Municipios de más de 20.000 habitantes habrán de ser asumidas por las Comunidades Autónomas, lo cual supone un cambio importante en el escenario de prestación de estos servicios.

Entendemos que esta competencia dejen de ostentarla las Entidades locales por ajustarse mejor al principio de subsidiariedad y por entender que nada demuestra que el nuevo modelo sea menos costoso para las Haciendas Públicas. Por el contrario, cuanto más lejos se tomen las decisiones en materia de servicios sociales mayor es el riesgo de institucionalización de los usuarios, mientras que los servicios sociales locales muestran una mayor tendencia a gestionar sus intervenciones con objeto de mantener e incluir a las personas usuarias en sus comunidades y domicilios.

ENMIENDA NÚM. 113

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 2 del nuevo redactado del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, manteniendo el redactado vigente.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende imponer una regulación homogénea a una realidad heterogenia. El Gobierno español pretende ahorrar en democracia dotando de competencias a unos órganos de elección indirecta. Ello implica que no quepa exigir a estas entidades responsabilidad política en caso de que la gestión desarrollada no se considere adecuada por la ciudadanía lo, en palabras del propio Consejo de Estado, puede llegar incluso a desvirtuar el propio principio democrático. Además, se obvia por completo las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya respecto de las entidades locales.

Mediante la modificación de este artículo se pretende introducir una cambio crucial en el régimen de competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, puesto que se atribuye directamente a las Diputaciones provinciales la «coordinación» de una serie de servicios que actualmente prestan los Ayuntamientos, otorgando Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión sobre las posibles excepciones a esta norma. Como consecuencia de ello, a los municipios de menos de 5.000 habitantes sólo les correspondería gestionar directamente los servicios de alumbrado público y de cementerio, a los que se añaden los servicios de parques públicos, biblioteca y mercado, en el caso de municipios de más de 5.000 y hasta 20.000 habitantes, que carecerían de capacidad de decisión sobre los restantes servicios.

No existe ninguna garantía ni evidencia que la atribución de la gestión de servicios a las Diputaciones provinciales o a otros entes supramunicipales deba comportar ninguna mejora de su eficacia, eficiencia o sostenibilidad económica, y contrariamente, la medida prevista supone un ataque directo contra la




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autonomía local de la mayor parte de los municipios catalanes, así como una vulneración de los principios de subsidiariedad y de proximidad en la prestación del servicio. Así mismo, el tratamiento homogéneo para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes entra en colisión con el principio de diferenciación establecido en el artículo 88 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, del mismo modo que la atribución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión sobre la aprobación de la fórmula de gestión va en detrimento tanto de la autonomía local como de las competencias de la Generalitat en la materia (artículo 160 del Estatuto de Autonomía).

ENMIENDA NÚM. 114

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 6 del nuevo redactado del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en los siguientes términos:

«6. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que esta tenga con aquella»

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de compensación de los incumplimientos de las obligaciones financieras no se debe limitar a los supuestos en los que la administración delegante sea la autonómica. Dicha previsión supone un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno español no pretende garantizar la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y las entidades locales sino que centrifuga su déficit, al no permitir a las entidades locales la posibilidad de compensarse los incumplimientos de sus obligaciones financieras mientras impone dicha compensación para con las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 115

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 3 del nuevo redactado del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

JUSTIFICACIÓN

El listado de competencias del apartado 3 del artículo 27 crea confusión, no queda claro si tiene carácter enunciativo o limitativo, y en cualquier caso, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local no es el instrumento adecuado para establecer las competencias que pueden delegarse a los municipios,




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ya que la decisión corresponderá en cada caso a la administración que tenga la titularidad de la competencia.

ENMIENDA NÚM. 116

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado —el 7— al nuevo redactado del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local con el siguiente redactado:

«7. En los casos de revocación o renuncia, el personal del Ayuntamiento que viniese prestando servicios respecto de las competencias objeto de revocación o renuncia, pasará a depender de la Administración Pública a la que correspondan las mismas.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que en los supuestos de revocación y de renuncia a la competencia delegada, es necesario prever el traspaso del personal que presta los servicios correspondientes a la competencia delegada de la administración delegada a la delegante.

ENMIENDA NÚM. 117

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto once del artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Uno. El artículo 28 queda redactado del siguiente modo:

Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la igualdad entre mujeres y hombres, la vivienda, la sanidad, la protección del medio ambiente y los derechos humanos y de ciudadanía.»

JUSTIFICACIÓN

La restricción de las actividades que pueden ser ejercidas por los Ayuntamientos puede entenderse como una vulneración del principio de subsidiariedad previsto en apartado 3 del artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local del Consejo de Europa, de 1 de septiembre de 1988. Entendemos que no se debe excluir que los Ayuntamientos puedan realizar actividades en ámbitos que no son estrictamente de su competencia, dentro de las posibilidades y medios de los que dispongan, especialmente en materias que tienen una gran incidencia sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Además, el legislador no tiene




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en cuenta la heterogeneidad del mundo local, y prescinde de principios como los de diferenciación, subsidiariedad y proximidad en la prestación del servicio. Una vez más, se pretende imponer una regulación homogénea a una realidad heterogénea.

ENMIENDA NÚM. 118

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De supresión.

(subsidiaria de la enmienda anterior)

Supresión

Artículo primero. Once

JUSTIFICACIÓN

Se pretende mantener la redacción actual del artículo 28 por entender que la restricción de las actividades que pueden ser ejercidas por los Ayuntamientos puede entenderse como una vulneración del principio de subsidiariedad previsto en apartado 3 del artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local del Consejo de Europa, de 1 de septiembre de 1988. Entendemos que no se debe excluir que los Ayuntamientos puedan realizar actividades en ámbitos que no son estrictamente de su competencia, dentro de las posibilidades y medios de los que dispongan, especialmente en materias que tienen una gran incidencia sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Además, el legislador no tiene en cuenta la heterogeneidad del mundo local, y prescinde de principios como los de diferenciación, subsidiariedad y proximidad en la prestación del servicio. Una vez más, se pretende imponer una regulación homogénea a una realidad heterogénea.

ENMIENDA NÚM. 119

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mediante la introducción de esta regulación se introducen nuevas limitaciones a las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición a las ya establecidas por el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La introducción de este artículo sobrepasa el marco básico establecido por dicha Ley y constituye una vulneración de la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en materia de ocupación pública (artículo 136.a del Estatuto de Autonomía) ya que limita la facultad para establecer un modelo propio en la materia.




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ENMIENDA NÚM. 120

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto g) del apartado 1 del nuevo redactado del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

JUSTIFICACIÓN

El redactado del punto g) puede inducir, sobretodo en el contexto general de la reforma operada mediante este Proyecto de Ley, que la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes corresponden en exclusiva a las Diputaciones provinciales, cuando se trata de unos servicios que pueden ser prestados con eficacia, eficiencia y sin afectación a la sostenibilidad financiera, tanto por parte de muchos Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como por Entitats Municipals Descentralitzades, comarcas, consorcios, mancomunidades y otras entidades locales.

ENMIENDA NÚM. 121

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el punto e) del apartado 1 del nuevo redactado del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda en la que proponemos la supresión del artículo 116.bis, proponemos la supresión del punto e) del apartado 1 de este artículo que hace referencia a dicho artículo.

ENMIENDA NÚM. 122

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De adición.




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Se adiciona un nuevo apartado al nuevo artículo 75.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local con el siguiente redactado:

«El régimen retributivo establecido en el presente artículo sólo será de aplicación en defecto de la legislación autonómica que establezca un régimen retributivo propio para los miembros de las corporaciones locales y en ningún caso en aquellas Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en materia de régimen local»

JUSTIFICACIÓN

No rechazamos la posibilidad de que por vía legislativa se fijen las retribuciones máximas que pueden percibir los electos locales. Sin embargo, entendemos que debe prevalecer la legislación autonómica que tenga en cuenta la heterogeneidad del mundo local para no establecer restricciones injustificadas a la autonomía local y a la potestad de autoorganización de las corporaciones locales.

Además, entendemos que en aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias exclusivas en materia de régimen local, dicha aplicación no puede ser de aplicación por suponer una invasión competencial. En este sentido, Catalunya cuenta con competencias exclusivas en materia de régimen local de acuerdo con el artículo 160 de su Estatuto de Autonomía, y la imposición de fijar por vía legislativa las retribuciones máximas que pueden percibir los electos locales supone invadir el ámbito de sus competencias.

ENMIENDA NÚM. 123

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que en materia de dedicación de los electos locales no se pueden establecer unos criterios homogéneos basados únicamente en la población de los municipios, dada la heterogeneidad del mundo local y las distintas necesidades de dedicación de los electos que pueden plantearse independientemente del número de habitantes de cada municipio. Se trata de una nueva limitación de la autonomía y de la potestad de autoorganización de las entidades locales, que no se vincula directamente con el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una vez más, se pretende imponer una regulación homogénea a una realidad heterogénea.

ENMIENDA NÚM. 124

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.




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JUSTIFICACIÓN

Se pretende mantener el actual redactado del apartado 2 del artículo 85 ter. Ello porque la valoración de la eficiencia para la gestión de los servicios públicos no es una función que corresponda al Interventor Municipal, sino a los órganos de gobierno de las entidades locales. Además, la norma parte de un cierto grado de incerteza al someter la decisión municipal a la acreditación de unos requisitos que se definen de forma indeterminada. Por otro lado, la exigencia, a los efectos de optar por una forma de gestión indirecta, de una segunda memoria justificativa del asesoramiento recibido, solamente aporta confusión, es redundante e innecesaria.

ENMIENDA NÚM. 125

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

(subsidiaria de la enmienda anterior)

Supresión

Artículo primero. Veintiuno

Se suprime algunos fragmentos del punto veintiuno del artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:

a) Gestión por la propia entidad local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b) para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.»




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JUSTIFICACIÓN

Encomendarle al Interventor Municipal la elaboración de informes no sólo de fiscalización, sino también de eficiencia para la gestión de los servicios públicos, es darle unas atribuciones que son propias de los órganos de Gobierno de las entidades locales.

Por otra parte, se añade un último párrafo al apartado B del número 2 del artículo 85 estableciendo una preferencia entre las distintas formas de gestión directa de los servicios públicos locales, de forma que sólo se podrá recurrir a la gestión mediante entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local cuando se acredite que estas formas resultan más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia entidad local o a través de organismo autónomo local. Dicha acreditación debe hacerse mediante una memoria justificativa.

Pero además de esa memoria, en el expediente habrá de constar otra memoria justificativa del «asesoramiento recibido» en la que se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, informes que deberán ser publicados. Esta memoria deberá ser aprobada por el Pleno.

Pues bien, esta segunda memoria sólo aporta confusión. Lo que debe primar y quedar justificado en el expediente es que la forma de gestión elegida es la más sostenible y eficiente y no el asesoramiento o el apoyo técnico recibido. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2,k), corresponde al Pleno aprobar, por mayoría absoluta, la forma concreta de gestión del servicio.

Se puede admitir que en la memoria justificativa se establezca que la forma elegida es la más sostenible y eficiente, y se incluya un informe sobre el coste estimado del servicio.

Asimismo la propuesta de supresión del último párrafo del apartado B) del número 2 de este artículo, obedece a su redundancia con lo ya establecido en el apartado 3 del propio artículo 85, que no se modifica en esta ley.

ENMIENDA NÚM. 126

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mediante la introducción del artículo 92.bis se suprimen las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas para la convocatoria de plazas de funcionarios de habilitación estatal (FHE), para su selección y régimen disciplinario otorgadas por la Disposición Adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata, en definitiva, de un nuevo ataque a las competencias de la Generalitat de Catalunya al que debe añadirse el efecto de distanciamiento entre las entidades locales y los órganos que deben seleccionar a los funcionarios de habilitación estatal.

Entre otros efectos, esta medida comporta la recuperación por parte del Estado de la competencia para la selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter estatal (FHE), la competencia para crear, clasificar o suprimir puestos de empleo reservados a los FHE, la determinación del régimen disciplinario, y la competencia para regular las formas de provisión. Asimismo, los concursos ordinarios pasan a tener una base territorial estatal y se invierte el peso de los méritos en los concursos ordinarios, pasando a ser predominantes los méritos estatales (mínimo del 85%) versus los autonómicos (máximo del 10%) y los locales (máximo del 5%). Finalmente, desaparece el conocimiento de la lengua o lenguas propias de las Comunidades Autónomas (en el caso de Catalunya, el catalán y el occitano) como elemento integrante en los méritos en los concursos para la provisión de puestos, y se suprimen las referencias al conocimiento del derecho propio de la Comunidad Autónoma.




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Así pues, se establece un modelo que vulnera el régimen de competencias establecido por el apartado a) del artículo 136 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que además no ofrece ninguna garantía del conocimiento de la realidad catalana por parte de los FHE que obtengan puestos de trabajo en las entidades locales de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 127

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

(subsidiaria de la enmienda anterior)

Modificación

Artículo primero. Veintiocho

Se modifica el punto veintiocho del artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Veintiocho. Se introduce un nuevo artículo 104 bis. con la siguiente redacción:

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:

a) Los Ayuntamientos de Municipios con población no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno.

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación Local

e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación Local

f) Los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas.

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares será el mismo que el de la Corporación del Municipio más poblado de su provincia.

3. El resto de Entidades Locales, o de sus organismos dependientes, o en las que ellas participen, podrán incluir en sus respectivos plantillas puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual, siempre y cuando respeten los límites de población establecidos en el párrafo primero de este artículo.

4. El personal eventual a que se refieren los apartados anteriores habrá de prestar sus servicios exclusivamente en los servicios generales de Ayuntamiento, Diputación Provincial, Consejo o Cabildo en cuya plantilla aparezca consignado.




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5. Las Corporaciones Locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia, o en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

6. En todo caso, la provisión de los puestos reservados en las plantillas al personal eventual se determinará atendiendo a las necesidades del equipo de gobierno Local y, también, a la representación política de los distintos grupos políticos en el último proceso electoral.

7. El Presidente de la Entidad Local informará al pleno, con carácter trimestral, del cumplimento de lo previsto en esta disposición.»

JUSTIFICACIÓN

Debería establecerse en este artículo que los puestos reservados en las plantillas al personal eventual se determinarán atendiendo a las necesidades del equipo de gobierno Local y respetando la representación política de los distintos grupos políticos en el último proceso electoral.

Asimismo, y con el fin que los Ayuntamientos de población inferior a 5.000 puedan también dotarse de algún puesto de trabajo correspondiente al personal eventual, debería modificarse el primer tramo de los establecidos en esta Disposición Adicional.

Igualmente, debería permitirse que tanto las Mancomunidades como los Consorcios, Entitats Municipals Descentralitzades, como el resto de Entidades Locales, pudieran tener personal eventual.

ENMIENDA NÚM. 128

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mediante la introducción del artículo 104.bis se introduce una regulación homogénea para limitar la posibilidad de nombrar personal eventual que no tiene en cuenta la heterogeneidad del mundo local y, por lo tanto, la existencia de necesidades diversas no necesariamente ligadas a la demografía del municipio. En realidad, la inmensa mayoría de entidades locales catalanas tienen un número de personal eventual inferior a los máximos que prevé la norma, pero hay algunas que por las características de su población, de su estructura organizativa o por necesidades puntuales, pueden requerir el nombramiento de más cargos eventuales, a veces de forma limitada en el tiempo. Este nuevo artículo establece restricciones injustificadas a la autonomía local y a la potestad de autoorganización de las entidades locales.

ENMIENDA NÚM. 129

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.




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JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya establece para las entidades locales, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el contenido del plan económico-financiero que deben presentar y la información que debe contener, sin necesidad de una mayor concreción. Además, este nuevo artículo obvia la competencia sobre la materia de tutela financiera sobre los gobiernos locales que ostenta la Generalitat de Catalunya de acuerdo con el artículo 218.5 de su Estatuto de Autonomía.

ENMIENDA NÚM. 130

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una disposición innecesaria, teniendo en cuenta, entre otros motivos, que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ya establecen medidas exigentes para los supuestos de incumplimientos. Por otro lado, medidas como la prohibición de realizar ampliaciones de capital para sanear la sociedad podrían lesionar los derechos de los acreedores y posibles accionistas no públicos de la sociedad mercantil, que en contratar con la sociedad o al aportar capital no eran conscientes que podría llegar a establecerse dicha restricción. Finalmente, se debería de permitir que un ayuntamiento eficiente pueda tener empresas públicas con déficit.

ENMIENDA NÚM. 131

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto dos (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

1. Son entidades locales territoriales:

a) El Municipio

b) La Provincia

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario

d) Las Entidades Municipales Descentralizadas i demás Entidades de Ámbito Inferior al Municipio, en los términos de la respectiva legislación autonómica.»




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JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se pretende garantizar la condición de ente local a las Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), cuya existencia se encuentra establecida por el apartado 7 del artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 132

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto tres (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Tres. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 6 con la siguiente redacción:

“3. Las entidades locales ejercerán todas sus competencias garantizando los derechos y el cumplimiento de la norma y principios jurídicos en materia de igualdad y no discriminación de todas las personas con independencia de cualquier condición o circunstancia personal o social. En dicho ámbito, velará por que las personas con discapacidad puedan ejercitar todos sus derechos, incluida la accesibilidad a cualquier servicio o entorno físico o virtual, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica que pretende incorporar el derecho a la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Entendemos que las entidades locales deben seguir jugando un papel clave en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad y en la inclusión de las personas más vulnerables.

ENMIENDA NÚM. 133

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto diez (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Tres. Se introduce un nuevo artículo 26 bis. Con la siguiente redacción:

1. Las competencias en materia de urbanismo y medio ambiente urbano, establecidas en los puntos a) y b) del apartado 2 del artículo 25, incluidas las competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no




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discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanística, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el apartado anterior.

3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tienen competencias conforme a lo establecido en el artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que las Administraciones Locales pueden prestar una contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda discriminación en materia de accesibilidad. Por otra parte, las Administraciones Locales deben cumplir las normas mínimas que establecen las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de la ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), así como otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno español o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Además, a las Administraciones Locales les corresponde la aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del «paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU.

ENMIENDA NÚM. 134

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto dieciocho (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Dieciocho. Se introduce un nuevo artículo 72 bis. con la siguiente redacción:

1. Toda actuación de información o participación será plenamente accesible a las personas con discapacidad de cualquier tipo, incluida sensorial o de comunicación.

2. Se incorporará a todos los foros u órganos de participación a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.

3. Todas las decisiones que puedan afectar a las personas con discapacidad deberán ser objeto de consulta previa a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que en todas las actividades de información y publicidad de las entidades locales se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los distintos tipos de discapacidad. Se debe garantizar de forma clara e ineludible, a través de esta Ley, la accesibilidad a la información de las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida sensorial o de comunicación y cognitiva, a través de cualquier vía o medio (físico, virtual…). El sector público debe centrarse en prestar unos servicios inclusivos, para todos, ya vivan en las ciudades o en las zonas rurales, ya tengan necesidades especiales, debido a la discapacidad, o no. No todo el mundo sabe utilizar o puede permitirse un PC, por lo que los servicios públicos deben estar accesibles en todas las plataformas (PC, televisión digital, móviles, y ventanillas únicas).




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ENMIENDA NÚM. 135

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto veintidós (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 85 bis. que queda redactado como sigue:

1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:

a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos.

b) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.

c) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades.

Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquella.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone una nueva redacción del apartado 1 del artículo 85 bis. que supone suprimir el último párrafo del apartado a) y los apartados b), e), f), g), h), i) y j). Entendemos que ello debe quedar a la potestad de autoorganización de las Corporaciones Locales.

ENMIENDA NÚM. 136

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto veinticuatro (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Veinticuatro. Se introduce un nuevo artículo 87 bis. con la siguiente redacción:

1. Las entidades locales únicamente contratarán bienes y servicios que cumplan las normas y requerimientos técnicos en materia de accesibilidad universal.

2. Conforme a lo establecido en las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos




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del Sector Público, las entidades locales incluirán en los pliegos de las licitaciones, cláusulas de carácter social que favorezcan el empleo de personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

3. Se incorporarán a todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares la exigencia de que las empresas obligadas acrediten que cuentan con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o han adoptado las medidas alternativas correspondientes.»

JUSTIFICACIÓN

En la Unión Europea los ingresos públicos representan el 45% del PIB y su capacidad de compra el 20% del PIB. Consecuentemente, unas Administraciones Públicas con una política de compras de bienes o servicios (contratación pública) más social y ecológica pueden contribuir de manera muy importante al desarrollo sostenible. Pedimos, por consiguiente, que la contratación pública local respete las normas sobre compra de bienes y servicios que cumplan los requisitos de accesibilidad, contratación laboral de personas con discapacidad y otros grupos cívicos en situación de exclusión social y reserva de contratos para centros especiales de empleo, todo ello de conformidad con la Ley de Contratos en el Sector Público.

ENMIENDA NÚM. 137

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto veintiséis (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Se modifica el apartado 2 del artículo 93 que queda redactado del siguiente modo:

“2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.”»

JUSTIFICACIÓN

La cuantía global de las retribuciones complementarias de los funcionarios locales debe dejarse a la potestad de autoorganización local. Debe acabarse la intromisión del Gobierno central a la autonomía local en lo que se refiere a su remuneración. En todo caso, la reglamentación de las condiciones de trabajo de los funcionarios locales debe corresponder a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre.

ENMIENDA NÚM. 138

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




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Se adiciona un nuevo punto veintisiete (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Se suprime el contenido del artículo 94.»

JUSTIFICACIÓN

Debe acabarse la intromisión del Gobierno central a la autonomía local en lo que se refiere a la jornada laboral de los funcionarios de la Administración local. En todo caso, la reglamentación de las condiciones de trabajo de los funcionarios locales debe corresponder a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre.

ENMIENDA NÚM. 139

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto treinta y dos (renumerando los siguientes) al artículo primero quedando redactado en los siguientes términos:

«Treinta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 121 que queda redactado como sigue:

1. Las normas previstas en este título serán de aplicación:

a) A los municipios cuya población los 250.000 habitantes y municipios integrados en entidades metropolitanas y/o mancomunidades de municipios en los que se integre el municipio de gran población.

b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.

c) Asimismo, cuando la situación, servicios y actividades que desarrolla un municipio tengan características similares a los de grandes núcleos de población y así lo decidan las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

La idea de una normativa especial para municipios de gran población se encuadra en el principio de diversidad. Con la redacción que se propone, el régimen de los grandes municipios se aplicaría a los municipios de población superior a 250.000 habitantes y también a las áreas metropolitanas y mancomunidades de ayuntamientos, que en su conjunto superen dicha cifra de población. A estos supuestos de aplicación directa de la normativa para grandes núcleos urbanos, se le añadirán aquellos municipios a los que el Parlamento de la Comunidad Autónoma respectiva considerara que deba aplicarse dicho régimen especial en función de la situación, servicios y actividades de prestación que lleven a cabo dichos municipios.

ENMIENDA NÚM. 140

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición Adicional primera quedando redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional primera. Regímenes singulares de los territorios forales y de Catalunya.

1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.14ª y 18ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1.14ª y 18ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma de Catalunya sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya cuya regulación, así como la normativa aprobada al amparo de los títulos competenciales en ella recogidos, prevalecerá a la contenida en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno español hace oídos sordos y pese a la nueva regulación estatutaria de las competencias en las materias de organización territorial y régimen local en Catalunya, pretende imponer un modelo homogéneo de gobierno local. Para garantizar la preeminencia de la legislación catalana sobre la materia, es conveniente incorporar el apartado que se propone.

El presente Proyecto de Ley obvia por completo las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya respecto de los entes locales y las singularidades de Catalunya respecto del mundo local. El Estado se atribuye la competencia para regular la administración local bajo una concepción expansiva de su competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.18ª en materia de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; así como atribuyéndose un título competencial en virtud de la necesidad de garantizar la autonomía local —ello pese a que en realidad, mediante el presente Proyecto de Ley, más que garantizarla se desnaturaliza— y, de este modo, limita la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en materia de régimen local más allá del límite sustantivo de la autonomía local.

Los municipios, las veguerías y las comarcas, así como las demás entidades locales que las leyes determinen, forman parte del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya y de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto de Autonomía goza de una posición singular. Siendo, por ello, la Generalitat la primera implicada en la garantía de la autonomía local, pues se remarca la mayor vinculación entre instituciones autonómicas y locales en Catalunya. Pues, no sólo al Estado le corresponde garantizar la autonomía local. Asimismo, el Capítulo VI del Título II del Estatuto de Autonomía de Catalunya configura un modelo propio de Gobierno local en Catalunya, y el artículo 160 establece la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en materia de régimen local. En este sentido, la legislación estatal no puede desvirtuar el modelo propio de gobierno local en Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 141

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional segunda quedando redactada en los siguientes términos:

«Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus Estatutos de Autonomía competencias exclusivas en materia de régimen local.»

JUSTIFICACIÓN

El Estado se atribuye la competencia para regular la administración local bajo una concepción expansiva de su competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.18ª en materia de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; así como atribuyéndose un título competencial en virtud de la necesidad de garantizar la autonomía local —ello pese a que en realidad, mediante el presente Proyecto de Ley, más que garantizarla se desnaturaliza— y, de este modo, limita la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, y del resto de Comunidades Autónomas, en materia de régimen local más allá del límite sustantivo de la autonomía local. Se trata de una competencia de carácter transversal que es utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 142

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado a la Disposición Adicional novena con el redactado siguiente:

«3. Lo establecido en los apartados anteriores no será de aplicación a la Comunidad Autónoma de Catalunya.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias de los municipios a la Generalitat de Catalunya supone una vulneración de las competencias exclusivas de la Generalitat. Esta disposición comporta una limitación de las facultades de la Generalitat por lo que se debe excepcionar a Catalunya de su aplicación.

ENMIENDA NÚM. 143

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De adición.




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Se adiciona a la Disposición Adicional decimoquinta una referencia a la singularidad de Catalunya, quedando redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional decimoquinta. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la educación.

Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del Municipio relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales.

Esta disposición no será de aplicación a la Comunidad Autónoma de Catalunya.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias educativas de los municipios a la Generalitat de Catalunya supone una vulneración de las competencias exclusivas de la Generalitat en la materia de acuerdo con los epígrafes a) i c) del apartado 2 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Catalunya. La aplicación del Proyecto de Ley comporta una limitación de las facultades de la Generalitat en la ordenación del sistema educativo y vacía de contenido partes de la Ley del Parlamento de Catalunya 12/2009, de 10 de julio, de educación, así como otra normativa de la Generalitat en la que se prevé la participación de los municipios en el ejercicio de competencias educativas.

ENMIENDA NÚM. 144

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona una nueva disposición adicional con el siguiente redactado:

«El Estado deberá realizar las modificaciones necesarias, especialmente la alteración de los límites provinciales si ello fuera necesario, para adaptar su legislación a la organización territorial y régimen local en Catalunya.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante la incorporación de esta Disposición Adicional se pretende acomodar la legislación del Estado al nuevo marco de distribución de competencias surgido de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Especialmente, se hace necesaria la intervención de las Cortes Generales, a través de una Ley Orgánica, para alterar los límites provinciales. Si bien la regulación del procedimiento de implementación de las Veguerías en Catalunya la realizará el legislador autonómico, deberá incorporar en dicho procedimiento la aprobación de la citada Ley Orgánica.




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ENMIENDA NÚM. 145

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado a la Disposición Transitoria primera con el redactado siguiente:

«6. Lo establecido en los apartados anteriores no será de aplicación a la Comunidad Autónoma de Catalunya.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias en materia de servicios sociales de los municipios a la Generalitat de Catalunya supone una vulneración de las competencias exclusivas de la Generalitat en la materia de acuerdo con el apartado 1 del artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Catalunya y una restricción del ámbito de competencias en la materia otorgados a los municipios de acuerdo con el epígrafe m) del apartado 2 del artículo 84 de dicho Estatuto de Autonomía. La aplicación del Proyecto de Ley comporta una limitación de las facultades de la Generalitat en la ordenación del sistema de prestación de servicios sociales y vacía de contenido partes de la Ley del Parlamento de Catalunya 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, así como otra normativa de la Generalitat en la que se prevé la participación de los municipios en el ejercicio de competencias en la materia.

ENMIENDA NÚM. 146

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La regulación de las entidades de ámbito inferior al municipio es competencia de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución y no corresponde al legislador estatal modificar su naturaleza ni suprimirlas. En este sentido, el fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre reconoció que la creación de este tipo de entidades, entre otras, así como la determinación de sus competencias, corresponde únicamente a las Comunidades Autónomas.

Mediante esta enmienda se pretende garantizar que es la Generalitat de Catalunya quien regulará las Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), cuya existencia se encuentra establecida por el apartado 7 del artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.




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ENMIENDA NÚM. 147

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona una nueva disposición transitoria con el siguiente redactado:

«El Gobierno presentará en las Cortes Generales, para su tramitación y, en su caso, aprobación, en el próximo período de sesiones, un Proyecto de Ley para garantizar el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales. Mediante dicho Proyecto de Ley se incrementará el porcentaje de participación de los entes municipales en los ingresos del Estado, se garantizará que los municipios puedan participar en los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y se creará un fondo adicional de recursos destinado a compensar los gastos de suplencia de los entes locales»

JUSTIFICACIÓN

El presente Proyecto de Ley no afronta el verdadero problema de sostenibilidad financiera de los entes locales: su sistema de financiación. Después de más de treinta años desde la recuperación de los Ayuntamientos democráticos, aún no se ha logrado dotar de suficiencia financiera a las haciendas locales, pese a lo establecido en el artículo 142 de la Constitución. Los impuestos propios son absolutamente insuficientes y la configuración actual de la participación en los ingresos del Estado no garantiza en absoluto la suficiencia financiera de los entes locales y mucho menos su autonomía.

ENMIENDA NÚM. 148

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la referencia a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público de la Disposición derogatoria única quedando redactada en los siguientes términos:

«A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a o contradigan lo en ella establecido. En particular, quedan derogadas la disposición adicional segunda y la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de supresión del apartado veinticinco del artículo primero.




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El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 149

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

«Régimen especial de Formentera.

En el supuesto del Consejo Insular de Formentera, en atención a su naturaleza de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears así como en atención a su singularidad geográfica y jurídico-administrativa de municipio-isla/isla-municipio, su organización y funcionamiento se regularán de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por las Leyes que apruebe el Parlamento de las Illes Balears en su desarrollo y por las normas que aprueben el propio Consejo Insular, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local.»

JUSTIFICACIÓN

El caso de Formentera es completamente excepcional en el conjunto de las Administraciones del Estado, su Consejo Insular —órgano autonómico— hace también las veces de ayuntamiento, al haber absorbido el único ayuntamiento de la isla. Además de las funciones propias de los ayuntamientos es titular de competencias autonómicas tan importantes como urbanismo, régimen local, servicios sociales, menores, transporte terrestre y carreteras, patrimonio histórico y cultura y muchas otras. Resulta evidente que el Consejo Insular de Formentera no puede regirse por la normativa que afecta a los municipios de su población y merece una regulación específica, que ya se ha previsto en otros territorios singulares.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX),, la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.

ENMIENDA NÚM. 150

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.




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ENMIENDA

De adición.

Añadir una nueva Disposición Adicional nueva con el siguiente texto:

«Disposición adicional nueva. En respeto de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, así como de las principales instituciones de Euskal Herria (Parlamento Vasco, Parlamento Foral Navarro, Juntas Generales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa) que han rechazado esta ley, ésta no será de aplicación en las cuatro provincias de Hego Euskal Herria: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a la voluntad de la Ciudadanía, expresada por sus representantes en las diferentes instituciones, en relación a la posible aplicación de este texto legal en nuestro territorio.

ENMIENDA NÚM. 151

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX),, la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Añadir una nueva Disposición Adicional con el siguiente texto:

Texto que se propone:

«Disposición adicional nueva. Se considerará Treviño parte del territorio alavés, así como la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas lo vienen reclamando desde años atrás. De esta manera, esta ley tampoco se aplicará en Treviño, considerándose parte del marco foral alavés.»

JUSTIFICACIÓN

1. La situación anacrónica y carente de lógica que supone la pertenencia administrativa de Treviño a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a pesar de estar enclavado geográficamente en Pleno corazón de la Provincia de Araba.

2. La aplicación de esta Ley supondría, de facto, una seria traba a la hora de dar una solución al proceso iniciado por Treviño para pedir su incorporación a la provincia de Araba, suponiendo de esta manera el adoptar una decisión en contra de la voluntad expresada reiteradamente por parte de los ciudadanos y ciudadanas que habitan este enclave.

El Senador José María Fuster Muniesa (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 26 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—José María Fuster Muniesa, María Belén Ibarz Ibarz y Rosario Isabel Santos Fernández.




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ENMIENDA NÚM. 152

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la exposición de motivos con la siguiente redacción:

(…)

Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares, comarcas aragonesas o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante su coordinación de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Municipios.

(…)

JUSTIFICACIÓN

Enmienda encaminada a reconocer y reforzar los sistemas institucionales creados al amparo de los estatutos de autonomía y de sus entes locales supramunicipales y, concretamente, las comarcas aragonesas.

ENMIENDA NÚM. 153

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la redacción siguiente:

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias, las Islas y demás entidades locales garantizadas por los estatutos de autonomía su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización,




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proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Igualmente, el Estado deberá garantizar a las entidades locales financiación suficiente para acometer el desarrollo de sus competencias.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de la autonomía local, constitucional y estatutariamente garantizada así como garantizar la financiación.

ENMIENDA NÚM. 154

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la redacción siguiente:

(…)

4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

JUSTIFICACIÓN

Respetar la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 155

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.




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(…)

2. La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas en materia de creación de municipios.

ENMIENDA NÚM. 156

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

(…)

4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente:

a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10.

b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006.

f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional.




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g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley dePresupuestos Generales del Estado.

La fusión conllevará:

a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación.

De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.

b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis.

d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e).

e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión.

(…)

6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas en materia de creación, fusión y supresión de municipios y discriminación positiva no justificada y por ende, constitucionalmente reprochable.

ENMIENDA NÚM. 157

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.




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Enmienda de supresión del artículo 24 bis (completo) de la LRBRL.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas y de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 158

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la redacción siguiente:

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en las legislaciones autonómicas y, en ausencia de dicha regulación, en este artículo.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 159

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR(GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

1. (…)

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación,




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consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe, a petición del municipio, que éste puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de las competencias autonómicas y de la autonomía local e incumplimiento del objetivo finalista de la ley en lo concerniente a la clarificación de competencias así como incumplimiento de la doctrina del tribunal constitucional según la cual se deben atribuir las competencias atendiendo a la capacidad del ente en vez de otros criterios.

ENMIENDA NÚM. 160

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR(GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la redacción siguiente:

(…)

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.

(…)

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas, la autonomía financiera de las comunidades autónomas y seguridad jurídica.




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ENMIENDA NÚM. 161

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

(…)

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siempre que no hayan sido atribuidas a los Municipios como propias en virtud del apartado 6 del artículo 25 de esta Ley, entre otras, las siguientes competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

b) Protección del medio natural.

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.

j) Promoción y gestión turística.

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas en materia de régimen local y la potestad autoorganizativa.

ENMIENDA NÚM. 162

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.




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ENMIENDA

De supresión.

Trece. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis.

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.

i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos.

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios.




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b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas exclusivas en materia de administración local.

ENMIENDA NÚM. 163

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Catorce. El artículo 45 queda sin contenido.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de la autonomía local y de las competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 164

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Diecisiete. Se incluye un nuevo artículo 57 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.

1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con las entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas cuando, incluyan una cláusula de garantía del




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cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la entidad local en caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012,de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor.

3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de las entidades locales de los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.»

JUSTIFICACIÓN

Preservar la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 165

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

(…)

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

JUSTIFICACIÓN

Por entender que es más oportuno.

ENMIENDA NÚM. 166

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.




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ENMIENDA

De supresión.

Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local para reducir sus costes.

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero.

La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de entidades locales que se hubiera acordado.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 135 de la Constitución reserva a Ley Orgánica las medidas que debe contemplar el plan económico financiero. Además, las medidas contempladas vulneran la autonomía local y las competencias autonómicas en materia local.

ENMIENDA NÚM. 167

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Treinta y cinco. La disposición adicional novena queda redactada como sigue:




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«Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.

1. Las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos.

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos deberán ser disueltas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de la legislación mercantil sin habilitación competencial para ello, vulneración de la Ley Orgánica de Estabilidad, vulneración de la autonomía local y lesión de los derechos de terceros.

ENMIENDA NÚM. 168

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y siete.




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ENMIENDA

De supresión.

Treinta y siete. Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta. Mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales.

1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:

a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.

b) Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

c) Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de deudas.

d) La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre conposterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado anterior, los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les resulten de aplicación.

JUSTIFICACIÓN

Se considera contrario a la constitución y a la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 169

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero.

ENMIENDA

De adición.

Enmienda de adición de un artículo Trece bis que incorpore un apartado 5 al artículo 42 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Se añade un nuevo apartado al artículo 42 con la siguiente redacción:

5. Las anteriores previsiones serán de aplicación supletoria al régimen especial de Aragón contemplado en su Estatuto de Autonomía, en virtud del cual, las comarcas tienen una representación territorial propia y, cuando lo determine la legislación autonómica pueden prestar servicios municipales obligatorios así como competencias de las Corporaciones provinciales.




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JUSTIFICACIÓN

Lograr en esta Ley el reconocimiento del régimen especial de Aragón en materia de régimen local y organización territorial declarado por el estatuto de autonomía de cuyo ejercicio se ha derivado la creación de un modelo territorial propio y distinto basado en las comarcas aragonesas, desarrollado a través de 36 leyes con el consenso unánime de todos los grupos parlamentarios.

ENMIENDA NÚM. 170

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la redacción siguiente:

Disposición adicional segunda. Competencias autonómicas en materia de régimen local, queda redactada como sigue:

1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª sin perjuicio de las particularidades que resulten de la aplicación de las Leyes Orgánicas por las que se aprueban sus respectivos Estatutos de Autonomía y de la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas.

2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta Ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales determinados por las comunidades autónomas previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales.

JUSTIFICACIÓN

1. Respeto al orden constitucional en distribución de competencias.

2. Por ser más preciso y correcto desde el punto de vista técnico.

ENMIENDA NÚM. 171

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP) y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.




Página 226


ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un punto 3 a la disposición Adicional Segunda del Proyecto de Ley con la siguiente redacción:

3. La presente Ley reconoce el régimen especial de Aragón en materia de régimen local, su organización territorial propia basada en municipios, comarcas y provincias, y su competencia exclusiva en dicha materia asumida en el Estatuto de Autonomía de Aragón. A estos efectos los artículos, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 24 bis, 26, 27.3, 36, 42, 57 bis, 75.bis, 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no tendrán la consideración de legislación básica en Aragón, sin perjuicio de su aplicación supletoria.

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la legislación básica a las competencias que Aragón asumió en materia de régimen local y organización territorial en su Estatuto aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y lograr en esta Ley el reconocimiento del régimen especial de Aragón.

ENMIENDA NÚM. 172

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición adicional séptima. Transferencia de los servicios de sanidad, y servicios sociales.

En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones transitorias primera y segunda, a los solos efectos de las transferencias previstas en esta Ley, se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la metodología para valorar el coste de los servicios transferidos.

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de competencias autonómicas y autonomía financiera de la comunidad autónoma y local.

ENMIENDA NÚM. 173

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.




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ENMIENDA

De supresión.

Disposición adicional novena. Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.

1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto.

2. La adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

FUNDAMENTACIÓN

Inseguridad jurídica ocasionada por la aplicación retroactiva de la Ley a convenios vigentes. Vulneración de la autonomía financiera de la comunidad autónoma y local.

ENMIENDA NÚM. 174

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional undécima.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición adicional undécima. Compensación de deudas entre Administraciones por asunción de servicios y competencias.

Realizada la asunción de los servicios y competencias a la que se refieren las disposiciones transitorias primera y segunda, en sus respectivos apartados segundos, las Comunidades Autónomas, con referencia a cada Municipio de su ámbito territorial, la comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el importe de las obligaciones que tuvieren reconocidas pendientes de pago a los citados Municipios, al objeto de la realización, en los términos que se determinen reglamentariamente, de compensaciones entre los derechos y las obligaciones recíprocos, y el posterior ingreso del saldo resultante a favor de la Administración Pública a la que corresponda, y, en su caso, recuperación mediante la aplicación de retenciones en el sistema de financiación de la Administración Pública que resulte deudora.

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de la autonomía financiera de la comunidad autónoma y local.




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ENMIENDA NÚM. 175

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición transitoria primera. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud.

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior.

A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cada año que transcurra, dentro del periodo de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio, Diputación Provincial o entidad equivalente con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se procederá a su retención en la forma que se prevea legalmente.

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de la autonomía financiera de la comunidad autónoma y entidad local y vulneración de competencias autonómicas y locales.

ENMIENDA NÚM. 176

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.




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ENMIENDA

De supresión.

Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.

1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de este artículo, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o, en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

JUSTIFICACIÓN

Vulneración de la autonomía financiera de la comunidad autónoma y entidad local y vulneración de competencias autonómicas y locales.

ENMIENDA NÚM. 177

De don José María Fuster Muniesa (GPP), de doña María Belén Ibarz Ibarz (GPP)

y de doña Rosario Isabel Santos Fernández (GPP)

El Senador José María Fuster Muniesa, PAR (GPP), la Senadora María Belén Ibarz Ibarz, PAR (GPP) y la Senadora Rosario Isabel Santos Fernández, PAR (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición transitoria cuarta. Disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica.

2. Con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución.




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3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.

La disolución en todo caso conllevará:

a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.

b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio quedasubrogado en todos sus derechos y obligaciones.

JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias autonómicas en materia local y autonomía local.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 47 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Uno (apartado 1 del artículo 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

Aunque aparentemente la modificación propuesta pretende incluir entre los principios que han de regir la atribución de competencias a las entidades locales los de eficacia y eficiencia y reiterar que la gestión municipal debe atenerse estrictamente a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo cierto es que ya este primer artículo refleja nítidamente que la reforma propuesta tiene únicamente su razón de ser en criterios economicistas, por demás ya incluidos en otras leyes que obligan a los entes locales como la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Al socaire de estos criterios se pretende reducir la autonomía política de la que gozan nuestros ayuntamientos convirtiéndola en una disminuida y tutelada autonomía administrativa.

El principio de «proximidad» sustituye al principio de máxima proximidad de la gestión al ciudadano; principio este último que legitima toda la actividad pública municipal cuando el ámbito municipal sea el más adecuado para la prestación, como lo declara la Carta Europea de Autonomía Local (artículo 4.3).

La actual redacción del artículo 2.1 preserva la autonomía local con mayores garantías que la redacción proyectada.




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ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Dos (apartado 2 del artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La modificación de este artículo, junto con el nuevo artículo 24 bis y la supresión del artículo 45, implica la desaparición de las Entidades locales menores como entes locales y la pérdida de personalidad jurídica (lo que conlleva la imposibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones y titular de competencias y de bienes públicos). Estos preceptos simplemente permiten su existencia, como forma de organización desconcentrada del municipio, cuando supere la prueba de una gestión más eficiente que su desaparición. Si bien aparentemente la Disposición Transitoria Cuarta permite a las actuales entidades locales de ámbito inferior al municipal mantener la personalidad jurídica, el establecimiento de causas de disolución ligadas a sus cuentas pone de manifiesto la intención de la reforma en la desaparición de estas entidades. Con ello el proyecto desconoce y desprecia no sólo la tradición y el arraigo de estas entidades sino su importante función de cohesión del mundo rural. Tampoco tiene en cuenta que en la mayoría de los casos se produce un abaratamiento de los servicios y una gestión más cercana y eficaz (ej.: protección medioambiental).

Desde una perspectiva competencial, la regulación propuesta supone una intromisión en la esfera competencial de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional (STC 214/1989) consideró que la existencia de estas entidades entra en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Tres (artículo 7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

El nuevo apartado 4 del artículo 7 (junto con la supresión del artículo 28, que actualmente permite a los municipios actividades complementarias de las competencias propias) no sólo condiciona el ejercicio de las competencias diferentes a las propias y delegadas (las mal llamadas «competencias impropias») a exigencias de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria sino a conceptos abiertos e imprecisos —como la ejecución simultanea del servicio público y la inexistencia de duplicidades—, que han de ser controlados por otros niveles administrativos.

La regulación propuesta, en particular la subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o dependencia jerárquica




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respecto de las mismas (desde STC 4/1981). Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, que asegura a los municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y, además, exige que las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante.

Por otra parte, la modificación introducida respecto al apartado 3 del artículo 7 supone ignorar el respeto a la potestad de autoorganización de los servicios de las entidades locales, tal y como reconoce el mismo artículo en su redacción vigente. Además, la referencia que este mismo apartado 3 hace al artículo 27, en la redacción que el Proyecto que nos ocupa le da, supone, desde otra perspectiva, una invasión competencial al imponer a las Comunidades Autónomas el modo en que debe realizarse la delegación competencial en cuestión.

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Cuatro (apartados 3 y 4 del artículo 10 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La adición del nuevo apartado 3 («la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera») expresamente pone de manifiesto cuál es la principal finalidad de esta reforma; han sido pues estos requerimientos, que además ya rigen respecto de los entes locales en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los que han servido de excusa y pretexto para establecer un modelo de autonomía reducida y meramente administrativa. Requerimientos o principios de carácter coyuntural —aunque sea a medio plazo— que operan e influyen decisivamente en el marco regulador de las instituciones locales, que ha de tener carácter estructural.

Además, no se debe supeditar la coordinación exclusivamente, como hace este precepto, a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera cuando el objetivo fundamental de la coordinación debe ser procurar que la acción de las distintas administraciones públicas esté dentro de los parámetros de la planificación general y de las directrices de la legislación sectorial en cada materia.

Por otra parte, la redacción del apartado 4 (que modifica el vigente apartado 3), al situar en el mismo plano coordinación y autonomía local, contradice la garantía constitucional de esta última; por tanto debe mantenerse el vigente apartado 3.

ENMIENDA NÚM. 182

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Cinco (artículo 13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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MOTIVACIÓN

El precepto, que regula la fusión de los municipios, invade la esfera competencial del legislador autonómico, entre otros supuestos en la determinación del mapa municipal y al condicionar el destino de las subvenciones autonómicas. No quiere decir ello que el legislador estatal no pueda establecer medidas de incentivación de la fusión de municipios pero la regulación propuesta, por la intensidad y exhaustividad de las medidas, deja sin margen de actuación a las Comunidades Autonómicas.

Por otra parte, el sistema de incentivos de carácter económico, esto es los que suponen una mayor financiación para el municipio resultante de la fusión, funciona en detrimento de la financiación del resto de municipios (artículo 13.4.d).

Tampoco la fusión va a tener efectos positivos en los ciudadanos; al contrario, el aumento de la población derivado de la fusión no supone nuevos servicios a los vecinos (artículo 13.4.f).

Por último, resulta incoherente que una decisión de tanta trascendencia para la vida local pueda ser adoptada por mayoría simple, cuando la actual Ley de Bases de Régimen Local exige mayorías reforzadas para otras decisiones de menor importancia.

ENMIENDA NÚM. 183

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Siete (artículo 24 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 3, apartado 2.

La adición de este artículo es consecuencia de la pérdida de la condición de entidad local por parte de las entidades de ámbito inferior al municipal y de la pérdida de personalidad jurídica.

Consecuentemente el proyecto suprime la actual ubicación de su regulación en el Título IV («otras Entidades Locales»), —de ahí la supresión del artículo 45— y sitúa su regulación en el capítulo II del Título II («el Municipio»).

ENMIENDA NÚM. 184

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Ocho (artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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MOTIVACIÓN

Alegando la necesidad de clarificar competencias municipales y de evitar duplicidades, el proyecto de ley, a través fundamentalmente de las modificaciones de los artículo 25 (competencias propias), 26 (servicios obligatorios), 27 (delegación de competencias) y 28 (actividades complementarias), a lo que se une la modificación del artículo 36 (competencias de las Diputaciones), realiza un profundo cambio del sistema local: del «gobierno local» pasa a una simple «administración local», con pérdida de ámbitos competenciales, sin autonomía para llevar a cabo políticas en materias de interés local y con desaparición de la capacidad de los ayuntamientos para realizar actividades complementarias así como reduciendo al mínimo de la posibilidad de ejercer la iniciativa económica local.

El vigente artículo 25, cuya permanencia pretende esta enmienda, enuncia materias en las que las leyes sectoriales, estatales o autonómicas, deben atribuir competencias a los municipios. Identifica materias de claro «interés local».

El proyecto, en cambio, redefine «a la baja» la cláusula general de atribución de competencias y establece un listado tasado de los ámbitos materiales donde se puede ejercer competencias propias. Constituye una erosión de la autonomía local (artículo 137 C.E.) y de la Carta Europea de Autonomía Local. La reducción de ámbitos competenciales se concreta en las de defensa del consumidor y usuario, gestión primaria de salud, educación y, sobre todo, en servicios sociales.

Dentro de los ámbitos materiales que desaparecen sobresale, por su especial incidencia y por tratarse de competencias «de proximidad», el de servicios sociales.

En este caso, esta reducción competencial provocará una vulneración de los derechos de las personas, la pérdida de la territorialidad y de la máxima proximidad como valor añadido en la prestación de los servicios sociales, y su resultado será la privatización o liberalización de los servicios sociales, si no una desaparición de los mismos.

En definitiva, la modificación de este marco competencial municipal y la obligada reducción a la baja de las competencias municipales obligará a los municipios a dejar de prestar servicios tales como:

— Servicios de ayuda a domicilio, centros de día para mayores, centros de atención a la infancia, centros de apoyo a las familias, residencias municipales para mayores, teleasistencia domiciliaria

— Servicios y centros de educación infantil, escuelas municipales de música, danza, etc, programas formativos de personas adultas…

— Servicios de salud municipales

— Servicios de información al consumidor

— Servicios de atención a víctimas de violencia de género

— Puntos de encuentro familiares

En todo caso, destaca la incorporación en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, de un nuevo apartado 6 en el artículo 25. Incorporación que, a pesar de la defectuosa técnica legislativa que supone, parece reconocer lo evidente: que las CCAA pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias que son de su competencia, pero con una importante precisión, que esa atribución sólo se podrá hacer «en materias distintas a las previstas en el apartado 2».

Por consiguiente, si un ámbito material está regulado en el listado del artículo 25.2 LBRL su «acotamiento material» impide a las CCAA ir más allá de lo establecido en ese listado (por ejemplo, servicios sociales: «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social»). Esta nueva regulación tiene un sesgo evidente de inconstitucionalidad, pues admite lo obvio (que las CCAA puedan legislar sobre materias que tienen competencia) y niega lo evidente (que lo puedan hacer sobre determinados ámbitos que el legislador básico acota materialmente a pesar de que estatutariamente tengan título competencial para ello). Tal modo de actuar podría además dejar vacía la pretensión de poner en tela de juicio las «competencias distintas de las propias» (una de las obsesiones del Proyecto), pues las CCAA en aquellos supuestos no citados en ese artículo 25.2 (siempre que tengan competencias al efecto) pueden atribuir como propios esos ámbitos materiales a los municipios y reconocerles determinadas funciones o potestades sobre los mismos.




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ENMIENDA NÚM. 185

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Nueve (artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La modificación propuesta elimina servicios locales de prestación obligatoria entre los que debe resaltarse los servicios sociales en municipios de más de 20.000 habitantes.

Además, a través de una utilización espuria de la técnica de la coordinación, se atribuye a las diputaciones la gestión de servicios obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes o la implantación de fórmulas de gestión compartida. La última palabra sobre el modo de gestión la tendrá el Ministerio de Hacienda, lo que es claramente inconstitucional.

Este artículo, además de vulnerar la autonomía local, tiene un marcado sesgo ideológico ya que su finalidad última es la privatización de la gestión de los servicios sociales.

ENMIENDA NÚM. 186

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Diez (artículo 27 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La modificación del artículo 27, que esta enmienda pretende suprimir, es el contrapunto de las dos modificaciones anteriores. Las hasta ahora competencias propias se convierten en «delegables», transformándose en competencias cuyo ejercicio es controlado y supervisado por otro nivel de gobierno. Pierden pues los municipios espacios de dirección y decisión política, la facultad de gestionar y ordenar una parte de asuntos públicos de claro interés local que hasta ahora estaban configurados como ámbitos propios.

ENMIENDA NÚM. 187

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Once (artículo 28 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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MOTIVACIÓN

La enmienda pretende que el vigente artículo 28, que regula las actividades complementarias (las mal llamadas «competencias impropias») y, en particular, las relativas a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente, continúe vigente. El proyecto lo suprime, pretendiendo sustituir su contenido por el artículo 7, apartado 4, que ciñe el ejercicio de estas actividades a exigencias de carácter economicista y a controles (informes vinculantes) de otras administraciones.

Como se ha señalado en la enmienda al artículo 7, la regulación propuesta, en particular la subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o dependencia jerárquica respecto de las mismas (desde STC 4/1981). Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, que asegura a los municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y, además, exige que las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante.

ENMIENDA NÚM. 188

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Doce (artículo 32 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La enmienda tiene por objeto defender un modelo de dirección profesional (personal directivo) donde primen criterios de competencia profesional, lo que significa que jurídicamente no se limite el desempeño de estos puestos a funcionarios del Grupo A. Reconociendo que el grueso de los titulares de estos puestos serán funcionarios de dicho grupo, debe caber la posibilidad, aunque fuera excepcionalmente de que fueran desempeñados por profesionales con experiencia acreditada en funciones directivas.

ENMIENDA NÚM. 189

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Trece (artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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MOTIVACIÓN

En este artículo cristaliza el reforzamiento de la función institucional de las diputaciones. Se unen a las clásicas competencias funcionales y de asistencia a los municipios funciones de gestión de servicios locales y de control de aquellos.

En definitiva este artículo refuerza el núcleo competencial de las diputaciones, entes locales de representación indirecta, en detrimento de los municipios, cuyos órganos de gobierno son elegidos por los ciudadanos, lo que supone una erosión del principio democrático.

ENMIENDA NÚM. 190

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Catorce (artículo 45 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión de las modificaciones del artículo 3.2 y del artículo 24 bis. Este conjunto de enmiendas pretende que la regulación estatal vigente de las Entidades locales menores no se modifique de tal manera que, al tener personalidad jurídica y gozar de la condición de entidad local, la ubicación de su regulación es el Título IV «OTRAS ENTIDADES LOCALES.»

ENMIENDA NÚM. 191

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Dieciséis (artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley condiciona la constitución de un consorcio a que no sea posible, ni más ventajoso en términos de eficiencia económica, la suscripción de un convenio, y, además, establece una segunda carga, la de que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos. Esta limitación resulta desproporcionada y falta de motivación. La gestión conjunta de competencias mediante un consorcio, una vez puesta en marcha, puede encontrarse con una multitud de circunstancias que demanden una mayor aportación de recursos, sea por cambio de calidad o regularidad de los servicios, sea por cualquier otro factor, correspondiendo, en todo caso, la decisión a las Administraciones consorciadas.

En definitiva se aprecia que para la constitución de consorcios el proyecto de ley sólo tiene en cuenta criterios economicistas sin permitir valorar otros criterios sobre la funcionalidad de los servicios que prestan.




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ENMIENDA NÚM. 192

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veintiuno (artículo 85, apartado 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

La enmienda tiene por objeto que se mantenga la vigencia del actual artículo 85.2 de la LBRL, que regula los modos de prestación de servicios públicos locales (gestión directa e indirecta) por considerar que las preferencias legales establecidas en esta ley en detrimento de la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil carecen de fundamento.

Por otra parte, la referencia en el último párrafo del apartado B) al artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público supone, cuando menos, una confusión ya que en vez de referirse a la naturaleza de las posibles potestades administrativas afectadas lo hace al estatuto de las personas encargadas de ejecutarlas. Ignorancia hacia la naturaleza, alcance y trascendencia de las potestades administrativas y los límites de su ejercicio en la que abunda la inaceptable supresión que este mismo artículo establece del apartado 3 del mismo art.85.

ENMIENDA NÚM. 193

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veintitrés (artículo 86 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

Debe suprimirse la propuesta de modificación de este artículo cuya única finalidad es reducir al mínimo la facultad de los municipios de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas (artículo 128 de la CE). Se aprecia claramente el sesgo ideológico de esta reforma cuando se exige incluso un análisis relativo a los efectos de la actividad municipal sobre la «concurrencia empresarial», lo cual indica la naturaleza subsidiaria que para el Gobierno tiene la actividad económica pública respecto de la privada.

Además se incluye una última previsión para facilitar la posible reserva al ejercicio público local de determinadas actividades económicas que perfecciona el modelo de futura privatización, pues primero reserva al sector público, después proscribe la competencia y por último privatiza la gestión asegurando al concesionario la existencia de ganancia y convierte en presas de dicha empresa al ciudadano al haber eliminado la competencia y obligarle a soportar las futuras subidas de tasas y precios públicos.




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ENMIENDA NÚM. 194

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veinticuatro (artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

El Estatuto Básico del Empleado Público derogó tanto el artículo 92 como el Capítulo III del Título VII («Selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y sistemas de provisión de plazas») de la Ley de Bases de Régimen Local, sustituyendo esta regulación por lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto («Funcionarios con habilitación de carácter estatal»).

Esta enmienda pretende mantener la regulación vigente, que es más respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas sobre estos funcionarios y con las facultades de los propios municipios (por ejemplo en su participación en la determinación de los méritos para la provisión de plazas).

ENMIENDA NÚM. 195

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veinticinco (artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 196

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veintiséis (artículo 100.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión del artículo 92 y 92 bis.

ENMIENDA NÚM. 197

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta (artículo 116 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

Este precepto pretende ampliar las medidas que se han de incluir necesariamente en el plan económico-financiero que los municipios que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria han de aprobar.

No bastan ya al legislador estatal las medidas que contempla el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; se ha de añadir más y además con carácter obligatorio todas ellas, no sólo las que fueran necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto.

Las medidas previstas (supresión de competencias «impropias», gestión de servicios integrada o coordinada por la Diputación, incremento de tributos, racionalización organizativa, supresión de entidades locales menores, propuesta de fusión de municipios) son mucho más contundentes que las de la Ley Orgánica 2/2012, y algunas de ellas tienen carácter estructural y permanente, no correspondiéndose en absoluto con la situación económica, de carácter coyuntural, que el plan pretende resolver.

El objetivo es claramente redefinir la planta local, y hacerlo de una manera indirecta, tratando vanamente de eludir el problema de invasión competencial en que claramente incurriría si lo hiciese de una forma directa.

ENMIENDA NÚM. 198

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y uno (artículo 116 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión del modelo de administración local que pretende este proyecto de ley, donde el sistema de atribución competencial se asienta, entre otros, en el concepto de




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«coste efectivo», coste efectivo cuyas reglas de cálculo se determinarán por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que el proyecto de ley ni siquiera establezca parámetros para ello.

ENMIENDA NÚM. 199

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y cinco (disposición adicional novena de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

Esta Disposición no contempla que la Entidad local haya aprobado un Plan Económico Financiero o un Plan de Ajuste para equilibrar sus cuentas, considerando que han sido aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, de aprobarse la presente Disposición en su actual redacción se establecerían para las Entidades Locales con Plan Económico-Financiero o un Plan de Ajuste en vigor, limitaciones para realizar aportaciones de capital a sociedades, fundaciones, consorcios, y se les impediría requilibrar las cuentas de las sociedades que realicen actividades económicas. Esta disposición podría afectar negativamente a proyectos ya en marcha en los que están implicados además de los Ayuntamientos, otras Administraciones y empresarios.

Tampoco tiene en cuenta esta Disposición que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto Ley por el que se aprueba el mecanismo de pago a proveedores y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya establecen exigentes medidas en el caso de que se produzcan incumplimientos, que hacen innecesaria esta Disposición Adicional.

Además, de no suprimirse el segundo párrafo del apartado 1, la prohibición de realizar ampliaciones de capital para sanear la sociedad podría estar lesionando los derechos de los acreedores y posibles accionistas no públicos de la sociedad mercantil, que cuando contrataron con la sociedad o aportaron capital no eran conscientes de ello.

En definitiva, en la disposición adicional hay una previsión de consecuencias no suficientemente valoradas. Se determina que todos aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones o unidades dependientes de las entidades locales que a la entrada en vigor de la Ley desarrollen actividades económicas y que se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán de 2 meses para aprobar un plan de corrección. Si esta corrección no se cumple a 31 de diciembre de 2014, la entidad local en los 6 meses siguientes desde la aprobación de los presupuestos de 2014 debe disolver a estas entidades. En todo caso quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.

Basta pensar en Empresas Municipales de Transporte, Sociedades de Aguas y de recogida de Basuras, Institutos deportivos y de Atención a la Infancia… en todos estos casos, una situación puntual de desequilibrio causada por una bajada de ingresos por tasas y una compensación con fondos públicos para atender a las situaciones socialmente urgentes, es motivo bastante para su disolución ope legis, sin excepciones ni matices.




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ENMIENDA NÚM. 200

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y siete (nueva disposición adicional decimosexta de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

MOTIVACIÓN

Esta nueva disposición adicional decimosexta, de enunciado equívoco, altera profundamente el sistema institucional del gobierno local hasta el punto de hurtar del conocimiento del Pleno de la entidad local determinados asuntos en circunstancias concretas. Esta reforma institucional de enorme profundidad, que se pretenderá justificar en la necesidad de salvaguardar la sostenibilidad financiera de las entidades locales, rompe el esquema tradicional de reparto de funciones entre Pleno y Junta de Gobierno. Pero, sobre todo, la atribución universal de la aprobación de los Presupuestos prorrogados por la Junta de Gobierno de la entidad local tiene difícil encaje en esa pretendida causa justificante. De modo que si, finalmente, este artículo no queda redactado, al menos, en los términos restrictivos anunciados «in voce» por el diputado Martín-Toledano, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, del pasado 30 de octubre, se debería realizar una reflexión profunda sobre sus consecuencias. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son sin duda importantes, y debe hacerse todo lo posible porque no se vulneren los principios y reglas de ese marco normativo, pero no a costa del principio democrático y de las reglas básicas que conforman las señas de identidad de nuestro sistema institucional.

ENMIENDA NÚM. 201

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Uno (artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

MOTIVACIÓN

Se propone su supresión por el actual aumento de impagados derivado de la situación económica y la demasiado exigente escala establecida.

ENMIENDA NÚM. 202

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Dos.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Dos (artículo 213 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

El precepto faculta, con la mayor amplitud y sin limitación, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a establecer las normas y criterios rectores de la función interventora en el ámbito local; supone una nueva medida que refuerza la tutela preventiva y genérica del Estado sobre los entes locales.

El control externo de los ayuntamientos corresponde al Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes autonómicos, no a la Intervención General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 203

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Tres (artículo 218 la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

MOTIVACIÓN

Este precepto cuya supresión se propone introduce unos requisitos y controles injustificados contraponiendo además a un órgano administrativo (intervención) con órganos representativos (el Alcalde y el Pleno).

Obvia además que ya la legislación vigente regula la resolución de discrepancias; el proyecto atribuye además la resolución de las mismas a otro órgano administrativo de una administración distinta, lo que puede vulnerar la autonomía local. También puede erosionar dicha autonomía el apartado 3 en cuanto obliga a la intervención a remitir la información al Tribunal de Cuentas eludiendo a los órganos representativos lo que distorsiona las normas de relación entre instituciones.

ENMIENDA NÚM. 204

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Cinco (disposición adicional decimoquinta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).




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MOTIVACIÓN

Se propone la supresión de esta disposición ya que el incentivo previsto en caso de gestión integrada o coordinada de servicios municipales supone un decremento en la financiación del resto de entes locales.

ENMIENDA NÚM. 205

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional segunda.

MOTIVACIÓN

Aunque formalmente esta Disposición salvaguarda las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local, la extralimitación competencial en que incurren las disposiciones del proyecto de ley, de aplicación a las comunidades, obliga a proponer su supresión.

ENMIENDA NÚM. 206

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional sexta.

MOTIVACIÓN

Aunque aparentemente esta colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado se instrumenta a través de un convenio, de donde podría deducirse que se trata de una opción adoptada por el ente local con absoluta libertad, de hecho supone la instauración de un nuevo mecanismo de tutela sobre los entes locales, a los que en la práctica se podrá imponer la celebración de dicho convenio.

ENMIENDA NÚM. 207

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De supresión.




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Se suprime la Disposición adicional séptima.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales, especialmente con las enmiendas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley Reguladora del Régimen Local y a las Disposiciones transitorias primera y segunda.

ENMIENDA NÚM. 208

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional novena.

MOTIVACIÓN

La Ley deja sin efecto, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley, todos los convenios de cooperación suscritos con anterioridad a la Ley que lleven aparejados la financiación de competencias impropias y no se adapten a la ley.

Ello pone a las Entidades Locales en difícil situación, ya que tendrán que hacerse cargo del personal que hubiesen incorporado a sus plantillas (funcionario o laboral) para la realización de las actividades y la prestación de los servicios derivados de las competencias asumidas mediante el convenio y, sin embargo, perderán la financiación para afrontar su coste.

ENMIENDA NÚM. 209

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional décima.

MOTIVACIÓN

La Disposición parte de la concepción de que el objeto del convenio sólo va a beneficiar al Ayuntamiento cuando no siempre es así como es claro en los convenios relativos al catastro.

Las Entidades Locales vienen firmando convenios de colaboración con distintos Ministerios con relación a aquellos impuestos denominados de gestión compartida. Los actualmente existentes en materia de haciendas locales son los firmados con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Dirección General del Tráfico, con el Consejo General del Notariado, con los Registradores de la Propiedad, así como los convenios con la Dirección General del Catastro.

Precisamente esta disposición adicional viene a alterar el actual marco de funcionamiento de los convenios de colaboración por lo que se refiere a la Dirección General del Catastro creándose una situación




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ad hoc cuando en apariencia se expresa con un carácter generalista que no es tal. Los únicos convenios que se verían afectados por tal redacción serían, a excepción del convenio de recaudación en vía ejecutiva de la AEAT, los relativos a la Dirección General del Catastro y ello comportaría lo que tantas veces se ha denunciado por los Gobiernos locales al referirse a las competencias impropias o mejor dicho, gastos de suplencia, esto es, la financiación por parte de las Entidades Locales en su integridad de las competencias que pertenecen a otra Administración Pública; en este caso a la Administración General del Estado.

Aceptar esa redacción supondría que las Entidades Locales pasarían a financiar la competencia catastral de la Dirección General del Catastro pero sometido a todas aquellas disposiciones normativas, que el legislador tuviera a bien aprobar y cuyo coste de ejecución se trasladaría a las Entidades Locales.

ENMIENDA NÚM. 210

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional undécima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional undécima.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales, especialmente con las enmiendas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley Reguladora del Régimen Local y a las Disposiciones transitorias primera y segunda.

ENMIENDA NÚM. 211

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimocuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional decimocuarta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA NÚM. 212

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional decimoquinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales. Esta disposición es un ejemplo claro de que esta ley ni clarifica competencias ni atribuye a la instancia administrativa más idónea los diferentes servicios. Difiere a un futuro incierto las «soluciones» competenciales. Muestra en definitiva la arbitrariedad con que el proyecto de ley ha configurado el marco competencial de los municipios.

ENMIENDA NÚM. 213

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria primera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas relativas al marco competencial de las entidades locales, en especial a la de supresión del artículo 25 de la ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 214

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria segunda.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas relativas al marco competencial de las entidades locales, en especial a la de supresión del artículo 25 de la ley de Bases de Régimen Local.




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ENMIENDA NÚM. 215

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria cuarta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores a los artículos 3.2, 24 bis y 45 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aunque según el apartado 1 de esta Disposición Transitoria parece que los actuales entidades locales menores mantendrán su personalidad jurídica, lo previsto en los apartados 2 y 3 desvirtúa dicha apariencia, abocando a aquellas a su desaparición. Por otra parte, a pesar de la modificación introducida en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, el plazo otorgado para la presentación de cuentas sigue siendo muy breve.

ENMIENDA NÚM. 216

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior y las enmiendas a los artículos 2.3, 24 bis y 45.

ENMIENDA NÚM. 217

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria sexta.




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MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 218

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria séptima.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 92 y 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 219

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria octava.

MOTIVACIÓN

Esta disposición transitoria octava establece una diferenciación entre municipios que es discriminatoria al carecer de una justificación objetiva y razonable.

ENMIENDA NÚM. 220

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria novena.




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MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 32 bis de la ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 221

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria duodécima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria duodécima.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

El obligado cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no puede ser la excusa para dinamitar las reglas básicas que conforman las señas de identidad de nuestra organización institucional.

ENMIENDA NÚM. 222

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición derogatoria única.

MOTIVACIÓN

En coherencia con el resto de enmiendas, en especial con las enmiendas a los artículos 92 y 92 bis de la Ley de las Bases de Régimen Local, cuya supresión proponemos con el fin de que se mantenga vigente la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el régimen jurídico de los habilitados de carácter estatal.

ENMIENDA NÚM. 223

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición final segunda.




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MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión de otros artículos de este proyecto de ley, en especial de las modificaciones de los artículos 57 y disposición adicional novena de la ley de Bases de Régimen Local, artículos que pretenden modificar el régimen de los consorcios, incluyendo los requisitos para su constitución y la continuidad de su funcionamiento, teniendo en cuenta únicamente criterios economicistas y sin permitir valorar otro tipo de criterios.

ENMIENDA NÚM. 224

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición final tercera.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 86 de la ley de Bases de Régimen Local.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 64 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 225

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Título del Proyecto de Ley.

Se propone que el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pase a denominarse:

«Proyecto de Ley del Gobierno y la Autonomía Local».

JUSTIFICACIÓN

Los términos «racionalización» y «sostenibilidad», tal y como se describen en el la exposición de motivos del Proyecto de Ley, esconden un eufemismo de privatización y recorte de servicios públicos




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municipales. Por otro lado, la Administración Local se merece una Ley que la entienda como nivel de gobierno y respete plenamente el principio, constitucionalmente garantizado, de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 226

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado uno del artículo primero, que queda redactado como sigue:

«Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, diferenciación, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.»

JUSTIFICACIÓN

De conformidad y al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), y en el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (EAC), el municipio de Barcelona goza del régimen especial integrado por las disposiciones contenidas en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona (LREB), y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (CMB). El municipio dispone asimismo del régimen financiero especial regulado en la propia LREB, en aplicación de lo establecido en el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La consecuencia que se sigue del reconocimiento y garantía del estatuto propio de la ciudad no es otra que la aplicación directa y preferente de las normas especiales, con desplazamiento de cualquier otra norma relativa al ámbito material cubierto por aquellas, aplicándose supletoriamente las normas generales en caso de silencio o insuficiencia de las primeras. En definitiva, se trata de preservar las especialidades reconocidas y garantizadas —a través del cuerpo normativo que se ha señalado—, tanto por el legislador básico estatal como por el legislador catalán de desarrollo, para la efectividad de la garantía institucional de la autonomía local, en el caso de Barcelona, al servicio de una gestión administrativa eficaz y eficiente, sostenible desde el punto de vista financiero, próxima a las ciudadanas y a los ciudadanos y adecuada para la satisfacción de las necesidades específicas de una gran ciudad como la capital de Cataluña.

En virtud del principio de diferenciación —que se halla en la base misma del reconocimiento y garantía legal del régimen especial de Barcelona—, las leyes que afectan al régimen jurídico, orgánico, funcional, competencial y financiero de los municipios deben tener en cuenta necesariamente las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión que tienen.




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ENMIENDA NÚM. 227

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Uno.

«Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo.

“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, diferenciación, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.»

JUSTIFICACIÓN

De conformidad y al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), y en el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (EAC), el municipio de Barcelona goza del régimen especial integrado por las disposiciones contenidas en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona (LREB), y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (CMB). El municipio dispone asimismo del régimen financiero especial regulado en la propia LREB, en aplicación de lo establecido en el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La consecuencia que se sigue del reconocimiento y garantía del estatuto propio de la ciudad no es otra que la aplicación directa y preferente de las normas especiales, con desplazamiento de cualquier otra norma relativa al ámbito material cubierto por aquellas, aplicándose supletoriamente las normas generales en caso de silencio o insuficiencia de las primeras. En definitiva, se trata de preservar las especialidades reconocidas y garantizadas —a través del cuerpo normativo que se ha señalado—, tanto por el legislador básico estatal como por el legislador catalán de desarrollo, para la efectividad de la garantía institucional de la autonomía local, en el caso de Barcelona, al servicio de una gestión administrativa eficaz y eficiente, sostenible desde el punto de vista financiero, próxima a las ciudadanas y a los ciudadanos y adecuada para la satisfacción de las necesidades específicas de una gran ciudad como la capital de Cataluña.

En virtud del principio de diferenciación —que se halla en la base misma del reconocimiento y garantía legal del régimen especial de Barcelona—, las leyes que afectan al régimen jurídico, orgánico, funcional, competencial y financiero de los municipios deben tener en cuenta necesariamente las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión que tienen.

ENMIENDA NÚM. 228

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado dos del artículo primero, sobre el artículo 3.2 de la Ley 7/85:

Se propone la supresión de esta modificación y que la redacción del art. 3.2 de la Ley 7/85 quede como en su actual redacción, para que de esta forma las EATIM puedan seguir teniendo la consideración de Entidades Locales.

JUSTIFICACIÓN

La modificación que se establece del artículo 3.2 de la LBRL implica la desaparición de las EATIM, Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, de entre las Entidades Locales enumeradas en este apartado.

Esta desaparición es consecuencia de la modificación, incorporada también en esta Ley, del artículo 45 de la LBRL, que deja a estas Entidades como una forma de organización desconcentrada del municipio, para la administración de núcleos de población separados, carente de personalidad jurídica.

La regulación de estas Entidades es una materia típica de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de régimen Local. Por lo que es necesario ajustar la normativa a lo dispuesto en el artículo 149.1.18º de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 229

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado cinco del artículo primero, que modifica el artículo 13 de la Ley 5/1985:

Se propone su supresión de esta modificación.

JUSTIFICACIÓN

Cuestionamos la incentivación discriminatoria a favor de los municipios que se fusionen, la aprobación de los convenios de fusión por mayoría simple de los plenos municipales y que las diputaciones sean quienes coordinen y supervisen la integración de los servicios resultantes del proceso.

Con la propuesta se puede alterar el resultado electoral ya que al sumar los concejales de dos o más municipios de distinta población provocaría una composición que no atiende a criterios reales del municipio resultante de la fusión.

ENMIENDA NÚM. 230

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado siete del artículo primero, que incluye un nuevo artículo 24 bis en la Ley 7/1985.




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JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de dicho artículo para preservar la personalidad jurídica a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio. Deben ser las Comunidades Autónomas y Territorios Forales los que regulen las EATIM. Con la supresión del 24 bis se mantiene la personalidad jurídica de estas Entidades y, por tanto, su carácter de ente descentralizado.

ENMIENDA NÚM. 231

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado ocho del artículo primero, que modifica el Art. 25 de la Ley 7/1985.

Se propone modificar al apartado 2 del artículo 25 de LBRL, que quedaría redactado como sigue:

«2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) En materia de seguridad y ordenación del tráfico urbano, las competencias que confiere el artículo 53 de la LO 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los miembros de la Policía Local.

b) Protección Civil, prevención y extinción de incendios.

c) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

d) Intermediación y asesoramiento en procedimientos de desahucio u otros conflictos relacionados con el derecho a una vivienda digna.

e) Gestión y protección del patrimonio histórico-artístico local. Dentro del término municipal competerá a los consistorios el uso civil del patrimonio histórico artístico que comprenda iglesias, catedrales, monasterios y análogos, que conformen edificaciones en propiedad de las diferentes confesiones religiosas, pero que formen parte del patrimonio mencionado. El uso y disfrute civil de dichos edificios será regulado mediante convenio.

f) Protección del medio ambiente. Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.

g) Abastos, mataderos, ferias y mercados.

h) Defensa de usuarios y consumidores.

i) Participación y planificación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j) Protección de la salubridad pública. Prevención, promoción y educación para la Salud.

k) Cementerios y servicios funerarios.

l) Prestación de servicios sociales y de promoción, inserción e inclusión sociales.

m) Suministro de agua, alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

n) Transporte público de viajeros.

o) Actividades, instalaciones y promoción culturales.

p) Actividades, instalaciones y promoción deportivas y de ocupación de tiempo libre.

q) Promoción y gestión del turismo local.

r) Promoción y gestión del desarrollo económico y el empleo local.

s) Promoción de instrumentos para la planificación económica en régimen de coordinación con el resto de administraciones basados en la concertación y con observancia del principio de subsidiariedad.




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t) Participar en la programación y planificación de la enseñanza en las etapas de educación infantil, primaria o educación especial.

u) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

v) Potenciar los medios de participación ciudadana a través de instrumentos de democracia participativa y directa así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

w) Promoción, planificación y gestión de las políticas de género, programas y gestión de instalaciones que contribuyan a minimizar la violencia machista.

x) Promoción, planificación y gestión de programas, actividades y recursos que contribuyan a la lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora y completa el ámbito de competencias propias de los municipios.

ENMIENDA NÚM. 232

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se añade, en el apartado ocho del artículo primero, un nuevo apartado 6 en la modificación de artículo 25 de la Ley 7/85:

«6. Esta disposición no se aplicará en las Comunidades Autónomas, dónde prevalecerá lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía.»

JUSTIFICACIÓN

La nueva redacción del artículo 25 LRBRL invade los Estatutos a la hora de determinar los ámbitos de competencia de los municipios y entra en contradicción con lo establecido en el artículo 84 EAC, que con rango de ley orgánica y formando parte del bloque de la constitucionalidad, garantiza un núcleo de competencias a los municipios catalanes en los siguientes términos:

«Artículo 84. Competencias locales.

Este Estatuto garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por dichas entidades con plena autonomía, sujeta sólo a control de constitucionalidad y de legalidad.

2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que determinen las leyes:

a) La ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística y la conservación y el mantenimiento de los bienes de dominio público local.

b) La planificación, la programación y la gestión de vivienda pública y la participación en la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial.

c) La ordenación y la prestación de servicios básicos a la comunidad.

d) La regulación y la gestión de los equipamientos municipales.

e) La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en locales de concurrencia pública. La coordinación mediante la Junta de Seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes en el municipio.

f) La protección civil y la prevención de incendios.




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g) La planificación, la ordenación y la gestión de la educación infantil y la participación en el proceso de matriculación en los centros públicos y concertados del término municipal, el mantenimiento y el aprovechamiento, fuera del horario escolar, de los centros públicos y el calendario escolar.

h) La circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal.

i) La regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal y turístico y fomento del empleo.

j) La formulación y la gestión de políticas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

k) La regulación y la gestión de los equipamientos deportivos y de ocio y promoción de actividades.

l) La regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y prestación de servicios de telecomunicaciones.

m) La regulación y la prestación de los servicios de atención a las personas, los servicios sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes.

n) La regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo en las playas, los ríos, los lagos y la montaña.

3. La distribución de las responsabilidades administrativas en las materias a que se refiere el apartado 2 entre las distintas administraciones locales debe tener en cuenta su capacidad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo que establece la Carta europea de la autonomía local, por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal, y por el principio de suficiencia financiera.

4. La Generalitat debe determinar y fijar los mecanismos para la financiación de los nuevos servicios derivados de la ampliación del espacio competencial de los gobiernos locales.»

ENMIENDA NÚM. 233

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado nueve del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Se elimina el nuevo redactado del artículo 25 de la LRBRL y mantenimiento de la redacción actual.

Por vía de la modificación de este artículo se introduce uno de los cambios más radicales del modelo que se quiere imponer: el desempoderamiento de los municipios a partir de la sustracción competencial a los municipios de menos de 20.000 habitantes, dado que se atribuye directamente a las diputaciones provinciales la «coordinación» de una serie de servicios que hasta el momento han sido prestados por los ayuntamientos, otorgándose al MINHAP la decisión sobre las posibles excepciones a esta norma. Como consecuencia los municipios de menos de 5000 habitantes sólo les correspondería gestionar directamente los servicios de alumbrado público y de cementerio, a los que se añadirían los servicios de parque público, biblioteca y mercado, en el caso de los municipios de más de 5.000 y hasta 20.000 habitantes, que quedarían carentes de capacidad de decisión sobre los restantes servicios.

No existe ninguna garantía ni evidencia de que la atribución de la gestión de servicios a las diputaciones provinciales o a otros entes supramunicipales no comporte mejora de su eficacia, eficiencia o sostenibilidad económica, y contrariamente, la medida prevista supone un ataque directo contra autonomía local de la mayor parte de los municipios catalanes así como una vulneración de los principios de subsidiariedad y de proximidad en la prestación del servicio. Asimismo, el tratamiento homogéneo para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes entra en colisión con el principio de diferenciación establecido en el




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artículo 88 del Estatuto de Autonomía, de la misma manera que la atribución al MINHAP de la decisión sobre la aprobación de la fórmula de gestión va en detrimento tanto de la autonomía local como de las competencias de la Generalitat en la materia (art. 160 EAC).

ENMIENDA NÚM. 234

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado nueve del número nueve del artículo primero, que modifica el artículo 26 de la Ley 7/1985.

JUSTIFICACIÓN

Este apartado 1.9 refleja la errónea concepción de lo que han sido y son las diputaciones provinciales, así como se fuerzan los conceptos de forma un tanto grosera. Se afirma, en efecto, lo siguiente: «La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos».

Es evidente, por obvio, que se mezclan interesadamente lo que es la función tradicional de las diputaciones provinciales (la asistencia a municipios) con algo que es cualitativamente distinto, como es la prestación de servicios sobre ámbitos materiales concretos hasta ahora de competencia y de ejercicio municipal. No es posible, en términos conceptuales exactos, que una competencia funcional, como es la de asistencia, englobe una competencia material, como es la prestación de servicios.

La confusión en este punto denota con claridad que el proyecto se asienta sobre bases conceptuales muy poco sólidas y, en algunos puntos como este, sobre construcciones conceptuales totalmente erróneas.

No se trata de un mero ejercicio por la provincia de las competencias municipales, siguiendo de su titularidad (más asimilable a una labor de asistencia, aunque de imposición obligatoria a municipios y provincias), sino de un traspaso a la misma de la titularidad de las competencias municipales. Aunque aquí la confusión es la norma.

Cabe entender, por tanto, que la voluntad del proyecto es la de trasladar «el ejercicio de las competencias», pues en caso contrario el encaje constitucional de este procedimiento sería muy dudoso al afectar en algunos casos a la garantía institucional de la autonomía municipal (en cuanto «vaciaría» de competencias, que son propias de los municipios, a innumerables ayuntamientos). Además, la «reversibilidad» de «la asunción del servicio» claramente nos advierte que no hay un traslado competencial.

No tiene ninguna lógica institucional tal baile de conceptos que, además, son nucleares para identificar la intensidad y calado de las afectaciones a la autonomía local en las que este precepto incurre.

¿Serán empresas privadas las que evaluarán la actuación del municipio, máxima expresión de la democracia al tratarse del nivel de gobierno mas cercano al ciudadano?¿Tendrá que asumir el municipio el coste de esta evaluación, pese a la crítica situación en que se encuentra por la actual situación de crisis económica?

¿Por qué la diputación coordinará los servicios en municipios menores de 20.000 habitantes y no en todos o en los menores de 5.000 o 1.000 o en ninguno?




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ENMIENDA NÚM. 235

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del nueve) del artículo primero.

Al número nueve del artículo primero. Se propone la inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado nueve del Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 26 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente texto:

«1. Las competencias en materia de urbanismo y medio ambiente urbano, establecidas en el artículo 25.2.a) y b), incluidas las competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanísticas, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el apartado anterior.

3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tiene competencias conforme a lo establecido en el artículo 25, posibilitando la participación ciudadana directa en los planes urbanísticos.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones Locales pueden prestar una contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda discriminación en materia de accesibilidad y movilidad. Por otra parte, las Administraciones Locales deberán cumplir las normas mínimas que establecen las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de la ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), según se expuso antes, así como otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno de la Nación o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

A las Administraciones Locales les corresponde la aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del «paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU.

El ámbito de dichas Ordenanzas debe afectar a todos los ámbitos en que son competentes.

Se ha de condicionar la aprobación de todo expediente municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.

ENMIENDA NÚM. 236

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.




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Se modifica el apartado diez del artículo primero queda redactado como sigue:

«1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones públicas afectadas sin que pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones públicas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

3. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

4. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.

5. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante facultará a la Entidad local delegada para compensarlas automáticamente. Con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquella.

6. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación entre las que estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de revocación o renuncia se adoptará por el Pleno.

7. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes.

En los casos de revocación o renuncia, el personal del Ayuntamiento que viniese prestando servicios respecto de las competencias objeto de la revocación o renuncia, pasará a depender de la Administración Pública en la que correspondan las mismas.»

JUSTIFICACIÓN

La lista de competencias del apartado 3 del artículo 27 puede crear confusión, no está claro si tiene carácter enunciativo o limitativo, y en todo caso la LRBRL no es el instrumento adecuado para establecer las competencias que pueden delegarse en los municipios, ya que la decisión corresponderá en cada caso a la administración que tenga la titularidad de la competencia. En cuanto al apartado 6, la posibilidad de compensación de los incumplimientos de las obligaciones financieras no debe limitarse a los supuestos en que la administración delegante sea la autonómica.

En cuanto al apartado 7, con respecto a los supuestos de revocación y de renuncia a la competencia delegada, es necesario prever el traspaso del personal que presta los servicios correspondientes a la competencia delegada de la administración delegada a la delegante.




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ENMIENDA NÚM. 237

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado diez del artículo primero.

Se propone la supresión del artículo artículo 27 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El artículo genera colisiones manifiestas con los Estatutos de Autonomía reformados en materia de competencias (en especial con lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña art. 84-87 y la LO 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía art.93). Igualmente colisiona con la Ley de Administración Local en Aragón, que desarrolla lo establecido en el Estatuto de Aragón. Se considera improcedente e innecesario el listado de competencias que, entre otras consideraciones, podrán delegar el Estado y las Comunidades Autónomas en los municipios.

ENMIENDA NÚM. 238

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado once del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

La restricción de las actividades que pueden ser ejercidas por los ayuntamientos puede entenderse como una vulneración del principio de subsidiariedad previsto en el artículo 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL) del Consejo de Europa, del 1 de septiembre de 1988, «El, ejercicio de las competencias públicas Debe, de modo general, incumbir preferentemente a las Autoridades más cercanas a los ciudadanos».

Igualmente, según el artículo 86.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: «Este Estatuto garantiza al municipio la autonomía para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas y la defensa de los intereses propios de la colectividad que representa.». No hay que excluir que los ayuntamientos puedan realizar actividades en ámbitos que no son estrictamente de su competencia, dentro de las posibilidades y medios de que dispongan, especialmente en materias que tienen una gran incidencia sobre la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. El legislador afronta la reforma sin tener en cuenta la heterogeneidad del mundo local, y prescindiendo de principios como los de diferenciación, subsidiariedad y proximidad en la prestación del servicio.




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ENMIENDA NÚM. 239

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De sustitución.

De sustitución del apartado once del artículo primero.

El artículo 28 de la LBRL queda redactado como sigue:

«Los Municipios pueden realizar actividades y gestionar servicios complementarios de las materias propias de otras Administraciones Públicas, siempre que ello no afecte a la adecuada prestación de los servicios mínimos, en un horizonte de equilibrio económico-financiero.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley propone la supresión del art.28 de la Ley 7/1985 LBRL que prevé la posibilidad que los municipios realicen actividades complementarias de otras administraciones públicas. Siendo coherentes, se trata de trasladar al artículo 28 la regulación que ya prevé el proyecto en su art. 7.4 en el que se contempla la posibilidad de adoptar nuevas iniciativas complementarias. Es decir, se mantiene la sistemática del texto legal, al mantener este artículo.

En realidad, la supresión, no acaba con las actividades complementarias de las entidades locales, porque pretender esa operación es un objetivo irrealizable en lo material a tenor de los dispuesto por la CE en los artículos 9.2,44.1, 45.2, 47 o 130.1. El Proyecto de Ley sólo realiza un cambio de denominación, para seguir manteniendo su existencia siempre que se ajusten a las exigencias del artículo 7.4. Un empeño por clarificar las competencias que se muestra, una vez más, inútil en su recorrido conceptual y sobre todo operativo.

Si bien se considera que en la vertiente de impedir el ejercicio de competencias impropias en determinadas materias es congruente dicha supresión, aspectos tales como la promoción de la mujer o la protección del medio ambiente se consideran obligación de todas las Administraciones Públicas, por su transversalidad. Cabe subrayar que muchas de estas «actividades complementarias» son competencias propias de las Comunidades Autónomas y que con ese acotamiento competencial que pretenden llevar a cabo los artículos 25 y 27, pretenden cerrar el paso a que el legislador autonómico sectorial atribuya competencias sobre esos ámbitos a los municipios. Esa operación es a todas luces inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 240

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado doce del artículo primero que modifica el artículo 32 bis de la LBRL, quedando redactado como sigue:

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional, experiencia y adecuación al puesto, entre empleados públicos con condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo.




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto establece una clara discriminación entre el empleo público para el acceso a puestos directivos, en función del tipo de relación laboral (funcionarial), que no consideramos ajustada, salvo en los supuestos en que el desempeño del cargo implique el ejercicio de potestades públicas y así se establezca en la correspondiente RPT. La restricción en el acceso a puestos directivos al grupo A1, no garantiza una mayor cualificación profesional de las personas seleccionadas.

ENMIENDA NÚM. 241

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado doce del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Las funciones del personal directivo de las diputaciones provinciales, con carácter general, no corresponden a las que son exclusivas del personal funcionario, no hay motivo por el cual no puedan ser desempeñadas por personal laboral. En este sentido el artículo 130.3 de la LRBRL, en la redacción dada por el PLRSAL, admite que previa regulación por ROM, los ayuntamientos puedan nombrar coordinadores generales y directores generales que no tengan la condición de funcionarios. Por otra parte, mediante esta regulación se introducen nuevas limitaciones a las facultades de las comunidades autónomas para establecer el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar la condición, que resulta del artículo 13.1 EBEP, de tal forma que el nuevo artículo rebasa el marco básico establecido por el mencionado EBEP y constituye un vulneración de la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en materia de empleo público (art. 136.a EAC) ya que limita la facultad para establecer un modelo propio en la materia.

ENMIENDA NÚM. 242

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado trece del artículo primero queda redactado como sigue:

«1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.




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c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

e) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios.

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.»

JUSTIFICACIÓN

El redactado del apartado g) puede hacer entender, sobre todo en el contexto general de la reforma operada por la presente ley, que la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes corresponden en exclusiva a las diputaciones provinciales, cuando se trata de unos servicios que pueden ser prestados con eficacia, eficiencia y sin afectación de la sostenibilidad financiera, tanto por parte de muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como por comarcas, consorcios y mancomunidades. Por otra parte, dado que en otra enmienda se propone la supresión del artículo 116.bis, también se propone la supresión del apartado e) del punto 1 de este artículo 36 que hace referencia a ese artículo 116 bis.




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ENMIENDA NÚM. 243

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado trece del artículo primero, por el que se modifica el artículo 36 de LBRL.

Se propone la supresión de las letras e) y g) del apartado 1 del artículo 36.

JUSTIFICACIÓN

El redactado del apartado g) puede hacer entender, sobre todo en el contexto general de la reforma operada por la presente ley, que la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes corresponden en exclusiva a las diputaciones provinciales, cuando se trata de unos servicios que pueden ser prestados con eficacia, eficiencia y sin afectación de la sostenibilidad financiera, tanto por parte de muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como por comarcas, consorcios y mancomunidades.

ENMIENDA NÚM. 244

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado catorce del artículo primero. Se propone la supresión de dicho artículo, manteniendo la actual redacción del artículo 45 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 45 debe referirse a las EATIM existentes o que se constituyan tras expedientes administrativos iniciados antes del 1 de enero de 2013. En él deben quedar reconocida y garantizada la personalidad jurídica y funciones de las EATIM.

ENMIENDA NÚM. 245

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado dieciocho del artículo primero queda redactado como sigue:

«1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán,




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anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla:

HABITANTES REFERENCIA

Más de 500.000 Secretario de Estado

300.001 a 500.000 Secretario de Estado –10%

150.001 a 300.000 Secretario de Estado –20%

75.001 a 150.000 Secretario de Estado –25%

50.001 a 75.000 Secretario de Estado –35%

20.001 a 50.000 Secretario de Estado –45%

10.001 a 20.000 Secretario de Estado –55%

5.001 a 10.000 Secretario de Estado –60%

2.001 a 5.000 Secretario de Estado –70%

1.001 a 2.000 Secretario de Estado –80%

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes tendrán, además, un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia o isla. Los concejales que sean proclamados diputados provinciales o equivalentes deberán optar por mantener el régimen de dedicación exclusiva en una u otra entidad local, sin que en ningún caso puedan acumularse ambos regímenes de dedicación.

3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

4. El régimen retributivo establecido en el presente artículo sólo será de aplicación en defecto de legislación autonómica que establezca un régimen retributivo propio para los miembros de las corporaciones locales.»

JUSTIFICACIÓN

No se rechaza la posibilidad de que por vía legislativa se fijen las retribuciones máximas que pueden percibir los electos locales. Sin embargo, hay que priorizar el establecimiento de una legislación autonómica que tenga en cuenta la heterogeneidad del mundo local y establezca restricciones injustificadas a la autonomía local ya la potestad de autoorganización de las corporaciones locales. En cuanto al apartado 4, cuya supresión se propone, se establece la potestad del Estado para determinar los límites máximos y mínimos de la retribución por todos los conceptos de las retribuciones del personal de las entidades locales, lo que conlleva una restricción de la potestad municipal para determinar el alcance de las retribuciones complementarias de sus empleados.

ENMIENDA NÚM. 246

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.




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ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado dieciocho del artículo primero.

Se propone la supresión del nuevo artículo 75 bis sobre el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las entidades locales.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y el personal al servicio de las entidades locales no tiene el mínimo consenso entre las fuerzas políticas y la FEMP. No garantiza la autonomía local y no se fija sobre criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal. El Proyecto de Ley contradice lo acordado en la Comisión de Administraciones Publicas del Congreso de los Diputados por unanimidad sobre esta cuestión al aprobarse la Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema retributivo de los cargos públicos de las entidades locales presentada por el Grupo Parlamentario IU-ICV, cuyo texto era el siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un acuerdo entre las fuerzas políticas y la FEM, con el fin de que, garantizando la autonomía local, se establezca un marco de retribuciones de los cargos públicos locales que respondan a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto y la situación financiera municipal, con el fin de incorporarlo, en su caso, al proyecto de ley de nuevo Gobierno local.»

ENMIENDA NÚM. 247

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado diecinueve del artículo primero queda redactado como sigue:

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.

e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.

f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete.




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g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez.

h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once.

i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de quince.

j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.

k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte.

l) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós.

m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.

2. El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia.

3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva será el mismo que el de la Corporación del municipio más poblado de su isla.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime en la enmienda la limitación al número de electos locales que pueden prestar sus servicios en la Corporación en régimen de dedicación exclusiva en los municipios de Barcelona y Madrid [letra n) de la relación anterior], por considerar que dicha medida no resulta adecuada para la debida y eficaz satisfacción de las necesidades organizativas y funcionales del gobierno y administración de las dos metrópolis a las que se contrae (ambas, con más de un millón de habitantes, cifra a partir de la cual dejaría de regir la limitación establecida en el precepto), así como para el óptimo desempeño de las funciones de impulso, control y fiscalización de los órganos de gobierno.

ENMIENDA NÚM. 248

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado diecinueve del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

En materia de dedicación de los electos locales no se pueden establecer unos criterios homogéneos basados ​​únicamente en la población de los municipios, dada la heterogeneidad del mundo local y las diferentes necesidades de dedicación de los electos que se pueden plantear con independencia del




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número de habitantes de cada municipio. Se trata de una nueva limitación de la autonomía y de la potestad de autoorganización de los entes locales, que no se vincula directamente con el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 249

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado diecinueve del artículo primero.

Se propone la supresión de esta apartado sobre el nuevo artículo 75 ter sobre la limitación en el número de cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

JUSTIFICACIÓN

La limitación que plantea esta disposición con respecto la dedicación exclusiva de cargos públicos en municipios de menos de 1.000 habitantes se considera que desincentiva la acción política en el pequeño municipio, suponiendo un ataque a la democracia.

De otro lado se observa que no se prevé el número de cargos públicos con dedicación exclusiva en los municipios de más de 1.000.0000 de habitantes que no sean Madrid y Barcelona, lo que se aviene mal con una regulación normativa de vigencia indefinida; por más que en el momento actual no se dé el supuesto, es posible que en un futuro algún municipio pudiera alcanzar esa cifra de población.

ENMIENDA NÚM. 250

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero del proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Apartado diecinueve. Artículo 75 ter, apartado 1, letra n).

Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.




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c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.

e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.

f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete.

g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez.

h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once.

i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de quince.

j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.

k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte.

I) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós.

m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.

2. El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia.

3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva será el mismo que el de la Corporación del municipio más poblado de su isla.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime en la enmienda la limitación al número de electos locales que pueden prestar sus servicios en la Corporación en régimen de dedicación exclusiva en los municipios de Barcelona y Madrid [letra n) de la relación anterior], por considerar que dicha medida no resulta adecuada para la debida y eficaz satisfacción de las necesidades organizativas y funcionales del gobierno y administración de las dos metrópolis a las que se contrae (ambas, con más de un millón de habitantes, cifra a partir de la cual dejaría de regir la limitación establecida en el precepto), así como para el óptimo desempeño de las funciones de impulso, control y fiscalización de los órganos de gobierno.

ENMIENDA NÚM. 251

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.




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De modificación del apartado veinte del artículo primero, por el que se modifica el art. 84.bis.1 LBRL.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, del cumplimiento de las previsiones de uso del suelo establecidas en el correspondiente planeamiento y de la liquidación de las obligaciones fiscales establecidas por la entidad correspondiente, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

JUSTIFICACIÓN

El sometimiento de la mayoría de las actividades privadas locales a comunicación responsable, debe compatibilizarse con el cumplimiento de las regulaciones municipales en la materia. Se considera necesario hacerlo explícito en el texto de la legislación Local, especialmente en las normas urbanísticas y de uso del suelo y fiscales.

ENMIENDA NÚM. 252

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De adición.

De modificación del apartado veinte del artículo primero por el que se modifica el art. 84.bis.1.a).

1. …/…

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del patrimonio histórico-artístico o del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la supresión del control previo de acciones en que pudiera verse afectado el patrimonio histórico artístico en relación con el ARSAL y otra normativa. Podría contribuir a situaciones irreparables.

ENMIENDA NÚM. 253

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado veintiuno del artículo primero.




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JUSTIFICACIÓN

La valoración de la eficiencia para la gestión de los servicios públicos no es una función que corresponda al Interventor Municipal sino a los órganos de gobierno de los entes locales. Hay que añadir que la norma sufre un cierto grado de incertidumbre en someter la decisión municipal a la acreditación de unos requisitos que se definen de forma indeterminada. Por otra parte, la exigencia, a los efectos de optar por una forma de gestión indirecta, de una segunda memoria justificativa del asesoramiento recibido, tan sólo aporta confusión, es redundante e innecesaria.

ENMIENDA NÚM. 254

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado veintiuno del artículo primero.

Se propone la supresión de la modificación del apartado 2 del artículo 85 LBRL.

JUSTIFICACIÓN

La valoración de la eficiencia para la gestión de los servicios públicos no es una función que corresponda al Interventor Municipal sino a los órganos de gobierno de los entes locales. Hay que añadir que la norma sufre un cierto grado de incertidumbre en someter la decisión municipal a la acreditación de unos requisitos que se definen de forma indeterminada. Por otra parte, la exigencia, a los efectos de optar por una forma de gestión indirecta, de una segunda memoria justificativa del asesoramiento recibido, tan sólo aporta confusión, es redundante e innecesaria.

ENMIENDA NÚM. 255

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado veintitrés del artículo primero, que modifica el artículo 86 de la Ley 7/1985.

JUSTIFICACIÓN

La defensa de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas viene recogida en el artículo 128 de la Constitución Española:

1. «Toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.»

2. «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo esigiere el interés general.»




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Se recoge, en el apartado 2, la medida de control sobre la actividad local consistente en la aprobación de los expedientes de las entidades locales para el ejercicio de la actividad económica y para la reserva por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.

En relación con dicha medida de control para la reserva de servicios esenciales, se indica que en la normativa estatal vigente solo está prevista para el ejercicio de actividades en régimen de monopolio, puesto que resulta desde todo punto de vista absurdo que, declarándose la reserva por Ley, tenga que contar con una autorización de la Comunidad Autónoma.

Consideramos que se realiza una interpretación errónea de la reserva de servicios con su ejercicio en régimen de monopolio, cuando es la reserva de servicios esenciales, mediante norma con rango de Ley, la que habilita para su ejercicio efectivo en régimen de monopolio. Aunque esa confusión pueda estar latente, lo cierto es que esa autorización de la Comunidad Autónoma, según el anteproyecto, se vuelca sobre actividades económicas en libre concurrencia, lo que, colisiona frontalmente con el principio de autonomía local, puesto que somete a un régimen de tutela el ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 256

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado veinticuatro del artículo primero.

Se propone la supresión del apartado 2 del art. 92. LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El texto constituye una declaración de principios que no se compadece con la estructura de las plantillas en municipios con prestación directa de servicios mínimos, de los regulados en el artículo 26.2 LBRL.

ENMIENDA NÚM. 257

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado veinticinco del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Mediante la introducción del artículo 92.bis se suprimen las competencias asignadas a las comunidades autónomas para la convocatoria de plazas de funcionarios de habilitación estatal (FHE), para su selección y de régimen disciplinario otorgadas por la Disposición adicional 2.ª del EBEP. Se trata en definitiva un ataque directo contra las competencias de la Generalidad de Cataluña al que se añade un efecto de




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distanciamiento entre los entes locales y los órganos que han de seleccionar los funcionarios de habilitación estatal. Entre otros efectos, esta medida comporta que retornen al estado la competencia para la selección y formación de los FHE, la competencia para crear, clasificar o suprimir puestos de trabajo reservados a FHE, la determinación del régimen disciplinario, y la competencia para regular las formas de provisión. Asimismo los concursos ordinarios pasan a tener una base territorial estatal y se invierte el peso de los méritos en los concursos ordinarios, pasando a ser predominantes los méritos estatales (mínimo 85%) versus los autonómicos (máximo 10%) y los locales (máximo 5%). Finalmente desaparece el conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas como elemento integrante en los méritos en los concursos para la provisión de puestos, y se suprimen las referencias al conocimiento del derecho propio de la comunidad autónoma. Así se establece un modelo que vulnera el régimen de competencias establecido por el artículo 136 a) EAC que además no ofrece ninguna garantía del conocimiento de la realidad catalana por parte de los FHE que obtengan puesto de trabajo a las entidades locales de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 258

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado veintiocho del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una regulación homogénea para limitar la posibilidad de nombramiento de personal eventual que no tiene en cuenta la heterogeneidad del mundo local, y por tanto la existencia de necesidades diversas no necesariamente ligadas a la demografía del municipio. En realidad la inmensa mayoría de entidades locales catalanas tienen un número de personal eventual inferior a los máximos previstos en la norma, pero hay que tener en cuenta que por las características de su población, de su estructura organizativa o por necesidades puntuales, pueden requerir el nombramiento de más cargos eventuales, a veces de forma limitada en el tiempo. Este nuevo artículo establece restricciones injustificadas a la autonomía local y a la potestad de autoorganización de los entes locales que por otra parte no tienen ninguna repercusión relevante en términos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 259

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del aparado veintiocho del artículo primero.

Se propone suprimir este apartado sobre el nuevo artículo 104 bis sobre el «personal eventual de las entidades locales».




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JUSTIFICACIÓN

Existe falta de justificación de los criterios de estratificación seguidos en función de la población, de tal forma que en este caso no pueden contar con personal eventual los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, cuando pueden ser los que más lo requieran por la escasez de su personal funcionario y laboral, lo que sigue la línea u objetivo general de la reforma de debilitamiento institucional de los pequeños municipios.

ENMIENDA NÚM. 260

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado treinta del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya establece para las entidades locales, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el contenido del plan económico-financiero que deben presentar y la información que debe contener, sin necesidad de una mayor concreción que como la que ahora se establece. Asimismo este nuevo artículo no tiene en cuenta la competencia de tutela financiera sobre los gobiernos locales que corresponde a la Generalidad de Cataluña (art. 218.5 EAC).

ENMIENDA NÚM. 261

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado treinta del artículo primero, por el que se incluye un nuevo artículo 116 bis.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este artículo que incluye un nuevo artículo 116 bis de la LBRL, dado su carácter regresivo para la democracia local.

ENMIENDA NÚM. 262

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado treinta y uno del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una disposición innecesaria, teniendo en cuenta, entre otros motivos, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto Ley por el que se aprueba el mecanismo de pago a proveedores y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, ya establecen medidas exigentes para el supuesto de incumplimientos. Por otra parte, medidas como la prohibición de realizar ampliaciones de capital para sanear la sociedad podrían lesionar los derechos de los acreedores y posibles accionistas no públicos de la sociedad mercantil, que al contratar con la sociedad o en aportar capital no eran conscientes que podría llegar a establecerse esta restricción. Finalmente se debería permitir que un ayuntamiento eficiente pueda tener empresas públicas con déficit.

ENMIENDA NÚM. 263

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado treinta y uno del artículo primero, por el que se incluye un nuevo artículo 116ter.

JUSTIFICACIÓN

La valoración del coste del coste estándar debería hacerse por las CCAA y municipios atendiendo a las especificidades propias de los territorios y a otros parámetros tales como población, localización, orografía, etc.

ENMIENDA NÚM. 264

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado treinta y cinco del artículo primero.

Se propone la supresión de este apartado sobre la disposición adicional novena.




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JUSTIFICACIÓN

Se considera que las medidas que contempla vulneran la autonomía y la potestad autoorganizativa local, al establecer una serie de prohibiciones a las entidades locales territoriales de crear entes instrumentales o de participar en otras entidades, durante el periodo de vigencia de su plan económico— financiero o de su plan de ajuste.

También se considera que atenta contra al autonomía y la potestad autoorganizativa local la obligación prevista en el apartado 2, de disolver las entidades dependientes de las entidades locales que desarrollen actividades económicas deficitarias si continúan en esta situación a 31 de diciembre de 2014, previa aprobación antes del 31 de diciembre de 2013 de un Plan de Saneamiento Individualizado. En caso que no se acuerde su disolución quedarán disueltas automáticamente a 1 de agosto de 2015.

En los apartados 3 se establece la prohibición a los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, adscritos o dependientes de las entidades locales o de sus organismos autónomos, para constituir, participar en la constitución y adquirir nuevas entidades.

Por último, en el apartado 4 e contempla la obligación de disolver en el plazo de un mes de las entidades controladas por entidades dependientes de las entidades locales o por sus organismos autónomos, e iniciar el proceso de liquidación en tres meses.

Se indica que, según se especifica en su apartado 1 el contenido de este artículo solo resulta aplicable a las entidades locales previstas en el artículo 3.1 de la Ley, desconociéndose el criterio seguido para excluir de su aplicación a las entidades previstas en el apartado 2 del artículo 3, cuales son las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.

No se entiende, por ejemplo, por qué debe disolverse una entidad instrumental dependiente de otra cuyo funcionamiento sea plenamente correcto (por ejemplo, una empresa pública dependiente de un consorcio).

ENMIENDA NÚM. 265

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del cinco) al Artículo Primero.

Al artículo 22.2 i) LBRL.

Propuesta de adición:

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

i) La aprobación de la plantilla de personal, de la relación de puestos de trabajo y demás instrumentos de planificación, ordenación y regulación colectiva de las relaciones laborales, incluidos los Acuerdos y/o Convenios Colectivos, así como la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

JUSTIFICACIÓN

La actual normativa admite que los instrumentos de planificación, ordenación y regulación colectiva de las relaciones laborales en la Administración Local, se atribuya a Alcaldía o Junta de Gobierno, en algunos casos. Entendemos que estos instrumentos son esenciales para la gestión de los servicios públicos y de RRHH, asegurando el derecho efectivo a la negociación y participación laboral y de la oposición.




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ENMIENDA NÚM. 266

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del cinco) al artículo primero.

Al artículo 22.2 ñ) Se propone la adición en la letra ñ) el apartado 2 del artículo 22, de un nuevo párrafo, quedando redactado como sigue:

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

En cualquier caso el Pleno será el competente para la aprobación de los pliegos de condiciones de licitación y de la adjudicación de los contratos de gestión de servicios recogidos en el artículo 26 que, por su duración o cuantía, sean considerados como servicios esenciales y en cualquier caso, aquellos cuya cuantía sea superior a seiscientos mil euros.

JUSTIFICACIÓN

Los contratos de servicios básicos como limpieza, transporte público, vertidos, alumbrado, etc constituyen el principal gasto de los ayuntamientos. En este sentido, dejar sin competencias al pleno sobre la aprobación de los pliegos y la valoración de los mismos, es tanto como vaciar de contenido la competencia para la aprobación del presupuesto en su vertiente del gasto que sí reside en el pleno municipal puesto que esta vendría condicionada por contrataciones sobre las que no tiene control.

ENMIENDA NÚM. 267

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del catorce) del artículo primero, por el que se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 46 de la LBRL, que quedaría redactado como sigue:

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Las sesiones plenarias se celebrarán en la sede de la respectiva corporación, o en aquellos espacios que se designe al efecto en el propio reglamento orgánico. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.




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JUSTIFICACIÓN

Los textos legales elaborados por el Gobierno sobre la LBRL limitan la autonomía local establecida por el artículo 140 de la Constitución en cuanto a la capacidad de autorregular los espacios en los cuales se puede reunir legalmente el Pleno de la corporación. Este es un tema que ha resultado especialmente sensible en municipios con dos o más núcleos urbanos claramente diferenciados que han tratado de alternar la celebración de sesiones en locales designados mediante el propio reglamento orgánico de la corporación. Tal ha sido el caso de Sagunto (Valencia) que acordó mediante su reglamento orgánico la celebración de Plenos alternativamente en el núcleo urbano de Sagunto y en el del Puerto de Sagunto, habiendo recaído sentencia contraria a ello por contravenir el artículo 49 del RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 268

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del diecisiete) del artículo del primero, por el que se incluye un nuevo artículo 72 bis de la Ley 7/1985:

«1. Toda actuación de información o participación será plenamente accesible a las personas con discapacidad de cualquier tipo, incluida sensorial o de comunicación.

2. Se incorporará a todos los foros u órganos de participación a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.

3. Todas las decisiones que puedan afectar a las personas con discapacidad deberán ser objeto de consulta previa a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.»

JUSTIFICACIÓN

En todas las actividades de información y publicidad de las Entidades Locales se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los distintos tipos de discapacidad. Se debe garantizar de forma clara e ineludible, a través de esta Ley, la accesibilidad a la información de las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida sensorial o de comunicación y cognitiva, a través de cualquier vía o medio (físico, virtual…). El sector público debe centrarse en prestar unos servicios inclusivos, para todos, ya vivan en las ciudades o en las zonas rurales, ya tengan necesidades especiales, debido a la discapacidad, o no. No todo el mundo sabe utilizar o puede permitirse un PC, por lo que los servicios públicos deben estar accesibles en todas las plataformas (PCs, televisión digital, móviles, y ventanillas únicas).

ENMIENDA NÚM. 269

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.




Página 280


ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del veintitrés) del artículo primero.

Se propone la adición de una modificación del artículo 89 LBRL, que quedaría redactado como sigue:

Artículo 89.

1. El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

2. Las relaciones laborales y la determinación de las condiciones de trabajo del personal asalariado de las entidades locales se desarrollarán mediante la negociación colectiva, en el marco de la legislación aplicable.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que el Proyecto considera necesaria la remisión constante a la exigencia de leyes en vigor, consideramos imprescindible el reconocimiento de la negociación colectiva en la AALL.

ENMIENDA NÚM. 270

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del veinticinco) del artículo primero por el que se modifica el artículo 94 LBRL.

Propuesta de adición:

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local, será objeto de negociación en los ámbitos correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1.m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco de la legislación básica estatal y autonómica correspondiente.

En su defecto, se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada de la Administración Civil del Estado.

JUSTIFICACIÓN

La jornada de trabajo es materia de negociación colectiva, tanto de personal laboral como funcionario, en la Administración Local, aunque puedan regularse su contenido por legislación básica estatal o leyes autonómicas dictadas en virtud de competencia propia en la materia. Mantener la remisión automática a otras administraciones es contrario al derecho de negociación.

Artículo 37 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Materias objeto de negociación m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.




Página 281


ENMIENDA NÚM. 271

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado (después del veinticinco) del artículo primero por el que se modifica el artículo 96 LBRL.

En el ejercicio del derecho y el deber de formación del personal funcionario del las Administraciones Locales, la Administración del Estado y las autonómicas, en el marco de la negociación prevista en el artículo 37.1.f) del EBEP, desarrollarán cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para este personal, colaborado entre sí, así como con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta pretende enmarcar la formación y promoción como deber de las administraciones locales y del personal asalariado. En esta materia deben cooperar todas las instituciones y garantizar la negociación correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 272

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición adicional primera que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Regímenes forales y Cataluña.

1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Esta Ley se aplicará en Cataluña solamente en aquellos extremos en que no se oponga a su vigente Estatuto de Autonomía, que prevalecerá en todo caso.»




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley vulnera de forma reiterada el marco competencial definido por la Constitución y el EAC.

Según jurisprudencia constitucional consolidada del EAC forma parte del bloque de la constitucionalidad, por lo que las normas básicas no pueden dejar sin contenido las normas autonómicas. En este sentido el artículo 2.3 EAC establece que los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen integran también el sistema institucional de la Generalidad de Cataluña, que de acuerdo con el artículo 5 EAC goza de una posición singular. El Capítulo VI del EAC del Título II EAC configura un modelo propio de gobierno local en Cataluña, y el artículo 160 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece el ámbito de la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en materia de régimen local. En consecuencia la legislación básica estatal no puede desvirtuar el modelo de gobierno local catalán. Para evitar dudas interpretativas se considera necesario añadir el apartado que se propone.

ENMIENDA NÚM. 273

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición adicional cuarta que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional cuarta. Régimen especial de Barcelona.

La aplicación de esta Ley en el municipio de Barcelona se hará sin perjuicio de la organización municipal, las competencias y el régimen financiero especial establecidos en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, que incluyen el ejercicio de la potestad de autoorganización municipal en los ámbitos del estatuto de los miembros de la Corporación, del personal a su servicio, de la configuración de la plantilla orgánica y del sistema de gestión de los servicios públicos, con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.»

JUSTIFICACIÓN

Tal como reza la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona LREB, la relevancia de Barcelona en los ámbitos económico, social y cultural, así como su proyección europea e internacional, motiva la existencia de unas necesidades organizativas y competenciales que difieren, en algunos aspectos, de las existentes en otros municipios españoles. Si una de las críticas más reiteradas por la doctrina en relación con la regulación de las entidades locales, ha sido la relativa al uniformismo en su tratamiento, en metrópolis como Barcelona es donde resulta más acusada la necesidad de articular alguna medida que permita a los responsables municipales atender de manera efectiva las demandas ciudadanas. A la voluntad de dar respuesta a esta necesidad obedece la presente Ley, que constituye, junto a la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, la regulación del régimen especial aplicable a esta ciudad.

Se estima necesaria la inclusión de esta cláusula de salvaguardia o aseguramiento del régimen especial —como, de otra parte, no resulta ajena a la tradición seguida en la legislación de régimen local—, a partir de la inequívoca integración de dicho régimen dentro del sistema de gobierno local definido en nuestro ordenamiento jurídico, que lo reconoce y garantiza, atribuyendo asimismo a un significativo número de sus preceptos el carácter de básicos —vid Disposición final tercera, núm. 1 LREB—. Esa integración trae causa del reconocimiento legal del principio de diferenciación como superación del




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uniformismo imperante a lo largo de la historia, cuya consecución forma también parte, de manera destacada, del patrimonio del municipalismo más activo de las últimas décadas.

Con ocasión del acogimiento de esta enmienda, las disposiciones relativas al régimen especial de Madrid deberán, en su caso, contenerse en otra disposición adicional.

ENMIENDA NÚM. 274

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición adicional novena que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional novena. Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.

1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de estas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en resta Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedará sin efecto.

2. La adaptación a las previsiones de esta ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

3. Esta disposición no será de aplicación en Cataluña, dónde prevalecerá lo dispuesta en apoyo Estatuto de Autonomía y en las leyes autonómicas en materia de régimen local.»

JUSTIFICACIÓN

Dada la ya alegada vulneración del marco competencial de Cataluña que conlleva la imposición del traspaso de competencias los municipios a la Generalidad, hay excepcionar Cataluña de la aplicación de esta disposición.

ENMIENDA NÚM. 275

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimotercera.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión de la Disposición adicional decimotercera.




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto plantea una política de RRHH completamente contrapuesta en la gestión de servicios locales mediante Consorcios, en función de que estuvieran creados con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL o después. La limitación en el primer caso, que impide reasignar efectivos de las entidades integradas en el Consorcio, carece de fundamento. Solo persigue endurecer la gestión de RRHH en la AALL y evitar que los procesos de reasignación eviten la destrucción de empleo público.

ENMIENDA NÚM. 276

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición adicional decimoquinta que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional decimoquinta. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativa a la educación.

Las Normas reguladoras del sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fija los términos en los que las Comunidades Autónomas asumen la titularidad de las competencias que se previene como Propias del Municipio relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos Centros docentes, así como la conservación, Mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a Centros Públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de recursos económicos, materiales y personales.

Esta disposición no será de aplicación en Cataluña.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias educativas de los municipios a la Generalidad constituye una vulneración de las competencias exclusivas de la Generalidad en la materia (art. 131.2, ayc) EAC,), y una restricción del ámbito competencial en la materia otorgado los municipios por el artículo 84. 2. g) EAC. La aplicación del Proyecto de Ley supone una limitación de las facultades de la Generalidad en la ordenación del sistema educativo y vacía de contenido partes de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, así como otra normativa de la generalidad en que se prevé la participación de los municipios en el ejercicio de competencias educativas.

ENMIENDA NÚM. 277

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.




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ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición adicional, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional nueva. Competencias autonómicas en materia de régimen local.

1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, exceptuando aquellas con un sistema institucional propio que emana de sus propios Estatutos de Autonomía y que hayan desarrollado o estén en proceso de aprobación de una ley de gobiernos locales.

2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales...»

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 9 de julio, atribuye a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de régimen local.

Artículo 160.1, sobre el régimen local:

Artículo 160. Régimen local.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el principio de autonomía local, incluye:

a) Las relaciones entre las instituciones de la Generalitat y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Generalitat, incluyendo las distintas formas asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales.

b) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos especificados por el artículo 84.

c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos.

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Generalitat y el funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos de estos órganos.

e) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales.

Este artículo fue impugnado conjuntamente con los artículos 84.2 y 86.5 argumentando que el capítulo donde estaban integrados estos artículos contenían una regulación impropia para un Estatuto porque impedían (según los recurrentes) el ejercicio de la competencia estatal en relación a dictar normas básicas sobre las competencias locales.

Capítulo VI

El Gobierno local

Artículo 84. Competencias locales.

2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que determinen las leyes:

a) La ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística y la conservación y el mantenimiento de los bienes de dominio público local.

b) La planificación, la programación y la gestión de vivienda pública y la participación en la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial.

c) La ordenación y la prestación de servicios básicos a la comunidad.

d) La regulación y la gestión de los equipamientos municipales.




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e) La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los locales de concurrencia pública.La coordinación mediante la Junta de Seguridad de los distintos cuerpos y fuerzas presentes en el municipio.

f) La protección civil y la prevención de incendios.

g) La planificación, la ordenación y la gestión de la educación infantil y la participación en el proceso de matriculación en los centros públicos y concertados del término municipal, el mantenimiento y el aprovechamiento, fuera del horario escolar, de los centros públicos.

y el calendario escolar.

h) La circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal.

i) La regulación del establecimiento de autorizaciones y promociones de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, artesanal y turístico y fomento de la ocupación.

j) La formulación y la gestión de políticas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

k) La regulación y la gestión de los equipamientos deportivos y de ocio y promoción de actividades.

l) La regulación del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y prestación de servicios de telecomunicaciones.

m) La regulación y la prestación de los servicios de atención a las personas, de los servicios sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes.

n) La regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo en las playas, los ríos, los lagos y la montaña.

3. La distribución de las responsabilidades administrativas en las materias a que se refiere el apartado 2 entre las distintas administraciones locales debe tener en cuenta su capacidad de gestión y se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la Carta Europea de la Autonomía Local, por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal, y por el principio de suficiencia financiera.

Artículo 86. El municipio y la autonomía municipal.

5. Corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios y, si procede, la impugnación correspondiente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones que el Estado pueda emprender en defensa de sus competencias.

La sentencia 31/2010, de 28 de junio que resolvió los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut no anula estos artículos y hace una interpretación útil para fundamentar que el conjunto de competencias que ostenten los gobiernos locales de Cataluña no depende de lo que disponga la legislación básica del Estado, si no que goza de protección por parte del bloque de constitucionalidad (Estatut) que el Gobierno de Cataluña debe hacer efectiva y el estatal respetar.

Al mismo tiempo la impugnación de los artículos 160.1 y 160.3 sobre la atribución a la Generalitat de competencias exclusivas sobre régimen local no declara su inconstitucionalidad, aunque la Generalitat no menciona las competencias que a favor del Estado establece el artículo 149.1.18a de la Constitución, lo que quiere decir que se acepta, se asume y se respeta la autonomía de la Generalitat para desarrollar su propio modelo institucional. Es lo que llama Miquel Roca como la tensión entre la concepción bifrontal del régimen local y la interiorización autonómica, es decir que su garantía y defensa de los entes locales obliga al Estado y, también, a las comunidades autónomas. Y eso porque la autonomía local se inscribe directamente en el texto constitucional. Pero después de 35 años desde la aprobación de la Constitución, la interpretación del bloque de constitucionalidad debe ser otra y se debe desplazar al carácter bifrontal en favor de la interiorización autonómica de los regimenes locales.

Esta afirmación la refuerza el hecho de que los últimos cuatro años la Generalitat ha ido desarrollando un cuerpo legislativo propio en relación al régimen local y, por tanto, a una voluntad clara de poner en práctica un sistema institucional propio. Como ejemplos las siguientes leyes:

Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias.

Ley 27/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de Greuges.

Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Comptes.




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Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y procedimiento administrativo de las administraciones públicas de Cataluña.

Ley 12/2010, del 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales.

Ley 30/2010, del 3 de agosto, de vegueries.

Ley 31/2010, del 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona.

Proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña.

Por todos estos motivos podríamos concluir que:

1) La sentencia 31/2010, de 28 de junio no declara inconstitucionales los artículos 160.1 y 160.3, ni los artículos 84.2 y 84.3 ni el 86.5 referentes a las competencias autonómicas de régimen local.

2) La evolución del marco constitucional y de los gobiernos locales reclama pasar del carácter bifrontal del régimen local a la interiorización autonómica.

3) El Estado reconoce (al rechazar la impugnación) el valor generador de competencias a la Generalitat en relación al régimen local.

4) La Generalitat ha desarrollado un sistema institucional propio que ahora culmina con la ley de gobiernos locales y de forma inmediata con la ley de finanzas locales.

ENMIENDA NÚM. 278

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva. Estaciones de Radioaficionado.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1983 sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados y ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados, las estaciones de Radioaficionado únicamente precisarán para su instalación y funcionamiento de la preceptiva autorización reglamentaria expedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por lo tanto, no se someterán a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo ni de comprobación e inspección posterior por parte de la entidad local.

JUSTIFICACIÓN

El Artículo 1 de la Ley 19/1983 sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, establece lo siguiente:

«Quienes estando legitimados para usar de la totalidad o parte de un inmueble y hayan obtenido la autorización reglamentaria del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para el montaje de una estación radioeléctrica de aficionados, podrán instalar, por su cuenta, en el exterior de los edificios que usen, antenas para la transmisión y recepción de emisiones.»

Es decir, la propia normativa estatal ya establece que el único requisito para llevar a cabo una instalación y puesta en funcionamiento de una estación radioeléctrica de aficionado sea la autorización preceptiva y reglamentariamente regulada expedida por el ahora Ministerio de Industria, Energía y Turismo.




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ENMIENDA NÚM. 279

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición transitoria primera que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria primera. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud.

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior. A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cada año que transcurra, dentro del periodo de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se procederá a su retención en la forma que se prevea legalmente.

6. Esta disposición no será de aplicación en Cataluña, dónde prevalecerá lo dispuesta en apoyo Estatuto de Autonomía.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias en materia de salud de los municipios a la Generalidad constituye una vulneración de las competencias de la Generalidad en la materia (art. 162.1 EAC,), ya que altera el esquema de ejercicio de competencias compartidas entre generalidad y municipios establecido en la normativa catalana, especialmente la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña.

ENMIENDA NÚM. 280

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión de la Disposición transitoria primera.




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JUSTIFICACIÓN

El Proyecto suprime la participación local en la gestión de la Atención primaria de Salud, y solo esta, desde el momento de entrada en vigor de la LRSAL.

Entendemos que esta competencia debería permanecer en el ámbito local, para asegurar la participación de la ciudadanía, a través de su representación más directa.

ENMIENDA NÚM. 281

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición transitoria segunda que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Transcurrido el periodo de un año sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

6. Esta disposición no será de aplicació en Cataluña, dónde prevalecerá lo dispuesta en su Estatuto de Autonomía.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del traspaso de competencias en materia de servicios sociales de los municipios a la Generalidad constituye una vulneración de las competencias exclusivas de la Generalidad en la materia (art.166.1 EAC), y una restricción del ámbito de competencias en la materia otorgado a los municipios por el artículo 84. 2.m EAC. El Proyecto de Ley supone una limitación de las facultades de la Generalidad en la ordenación del sistema de prestación de servicios sociales y vacía de contenido partes de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, así como otra normativa de la Generalidad en que se prevé la participación de los municipios en el ejercicio de competencias en la materia.




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ENMIENDA NÚM. 282

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

Como ya se ha señalado la regulación de estas entidades es materia propia de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 283

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De sustitución.

De sustitución de la Disposición transitoria cuarta.

Se propone su sustitución por:

«Rendición de cuentas de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio:

1. En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán tener presentadas las cuentas de los últimos dos ejercicios ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. En el caso de no presentar dichas cuentas en el plazo previsto, la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, nombrará una Comisión Gestora que asumirá el gobierno de la entidad de ámbito territorial inferior al Municipio hasta las siguientes elecciones y que deberá regularizar las cuentas de la entidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se mantiene la obligación de rendir cuentas, pero se concreta el número de ejercicios y se amplía el plazo, pues los tres meses propuestos son muy cortos a la vista de la necesidad de aclarar quién debe ejercer las funciones públicas de secretaría e intervención en las distintas Comunidades Autónomas. Se entiende que la condena a la supresión de la entidad por no rendir cuentas no es adecuada ni proporcional, proponiéndose que sea una Comisión Gestora la que asuma el gobierno.

ENMIENDA NÚM. 284

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.




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ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición transitoria.

Disposición transitoria (nueva). Servicios municipales complementarios prestados por entidades locales.

Las entidades locales que, a la entrada en vigor de la presente Ley, vinieran prestando servicios complementarios de las competencias de otras administraciones que no fueran objeto de regulación expresa en la misma, podrán mantener su gestión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el Proyecto mantiene un significativo vacío sobre el mantenimiento de los servicios locales actuales y el empleo asociado a los mismos. La propuesta responde a esta necesidad, con independencia de que el servicio correspondiente pudiera verse afectado por medidas de racionalización derivadas del incumplimiento del equilibrio presupuestario de la entidad titular y otros requisitos contemplados en la LRSAL.

ENMIENDA NÚM. 285

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición derogatoria.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 286

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición final primera queda redactada como sigue:

«Disposición final primera. Título competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en los apartados 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución.

2. En relaciones en Cataluña se respetan íntegramente las disposiciones del Vigente Estatuto de Autonomía, Aprobado en la ley orgánica 6/2006 de 19 de julio, y tanto el párrafo anterior como en general




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las Disposiciones de esta ley Sólo serán de aplicación en lo que no se opongan a lo establecido en el Estatuto de Autonomía vigente.»

JUSTIFICACIÓN

Como ya se ha alegado el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece un modelo catalán de gobierno local que se vería alterado si se aplicara el Proyecto de Ley. Para evitar dudas interpretativas se propone la adición del nuevo apartado antes citado, a los efectos de declarar el carácter supletorio.

ENMIENDA NÚM. 287

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación de la Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor una vez constituidas las Corporaciones Locales resultantes de las elecciones municipales que se celebrarán en el año 2015.

JUSTIFICACIÓN

Toda vez que la aprobación de esta Ley subvierte y se encuentra enfrentada a varios mandatos constitucionales básicos, como el de los artículos 137 y 140 sobre la autonomía local y su capacidad jurídica plena, o los artículos 128 y 131 sobre el deber de la iniciativa pública en cuanto al desarrollo de actividades económicas; dado que, del mismo modo, también entra en conflicto con líneas competenciales dispuestas en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que, recordemos, según el artículo 147.1 de nuestra Constitución deben ser amparados por el Estado como parte integrante de su ordenamiento jurídico; toda vez que, además, deroga, modifica, se enfrenta o afecta, a apartados del ordenamiento legal de varios espacios competenciales ya delimitados y plenamente operativos y vigentes, como, al menos, las disposiciones adicional segunda y transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobando el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; los artículos 25, 27, 36, 75, 86 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General; entre otros; y teniendo en cuenta la modificación sobre aspectos esenciales de la arquitectura constitucional del régimen estatal y la afección que tendrá esta Ley sobre el funcionamiento y los procedimientos ya delimitados de relación político administrativa entre las diferentes administraciones del Estado, entrará en vigor a partir de la constitución de las entidades locales tras las elecciones municipales de 2015.

Esta fecha de entrada en vigor es necesaria toda vez que no subvertiría el mandato democrático resultante de los últimos comicios locales; permitirá observar la evolución de la estabilidad económico-financiera de las entidades locales con una mayor perspectiva y capacidad de análisis; porque la capacidad de respuesta de la citada Ley, con apenas un año y pocos meses en vigor, no cumplirá con los objetivos que se impone regular ante esos comicios; introduciría además una situación de ilegalidad o conflicto




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procedimental en amplios servicios y competencias municipales que vienen prestándose hoy en día con una completa definición y absoluta delimitación en su praxis; incurríamos en un error si en virtud de modificaciones trascendentales del orden municipal, con reducciones de competencias, ajustes de las mismas, nuevos escenarios de acuerdo en la delegación de servicios, limitación de actividades complementarias, reestructuraciones de plantilla, servicios o presupuestos, nuevas figuras legales y procedimientos administrativos diferentes, sometiésemos a una presión desmedida, legal y normativa, a municipios, entes comarcales, diputaciones, Comunidades Autónomas y finalmente al Estado.

ENMIENDA NÚM. 288

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición Final redactada como sigue:

Disposición Final (nueva). De modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 5 en el que se añade un nuevo punto 6:

«6. Las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que lleven a cabo las respectivas Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y en relación con los tributos e ingresos de derecho público propios de éstas surtirán plenos efectos en todo el territorio español, pudiéndose practicar el embargo de bienes y derechos de los deudores de conformidad con el orden de prelación establecido, y en cuantía suficiente para cubrir las deudas en vía ejecutiva, independientemente del territorio donde dichos bienes o derechos se hallen situados.»

Dos. Se modifica el artículo 171.1 que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad. Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados.»

JUSTIFICACIÓN

La introducción de estas enmiendas a la Ley General Tributaria haría posible que todas las corporaciones locales que dispongan de una gestión tributaria y de recaudación propia puedan practicar embargos fuera de su ámbito geográfico, en todo el territorio del estado español.




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El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 52 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 289

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero. Uno (apartado 1 del artículo 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

Se suprime el Artículo Primero. Uno (apartado 1 del artículo 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

Aunque aparentemente la modificación propuesta pretende incluir entre los principios que han de regir la atribución de competencias a las entidades locales los de eficacia y eficiencia y reiterar que la gestión municipal debe atenerse estrictamente a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo cierto es que ya este primer artículo refleja nítidamente que la reforma propuesta tiene únicamente su razón de ser en criterios economicistas, por demás ya incluidos en otras leyes que obligan a los entes locales como la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Al socaire de estos criterios se pretende reducir la autonomía política de la que gozan nuestros ayuntamientos convirtiéndola en una disminuida y tutelada autonomía administrativa.

El principio de «proximidad» sustituye al principio de máxima proximidad de la gestión al ciudadano; principio este último que legitima toda la actividad pública municipal cuando el ámbito municipal sea el más adecuado para la prestación, como lo declara la Carta Europea de Autonomía Local (artículo 4.3).

La actual redacción del artículo 2.1 preserva la autonomía local con mayores garantías que la redacción proyectada.

ENMIENDA NÚM. 290

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Dos (apartado 2 del artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

La modificación de este artículo, junto con el nuevo artículo 24 bis y la supresión del artículo 45, implica la desaparición de las Entidades locales menores como entes locales y la pérdida de personalidad




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jurídica (lo que conlleva la imposibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones y titular de competencias y de bienes públicos). Estos preceptos simplemente permiten su existencia, como forma de organización desconcentrada del municipio, cuando supere la prueba de una gestión más eficiente que su desaparición. Si bien aparentemente la Disposición Transitoria Cuarta permite a las actuales entidades locales de ámbito inferior al municipal mantener la personalidad jurídica, el establecimiento de causas de disolución ligadas a sus cuentas pone de manifiesto la intención de la reforma en la desaparición de estas entidades. Con ello el proyecto desconoce y desprecia no sólo la tradición y el arraigo de estas entidades sino su importante función de cohesión del mundo rural. Tampoco tiene en cuenta que en la mayoría de los casos se produce un abaratamiento de los servicios y una gestión más cercana y eficaz (ej.: protección medioambiental).

Desde una perspectiva competencial, la regulación propuesta supone una intromisión en la esfera competencial de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional (STC 214/1989) consideró que la existencia de estas entidades entra en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 291

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Tres (artículo 7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

El nuevo apartado 4 del artículo 7 (junto con la supresión del artículo 28, que actualmente permite a los municipios actividades complementarias de las competencias propias) no sólo condiciona el ejercicio de las competencias diferentes a las propias y delegadas (las mal llamadas «competencias impropias») a exigencias de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria sino a conceptos abiertos e imprecisos —como la ejecución simultanea del servicio público y la inexistencia de duplicidades—, que han de ser controlados por otros niveles administrativos.

La regulación propuesta, en particular la subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o dependencia jerárquica respecto de las mismas (desde STC 4/1981). Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, que asegura a los municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y, además, exige que las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante.

Por otra parte, la modificación introducida respecto al apartado 3 del artículo 7 supone ignorar el respeto a la potestad de autoorganización de los servicios de las entidades locales, tal y como reconoce el mismo artículo en su redacción vigente. Además, la referencia que este mismo apartado 3 hace al artículo 27, en la redacción que el Proyecto que nos ocupa le da, supone, desde otra perspectiva, una invasión competencial al imponer a las Comunidades Autónomas el modo en que debe realizarse la delegación competencial en cuestión.




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ENMIENDA NÚM. 292

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Cuatro (apartados 3 y 4 del artículo 10 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

La adición del nuevo apartado 3 («la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera») expresamente pone de manifiesto cuál es la principal finalidad de esta reforma; han sido pues estos requerimientos, que además ya rigen respecto de los entes locales en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los que han servido de excusa y pretexto para establecer un modelo de autonomía reducida y meramente administrativa. Requerimientos o principios de carácter coyuntural —aunque sea a medio plazo— que operan e influyen decisivamente en el marco regulador de las instituciones locales, que ha de tener carácter estructural.

Además, no se debe supeditar la coordinación exclusivamente, como hace este precepto, a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera cuando el objetivo fundamental de la coordinación debe ser procurar que la acción de las distintas administraciones públicas esté dentro de los parámetros de la planificación general y de las directrices de la legislación sectorial en cada materia.

Por otra parte, la redacción del apartado 4 (que modifica el vigente apartado 3), al situar en el mismo plano coordinación y autonomía local, contradice la garantía constitucional de esta última; por tanto debe mantenerse el vigente apartado 3.

ENMIENDA NÚM. 293

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Cinco (artículo 13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

El precepto, que regula la fusión de los municipios, invade la esfera competencial del legislador autonómico, entre otros supuestos en la determinación del mapa municipal y al condicionar el destino de las subvenciones autonómicas. No quiere decir ello que el legislador estatal no pueda establecer medidas de incentivación de la fusión de municipios pero la regulación propuesta, por la intensidad y exhaustividad de las medidas, deja sin margen de actuación a las Comunidades Autonómicas.

Por otra parte, el sistema de incentivos de carácter económico, esto es los que suponen una mayor financiación para el municipio resultante de la fusión, funciona en detrimento de la financiación del resto de municipios (artículo 13.4.d).




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Tampoco la fusión va a tener efectos positivos en los ciudadanos; al contrario, el aumento de la población derivado de la fusión no supone nuevos servicios a los vecinos (artículo 13.4.f).

Por último, resulta incoherente que una decisión de tanta trascendencia para la vida local pueda ser adoptada por mayoría simple, cuando la actual Ley de Bases de Régimen Local exige mayorías reforzadas para otras decisiones de menor importancia.

ENMIENDA NÚM. 294

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo primero. Seis. (Artículo 16, apartado 2, letra f de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

Se propone la modificación del apartado 2, letra f, del artículo 16 con la siguiente redacción:

f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:

— Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.

— Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia.

JUSTIFICACIÓN

El Padrón Municipal es un registro de situaciones de hecho y no de derecho, por lo que debe ser un reflejo de la realidad, en él deben estar inscritas todas las personas que residan habitualmente en el respectivo municipio, con independencia de la calificación jurídica que merezca esa residencia.

De lo contrario habrá población real no constatada en los registros oficiales por lo que cualquier toma de decisión o acción que tome como referencia el número de habitantes de un territorio no se ajustará a la realidad y conllevará situaciones incoherentes.

ENMIENDA NÚM. 295

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Siete (artículo 24 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 3, apartado 2.

La adición de este artículo es consecuencia de la pérdida de la condición de entidad local por parte de las entidades de ámbito inferior al municipal y de la pérdida de personalidad jurídica.

Consecuentemente el proyecto suprime la actual ubicación de su regulación en el Título IV («otras Entidades Locales»), —de ahí la supresión del artículo 45— y sitúa su regulación en el capítulo II del Título II («el Municipio»).

ENMIENDA NÚM. 296

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Ocho (artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

Alegando la necesidad de clarificar competencias municipales y de evitar duplicidades, el proyecto de ley, a través fundamentalmente de las modificaciones de los artículo 25 (competencias propias), 26 (servicios obligatorios), 27 (delegación de competencias) y 28 (actividades complementarias), a lo que se une la modificación del artículo 36 (competencias de las Diputaciones), realiza un profundo cambio del sistema local: del «gobierno local» pasa a una simple «administración local», con pérdida de ámbitos competenciales, sin autonomía para llevar a cabo políticas en materias de interés local y con desaparición de la capacidad de los ayuntamientos para realizar actividades complementarias así como reduciendo al mínimo de la posibilidad de ejercer la iniciativa económica local.

El vigente artículo 25, cuya permanencia pretende esta enmienda, enuncia materias en las que las leyes sectoriales, estatales o autonómicas, deben atribuir competencias a los municipios. Identifica materias de claro «interés local».

El proyecto, en cambio, redefine «a la baja» la cláusula general de atribución de competencias y establece un listado tasado de los ámbitos materiales donde se puede ejercer competencias propias. Constituye una erosión de la autonomía local (artículo 137 C.E.) y de la Carta Europea de Autonomía Local. La reducción de ámbitos competenciales se concreta en las de defensa del consumidor y usuario, gestión primaria de salud, educación y, sobre todo, en servicios sociales.

Dentro de los ámbitos materiales que desaparecen sobresale, por su especial incidencia y por tratarse de competencias «de proximidad», el de servicios sociales.

En este caso, esta reducción competencial provocará una vulneración de los derechos de las personas, la pérdida de la territorialidad y de la máxima proximidad como valor añadido en la prestación de los servicios sociales, y su resultado será la privatización o liberalización de los servicios sociales, si no una desaparición de los mismos.

En definitiva, la modificación de este marco competencial municipal y la obligada reducción a la baja de las competencias municipales obligará a los municipios a dejar de prestar servicios tales como:

— Servicios de ayuda a domicilio, centros de día para mayores, centros de atención a la infancia, centros de apoyo a las familias, residencias municipales para mayores, teleasistencia domiciliaria

— Servicios y centros de educación infantil, escuelas municipales de música, danza, etc, programas formativos de personas adultas…

— Servicios de salud municipales

— Servicios de información al consumidor




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— Servicios de atención a víctimas de violencia de género

— Puntos de encuentro familiares

En todo caso, destaca la incorporación en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, de un nuevo apartado 6 en el artículo 25. Incorporación que, a pesar de la defectuosa técnica legislativa que supone, parece reconocer lo evidente: que las CCAA pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias que son de su competencia, pero con una importante precisión, que esa atribución sólo se podrá hacer «en materias distintas a las previstas en el apartado 2».

Por consiguiente, si un ámbito material está regulado en el listado del artículo 25.2 LBRL su «acotamiento material» impide a las CCAA ir más allá de lo establecido en ese listado (por ejemplo, servicios sociales: «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social»). Esta nueva regulación tiene un sesgo evidente de inconstitucionalidad, pues admite lo obvio (que las CCAA puedan legislar sobre materias que tienen competencia) y niega lo evidente (que lo puedan hacer sobre determinados ámbitos que el legislador básico acota materialmente a pesar de que estatutariamente tengan título competencial para ello). Tal modo de actuar podría además dejar vacía la pretensión de poner en tela de juicio las «competencias distintas de las propias» (una de las obsesiones del Proyecto), pues las CCAA en aquellos supuestos no citados en ese artículo 25.2 (siempre que tengan competencias al efecto) pueden atribuir como propios esos ámbitos materiales a los municipios y reconocerles determinadas funciones o potestades sobre los mismos.

ENMIENDA NÚM. 297

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Nueve (artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta elimina servicios locales de prestación obligatoria entre los que debe resaltarse los servicios sociales en municipios de más de 20.000 habitantes.

Además, a través de una utilización espuria de la técnica de la coordinación, se atribuye a las diputaciones la gestión de servicios obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes o la implantación de fórmulas de gestión compartida. La última palabra sobre el modo de gestión la tendrá el Ministerio de Hacienda, lo que es claramente inconstitucional.

Este artículo, además de vulnerar la autonomía local, tiene un marcado sesgo ideológico ya que su finalidad última es la privatización de la gestión de los servicios sociales.

ENMIENDA NÚM. 298

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Diez (artículo 27 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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JUSTIFICACIÓN

La modificación del artículo 27, que esta enmienda pretende suprimir, es el contrapunto de las dos modificaciones anteriores. Las hasta ahora competencias propias se convierten en «delegables», transformándose en competencias cuyo ejercicio es controlado y supervisado por otro nivel de gobierno. Pierden pues los municipios espacios de dirección y decisión política, la facultad de gestionar y ordenar una parte de asuntos públicos de claro interés local que hasta ahora estaban configurados como ámbitos propios.

ENMIENDA NÚM. 299

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Once (artículo 28 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende que el vigente artículo 28, que regula las actividades complementarias (las mal llamadas «competencias impropias») y, en particular, las relativas a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente, continúe vigente. El proyecto lo suprime, pretendiendo sustituir su contenido por el artículo 7, apartado 4, que ciñe el ejercicio de estas actividades a exigencias de carácter economicista y a controles (informes vinculantes) de otras administraciones.

Como se ha señalado en la enmienda al artículo 7, la regulación propuesta, en particular la subordinación de la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o dependencia jerárquica respecto de las mismas (desde STC 4/1981). Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, que asegura a los municipios libertad plena para ejercer cualquier competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y, además, exige que las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración vía informe vinculante.

ENMIENDA NÚM. 300

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Doce (artículo 32 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




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JUSTIFICACIÓN

La enmienda tiene por objeto defender un modelo de dirección profesional (personal directivo) donde primen criterios de competencia profesional, lo que significa que jurídicamente no se limite el desempeño de estos puestos a funcionarios del Grupo A. Reconociendo que el grueso de los titulares de estos puestos serán funcionarios de dicho grupo, debe caber la posibilidad, aunque fuera excepcionalmente de que fueran desempeñados por profesionales con experiencia acreditada en funciones directivas.

ENMIENDA NÚM. 301

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Trece (artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

En este artículo cristaliza el reforzamiento de la función institucional de las diputaciones. Se unen a las clásicas competencias funcionales y de asistencia a los municipios funciones de gestión de servicios locales y de control de aquellos.

En definitiva este artículo refuerza el núcleo competencial de las diputaciones, entes locales de representación indirecta, en detrimento de los municipios, cuyos órganos de gobierno son elegidos por los ciudadanos, lo que supone una erosión del principio democrático.

ENMIENDA NÚM. 302

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Catorce (artículo 45 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión de las modificaciones del artículo 3.2 y del artículo 24 bis. Este conjunto de enmiendas pretende que la regulación estatal vigente de las Entidades locales menores no se modifique de tal manera que, al tener personalidad jurídica y gozar de la condición de entidad local, la ubicación de su regulación es el Título IV «OTRAS ENTIDADES LOCALES».




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ENMIENDA NÚM. 303

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Dieciséis (artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley condiciona la constitución de un consorcio a que no sea posible, ni más ventajoso en términos de eficiencia económica, la suscripción de un convenio, y, además, establece una segunda carga, la de que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos. Esta limitación resulta desproporcionada y falta de JUSTIFICACIÓN. La gestión conjunta de competencias mediante un consorcio, una vez puesta en marcha, puede encontrarse con una multitud de circunstancias que demanden una mayor aportación de recursos, sea por cambio de calidad o regularidad de los servicios, sea por cualquier otro factor, correspondiendo, en todo caso, la decisión a las Administraciones consorciadas.

En definitiva se aprecia que para la constitución de consorcios el proyecto de ley sólo tiene en cuenta criterios economicistas sin permitir valorar otros criterios sobre la funcionalidad de los servicios que prestan.

ENMIENDA NÚM. 304

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero del proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Apartado diecinueve. Artículo 75 ter, apartado 1, letra n).

Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.




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e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.

f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete.

g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez.

h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once.

i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de quince.

j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.

k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte.

I) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós.

m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.

2. El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia.

3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva será el mismo que el de la Corporación del municipio más poblado de su isla.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime en la enmienda la limitación al número de electos locales que pueden prestar sus servicios en la Corporación en régimen de dedicación exclusiva en los municipios de Barcelona y Madrid [letra n) de la relación anterior], por considerar que dicha medida no resulta adecuada para la debida y eficaz satisfacción de las necesidades organizativas y funcionales del gobierno y administración de las dos metrópolis a las que se contrae (ambas, con más de un millón de habitantes, cifra a partir de la cual dejaría de regir la limitación establecida en el precepto), así como para el óptimo desempeño de las funciones de impulso, control y fiscalización de los órganos de gobierno.

ENMIENDA NÚM. 305

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.




Página 304


Se suprime el Artículo Primero. Veintiuno (artículo 85, apartado 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

La enmienda tiene por objeto que se mantenga la vigencia del actual artículo 85.2 de la LBRL, que regula los modos de prestación de servicios públicos locales (gestión directa e indirecta) por considerar que las preferencias legales establecidas en esta ley en detrimento de la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil carecen de fundamento.

Por otra parte, la referencia en el último párrafo del apartado B) al artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público supone, cuando menos, una confusión ya que en vez de referirse a la naturaleza de las posibles potestades administrativas afectadas lo hace al estatuto de las personas encargadas de ejecutarlas. Ignorancia hacia la naturaleza, alcance y trascendencia de las potestades administrativas y los límites de su ejercicio en la que abunda la inaceptable supresión que este mismo artículo establece del apartado 3 del mismo art. 85.

ENMIENDA NÚM. 306

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veintitrés (artículo 86 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

Debe suprimirse la propuesta de modificación de este artículo cuya única finalidad es reducir al mínimo la facultad de los municipios de ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas (artículo 128 de la CE). Se aprecia claramente el sesgo ideológico de esta reforma cuando se exige incluso un análisis relativo a los efectos de la actividad municipal sobre la «concurrencia empresarial», lo cual indica la naturaleza subsidiaria que para el Gobierno tiene la actividad económica pública respecto de la privada.

Además se incluye una última previsión para facilitar la posible reserva al ejercicio público local de determinadas actividades económicas que perfecciona el modelo de futura privatización, pues primero reserva al sector público, después proscribe la competencia y por último privatiza la gestión asegurando al concesionario la existencia de ganancia y convierte en presas de dicha empresa al ciudadano al haber eliminado la competencia y obligarle a soportar las futuras subidas de tasas y precios públicos.

ENMIENDA NÚM. 307

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.




Página 305


Se suprime el Artículo Primero. Veinticuatro (artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto Básico del Empleado Público derogó tanto el artículo 92 como el Capítulo III del Título VII («Selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y sistemas de provisión de plazas») de la Ley de Bases de Régimen Local, sustituyendo esta regulación por lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto («Funcionarios con habilitación de carácter estatal»).

Esta enmienda pretende mantener la regulación vigente, que es más respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas sobre estos funcionarios y con las facultades de los propios municipios (por ejemplo en su participación en la determinación de los méritos para la provisión de plazas).

ENMIENDA NÚM. 308

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veinticinco (artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 309

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Veintiséis (artículo 100.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión del artículo 92 y 92 bis.

ENMIENDA NÚM. 310

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.




Página 306


ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta (artículo 116 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

Este precepto pretende ampliar las medidas que se han de incluir necesariamente en el plan económico-financiero que los municipios que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria han de aprobar.

No bastan ya al legislador estatal las medidas que contempla el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; se ha de añadir más y además con carácter obligatorio todas ellas, no sólo las que fueran necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto.

Las medidas previstas (supresión de competencias «impropias», gestión de servicios integrada o coordinada por la Diputación, incremento de tributos, racionalización organizativa, supresión de entidades locales menores, propuesta de fusión de municipios) son mucho más contundentes que las de la Ley Orgánica 2/2012, y algunas de ellas tienen carácter estructural y permanente, no correspondiéndose en absoluto con la situación económica, de carácter coyuntural, que el plan pretende resolver.

El objetivo es claramente redefinir la planta local, y hacerlo de una manera indirecta, tratando vanamente de eludir el problema de invasión competencial en que claramente incurriría si lo hiciese de una forma directa.

ENMIENDA NÚM. 311

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y uno (artículo 116 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión del modelo de administración local que pretende este proyecto de ley, donde el sistema de atribución competencial se asienta, entre otros, en el concepto de «coste efectivo», coste efectivo cuyas reglas de cálculo se determinarán por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que el proyecto de ley ni siquiera establezca parámetros para ello.

ENMIENDA NÚM. 312

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.




Página 307


ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y cinco (disposición adicional novena de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

JUSTIFICACIÓN

Esta Disposición no contempla que la Entidad local haya aprobado un Plan Económico Financiero o un Plan de Ajuste para equilibrar sus cuentas, considerando que han sido aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, de aprobarse la presente Disposición en su actual redacción se establecerían para las Entidades Locales con Plan Económico-Financiero o un Plan de Ajuste en vigor, limitaciones para realizar aportaciones de capital a sociedades, fundaciones, consorcios, y se les impediría requilibrar las cuentas de las sociedades que realicen actividades económicas. Esta disposición podría afectar negativamente a proyectos ya en marcha en los que están implicados además de los Ayuntamientos, otras Administraciones y empresarios.

Tampoco tiene en cuenta esta Disposición que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto Ley por el que se aprueba el mecanismo de pago a proveedores y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya establecen exigentes medidas en el caso de que se produzcan incumplimientos, que hacen innecesaria esta Disposición Adicional.

Además, de no suprimirse el segundo párrafo del apartado 1, la prohibición de realizar ampliaciones de capital para sanear la sociedad podría estar lesionando los derechos de los acreedores y posibles accionistas no públicos de la sociedad mercantil, que cuando contrataron con la sociedad o aportaron capital no eran conscientes de ello.

En definitiva, en la disposición adicional hay una previsión de consecuencias no suficientemente valoradas. Se determina que todos aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones o unidades dependientes de las entidades locales que a la entrada en vigor de la Ley desarrollen actividades económicas y que se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán de 2 meses para aprobar un plan de corrección. Si esta corrección no se cumple a 31 de diciembre de 2014, la entidad local en los 6 meses siguientes desde la aprobación de los presupuestos de 2014 debe disolver a estas entidades. En todo caso quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.

Basta pensar en Empresas Municipales de Transporte, Sociedades de Aguas y de recogida de Basuras, Institutos deportivos y de Atención a la Infancia… en todos estos casos, una situación puntual de desequilibrio causada por una bajada de ingresos por tasas y una compensación con fondos públicos para atender a las situaciones socialmente urgentes, es motivo bastante para su disolución ope legis, sin excepciones ni matices.

ENMIENDA NÚM. 313

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Primero. Treinta y siete (nueva disposición adicional decimosexta de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).




Página 308


JUSTIFICACIÓN

Esta nueva disposición adicional decimosexta, de enunciado equívoco, altera profundamente el sistema institucional del gobierno local hasta el punto de hurtar del conocimiento del Pleno de la entidad local determinados asuntos en circunstancias concretas. Esta reforma institucional de enorme profundidad, que se pretenderá justificar en la necesidad de salvaguardar la sostenibilidad financiera de las entidades locales, rompe el esquema tradicional de reparto de funciones entre Pleno y Junta de Gobierno. Pero, sobre todo, la atribución universal de la aprobación de los Presupuestos prorrogados por la Junta de Gobierno de la entidad local tiene difícil encaje en esa pretendida causa justificante. De modo que si, finalmente, este artículo no queda redactado, al menos, en los términos restrictivos anunciados «in voce» por el diputado Martín-Toledano, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, del pasado 30 de octubre, se debería realizar una reflexión profunda sobre sus consecuencias. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son sin duda importantes, y debe hacerse todo lo posible porque no se vulneren los principios y reglas de ese marco normativo, pero no a costa del principio democrático y de las reglas básicas que conforman las señas de identidad de nuestro sistema institucional.

ENMIENDA NÚM. 314

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo Primero.

Propuesta de modificación del Artículo primero. Modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, número Doce:

El artículo 30 queda redactado como sigue:

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños, o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de territorio de montaña, actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

JUSTIFICACIÓN

1.ª El Artículo 130 de la CE establece que «130.2 … se dispensará un tratamiento especial a las Zonas de montaña».

En cumplimiento del mandato constitucional del art. 130.2 CE las Cortes Generales aprobaron la Ley 25/1982 de 30 de junio de agricultura de montaña (BOE 164, de 10 de Julio), cuyo proyecto de Ley fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 147-I Serie A de 30 de junio de 1980, aprobado definitivamente en junio de 1982, con amplísima mayoría, en cuya exposición de motivos del anteproyecto se contenía: «...La presente Ley pretende compensar a la población de montaña por las difíciles condiciones en que se desenvuelve su actividad agraria y a la vez trata de tomar medidas para la conservación del territorio de montaña y de sus recursos naturales. De esta forma se da cumplimiento parcial a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 130 de la Constitución».

La Ley aprobada apenas ha tenido desarrollo y efectividad desde el Estado en primer lugar por ser una norma última de aquella legislatura en vísperas de convocatoria de 2 elecciones generales y posterior




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cambio de mayorías parlamentarias en 1982, y en segundo lugar por las transferencias de competencias a las CCAA y sobre todo por la atribución competencial de la Unión europea en materia de agricultura en virtud del Tratado de la Unión para todos sus Estados Miembros y la aplicación de sus Directivas.— La norma se halla derogada «de facto».

2.ª La despoblación masiva de las Zonas de Montaña, cuyos territorios alcanzan casi un 40% de todo el nacional, con un nivel de desarrollo económico bajo en términos generales, con un turismo desigual que aunque siempre favorece la iniciativa privada, en el mejor de los casos impide a los Municipios de Montaña dedicar recursos por falta de ellos para el mantenimiento de vías públicas que el propio turismo se encarga de deteriorar, o la imposibilidad de promocionar actividades de otros sectores más que el primario, repartido con carácter desigual habida cuenta de que las ayudas nacionales y los fondos europeos se reparten siguiendo criterios de población y no la superficie del territorio, hace necesario que cuando menos en aplicación del principio de igualdad del artículo 14 de la CE tengan estos municipios un tratamiento al menos igual que los mineros, industriales y turísticos, a los que se reconoce especialmente en el artículo 130 que se pretende mejorar, y que participen de los tributos del Estado de forma especial como es el caso de los municipios turísticos, y a cuya categoría en su definición dada por el actual Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aunque tuvieran la consideración de turísticos de montaña, no pueden acceder, al no alcanzar el número de habitantes exigido para ello, 20.000.

3.ª El artículo 115 quáter de la Ley 51/2002 introdujo la definición de «Municipios turísticos», hoy artículo 115 del TR de la Ley de Haciendas locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo de 2004 y el artículo 125 de esta disposición provee de financiación local en cuanto a participación en los tributos del estado en relación al artículo 111 y 112 del mismo cuerpo legal.

Y la propia vigencia legal de la Ley de 30 de junio de 1982 hace que siga el mandato constitucional y legal de propiciar programas de ordenación y promoción de todos los recursos de montaña y no sólo en materia de agricultura.

4.ª Finalmente porque no todas las CCAA han llevado a cabo la aprobación de Leyes de Montaña como tales, precisando por ello de que el mandato del artículo 130 CE se plasme en la Ley de Bases de Régimen local a los efectos de su consideración como básica en todo el territorio nacional.

ENMIENDA NÚM. 315

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Uno (artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

JUSTIFICACIÓN

Se propone su supresión por el actual aumento de impagados derivado de la situación económica y la demasiado exigente escala establecida.

ENMIENDA NÚM. 316

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Dos.




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ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Dos (artículo 213 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

El precepto faculta, con la mayor amplitud y sin limitación, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a establecer las normas y criterios rectores de la función interventora en el ámbito local; supone una nueva medida que refuerza la tutela preventiva y genérica del Estado sobre los entes locales.

El control externo de los ayuntamientos corresponde al Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes autonómicos, no a la Intervención General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 317

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Tres (artículo 218 la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

JUSTIFICACIÓN

Este precepto cuya supresión se propone introduce unos requisitos y controles injustificados contraponiendo además a un órgano administrativo (intervención) con órganos representativos (el Alcalde y el Pleno).

Obvia además que ya la legislación vigente regula la resolución de discrepancias; el proyecto atribuye además la resolución de las mismas a otro órgano administrativo de una administración distinta, lo que puede vulnerar la autonomía local. También puede erosionar dicha autonomía el apartado 3 en cuanto obliga a la intervención a remitir la información al Tribunal de Cuentas eludiendo a los órganos representativos lo que distorsiona las normas de relación entre instituciones.

ENMIENDA NÚM. 318

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el Artículo Segundo. Cinco (disposición adicional decimoquinta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).




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JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de esta disposición ya que el incentivo previsto en caso de gestión integrada o coordinada de servicios municipales supone un decremento en la financiación del resto de entes locales.

ENMIENDA NÚM. 319

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

Aunque formalmente esta Disposición salvaguarda las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local, la extralimitación competencial en que incurren las disposiciones del proyecto de ley, de aplicación a las comunidades, obliga a proponer su supresión.

ENMIENDA NÚM. 320

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Régimen especial de Barcelona.

La aplicación de esta Ley en el municipio de Barcelona se hará sin perjuicio de la organización municipal, las competencias y el régimen financiero especial establecidos en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, que incluyen el ejercicio de la potestad de auto organización municipal en los ámbitos del estatuto de los miembros de la Corporación, del personal a su servicio, de la configuración de la plantilla orgánica y del sistema de gestión de los servicios públicos, con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.»

JUSTIFICACIÓN

Tal como reza la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona LREB, la relevancia de Barcelona en los ámbitos económico, social y cultural, así como su proyección europea e internacional, motiva la existencia de unas necesidades organizativas y competenciales que difieren, en algunos aspectos, de las existentes en otros




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municipios españoles. Si una de las críticas más reiteradas por la doctrina en relación con la regulación de las entidades locales, ha sido la relativa al uniformismo en su tratamiento, en metrópolis como Barcelona es donde resulta más acusada la necesidad de articular alguna medida que permita a los responsables municipales atender de manera efectiva las demandas ciudadanas. A la voluntad de dar respuesta a esta necesidad obedece la presente Ley, que constituye, junto a la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, la regulación del régimen especial aplicable a esta ciudad.

Se estima necesaria la inclusión de esta cláusula de salvaguardia o aseguramiento del régimen especial —como, de otra parte, no resulta ajena a la tradición seguida en la legislación de régimen local—, a partir de la inequívoca integración de dicho régimen dentro del sistema de gobierno local definido en nuestro ordenamiento jurídico, que lo reconoce y garantiza, atribuyendo asimismo a un significativo número de sus preceptos el carácter de básicos —vid Disposición final tercera, núm. 1 LREB—. Esa integración trae causa del reconocimiento legal del principio de diferenciación como superación del uniformismo imperante a lo largo de la historia, cuya consecución forma también parte, de manera destacada, del patrimonio del municipalismo más activo de las últimas décadas.

Las disposiciones relativas al régimen especial de Madrid deberán, en su caso, contenerse en otra disposición adicional.

ENMIENDA NÚM. 321

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional sexta.

JUSTIFICACIÓN

Aunque aparentemente esta colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado se instrumenta a través de un convenio, de donde podría deducirse que se trata de una opción adoptada por el ente local con absoluta libertad, de hecho supone la instauración de un nuevo mecanismo de tutela sobre los entes locales, a los que en la práctica se podrá imponer la celebración de dicho convenio.

ENMIENDA NÚM. 322

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional séptima.




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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales, especialmente con las enmiendas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley Reguladora del Régimen Local y a las Disposiciones transitorias primera y segunda.

ENMIENDA NÚM. 323

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional novena.

JUSTIFICACIÓN

La Ley deja sin efecto, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley, todos los convenios de cooperación suscritos con anterioridad a la Ley que lleven aparejados la financiación de competencias impropias y no se adapten a la ley.

Ello pone a las Entidades Locales en difícil situación, ya que tendrán que hacerse cargo del personal que hubiesen incorporado a sus plantillas (funcionario o laboral) para la realización de las actividades y la prestación de los servicios derivados de las competencias asumidas mediante el convenio y, sin embargo, perderán la financiación para afrontar su coste.

ENMIENDA NÚM. 324

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional décima.

JUSTIFICACIÓN

La Disposición parte de la concepción de que el objeto del convenio sólo va a beneficiar al Ayuntamiento cuando no siempre es así como es claro en los convenios relativos al catastro.

Las Entidades Locales vienen firmando convenios de colaboración con distintos Ministerios con relación a aquellos impuestos denominados de gestión compartida. Los actualmente existentes en materia de haciendas locales son los firmados con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Dirección General del Tráfico, con el Consejo General del Notariado, con los Registradores de la Propiedad, así como los convenios con la Dirección General del Catastro.

Precisamente esta disposición adicional viene a alterar el actual marco de funcionamiento de los convenios de colaboración por lo que se refiere a la Dirección General del Catastro creándose una




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situación ad hoc cuando en apariencia se expresa con un carácter generalista que no es tal. Los únicos convenios que se verían afectados por tal redacción serían, a excepción del convenio de recaudación en vía ejecutiva de la AEAT, los relativos a la Dirección General del Catastro y ello comportaría lo que tantas veces se ha denunciado por los Gobiernos locales al referirse a las competencias impropias o mejor dicho, gastos de suplencia, esto es, la financiación por parte de las Entidades Locales en su integridad de las competencias que pertenecen a otra Administración Pública; en este caso a la Administración General del Estado.

Aceptar esa redacción supondría que las Entidades Locales pasarían a financiar la competencia catastral de la Dirección General del Catastro pero sometido a todas aquellas disposiciones normativas, que el legislador tuviera a bien aprobar y cuyo coste de ejecución se trasladaría a las Entidades Locales.

ENMIENDA NÚM. 325

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional undécima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional undécima.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales, especialmente con las enmiendas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley Reguladora del Régimen Local y a las Disposiciones transitorias primera y segunda.

ENMIENDA NÚM. 326

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimocuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional decimocuarta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda a la Disposición final segunda.




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ENMIENDA NÚM. 327

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional decimoquinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas sobre el marco competencial de las entidades locales. Esta disposición es un ejemplo claro de que esta ley ni clarifica competencias ni atribuye a la instancia administrativa más idónea los diferentes servicios. Difiere a un futuro incierto las «soluciones» competenciales. Muestra en definitiva la arbitrariedad con que el proyecto de ley ha configurado el marco competencial de los municipios.

ENMIENDA NÚM. 328

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición adicional.

Especialidades de los Consejo Insulares.

En el supuesto de los Consejo Insular Balear y en atención a su naturaleza de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, su organización y funcionamiento se regularán de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por las Leyes que apruebe el Parlamento de las Illes Balears en su desarrollo y por las normas que aprueben los propios Consejos Insulares, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local.

JUSTIFICACIÓN

Para ajustar la norma a la especificidad de los Consells Insulars de Baleares y no crear conflicto futuro en defensa de la autonomía local del Consell Insular de Formentera.

En consecuencia, es preciso preservar y potenciar la naturaleza autonómica del Consell Insular (sin perjuicio del hecho de que en su seno se integre el Ayuntamiento de Formentera).

En este caso, por falta de regulación en un supuesto y por regulación incorrecta (por defecto y por exceso, con flagrante discriminación), existe en verdad una contra-norma «legal» que no regula —omite— una singularidad exigida por una Ley Orgánica del Estado, el propio Estatuto.




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ENMIENDA NÚM. 329

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional nueva.

Régimen especial de Formentera.

En el supuesto del Consejo Insular de Formentera, en atención a su naturaleza de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears así como en atención a su singularidad geográfica y jurídico-administrativa de municipio-isla/isla-municipio, las referencias que esta Ley hace a los tramos de población se entenderán efectuadas al tramo o a los tramos inmediatamente superiores a los que estrictamente le corresponderían. Y en lo que se refiere a la cuestión de la Corporación del municipio más poblado de la isla, la remisión que hace esta Ley se entenderá efectuada, a todos los efectos, a la Corporación del municipio más poblado de la Provincia; esto es, la ciudad de Palma, capital de las Illes Balears.

JUSTIFICACIÓN

Para ajustar la normativa al caso singular del Consell Insular de Formentera.

ENMIENDA NÚM. 330

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria primera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas relativas al marco competencial de las entidades locales, en especial a la de supresión del artículo 25 de la ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 331

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.




Página 317


ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria segunda.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas relativas al marco competencial de las entidades locales, en especial a la de supresión del artículo 25 de la ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 332

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores a los artículos 3.2, 24 bis y 45 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aunque según el apartado 1 de esta Disposición Transitoria parece que los actuales entidades locales menores mantendrán su personalidad jurídica, lo previsto en los apartados 2 y 3 desvirtúa dicha apariencia, abocando a aquellas a su desaparición. Por otra parte, a pesar de la modificación introducida en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, el plazo otorgado para la presentación de cuentas sigue siendo muy breve.

ENMIENDA NÚM. 333

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria quinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior y las enmiendas a los artículos 2.3, 24 bis y 45.




Página 318


ENMIENDA NÚM. 334

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria sexta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 335

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria séptima.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 92 y 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 336

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria octava.

JUSTIFICACIÓN

Esta disposición transitoria octava establece una diferenciación entre municipios que es discriminatoria al carecer de una justificación objetiva y razonable.




Página 319


ENMIENDA NÚM. 337

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria novena.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 32 bis de la ley de Bases de Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 338

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición derogatoria única.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el resto de enmiendas, en especial con las enmiendas a los artículos 92 y 92 bis de la Ley de las Bases de Régimen Local, cuya supresión proponemos con el fin de que se mantenga vigente la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el régimen jurídico de los habilitados de carácter estatal.

ENMIENDA NÚM. 339

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición final segunda.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas de supresión de otros artículos de este proyecto de ley, en especial de las modificaciones de los artículos 57 y disposición adicional novena de la ley de Bases de Régimen




Página 320


Local, artículos que pretenden modificar el régimen de los consorcios, incluyendo los requisitos para su constitución y la continuidad de su funcionamiento, teniendo en cuenta únicamente criterios economicistas y sin permitir valorar otro tipo de criterios.

ENMIENDA NÚM. 340

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición final tercera.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 86 de la ley de Bases de Régimen Local.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 58 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 342

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, diferenciación, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.»




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JUSTIFICACIÓN

De conformidad y al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), y en el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (EAC), el municipio de Barcelona goza del régimen especial integrado por las disposiciones contenidas en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona (LREB), y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (CMB). El municipio dispone asimismo del régimen financiero especial regulado en la propia LREB, en aplicación de lo establecido en el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La consecuencia que se sigue del reconocimiento y garantía del estatuto propio de la ciudad no es otra que la aplicación directa y preferente de las normas especiales, con desplazamiento de cualquier otra norma relativa al ámbito material cubierto por aquellas, aplicándose supletoriamente las normas generales en caso de silencio o insuficiencia de las primeras. En definitiva, se trata de preservar las especialidades reconocidas y garantizadas —a través del cuerpo normativo que se ha señalado—, tanto por el legislador básico estatal como por el legislador catalán de desarrollo, para la efectividad de la garantía institucional de la autonomía local, en el caso de Barcelona, al servicio de una gestión administrativa eficaz y eficiente, sostenible desde el punto de vista financiero, próxima a las ciudadanas y a los ciudadanos y adecuada para la satisfacción de las necesidades específicas de una gran ciudad como la capital de Cataluña.

En virtud del principio de diferenciación —que se halla en la base misma del reconocimiento y garantía legal del régimen especial de Barcelona—, las leyes que afectan al régimen jurídico, orgánico, funcional, competencial y financiero de los municipios deben tener en cuenta necesariamente las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión que tienen.

ENMIENDA NÚM. 343

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales:

a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley.

b) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

c) Las Áreas Metropolitanas.

d) Las Mancomunidades de Municipios.




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JUSTIFICACIÓN

Recuperar el redactado de la ley vigente en relación a la definición de condición de entidad local, a los efectos de seguir reconociendo como entidades locales a aquellas que tienen un ámbito territorial inferior al del municipio.

ENMIENDA NÚM. 344

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Tres. El apartado 4 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y/o de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto al marco competencial.

ENMIENDA NÚM. 345

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresion

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Cinco. Artículo 13.4:

f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional.




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JUSTIFICACIÓN

Los efectos de la fusión de municipios sobre las obligaciones pendientes para con los acreedores del municipio fusionado (artículo 1.4, apartado f, de modificación del artículo 13 LBRL) constituyen una inaceptable vulneración de los preceptos del Libro IV del Código Civil, en materia de obligaciones y contratos —en particular, artículos 1911, 1921, 1922 y concordantes— por cuanto un procedimiento administrativo como el que es objeto de regulación no puede suspender los efectos de obligaciones civiles (ni administrativas) preexistentes, ni frustrar derechos o expectativas de derechos de terceros contraídas válidamente y en tiempo anterior al del expediente de fusión o alterar, por esa misma causa, el orden de prelación de créditos establecido en las citadas normas.

La desacertada regulación de determinados efectos de la fusión, en especial aquellos que suponen un quebranto a derechos económicos de terceros puede dar lugar a expedientes de fusión fraudulentos en supuestos de elevado endeudamiento con proveedores, lo que sin duda es contrario a los principios que ordenan la reforma.

ENMIENDA NÚM. 346

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Seis. Artículo 16.2:

«Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.»

JUSTIFICACIÓN

A día de hoy el visado no es un requisito exigible para empadronarse y por tanto (exista o no un acuerdo en materia de pequeño tráfico transfronterizo) si una persona extracomunitaria quiere empadronarse en un municipio limítrofe habrá de cumplir los requisitos para empadronarse pero no aportar algo que no le pueden exigir.

ENMIENDA NÚM. 347

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.




Página 324


ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Siete. Artículo 24 bis.

«1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.»

JUSTIFICACIÓN

La Constitución y las leyes orgánicas que regulan los Estatutos de Autonomía establecen de forma clara la autonomía de los municipios y de cualquier ente inferior, en consecuencia para poder actuar en el ámbito administrativo gozan de forma inherente de la personalidad jurídica para poder llevar a cabo sus actuaciones.

ENMIENDA NÚM. 348

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo o de conformidad con la regulación de régimen local establecida en la correspondiente Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto de las competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 349

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico propio. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.»

JUSTIFICACIÓN

El patrimonio municipal de propiedad será el patrimonio histórico que sea objeto de gestión.

ENMIENDA NÚM. 350

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado evacuación y tratamiento de aguas residuales.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación persigue hacer coincidir la materia sobre la qué los municipios ejercen competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, con los servicios mínimos que efectivamente tienen que efectivamente tiene que prestar de conformidad con el art. 26.1.a) LRBRL.

Teniendo en cuenta que el saneamiento es una actividad que se integra por dos fases el alcantarillado, entendido como la recogida de las aguas residuales generadas en el municipio, hasta los colectores y la posterior conducción de las aguas residuales hasta la depuradora y su ulterior vertido (saneamiento en alta), se persigue centrar la actuación municipal en lo que la Ley configura como un servicio mínimo a prestar de manera obligatoria, mientras que el saneamiento en alta queda su regulación en manos del Estado y de las CCAA según la distribución de competencias.

Además hay que tener en cuenta que el término evacuación es un concepto indeterminado pues aunque debería ser entendido como sinónimo de alcantarillado (evacuar es conducir de manera ordenada a personas o aguas residuales, cosa que se consigue con las instalaciones del alcantarillado) lo cierto es que también se podría entender por evacuación la acción propia de verter que es inescindible del tratamiento de las aguas, por cuyo motivo se propone la eliminación del término «evacuación» y su sustitución por «alcantarillado».

La propuesta es además coherente con la modificación emprendida que persigue una clara delimitación de competencias ente las administraciones.




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Teniendo en cuenta la interrelación de la actividad de tratamiento de aguas residuales con otros ámbitos materiales (hidráulico, sanitario, ambiental), la modificación ha de permitir al legislador sectorial atribuir o ejercer estas competencias de la forma más idónea y coherente con los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y de eficiencia en la gestión y de cooperación interadministrativa.

ENMIENDA NÚM. 351

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«e) Prestación de servicios sociales de atención primaria, de promoción y prevención de personas en situación de riesgo o en situación de exclusión social.»

JUSTIFICACIÓN

Se plantea que se permita realizar una organización técnica y competencial que tenga como centro a las personas, con dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual con la posibilidad de agruparse varios municipios pequeños para ofrecer esos servicios a la comunidad.

ENMIENDA NÚM. 352

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«f) Policía local, protección civil y prevención extinción de incendios.»

JUSTIFICACIÓN

La competencia de extinción de incendios es de ámbito autonómico.




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ENMIENDA NÚM. 353

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

«4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación o el incremento de los recursos financieros necesarios para asegurar la suficiencia financiera efectiva de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

La correcta atribución de competencias debe ir acompañada, en su caso, del consiguiente incremento de recursos financieros.

ENMIENDA NÚM. 354

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Ocho. Artículo 25.

Apartado 4, segundo párrafo:

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. En un plazo de 6 meses el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará una evaluación sobre las competencias del Estado atribuidas por delegación que no estén incluidas en la presente ley incorporando la correspondiente previsión financiera.

Cualquier proyecto de ley que modifique las competencias municipales propias en relación a las materias anunciadas en la presente norma se acompañará de una memoria que refleje el impacto y de la correspondiente dotación presupuestaria.




Página 328


JUSTIFICACIÓN

Se establece la obligación para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realice una evaluación sobre las competencias que se puedan atribuir por delegación que no estén incluidas en la presente ley.

ENMIENDA NÚM. 355

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Nueve. Artículo 26.

«1. Los Municipios, por si mismo o asociados, deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:»

JUSTIFICACIÓN

No se deben establecer limitaciones al ejercicio de las competencias en el caso de existan asociaciones o fusiones de municipios.

ENMIENDA NÚM. 356

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Nueve. Artículo 26.

«c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios y instalaciones deportivas de uso público.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto a las competencias autonómicas.




Página 329


ENMIENDA NÚM. 357

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Nueve. Artículo 26.2.

«b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado evacuación y tratamiento de aguas residuales.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la enmienda planteada para la modificación de la letra c), del apartado 2, del artículo 25, del punto Ocho, del Artículo Primero

ENMIENDA NÚM. 358

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el apartado 2, del artículo 26, del punto Nueve, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 26 elimina por completo el principio de autonomía local, puesto que vacía a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la capacidad de decisión del consistorio, democráticamente elegido, para pasar la gestión de las competencias municipales a las diputaciones, lo cual contraviene el artículo 140 de la Constitución, el cual mandata que el gobierno y administración de los municipios «corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales».

A la objeción al propio modelo, cabe añadir la profunda inseguridad jurídica resultante de un sistema en que toda decisión se deja al arbitrio de las diputaciones y se restringe la capacidad de los ayuntamientos para la defensa de la prestación de sus servicios, a la demostración en términos comparativos de una mejora de costes, que en ningún caso se dice si deben ser considerados de forma conjunta o individualizada, en relación al catálogo que contiene el propio precepto.

Finalmente, el hecho que la asunción de la prestación de servicios municipales y la plena capacidad de decisión sobre los mismos recaiga en una administración no sujeta, en cuanto a su composición, a mecanismos de elección directa y al margen de la organización territorial que establece el EAC, hace que el modelo de la reforma, en su conjunto, merezca su reprobación.




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ENMIENDA NÚM. 359

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

El apartado 3 del artículo 27 puede crear confusión ya que en el listado de competencias, por un lado, aparecen materias coincidentes o en las que pueden subsumirse muchas de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25 sobre las que los municipios ejercerán competencias propias y, por otro, no aparecen otras que según el propio Proyecto se pueden delegar en los municipios. Además, se trata de un listado que puede generar problemas interpretativos sobre si se trata de un listado meramente indicativo (la expresión «entre otras» así lo corrobora) o si, por el contrario, es limitativo. En definitiva, estimamos que la LBRL no es el instrumento adecuado para establecer las competencias que pueden delegarse en los municipios, ya que esa decisión corresponderá en cada caso a la Administración que ostente la titularidad de la competencia, que es la única que puede disponer de ella.

Por otra parte, la mayoría de estas competencias delegables previstas en el apartado 3 de este artículo corresponden a las CCAA por lo que este redactado supone una clara invasión competencial.

ENMIENDA NÚM. 360

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Diez. Artículo 27.

«9. En los casos de revocación o renuncia, el personal del Ayuntamiento que viniese prestando servicios respecto de las competencias objeto de la revocación o renuncia, pasará a depender de la Administración Pública a la que correspondan las mismas.»

JUSTIFICACIÓN

Se requiere prever el traspaso de las personas vinculadas a la prestación de un determinado servicio, en el caso de revocación o renuncia de la competencia delegada de la administración delegada a la delegante.




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ENMIENDA NÚM. 361

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Primero:

Once. Artículo 28.

«Artículo 28:

Los municipios pueden reclamar y obtener por sí solos, la realización de actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente, siempre y cuando se cumplan los principios de estabilidad presupuestaria.»

JUSTIFICACIÓN

La restricción de las actividades que pueden realizar los ayuntamientos puede ser entendida como una vulneración del principio de subsidiariedad previsto en el artículo 4.3 de la carta europea de autonomía local. Igualmente el artículo 86.3 del Estatuto de Autonomía garantiza al municipio su autonomía para el ejercicio de sus competencias.

ENMIENDA NÚM. 362

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

El nombramiento del personal directivo responde a principios de autonomía de los entes locales establecidos en base a los principios constitucionales y estatutarios fijados para esta materia.

El Estatuto de Autonomía de Catalunya regula que, en materia de función pública y respetando el principio de autonomía local, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y sobre la ordenación y organización de la función pública, salvando lo que dispone la letra b) —competencia compartida en cuanto al desarrollo de los principios ordenadores de la ocupación pública, adquisición y pérdida de la condición de funcionario, situaciones administrativas, derechos, deberes e incompatibilidades.

ENMIENDA NÚM. 363

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.




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ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el punto Trece, que corresponde al artículo 36, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

La acción de coordinación de los servicios municipales que se otorga a las Diputaciones, unida a su capacidad para determinar si los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, y a la capacidad que se otorga al Estado de sujetar sus subvenciones —las cuales son básicas para los municipios— a criterios y condiciones en su utilización, puede conllevar la pérdida de la autonomía local de los municipios a favor de las Diputaciones, vulnerando así el artículo 140 de la Constitución, el cual mandata que el gobierno y administración de los municipios corresponde a los Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales.

Desde la perspectiva de Catalunya, esta es una competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 364

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Catorce.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Respeto de los principios de autonomía local y las competencias de las comunidades autónomas en materia de régimen local.

ENMIENDA NÚM. 365

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 57bis, del punto Diecisiete, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Mediante el nuevo artículo se establece que el Estado pueda realizar retenciones a las Comunidades Autónomas para efectuar los pagos de deudas pendientes de los organismos locales. Se suprime para preservar la autonomía de las relaciones entre las competencias estatales y autonómicas.




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ENMIENDA NÚM. 366

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el apartado 4, del artículo 75bis, del punto Dieciocho, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto prevé la posibilidad de que las leyes anuales de presupuestos generales del Estado puedan establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales.

Esta previsión es innecesaria, dadas las actuales limitaciones sobre las retribuciones y efectivos de personal públicos. Igualmente, parece que establecer esta previsión exclusivamente para los empleados locales supone una clara discriminación hacia el resto de empleados públicos y contraria al principio de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 367

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Dieciocho. Artículo 75bis.

1. (tercer párrafo).

«En el caso de que el presupuesto por habitante de un municipio supere en más de un 25% la media de los de su misma dimensión el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales será el de un grado superior al que les correspondería por su número de habitantes.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta que contiene el texto se limita a establecer unos baremos en función del número de habitantes del municipio, fijando una tabla de equivalencias con los altos cargos del Estado, todo, condicionado a la concreción cuantitativa que para cada ejercicio establezcan las leyes de presupuestos del Estado y fijando como criterio general que los electos de los municipios de menos de 1000 habitantes no tendrán retribución.

Existen un elevado número de municipios que en época estival aumentan su población en porcentajes que oscilan entre el 20% al 150% de su población empadronada. Son 5 meses de temporada turística que requieren una gran carga de trabajo para los miembros de las mencionadas Corporaciones locales que de




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forma injusta, al basarse en el número de habitantes empadronados, percibirán unos emolumentos que no se corresponden con las horas de dedicación, la carga de trabajo y la población «real» a la que deben prestar un servicio, por ello entendemos que debe existir una excepción para este tipo de municipios elevada población flotante.

En el proyecto de Ley, los habitantes de un municipio se utilizan para delimitar competencias, para determinar el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales, para fijar dedicaciones exclusivas de estos miembros o para, por ejemplo, definir el número máximo de personal eventual.

Escoger la población como referente de las competencias y de la financiación local puede constituir un buen mínimo común denominador, aunque hay determinados municipios, como los turísticos, donde este referente puede conducir a resultados sesgados al no tener en cuenta que disponen de un volumen de población estacional que no está censada. El cálculo de los habitantes equivalentes no debería comportar problemas especiales ya que la población estacional se puede estimar con diferentes indicadores.

ENMIENDA NÚM. 368

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 75 ter, del punto Diecinueve, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Respeto al régimen competencial.

ENMIENDA NÚM. 369

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir la letra n), del artículo 75 ter, del punto Diecinueve, del Artículo Primero del referido texto.

Artículo Primero:

Diecinueve. Artículo 75ter.

«n) En los Ayuntamientos de Municipios de Madrid y Barcelona, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán, respectivamente, de cuarenta y cinco y de treinta y dos.»




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JUSTIFICACIÓN

Se suprime en la enmienda la limitación al número de electos locales que pueden prestar sus servicios en la Corporación en régimen de dedicación exclusiva en los municipios de Barcelona y Madrid [letra n)], por considerar que dicha medida no resulta adecuada para la debida y eficaz satisfacción de las necesidades organizativas y funcionales del gobierno y administración de las dos metrópolis a las que se contrae (ambas, con más de un millón de habitantes, cifra a partir de la cual dejaría de regir la limitación establecida en el precepto), así como para el óptimo desempeño de las funciones de impulso, control y fiscalización de los órganos de gobierno.

ENMIENDA NÚM. 370

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 85, del punto Veintiuno, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Encomendar al Interventor Municipal la elaboración de informes no sólo de fiscalización, sino también de eficiencia para la gestión de los servicios públicos, es darle unas atribuciones que son propias de los órganos de Gobierno de las Entidades Locales.

Desde la perspectiva de Catalunya, el artículo 136 a) del Estatuto establece que, en materia de función pública y respetando el principio de autonomía local, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y sobre la ordenación y organización de la función pública, salvando lo que dispone la letra b) —competencia compartida en cuanto al desarrollo de los principios ordenadores de la ocupación pública, adquisición y pérdida de la condición de funcionario, situaciones administrativas, derechos, deberes e incompatibilidades—.

ENMIENDA NÚM. 371

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el párrafo 2, de la letra B), del apartado 2, del artículo 85, del punto Veintiuno, del Artículo Primero del referido texto.




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JUSTIFICACIÓN

La propuesta de supresión del último párrafo del apartado B) del número 2 de este artículo, obedece a su redundancia con lo ya establecido en el apartado 3 del propio artículo 85, que no se modifica en esta ley.

ENMIENDA NÚM. 372

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Veintitrés. Artículo 86.

«2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y potabilización depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán reservar, mediante Ley, otras actividades y servicios al sector público.»

JUSTIFICACIÓN

La eliminación del término depuración y su sustitución por potabilización obedece a tres motivos:

1. La eliminación de la reserva legal de la actividad de depuración para las entidades locales resulta coherente con la eliminación en el mismo proyecto de ley de otras actividades o servicios (suministro de calefacción, mataderos, mercados y lonjas centrales), que ha merecido el aval de la propia Comisión Nacional de la Competencia, sin perjuicio de que ésta y otras actividades puedan ser objeto de reserva al sector público a través de la legislación sectorial correspondiente.

2. En la línea de las enmiendas anteriores, la nueva redacción del precepto permite la flexibilización de iniciativa pública en la actividad económica, el fortalecimiento de la dimensión supramunicipal en este ámbito y, a la vez, la adecuación del régimen jurídico local a los nuevos modelos de gestión de los servicios.

3. La redacción vigente del precepto es el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, es decir el antecedente inmediato de la depuración de aguas es el abastecimiento domiciliario. Como el abastecimiento domiciliario tiene que ser de agua potable (que es un servicio mínimo de prestación obligatoria) la depuración debe referirse a la actividad de potabilización, de ahí la enmienda propuesta.

ENMIENDA NÚM. 373

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.




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ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 92, del punto Veinticuatro, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Los funcionarios al servicio de las Administración Local deberán regirse por lo previsto en la presente Ley y por lo determinado en las leyes autonómicas en base al principio de autonomía de los entes locales previsto constitucionalmente y no por lo determinado por las previsiones de la legislación estatal del empleado público. En el caso de Catalunya, el redactado vulnera el régimen de competencias establecido por el artículo 136 a) del Estatuto, según el cual, en materia de función pública, y respetando el principio de autonomía local, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y sobre la ordenación y organización de la función pública, salvando lo que dispone la letra b) —competencia compartida en cuanto al desarrollo de los principios ordenadores de la ocupación pública, adquisición y pérdida de la condición de funcionario, situaciones administrativas, derechos, deberes e incompatibilidades

ENMIENDA NÚM. 374

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Primero:

Veinticinco. Artículo 92 bis.

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la gestión tributaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente.

Las funciones públicas mencionadas en las letras a) y b) de este apartado serán desempeñadas en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio en los términos que señale la legislación autonómica.

JUSTIFICACIÓN

La gestión tributaria se constituye como el principal exponente de autonomía política de las instituciones en los distintos niveles de Administración, estatal, autonómica y local.

La modificación del artículo 92 de la Ley 7/1985, atribuye con carácter exclusivo las funciones de gestión tributaria municipal a funcionarios con habilitación nacional, lo que supone una intromisión sin precedentes en la autonomía política municipal.




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El artículo 135 de la LRBRL atribuye a los Órganos de Gestión Tributaria las competencias tributarias propias de la Administración Tributaria Local.

En concreto, establece que corresponden al Órgano de Gestión Tributaria «al menos», las funciones de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales, recaudación en período ejecutivo de ingresos de derecho público, tramitación de expedientes sancionadores tributarios, análisis y diseño de la política global de ingresos, propuesta, elaboración e interpretación de normas tributarias propias y el seguimiento y ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos tributarios municipales.

Tal y como se establece en el apartado 1 del mismo artículo 135, la atribución de estas competencias a Órganos de Gestión Tributaria tiene por objeto la «consecución de una gestión tributaria integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión».

El estrecho vínculo existente entre la funciones de tesorería y recaudación ha determinado que con carácter general, la función recaudatoria se atribuya a los tesoreros municipales y, en consecuencia, la reserva de ambas funciones a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

No obstante, en los municipios de gran población, la función de recaudación se ha incluido entre las funciones atribuidas como propias de los órganos de gestión tributaria. Todo ello sin perjuicio de que la función recaudatoria se mantiene como función reservada a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 92 bis, del proyecto de Ley, incorpora una importante novedad entre las funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: «la gestión tributaria».

No obstante lo anterior, a diferencia de lo que se establece respecto a los titulares de los órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria y del órgano de control y fiscalización interna que, de conformidad con el artículo 134.2 y 136.3 de la LRBRL, deberá ser funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, la regulación del órgano de gestión tributaria prevista en el artículo 135, no establece restricción alguna respecto a su forma de provisión, por lo que se estará a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Corporación, en el caso de ciudades de gran población o a lo que se determine por la corporación local en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Los resultados derivados de esta estructura organizativa, han sido absolutamente positivos. Los órganos de gestión tributaria municipales han alcanzado un elevado nivel de especialización técnica que ha garantizado, incluso en períodos de crisis económica como el actual, unos altos niveles de gestión y recaudación tributaria municipal, al tiempo que un importante ahorro de costes y economías de escala asociada a los mismos.

Desarrollado y afianzado este modelo organizativo y habiendo obtenido altos niveles de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, no resulta adecuado introducir distorsiones organizativas derivadas de una atribución competencial exclusiva de las funciones de gestión tributaria a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

La restricción a los cuerpos de habilitados nacionales en la provisión de puestos de trabajo con funciones de gestión tributaria iría en contra de los objetivos propios de la reforma ya que, lejos de conseguir la racionalización y sostenibilidad del sector público local, supondría «de facto» la duplicidad de estructuras organizativas en todos aquellos entes locales que tienen correctamente dimensionados sus órganos de gestión tributaria. Tanto en el caso de que hayan desarrollado órganos de gestión tributaria propios, como en el supuesto en que hayan optado por formas de colaboración, en favor de estructuras organizativas de Diputaciones o Comunidades Autónomas uniprovinciales, desarrolladas al efecto.

Por otra parte, el objetivo de conseguir mejoras en la transparencia de la información económico-financiera de los municipios, se encuentra plenamente garantizado con la regulación de las funciones de control y fiscalización interna y la gestión económico-financiera y presupuestaria.

La atribución de funciones de gestión tributaria con carácter exclusivo a los cuerpos de habilitados nacionales, conllevaría una reorganización administrativa innecesaria, ineficaz y más costosa que podría poner en peligro el alto grado alcanzado de especialización en la gestión tributaria local que ha reportado a los ayuntamientos un elevado nivel de ingresos tributarios y una gran eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.




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ENMIENDA NÚM. 375

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 92bis, del punto Veinticinco, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

La redacción del artículo propuesta por el Proyecto de Ley comporta una invasión competencial en relación a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya (artículo 136.a), así como un retroceso en relación a lo dispuesto en la Ley Estatal 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula con carácter básico determinados aspectos del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal y atribuye a las comunidades autónomas competencias en aspectos como la oferta de ocupación pública, el régimen de selección y provisión de puestos de trabajo, la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo y el régimen disciplinario.

Es por ello que disponer que en el concurso ordinario la puntuación de los méritos generales alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al baremo correspondiente, dejando una puntuación del 15% del total posible a los méritos correspondientes en las especialidades de la comunidad autónoma, y una puntuación del 5% a las especialidades de la corporación local, pugna en primer lugar con las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y no se justifica que se incremente la puntuación a costa de las corporaciones locales cuando los puestos de trabajo a desempeñar, están precisamente en éstas.

Para los municipios de gran población, capitales de provincia y diputaciones provinciales, se permite la libre designación, que aunque se diga que será con carácter excepcional, en la práctica, y solo hace falta examinar las convocatorias en el Boletín oficial del Estado, la libre designación se utiliza en el 99% de las convocatorias, para el resto de las corporaciones locales se propone someterlas a una regulación que deja en manos del Estado la determinación de los méritos a valorar. Este artículo establece que, a diferencia del resto de funcionarios, los Interventores solo podrán ser nombrados y cesados en los Municipios de gran población con autorización de del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales.

ENMIENDA NÚM. 376

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 104bis, del punto Veintiocho, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Regulación homogénea que limita la posibilidad de nombrar personal eventual que no tiene en cuenta la heterogeneidad del mundo local, y por tanto la existencia de necesidades diversas no necesariamente




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ligadas al número de habitantes, asimismo se establecen restricciones injustificadas a la autonomía local y a la capacidad de autoorganización de los entes locales.

Asimismo por otro lado se establecen incongruencias con los nuevos baremos que podrían determinar un aumento del número de personas de personal eventual contratado en la actualidad suponiendo un aumento innecesario del gasto por este concepto.

ENMIENDA NÚM. 377

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 116bis, del punto Treinta, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este artículo que de nuevo, lejos de simplificar el funcionamiento de las administraciones locales, endurece las condiciones de cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera t aumenta la burocratización de la gestión local.

ENMIENDA NÚM. 378

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Primero:

Treinta y Cinco. Disposición Adicional Novena.

«1. Las entidades locales del artículo 3.1, de esta Ley, acogidas al plan de pago de proveedores, y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.»




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JUSTIFICACIÓN

Esta Disposición no contempla que la Entidad local haya aprobado un Plan Económico Financiero o un Plan de Ajuste para equilibrar sus cuentas, considerando que han sido aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tampoco tiene en cuenta esta Disposición que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto Ley por el que se aprueba el mecanismo de pago a proveedores y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, ya establecen exigentes medidas en el caso de que se produzcan incumplimientos, que hacen innecesaria esta Disposición Adicional.

La prohibición de realizar ampliaciones de capital para sanear la sociedad podría estar lesionando los derechos de los acreedores y posibles accionistas no públicos de la sociedad mercantil, que cuando contrataron con la sociedad o aportaron capital no eran conscientes de ello.

ENMIENDA NÚM. 379

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el apartado 4 de la Disposición Adicional novena, del punto Treinta y Cinco, del Artículo Primero del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Suprimir una medida que mandata la inmediata disolución de organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes por el hecho de poder estar lesionando los derechos de acreedores y de posibles accionistas no públicos, en el caso de sociedades mercantiles que, cuando contrataron con la sociedad o aportaron capital no eran conscientes de ello.

ENMIENDA NÚM. 380

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo Segundo.

Artículo 193 bis:

«Las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de los capítulos 1 a 3 de la clasificación económica de ingresos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:»




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JUSTIFICACIÓN

Se considera que los límites mínimos de difícil o imposible recaudación hacen referencia a los ingresos de carácter tributario contenidos en los capítulos 1 a 3 de la clasificación económica de ingresos. Con este texto se aclara que el concepto de recaudación, que figura en el proyecto de Ley, hace referencia únicamente a los ingresos de estos capítulos.

ENMIENDA NÚM. 381

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el párrafo segundo y tercero, del artículo 213, del punto Dos, del Artículo Segundo, del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

En el segundo párrafo se otorgan funciones de control al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante la imposición de la nueva figura del interventor previamente designada por el órgano ministerial. De conformidad con las anteriores enmiendas relativas a la función de los interventores está mención también debe ser suprimida.

El tercer párrafo prevé que los órganos interventores de las entidades locales remitan con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio.

Esta previsión que añade una nueva carga burocrática a las administraciones locales supone duplicitar también las funciones a la Intervención General del Estado sin que, a día de hoy, la Intervención general del Estado cuente con competencias sobre el control interno de les entidades locales, ni sobre los indicados órganos interventores, ni sobre el desarrollo de sus funciones.

ENMIENDA NÚM. 382

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 218, del punto Tres, del Artículo Segundo, del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Se otorgan funciones de control al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante la imposición de la nueva figura del interventor previamente designada por el órgano ministerial. De conformidad con las anteriores enmiendas relativas a la función de los interventores está mención también debe ser suprimida.




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ENMIENDA NÚM. 383

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición Adicional Segunda. Competencias autonómicas en materia de régimen local.

3. La presente Ley reconoce la singularidad del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya y de sus competencias exclusivas en materia de régimen local que resultan de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya. A estos efectos y no obstante lo establecido en los apartados anteriores, los artículos 2, 3.2, 13 f), 25, 26, 27.3, 32 bis, 36, 57 bis, 75bis 4), 75 ter, 85.2, 92, 92bis 5), 92bis 6), 104 bis y la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción otorgada por la presente Ley, no será de aplicación a Catalunya Todo ello sin perjuicio de la estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas.»

JUSTIFICACIÓN

Respeto al marco competencial.

La referencia que contiene la disposición adicional segunda («las disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las CCAA sin perjuicio de las competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus estatutos de autonomía») es del todo insuficiente, por cuanto no reconoce la supletoriedad de la norma para las comunidades que se hallan en este supuesto y, en el caso de Cataluña, no reconoce los efectos del art. 5 del Estatuto, (parte integrante del bloque constitucional) que determinan, por razón del sistema institucional propio, la necesidad de un tratamiento singular, en materia de régimen local, equivalente al que se reconoce en la DA primera, para los regímenes forales.

ENMIENDA NÚM. 384

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Cuarta:

«La aplicación de esta Ley en el municipio de Barcelona se hará sin perjuicio de la organización municipal, las competencias y el régimen financiero especial establecidos en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, y en la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, que incluyen el ejercicio de la potestad de autoorganización municipal en los ámbitos del estatuto de los miembros de la Corporación, del




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personal a su servicio, de la configuración de la plantilla orgánica y del sistema de gestión de los servicios públicos, con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.»

JUSTIFICACIÓN

Tal como reza la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona LREB, la relevancia de Barcelona en los ámbitos económico, social y cultural, así como su proyección europea e internacional, motiva la existencia de unas necesidades organizativas y competenciales que difieren, en algunos aspectos, de las existentes en otros municipios españoles. Si una de las críticas más reiteradas por la doctrina en relación con la regulación de las entidades locales, ha sido la relativa al uniformismo en su tratamiento, en metrópolis como Barcelona es donde resulta más acusada la necesidad de articular alguna medida que permita a los responsables municipales atender de manera efectiva las demandas ciudadanas. A la voluntad de dar respuesta a esta necesidad obedece la presente Ley, que constituye, junto a la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, la regulación del régimen especial aplicable a esta ciudad.

Se estima necesaria la inclusión de esta cláusula de salvaguardia o aseguramiento del régimen especial —como, de otra parte, no resulta ajena a la tradición seguida en la legislación de régimen local—, a partir de la inequívoca integración de dicho régimen dentro del sistema de gobierno local definido en nuestro ordenamiento jurídico, que lo reconoce y garantiza, atribuyendo asimismo a un significativo número de sus preceptos el carácter de básicos —vid Disposición final tercera, núm. 1 LREB—. Esa integración trae causa del reconocimiento legal del principio de diferenciación como superación del uniformismo imperante a lo largo de la historia, cuya consecución forma también parte, de manera destacada, del patrimonio del municipalismo más activo de las últimas décadas.

Con ocasión del acogimiento de esta enmienda, las disposiciones relativas al régimen especial de Madrid deberán, en su caso, contenerse en otra disposición adicional.

ENMIENDA NÚM. 385

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Sexta. Colaboración con las Intervenciones locales.

1. La Comunidad Autónoma competente, o la Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir, previa la formalización del oportuno convenio con la entidad local interesada, la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las entidades locales.

2. En el convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer la entidad local al Estado y que podrá dar lugar a una generación de crédito de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

3. Suscrito el convenio mencionado en el apartado primero, la Intervención General, o la Comunidad Autónoma competente podrá encomendar la realización de dichas actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o Territorial que en cada caso se determine.




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JUSTIFICACIÓN

Respeto al marco competencial autonómico.

ENMIENDA NÚM. 386

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición Adicional Séptima.

«En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones transitorias primera y segunda, a los solos efectos de las transferencias previstas en esta Ley, se establecerá, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la metodología para valorar el coste de los servicios transferidos.»

JUSTIFICACIÓN

Parecería razonable establecer un plazo también para el desarrollo de esta Orden Ministerial toda vez que además, la propia norma fija que pueda quedar en manos de la entidad local y en ese caso, ser retenido el coste económico de esa prestación.

ENMIENDA NÚM. 387

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición Adicional Séptima.

En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones transitorias primera y segunda, a los solos efectos de las transferencias previstas en esta Ley, se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la metodología para valorar el coste de los servicios transferidos.

JUSTIFICACIÓN

La modificación de las competencias de comunidades autónomas y corporaciones locales en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria, por su importancia, no se pueden establecer en una norma que regula únicamente las bases de la administración local, que es una de las administraciones implicadas. Antes de asumir este proceso se requeriría un análisis del sistema de financiación autonómico y local, así como la conformidad de las propias comunidades autónomas.




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La improvisación deja además abierto el proceso de asunción de estos servicios por parte de las CA. En el caso de educación lo relega a una normativa posterior.

ENMIENDA NÚM. 388

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional octava.

ENMIENDA

De supresión.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Octava. Cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas.

En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a la obligación de asumir por subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos o transferidos a otras Administraciones Públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas por parte de éstas, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas dicho incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del mismo, a los efectos de que se proceda a la retención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos pagos en los términos en que se establezca legalmente.

JUSTIFICACIÓN

Los bienes inmuebles de la Seguridad Social adscritos a otras administraciones públicas han de ser transferidos a las administraciones que efectivamente hacen uso de los mismos, tal como ha ocurrido habitualmente en los procesos de transferencia de competencias de a en la transferencia

ENMIENDA NÚM. 389

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Novena. Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.

«1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25




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y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto.

Salvo acuerdo anterior entre las partes intervinientes en los convenios, acuerdos o instrumentos referidos en el apartado anterior, a la fecha indicada en él, el personal de las Entidades Locales que viniese prestando servicios respecto de las competencias objeto de los convenios, acuerdos instrumentos que queden sin efecto, pasará a depender de la Administración pública a la que correspondan las mismas, siendo de aplicación lo previsto en la Ley.

2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración distintos de los previstos en el apartado anterior que, a la entrada en vigor de la presente Ley, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta norma será también de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor la presente Ley.

3. La adaptación a las previsiones de esta ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley deja sin efecto en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, todos los convenios de cooperación suscritos con anterioridad a la Ley, que lleven aparejados la financiación de competencias impropias, que no se adapten a la misma.

Ello pone a las Entidades Locales en difícil situación, ya que tendrán que hacerse cargo del personal que hubiesen incorporado a sus plantillas (funcionario o laboral) para la realización de las actividades y la prestación de los servicios derivados de las competencias asumidas mediante el convenio y, sin embargo, perderán la financiación para afrontar su coste.

Este artículo debería ponerse en relación con el nuevo artículo 57.bis que se prevé en el PLRSAL.

ENMIENDA NÚM. 390

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional novena.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto de Catalunya ya determina cuales son las competencias de la Generalitat de Catalunya de forma que no hace falta prever la asunción de nuevas competencias por parte de la misma.




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ENMIENDA NÚM. 391

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Decimoquinta:

Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que les correspondan en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria de acuerdo con el reparto competencial previsto en esta Ley y en los respectivos estatutos de autonomía.

JUSTIFICACIÓN

La modificación competencial en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria, por su importancia, no se puede establecer en una norma que regula principalmente una de las administraciones implicadas, la administración local, y que prevé la asunción de nuevas competencias autonómicas en disposiciones adicionales y transitorias, sin ningún análisis del sistema de financiación autonómico y local.

Asimismo lo previsto es contrario a los preceptos del EAC (201.2 y 209.1), en tanto que la asunción competencial ex lege no lleva aparejada la correlativa obligación de dotar a la administración autonómica de la financiación necesaria para la prestación de los servicios transferidos, ni siquiera la obligación de evaluar el impacto financiero que la norma tiene sobre la administración de la Generalitat.

ENMIENDA NÚM. 392

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional (nueva).

«Los Municipios resultantes de la agrupación de comarcas u otras figuras análogas, creadas al amparo de las competencias reconocidas a las comunidades autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, para la asistencia y cooperación a los municipios situados en su ámbito territorial y en general para las prestaciones de servicios públicos locales, accederán en las mismas condiciones previstas para los municipios a los mecanismos de liquidez o de financiación directa creados por la Administración General del Estado.»




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JUSTIFICACIÓN

Protección de la financiación de las Comarcas.

ENMIENDA NÚM. 393

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional:

Modificación del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

«1. La participación total determinada con arreglo a lo dispuesto en el anterior artículo se distribuirá entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con arreglo a los siguientes criterios:

a) El 75 por ciento en función del número de habitantes-equivalentes de derecho de cada municipio, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por los siguientes coeficientes multiplicadores:

Estrato Número de habitantes-equivalentes Coeficientes »
1 De más de 50.000 1,40
2 De 20.001 a 50.000 1,30
3 De 5.001 a 20.000 1,17
4 Hasta 5.000 1,00

JUSTIFICACIÓN

No se puede olvidar la conexión entre las competencias locales (necesidades de gasto) y las competencias financieras (capacidad de obtención de recursos financieros). El actual modelo de distribución de la PIE se basa fundamentalmente en el número de habitantes de derecho, sesgado en favor del tamaño de los municipios, lo que perjudica claramente a los municipios turísticos, ya que estos suelen ser municipios pequeños que en determinadas épocas multiplican su población real, sin que por ello estos municipios incrementen su participación en los tributos del Estado.

Como se ha dicho, establecer la población como el principal indicador de las necesidades de gasto local es una decisión acertada, pero, para corregir la discriminación que sufren los municipios turísticos bajo el sistema actual, la PIE debería computar la población estacional para determinar, conjuntamente con la población de derecho, la población equivalente. El objetivo de esta modificación sería aproximarse más fielmente a sus necesidades de gasto y garantizar una mayor equidad en la distribución de los fondos estatales.




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ENMIENDA NÚM. 394

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación competencial en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria, por su importancia, no se puede establecer en una norma que regula principalmente una de las administraciones implicadas, la administración local, y que prevé la asunción de nuevas competencias autonómicas en disposiciones adicionales y transitorias, sin ningún análisis del sistema de financiación autonómico y local.

No queda claro como se procederá a la asunción de estos servicios por parte de las CA. En el caso de educación lo relega a una normativa posterior únicamente.

ENMIENDA NÚM. 395

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación competencial en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria, por su importancia, no se puede establecer en una norma que regula principalmente una de las administraciones implicadas, la administración local, y que prevé la asunción de nuevas competencias autonómicas en disposiciones adicionales y transitorias, sin ningún análisis del sistema de financiación autonómico y local.

Habría que clarificar la financiación de estos servicios y especialmente su evolución y si se integra en el sistema de financiación autonómica.

Se deduce que cada CCAA lo hará según se prevea en su plan de evaluación y reestructuración de los servicios.

ENMIENDA NÚM. 396

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera.




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ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación competencial en materia de educación, salud, servicios sociales e inspección sanitaria, por su importancia, no se puede establecer en una norma que regula principalmente una de las administraciones implicadas, la administración local, y que prevé la asunción de nuevas competencias autonómicas en disposiciones adicionales y transitorias, sin ningún análisis del sistema de financiación autonómico y local.

Habría que clarificar la financiación de estos servicios y especialmente su evolución y si se integra en el sistema de financiación autonómica.

Se deduce que cada CCAA lo hará según se prevea en su plan de evaluación y reestructuración de los servicios.

ENMIENDA NÚM. 397

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Supone una medida absolutamente desproporcionada frente a un incumplimiento que en el texto adolece de una notable indefinición objetiva y subjetiva.

ENMIENDA NÚM. 398

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Octava:

«Lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a la entrada en vigor de esta Ley.

No obstante, en los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantes que a la entrada en vigor de esta Ley tengan en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número superior al 0,7 % del número total de puestos de trabajo de la plantilla de los respectivos Ayuntamientos, considerando, a estos efectos, los entes clasificados como Administración pública en el marco del Sistema Europeo de




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Cuentas, podrán mantener en sus plantillas hasta un 1,5 % de puestos de trabajo de personal eventual hasta el 30 de junio de 2015, fecha en que deberá aplicarse la limitación prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso, la entrada en vigor de esta ley podrá suponer el incremento del número total de puestos de trabajo de personal eventual de la plantilla de las respectivas entidades locales respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012.»

JUSTIFICACIÓN

Son muchos los municipios que en la actualidad disponen de menos personal del que les correspondería según el baremo dispuesto en la presente reforma legislativa. Esta realidad de plantillas, que en la actualidad están infradotadas, no puede impedir que en otro momento pueda requerir de más personal, siempre dentro de los límites señalados para un municipio de sus mismas características. Regular lo contrario afectaría al principio de igualdad.

ENMIENDA NÚM. 399

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

No es aceptable dictar una disposición derogatoria amplia que va a derivar en una considerable inseguridad jurídica, más aún teniendo en cuenta que afecta a competencias que corresponden a comunidades autónomas.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 21 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 400

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 4 del artículo 7, quedando redactado de la siguiente forma:

«Tres. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

1. (igual).

2. (igual).

3. (igual).




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4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. A estos efectos, serán necesarios y determinantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor respeto a la autonomía local variando la naturaleza del informe que pasa de ser vinculante a determinante de tal forma que se pueda apartarse del contenido del informe motivadamente y por razones de interés público, sin perjuicio de los controles ordinarios.

ENMIENDA NÚM. 401

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de los puntos 2, 4 y 6 del Artículo 13, quedando redactado de la siguiente forma:

«Cinco. Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue:

1. (igual).

2. La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

3. (igual).

4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

5. (igual)

6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría absoluta de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, que traigan causa de una fusión, será por mayoría absoluta de los miembros de la corporación.»

JUSTIFICACIÓN

En el número dos se ha suprimido el requisito de población para la creación de nuevos municipios, dejando al ámbito de desarrollo autonómico de régimen local adecuar tal criterio a su singular idiosincrasia.

En el número cuatro se ha suprimido los estímulos y las consecuencias de la fusión (en el número cuatro a excepción del primer párrafo) por tratarse de cuestiones más propias del desarrollo de las bases estatales a realizar por las CCAA en atención a sus peculiaridades.




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En el número seis se ha propuesta pasar de mayoría simple a mayoría absoluta para la aprobación de los convenios de fusión respetándose la real voluntad de las corporaciones que viene a expresar a través de este tipo de mayorías.

ENMIENDA NÚM. 402

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Seis del Artículo primero del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, quedando redactado de la siguiente forma:

Seis. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 16 en los siguientes términos:

«f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:

— Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.

— Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta una redacción incomprensible cuyos objetivos y repercusiones no quedan suficientemente aclarados y justificados.

ENMIENDA NÚM. 403

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 6 del artículo 25, quedando redactado de la siguiente forma:

«6. Cuando, por Ley, las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales atribuyan a los municipios competencias propias en materias distintas a las previstas en el apartado 2




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del presente artículo, deberán tener en cuenta los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica para una mejor adecuación a la STC 31/2010 (FFJJ 37 y 100).

ENMIENDA NÚM. 404

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del punto 3 del artículo 57.

JUSTIFICACIÓN

Respeto a la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 405

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 57 bis.

JUSTIFICACIÓN

Intromisión injustificable de las competencias de las instituciones delegantes.

ENMIENDA NÚM. 406

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 75 bis.




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JUSTIFICACIÓN

El actual ordenamiento jurídico ya dispone de mecanismos suficientes para determinar las cuestiones atinentes al régimen retributivo de miembros y personal al servicio de las corporaciones locales. Además la regulación cuya supresión se propone supone un desconocimiento pleno de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 407

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 75 ter.

JUSTIFICACIÓN

La regulación cuya supresión se propone supone un desconocimiento pleno de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 408

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 104 bis.

JUSTIFICACIÓN

La regulación cuya supresión se propone supone un desconocimiento pleno de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 409

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y tres.

ENMIENDA

De adición.




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Se propone la adición de una nueva Disposición adicional segunda bis, con la siguiente redacción:

«Nueva disposición adicional segunda bis. Comunidad Foral de Navarra.

Lo establecido en la disposición adicional segunda será también de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra.»

JUSTIFICACIÓN

Preservar el Sistema Foral Navarro.

ENMIENDA NÚM. 410

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de los apartados 3 y 4 de la Disposición Adicional novena, que quedan redactados de la siguiente forma:

«3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional, durante el tiempo de vigencia del plan de corrección de desequilibrio financiero.

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos y que se encuentren en una situación de desequilibrio financiero, deberán ser disueltas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Con carácter excepcional podrán quedar excluidos de las actuaciones referidas en el párrafo primero del presente apartado aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes referidos en el párrafo anterior en los que, por razón de la actividad desarrollada, se acredite que su disolución implicaría pérdidas de eficiencia en el desarrollo de la actividad o prestación del servicio, siempre y cuando elaboren un plan de corrección de su desequilibrio financiero en plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, deberá procederse a su disolución en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.

A tales efectos, la situación de desequilibrio financiero se establecerá de conformidad con lo dispuesto en el anterior apartado segundo del presente artículo.

En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación, caso de que la entidad participada se encuentre en situación de desequilibrio financiero, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.»




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JUSTIFICACIÓN

En cuanto al apartado 3, se trata de limitar la posibilidad de creación de entidades instrumentales de segundo nivel de manera semejante a la establecida en el apartado primero de la disposición adicional novena del proyecto de ley.

En relación con el apartado 4, se apela al criterio establecido por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el Anteproyecto de LRASL, en el sentido de que la aplicación general e incondicionada de la medida de disolución de las entidades instrumentales de segundo nivel (organismos, entidades, sociales, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes controlados por unidades que estén adscritas o vinculadas a las referidas entidades locales o a sus organismos autónomos o que dependan de ellos) es desproporcionada por relación al objetivo perseguido (las razones de eficiencia y de racionalidad económica argüidas en la Exposición de Motivos del Proyecto) que pueden igualmente alcanzarse limitando la puesta en práctica de estas previsiones a los supuestos en que se haya constatado la existencia de una situación de desequilibrio financiero.

ENMIENDA NÚM. 411

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de los apartados 2 y 4 de la Disposición adicional duodécima.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a preceptos del proyecto que desconocen la autonomía local

ENMIENDA NÚM. 412

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 1 de la Disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

Cuatro. Se modifica la disposición adicional octava que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional octava. Régimen foral vasco.

1. Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la comunidad autónoma.




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Las Instituciones vascas podrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, acrecentar el nivel de competencias propias de sus municipios, con sujeción, en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del art. 25 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, no siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en las disposición adicional decimoquinta, disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de esta Ley.

2. De conformidad con la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48 quinto de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco, los Territorios Históricos recibirán los informes a que se refieren los artículos 193 bis y 218 de la presente Ley. Asimismo, los órganos interventores de las administraciones locales del País Vasco remitirán también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, los informes a que se refiere el artículo 218 de la presente Ley.

3. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48 quinto de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco, las Diputaciones Forales en sus respectivos ámbitos territoriales serán competentes para formalizar convenios con las entidades locales para reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria de las citadas entidades locales.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuación de la DA 8ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales al nuevo proyecto de ley así como preservar el «sistema foral de régimen local», en la misma dirección que la Propuesta de Resolución nº 2 (BOCG de 4 de marzo de 2013) aprobada en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate de política general en torno al estado de la nación que manifiesta:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el texto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco.»

ENMIENDA NÚM. 413

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional octava bis, con la siguiente redacción:

«Nueva Disposición adicional octava bis. Comunidad Foral Navarra.

Lo establecido en la Disposición Adicional octava será también de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra.»

JUSTIFICACIÓN

Preservar el Sistema Foral Navarro.




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ENMIENDA NÚM. 414

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional octava.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional octava del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactado de la siguiente forma:

«Disposición adicional octava. Cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas.

En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a la obligación de asumir por subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos o transferidos a otras Administraciones Públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas por parte de éstas, salvo que en el acuerdo de traspaso o en base al mismo se haya previsto otra cosa, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas dicho incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del mismo, a los efectos de que se proceda a su regularización a través de los mecanismos de compensación establecidos en las normas que regulan las relaciones financieras con las citadas administraciones públicas o entes públicos dependientes de las mismas.»

JUSTIFICACIÓN

En primer término mantener la plena coherencia con el art. 81 de la Ley General de Seguridad Social de la que trae causa esta DA 8ª y que establece literalmente la obligación de Administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas que tengan adscritos o transferidos bienes inmuebles del patrimonio de la SS de asumir, por subrogación, el pago de las obligaciones tributarias que afecten a dichos bienes, salvo que en el acuerdo de traspaso o en base al mismo se haya previsto otra cosa. Y en segundo término eliminar la retención compensatoria ope legis que establece la Disposición Adicional citada remitiendo, cabalmente, a los procedimientos de regularización que se establezcan en las normas que regulan las relaciones financieras entre las administraciones implicadas.

ENMIENDA NÚM. 415

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimotercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional decimotercera del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactado de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimotercera. Consorcios constituidos para la prestación de servicios mínimos.

El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de




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las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes en el consorcio.

Caso de que se deba proceder, en los términos de la disposición adicional novena, apartado cuarto, a la disolución y liquidación de los organismos dependientes bajo control exclusivo de dichos consorcios a que se refiere dicho apartado, el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado al Consorcio.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de garantizar los derechos del personal de dichas entidades.

ENMIENDA NÚM. 416

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimosexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional decimosexta del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de la Disposición Adicional decimosexta relativa al Suministro de información por la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco, toda vez que entra en contradicción con los dispuesto en el apartado Treinta y tres del artículo primero de este Proyecto por el que se modifica la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local y con el apartado Cuatro de artículo segundo del Proyecto por el que se modifica la disposición adicional octava de la Ley de Haciendas Locales.

ENMIENDA NÚM. 417

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional nueva. De conformidad con su régimen especial municipal, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra corresponderá a su órgano estadístico oficial propio ejercer las funciones que respecto a los Padrones de todos los municipios pertenecientes a




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su ámbito territorial se atribuyen al Instituto Nacional de Estadística en el artículo 17.4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta congruente con el resto de artículos del Dictamen que reconocen su régimen especial municipal, que en los casos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra la coordinación y gestión de los datos padronales resultantes de los ayuntamientos de su ámbito territorial sea realizada por su propio órgano estadístico oficial.

ENMIENDA NÚM. 418

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional nueva. Eliminación de enclaves provinciales.

El Gobierno presentará en el plazo de tres meses un Proyecto de Ley Orgánica que haga desaparecer los enclaves provinciales existentes en una Comunidad Autónoma diferente a la suya, de manera que queden integrados en la provincia y Comunidad Autónoma en la que están ubicados.»

JUSTIFICACIÓN

El pilar fundamental de esta Ley tal y como su nombre indica es la racionalidad y sostenibilidad de la Administración, en consecuencia deviene absolutamente lógico que se proceda a la eliminación de los enclaves que suponen un esfuerzo económico suplementario para las Administraciones a las que corresponden y una disfunción de servicios para los ciudadanos que habitan en ellas.

ENMIENDA NÚM. 419

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 4 de la Disposición transitoria segunda del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, quedando redactado de la siguiente forma:

«4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de atribuir como propias o delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.»




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JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica en concordancia con el conjunto del articulado.

ENMIENDA NÚM. 420

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición final al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con la siguiente redacción:

«Disposición Final nueva. Modificación de la Ley 37/1992 Del Impuesto Sobre El Valor Añadido.

Se da nueva redacción al artículo 7.8 en los siguientes términos:

“Artículo 7. Operaciones no sujetas al Impuesto

8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

Tampoco estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos cuando se efectúen en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional cuyas operaciones principales se realicen mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se considerarán operaciones principales aquellas que representen al menos el 80 por 100 de los ingresos derivados de la actividad.

Los supuestos de no sujeción a que se refiere este número no se aplicarán cuando los referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores de este número, estarán sujetas al impuesto, en todo caso, las entregas de bienes y prestaciones de servicios que los entes públicos realicen, en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:

a) Telecomunicaciones.

b) Distribución de agua, saneamiento de agua, es decir, alcantarillado, intercepción y depuración, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía”.»

JUSTIFICACIÓN

Evitar la repercusión del IVA no recuperado en el coste del recibo para el consumidor final.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 26 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 421

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.




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ENMIENDA

De supresión.

En el artículo primero, apartado ocho, del Proyecto de Ley, se suprime el apartado 6 del artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica.

ENMIENDA NÚM. 422

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado nueve, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 2 del artículo 26 que queda redactado como sigue:

«Artículo 26.

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.»

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica. La redacción actual resulta contradictoria e incompatible con el artículo 26.1.




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ENMIENDA NÚM. 423

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado diez, del Proyecto de Ley, se modifica el primer inciso del apartado 3 del artículo 27 que queda redactado como sigue:

«Artículo 27. …/...

“3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: … (el resto igual)”.»

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica.

ENMIENDA NÚM. 424

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado dieciséis, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 2 del artículo 57 que queda redactado como sigue:

«Artículo 57. …/...

“2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

…/…»

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica.

ENMIENDA NÚM. 425

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.




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ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado diecisiete del proyecto de Ley, se modifica el apartado 1 del artículo 57 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.

“1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con las entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas, incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente …”» (el resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 426

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado dieciocho, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 1 del artículo 75.bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales.

1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla:

HABITANTES REFERENCIA
Más de 500.000 Secretario de Estado
300.001 a 500.000 Secretario de Estado – 10%
150.001 a 300.000 Secretario de Estado – 20%
75.001 a 150.000 Secretario de Estado – 25%
50.001 a 75.000 Secretario de Estado – 35%
20.001 a 50.000 Secretario de Estado – 45%
10.001 a 20.000 Secretario de Estado – 55%
5.001 a 10.000 Secretario de Estado – 60%
1.000 a 5.000 Secretario de Estado – 70%



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Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

…/…»

JUSTIFICACIÓN

Se homogeneiza el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales, adaptando el tramo inferior de todos. Así, se fusionan en un mismo tramo los municipios de 1.001 a 2.000 y de 2.001 a 5.000.

ENMIENDA NÚM. 427

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado veinticinco, del Proyecto de Ley, se suprime el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 92 bis, relativo al desempeño de funciones públicas en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica, en coherencia con la regulación contenida en el art. 24 bis del proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 428

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado veinticinco, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 1, letra b), del artículo 92 bis que queda redactado como sigue:

«Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

…/…

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una función que nunca han ostentado los habilitados, pareciendo fuera de lugar que con el texto actual en el que ya se les atribuye otra serie de cometidos, se amplíen considerablemente las tareas que deben atender.




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Además no pueden olvidarse las nuevas funciones que el texto del proyecto atribuye a la Diputaciones, en cuanto a la asistencia a los municipios de su ámbito, que precisamente en el campo tributario ha sido habitual. La aprobación en los términos actuales despojaría de una actividad que tradicionalmente viene siendo ejercida por las Diputaciones.

Por otra parte el término «gestión tributaria» da lugar a confusión ya que tiene diferentes acepciones, alguna muy amplia y, en cualquier caso, con un procedimiento muy reglado en la legislación tributaria.

ENMIENDA NÚM. 429

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado veinticinco, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 8 del artículo 92 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

…/...

8. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por concurso, un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma Entidad local.

Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

Reglamentariamente se establecerán las circunstancias excepcionales que justifiquen la solicitud de un nombramiento provisional, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o menoscabo que se generaría en la Entidad Local en la que se ocupe el puesto en el momento de la solicitud.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Al objeto de cohonestar adecuadamente la permanencia de dos años como regla general, sin perjuicio de la facultad excepcional de que pueda acordarse un nombramiento provisional.

ENMIENDA NÚM. 430

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado veintiocho del proyecto de Ley, se modifican el apartado 1.a) y el apartado 2 del artículo 104 bis, con la siguiente redacción:




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Artículo 104 bis. Personal eventual de las entidades locales.

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:

a) Los Municipios de población entre 2000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva.

…/…

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales, será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de un tercio de los Consejeros que integran el pleno del Consejo o Cabildo respectivo.

…/…

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se adaptan las previsiones del artículo 104 bis a determinados municipios pequeños y a las particularidades organizativas de los Consejos y Cabildos.

ENMIENDA NÚM. 431

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado veintiocho del proyecto de Ley, se modifica el apartado 4 del artículo 104 bis, con la siguiente redacción:

Artículo 104 bis. Personal eventual de las entidades locales.

…/…

«4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las entidades locales en cuya plantilla aparezca consignado. Sólo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura propia de la entidad local, si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se adapta la redacción a las particulares funciones que ha de desarrollar el personal eventual.

ENMIENDA NÚM. 432

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.




Página 370


En el artículo primero, apartado treinta, del Proyecto de Ley, se modifica el primer inciso y la letra e) del apartado 2 del artículo 116 bis, que queda redactado como sigue:

Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

…/…

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

…/…

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el periodo medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se prevé que la medida de supresión de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio afecte sólo a aquellas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.

ENMIENDA NÚM. 433

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y dos.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo apartado treinta y dos al artículo primero del Proyecto de Ley, reenumerándose los actuales apartados treinta y dos a treinta y siete, con la siguiente redacción:

«Treinta y dos. Se modifica la letra m) y se añade una nueva letra n) al apartado 1 del artículo 127 con la siguiente redacción:

…/…

m) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe.

n) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

…/…»

JUSTIFICACIÓN

La Junta de Gobierno será quien designe a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades en los municipios a los que se aplica el régimen de organización y funcionamiento de los municipios de gran población.




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ENMIENDA NÚM. 434

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

En el artículo primero, apartado treinta y tres del proyecto de Ley, se modifica el apartado 7 de la Disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Régimen foral vasco.

…/…

7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la Disposición Adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18 de la misma y con la Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal, que estén atribuidas a las Comunidades Autónomas, serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende que quede claro en la redacción, que las facultades a las que se refiere el texto de la enmienda aceptada, son aquellas que se atribuyen a las CCAA, sobre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en el artículo 92.bis del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

En el País Vasco, dado sus regímenes forales, será la normativa autonómica la que determine quién ostenta las facultades sobre estos funcionarios, si la Comunidad Autónoma o las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos.

ENMIENDA NÚM. 435

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cuatro.

ENMIENDA

De adición.

En el artículo primero, apartado treinta y cuatro, del Proyecto de Ley, se modifica el apartado 3 y se incluye un nuevo apartado 4 a la Disposición Adicional Quinta, que queda redactada como sigue:

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las entidades locales y sus organismos dependientes.




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Las asociaciones de entidades locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las entidades locales.

Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. La Entidades locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, suministros, y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentarán la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se prevé que estas asociaciones de entidades locales puedan también adherirse al sistema de contratación centralizada estatal o crear centrales de contratación. Y las de mayor implantación, ostentar la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 436

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado Treinta y cinco del artículo primero del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por el que se modifica la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local.

1. Las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades sólo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad




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presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta 31 de diciembre de 2015 y 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos deberán ser disueltas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Los plazos para la disolución y para proceder a la trasmisión de la correspondiente participación citados en los dos párrafos anteriores de este apartado 4 se ampliarán en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta modificación se pretende admitir que realicen aportaciones patrimoniales las entidades locales del artículo 3.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que estén cumpliendo un plan económico-financiero o de ajuste siempre que aquella medida esté contemplada en estos planes.

Se amplía en un año el plazo para la corrección de desequilibrios de entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales del artículo 3.1 citado en aquellos sectores correspondientes a servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros.

ENMIENDA NÚM. 437

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.




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ENMIENDA

De modificación.

El párrafo segundo del apartado 2 de la Disposición adicional primera pasará a ser el apartado 3 quedando dicha Disposición redactada como sigue:

Disposición adicional primera. Regímenes y Haciendas forales.

1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de las demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales. En su aplicación, y sin perjuicio de las facultades de coordinación y tutela que les corresponden, la competencia para decidir sobre la forma de prestación de servicios a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local corresponderá a las Diputaciones Forales previa conformidad de los municipios afectados.

3. En ambos regímenes forales, la metodología para valorar el coste de los servicios transferidos en las materias enunciadas en la Disposición adicional decimoquinta y en las Disposiciones transitorias primera, segunda y tercera se llevará a cabo por las Instituciones competentes de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo las directrices y principios que establezca, de conformidad con la Disposición adicional séptima de esta Ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Equiparación a la Comunidad Foral de Navarra las previsiones derivadas del régimen del País Vasco, que le son igualmente de aplicación.

ENMIENDA NÚM. 438

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el primer párrafo del apartado 3 de la Disposición adicional tercera del proyecto de Ley que queda redactado como sigue:

«Disposición adicional tercera. Especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla

…/…

3. En el ámbito de las competencias enumeradas en los artículos 21 y 22 de las citadas Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, cuando no exista legislación sectorial estatal específica, las Asambleas de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria, podrán tipificar infracciones y determinar las sanciones correspondientes por …(el resto igual).»




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JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 439

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional séptima, rubricada «Transferencia de los servicios de sanidad y servicios sociales», del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y, en consecuencia, se reenumeran las Disposiciones adicionales octava a decimosexta.

JUSTIFICACIÓN

Adaptación técnica como consecuencia de la nueva redacción de las Disposiciones transitorias primera y segunda del Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 440

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimosexta. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo segundo del apartado 2 de la Disposición adicional decimosexta del Proyecto de Ley, relativa al «Suministro de información por la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco», con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta. Suministro de información por la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco.

…/…

No obstante, la Comunidad Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco podrán habilitar los mecanismos necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de los presupuestos generales y de la cuenta general o cuentas anuales de las entidades locales…» (el resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.




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ENMIENDA NÚM. 441

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición adicional decimoséptima al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del siguiente tenor literal:

«Disposición adicional decimoséptima. Apertura de lugares de culto.

Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 84 1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que corresponda.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad religiosa, en consonancia con la jurisprudencia que determina que los lugares de culto no están sometidos a las mismas licencias previas de apertura destinadas a establecimientos mercantiles e industriales.

ENMIENDA NÚM. 442

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición transitoria primera del proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición transitoria primera. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud.

1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior.

A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios.




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3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. En los términos previstos en el apartado 1, y de acuerdo con las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, cada año que transcurra, dentro del periodo de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio, Diputación Provincial o entidad equivalente con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

JUSTIFICACIÓN

Adecuarlo a la modificación prevista de la normativa de financiación.

ENMIENDA NÚM. 443

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición transitoria segunda del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.

1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de este artículo, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o, en su caso,




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no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

JUSTIFICACIÓN

Adecuarlo a la modificación de la normativa de financiación.

ENMIENDA NÚM. 444

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición transitoria séptima del proyecto de Ley queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los Funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal.

En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.

Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación.

Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, se trata de evitar posibles lagunas normativas en el momento aplicativo.

ENMIENDA NÚM. 445

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición transitoria octava del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativa al «Personal eventual de las entidades locales», debiendo reenumerarse las actuales disposiciones transitorias novena a undécima.




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JUSTIFICACIÓN

Corrección técnica, dado que la regulación contemplada en la Disposición transitoria octava resulta descoordinada con las previsiones de la Disposición transitoria undécima del proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 446

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición final cuarta, debiendo renumerarse las actuales disposiciones finales cuarta y quinta, con el siguiente contenido:

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

Se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 39 con la siguiente redacción:

«5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores.

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo.

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios de del patrimonio público del suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que se procederá a su devolución.

e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Reducir la deuda, todo ello en un momento de paralización del mercado inmobiliario y de un amplísimo parque de viviendas pendiente de venta y a precios reducidos.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una enmienda al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.




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ENMIENDA NÚM. 447

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria undécima.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición transitoria undécima del proyecto de Ley queda redactada como sigue:

Disposición transitoria undécima. Aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva.

1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015.

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior.

3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados.

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


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